Res. 22308-2025 Sala Constitucional — Amparo denied for lack of proof of filings before ICAARechazo de amparo por falta de prueba de gestiones ante el ICAA

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Sala Constitucional

Resolución Nº 22308 - 2025

Fecha de la Resolución: 18 de Julio del 2025 a las 09:20

Expediente: 25-016156-0007-CO

Redactado por: Jose Roberto Garita Navarro

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 25-016156-0007-CO

Res. Nº 2025022308

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del dieciocho de julio de dos mil veinticinco .

 Recurso de amparo que se tramita en el expediente nro. 25-016156-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de EL GAVILAN MURILLO Y VARGAS S.A. contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA).

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Sala el 5 de junio de 2025, la persona accionante interpone un recurso de amparo. Manifiesta que es propietario de la finca Folio Real Matrícula nro. . Indica que procedió a llevar a cabo la construcción y desarrollo de la ciudadela El Gavilán en el 2007, en la que solicitó la autorización para la instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en esa propiedad. Manifiesta que lo anterior, con la finalidad de evitar un daño a la salud pública, vertiendo las aguas residuales mediante el sistema de pozos de infiltración, conforme a la normativa vigente para esa fecha y al tenor del Decreto Ejecutivo nro. 39887-S-MINAE. Además, acota que para hacer entrega de esa planta de tratamiento a la institución que se hace responsable en adelante del cuido de ella, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados -ICAA-. Acota que, mientras se cumplía con el tiempo de respuesta de la solicitud realizada al ICAA, él cumplió con llevar la bitácora de registro de buen funcionamiento. Asegura que, desde esa fecha, él ha mantenido el registro de la bitácora que la ley exige, costeando desde un principio todos los gastos que implica el mantenimiento de una planta de tratamiento de esa índole. Menciona que, hasta el día de hoy ha tenido que incurrir en todos los gastos que en adelante se desglosan. Alega que ya para los años 2016 al 2019, se hubiera esperado una respuesta positiva, correctiva o de sugerencias por parte de ICAA para poder hacer la respectiva entrega de esa planta de tratamiento. No obstante, acota que pese a las incesantes gestiones y solicitudes planteadas por él ante el ICAA nunca, hasta el 2023, se ha tenido ningún tipo de respuesta por parte de esta institución, sin tener motivo alguno que justifique el retraso de trámites administrativos en su gestión y mucho menos se ha recibido una respuesta positiva por parte de esta. Mientras tanto, él ha seguido cargando con todos los gastos que implican mantener esa planta de tratamiento al día de hoy. Señala que, ante esa situación, en el mes de noviembre de 2024 planteó una gestión de pronto despacho en la sucursal de Cañas del ICAA, en la que se solicitó darle viabilidad una vez más a esa entrega, así como la solicitud de una copia certificada del expediente administrativo que tiene esa institución, para retomar todas las gestiones realizadas ante la misma. Sin embargo, esa jefatura les solicitó copia de las gestiones que habían realizado, ello con la finalidad de pedir a oficinas centrales las copias y ubicación del expediente, por cuanto les hizo de su conocimiento que el mismo actualmente se encuentra extraviado y no se les ha entregado copia certificada del expediente supraindicado, pese a haberlo solicitado en reiteradas ocasiones. Reitera que mientras el tiempo pasa, él sigue cargando con los costos de mantenimiento y operación de esa planta. Afirma que pese a las incesantes gestiones que se han hecho ante el ICAA para el respectivo recibo de esa planta, no se ha recibido justificación legal alguna de por qué motivo no quieren recibirla, pese a que la normativa que debe aplicarse es la que operaba al momento en que se inició esa gestión, y que él no tiene por qué cumplir con reformas actuales cuando ha sido insistente en su solicitud para el recibo de la planta. Sostiene que el no tener actualmente capacidad económica para continuar sosteniendo el mantenimiento de la planta de tratamiento, provocará el deterioro de la esta, la contaminación de los suelos y un serio daño a la salud pública y al medio ambiente. Esgrime que todo eso será consecuencia del actuar negligente e irresponsable y del incumplimiento de deberes del ICAA. Menciona el desglose de gastos que considera, deben ser reintegrados por esa institución: compra de planta de tratamiento, contratación de profesional regente que lleva la bitácora de funcionamiento de dicha planta, Contratación de profesionales en la materia que realizaron los estudios pertinentes y que justifican, conforme a derecho y a la normativa aplicable a esa fecha, que el proyecto era completamente viable y que justificaba la recepción de esta planta por parte de ICAA, pago de recibos de electricidad por consumo de la planta de tratamiento (NIS: 955842), con un promedio mensual de trescientos mil colones durante 17 años, lo que a la fecha arroja un monto aproximado de 61.200.000,00 colones, pago de guarda que cuida la planta de tratamiento, robo de motor de planta de tratamiento y compra de una nueva, robo de motor de planta de tratamiento y compra de una nueva y pago de guarda que cuida la planta de tratamiento que va desde el año 2007 hasta la fecha. Estima que la situación descrita lesiona sus derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso.

2.- Por resolución de las 21:23 horas del 20 de junio de 2025 se dio curso al amparo.

3.- Informa bajo juramento María Alejandra Mora Segura, en su condición de gerenta general del ICAA, lo siguiente: “La visita de inspección se realizó el martes 20 de junio del 2017 a las 8:30 a.m. Participaron técnicos de AyA y representantes del proyecto. Se verificó que la PTAR estaba operando, aunque presentaba deterioro físico y deficiencias en el mantenimiento, particularmente en las estructuras de entrada y en el sistema de medición de caudal. La planta utiliza un sistema de lodos activados con aireación extendida, alimentado por un solo motor, y aplica tratamiento terciario mediante cloración con pastillas para el riego del efluente tratado. Paralelamente, se realizó una revisión del estudio hidrogeológico presentado para el proyecto. Según criterio técnico del Área Funcional de Hidrología de la UEN de Gestión Ambiental, el estudio presenta observaciones críticas que deben atenderse. A partir de esta información, se recomienda no aprobar el proyecto con el plano catastrado G-22401-1973, hasta que se subsanen las deficiencias identificadas. A la fecha no se ha recibido por parte del desarrollador la solicitud formal de recepción del Sistema de Saneamiento de este proyecto. El proyecto Residencial El Gavilán, ubicado en Cañas Guanacaste, fue aprobado con un sistema de tratamiento de aguas residuales con planta de tratamiento y sistema de Riego (infiltración) como disposición final. En junio del 2017, a solicitud del Subgerente de Gestión de Sistemas Periféricos, Ing. Javier Valverde Hernández, la Unidad Ejecutora de Negocios (UEN) de Recolección y Tratamiento realizó una inspección técnica al Proyecto Habitacional El Gavilán, ubicado en Cañas, Guanacaste. El propósito fue emitir un criterio técnico sobre el estado actual de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del proyecto, en el contexto de una eventual solicitud de traspaso de esta infraestructura al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Los propietarios, querían realizar el traspaso para administración por parte de AyA, a la fecha no se ha recibido ninguna solicitud por parte del desarrollador para iniciar con la recepción de la PTAR y red sanitaria por parte de AyA. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 3.1 Inspección Técnica de Campo Fecha y hora: Martes 20 de junio 2017, 8:30 a.m. Participantes: - Nombre02 AyA: Ing. Rosa González Palma, Ing. Lucía Yglesias González, Ing. Norman Aguilar Monge. - Por el Proyecto: Mikel, Roberto y Anabel Murillo, junto con el proveedor de la PTAR, Sr. Sergio Zúñiga. 3.2 Observaciones en Sitio junio 2017 La PTAR está en funcionamiento bajo la tecnología aprobada por AyA. Presenta deterioro físico: tapas sin rejillas, ausencia de vertedero y sistema de medición de caudal. No se han realizado análisis de laboratorio del efluente. El tratamiento terciario consiste en cloración con pastillas para reutilización en riego. - El sistema de lodos activados con aireación extendida funciona con un solo motor que controla aireadores, recirculación y bomba de riego. La red sanitaria opera por gravedad hacia la PTAR. Existe una descarga comercial conectada, que se planea separar por parte del Desarrollador. La Licda. Anabel Murillo, expone que ellos desean realizar las mejoras necesarias para traspasar a futuro la administración de la red sanitaria y PTAR al AyA. Intención del Desarrollador; El objetivo es realizar las mejoras necesarias para solicitar la recepción de la PTAR y red sanitaria por parte de AyA. A la fecha este Instituto no ha recibido dicha solicitud. En el informe técnico de 2017 se indica textualmente la siguiente recomendación: Si el desarrollador desea iniciar el proceso de recepción del alcantarillado sanitario y PTAR, debe presentar los documentos indicados en el “Reglamento de Aprobación y Recepción de Sistemas de Saneamiento por parte de AyA” emitido por la Junta Directiva de AyA según acuerdo N°2017-66. Este trámite inicia ante la Gerencia General de AyA y posteriormente la UEN de Recolección y Tratamiento de Sistemas Periféricos continuará con el proceso. Revisión del Estudio Hidrogeológico El estudio “Tránsito de Contaminantes y Flujo Subterráneo” fue elaborado por la MSc. María Gómez Tristán. El Área de Hidrología de la UEN de Gestión Ambiental identificó múltiples observaciones técnicas que comprometen la confiabilidad del estudio, entre ellas: - Verificación de pozos en base SENARA. - Revisión del modelo de flujo subterráneo. - Unidades incorrectas de caudal y permeabilidad. - Cálculos del tiempo de tránsito y radio fijo. - Conclusión técnica pendiente sobre degradación bacteriana y afectación a fuentes cercanas. Conclusiones (realizadas en el 2017) a) La PTAR está construida según el diseño aprobado, pero requiere mantenimiento y verificación de eficiencia. b) El sistema sanitario y la PTAR se encuentran actualmente bajo administración privada. c) La operación mediante un solo motor es técnicamente cuestionable, aunque fue aprobada en el diseño. d) El objetivo del desarrollador es traspasar el Sistema de Saneamiento al AyA, proceso que aún no se ha dado por parte del Desarrollador. e) El estudio hidrogeológico presenta deficiencias técnicas que deben ser subsanadas antes de una eventual aprobación. f) Se debe entregar al Desarrollador el “Reglamento de Aprobación y Recepción de Sistemas de Saneamiento por parte de AyA”, vigente según Acuerdo N°2022-354. g) El AyA NO puede recibir sistemas con una disposición final con reúso. Recomendaciones Según la inspección realizada en el 2017, se realizan las siguientes recomendaciones: • El desarrollador debe presentar los documentos exigidos en el “Reglamento de Aprobación y Recepción de Sistemas de Saneamiento por parte de AyA”, según Acuerdo N°2022-354 de la Junta Directiva. • Este trámite debe iniciarse ante la Gerencia General de AyA, para su posterior evaluación por la UEN de Recolección y Tratamiento de Sistemas Periféricos. - Se recomienda aprobar el proyecto una vez que sean atendidas y corregidas las observaciones emitidas por la UEN de Gestión Ambiental. • Esta UEN no tiene conocimiento del caso desde el 2017, ocasión en que se tuvo el último contacto con el Desarrollador, se espera que durante este plazo el Desarrollador haya llevado a cabo lo siguiente: • Realizar análisis de laboratorio del efluente tratado. • Mejorar las condiciones físicas y operativas de la PTAR. • Separar efectivamente las aguas comerciales del sistema habitacional. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO En términos generales, la actividad comercial está regulada por el Ministerio de Salud, por ende al no ser únicamente del tipo ordinario, no es posible recibir la planta. En el momento de asumir un tipo de sistema por parte del AyA de Planta de Tratamiento, se asume y administra todo el sistema, no sólo la Planta, sino el Alcantarillado Sanitario, el cual debe recolectar de conformidad con el Acuerdo 2008- 068 y la Normativa Vigente aguas residuales de tipo ordinario; en este caso no se configura que las aguas residuales sean únicamente de tipo ordinario, ya que el sistema trata aguas categorizadas de tipo comercial - industrial, el interesado lo sabía y sin embargo ha insistido al respecto. Sus alegatos son absolutamente improcedentes al igual que el cobro alegado por la suma de 61.200.000,00 colones. Fundamento Jurídico: De conformidad con los artículos 140 incisos 3 ) y 18 ) de la Constitución Política; 27.1 de la Ley General de Administración Pública; 291, 292, 298 y 304 de la Ley Nº 5395 del 30 de octubre de 1973 “Ley General de Salud”; 50, 51 y 52 de la Ley Nº 7554 del 4 de octubre de 1995 “Ley Orgánica del Ambiente”; 69 y 132 de la Ley Nº 7317 del 30 de octubre de 1992 “Ley de Conservación de la Vida Silvestre”; 2 de la Ley Nº 7152 del 5 de junio de 1990, Acuerdo 2008-068 de la Junta Directiva del AyA, Ley No. 2726 Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados del 14 de abril 1961, Decreto 33601-MINAE-S Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales 9 de agosto 2006, Decreto 39887-S-MINAE Reglamento de Aprobación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales 26 de Julio 2016, se confirma el criterio legal PRE-JAA-2013-4929, en el sentido de que: a ) El Acuerdo de Junta Directiva No.068-2008, indica claramente que la recepción de plantas de tratamiento de Aguas Residuales es para urbanizaciones y condominios, no para restaurantes o actividades comerciales; b ) El citado acuerdo de junta, no admite sistemas de tratamiento con Reuso; c ) No está dentro de las competencias inherentes al AyA, el administrar sistemas de riego, por lo que se estaría destinando recursos monetarios hacia una actividad no sustantiva del AyA; d ) Las aguas residuales de Restaurantes y procedentes de actividades comerciales, son reguladas por el Ministerio de Salud, por ello deben contar según la legislación con tratamiento preliminar y cumplir con el Reglamento de Vertido y Reuso a fin de ser vertidas a un Alcantarillado Sanitario público, cumpliendo con los parámetros en todo momento; e ) Según la legislación vigente, la infiltración por pozos no está permitida, f ) no se puede recibir de forma parcial sistemas que conforman una unidad de una Planta de Tratamiento. Se aporta ante esa Honorable Sala Constitucional abundante prueba que demuestra que la planta nunca siguió los procedimientos reglamentarios para ser recibida por parte de mi representada. De especial importancia el INFORME técnico (Prueba N° 2) elaborado por los ingenieros de la UEN Recolección y Tratamiento Sistemas Periféricos de Julio del 2017 (06 Folios) en donde en el Punto 4 claramente se indica (se reitera): Recomendación Si el Desarrollador desea iniciar el proceso de recepción del alcantarillado sanitario y PTAR, debe presentar los documentos indicados en el “Reglamento de Aprobación y Recepción de Sistemas de Saneamiento por parte de AyA” emitido por la Junta Directiva de AyA según acuerdo N°2017-66. Este trámite inicia ante la Gerencia General de AyA y posteriormente la UEN de Recolección y Tratamiento de Sistemas Periféricos continuará con el proceso. Asimismo; el oficio GSP-RCHO-2017-0435 de Feb del 2017 en el cual se realiza un exhaustivo análisis del caso bajo estudio, desde los antecedentes, estudios, aspectos técnicos, temas legalesambientales, requisitos por cumplir a cargo del interesado (Acuerdo de JD 068-2008). El interesado del proyecto EL GAVILÁN S.A. fue prevenido oportunamente de las inconsistencias (que constan en expediente del caso aportado por parte de Urbanizaciones, y del cual se adjunta copia en la Prueba N° 8) y que para entregar el sistema (el conjunto Alcantarillado-PTAR), debía cumplir el Acuerdo de Junta Directiva supra citado. En fecha 12 de noviembre de 2014, indica EL SEÑOR MIKEL MURILLO que aplica un Silencio Positivo. Para la administración ciertamente no existe tal silencio positivo, primero por la respuesta del Lic. Nombre03, posteriormente por lo que ya ha pronunciado la Sala al respecto–Remitirse a los siguientes documentos donde se explica la no aplicación del mismo por el tipo de servicio público brindado (Sentencia 10204-00, Sentencia 4778-11, Sentencia 13104-11, Sentencia 1283-12). Finalmente, a finales del 2016, el interesado bajo la misma premisa que en otras ocasiones, pide la recepción de un conjunto que legalmente no puede ser recibido, por no competencia de la Institución, como ya se ha explicado (Conjunto Residencial-Comercial-Riego). Posteriormente indica que se acogerá a un Silencio Positivo, que no aplica en materia del tipo de servicio y del interés público de este tema. Especialmente con las inconsistencias en el desarrollo del proyecto, que ha detectado la Administración de la Región Chorotega”.

 4.- Según constancia del 1 de julio de 2025 de este Tribunal: “…en el SISTEMA COSTARRICENSE DE GESTIÓN DE DESPACHOS JUDICIALES el CONTROL DE DOCUMENTOS RECIBIDOS Y ESTE EXPEDIENTE, no apareció que del 25 al 27 de junio de 2025, el jefe de la Oficina Cantonal de Cañas Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados haya presentado escrito o documento alguno, a fin de rendir el informe que se le solicitó…”.

 5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Garita Navarro; y,

Considerando:

I.- Cuestión previa. En vista de que jefe de la Oficina Cantonal de Cañas Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados omitió contestar la audiencia dentro del plazo fijado por este Tribunal en la resolución de curso del sub lite, se procede a resolver el recurso de acuerdo con el artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y tomando en consideración los elementos probatorios que constan en los autos.

II.- Objeto del recurso. La parte recurrente indica que desarrolló la ciudadela El Gavilán en 2007. Manifiesta que se instaló una planta de tratamiento de aguas residuales con la finalidad de evitar un daño a la salud pública. Reclama que ha gestionado reiteradamente ante el ICAA la recepción de tal planta de tratamiento. Sin embargo, el ICAA no ha resuelto su gestión. Agrega que solicitó una copia del expediente administrativo en 2024. Empero, no se la han entregado.

III.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:

a)      La empresa recurrente desarrolló el proyecto habitacional El Gavilán. Ese proyecto cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales. (Hecho incontrovertido).

b)      Mediante oficio PRE-2017-00275 del 4 de abril de 2017, el ICAA indicó al recurrente: “En estricto apego a lo indicado es que la consulta realizada por su representada y conforme a lo construido, no sería sujeto a recepción por parte del AyA, considerando además de que no resulta factible la recepción parcial de redes sanitarias que forman parte de una unidad de tratamiento bajo la figura de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales que en este caso es de categoría mixta ( habitacional y comercial)  Ahora bien, respecto a la prueba de los sistemas, la misma debe ser realizada por Personal del AyA, el Ing. Carlos Leiva realizó una prueba para los desarrolladores, pero dicho Ingeniero no ostenta la investidura de Funcionario Público y carece de la categoría de Fe Pública fundamentada en la Ley General de Administración Pública, para garantizar en aplicación del principio de certeza en favor del ambiente, que el sistema es idóneo, por lo que la prueba realizada no es vinculante con el criterio emitido en su momento por el Departamento de Urbanizaciones y con lo indicado por la Dirección de la Región Chorotega.  De conformidad con lo anterior se aclara que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, para este caso en particular, no está facultado para recibir en administración el Sistema de Disposición de Aguas Residuales en sus componentes de planta de tratamiento y red sanitaria, que forma parte de un condominio.  Se le solicita además, hacer las correcciones respectivas de manera que el Sistema de Planta de Tratamiento concuerde lo construido con lo aprobado a nivel de diseño y no atente contra el ambiente y la salud”. (Hecho incontrovertido).

IV.- Hecho no probado. La Sala carece de elementos para tener por probado que: a) el recurrente gestionara una copia del expediente administrativo ante el ICAA; b) el recurrente presentara gestiones para la recepción de la planta de tratamiento con posterioridad a 2017.

V.- Sobre el caso concreto. En el sub examine, el recurrente indica que desarrolló la ciudadela El Gavilán en 2007. Manifiesta que se instaló una planta de tratamiento de aguas residuales con la finalidad de evitar un daño a la salud pública. Reclama que ha gestionado reiteradamente ante el ICAA la recepción de tal planta de tratamiento. Sin embargo, el ICAA no ha resuelto su gestión. Agrega que solicitó una copia del expediente administrativo en 2024. Empero, no se la han entregado.

En lo que respecta a la recepción de la planta de tratamiento de aguas residuales, la Sala tuvo por probado que la empresa recurrente desarrolló el proyecto habitacional El Gavilán. Fue incontrovertido que ese proyecto cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales.

Ahora bien, la Sala verificó que, mediante oficio PRE-2017-00275 del 4 de abril de 2017, el ICAA indicó al recurrente: “En estricto apego a lo indicado es que la consulta realizada por su representada y conforme a lo construido, no sería sujeto a recepción por parte del AyA, considerando además de que no resulta factible la recepción parcial de redes sanitarias que forman parte de una unidad de tratamiento bajo la figura de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales que en este caso es de categoría mixta ( habitacional y comercial)  Ahora bien, respecto a la prueba de los sistemas, la misma debe ser realizada por Personal del AyA, el Ing. Carlos Leiva realizó una prueba para los desarrolladores, pero dicho Ingeniero no ostenta la investidura de Funcionario Público y carece de la categoría de Fe Pública fundamentada en la Ley General de Administración Pública, para garantizar en aplicación del principio de certeza en favor del ambiente, que el sistema es idóneo, por lo que la prueba realizada no es vinculante con el criterio emitido en su momento por el Departamento de Urbanizaciones y con lo indicado por la Dirección de la Región Chorotega.  De conformidad con lo anterior se aclara que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, para este caso en particular, no está facultado para recibir en administración el Sistema de Disposición de Aguas Residuales en sus componentes de planta de tratamiento y red sanitaria, que forma parte de un condominio.  Se le solicita además, hacer las correcciones respectivas de manera que el Sistema de Planta de Tratamiento concuerde lo construido con lo aprobado a nivel de diseño y no atente contra el ambiente y la salud”.

Así las cosas, se observa que hubo una negativa del ICAA a la pretensión del recurrente de que se recibiera la planta de tratamiento de aguas residuales. Por otro lado, no se tuvo por probado que existiera una gestión con tales fines en fecha posterior a 2017, por lo que no se puede reprochar al ICAA omisión alguna en atender alguna solicitud del interesado. En consecuencia, se desestima el agravio planteado.

VI.- El accionante también reclama que no se le entregó una copia del expediente. A los efectos de verificar su reclamo, la Sala le previno mediante resolución de las 23:10 horas del 11 de junio de 2025 que aportara “Copia completa, legible y con el respectivo comprobante de recibido o de remisión de correo electrónico de las gestiones o solicitudes que señala planteó ante la autoridad accionada y cuya falta de resolución alega en el memorial de interposición de este proceso. De igual modo, deberá aportar cualquier prueba adicional en la cual fundamente su dicho”.

Al atender tal prevención, el justiciable aportó copias de algunos oficios; el más reciente de ellos era el oficio PRE-2017-00275 del 4 de abril de 2017, citado ut supra. Sin embargo, no aportó ninguna gestión reciente para obtener la copia del expediente -como alega que ocurrió-, por lo que este Tribunal no pudo tener tal hecho por probado. En virtud de lo expuesto, se declara sin lugar el recurso.

VII.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel u objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados en un plazo máximo de 30 días hábiles, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo material que no sea recogido dentro de ese lapso, con base en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial" (aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 de 22 de agosto de 2011 y publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012) y en el artículo LXXXI de la sesión del Consejo Superior del Poder Judicial nro. 43-12 de 3 de mayo de 2012.

Por tanto:

 Se declara sin lugar el recurso.

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Luis Fdo. Salazar A.




Jorge Araya G.

	

 

	

Anamari Garro V.




Ingrid Hess H.

	

 

	

Jose Roberto Garita N.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 DKSCGLDKQBE61

EXPEDIENTE N° 25-016156-0007-CO

 

Teléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:50:16.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

CONSTITUTIONAL CHAMBER

Resolution No. 22308 - 2025

Resolution Date: July 18, 2025 at 09:20

Case File: 25-016156-0007-CO

Drafted by: Jose Roberto Garita Navarro

Type of Matter: Amparo Appeal

Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER

Resolution Text

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Case File: 25-016156-0007-CO

Res. No. 2025022308

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the eighteenth of July, two thousand twenty-five.

An amparo appeal processed in case file no. 25-016156-0007-CO, filed by Nombre01, identity card CED01, in his capacity as unlimited general proxy of EL GAVILAN MURILLO Y VARGAS S.A., against the COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, ICAA).

Whereas:

1.- By a brief received by the Chamber on June 5, 2025, the petitioner files an amparo appeal. He states that he is the owner of the property Registered Folio No. . He indicates that he proceeded to carry out the construction and development of the El Gavilán residential complex in 2007, in which he requested authorization for the installation of a wastewater treatment plant located on that property. He states that the foregoing was for the purpose of preventing damage to public health, by discharging the wastewater through a system of infiltration wells, in accordance with the regulations in force at that date and pursuant to Executive Decree No. 39887-S-MINAE. He also notes that this was to deliver that treatment plant to the institution that would be responsible for its care from then on, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (ICAA). He notes that, while waiting for the response time to the request made to the ICAA, he complied with keeping the logbook recording proper operation. He asserts that, since that date, he has maintained the logbook required by law, covering from the very beginning all the expenses involved in maintaining a treatment plant of this nature. He mentions that, to this day, he has had to incur all the expenses detailed below. He alleges that by the years 2016 to 2019, a positive, corrective, or suggestive response from the ICAA would have been expected to enable the respective delivery of that treatment plant. However, he notes that despite the incessant steps and requests made by him before the ICAA, there was never any type of response from this institution until 2023, without any reason to justify the delay in administrative procedures in his request, and much less has a positive response been received from the institution. Meanwhile, he has continued to bear all the expenses involved in maintaining that treatment plant to this day. He points out that, faced with this situation, in the month of November 2024, he filed a motion for prompt dispatch at the Cañas branch of the ICAA, in which he requested to once again enable that delivery, as well as requesting a certified copy of the administrative case file held by that institution, to resume all the steps taken before it. However, that office asked them for a copy of the steps they had taken, with the purpose of requesting from the central offices the copies and location of the case file, as they informed him that it is currently lost, and they have not been provided with a certified copy of the aforementioned case file, despite having requested it on multiple occasions. He reiterates that while time passes, he continues to bear the maintenance and operation costs of that plant. He affirms that despite the incessant steps taken before the ICAA for the respective acceptance of that plant, no legal justification has been received as to why they do not want to accept it, even though the regulations to be applied are those that were in effect at the time that process began, and that he has no reason to comply with current reforms when he has been insistent in his request for the acceptance of the plant. He maintains that no longer having the economic capacity to continue sustaining the maintenance of the treatment plant will cause its deterioration, soil contamination, and serious damage to public health and the environment. He argues that all of this will be a consequence of the negligent and irresponsible conduct and the breach of duties by the ICAA. He mentions the breakdown of expenses that he considers must be reimbursed by that institution: purchase of treatment plant, contracting of the supervising professional who keeps the operating log of said plant, contracting of professionals in the field who conducted the pertinent studies and who justify, according to law and the regulations applicable at that date, that the project was completely viable and that justified the acceptance of this plant by the ICAA, payment of electricity bills for consumption by the treatment plant (NIS: 955842), with a monthly average of three hundred thousand colones for 17 years, which to date amounts to approximately 61,200,000.00 colones, payment of a guard who watches the treatment plant, theft of treatment plant motor and purchase of a new one, theft of treatment plant motor and purchase of a new one, and payment of a guard who watches the treatment plant from the year 2007 to date. He deems that the situation described violates his fundamental rights. He requests that the appeal be granted.

2.- By a resolution at 21:23 hours on June 20, 2025, the amparo was admitted for processing.

3.- María Alejandra Mora Segura, in her capacity as general manager of the ICAA, reports under oath the following: “The inspection visit was carried out on Tuesday, June 20, 2017, at 8:30 a.m. AyA technicians and project representatives participated. It was verified that the WWTP was operating, although it showed physical deterioration and maintenance deficiencies, particularly in the inlet structures and the flow measurement system. The plant uses an extended aeration activated sludge system, fed by a single motor, and applies tertiary treatment by chlorination with tablets for irrigation of the treated effluent. In parallel, a review was conducted of the hydrogeological study presented for the project. According to the technical criteria of the Functional Hydrology Area of the UEN for Environmental Management, the study presents critical observations that must be addressed. Based on this information, it is recommended not to approve the project with the cadastral map G-22401-1973, until the identified deficiencies are corrected. To date, a formal request for acceptance of the Sanitation System for this project has not been received from the developer. The El Gavilán Residential project, located in Cañas, Guanacaste, was approved with a wastewater treatment system using a treatment plant and an irrigation (infiltration) system for final disposal. In June 2017, at the request of the Deputy Manager for Peripheral Systems Management, Eng. Javier Valverde Hernández, the Business Execution Unit (UEN) for Collection and Treatment conducted a technical inspection of the El Gavilán Housing Project, located in Cañas, Guanacaste. The purpose was to issue a technical opinion on the current state of the project's Wastewater Treatment Plant (WWTP), in the context of a potential request for the transfer of this infrastructure to the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA). The owners wanted to carry out the transfer for administration by AyA; to date, no request has been received from the developer to begin the acceptance of the WWTP and sanitary network by AyA. DESCRIPTION OF THE SITUATION 3.1 Field Technical Inspection Date and time: Tuesday, June 20, 2017, 8:30 a.m. Participants: - Nombre02 AyA: Eng. Rosa González Palma, Eng. Lucía Yglesias González, Eng. Norman Aguilar Monge. - For the Project: Mikel, Roberto and Anabel Murillo, together with the WWTP provider, Mr. Sergio Zúñiga. 3.2 On-Site Observations June 2017 The WWTP is in operation using the technology approved by AyA. It shows physical deterioration: covers without grates, absence of a weir and flow measurement system. No laboratory analyses of the effluent have been conducted. Tertiary treatment consists of chlorination with tablets for reuse in irrigation. - The extended aeration activated sludge system operates with a single motor that controls aerators, recirculation, and irrigation pump. The sanitary network operates by gravity towards the WWTP. There is a connected commercial discharge, which the Developer plans to separate. Ms. Anabel Murillo explains that they wish to make the necessary improvements to transfer the administration of the sanitary network and WWTP to AyA in the future. Developer's Intent; The goal is to make the necessary improvements to request the acceptance of the WWTP and sanitary network by AyA. To date, this Institute has not received said request. The 2017 technical report literally states the following recommendation: If the developer wishes to initiate the process for acceptance of the sanitary sewer system and WWTP, they must submit the documents indicated in the "Reglamento de Aprobación y Recepción de Sistemas de Saneamiento por parte de AyA" issued by the AyA Board of Directors according to Agreement No. 2017-66. This procedure is initiated before the General Management of AyA, and subsequently, the UEN for Collection and Treatment of Peripheral Systems will continue with the process. Review of the Hydrogeological Study The study "Contaminant Transport and Groundwater Flow" was prepared by MSc. María Gómez Tristán. The Hydrology Area of the UEN for Environmental Management identified multiple technical observations that compromise the reliability of the study, among them: - Verification of wells in the SENARA database. - Review of the groundwater flow model. - Incorrect units for flow and permeability. - Calculations of transit time and fixed radius. - Pending technical conclusion on bacterial degradation and impact on nearby sources. Conclusions (made in 2017) a) The WWTP is built according to the approved design but requires maintenance and efficiency verification. b) The sanitary system and the WWTP are currently under private administration. c) Operation by means of a single motor is technically questionable, although it was approved in the design. d) The developer's objective is to transfer the Sanitation System to AyA, a process that the Developer has not yet carried out. e) The hydrogeological study presents technical deficiencies that must be corrected before any eventual approval. f) The Developer must be given the "Reglamento de Aprobación y Recepción de Sistemas de Saneamiento por parte de AyA", in effect according to Agreement No. 2022-354. g) AyA CANNOT receive systems with a final disposal involving reuse. Recommendations According to the inspection carried out in 2017, the following recommendations are made: • The developer must present the documents required in the "Reglamento de Aprobación y Recepción de Sistemas de Saneamiento por parte de AyA", according to Agreement No. 2022-354 of the Board of Directors. • This procedure must be initiated before the General Management of AyA, for its subsequent evaluation by the UEN for Collection and Treatment of Peripheral Systems. - It is recommended to approve the project once the observations issued by the UEN for Environmental Management have been addressed and corrected. • This UEN has had no knowledge of the case since 2017, the occasion on which the last contact was had with the Developer; it is expected that during this period the Developer has carried out the following: • Conduct laboratory analyses of the treated effluent. • Improve the physical and operational conditions of the WWTP. • Effectively separate commercial waters from the residential system. ON THE MERITS OF THE MATTER In general terms, commercial activity is regulated by the Ministry of Health; therefore, since the wastewater is not solely of the ordinary type, it is not possible to accept the plant. At the time AyA assumes a type of Treatment Plant system, it assumes and administers the entire system, not only the Plant, but also the Sanitary Sewer System, which must collect wastewater of the ordinary type in accordance with Agreement 2008-068 and the Current Regulations; in this case, it is not established that the wastewater is solely of the ordinary type, since the system treats water categorized as commercial-industrial type, the interested party knew this and yet has insisted on the matter. His allegations are absolutely unfounded, as is the claimed charge for the sum of 61,200,000.00 colones. Legal Basis: In accordance with articles 140 subsections 3) and 18) of the Political Constitution; 27.1 of the General Law on Public Administration; 291, 292, 298 and 304 of Law No. 5395 of October 30, 1973, "Ley General de Salud"; 50, 51 and 52 of Law No. 7554 of October 4, 1995, "Ley Orgánica del Ambiente"; 69 and 132 of Law No. 7317 of October 30, 1992, "Ley de Conservación de la Vida Silvestre"; 2 of Law No. 7152 of June 5, 1990; Agreement 2008-068 of the AyA Board of Directors; Law No. 2726, Constitutive Law of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers of April 14, 1961; Decree 33601-MINAE-S Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales of August 9, 2006; Decree 39887-S-MINAE Reglamento de Aprobación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales of July 26, 2016, legal opinion PRE-JAA-2013-4929 is confirmed, in the sense that: a) Board of Directors Agreement No. 068-2008 clearly indicates that the acceptance of Wastewater Treatment Plants is for residential developments and condominiums, not for restaurants or commercial activities; b) The aforementioned board agreement does not admit treatment systems with Reuse; c) It is not within the inherent competencies of AyA to administer irrigation systems, so monetary resources would be allocated to a non-substantive activity of AyA; d) Wastewater from Restaurants and from commercial activities is regulated by the Ministry of Health; therefore, according to legislation, they must have preliminary treatment and comply with the Reglamento de Vertido y Reuso in order to be discharged into a public Sanitary Sewer System, complying with the parameters at all times; e) According to current legislation, infiltration by wells is not permitted; f) systems that make up a Treatment Plant unit cannot be partially accepted. Abundant evidence is provided before this Honorable Constitutional Chamber demonstrating that the plant never followed the regulatory procedures to be accepted by my represented entity. Of special importance is the TECHNICAL report (Evidence No. 2) prepared by the engineers of the UEN for Collection and Treatment of Peripheral Systems of July 2017 (06 Folios), where Point 4 clearly indicates (it is reiterated): Recommendation If the Developer wishes to initiate the process of acceptance of the sanitary sewer system and WWTP, they must present the documents indicated in the "Reglamento de Aprobación y Recepción de Sistemas de Saneamiento por parte de AyA" issued by the AyA Board of Directors according to Agreement No. 2017-66. This procedure is initiated before the General Management of AyA, and subsequently, the UEN for Collection and Treatment of Peripheral Systems will continue with the process. Likewise, official communication GSP-RCHO-2017-0435 of Feb 2017, in which an exhaustive analysis of the case under study is carried out, covering the background, studies, technical aspects, legal-environmental issues, requirements to be fulfilled by the interested party (Agreement of the Board of Directors 068-2008). The interested party of the EL GAVILÁN S.A. project was duly warned of the inconsistencies (which are recorded in the project case file provided by the Development Companies, and a copy of which is attached as Evidence No. 8) and that to hand over the system (the Sewer System-WWTP set), they had to comply with the aforementioned Board of Directors Agreement. On November 12, 2014, MR. MIKEL MURILLO indicates that a Positive Silence applies. For the administration, certainly no such positive silence exists, first due to the response of Attorney Nombre03, and subsequently due to what the Chamber has already ruled on the matter – Refer to the following documents where the non-application thereof is explained due to the type of public service provided (Judgment 10204-00, Judgment 4778-11, Judgment 13104-11, Judgment 1283-12). Finally, at the end of 2016, the interested party, under the same premise as on other occasions, requests the acceptance of a project that legally cannot be accepted, due to not being within the Institution's competence, as has already been explained (Residential-Commercial-Irrigation Complex). Subsequently, he indicates that he will avail himself of a Positive Silence, which does not apply in matters of this type of service and the public interest of this issue. Especially with the inconsistencies in the development of the project that the Administration of the Chorotega Region has detected.”

4.- According to a record of July 1, 2025, from this Tribunal: “…in the SISTEMA COSTARRICENSE DE GESTIÓN DE DESPACHOS JUDICIALES for the CONTROL DE DOCUMENTOS RECIBIDOS AND THIS CASE FILE, it did not appear that from June 25 to 27, 2025, the head of the Cantonal Office of Cañas of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers had filed any brief or document, in order to render the report requested of them…”.

5.- The legal requirements have been observed in the proceedings followed.

Drafted by Magistrate Garita Navarro; and,

Considering:

I.- Preliminary issue. Given that the head of the Cantonal Office of Cañas of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers omitted to respond to the hearing within the timeframe set by this Tribunal in the resolution admitting the sub lite, the appeal is hereby decided in accordance with Article 45 of the Law on Constitutional Jurisdiction and taking into consideration the evidentiary elements contained in the case record.

II.- Object of the appeal. The appellant indicates that they developed the El Gavilán residential complex in 2007. They state that a wastewater treatment plant was installed for the purpose of preventing damage to public health. They claim that they have repeatedly requested the ICAA for the acceptance of said treatment plant. However, the ICAA has not resolved their request. They add that they requested a copy of the administrative case file in 2024. However, it has not been provided to them.

III.- Proven facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been thus accredited or because the respondent omitted to refer to them, as provided in the initial order:

a) The appellant company developed the El Gavilán housing project. That project has a wastewater treatment plant. (Uncontested fact).

b) Through official communication PRE-2017-00275 of April 4, 2017, the ICAA indicated to the appellant: “In strict adherence to what has been stated, the consultation made by your represented party, and according to what has been built, would not be subject to acceptance by AyA, further considering that the partial acceptance of sanitary networks that form part of a treatment unit under the figure of a Wastewater Treatment Plant is not feasible, which in this case is of mixed category (residential and commercial). Now, regarding the testing of the systems, it must be carried out by AyA Personnel; Eng. Carlos Leiva carried out a test for the developers, but said Engineer does not hold the investiture of Public Official and lacks the category of Public Faith grounded in the General Law on Public Administration, to guarantee, in application of the principle of certainty in favor of the environment, that the system is suitable, so the test carried out is not binding with the criteria issued at the time by the Urban Development Department and with what was indicated by the Directorate of the Chorotega Region. In accordance with the foregoing, it is clarified that the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, for this particular case, is not authorized to receive into administration the Wastewater Disposal System in its components of treatment plant and sanitary network, which forms part of a condominium. You are also requested to make the respective corrections so that the Wastewater Treatment Plant System matches what was built with what was approved at the design level and does not harm the environment and health”. (Uncontested fact).

IV.- Unproven fact. The Chamber lacks elements to deem it proven that: a) the appellant requested a copy of the administrative case file from the ICAA; b) the appellant filed requests for the acceptance of the treatment plant after 2017.

V.- On the specific case. In the sub examine, the appellant indicates that they developed the El Gavilán residential complex in 2007. They state that a wastewater treatment plant was installed for the purpose of preventing damage to public health. They claim that they have repeatedly requested the ICAA for the acceptance of said treatment plant. However, the ICAA has not resolved their request. They add that they requested a copy of the administrative case file in 2024. However, it has not been provided to them.

Regarding the acceptance of the wastewater treatment plant, the Chamber deemed it proven that the appellant company developed the El Gavilán housing project. It was uncontested that that project has a wastewater treatment plant.

Now, the Chamber verified that, through official communication PRE-2017-00275 of April 4, 2017, the ICAA indicated to the appellant: “In strict adherence to what has been stated, the consultation made by your represented party, and according to what has been built, would not be subject to acceptance by AyA, further considering that the partial acceptance of sanitary networks that form part of a treatment unit under the figure of a Wastewater Treatment Plant is not feasible, which in this case is of mixed category (residential and commercial). Now, regarding the testing of the systems, it must be carried out by AyA Personnel; Eng. Carlos Leiva carried out a test for the developers, but said Engineer does not hold the investiture of Public Official and lacks the category of Public Faith grounded in the General Law on Public Administration, to guarantee, in application of the principle of certainty in favor of the environment, that the system is suitable, so the test carried out is not binding with the criteria issued at the time by the Urban Development Department and with what was indicated by the Directorate of the Chorotega Region. In accordance with the foregoing, it is clarified that the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, for this particular case, is not authorized to receive into administration the Wastewater Disposal System in its components of treatment plant and sanitary network, which forms part of a condominium. You are also requested to make the respective corrections so that the Wastewater Treatment Plant System matches what was built with what was approved at the design level and does not harm the environment and health”.

Thus, it is observed that there was a denial by the ICAA of the appellant's claim to have the wastewater treatment plant accepted. On the other hand, it was not proven that there was any request for such purposes on a date after 2017; therefore, the ICAA cannot be reproached for any omission in attending to a request by the interested party. Consequently, the grievance raised is dismissed.

VI.- The petitioner also claims that a copy of the case file was not provided to them. For the purposes of verifying their claim, the Chamber, through a resolution at 23:10 hours on June 11, 2025, required them to provide “A complete, legible copy, with the respective proof of receipt or email submission, of the steps or requests that you indicate you filed before the respondent authority and whose lack of resolution you allege in the brief initiating this process. Likewise, you must provide any additional evidence on which you base your statement.”

Upon complying with this requirement, the petitioner provided copies of some official communications; the most recent of these was official communication PRE-2017-00275 of April 4, 2017, cited supra. However, they did not provide any recent step to obtain the copy of the case file—as they allege occurred—and therefore, this Tribunal could not deem that fact proven. By virtue of the foregoing, the appeal is dismissed.

VII.- Documentation provided to the case file. The parties are advised that, if they have provided any document on paper or objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be collected within a maximum period of 30 business days, counted from the notification of this judgment. It is warned that all material not collected within that period will be destroyed, based on the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial" (approved by the Full Court in Article XXVI of session no. 27-11 of August 22, 2011, and published in the Judicial Bulletin no. 19 of January 26, 2012) and Article LXXXI of the session of the Superior Council of the Judiciary no. 43-12 of May 3, 2012.

Therefore:

The appeal is dismissed.

Fernando Castillo V.

President

Fernando Cruz C.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Jose Roberto Garita N.

Digitally Signed Document

-- Verification Code --

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DKSCGLDKQBE61

CASE FILE No. 25-016156-0007-CO

Telephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Email: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 10:50:16.

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SCIJ de la Procuraduría General de la República