Res. 22311-2025 Sala Constitucional — Environmental Tribunal's unjustified delay in resolving slaughterhouse pollution complaintDilación del Tribunal Ambiental Administrativo en resolver denuncia por contaminación de matadero

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Sala Constitucional

Resolución Nº 22311 - 2025

Fecha de la Resolución: 18 de Julio del 2025 a las 09:20

Expediente: 25-016364-0007-CO

Redactado por: Fernando Castillo Víquez

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 25-016364-0007-CO

Res. Nº 2025022311

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del dieciocho de julio de dos mil veinticinco .

 Recurso de amparo que se tramita en expediente número 25-016364-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED07, contra el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA (MINAE), EL TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO (TAA) Y EL MINISTERIO DE SALUD.

Resultando:

 1.- Por escrito incorporado al expediente digital el 6 de junio de 2025, la parte recurrente interpone un recurso de amparo. Señala que: “PRIMERO: Desde el 11 de setiembre de 2013, o incluso antes, el Condominio La Cañada y los vecinos del Dirección01, situado en San Rafael de Alajuela, hemos iniciado y mantenido una lucha constante para que cesen las afectaciones al ambiente y a la salud de la comunidad. En particular, en la fecha antes menciona da, interpusimos una denuncia formal por supuesta infracción ambiental contra la empresa "Matadero del Valle" S.A.. Este proceso ha sido una búsqueda incansable de una resolución efectiva para proteger nuestra calidad de vida y nuestro entorno. SEGUNDO: Dicha denuncia fue presentada ante el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) y se le asigno el número de expediente 285-13-03. TERCERO: A lo largo de los años, hemos atendido múltiples gestiones por parte de las distintas autoridades administrativas y judiciales. Sin embargo, tras aproximadamente seis años de tramitación del expediente y de innumerables intentos por alcanzar una solución satisfactoria que pusiera fin a las afectaciones, el TAA, mediante resolución numero 249-19-TAA del 15 de febrero de 2019, convocó a las partes a una audiencia oral y pública que se programó para los días 10 y 11 de junio de 2020. CUARTO: El 28 de agosto de 2019, en nuestra persistente búsqueda de justicia y de soluciones efectivas, presentamos un escrito ampliando la denuncia con nueva prueba relevante y solicitamos una medida cautelar urgente para mitigar el daño continuo. QUINTO: Mediante resolución 1725-20-TAAdel 05 de junio de 2020, el TAA suspendió la audiencia oral y publica programada y declaro la nulidad de la resolución 249-19- TAA. El argumento para esta suspensión fue la necesidad de devolver el proceso a la etapa de investigación debido a la nueva prueba aportada por los denunciantes. SEXTO: Desde la presentación de la nueva prueba (28 de agosto de 2019) y la suspensión de la audiencia (05 de junio de 2020), ha transcurrido un tiempo excesivo (un año y nueve meses desde la prueba, y casi un año desde la suspensión de la audiencia). A la fecha de la interposición de este amparo, no existe una nueva resolución del Tribunal Ambiental Administrativo que convoque nuevamente a una audiencia oral y pública. SÉPTIMO: La falta de una resolución pronta y efectiva por parte del TAA ha permitido que el perjuicio ambiental denunciado continúe ininterrumpidamente, afectando directamente la calidad de vida y la salud de los vecinos. Los documentos del expediente administrativo revelan informes sobre lodos y biosólidos, así como de emisiones atmosféricas, del "Matadero del Valle" S.A., que, aunque en ciertos periodos indican cumplimiento de límites normativos, la continuidad de la denuncia y la inacción del TAA sugieren que las afectaciones persisten. OCTAVO: Específicamente, informes previos indican que el biosólido generado es de tipo ordinario tipo B1, y el total generado en la planta de tratamiento del administrado es de 12600 kg como lodo crudo y de 8717 kg como lodo tratado, correspondiente al cuarto trimestre del 2018. El proceso de obtención de los lodos se realizó por medio de un filtro prensa y la disposición final fue realizada en cultivo de café como fertilizante orgánico. Los parámetros monitoreados (pH, % de humedad, Coliformes fecales, Huevos helmintos patógenos) se encontraban por debajo de los límites establecidos en el Reglamento para el Manejo y Disposición Final de Lodos y Biosólido N° 39316-S. Sin embargo, la persistencia de la denuncia implica una preocupación continua por la efectividad de estas medidas o por otros factores no abordados. NOVENO: Adicionalmente, el "Matadero del Valle" S.A. presentó un Reporte Operacional para Emisiones Provenientes de Calderas y Hornos Tipo Indirecto con fecha 20 de mayo de 2019. Este reporte muestra que las concentraciones de los parámetros medidos (PTS, SO2, NOx) están por debajo de los valores máximos permitidos por el Decreto 36551-MINAET-MTSS, lo que implica cumplimiento durante la operación del equipo. A pesar de estos reportes de cumplimiento, la denuncia ambiental inicial y su ampliación persisten, evidenciando que las preocupaciones de los vecinos no han sido resueltas. DÉCIMO: La empresa ha propuesto y comenzado un proyecto piloto de biorremediación de lodos y grasas en la laguna N°2 para continuar la limpieza de todo el sistema de tratamiento a partir de febrero de 2020, esperando remociones entre el 60% y 70% de las acumulaciones. A pesar de estas iniciativas, la inacción del TAA prolonga la incertidumbre sobre la resolución definitiva del caso y el cese de los perjuicios. UNDECIMO: Existe un reporte emitido por el propio Nombre02 S.A. el 17 de febrero de 2020 al Ministerio de Salud, en el que se evidencia que el caudal del río Segundo de Alajuela estaba bajando con una "coloración café rojiza", aunque el agua a la salida de su planta de tratamiento se observaba completamente clara. Este hecho, si bien reportado por la empresa, subraya la necesidad de una investigación y resolución expedita por parte de las autoridades ambientales, ante la posibilidad de una afectación al cuerpo de agua receptor. DUODÉCIMO: Como consecuencia directa de la alegada infracción ambiental y la dilación injustificada en la resolución del caso por parte del Tribunal Ambiental Administrativo, los vecinos de Condominio La Cañada han experimentado y continúan experimentando afectaciones significativas en su salud física y emocional. Estas afectaciones incluyen, pero no se limitan a, problemas respiratorios, irritaciones en la piel o mucosas, malestares gastrointestinales, y un constante estrés, ansiedad e incertidumbre asociados a la presencia de olores desagradables o a la percepción de contaminación del aire y del agua, lo que deteriora gravemente su calidad de viday su derecho a habitaren un ambiente sano y seguro. Los reportes sobre lodos, biosólidos y emisiones, así como la observación del río con coloración anormal, generan una preocupación constante sobre la exposición a contaminantes que, aunque no siempre cuantificados directamente en sus efectos en la salud en los documentos, son una consecuencia lógica y esperada de la contaminación ambiental. DERECHO Se considera vulnerado el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, reconocido en el artículo 50 de la Constitución Política.1 La inercia del Tribunal Ambiental Administrativo en la resolución de una denuncia ambiental que lleva años en trámite, y que involucra la potencial afectación a recursos naturales vitales como un río y la exposición a posibles contaminantes, compromete gravemente la calidad ambiental que nuestros representados tienen derecho a disfrutar, y con ello, su salud física y emocional. Asimismo, se violan los derechos de pronta respuesta y acceso a la información, consagrados en los artículos 27 y 41 de la Constitución Política. La prolongada inactividad del TAA desde la suspensión de la audiencia y la devolución a la etapa de investigación, sin emitir una nueva resolución para continuar el proceso, constituye una denegación de justicia. De manera crucial, la omisión del Tribunal Ambiental Administrativo en avanzar con el proceso, después de casi un año desde la suspensión de la audiencia, viola el derecho fundamental a obtener justicia o una resolución judicial en un plazo razonable. Este derecho es un componente esencial de la tutela judicial efectiva y ha sido ampliamente reconocido por la jurisprudencia de esta Sala Constitucional. La prolongación injustificada de un proceso judicial, especialmente uno que versa sobre la protección de un derecho fundamental como el ambiente y la salud pública, genera inseguridad jurídica y frustra la expectativa legítima de los administrados de obtener una solución a su conflicto en un tiempo prudencial. El Estado tiene la obligación de garantizar un procedimiento administrativo y judicial ágil y eficiente, particularmente cuando se trata de la protección de derechos fundamentales y bienes ambientales de carácter público. La Sala Constitucional ha sostenido reiteradamente que la dilación injustificada en los procedimientos administrativos y judiciales que afectan derechos fundamentales es contraria a los principios constitucionales. La persistencia de la situación denunciada, sin una respuesta jurisdiccional oportuna, agrava el daño ambiental y menoscaba la confianza en la administración de justicia. PETITORIA Por todo lo expuesto, con el debido respeto, solicitamos a esta Honorable Sala Constitucional: Declarar con lugar el presente Recurso de Amparo. Ordenar al Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) que, de manera inmediata y sin más dilaciones, emita la resolución que corresponda para la continuidad del expediente 285-13-03, convocando a la audiencia oral y pública, o realizando las actuaciones procesales necesarias para resolver la denuncia de manera definitiva y expedita. Ordenar a las autoridades recurridas que, de ser necesario, implementen las medidas cautelares o preventivas que garanticen la protección del ambiente en la zona afectada por las operaciones del Nombre02 S.A., a fin de mitigarlos posibles efectos en la salud de los vecinos, mientras se resuelve el fondo de la denuncia”. 

2.- Mediante resolución de la Presidencia de la Sala de las 11:12 horas del 12 de junio de 2025, se dio curso al amparo y se solicitó informen los ministros de Salud y Ambiente y Energía, así como el presidente del tribunal Ambiental Administrativo, sobre los hechos alegados por la parte recurrente.

3.- Por escrito incorporado al expediente digital el 17 de junio de 2025, informa bajo juramento Franz Tattenbach Capra, en su condición de ministro de Ambiente y Energía. Expone: “Partiendo que bajo la estructura del MINAE, está el Tribunal Ambiental Administrativo, mismo que conforme al artículo 103 de la Ley Orgánica del Ambiente No.7554, fue creado como un órgano desconcentrado adscrito al MINAE, con competencia exclusiva e independencia funcional en el desempeño de sus atribuciones y, en atención a que el recurso de amparo incoado se debe a presuntas dilaciones del Tribunal Ambiental Administrativo en la tramitación del expediente 285-13-03-TAA, se procedió a solicitar el informe respectivo a dicho Tribunal, quienes al respecto detallan gran cantidad de gestiones realizadas dentro del citado expediente y concluyen el citado informe No.O-416-2025-TAA de fecha 17 de junio, 2025, aduciendo que “…Una vez expuesto lo anterior, es importante indicarle a Asesoría Jurídica, que este Tribunal ha realizado las gestiones necesarias ante las instituciones competentes para la obtención de la información que se considera importante tener de previo a realizar una posible imputación de cargos o cualquier otra decisión respecto al caso denunciado, actuando de forma diligente en la tramitación del presente expediente administrativo, por lo cual en este momento el expediente se encuentra en etapa de investigación preliminar y a la espera del recibo del requerimiento solicitado al Ministerio de Salud”. En atención a lo anterior se solicita tener por cumplido la solicitud de informe, y además, declarar sin lugar el recurso de amparo en lo que a este Ministerio se refiere.”.

4.- Por escrito incorporado al expediente digital el 18 de junio de 2025, informa bajo juramento Mary Munive Argermüller, en su condición de ministra de Salud. Menciona: “Ahora bien, en atención del presente recurso, procedo a rendir este informe de ley con sustento en el Oficio N° CARTA-MS-DRRSCN-DARSA2-1581-2025 (adjunto) del 16 de junio de 2025, suscrito por la Licda. Diana Espinoza Navarro y por la Licda. Claudia Hernández Víquez, ambas funcionarias del Proceso de Regulación de la Dirección Área Rectora de Salud Alajuela 2, el cual indica:  “Oficio N° CARTA- CARTA-MS-DRRSCN-DARSA2-1581-2025:  “…, es necesario acotar que, este establecimiento como otros de actividades similares, han sido inspeccionados y se les ha dado seguimiento de manera periódica por este Ministerio. Siempre tomando en cuenta que es un establecimiento que cuenta con Certificado Veterinario de Operación (CVO), mas no con permiso sanitario de funcionamiento como tal. Por el tipo de actividad que desarrolla, Nombre02 reporta al Ministerio de Salud el manejo de aguas residuales (ver certificaciones de calidad de agua residual adjuntas), emisiones atmosféricas (caldera) y lodos y biosólidos. Alajuela, Dirección02 Tel. Telf05 ...01 En el siguiente cuadro se resumen las visitas realizadas en el año en curso a la empresa Matadero del Valle, sita 800 m este de la entrada del Balneario Ojo de Agua en San Rafael de Alajuela: (…) En cuanto a los hechos alegados en el escrito presentado por el señor Nombre01 ante Sala Constitucional sobre problemas de salud pública (afecciones respiratorias, irritaciones de piel y mucosas, malestares gastrointestinales, estrés y ansiedad) asociados a la emisión de olores desagradables emitidos por esta empresa, a la fecha no hay evidencias que demuestren relación directa entre estos elementos. Cabe mencionar que no adjunta dictamen médico asociado a las enfermedades mencionadas y basado en la revisión del expediente administrativo, no se logró evidenciar denuncias planteadas sobre este tema por parte del recurrente, previo a la interposición del presente recurso de amparo. Cabe mencionar que a la fecha no hay normativa nacional que regule los olores emitidos por los administrados. Por lo que, pese a las molestias manifestadas en su momento, no contamos a la fecha con un marco jurídico para exigir más medidas que las ya implementadas por la empresa, que, en este momento, está cumpliendo con el marco normativo vigente.  No obstante, tal y como consta en el expediente administrativo, y en consecuencia de nuestro deber para procurar la salud de la población, se han solicitado una serie de mejoras a estos sistemas a lo largo del tiempo. Se solicitó en su momento un sistema de control de olores para el sector de procesamiento de derivados (rendering), posteriormente mediante la orden sanitaria MS-DRRSCN-DARSA2-OS-0151-2023 se solicitó mejoras al sistema de tratamiento y control de olores (STO), de esta manera se dio mantenimiento al mismo, se eliminaron fugas de gases y renovaron piezas del sistema, el STO cuenta con su respectiva memoria de cálculo. El STO en la actualidad funciona de manera adecuada, y desde su implementación y mejoras posteriores, las denuncias por malos olores disminuyeron, siendo para el año 2024 dos denuncias por malos olores recibidas ante la contraloría ambiental y trasladadas al Área Rectora Alajuela 2: Denuncia 420-24 del 14 de agosto del 2024: el informe MS-DRRSCN-DARSA2-IT-2617-2024 concluyo que no se percibieron olores desagradables , no se encontró evidencia de incidentes que comprometan la operación de las plantas inspeccionadas , SENASA no genero ninguna observación u acto administrativo. En cuanto a la denuncia del 17 de octubre del 2024 se realizó visita con el Químico regional quien en su informe MS-DRRSCN-URS-1224-204 indicó como resultado de la inspección que el área de rendering se encontraba en operación, sin fugas, con aplicación de hipoclorito de sodio, y neutralizadores de olores, en los alrededores no se perciben olores únicamente a corta distancia de las cocinas se percibe el olor característico de la actividad productiva.  Así mismo se han solicitado mejoras en la planta de tratamiento de agua residuales de la empresa, siendo la última solicitud la plasmada en la orden sanitaria N° MS-DRRSCN DARSA2-OS-0068-2025 notificada el 10 de abril del 2025 (actualmente en plazo de cumplimiento).  Referente a la causa planteada ante el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), número 285-13-03 se le informa:  (…)  2. Considerando esta situación, se revisó, primeramente, la información digitalizada de la empresa y se obtuvieron los siguientes hallazgos:  En el año 2021 mediante la orden sanitaria MS-DRRSCN-DARSA2-OS 0254-2021, se le solicitó a Nombre02 que procediera con el pago de los muestreos solicitado por el Tribunal Ambiental Administrativo, como medida cautelar atípica, Resolución N°471-21-TAA del 7 de mayo de 2021 (ver extracto en el anexo 1). Los muestreos solicitados fueron de aguas residuales (sistema de tratamiento de aguas residuales), emisiones atmosféricas (caldera) y un estudio perimetral de partículas totales en suspensión (PTS), partículas menores o iguales a 10 micrómetros, 2,5 micrómetros, y gases, esto en al menos cuatro puntos, esto a los efectos de verificar la calidad del aire con respecto a la actividad realizada  Los muestreos indicados por el TAA se realizaron en los meses de mayo y junio de 2021. Sírvase leer el informe MS-DRRSCN-DARSA2-IT-2618-2021 adjunto.  Posteriormente, se emitió la orden sanitaria N°MS-DRRSCN-DARSA2-OS 0349-2021, dado que se incumplieron cuatro parámetros en los muestreos realizados (aguas residuales y emisiones atmosféricas). Ver copia adjunta.  En el transcurso de la implementación del plan de acciones correctivas, por parte del Matadero del Valle, se recibieron reportes sobre los avances de este. Este seguimiento fue informado al TAA, según consta en los oficios N° MS DRRSCN-DARSA2-2627-2021 y MS-DRRSCN-DARSA2-3451-2021.  En cuanto al estudio perimetral solicitado por el TAA, esta Dirección no pudo brindar un criterio de cumplimiento, debido al alcance de la normativa sugerida por el tribunal mencionado (Reglamento de Calidad del Aire para Contaminantes Criterio, DE-39951-S), el cual es exclusivo para la Red Nacional de Monitoreo de Calidad del Aire, administrada por la actual Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental (DPRSA).  3. Acerca de la documentación en físico sobre esta causa, se presenta a continuación información relacionada con el caso expuesto por el señor Oscar Arias Trejos ante TAA, de forma cronológica:  2013: según consta en los folios 00794 al 00801, el 12 de setiembre de 2013, el señor Arias Trejos, en su condición de presidente de la Asociación de Vecinos Pro-Defensa del Barrio La Cañada, interpuso una denuncia por molestias de malos olores debido a la actividad desarrollada por Nombre02 (ver documento adjunto). Esta fue atendida con apoyo del nivel Regional y se emitieron actos administrativos para que el administrado corrigiera su operación (sírvase leer el informe N°CN-URS-1483-2013). Mediante la resolución N°1024-13-TAA, este tribunal le solicitó a la directora Regional, Dra. Karina Garita Montoya (ver copia adjunta) referirse sobre la presentación de reportes operacionales (aguas residuales y emisiones), manejo de residuos y sistema de control de olores. Por parte de esta Dirección se brindaron los insumos necesarios para brindar respuesta al TAA.  2018: el 10 de setiembre de 2018, el TAA a través la Resolución N°909-18 TAA solicitó un informe sobre las condiciones administrativas y operativas a la Municipalidad de Alajuela, Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Norte, Dirección de Agua del MINAE y a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Por parte de esta Dirección se remitió el oficio N° CN ARS-A2-1813-2018 a la directora regional (folios 02476- 02482). Durante este año se realizaron inspecciones en conjunto con el Nivel Regional en las cuales se detectaron oportunidades de mejora, por lo cual se emitieron los siguientes actos administrativos: OS-CN-ARS-A2-065-2018 y OS-CN-ARS A2-0146-2018, 2019: en atención a la resolución administrativa N°1697-19-TAA, el 01 de octubre de 2019 se participó en una inspección interinstitucional, en la cual participó SENASA y TAA. Lo anterior consta en el oficio N° MS-DRRSCN DARSA2-IT-1993-2019 (ver copia adjunta). Por parte de esta Dirección se remitió copia del seguimiento al TAA.  2021: tal y como se indicó en el inciso 2, esta Dirección emitió un acto administrativo para efectuar muestreos de aguas residuales, emisiones atmosféricas y estudio perimetral. Aunado a lo anterior, el 16 de junio de 2021 se recibió la Resolución N°636 21-TAA (ver documento adjunto), en la cual este tribunal, da por contestada a la denuncia por la solicitud de información en relación con los muestreos ordenados mediante medida cautelar y solicitó información al Área de Conservación Central del SINAC y SETENA. No se indican gestiones adicionales a realizar por parte del Ministerio de Salud.  Por lo antes expuesto, se determina que el Ministerio de Salud ha cumplido con las solicitudes de información y gestiones que le ha ordenado el Tribunal Ambiental Administrativo a lo largo del tiempo en relación con el expediente 285-13-03. Aunado a lo anterior, esta Dirección ha realizado la vigilancia de la operación de Nombre02 Nombre03 (planta de tratamiento de aguas residuales, caldera, sistemas de olores), según las competencias conferidas a la autoridad de Salud.  Por último, sobre el vínculo entre los problemas de salud pública alegados por el recurrente y los olores emitidos por esta empresa, producto de su actividad productiva, al corte de este informe no hay evidencias que demuestren relación directa, ni normativa específica que regule la concentración de olores emitidos por los administrados.”.  CONCLUSIONES:  Como bien lo apunta la información señalada en el oficio N° CARTA-MS-DRRSCN-DARSA2-1581-2025, supracitado, el Ministerio de Salud, en cumplimiento al deber de proteger la salud pública, ha solicitado y ejecutado diversas mejoras en los sistemas de control de olores, evidenciadas en el mantenimiento, lo que ha contribuido a una disminución significativa en las denuncias por malos olores.  En las inspecciones recientes la autoridad sanitaria no ha evidenciado irregularidades ni situaciones que comprometan el funcionamiento de las instalaciones. Toda vez que las autoridades del Área Rectora de Salud Alajuela 2, han impulsado mejoras en la planta de tratamiento de aguas residuales, mediante orden sanitaria N° MS-DRRSCN DARSA2-OS-0068-2025, notificada el 10 de abril del 2025 (actualmente en plazo de cumplimiento). Asimismo, se concluye que, las autoridades del Ministerio de Salud destacadas en el Área Rectora de Salud Alajuela 2, han cumplido de manera satisfactoria con las solicitudes de información y las gestiones ordenadas por el Tribunal Ambiental Administrativo en relación con el expediente 285- 13-03. También, ha realizado una vigilancia continua de la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales, según las competencias concedidas al Ministerio de Salud (…) PETITORIA  Con sustento en lo expuesto, así como en la prueba existente y presentada con este informe, respetuosamente solicito a la Honorable Sala Constitucional DECLARAR SIN LUGAR el presente Recurso de Amparo, ya que la autoridad sanitaria no ha evidenciado irregularidades ni situaciones que comprometan el funcionamiento de las instalaciones.  Así las cosas, reitero la solicitud respetuosa de que se EXIMA DE TODA RESPONSABILIDAD A LA SUSCRITA MINISTRA DE SALUD, AL MINISTERIO DE SALUD Y SE DECLARE SIN LUGAR EL PRESENTE RECURSO DE AMPARO”. 

5.- Por escrito incorporado al expediente digital el 18 de junio de 2025, informan bajo juramento Maureen Solís Retana y Ana Gómez de la Fuente Quiñónez, por su orden, presidenta y vicepresidenta a. i., ambas del TAA. Explican: “PRIMERO: Que el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) por disposición del artículo 103 de la Ley Orgánica del Ambiente (publicada en La Gaceta N° 215 del 13 de noviembre de 1995), establece que es un órgano desconcentrado del Ministerio de Ambiente y Energía, con competencia exclusiva e independencia funcional en el desempeño de sus atribuciones. Acorde con las potestades del Tribunal Ambiental Administrativo conforme a la Ley Orgánica del Ambiente, esta institución actúa a partir de ser presentada la denuncia a instancia de parte (Art. 108 de LOA) o de oficio (Art. 111 de LOA). SEGUNDO: Antecedentes en relación con el expediente administrativo número 285-13-03-TAA. 1. Que el día 11 de setiembre del 2013, se recibe este Tribunal escrito suscrito por el señor Óscar Arias Trejos, cédula CED01, en calidad de Presidente de la Asociación de Vecinos Pro Defensa del Ambiente del Barrio La Cañada, cédula jurídica CED02, interponiendo una denuncia de carácter ambiental contra la actividad de matadero de Nombre02 S.A., cédula jurídica CED03, aseverando lo siguiente: “La actividad de matadero que se lleva a cabo en San Rafael de Alajuela, 800 metros oeste del Balneario Ojo de Agua, genera restos de animales (cuernos, sangre, huesos, trozos de carne, boñiga, etc.), los cuales producen “…malos olores y contaminación ambiental a las áreas circunvecinas” (folio 1). Agrega que desde el año 2006 el denunciado se comprometió a realizar mejoras para reducir en un 98% los malos olores, lo cual nunca se cumplió. Los malos olores se generan aleatoriamente, sin un patrón fijo, por períodos cortos o prolongados, incluso de madrugada. Además se vierten aguas residuales que “…no solo contaminan las aguas del Río sino que igualmente producen malos olores, plagas de moscas y otros insectos, todo lo cual afecta a la comunidad de vecinos que integramos esta Asociación” (folio 2)”, (folio 01-06) 2. Que a la denuncia le fue asignado el número de expediente administrativo N° 285-13-03-TAA. 3. Que el 7 de febrero de 2014 se recibe por fax, y el 11 de febrero de 2014 en versión original, el Oficio Nº DR-CN-347-2014, fechado el 6 de febrero de 2014, suscrito por la Dra. Karina Garita Montoya, Directora de la Región Central Norte del Ministerio de Salud, manifestando lo siguiente (folios 11 y 12): 1. “La Empresa Nombre02 se encuentra al día en la presentación de los reportes operacionales para emisiones provenientes de calderas. 2. Respecto al reporte comprendido para el período del 01 de julio al 31 de diciembre de 2013 y que incumplió el parámetro PTS de conformidad con el artículo 26 del Reglamento 36551-S-MINAET-MTSS la empresa adjuntó un plan de acciones corregidas. Consta en los registros que se tienen en el Área Rectora de Salud Alajuela 2 (No. de ingreso 257-14) que el día 16 de enero de 2014 se presenta ante esa Área un nuevo reporte operacional sobre ese mismo período el cual cumple con los parámetros de ley. 3. En lo que respecta a la memoria de cálculo y los planes de diseño del Proyecto Eliminación de malos olores en un 98% fue aprobado mediante informe UAPH-RCN-1722-2006 por el Licenciado Wilberth Vásquez Bustos, químico regional”. 4. Que mediante resolución número 174-14-TAA de las 13 horas 20 minutos del 19 de febrero de 2014, visible a folio 13, se solicitan al Ministerio de Salud los reportes operacionales del 2013. 5. Que el 29 de abril de 2014 se recibe el Oficio Nº DR-CN-1123-2014 del Ministerio de Salud, remitiendo diversos reportes operacionales de aguas residuales del 2013 (folios 16 a 45 del expediente). 6. Que el 15 de octubre de 2014 se recibe un escrito de la Licda. Ana Lucrecia Quirós Montoya, carné 5243, cédula CED04, apersonándose al expediente como tercero coadyuvante, y señalando medio para recibir notificaciones (folio 46). 7. Que el 13 de julio de 2018 se recibe un escrito del Lic. Orlando Guerrero Vargas, cédula CED05 (folios 47 a 54 del expediente), apersonándose como coadyuvante (folio 47), interponiendo una denuncia (folio 47), contra Matadero del Valle, S.Nombre04., aduciendo lo siguiente: La denunciada, en San Rafael de Ojo de Agua, ejerce actividades de matadero “…de animales para consumo humano y otros fines, además delo (sic) procesamiento industrial” (folio 48); la empresa no gestiona adecuadamente los residuos sólidos y líquidos , por lo que contamina y degrada. Se producen vapores y gases de malos olores, que nunca han sido confinados a la empresa, por lo cual afectan otros inmuebles, “…imposibilitando hacer algún tipo de construcción habitacional” (folio 48). Agrega: “Los problemas expuestos se remontan al comienzo de las actividades de la empresa infractora, y han persistido a lo largo del tiempo sin interrupción, pese a las gestiones realizadas desde hace muchos años ante ella para que considere la precaria y dañina situación en que se coloca a los vecinos de la zona” (folio 48). Continúa aseverando el escrito indicado, que Nombre02 únicamente cuenta con tres expedientes ante la SETENA, los cuales se refieren a concesiones de agua: 552-09, 1489-05, 374-06. No consta Estudio de Diagnóstico Ambiental (EDA) para la actividad de matadero y procesamiento industrial como tales. Además: “Presuntamente se nos informó que la empresa Mataderos del Valle S.A. vierte aguas residuales contaminantes en el Río Segundo de Alajuela, además de incumplir su obligación de presentar reportes operacionales de manera oportuna y suficiente, obstaculizando de este modo el control sanitario de sus actividades y eludiendo la aplicación de medidas necesarias para preservar la integridad medioambiental. Mataderos del Valle S.A. desde hace muchos años debió presentar ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental el Estudio de Diagnóstico Ambiental para corregir la situación, no obstante, se ha valido de la inercia administrativa y prosigue con su actividad infractora operando sin viabilidad ambiental” (folio 51). Asimismo el inmueble donde opera la actividad “…fue expropiado por parte del Estado…” (folio 51), en una franja (folio 53). Solicita que se suspenda “…la actividad operacional” (folio 53). Se adjunta personería de la denunciada (folios 55 y 56). 8. Que mediante resolución número 909-18-TAA de las 11 horas 01 minutos del 10 de setiembre de 2018, se solicitan informes a la Municipalidad de Alajuela, Ministerio de Salud, Dirección de Agua del MINAE, y SETENA del MINAE (folios 57 a 61). 9. Que mediante oficio número SETENA-SG-1773-2018 del Secretario General de la SETENA, recibido en este Despacho en fecha 18 de setiembre del 2018, visible a folios 75 a 77, manifiesta que Matadero del Valle, Nombre03., cédula jurídica CED03, cuenta con los siguientes expedientes en dicha dependencia: 1) Expediente D1-552-2005-SETENA, Proyecto Tanques de Autoconsumo de Combustible, para un inmueble de la Provincia de Alajuela. 2) Expediente D1- 1489-2005, Proyecto de Renovación de Concesión de Agua”, en la Provincia de Alajuela. 3) Se otorgó Viabilidad Ambiental para el Proyecto Reuso de aguas para riego de pastos en finca Pedregal, para un inmueble en la Provincia de Heredia. 4) Expediente D1-0375-2006, Proyecto de Reuso y Vertido de Aguas Residuales, con viabilidad ambiental por Resolución Nº 1755-2006-SETENA, plano A-100440-93 folio real 2102949-000. 10. Que mediante oficio MA-A-3850-2018 de fecha 27 de setiembre del 2018, recibido en este Despacho en fecha 28 de setiembre del 2018, visible a folios 78 a 113, se indica que la actividad denunciada se encuentra fuera de la franja expropiada y adjunta referencia de los permisos otorgados y el alineamiento municipal. Se adjuntan copias que aseveran corresponder a la siguiente documentación: a. Oficio Nº 96-MA-ACM-2018 del Lic. Mainor Alfaro Bravo, Coordinador del Catastro Multifinalitario municipal, con el estudio registral del inmueble del Partido de Alajuela, folio real 102949-000, en el cual “no se indica” plano catastrado, con fecha de inscripción 7 de noviembre de 1988; en documento aparte se alude a segregaciones por planos A-1863305-2015 y A-1201108-2007; planos catastrados A-980993-82, 2-1863305-2015; inmueble de dicho partido folio real 567283-000 a nombre del Estado- MOPT con fecha de inscripción 18 de setiembre de 2018, indicando plano catastrado A-1863305-2015; plano catastrado 2-1201108-2007 a nombre del Estado-MOPT con folio real 567284-000 (folios 80 a 89 del expediente). b. Oficio Nº MA-ACC-08556-2018, Referencia Nº MA-A-3658-2018, con copias de las resoluciones de los trámites realizados por la denunciada (folios 90 a 113). En lo anterior se incluye la resolución municipal sobre la solicitud de uso de suelo para matadero (folio 106), certificado de licencia comercial para industria de carne (folios 107 a 108), Oficio Nº MA-SGA- 512-2018, informando que en la inspección realizada no se permitió el ingreso al sitio, por lo que se remitió el caso al Ministerio de Salud (folio 109); existen denuncias similares (folio 110). 11. Que los días 1º y 2 de octubre de 2018 se recibe el Oficio Nº DR-CN-2338 de la Directora Regional del Ministerio de Salud, remitiendo el Oficio Nº CN-ARS-A2- 1813-2018 (folios 114 a 127 del expediente). Este Oficio es suscrito por el Dr. Enrique Mora Solano, Director del Área Rectora de Salud Alajuela 2, y aduce lo siguiente: a. La actividad que se desarrolla corresponde a matanza de res y cerdo, para la producción de carne en canales, por lo cual la emisión del certificado veterinario de operación (CVO) corresponde al SENASA del MAG. b. El matadero opera desde el año 1989, según consta en el expediente del Área Rectora de Salud Alajuela 2 (folio 115). c. La actividad presenta a tiempo los Reportes de Contaminantes Atmosféricos de Calderas, e indica el cumplimiento de los parámetros establecidos; se encuentra pendiente la entrega de resultados del control realizado por el Nivel Central. d. Asimismo presenta a tiempo los reportes operacionales de aguas residuales. e. Los reportes de biosólidos muestran resultados que señalan el cumplimiento de las normas establecidas. f. El establecimiento cuenta con un sistema de control de olores; actualmente se da seguimiento al tema de las denuncias por malos olores. En este sentido, el 9 de mayo de 2018 se notifica Orden Sanitaria Nº OS-CN-ARS-A2-065-2018, debido a las no conformidades encontradas en la inspección realizada por el Nivel Regional (folio 125). El 18 de mayo de 2018 se recibe el Plan de Acciones Correctivas. Se han realizado sucesivas visitas donde no se han encontrado malos olores. Por Oficios Nº CN-URS-709-2018 y CN-URS-724-2018, 10 de setiembre de 2018, se documentan nuevas no conformidades. En visitas posteriores tampoco se comprueban malos olores (folio 126). Agrega: “Con las inspecciones realizadas aún no se puede responsabilizar al Nombre02 de ser el responsable de los malos olores en la comunidad de Dirección03. Se continuará con las investigaciones necesarias para determinar la fuente generadora de la problemática” (folio 126). g. Gestión de residuos sólidos: Con fecha del 13 de enero de 2017, la empresa presentó un programa de gestión integral de residuos, el cual cumple adecuadamente. 12. Que en fecha 09 de octubre de 2018 se recibe escrito del Lic. Orlando Guerrero Vargas (folios 128 a 135 del expediente), refiriéndose al informe de la SETENA (SETENA-SG-1773-2018), del cual, alega, se deduce que la actividad principal de la denunciada (matanza de res y cerdo) no cuenta con viabilidad ambiental; la Sala Constitucional, en Sentencias Nº 2003-006324 y Nº 2004-04949, dispuso que, en proyectos en operación a la entrada en vigencia de la LOA, debían someterse a un EDA. “En este sentido, la Comisión Plenaria [de SETENA], en sesión ordinaria Número 142-2017 del 21 de setiembre del 2017, mediante Resolución Nº 2223-2017-SETENA de las 9 horas 00 minutos del 22 de noviembre de 2017, deroga la Resolución Número 730-2010-SETENA y adiciona la Resolución Número 2286-2009…” (folio 131), disponiendo que el EDA se aplica a proyectos anteriores al 16 de enero de 1997 (publicación del DE-25705-MINAE) y a proyectos del 6 de febrero de 2002 (anulación parcial de dicho Decreto por la Sala Constitucional), hasta el 28 de junio de 2004 (promulgación del DE-31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC); por ello la empresa debía presentar un EDA. Continúa alegando que es competencia de este Tribunal conocer de las infracciones de la normativa ambiental, a saber, el de deber de contar con un EDA aprobado por SETENA; es competencia de este Tribunal conocer de las infracciones de la normativa ambiental. Por ello solicita la suspensión de la actividad del matadero hasta que presente un EDA, que incluya un estudio sociológico exhaustivo, una inspección conjunta con ASA de la SETENA, una comisión interdisciplinaria para elaborar la valoración económica del presunto daño ambiental, que: “Se le pida criterios con carácter de urgencia a la Dirección de Agua de Costa Rica, sobre el impacto que puede tener dicho proyecto, máxime que en la SETENA no estuvo en su revisión ningún profesional de esa rama” (folio 134), y que el MOPT realice una certificación, previa un estudio exhaustivo, acreditando que la franja expropiada no forme parte del matadero. A lo anterior se adjunta copia que asevera corresponder a la Resolución Nº 2223-2017-SETENA (folios 136 a 146). 13. Que en fecha 25 de octubre de 2018, visible a folios 147 a 149, se recibe escrito de la denunciada, autorizando a una persona para obtener copia del expediente; indica el domicilio físico de la denunciada, y adjunta personería. 14. Que a folio 150 consta escrito del denunciante, señalando un correo electrónico para recibir notificaciones. 15. Que mediante oficio DA-UHTPCOSJ-3364-2018 de la Dirección de Agua del MINAE, visible a folios 151 a 155, se remite oficio DA-UHTPCOSJ-3262-2018, suscrito por la Sra. Esmeralda Vargas Madrigal, aduciendo que Matadero del Valle, S.A., cuenta con permiso de vertido vigente (R-0288-2016-AGUASMINAE) al Río Segundo, cauce de dominio público de caudal permanente. Se realizó visita sin previo aviso el 17 de octubre de 2018 y: “De la inspección se concluye que, tanto el manejo de los lodos de las lagunas, así como el buen funcionamiento del sistema de tratamiento y el uso inadecuado de los pluviales para depositar aguas de pilas es competencia del Ministerio de Salud, institución que debe corregir dichas prácticas, se hace mención en este oficio ya que es interés de esta dependencia que las aguas con contaminantes no lleguen a los cuerpos de agua, sea de una forma directa o por escorrentía debido a las lluvias. Por último, se indica que, si bien existen aspectos a corregir, no consta daño al recurso hídrico según la inspección ocular o la información disponible en el expediente 60-V, por lo tanto, no se procede a realizar valoración económica del daño ambiental”. 16. Que a folio 156 consta personería de Nombre02 S.A. 17. Que a folios 160 a 165 constan boletas de notificación de la resolución 230-19- TAA y 249-19-TAA. 18. Que mediante resolución número 230-19-TAA de las 11 horas 51 minutos del 14 de febrero del 2019, visible a folios 166 a 177, se rechaza la solicitud, contenida en el escrito presentado por el Lic. Orlando Guerrero Vargas el 9 de octubre de 2018, y que consta a folios 128 a 135 del expediente, de que este Tribunal investigue, y se pronuncie, acerca de si la actividad de matadero desarrollada presuntamente por la denunciada, invade la franja expropiada por el Estado (MOPT). Contra esta desestimatoria cabe interponer el recurso ordinario de revocatoria en el plazo de tres días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de la presente, de conformidad con los artículos 342 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, y 29 del Reglamento de Procedimientos del Tribunal Ambiental Administrativo, y se rechazan las demás pretensiones contenidas en el escrito mencionado, sin perjuicio de lo que este Tribunal pudiera disponer en el momento procesal correspondiente. 19. Que mediante resolución número 249-19-TAA de las 14 horas 14 minutos del 15 de febrero del 2019, visible a folios 180 a 183, se declara formalmente la apertura de un procedimiento ordinario administrativo y se convoca a las partes a una audiencia oral a realizarse los días 10 y 11 de junio del 2020, ambos días a partir de las 8:30 horas. Notificaciones visibles a folios 184 a 188. 20. Que mediante escrito recibido en fecha 3 de julio del 2019, suscrito por la Sra. Lucía Beatriz Gómez Chaves, en su doble condición personal y de Presidenta de la compañía Matadero del Valle, S.A., aseverando aportar copia de documentación en digital y solicitando lo siguiente (folios 189 a 200 del expediente): “…solicitamos respetuosamente proceder a reconsiderar y valorar la imputación de cargos realizada y desestimar sin mayor demora la denuncia que nos ocupa y archivar el expediente administrativo 285-13-03-TAA. Lo anterior, incluso a efectos de que este Tribunal no llegue al 10 de junio de 2020 a una audiencia que pueda comprometer a sus juzgadores por carecer de todo fundamento” (folio 199). 21. Que mediante escrito ingresado en fecha 8 de agosto del 2019, por parte de la Sra. Adelita Cascante Salazar, Presidenta de la Asociación de Vecinos de Dirección04, del Sr. Óscar Arias Trejos, representante de los Vecinos Pro Defensa del Ambiente del Barrio La Cañada, Sr. Juan Pablo Delgado Sanabria, representante de los Vecinos del Condominio La Riviera y Sr. Mario Hidalgo Murillo y Sr. Nombre01, aducidos representantes legales del Condominio La Cañada (folios 201 a 230 del expediente), manifestando actuar en condición de “denunciantes” (folio 201), manifestando, entre otros aspectos, lo siguiente: “…nos apersonamos ante su autoridad a ampliar los alegatos de la denuncia ambiental, contra la empresa denunciada ‘Matadero del Valle’ S.A., a incluir pruebas para mejor resolver y a solicitar que se dicte una medida cautelar urgentísima” (folio 201). Entre otros aspectos, alega lo siguiente: El primer motivo de la solicitud de ampliación consiste en la prueba técnica que se adjunta al escrito y en el hecho de que, con anterioridad, no se hubiera otorgado a los denunciantes audiencia sobre los informes presentados por las instituciones públicas al expediente (folios 211 a 213, ver folio 213). El segundo motivo alega que supuestamente, en la averiguación de la verdad real de los hechos, solo se tomaron en cuenta las alegaciones del denunciado, y no las probanzas de los denunciantes (folio 214). Agrega la alegación de que el informe biológico muestra que las lagunas de tratamiento de aguas residuales se encuentran muy cercanas a la orilla del río, por lo cual solicitan verificación topográfica respecto al artículo 33 de la Ley Forestal; asimismo en los reportes operacionales se han manifestado parámetros que incumplen con la normativa, y el Ministerio de Salud no ha solicitado los planes de acciones correctivas correspondientes; explica reporte por reporte; varios datos de la memoria de cálculo se calcularon erróneamente (folios 215 y 216). El tercer motivo (folios 218 y 219) alega que supuestamente se aplicó erróneamente el criterio precautorio, pues no se dictó una medida cautelar al no constatarse que el proyecto contase con viabilidad ambiental para la totalidad del proyecto. Posteriormente aduce que debe aplicarse una “medida cautelar urgentísima” (folios 220 a 228) de “…suspensión indefinida de las operaciones del Matadero del Valle” (folio 221), al no existir una solución definitiva efectiva. Por ello solicita (folios 228 a 229) una inspección al sitio, dictar medida cautelar, trasladar la denuncia a la parte denunciada, nombrar un topógrafo, solicitar un dictamen del Departamento de Ciencias Forenses debido a la diferencia de calidad del agua de aguas a arriba a aguas abajo (condiciones organolépticas distintas), y: “se trasladen los autos a la Fiscalía Ambiental y Fiscalía de Probidad…” (folio 229). A lo anterior se adjunta lo siguiente: a. Documento que aduce ser firmado digitalmente por la Sra. Melania Núñez Várgas, titulado: “Informe de Consulta Local sobre Problemas Ambientales y Sanitarios – Dirección04, Belén, Heredia y La Cañada, San Rafael, Heredia”, de junio del 2019 (folios 231 a 290). b. Documento titulado “Informe técnico” que aduce ser firmado digitalmente por el Químico Luis Ricardo Charpentier Soto (folios 291 a 310). c. Informes del Lic. Eduardo Alberto Martínez Ocampo, Biólogo Marino, del 30 de julio del 2019 (folios 311 a 349) y del 25 de agosto del 2019 (folios 350 a 360). d. Certificación de conversaciones de whatsapp (folios 361 a 387). 22. Que mediante resolución número 1584-19-TAA de las 14 horas 21 minutos del 11 de setiembre del 2019, visible a folios 389 a 396, dispone que, con la finalidad de contar con mejores insumos para responder las gestiones pendientes, se convoca a una inspección conjunta entre el Departamento Técnico de este Tribunal, el Ministerio de Salud y SENASA, la cual se programa para el 1º de octubre del 2019 a las 9:00 horas. Notificaciones visibles a folios 397 a 401. 23. Que mediante escrito recibido en fecha 13 de setiembre del 2019, remitido por los denunciantes del proceso, solicitan reconsiderar la lista de convocados a la inspección señalada por Resolución Nº 1589-19-TAA, para que asistan otros peritos, un representante de los vecinos, la Dirección de Agua y SETENA (folios 402 a 405 del expediente). 24. Que mediante resolución número 1697-19-TAA de las 11 horas 12 minutos del 26 de setiembre del 2019, visible a folios 406 a 408, se da respuesta a la gestión señalada en el párrafo anterior, y se reitera solamente la convocatoria a inspección al Ministerio de Salud y a SENASA. Notificaciones visibles a folios 409 a 415. 25. Que consta a folios 416 a 432, Oficio TAA-DT-130-19 del Departamento Técnico de este Tribunal, con el informe de la inspección efectuada el 1º de octubre del 2019. 26. Que consta a folio 433 del expediente el Acta de Inspección Nº MS-DRRSCNDARSA2- 1896-2019 por parte del Ministerio de Salud, del 1º de octubre del 2019. 27. Que consta a folio 434 del expediente la Hoja de Inspección Nº 0115239 por parte de SENASA del 1º de octubre del 2019. 28. Que mediante oficio SENASA-DG-0508-2019 de fecha 11 de octubre del 2019, recibido en este Despacho en fecha 15 de octubre del 2019, suscrito por Dr. Bernardo Jaén Hernández, Director General de SENASA, visible a folios 435 a 447, indica lo encontrado en el sitio, original visible a folios 524 a 538. 29. Que mediante oficio número SETENA-DT-ASA-1425-2019 del Jefe de ASASETENA, de fecha 7 de octubre del 2019, recibido en este Tribunal en fecha 15 de octubre del 2019, visible a folios 448 a 457, se remite denuncia ambiental, por cuanto la misma se refiere a que: “…la Actividad Denunciada no cuenta con Viabilidad Ambiental otorgada, y según la información presentada se lleva un proceso ante el Tribunal Ambiental Administrativo”. 30. Que mediante oficio número MS-DRRSCN-DARSA2-2011-2019 del Director del Área Rectora de Salud Alajuela 2 del Ministerio de Salud, recibido en este Despacho en fecha 17 de octubre del 2019, visible a folios 458 a 523, remite oficio número MS-DRRSCN-DARSA2-IT-1993-2019, con el informe del caso. 31. Que en fecha 24 de abril del 2020 se aporta copia de nota de fecha 03 de diciembre del 2019 dirigida a la SETENA mediante la cual se solicita una visita de inspección al Nombre02 (folios 539 y 540). 32. Que mediante resolución número 1725-20-TAA de las 14 horas 14 minutos del 05 de junio del 2020, visible a folios 579 a 584, dispone en el Por Tanto de la resolución administrativa: “Primero: Se declara la nulidad de la Resolución N° 249-19-TAA de imputación de cargos, retrotrayéndose las actuaciones a la etapa de investigación. Segundo: Que debido a lo indicado en los Considerandos anteriores, se comunica a las partes, testigos, testigos-peritos y peritos, que no se realizará la audiencia oral y pública convocada para los días 10 y 11 de junio del 2020.” Notificaciones visibles a folios 585 a 592. 33. Que mediante oficio ADPb-2630-2021 de fecha 26 de abril del 2021, la Procuraduría General de la República comunica el Auto de Traslado con escrito de Demanda Amparo de Legalidad expediente 21-002060-1027-CA-9 y solicita certificación de expediente administrativo con contestación (folios 541 a 570). 34. Que a folio 571 consta correo electrónico de fecha 28 de abril del 2021 de la MSc. Ana María de Montserrat Gómez de la Fuente Quiñónez, solicitando al Lic. Daniel Montero Bustabad, la Licda. Maricela Rodríguez Ulate y la Licda. Maricé Navarro Montoya, de manera individual, proceder a redactar un Oficio, explicando la situación del extravío de la resolución y boletas de notificación. 35. Que mediante oficio 298-21-TAA, suscrito por la Licda. Maricé Navarro Montoya, visible a folio 572, indica que: “En mi condición anterior de Juez del Tribunal Ambiental Administrativo, y como encargada de los Expedientes Administrativos con terminación 03, debo indicar que desconozco la razón por la cual no consta en el Expediente Administrativo N° 285-13-03-TAA a nombre de Nombre02 Y LUCIA BEATRIZ GÓMEZ CHAVES la resolución N° 1725-2020- TAA de las catorce horas con catorce minutos del cinco de junio del año dos mil veinte, siendo que la misma fue firmada por la judicatura anterior y pasada a notificar. No omitir indicar que tanto el Abogado Tramitador del Expediente Administrativo el Lic. Daniel Montero, así como la Licda. Maricela Rodríguez funcionaria del Departamento Administrativo del Tribunal y quien nos colabora con las notificaciones, han sido siempre muy diligentes en sus funciones y nunca se ha presentado una situación de este tipo. (…)”. 36. Que mediante oficio 302-2021-TAA, suscrito por el Lic. Daniel Montero Bustabad, visible a folio 573, indica: “Saludos muy atentos, con los mejores deseos. Por medio de la presente hago referencia al expediente Nº 285-13-03- TAA. Al respecto les indico que remití el proyecto de Resolución Nº 1725-2020- TAA, del cinco de junio del dos mil veinte, a la Judicatura, para su revisión, corrección, firmas y notificación. Desde entonces no he recibido dicha resolución firmada, ni colaboré en el proceso de notificación de la resolución. (…)”. 37. Que mediante oficio 301-21-TAA, suscrito por la Licda. Maricela Rodríguez Ulate, visible a folios 574 a 592, corregido mediante Oficio O-328-21-TAA visible a folio 593 del expediente administrativo, indica: “Por este medio le saludo, de acuerdo lo solicitado mediante correo electrónico de fecha 28 de abril del 2021 de la MSc. Montserrat Gómez de la Fuente Q., a continuación indico: El 08/06/20 la Licda. Maricé Navarro Montoya, en su condición de Jefe y Presidenta del Tribunal para el momento, me entrega la resolución número 1725-20-TAA con las boletas de notificación sin el expediente administrativo correspondiente, y me indica que proceda a la notificación de la citada resolución. El 09/06/20 mi persona realiza en teletrabajo la notificación de la resolución número 1725-20- TAA mediante el correo electrónico de notificaciones del Tribunal Ambiental Administrativo. Adjunto al efecto copia de las notificaciones de la resolución antes citada y copia de la resolución escaneada que fue notificada, mismas que constan como correos enviados en el correo oficial de notificaciones. El 15/06/20, día que por rol de teletrabajo me correspondía presentarme a la oficina, dejo sobre el escritorio de la Licda. Maricé Navarro Montoya la resolución original firmada número 1725-20-TAA, las boletas y las notificaciones, esto en razón de que la Licda. Navarro se encontraba de vacaciones y que mi persona se presentaría nuevamente a la oficina hasta la semana siguiente. El 24/6/20 el Lic. Daniel Montero Bustabad me llama preguntándome por la resolución y las notificaciones citadas, le indicó que se las dejé a la Licda. Navarro Montoya en el escritorio, igualmente le respondí por correo indicándole lo mismo y le menciono que ella NO me entregó el expediente. Adjunto seguidilla de correo electrónicos al efecto. Revisados mis archivos y mi escritorio, indico que no cuento con la resolución número 1725-20-TAA traspapelada o mal archivada. (…)”. 38. Que mediante oficio 325-21-TAA se emite certificación por la MSc. Alexandra González Arguedas, Juez Secretaria del Tribunal Ambiental Administrativo, certifica 11 folios para un total de 15 copias, con vista en el correo electrónico ...02 utilizado para las notificaciones del Tribunal, que corresponden a la resolución número 1725-2020-TAA de las 14 horas 14 minutos del 05 de junio del 2020 y sus respectivos envíos de notificación (folios 594 a 606 del expediente administrativo). 39. Que mediante resolución número 453-21-TAA de las 16 horas 40 minutos del 04 de mayo del 2021, visible a folios 607 a 618, se pone en conocimiento a las partes del presente expediente el extravío de la resolución 1725-2020-TAA de las 14 horas 14 minutos del 05 de junio del 2020 y sus respectivos comprobantes de notificación, y se ordena la reposición de piezas de la resolución número 1725-2020-TAA de las 14 horas 14 minutos del 05 de junio del 2020 y sus respectivos comprobantes de notificación, reponiendo la misma con la certificación emitida por la Juez Secretaria de este Tribunal número Oficio 325- 21-TAA, con vista en el correo oficial de notificaciones del Tribunal Ambiental Administrativo. Asimismo, se previene a las partes, que de conformidad con lo establecido en el artículo 25.3 del Nuevo Código Procesal Civil, pueden presentar las documentaciones pertinentes. Notificaciones visibles a folios 619 a 628 del expediente administrativo. 40. Que mediante resolución 471-21-TAA de las 15 horas 02 minutos del 07 de mayo del 2021, visible a folios 629 a 642, este Tribunal procede a dar respuesta a los escritos del expediente administrativo visibles a folios 189 a 200 y 201 a 230, a imponer una medida cautelar atípica, y a solicitar informes a la Oficina de Alajuela, Área de Conservación Central y a la SETENA. Notificaciones visibles a folios 643 a 659 del expediente administrativo. 41. Que mediante oficio 347-21-TAA consta respuesta a la Procuraduría General de la República, la cual consta a folios 660 a 683. 42. Que a folio 684 consta presentación en formato electrónico de documentos a la Procuraduría General de la República. 43. Que a folios 685 a 692 consta escrito de fecha 11 de mayo del 2021 suscrito por la señora Lucía Beatriz Gómez Chaves, en su carácter personal y en representación de Nombre02 Sociedad Anónima, mediante el cual indica que la resolución 471-21-TAA tiene recurso de revocatoria, y al omitirse dicho recurso se causa nulidad absoluta. Que existen suficientes razones de fondo y forma para recurrir la resolución citada, e incluso presentar un incidente de nulidad contra dicha resolución, haciendo alusión a que el acto administrativo está imperfecto. Indica que al estar su representada segura del cumplimiento de todos los parámetros legales, y con el fin de no atrasar la tramitación del proceso, deciden no recurrir dicha resolución y proceder a acatar lo ordenado, teniendo claro que si dichos estudios concluyen que cumple con los parámetros legales, se proceda de inmediato al archivo del expediente. Se solicita para cumplir con lo ordenado, una aclaración en cuanto al número de la cuenta en donde debe hacerse el depósito, el concepto, el monto a depositar y el plazo de la administración para realizar dicho estudio. Asimismo, indican que el mes pasado, el MINAE realizó un muestreo de aguas aleatorio, el cual reflejó excelentes resultados en el cumplimiento de los parámetros legales, por lo que consideramos que al ser dicho muestreo reciente, auspiciado por el propio MINAE, debería prescindirse del solicitado, lo anterior debido al principio de economía procesal. 44. Que mediante oficio 348-21-TAA de este Tribunal, visible a folios 693 y 694, se remite en físico copia certificada con disco compacto que contiene el expediente 285-13-03TAA a la Procuraduría General de la República. 45. Que mediante oficio MS-DRRSCN-DARSA2-2178-2021 de fecha 24 de mayo del 2021, suscrito por el Dr. Ronald Enrique Mora Solano, Director de la Dirección Área Rectora de Salud Alajuela 2, Ministerio de Salud, visible a folios 695 a 705, indica que envía respuesta a la denunciada, y adjunta orden sanitaria MS-DRRSCN-DARSA2-OS-0254-2021, con la indicación de las cuentas, monto, motivo y demás datos necesarios para hacer el depósito para los muestreos ordenados, cotizaciones y acta de inspección MS-DRRSCN-DARSA2-2147- 2021en relación con el expediente. 46. Que mediante oficio MS-DRRSCN-DARSA2-2183-2021 de fecha 25 de mayo del 2021, suscrito por la Licda. Diana Lucía Espinoza Navarro, funcionaria de Regulación de la Dirección Área Rectora de Salud Alajuela 2, Ministerio de Salud, visible a folios 706 y 707, mediante el cual indica un recuento de lo realizado por el Ministerio de Salud para coordinar los muestreos, que se realizó el muestreo de aguas residuales. 47. Que mediante resolución 636-21-TAA de las 10 horas 15 minutos del 14 de junio del 2021, visible a folios 708 a 719, este Tribunal procede a dar respuesta a los escritos del expediente administrativo visibles a folios 685 y 686; además se establece en el Por Tanto: “PRIMERO: Convalidar la resolución 471-21-TAA de las 15 horas 02 minutos del 07 de mayo del 2021, haciendo saber a las partes que, contra la medida cautelar interpuesta mediante la resolución citada, cabe interponer el Recurso de Revocatoria en el plazo de veinticuatro horas a partir de la notificación con fundamento en los artículos 342 y 346 de la Ley General de la Administración Pública. Teniéndose con lo anterior por subsanada la omisión de indicación del plazo para recurrir. Asimismo, en aras de no causar indefensión a las partes, el mismo empieza a correr a partir de la notificación de la presente resolución administrativa. SEGUNDO: Tener por contestada a la denunciada su solicitud de información en relación con los muestreos ordenados mediante medida cautelar. TERCERO: Solicitar por POR SEGUNDA VEZ al señor Minor González Guzmán, Jefe de la Oficina Alajuela, Área de Conservación Central, o quien ocupe su cargo, que proceda a cumplir con lo ordenado en el considerado cuarto de la presente resolución, en el plazo de DIEZ DÍAS NATURALES los cuales comenzarán a correr el día siguiente hábil a la notificación de la presente resolución. CUARTO: Solicitar POR TERCERA VEZ a la señora Cynthia Barzuna Gutiérrez, Secretaria General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), o quien ocupe su cargo, que proceda a cumplir con lo ordenado en el considerado quinto de la presente resolución…”. Notificaciones visibles a folios 720 a 735 del expediente administrativo. 48. Que mediante oficio SINAC-ACC-OA-of-805-2021 de fecha 03 de junio del 2021 y recibido en este Despacho el 10 de junio 2021, suscrito por el Lic. Minor González Guzmán, Jefe de la Oficina de Alajuela del Área de Conservación Central-SINAC, visible a folios 736 a 738, se emite informe de inspección “insitu”, que fue solicitado en resolución 471-2021-TAA. 49. Que mediante oficio SINAC-ACC-OA-of-872-2021 de fecha 16 de junio del 2021 y recibido en este Despacho el mismo día, suscrito por el Lic. Minor González Guzmán, Jefe de la Oficina de Alajuela del Área de Conservación Central- SINAC, visible a folios 739, se emite respuesta a lo que fue solicitado en resolución 636-2021-TAA. 50. Que mediante oficio SETENA-SG-0830-2021 del 22 de junio 2021 y recibido en este Despacho el 25 de junio 2021, suscrito por MSc. Ulises Alvarez Acosta, Director General Ad-Hoc de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), visible a folios 740, se emite respuesta a lo que fue solicitado en resolución 636-2021-TAA. 51. Que mediante oficio MS-DRRSCN-DARSA2-2627-2021 del 29 de junio 2021 y recibido en este Despacho el 02 de julio 2021, suscrito por el Dr. Ronald Mora Solano, Director de la Dirección Área Rectora de Salud Alajuela 2 del Ministerio de Salud, visible a folios 741-757, se emite respuesta en el que adjunta varios documentos; a lo que fue solicitado en resolución 636-2021-TAA. 52. Que mediante oficio MS-DRRSCN-DARSA2-3451-2021 del 29 de setiembre 2021 y recibido en este Despacho el mismo día, suscrito por el Dr. Ronald Mora Solano, Director de la Dirección Área Rectora de Salud Alajuela 2 del Ministerio de Salud, visible a folios 758-773, que corresponde al seguimiento de ejecución del plan de acción correctivas. 53. Que mediante resolución 705-22-TAA de las 09 horas 40 minutos del 20 de mayo del 2022, visible a folios 774 a 775, este Tribunal procede en solicitar: “PRIMERO: …solicita al Dr. Ronald Enrique Mora Solano, Director de la Dirección Área Rectora de Salud Alajuela 2, Ministerio de Salud, o quien ocupe su cargo, que proceda a: 1) referirse al cumplimiento de las acciones correctivas implementadas en cumplimiento de la orden sanitaria número MS-DRRSCNDARSA2- 0349-2021 (folio 754) de Nombre02 S.A. indicadas en el oficio MS-DRRSCN-DARSA2-3451-2021 de fecha 29 de septiembre del 2021 suscrito por su persona (folio 758), en el que se indica que se tenía prevista la finalización de las mismas para diciembre del 2021; 2) referirse al seguimiento o si se recibió el criterio técnico de la Unidad de Salud Ambiental de la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental de Ministerio de Salud en relación con el estudio perimetral de aire en establecimientos, esto para poder dar cumplimiento a la medida cautelar atípica impuesta por este Tribunal en relación con la medición de partículas totales en suspensión para verificar la calidad del aire con respecto a la actividad realizada por Nombre02 S.A., mismo que se mantiene pendiente como se describe en el oficio MS-DRRSCN-DARSA2-IT-3443-2021 de fecha 28 de setiembre del 2021 (folios 759 y 760) suscrito por la Licda. Diana Espinoza Navarro funcionaria de Regulación del Área Rectora de Salud Alajuela 2… SEGUNDO:… solicita al Ing. José Miguel Zeledón Calderón, Director de la Dirección de Agua, o quien ocupe su cargo, que proceda a realizar la valoración económica del daño ambiental en relación con el incumplimiento en los límites permisibles de aguas residuales detectados por el Ministerio de Salud, por lo que se remite el reporte operacional de aguas residuales de Nombre02 S.A. visible a folios 752 y 753…”. Notificaciones visibles a folios 776 a 789 del expediente administrativo. 54. Que mediante oficio MS-DRRSCN-DARSA2-1519-2022 del 21 de junio 2022 y recibido en este Despacho el 22 de junio 2022, suscrito por el Dr. Ronald Mora Solano, Director de la Dirección Área Rectora de Salud Alajuela 2 del Ministerio de Salud, visible a folios 790-816, que corresponde al seguimiento a mejoras de operación del sistema de tratamiento y caldera N° 1398. 55. Que a folio 817 consta escrito de fecha 04 de noviembre del 2022 suscrito por el Lic. Rodrigo Montenegro Fernández, apoderado especial judicial y administrativo de La Asociación de Vecinos Pro Defensa del Ambiente del Barrio La Cañada, solicitando pronto despacho. 56. Que mediante resolución 1541-22-TAA de las 15 horas 50 minutos del 17 de noviembre del 2022, visible a folios 818 a 819, este Tribunal procede en solicitar: “PRIMERO: … POR SEGUNDA VEZ al Dr. Ronald Enrique Mora Solano, Director de la Dirección Área Rectora de Salud Alajuela 2, Ministerio de Salud, o quien ocupe su cargo, que proceda a referirse al seguimiento o si se recibió el criterio técnico de la Unidad de Salud Ambiental de la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental de Ministerio de Salud en relación con el estudio perimetral de aire en establecimientos, esto para poder dar cumplimiento a la medida cautelar atípica impuesta por este Tribunal en relación con la medición de partículas totales en suspensión para verificar la calidad del aire con respecto a la actividad realizada por Nombre02 S.A., mismo que se mantiene pendiente como se describe en el oficio MS-DRRSCN-DARSA2-IT-3443-2021 de fecha 28 de setiembre del 2021 (folios 759 y 760) suscrito por la Licda. Diana Espinoza Navarro funcionaria de Regulación del Área Rectora de Salud Alajuela 2. SEGUNDO:… al Ing. José Miguel Zeledón Calderón, Director de la Dirección de Agua, o quien ocupe su cargo, que proceda a realizar la valoración económica del daño ambiental en relación con el incumplimiento en los límites permisibles de aguas residuales detectados por el Ministerio de Salud, por lo que se remite el reporte operacional de aguas residuales de Dirección05…”. Notificaciones visibles a folios 820 a 833 del expediente administrativo. 57. Que mediante resolución 902-23-TAA de las 14 horas 18 minutos del 20 de junio del 2023, visible a folios 834 a 835, este Tribunal procede en solicitar: “PRIMERO: … POR TERCERA VEZ al Dr. Ronald Enrique Mora Solano, Director de la Dirección Área Rectora de Salud Alajuela 2, Ministerio de Salud, o quien ocupe su cargo, que proceda a referirse al seguimiento o si se recibió el criterio técnico de la Unidad de Salud Ambiental de la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental de Ministerio de Salud en relación con el estudio perimetral de aire en establecimientos, esto para poder dar cumplimiento a la medida cautelar atípica impuesta por este Tribunal en relación con la medición de partículas totales en suspensión para verificar la calidad del aire con respecto a la actividad realizada por Nombre02 S.A., mismo que se mantiene pendiente como se describe en el oficio MS-DRRSCN-DARSA2-IT-3443-2021 de fecha 28 de setiembre del 2021 (folios 759 y 760) suscrito por la Licda. Diana Espinoza Navarro funcionaria de Regulación del Área Rectora de Salud Alajuela 2. SEGUNDO:… POR TERCERA VEZ al Ing. José Miguel Zeledón Calderón, Director de la Dirección de Agua, o quien ocupe su cargo, que proceda a realizar la valoración económica del daño ambiental en relación con el incumplimiento en los límites permisibles de aguas residuales detectados por el Ministerio de Salud, por lo que se remite el reporte operacional de aguas residuales de Nombre02 S.A. visible a folios 752 y 753..” Notificaciones visibles a folios 836 a 850 del expediente administrativo. 58. Que mediante oficio DA-UHTPCOSJ-1475-2023 del 27 de julio 2023 sin fecha de recibido en este Despacho, suscrito por Ing. Marilyn Mora Vega, Coordinadora de la Unidad Hidrológica Tárcoles-Pacífico Central de la Dirección de Agua, visible a folio 852, se emite solicitud de información (folios 752-753) para brindar respuesta a lo solicitado en resolución 902-2023-TAA. 59. Que mediante resolución 1128-23-TAA de las 09 horas del 17 de agosto del 2023, visible a folios 853 a 854, este Tribunal procede en solicitar: “PRIMERO: …POR CUARTA VEZ al Dr. Ronald Enrique Mora Solano, Director de la Dirección Área Rectora de Salud Alajuela 2, Ministerio de Salud, o quien ocupe su cargo, que proceda a referirse al seguimiento o si se recibió el criterio técnico de la Unidad de Salud Ambiental de la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental de Ministerio de Salud en relación con el estudio perimetral de aire en establecimientos, esto para poder dar cumplimiento a la medida cautelar atípica impuesta por este Tribunal en relación con la medición de partículas totales en suspensión para verificar la calidad del aire con respecto a la actividad realizada por Nombre02 S.A., mismo que se mantiene pendiente como se describe en el oficio MS-DRRSCN-DARSA2-IT-3443-2021 de fecha 28 de setiembre del 2021 (folios 759 y 760) suscrito por la Licda. Diana Espinoza Navarro funcionaria de Regulación del Área Rectora de Salud Alajuela 2. SEGUNDO:… Que visto el oficio DA-UHTPCOSJ-1475-2023 de fecha 27 de julio del 2023 suscrito por la Ing. Marilyn Mora Vega, Coordinadora de la Unidad Hidrológica Tárcoles-Pacífico Central de la Dirección de Agua, se remiten los folios 752 y 753 del expediente administrativo.” Notificaciones visibles a folios 855 a 868 del expediente administrativo. 60. Que mediante oficio MS-DRRSCN-DARSA2-1652-2023 del 25 de agosto 2023 y recibido en este Despacho el mismo día, suscrito por el Dr. Ronald Mora Solano, Director de la Dirección Área Rectora de Salud Alajuela 2 del Ministerio de Salud, visible a folios 869-879, que corresponde a la respuesta a la resolución N° 1128-23-TAA. 61. Que mediante resolución 1550-23-TAA de las 14 horas del 01 de noviembre del 2023, visible a folios 878, este Tribunal procede en solicitar: “UNICO: …POR CUARTA VEZ al Ing. José Miguel Zeledón Calderón, Director de la Dirección de Agua, o quien ocupe su cargo, que proceda a realizar la valoración económica del daño ambiental en relación con el incumplimiento en los límites permisibles de aguas residuales detectados por el Ministerio de Salud, en relación con el reporte operacional de aguas residuales de Nombre02 S.A. visible a folios 752 y 753 y remitido mediante resolución número 1128-2023-TAA de las 09 horas del 17 de agosto del 2023.” Notificaciones visibles a folios 880 a 893 del expediente administrativo. 62. Que mediante oficio DA-UHTPCOSJ-2423-2023 del 27 de noviembre 2023 y recibido en este Despacho el 28 de noviembre 2023, suscrito por Ing. Danny Olivares Rivera, Coordinador a.i. de la Unidad Hidrológica Tárcoles-Pacífico Central de la Dirección de Agua, visible a folio 894-895, se emite solicitud de información (folios 752-753) para brindar respuesta a lo solicitado. 63. Que mediante resolución 1665-23-TAA de las 09 horas 10 minutos del 08 de diciembre del 2023, visible a folios 896-897, este Tribunal procede en solicitar: UNICO: … Que revisado el oficio DA-UHTPCOSJ-2423-2023 de fecha 27 de noviembre del 2023, visible a folio 895, suscrito por el Ing. Danny Olivares Rivera, Coordinador a.i. de la Unidad Hidrológica Tárcoles-Pacífico Central de la Dirección de Agua, se indica que los folio 752 y 753 fueron remitidos mediante resolución 1128-2023-TAA de las 09 horas del 17 de agosto del 2023 (visible a folios 853 y 854) en respuesta al oficio DA-UHTPCOSJ-1475-2023 de fecha 27 de julio del 2023, misma debidamente notificada a los correos ...03 y ...04 como consta a folios 867 y 868 del presente expediente administrativo. Se remite nuevamente copia de los folios 752 y 753 correspondiente a un reporte operacional de aguas residuales. En razón de lo anterior, este Despacho solicita POR QUINTA VEZ al Ing. José Miguel Zeledón Calderón, Director de la Dirección de Agua, o quien ocupe su cargo, que proceda a realizar la valoración económica del daño ambiental en relación con el incumplimiento en los límites permisibles de aguas residuales detectados por el Ministerio de Salud, en relación con el reporte operacional de aguas residuales de Nombre02 S.A. visible a folios 752 y 753 y remitido mediante resolución número 1128-2023-TAA de las 09 horas del 17 de agosto del 2023 y adjunto a la presente.” Notificaciones visibles a folios 898 a 911 del expediente administrativo. 64. Que mediante resolución número 656-2025-TAA de las trece horas con ocho minutos del dieciséis de junio del año dos mil veinticinco, procedió a solicitar lo siguiente: “(…)ÚNICO: Ordenar al Dr. Ronald Enrique Mora Solano, en su condición de Director de la Dirección Área Rectora de Salud Alajuela 2 del Ministerio de Salud, o a quien ocupe su cargo, que proceda a remitir la certificación de calidad de agua residual de los últimos tres años así como los últimos cuatro reportes operacionales de emisiones atmosféricas de la empresa Nombre02 S.A. Lo anterior deberá cumplirse en el plazo de DIEZ DIAS naturales contados a partir del primer día hábil siguiente de notificada la presente resolución.(…)”. Folio 919. Una vez expuesto lo anterior, es importante indicarle a esta Honorable Sala Constitucional, que este Tribunal ha realizado las gestiones necesarias ante las instituciones competentes para la obtención de la información que se considera importante tener de previo a realizar una posible imputación de cargos o cualquier otra decisión respecto al caso denunciado, actuando de forma diligente en la tramitación del presente expediente administrativo, por lo cual en este momento el expediente se encuentra en etapa de investigación preliminar y a la espera del recibo del requerimiento solicitado al Ministerio de Salud. No omite este Despacho en indicar, que una vez que se cuente con toda la información necesaria y se tome una decisión al respecto se le informará a esta Sala Constitucional para su mejor proceder. (…) FUNDAMENTO DE DERECHO El presente informe se fundamenta en los artículos 1, 2, 3, 11, 59, 60, 103, 108 de la Ley Orgánica del Ambiente, artículos 214, 282, 297, 308, 311 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, artículos 11, 45 de la Ley de Biodiversidad, Decreto Ejecutivo 34136-MINAE Reglamento de Procedimientos del Tribunal Ambiental Administrativo, y los artículos 1, 2, 41, 42, 43 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. PETITORIA Con fundamento en las razones de hecho y de derecho señaladas, se solicita se tenga por atendida la gestión y rendido el informe ordenado mediante resolución de las 11 horas 12 minutos del 12 de junio del 2025, notificada el 16 de junio del 2025 en las oficinas del Tribunal Ambiental Administrativo y consecuentemente se solicita que se declare sin lugar el recurso de amparo interpuesto por Sr. Nombre01, cédula de identidad CED07 que se tramita bajo expediente número 25-16364-0007-CO y sin especial condenatoria en costas”. 

6.- Por escrito incorporado al expediente digital el 19 de junio de 2025, informa bajo juramento Maureen Solís Retana y Ana Gómez de la Fuente Quiñónez, por su orden, presidenta y vicepresidenta a. i., ambas del TAA, en el mismo sentido que en el escrito incorporado al expediente digital el 18 de junio de 2025.

7.- Por escrito incorporado al expediente digital el 19 de junio de 2025, el recurrente expone: “respetuosamente solicito se le aperciba a la empresa recurrida el presentar la viabilidad ambiental otorgada por la Setena para operar como industria de matadero y procesamiento de carnes. Desde el año 2018 se viene alegando que la misma no cuenta con la misma, en todo caso es un deber de la empresa el comprobar su existencia ante las autoridades que la requieran, tales como el ministerio de salud, o las municipalidades, para prorrogar los permisos respectivos; incluida, por supuesto, la Sala Constitucional. Resultando que si carece de la misma, conforme se solicitó en las medidas cautelares, lo correspondiente es el cierre inmediato de la planta o instalaciones. Se hace ver que, según jurisprudencia de la misma Sala Constitucional, aunque la empresa sea anterior a la Ley del Ambiente del año 1995, no se la exime de contar con dicha viabilidad ambiental (debiendo elaborar el EDA, el PAA y aprobado este obtener la viabilidad ambiental. Todo según se pasa a exponer:  Requisitos de Evaluación de Impacto Ambiental en Costa Rica: Obligaciones para Industrias Existentes y Nuevas:  La legislación ambiental de Costa Rica establece un marco robusto para la evaluación y control del impacto de las actividades humanas en el medio ambiente. Este documento detalla las normativas clave y las obligaciones específicas para las industrias, tanto las de nueva creación como las que preexisten a la promulgación de estas leyes.  Marco Legal Principal Las principales normas y leyes que establecen la necesidad de revisar y aprobar la actividad, y de presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) en Costa Rica, son las siguientes:  Ley Orgánica del Ambiente (Ley N° 7554): Esta ley fundamental, promulgada en 1995, sienta las bases para la evaluación del impacto ambiental de diversas actividades, obras o proyectos.  Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (Decreto Ejecutivo N° 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC): Publicado el 28 de junio de 2004, este cuerpo normativo central regula específicamente los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Detalla qué tipo de actividades requieren someterse a este proceso, los instrumentos de evaluación (como el EsIA, D1, D2) y los pasos para obtener la viabilidad ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).  Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (Decreto Ejecutivo N° 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC): Este decreto ejecutivo, más reciente y publicado en 2023, actualiza y complementa el marco normativo sobre la evaluación, control y seguimiento ambiental, derogando y sustituyendo al decreto anterior.  En general, cualquier actividad, obra o proyecto que por su magnitud o características pueda generar un impacto significativo en el ambiente, deberá someterse a un proceso de Evaluación de Impacto Ambiental ante SETENA para obtener la viabilidad (licencia) ambiental correspondiente. El EsIA es uno de los instrumentos técnicos clave dentro de este proceso para proyectos con impactos potenciales más elevados.  Obligaciones para Industrias de Matadero y Procesamiento de Carnes Una industria de matadero y procesamiento de carnes en Costa Rica requiere obligatoriamente una evaluación ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), debido a sus potenciales impactos ambientales significativos.  ¿Por qué se considera de alto impacto?  SETENA exige un estudio riguroso porque los mataderos y procesadoras generan una serie de impactos ambientales importantes, tales como:  Generación de Aguas Residuales: Grandes volúmenes con alta carga orgánica y química, que requieren tratamiento complejo.  Generación de Residuos Sólidos: Incluyen orgánicos (partes no comestibles, estiércol) y ordinarios, cuya gestión inadecuada puede causar contaminación y atraer plagas.  Emisiones Atmosféricas: Olores ofensivos que afectan a las comunidades cercanas.  Consumo de Recursos: Alto consumo de agua y energía.  Impacto Sanitario: Riesgos para la salud pública si el manejo es deficiente.  El proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) El proceso general ante SETENA incluye:  Presentación de la Propuesta: El desarrollador del proyecto debe presentar la iniciativa a SETENA.  Elaboración del EsIA: Un equipo de consultores ambientales registrados realiza el estudio, que analiza todos los posibles impactos (físicos, biológicos y socioeconómicos) y propone un Plan de Gestión Ambiental (PGA).  Plan de Gestión Ambiental (PGA): Detalla las medidas de prevención, mitigación y compensación para cada impacto identificado, incluyendo manejo de aguas residuales, residuos sólidos, control de olores, seguridad laboral, etc.  Evaluación de SETENA: La secretaría revisa el estudio y emite una resolución.  Otorgamiento de la Viabilidad Ambiental: Si la evaluación es positiva, SETENA otorga la Licencia de Viabilidad Ambiental, requisito indispensable para otros permisos (construcción, sanitario de funcionamiento).  Situación de Industrias Preexistentes a la Ley de Ambiente (1995) La circunstancia de que una empresa, como una industria de matadero y procesamiento de carnes a nivel industrial, haya iniciado operaciones con anterioridad a la Ley Orgánica del Ambiente (Ley N° 7554) de 1995, no la exime de cumplir con las normativas ambientales vigentes. Sin embargo, el mecanismo de cumplimiento difiere: 1. Obligación de un Plan de Adecuación Ambiental (PAA) No se exige un EsIA retroactivamente: El EsIA es un instrumento preventivo y previo para nuevos proyectos. Por lo tanto, no se le puede exigir retroactivamente a una industria que ya operaba legalmente antes de que la ley existiera.  La alternativa es el PAA: Para estas industrias, el marco regulatorio costarricense exige un Estudio de Diagnóstico Ambiental (EDA) que conduce a un Plan de Adecuación Ambiental (PAA).  El EDA identifica cómo opera la planta, los residuos y emisiones que genera, y sus impactos actuales, comparando su desempeño con la normativa vigente.  El PAA es el plan calendarizado que la empresa debe implementar para corregir, mitigar y controlar sus impactos negativos y así cumplir con los estándares ambientales actuales (ej. construir o mejorar una planta de tratamiento, instalar filtros, implementar un plan de manejo de residuos sólidos).  Aprobación de SETENA: Una vez que SETENA aprueba este Plan de Adecuación, otorga a la empresa la Viabilidad (o Licencia) Ambiental de Operación, certificando que la empresa se ha comprometido a operar de manera ambientalmente responsable.  2. El Rol de los Permisos Anteriores (Municipalidad y Ministerio de Salud) Si la industria ya contaba con permisos de funcionamiento de la Municipalidad (patente) y del Ministerio de Salud antes de la Ley de Ambiente de 1995, es crucial entender lo siguiente:  Independencia de Permisos: Estos permisos se rigen por el principio de independencia; cada uno evalúa aspectos diferentes (uso de suelo, salud pública, impacto ambiental integral). Uno no sustituye al otro.  Requisito de la Viabilidad Ambiental: La legislación actual y la jurisprudencia han establecido que la Viabilidad Ambiental de SETENA es un requisito previo e indispensable para obtener o renovar tanto el Permiso Sanitario de Funcionamiento como la patente municipal.  Obligatoriedad de Regularización: Por lo tanto, aunque la industria tuviera sus permisos municipales y de salud desde antes de 1995, al momento de renovarlos, o si realiza cualquier modificación o ampliación, las autoridades (Salud y la Municipalidad) le exigirán presentar la Viabilidad Ambiental de SETENA vigente. Si no la tiene, se activaría la obligación de iniciar el proceso de Adecuación Ambiental para regularizar su situación.  3. El Deber de Cumplir y Demostrar Deber de Cumplir: La aprobación del PAA por SETENA es un compromiso legal y vinculante. El deber principal de la empresa es ejecutar activamente todas las acciones y mejoras prometidas en el PAA dentro de los plazos establecidos. Esto implica realizar inversiones, implementar nuevos procesos, llevar a cabo monitoreos y mantener registros que evidencien el cumplimiento.  Deber de Demostrar: La carga de la prueba recae sobre la empresa. Es su deber ineludible presentar la Resolución emitida por SETENA que aprueba el Plan de Adecuación y otorga la Viabilidad Ambiental de Operación ante cualquier autoridad que legalmente lo requiera. Este documento es un requisito sine qua non (indispensable) en escenarios como:  Renovación del Permiso Sanitario de Funcionamiento ante el Ministerio de Salud.  Renovación de la Patente Comercial ante la Municipalidad.  Solicitudes de crédito ante instituciones financieras. Requerimientos de clientes corporativos, especialmente para exportación. En resumen, una industria preexistente no está exenta de responsabilidad ambiental. No se le aplica la ley retroactivamente, pero sí se le exige que se "ponga al día" con la normativa actual a través de un Plan de Adecuación para poder seguir operando legalmente a largo plazo. No tener o no presentar la Viabilidad Ambiental de SETENA resultará en el bloqueo de sus permisos de salud y municipales, lo que podría llevar a la orden de cierre de la planta.  EN CONSECUENCIA: Se reitera la petición de solicitar al recurrido el mostrar el permiso o viabilidad ambiental al día, expedido por la SETENA, esto en un término prudencial y breve que determine la Sala. Con ello se logrará comprobar si, como se denunció, la empresa no cuenta con el mismo, menos con las ampliaciones y construcciones que, desde el inicio de operaciones, se han realizado en el lugar (invadió zona de protección de río, etc.).”.

8.- Por escrito incorporado al expediente digital el 20 de junio de 2025, se aporta prueba.

9.- Por escrito incorporado al expediente digital el 21 de junio de 2025, el recurrente manifiesta: “PRIMERO:  Del expediente en el Tribunal Ambiental y del informe que brinda el Ministerio de Salud, se desprende el siguiente: Historial de Intervenciones de las Autoridades de Salud: Nombre02 S. A. (2013-Presente). Este informe demuestra que, desde el año 2013 y hasta la fecha (abril de 2025), se han constatado daños ambientales de forma reiterada por residuos en el aire y contaminantes en el agua, los que a la fecha, se repite, persisten. Las órdenes emitidas han sido insuficientes o incumplidas por parte de la empresa. También se coligue que la empresa de que funciona como matadero y procesadora de carne no cuenta siquiera con expediente, o viabilidad ambiental por la Setena. Por último, a pesar de denuncias de consecuencias en la salud de los vecinos, producto de los gases y olores, el Ministerio de Salud ni investigo, más bien exigió al recurrente pruebas, o dictámenes médicos, que establecieran la relación causal, dejando de lado el principio precautorio.  Como se pasa a explicar, de seguido:  Introducción Desde hace más de una década, la empresa Nombre02 S.A., ubicada en San Rafael de Alajuela, ha sido objeto de denuncias y acciones por parte de las autoridades de salud y ambientales debido a afectaciones relacionadas con malos olores y el manejo de aguas residuales. Esta situación ha generado una "lucha constante" por parte de los vecinos de la comunidad de La Canadá, quienes han reportado impactos en su calidad de vida y salud. La intervención de diversas entidades, incluyendo el Ministerio de Salud y el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), ha sido recurrente en un esfuerzo por mitigar estos problemas.  1. El Inicio de las Intervenciones: Denuncia de 2013 y el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) La problemática se remonta al 12 de septiembre de 2013, cuando la Asociación de Vecinos Pro-Defensa del Barrio La Cañada interpuso una denuncia formal por "molestias de malos olores" directamente relacionadas con la actividad del Nombre02 S.Nombre04.. Esta denuncia fue asignada al Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) bajo el expediente número 285-13-03.  En respuesta a esta denuncia inicial, el Ministerio de Salud, a través de su nivel Regional, atendió la situación y emitió "actos administrativos" para que el matadero corrigiera su operación. Paralelamente, el TAA, mediante la Resolución N°1024-13-TAA, solicitó a la Dirección Regional de Salud información detallada sobre los reportes operacionales del matadero, incluyendo el manejo de aguas residuales, emisiones y el sistema de control de olores. Esto demuestra que, desde el inicio, las autoridades reconocieron la necesidad de abordar tanto la contaminación del aire (malos olores) como la gestión de aguas residuales.  2. Continuidad de las Acciones Administrativas y Órdenes Sanitarias (2018-2023) A lo largo de los años, el seguimiento a la situación del Nombre02 ha sido constante, resultando que se ha constatado en cantidad de ocasiones dadas las irregularidades o incumplimiento constatadas en las normativas relacionadas con las emisiones de gases y contaminación de aguas. Ordenes que, como se ve, pese a su reiteración y duración en el tiempo, no han hecho posible la eliminación de los problemas de contaminación de agua y del aire (o malos olores).  2018: Tras inspecciones conjuntas realizadas en septiembre de 2018, se detectaron "oportunidades de mejora" en las condiciones administrativas y operativas del matadero. Esto llevó a la emisión de dos actos administrativos por parte del Ministerio de Salud: las órdenes sanitarias OS-CN-ARS-A2-065-2018 y OS-CN-ARS A2-0146-2018. El informe no detalla el cumplimiento específico de estas dos órdenes, pero indica que se buscaban mejoras.  2021: La intervención del TAA se intensificó en 2021. Mediante la orden sanitaria MS-DRRSCN-DARSA2-OS 0254-2021, el Ministerio de Salud solicitó al matadero que costeara muestreos de aguas residuales (sistema de tratamiento), emisiones atmosféricas (caldera) y un estudio perimetral de partículas, como parte de una medida cautelar atípica ordenada por el TAA. Posteriormente, se emitió la orden sanitaria MS-DRRSCN-DARSA2-OS 0349-2021 debido a que cuatro parámetros no fueron cumplidos en los muestreos de aguas residuales y emisiones atmosféricas. El Ministerio de Salud recibió reportes sobre el avance del plan de acciones correctivas y los comunicó al TAA.  2023: En un esfuerzo por abordar directamente el problema de los olores, el Ministerio de Salud emitió la orden sanitaria MS-DRRSCN-DARSA2-OS-0151-2023. Esta orden solicitó mejoras al sistema de tratamiento y control de olores (STO) del matadero. Como resultado, el STO recibió mantenimiento, se eliminaron fugas de gases y se renovaron piezas del sistema. El Ministerio de Salud ha afirmado que, desde estas mejoras, el STO funciona adecuadamente y las denuncias por malos olores disminuyeron significativamente, registrándose solo dos en 2024, sin percepción de olores desagradables en las inspecciones.  3. La Intervención Más Reciente (Abril 2025) La persistencia de las preocupaciones ambientales se evidenció nuevamente en abril de 2025. Tras una inspección realizada el 3 de abril y un muestreo de aguas residuales, el Ministerio de Salud emitió la orden sanitaria MS-DRRSCN-DARSA2-OS-0068-2025 al Nombre02 S.A..  Esta orden se emitió específicamente por "contaminación y malos olores" y deficiencias en el funcionamiento del sistema de tratamiento de aguas residuales (STAR) y el manejo general de residuos. Las obligaciones impuestas incluyen:  Presentar un plan de manejo de olores para evitar afectaciones a la comunidad.  Entregar un levantamiento técnico y un plan de acciones correctivas para el STAR.  Mantener los alrededores del establecimiento libres de residuos y materiales en desuso.  Al momento del informe del Ministerio de Salud (junio de 2025), esta orden se encuentra "actualmente en plazo de cumplimiento".  SEGUNDO: En lo que a los malos olores se refiere.  a) El informe del Ministerio de Salud indica:  El recurrente, Nombre01, afirma en su recurso de amparo que los vecinos del Dirección01 han reportado problemas de salud como "temas respiratorios, irritaciones de piel y mucosas, malestares gastrointestinales, estrés y ansiedad, asociados a la presencia de olores desagradables" debido a la actividad de la empresa.  Postura del Ministerio de Salud: El Ministerio de Salud, en su informe, declara que a la fecha no hay evidencias que demuestren relación directa entre los olores emitidos por la empresa y los problemas de salud pública alegados. Además, señala que el recurrente no adjuntó dictamen médico asociado a las enfermedades mencionadas y que, tras la revisión del expediente administrativo, no se lograron evidenciar denuncias previas sobre este tema por parte del recurrente antes de la interposición del recurso de amparo.  Estudios de Calidad del Aire (solicitados por TAA): Se menciona que el TAA solicitó y se realizaron muestreos de "emisiones atmosféricas (caldera) y un estudio perimetral de partículas totales en suspensión (PTS), partículas menores o iguales a 10 micrómetros, 2,5 micrómetros, y gases" en al menos cuatro puntos. Sin embargo, el Ministerio de Salud indicó que no pudo brindar un criterio de cumplimiento sobre este estudio perimetral debido a que la normativa sugerida por el TAA (Reglamento de Calidad del Aire para Contaminantes Criterio, DE-39951-S) es exclusiva para la Red Nacional de Monitoreo de Calidad del Aire, administrada por otra Dirección del mismo Ministerio. En resumen, aunque el recurrente alegó afectaciones a la salud, el Ministerio de Salud, en su informe, indicó que no encontró evidencia directa de relación entre los olores y los problemas de salud reportados por los vecinos, y que no se adjuntaron dictámenes médicos. Además, la evaluación de los estudios de calidad del aire solicitados por el TAA tuvo limitaciones normativas por parte del Ministerio de Salud para emitir un criterio de cumplimiento.  b) Análisis del informe del Ministerio de Salud en lo que toca a los malos olores o gases.  1) Se indica en el informe que en el expediente administrativo no consta la existencia de denuncia alguna por parte del recurrente, o de persona alguna, previa al presente amparo, que refiera la existencia de los malos olores o gases y su relación con la aparición de enfermedades o afectación a la salud de los vecinos. Sin embargo ocultan, omiten decir, que en el expediente ante el Tribunal Ambiental desde el año 2013 se vienen informando y denunciando la presencia de estos malos olores, o gases, que ya desde entonces se les ha pedido por el Tribunal informes por ello.   2) Del informe rendido por el Ministerio de Salud, así como de la prueba técnica aportada al Tribunal Ambiental, se infiere que los controles que ha ejercido el Ministerio de Salud sobre la emisión de gases, ha sido deficiente, por años, alegan una imposibilidad normativa, incumpliendo normativa tan relevante como lo es el protocolo de Kioto sobre la producción o regulación de gases de invernadero, que fue suscrito por Costa Rica, o por si fuera poco, la ausencia de viabilidad ambiental para la actividad. Existe en el expediente un informe técnico vertido por el perito Químico: Luis Ricardo Charpentier Soto. Responsable técnico RRRO-011-17-AR, que fue ofrecido como prueba en este recurso, en el que se indica, de forma resumida, lo siguiente: “Este informe técnico, elaborado a solicitud de los vecinos de Condominio La Cañada, detalla los hallazgos tras la revisión del expediente administrativo de Matadero del Valle, S.A. en el Área Rectora de Salud Alajuela 2, con el objetivo de evaluar las quejas por malos olores.  1. Incumplimientos Técnicos y Legales El informe identifica varias deficiencias clave responsables de la mala gestión de aguas residuales y la generación de malos olores:  Tecnología Obsoleta: El sistema de tratamiento de aguas residuales utiliza lagunas anaeróbicas, una tecnología antigua que emite metano (CH) y sulfuro de hidrógeno (H 2 S), gases asociados a malos olores y efectos invernadero. Sobrecarga y Mantenimiento Deficiente: Las lagunas están sobrecargadas por la alta carga contaminante, lo que agrava el problema de los olores, y su mantenimiento ha sido constatado como inadecuado por el Ministerio de Salud en varias ocasiones.  Manejo Inapropiado de Lodos: El manejo de los lodos (biosólidos) es deficiente, incumpliendo el Decreto Ejecutivo 39316-S, ya que no se clasifica el tipo de biosólido ni las condiciones del terreno de disposición. Se ha constatado la disposición de lodos sin tratar como "abono orgánico" en potreros, lo cual es incorrecto.  Diseño Deficiente del Sistema de Olores: El diseño, control operativo y mantenimiento del sistema de eliminación de malos olores de la planta de subproductos cárnicos son inadecuados, resultando en la liberación de partículas de harina y malos olores a las áreas cercanas.  2. Falta de Supervisión del Ministerio de Salud El informe evidencia una supervisión deficiente por parte del Ministerio de Salud:  Inacción ante Incumplimientos: No se han solicitado planes de acciones correctivas o los planes presentados no abordan los parámetros fuera de norma en los reportes operacionales de la empresa.  Deficiencias Documentales: Se detectaron errores y omisiones en la memoria de cálculo y manuales de operación y mantenimiento presentados por la empresa (ej. falta de planos catastrados, cálculos erróneos, lagunas en áreas protegidas), sin que el Ministerio exigiera correcciones adecuadas o verificara la información.  Exclusión de Fuentes de Olor: El Ministerio de Salud ha excluido persistentemente las lagunas anaeróbicas como fuente de malos olores, centrándose únicamente en las chimeneas y la planta de subproductos.  Falta de Viabilidad Ambiental: No se corroboró la obtención de la viabilidad ambiental para el proyecto de eliminación de olores antes de su aprobación.  Ausencia de Acreditación de Sistema de Olores: A la fecha del informe, no hay evidencia en el expediente que acredite la instalación y operación efectiva del sistema de eliminación de olores, a pesar de que los malos olores y la emisión de partículas persisten.  3. Inconvenientes de la Tecnología de Lagunas Anaeróbicas La tecnología de lagunas anaeróbicas no es adecuada para zonas pobladas:  Generación de Olores: Produce sulfuro de hidrógeno (H 2S), un gas que causa malos olores perceptibles en los alrededores, y cuya concentración y, por tanto, la intensidad del olor, varían significativamente con factores meteorológicos como la velocidad del viento y la temperatura.  Emisión de Gases de Efecto Invernadero: Las lagunas generan metano (CH 4), un potente gas de efecto invernadero regulado por el Protocolo de Kioto (suscrito por Costa Rica), lo cual representa un incumplimiento de los compromisos ambientales del país. Se calcula que las lagunas han emitido un promedio de 300 m 3 (200 kg) de metano por día, con una tendencia creciente. La cantidad acumulada de metano emitida entre 2002 y 2019 se estima en 1.1532 kton de metano, equivalente a 71.4984 kton de dióxido de carbono (CO 2).  4. Emisiones de la Planta de Subproductos Cárnicos La planta de subproductos (rendering) genera gases y vapores orgánicos con olores desagradables. A pesar de una orden sanitaria de 2006 para implementar un sistema de tratamiento de olores, la documentación es incompleta y no hay constancia de la instalación o funcionamiento efectivo de dicho sistema, lo que contribuye a la persistencia de los olores.  5. Conclusiones Generales del Informe El informe concluye que:  Las lagunas anaeróbicas emiten metano y sulfuro de hidrógeno, superando este último el umbral de detección olfativa.  El sistema de eliminación de olores de la planta de subproductos es insuficiente, dispersando gases y partículas.  La combinación de olores de ambas fuentes agrava la molestia.  La percepción de malos olores aumenta con la disminución de la temperatura del aire.  El control operativo de las lagunas y la supervisión del Ministerio de Salud son deficientes, incluyendo la omisión de las lagunas como fuente de olor, el seguimiento de reportes, el manejo de lodos y la evaluación de la información.  El Ministerio de Salud ha omitido su obligación de colaborar con el compromiso de Costa Rica de reducir las emisiones de metano bajo el Protocolo de Kioto.  Es decir, si hay normativa nacional e internacional, que establece parámetros o máximos de medida de los gases. Si hay forma de medirlo, etc. Se reitera la falencia del Ministerio de Salud, permisividad, en fin el incumplimiento de garantizar a la población un ambiente sano.  3) Refiere el informe del Ministerio de Salud que Asimismo, el Ministerio de Salud ha indicado que, a la fecha de su informe, no hay "evidencias que demuestren una relación directa" entre los problemas de salud alegados por los vecinos (afecciones respiratorias, irritaciones, malestares gastrointestinales, estrés y ansiedad) y los olores emitidos por la empresa. Sin embargo, la jurisprudencia de la Sala Constitucional, como la Sentencia N° 2020-2957, establece que no es responsabilidad del ciudadano identificar al contaminador o proporcionar pruebas científicas exhaustivas del daño, sino que es obligación de la administración verificar el problema y abordarlo. Lo que implica por parte del Ministerio de Salud un incumplimiento al principio precautorio, así como fallos varios de la jurisprudencia constitucional. Lesionando el derecho a un ambiente sano.  La no necesidad de que el administrado aporte pruebas de la relación entre los problemas de salud y la emisión de gases, y el hecho de que sea la administración quien deba determinarlo, tiene una relación directa con el Principio Precautorio y con la jurisprudencia de la Sala Constitucional al respecto.  Principio Precautorio: Este principio exige la adopción de medidas preventivas cuando existe una duda razonable sobre la posibilidad de un daño ambiental, incluso en ausencia de certeza científica completa. En el contexto de los malos olores y emisiones de gases, si existe una sospecha o queja razonable de que están causando un perjuicio (ambiental o a la salud), la autoridad debería actuar preventivamente, investigando y solicitando medidas, en lugar de esperar la prueba irrefutable del daño.  Desplazamiento de la Carga de Investigación: La Sentencia N° 2020-2957 de la Sala Constitucional, es un claro ejemplo de esto. Dicho fallo estableció que el Ministerio de Salud tiene la obligación de investigar y abordar denuncias ambientales (incluyendo aguas residuales y malos olores) incluso si el denunciante no identifica a la parte responsable de la contaminación. Esto significa que la carga de la prueba o de la investigación recae en la administración. El ciudadano no está obligado a ser un experto o a realizar estudios complejos para activar el deber de investigación de las autoridades.  Vinculación con la Salud Pública: Aunque el informe del Ministerio de Salud sobre Matadero del Valle, S.A. indicara que no había evidencia directa de la relación entre los olores y los problemas de salud reportados (y que el recurrente no adjuntó dictámenes médicos), la jurisprudencia de la Sala Constitucional, como la Sentencia N° 2020-2957, empodera a los ciudadanos y obliga a las autoridades a investigar la queja ambiental que, por su naturaleza (como los malos olores), puede afectar la salud y el ambiente, incluso si la prueba específica de la causalidad directa en la salud individual aún no es definitiva por parte del afectado.  En resumen, el Principio Precautorio, en conjunto con la interpretación que la Sala Constitucional ha hecho del derecho a un ambiente sano, implica que las autoridades tienen el deber de investigar y actuar ante una amenaza o una queja ambiental creíble (como malos olores y emisiones), sin que el administrado deba proveer pruebas científicas concluyentes del daño o de la relación causal directa con problemas de salud. Es la administración la que debe activar sus mecanismos de verificación y, en su caso, exigir las medidas correctivas.  4) Ha quedado acreditado que la empresa recurrida, nunca ha contado con viabilidad ambiental para la operación como matadero y procesadora de carne, ni siquiera hay un expediente en la SETENA, al respecto se puede consultar el correo electrónico aportado como prueba para mejor resolver. El Ministerio de salud y la SETENA, en resguardo del derecho a un ambiente sano, deben laborar en forma coordinada según el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental y la Ley General de Salud los documentos fundamentales que rigen esta coordinación. El Ministerio de Salud, al emitir permisos o realizar inspecciones, tiene la facultad y el deber de verificar que los proyectos cumplan con las condiciones ambientales establecidas por SETENA que impactan la salud de la población. No obstante, pese a que hay evidencia de que la empresa no cuenta con viabilidad ambiental alguna, el Ministerio de Salud, pese a las denuncias múltiples e inspecciones, nunca ha procedido a cerrar la empresa, como corresponde y en tanto no cuente con dicha viabilidad ambiental. En efecto, tal y como lo indicamos al solicitar prueba para mejor resolver.  Marco Legal Principal Las principales normas y leyes que establecen la necesidad de revisar y aprobar la actividad, y de presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) en Costa Rica, son las siguientes:  Ley Orgánica del Ambiente (Ley N° 7554): Esta ley fundamental, promulgada en 1995, sienta las bases para la evaluación del impacto ambiental de diversas actividades, obras o proyectos.  Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (Decreto Ejecutivo N° 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC): Publicado el 28 de junio de 2004, este cuerpo normativo central regula específicamente los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Detalla qué tipo de actividades requieren someterse a este proceso, los instrumentos de evaluación (como el EsIA, D1, D2) y los pasos para obtener la viabilidad ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).  Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (Decreto Ejecutivo N° 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC): Este decreto ejecutivo, más reciente y publicado en 2023, actualiza y complementa el marco normativo sobre la evaluación, control y seguimiento ambiental, derogando y sustituyendo al decreto anterior.  En general, cualquier actividad, obra o proyecto que por su magnitud o características pueda generar un impacto significativo en el ambiente, deberá someterse a un proceso de Evaluación de Impacto Ambiental ante SETENA para obtener la viabilidad (licencia) ambiental correspondiente. El EsIA es uno de los instrumentos técnicos clave dentro de este proceso para proyectos con impactos potenciales más elevados.  Obligaciones para Industrias de Matadero y Procesamiento de Carnes Una industria de matadero y procesamiento de carnes en Costa Rica requiere obligatoriamente una evaluación ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), debido a sus potenciales impactos ambientales significativos.  ¿Por qué se considera de alto impacto?  SETENA exige un estudio riguroso porque los mataderos y procesadoras generan una serie de impactos ambientales importantes, tales como:  Generación de Aguas Residuales: Grandes volúmenes con alta carga orgánica y química, que requieren tratamiento complejo.  Generación de Residuos Sólidos: Incluyen orgánicos (partes no comestibles, estiércol) y ordinarios, cuya gestión inadecuada puede causar contaminación y atraer plagas.  Emisiones Atmosféricas: Olores ofensivos que afectan a las comunidades cercanas.  Consumo de Recursos: Alto consumo de agua y energía.  Impacto Sanitario: Riesgos para la salud pública si el manejo es deficiente.  El proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) El proceso general ante SETENA incluye:  Presentación de la Propuesta: El desarrollador del proyecto debe presentar la iniciativa a SETENA.  Elaboración del EsIA: Un equipo de consultores ambientales registrados realiza el estudio, que analiza todos los posibles impactos (físicos, biológicos y socioeconómicos) y propone un Plan de Gestión Ambiental (PGA).  Plan de Gestión Ambiental (PGA): Detalla las medidas de prevención, mitigación y compensación para cada impacto identificado, incluyendo manejo de aguas residuales, residuos sólidos, control de olores, seguridad laboral, etc.  Evaluación de SETENA: La secretaría revisa el estudio y emite una resolución.  Otorgamiento de la Viabilidad Ambiental: Si la evaluación es positiva, SETENA otorga la Licencia de Viabilidad Ambiental, requisito indispensable para otros permisos (construcción, sanitario de funcionamiento).  Situación de Industrias Preexistentes a la Ley de Ambiente (1995) La circunstancia de que una empresa, como una industria de matadero y procesamiento de carnes a nivel industrial, haya iniciado operaciones con anterioridad a la Ley Orgánica del Ambiente (Ley N° 7554) de 1995, no la exime de cumplir con las normativas ambientales vigentes. Sin embargo, el mecanismo de cumplimiento difiere:  1. Obligación de un Plan de Adecuación Ambiental (PAA) No se exige un EsIA retroactivamente: El EsIA es un instrumento preventivo y previo para nuevos proyectos. Por lo tanto, no se le puede exigir retroactivamente a una industria que ya operaba legalmente antes de que la ley existiera. La alternativa es el PAA: Para estas industrias, el marco regulatorio costarricense exige un Estudio de Diagnóstico Ambiental (EDA) que conduce a un Plan de Adecuación Ambiental (PAA).  El EDA identifica cómo opera la planta, los residuos y emisiones que genera, y sus impactos actuales, comparando su desempeño con la normativa vigente.  El PAA es el plan calendarizado que la empresa debe implementar para corregir, mitigar y controlar sus impactos negativos y así cumplir con los estándares ambientales actuales (ej. construir o mejorar una planta de tratamiento, instalar filtros, implementar un plan de manejo de residuos sólidos).  Aprobación de SETENA: Una vez que SETENA aprueba este Plan de Adecuación, otorga a la empresa la Viabilidad (o Licencia) Ambiental de Operación, certificando que la empresa se ha comprometido a operar de manera ambientalmente responsable.  2. El Rol de los Permisos Anteriores (Municipalidad y Ministerio de Salud) Si la industria ya contaba con permisos de funcionamiento de la Municipalidad (patente) y del Ministerio de Salud antes de la Ley de Ambiente de 1995, es crucial entender lo siguiente: Independencia de Permisos: Estos permisos se rigen por el principio de independencia; cada uno evalúa aspectos diferentes (uso de suelo, salud pública, impacto ambiental integral). Uno no sustituye al otro.  Requisito de la Viabilidad Ambiental: La legislación actual y la jurisprudencia han establecido que la Viabilidad Ambiental de SETENA es un requisito previo e indispensable para obtener o renovar tanto el Permiso Sanitario de Funcionamiento como la patente municipal.  Obligatoriedad de Regularización: Por lo tanto, aunque la industria tuviera sus permisos municipales y de salud desde antes de 1995, al momento de renovarlos, o si realiza cualquier modificación o ampliación, las autoridades (Salud y la Municipalidad) le exigirán presentar la Viabilidad Ambiental de SETENA vigente. Si no la tiene, se activaría la obligación de iniciar el proceso de Adecuación Ambiental para regularizar su situación.  CONCLUSIONES DEL INFORME:  Por más de diez años se han lanzado residuos a las aguas del río en límites más allá de lo permitido, el Ministerio de Salud constando la existencia de esta irregularidad, ha emitido, a partir del año 2018, seis ordenes, a los efectos de corregir los vertidos y tratar de que se mantengan en los límites de ley. En esas órdenes, así como desde el año 2013, también se ha constatado la existencia de malos olores, lanzamiento de gases, como el metano, azufre y otros al aire, en límites que producen repercusiones en el ambiente, generándose en las órdenes propuestas de mejoramiento y reducción. Las irregularidades y afectaciones al ambiente, dados los excesos en desechos en los vertidos, más allá del límite legal, han sido constatados, reiteradamente a través de los años, produciendo graves afectaciones al cuerpo acuífero al que son lanzados. El aire, la atmósfera en general, ha sufrido también graves aumentos de gases como el metano, azufre, u otros, provocando malos olores, incomodidad a los vecinos. Siendo la última orden del Ministerio de Salud del mes de abril de este año, orden que se emite, dada la constatación de daños al cuerpo de agua en que son lanzados los vertidos o desechos y los malos olores, o emisión excesiva de gases. Los vecinos han soportado por muchísimos años esta situación, pese a las múltiples quejas y búsqueda de una solución a los efectos de resguardar su derecho a la salud y un ambiente sano, misma que el Estado, o el Ministerio de Salud, no ha brindado. Incluso el Ministerio de Salud, ante afirmaciones de los vecinos en el sentido de que los olores o gases les han provocado trastornos en su salud varios, como ansiedad, vómito, u otros, incumpliendo el principio precautorio, informa que no se ha demostrado, o aportado por el recurrente, pruebas, o dictámenes médicos al respecto, simplemente afirman que no se ha comprobado un nexo de causalidad entre los olores o gases y los percances de salud que dicen sufrir. Van a seguir las órdenes del Ministerio de Salud y el problema, evidentemente, va a continuar. El Ministerio de Salud, por si fuera poco, no ha exigido, o constatado, la viabilidad ambiental del Nombre02 S.A., pese a todos estos años, ordenes sanitarias, inspecciones y quejas, pese a que se ha hecho ver en los expedientes la ausencia de la misma. Es imperativo que la Sala Constitucional ordene al Ministerio de Salud el cerrar o prohibir el funcionamiento de la empresa, hasta tanto no cuente con la viabilidad ambiental requerida. Ya el recurrente y los vecinos tienen mucho más de diez años de padecer por la contaminación del aire y de las aguas, el Estado, propiamente el Ministerio de Salud, ha evidenciado una incapacidad evidente, palmaria (…)”.

10.- Por escrito incorporado al expediente digital el 4 de julio de 2025, el recurrente manifiesta: “OBJETO: Ampliación y adición del recurso de amparo, con fundamento en hechos nuevos y en la reciente Opinión Consultiva OC-32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre emergencia climática. I. HECHOS NUEVOS Emisión de Opinión Consultiva OC-32/25 (julio 2025) La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la Opinión Consultiva OC32/25, en la que: Reconoce el derecho humano a un clima sano, derivado del derecho a un ambiente sano. Establece como jus cogens ambiental la prohibición de causar daños masivos e irreversibles al ambiente. Impone a los Estados obligaciones de prevención, regulación y adaptación para garantizar el derecho a un clima y ambiente sano. Reconoce a la Naturaleza como sujeto de derechos, obligando a los Estados a su protección, independientemente de su afectación directa a personas. Persistencia de contaminación ambiental por Nombre02 S.A. (2013-2025) Del Historial de Intervenciones del Ministerio de Salud y del informe técnico del perito químico Luis Ricardo Charpentier Soto, se constata que: Desde 2013 existen denuncias y constataciones de emisión de gases, malos olores y contaminación de aguas residuales por parte de la empresa, situación que persiste en 2025. El sistema de tratamiento de aguas residuales utiliza lagunas anaeróbicas obsoletas, generando metano y sulfuro de hidrógeno, gases contaminantes y de efecto invernadero. Se han dispuesto lodos sin tratamiento como abono, incumpliendo el Decreto Ejecutivo 39316-S. No se ha exigido viabilidad ambiental ni se han corregido deficiencias pese a reiteradas órdenes sanitarias. Inobservancia del principio precautorio El Ministerio de Salud se ha limitado a exigir dictámenes médicos a los denunciantes para acreditar el daño en salud, sin aplicar el principio precautorio ni investigar activamente la relación entre los olores, gases y enfermedades reportadas (problemas respiratorios, irritaciones, gastrointestinales, estrés y ansiedad). Impacto climático global y local La emisión de metano y otros gases de efecto invernadero por parte del matadero contribuye al cambio climático, contraviniendo las obligaciones internacionales asumidas por Costa Rica mediante el Protocolo de Kioto y las directrices reforzadas por la Opinión Consultiva OC-32/25. II. FUNDAMENTO DE DERECHO Constitución Política: Artículos 21 (derecho a la vida), 50 (derecho a un ambiente sano), 27 y 41 (pronta respuesta y justicia en plazo razonable). Convención Americana sobre Derechos Humanos y Opinión Consultiva OC-32/25 de la Corte IDH: Derecho a un clima sano como derecho humano. Obligación de los Estados de prevenir, regular y remediar actividades contaminantes. Principio Precautorio (Declaración de Río y Opinión OC-32/25): Ante riesgos de daños graves o irreversibles, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar medidas efectivas para prevenir la degradación ambiental. Protocolo de Kioto y Acuerdo de París: Compromisos internacionales vinculantes para la reducción de gases de efecto invernadero. Jus cogens ambiental: Prohibición absoluta de causar daños masivos al ambiente, norma imperativa de derecho internacional público. III. PETITORIA Por lo expuesto, respetuosamente SOLICITO A LA HONORABLE SALA: Tener por adicionada la presente información al recurso de amparo en trámite. Declarar con lugar el amparo, ordenando al Estado Costarricense: Garantizar el derecho fundamental a un ambiente y clima sano de los habitantes de Dirección01 y la protección de la Naturaleza como sujeto de derechos. Adoptar medidas urgentes y efectivas para cesar la contaminación generada por Nombre02 S.A. Exigir la actualización tecnológica del sistema de tratamiento, la disposición correcta de lodos y la mitigación inmediata de emisiones de gases contaminantes, conforme obligaciones internacionales asumidas por Costa Rica y la Opinión Consultiva OC-32/25. Condenar en costas conforme a derecho”.

11.- Mediante resolución del magistrado instructor de las 14:15 horas del 7 de julio de 2025, se ampliaron las partes del recurso y se requirió informe el director de la Dirección de Agua del MINAE, así como prueba para mejor resolver.

12.- Por escrito incorporado al expediente digital el 14 de julio de 2025, informa bajo juramento José Zeledón Calderón, en su condición de director de la Dirección de Aguas del MINAE. Expone: “Refiere la Sala Constitucional que el recurrente, solicita se le informe si ya se cumplió con lo ordenado por el Tribunal Ambiental Administrativo en la resolución R-705-22 -TAA de las 9:40 horas del 20 de mayo del 2022, respecto a: “SEGUNDO: (…) se solicita al Ing. José Miguel Zeledón Calderón, Director de la Dirección de Agua, o quien ocupe su cargo, que proceda a realizar la valoración económica del daño ambiental en relación con el incumplimiento en los limites permisible de aguas residuales detectados por el Ministerio de Salud, por lo que se remite el reporte operacional de aguas residuales de Nombre02 S.A., visible a folios 752 y 753”. De ser así deberá aportar la documentación correspondiente con el comprobante de recibido y/ o notificación por parte del Tribunal Ambiental Administrativo.”  Con fecha 02 de junio del 2022, se recibió en esta Dirección notificación de la resolución R-705-22-TAA, por lo que mediante oficios DA-UHTPCOSJ-1475-2023 del 27 de julio del 2023, reiterado mediante oficio DA-UHTPCOSJ-2423-2023, se solicitó al Tribunal se nos remita los folios citados en la resolución señalada para poder permitirnos atender lo solicitado, sin que se nos haya entregado lo solicitado por parte del Tribunal.  No obstante, a efecto de cumplir con lo indicado por ese Tribunal se procedió a elaborar la respectiva valoración del daño al recurso hídrico por vertido de aguas residuales al cauce del Rio Segundo, que es de dominio Público.  Conforme lo anterior mediante informe técnico DA-UHTPCOSR-0276-2025, se hace la valoración que fue elaborado tomando en cuenta si existen aprovechamientos legales aguas abajo del punto donde se presenta la afectación, si se afecta el caudal ambiental, el tipo de sustancias vertidas, si cumple o no con los límites máximos permitidos para el vertido de aguas residuales, la existencia o no de plantas de tratamiento, entre otros.  El informe concluye: “En consecuencia, y conforme a lo establecido en el presente informe, el costo total asociado al daño al recurso hídrico ocasionado por el vertido de aguas residuales al cauce del río Segundo asciende a ₡ 22 272 816, 18 monto en letras veintidós millones doscientos setenta y dos mil ochocientos dieciséis colones con dieciocho céntimos.”  No omitimos informar que el día de hoy mediante oficio DA-1387-2925 fue debidamente notificado este informe al Tribunal Ambiental Administrativo, para que sea incorporado al expediente 285-13-03. Adjunto copia del informe técnico DA-UHTPCOSJ-1475-2025, oficio DA-1387-207 y la respectiva acta de notificación”.

13.- Por escrito incorporado al expediente digital el 14 de julio de 2025, se apersonan Maureen Solís Retana y Ana Gómez de la Fuente Quiñónez, por su orden, presidenta y vicepresidenta a. i., ambas del TAA. Detallan las actuaciones del TAA en el expediente 285-13-03-TAA. Exponen: “65. Que mediante resolución número 776-2025 de las nueve horas con cuarenta minutos del diez de julio del año dos mil veinticinco, este Despacho acordó lo siguiente: “(...)ÚNICO: ORDENAR POR SEGUNDA OCASIÓN al Dr. Ronald Enrique Mora Solano, en su condición de Director de la Dirección Área Rectora de Salud Alajuela 2 del Ministerio de Salud, o a quien ocupe su cargo, que proceda a remitir la certificación de calidad de agua residual de los últimos tres años así como los últimos cuatro reportes operacionales de emisiones atmosféricas de la empresa Nombre02 S.A. Lo anterior deberá cumplirse en el plazo de DIEZ DIAS naturales contados a partir del primer día hábil siguiente de notificada la presente resolución. (...)".  66. Que en fecha 11 de junio de 2025, se remite Oficio DA-1387-2025 de fecha 11 de julio de 2025 y suscrito por el Señor José Miguel Zeledón Calderón Director de la Dirección de Agua del MINAE, mediante el cual remite Oficio DA- UHTPCOSR-0276-2025 correspondiente a valoración económica por daño por vertido de aguas residuales (Ver folios 976 a 977 del expediente administrativo.  67. Que en fecha 14 de junio de 2025 se remite Oficio CARTA-MS-DRRSCN- DARSA2-1954-2025 suscrito por la Dra. Johana Torrez González Directora a.i. del Área Rectora de Salud Alajuela 2, mediante el cual remite certificación de calidad de agua residual y cuatro últimos reportes operaciones sobre emisiones provenientes de calderas y hornos. Ver folios 978 a 1009 del expediente administrativo.  Es importante indicarle a esta Honorable Sala Constitucional, que este Tribunal ha realizado las gestiones necesarias ante las instituciones competentes para la obtención de la información que se considera importante tener de previo a realizar una posible imputación de cargos o cualquier otra decisión respecto al caso denunciado, actuando de forma diligente en la tramitación del presente expediente administrativo, por lo cual en este momento el expediente se encuentra en etapa de investigación. Se informa que el día 11 de junio de 2025 ingresó el Informe solicitado a la Dirección de Agua del MINAE, mediante Oficio DA-UHTPCOSR-0276-2025 correspondiente a valoración económica por daño por vertido de aguas residuales y el día de hoy 14 de junio de 2025 ingresó el informe solicitado al Ministerio de Salud, mediante Oficio CARTA-MS-DRRSCN-DARSA2-1954-2025 suscrito por la Dra. Johana Torrez González Directora a.i. del Área Rectora de Salud Alajuela 2, mediante el cual remite certificación de calidad de agua residual y cuatro últimos reportes operaciones sobre emisiones provenientes de calderas y hornos. No omite este Despacho en indicar, que se procederá al análisis de la información recibida, y en cuanto se tome una decisión al respecto se le informará a esta Sala Constitucional para su mejor proceder (…) PETITORIA  Con fundamento en las razones de hecho y de derecho señaladas, se solicita se tenga por atendida la gestión y rendido el informe ordenado mediante resolución de las catorce horas con quince minutos del siete de julio del dos mil veinticinco y notificada el miércoles nueve de julio del dos mil veinticinco en las oficinas del Tribunal Ambiental Administrativo y consecuentemente se solicita que se declare sin lugar el recurso de amparo interpuesto por el señor Nombre01, cédula de identidad número CED07 que se tramita bajo expediente número CED06 y sin especial condenatoria en costas”.

14.- Por escrito carente de firma incorporado al expediente digital el 15 de julio de 2025, quien aduce ser el recurrente manifiesta: “ALEGATO DE CONCLUSIONES Y PETITORIA FINAL I. LA URGENCIA DE UNA TUTELA CONSTITUCIONAL EFECTIVA ANTE UN DAÑO AMBIENTAL IRREVERSIBLE Y LA INACCIÓN ESTATAL CRÓNICA Este Recurso de Amparo no presenta a esta Honorable Sala Constitucional una nueva controversia, sino la culminación de doce años de una degradación ambiental científicamente comprobada, de una ilegalidad operativa fundamental y de un fracaso sistémico y crónico del aparato estatal en su deber de protección. Nos encontramos ante el último baluarte de la justicia para los recurrentes y para el propio medio ambiente, después de que la vía administrativa ha colapsado por su propia inercia, vulnerando de forma flagrante y continuada el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado consagrado en el artículo 50 de nuestra Constitución Política, así como el derecho a una justicia pronta y cumplida, garantizado por el artículo 41 del mismo cuerpo normativo. La tesis central de este alegato es inequívoca: la convergencia de (1) un daño ambiental grave, continuado y ahora oficialmente cuantificado; (2) la ilegalidad fundamental de la operación de la empresa recurrida por carecer del permiso más elemental; (3) la parálisis crónica y documentada de los órganos reguladores que debían impedirlo; y (4) la emergencia de nuevas y reforzadas normas imperativas de derecho internacional sobre justicia climática, que forman parte de nuestro bloque de constitucionalidad, no deja a este Alto Tribunal más que un único remedio constitucionalmente viable y eficaz: ordenar el cierre inmediato y definitivo de las instalaciones de la empresa Nombre02 S.A. Cualquier medida de menor alcance, como ordenar nuevos estudios o planes de mejora, sería convalidar la violación continuada de los derechos fundamentales y premiar una década de evasión y desidia, convirtiendo el amparo en una simple declaración sin efectividad real. La cuestión jurídica ha evolucionado: ya no se trata de determinar si existe una violación, sino de definir cuál es el único remedio efectivo ante una violación probada, crónica y multifacética, donde el Estado ha demostrado fehacientemente su incapacidad para regular y corregir. II. HECHOS IRREFUTABLES: LA PRUEBA CONCRETA DE UNA DESTRUCCIÓN AMBIENTAL GRAVE, CONTINUADA Y MULTIDIMENSIONAL La gravedad de la situación no se fundamenta en meras alegaciones, sino en un acervo probatorio contundente, emanado en gran parte de las propias instituciones estatales. Los informes técnicos, peritajes y comunicaciones oficiales que constan en autos dibujan un panorama de daño sistemático en tres dimensiones críticas: hídrica, climática y de legalidad operativa. Para una visualización clara e inmediata, se presenta la siguiente matriz de hechos acreditados. Tabla 1: Matriz de Daños Ambientales Acreditados y Violaciones Normativas. (…) A. El Daño "Alto" y Cuantificado al Recurso Hídrico: La Confesión del Estado El debate sobre la contaminación del Río Segundo ha sido zanjado de manera definitiva por la propia autoridad competente en la materia. El Informe Técnico DA-UHTPCOSR-0276-2025, emitido por la Dirección de Agua del MINAE el 10 de julio de 2025, no es una simple prueba más, sino una constatación oficial y un hallazgo de hecho por parte del Estado. Dicho informe, cuya elaboración fue producto de la interposición de este mismo amparo tras años de dilación del Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), es categórico. Con base en la propia metodología estatal (Reglamento del Canon Ambiental por Vertidos), clasifica el daño ocasionado por Nombre02 S.A. en la categoría de "ALTO". Esta clasificación no es subjetiva; se fundamenta en criterios técnicos objetivos: el incumplimiento de los límites de vertido y, de manera crucial, el hecho de que la descarga contaminante se realiza aguas arriba de concesiones de agua legalmente otorgadas a otros usuarios, poniendo en riesgo sus derechos. Más allá de la clasificación, el Estado ha monetizado la gravedad del perjuicio. La valoración económica del daño al recurso hídrico asciende a la suma de ₡22,272,816.18. Esta cifra no se presenta aquí como un cobro, sino como una métrica objetiva e irrefutable de la magnitud de la destrucción ambiental. El Estado costarricense, a través de su órgano técnico, ha confesado que la operación de la empresa ha causado un daño patrimonial público superior a los 22 millones de colones. La inacción continuada frente a este hecho probado constituye una grave omisión en el deber de tutela de los bienes de dominio público y una violación directa del artículo 50 constitucional. B. La Contribución Alevosa a la Emergencia Climática: Una Bomba de Metano en una Zona Poblada El daño perpetrado por Nombre02 S.A. trasciende las riberas del Río Segundo y se proyecta como una agresión directa al clima global y local, en abierta contravención de los compromisos internacionales de Costa Rica. El informe pericial del químico Luis Ricardo Charpentier Soto es demoledor al identificar la causa raíz: el uso de un sistema de tratamiento de aguas residuales basado en lagunas anaeróbicas, una tecnología que el experto califica como "obsoleta", "inviable en centros poblados" y una fuente directa de gases de efecto invernadero. Este no es un subproducto inevitable de la industria, sino el resultado de una decisión deliberada de utilizar tecnología inadecuada y altamente contaminante. Las consecuencias son cuantificables y alarmantes. El peritaje estima que, solo entre 2002 y 2019, las lagunas emitieron un acumulado de 1,153.2 kilotoneladas de metano (CH_4), un gas con un potencial de calentamiento global decenas de veces superior al del dióxido de carbono. Esta cantidad equivale a 71,498.4 kilotoneladas de dióxido de carbono (CO_2). Esta emisión masiva y continuada no solo es responsable de los malos olores que afectan la salud y calidad de vida de los vecinos, sino que constituye una violación flagrante de las obligaciones asumidas por Costa Rica en el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, instrumentos que nos obligan a reducir, no a permitir, focos de emisión de esta magnitud. C. La Ilegalidad Fundamental de la Operación: La Ausencia de Viabilidad Ambiental Quizás el hecho más grave, que vicia de nulidad toda la operación de la empresa, es que su actividad principal se ha desarrollado por décadas al margen del requisito legal más fundamental: la viabilidad ambiental. La Ley Orgánica del Ambiente N° 7554 y su reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) exigen, sin excepción, que toda actividad susceptible de degradar o contaminar el ambiente de forma significativa debe contar con una viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) antes de operar. La evidencia en autos demuestra una sistemática evasión de esta obligación. Ya en 2018, se denunció ante el TAA que la actividad de matanza y procesamiento industrial carecía de este permiso. La respuesta de la propia SETENA en ese mismo año (oficio SETENA-SG-1773-2018) fue reveladora: enumeró permisos para proyectos menores y accesorios como tanques de autoconsumo o reuso de aguas, pero omitió conspicuamente cualquier mención a la viabilidad ambiental para la planta de matanza, que es el corazón de la operación y la principal fuente de contaminación. Cualquier duda residual fue disipada por la consulta directa realizada a la SETENA en junio de 2025, cuya respuesta es lapidaria y definitiva: "De lo anterior no se encuentre expediente relacionado con el matadero solicitado". Esta confesión institucional demuestra que la empresa ha operado bajo una fachada de legalidad, obteniendo permisos periféricos mientras eludía el control ambiental más crucial. Por tanto, esta Honorable Sala no está ante el caso de una empresa legal que contamina, sino ante una operación cuya existencia misma carece de fundamento legal. Su clausura no sería una sanción desproporcionada, sino la simple y llana aplicación de la ley ante una operación clandestina a los ojos de la normativa ambiental. III. LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO: OMISIÓN, NEGLIGENCIA Y LA VIOLACIÓN SISTEMÁTICA DEL DEBER DE DEBIDA DILIGENCIA El desastre ambiental descrito no habría sido posible sin la omisión y negligencia sistemática de las autoridades estatales encargadas de la protección ambiental y la salud pública. Durante más de una década, el Ministerio de Salud, el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) y la Dirección de Agua han fallado en su deber de actuar con la debida diligencia, convirtiéndose en facilitadores pasivos del daño. La siguiente cronología ilustra el colapso de la vía administrativa y la denegación de justicia que motiva este amparo (…) A. El Colapso de la Vía Administrativa: Una Década de Justicia Denegada El informe rendido por el propio TAA a esta Sala es una autoinculpación de su parálisis institucional. El expediente administrativo 285-13-03-TAA es el monumento a la justicia denegada. Iniciado en 2013, doce años después se encuentra, según admite la propia Presidenta del TAA, todavía "en etapa de investigación preliminar". La cronología es desoladora: una audiencia programada para 2020 fue anulada para retrotraer el proceso, y desde entonces el TAA se ha visto atrapado en un laberinto burocrático, incapaz de obtener la información más básica de otras entidades del Estado. Como se detalla en el resumen del informe del TAA, se realizaron al menos nueve solicitudes de información a la Dirección de Agua y al Ministerio de Salud, cinco a la primera y cuatro al segundo. Estas solicitudes fueron reiteradas una y otra vez mediante resoluciones (705-22-TAA, 1541-22-TAA, 902-23-TAA, 1128- 23-TAA, 1550-23-TAA, 1665-23-TAA) sin obtener respuestas completas o a tiempo. Esta incapacidad manifiesta del TAA para impulsar el procedimiento y obtener la colaboración de sus pares demuestra que la vía administrativa no es simplemente lenta, sino que está funcionalmente rota. Mantener a los recurrentes en esa vía es condenarlos a una espera infinita mientras el daño se agrava. La intervención de esta Sala es, por tanto, una obligación constitucional para garantizar el derecho a una justicia pronta y efectiva que el TAA ha sido incapaz de proveer. B. La Inversión del Principio Precautorio: El Estado como Escudo del Contaminador La actuación del Ministerio de Salud en este caso representa una abdicación de su rol preventivo y una contravención directa del principio precautorio, pilar del derecho ambiental moderno. En lugar de actuar ante la evidencia abrumadora de riesgo, el Ministerio ha exigido a las víctimas una carga probatoria imposible: la presentación de un "dictamen médico" que demuestre una relación causal directa e irrefutable entre los gases y olores y las enfermedades reportadas por la comunidad (problemas respiratorios, irritaciones, estrés, ansiedad). Esta postura invierte la lógica del principio precautorio, consagrado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y plenamente aplicable en Costa Rica. Tanto la Opinión Consultiva OC-23/17 como la más reciente OC-32/25 establecen que, ante el riesgo de un daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no puede ser pretexto para postergar la adopción de medidas eficaces. El deber del Estado es prevenir el riesgo, no esperar a la confirmación del daño. Al exigir certeza a las víctimas, el Ministerio de Salud se ha convertido en un escudo procesal para la empresa contaminadora. Esta falla se agrava con la admisión de una supuesta "imposibilidad normativa" para interpretar los estudios de calidad del aire, lo que equivale a una confesión de su propia incapacidad regulatoria y de supervisión. IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA AVANZADA: LA CONVERGENCIA DEL DERECHO CONSTITUCIONAL Y LAS NORMAS IMPERATIVAS DEL DERECHO INTERNACIONAL La situación descrita no solo constituye una violación de la normativa interna, sino también un incumplimiento grave de las obligaciones internacionales del Estado costarricense en materia de derechos humanos, las cuales, por vía del control de convencionalidad, son parámetro de obligatorio acatamiento para esta Sala. A. La Doctrina de la Corte IDH (OC-23/17) como Estándar de Control de Convencionalidad La Opinión Consultiva OC-23/17 de la Corte IDH no es derecho extranjero ni una mera recomendación; es la interpretación autorizada de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, como tal, un estándar vinculante para el Estado costarricense. Analizando los hechos a la luz de esta doctrina, el incumplimiento estatal es manifiesto: * Violación de la Obligación de Prevención: El Estado, a través de sus diversas agencias, conocía el riesgo de daño significativo desde al menos 2013 y falló estrepitosamente en prevenirlo, permitiendo que se materializara el daño "ALTO" hoy cuantificado. * Violación de la Obligación de Regular, Supervisar y Fiscalizar: La operación de la empresa sin viabilidad ambiental de SETENA es la prueba máxima de la falla en la regulación. La "supervisión deficiente" constatada por el perito químico respecto al Ministerio de Salud y el manejo de lodos es la prueba de la falla en la fiscalización. * Violación de la Obligación de Exigir Estudios de Impacto Ambiental (EIA): La ausencia de un EIA para la actividad principal del matadero es una brecha fundamental y originaria del deber de prevención, que vicia de ilegalidad toda la operación. * Violación de la Obligación de Garantizar el Acceso a la Justicia: El retraso de doce años en el TAA, sin una resolución de fondo, constituye una violación palmaria del derecho a un recurso judicial efectivo, rápido y sencillo, consagrado en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. B. La Emergencia Climática como Límite Absoluto: El Jus Cogens Ambiental y el Derecho a un Clima Sano (OC-32/25) Este caso debe ser analizado a la luz de los desarrollos más avanzados del derecho internacional, encapsulados en la histórica Opinión Consultiva OC- 32/25 de la Corte IDH sobre emergencia climática. Esta opinión reconoce el derecho humano a un clima sano como un derecho autónomo. Las emisiones masivas y cuantificadas de metano por parte de Nombre02 S.A., producto de una tecnología obsoleta, constituyen una violación directa y continuada de este derecho fundamental. Más aún, la OC-32/25 establece que la prohibición de causar "daños masivos e irreversibles al ambiente" constituye una norma imperativa de derecho internacional o jus cogens ambiental. Se argumenta respetuosamente que la combinación del daño hídrico calificado como "ALTO" y la emisión por más de dos décadas de decenas de miles de toneladas de gases de efecto invernadero configuran precisamente ese tipo de daño masivo. Una violación de una norma de jus cogens no admite ponderación ni justificación. Genera una obligación reforzada e inmediata para el Estado de cesar el acto ilícito. Esto otorga a esta Sala una base jurídica de la más alta jerarquía para adoptar la medida extraordinaria de la clausura, no como una opción, sino como el cumplimiento de un deber inderogable. C. La Naturaleza como Sujeto de Derechos: Tutela para el Río y el Clima En consonancia con la jurisprudencia progresista de la Corte IDH, que reconoce a la Naturaleza como sujeto de derechos, este amparo también busca su protección directa. El vertido continuo de contaminantes en el Río Segundo es una violación de sus derechos a existir, fluir y mantener su integridad ecológica. La emisión masiva de metano es una agresión a los derechos del sistema climático a mantener su equilibrio. Ordenar el cese de la contaminación no solo protege a los recurrentes, sino que repara, en la medida de lo posible, la violación de los derechos de la propia Naturaleza, afirmando el deber del Estado de protegerla por su valor intrínseco. V. PETITORIA FINAL: EL CIERRE INMEDIATO Y DEFINITIVO COMO ÚNICA MEDIDA DE REPARACIÓN IDÓNEA Y EFICAZ En virtud de los hechos irrefutables y los fundamentos de derecho expuestos, queda demostrado de forma abrumadora que la operación de la empresa Nombre02 S.A. constituye una grave y continuada violación de los derechos fundamentales a un ambiente sano, a la salud, a la vida y a una justicia pronta. El daño al recurso hídrico es "ALTO" y ha sido cuantificado por el propio Estado. El daño al clima es masivo y producto de una tecnología obsoleta. La operación industrial es fundamentalmente ilegal por carecer de viabilidad ambiental. Y el Estado, en sus roles de supervisión y de impartición de justicia administrativa, ha fracasado de manera sistémica y crónica. Ante este panorama, cualquier remedio alternativo a la clausura sería una solución ilusoria y una revictimización para los amparados. Ordenar nuevos estudios o planes de acción sería ignorar la historia de doce años de incumplimiento y parálisis burocrática. No se puede "corregir" o "adecuar" una operación que nunca debió existir en su forma actual por carecer del permiso legal más básico. La única medida de reparación idónea, eficaz y proporcional a la magnitud de la violación es el cese definitivo de la fuente del daño. Por todo lo anterior, se solicita respetuosamente a la Honorable Sala Constitucional: * Declarar CON LUGAR el presente Recurso de Amparo en todos sus extremos, por la violación de los derechos fundamentales a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (artículo 50 de la Constitución Política), a la vida (artículo 21), a la salud (derivado del artículo 21) y a una justicia pronta y cumplida (artículo 41), en conexión con las obligaciones internacionales del Estado costarricense derivadas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su interpretación autorizada en las Opiniones Consultivas OC-23/17 y OC-32/25. * En consecuencia, y como única medida de restitución efectiva, ORDENAR el CIERRE TÉCNICO Y LA CLAUSURA INMEDIATA Y DEFINITIVA de todas las operaciones de la planta industrial perteneciente a la empresa Nombre02 S.A., Cédula Jurídica CED03, en su ubicación actual en San Rafael de Alajuela. * Condenar al Estado Costarricense y a la empresa Nombre02 S.A. al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados, cuya liquidación y ejecución se reserva para la vía correspondiente”.

15.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,

Considerando:

 I.- CUESTIÓN PREVIA. Adviértase que uno de los aspectos señalados podría configurar una lesión al derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida. Al respecto, debe aclararse que, a partir del voto nro. 2008002545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa — con algunas excepciones —  aquellos asuntos en los que se discute si la autoridad pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, a fin de resolver por acto final un procedimiento administrativo — incoado de oficio o a instancia de parte— o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este recurso se plantea un supuesto de excepción pues el sub examine está relacionado con una denuncia ambiental que aparentemente no ha sido resuelta. En virtud de lo anterior, la Sala entrará a resolver el recurso.

II.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente indica que, desde el 11 de setiembre de 2013, o incluso antes, el Condominio La Canadá y los vecinos del Dirección01 han mantenido una lucha para el cese de las afectaciones al ambiente y la salud por parte de la empresa Nombre02 S. A. Detalla que, en la fecha mencionada, se formuló una denuncia ante el TAA a la que se le asignó el expediente nro. 285-13-03. Afirma que, por resolución de febrero de 2019, el TAA convocó a una audiencia para junio de 2020 y que en agosto de 2019 se amplió la denuncia y se requirió una medida cautelar urgente. Expone que, por resolución nro. 1725-20-TAA del 5 de junio de 2020, el TAA suspendió la audiencia y retrotrajo el proceso a la etapa de investigación, debido a la prueba aportada. Acusa que, desde ese momento, ha transcurrido un plazo excesivo sin que se haya emitido alguna otra resolución por parte del TAA. Afirma que, el 17 de febrero de 2020, el Ministerio de Salud emitió un reporte en el que se evidenció que el caudal del río Segundo de Alajuela bajaba con una coloración café rojiza y, aunque el agua a la salida de la planta de tratamiento se observaba clara, no menos cierto es que ello refleja la necesidad de una investigación y resolución expedita. Acusa que las comunidades mencionadas sufren afectaciones significativas a la salud física y emocional. Solicitan que se ordene al TAA emitir la resolución correspondiente para continuar la tramitación del expediente nro. 285-13-03 y que emitan las medidas cautelares que garanticen la protección del ambiente.

III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:

a)   El 11 de setiembre de 2013 se planteó una denuncia ante el TAA contra la actividad de la empresa Nombre02 S. A., a la cual se le asignó el expediente nro. 285-13-03-TAA. (Ver prueba documental).

b)   Mediante resolución nro. 249-19-TAA de las 14:14 horas del 15 de febrero de 2019, el TAA declaró la apertura del procedimiento administrativo y convocó a una audiencia oral para los días 10 y 11 de junio de 2020. (Ver prueba documental).

c)    El 8 de agosto de 2019, varias personas plantearon un escrito ante el TAA en el que ampliaron los hechos denunciados. (Ver prueba documental).

d)   Mediante resolución nro. 1584-19-TAA de las 14:21 horas del 11 de setiembre de 2019, el TAA convocó a una inspección conjunta entre el Departamento Técnico del tribunal, el Ministerio de Salud y SENASA para el 1° de octubre de 2019, la cual se llevó a cabo en la fecha indicada. (Ver prueba documental).

e)    El 15 de octubre de 2019, el TAA recibió un escrito de parte de SETENA, mediante el cual remitió una denuncia ambiental debido a que la actividad denunciada no cuenta con viabilidad ambiental. (Ver prueba documental).

f)     Por nota del 3 de diciembre de 2019 se requirió a SETENA una visita de inspección a la empresa Nombre02 S. A. (Ver prueba documental).

g)   Mediante resolución nro. 1724-20-TAA de las 14:14 horas del 5 de junio de 2020, el TAA dispuso: “Primero: Se declara la nulidad de la Resolución N° 249-19-TAA de imputación de cargos, retrotrayéndose las actuaciones a la etapa de investigación. Segundo: Que debido a lo indicado en los Considerandos anteriores, se comunica a las partes, testigos, testigos-peritos y peritos, que no se realizará la audiencia oral y pública convocada para los días 10 y 11 de junio del 2020”. (Ver prueba documental).

h)   Mediante resolución nro. 453-21-TAA de las 16:40 horas del 4 de mayo de 2021, el TAA puso en conocimiento de las partes el extravío de la resolución del 5 de junio de 2020 y de sus comprobantes de notificación, la cual se repuso con la certificación nro. 325-21-TAA. (Ver prueba documental).

i)     Por resolución nro. 471-21-TAA de las 15:02 horas del 7 de mayo de 2021, el TAA dio respuesta a varios escritos que constaban en el expediente, impuso una medida cautelar atípica y requirió informes a la Oficina de Alajuela, al Área de Conservación Central y a la SETENA. (Ver prueba documental).

j)     Por resolución nro. 636-21-TAA de las 10:15 horas del 14 de junio de 2021, el TAA dispuso: “PRIMERO: Convalidar la resolución 471-21-TAA de las 15 horas 02 minutos del 07 de mayo del 2021, haciendo saber a las partes que, contra la medida cautelar interpuesta mediante la resolución citada, cabe interponer el Recurso de Revocatoria en el plazo de veinticuatro horas a partir de la notificación con fundamento en los artículos 342 y 346 de la Ley General de la Administración Pública. Teniéndose con lo anterior por subsanada la omisión de indicación del plazo para recurrir. Asimismo, en aras de no causar indefensión a las partes, el mismo empieza a correr a partir de la notificación de la presente resolución administrativa. SEGUNDO: Tener por contestada a la denunciada su solicitud de información en relación con los muestreos ordenados mediante medida cautelar. TERCERO: Solicitar por POR (sic) SEGUNDA VEZ al señor Minor González Guzmán, Jefe de la Oficina Alajuela, Área de Conservación Central, o quien ocupe su cargo, que proceda a cumplir con lo ordenado en el considerado cuarto de la presente resolución, en el plazo de DIEZ DÍAS NATURALES los cuales comenzarán a correr el día siguiente hábil a la notificación de la presente resolución. CUARTO: Solicitar POR TERCERA VEZ a la señora Cynthia Barzuna Gutiérrez, Secretaria General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), o quien ocupe su cargo, que proceda a cumplir con lo ordenado en el considerado quinto de la presente resolución”. (Ver prueba documental).

k)    Mediante resolución nro. 705-22-TAA de las 9:40 horas del 20 de mayo de 2022, el TAA dispuso: “PRIMERO: (…) solicita al Dr. Ronald Enrique Mora Solano, Director de la Dirección Área Rectora de Salud Alajuela 2, Ministerio de Salud, o quien ocupe su cargo, que proceda a: 1) referirse al cumplimiento de las acciones correctivas implementadas en cumplimiento de la orden sanitaria número MS-DRRSCN-DARSA2-0349-2021 (folio 754) de Nombre02 S.A. indicadas en el oficio MS-DRRSCN-DARSA2-3451-2021 de fecha 29 de septiembre del 2021 suscrito por su persona (folio 758), en el que se indica que se tenía prevista la finalización de las mismas para diciembre del 2021; 2) referirse al seguimiento o si se recibió el criterio técnico de la Unidad de Salud Ambiental de la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental de Ministerio de Salud en relación con el estudio perimetral de aire en establecimientos, esto para poder dar cumplimiento a la medida cautelar atípica impuesta por este Tribunal en relación con la medición de partículas totales en suspensión para verificar la calidad del aire con respecto a la actividad realizada por Nombre02 S.A., mismo que se mantiene pendiente como se describe en el oficio MS-DRRSCN-DARSA2-IT-3443-2021 de fecha 28 de setiembre del 2021 (folios 759 y 760) suscrito por la Licda. Diana Espinoza Navarro funcionaria de Regulación del Área Rectora de Salud Alajuela 2 (…) SEGUNDO: (…) solicita al Ing. José Miguel Zeledón Calderón, Director de la Dirección de Agua, o quien ocupe su cargo, que proceda a realizar la valoración económica del daño ambiental en relación con el incumplimiento en los límites permisibles de aguas residuales detectados por el Ministerio de Salud, por lo que se remite el reporte operacional de aguas residuales de Nombre02 S.A. visible a folios 752 y 753”. (Ver prueba documental).

l)     El 4 de noviembre de 2022 se formuló un pronto despacho. (Ver prueba documental).

m) Por resolución nro. 1541-22-TAA de las 15:50 horas del 17 de noviembre de 2022, el TAA estableció: “PRIMERO: (…) POR SEGUNDA VEZ al Dr. Ronald Enrique Mora Solano, Director de la Dirección Área Rectora de Salud Alajuela 2, Ministerio de Salud, o quien ocupe su cargo, que proceda a referirse al seguimiento o si se recibió el criterio técnico de la Unidad de Salud Ambiental de la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental de Ministerio de Salud en relación con el estudio perimetral de aire en establecimientos, esto para poder dar cumplimiento a la medida cautelar atípica impuesta por este Tribunal en relación con la medición de partículas totales en suspensión para verificar la calidad del aire con respecto a la actividad realizada por Nombre02 S.A., mismo que se mantiene pendiente como se describe en el oficio MS-DRRSCN-DARSA2-IT-3443-2021 de fecha 28 de setiembre del 2021 (folios 759 y 760) suscrito por la Licda. Diana Espinoza Navarro funcionaria de Regulación del Área Rectora de Salud Alajuela 2. SEGUNDO: (…) este Despacho solicita POR SEGUNDA VEZ al Ing. José Miguel Zeledón Calderón, Director de la Dirección de Agua, o quien ocupe su cargo, que proceda a realizar la valoración económica del daño ambiental en relación con el incumplimiento en los límites permisibles de aguas residuales detectados por el Ministerio de Salud, por lo que se remite el reporte operacional de aguas residuales de Nombre02 Nombre03 (…)”. (Ver prueba documental).

n)   Mediante resolución nro. 902-23-TAA de las 14:18 horas del 20 de junio de 2023, el TAA dispuso: “PRIMERO: (…) POR TERCERA VEZ al Dr. Ronald Enrique Mora Solano, Director de la Dirección Área Rectora de Salud Alajuela 2, Ministerio de Salud, o quien ocupe su cargo, que proceda a referirse al seguimiento o si se recibió el criterio técnico de la Unidad de Salud Ambiental de la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental de Ministerio de Salud en relación con el estudio perimetral de aire en establecimientos, esto para poder dar cumplimiento a la medida cautelar atípica impuesta por este Tribunal en relación con la medición de partículas totales en suspensión para verificar la calidad del aire con respecto a la actividad realizada por Nombre02 S.A., mismo que se mantiene pendiente como se describe en el oficio MS-DRRSCN-DARSA2-IT-3443-2021 de fecha 28 de setiembre del 2021 (folios 759 y 760) suscrito por la Licda. Diana Espinoza Navarro funcionaria de Regulación del Área Rectora de Salud Alajuela 2. SEGUNDO: (…) POR TERCERA VEZ al Ing. José Miguel Zeledón Calderón, Director de la Dirección de Agua, o quien ocupe su cargo, que proceda a realizar la valoración económica del daño ambiental en relación con el incumplimiento en los límites permisibles de aguas residuales detectados por el Ministerio de Salud, por lo que se remite el reporte operacional de aguas residuales de Nombre02 S.A. visible a folios 752 y 753”. (Ver prueba documental).

o)   Mediante resolución nro. 1128-23-TAA de las 9:00 horas del 17 de agosto de 2023, el TAA estableció: “PRIMERO: (…) POR CUARTA VEZ al Dr. Ronald Enrique Mora Solano, Director de la Dirección Área Rectora de Salud Alajuela 2, Ministerio de Salud, o quien ocupe su cargo, que proceda a referirse al seguimiento o si se recibió el criterio técnico de la Unidad de Salud Ambiental de la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental de Ministerio de Salud en relación con el estudio perimetral de aire en establecimientos, esto para poder dar cumplimiento a la medida cautelar atípica impuesta por este Tribunal en relación con la medición de partículas totales en suspensión para verificar la calidad del aire con respecto a la actividad realizada por Nombre02 S.A., mismo que se mantiene pendiente como se describe en el oficio MS-DRRSCN-DARSA2-IT-3443-2021 de fecha 28 de setiembre del 2021 (folios 759 y 760) suscrito por la Licda. Diana Espinoza Navarro funcionaria de Regulación del Área Rectora de Salud Alajuela 2. SEGUNDO: (…) Que visto el oficio DA-UHTPCOSJ-1475-2023 de fecha 27 de julio del 2023 suscrito por la Ing. Marilyn Mora Vega, Coordinadora de la Unidad Hidrológica Tárcoles-Pacífico Central de la Dirección de Agua, se remiten los folios 752 y 753 del expediente administrativo”. (Ver prueba documental).

p)   El 25 de agosto de 2023, el Área Rectora de Salud Alajuela 2 del Ministerio de Salud aportó lo requerido en la resolución nro. 1128-23-TAA de las 9:00 horas del 17 de agosto de 2023. (Ver prueba documental).

q)   Mediante resolución nro. 1550-23-TAA de las 14:00 horas del 1° de noviembre de 2023, el TAA dispuso: “UNICO: (…) POR CUARTA VEZ al Ing. José Miguel Zeledón Calderón, Director de la Dirección de Agua, o quien ocupe su cargo, que proceda a realizar la valoración económica del daño ambiental en relación con el incumplimiento en los límites permisibles de aguas residuales detectados por el Ministerio de Salud, en relación con el reporte operacional de aguas residuales de Nombre02 S.A. visible a folios 752 y 753 y remitido mediante resolución número 1128-2023-TAA de las 09 horas del 17 de agosto del 2023”. (Ver prueba documental).

r)    El 28 de noviembre de 2023, la Dirección de Agua requirió información al TAA para dar respuesta a lo solicitado. (Ver prueba documental).

s)    Por resolución nro. 1665-23-TAA de las 9:10 horas del 8 de diciembre de 2023, el TAA dispuso: “UNICO: (…) Que revisado el oficio DA-UHTPCOSJ-2423-2023 de fecha 27 de noviembre del 2023, visible a folio 895, suscrito por el Ing. Danny Olivares Rivera, Coordinador a.i. de la Unidad Hidrológica Tárcoles-Pacífico Central de la Dirección de Agua, se indica que los folio 752 y 753 fueron remitidos mediante resolución 1128-2023-TAA de las 09 horas del 17 de agosto del 2023 (visible a folios 853 y 854) en respuesta al oficio DA-UHTPCOSJ-1475-2023 de fecha 27 de julio del 2023, misma debidamente notificada a los correos ...03 y ...04 como consta a folios 867 y 868 del presente expediente administrativo. Se remite nuevamente copia de los folios 752 y 753 correspondiente a un reporte operacional de aguas residuales. En razón de lo anterior, este Despacho solicita POR QUINTA VEZ al Ing. José Miguel Zeledón Calderón, Director de la Dirección de Agua, o quien ocupe su cargo, que proceda a realizar la valoración económica del daño ambiental en relación con el incumplimiento en los límites permisibles de aguas residuales detectados por el Ministerio de Salud, en relación con el reporte operacional de aguas residuales de Nombre02 S.A. visible a folios 752 y 753 y remitido mediante resolución número 1128-2023-TAA de las 09 horas del 17 de agosto del 2023 y adjunto a la presente”. (Ver prueba documental).

t)     El 12 de junio de 2025, los ministros del MINAE y de Salud fueron notificados de la resolución de curso de este asunto. (Ver actas de notificación).

u)   El 16 de junio de 2025, el presidente del TAA fue notificado de la resolución de curso de este asunto. (Ver acta de notificación).

v)    Mediante resolución nro. 656-2025-TAA de las 13:08 horas del 16 de junio de 2025, el TAA estableció: “UNICO: Ordenar al Dr. Ronald Enrique Mora Solano, en su condición de Director de la Dirección Área Rectora de Salud Alajuela 2 del Ministerio de Salud, o a quien ocupe su cargo, que proceda a remitir la certificación de calidad de agua residual de los últimos tres años así como los últimos cuatro reportes operacionales de emisiones atmosféricas de la empresa Nombre02 S.A.”. (Ver prueba documental).

w)  El 10 de julio de 2025, el director de la Dirección de Agua del MINAE fue notificado de la resolución de curso de este proceso. (Ver acta de notificación).

x)   Mediante resolución nro. 776-2025 de las 9:40 horas del 10 de julio de 2025, se dispuso: “(...) ÚNICO: ORDENAR POR SEGUNDA OCASIÓN al Dr. Ronald Enrique Mora Solano, en su condición de Director de la Dirección Área Rectora de Salud Alajuela 2 del Ministerio de Salud, o a quien ocupe su cargo, que proceda a remitir la certificación de calidad de agua residual de los últimos tres años así como los últimos cuatro reportes operacionales de emisiones atmosféricas de la empresa Nombre02 S.A. Lo anterior deberá cumplirse en el plazo de DIEZ DIAS (sic) naturales contados a partir del primer día hábil siguiente de notificada la presente resolución. (...)". (Ver informe rendido por las autoridades del TAA).

y)    El 11 de julio de 2025, la Dirección de Agua del MINAE remitió al TAA el memorial DA-UHTPCOSR-0276-2025 en relación con lo solicitado en la resolución R-705-22-TAA de las 9:40 horas del 20 de mayo de 2022. (Ver prueba documental).

z)    El 14 de junio (sic) de 2025 se comunicó al TAA el oficio CARTA-MS-DRRSCN- DARSA2-1954-2025 suscrito por la directora a. i. del Área Rectora de Salud Alajuela 2, mediante el cual remitió la certificación de calidad de agua residual y los cuatro últimos reportes operaciones sobre emisiones provenientes de calderas y hornos. (Ver informe rendido por las autoridades del TAA).

IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, el recurrente indica que, desde el 11 de setiembre de 2013, o incluso antes, el Condominio La Canadá y los vecinos del Dirección01 han mantenido una lucha para el cese de las afectaciones al ambiente y la salud por parte de la empresa Nombre02 S. A. Detalla que, en la fecha mencionada, se formuló una denuncia ante el TAA a la que se le asignó el expediente nro. 285-13-03. Afirma que, por resolución de febrero de 2019, el TAA convocó a una audiencia para junio de 2020 y que en agosto de 2019 se amplió la denuncia y se requirió una medida cautelar urgente. Expone que, por resolución nro. 1725-20-TAA del 5 de junio de 2020, el TAA suspendió la audiencia y retrotrajo el proceso a la etapa de investigación, debido a la prueba aportada. Acusa que, desde ese momento, ha transcurrido un plazo excesivo sin que se haya emitido alguna otra resolución por parte del TAA. Afirma que, el 17 de febrero de 2020, el Ministerio de Salud emitió un reporte en el que se evidenció que el caudal del río Segundo de Alajuela bajaba con una coloración café rojiza y, aunque el agua a la salida de la planta de tratamiento se observaba clara, no menos cierto es que ello refleja la necesidad de una investigación y resolución expedita. Acusa que las comunidades mencionadas sufren afectaciones significativas a la salud física y emocional. Solicitan que se ordene al TAA emitir la resolución correspondiente para continuar la tramitación del expediente nro. 285-13-03 y que emitan las medidas cautelares que garanticen la protección del ambiente.

Esta Sala tiene por demostrado que el 11 de setiembre de 2013 se planteó una denuncia ante el TAA contra la actividad de la empresa Nombre02 S. A., a la cual se le asignó el expediente nro. 285-13-03-TAA. Mediante resolución nro. 249-19-TAA de las 14:14 horas del 15 de febrero de 2019, el TAA declaró la apertura del procedimiento administrativo y convocó a una audiencia oral para los días 10 y 11 de junio de 2020. El 8 de agosto de 2019, varias personas plantearon un escrito ante el TAA en el que ampliaron los hechos denunciados. Mediante resolución nro. 1584-19-TAA de las 14:21 horas del 11 de setiembre de 2019, el TAA convocó a una inspección conjunta entre el Departamento Técnico del tribunal, el Ministerio de Salud y SENASA para el 1° de octubre de 2019, la cual se llevó a cabo en la fecha indicada. El 15 de octubre de 2019, el TAA recibió un escrito de parte de SETENA, mediante el cual remitió una denuncia ambiental debido a que la actividad denunciada no cuenta con viabilidad ambiental. Por nota del 3 de diciembre de 2019 se requirió a SETENA una visita de inspección a la empresa Nombre02 S. A. Mediante resolución nro. 1724-20-TAA de las 14:14 horas del 5 de junio de 2020, el TAA dispuso: “Primero: Se declara la nulidad de la Resolución N° 249-19-TAA de imputación de cargos, retrotrayéndose las actuaciones a la etapa de investigación. Segundo: Que debido a lo indicado en los Considerandos anteriores, se comunica a las partes, testigos, testigos-peritos y peritos, que no se realizará la audiencia oral y pública convocada para los días 10 y 11 de junio del 2020”. Mediante resolución nro. 453-21-TAA de las 16:40 horas del 4 de mayo de 2021, el TAA puso en conocimiento de las partes el extravío de la resolución del 5 de junio de 2020 y de sus comprobantes de notificación, la cual se repuso con la certificación nro. 325-21-TAA. Por resolución nro. 471-21-TAA de las 15:02 horas del 7 de mayo de 2021, el TAA dio respuesta a varios escritos que constaban en el expediente, impuso una medida cautelar atípica y requirió informes a la Oficina de Alajuela, al Área de Conservación Central y a la SETENA. Por resolución nro. 636-21-TAA de las 10:15 horas del 14 de junio de 2021, el TAA dispuso: “PRIMERO: Convalidar la resolución 471-21-TAA de las 15 horas 02 minutos del 07 de mayo del 2021, haciendo saber a las partes que, contra la medida cautelar interpuesta mediante la resolución citada, cabe interponer el Recurso de Revocatoria en el plazo de veinticuatro horas a partir de la notificación con fundamento en los artículos 342 y 346 de la Ley General de la Administración Pública. Teniéndose con lo anterior por subsanada la omisión de indicación del plazo para recurrir. Asimismo, en aras de no causar indefensión a las partes, el mismo empieza a correr a partir de la notificación de la presente resolución administrativa. SEGUNDO: Tener por contestada a la denunciada su solicitud de información en relación con los muestreos ordenados mediante medida cautelar. TERCERO: Solicitar por POR (sic) SEGUNDA VEZ al señor Minor González Guzmán, Jefe de la Oficina Alajuela, Área de Conservación Central, o quien ocupe su cargo, que proceda a cumplir con lo ordenado en el considerado cuarto de la presente resolución, en el plazo de DIEZ DÍAS NATURALES los cuales comenzarán a correr el día siguiente hábil a la notificación de la presente resolución. CUARTO: Solicitar POR TERCERA VEZ a la señora Cynthia Barzuna Gutiérrez, Secretaria General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), o quien ocupe su cargo, que proceda a cumplir con lo ordenado en el considerado quinto de la presente resolución”. Mediante resolución nro. 705-22-TAA de las 9:40 horas del 20 de mayo de 2022, el TAA dispuso: “PRIMERO: (…) solicita al Dr. Ronald Enrique Mora Solano, Director de la Dirección Área Rectora de Salud Alajuela 2, Ministerio de Salud, o quien ocupe su cargo, que proceda a: 1) referirse al cumplimiento de las acciones correctivas implementadas en cumplimiento de la orden sanitaria número MS-DRRSCN-DARSA2-0349-2021 (folio 754) de Nombre02 S.A. indicadas en el oficio MS-DRRSCN-DARSA2-3451-2021 de fecha 29 de septiembre del 2021 suscrito por su persona (folio 758), en el que se indica que se tenía prevista la finalización de las mismas para diciembre del 2021; 2) referirse al seguimiento o si se recibió el criterio técnico de la Unidad de Salud Ambiental de la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental de Ministerio de Salud en relación con el estudio perimetral de aire en establecimientos, esto para poder dar cumplimiento a la medida cautelar atípica impuesta por este Tribunal en relación con la medición de partículas totales en suspensión para verificar la calidad del aire con respecto a la actividad realizada por Nombre02 S.A., mismo que se mantiene pendiente como se describe en el oficio MS-DRRSCN-DARSA2-IT-3443-2021 de fecha 28 de setiembre del 2021 (folios 759 y 760) suscrito por la Licda. Diana Espinoza Navarro funcionaria de Regulación del Área Rectora de Salud Alajuela 2 (…) SEGUNDO: (…) solicita al Ing. José Miguel Zeledón Calderón, Director de la Dirección de Agua, o quien ocupe su cargo, que proceda a realizar la valoración económica del daño ambiental en relación con el incumplimiento en los límites permisibles de aguas residuales detectados por el Ministerio de Salud, por lo que se remite el reporte operacional de aguas residuales de Nombre02 S.A. visible a folios 752 y 753”. El 4 de noviembre de 2022 se formuló un pronto despacho. Por resolución nro. 1541-22-TAA de las 15:50 horas del 17 de noviembre de 2022, el TAA estableció: “PRIMERO: (…) POR SEGUNDA VEZ al Dr. Ronald Enrique Mora Solano, Director de la Dirección Área Rectora de Salud Alajuela 2, Ministerio de Salud, o quien ocupe su cargo, que proceda a referirse al seguimiento o si se recibió el criterio técnico de la Unidad de Salud Ambiental de la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental de Ministerio de Salud en relación con el estudio perimetral de aire en establecimientos, esto para poder dar cumplimiento a la medida cautelar atípica impuesta por este Tribunal en relación con la medición de partículas totales en suspensión para verificar la calidad del aire con respecto a la actividad realizada por Nombre02 S.A., mismo que se mantiene pendiente como se describe en el oficio MS-DRRSCN-DARSA2-IT-3443-2021 de fecha 28 de setiembre del 2021 (folios 759 y 760) suscrito por la Licda. Diana Espinoza Navarro funcionaria de Regulación del Área Rectora de Salud Alajuela 2. SEGUNDO: (…) este Despacho solicita POR SEGUNDA VEZ al Ing. José Miguel Zeledón Calderón, Director de la Dirección de Agua, o quien ocupe su cargo, que proceda a realizar la valoración económica del daño ambiental en relación con el incumplimiento en los límites permisibles de aguas residuales detectados por el Ministerio de Salud, por lo que se remite el reporte operacional de aguas residuales de Nombre02 Nombre03 (…)”. Mediante resolución nro. 902-23-TAA de las 14:18 horas del 20 de junio de 2023, el TAA dispuso: “PRIMERO: (…) POR TERCERA VEZ al Dr. Ronald Enrique Mora Solano, Director de la Dirección Área Rectora de Salud Alajuela 2, Ministerio de Salud, o quien ocupe su cargo, que proceda a referirse al seguimiento o si se recibió el criterio técnico de la Unidad de Salud Ambiental de la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental de Ministerio de Salud en relación con el estudio perimetral de aire en establecimientos, esto para poder dar cumplimiento a la medida cautelar atípica impuesta por este Tribunal en relación con la medición de partículas totales en suspensión para verificar la calidad del aire con respecto a la actividad realizada por Nombre02 S.A., mismo que se mantiene pendiente como se describe en el oficio MS-DRRSCN-DARSA2-IT-3443-2021 de fecha 28 de setiembre del 2021 (folios 759 y 760) suscrito por la Licda. Diana Espinoza Navarro funcionaria de Regulación del Área Rectora de Salud Alajuela 2. SEGUNDO: (…) POR TERCERA VEZ al Ing. José Miguel Zeledón Calderón, Director de la Dirección de Agua, o quien ocupe su cargo, que proceda a realizar la valoración económica del daño ambiental en relación con el incumplimiento en los límites permisibles de aguas residuales detectados por el Ministerio de Salud, por lo que se remite el reporte operacional de aguas residuales de Nombre02 S.A. visible a folios 752 y 753”. Mediante resolución nro. 1128-23-TAA de las 9:00 horas del 17 de agosto de 2023, el TAA estableció: “PRIMERO: (…) POR CUARTA VEZ al Dr. Ronald Enrique Mora Solano, Director de la Dirección Área Rectora de Salud Alajuela 2, Ministerio de Salud, o quien ocupe su cargo, que proceda a referirse al seguimiento o si se recibió el criterio técnico de la Unidad de Salud Ambiental de la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental de Ministerio de Salud en relación con el estudio perimetral de aire en establecimientos, esto para poder dar cumplimiento a la medida cautelar atípica impuesta por este Tribunal en relación con la medición de partículas totales en suspensión para verificar la calidad del aire con respecto a la actividad realizada por Nombre02 S.A., mismo que se mantiene pendiente como se describe en el oficio MS-DRRSCN-DARSA2-IT-3443-2021 de fecha 28 de setiembre del 2021 (folios 759 y 760) suscrito por la Licda. Diana Espinoza Navarro funcionaria de Regulación del Área Rectora de Salud Alajuela 2. SEGUNDO: (…) Que visto el oficio DA-UHTPCOSJ-1475-2023 de fecha 27 de julio del 2023 suscrito por la Ing. Marilyn Mora Vega, Coordinadora de la Unidad Hidrológica Tárcoles-Pacífico Central de la Dirección de Agua, se remiten los folios 752 y 753 del expediente administrativo”. El 25 de agosto de 2023, el Área Rectora de Salud Alajuela 2 del Ministerio de Salud aportó lo requerido en la resolución nro. 1128-23-TAA de las 9:00 horas del 17 de agosto de 2023. Mediante resolución nro. 1550-23-TAA de las 14:00 horas del 1° de noviembre de 2023, el TAA dispuso: “UNICO: (…) POR CUARTA VEZ al Ing. José Miguel Zeledón Calderón, Director de la Dirección de Agua, o quien ocupe su cargo, que proceda a realizar la valoración económica del daño ambiental en relación con el incumplimiento en los límites permisibles de aguas residuales detectados por el Ministerio de Salud, en relación con el reporte operacional de aguas residuales de Nombre02 S.A. visible a folios 752 y 753 y remitido mediante resolución número 1128-2023-TAA de las 09 horas del 17 de agosto del 2023”. El 28 de noviembre de 2023, la Dirección de Agua requirió información al TAA para dar respuesta a lo solicitado. Por resolución nro. 1665-23-TAA de las 9:10 horas del 8 de diciembre de 2023, el TAA dispuso: “UNICO: (…) Que revisado el oficio DA-UHTPCOSJ-2423-2023 de fecha 27 de noviembre del 2023, visible a folio 895, suscrito por el Ing. Danny Olivares Rivera, Coordinador a.i. de la Unidad Hidrológica Tárcoles-Pacífico Central de la Dirección de Agua, se indica que los folio 752 y 753 fueron remitidos mediante resolución 1128-2023-TAA de las 09 horas del 17 de agosto del 2023 (visible a folios 853 y 854) en respuesta al oficio DA-UHTPCOSJ-1475-2023 de fecha 27 de julio del 2023, misma debidamente notificada a los correos ...03 y ...04 como consta a folios 867 y 868 del presente expediente administrativo. Se remite nuevamente copia de los folios 752 y 753 correspondiente a un reporte operacional de aguas residuales. En razón de lo anterior, este Despacho solicita POR QUINTA VEZ al Ing. José Miguel Zeledón Calderón, Director de la Dirección de Agua, o quien ocupe su cargo, que proceda a realizar la valoración económica del daño ambiental en relación con el incumplimiento en los límites permisibles de aguas residuales detectados por el Ministerio de Salud, en relación con el reporte operacional de aguas residuales de Nombre02 S.A. visible a folios 752 y 753 y remitido mediante resolución número 1128-2023-TAA de las 09 horas del 17 de agosto del 2023 y adjunto a la presente”. Mediante resolución nro. 656-2025-TAA de las 13:08 horas del 16 de junio de 2025, el TAA estableció: “UNICO: Ordenar al Dr. Ronald Enrique Mora Solano, en su condición de Director de la Dirección Área Rectora de Salud Alajuela 2 del Ministerio de Salud, o a quien ocupe su cargo, que proceda a remitir la certificación de calidad de agua residual de los últimos tres años así como los últimos cuatro reportes operacionales de emisiones atmosféricas de la empresa Nombre02 S.A.”. Mediante resolución nro. 776-2025 de las 9:40 horas del 10 de julio de 2025, se dispuso: “(...) ÚNICO: ORDENAR POR SEGUNDA OCASIÓN al Dr. Ronald Enrique Mora Solano, en su condición de Director de la Dirección Área Rectora de Salud Alajuela 2 del Ministerio de Salud, o a quien ocupe su cargo, que proceda a remitir la certificación de calidad de agua residual de los últimos tres años así como los últimos cuatro reportes operacionales de emisiones atmosféricas de la empresa Nombre02 S.A. Lo anterior deberá cumplirse en el plazo de DIEZ DIAS (sic) naturales contados a partir del primer día hábil siguiente de notificada la presente resolución. (...)". El 11 de julio de 2025, la Dirección de Agua del MINAE remitió al TAA el memorial DA-UHTPCOSR-0276-2025 en relación con lo solicitado en la resolución R-705-22-TAA de las 9:40 horas del 20 de mayo de 2022. El 14 de junio (sic) de 2025 se comunicó al TAA el oficio CARTA-MS-DRRSCN- DARSA2-1954-2025 suscrito por la directora a. i. del Área Rectora de Salud Alajuela 2, mediante el cual remitió la certificación de calidad de agua residual y los cuatro últimos reportes operaciones sobre emisiones provenientes de calderas y hornos.

De la lectura integral del memorial de interposición se desprende que lo acusado por el recurrente es la dilación del TAA en tramitar el expediente nro. 285-13-03-TAA desde la emisión de la resolución nro. 1725-20-TAA del 5 de junio de 2020; incluso, recuérdese que su pretensión fue que se ordene al TAA emitir la resolución correspondiente para continuar la tramitación del expediente nro. 285-13-03 y que emitan las medidas cautelares que garanticen la protección del ambiente. Por tal motivo, el análisis por parte de esta Cámara se circunscribirá a determinar si se ha producido o no un retardo en la tramitación de tal asunto a partir de ese período de tiempo.

Aclarado lo anterior, la Sala comprueba la conculcación del ordinal 41 de la Constitución Política por parte del TAA, debido a la demora en la tramitación y resolución del expediente nro. 285-13-03-TAA. Acerca de esto, obsérvese que, pese a que la denuncia que originó tal asunto data del 11 de setiembre de 2013, no menos cierto es que a la fecha de formulación de este asunto, a saber, más de 10 años después, no se ha dictado la resolución final, plazo que resulta desproporcionado. En ese sentido, de los autos se desprenden extensos periodos de tiempo de inactividad por parte del TAA, lo que refleja su falta de actuación diligente y célere. Verbigracia, el 3 de diciembre de 2019, el TAA requirió efectuar una visita de inspección; empero, la siguiente actuación de su parte que consta en el expediente data de junio de 2020, a saber, más de seis meses después. Igualmente, no fue sino hasta aproximadamente once meses después cuando se produjo otra actuación del TAA en el expediente. Adicionalmente, si bien se observa que en varias ocasiones el TAA gestionó prueba ante diversas instancias, como la Dirección de Agua del MINAE y el Ministerio de Salud, en las cuales se produjo demora en atender lo requerido, no menos cierto es que no se verifica que se hayan empleado las herramientas conferidas por el ordenamiento jurídico para constreñir a las autoridades a cumplir lo ordenado.

En consideración de lo expuesto, se acoge el recuerdo en cuanto al Tribunal Ambiental Administrativo por la lesión al artículo 41 de la Constitución Política, según lo establecido en la parte dispositiva de este asunto.

V.- En cuanto a la Dirección de Agua del MINAE, este Tribunal también verifica la vulneración de lo establecido en el artículo 41 de la Constitución Política. En ese sentido, nótese que, mediante resolución nro. 705-22-TAA de las 9:40 horas del 20 de mayo de 2022, el TAA dispuso: “SEGUNDO: (…) solicita al Ing. José Miguel Zeledón Calderón, Director de la Dirección de Agua, o quien ocupe su cargo, que proceda a realizar la valoración económica del daño ambiental en relación con el incumplimiento en los límites permisibles de aguas residuales detectados por el Ministerio de Salud, por lo que se remite el reporte operacional de aguas residuales de Nombre02 S.A. visible a folios 752 y 753”. Posteriormente, ante el incumplimiento de lo ordenado, por resolución nro. 1541-22-TAA de las 15:50 horas del 17 de noviembre de 2022, el TAA estableció: “este Despacho solicita POR SEGUNDA VEZ al Ing. José Miguel Zeledón Calderón, Director de la Dirección de Agua, o quien ocupe su cargo, que proceda a realizar la valoración económica del daño ambiental en relación con el incumplimiento en los límites permisibles de aguas residuales detectados por el Ministerio de Salud, por lo que se remite el reporte operacional de aguas residuales de Nombre02 S.A”. Lo anterior también se produjo en la resolución nro. 902-23-TAA de las 14:18 horas del 20 de junio de 2023, en la que el TAA dispuso: “POR TERCERA VEZ al Ing. José Miguel Zeledón Calderón, Director de la Dirección de Agua, o quien ocupe su cargo, que proceda a realizar la valoración económica del daño ambiental en relación con el incumplimiento en los límites permisibles de aguas residuales detectados por el Ministerio de Salud, por lo que se remite el reporte operacional de aguas residuales de Nombre02 S.A. visible a folios 752 y 753”, así como en la resolución nro. 1128-23-TAA de las 9:00 horas del 17 de agosto de 2023, por medio de la cual el TAA estableció: “Que visto el oficio DA-UHTPCOSJ-1475-2023 de fecha 27 de julio del 2023 suscrito por la Ing. Marilyn Mora Vega, Coordinadora de la Unidad Hidrológica Tárcoles-Pacífico Central de la Dirección de Agua, se remiten los folios 752 y 753 del expediente administrativo”. Además, en la resolución Que visto el oficio DA-UHTPCOSJ-1475-2023 de fecha 27 de julio del 2023 suscrito por la Ing. Marilyn Mora Vega, Coordinadora de la Unidad Hidrológica Tárcoles-Pacífico Central de la Dirección de Agua, se remiten los folios 752 y 753 del expediente administrativo”. Asimismo, la Sala observa que no fue sino hasta el 28 de noviembre de 2023, a saber, más de un año después de haberse formulado el requerimiento, cuando la Dirección de Agua solicitó información al TAA para atender lo peticionado, ante lo cual, por resolución nro. 1665-23-TAA de las 9:10 horas del 8 de diciembre de 2023, el TAA dispuso: “UNICO: (…) Que revisado el oficio DA-UHTPCOSJ-2423-2023 de fecha 27 de noviembre del 2023, visible a folio 895, suscrito por el Ing. Danny Olivares Rivera, Coordinador a.i. de la Unidad Hidrológica Tárcoles-Pacífico Central de la Dirección de Agua, se indica que los folio 752 y 753 fueron remitidos mediante resolución 1128-2023-TAA de las 09 horas del 17 de agosto del 2023 (visible a folios 853 y 854) en respuesta al oficio DA-UHTPCOSJ-1475-2023 de fecha 27 de julio del 2023, misma debidamente notificada a los correos ...03 y ...04 como consta a folios 867 y 868 del presente expediente administrativo. Se remite nuevamente copia de los folios 752 y 753 correspondiente a un reporte operacional de aguas residuales. En razón de lo anterior, este Despacho solicita POR QUINTA VEZ al Ing. José Miguel Zeledón Calderón, Director de la Dirección de Agua, o quien ocupe su cargo, que proceda a realizar la valoración económica del daño ambiental en relación con el incumplimiento en los límites permisibles de aguas residuales detectados por el Ministerio de Salud, en relación con el reporte operacional de aguas residuales de Nombre02 S.A. visible a folios 752 y 753 y remitido mediante resolución número 1128-2023-TAA de las 09 horas del 17 de agosto del 2023 y adjunto a la presente”. Sin embargo, no fue sino hasta el 11 de julio de 2025, a saber, con posterioridad a que el director de la Dirección de Agua del MINAE fue notificado de la resolución de curso de este proceso, cuando tal dependencia puso en conocimiento del TAA el memorial DA-UHTPCOSR-0276-2025 en relación con lo solicitado en la resolución R-705-22-TAA de las 9:40 horas del 20 de mayo de 2022.

De lo expuesto se desprende la falta de actuación diligente y célere de la Dirección de Agua del MINAE en atender lo requerido por el TAA la resolución R-705-22-TAA de las 9:40 horas del 20 de mayo de 2022, cuya respuesta se dio hasta el 11 de julio de 2025, a saber, más de tres años después, sin que se observe alguna justificación válida para tal demora. Ahora bien, dado que la situación que conculcaba los derechos fundamentales en cuanto a la Dirección de Agua mencionada fue corregida durante la tramitación de este proceso, se acoge el recurso en cuanto a esta autoridad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

VI.- Por otra parte, en cuanto al Ministerio de Salud, si bien se observa una dilación por parte de Área Rectora de Salud de Alajuela 2 en atender solicitudes del TAA, no menos cierto es que desde el 25 de agosto de 2023, a saber, de previo a la formulación de este asunto, ya había emitido el informe correspondiente. Por lo que en este momento no se observa alguna situación que merezca ser objeto de conocimiento de este Tribunal. Ergo, no se estima el asunto respecto a esta cartera ministerial.

VII.- Finalmente, la Sala observa que el recurrente solicita en memoriales planteados con posterioridad al escritorio de interposición que se constriña a la empresa Nombre02 S. A. a aportar prueba; sin embargo, adviértase que tal persona jurídica no figura como parte en este asunto. Aclarado lo anterior, recuérdese que el recurso de amparo es de naturaleza eminentemente sumaria, por lo que su tramitación es incompatible con el diligenciamiento de pruebas extensas o complejas, lo que más bien corresponde a la vía ordinaria. Por ende, no corresponde a esta Cámara Constitucional establecer, de acuerdo con la normativa infraconstitucional que rige la materia y las particularidades del caso bajo estudio, si se debe o no cerrar o prohibir el funcionamiento de la empresa mencionada en los términos peticionados, ni pronunciarse respecto a las inconformidades con las decisiones adoptadas por el Ministerio de Salud. En todo caso, véase que tales disconformidades son objeto de conocimiento del TAA en el expediente nro. 285-13-03.

VIII.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.

IX.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

X.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente indica que desde el 11 de setiembre de 2013, o incluso antes, el Condominio La Canadá y los vecinos del Dirección01 han mantenido una lucha para el cese de las supuestas afectaciones al ambiente y la salud por parte de la empresa Nombre02 S. A, sin que a la fecha se haya brindado una solución definitiva a la situación.

XI.- VOTO SALVADO PARCIAL DE LOS MAGISTRADOS SALAZAR ALVARADO Y GARITA NAVARRO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA.

Si bien coincidimos con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, nos separamos del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.

La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:

“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:

“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.

En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio de los suscritos, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.

Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.

El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.

En nuestro criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaramos.

Como razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estimamos los suscritos que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables. A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente:

“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”.

Es claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a nuestro juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados. Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria. Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio. Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada. Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externamos nuestro voto y reiteramos que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios.

XII.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): "Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes".

Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa "resolución" es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase "si fueren procedentes" se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.

Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: "Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia".

Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no. se diera tal condenatoria, en el caso de que si se hubieren dado, no habría título -derivado de este proceso- para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos. Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aún cuando el derecho haya sido restituido.

En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.

XIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel u objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados en un plazo máximo de 30 días hábiles, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo material que no sea recogido dentro de ese lapso, con base en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial" (aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 de 22 de agosto de 2011 y publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012) y en el artículo LXXXI de la sesión del Consejo Superior del Poder Judicial nro. 43-12 de 3 de mayo de 2012.   

Por tanto:

Respecto a la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía se declara con lugar el recurso sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. En cuanto al Tribunal Ambiental Administrativo, se declara con lugar el recurso, debido a la lesión al ordinal 41 de la Constitución Política. Se les ordena a Maureen Solís Retana y Ana Gómez de la Fuente Quiñónez, por su orden, presidenta y vicepresidenta a. i., ambas del Tribunal Ambiental Administrativo, o a quienes en su lugar ocupen dichos cargos, que coordinen lo pertinente y lleven a cabo todas las actuaciones dentro del ámbito de sus competencias respectivas, a fin de que, en el plazo máximo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se resuelva de forma definitiva y sin dilaciones indebidas, la denuncia ambiental atinente al expediente nro. 285-13-03 y se le notifique lo resuelto a la parte denunciante al medio señalado para tales efectos. Se advierte que, de no acatar la orden dicha, podría incurrir en el delito de desobediencia y que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley la Jurisdicción Constitucional, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. El magistrado Castillo Víquez pone nota. El magistrado Salazar Alvarado pone nota. Los magistrados Salazar Alvarado y Garita Navarro salvan parcialmente el voto y disponen la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. Notifíquese.

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Luis Fdo. Salazar A.




Jorge Araya G.

	

 

	

Anamari Garro V.




Ingrid Hess H.

	

 

	

Jose Roberto Garita N.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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EXPEDIENTE N° 25-016364-0007-CO

 

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Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:50:26.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.** San José, at nine hours and twenty minutes on the eighteenth of July two thousand twenty-five.

A recurso de amparo processed under case file number 25-016364-0007-CO, filed by Name01, identity card CED07, against the MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY (MINAE), THE ENVIRONMENTAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL (TAA), AND THE MINISTRY OF HEALTH.

**Resultando:**

**1.-** By brief added to the digital case file on June 6, 2025, the petitioner files a recurso de amparo. They state: “FIRST: Since September 11, 2013, or even earlier, the Condominio La Cañada and the residents of Address01, located in San Rafael de Alajuela, have begun and maintained a constant struggle to end the harm to the environment and the community’s health. Specifically, on the aforementioned date, we filed a formal complaint for alleged environmental infraction against the company ‘Matadero del Valle’ S.A. This process has been a tireless pursuit of an effective resolution to protect our quality of life and our environment. SECOND: Said complaint was filed before the Environmental Administrative Tribunal (TAA) and was assigned case file number 285-13-03. THIRD: Over the years, we have addressed multiple proceedings before various administrative and judicial authorities. However, after approximately six years of processing the case file and countless attempts to reach a satisfactory solution that would end the harm, the TAA, through resolution number 249-19-TAA of February 15, 2019, summoned the parties to an oral and public hearing scheduled for June 10 and 11, 2020. FOURTH: On August 28, 2019, in our persistent search for justice and effective solutions, we filed a brief expanding the complaint with new relevant evidence and requested an urgent precautionary measure to mitigate the ongoing harm. FIFTH: Through resolution 1725-20-TAA of June 5, 2020, the TAA suspended the scheduled oral and public hearing and declared resolution 249-19-TAA null. The reasoning for this suspension was the need to return the process to the investigation stage due to the new evidence provided by the complainants. SIXTH: Since the presentation of the new evidence (August 28, 2019) and the suspension of the hearing (June 5, 2020), an excessive amount of time has passed (one year and nine months since the evidence, and almost one year since the hearing’s suspension). As of the date this amparo was filed, there is no new resolution from the Environmental Administrative Tribunal scheduling a new oral and public hearing. SEVENTH: The lack of a prompt and effective resolution by the TAA has allowed the reported environmental harm to continue uninterruptedly, directly affecting the neighbors’ quality of life and health. Documents from the administrative case file reveal reports on sludge and biosolids, as well as atmospheric emissions, from ‘Matadero del Valle’ S.A., which, although indicating compliance with regulatory limits during certain periods, the continuity of the complaint and the TAA’s inaction suggest that the harm persists. EIGHTH: Specifically, previous reports indicate that the generated biosolid is of ordinary type B1, and the total generated in the respondent’s treatment plant is 12,600 kg as crude sludge and 8,717 kg as treated sludge, corresponding to the fourth quarter of 2018. The sludge extraction process was carried out using a filter press, and final disposal was on a coffee plantation as organic fertilizer. The monitored parameters (pH, moisture percentage, Fecal Coliforms, Pathogenic helminth eggs) were below the limits established in the Reglamento para el Manejo y Disposición Final de Lodos y Biosólido N° 39316-S. However, the persistence of the complaint implies continuous concern about the effectiveness of these measures or other unaddressed factors. NINTH: Additionally, ‘Matadero del Valle’ S.A. submitted an Operational Report for Emissions from Indirect Fired Boilers and Furnaces dated May 20, 2019. This report shows that the concentrations of the measured parameters (PTS, SO2, NOx) are below the maximum values permitted by Decreto 36551-MINAET-MTSS, implying compliance during equipment operation. Despite these compliance reports, the initial environmental complaint and its expansion persist, evidencing that the neighbors’ concerns have not been resolved. TENTH: The company proposed and began a pilot project for bioremediation of sludges and greases in Lagoon No. 2 to continue cleaning the entire treatment system starting February 2020, expecting removals between 60% and 70% of the accumulations. Despite these initiatives, the TAA’s inaction prolongs the uncertainty regarding the definitive resolution of the case and the cessation of harm. ELEVENTH: There is a report issued by Name02 S.A. itself on February 17, 2020, to the Ministry of Health, which shows that the flow of the Río Segundo de Alajuela was decreasing with a ‘reddish-brown color,’ although the water at the outlet of its treatment plant appeared completely clear. This fact, although reported by the company, underscores the need for an expeditious investigation and resolution by the environmental authorities, given the potential for harm to the receiving water body. TWELFTH: As a direct consequence of the alleged environmental infraction and the unjustified delay in resolving the case by the Environmental Administrative Tribunal, the residents of Condominio La Cañada have experienced and continue to experience significant effects on their physical and emotional health. These effects include, but are not limited to, respiratory problems, skin or mucous membrane irritations, gastrointestinal discomforts, and constant stress, anxiety, and uncertainty associated with the presence of unpleasant odors or the perception of air and water pollution, which seriously deteriorates their quality of live and their right to live in a healthy and safe environment. The reports on sludges, biosolids, and emissions, as well as the observation of the river with an abnormal color, generate constant concern about exposure to pollutants that, although not always directly quantified regarding their health effects in the documents, are a logical and expected consequence of environmental pollution. LAW The fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, recognized in Article 50 of the Political Constitution, is considered violated. The inertia of the Environmental Administrative Tribunal in resolving an environmental complaint that has been pending for years, and which involves the potential harm to vital natural resources such as a river and exposure to potential pollutants, seriously compromises the environmental quality that our clients have the right to enjoy, and with it, their physical and emotional health. Likewise, the rights to a prompt response and access to information, enshrined in Articles 27 and 41 of the Political Constitution, are violated. The prolonged inactivity of the TAA since the suspension of the hearing and the return to the investigation stage, without issuing a new resolution to continue the process, constitutes a denial of justice. Crucially, the Environmental Administrative Tribunal’s omission in advancing the process, after almost a year since the hearing suspension, violates the fundamental right to obtain justice or a judicial resolution within a reasonable timeframe. This right is an essential component of effective judicial protection and has been widely recognized by the jurisprudence of this Constitutional Chamber. The unjustified prolongation of a judicial process, especially one concerning the protection of a fundamental right such as the environment and public health, generates legal uncertainty and frustrates the legitimate expectation of the citizens to obtain a solution to their conflict within a prudent timeframe. The State has the obligation to guarantee an agile and efficient administrative and judicial procedure, particularly when it involves the protection of fundamental rights and public environmental assets. The Constitutional Chamber has repeatedly held that unjustified delay in administrative and judicial procedures that affect fundamental rights is contrary to constitutional principles. The persistence of the reported situation, without a timely jurisdictional response, aggravates the environmental damage and undermines trust in the administration of justice. PETITION Based on the foregoing, with due respect, we request this Honorable Constitutional Chamber: To declare this recurso de amparo with merit. To order the Environmental Administrative Tribunal (TAA) to immediately, and without further delay, issue the corresponding resolution for the continuation of case file 285-13-03, either by convening the oral and public hearing or by taking the necessary procedural actions to resolve the complaint definitively and expeditiously. To order the respondent authorities, if necessary, to implement precautionary or preventive measures that guarantee the protection of the environment in the area affected by the operations of Name02 S.A., in order to mitigate possible effects on the neighbors’ health while the merits of the complaint are decided.”

**2.-** By resolution of the Presidency of the Chamber at 11:12 hours on June 12, 2025, the amparo was processed, and the ministers of Health and of Environment and Energy, as well as the president of the Environmental Administrative Tribunal, were requested to report on the facts alleged by the petitioner.

**3.-** By brief added to the digital case file on June 17, 2025, Franz Tattenbach Capra, in his capacity as Minister of Environment and Energy, reports under oath. He states: “Starting from the premise that under MINAE’s structure is the Environmental Administrative Tribunal, which, pursuant to Article 103 of the Ley Orgánica del Ambiente No. 7554, was created as a deconcentrated body attached to MINAE, with exclusive competence and functional independence in the performance of its duties, and given that the filed recurso de amparo concerns alleged delays by the Environmental Administrative Tribunal in processing case file 285-13-03-TAA, the respective report was requested from said Tribunal. They detail a large number of actions taken within said case file and conclude in report No. O-416-2025-TAA dated June 17, 2025, claiming that ‘…Having set out the foregoing, it is important to indicate to Legal Advisory that this Tribunal has taken the necessary steps before the competent institutions to obtain the information deemed important to have prior to a possible filing of charges or any other decision regarding the reported case, acting diligently in the processing of this administrative case file, for which reason the file is currently in the preliminary investigation stage and awaiting receipt of the requirement requested from the Ministry of Health’. In light of the foregoing, it is requested that the request for a report be deemed fulfilled, and further, that the recurso de amparo be declared without merit as far as this Ministry is concerned.”

**4.-** By brief added to the digital case file on June 18, 2025, Mary Munive Argermüller, in her capacity as Minister of Health, reports under oath. She mentions: “Now, in response to this recurso, I proceed to render this legal report based on Official Letter No. CARTA-MS-DRRSCN-DARSA2-1581-2025 (attached) dated June 16, 2025, signed by Ms. Diana Espinoza Navarro and Ms. Claudia Hernández Víquez, both officials of the Regulatory Process of the Alajuela 2 Health Rectorate Area Directorate, which states: ‘Official Letter No. CARTA- CARTA-MS-DRRSCN-DARSA2-1581-2025: ‘…, it is necessary to note that this establishment, like others with similar activities, has been inspected and followed up periodically by this Ministry. Always considering that it is an establishment that holds a Veterinary Operation Certificate (CVO), but not a sanitary operating permit as such. For the type of activity it carries out, Name02 reports to the Ministry of Health on the management of wastewater (see attached wastewater quality certifications), atmospheric emissions (boiler), and sludge and biosolids. Alajuela, Address02 Tel. Telf05 …01 The following chart summarizes the visits made in the current year to the company Matadero del Valle, located 800 m east of the entrance to the Balneario Ojo de Agua in San Rafael de Alajuela: (…) Regarding the facts alleged in the brief filed by Mr. Name01 before the Constitutional Chamber concerning public health problems (respiratory ailments, skin and mucous membrane irritations, gastrointestinal discomfort, stress, and anxiety) associated with the emission of unpleasant odors from this company, to date there is no evidence demonstrating a direct link between these elements. It is worth mentioning that no medical report associated with the mentioned illnesses is attached, and based on the review of the administrative case file, no complaints filed on this topic by the petitioner prior to the filing of this recurso de amparo were found. It is worth mentioning that to date there is no national regulation governing odors emitted by regulated parties. Therefore, despite the nuisances expressed at the time, we currently lack a legal framework to demand more measures than those already implemented by the company, which, at this moment, is complying with the current regulatory framework. However, as recorded in the administrative case file, and as a consequence of our duty to ensure the health of the population, a series of improvements to these systems have been requested over time. An odor control system was requested at the time for the derivatives processing sector (rendering). Subsequently, through sanitary order MS-DRRSCN-DARSA2-OS-0151-2023, improvements to the treatment and odor control system (STO) were requested. Accordingly, maintenance was performed on it, gas leaks were eliminated, and system parts were replaced; the STO has its respective calculation report. The STO currently functions adequately, and since its implementation and subsequent improvements, complaints about bad odors have decreased, with two complaints for bad odors received at the environmental comptroller’s office in 2024 and transferred to the Alajuela 2 Rectorate Area: Complaint 420-24 of August 14, 2024: report MS-DRRSCN-DARSA2-IT-2617-2024 concluded that no unpleasant odors were perceived, no evidence of incidents compromising the operation of the inspected plants was found, SENASA did not issue any observation or administrative act. Regarding the complaint of October 17, 2024, a visit was conducted with the regional Chemist, who, in their report MS-DRRSCN-URS-1224-204, indicated as a result of the inspection that the rendering area was in operation, without leaks, with the application of sodium hypochlorite and odor neutralizers; in the surroundings, odors are not perceived, only at a short distance from the cookers is the characteristic odor of the productive activity perceived. Likewise, improvements to the company’s wastewater treatment plant have been requested, the most recent request being that set forth in sanitary order No. MS-DRRSCN DARSA2-OS-0068-2025, notified on April 10, 2025 (currently within the compliance period). Concerning the case filed before the Environmental Administrative Tribunal (TAA), number 285-13-03, it is reported: (…) 2. Considering this situation, the company’s digitized information was reviewed first, yielding the following findings: In 2021, through sanitary order MS-DRRSCN-DARSA2-OS 0254-2021, Name02 was requested to proceed with the payment for the sampling requested by the Environmental Administrative Tribunal, as an atypical precautionary measure, Resolution No. 471-21-TAA of May 7, 2021 (see extract in Anexo 1). The requested sampling included wastewater (wastewater treatment system), atmospheric emissions (boiler), and a perimeter study of total suspended particles (PTS), particles less than or equal to 10 micrometers, 2.5 micrometers, and gases, this at at least four points, for the purposes of verifying air quality concerning the activity carried out. The sampling indicated by the TAA was conducted in the months of May and June 2021. Please read the attached report MS-DRRSCN-DARSA2-IT-2618-2021. Subsequently, sanitary order No. MS-DRRSCN-DARSA2-OS 0349-2021 was issued, given that four parameters in the conducted sampling were not met (wastewater and atmospheric emissions). See attached copy. During the implementation of the corrective action plan by Matadero del Valle, reports were received on its progress. This follow-up was reported to the TAA, as recorded in official letters No. MS DRRSCN-DARSA2-2627-2021 and MS-DRRSCN-DARSA2-3451-2021. Regarding the perimeter study requested by the TAA, this Directorate could not provide a compliance opinion due to the scope of the regulation suggested by said tribunal (Reglamento de Calidad del Aire para Contaminantes Criterio, DE-39951-S), which is exclusive to the National Air Quality Monitoring Network, administered by the current Directorate of Radiological Protection and Environmental Health (DPRSA). 3. Regarding the physical documentation on this case, information related to the case presented by Mr. Oscar Arias Trejos before the TAA is presented below in chronological order: 2013: as recorded on folios 00794 to 00801, on September 12, 2013, Mr. Arias Trejos, in his capacity as president of the Asociación de Vecinos Pro-Defensa del Barrio La Cañada, filed a complaint for nuisance from bad odors due to the activity carried out by Name02 (see attached document). This was addressed with support from the Regional level, and administrative acts were issued for the respondent to correct their operation (please read report No. CN-URS-1483-2013). Through resolution No. 1024-13-TAA, this tribunal requested the Regional Director, Dr. Karina Garita Montoya (see attached copy), to comment on the submission of operational reports (wastewater and emissions), waste management, and odor control system. This Directorate provided the necessary inputs to respond to the TAA. 2018: on September 10, 2018, the TAA, through Resolution No. 909-18 TAA, requested a report on the administrative and operational conditions from the Municipality of Alajuela, the Central North Health Rectorate Regional Directorate, the Water Directorate of MINAE, and the Secretaría Técnica Nacional Ambiental. This Directorate sent official letter No. CN ARS-A2-1813-2018 to the regional director (folios 02476- 02482). During this year, joint inspections were conducted with the Regional Level, in which opportunities for improvement were detected, leading to the issuance of the following administrative acts: OS-CN-ARS-A2-065-2018 and OS-CN-ARS A2-0146-2018. 2019: in response to administrative resolution No. 1697-19-TAA, on October 1, 2019, participation occurred in an inter-institutional inspection, in which SENASA and the TAA participated. The foregoing is recorded in official letter No. MS-DRRSCN DARSA2-IT-1993-2019 (see attached copy). This Directorate sent a copy of the follow-up to the TAA. 2021: as indicated in item 2, this Directorate issued an administrative act to conduct wastewater sampling, atmospheric emissions sampling, and a perimeter study. In addition to the foregoing, on June 16, 2021, Resolution No. 636 21-TAA was received (see attached document), in which this tribunal deems the complaint answered regarding the request for information related to the sampling ordered through a precautionary measure and requested information from the Central Conservation Area of SINAC and SETENA. No additional actions are indicated for the Ministry of Health to perform. Based on the foregoing, it is determined that the Ministry of Health has complied with the requests for information and actions ordered by the Environmental Administrative Tribunal over time in relation to case file 285-13-03. In addition to the foregoing, this Directorate has carried out surveillance of the operation of Name02 Name03 (wastewater treatment plant, boiler, odor systems), according to the powers granted to the Health authority. Finally, regarding the link between the public health problems alleged by the petitioner and the odors emitted by this company as a result of its productive activity, as of the cut-off date of this report, there is no evidence demonstrating a direct relationship, nor specific regulations governing the concentration of odors emitted by regulated parties.’ CONCLUSIONS: As correctly pointed out by the information indicated in official letter No. CARTA-MS-DRRSCN-DARSA2-1581-2025, cited above, the Ministry of Health, in compliance with the duty to protect public health, has requested and executed various improvements in the odor control systems, evidenced in the maintenance, which has contributed to a significant decrease in complaints about bad odors. In recent inspections, the health authority has not found irregularities or situations that compromise the operation of the facilities. Given that the authorities of the Alajuela 2 Health Rectorate Area have promoted improvements in the wastewater treatment plant through sanitary order No. MS-DRRSCN DARSA2-OS-0068-2025, notified on April 10, 2025 (currently within the compliance period). Likewise, it is concluded that the authorities of the Ministry of Health assigned to the Alajuela 2 Health Rectorate Area have satisfactorily complied with the requests for information and the actions ordered by the Environmental Administrative Tribunal in relation to case file 285-13-03. Also, they have carried out continuous surveillance of the operation of the wastewater treatment plant, according to the powers granted to the Ministry of Health (…) PETITION. Based on the foregoing, as well as on the existing evidence submitted with this report, I respectfully request the Honorable Constitutional Chamber to DECLARE WITHOUT MERIT this recurso de amparo, since the health authority has not found irregularities or situations compromising the operation of the facilities. Therefore, I reiterate the respectful request to EXEMPT THE UNDERSIGNED MINISTER OF HEALTH, THE MINISTRY OF HEALTH, FROM ALL LIABILITY AND DECLARE THIS RECURSO DE AMPARO WITHOUT MERIT.”

**5.-** By brief added to the digital case file on June 18, 2025, Maureen Solís Retana and Ana Gómez de la Fuente Quiñónez, respectively president and acting vice president, both of the TAA, report under oath. They explain: “FIRST: That the Environmental Administrative Tribunal (TAA), by provision of Article 103 of the Ley Orgánica del Ambiente (published in La Gaceta No. 215 on November 13, 1995), is established as a deconcentrated body of the Ministry of Environment and Energy, with exclusive competence and functional independence in the performance of its duties. In accordance with the powers of the Environmental Administrative Tribunal under the Ley Orgánica del Ambiente, this institution acts either upon the filing of a complaint by an interested party (Art. 108 of LOA) or ex officio (Art. 111 of LOA). SECOND: Background in relation to administrative case file number 285-13-03-TAA. 1. That on September 11, 2013, this Tribunal received a brief signed by Mr. Óscar Arias Trejos, identity card CED01, in his capacity as President of the Asociación de Vecinos Pro Defensa del Ambiente del Barrio La Cañada, legal identification number CED02, filing an environmental complaint against the slaughterhouse activity of Name02 S.A., legal identification number CED03, asserting the following: ‘The slaughterhouse activity carried out in San Rafael de Alajuela, 800 meters west of the Balneario Ojo de Agua, generates animal remains (horns, blood, bones, pieces of meat, manure, etc.), which produce “…bad odors and environmental pollution to the surrounding areas” (folio 1).’ They add that since 2006, the respondent committed to making improvements to reduce bad odors by 98%, which was never fulfilled. The bad odors are generated randomly, without a fixed pattern, for short or prolonged periods, even at dawn. Furthermore, wastewater is discharged that ‘…not only contaminates the waters of the River but also produces bad odors, plagues of flies and other insects, all of which affects the community of neighbors that makes up this Association’ (folio 2)’, (folio 01-06). 2. That the complaint was assigned administrative case file number 285-13-03-TAA. 3. That on February 7, 2014, by fax, and on February 11, 2014, in the original version, Official Letter No. DR-CN-347-2014, dated February 6, 2014, signed by Dr. Karina Garita Montoya, Director of the Central North Region of the Ministry of Health, was received, stating the following (folios 11 and 12): 1. ‘The Company Name02 is up to date in the submission of operational reports for emissions from boilers. 2. Regarding the report covering the period from July 1 to December 31, 2013, which failed the PTS parameter in accordance with Article 26 of Reglamento 36551-S-MINAET-MTSS, the company attached a corrective action plan. Records held in the Alajuela 2 Health Rectorate Area (Entry No. 257-14) show that on January 16, 2014, a new operational report for that same period was submitted to that Area, which complies with the legal parameters. 3. As for the calculation report and design plans for the 98% Bad Odor Elimination Project, it was approved through report UAPH-RCN-1722-2006 by Mr. Wilberth Vásquez Bustos, regional chemist.’ 4. That through resolution number 174-14-TAA at 13 hours 20 minutes on February 19, 2014, visible on folio 13, the Ministry of Health is requested to provide the operational reports for 2013. 5. That on April 29, 2014, Official Letter No. DR-CN-1123-2014 from the Ministry of Health was received, forwarding various 2013 wastewater operational reports (folios 16 to 45 of the case file). 6. That on October 15, 2014, a brief was received from Ms. Ana Lucrecia Quirós Montoya, bar association number 5243, identity card CED04, appearing in the case file as a third-party coadjuvant and designating a means for receiving notifications (folio 46). 7. That on July 13, 2018, a brief from Mr. Orlando Guerrero Vargas, identity card CED05 (folios 47 to 54 of the case file), was received, appearing as a coadjuvant (folio 47), filing a complaint (folio 47) against Matadero del Valle, S.Name04., asserting the following: The respondent, in San Rafael de Ojo de Agua, carries out slaughterhouse activities ‘…of animals for human consumption and other purposes, in addition to (sic) industrial processing’ (folio 48); the company does not properly manage solid and liquid wastes, thus causing pollution and degradation. Vapors and gases of bad odors are produced, which have never been confined to the company, thereby affecting other properties, ‘…making it impossible to carry out any type of residential construction’ (folio 48). They add: ‘The problems described date back to the beginning of the offending company’s activities, and have persisted uninterruptedly over time, despite the actions taken many years ago before it to consider the precarious and harmful situation imposed on the area’s residents’ (folio 48). The indicated brief continues asserting that Name02 only has three case files before SETENA, which refer to water concessions: 552-09, 1489-05, 374-06. There is no record of an Environmental Diagnostic Study (EDA) for the slaughterhouse and industrial processing activity itself. Furthermore: ‘We were allegedly informed that the company Mataderos del Valle S.A.

discharges polluting wastewater into the Río Segundo de Alajuela, in addition to breaching its obligation to submit operational reports in a timely and sufficient manner, thereby obstructing the sanitary control of its activities and evading the application of necessary measures to preserve environmental integrity. Mataderos del Valle S.A., for many years, should have submitted the Estudio de Diagnóstico Ambiental to the Secretaría Técnica Nacional Ambiental to correct the situation; however, it has taken advantage of administrative inertia and continues its infringing activity operating without environmental viability (viabilidad ambiental)” (folio 51). Likewise, the property where the activity operates “…was expropriated by the State…” (folio 51), in a strip (folio 53). It requests that “…the operational activity” be suspended (folio 53). The legal status (personería) of the accused is attached (folios 55 and 56). 8. That by means of resolution number 909-18-TAA of 11:01 a.m. on September 10, 2018, reports are requested from the Municipality of Alajuela, Ministry of Health, Dirección de Agua of MINAE, and SETENA of MINAE (folios 57 to 61). 9. That by means of official communication number SETENA-SG-1773-2018 from the Secretario General of SETENA, received in this Office on September 18, 2018, visible at folios 75 to 77, it states that Matadero del Valle, Nombre03., legal identification number CED03, has the following files in said department: 1) File D1-552-2005-SETENA, Project Tanques de Autoconsumo de Combustible, for a property in the Province of Alajuela. 2) File D1-1489-2005, Proyecto de Renovación de Concesión de Agua”, in the Province of Alajuela. 3) Environmental viability was granted for the Proyecto Reuso de aguas para riego de pastos en finca Pedregal, for a property in the Province of Heredia. 4) File D1-0375-2006, Proyecto de Reuso y Vertido de Aguas Residuales, with environmental viability by Resolution Nº 1755-2006-SETENA, plan A-100440-93 registered folio 2102949-000. 10. That by means of official communication MA-A-3850-2018 dated September 27, 2018, received in this Office on September 28, 2018, visible at folios 78 to 113, it is indicated that the reported activity is located outside the expropriated strip and attaches a reference to the permits granted and the municipal alignment (alineamiento municipal). Copies are attached that are asserted to correspond to the following documentation: a. Official Communication Nº 96-MA-ACM-2018 from Lic. Mainor Alfaro Bravo, Coordinador del Catastro Multifinalitario municipal, with the registry study of the property of Partido de Alajuela, registered folio 102949-000, in which “no cadastral plan is indicated”, with a registration date of November 7, 1988; in a separate document, segregation by plans A-1863305-2015 and A-1201108-2007 is alluded to; cadastral plans A-980993-82, 2-1863305-2015; property of said partido, registered folio 567283-000 in the name of the State-MOPT with a registration date of September 18, 2018, indicating cadastral plan A-1863305-2015; cadastral plan 2-1201108-2007 in the name of the State-MOPT with registered folio 567284-000 (folios 80 to 89 of the file). b. Official Communication Nº MA-ACC-08556-2018, Reference Nº MA-A-3658-2018, with copies of the resolutions of the procedures carried out by the accused (folios 90 to 113). The foregoing includes the municipal resolution on the application for land use (uso de suelo) for a slaughterhouse (folio 106), a commercial license certificate for the meat industry (folios 107 to 108), Official Communication Nº MA-SGA-512-2018, reporting that during the inspection carried out, entry to the site was not permitted, so the case was referred to the Ministry of Health (folio 109); there are similar complaints (folio 110). 11. That on October 1 and 2, 2018, Official Communication Nº DR-CN-2338 is received from the Directora Regional of the Ministry of Health, forwarding Official Communication Nº CN-ARS-A2-1813-2018 (folios 114 to 127 of the file). This Official Communication is signed by Dr. Enrique Mora Solano, Director del Área Rectora de Salud Alajuela 2, and asserts the following: a. The activity carried out corresponds to the slaughter of cattle and pigs, for the production of carcass meat, therefore the issuance of the veterinary operating certificate (certificado veterinario de operación, CVO) corresponds to SENASA of the MAG. b. The slaughterhouse has been operating since 1989, as stated in the file of the Área Rectora de Salud Alajuela 2 (folio 115). c. The activity submits the Reportes de Contaminantes Atmosféricos de Calderas on time, and indicates compliance with the established parameters; the delivery of control results carried out by the Central Level is pending. d. Likewise, it submits the operational reports for wastewater (aguas residuales) on time. e. The biosolid reports show results that indicate compliance with established standards. f. The establishment has an odor control system; follow-up is currently being given to the issue of complaints about bad odors. In this regard, on May 9, 2018, Orden Sanitaria Nº OS-CN-ARS-A2-065-2018 is notified, due to non-conformities found in the inspection carried out by the Regional Level (folio 125). On May 18, 2018, the Plan de Acciones Correctivas is received. Successive visits have been made where no bad odors were found. By Official Communications Nº CN-URS-709-2018 and CN-URS-724-2018, September 10, 2018, new non-conformities are documented. In subsequent visits, no bad odors are verified either (folio 126). It adds: “With the inspections carried out, Nombre02 cannot yet be held responsible for the bad odors in the community of Dirección03. The necessary investigations will continue to determine the generating source of the problem” (folio 126). g. Solid waste management: On January 13, 2017, the company presented a comprehensive waste management program, which adequately complies. 12. That on October 9, 2018, a brief is received from Lic. Orlando Guerrero Vargas (folios 128 to 135 of the file), referring to the SETENA report (SETENA-SG-1773-2018), from which, he alleges, it is deduced that the main activity of the accused (slaughter of cattle and pigs) does not have environmental viability; the Sala Constitucional, in Judgments Nº 2003-006324 and Nº 2004-04949, ordered that projects in operation at the entry into force of the LOA had to undergo an EDA. “In this sense, the Comisión Plenaria [of SETENA], in ordinary session Number 142-2017 of September 21, 2017, by means of Resolution Nº 2223-2017-SETENA of 9:00 a.m. on November 22, 2017, repeals Resolution Number 730-2010-SETENA and adds Resolution Number 2286-2009…” (folio 131), ordering that the EDA applies to projects prior to January 16, 1997 (publication of DE-25705-MINAE) and to projects from February 6, 2002 (partial annulment of said Decree by the Sala Constitucional), until June 28, 2004 (enactment of DE-31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC); therefore, the company had to submit an EDA. It continues alleging that it is the jurisdiction of this Tribunal to hear infringements of environmental regulations, namely, the duty to have an EDA approved by SETENA; it is the jurisdiction of this Tribunal to hear infringements of environmental regulations. Therefore, it requests the suspension of the slaughterhouse's activity until it presents an EDA, which includes a comprehensive sociological study, a joint inspection with ASA of SETENA, an interdisciplinary commission to prepare the economic valuation of the alleged environmental damage, that: “Criteria be urgently requested from the Dirección de Agua de Costa Rica, on the impact that said project may have, especially since no professional from that branch was involved in its review at SETENA” (folio 134), and that MOPT carry out a certification, following an exhaustive study, accrediting that the expropriated strip does not form part of the slaughterhouse. Attached to the foregoing is a copy asserted to correspond to Resolution Nº 2223-2017-SETENA (folios 136 to 146). 13. That on October 25, 2018, visible at folios 147 to 149, a brief is received from the accused, authorizing a person to obtain a copy of the file; it indicates the physical address of the accused, and attaches legal status (personería). 14. That at folio 150, a brief from the complainant is recorded, indicating an email address to receive notifications. 15. That by means of official communication DA-UHTPCOSJ-3364-2018 from the Dirección de Agua of MINAE, visible at folios 151 to 155, official communication DA-UHTPCOSJ-3262-2018 is forwarded, signed by Ms. Esmeralda Vargas Madrigal, asserting that Matadero del Valle, S.A., has a current discharge permit (R-0288-2016-AGUASMINAE) into the Río Segundo, a public-domain watercourse with permanent flow. An unannounced visit was made on October 17, 2018, and: “From the inspection, it is concluded that both the management of sludge from the lagoons, as well as the proper functioning of the treatment system and the inadequate use of storm drains to deposit water from sinks, are the responsibility of the Ministry of Health, an institution that must correct such practices. This is mentioned in this official communication because it is in this department's interest that contaminated water does not reach water bodies, whether directly or by runoff due to rains. Finally, it is indicated that, although there are aspects to correct, no damage to the water resource is recorded according to the visual inspection or the information available in file 60-V; therefore, an economic valuation of the environmental damage is not carried out.” 16. That at folio 156, the legal status (personería) of Nombre02 S.A. is recorded. 17. That at folios 160 to 165, notification certificates for resolution 230-19-TAA and 249-19-TAA are recorded. 18. That by means of resolution number 230-19-TAA of 11:51 a.m. on February 14, 2019, visible at folios 166 to 177, the request contained in the brief presented by Lic. Orlando Guerrero Vargas on October 9, 2018, and recorded at folios 128 to 135 of the file, for this Tribunal to investigate and rule on whether the slaughterhouse activity allegedly carried out by the accused encroaches upon the strip expropriated by the State (MOPT), is rejected. Against this dismissal, the ordinary appeal for revocation (recurso ordinario de revocatoria) may be filed within a period of three business days counted from the business day following the notification of this resolution, in accordance with articles 342 and following of the Ley General de la Administración Pública, and 29 of the Reglamento de Procedimientos del Tribunal Ambiental Administrativo, and the other claims contained in the mentioned brief are rejected, without prejudice to what this Tribunal may order at the corresponding procedural stage. 19. That by means of resolution number 249-19-TAA of 2:14 p.m. on February 15, 2019, visible at folios 180 to 183, the opening of an ordinary administrative procedure is formally declared, and the parties are summoned to an oral hearing to be held on June 10 and 11, 2020, both days starting at 8:30 a.m. Notifications visible at folios 184 to 188. 20. That by means of a brief received on July 3, 2019, signed by Ms. Lucía Beatriz Gómez Chaves, in her dual personal capacity and as Presidenta of the company Matadero del Valle, S.A., asserting that she provides a copy of documentation in digital format and requesting the following (folios 189 to 200 of the file): “…we respectfully request to proceed to reconsider and assess the imputation of charges made and to dismiss without further delay the complaint before us and archive administrative file 285-13-03-TAA. The foregoing, even so that this Tribunal does not reach June 10, 2020, for a hearing that could compromise its judges for lacking any basis” (folio 199). 21. That by means of a brief filed on August 8, 2019, by Ms. Adelita Cascante Salazar, Presidenta of the Asociación de Vecinos de Dirección04, Mr. Óscar Arias Trejos, representative of the Vecinos Pro Defensa del Ambiente del Barrio La Cañada, Mr. Juan Pablo Delgado Sanabria, representative of the Vecinos del Condominio La Riviera, and Mr. Mario Hidalgo Murillo and Mr. Nombre01, asserted legal representatives of Condominio La Cañada (folios 201 to 230 of the file), stating they act in their capacity as “complainants” (folio 201), stating, among other aspects, the following: “…we appear before your authority to expand the allegations of the environmental complaint, against the accused company ‘Matadero del Valle’ S.A., to include evidence for a better resolution, and to request that a most urgent precautionary measure (medida cautelar urgentísima) be issued” (folio 201). Among other aspects, it alleges the following: The first reason for the request for expansion consists of the technical evidence attached to the brief and the fact that, previously, the complainants had not been granted a hearing on the reports presented by public institutions to the file (folios 211 to 213, see folio 213). The second reason alleges that supposedly, in the investigation of the real truth of the facts, only the allegations of the accused were taken into account, and not the evidence of the complainants (folio 214). It adds the allegation that the biological report shows that the wastewater treatment lagoons are very close to the riverbank, for which they request topographic verification regarding Article 33 of the Ley Forestal; likewise, the operational reports have shown parameters that do not comply with the regulations, and the Ministry of Health has not requested the corresponding corrective action plans; it explains report by report; several data from the calculation memory were calculated erroneously (folios 215 and 216). The third reason (folios 218 and 219) alleges that the precautionary criterion was supposedly applied erroneously, as a precautionary measure was not issued because it was not verified that the project had environmental viability for the entirety of the project. It subsequently argues that a “most urgent precautionary measure” (folios 220 to 228) of “…indefinite suspension of the operations of Matadero del Valle” (folio 221) must be applied, as there is no effective definitive solution. Therefore, it requests (folios 228 to 229) an inspection of the site, to issue a precautionary measure, to forward the complaint to the accused party, to appoint a surveyor, to request an expert opinion from the Departamento de Ciencias Forenses due to the difference in water quality from upstream to downstream (distinct organoleptic conditions), and: “that the proceedings be transferred to the Fiscalía Ambiental and Fiscalía de Probidad…” (folio 229). Attached to the foregoing is the following: a. Document stated to be digitally signed by Ms. Melania Núñez Várgas, titled: “Informe de Consulta Local sobre Problemas Ambientales y Sanitarios – Dirección04, Belén, Heredia and La Cañada, San Rafael, Heredia”, dated June 2019 (folios 231 to 290). b. Document titled “Informe técnico” stated to be digitally signed by Chemist Luis Ricardo Charpentier Soto (folios 291 to 310). c. Reports by Lic. Eduardo Alberto Martínez Ocampo, Marine Biologist, dated July 30, 2019 (folios 311 to 349) and August 25, 2019 (folios 350 to 360). d. Certification of WhatsApp conversations (folios 361 to 387). 22. That by means of resolution number 1584-19-TAA of 2:21 p.m. on September 11, 2019, visible at folios 389 to 396, it orders that, with the purpose of having better inputs to respond to pending proceedings, a joint inspection is convened between the Departamento Técnico of this Tribunal, the Ministry of Health, and SENASA, which is scheduled for October 1, 2019, at 9:00 a.m. Notifications visible at folios 397 to 401. 23. That by means of a brief received on September 13, 2019, submitted by the complainants in the process, they request to reconsider the list of those summoned for the inspection ordered by Resolution Nº 1589-19-TAA, so that other experts, a representative of the neighbors, the Dirección de Agua, and SETENA attend (folios 402 to 405 of the file). 24. That by means of resolution number 1697-19-TAA of 11:12 a.m. on September 26, 2019, visible at folios 406 to 408, a response is given to the proceeding indicated in the previous paragraph, and only the summons to the inspection is reiterated to the Ministry of Health and SENASA. Notifications visible at folios 409 to 415. 25. That Official Communication TAA-DT-130-19 from the Departamento Técnico of this Tribunal is recorded at folios 416 to 432, with the report of the inspection carried out on October 1, 2019. 26. That the Acta de Inspección Nº MS-DRRSCNDARSA2-1896-2019 by the Ministry of Health, dated October 1, 2019, is recorded at folio 433 of the file. 27. That the Hoja de Inspección Nº 0115239 by SENASA, dated October 1, 2019, is recorded at folio 434 of the file. 28. That by means of official communication SENASA-DG-0508-2019 dated October 11, 2019, received in this Office on October 15, 2019, signed by Dr. Bernardo Jaén Hernández, Director General of SENASA, visible at folios 435 to 447, it indicates what was found at the site, the original visible at folios 524 to 538. 29. That by means of official communication number SETENA-DT-ASA-1425-2019 from the Jefe of ASA-SETENA, dated October 7, 2019, received in this Tribunal on October 15, 2019, visible at folios 448 to 457, an environmental complaint is forwarded, since it refers to the fact that: “…the Reported Activity does not have Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) granted, and according to the information presented, a process is underway before the Tribunal Ambiental Administrativo.” 30. That by means of official communication number MS-DRRSCN-DARSA2-2011-2019 from the Director del Área Rectora de Salud Alajuela 2 of the Ministry of Health, received in this Office on October 17, 2019, visible at folios 458 to 523, it forwards official communication number MS-DRRSCN-DARSA2-IT-1993-2019, with the report on the case. 31. That on April 24, 2020, a copy of a note dated December 3, 2019, addressed to SETENA, by which an inspection visit to Nombre02 is requested, is provided (folios 539 and 540). 32. That by means of resolution number 1725-20-TAA of 2:14 p.m. on June 5, 2020, visible at folios 579 to 584, it orders in the Operative Part (Por Tanto) of the administrative resolution: “First: The nullity of Resolution N° 249-19-TAA of imputation of charges is declared, with the proceedings being reverted to the investigation stage. Second: Due to what is indicated in the preceding Recitals (Considerandos), the parties, witnesses, expert witnesses, and experts are informed that the oral and public hearing convened for June 10 and 11, 2020, will not take place.” Notifications visible at folios 585 to 592. 33. That by means of official communication ADPb-2630-2021 dated April 26, 2021, the Procuraduría General de la República communicates the Transfer Order (Auto de Traslado) with the Amparo de Legalidad Lawsuit brief, file 21-002060-1027-CA-9, and requests a certification of the administrative file with a response (folios 541 to 570). 34. That at folio 571, an email dated April 28, 2021, from MSc. Ana María de Montserrat Gómez de la Fuente Quiñónez is recorded, requesting Lic. Daniel Montero Bustabad, Licda. Maricela Rodríguez Ulate, and Licda. Maricé Navarro Montoya, individually, to proceed to draft an Official Communication explaining the situation of the misplacement of the resolution and notification certificates. 35. That by means of official communication 298-21-TAA, signed by Licda. Maricé Navarro Montoya, visible at folio 572, it indicates that: “In my previous capacity as Juez of the Tribunal Ambiental Administrativo, and as the person in charge of Administrative Files ending in 03, I must indicate that I do not know the reason why resolution N° 1725-2020-TAA of two fourteen p.m. on June five, two thousand twenty does not appear in Administrative File N° 285-13-03-TAA in the name of Nombre02 AND LUCIA BEATRIZ GÓMEZ CHAVES, given that it was signed by the previous judiciary and sent for notification. I must not omit to indicate that both the Abogado Tramitador of the Administrative File, Lic. Daniel Montero, as well as Licda. Maricela Rodríguez, an official of the Administrative Department of the Tribunal who assists us with notifications, have always been very diligent in their duties and a situation of this type has never arisen. (…)” 36. That by means of official communication 302-2021-TAA, signed by Lic. Daniel Montero Bustabad, visible at folio 573, it indicates: “Cordial greetings, with best wishes. By this means, I refer to file Nº 285-13-03-TAA. In this regard, I inform you that I sent the draft of Resolution Nº 1725-2020-TAA, of June fifth, two thousand twenty, to the Judicature for its review, correction, signatures, and notification. Since then, I have not received said signed resolution, nor did I collaborate in the resolution notification process. (…)” 37. That by means of official communication 301-21-TAA, signed by Licda. Maricela Rodríguez Ulate, visible at folios 574 to 592, corrected by Official Communication O-328-21-TAA visible at folio 593 of the administrative file, it indicates: “By this means, I greet you. In accordance with what was requested by email dated April 28, 2021, from MSc. Montserrat Gómez de la Fuente Q., I indicate the following: On 06/08/20, Licda. Maricé Navarro Montoya, in her capacity as Jefe and Presidenta of the Tribunal at the time, gave me resolution number 1725-20-TAA with the notification certificates without the corresponding administrative file, and tells me to proceed with the notification of the cited resolution. On 06/09/20, I carried out the notification of resolution number 1725-20-TAA through the official notification email of the Tribunal Ambiental Administrativo while teleworking. I attach for this purpose a copy of the notifications of the aforementioned resolution and a scanned copy of the resolution that was notified, which are recorded as sent emails in the official notification email account. On 06/15/20, the day my telework schedule required me to be present at the office, I left the signed original resolution number 1725-20-TAA, the certificates, and the notifications on the desk of Licda. Maricé Navarro Montoya, because Licda. Navarro was on vacation and I would be returning to the office the following week. On 6/24/20, Lic. Daniel Montero Bustabad called me asking about the cited resolution and notifications. I told him that I left them for Licda. Navarro Montoya on the desk; I also replied by email indicating the same thing and mentioned that she did NOT give me the file. I attach the email chain for this purpose. Having reviewed my archives and my desk, I indicate that I do not have resolution number 1725-20-TAA misfiled or incorrectly filed. (…)” 38. That by means of official communication 325-21-TAA, a certification is issued by MSc. Alexandra González Arguedas, Juez Secretaria of the Tribunal Ambiental Administrativo, certifying 11 folios for a total of 15 copies, with a view of the email account ...02 used for the Tribunal’s notifications, which correspond to resolution number 1725-2020-TAA of 2:14 p.m. on June 5, 2020, and its respective notification dispatches (folios 594 to 606 of the administrative file). 39. That by means of resolution number 453-21-TAA of 4:40 p.m. on May 4, 2021, visible at folios 607 to 618, the parties to this file are informed of the misplacement of resolution 1725-2020-TAA of 2:14 p.m. on June 5, 2020, and its respective notification certificates, and the replacement of the pieces of resolution number 1725-2020-TAA of 2:14 p.m. on June 5, 2020, and its respective notification certificates is ordered, replacing it with the certification issued by the Juez Secretaria of this Tribunal number Official Communication 325-21-TAA, with a view of the official notification email of the Tribunal Ambiental Administrativo. Likewise, the parties are warned that, in accordance with the provisions of article 25.3 of the Nuevo Código Procesal Civil, they may submit the relevant documentation. Notifications visible at folios 619 to 628 of the administrative file. 40. That by means of resolution 471-21-TAA of 3:02 p.m. on May 7, 2021, visible at folios 629 to 642, this Tribunal proceeds to respond to the briefs in the administrative file visible at folios 189 to 200 and 201 to 230, to impose an atypical precautionary measure (medida cautelar atípica), and to request reports from the Oficina de Alajuela, Área de Conservación Central, and from SETENA. Notifications visible at folios 643 to 659 of the administrative file. 41. That by means of official communication 347-21-TAA, a response to the Procuraduría General de la República is recorded, which appears at folios 660 to 683. 42. That at folio 684, the electronic filing of documents to the Procuraduría General de la República is recorded. 43. That at folios 685 to 692, a brief dated May 11, 2021, signed by Mrs. Lucía Beatriz Gómez Chaves, in her personal capacity and in representation of Nombre02 Sociedad Anónima, is recorded, by which she indicates that resolution 471-21-TAA has an appeal for revocation (recurso de revocatoria), and by omitting said appeal, absolute nullity is caused. That there are sufficient reasons of substance and form to appeal the cited resolution, and even to file a motion for nullity (incidente de nulidad) against said resolution, alluding that the administrative act is imperfect. She indicates that as her represented party is certain of compliance with all legal parameters, and in order not to delay the processing of the process, they decide not to appeal said resolution and proceed to comply with what was ordered, being clear that if said studies conclude that it complies with the legal parameters, the file should be immediately archived. To comply with what was ordered, clarification is requested regarding the account number where the deposit must be made, the concept, the amount to deposit, and the administration's deadline to carry out said study. Likewise, they indicate that last month, MINAE carried out a random water sampling, which reflected excellent results in compliance with legal parameters, so they consider that as said sampling is recent and sponsored by MINAE itself, the requested one should be dispensed with, due to the principle of procedural economy (principio de economía procesal). 44. That by means of official communication 348-21-TAA from this Tribunal, visible at folios 693 and 694, a certified physical copy with a compact disc containing file 285-13-03TAA is sent to the Procuraduría General de la República. 45. That by means of official communication MS-DRRSCN-DARSA2-2178-2021 dated May 24, 2021, signed by Dr. Ronald Enrique Mora Solano, Director of the Dirección Área Rectora de Salud Alajuela 2, Ministry of Health, visible at folios 695 to 705, it indicates sending a response to the accused, and attaches sanitary order (orden sanitaria) MS-DRRSCN-DARSA2-OS-0254-2021, with the indication of the accounts, amount, reason, and other data necessary to make the deposit for the ordered samplings, quotations, and inspection report (acta de inspección) MS-DRRSCN-DARSA2-2147-2021 in relation to the file. 46. That by means of official communication MS-DRRSCN-DARSA2-2183-2021 dated May 25, 2021, signed by Licda. Diana Lucía Espinoza Navarro, official of Regulación of the Dirección Área Rectora de Salud Alajuela 2, Ministry of Health, visible at folios 706 and 707, indicating a recount of what was done by the Ministry of Health to coordinate the samplings, that the wastewater sampling was carried out. 47. That by means of resolution 636-21-TAA of 10:15 a.m. on June 14, 2021, visible at folios 708 to 719, this Tribunal proceeds to respond to the briefs in the administrative file visible at folios 685 and 686; in addition, it is established in the Operative Part: “FIRST: To validate resolution 471-21-TAA of 3:02 p.m. on May 7, 2021, making it known to the parties that, against the precautionary measure imposed by means of the cited resolution, the Recurso de Revocatoria may be filed within a period of twenty-four hours from notification, based on articles 342 and 346 of the Ley General de la Administración Pública. With the foregoing, the omission of indicating the period for appeal is considered rectified. Likewise, in order not to cause defenselessness to the parties, the same begins to run from the notification of this administrative resolution. SECOND: The accused's request for information in relation to the samplings ordered by precautionary measure is considered answered. THIRD: To request FOR THE SECOND TIME Mr. Minor González Guzmán, Jefe de la Oficina Alajuela, Área de Conservación Central, or whoever holds his position, to proceed to comply with what was ordered in the fourth recital (considerando) of this resolution, within a period of TEN CALENDAR DAYS which will begin to run the business day following the notification of this resolution. FOURTH: To request FOR THE THIRD TIME Ms. Cynthia Barzuna Gutiérrez, Secretaria General of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), or whoever holds her position, to proceed to comply with what was ordered in the fifth recital (considerando) of this resolution…”. Notifications visible at folios 720 to 735 of the administrative file. 48. That by means of official communication SINAC-ACC-OA-of-805-2021 dated June 3, 2021, and received in this Office on June 10, 2021, signed by Lic. Minor González Guzmán, Jefe de la Oficina de Alajuela del Área de Conservación Central-SINAC, visible at folios 736 to 738, an “in-situ” inspection report is issued, which was requested in resolution 471-2021-TAA. 49.

50. That through official communication SINAC-ACC-OA-of-872-2021 dated June 16, 2021, and received in this Office on the same day, signed by Lic. Minor González Guzmán, Head of the Alajuela Office of the Central Conservation Area-SINAC, visible on folio 739, a response is issued to what was requested in resolution 636-2021-TAA.

51. That through official communication SETENA-SG-0830-2021 dated June 22, 2021, and received in this Office on June 25, 2021, signed by MSc. Ulises Alvarez Acosta, Ad-Hoc Director General of the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA), visible on folio 740, a response is issued to what was requested in resolution 636-2021-TAA.

52. That through official communication MS-DRRSCN-DARSA2-2627-2021 dated June 29, 2021, and received in this Office on July 2, 2021, signed by Dr. Ronald Mora Solano, Director of the Alajuela 2 Health Governing Area Directorate of the Ministry of Health, visible on folios 741-757, a response is issued attaching several documents, to what was requested in resolution 636-2021-TAA.

53. That through official communication MS-DRRSCN-DARSA2-3451-2021 dated September 29, 2021, and received in this Office on the same day, signed by Dr. Ronald Mora Solano, Director of the Alajuela 2 Health Governing Area Directorate of the Ministry of Health, visible on folios 758-773, which corresponds to the follow-up on the execution of the corrective action plan.

54. That through resolution 705-22-TAA of 09 hours 40 minutes on May 20, 2022, visible on folios 774 to 775, this Tribunal proceeds to request: “FIRST: …requests Dr. Ronald Enrique Mora Solano, Director of the Alajuela 2 Health Governing Area Directorate, Ministry of Health, or whoever holds his position, to proceed to: 1) refer to the compliance with the corrective actions implemented in fulfillment of sanitary order number MS-DRRSCNDARSA2- 0349-2021 (folio 754) of Nombre02 S.A. indicated in official communication MS-DRRSCN-DARSA2-3451-2021 dated September 29, 2021, signed by yourself (folio 758), in which it is indicated that their completion was planned for December 2021; 2) refer to the follow-up or if the technical opinion was received from the Environmental Health Unit of the Directorate of Radiological Protection and Environmental Health of the Ministry of Health in relation to the perimeter air study in establishments, this in order to comply with the atypical precautionary measure (medida cautelar atípica) imposed by this Tribunal in relation to the measurement of total suspended particles to verify air quality with respect to the activity carried out by Nombre02 S.A., which remains pending as described in official communication MS-DRRSCN-DARSA2-IT-3443-2021 dated September 28, 2021 (folios 759 and 760) signed by Licda. Diana Espinoza Navarro, Regulation officer of the Alajuela 2 Health Governing Area… SECOND:… requests Ing. José Miguel Zeledón Calderón, Director of the Water Directorate, or whoever holds his position, to proceed to carry out the economic valuation of environmental damage in relation to the non-compliance with the permissible limits for wastewater detected by the Ministry of Health, for which the operational wastewater report of Nombre02 S.A. visible on folios 752 and 753 is sent…”. Notifications visible on folios 776 to 789 of the administrative file.

55. That through official communication MS-DRRSCN-DARSA2-1519-2022 dated June 21, 2022, and received in this Office on June 22, 2022, signed by Dr. Ronald Mora Solano, Director of the Alajuela 2 Health Governing Area Directorate of the Ministry of Health, visible on folios 790-816, which corresponds to the follow-up on operational improvements to the treatment system and boiler No. 1398.

56. That on folio 817, there is a brief dated November 4, 2022, signed by Lic. Rodrigo Montenegro Fernández, special judicial and administrative attorney-in-fact for the Association of Neighbors for the Environmental Defense of the La Cañada Neighborhood (Asociación de Vecinos Pro Defensa del Ambiente del Barrio La Cañada), requesting prompt dispatch.

57. That through resolution 1541-22-TAA of 15 hours 50 minutes on November 17, 2022, visible on folios 818 to 819, this Tribunal proceeds to request: “FIRST: … FOR THE SECOND TIME to Dr. Ronald Enrique Mora Solano, Director of the Alajuela 2 Health Governing Area Directorate, Ministry of Health, or whoever holds his position, to proceed to refer to the follow-up or if the technical opinion was received from the Environmental Health Unit of the Directorate of Radiological Protection and Environmental Health of the Ministry of Health in relation to the perimeter air study in establishments, this in order to comply with the atypical precautionary measure imposed by this Tribunal in relation to the measurement of total suspended particles to verify air quality with respect to the activity carried out by Nombre02 S.A., which remains pending as described in official communication MS-DRRSCN-DARSA2-IT-3443-2021 dated September 28, 2021 (folios 759 and 760) signed by Licda. Diana Espinoza Navarro, Regulation officer of the Alajuela 2 Health Governing Area. SECOND:… to Ing. José Miguel Zeledón Calderón, Director of the Water Directorate, or whoever holds his position, to proceed to carry out the economic valuation of environmental damage in relation to the non-compliance with the permissible limits for wastewater detected by the Ministry of Health, for which the operational wastewater report of Dirección05 is sent…”. Notifications visible on folios 820 to 833 of the administrative file.

58. That through resolution 902-23-TAA of 14 hours 18 minutes on June 20, 2023, visible on folios 834 to 835, this Tribunal proceeds to request: “FIRST: … FOR THE THIRD TIME to Dr. Ronald Enrique Mora Solano, Director of the Alajuela 2 Health Governing Area Directorate, Ministry of Health, or whoever holds his position, to proceed to refer to the follow-up or if the technical opinion was received from the Environmental Health Unit of the Directorate of Radiological Protection and Environmental Health of the Ministry of Health in relation to the perimeter air study in establishments, this in order to comply with the atypical precautionary measure imposed by this Tribunal in relation to the measurement of total suspended particles to verify air quality with respect to the activity carried out by Nombre02 S.A., which remains pending as described in official communication MS-DRRSCN-DARSA2-IT-3443-2021 dated September 28, 2021 (folios 759 and 760) signed by Licda. Diana Espinoza Navarro, Regulation officer of the Alajuela 2 Health Governing Area. SECOND:… FOR THE THIRD TIME to Ing. José Miguel Zeledón Calderón, Director of the Water Directorate, or whoever holds his position, to proceed to carry out the economic valuation of environmental damage in relation to the non-compliance with the permissible limits for wastewater detected by the Ministry of Health, for which the operational wastewater report of Nombre02 S.A. visible on folios 752 and 753 is sent.” Notifications visible on folios 836 to 850 of the administrative file.

59. That through official communication DA-UHTPCOSJ-1475-2023 dated July 27, 2023, with no date of receipt in this Office, signed by Ing. Marilyn Mora Vega, Coordinator of the Tárcoles-Central Pacific Hydrological Unit of the Water Directorate, visible on folio 852, a request for information (folios 752-753) is issued to provide a response to what was requested in resolution 902-2023-TAA.

60. That through resolution 1128-23-TAA of 09 hours on August 17, 2023, visible on folios 853 to 854, this Tribunal proceeds to request: “FIRST: … FOR THE FOURTH TIME to Dr. Ronald Enrique Mora Solano, Director of the Alajuela 2 Health Governing Area Directorate, Ministry of Health, or whoever holds his position, to proceed to refer to the follow-up or if the technical opinion was received from the Environmental Health Unit of the Directorate of Radiological Protection and Environmental Health of the Ministry of Health in relation to the perimeter air study in establishments, this in order to comply with the atypical precautionary measure imposed by this Tribunal in relation to the measurement of total suspended particles to verify air quality with respect to the activity carried out by Nombre02 S.A., which remains pending as described in official communication MS-DRRSCN-DARSA2-IT-3443-2021 dated September 28, 2021 (folios 759 and 760) signed by Licda. Diana Espinoza Navarro, Regulation officer of the Alajuela 2 Health Governing Area. SECOND:… That having reviewed official communication DA-UHTPCOSJ-1475-2023 dated July 27, 2023, signed by Ing. Marilyn Mora Vega, Coordinator of the Tárcoles-Central Pacific Hydrological Unit of the Water Directorate, folios 752 and 753 of the administrative file are sent.” Notifications visible on folios 855 to 868 of the administrative file.

61. That through official communication MS-DRRSCN-DARSA2-1652-2023 dated August 25, 2023, and received in this Office on the same day, signed by Dr. Ronald Mora Solano, Director of the Alajuela 2 Health Governing Area Directorate of the Ministry of Health, visible on folios 869-879, which corresponds to the response to resolution No. 1128-23-TAA.

62. That through resolution 1550-23-TAA of 14 hours on November 1, 2023, visible on folio 878, this Tribunal proceeds to request: “SOLE: … FOR THE FOURTH TIME to Ing. José Miguel Zeledón Calderón, Director of the Water Directorate, or whoever holds his position, to proceed to carry out the economic valuation of environmental damage in relation to the non-compliance with the permissible limits for wastewater detected by the Ministry of Health, in relation to the operational wastewater report of Nombre02 S.A. visible on folios 752 and 753 and sent via resolution number 1128-2023-TAA of 09 hours on August 17, 2023.” Notifications visible on folios 880 to 893 of the administrative file.

63. That through official communication DA-UHTPCOSJ-2423-2023 dated November 27, 2023, and received in this Office on November 28, 2023, signed by Ing. Danny Olivares Rivera, Acting Coordinator of the Tárcoles-Central Pacific Hydrological Unit of the Water Directorate, visible on folio 894-895, a request for information (folios 752-753) is issued to provide a response to what was requested.

64. That through resolution 1665-23-TAA of 09 hours 10 minutes on December 8, 2023, visible on folios 896-897, this Tribunal proceeds to request: SOLE: … That having reviewed official communication DA-UHTPCOSJ-2423-2023 dated November 27, 2023, visible on folio 895, signed by Ing. Danny Olivares Rivera, Acting Coordinator of the Tárcoles-Central Pacific Hydrological Unit of the Water Directorate, it is indicated that folios 752 and 753 were sent via resolution 1128-2023-TAA of 09 hours on August 17, 2023 (visible on folios 853 and 854) in response to official communication DA-UHTPCOSJ-1475-2023 dated July 27, 2023, duly notified to emails ...03 and ...04 as evidenced on folios 867 and 868 of this administrative file. A copy of folios 752 and 753 corresponding to an operational wastewater report is sent again. By reason of the foregoing, this Office requests FOR THE FIFTH TIME Ing. José Miguel Zeledón Calderón, Director of the Water Directorate, or whoever holds his position, to proceed to carry out the economic valuation of environmental damage in relation to the non-compliance with the permissible limits for wastewater detected by the Ministry of Health, in relation to the operational wastewater report of Nombre02 S.A. visible on folios 752 and 753 and sent via resolution number 1128-2023-TAA of 09 hours on August 17, 2023, and attached hereto.” Notifications visible on folios 898 to 911 of the administrative file.

65. That through resolution number 656-2025-TAA of thirteen hours and eight minutes on June sixteenth, two thousand twenty-five, it proceeded to request the following: “(…) SOLE: Order Dr. Ronald Enrique Mora Solano, in his capacity as Director of the Alajuela 2 Health Governing Area Directorate of the Ministry of Health, or whoever holds his position, to proceed to send the wastewater quality certification for the last three years as well as the last four operational reports of atmospheric emissions from the company Nombre02 S.A. The foregoing must be complied with within a period of TEN calendar days counted from the first working day following notification of this resolution. (…)”. Folio 919.

Once the foregoing has been set forth, it is important to indicate to this Honorable Constitutional Chamber, that this Tribunal has carried out the necessary efforts before the competent institutions to obtain the information that is considered important to have prior to making a possible filing of charges (imputación de cargos) or any other decision regarding the reported case, acting diligently in the processing of this administrative file, for which reason at this time the file is in the preliminary investigation stage and awaiting receipt of the requirement requested from the Ministry of Health. This Office does not omit to indicate that once all the necessary information is available and a decision is made in this regard, this Constitutional Chamber will be informed for its better procedure. (…)

LEGAL BASIS
This report is based on articles 1, 2, 3, 11, 59, 60, 103, 108 of the Organic Environmental Law, articles 214, 282, 297, 308, 311 and following of the General Public Administration Law, articles 11, 45 of the Biodiversity Law, Executive Decree 34136-MINAE Regulation of Procedures of the Administrative Environmental Tribunal, and articles 1, 2, 41, 42, 43 and following of the Constitutional Jurisdiction Law.

PETITORY
Based on the factual and legal grounds indicated, it is requested that the proceeding be deemed fulfilled and the report ordered via resolution of 11 hours 12 minutes on June 12, 2025, notified on June 16, 2025, at the offices of the Administrative Environmental Tribunal be considered rendered, and consequently it is requested that the amparo remedy filed by Mr. Nombre01, identity card CED07, processed under file number 25-16364-0007-CO, be declared without merit, with no special award of costs”.

6.- By brief incorporated into the digital file on June 19, 2025, Maureen Solís Retana and Ana Gómez de la Fuente Quiñónez, in order, president and acting vice-president, both of the TAA, report under oath in the same sense as in the brief incorporated into the digital file on June 18, 2025.

7.- By brief incorporated into the digital file on June 19, 2025, the petitioner states: “respectfully, I request that the respondent company be warned to present the environmental viability (viabilidad ambiental) granted by SETENA to operate as a slaughterhouse and meat processing industry. Since 2018, it has been alleged that it does not have one; in any case, it is the company's duty to prove its existence before the authorities that require it, such as the Ministry of Health, or the municipalities, to renew the respective permits; including, of course, the Constitutional Chamber. As a result, if it lacks the same, as requested in the precautionary measures (medidas cautelares), what is corresponding is the immediate closure of the plant or facilities. It is noted that, according to jurisprudence of the same Constitutional Chamber, even if the company predates the Environmental Law of 1995, it is not exempted from having said environmental viability (needing to prepare the EDA, the PAA, and once the latter is approved, obtain the environmental viability). All as set forth below:

Environmental Impact Assessment Requirements in Costa Rica: Obligations for Existing and New Industries:

The environmental legislation of Costa Rica establishes a robust framework for the evaluation and control of the impact of human activities on the environment. This document details the key regulations and specific obligations for industries, both newly created and those pre-existing the enactment of these laws.

Main Legal Framework
The main regulations and laws that establish the need to review and approve the activity, and to present an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) in Costa Rica, are the following:

Organic Environmental Law (Ley No. 7554): This fundamental law, enacted in 1995, lays the foundation for the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) of various activities, works, or projects.

General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures (Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC): Published on June 28, 2004, this central regulatory body specifically regulates the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) procedures. It details which type of activities must undergo this process, the assessment instruments (such as the EsIA, D1, D2), and the steps to obtain environmental viability (viabilidad ambiental) from the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).

Regulation for Environmental Assessment, Control, and Monitoring (Decreto Ejecutivo No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC): This executive decree, more recent and published in 2023, updates and complements the regulatory framework on environmental assessment, control, and monitoring, repealing and replacing the previous decree.

In general, any activity, work, or project that, due to its magnitude or characteristics, may generate a significant impact on the environment, must undergo an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) process before SETENA to obtain the corresponding environmental viability (license) (viabilidad (licencia) ambiental). The EsIA is one of the key technical instruments within this process for projects with higher potential impacts.

Obligations for Slaughterhouse and Meat Processing Industries
A slaughterhouse and meat processing industry in Costa Rica mandatorily requires an environmental evaluation by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), due to its potential significant environmental impacts.

Why is it considered high impact?
SETENA requires a rigorous study because slaughterhouses and processing plants generate a series of important environmental impacts, such as:

Wastewater Generation: Large volumes with high organic and chemical load, requiring complex treatment.
Solid Waste Generation: Includes organic (inedible parts, manure) and ordinary waste, whose inadequate management can cause pollution and attract pests.
Atmospheric Emissions: Offensive odors affecting nearby communities.
Resource Consumption: High consumption of water and energy.
Sanitary Impact: Risks to public health if management is deficient.

The Environmental Impact Assessment (EIA) Process
The general process before SETENA includes:

Presentation of the Proposal: The project developer must present the initiative to SETENA.
Preparation of the EsIA: A team of registered environmental consultants carries out the study, which analyzes all possible impacts (physical, biological, and socioeconomic) and proposes an environmental management plan (Plan de Gestión Ambiental, PGA).
Environmental Management Plan (Plan de Gestión Ambiental, PGA): Details the prevention, mitigation, and compensation measures for each identified impact, including wastewater management, solid waste management, odor control, occupational safety, etc.
SETENA Evaluation: The secretariat reviews the study and issues a resolution.
Granting of Environmental Viability (Viabilidad Ambiental): If the evaluation is positive, SETENA grants the Environmental Viability License (Licencia de Viabilidad Ambiental), an indispensable requirement for other permits (construction, sanitary operating permit).

Situation of Industries Pre-Existing the Environmental Law (1995)
The circumstance that a company, such as an industrial-scale slaughterhouse and meat processing industry, began operations prior to the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554) of 1995, does not exempt it from complying with current environmental regulations. However, the compliance mechanism differs:

1. Obligation of an Environmental Adaptation Plan (Plan de Adecuación Ambiental, PAA)
An EsIA is not required retroactively: The EsIA is a preventive and prior instrument for new projects. Therefore, it cannot be required retroactively from an industry that was already legally operating before the law existed.
The alternative is the PAA: For these industries, the Costa Rican regulatory framework requires an Environmental Diagnosis Study (Estudio de Diagnóstico Ambiental, EDA) that leads to an Environmental Adaptation Plan (Plan de Adecuación Ambiental, PAA). The EDA identifies how the plant operates, the waste and emissions it generates, and its current impacts, comparing its performance with current regulations. The PAA is the scheduled plan that the company must implement to correct, mitigate, and control its negative impacts and thereby comply with current environmental standards (e.g., build or improve a treatment plant, install filters, implement a solid waste management plan).
SETENA Approval: Once SETENA approves this Environmental Adaptation Plan (Plan de Adecuación Ambiental, PAA), it grants the company the Environmental Operating Viability (or License) (Viabilidad (o Licencia) Ambiental de Operación), certifying that the company has committed to operating in an environmentally responsible manner.

2. The Role of Previous Permits (Municipality and Ministry of Health)
If the industry already had operating permits from the Municipality (license) and the Ministry of Health before the 1995 Environmental Law, it is crucial to understand the following:
Independence of Permits: These permits are governed by the principle of independence; each one evaluates different aspects (land use, public health, comprehensive environmental impact). One does not substitute for the other.
Requirement of Environmental Viability (Viabilidad Ambiental): Current legislation and jurisprudence have established that SETENA's Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) is a prior and indispensable requirement to obtain or renew both the Sanitary Operating Permit and the municipal license.
Obligation of Regularization: Therefore, even if the industry had its municipal and health permits from before 1995, at the time of renewing them, or if it makes any modification or expansion, the authorities (Health and the Municipality) will require it to present the valid Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) from SETENA. If it does not have it, the obligation to begin the Environmental Adaptation (Adecuación Ambiental) process would be activated to regularize its situation.

3. The Duty to Comply and Demonstrate
Duty to Comply: The approval of the PAA by SETENA is a legal and binding commitment. The company's primary duty is to actively execute all actions and improvements promised in the PAA within the established deadlines. This involves making investments, implementing new processes, carrying out monitoring, and keeping records that evidence compliance.
Duty to Demonstrate: The burden of proof falls on the company. It is its unavoidable duty to present the Resolution issued by SETENA that approves the Environmental Adaptation Plan (Plan de Adecuación Ambiental, PAA) and grants the Environmental Operating Viability (Viabilidad Ambiental de Operación) before any authority that legally requires it. This document is a sine qua non (indispensable) requirement in scenarios such as:
Renewal of the Sanitary Operating Permit before the Ministry of Health.
Renewal of the Commercial License before the Municipality.
Credit applications before financial institutions.
Requirements from corporate clients, especially for export.
In summary, a pre-existing industry is not exempt from environmental responsibility. The law is not applied retroactively, but it is required to "catch up" with current regulations through an Environmental Adaptation Plan (Plan de Adecuación Ambiental, PAA) in order to continue operating legally in the long term. Not having or not presenting SETENA's Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) will result in the blocking of its health and municipal permits, which could lead to the closure order of the plant.

CONSEQUENTLY: The request is reiterated to ask the respondent to show the up-to-date environmental permit or viability, issued by SETENA, within a prudent and brief term determined by the Chamber. This will make it possible to verify if, as reported, the company does not have it, much less with the expansions and constructions that, since the start of operations, have been carried out at the site (invaded a river protection zone, etc.).”.

8.- By brief incorporated into the digital file on June 20, 2025, evidence is provided.

9.- By brief incorporated into the digital file on June 21, 2025, the petitioner states: “FIRST: From the file before the Environmental Tribunal and from the report provided by the Ministry of Health, the following is derived: History of Interventions by Health Authorities: Nombre02 S. A. (2013-Present). This report demonstrates that, from 2013 to date (April 2025), environmental damage has been repeatedly verified due to waste in the air and pollutants in the water, which to date, it is repeated, persist. The orders issued have been insufficient or have been breached by the company. It can also be inferred that the company operating as a slaughterhouse and meat processing plant does not even have a file, or environmental viability (viabilidad ambiental) from SETENA. Finally, despite reports of health consequences for the neighbors, resulting from gases and odors, the Ministry of Health did not investigate; rather, it demanded the petitioner provide evidence, or medical opinions, establishing the causal relationship, setting aside the precautionary principle (principio precautorio). As explained below, as follows:

Introduction
For more than a decade, the company Nombre02 S.A., located in San Rafael de Alajuela, has been the object of complaints and actions by health and environmental authorities due to effects related to bad odors and wastewater management. This situation has generated a "constant struggle" by the neighbors of the community of La Canadá, who have reported impacts on their quality of life and health. The intervention of various entities, including the Ministry of Health and the Administrative Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo, TAA), has been recurrent in an effort to mitigate these problems.

1. The Beginning of the Interventions: 2013 Complaint and the Administrative Environmental Tribunal (TAA)
The problem dates back to September 12, 2013, when the Association of Neighbors for the Environmental Defense of the La Cañada Neighborhood filed a formal complaint for "nuisance from bad odors" directly related to the activity of Nombre02 S.Nombre04.. This complaint was assigned to the Administrative Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo, TAA) under file number 285-13-03. In response to this initial complaint, the Ministry of Health, through its Regional level, addressed the situation and issued "administrative acts" for the slaughterhouse to correct its operation. In parallel, the TAA, through Resolution No. 1024-13-TAA, requested detailed information from the Regional Health Directorate on the slaughterhouse's operational reports, including wastewater management, emissions, and the odor control system. This demonstrates that, from the beginning, the authorities recognized the need to address both air pollution (bad odors) and wastewater management.

2. Continuity of Administrative Actions and Sanitary Orders (2018-2023)
Over the years, the follow-up to the situation of Nombre02 has been constant, resulting in the verification on numerous occasions of irregularities or non-compliance found in regulations related to gas emissions and water pollution. Orders that, as can be seen, despite their repetition and duration over time, have not made it possible to eliminate the problems of water and air pollution (or bad odors).
2018: After joint inspections carried out in September 2018, "improvement opportunities" were detected in the administrative and operational conditions of the slaughterhouse. This led to the issuance of two administrative acts by the Ministry of Health: sanitary orders OS-CN-ARS-A2-065-2018 and OS-CN-ARS A2-0146-2018. The report does not detail the specific compliance with these two orders but indicates that improvements were sought.
2021: The TAA's intervention intensified in 2021. Through sanitary order MS-DRRSCN-DARSA2-OS 0254-2021, the Ministry of Health requested the slaughterhouse to fund wastewater sampling (treatment system), atmospheric emissions (boiler), and a perimeter particle study, as part of an atypical precautionary measure (medida cautelar atípica) ordered by the TAA. Subsequently, sanitary order MS-DRRSCN-DARSA2-OS 0349-2021 was issued because four parameters were not met in the wastewater and atmospheric emission samplings. The Ministry of Health received reports on the progress of the corrective action plan and communicated them to the TAA.
2023: In an effort to directly address the odor problem, the Ministry of Health issued sanitary order MS-DRRSCN-DARSA2-OS-0151-2023. This order requested improvements to the slaughterhouse's treatment and odor control system (STO). As a result, the STO received maintenance, gas leaks were eliminated, and system parts were renewed. The Ministry of Health has stated that, since these improvements, the STO functions adequately and complaints about bad odors decreased significantly, with only two recorded in 2024, without perception of unpleasant odors in inspections.

3. The Most Recent Intervention (April 2025)
The persistence of environmental concerns was evidenced again in April 2025. After an inspection carried out on April 3 and a wastewater sampling, the Ministry of Health issued sanitary order MS-DRRSCN-DARSA2-OS-0068-2025 to Nombre02 S.A..

This order was issued specifically for "contamination and bad odors" and deficiencies in the operation of the wastewater treatment system (STAR) and general waste management. The obligations imposed include: Submitting an odor management plan to prevent impacts on the community. Delivering a technical survey and a corrective action plan for the STAR. Keeping the surroundings of the establishment free of waste and disused materials. At the time of the Ministry of Health's report (June 2025), this order is "currently within the compliance period." SECOND: With regard to the bad odors. a) The Ministry of Health's report indicates: The petitioner, Nombre01, states in their amparo appeal that the residents of Dirección01 have reported health problems such as "respiratory issues, skin and mucous membrane irritations, gastrointestinal discomfort, stress and anxiety, associated with the presence of unpleasant odors" due to the company's activity. Position of the Ministry of Health: The Ministry of Health, in its report, declares that to date there is no evidence demonstrating a direct relationship between the odors emitted by the company and the alleged public health problems. Furthermore, it notes that the petitioner did not attach any medical opinion associated with the mentioned illnesses and that, after reviewing the administrative file, no prior complaints on this matter from the petitioner could be found before the filing of the amparo appeal. Air Quality Studies (requested by the TAA): It is mentioned that the TAA requested and conducted sampling of "atmospheric emissions (boiler) and a perimeter study of total suspended particles (PTS), particles less than or equal to 10 micrometers, 2.5 micrometers, and gases" at at least four points. However, the Ministry of Health indicated that it could not provide a compliance opinion on this perimeter study because the regulation suggested by the TAA (Air Quality Regulation for Criteria Pollutants, DE-39951-S) is exclusive to the National Air Quality Monitoring Network, administered by another Directorate of the same Ministry. In summary, although the petitioner alleged health impacts, the Ministry of Health, in its report, indicated that it found no direct evidence of a relationship between the odors and the health problems reported by the residents, and that no medical opinions were attached. Additionally, the evaluation of the air quality studies requested by the TAA had regulatory limitations on the part of the Ministry of Health to issue a compliance opinion. b) Analysis of the Ministry of Health's report concerning bad odors or gases. 1) The report indicates that the administrative file does not contain any complaint from the petitioner, or from any person, prior to this amparo, referring to the existence of bad odors or gases and their relationship with the appearance of illnesses or health impacts on the residents. However, they conceal, omit to say, that in the file before the Environmental Tribunal since 2013, the presence of these bad odors, or gases, has been reported and denounced, and that since then the Tribunal has requested reports on this matter. 2) From the report rendered by the Ministry of Health, as well as from the technical evidence provided to the Environmental Tribunal, it is inferred that the controls exercised by the Ministry of Health over gas emissions have been deficient for years; they allege a regulatory impossibility, failing to comply with regulations as relevant as the Kyoto Protocol on the production or regulation of greenhouse gases, which was signed by Costa Rica, or as if that were not enough, the absence of environmental viability (viabilidad ambiental) for the activity. The file contains a technical report rendered by the expert chemist: Luis Ricardo Charpentier Soto. Technical manager RRRO-011-17-AR, which was offered as evidence in this appeal, in which the following is indicated, in summary form: "This technical report, prepared at the request of the residents of Condominio La Cañada, details the findings after reviewing the administrative file of Matadero del Valle, S.A. at the Área Rectora de Salud Alajuela 2, with the objective of evaluating complaints about bad odors. 1. Technical and Legal Non-Compliance The report identifies several key deficiencies responsible for poor wastewater management and the generation of bad odors: Obsolete Technology: The wastewater treatment system uses anaerobic lagoons, an old technology that emits methane (CH₄) and hydrogen sulfide (H₂S), gases associated with bad odors and greenhouse effects. Overload and Deficient Maintenance: The lagoons are overloaded due to the high pollutant load, which aggravates the odor problem, and their maintenance has been found inadequate by the Ministry of Health on several occasions. Inappropriate Sludge Management: The management of sludge (biosolids) is deficient, failing to comply with Executive Decree (Decreto Ejecutivo) 39316-S, as neither the type of biosolid nor the conditions of the disposal site are classified. The disposal of untreated sludge as 'organic fertilizer' on pasturelands has been confirmed, which is incorrect. Deficient Odor System Design: The design, operational control, and maintenance of the odor elimination system for the meat by-products plant are inadequate, resulting in the release of flour particles and bad odors into nearby areas. 2. Lack of Supervision by the Ministry of Health The report evidences deficient supervision by the Ministry of Health: Inaction in the Face of Non-Compliance: Corrective action plans have not been requested, or the plans presented do not address the parameters outside the norm in the company's operational reports. Documentary Deficiencies: Errors and omissions were detected in the calculation report and operation and maintenance manuals presented by the company (e.g., lack of cadastral plans, erroneous calculations, lagoons in protected areas), without the Ministry demanding adequate corrections or verifying the information. Exclusion of Odor Sources: The Ministry of Health has persistently excluded the anaerobic lagoons as a source of bad odors, focusing solely on the chimneys and the by-products plant. Lack of Environmental Viability: The obtaining of environmental viability for the odor elimination project was not corroborated before its approval. Absence of Odor System Accreditation: As of the report's date, there is no evidence in the file accrediting the installation and effective operation of the odor elimination system, despite the fact that bad odors and particle emissions persist. 3. Drawbacks of Anaerobic Lagoon Technology Anaerobic lagoon technology is not suitable for populated areas: Odor Generation: It produces hydrogen sulfide (H₂S), a gas that causes bad odors perceptible in the surroundings, and whose concentration, and therefore odor intensity, vary significantly with meteorological factors such as wind speed and temperature. Emission of Greenhouse Gases: The lagoons generate methane (CH₄), a potent greenhouse gas regulated by the Kyoto Protocol (signed by Costa Rica), which represents a failure to comply with the country's environmental commitments. It is calculated that the lagoons have emitted an average of 300 m³ (200 kg) of methane per day, with an increasing trend. The accumulated amount of methane emitted between 2002 and 2019 is estimated at 1.1532 ktons of methane, equivalent to 71.4984 ktons of carbon dioxide (CO₂). 4. Emissions from the Meat By-Products Plant The by-products (rendering) plant generates organic gases and vapors with unpleasant odors. Despite a 2006 sanitary order to implement an odor treatment system, the documentation is incomplete and there is no record of the installation or effective operation of said system, which contributes to the persistence of odors. 5. General Conclusions of the Report The report concludes that: The anaerobic lagoons emit methane and hydrogen sulfide, the latter exceeding the olfactory detection threshold. The odor elimination system of the by-products plant is insufficient, dispersing gases and particles. The combination of odors from both sources aggravates the nuisance. The perception of bad odors increases with decreasing air temperature. The operational control of the lagoons and the supervision by the Ministry of Health are deficient, including the omission of the lagoons as an odor source, the follow-up of reports, sludge management, and the evaluation of information. The Ministry of Health has omitted its obligation to collaborate with Costa Rica's commitment to reduce methane emissions under the Kyoto Protocol. That is, there is national and international regulation that establishes parameters or maximum gas measurements. There is a way to measure it, etc. The failure of the Ministry of Health, its permissiveness, in short, the failure to guarantee the population a healthy environment, is reiterated. 3) The Ministry of Health's report states that, as of the date of its report, there is no 'evidence demonstrating a direct relationship' between the health problems alleged by the residents (respiratory conditions, irritations, gastrointestinal discomfort, stress, and anxiety) and the odors emitted by the company. However, the jurisprudence of the Constitutional Chamber, such as Judgment No. 2020-2957, establishes that it is not the citizen's responsibility to identify the polluter or provide exhaustive scientific proof of the damage, but rather it is the administration's obligation to verify and address the problem. This implies a failure by the Ministry of Health to comply with the precautionary principle (principio precautorio), as well as various rulings of constitutional jurisprudence, injuring the right to a healthy environment. The lack of need for the citizen to provide proof of the relationship between health problems and gas emissions, and the fact that the administration must determine it, has a direct relationship with the Precautionary Principle and with the jurisprudence of the Constitutional Chamber in this regard. Precautionary Principle: This principle requires the adoption of preventive measures when there is reasonable doubt about the possibility of environmental damage, even in the absence of complete scientific certainty. In the context of bad odors and gas emissions, if there is a reasonable suspicion or complaint that they are causing harm (environmental or to health), the authority should act preventively, investigating and requesting measures, instead of waiting for irrefutable proof of damage. Shifting of the Burden of Investigation: Judgment No. 2020-2957 of the Constitutional Chamber is a clear example of this. Said ruling established that the Ministry of Health has the obligation to investigate and address environmental complaints (including wastewater and bad odors) even if the complainant does not identify the party responsible for the contamination. This means that the burden of proof or investigation falls on the administration. The citizen is not obliged to be an expert or to conduct complex studies to trigger the authorities' duty to investigate. Link to Public Health: Although the Ministry of Health's report on Matadero del Valle, S.A. indicated that there was no direct evidence of the relationship between the odors and the reported health problems (and that the petitioner did not attach medical opinions), the Constitutional Chamber's jurisprudence, such as Judgment No. 2020-2957, empowers citizens and obliges authorities to investigate the environmental complaint that, by its nature (such as bad odors), can affect health and the environment, even if specific proof of direct causality on individual health is not yet definitive on the part of the affected person. In summary, the Precautionary Principle, together with the interpretation that the Constitutional Chamber has made of the right to a healthy environment, implies that the authorities have the duty to investigate and act in the face of a credible environmental threat or complaint (such as bad odors and emissions), without the citizen having to provide conclusive scientific proof of the damage or the direct causal relationship with health problems. It is the administration that must activate its verification mechanisms and, where appropriate, demand corrective measures. 4) It has been proven that the respondent company has never had environmental viability for its operation as a slaughterhouse and meat processing plant; there is not even a file at SETENA on this matter; in this regard, one can consult the email provided as evidence for better resolution. The Ministry of Health and SETENA, in safeguarding the right to a healthy environment, must work in a coordinated manner according to the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures (Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental) and the General Health Law (Ley General de Salud), the fundamental documents governing this coordination. The Ministry of Health, when issuing permits or conducting inspections, has the power and duty to verify that projects comply with the environmental conditions established by SETENA that impact the population's health. However, despite evidence that the company does not have any environmental viability, the Ministry of Health, despite multiple complaints and inspections, has never proceeded to close the company, as is appropriate and as long as it lacks said environmental viability. Indeed, as we indicated when requesting evidence for better resolution. Main Legal Framework The main regulations and laws that establish the need to review and approve the activity, and to submit an Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental, EsIA) in Costa Rica, are the following: Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente) (Law No. 7554): This fundamental law, enacted in 1995, lays the groundwork for the environmental impact assessment of various activities, works, or projects. General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures (Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental) (Executive Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC): Published on June 28, 2004, this central regulatory body specifically regulates the Environmental Impact Assessment (EIA) procedures. It details what type of activities require undergoing this process, the evaluation instruments (such as the EsIA, D1, D2), and the steps to obtain environmental viability from the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA). Regulation for Environmental Evaluation, Control, and Follow-up (Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental) (Executive Decree No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC): This more recent executive decree, published in 2023, updates and complements the regulatory framework on environmental evaluation, control, and follow-up, repealing and replacing the previous decree. In general, any activity, work, or project that due to its magnitude or characteristics may generate a significant impact on the environment must undergo an Environmental Impact Assessment process before SETENA to obtain the corresponding environmental viability (license). The EsIA is one of the key technical instruments within this process for projects with higher potential impacts. Obligations for Slaughterhouse and Meat Processing Industries A slaughterhouse and meat processing industry in Costa Rica mandatorily requires an environmental assessment by the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), due to its significant potential environmental impacts. Why is it considered high impact? SETENA requires a rigorous study because slaughterhouses and processing plants generate a series of significant environmental impacts, such as: Wastewater Generation: Large volumes with high organic and chemical load, requiring complex treatment. Solid Waste Generation: Includes organic (inedible parts, manure) and ordinary waste, whose inadequate management can cause contamination and attract pests. Atmospheric Emissions: Offensive odors affecting nearby communities. Resource Consumption: High consumption of water and energy. Sanitary Impact: Risks to public health if management is deficient. The Environmental Impact Assessment (EIA) Process The general process before SETENA includes: Submission of the Proposal: The project developer must submit the initiative to SETENA. Preparation of the EsIA: A team of registered environmental consultants conducts the study, which analyzes all possible impacts (physical, biological, and socioeconomic) and proposes an Environmental Management Plan (Plan de Gestión Ambiental, PGA). Environmental Management Plan (PGA): Details the prevention, mitigation, and compensation measures for each identified impact, including wastewater management, solid waste management, odor control, occupational safety, etc. Evaluation by SETENA: The secretariat reviews the study and issues a resolution. Granting of Environmental Viability: If the evaluation is positive, SETENA grants the Environmental Viability License, an indispensable requirement for other permits (construction, sanitary operating permit). Situation of Industries Predating the Environmental Law (1995) The circumstance that a company, such as an industrial-level slaughterhouse and meat processing plant, began operations prior to the Organic Law of the Environment (Law No. 7554) of 1995, does not exempt it from complying with current environmental regulations. However, the compliance mechanism differs: 1. Obligation for an Environmental Adaptation Plan (Plan de Adecuación Ambiental, PAA) A retroactive EsIA is not required: The EsIA is a preventive and prior instrument for new projects. Therefore, it cannot be required retroactively from an industry that was already legally operating before the law existed. The alternative is the PAA: For these industries, the Costa Rican regulatory framework requires an Environmental Diagnostic Study (Estudio de Diagnóstico Ambiental, EDA) leading to an Environmental Adaptation Plan (PAA). The EDA identifies how the plant operates, the waste and emissions it generates, and its current impacts, comparing its performance with current regulations. The PAA is the scheduled plan that the company must implement to correct, mitigate, and control its negative impacts and thus comply with current environmental standards (e.g., build or improve a treatment plant, install filters, implement a solid waste management plan). Approval by SETENA: Once SETENA approves this Adaptation Plan, it grants the company the Environmental Viability (or License) for Operation, certifying that the company has committed to operating in an environmentally responsible manner. 2. The Role of Previous Permits (Municipality and Ministry of Health) If the industry already had operating permits from the Municipality (license) and the Ministry of Health before the 1995 Environmental Law, it is crucial to understand the following: Independence of Permits: These permits are governed by the principle of independence; each evaluates different aspects (land use, public health, comprehensive environmental impact). One does not substitute for the other. Requirement for Environmental Viability: Current legislation and jurisprudence have established that the Environmental Viability from SETENA is a prior and indispensable requirement to obtain or renew both the Sanitary Operating Permit and the municipal license. Obligation of Regularization: Therefore, even if the industry had its municipal and health permits from before 1995, at the time of renewing them, or if it makes any modification or expansion, the authorities (Health and the Municipality) will require it to present the current Environmental Viability from SETENA. If it does not have it, the obligation to initiate the Environmental Adaptation process would be triggered to regularize its situation. CONCLUSIONS OF THE REPORT: For more than ten years, waste has been discharged into the river waters at limits beyond what is permitted; the Ministry of Health, confirming the existence of this irregularity, has issued, starting in 2018, six orders aimed at correcting the discharges and trying to keep them within legal limits. In those orders, as well as since 2013, the existence of bad odors and the release of gases, such as methane, sulfur, and others into the air, at levels producing repercussions on the environment, has also been confirmed, generating proposed improvement and reduction measures in the orders. The irregularities and impacts on the environment, given the excesses in waste discharges beyond the legal limit, have been repeatedly confirmed over the years, causing serious impacts to the water body into which they are discharged. The air, the atmosphere in general, has also suffered serious increases in gases like methane, sulfur, or others, causing bad odors and discomfort to the residents. The most recent order from the Ministry of Health is from April of this year, an order issued due to the confirmation of damage to the water body into which the discharges or waste are released and the bad odors, or excessive gas emissions. The residents have endured this situation for many years, despite multiple complaints and seeking a solution to safeguard their right to health and a healthy environment, which the State, or the Ministry of Health, has not provided. Even the Ministry of Health, in the face of residents' statements to the effect that the odors or gases have caused them various health disturbances, such as anxiety, vomiting, or others, failing to comply with the precautionary principle, reports that it has not been demonstrated, or provided by the petitioner, proof or medical opinions in this regard; they simply state that a causal link between the odors or gases and the health mishaps they claim to suffer has not been proven. The Ministry of Health's orders and the problem, evidently, will continue. The Ministry of Health, furthermore, has not demanded, or confirmed, the environmental viability of Nombre02 S.A., despite all these years, sanitary orders, inspections, and complaints, despite the fact that its absence has been noted in the files. It is imperative that the Constitutional Chamber order the Ministry of Health to close or prohibit the operation of the company, until it has the required environmental viability. The petitioner and the residents have already suffered for well over ten years from the contamination of the air and water; the State, specifically the Ministry of Health, has demonstrated evident, manifest incapacity (...)".

10.- By document incorporated into the digital file on July 4, 2025, the petitioner states: "SUBJECT: Expansion and supplementation of the amparo appeal, based on new facts and on the recent Advisory Opinion OC-32/25 of the Inter-American Court of Human Rights on climate emergency. I. NEW FACTS Issuance of Advisory Opinion OC-32/25 (July 2025) The Inter-American Court of Human Rights issued Advisory Opinion OC32/25, in which it: Recognizes the human right to a healthy climate, derived from the right to a healthy environment. Establishes the prohibition of causing massive and irreversible damage to the environment as environmental jus cogens. Imposes obligations on States for prevention, regulation, and adaptation to guarantee the right to a healthy climate and environment. Recognizes Nature as a subject of rights, obligating States to protect it, regardless of its direct impact on people. Persistence of environmental contamination by Nombre02 S.A. (2013-2025) From the History of Interventions by the Ministry of Health and the technical report of expert chemist Luis Ricardo Charpentier Soto, it is confirmed that: Since 2013 there have been complaints and confirmations of gas emissions, bad odors, and wastewater contamination by the company, a situation that persists in 2025. The wastewater treatment system uses obsolete anaerobic lagoons, generating methane and hydrogen sulfide, polluting and greenhouse gases. Sludge without treatment has been disposed of as fertilizer, failing to comply with Executive Decree 39316-S. Environmental viability has not been required, nor have deficiencies been corrected despite repeated sanitary orders. Failure to observe the precautionary principle The Ministry of Health has limited itself to demanding medical opinions from complainants to prove health damage, without applying the precautionary principle or actively investigating the relationship between odors, gases, and reported illnesses (respiratory problems, irritations, gastrointestinal issues, stress, and anxiety). Global and local climate impact The emission of methane and other greenhouse gases by the slaughterhouse contributes to climate change, contravening the international obligations assumed by Costa Rica through the Kyoto Protocol and the guidelines reinforced by Advisory Opinion OC-32/25. II. LEGAL BASIS Political Constitution: Articles 21 (right to life), 50 (right to a healthy environment), 27 and 41 (prompt response and justice within a reasonable time). American Convention on Human Rights and Advisory Opinion OC-32/25 of the Inter-American Court: Right to a healthy climate as a human right. Obligation of States to prevent, regulate, and remedy polluting activities. Precautionary Principle (Rio Declaration and Opinion OC-32/25): In the face of risks of serious or irreversible damage, the lack of absolute scientific certainty shall not be used as a reason for postponing effective measures to prevent environmental degradation. Kyoto Protocol and Paris Agreement: Binding international commitments for the reduction of greenhouse gases. Environmental jus cogens: Absolute prohibition of causing massive damage to the environment, a peremptory norm of public international law. III. PETITION For the reasons stated, I RESPECTFULLY REQUEST THE HONORABLE CHAMBER: To have this information added to the amparo appeal in process. To grant the amparo, ordering the Costa Rican State: To guarantee the fundamental right to a healthy environment and climate for the inhabitants of Dirección01 and the protection of Nature as a subject of rights. To adopt urgent and effective measures to cease the contamination generated by Nombre02 S.A. To require the technological updating of the treatment system, the correct disposal of sludge, and the immediate mitigation of polluting gas emissions, in accordance with international obligations assumed by Costa Rica and Advisory Opinion OC-32/25. To award costs as provided by law."

11.- By resolution of the investigating magistrate at 2:15 p.m. on July 7, 2025, the parties to the appeal were expanded, and a report was requested from the director of the Dirección de Agua of MINAE, as well as evidence for better resolution.

12.- By document incorporated into the digital file on July 14, 2025, José Zeledón Calderón, in his capacity as director of the Dirección de Aguas of MINAE, reports under oath. He states: "The Constitutional Chamber refers that the petitioner requests to be informed whether what was ordered by the Administrative Environmental Tribunal in resolution R-705-22-TAA at 9:40 a.m. on May 20, 2022, has been complied with, regarding: 'SECOND: (...) Eng. José Miguel Zeledón Calderón, Director of the Dirección de Agua, or whoever holds the position, is requested to proceed with the economic valuation of the environmental damage in relation to the non-compliance with the permissible limits of wastewater detected by the Ministry of Health, for which the operational report of wastewater from Nombre02 S.A., visible on folios 752 and 753, is sent.' If so, the corresponding documentation must be provided with the proof of receipt and/or notification by the Administrative Environmental Tribunal." On June 2, 2022, this Directorate received notification of resolution R-705-22-TAA, therefore, through official communications DA-UHTPCOSJ-1475-2023 of July 27, 2023, reiterated through official communication DA-UHTPCOSJ-2423-2023, the Tribunal was requested to send us the folios cited in the indicated resolution in order to allow us to address what was requested, without the Tribunal having delivered what was requested to us. However, in order to comply with what was indicated by that Tribunal, the respective valuation of the damage to the water resource due to the discharge of wastewater into the channel of the Río Segundo, which is public domain, was prepared. In accordance with the above, through technical report DA-UHTPCOSR-0276-2025, the valuation was made, which was prepared taking into account whether there are legal uses downstream of the point where the impact occurs, whether the environmental flow is affected, the type of substances discharged, whether or not it complies with the maximum permitted limits for wastewater discharge, the existence or non-existence of treatment plants, among others. The report concludes: 'Consequently, and in accordance with what is established in this report, the total cost associated with the damage to the water resource caused by the discharge of wastewater into the channel of the Río Segundo amounts to ₡ 22,272,816.18, an amount in words of twenty-two million two hundred seventy-two thousand eight hundred sixteen colones and eighteen céntimos.' We do not omit to inform that today, through official communication DA-1387-2925, this report was duly notified to the Administrative Environmental Tribunal, to be incorporated into file 285-13-03."

Attached is a copy of technical report DA-UHTPCOSJ-1475-2025, official communication DA-1387-207, and the respective notification record.”

13.- By a written submission incorporated into the digital case file on July 14, 2025, Maureen Solís Retana and Ana Gómez de la Fuente Quiñónez, in their respective capacities as President and Acting Vice President, both of the TAA, appear. They detail the actions of the TAA in case file 285-13-03-TAA. They state: “65. That by resolution number 776-2025 of nine hours and forty minutes of July tenth, two thousand twenty-five, this Office agreed as follows: ‘(...) SOLE: TO ORDER FOR A SECOND TIME Dr. Ronald Enrique Mora Solano, in his capacity as Director of the Dirección Área Rectora de Salud Alajuela 2 of the Ministry of Health, or whoever holds his position, to submit the wastewater quality certification for the last three years as well as the last four operational reports of atmospheric emissions for the company Nombre02 S.A. The foregoing must be complied with within a period of TEN calendar days counted from the first business day following notification of this resolution. (...)'. 66. That on June 11, 2025, official communication DA-1387-2025 dated July 11, 2025, and signed by Mr. José Miguel Zeledón Calderón, Director of the Water Directorate (Dirección de Agua) of MINAE, was sent, by which official communication DA-UHTPCOSR-0276-2025, corresponding to the economic valuation of damage due to wastewater discharge, is submitted (See pages 976 to 977 of the administrative file). 67. That on June 14, 2025, official communication CARTA-MS-DRRSCN-DARSA2-1954-2025, signed by Dr. Johana Torrez González, Acting Director of the Área Rectora de Salud Alajuela 2, was sent, by which the wastewater quality certification and the last four operational reports on emissions from boilers and furnaces are submitted. See pages 978 to 1009 of the administrative file. It is important to indicate to this Honorable Constitutional Chamber (Sala Constitucional) that this Tribunal has undertaken the necessary steps before the competent institutions to obtain the information deemed important to have before making a possible filing of charges or any other decision regarding the reported case, acting diligently in the processing of this administrative file, which is why the file is currently in the investigation stage. It is reported that on June 11, 2025, the Report requested from the Water Directorate (Dirección de Agua) of MINAE was received, through official communication DA-UHTPCOSR-0276-2025, corresponding to the economic valuation of damage due to wastewater discharge, and as of today, June 14, 2025, the report requested from the Ministry of Health was received, through official communication CARTA-MS-DRRSCN-DARSA2-1954-2025, signed by Dr. Johana Torrez González, Acting Director of the Área Rectora de Salud Alajuela 2, by which the wastewater quality certification and the last four operational reports on emissions from boilers and furnaces are submitted. This Office does not omit to indicate that it will proceed with the analysis of the information received, and as soon as a decision is made in this regard, this Constitutional Chamber (Sala Constitucional) will be informed for its better course of action (…) PETITION (PETITORIA) Based on the reasons of fact and law stated, we request that the management be considered attended to and the report ordered by resolution of fourteen hours and fifteen minutes of July seventh, two thousand twenty-five, and notified on Wednesday, July ninth, two thousand twenty-five, at the offices of the Environmental Administrative Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo) be considered rendered, and consequently, we request that the amparo appeal filed by Mr. Nombre01, identity card number CED07, which is processed under case file number CED06, be declared without merit, and without special condemnation as to costs.”

14.- By an unsigned writing incorporated into the digital case file on July 15, 2025, the person who claims to be the appellant states: “CLOSING ARGUMENT AND FINAL PETITION (PETITORIA) I. THE URGENCY OF EFFECTIVE CONSTITUTIONAL PROTECTION IN THE FACE OF IRREVERSIBLE ENVIRONMENTAL DAMAGE AND CHRONIC STATE INACTION This Amparo Appeal does not present this Honorable Constitutional Chamber (Sala Constitucional) with a new controversy, but rather the culmination of twelve years of scientifically proven environmental degradation, of fundamental operational illegality, and of a systemic and chronic failure of the state apparatus in its duty of protection. We find ourselves before the last bastion of justice for the appellants and for the environment itself, after the administrative avenue has collapsed due to its own inertia, flagrantly and continuously violating the right to a healthy and ecologically balanced environment enshrined in Article 50 of our Political Constitution, as well as the right to prompt and complete justice, guaranteed by Article 41 of the same normative body. The central thesis of this argument is unequivocal: the convergence of (1) serious, continuous, and now officially quantified environmental damage; (2) the fundamental illegality of the respondent company’s operation due to its lack of the most basic permit; (3) the chronic and documented paralysis of the regulatory bodies that should have prevented it; and (4) the emergence of new and reinforced imperative norms of international law on climate justice, which form part of our constitutionality block (bloque de constitucionalidad), leaves this High Court with only one constitutionally viable and effective remedy: to order the immediate and definitive closure of the facilities of the company Nombre02 S.A. Any lesser measure, such as ordering new studies or improvement plans, would be to validate the continued violation of fundamental rights and to reward a decade of evasion and neglect, turning the amparo into a simple statement without real effectiveness. The legal question has evolved: it is no longer about determining whether a violation exists, but about defining the only effective remedy for a proven, chronic, and multifaceted violation, where the State has demonstrably shown its inability to regulate and correct. II. IRREFUTABLE FACTS: CONCRETE PROOF OF SERIOUS, CONTINUED, AND MULTIDIMENSIONAL ENVIRONMENTAL DESTRUCTION The seriousness of the situation is not based on mere allegations, but on an overwhelming body of evidence, emanating largely from the state institutions themselves. The technical reports, expert opinions, and official communications contained in the record paint a picture of systematic damage in three critical dimensions: water, climate, and operational legality. For a clear and immediate understanding, the following matrix of accredited facts is presented. Table 1: Matrix of Accredited Environmental Damages and Normative Violations. (…) A. The “High” and Quantified Damage to Water Resources: The State's Confession The debate on the contamination of the Río Segundo has been definitively settled by the competent authority on the matter. Technical Report DA-UHTPCOSR-0276-2025, issued by the Water Directorate (Dirección de Agua) of MINAE on July 10, 2025, is not just another piece of evidence, but an official confirmation and finding of fact by the State. Said report, whose preparation resulted from the filing of this very amparo after years of delay by the Environmental Administrative Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo, TAA), is categorical. Based on the state's own methodology (Reglamento del Canon Ambiental por Vertidos), it classifies the damage caused by Nombre02 S.A. in the “HIGH” category. This classification is not subjective; it is based on objective technical criteria: non-compliance with discharge limits and, crucially, the fact that the polluting discharge is carried out upstream of water concessions legally granted to other users, putting their rights at risk. Beyond the classification, the State has monetized the severity of the harm. The economic valuation of the damage to water resources amounts to the sum of ₡22,272,816.18. This figure is not presented here as a charge, but as an objective and irrefutable metric of the magnitude of the environmental destruction. The Costa Rican State, through its technical body, has confessed that the company's operation has caused public patrimonial damage exceeding 22 million colones. Continued inaction in the face of this proven fact constitutes a serious omission in the duty of protection of public domain assets and a direct violation of Article 50 of the Constitution. B. The Brazen Contribution to the Climate Emergency: A Methane Bomb in a Populated Area The damage perpetrated by Nombre02 S.A. transcends the banks of the Río Segundo and projects itself as a direct aggression against the global and local climate, in open contravention of Costa Rica's international commitments. The expert report of chemist Luis Ricardo Charpentier Soto is devastating in identifying the root cause: the use of a wastewater treatment system based on anaerobic lagoons, a technology that the expert qualifies as “obsolete,” “unviable in populated centers,” and a direct source of greenhouse gases. This is not an inevitable byproduct of the industry, but the result of a deliberate decision to use inadequate and highly polluting technology. The consequences are quantifiable and alarming. The expert report estimates that, between 2002 and 2019 alone, the lagoons emitted a cumulative 1,153.2 kilotonnes of methane (CH_4), a gas with a global warming potential dozens of times greater than carbon dioxide. This amount is equivalent to 71,498.4 kilotonnes of carbon dioxide (CO_2). This massive and continued emission is not only responsible for the foul odors affecting the neighbors' health and quality of life, but also constitutes a flagrant violation of the obligations assumed by Costa Rica in the Kyoto Protocol and the Paris Agreement, instruments that oblige us to reduce, not to allow, emission sources of this magnitude. C. The Fundamental Illegality of the Operation: The Absence of Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) Perhaps the most serious fact, which nullifies the company's entire operation, is that its main activity has been carried out for decades outside the most fundamental legal requirement: environmental viability (viabilidad ambiental). The Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente) No. 7554 and its Environmental Impact Assessment (EIA) regulation require, without exception, that any activity capable of significantly degrading or contaminating the environment must have an environmental viability (viabilidad ambiental) granted by the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA) before operating. The evidence in the record demonstrates a systematic evasion of this obligation. Already in 2018, it was reported to the TAA that the slaughtering and industrial processing activity lacked this permit. SETENA's own response that same year (official communication SETENA-SG-1773-2018) was revealing: it listed permits for minor and accessory projects such as self-consumption tanks or water reuse, but conspicuously omitted any mention of the environmental viability (viabilidad ambiental) for the slaughterhouse, which is the heart of the operation and the main source of contamination. Any residual doubt was dispelled by the direct consultation made to SETENA in June 2025, whose response is damning and definitive: “From the foregoing, no file related to the requested slaughterhouse was found.” This institutional confession demonstrates that the company has operated under a facade of legality, obtaining peripheral permits while evading the most crucial environmental control. Therefore, this Honorable Chamber (Sala) is not dealing with the case of a legal company that pollutes, but with an operation whose very existence lacks legal basis. Its closure would not be a disproportionate sanction, but the simple and straightforward application of the law in the face of a clandestine operation in the eyes of environmental regulations. III. STATE RESPONSIBILITY: OMISSION, NEGLIGENCE, AND THE SYSTEMATIC VIOLATION OF THE DUTY OF DUE DILIGENCE The described environmental disaster would not have been possible without the systematic omission and negligence of the state authorities responsible for environmental protection and public health. For over a decade, the Ministry of Health, the Environmental Administrative Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo, TAA), and the Water Directorate (Dirección de Agua) have failed in their duty to act with due diligence, becoming passive facilitators of the damage. The following chronology illustrates the collapse of the administrative avenue and the denial of justice that motivates this amparo (…) A. The Collapse of the Administrative Avenue: A Decade of Denied Justice The report rendered by the TAA itself to this Chamber (Sala) is a self-indictment of its institutional paralysis. Administrative file 285-13-03-TAA is the monument to denied justice. Initiated in 2013, twelve years later it finds itself, according to the TAA's own President's admission, still “in the preliminary investigation stage.” The chronology is bleak: a hearing scheduled for 2020 was annulled to regress the process, and since then the TAA has been trapped in a bureaucratic labyrinth, unable to obtain the most basic information from other State entities. As detailed in the summary of the TAA report, at least nine requests for information were made to the Water Directorate (Dirección de Agua) and the Ministry of Health, five to the former and four to the latter. These requests were reiterated again and again through resolutions (705-22-TAA, 1541-22-TAA, 902-23-TAA, 1128-23-TAA, 1550-23-TAA, 1665-23-TAA) without obtaining complete or timely responses. This manifest inability of the TAA to drive the procedure and obtain the collaboration of its peers demonstrates that the administrative avenue is not simply slow, but functionally broken. Keeping the appellants in that avenue is condemning them to an infinite wait while the damage worsens. The intervention of this Chamber (Sala) is, therefore, a constitutional obligation to guarantee the right to prompt and effective justice that the TAA has been unable to provide. B. The Inversion of the Precautionary Principle: The State as a Shield for the Polluter The Ministry of Health's action in this case represents an abdication of its preventive role and a direct contravention of the precautionary principle, a pillar of modern environmental law. Instead of acting upon the overwhelming evidence of risk, the Ministry has demanded an impossible evidentiary burden from the victims: the presentation of a “medical opinion” demonstrating a direct and irrefutable causal relationship between the gases and odors and the illnesses reported by the community (respiratory problems, irritations, stress, anxiety). This stance inverts the logic of the precautionary principle, enshrined in the jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights (IACtHR) and fully applicable in Costa Rica. Both Advisory Opinion OC-23/17 and the more recent OC-32/25 establish that, in the face of the risk of serious or irreversible harm, the lack of absolute scientific certainty cannot be a pretext for postponing the adoption of effective measures. The duty of the State is to prevent the risk, not to wait for confirmation of the harm. By demanding certainty from the victims, the Ministry of Health has become a procedural shield for the polluting company. This failure is compounded by the admission of an alleged “normative impossibility” to interpret air quality studies, which is equivalent to a confession of its own regulatory and supervisory incapacity. IV. ADVANCED LEGAL FOUNDATION: THE CONVERGENCE OF CONSTITUTIONAL LAW AND IMPERATIVE NORMS OF INTERNATIONAL LAW The described situation constitutes not only a violation of internal regulations but also a serious breach of the international obligations of the Costa Rican State in matters of human rights, which, through the mechanism of conventionality control, are parameters binding upon this Chamber (Sala). A. The Doctrine of the IACtHR (OC-23/17) as a Standard of Conventionality Control Advisory Opinion OC-23/17 of the IACtHR is not foreign law or a mere recommendation; it is the authoritative interpretation of the American Convention on Human Rights and, as such, a binding standard for the Costa Rican State. Analyzing the facts in light of this doctrine, the state's non-compliance is manifest: * Violation of the Obligation of Prevention: The State, through its various agencies, was aware of the risk of significant harm since at least 2013 and failed miserably to prevent it, allowing the “HIGH” damage now quantified to materialize. * Violation of the Obligation to Regulate, Supervise, and Monitor: The company's operation without SETENA's environmental viability (viabilidad ambiental) is the ultimate proof of the failure in regulation. The “deficient supervision” noted by the chemical expert regarding the Ministry of Health and sludge management is proof of the failure in monitoring. * Violation of the Obligation to Require Environmental Impact Assessments (EIA): The absence of an EIA for the slaughterhouse's main activity is a fundamental and originating breach of the duty of prevention, which taints the entire operation with illegality. * Violation of the Obligation to Guarantee Access to Justice: The twelve-year delay in the TAA, without a decision on the merits, constitutes a palpable violation of the right to an effective, swift, and simple judicial remedy, enshrined in Articles 8 and 25 of the American Convention. B. The Climate Emergency as an Absolute Limit: Environmental Jus Cogens and the Right to a Healthy Climate (OC-32/25) This case must be analyzed in light of the most advanced developments in international law, encapsulated in the historic Advisory Opinion OC-32/25 of the IACtHR on the climate emergency. This opinion recognizes the human right to a healthy climate as an autonomous right. The massive and quantified methane emissions by Nombre02 S.A., a product of obsolete technology, constitute a direct and continued violation of this fundamental right. Furthermore, OC-32/25 establishes that the prohibition of causing “massive and irreversible damage to the environment” constitutes a peremptory norm of international law or environmental jus cogens. It is respectfully argued that the combination of water damage classified as “HIGH” and the emission for over two decades of tens of thousands of tonnes of greenhouse gases precisely configure that type of massive damage. A violation of a jus cogens norm admits no balancing or justification. It generates a reinforced and immediate obligation for the State to cease the wrongful act. This provides this Chamber (Sala) with a legal basis of the highest hierarchy to adopt the extraordinary measure of closure, not as an option, but as compliance with an non-derogable duty. C. Nature as a Subject of Rights: Protection for the River and the Climate Consistent with the progressive jurisprudence of the IACtHR, which recognizes Nature as a subject of rights, this amparo also seeks its direct protection. The continuous discharge of pollutants into the Río Segundo is a violation of its rights to exist, flow, and maintain its ecological integrity. The massive emission of methane is an aggression against the climate system's rights to maintain its balance. Ordering the cessation of pollution not only protects the appellants but repairs, to the extent possible, the violation of the rights of Nature itself, affirming the State's duty to protect it for its intrinsic value. V. FINAL PETITION (PETITORIA): IMMEDIATE AND DEFINITIVE CLOSURE AS THE ONLY SUITABLE AND EFFECTIVE REPARATION MEASURE By virtue of the irrefutable facts and the legal foundations set forth, it is overwhelmingly demonstrated that the operation of the company Nombre02 S.A. constitutes a serious and continued violation of the fundamental rights to a healthy environment, health, life, and prompt justice. The damage to water resources is “HIGH” and has been quantified by the State itself. The damage to the climate is massive and a product of obsolete technology. The industrial operation is fundamentally illegal because it lacks environmental viability (viabilidad ambiental). And the State, in its supervisory and administrative justice roles, has failed in a systemic and chronic manner. Given this panorama, any remedy alternative to closure would be an illusory solution and a re-victimization of the protected parties. Ordering new studies or action plans would be to ignore the twelve-year history of non-compliance and bureaucratic paralysis. One cannot “correct” or “adapt” an operation that should never have existed in its current form because it lacks the most basic legal permit. The only suitable, effective, and proportionate reparation measure for the magnitude of the violation is the definitive cessation of the source of the damage. For all of the foregoing, the Honorable Constitutional Chamber (Sala Constitucional) is respectfully requested to: * Declare WITH MERIT the present Amparo Appeal in all its aspects, for the violation of the fundamental rights to a healthy and ecologically balanced environment (Article 50 of the Political Constitution), to life (Article 21), to health (derived from Article 21), and to prompt and complete justice (Article 41), in connection with the international obligations of the Costa Rican State derived from the American Convention on Human Rights and its authoritative interpretation in Advisory Opinions OC-23/17 and OC-32/25. * Consequently, and as the only effective restitution measure, ORDER the TECHNICAL SHUTDOWN AND IMMEDIATE AND DEFINITIVE CLOSURE of all operations of the industrial plant belonging to the company Nombre02 S.A., Legal ID CED03, at its current location in San Rafael de Alajuela. * Order the Costa Rican State and the company Nombre02 S.A. to pay the costs, damages, and losses caused, whose quantification and execution are reserved for the corresponding legal avenue.”

15.- In the procedures followed, the legal requirements have been observed.

Drafted by Magistrate Castillo Víquez; and,

Considering:

I.- PRELIMINARY MATTER. It should be noted that one of the points raised could constitute an injury to the right to prompt and complete administrative justice. In this regard, it must be clarified that, based on ruling no. 2008002545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber (Sala) has remanded to the contentious-administrative jurisdiction — with some exceptions — those matters in which it is discussed whether the public authority has complied or not with the deadlines set by the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública) (Articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, in order to resolve through a final act an administrative procedure — initiated ex officio or by request of a party — or to hear the applicable administrative appeals. Precisely, in this appeal, an exception scenario is raised because the sub examine is related to an environmental complaint that apparently has not been resolved. By virtue of the foregoing, the Chamber (Sala) will proceed to resolve the appeal.

II.- OBJECT OF THE APPEAL. The appellant indicates that, since September 11, 2013, or even earlier, the Condominio La Canadá and the neighbors of Dirección01 have maintained a struggle for the cessation of the effects on the environment and health caused by the company Nombre02 S.A. He details that, on the mentioned date, a complaint was filed before the TAA to which file no. 285-13-03 was assigned. He states that, by a resolution of February 2019, the TAA convened a hearing for June 2020 and that in August 2019, the complaint was expanded, and an urgent precautionary measure (medida cautelar) was requested. He sets forth that, by resolution no. 1725-20-TAA of June 5, 2020, the TAA suspended the hearing and reverted the process to the investigation stage, due to the evidence provided. He accuses that, since that moment, an excessive period has elapsed without any other resolution having been issued by the TAA. He states that, on February 17, 2020, the Ministry of Health issued a report in which it was evidenced that the flow of the Río Segundo de Alajuela was dropping with a reddish-brown color and, although the water at the outlet of the treatment plant appeared clear, it is no less true that this reflects the need for an expeditious investigation and resolution. He accuses that the mentioned communities suffer significant effects on their physical and emotional health. They request that the TAA be ordered to issue the corresponding resolution to continue processing file no. 285-13-03 and that they issue the precautionary measures (medidas cautelares) that guarantee the protection of the environment.

III.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been thus accredited or because the respondent authority has omitted to refer to them, as provided in the initial order:

a)   On September 11, 2013, a complaint was filed before the TAA against the activity of the company Nombre02 S.A., to which file no. 285-13-03-TAA was assigned. (See documentary evidence).

b)   By resolution no. 249-19-TAA of 2:14 p.m. on February 15, 2019, the TAA declared the opening of the administrative procedure and convened an oral hearing for June 10 and 11, 2020. (See documentary evidence).

c)    On August 8, 2019, several persons filed a submission before the TAA in which they expanded on the reported facts. (See documentary evidence).

d)   By resolution no. 1584-19-TAA of 2:21 p.m. on September 11, 2019, the TAA convened a joint inspection between the Technical Department of the tribunal, the Ministry of Health, and SENASA for October 1, 2019, which was carried out on the indicated date. (See documentary evidence).

e)    On October 15, 2019, the TAA received a submission from SETENA, by which an environmental complaint was forwarded due to the fact that the reported activity does not have environmental viability (viabilidad ambiental). (See documentary evidence).

f)     By note of December 3, 2019, SETENA was requested to conduct an inspection visit to the company Nombre02 S.A. (See documentary evidence).

g)   By resolution no. 1724-20-TAA of 2:14 p.m. on June 5, 2020, the TAA ordered: “First: The nullity of Resolution No. 249-19-TAA of filing of charges is declared, with the proceedings being reverted to the investigation stage. Second: That due to what is indicated in the preceding Considerandos, the parties, witnesses, expert witnesses, and experts are informed that the oral and public hearing convened for June 10 and 11, 2020, will not take place.” (See documentary evidence).

h)   By resolution no. 453-21-TAA of 4:40 p.m. on May 4, 2021, the TAA informed the parties of the misplacement of the resolution of June 5, 2020, and its notification receipts, which was replaced with certification no. 325-21-TAA. (See documentary evidence).

i)     By resolution no. 471-21-TAA of 3:02 p.m. on May 7, 2021, the TAA responded to several submissions in the file, imposed an atypical precautionary measure (medida cautelar), and requested reports from the Oficina de Alajuela, the Área de Conservación Central, and SETENA. (See documentary evidence).

j)     By resolution no. 636-21-TAA of 10:15 a.m. on June 14, 2021, the TAA ordered: “FIRST: Validate resolution 471-21-TAA of 3:02 p.m. on May 7, 2021, informing the parties that, against the precautionary measure (medida cautelar) imposed through the cited resolution, the Motion for Reconsideration (Recurso de Revocatoria) may be filed within twenty-four hours from notification, based on Articles 342 and 346 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública). With the foregoing, the omission to indicate the deadline for appeal is considered remedied. Likewise, in order not to cause defenselessness to the parties, it begins to run from the notification of this administrative resolution. SECOND: To consider the reported party’s request for information regarding the samplings ordered through the precautionary measure (medida cautelar) as answered. THIRD: To request FOR THE SECOND TIME to Mr. Minor González Guzmán, Head of the Oficina Alajuela, Área de Conservación Central, or whoever holds his position, to comply with what is ordered in the fourth considerando of this resolution, within a period of TEN NATURAL DAYS, which will begin to run on the next business day following the notification of this resolution. FOURTH: To request FOR THE THIRD TIME to Mrs. Cynthia Barzuna Gutiérrez, General Secretary of the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA), or whoever holds her position, to comply with what is ordered in the fifth considerando of this resolution.” (See documentary evidence).

k)    By resolution no. 705-22-TAA of 9:40 a.m. on May 20, 2022, the TAA ordered: “FIRST: (…) requests Dr. Ronald Enrique Mora Solano, Director of the Dirección Área Rectora de Salud Alajuela 2, Ministry of Health, or whoever holds his position, to: 1) refer to the compliance with the corrective actions implemented in compliance with health order number MS-DRRSCN-DARSA2-0349-2021 (page 754) of Nombre02 S.A.

indicated in official communication MS-DRRSCN-DARSA2-3451-2021 dated September 29, 2021, signed by you (folio 758), which states that their completion was anticipated for December 2021; 2) report on the follow-up or whether the technical opinion of the Environmental Health Unit of the Directorate of Radiological Protection and Environmental Health of the Ministry of Health was received regarding the perimeter air study in establishments, in order to comply with the atypical precautionary measure (medida cautelar atípica) imposed by this Tribunal concerning the measurement of total suspended particles to verify air quality regarding the activity carried out by Nombre02 S.A., which remains pending as described in official communication MS-DRRSCN-DARSA2-IT-3443-2021 dated September 28, 2021 (folios 759 and 760) signed by Licda. Diana Espinoza Navarro, Regulation officer of the Área Rectora de Salud Alajuela 2 (…) SECOND: (…) requests Ing. José Miguel Zeledón Calderón, Director of the Dirección de Agua, or whoever holds his position, to proceed with the economic valuation of environmental damage (valoración económica del daño ambiental) in relation to the non-compliance with permissible wastewater limits detected by the Ministry of Health, for which the operational wastewater report of Nombre02 S.A., visible at folios 752 and 753, is forwarded.” (See documentary evidence).

l) On November 4, 2022, a request for prompt dispatch (pronto despacho) was filed. (See documentary evidence).

m) By resolution no. 1541-22-TAA of 3:50 p.m. on November 17, 2022, the TAA established: “FIRST: (…) FOR THE SECOND TIME to Dr. Ronald Enrique Mora Solano, Director of the Dirección Área Rectora de Salud Alajuela 2, Ministry of Health, or whoever holds his position, to report on the follow-up or whether the technical opinion of the Environmental Health Unit of the Directorate of Radiological Protection and Environmental Health of the Ministry of Health was received regarding the perimeter air study in establishments, in order to comply with the atypical precautionary measure imposed by this Tribunal concerning the measurement of total suspended particles to verify air quality regarding the activity carried out by Nombre02 S.A., which remains pending as described in official communication MS-DRRSCN-DARSA2-IT-3443-2021 dated September 28, 2021 (folios 759 and 760) signed by Licda. Diana Espinoza Navarro, Regulation officer of the Área Rectora de Salud Alajuela 2. SECOND: (…) this Office requests FOR THE SECOND TIME Ing. José Miguel Zeledón Calderón, Director of the Dirección de Agua, or whoever holds his position, to proceed with the economic valuation of environmental damage in relation to the non-compliance with permissible wastewater limits detected by the Ministry of Health, for which the operational wastewater report of Nombre02 Nombre03 (…) is forwarded.” (See documentary evidence).

n) By resolution no. 902-23-TAA of 2:18 p.m. on June 20, 2023, the TAA ordered: “FIRST: (…) FOR THE THIRD TIME to Dr. Ronald Enrique Mora Solano, Director of the Dirección Área Rectora de Salud Alajuela 2, Ministry of Health, or whoever holds his position, to report on the follow-up or whether the technical opinion of the Environmental Health Unit of the Directorate of Radiological Protection and Environmental Health of the Ministry of Health was received regarding the perimeter air study in establishments, in order to comply with the atypical precautionary measure imposed by this Tribunal concerning the measurement of total suspended particles to verify air quality regarding the activity carried out by Nombre02 S.A., which remains pending as described in official communication MS-DRRSCN-DARSA2-IT-3443-2021 dated September 28, 2021 (folios 759 and 760) signed by Licda. Diana Espinoza Navarro, Regulation officer of the Área Rectora de Salud Alajuela 2. SECOND: (…) FOR THE THIRD TIME to Ing. José Miguel Zeledón Calderón, Director of the Dirección de Agua, or whoever holds his position, to proceed with the economic valuation of environmental damage in relation to the non-compliance with permissible wastewater limits detected by the Ministry of Health, for which the operational wastewater report of Nombre02 S.A., visible at folios 752 and 753, is forwarded.” (See documentary evidence).

o) By resolution no. 1128-23-TAA of 9:00 a.m. on August 17, 2023, the TAA established: “FIRST: (…) FOR THE FOURTH TIME to Dr. Ronald Enrique Mora Solano, Director of the Dirección Área Rectora de Salud Alajuela 2, Ministry of Health, or whoever holds his position, to report on the follow-up or whether the technical opinion of the Environmental Health Unit of the Directorate of Radiological Protection and Environmental Health of the Ministry of Health was received regarding the perimeter air study in establishments, in order to comply with the atypical precautionary measure imposed by this Tribunal concerning the measurement of total suspended particles to verify air quality regarding the activity carried out by Nombre02 S.A., which remains pending as described in official communication MS-DRRSCN-DARSA2-IT-3443-2021 dated September 28, 2021 (folios 759 and 760) signed by Licda. Diana Espinoza Navarro, Regulation officer of the Área Rectora de Salud Alajuela 2. SECOND: (…) Given official communication DA-UHTPCOSJ-1475-2023 dated July 27, 2023, signed by Ing. Marilyn Mora Vega, Coordinator of the Tárcoles-Pacífico Central Hydrological Unit of the Dirección de Agua, folios 752 and 753 of the administrative file are forwarded.” (See documentary evidence).

p) On August 25, 2023, the Área Rectora de Salud Alajuela 2 of the Ministry of Health provided what was required in resolution no. 1128-23-TAA of 9:00 a.m. on August 17, 2023. (See documentary evidence).

q) By resolution no. 1550-23-TAA of 2:00 p.m. on November 1, 2023, the TAA ordered: “SINGLE: (…) FOR THE FOURTH TIME to Ing. José Miguel Zeledón Calderón, Director of the Dirección de Agua, or whoever holds his position, to proceed with the economic valuation of environmental damage in relation to the non-compliance with permissible wastewater limits detected by the Ministry of Health, in relation to the operational wastewater report of Nombre02 S.A. visible at folios 752 and 753 and forwarded by resolution number 1128-2023-TAA of 9:00 a.m. on August 17, 2023.” (See documentary evidence).

r) On November 28, 2023, the Dirección de Agua requested information from the TAA to respond to what was requested. (See documentary evidence).

s) By resolution no. 1665-23-TAA of 9:10 a.m. on December 8, 2023, the TAA ordered: “SINGLE: (…) Having reviewed official communication DA-UHTPCOSJ-2423-2023 dated November 27, 2023, visible at folio 895, signed by Ing. Danny Olivares Rivera, Acting Coordinator of the Tárcoles-Pacífico Central Hydrological Unit of the Dirección de Agua, it is indicated that folios 752 and 753 were forwarded by resolution 1128-2023-TAA of 9:00 a.m. on August 17, 2023 (visible at folios 853 and 854) in response to official communication DA-UHTPCOSJ-1475-2023 dated July 27, 2023, duly notified to emails ...03 and ...04 as recorded at folios 867 and 868 of this administrative file. A copy of folios 752 and 753, corresponding to an operational wastewater report, is forwarded again. By reason of the foregoing, this Office requests FOR THE FIFTH TIME Ing. José Miguel Zeledón Calderón, Director of the Dirección de Agua, or whoever holds his position, to proceed with the economic valuation of environmental damage in relation to the non-compliance with permissible wastewater limits detected by the Ministry of Health, in relation to the operational wastewater report of Nombre02 S.A. visible at folios 752 and 753 and forwarded by resolution number 1128-2023-TAA of 9:00 a.m. on August 17, 2023, and attached hereto.” (See documentary evidence).

t) On June 12, 2025, the ministers of MINAE and of Health were notified of the resolution ordering the continuation of this matter. (See notification records).

u) On June 16, 2025, the president of the TAA was notified of the resolution ordering the continuation of this matter. (See notification record).

v) By resolution no. 656-2025-TAA of 1:08 p.m. on June 16, 2025, the TAA established: “SINGLE: Order Dr. Ronald Enrique Mora Solano, in his capacity as Director of the Dirección Área Rectora de Salud Alajuela 2 of the Ministry of Health, or whoever holds his position, to forward the wastewater quality certification for the last three years as well as the last four operational reports of atmospheric emissions from the company Nombre02 S.A.” (See documentary evidence).

w) On July 10, 2025, the director of the Dirección de Agua of MINAE was notified of the resolution ordering the continuation of this proceeding. (See notification record).

x) By resolution no. 776-2025 of 9:40 a.m. on July 10, 2025, it was ordered: “(...) SINGLE: ORDER FOR THE SECOND TIME Dr. Ronald Enrique Mora Solano, in his capacity as Director of the Dirección Área Rectora de Salud Alajuela 2 of the Ministry of Health, or whoever holds his position, to forward the wastewater quality certification for the last three years as well as the last four operational reports of atmospheric emissions from the company Nombre02 S.A. The foregoing must be complied with within a period of TEN CALENDAR DAYS (sic) counted from the first business day following notification of this resolution. (...)\". (See report submitted by the TAA authorities).

y) On July 11, 2025, the Dirección de Agua of MINAE sent the TAA the brief DA-UHTPCOSR-0276-2025 in relation to what was requested in resolution R-705-22-TAA of 9:40 a.m. on May 20, 2022. (See documentary evidence).

z) On July 14 (sic), 2025, official communication CARTA-MS-DRRSCN- DARSA2-1954-2025 signed by the acting director of the Área Rectora de Salud Alajuela 2 was communicated to the TAA, by which the wastewater quality certification and the last four operational reports on emissions from boilers and furnaces were forwarded. (See report submitted by the TAA authorities).

IV.- REGARDING THE SPECIFIC CASE. In the case at bar, the petitioner indicates that, since September 11, 2013, or even earlier, the Condominio La Canadá and the residents of Dirección01 have been engaged in a struggle to cease the impacts on the environment and health caused by the company Nombre02 S. A. They detail that, on the mentioned date, a complaint was filed before the TAA, to which file no. 285-13-03 was assigned. They state that, by a resolution of February 2019, the TAA called a hearing for June 2020, and that in August 2019 the complaint was expanded and an urgent precautionary measure was requested. They explain that, by resolution no. 1725-20-TAA of June 5, 2020, the TAA suspended the hearing and rolled back the proceeding to the investigation stage, due to the evidence provided. They allege that, since that moment, an excessive period has elapsed without any other resolution being issued by the TAA. They state that, on February 17, 2020, the Ministry of Health issued a report showing that the flow of the Segundo de Alajuela River was running with a reddish-brown color, and although the water at the outlet of the treatment plant appeared clear, it is no less true that this reflects the need for an expeditious investigation and resolution. They allege that the mentioned communities suffer significant impacts to their physical and emotional health. They request that the TAA be ordered to issue the corresponding resolution to continue the processing of file no. 285-13-03 and to issue the precautionary measures that guarantee the protection of the environment.

This Chamber has as proven that on September 11, 2013, a complaint was filed before the TAA against the activity of the company Nombre02 S. A., to which file no. 285-13-03-TAA was assigned. By resolution no. 249-19-TAA of 2:14 p.m. on February 15, 2019, the TAA declared the opening of the administrative procedure and called an oral hearing for June 10 and 11, 2020. On August 8, 2019, several persons filed a brief before the TAA expanding the reported facts. By resolution no. 1584-19-TAA of 2:21 p.m. on September 11, 2019, the TAA called a joint inspection between the Technical Department of the tribunal, the Ministry of Health, and SENASA for October 1, 2019, which took place on the indicated date. On October 15, 2019, the TAA received a brief from SETENA, by which it forwarded an environmental complaint because the reported activity lacks environmental viability (viabilidad ambiental). By a note of December 3, 2019, SETENA was requested to conduct an inspection visit to the company Nombre02 S. A. By resolution no. 1724-20-TAA of 2:14 p.m. on June 5, 2020, the TAA ordered: “First: The nullity of Resolution No. 249-19-TAA on the formulation of charges is declared, rolling back the proceedings to the investigation stage. Second: Due to what is indicated in the preceding Whereas Clauses, the parties, witnesses, expert witnesses, and experts are informed that the oral and public hearing called for June 10 and 11, 2020, will not be held.” By resolution no. 453-21-TAA of 4:40 p.m. on May 4, 2021, the TAA informed the parties of the loss of the resolution of June 5, 2020, and its notification certificates, which was reconstituted with certification no. 325-21-TAA. By resolution no. 471-21-TAA of 3:02 p.m. on May 7, 2021, the TAA responded to various briefs in the file, imposed an atypical precautionary measure, and requested reports from the Oficina de Alajuela, the Área de Conservación Central, and SETENA. By resolution no. 636-21-TAA of 10:15 a.m. on June 14, 2021, the TAA ordered: “FIRST: To validate resolution 471-21-TAA of 3:02 p.m. on May 7, 2021, informing the parties that, against the precautionary measure imposed by the cited resolution, the Revocation Appeal (Recurso de Revocatoria) may be filed within a period of twenty-four hours from notification, based on articles 342 and 346 of the Ley General de la Administración Pública. The omission to indicate the deadline for appeal is hereby cured. Likewise, in order not to cause defenselessness to the parties, said deadline begins to run from the notification of this administrative resolution. SECOND: The respondent's request for information regarding the sampling ordered by the precautionary measure is deemed answered. THIRD: To request FOR THE SECOND TIME Mr. Minor González Guzmán, Head of the Oficina Alajuela, Área de Conservación Central, or whoever holds his position, to proceed to comply with what was ordered in whereas clause four of this resolution, within a period of TEN CALENDAR DAYS which will begin to run on the next business day following notification of this resolution. FOURTH: To request FOR THE THIRD TIME Ms. Cynthia Barzuna Gutiérrez, Secretary General of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), or whoever holds her position, to proceed to comply with what was ordered in whereas clause five of this resolution.” By resolution no. 705-22-TAA of 9:40 a.m. on May 20, 2022, the TAA ordered: “FIRST: (…) requests Dr. Ronald Enrique Mora Solano, Director of the Dirección Área Rectora de Salud Alajuela 2, Ministry of Health, or whoever holds his position, to: 1) report on the compliance with corrective actions implemented in fulfillment of sanitary order number MS-DRRSCN-DARSA2-0349-2021 (folio 754) of Nombre02 S.A. indicated in official communication MS-DRRSCN-DARSA2-3451-2021 dated September 29, 2021, signed by you (folio 758), which states that their completion was anticipated for December 2021; 2) report on the follow-up or whether the technical opinion of the Environmental Health Unit of the Directorate of Radiological Protection and Environmental Health of the Ministry of Health was received regarding the perimeter air study in establishments, in order to comply with the atypical precautionary measure imposed by this Tribunal concerning the measurement of total suspended particles to verify air quality regarding the activity carried out by Nombre02 S.A., which remains pending as described in official communication MS-DRRSCN-DARSA2-IT-3443-2021 dated September 28, 2021 (folios 759 and 760) signed by Licda. Diana Espinoza Navarro, Regulation officer of the Área Rectora de Salud Alajuela 2 (…) SECOND: (…) requests Ing. José Miguel Zeledón Calderón, Director of the Dirección de Agua, or whoever holds his position, to proceed with the economic valuation of environmental damage in relation to the non-compliance with permissible wastewater limits detected by the Ministry of Health, for which the operational wastewater report of Nombre02 S.A., visible at folios 752 and 753, is forwarded.” On November 4, 2022, a request for prompt dispatch was filed. By resolution no. 1541-22-TAA of 3:50 p.m. on November 17, 2022, the TAA established: “FIRST: (…) FOR THE SECOND TIME to Dr. Ronald Enrique Mora Solano, Director of the Dirección Área Rectora de Salud Alajuela 2, Ministry of Health, or whoever holds his position, to report on the follow-up or whether the technical opinion of the Environmental Health Unit of the Directorate of Radiological Protection and Environmental Health of the Ministry of Health was received regarding the perimeter air study in establishments, in order to comply with the atypical precautionary measure imposed by this Tribunal concerning the measurement of total suspended particles to verify air quality regarding the activity carried out by Nombre02 S.A., which remains pending as described in official communication MS-DRRSCN-DARSA2-IT-3443-2021 dated September 28, 2021 (folios 759 and 760) signed by Licda. Diana Espinoza Navarro, Regulation officer of the Área Rectora de Salud Alajuela 2. SECOND: (…) this Office requests FOR THE SECOND TIME Ing. José Miguel Zeledón Calderón, Director of the Dirección de Agua, or whoever holds his position, to proceed with the economic valuation of environmental damage in relation to the non-compliance with permissible wastewater limits detected by the Ministry of Health, for which the operational wastewater report of Nombre02 Nombre03 (…) is forwarded.” By resolution no. 902-23-TAA of 2:18 p.m. on June 20, 2023, the TAA ordered: “FIRST: (…) FOR THE THIRD TIME to Dr. Ronald Enrique Mora Solano, Director of the Dirección Área Rectora de Salud Alajuela 2, Ministry of Health, or whoever holds his position, to report on the follow-up or whether the technical opinion of the Environmental Health Unit of the Directorate of Radiological Protection and Environmental Health of the Ministry of Health was received regarding the perimeter air study in establishments, in order to comply with the atypical precautionary measure imposed by this Tribunal concerning the measurement of total suspended particles to verify air quality regarding the activity carried out by Nombre02 S.A., which remains pending as described in official communication MS-DRRSCN-DARSA2-IT-3443-2021 dated September 28, 2021 (folios 759 and 760) signed by Licda. Diana Espinoza Navarro, Regulation officer of the Área Rectora de Salud Alajuela 2. SECOND: (…) FOR THE THIRD TIME to Ing. José Miguel Zeledón Calderón, Director of the Dirección de Agua, or whoever holds his position, to proceed with the economic valuation of environmental damage in relation to the non-compliance with permissible wastewater limits detected by the Ministry of Health, for which the operational wastewater report of Nombre02 S.A., visible at folios 752 and 753, is forwarded.” By resolution no. 1128-23-TAA of 9:00 a.m. on August 17, 2023, the TAA established: “FIRST: (…) FOR THE FOURTH TIME to Dr. Ronald Enrique Mora Solano, Director of the Dirección Área Rectora de Salud Alajuela 2, Ministry of Health, or whoever holds his position, to report on the follow-up or whether the technical opinion of the Environmental Health Unit of the Directorate of Radiological Protection and Environmental Health of the Ministry of Health was received regarding the perimeter air study in establishments, in order to comply with the atypical precautionary measure imposed by this Tribunal concerning the measurement of total suspended particles to verify air quality regarding the activity carried out by Nombre02 S.A., which remains pending as described in official communication MS-DRRSCN-DARSA2-IT-3443-2021 dated September 28, 2021 (folios 759 and 760) signed by Licda. Diana Espinoza Navarro, Regulation officer of the Área Rectora de Salud Alajuela 2. SECOND: (…) Given official communication DA-UHTPCOSJ-1475-2023 dated July 27, 2023, signed by Ing. Marilyn Mora Vega, Coordinator of the Tárcoles-Pacífico Central Hydrological Unit of the Dirección de Agua, folios 752 and 753 of the administrative file are forwarded.” On August 25, 2023, the Área Rectora de Salud Alajuela 2 of the Ministry of Health provided what was required in resolution no. 1128-23-TAA of 9:00 a.m. on August 17, 2023. By resolution no. 1550-23-TAA of 2:00 p.m. on November 1, 2023, the TAA ordered: “SINGLE: (…) FOR THE FOURTH TIME to Ing. José Miguel Zeledón Calderón, Director of the Dirección de Agua, or whoever holds his position, to proceed with the economic valuation of environmental damage in relation to the non-compliance with permissible wastewater limits detected by the Ministry of Health, in relation to the operational wastewater report of Nombre02 S.A. visible at folios 752 and 753 and forwarded by resolution number 1128-2023-TAA of 9:00 a.m. on August 17, 2023.” On November 28, 2023, the Dirección de Agua requested information from the TAA to respond to what was requested. By resolution no. 1665-23-TAA of 9:10 a.m. on December 8, 2023, the TAA ordered: “SINGLE: (…) Having reviewed official communication DA-UHTPCOSJ-2423-2023 dated November 27, 2023, visible at folio 895, signed by Ing. Danny Olivares Rivera, Acting Coordinator of the Tárcoles-Pacífico Central Hydrological Unit of the Dirección de Agua, it is indicated that folios 752 and 753 were forwarded by resolution 1128-2023-TAA of 9:00 a.m. on August 17, 2023 (visible at folios 853 and 854) in response to official communication DA-UHTPCOSJ-1475-2023 dated July 27, 2023, duly notified to emails ...03 and ...04 as recorded at folios 867 and 868 of this administrative file. A copy of folios 752 and 753, corresponding to an operational wastewater report, is forwarded again. By reason of the foregoing, this Office requests FOR THE FIFTH TIME Ing. José Miguel Zeledón Calderón, Director of the Dirección de Agua, or whoever holds his position, to proceed with the economic valuation of environmental damage in relation to the non-compliance with permissible wastewater limits detected by the Ministry of Health, in relation to the operational wastewater report of Nombre02 S.A. visible at folios 752 and 753 and forwarded by resolution number 1128-2023-TAA of 9:00 a.m. on August 17, 2023, and attached hereto.” By resolution no. 656-2025-TAA of 1:08 p.m. on June 16, 2025, the TAA established: “SINGLE: Order Dr. Ronald Enrique Mora Solano, in his capacity as Director of the Dirección Área Rectora de Salud Alajuela 2 of the Ministry of Health, or whoever holds his position, to forward the wastewater quality certification for the last three years as well as the last four operational reports of atmospheric emissions from the company Nombre02 S.A.” By resolution no. 776-2025 of 9:40 a.m. on July 10, 2025, it was ordered: “(...) SINGLE: ORDER FOR THE SECOND TIME Dr. Ronald Enrique Mora Solano, in his capacity as Director of the Dirección Área Rectora de Salud Alajuela 2 of the Ministry of Health, or whoever holds his position, to forward the wastewater quality certification for the last three years as well as the last four operational reports of atmospheric emissions from the company Nombre02 S.A. The foregoing must be complied with within a period of TEN CALENDAR DAYS (sic) counted from the first business day following notification of this resolution. (...)\". On July 11, 2025, the Dirección de Agua of MINAE sent the TAA the brief DA-UHTPCOSR-0276-2025 in relation to what was requested in resolution R-705-22-TAA of 9:40 a.m. on May 20, 2022. On July 14 (sic), 2025, official communication CARTA-MS-DRRSCN- DARSA2-1954-2025 signed by the acting director of the Área Rectora de Salud Alajuela 2 was communicated to the TAA, by which the wastewater quality certification and the last four operational reports on emissions from boilers and furnaces were forwarded.

From a comprehensive reading of the brief initiating the case, it is evident that what the petitioner alleges is the delay by the TAA in processing file no. 285-13-03-TAA since the issuance of resolution no. 1725-20-TAA of June 5, 2020; indeed, it should be recalled that their claim was that the TAA be ordered to issue the corresponding resolution to continue the processing of file no. 285-13-03 and to issue the precautionary measures that guarantee the protection of the environment. For this reason, the analysis by this Chamber will be limited to determining whether or not a delay in the processing of that matter has occurred from that period of time onward.

Having clarified the foregoing, the Chamber finds the violation of article 41 of the Political Constitution (Constitución Política) by the TAA, due to the delay in the processing and resolution of file no. 285-13-03-TAA. In this regard, note that, although the complaint that originated this matter dates from September 11, 2013, it is no less true that as of the date of filing this matter, that is, more than 10 years later, the final resolution has not been issued, a period that is disproportionate. In that sense, the case records reveal extensive periods of inactivity by the TAA, reflecting its lack of diligent and expeditious action. For example, on December 3, 2019, the TAA requested an inspection visit be conducted; however, the next action by the TAA appearing in the file dates from June 2020, that is, more than six months later. Likewise, it was not until approximately eleven months later that another action by the TAA occurred in the file. Additionally, although it is observed that on several occasions the TAA sought evidence from various entities, such as the Dirección de Agua of MINAE and the Ministry of Health, in which there was a delay in responding to what was requested, it is no less true that it is not verified that the tools provided by the legal system were used to compel the authorities to comply with what was ordered.

In consideration of the foregoing, the complaint is upheld against the Tribunal Ambiental Administrativo for the injury to article 41 of the Political Constitution, as established in the operative part of this matter.

V.- Regarding the Dirección de Agua of MINAE, this Tribunal also verifies the violation of the provisions of article 41 of the Political Constitution. In that sense, note that, by resolution no. 705-22-TAA of 9:40 a.m. on May 20, 2022, the TAA ordered: “SECOND: (…) requests Ing. José Miguel Zeledón Calderón, Director of the Dirección de Agua, or whoever holds his position, to proceed with the economic valuation of environmental damage in relation to the non-compliance with permissible wastewater limits detected by the Ministry of Health, for which the operational wastewater report of Nombre02 S.A., visible at folios 752 and 753, is forwarded.” Subsequently, given the non-compliance with what was ordered, by resolution no. 1541-22-TAA of 3:50 p.m. on November 17, 2022, the TAA established: “this Office requests FOR THE SECOND TIME Ing. José Miguel Zeledón Calderón, Director of the Dirección de Agua, or whoever holds his position, to proceed with the economic valuation of environmental damage in relation to the non-compliance with permissible wastewater limits detected by the Ministry of Health, for which the operational wastewater report of Nombre02 S.A. is forwarded.” The foregoing also occurred in resolution no. 902-23-TAA of 2:18 p.m. on June 20, 2023, in which the TAA ordered: “FOR THE THIRD TIME to Ing. José Miguel Zeledón Calderón, Director of the Dirección de Agua, or whoever holds his position, to proceed with the economic valuation of environmental damage in relation to the non-compliance with permissible wastewater limits detected by the Ministry of Health, for which the operational wastewater report of Nombre02 S.A., visible at folios 752 and 753, is forwarded,” as well as in resolution no.

1128-23-TAA of 9:00 a.m. on August 17, 2023, through which the TAA established: “That having reviewed official communication DA-UHTPCOSJ-1475-2023 dated July 27, 2023, signed by Eng. Marilyn Mora Vega, Coordinator of the Tárcoles-Central Pacific Hydrological Unit of the Water Directorate, pages 752 and 753 of the administrative file are hereby forwarded.” Furthermore, in the resolution, having reviewed official communication DA-UHTPCOSJ-1475-2023 dated July 27, 2023, signed by Eng. Marilyn Mora Vega, Coordinator of the Tárcoles-Central Pacific Hydrological Unit of the Water Directorate, pages 752 and 753 of the administrative file are hereby forwarded.” Likewise, this Chamber observes that it was not until November 28, 2023, that is, more than a year after the requirement was made, that the Water Directorate requested information from the TAA to address the request, in response to which, by resolution no. 1665-23-TAA of 9:10 a.m. on December 8, 2023, the TAA ordered: “SOLE: (…) That having reviewed official communication DA-UHTPCOSJ-2423-2023 dated November 27, 2023, visible on page 895, signed by Eng. Danny Olivares Rivera, Acting Coordinator of the Tárcoles-Central Pacific Hydrological Unit of the Water Directorate, it is indicated that pages 752 and 753 were forwarded by resolution 1128-2023-TAA of 9:00 a.m. on August 17, 2023 (visible on pages 853 and 854) in response to official communication DA-UHTPCOSJ-1475-2023 dated July 27, 2023, which was duly notified to emails ...03 and ...04 as recorded on pages 867 and 868 of this administrative file. A copy of pages 752 and 753, corresponding to an operational wastewater report, is again forwarded. Based on the foregoing, this Office requests FOR THE FIFTH TIME to Eng. José Miguel Zeledón Calderón, Director of the Water Directorate, or whoever holds that position, to proceed with the economic valuation of environmental damage related to the non-compliance with permissible wastewater limits detected by the Ministry of Health, in relation to the operational wastewater report of Nombre02 S.A. visible on pages 752 and 753 and forwarded by resolution number 1128-2023-TAA of 9:00 a.m. on August 17, 2023, and attached hereto.” However, it was not until July 11, 2025, that is, after the director of the MINAE Water Directorate was notified of the resolution giving course to this process, that this office brought to the attention of the TAA the filing DA-UHTPCOSR-0276-2025 regarding what was requested in resolution R-705-22-TAA of 9:40 a.m. on May 20, 2022.

From the foregoing, the lack of diligent and expeditious action by the MINAE Water Directorate in addressing what was required by the TAA in resolution R-705-22-TAA of 9:40 a.m. on May 20, 2022, is evident, its response having been given only on July 11, 2025, that is, more than three years later, without any valid justification for such delay being observed. Now, given that the situation that violated fundamental rights regarding the aforementioned Water Directorate was corrected during the processing of this proceeding, the appeal is granted with respect to this authority, in accordance with the provisions of Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional.

VI.- On the other hand, regarding the Ministry of Health, although a delay is observed on the part of the Área Rectora de Salud de Alajuela 2 in addressing TAA requests, it is no less true that since August 25, 2023, that is, prior to the filing of this matter, it had already issued the corresponding report. Therefore, at this time, no situation is observed that merits being brought before this Court. Ergo, the matter is not granted with respect to this ministry portfolio.

VII.- Finally, the Chamber observes that the appellant, in filings submitted after the initial writ, requests that the company Nombre02 S. A. be compelled to provide evidence; however, it should be noted that this legal entity does not appear as a party in this matter. Having clarified the foregoing, it should be recalled that the amparo appeal is eminently summary in nature, and its processing is therefore incompatible with the handling of extensive or complex evidence, which is more appropriately addressed through ordinary channels. Therefore, it is not for this Constitutional Chamber to establish, in accordance with the infra-constitutional regulations governing the matter and the specific circumstances of the case under study, whether or not the operation of the aforementioned company should be closed or prohibited in the terms petitioned, nor to rule on any disagreements with the decisions adopted by the Ministry of Health. In any event, note that such disagreements are being examined by the TAA in file no. 285-13-03.

VIII.- REGARDING THE ORDER TO PAY COSTS, DAMAGES, AND PREJUDICES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 52 OF THE LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Upon better consideration, the majority of the Chamber finds that, in the sub examine, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (“If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for purposes of indemnification and costs, if applicable”), the grant must be without a special order for costs, damages, and prejudices, based on the following considerations. While there is an express legal text that requires the operative part of the ruling to state that the appeal is granted, when the grievance is resolved while the amparo is in progress, it is no less true that the same paragraph in fine states that the grant is issued “solely for purposes of indemnification and costs, if applicable.” It is emphasized that the Law states “if applicable,” which means that the applicability or non-applicability of indemnification and costs depends on an assessment, appraisal, or weighing by the Court. In cases such as this, the content of the claimant’s claim and the respondent authority’s conduct in recognizing it suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations are not directly related to an impact on a constitutional right of an evidently patrimonial nature (as would occur, for example, with an impact on the right to a salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of Article 51 of the same Ley de la Jurisdicción Constitucional, which provides: “every resolution that grants the appeal shall order in the abstract the indemnification of the damages and prejudices caused and the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment,” where the possibility of assessing whether or not indemnification and costs are applicable is not foreseen. The principles of Constitutional Law, Public and General Procedural Law, or, as applicable, International or Community Law, and furthermore, in order, the Ley General de la Administración Pública, the Código Procesal Contencioso Administrativo, and other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Ley de la Jurisdicción Constitucional -cf. Article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, which responds to the procedural logic in any matter. In any event, the affected party in the sub lite retains the possibility of resorting, if they so choose, to an ordinary proceeding to demonstrate that they have suffered some type of impairment. Based on the foregoing, it is the majority’s criterion to resolve this appeal without an order for costs, damages, and prejudices.

IX.- NOTE FROM MAGISTRATE CASTILLO VÍQUEZ, REGARDING SWIFT AND EFFECTIVE ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported this Court’s thesis that when a claimant alleges a violation of the right to swift and effective justice in the administrative sphere, those who must hear the legal dispute are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. Now, with the recent enactment of Law No. 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, it has been established that this right is susceptible to judicial protection through the amparo appeal established by Article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the Administration’s material actions, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, since this Court, based on numeral 7 of its Law, is solely responsible for defining its own jurisdiction. Therefore, except for those legal-constitutional disputes that have been recognized by this Chamber itself as exceptional cases, which are properly heard in this jurisdiction through the constitutional process of amparo, in all other cases, and for the reasons given by this Court (Judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent authorities are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms, based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.

X.- NOTE FROM MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is the undersigned’s criterion that if there has already been intervention by the Public Administration, its hearing and resolution falls to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do proceed to hear the merits of the case when other rights of the people affected by the source of contamination are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution), as is the case here, where the appellant indicates that since September 11, 2013, or even earlier, the Condominio La Canadá and the neighbors of Dirección01 have been engaged in a struggle to cease the alleged impacts on the environment and health caused by the company Nombre02 S. A, without a definitive solution to the situation having been provided to date.

XI.- PARTIAL DISSENTING VOTE OF MAGISTRATES SALAZAR ALVARADO AND GARITA NAVARRO, SOLELY IN RELATION TO THE NON-IMPOSITION OF COSTS, DAMAGES, AND PREJUDICES AGAINST THE RESPONDENT PARTY.

While we concur with the rest of the Chamber in granting the appeal, we depart from the majority criterion insofar as it exempts the respondent party from being ordered to pay the costs, damages, and prejudices derived from the injury caused to the fundamental rights of the protected party.

The Ley de la Jurisdicción Constitucional, in Article 52, provides:

“If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for purposes of indemnification and costs, if applicable.”

On the other hand, Article 51 ibidem establishes:

“...every resolution that grants the appeal shall order in the abstract the indemnification of the damages and prejudices caused and the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment.”

This latter norm establishes the general system that regulates the matter of indemnification and the payment of costs, which the majority calls the “natural or normal form of termination of the proceeding, where there is a ruling on the merits of the matter and recognition of the facts that have violated fundamental rights…”.

In the majority’s criterion, Article 51, cited above, regulates the cases in which the Chamber has found the grievance proven; and, as a consequence, the need for an order to pay costs, damages, and prejudices arises. However, in the opinion of the undersigned, from a systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Court verifies an injury to a fundamental right and, therefore, grants the appeal, and in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights once it becomes aware of the amparo -a situation contemplated in the referenced Article 52-, by force of Articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and unavoidable consequence is an order against the infringer for the indemnification of the damages and prejudices caused and the payment of the costs of the appeal. This rule is nothing more than the recognition, to the party that has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the infringing authorities; and, as a deterrent, so that the State does not again incur in the actions that gave grounds for the grant of the appeal, a matter regulated in Article 50 of the law governing this jurisdiction. Thus, whether the Chamber has found the grievance proven and has examined the merits of the matter, or whether the violation ceased by decision of the respondent authority itself once it became aware of the amparo proceedings, with restoration of the aggrieved party’s fundamental rights (Article 52), in any of these cases, the imperative need for an order for costs, damages, and prejudices against the infringer arises, the basis of which lies in the principles of protection of individuals’ rights and that the Administration must be held responsible for the damages and prejudices caused by its unconstitutional actions.

Thus, the fact that at the time the amparo is heard and granted, the effects of the challenged act have already ceased, under the terms of Articles 50 and 52 of the cited law, does not negate the applicability of the order to pay costs, damages, and prejudices, as such a case forms an integral part of the general system of necessary condemnation in these areas contained in the Ley de la Jurisdicción Constitucional.

On the other hand, it is clear that the aforementioned Article 52 applies only in cases where the Chamber, even without having heard or ruled on the merits of the claim, has verified the violation of the protected party’s fundamental rights, by virtue of the restoration that the Administration has agreed in their favor regarding the enjoyment of these rights; a situation that, as the majority of the Chamber affirms, implies an “abnormal termination of the proceeding.”

The legislator precisely established and delimited the conditions under which this Chamber may decree this form of abnormal conclusion of the amparo proceeding, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is in progress, meaning that the Administration has been duly notified of the resolution that gave course to the amparo; and, 2) that there exists an administrative or judicial resolution that indisputably orders the revocation, halting, or suspension of the challenged action that violates fundamental rights. Certainly, the norm in question contemplates an exception to the general system of ordering costs, damages, and prejudices, despite granting the appeal, by providing that, in the cases regulated therein, the appeal shall be granted “solely for purposes of indemnification and costs, if applicable.” As an exception, it must be interpreted restrictively; that is, it applies only in the cases strictly contemplated in the norm, not only because of the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception undoubtedly imply an impairment of individuals’ fundamental right to obtain effective judicial protection against the damages and prejudices suffered due to the injury to their constitutional rights.

In our criterion, such an exception must be interpreted as meaning that, in accordance with the general system of automatic condemnation for costs, damages, and prejudices in the event of a violation of fundamental rights, such condemnation is always applicable, even if the respondent party issues an administrative or judicial resolution that revokes, halts, or suspends the challenged action, unless it is indisputably and clearly evident that in the specific case no damage capable of being indemnified was caused. Only and exclusively in such cases could the respondent Administration be exempted from paying these items. Since in this case, there is no evidence whatsoever to rebut the presumption that damages and economic prejudices arose for the protected party from the challenged actions -the specific determination of which is not for this jurisdiction-, the grant of this appeal must necessarily entail the order for costs, damages, and prejudices, and we so declare.

As an additional reason, it is worth highlighting that the dynamics and very essence of amparo proceedings do not have as their primary object the analysis of the existence or non-existence of damages and prejudices, but rather the existence or non-existence of actions or omissions that could generate or produce a breach of the system of individuals’ fundamental rights. From this perspective, the analysis carried out by this venue focuses on such verification, yet it does not delve into the weighing of whether these issues have or have not generated injuries in the eminently patrimonial sphere of the protected individuals. Although the aforementioned precept 52 of the LJC, in its grammatical scope, stipulates that such condemnation (in damages, prejudices, and costs) operates, if applicable, we, the undersigned, do not believe that said examination of pertinence can, a priori, be automatically excluded in this type of proceeding, to the extent that it is within another ordinary proceeding that it must be defined whether, within the legal relationship analyzed in the amparo appeal, the conduct or omissions attributable to the Administration (or private legal entity, when applicable) have constituted an adequate cause of patrimonial injuries that are legally indemnifiable. For reference, numerals 179 through 184 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, Law No. 8508, define a special proceeding whose object is the definition of the economic effects derived from condemnations handed down in these proceedings. In light of canon 179 ejusdem, that proceeding’s object is the following:

“ARTICLE 179.- The Contentious-Administrative Court is responsible for the execution of judgments issued by the Constitutional Jurisdiction in habeas corpus and amparo proceedings against subjects of Public Law, solely regarding the demonstration, liquidation, and fulfillment of pecuniary indemnifications.”

It is clear that this proceeding is directed at the analysis of the necessary antecedent issued by this Chamber regarding a condemnation in the abstract for these items, since such types of claims would not be admissible within that type of action when the judgment issued within the amparo proceeding expressly establishes the non-applicability of damages, prejudices, and/or costs, or when there is no express ruling in this regard. That is, the special proceeding in the contentious-administrative venue requires, as a sine qua non requirement, an express condemnation or ruling by this Constitutional Chamber. In that order, in our view, under the terms of the mentioned ordinal 52 of the LJC, the waiver of such patrimonial condemnation requires the accreditation, in each case, of situations from which it is reasoned and estimated that there are no patrimonial injuries, even potential ones, derived from or associated with the facts analyzed. Therefore, it is an exception that, as such, requires qualified and duly reasoned application on a case-by-case basis. The mere fact that, during the proceeding, the Administration issues a resolution or a judicial ruling is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, does not, per se, rule out that, prior to that cessation caused by the respondent entity itself or by a third party, the accused negligence or reproached disturbance may have caused damages and prejudices. However, that substantive issue, regarding the effectiveness of the injuries, their quantification, timely claim, etc., involves considerations that fall outside the nature of these proceedings and regarding which, pursuant to that regulated by the aforementioned mandate 52, are characteristic of a condemnation in the abstract that later constitutes the basis for analysis in the Contentious-Administrative Jurisdiction. The protection sought in these constitutional proceedings does not require the demonstration of damages and prejudices, as, it is reiterated, that is not its object or primary ratio. Thus, the protected party is not responsible for claiming or demonstrating damages, their goal being the safeguarding of their fundamental rights. Subsequently, if such administrative actions have caused them injuries, this is an aspect that, in principle and except in very exceptional cases, does not form part of the analytical basis of this type of action. Note that, in the case regulated by that mandate, the Constitutional Chamber does not conduct a merits analysis of the situation to be protected, given the termination of the amparo or habeas corpus due to the aforementioned supervening circumstance. Ergo, in these cases, by legal imperative, no assessment is made as to whether there is an infringement, and therefore, it is even less possible to define whether, based on what was denounced by the petitioner, there may or may not be situations subject to possible civil reparation. In this way, the waiver of condemnation referred to in that norm is of an exceptional, not a principled, nature. Therefore, in these cases, the norm imposes a condemnation in the abstract, so that its applicability can be analyzed within another full proceeding. Otherwise, if that release from damages, prejudices, and costs were applied as a rule, the protection of the legal situation of the person who, despite the respondent party’s supervening response, could have suffered injuries in their patrimonial sphere, would be jeopardized, to the detriment of what is stipulated by precept 45 of the Political Constitution, and disregarding the potential liability of the Administration, as imposed by Article 9 ejusdem. Moreover, it must not be overlooked that it was by virtue of such an action that conduct was adopted to cease the conduct that, in theory, threatened or violated the individual’s fundamental rights. That is, in order to obtain the safeguarding of those rights, the person opted for judicial protection, and it was by virtue of that action that the cessation of the reproached disturbance occurred. It is reiterated, if the persistence of the threat or deterioration of their situation, insofar as it was ceased due to the causes alluded to in the norm under examination, generated damages and prejudices, this is an issue that, unless proven otherwise, must be analyzed within an ordinary proceeding, but that, it is reiterated, in no way should be denied as a presumption due to the mere fulfillment of the factual situation regulated in the mentioned ordinal 52 of the LJC. Therefore, with the usual respect for the majority position, we express our vote and reiterate that the grant of this appeal must necessarily entail the condemnation in the abstract for costs, damages, and prejudices.

XII.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE GARRO VARGAS REGARDING THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT. Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC) states: "If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for purposes of indemnification and costs, if applicable."

My interpretation of that norm is as follows: That "resolution" is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase "if applicable" refers to the costs. Indeed, Article 197 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, cited by the majority, based on Article 14 of the LJC, precisely refers only to these: to the costs.

Certainly, in accordance with Article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to the amparo appeal is not indemnification but restitution; however, Article 51 of the LJC states: "Every resolution that grants the appeal shall order in the abstract the indemnification of the damages and prejudices caused and the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment."

If the right has been violated and the Chamber so verifies, even if it has been restored, damages and prejudices may have arisen. For this reason, a condemnation in the abstract for these is appropriate. If this were not done, if such condemnation were not issued, and if damages and prejudices had occurred, there would be no title -derived from this proceeding- to claim them, which could violate Article 41 of the CP. If, despite the condemnation in the abstract, no damages and prejudices occurred, the judge in the ordinary jurisdiction will so declare, as it falls solely to them to find proven the actual existence and magnitude thereof. I believe that with the thesis defended by the majority, contrary to what is sought, the Administration would be incentivized to respect rights only when facing an amparo appeal. It remains to be said that Article 52 of the LJC foresees the possibility that, if it is deemed just, the Chamber may order the payment of costs, even when the right has been restored.

Based on the foregoing, I partially dissent from the operative part and order the condemnation for damages and prejudices, but not the condemnation for costs.

XIII.- DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE FILE. The parties are warned that, if they have provided any paper document or objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology-produced device, these must be collected within a maximum period of 30 business days, counted from the notification of this judgment. It is warned that any material not collected within that period will be destroyed, based on the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial" (approved by the Corte Plena in Article XXVI of session no. 27-11 of August 22, 2011, and published in the Boletín Judicial no. 19 of January 26, 2012) and in Article LXXXI of the session of the Consejo Superior del Poder Judicial no. 43-12 of May 3, 2012.

Por tanto:

Regarding the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy, the appeal is granted without a special order for costs, damages, and prejudices. As for the Administrative Environmental Tribunal, the appeal is granted, due to the injury to ordinal 41 of the Political Constitution. Maureen Solís Retana and Ana Gómez de la Fuente Quiñónez, in order, president and acting vice-president, both of the Administrative Environmental Tribunal, or whoever in their stead occupies said positions, are ordered to coordinate what is pertinent and carry out all actions within the scope of their respective competencies, so that, within a maximum period of THREE MONTHS, counted from the notification of this judgment, the environmental complaint related to file no. 285-13-03 is resolved definitively and without undue delays, and the resolution is notified to the complainant at the address provided for such purposes. It is warned that failure to obey said order could constitute the crime of disobedience and that, in accordance with Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, prison of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be carried out or enforced, issued in an amparo appeal, and does not carry it out or enforce it, provided the crime is not more severely punished. The State is ordered to pay the costs, damages, and prejudices caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment in the contentious-administrative jurisdiction. In all other respects, the appeal is dismissed. Magistrate Castillo Víquez adds a note. Magistrate Salazar Alvarado adds a note. Magistrates Salazar Alvarado and Garita Navarro partially dissent and order the condemnation for damages, prejudices, and costs. Magistrate Garro Vargas partially dissents and orders the condemnation for damages and prejudices, but not for costs. Notify.

Salazar A.


Jorge Araya G.


Anamari Garro V.


Ingrid Hess H.


Jose Roberto Garita N.


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EXPEDIENTE N° 25-016364-0007-CO

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SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República