Res. 22223-2025 Sala Constitucional — Amparo for failure to resolve complaint concerning municipal culvertAmparo por omisión en resolver denuncia sobre alcantarilla municipal

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Sala Constitucional

Resolución Nº 22223 - 2025

Fecha de la Resolución: 18 de Julio del 2025 a las 09:20

Expediente: 25-006930-0007-CO

Redactado por: Jorge Araya Garcia

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 25-006930-0007-CO

Res. Nº 2025022223

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del dieciocho de julio de dos mil veinticinco .

 Recurso de amparo interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, contra la MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN.  

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 8:21 horas de 11 de marzo de 2025, la recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Pérez Zeñedón. Manifiesta que, tiene una propiedad desde hace 30 años en San Isidro de El General, camino a Pedregoso, en la comunidad llamada 8 de Diciembre. Indica que el 20 de mayo de 2018 fue a su propiedad y encontró que había sido invadida por trabajadores de la Municipalidad de Pérez Zeledón, hicieron una zanja y echando las aguas pluviales de dos calles, una cementada y otras asfaltada, además de que metieron maquinaria para escarbar, hicieron un muro dentro de su propiedad y pusieron una alcantarilla donde llegan las aguas, y lo peor de todo, en ningún momento lo tomaron en cuenta o pidieron algún permiso. Menciona que en reiteradas oportunidades, desde mayo de 2018, por notas y denuncias enviadas por correo electrónico a la dirección ...01, reiterada por correo de 8 de junio de 2018, para que se resuelva la situación, pero, solamente recibió un correo del funcionario Ronny Sánchez Rivera, gestor social del Proceso de Gestión Vial de la municipalidad recurrida, quien le consultó sobre "su caso", según correo de 11 de setiembre de 2024, pero, de ahí no ha pasado nada, lo que estima violatorio de sus derechos fundamentales.

2.- En resolución de las 7:51 horas de 17 de marzo de 2025, se da curso al proceso y se solicita informe al Alcalde, Presidente del Concejo y Jefe del Proceso de Gestión Vial, todos de la Municipalidad de Pérez Zeledón, sobre los hechos alegados por la recurrente. 

3.- Mediante escrito agregado al expediente digital a las 15:40 horas de 25 de marzo de 2025, informan bajo juramento Emanuel Ceciliano Alfaro, Andrea Herrera Chaves y Jonathan Morales Araya, por su orden Alcalde Municipal, Presidente del Concejo Municipal y Coordinador del Proceso de Gestión Vial, todos de la Municipalidad de Pérez Zeledón, que “(…) 1. El camino identificado como Dirección01 se encuentra debidamente registrado dentro de la Red Vial Cantonal, ubicado en el distrito de San Isidro de El General, Dirección02, frente a Dirección03. 2. En el año 2018, la señora Nombre01 presentó una queja ante la Municipalidad de Pérez Zeledón vía correo electrónico, alegando que el 20 de mayo de 2018 se realizaron trabajos en su propiedad sin su consentimiento, consistentes en la apertura de una zanja para la conducción de aguas pluviales. 3. En respuesta, mediante comunicación electrónica del 15 de junio de 2018, el funcionario municipal Ronny Rojas Fallas informó a la recurrente que las obras ejecutadas consistieron en la sustitución de tubería existente y construcción de cabezales dentro de la vía pública, indicando además que las aguas pluviales han discurrido históricamente hacia el predio inferior (propiedad de la recurrente), conforme lo establece el artículo 20 de la Ley General de Caminos Públicos. 4. Posteriormente, el 27 de agosto de 2024, se realizó una inspección en el sitio, conforme consta en el Acta 123-24-PGV del Proceso de Gestión Vial de la Municipalidad, en la que se constató que: • La propiedad de la recurrente se encuentra en un punto bajo de la topografía local, lo que implica que las aguas pluviales naturalmente discurren hacia dicha finca. • La salida de aguas existía previamente a los proyectos de infraestructura realizados en los años 2017 y 2018. • Las intervenciones municipales consistieron en mantenimiento de la vía pública, incluyendo construcción de cajas de registro, mejoras en el desagüe y limpieza general del sistema de drenaje (…) Se reconoce que la recurrente es propietaria del inmueble matrícula , plano catastrado , ubicado en Dirección02, San Isidro de El General. No obstante, es fundamental aclarar que la propiedad se encuentra ubicada en un punto bajo en relación con el camino 1-19-0075, conforme lo establece el Acta 123-24-PGV. SEGUNDO: SE RECHAZA. La recurrente alega que la Municipalidad invadió su propiedad y realizó obras dentro de la misma sin su consentimiento. No obstante: • No existe prueba fehaciente que demuestre que se haya intervenido dentro de su propiedad. • Los trabajos ejecutados por la Municipalidad de Pérez Zeledón se realizaron exclusivamente dentro de la vía pública y consistieron en el mantenimiento de la infraestructura vial preexistente del camino público 1-19-0075, en el ejercicio de las facultades que le otorga artículo 169 de la Constitución Política, los artículos 1 y 2 de la Ley General de Caminos Públicos, Ley N.° 5060 y el Código Municipal, en su función de administradora de la infraestructura vial cantonal. • La topografía natural del terreno ha determinado históricamente el paso de aguas pluviales hacia su finca, lo que no puede atribuirse a una actuación arbitraria del Gobierno Local, sino al curso natural de las aguas, por encontrarse en un punto bajo del Dirección04, situación que se encuentra normada dentro del numeral 20 de la Ley General de Caminos TERCERO: SE RECHAZA. No le consta a esta representación las aseveraciones expuestas por la recurrente. Es de importancia manifestar que la Municipalidad ha brindado respuesta formal y oportuna a las peticiones de la recurrente, tal como consta en: 1. Correo electrónico del 15 de junio de 2018, remitido por el funcionario Ronny Rojas Fallas, en el que se explica la naturaleza de las obras realizadas. 2. Documento OFI-1994-24-DAM, que reitera los hallazgos del Acta 123-24-PGV, evidenciando que la propiedad de la señora bre01 se se encuentra en un punto bajo del camino 1-19-0075, y que la salida de aguas existía antes de las intervenciones municipales de 2017 y 2018. El hecho de que la respuesta no haya sido favorable a los intereses de la recurrente no implica una omisión o negativa injustificada, sino que obedece a la aplicación de la normativa vigente, específicamente al artículo 20 de la Ley General de Caminos. Por otra parte, no consta que la propiedad de la recurrente haya sufrido una desvalorización atribuible a las acciones municipales, ni se ha aportado prueba que respalde tal afirmación. Adicionalmente, esta no es la vía procesal idónea para conocer asuntos relacionados con avalúos o afectaciones a propiedades (…)”.

4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.             

 Redacta el Magistrado Araya García; y,

Considerando:

 I.- Cuestión Preliminar. De previo a analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso, se plantea un supuesto de excepción, pues, se está ante una denuncia ambiental en virtud de una problemática por aguas pluviales que afectan a la recurrente en su propiedad, en virtud de la obstrucción de una alcantarilla municipal, la cual, presuntamente, no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable por parte de las autoridades recurridas. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.

II.- Objeto del recurso. Alega la recurrente que presentó una serie de denuncias ante la Municipalidad de Pérez Zeledón, en virtud de la problemática que generan las aguas pluviales que salen de las alcantarillas y discurren sin control en su propiedad, en virtud de un trabajo realizado por parte del municipio y que le afecta directamente. Asegura que, a la fecha en que presenta este recurso, la denuncia no ha sido resuelta de manera definitiva ni se le ha indicado cómo procederán las autoridades recurridas para atenderla, lo que estima lesivo de sus derechos fundamentales.

III.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

1)   La recurrente es propietaria del inmueble matrícula , plano catastrado , ubicado en Dirección02, San Isidro de El General (ver informe rendido por la autoridad recurrida).

2)   El 20 de mayo de 2018, la recurrente remitió ante la Municipalidad de Pérez Zeledón una denuncia en virtud de problemas de aguas residuales que afectan a su casa de habitación, a raíz de unos trabajados realizados por el mismo municipio (ver prueba aportada al expediente).

3)   El 15 de junio de 2018, el funcionario municipal Ronny Rojas Fallas informó a la recurrente que las obras ejecutadas consistieron en la sustitución de tubería existente y construcción de cabezales dentro de la vía pública, indicando además que las aguas pluviales han discurrido históricamente hacia el predio inferior (propiedad de la recurrente) (ver informe rendido por la autoridad recurrida y prueba aportada al expediente).

4)   En fecha indeterminada de 2024, la recurrente reiteró su gestión del 2018, sobre el problema de aguas que discurren y afectan su propiedad, en virtud del mal estado de una alcantarilla municipal (ver prueba aportada al expediente).

5)   El 27 de agosto de 2024, las autoridades de la Municipalidad de Pérez Zeledón realizaron una inspección en el sitio denunciado, conforme consta en el Acta 123-24-PGV del Proceso de Gestión Vial de la Municipalidad, en la que se constató que: “• La propiedad de la recurrente se encuentra en un punto bajo de la topografía local, lo que implica que las aguas pluviales naturalmente discurren hacia dicha finca. • La salida de aguas existía previamente a los proyectos de infraestructura realizados en los años 2017 y 2018. • Las intervenciones municipales consistieron en mantenimiento de la vía pública, incluyendo construcción de cajas de registro, mejoras en el desagüe y limpieza general del sistema de drenaje” (ver informe rendido por la autoridad recurrida y prueba aportada al expediente).

6)   Mediante oficio No. OFI-1104-24-PGV de 3 de setiembre de 2024, el Coordinador del Proceso de Gestión Vial de la Municipalidad de Pérez Zeledón le comunicó al Alcalde que “En atención a la solicitud realizada mediante el oficio OFI-1861-24-DAM, respecto a nota presentada por Nombre01, vecina de la comunidad del Hoyón, Distrito San Isidro, propiamente solicitando la verificación de condición de paso de alcantarilla y daños a propiedad por drenaje pluvial existente. Por parte del Proceso de Gestión Vial, se han realizado las diligencias necesarias para atender la solicitud, y se ha llevado a cabo una inspección visual de las condiciones existentes, con número de Acta 123-24-PGV. En dicha acta se sugiere Limpiar el paso de alcantarilla existente ya que se encuentra sedimentado en 50% de su capacidad, por lo cual se traslada el acta a obra gris con el señor Walter Barrantes Jiménez, para la programación de los trabajos necesarios” (ver informe rendido por la autoridad recurrida y prueba aportada al expediente).

7)   El 21 de marzo de 2025, la resolución de curso de este proceso fue comunicada a las autoridades recurridas (ver actas de notificación).

8)   Con ocasión del recurso, la Municipalidad de Pérez Zeledón asegura que “La topografía natural del terreno ha determinado históricamente el paso de aguas pluviales hacia su finca, lo que no puede atribuirse a una actuación arbitraria del Gobierno Local, sino al curso natural de las aguas, por encontrarse en un punto bajo del Dirección04” (ver informe rendido por la autoridad recurrida y prueba aportada al expediente).

IV.- Sobre el caso concreto. En el sub lite, la recurrente que presentó una serie de denuncias ante la Municipalidad de Pérez Zeledón, en virtud de la problemática que generan las aguas pluviales que salen de las alcantarillas y discurren sin control en su propiedad, en virtud de un trabajo realizado por parte del municipio y que le afecta directamente. Asegura que, a la fecha en que presenta este recurso, la denuncia no ha sido resuelta de manera definitiva ni se le ha indicado cómo procederán las autoridades recurridas para atenderla, lo que estima lesivo de sus derechos fundamentales.  

Al respecto, esta Sala verifica que, en el caso concreto, efectivamente, se tiene conocimiento de una denuncia realizada por la recurrente ante la Municipalidad de Pérez Zeledón el 20 de mayo de 2018, en la que la recurrente acusa problemas de aguas residuales que afectan a su casa de habitación, a raíz de unos trabajados realizados por el mismo municipio.

Asimismo, se verificó que, el 15 de junio de 2018, el funcionario municipal Ronny Rojas Fallas informó a la recurrente que las obras ejecutadas consistieron en la sustitución de tubería existente y construcción de cabezales dentro de la vía pública, indicando además que las aguas pluviales han discurrido históricamente hacia el predio inferior (propiedad de la recurrente).  Sin embargo, la recurrente continúo remitiendo gestiones ante la municipalidad recurrida, para que, finalmente, el 27 de agosto de 2024, las autoridades de la Municipalidad de Pérez Zeledón realizaron una inspección en el sitio denunciado, conforme consta en el Acta 123-24-PGV del Proceso de Gestión Vial de la Municipalidad, en la que se constató que: “• La propiedad de la recurrente se encuentra en un punto bajo de la topografía local, lo que implica que las aguas pluviales naturalmente discurren hacia dicha finca. • La salida de aguas existía previamente a los proyectos de infraestructura realizados en los años 2017 y 2018. • Las intervenciones municipales consistieron en mantenimiento de la vía pública, incluyendo construcción de cajas de registro, mejoras en el desagüe y limpieza general del sistema de drenaje” y, posteriormente, y en virtud de dicha inspección, mediante oficio No. OFI-1104-24-PGV de 3 de setiembre de 2024, el Coordinador del Proceso de Gestión Vial de la Municipalidad de Pérez Zeledón le comunicó al Alcalde que: “(…)  En dicha acta se sugiere Limpiar el paso de alcantarilla existente ya que se encuentra sedimentado en 50% de su capacidad, por lo cual se traslada el acta a obra gris con el señor Walter Barrantes Jiménez, para la programación de los trabajos necesarios”.

 De esta forma, se verificó que, si bien las autoridades de la municipalidad recurridas aseguran que: “La topografía natural del terreno ha determinado históricamente el paso de aguas pluviales hacia su finca, lo que no puede atribuirse a una actuación arbitraria del Gobierno Local, sino al curso natural de las aguas, por encontrarse en un punto bajo del Dirección04”, no menos cierto es que, en la inspección realizada el 27 de agosto de 2024, el Coordinador del Proceso de Gestión Vial de la Municipalidad de Pérez Zeledón le comunicó al Alcalde sobre la necesidad de limpiar el paso de la alcantarilla, el cual se encuentra sedimentado al 50% de su capacidad; sin embargo, no consta que a la fecha de presentación de este recurso se haya realizado la limpieza de la alcantarilla ni se le haya comunicado a la recurrente, la solución definitiva de la problemática denunciada.

En consecuencia, estima esta Sala que el plazo que ha transcurrido para resolver la denuncia planteada por la parte tutelada ante las autoridades de la Municipalidad de Pérez Zeledón y comunicarle lo respectivo por parte de las autoridades recurridas es desproporcionado, por cuanto, ha transcurrido un plazo de, más de cinco años, desde la presentación de la denuncia apuntada, sin que a la fecha esta haya sido resuelta, con el agravante que la afectación denunciada continúa vigente. Bajo esta inteligencia, considera esta Sala que el recurso debe ser declarado con lugar, con las consideraciones que se dirán en la parte dispositiva de esta sentencia. 

V.- Conclusión. En mérito de lo expuesto, lo procedente es declarar con lugar el recurso, con las consecuencias que se dirán en la parte dispositiva de esta sentencia.

VI.- Nota del magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

VII.- Nota del magistrado Salazar Alvarado. En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa omisiva se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, en el que se reclama la supuesta demora de la Administración en atender una denuncia por el mal estado de una alcantarilla, que provoca que las aguas discurren y afectan no solo su propiedad sino que constituye un riesgo para su integridad. La situación descrita constituye una excepción a mi posición general en esta materia, por lo que estimo necesario que este Tribunal Constitucional analizara por el fondo el asunto, con el fin de verificar o descartar los alegatos de la parte recurrente.

VIII.- Documentación aportada al expediente. Se previene a la parte que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 de 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 de 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

 Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Emanuel Ceciliano Alfaro, Andrea Herrera Chaves y Jonathan Morales Araya, por su orden Alcalde Municipal, Presidente del Concejo Municipal y Coordinador del Proceso de Gestión Vial, todos de la Municipalidad de Pérez Zeledón, o a quienes ocupen esos cargos, para que en el plazo máximo de un mes, contado a partir de la notificación de esta sentencia, establezcan las instancias de coordinación para la atención y resolución de manera definitiva de la denuncia planteada por la tutelada, y se informe de manera formal a la parte recurrente de lo resuelto. Se les advierte a los recurridos que, de no acatar la orden dicha, incurrirán en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Pérez Zeledón al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Castillo Víquez consigna nota. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese.-

 

 

 

 

 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Luis Fdo. Salazar A.




Jorge Araya G.

	

 

	

Anamari Garro V.




Ingrid Hess H.

	

 

	

Jose Roberto Garita N.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 N472MLNHK47NI61

EXPEDIENTE N° 25-006930-0007-CO

 

Teléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección05, Dirección06, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:49:54.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Sala Constitucional

Resolución Nº 22223 - 2025

Date of Resolution: July 18, 2025, at 09:20

Expediente: 25-006930-0007-CO

Drafted by: Jorge Araya Garcia

Type of matter: Recurso de amparo

Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL

Text of the resolution

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Exp: 25-006930-0007-CO

Res. Nº 2025022223

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours twenty minutes on the eighteenth of July, two thousand twenty-five.

Recurso de amparo filed by Nombre01, identity card CED01, against the MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN.

Resultando:

1.- By document received in the Secretariat of the Sala at 8:21 hours on March 11, 2025, the petitioner files a recurso de amparo against the Municipalidad de Pérez Zeñedón. She states that she has owned a property for 30 years in San Isidro de El General, on the road to Pedregoso, in the community called 8 de Diciembre. She indicates that on May 20, 2018, she went to her property and found that it had been invaded by workers of the Municipalidad de Pérez Zeledón; they dug a trench and channeled the stormwater from two streets, one paved with cement and the other with asphalt, besides bringing in machinery to dig, they built a wall inside her property and placed a culvert where the waters arrive, and worst of all, at no time did they take her into account or ask for any permission. She mentions that on repeated occasions, since May 2018, through notes and complaints sent by email to the address ...01, reiterated by email on June 8, 2018, to have the situation resolved, however, she only received an email from the official Ronny Sánchez Rivera, social manager of the Proceso de Gestión Vial of the respondent municipality, who consulted her about "her case," according to an email of September 11, 2024, but nothing has happened since then, which she deems a violation of her fundamental rights.

2.- In a resolution at 7:51 hours on March 17, 2025, the process was admitted and a report was requested from the Alcalde, Presidente del Concejo, and Jefe del Proceso de Gestión Vial, all of the Municipalidad de Pérez Zeledón, regarding the facts alleged by the petitioner.

3.- By document added to the digital expediente at 15:40 hours on March 25, 2025, Emanuel Ceciliano Alfaro, Andrea Herrera Chaves, and Jonathan Morales Araya, in their order Alcalde Municipal, Presidente del Concejo Municipal, and Coordinador del Proceso de Gestión Vial, all of the Municipalidad de Pérez Zeledón, report under oath "(...) 1. The road identified as Dirección01 is duly registered within the Red Vial Cantonal, located in the district of San Isidro de El General, Dirección02, in front of Dirección03. 2. In 2018, Mrs. Nombre01 filed a complaint with the Municipalidad de Pérez Zeledón via email, alleging that on May 20, 2018, work was carried out on her property without her consent, consisting of the opening of a trench for stormwater conveyance. 3. In response, through electronic communication on June 15, 2018, the municipal official Ronny Rojas Fallas informed the petitioner that the works executed consisted of the replacement of existing piping and construction of headwalls within the public road, also indicating that stormwater has historically flowed towards the lower property (the petitioner's property), as established by article 20 of the Ley General de Caminos Públicos. 4. Subsequently, on August 27, 2024, an on-site inspection was carried out, as recorded in Acta 123-24-PGV of the Proceso de Gestión Vial of the Municipality, in which it was verified that: • The petitioner's property is located at a low point in the local topography, which means that stormwater naturally flows towards said property. • The water outlet existed prior to the infrastructure projects carried out in 2017 and 2018. • The municipal interventions consisted of maintenance of the public road, including construction of catch basins, improvements to the drainage, and general cleaning of the drainage system (...) It is recognized that the petitioner is the owner of the property with registration number , cadastral plan , located at Dirección02, San Isidro de El General. However, it is fundamental to clarify that the property is located at a low point relative to road 1-19-0075, as established by Acta 123-24-PGV. SECOND: IT IS REJECTED. The petitioner alleges that the Municipality invaded her property and carried out works inside it without her consent. However: • There is no reliable proof demonstrating that work was performed inside her property. • The works carried out by the Municipalidad de Pérez Zeledón were performed exclusively within the public road and consisted of the maintenance of the pre-existing road infrastructure of public road 1-19-0075, in the exercise of the powers granted by article 169 of the Constitución Política, articles 1 and 2 of the Ley General de Caminos Públicos, Ley N.° 5060, and the Código Municipal, in its role as administrator of the cantonal road infrastructure. • The natural topography of the land has historically determined the passage of stormwater towards her property, which cannot be attributed to arbitrary action by the Local Government, but rather to the natural course of the waters, as it is located at a low point of the Dirección04, a situation regulated within article 20 of the Ley General de Caminos. THIRD: IT IS REJECTED. The assertions made by the petitioner are not proven to this representation. It is important to state that the Municipality has provided a formal and timely response to the petitioner's requests, as evidenced in: 1. Email of June 15, 2018, sent by the official Ronny Rojas Fallas, explaining the nature of the works carried out. 2. Document OFI-1994-24-DAM, which reiterates the findings of Acta 123-24-PGV, showing that the property of Mrs. bre01 is located at a low point off road 1-19-0075, and that the water outlet existed before the municipal interventions of 2017 and 2018. The fact that the response was not favorable to the petitioner's interests does not imply an omission or unjustified refusal, but rather stems from the application of current regulations, specifically article 20 of the Ley General de Caminos. On the other hand, there is no evidence that the petitioner's property has suffered a devaluation attributable to the municipal actions, nor has any proof been provided to support such a claim. Additionally, this is not the appropriate procedural avenue to hear matters related to appraisals or property impacts (...)".

4.- The legal prescriptions have been observed in the proceedings followed.

Drafted by Magistrate Araya García; and,

Considerando:

I.- Preliminary Matter. Before analyzing the merits of the matter—regarding the alleged violation of the right to an expeditious and fulfilled procedure—it must be clarified that, based on judgment No. 2008-02545 at 8:55 hours on February 22, 2008, this Sala has referred to the contentious-administrative jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is disputed whether the public administration has complied or not with the deadlines set by the Ley General de la Administración Pública (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve a final act, an administrative procedure—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear the corresponding administrative appeals. Precisely, in this case, a situation of exception is raised, as it involves an environmental complaint due to a stormwater problem affecting the petitioner on her property, stemming from the obstruction of a municipal culvert, which, allegedly, has not been resolved within a reasonable time by the respondent authorities. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.

II.- Purpose of the recurso. The petitioner alleges that she filed a series of complaints with the Municipalidad de Pérez Zeledón, due to the problem caused by stormwater exiting the culverts and flowing uncontrolled on her property, as a result of work carried out by the municipality that directly affects her. She assures that, as of the date this recurso was filed, the complaint has not been definitively resolved, nor has she been informed of how the respondent authorities will proceed to address it, which she deems harmful to her fundamental rights.

III.- Proven facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven:

1) The petitioner is the owner of the property with registration number , cadastral plan , located at Dirección02, San Isidro de El General (see report rendered by the respondent authority).

2) On May 20, 2018, the petitioner filed a complaint with the Municipalidad de Pérez Zeledón regarding wastewater problems affecting her dwelling house, as a result of works carried out by the same municipality (see evidence provided in the expediente).

3) On June 15, 2018, the municipal official Ronny Rojas Fallas informed the petitioner that the works executed consisted of the replacement of existing piping and construction of headwalls within the public road, also indicating that stormwater has historically flowed towards the lower property (the petitioner's property) (see report rendered by the respondent authority and evidence provided in the expediente).

4) On an unspecified date in 2024, the petitioner reiterated her 2018 petition regarding the water problem that flows and affects her property, due to the poor condition of a municipal culvert (see evidence provided in the expediente).

5) On August 27, 2024, the authorities of the Municipalidad de Pérez Zeledón carried out an inspection at the reported site, as recorded in Acta 123-24-PGV of the Proceso de Gestión Vial of the Municipality, in which it was verified that: "• The petitioner's property is located at a low point in the local topography, which means that stormwater naturally flows towards said property. • The water outlet existed prior to the infrastructure projects carried out in 2017 and 2018. • The municipal interventions consisted of maintenance of the public road, including construction of catch basins (cajas de registro), improvements to the drainage, and general cleaning of the drainage system" (see report rendered by the respondent authority and evidence provided in the expediente).

6) By official communication No. OFI-1104-24-PGV of September 3, 2024, the Coordinador del Proceso de Gestión Vial of the Municipalidad de Pérez Zeledón informed the Alcalde that "In response to the request made through official communication OFI-1861-24-DAM, regarding a note submitted by Nombre01, a resident of the community of El Hoyón, San Isidro District, specifically requesting verification of the condition of the culvert passage and damage to property from existing storm drainage. The Proceso de Gestión Vial has carried out the necessary steps to address the request, and a visual inspection of the existing conditions has been conducted, under Acta number 123-24-PGV. Said acta suggests cleaning the existing culvert passage as it is 50% sedimented, therefore the acta is forwarded to the gray works department with Mr. Walter Barrantes Jiménez, for the scheduling of the necessary works" (see report rendered by the respondent authority and evidence provided in the expediente).

7) On March 21, 2025, the resolution admitting this process was communicated to the respondent authorities (see notification records).

8) On the occasion of the recurso, the Municipalidad de Pérez Zeledón assures that "The natural topography of the land has historically determined the passage of stormwater towards her property, which cannot be attributed to arbitrary action by the Local Government, but rather to the natural course of the waters, as it is located at a low point of the Dirección04" (see report rendered by the respondent authority and evidence provided in the expediente).

IV.- Regarding the specific case. In the sub lite, the petitioner filed a series of complaints with the Municipalidad de Pérez Zeledón, due to the problem caused by stormwater exiting the culverts and flowing uncontrolled on her property, as a result of work carried out by the municipality that directly affects her. She assures that, as of the date this recurso was filed, the complaint has not been definitively resolved, nor has she been informed of how the respondent authorities will proceed to address it, which she deems harmful to her fundamental rights.

In this regard, this Sala verifies that, in the specific case, there is indeed knowledge of a complaint filed by the petitioner with the Municipalidad de Pérez Zeledón on May 20, 2018, in which the petitioner alleges wastewater problems affecting her dwelling house, as a result of works carried out by the same municipality.

Likewise, it was verified that, on June 15, 2018, the municipal official Ronny Rojas Fallas informed the petitioner that the works executed consisted of the replacement of existing piping and construction of headwalls within the public road, also indicating that stormwater has historically flowed towards the lower property (the petitioner's property). However, the petitioner continued submitting petitions to the respondent municipality, until finally, on August 27, 2024, the authorities of the Municipalidad de Pérez Zeledón carried out an inspection at the reported site, as recorded in Acta 123-24-PGV of the Proceso de Gestión Vial of the Municipality, in which it was verified that: "• The petitioner's property is located at a low point in the local topography, which means that stormwater naturally flows towards said property. • The water outlet existed prior to the infrastructure projects carried out in 2017 and 2018. • The municipal interventions consisted of maintenance of the public road, including construction of catch basins (cajas de registro), improvements to the drainage, and general cleaning of the drainage system", and subsequently, based on said inspection, by official communication No. OFI-1104-24-PGV of September 3, 2024, the Coordinador del Proceso de Gestión Vial of the Municipalidad de Pérez Zeledón informed the Alcalde that: "(...) Said acta suggests cleaning the existing culvert passage as it is 50% sedimented, therefore the acta is forwarded to the gray works department with Mr. Walter Barrantes Jiménez, for the scheduling of the necessary works."

Thus, it was verified that, although the respondent municipal authorities assure that: "The natural topography of the land has historically determined the passage of stormwater towards her property, which cannot be attributed to arbitrary action by the Local Government, but rather to the natural course of the waters, as it is located at a low point of the Dirección04", it is no less true that, in the inspection carried out on August 27, 2024, the Coordinador del Proceso de Gestión Vial of the Municipalidad de Pérez Zeledón informed the Alcalde of the need to clean the culvert passage, which is 50% sedimented; however, there is no evidence that, as of the filing date of this recurso, the cleaning of the culvert has been carried out, nor has the petitioner been informed of the definitive solution to the reported problem.

Consequently, this Sala considers that the time elapsed to resolve the complaint filed by the protected party with the authorities of the Municipalidad de Pérez Zeledón and to communicate the respective outcome by the respondent authorities is disproportionate, since a period of more than five years has elapsed since the filing of the noted complaint, without it having been resolved as of today, with the aggravating factor that the reported impact is still ongoing. Under this understanding, this Sala deems that the recurso must be declared with merit, with the considerations that will be stated in the operative part of this judgment.

V.- Conclusion. Based on the foregoing, it is appropriate to declare with merit the recurso, with the consequences that will be stated in the operative part of this judgment.

VI.- Note by magistrate Castillo Víquez, regarding prompt and fulfilled administrative justice. I have supported the thesis of this Court that, when a claimant alleges a violation of the right to prompt and fulfilled justice in an administrative venue, the legal controversy should be heard by the Tribunales de lo Contencioso-Administrativo and not by this Sala. That said, with the recent enactment of Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, it has been established that this right is susceptible to judicial protection through the recurso de amparo established by article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in relation to article 27 of the Constitución Política de la República de Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, which, based on article 7 of its Law, is to exclusively define its own jurisdiction. Therefore, except for those legal-constitutional controversies that have been recognized by this same Sala as exceptional cases, which are indeed admissible to be heard in this jurisdiction through the constitutional process of guarantee of amparo, in all other cases, and for the reasons this Court has given (judgment N° 2008-02545 at 8:55 hours on February 22, 2008), the competent judges are those of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with article 25 of the Convención Americana sobre Derechos Humanos, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.

VII.- Note by magistrate Salazar Alvarado. In principle, I consider that cases related to the inactivity of the Public Administration in the repair, construction, modification, or demolition of any infrastructure work should be dismissed, as that omission constitutes a matter of legality, the discussion of which belongs to the ordinary jurisdiction, before which the interested party may debate their disagreements more broadly. However, when that omissive administrative conduct results in any violation of other fundamental rights protected in this constitutional jurisdiction, or affects groups considered vulnerable, I do address the merits of the matter, as this situation constitutes an exception to my position on this subject, which is the case here, in which a claim is made about the alleged delay of the Administration in addressing a complaint regarding the poor condition of a culvert, which causes waters to flow and affect not only her property but also constitute a risk to her well-being. The described situation constitutes an exception to my general position on this subject, and therefore I consider it necessary for this Constitutional Court to analyze the merits of the matter, in order to verify or dismiss the allegations of the petitioner.

VIII.- Documentation provided in the expediente. The parties are warned that, if they have provided any paper documents, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies, these must be collected from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not collected within this period will be destroyed, as provided in the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Por tanto:

The recurso is declared with merit. Emanuel Ceciliano Alfaro, Andrea Herrera Chaves, and Jonathan Morales Araya, in their order Alcalde Municipal, Presidente del Concejo Municipal, and Coordinador del Proceso de Gestión Vial, all of the Municipalidad de Pérez Zeledón, or whoever occupies those positions, are ordered, within a maximum period of one month, counted from the notification of this judgment, to establish the coordination instances for the definitive attention and resolution of the complaint filed by the protected party, and to formally inform the petitioner of the resolution. The respondents are warned that, failure to comply with said order shall incur the crime of disobedience and that, in accordance with article 71 of the Law of this jurisdiction, a prison sentence of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in a recurso de amparo, and does not comply with it or enforce it, provided the crime is not more severely punishable. The Municipalidad de Pérez Zeledón is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which shall be settled in the enforcement of the judgment in the contentious-administrative jurisdiction. Magistrate Castillo Víquez records a note. Magistrate Salazar Alvarado adds a note. Notifíquese.-

Fernando Castillo V.

Presidente

Fernando Cruz C.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Jose Roberto Garita N.

Documento Firmado Digitalmente

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N472MLNHK47NI61

EXPEDIENTE N° 25-006930-0007-CO

Teléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección05, Dirección06, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:49:54.

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