Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)En relación con lo peticionado a esta Sala, conviene aclarar que Industrias Infinito S.A. no fue parte en este recurso de amparo, ni se valoraron en concreto las conductas desplegadas por esa persona jurídica. Por lo tanto, la gestionante no está legitimada para realizar pretensiones dentro de este proceso.
En segundo lugar, se hace preciso señalar que de conformidad con el art. 153 de la Constitución Política, le corresponde al Poder Judicial conocer de las causas civiles, penales, comerciales, de trabajo y contencioso-administrativas, así como de las otras que establezca la ley, cualquiera que sea su naturaleza y la calidad de las personas que intervengan; resolver definitivamente sobre ellas y ejecutar las resoluciones que pronuncie, con la ayuda de la fuerza pública si fuere necesario. De modo que a cada instancia jurisdiccional le corresponde ejecutar las sentencias que ha dictado, sin que sea posible que este Tribunal Constitucional se arrogue la competencia para ejecutar las sentencias dictadas por otras jurisdicciones en el marco de sus respectivas atribuciones legales y constitucionales.
English (translation)Regarding the request made to this Chamber, it should be clarified that Industrias Infinito S.A. was not a party to this amparo proceeding, nor were the specific actions carried out by that legal entity evaluated. Therefore, the petitioner lacks standing to make claims within this process.
Secondly, it must be noted that in accordance with Article 153 of the Political Constitution, the Judicial Branch has jurisdiction over civil, criminal, commercial, labor, and administrative contentious matters, as well as others established by law, regardless of their nature and the status of the parties involved; to resolve them definitively and enforce the rulings it issues, with the aid of public force if necessary. Thus, each court is responsible for enforcing the judgments it has issued, and this Constitutional Tribunal may not assume jurisdiction to enforce judgments issued by other courts within the scope of their respective legal and constitutional powers.
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Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 22124 - 2025 Fecha de la Resolución: 16 de Julio del 2025 a las 09:15 Expediente: 19-011277-0007-CO Redactado por: Anamari Garro Vargas Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Texto de la resolución Exp: 19-011277-0007-CO Res. Nº 2025022124 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del dieciseis de julio de dos mil veinticinco . Gestión interlocutoria en el recurso de amparo que se tramita en expediente número 19-011277-0007-CO interpuesto por Nombre01, cédula de identidad n.°CED02, a favor de la FEDERACIÓN COSTARRICENSE PARA LA CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE (FECON), contra EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA Y MINISTERIO DE SALUD. RESULTANDO: Único. - Mediante gestión recibida en la Secretaría de la Sala el 04 de julio de 2025 se apersonó a este proceso JUAN CARLOS HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, en su calidad de apoderado especial judicial de la sociedad Industrias Infinito, S. A., con cédula de persona jurídica número CED01. Interpone ante esta Sala un escrito dirigido al Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), mediante el cual solicita la incompetencia para continuar con la tramitación del proceso de ejecución de sentencia que se cursa bajo el expediente n.°08-001282-1027-CA, en el que su representada es parte demandada. Plantea la incompetencia de ese tribunal con sustento en los siguientes argumentos: “La pérdida de competencia del Tribunal Contencioso Administrativo se origina en el fuero de atracción en materia constitucional y la existencia de otro proceso para la ejecución de la sentencia número 2021-020047 de las 14:01 horas del día 3 de setiembre del 2021 dictada por la Sala Constitucional. El objeto de ejecución en ambos procesos es el mismo pues se pretende en los dos restaurar ambientalmente una misma área, aunque una con mayor alcance que la otra”. (Lo destacado en negrita corresponde al original). Al respecto, explica que en el expediente judicial n.°08-001282-1027-CA el TCA dictó la sentencia n.°4933-2010, la cual en su parte dispositiva resolvió lo siguiente: “Se condena a los demandados Industrias Infinito, Sociedad Anónima, al Estado y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación a la reparación integral de los daños ambientales provocados por la tala rasa llevada a cabo en la propiedad de Industrias Infinito, Sociedad Anónima, con posterioridad al dictado de la resolución número 244-2008-SCH, mismos que se determinarán en la fase de ejecución de sentencia, tomando en cuenta para tales efectos lo siguiente: El daño ambiental sufrido se determinará mediante prueba pericial, la cual deberá contener las recomendaciones necesarias para la reparación integral de la zona afectada”. Mientras que, la Sala Constitucional ordenó lo siguiente: “Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se les ordena a Epsy Campbell Barr en su condición de Primera Vicepresidenta de la República y designada por el Consejo de Gobierno para velar por la ejecución del Plan de Desarrollo de la Zona Norte, Andrea Meza Murillo en su condición de Ministra de Ambiente y Energía, Daniel Salas Peraza en su condición de Ministro de Salud, Ricardo Morales Vargas en su calidad de Jefe de la Unidad de Normalización de los Servicios de Salud en Ambiente Humano y a Michael Soto Rojas en su condición de Ministro de Seguridad Pública, o a quienes en su lugar desempeñen dichos cargos que, de forma coordinada, se establezca un plan a mediano plazo, máximo tres meses posteriores a la notificación de esta sentencia, en el que se tomen las medidas de seguridad que correspondan para que se defina un plan de contención para la minería ilegal en la zona Crucitas y, a partir de ese momento, se realice una valoración de la magnitud e intensidad del daño ambiental, el levantamiento topográfico de los cuerpos de agua, la valoración y muestreos de los niveles de mercurio en agua, suelo y sedimentos, se establezca una línea base de seguimiento y se tomen las medidas técnicas que correspondan para remediar los daños ambientales. De lo cual se debe establecer un cronograma de actividades y categorías de autoridades responsables para que en el término máximo de dieciocho meses posteriores a la concreción del plan de seguridad, estén en cumplimiento las acciones remediales que correspondan. Además, se ordena a Andrea Meza Murillo en su condición de Ministra de Ambiente y Energía y a Daniel Salas Peraza en su condición de Ministro de Salud que en el término de un mes contado a partir de la notificación de esta sentencia brinden una respuesta formal al amparado en relación con la denuncia planteada. Se advierte a las autoridades recurridas que de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso de amparo”. Concluye que ambas sentencias en su parte dispositiva solicitan la reparación integral de los daños ambientales mediante la implementación de medidas técnicas. Alude que la actividad de minería ilegal que se desarrolla en el área impactada en los últimos años y que está documentada desde el año 2017 se sobrepone a cualquier impacto que se haya originado en las conductas reprochadas por el TCA en la sentencia n.°4933-2010. Por esa razón, la ejecución seguida en el TCA se subordina a la tramitada en la Sala Constitucional y, a su juicio, ello supone una pérdida de la competencia material. Solicita al TCA que se declare incompetente para conocer del proceso de ejecución de la sentencia n.°4933-2010 y remita a la Sala Constitucional el expediente judicial para que continúe con la tramitación del proceso. De otra parte, solicita a esta Sala que continúe con la ejecución de ambas sentencias en forma acumulada, de tal forma que se garantice una adecuada planificación y eficacia en la reparación del daño ambiental ocasionado. Redacta la Magistrada Garro Vargas; y, CONSIDERANDO: I.- OBJETO DE LA GESTIÓN. El apoderado especial judicial de Industrias Infinito S.A. dirige un escrito simultáneamente ante el TCA y ante esta Sala con el propósito que se declare la incompetencia de aquel tribunal para continuar con la ejecución de una sentencia que data del año 2010 y relacionada con la reparación de los daños ambientales ocasionados en la finca de su propiedad producto de una tala rasa. Considera que la sentencia dictada por esta Sala relacionada con los daños ambientales provocados por la minería ilegal subsume aquella otra sentencia y que, por tanto, la Sala Constitucional debería continuar con la ejecución de ambas sentencias. II.- SOBRE EL FONDO. En relación con lo peticionado a esta Sala, conviene aclarar que Industrias Infinito S.A. no fue parte en este recurso de amparo, ni se valoraron en concreto las conductas desplegadas por esa persona jurídica. Por lo tanto, la gestionante no está legitimada para realizar pretensiones dentro de este proceso. En segundo lugar, se hace preciso señalar que de conformidad con el art. 153 de la Constitución Política, le corresponde al Poder Judicial conocer de las causas civiles, penales, comerciales, de trabajo y contencioso-administrativas, así como de las otras que establezca la ley, cualquiera que sea su naturaleza y la calidad de las personas que intervengan; resolver definitivamente sobre ellas y ejecutar las resoluciones que pronuncie, con la ayuda de la fuerza pública si fuere necesario. De modo que a cada instancia jurisdiccional le corresponde ejecutar las sentencias que ha dictado, sin que sea posible que este Tribunal Constitucional se arrogue la competencia para ejecutar las sentencias dictadas por otras jurisdicciones en el marco de sus respectivas atribuciones legales y constitucionales. Al respecto, esta Sala ha afirmado de forma reiterada que: “Debe decirse que la pretensión de la recurrente es inadmisible en esta jurisdicción por cuanto no le corresponde a la Sala procurar por la ejecución de resoluciones jurisdiccionales adoptadas por otras instancias. Por lo tanto, será en la sede que conoció de dicho proceso donde deba dilucidarse la circunstancia que acusa, pues de conformidad con el artículo 153 de la Constitución Política, a dicho órgano le corresponde resolver, definitivamente, sobre la gestión y ejecutar las resoluciones que pronuncie, con la ayuda de la fuerza pública si fuere necesario”. (Sentencia n.°2008-006348. Lo destacado no corresponde al original). A partir de lo anterior, se advierte que no es procedente que esta Sala se arrogue la ejecución de una sentencia firme dictada en otra jurisdicción por hechos y conductas que, por lo demás, son mucho anteriores a los examinados en este proceso de amparo, cuyo objeto fue la protección de derechos fundamentales y no la determinación de responsabilidades administrativas. En consecuencia, se rechaza la gestión dirigida a este Tribunal. III.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. POR TANTO: No ha lugar a la gestión. Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Jose Roberto Garita N. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- VKFM6FF43HI461 EXPEDIENTE N° 19-011277-0007-CO Teléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:50:27. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Sala Constitucional Resolution No. 22124 - 2025 Date of Resolution: July 16, 2025 at 09:15 Expediente: 19-011277-0007-CO Drafted by: Anamari Garro Vargas Type of matter: Recurso de amparo Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL Text of the resolution Exp: 19-011277-0007-CO Res. No. 2025022124 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours fifteen minutes of the sixteenth of July of two thousand twenty-five. Interlocutory proceeding in the recurso de amparo being processed under expediente number 19-011277-0007-CO filed by Nombre01, identity card No. CED02, on behalf of the FEDERACIÓN COSTARRICENSE PARA LA CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE (FECON), against EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA AND MINISTERIO DE SALUD. RESULTANDO: Sole. - By means of a filing received at the Secretariat of the Sala on July 4, 2025, JUAN CARLOS HERNÁNDEZ JIMÉNEZ appeared in this proceeding in his capacity as special judicial representative of the company Industrias Infinito, S. A., with legal entity identity card number CED01. He submits to this Sala a brief directed to the Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), by which he requests a lack of competence to continue with the processing of the sentence execution proceeding being conducted under expediente No. 08-001282-1027-CA, in which his represented party is the defendant. He raises the lack of competence of that court based on the following arguments: "The loss of competence of the Tribunal Contencioso Administrativo originates in the fuero de atracción in constitutional matters and the existence of another proceeding for the execution of sentence number 2021-020047 of 14:01 hours on September 3, 2021, issued by the Sala Constitucional. The object of execution in both proceedings is the same, as both seek to environmentally restore the same area, although one with a broader scope than the other." (The text highlighted in bold corresponds to the original). In this regard, he explains that in judicial expediente No. 08-001282-1027-CA the TCA issued sentence No. 4933-2010, which resolved in its dispositive part the following: "The defendants Industrias Infinito, Sociedad Anónima, the State, and the Sistema Nacional de Áreas de Conservación are condemned to the comprehensive reparation of the environmental damages caused by the clearcutting (tala rasa) carried out on the property of Industrias Infinito, Sociedad Anónima, subsequent to the issuance of resolution number 244-2008-SCH, which shall be determined in the sentence execution phase, taking into account for such purposes the following: The environmental damage suffered shall be determined by expert evidence, which must contain the necessary recommendations for the comprehensive reparation of the affected zone." Meanwhile, the Sala Constitucional ordered the following: "The recurso is partially granted. Epsy Campbell Barr in her capacity as First Vice President of the Republic and designated by the Consejo de Gobierno to oversee the execution of the Plan de Desarrollo de la Zona Norte, Andrea Meza Murillo in her capacity as Ministra de Ambiente y Energía, Daniel Salas Peraza in his capacity as Ministro de Salud, Ricardo Morales Vargas in his capacity as Head of the Unidad de Normalización de los Servicios de Salud en Ambiente Humano, and Michael Soto Rojas in his capacity as Ministro de Seguridad Pública, or whoever occupies those positions in their stead, are ordered to, in a coordinated manner, establish a medium-term plan, within a maximum of three months after the notification of this sentence, in which the corresponding security measures are taken so that a containment plan for illegal mining in the Crucitas zone is defined and, from that moment on, an assessment of the magnitude and intensity of the environmental damage is carried out, a topographic survey of the bodies of water, the assessment and sampling of mercury levels in water, soil, and sediments, a baseline for monitoring is established, and the corresponding technical measures are taken to remedy the environmental damages. From which a schedule of activities and categories of responsible authorities must be established so that within a maximum term of eighteen months after the realization of the security plan, the corresponding remedial actions are in compliance. Furthermore, Andrea Meza Murillo in her capacity as Ministra de Ambiente y Energía and Daniel Salas Peraza in his capacity as Ministro de Salud are ordered to, within a term of one month counted from the notification of this sentence, provide a formal response to the amparado in relation to the complaint filed. The respondent authorities are warned that in accordance with the provisions of article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in a recurso de amparo, and fails to comply with it or enforce it, provided the crime is not more severely punished. The State is condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of sentence of the contencioso administrativo. For the rest, the recurso de amparo is declared without merit." He concludes that both sentences in their dispositive part request the comprehensive reparation of environmental damages through the implementation of technical measures. He alludes that the illegal mining activity that has been developing in the impacted area in recent years and that has been documented since the year 2017 is superimposed on any impact that may have originated from the conducts reproached by the TCA in sentence No. 4933-2010. For this reason, the execution followed in the TCA is subordinated to the one processed in the Sala Constitucional and, in his view, this entails a loss of material competence. He requests the TCA to declare itself incompetent to hear the execution proceeding of sentence No. 4933-2010 and to remit the judicial expediente to the Sala Constitucional so that it may continue with the processing of the proceeding. On the other hand, he requests this Sala to continue with the execution of both sentences in a cumulative manner, so as to guarantee adequate planning and effectiveness in the reparation of the environmental damage caused. Drafted by Magistrate Garro Vargas; and, CONSIDERANDO: I.- PURPOSE OF THE FILING. The special judicial representative of Industrias Infinito S.A. directs a brief simultaneously to the TCA and to this Sala with the purpose of having a declaration of that court's lack of competence to continue with the execution of a sentence dating from the year 2010 and related to the reparation of environmental damages caused on the farm of its property as a result of a clearcutting (tala rasa). He considers that the sentence issued by this Sala related to the environmental damages caused by illegal mining subsumes that other sentence and that, therefore, the Sala Constitucional should continue with the execution of both sentences. II.- ON THE MERITS. In relation to what was requested of this Sala, it is pertinent to clarify that Industrias Infinito S.A. was not a party to this recurso de amparo, nor were the conducts deployed by that legal entity specifically assessed. Therefore, the petitioner lacks standing to make claims within this proceeding. Secondly, it is necessary to point out that in accordance with Article 153 of the Constitución Política, the Poder Judicial is responsible for hearing civil, criminal, commercial, labor, and contencioso-administrativo matters, as well as others established by law, whatever their nature and the status of the persons involved; definitively resolving them and executing the resolutions it pronounces, with the aid of the public force if necessary. Thus, each jurisdictional instance is responsible for executing the sentences it has issued, without it being possible for this Constitutional Tribunal to arrogate to itself the competence to execute sentences issued by other jurisdictions within the framework of their respective legal and constitutional attributions. In this regard, this Sala has repeatedly affirmed that: "It must be said that the appellant's claim is inadmissible in this jurisdiction because it is not incumbent upon the Sala to seek the execution of jurisdictional resolutions adopted by other instances. Therefore, it will be in the venue that heard said proceeding where the circumstance claimed must be elucidated, since in accordance with Article 153 of the Constitución Política, that body is responsible for definitively resolving the matter and executing the resolutions it pronounces, with the aid of the public force if necessary." (Sentence No. 2008-006348. The highlighting does not correspond to the original). Based on the foregoing, it is noted that it is not appropriate for this Sala to arrogate to itself the execution of a final sentence issued in another jurisdiction for facts and conducts that, moreover, are much earlier than those examined in this amparo proceeding, whose purpose was the protection of fundamental rights and not the determination of administrative responsibilities. Consequently, the filing directed to this Tribunal is rejected. III.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. The parties are warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new technology-produced device, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this sentence. Otherwise, any material not withdrawn within this period shall be destroyed, pursuant to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI. POR TANTO: The filing is dismissed. Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Jose Roberto Garita N. Digitally Signed Document -- Verification code -- VKFM6FF43HI461 EXPEDIENTE N° 19-011277-0007-CO Telephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). This is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 10:50:27.