Res. 22319-2025 Sala Constitucional — Right to petition and access to environmental information before ecological municipalityDerecho de petición y acceso a información ambiental ante municipio ecológico

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Sala Constitucional

Resolución Nº 22319 - 2025

Fecha de la Resolución: 18 de Julio del 2025 a las 09:20

Expediente: 25-016640-0007-CO

Redactado por: Jorge Araya Garcia

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 25-016640-0007-CO

Res. Nº 2025022319

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del dieciocho de julio de dos mil veinticinco .

 

Recurso de amparo que se tramita en expediente N°25-016640-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, contra la MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES.

RESULTANDO:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 09:36 horas del 10 de junio de 2025, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Turrubares, y manifiesta que el 22 de mayo de 2025, envió un correo electrónico a las direcciones ...01 e ...02, en el que solicitó a la autoridad recurrida la siguiente información: “Quería solicitarle información si a la fecha o desde que se iniciaron los movimientos de tierra y deforestación en las Cercanías de Cerro el Rayo o la vía que lleva a Tajo Zulay ingresando por Monterrey la empresa desarrolladora o persona física solicito los permisos correspondientes. (…) ¿Hay permiso? Que inspección ha realizado su persona como gestor ambiental, recordemos que Turrubares es cantón ecológico y permitir la tala y movimientos descomunales como estos ponen en contra la mención del cantón. Agradezco se me indique si existe permiso y cuando fue emitido. 2- que plan presentó la empresa y demás (…)". Reclama que, a la fecha de interposición del recurso, no había recibido respuesta, ni la información solicitada. Solicita la intervención de esta Sala.

2.- Mediante la resolución de las 13:51 horas del 12 de junio de 2025, la Presidencia de la Sala dio curso al presente proceso y concedió audiencia al Jefe del Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Turrubares, sobre los hechos alegados por la parte recurrente. Asimismo, se previno a esa autoridad indicar si el correo electrónico utilizado por la parte recurrente para remitir su gestión se constituye como un mecanismo oficial de comunicación con ese municipio.

3.- Informa bajo juramento Dennis Leonardo Mora Díaz, en su condición de Jefe del Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Turrubares, que en efecto, el 22 de mayo de 2025 se recibió la solicitud del recurrente, la cual fue enviada a dos cuentas distintas. Aclara que la dirección ...01 no se constituye como una cuenta autorizada para atender solicitudes, pero la cuenta ...02 sí se utiliza para esos fines. Señala que mediante el oficio N°MT-GAM-02-112-2025, de fecha 18 de junio de 2025, se dio respuesta a las consultas planteadas por el recurrente. Solicita se declare sin lugar el recurso.

 4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Araya García; y,

CONSIDERANDO:

I.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente alega que desde el 22 de mayo de 2025, remitió una serie de consultas a la Municipalidad de Turrubares. No obstante, a la fecha de interposición de este recurso, no se le ha brindado respuesta.

II.- HECHOS PROBADOS. Se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos de importancia para la resolución del presente asunto:

a) El 22 de mayo de 2025, el recurrente envió un correo electrónico a las direcciones ...01 e ...02, en el que solicitó a la Municipalidad de Turrubares lo siguiente: “Quería solicitarle información si a la fecha o desde que se iniciaron los movimientos de tierra y deforestación en las Cercanías de Cerro el Rayo o la vía que lleva a Tajo Zulay ingresando por Monterrey la empresa desarrolladora o persona física solicito los permisos correspondientes. (…) ¿Hay permiso? Que inspección ha realizado su persona como gestor ambiental, recordemos que Turrubares es cantón ecológico y permitir la tala y movimientos descomunales como estos ponen en contra la mención del cantón. Agradezco se me indique si existe permiso y cuando fue emitido. 2- que plan presentó la empresa y demás (…)" (SIC) (véase prueba aportada).

b)La resolución de las 13:51 horas del 12 de junio de 2025, la cual da curso a este proceso, fue notificada a la autoridad recurrida el 17 de junio de 2025 (véase acta de notificación).

c) Mediante el oficio N° MT-GAM-02-112-2025, de fecha 17 de junio de 2025, la Unidad de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Turrubares atendió las consultas del tutelado, indicando: “1. Cuando se refiere a si la empresa o persona física solicito los permisos correspondientes, la respuesta es no. 2. Con respecto a las inspecciones que el suscrito a realizado en la zona, le indico que el pasado 24 de febrero de 2025, se atiende vía telefónica, una queja dando la alerta sobre los trabajos realizados en la zona. Se procede a realizar visita de campo el 25 de febrero de 2025, en compañía del Inspector Municipal, Giovanni González Agüero, dando como resultado que hasta ese momento los trabajos realizados eran simplemente limpieza de capa vegetal de un camino interno, y en algunos casos ni eso, pues los matones o malezas como la llamada escobilla, únicamente perdió las hojas dejando los tallos aun de pie en el campo, o incluso en algunas partes aún quedaba rastros del zacate. 3. Posteriormente el 08 de mayo de 2025, se vuelve a recibir llamada telefónica en donde se manera anónima se vuelve a indicar sobre los trabajos que se realizan en el sector. Se realiza una segunda inspección este mismo día, en compañía nuevamente del inspector municipal. En donde se vuelve a corroborar la limpieza de la capa vegetal. Al ser un tema reincidente, se procede a elaborar por parte del inspector municipal notificación preventiva de los trabajos realizados, dándole el tiempo de ley, para que tramiten los permisos respectivos. 4. Adicionalmente, el suscrito realiza llamada telefónica al señor Oscar Bermudez, jefe de la oficina subregional del SINAC Puriscal- Turrubares con la finalidad de trasladar la queja recibida al ente competente, y que este pueda realizar una valoración más profunda de los hechos denunciados (…)” (SIC) (véase informe rendido y prueba aportada por la autoridad recurrida).

d)El 18 de junio de 2025, el oficio N° MT-GAM-02-112-2025 fue remitido al recurrente (véase informe rendido y prueba aportada por la autoridad recurrida).

e) La dirección electrónica ...02 sí se constituye como un mecanismo oficial de comunicación con la Municipalidad de Turrubares (véase informe rendido y prueba aportada por la autoridad recurrida).

 III.- SOBRE LOS DERECHOS DE INFORMACIÓN, PETICIÓN Y PRONTA RESPUESTA. Este Tribunal ha señalado que el derecho de petición y pronta respuesta, encierra una doble vertiente, ya que implica no sólo el derecho que ostenta todo ciudadano para dirigirse a cualquier funcionario o entidad oficial, con el fin de exponer un asunto de su interés, o bien solicitar determinada información, sino además obliga a la Administración a recibir y responder las mismas dentro del plazo de diez días, de acuerdo con el artículo 27, de la Constitución Política y el numeral 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Por lo anterior, debe emitir la respuesta oportuna, sin denegación de ninguna especie, empero cabe la excepción de que no pueda cubrir la petición dentro del plazo referido, en consecuencia, deberá comunicar la imposibilidad para resolver y fijará un plazo razonable dentro del cual atenderá la solicitud. Por su parte, el artículo 30, de la Constitución Política recoge el derecho de las personas de acceder a la información de interés público en poder de las autoridades y -consecuentemente- el deber de éstas de entregar dicha información de forma inmediata si lo pedido está disponible y todo lo anterior sin perjuicio la existencia de posibles excepciones en las que la información debe reservarse en atención a la protección de derechos e intereses relevantes, reconocidos formalmente.

IV.- SOBRE EL EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN Y PRONTA RESPUESTA, ASÍ COMO EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA, A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Esta Sala Constitucional, en la Sentencia N° 2008-009670 de las 09:55 horas de 13 de junio de 2008, al referirse al derecho de petición y el empleo de medios electrónicos (aplicable mutatis mutandis al derecho de acceso a la información administrativa), explicó:

“En el marco de la sociedad de la información y el conocimiento, los derechos fundamentales pueden ser ejercidos a través de las nuevas tecnologías de la información. En lo que al derecho de petición y pronta respuesta se refiere, la utilización de los medios electrónicos le da nuevos matices, los cuales, deben ser ponderados. Siempre teniendo en consideración su eficacia progresiva y expansiva, pero también, tomando en cuenta el carácter no absoluto de los derechos fundamentales, es posible concluir que, para el ejercicio del derecho de petición y pronta respuesta, empleando los medios que las nuevas tecnologías facilitan, es importante, que el requerimiento sea canalizado a través de una página web de libre acceso del ente o el órgano público. Adicionalmente, ese dominio electrónico debe contar con un hipervínculo direccionado hacia un correo electrónico dispuesto, específicamente, para recibir solicitudes, sea sobre un tema particular o bien que sirva como buzón para todo tipo gestiones (…)” (el énfasis no pertenece al original).

 

Paralelamente, en cuanto a solicitudes que son remitidas a correos no oficiales, pero su recibido se acusa o se inicia la tramitación de su respuesta, este Tribunal, en la Sentencia N° 2019-002204 de las 09:15 horas de 8 de febrero de 2019, señaló:

“Ahora bien, en vista de lo expuesto y luego de analizar los elementos aportados a los autos, la Sala considera que el reclamo del recurrente en este sentido, resulta procedente, toda vez, que si bien el correo electrónico al que el interesado remitió su petición, no constituye un medio oficial para la recepción de tales gestiones, lo cierto es que la parte recurrida admitió que ha procedido a tramitar dicha solicitud, siendo que al momento que la recibió, tuvo conocimiento de ella (…) Así las cosas, la administración recurrida se dio por conocedora de la gestión, y proveyó lo correspondiente para brindar la respuesta requerida (…)” (el énfasis no pertenece al original).

 

V.- SOBRE EL FONDO. En el sub lite, la parte recurrente alega que desde 22 de mayo de 2025, planteó diversas consultas ante la Municipalidad de Turrubares. No obstante, a la fecha de interposición de este recurso, la gestión no ha sido atendida.

Al respecto, la autoridad recurrida, en su informe rendido bajo la solemnidad del juramento – con oportuno apercibimiento de las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44, de la Ley que rige esta Jurisdicción- expone que mediante el oficio N° MT-GAM-02-112-2025, se atendieron las consultas planteadas por el amparado. Añade que dicho oficio fue remitido el 18 de junio anterior, al medio establecido para tales efectos.

Así las cosas, este Tribunal tiene por demostrado, según se desprende de los autos, que fue hasta la notificación de la resolución que dio curso al presente recurso de amparo, que la autoridad recurrida dio respuesta a las solicitudes de la parte recurrente. Dicha contestación fue remitida el 18 de junio de 2025, mientras que la resolución que da curso a este proceso, fue notificada el 17 de junio anterior. Por lo expuesto, lo procedente es declarar con lugar el recurso, en los términos dispuestos en la parte dispositiva de esta Sentencia, pero sin condenatoria en costas, daños o perjuicios, de conformidad con lo establecido a continuación.

VI.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala es del criterio que la estimatoria que opera ex lege, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC), el cual dispone: "Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso (…)", debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, también cierto es que el mismo párrafo primero del artículo 52 de la ley de cita, refiere que la estimatoria se dicta "únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes". Se subraya que la Ley indica "si fueren procedentes", lo cual quiere decir que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas dependen de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este en que opera una terminación anormal del proceso, asimilable al desistimiento por satisfacción extraprocesal, es criterio de mayoría que no cabe condenar en costas, como tampoco en daños y perjuicios, porque las consecuencias económicas de la sentencia son similares a las de un archivo del expediente. Además, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que tales menoscabos, lesiones o alteraciones patrimoniales, no han tenido lugar; al menos en este amparo no hay elementos de juicio que sugieran otra cosa. Nada obsta para que, en casos de excepción, la Sala pueda considerar la procedencia de la indemnización. Cuando las leyes presentan omisiones o minusvalías, corresponde a los jueces enderezar esas carencias; si las leyes carecen de inteligencia en ciertos aspectos, no queda otro remedio que interpretarlas y aplicarlas conforme a las exigencias de la lógica procesal. Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: "toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia", se refiere a una forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de hechos que han vulnerado los derechos fundamentales de la parte actora en el proceso. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás Códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. A lo anterior se añaden razones de hecho, las cuales la Sala no puede soslayar, como lo demuestran casi tres décadas de la Jurisdicción Constitucional creada en 1989, en las cuales se ha generado un ejercicio abusivo de la acción vicaria en el recurso de amparo, con fines de riqueza en la indemnización, en la medida que no participa directamente las presuntas víctimas. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños o perjuicios.

VII.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ. En este caso, concuerdo con la mayoría de la Sala, en acoger el recurso de amparo, al tenerse por acreditado que la parte amparada dirigió su solicitud de información a un correo electrónico que sí es medio oficial para la recepción de tales gestiones. Ahora bien, es mi criterio que cuando del estudio de los autos se desprende que el correo electrónico al cual se remitió la solicitud de información no está previsto como mecanismo oficial de comunicación, no hay lesión a los derechos fundamentales de la parte amparada, aun cuando la autoridad recurrida haya girado acuse de recibido o dado trámite a la gestión.

VIII.- RAZONES DIFERENTES Y VOTO SALVADO PARCIAL DE LOS MAGISTRADOS SALAZAR ALVARADO Y GARITA NAVARRO. Si bien coincidimos con el voto de mayoría, que declara con lugar el recurso por violación al derecho de petición y pronta respuesta, consideramos que debe ser estimado; pero imponiendo a la parte recurrida el pago de las costas, así como a la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, por las siguientes razones.

El derecho de petición y pronta respuesta, contenido en los artículos 27, de la Constitución Política, y 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, obliga a los funcionarios públicos a resolver las solicitudes de los administrados en un plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de presentación de tales gestiones, salvo que se haya señalado un plazo distinto para contestar. Sin embargo, el artículo 32 citado dispone, además, que, en la decisión de la petición, la Sala apreciará las razones que se aduzcan para considerar insuficiente dicho plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto. En todo caso, la Administración está obligada a comunicarle al peticionario las causas de la demora en pronunciarse. Para efectos del presente análisis, resulta relevante tener presente lo señalado por las normas antes citadas.  

El artículo 27, de la Constitución Política, establece lo siguiente:

“Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución”. 

Por su parte, el numeral 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, establece lo siguiente:

“Cuando el amparo se refiera al derecho de petición y de obtener pronta resolución, establecido en el artículo 27 de la Constitución Política, y no hubiere plazo señalado para contestar, se entenderá que la violación se produce una vez transcurridos diez días hábiles desde la fecha en que fue presentada la solicitud en la oficina administrativa, sin perjuicio de que, en la decisión del recurso, se aprecien las razones que se aduzcan para considerar insuficiente ese plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto”.

En el mismo sentido, en la Ley de Regulación del Derecho de Petición N°  9097 del 26 de octubre de 2012,  se establece que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27, de la Constitución Política, para aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. Es de relevancia tener presente lo señalado en el numeral 6, de dicha normativa: 

“Presentación de escritos y plazo de respuesta. 

El escrito en que se presente la petición y cualesquiera otros documentos y comunicaciones que se aporten, ante la administración pública correspondiente, conforme lo indica el artículo 2 de esta ley, obligará a la administración a acusar recibo de esta, debiendo responder en el plazo improrrogable de diez días hábiles contado a partir del día siguiente de la recepción, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la presente ley. Esta actuación se llevará a efecto por el órgano correspondiente, de acuerdo con la norma organizativa de cada entidad…”. 

De este modo, en los recursos de amparo referidos a la presunta lesión de este derecho, existe norma legal expresa -avalada constitucionalmente por la ley que rige esta jurisdicción- que ordena brindar la información requerida dentro de los diez días hábiles siguientes a su solicitud, tal y como lo disponen los artículos 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y 27, de la Constitución Política, según se indicó anteriormente. Adicionalmente, dicho plazo es reiterado en el artículo 6, de la Ley N° 9097, lo cual refuerza la intención del legislador respecto de la tutela de este derecho. 

Asimismo, la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 51, dispone:  

“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.  

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.  

En consecuencia, en el caso que nos ocupa, se constata la violación del plazo de diez días avalado constitucionalmente -que, por cierto, no se exige para el resto de los recursos de amparo, excepto para el de rectificación y respuesta (numeral 68, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional)-.

Por lo tanto, lo que procede al respecto, y con el debido respeto a la tesis de la mayoría, es tener por acreditada la lesión al derecho de petición y pronta respuesta, así como al derecho de acceso a la información pública (artículo 30, Constitucional), que garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público, ordenando la condenatoria en costas, daños y perjuicios a la autoridad recurrida.

Así, tratándose de un plazo avalado constitucionalmente -tanto por el legislador, así como por este Tribunal Constitucional-, su incumplimiento conlleva una lesión al derecho fundamental señalado que impulsó a la parte recurrente a formular el presente recurso de amparo como mecanismo para la obtención de la respuesta a su gestión o el acceso a la información que ha requerido, lo anterior con independencia de que la respuesta o la entrega de la información se haya producido antes o con ocasión del amparo; porque, es lo cierto, que finalmente el administrado vio satisfecho su derecho constitucional con ocasión a la interposición del recurso de amparo que se vio forzado a presentar, con los inconvenientes y los costos que ello ocasiona. Se insiste, la respuesta o el acceso dado por la Administración recurrida que se produce una vez vencido el plazo en cuestión, aún y cuando sobrevenga antes de la notificación del curso del amparo, o bien, como en este caso, con ocasión de la puesta en conocimiento de dicho curso, no constituye un cumplimiento en tiempo de la obligación que le imponen los ordinales 27 y 30 Constitucionales. Es claro que en esa hipótesis, esa respuesta extemporánea supone una satisfacción al reclamo de la parte amparada, pero ello no es óbice para el reconocimiento de los daños y perjuicios que esa indolencia pudo ocasionar a la parte recurrente, así como de los costos asociados al ejercicio de la presente acción procesal, necesaria para el resguardo de sus derechos fundamentales, tal y como lo habilita el precepto 52, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

En consecuencia, salvamos parcialmente el voto, e imponemos a la parte accionada el pago de las costas, daños y perjuicios.

IX.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.

Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.

Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.

En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.

X.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Debe prevenir esta Sala a las partes que, de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo de 30 días hábiles después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión N°27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial N°19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N°43-12 celebrada el 03 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El magistrado Castillo Víquez pone nota. Los magistrados Salazar Alvarado y Garita Navarro consignan razones diferentes y salvan parcialmente el voto, únicamente para efectos indemnizatorios, e imponen a la parte accionada el pago de las costas, daños y perjuicios. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.-

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Luis Fdo. Salazar A.




Jorge Araya G.

	

 

	

Anamari Garro V.




Ingrid Hess H.

	

 

	

Jose Roberto Garita N.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 NPWWE1EPVXA61

EXPEDIENTE N° 25-016640-0007-CO

 

Teléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:50:48.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Grande
Normal
Pequeña
Constitutional Chamber

Resolution No. 22319 - 2025

Resolution Date: July 18, 2025 at 09:20

Case File: 25-016640-0007-CO

Drafted by: Jorge Araya Garcia

Type of matter: Amparo appeal

Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER


Text of the resolution

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Case File: 25-016640-0007-CO

Res. No. 2025022319

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the eighteenth of July, two thousand twenty-five.

Amparo appeal processed under case file No. 25-016640-0007-CO, filed by Nombre01, identity card CED01, against the MUNICIPALITY OF TURRUBARES.

WHEREAS:

1.- By a document received at the Secretariat of the Chamber at 09:36 hours on June 10, 2025, the petitioner filed an amparo appeal against the Municipality of Turrubares, and states that on May 22, 2025, they sent an email to the addresses ...01 and ...02, in which they requested the following information from the respondent authority: "I wanted to request information from you as to whether, as of today or since the earthworks (movimientos de tierra) and deforestation began in the vicinity of Cerro el Rayo or the road leading to Tajo Zulay entering through Monterrey, the development company or individual requested the corresponding permits. (…) Is there a permit? What inspection have you, as environmental manager, carried out? Let us remember that Turrubares is an ecological canton and allowing felling and enormous earthworks (movimientos) like these goes against the mention of the canton. I would appreciate it if you could tell me whether a permit exists and when it was issued. 2- what plan did the company present, and so on (…)". They claim that, as of the date the appeal was filed, they had received no response, nor the requested information. They request the intervention of this Chamber.

2.- By means of the resolution at 13:51 hours on June 12, 2025, the Presidency of the Chamber granted leave to proceed with this process and gave a hearing to the Head of the Department of Environmental Management (Departamento de Gestión Ambiental) of the Municipality of Turrubares, regarding the facts alleged by the petitioner. Likewise, that authority was warned to indicate whether the email address used by the petitioner to send their request constitutes an official communication mechanism with that municipality.

3.- Under oath, Dennis Leonardo Mora Díaz, in his capacity as Head of the Department of Environmental Management (Departamento de Gestión Ambiental) of the Municipality of Turrubares, reports that, in effect, on May 22, 2025, the petitioner's request was received; it was sent to two different accounts. He clarifies that the address ...01 does not constitute an authorized account for handling requests, but the account ...02 is used for those purposes. He indicates that by means of official letter No. MT-GAM-02-112-2025, dated June 18, 2025, a response was given to the queries raised by the petitioner. He requests that the appeal be declared without merit.

4.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

Drafted by Magistrate Araya Garcia; and,

WHEREAS:

I.- PURPOSE OF THE APPEAL. The petitioner alleges that since May 22, 2025, they submitted a series of queries to the Municipality of Turrubares. However, as of the date this appeal was filed, they have not been provided with a response.

II.- PROVEN FACTS. The following facts of importance for the resolution of this matter are deemed duly proven:

a) On May 22, 2025, the petitioner sent an email to the addresses ...01 and ...02, in which they requested the following from the Municipality of Turrubares: "I wanted to request information from you as to whether, as of today or since the earthworks (movimientos de tierra) and deforestation began in the vicinity of Cerro el Rayo or the road leading to Tajo Zulay entering through Monterrey, the development company or individual requested the corresponding permits. (…) Is there a permit? What inspection have you, as environmental manager, carried out? Let us remember that Turrubares is an ecological canton and allowing felling and enormous earthworks (movimientos) like these goes against the mention of the canton. I would appreciate it if you could tell me whether a permit exists and when it was issued. 2- what plan did the company present, and so on (…)" (SIC) (see evidence provided).

b) The resolution at 13:51 hours on June 12, 2025, which grants leave to proceed with this process, was notified to the respondent authority on June 17, 2025 (see notification record).

c) By means of official letter No. MT-GAM-02-112-2025, dated June 17, 2025, the Environmental Management Unit (Unidad de Gestión Ambiental) of the Municipality of Turrubares addressed the queries of the protected party, stating: "1. When you refer to whether the company or individual requested the corresponding permits, the answer is no. 2. Regarding the inspections that the undersigned has carried out in the area, I inform you that on February 24, 2025, a complaint was handled via telephone calls, giving the alert about the work being done in the area. A field visit was carried out on February 25, 2025, accompanied by the Municipal Inspector, Giovanni González Agüero, resulting in the finding that up to that point the work carried out was simply clearing of topsoil (limpieza de capa vegetal) on an internal road, and in some cases not even that, since the thickets or weeds like the one called 'escobilla' had merely lost their leaves, leaving the stalks still standing in the field, or in some parts there were even remnants of grass (zacate). 3. Subsequently, on May 8, 2025, a telephone call was again received in which, anonymously, the work being done in the sector was once again indicated. A second inspection was carried out that same day, again accompanied by the municipal inspector. Wherein the clearing of the topsoil (limpieza de la capa vegetal) was again corroborated. As it was a recurring matter, the municipal inspector proceeded to issue a preventive notification for the work carried out, providing a statutory period to process the respective permits. 4. Additionally, the undersigned made a telephone call to Mr. Oscar Bermudez, head of the subregional office of SINAC Puriscal-Turrubares, with the purpose of forwarding the received complaint to the competent body, so that they could carry out a more in-depth assessment of the reported facts (…)" (SIC) (see report rendered and evidence provided by the respondent authority).

d) On June 18, 2025, official letter No. MT-GAM-02-112-2025 was sent to the petitioner (see report rendered and evidence provided by the respondent authority).

e) The email address ...02 does constitute an official communication mechanism with the Municipality of Turrubares (see report rendered and evidence provided by the respondent authority).

III.- ON THE RIGHTS TO INFORMATION, PETITION, AND A PROMPT RESPONSE. This Court has indicated that the right to petition and a prompt response encompasses a dual aspect, since it implies not only the right held by every citizen to address any official or public entity, in order to raise a matter of interest to them, or to request certain information, but also obligates the Administration to receive and respond to them within a period of ten days, in accordance with Article 27 of the Political Constitution and Section 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction. Therefore, it must issue a timely response, without denial of any kind; however, an exception exists if it cannot fulfill the request within the aforementioned period; consequently, it must communicate the impossibility of resolving it and shall set a reasonable period within which it will attend to the request. For its part, Article 30 of the Political Constitution enshrines the right of individuals to access information of public interest held by the authorities and -consequently- the duty of the latter to deliver that information immediately if what is requested is available, all without prejudice to the existence of possible exceptions in which the information must be reserved in consideration of the protection of relevant rights and interests, formally recognized.

IV.- ON THE EXERCISE OF THE RIGHT TO PETITION AND A PROMPT RESPONSE, AS WELL AS THE RIGHT TO ACCESS ADMINISTRATIVE INFORMATION, THROUGH ELECTRONIC MEANS. This Constitutional Chamber, in Judgment No. 2008-009670 at 09:55 hours on June 13, 2008, when referring to the right to petition and the use of electronic means (applicable mutatis mutandis to the right to access administrative information), explained:

"In the framework of the information and knowledge society, fundamental rights can be exercised through new information technologies. As regards the right to petition and a prompt response, the use of electronic means gives it new nuances, which must be weighed. Always taking into consideration its progressive and expansive efficacy, but also considering the non-absolute nature of fundamental rights, it is possible to conclude that, for the exercise of the right to petition and a prompt response, using the means that new technologies facilitate, it is important that the request be channeled through a freely accessible web page of the public entity or body. Additionally, that electronic domain must have a hyperlink directed to an email address set up specifically to receive requests, whether on a particular topic or serving as a mailbox for all types of requests (…)" (emphasis not in original text).

Simultaneously, regarding requests sent to unofficial email addresses, but whose receipt is acknowledged or the processing of their response has begun, this Court, in Judgment No. 2019-002204 at 09:15 hours on February 8, 2019, stated:

"Now then, in view of the foregoing and after analyzing the elements provided in the case file, the Chamber considers that the petitioner's claim in this regard is admissible, given that, although the email address to which the interested party sent their request does not constitute an official means for receiving such requests, the fact is that the respondent party admitted that it has proceeded to process said request, since at the moment it received it, it became aware of it (…) Thus, the respondent administration considered itself aware of the request, and took the necessary steps to provide the required response (…)" (emphasis not in original text).

V.- ON THE MERITS. In the case at hand, the petitioner alleges that since May 22, 2025, they raised various queries before the Municipality of Turrubares. However, as of the date this appeal was filed, the request has not been addressed.

In this regard, the respondent authority, in its report rendered under the solemnity of oath – with timely warning of the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction – states that by means of official letter No. MT-GAM-02-112-2025, the queries raised by the amparo-protected party were addressed. It adds that said official letter was sent on the preceding June 18, to the means established for such purposes.

Thus, this Court deems it proven, as can be deduced from the case file, that it was not until the notification of the resolution that granted leave to proceed with this amparo appeal that the respondent authority responded to the petitioner's requests. Said response was sent on June 18, 2025, whereas the resolution granting leave to proceed with this process was notified on the preceding June 17. Therefore, it is appropriate to declare the appeal with merit, in the terms set forth in the operative part of this Judgment, but without a special award of costs, damages, or losses, in accordance with the provisions set forth below.

VI.- ON THE AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 52 OF THE LAW OF CONSTITUTIONAL JURISDICTION. Upon better consideration, the majority of the Chamber is of the view that the declaration of merit that operates ex lege, in accordance with the provisions of the 1st paragraph of Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (LJC), which states: "If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the appeal shall be declared with merit (…)", must be without a special award of costs, damages, and losses, based on the following considerations. While there is an express text in the law that requires the operative part of the ruling to state that the appeal is declared with merit, it is also true that that same first paragraph of Article 52 of the cited law states that the declaration of merit is issued "solely for purposes of compensation and costs, if they are applicable". It is emphasized that the Law states "if they are applicable", which means that the applicability or non-applicability of compensation and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Court. In cases such as this, where an abnormal termination of the process occurs, comparable to a withdrawal due to extra-procedural satisfaction, it is the majority view that it is not appropriate to award costs, nor damages and losses, because the economic consequences of the judgment are similar to those of an archiving of the case file. Furthermore, the content of the claim of the protected person and the respondent authority's conduct in acknowledging it, suggest that such impairments, injuries, or alterations to property have not occurred; at least in this amparo, there is no evidence to suggest otherwise. Nothing prevents the Chamber, in exceptional cases, from considering the applicability of compensation. When laws present omissions or deficiencies, it is the judges' duty to rectify those shortcomings; if laws lack coherence in certain aspects, there is no other remedy but to interpret and apply them according to the demands of procedural logic. To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provision in Article 51 of the same Law of Constitutional Jurisdiction, which states that: "every resolution that upholds the appeal shall award, in the abstract, compensation for the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, reserving their liquidation for the execution of the judgment", refers to a natural or normal form of termination of the process, where there is a ruling on the merits of the matter and recognition of facts that have violated the fundamental rights of the plaintiff in the process. The principles of Constitutional Law, Public and General Procedural Law or, where appropriate, International or Community Law and, additionally, in that order, the General Law of Public Administration and the Contentious-Administrative Procedural Code and the other Procedural Codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the rules of the Law of Constitutional Jurisdiction -cf. Article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Contentious-Administrative Procedural Code, which responds to procedural logic in any field. To the foregoing are added factual reasons, which the Chamber cannot ignore, as demonstrated by nearly three decades of the Constitutional Jurisdiction created in 1989, during which an abusive exercise of the vicarious action in amparo appeals has occurred, aiming for enrichment through compensation, to the extent that the alleged victims do not directly participate. Based on the foregoing, it is the majority view to resolve this appeal without an award of costs, damages, or losses.

VII.- NOTE BY MAGISTRATE CASTILLO VÍQUEZ. In this case, I agree with the majority of the Chamber in upholding the amparo appeal, given that it has been sufficiently proven that the protected party directed their information request to an email address that is indeed an official means for receiving such requests. Now then, it is my view that when the study of the case file reveals that the email address to which the information request was sent is not designated as an official communication mechanism, there is no injury to the fundamental rights of the protected party, even if the respondent authority has acknowledged receipt or processed the request.

VIII.- DIFFERING REASONS AND PARTIAL DISSENTING VOTE OF MAGISTRATES SALAZAR ALVARADO AND GARITA NAVARRO. Although we agree with the majority vote, which declares the appeal with merit due to violation of the right to petition and a prompt response, we believe it should be upheld; but imposing upon the respondent party the payment of costs, as well as compensation for the damages and losses caused, for the following reasons.

The right to petition and a prompt response, contained in Articles 27 of the Political Constitution and 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, obligates public officials to resolve the requests of the administered parties within a period of ten working days from the date such requests are filed, unless a different deadline for responding has been specified. However, the cited Article 32 further provides that, in the decision on the petition, the Chamber shall assess the reasons given for considering said period insufficient, taking into account the circumstances and the nature of the matter. In any case, the Administration is obligated to inform the petitioner of the reasons for the delay in issuing a decision. For the purposes of this analysis, it is relevant to bear in mind the provisions of the aforementioned norms.

Article 27 of the Political Constitution establishes the following:

"The freedom of petition, individually or collectively, before any public official or official entity, and the right to obtain a prompt resolution, is guaranteed."

For its part, Section 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction establishes the following:

"When the amparo refers to the right to petition and to obtain a prompt resolution, established in Article 27 of the Political Constitution, and there is no deadline set for responding, it shall be understood that the violation occurs once ten working days have elapsed from the date the request was filed in the administrative office, without prejudice to the fact that, in the decision on the appeal, the reasons adduced for considering that period insufficient may be assessed, taking into account the circumstances and the nature of the matter."

In the same sense, the Law for the Regulation of the Right of Petition No. 9097 of October 26, 2012, establishes that this right is subject to judicial protection through the amparo appeal established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution, for those cases in which the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. It is of relevance to bear in mind the provision in Section 6 of said regulation:

"Filing of documents and response deadline.

The document in which the petition is filed and any other documents and communications provided to the corresponding public administration, as indicated in Article 2 of this law, shall obligate the administration to acknowledge receipt thereof, and it must respond within the non-extendable period of ten working days counted from the day after receipt, provided that the requirements established in this law are met. This action shall be carried out by the corresponding body, in accordance with the organizational rules of each entity…".

Thus, in amparo appeals referring to the alleged injury to this right, there is an express legal norm -constitutionally endorsed by the law governing this jurisdiction- that orders the provision of the requested information within the ten working days following its request, as provided for by Articles 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction and 27 of the Political Constitution, as indicated above. Additionally, said deadline is reiterated in Article 6 of Law No. 9097, which reinforces the legislator's intention regarding the protection of this right.

Likewise, the Law of Constitutional Jurisdiction, in Article 51, provides:

"...every resolution that upholds the appeal shall award, in the abstract, compensation for the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, reserving their liquidation for the execution of the judgment."

This last rule establishes the general system that regulates matters related to compensation and the payment of costs, and which the majority calls the "natural or normal form of termination of the process, where there is a ruling on the merits of the matter and recognition of the facts that have violated the fundamental rights…".

Consequently, in the case at hand, the violation of the constitutionally endorsed ten-day deadline is verified -a deadline which, incidentally, is not required for the rest of the amparo appeals, except for the one concerning rectification and response (Section 68 of the Law of Constitutional Jurisdiction)-.

Therefore, what is appropriate in this regard, and with due respect to the majority view, is to deem the injury to the right to petition and a prompt response as proven, as well as to the right to access public information (Article 30 of the Constitution), which guarantees free access to administrative departments for purposes of information on matters of public interest, ordering the award of costs, damages, and losses against the respondent authority.

Thus, given that this is a constitutionally endorsed deadline -both by the legislator and by this Constitutional Court-, its non-compliance entails an injury to the aforementioned fundamental right that prompted the petitioner to file this amparo appeal as a mechanism to obtain a response to their request or access to the information they have required, this being independent of whether the response or the delivery of the information occurred before or on the occasion of the amparo; because it is a fact that the administered party ultimately saw their constitutional right satisfied on the occasion of the filing of the amparo appeal that they were forced to file, with the inconveniences and costs that this entails. We insist, the response or access provided by the respondent Administration occurring once the deadline in question has expired, even if it occurs before the notification of the commencement of the amparo, or, as in this case, on the occasion of being informed of said commencement, does not constitute timely compliance with the obligation imposed by Constitutional Sections 27 and 30. It is clear that in this scenario, that untimely response constitutes satisfaction of the claim of the protected party, but this is not an obstacle to the recognition of the damages and losses that this indifference may have caused the petitioner, as well as the costs associated with the exercise of this procedural action, necessary for the safeguarding of their fundamental rights, as enabled by Section 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction.

Consequently, we partially dissent from the vote, and impose upon the respondent party the payment of costs, damages, and losses.

IX.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE GARRO VARGAS REGARDING THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT. Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (LJC) states: "If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the appeal shall be declared with merit solely for purposes of compensation and costs, if they are applicable."

My interpretation of that rule is as follows: That "resolution" is any valid and effective act by means of which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase "if they are applicable" refers to costs. Furthermore, Article 197 of the Contentious-Administrative Procedural Code, cited by the majority on the basis of Article 14 of the LJC, actually refers only to these: costs.

Certainly, pursuant to Article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to the amparo appeal is not compensatory but restitutive; however, Article 51 of the LJC states: "Every resolution that upholds the appeal shall award, in the abstract, compensation for the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, reserving their liquidation for the execution of the judgment."

If the right has been violated and the Chamber verifies it, even if it has been restored, damages and losses may have arisen. For this reason, it is appropriate to award them in the abstract. If this were not done, if such an award were not made, in the event that they had indeed occurred, there would be no basis – derived from this process – to claim them, which could violate Article 41 of the CP. If, despite having been awarded in the abstract, no damages and losses have occurred, the judge in the ordinary proceeding shall so declare, as only he is responsible for deeming the actual existence and extent of them to be proven.

With the thesis defended by the majority, I believe that, contrary to what is intended, it would incentivize the Administration to respect rights only in the face of an amparo appeal. It remains to be said that Article 52 of the LJC provides for the possibility that, if it is deemed fair, the Chamber may award costs, even when the right has been restored.

For the above reasons, I partially dissent from the vote regarding the operative part and order the award of damages and losses, but not costs.

X.- DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE CASE FILE. This Chamber must warn the parties that, should they have submitted any paper documents, as well as objects or evidence supported by any additional device, or by electronic, computer, magnetic, optical, telematic means or those produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a period of 30 working days after receiving notification of this judgment; otherwise, everything shall be destroyed in accordance with the provisions established in the "Regulations on the Electronic Case File before the Judicial Branch", approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

THEREFORE:

The appeal is declared with merit, without a special award of costs, damages, and losses. Magistrate Castillo Víquez adds a note. Magistrates Salazar Alvarado and Garita Navarro set forth differing reasons and partially dissent from the vote, solely for purposes of compensation, and impose upon the respondent party the payment of costs, damages, and losses. Magistrate Garro Vargas partially dissents from the vote and orders the award of damages and losses, but not costs.-

Fernando Castillo V.

President

Fernando Cruz C.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Jose Roberto Garita N.

Digitally Signed Document

-- Verification Code --

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NPWWE1EPVXA61

CASE FILE No. 25-016640-0007-CO

Telephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 mts.

South of the Perpetuo Socorro church).

 

 

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 10:50:48.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República