Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Al momento de interponerse este amparo, el 19 de junio del 2025, ya habían transcurrido más de dos años y medio sin recibir respuesta. El plazo es excesivo y, por ese motivo, el amparo debe declararse con lugar.
Con ocasión de este amparo, un día después de notificado a la Municipalidad, el Coordinador de la Comisión Municipal de Emergencias, y el Oficial Logística de dicha comisión brindan finalmente la respuesta. De este manera, no es necesario que esta Sala ordene responder.
En otro orden de ideas, conforme al contenido de la respuesta, no procede que esta Sala ordene realizar el dragado que se solicitó. (...) No le corresponde a esta Sala desvirtuar lo que aquí se afirma. Se trata de una cuestión de orden legal sobre la que puede discutirse en la propia vía administrativa o, eventualmente, en la vía ordinaria.
English (translation)At the time this amparo was filed, on June 19, 2025, more than two and a half years had elapsed without a response. The delay is excessive and, for that reason, the amparo must be granted.
On the occasion of this amparo, one day after the Municipality was notified, the Coordinator of the Municipal Emergency Committee and the Logistics Officer of that committee finally provided the response. Thus, it is not necessary for this Chamber to order a response.
Moreover, according to the content of the response, it is not appropriate for this Chamber to order the requested dredging. (...) It is not for this Chamber to refute what is stated therein. It is a legal matter that can be discussed in the administrative venue itself or, eventually, in the ordinary courts.
Granted
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 22377 - 2025 Fecha de la Resolución: 18 de Julio del 2025 a las 09:20 Expediente: 25-017822-0007-CO Redactado por: Fernando Cruz Castro Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Texto de la resolución Exp: 25-017822-0007-CO Res. Nº 2025022377 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del dieciocho de julio de dos mil veinticinco . Recurso de amparo interpuesto por Nombre01, cédula de identidad número CED01, contra la Municipalidad de La Unión. RESULTANDO: 1.- Por escrito agregado a este expediente el 19 de junio del 2025, el recurrente alegó, en resumen, que, el 7 de noviembre de 2022, presentó ante la autoridad recurrida la solicitud número 8878643, mediante la cual requirió que se realizara el dragado del Río Tiribí (no excavar), debido a la acumulación de material y basura en el cauce del río, lo que representa un alto riesgo para la comunidad. Indica que la obstrucción del cauce del río puede causar inundaciones u otros desastres naturales que afectarían a los vecinos del sector. También enfrentan otro problema debido a que se está cayendo el paredón que sostiene las casas de Estancia Antigua en Tres Ríos. Sin embargo, acusa que a la fecha de interposición del presente recurso no ha recibido respuesta a su gestión, ni tampoco se ha realizado el dragado del río. 2.- Por resolución de las ocho horas dieciséis minutos del primero de julio de dos mil veinticinco, se le dio curso al proceso, lo que se notificó a la Municipalidad el tres de julio del 2025. 3.- Por escrito agregado a este expediente 7 de julio del 2025, se apersonó a este proceso Eida Barrantes Román, en condición de Apoderada Especial Judicial de la Municipalidad de La Unión. Manifestó lo siguiente: “[…] 1. Que mediante oficio MLU-CME-LA UNION-039-2025, fechado 04 de julio de 2025 y suscrito por los señores Erick Alonso Varela Pizarro, Coordinador CME y Daniel Malavassi Monge, Oficial Logística CME se le da respuesta al recurrente de la siguiente manera y copio textualmente: “… Estimado señor Nombre01: Reciba un cordial saludo de parte del Comité Municipal de Emergencias (CME) de La Unión. En atención a su gestión presentada el 7 de noviembre de 2022, bajo el consecutivo Boleta N.º 8878643, y repreguntada el 29 de octubre del 2024 mediante la cual solicita la realización de un dragado en el cauce del río Tiribí debido a la acumulación de material y basura, nos permitimos exponer las siguientes consideraciones: 1. Sobre el dragado del cauce del río Tiribí Las intervenciones menores en cauce, comúnmente conocidas como “dragado”, deben ser fundamentadas mediante recomendaciones técnicas emitidas por profesionales en geología o hidrología. Lo anterior se debe a que cualquier intervención sin los debidos estudios puede generar afectaciones aguas abajo o agravar procesos de erosión existentes. Es importante destacar que no en todos los casos el dragado mecanizado representa la solución más adecuada, ni garantiza la mitigación de riesgos. Por ello, resulta prioritario fomentar la resiliencia comunitaria y asegurar el cumplimiento de los retiros legales, respetando las zonas de protección de las márgenes fluviales, especialmente en ríos tan complejos como el Tiribí. 2. Sobre la limpieza de basura en el cauce La remoción de basura no forma parte de las intervenciones menores en cauce, ya que estas están orientadas al ordenamiento del material propio del río (sedimentos, piedras, etc.). La problemática relacionada con los residuos sólidos debe abordarse desde una perspectiva de educación y responsabilidad comunitaria, particularmente en viviendas colindantes al cauce. 3. Sobre la caída de árboles y vegetación al cauce Este fenómeno, recurrente en la cuenca del río Tiribí, no se atiende mediante maquinaria, sino a través de trabajos manuales de corta o poda preventiva. Como antecedente, mencionamos las acciones realizadas en 2024 en el sector de Dirección01, donde las cuadrillas de la Unidad de Gestión Ambiental intervinieron eficazmente en la remoción de material vegetal para evitar represamientos. 4. Acciones ya realizadas por el CME En seguimiento a las inquietudes expresadas por usted y la comunidad, el 14 de mayo de 2025 se solicitó a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) una valoración geológica en distintos puntos del río Tiribí, incluyendo aquellos de su interés. Como resultado, el 27 de mayo el geólogo Julio Madrigal efectuó una inspección en campo. A la fecha, no se ha emitido una recomendación que justifique una intervención urgente mecanizada. Nos encontramos a la espera del informe técnico final, el cual definirá si corresponde realizar una intervención menor en cauce. En caso de recomendarse, se procederá con los trámites pertinentes ante la Dirección de Aguas, conforme a la normativa vigente. 5. Condiciones climáticas y seguridad del personal Toda intervención en cauce debe realizarse bajo condiciones climáticas seguras. El invierno de 2024 fue particularmente severo, y el verano 2025 no presentó una estación seca bien definida, con precipitaciones constantes. Esta situación ha continuado, con lluvias que incluso han superado los niveles históricos, dificultando el ingreso seguro de personal y maquinaria a los cauces fluviales, especialmente en tramos con accesos complejos como el del río Tiribí. 6. Estado actual del sector Desde el inicio del invierno 2024 hasta la fecha, la cuenca del río Tiribí, en el sector de Barrio Riberas del Río, ha presentado únicamente incidentes menores, como caída de vegetación y procesos de erosión por vaciamiento. Estos eventos han sido atendidos de forma oportuna por las dependencias municipales, sin que se hayan registrado emergencias de nivel considerable. 7. Sobre la situación del paredón en Residencial La Antigua Respecto a la preocupación manifestada sobre el talud ubicado en la margen izquierda, aguas abajo, en el Residencial La Antigua, se reconoce que existe una expectativa de riesgo que, hasta la fecha, no se ha materializado. Cabe señalar que, al tratarse de propiedades privadas ubicadas dentro de una zona de protección, cualquier obra de protección que se requiera debe ser gestionada como una obra civil formal, diseñada y ejecutada por un profesional responsable, y contar con los permisos correspondientes. En este sentido, las obras de protección del talud en terrenos de uso privado deben ser gestionadas directamente por los propietarios de los inmuebles en posible riesgo, y no por la Municipalidad. Conclusión Desde este Comité, consideramos de suma importancia promover un enfoque integral y multi-actor en la gestión del riesgo, que involucre tanto a las comunidades como a las instituciones del Estado. La protección y resiliencia de las estructuras colindantes a los ríos requiere de un trabajo conjunto, coordinado y sostenido en el tiempo. Un manejo adecuado de los desechos sólidos, las aguas residuales y las escorrentías, así como el cumplimiento estricto de los retiros establecidos en las zonas de protección, son factores esenciales para una gestión efectiva del riesgo. En este sentido, la comunidad constituye la primera línea de acción y debe asumir un rol activo en la implementación de buenas prácticas ambientales y de ordenamiento territorial. Agradecemos su preocupación por el bienestar de la comunidad y reiteramos nuestro compromiso con la seguridad, la prevención y la gestión responsable del riesgo. Quedamos atentos al informe técnico final para definir las acciones que correspondan, conforme a los criterios técnicos y legales aplicables. …” 2. Que dicha respuesta fue remitida al recurrente en fecha 04 de julio de 2025, a los correos electrónicos ...01, ...02, tal y como se confirma con la prueba que se aporta”. 4.- El 9 de julio del 2025, la Secretaria a.i. de esta Sala y la respectiva Técnica Judicial hicieron constar lo siguiente: “… revisado, a las dieciséis horas veintisiete minutos del nueve de julio de dos mil veinticinco, en el SISTEMA COSTARRICENSE DE GESTIÓN DE DESPACHOS JUDICIALES el CONTROL DE DOCUMENTOS RECIBIDOS Y ESTE EXPEDIENTE, no apareció que del 04 de julio al 08 de julio de 2025, el ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN DE TRES RÍOS haya(n) presentado escrito o documento alguno, a fin de rendir el informe que se le solicitó …”. 5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales. Redacta el Magistrado Cruz Castro; y, Considerando: I.- OBJETO. El recurrente alegó que, el 7 de noviembre de 2022, presentó ante la autoridad recurrida la solicitud número 8878643, mediante la cual requirió que se realizara el dragado del Río Tiribí (no excavar), debido a la acumulación de material y basura en el cauce del río, lo que representa un alto riesgo para la comunidad. Indica que la obstrucción del cauce del río puede causar inundaciones u otros desastres naturales que afectarían a los vecinos del sector. También enfrentan otro problema debido a que se está cayendo el paredón que sostiene las casas de Estancia Antigua en Tres Ríos. Sin embargo, acusa que a la fecha de interposición del presente recurso no ha recibido respuesta a su gestión, ni tampoco se ha realizado el dragado del río. II.- De previo. Lo planteado podría configurar una lesión al derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida. Al respecto, debe aclararse que, a partir del voto número 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa (con algunas excepciones) aquellos asuntos en los que se discuta si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo (incoado de oficio o a instancia de parte) o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este recurso, se plantea un supuesto de excepción pues se trata de una denuncia planteada por una situación que, según se alega, pone en alto riesgo para la comunidad. III.- Cuestión preliminar. Aun cuando Eida Barrantes Román se apersonó a este proceso en condición de Apoderada Especial Judicial de la Municipalidad de La Unión, no menos cierto es que, en la resolución de curso de este proceso, se le apercibió al Alcalde que el informe solicitado debía ser rendido de forma personal. Atinente a lo anterior, la Sala, en la sentencia número 03484-98 de las 16:51 horas de 27 de mayo de 1998, resolvió los siguiente: “Asunto previo. No se admite, por improcedente, el informe que rinde Nombre02. en lugar del correcurrido Ejecutivo Municipal de Pococí. En primer término, cabe señalar que –en virtud de la responsabilidad que deriva del informe, el cual se tiene dado bajo juramento– no es admisible rendirlo más que personalmente (artículos 43, 55 y 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). En segundo lugar, el citado funcionario carece de competencia legal para delegar una competencia que le es propia, conforme a la citada ley. En consecuencia, se le tiene por no aportado y procede la Sala a resolver el asunto sin otro trámite y únicamente a partir de los elementos de juicio que constan en los autos”. De ahí que, como el Alcalde omitió rendir el informe solicitado dentro del plazo conferido y de manera personal, de acuerdo con el artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se tienen por ciertos los hechos en cuanto a esta autoridad y se entra a resolver el recurso con base en los demás elementos que constan en el expediente. Lo anterior no implica que, necesariamente, por dicha omisión se deba declarar con lugar el recurso, puesto que, como se indicó, para resolver el amparo se pueden tomar en consideración los elementos de prueba que consten en el expediente. IV.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos: 1) En gestión presentada el 7 de noviembre de 2022, bajo el consecutivo Boleta N.º 8878643, dirigida al Despacho del Alcalde de la Municipalidad de La Unión, y repreguntada el 29 de octubre del 2024, vecinos de dicho cantón solicitan la realización de un dragado en el cauce del río Tiribí debido a la acumulación de material y basura (copias aportadas). 2) El 3 de julio del 2025 se notificó este amparo a la Municipalidad de La Unión (actas de notificación). 3) Mediante oficio MLU-CME-LA UNION-039-2025, fechado 04 de julio de 2025 y suscrito por los señores Erick Alonso Varela Pizarro, Coordinador CME y Daniel Malavassi Monge, Oficial Logística CME se les de la siguiente respuesta: “Estimado señor Nombre01: Reciba un cordial saludo de parte del Comité Municipal de Emergencias (CME) de La Unión. En atención a su gestión presentada el 7 de noviembre de 2022, bajo el consecutivo Boleta N.º 8878643, y repreguntada el 29 de octubre del 2024 mediante la cual solicita la realización de un dragado en el cauce del río Tiribí debido a la acumulación de material y basura, nos permitimos exponer las siguientes consideraciones: 1. Sobre el dragado del cauce del río Tiribí Las intervenciones menores en cauce, comúnmente conocidas como “dragado”, deben ser fundamentadas mediante recomendaciones técnicas emitidas por profesionales en geología o hidrología. Lo anterior se debe a que cualquier intervención sin los debidos estudios puede generar afectaciones aguas abajo o agravar procesos de erosión existentes. Es importante destacar que no en todos los casos el dragado mecanizado representa la solución más adecuada, ni garantiza la mitigación de riesgos. Por ello, resulta prioritario fomentar la resiliencia comunitaria y asegurar el cumplimiento de los retiros legales, respetando las zonas de protección de las márgenes fluviales, especialmente en ríos tan complejos como el Tiribí. 2. Sobre la limpieza de basura en el cauce La remoción de basura no forma parte de las intervenciones menores en cauce, ya que estas están orientadas al ordenamiento del material propio del río (sedimentos, piedras, etc.). La problemática relacionada con los residuos sólidos debe abordarse desde una perspectiva de educación y responsabilidad comunitaria, particularmente en viviendas colindantes al cauce. 3. Sobre la caída de árboles y vegetación al cauce Este fenómeno, recurrente en la cuenca del río Tiribí, no se atiende mediante maquinaria, sino a través de trabajos manuales de corta o poda preventiva. Como antecedente, mencionamos las acciones realizadas en 2024 en el sector de Dirección01, donde las cuadrillas de la Unidad de Gestión Ambiental intervinieron eficazmente en la remoción de material vegetal para evitar represamientos. 4. Acciones ya realizadas por el CME En seguimiento a las inquietudes expresadas por usted y la comunidad, el 14 de mayo de 2025 se solicitó a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) una valoración geológica en distintos puntos del río Tiribí, incluyendo aquellos de su interés. Como resultado, el 27 de mayo el geólogo Julio Madrigal efectuó una inspección en campo. A la fecha, no se ha emitido una recomendación que justifique una intervención urgente mecanizada. Nos encontramos a la espera del informe técnico final, el cual definirá si corresponde realizar una intervención menor en cauce. En caso de recomendarse, se procederá con los trámites pertinentes ante la Dirección de Aguas, conforme a la normativa vigente. 5. Condiciones climáticas y seguridad del personal Toda intervención en cauce debe realizarse bajo condiciones climáticas seguras. El invierno de 2024 fue particularmente severo, y el verano 2025 no presentó una estación seca bien definida, con precipitaciones constantes. Esta situación ha continuado, con lluvias que incluso han superado los niveles históricos, dificultando el ingreso seguro de personal y maquinaria a los cauces fluviales, especialmente en tramos con accesos complejos como el del río Tiribí. 6. Estado actual del sector Desde el inicio del invierno 2024 hasta la fecha, la cuenca del río Tiribí, en el sector de Barrio Riberas del Río, ha presentado únicamente incidentes menores, como caída de vegetación y procesos de erosión por vaciamiento. Estos eventos han sido atendidos de forma oportuna por las dependencias municipales, sin que se hayan registrado emergencias de nivel considerable. 7. Sobre la situación del paredón en Residencial La Antigua Respecto a la preocupación manifestada sobre el talud ubicado en la margen izquierda, aguas abajo, en el Residencial La Antigua, se reconoce que existe una expectativa de riesgo que, hasta la fecha, no se ha materializado. Cabe señalar que, al tratarse de propiedades privadas ubicadas dentro de una zona de protección, cualquier obra de protección que se requiera debe ser gestionada como una obra civil formal, diseñada y ejecutada por un profesional responsable, y contar con los permisos correspondientes. En este sentido, las obras de protección del talud en terrenos de uso privado deben ser gestionadas directamente por los propietarios de los inmuebles en posible riesgo, y no por la Municipalidad. Conclusión Desde este Comité, consideramos de suma importancia promover un enfoque integral y multi-actor en la gestión del riesgo, que involucre tanto a las comunidades como a las instituciones del Estado. La protección y resiliencia de las estructuras colindantes a los ríos requiere de un trabajo conjunto, coordinado y sostenido en el tiempo. Un manejo adecuado de los desechos sólidos, las aguas residuales y las escorrentías, así como el cumplimiento estricto de los retiros establecidos en las zonas de protección, son factores esenciales para una gestión efectiva del riesgo. En este sentido, la comunidad constituye la primera línea de acción y debe asumir un rol activo en la implementación de buenas prácticas ambientales y de ordenamiento territorial. Agradecemos su preocupación por el bienestar de la comunidad y reiteramos nuestro compromiso con la seguridad, la prevención y la gestión responsable del riesgo. Quedamos atentos al informe técnico final para definir las acciones que correspondan, conforme a los criterios técnicos y legales aplicables. …” 2. Que dicha respuesta fue remitida al recurrente en fecha 04 de julio de 2025, a los correos electrónicos ...01, ...02, tal y como se confirma con la prueba que se aporta” (copia aportada). 4) Dicha respuesta se remitió al recurrente el 4 de julio de 2025, al correo electrónico señalado en la gestión (copias aportadas). V.- Caso concreto. De conformidad con las copias aportadas a este expediente, se comprueba que, en efecto, en gestión presentada el 7 de noviembre de 2022, bajo el consecutivo Boleta N.º 8878643, dirigida al Despacho del Alcalde de la Municipalidad de La Unión, y repreguntada el 29 de octubre del 2024, vecinos de dicho cantón solicitan la realización de un dragado en el cauce del río Tiribí debido a la acumulación de material y basura. Al momento de interponerse este amparo, el 19 de junio del 2025, ya habían transcurrido más de dos años y medio sin recibir respuesta. El plazo es excesivo y, por ese motivo, el amparo debe declararse con lugar. Con ocasión de este amparo, un día después de notificado a la Municipalidad, el Coordinador de la Comisión Municipal de Emergencias, y el Oficial Logística de dicha comisión brindan finalmente la respuesta. De este manera, no es necesario que esta Sala ordene responder. En otro orden de ideas, conforme al contenido de la respuesta, no procede que esta Sala ordene realizar el dragado que se solicitó. En cuanto a la paredón en el Residencial La Antigua, en la misma respuesta se explica que “al tratarse de propiedades privadas ubicadas dentro de una zona de protección, cualquier obra de protección que se requiera debe ser gestionada como una obra civil formal, diseñada y ejecutada por un profesional responsable, y contar con los permisos correspondientes. / En este sentido, las obras de protección del talud en terrenos de uso privado deben ser gestionadas directamente por los propietarios de los inmuebles en posible riesgo, y no por la Municipalidad”. No le corresponde a esta Sala desvirtuar lo que aquí se afirma. Se trata de una cuestión de orden legal sobre la que puede discutirse en la propia vía administrativa o, eventualmente, en la vía ordinaria. En el mismo sentido, en cuanto a un posible situación de riesgo, en la respuesta dada al recurrente se explica también lo siguiente: “En seguimiento a las inquietudes expresadas por usted y la comunidad, el 14 de mayo de 2025 se solicitó a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) una valoración geológica en distintos puntos del río Tiribí, incluyendo aquellos de su interés. Como resultado, el 27 de mayo el geólogo Julio Madrigal efectuó una inspección en campo. A la fecha, no se ha emitido una recomendación que justifique una intervención urgente mecanizada. Nos encontramos a la espera del informe técnico final, el cual definirá si corresponde realizar una intervención menor en cauce. En caso de recomendarse, se procederá con los trámites pertinentes ante la Dirección de Aguas, conforme a la normativa vigente”. Es claro que no hay aún ningún criterio técnico con base en el cual esta Sala pueda ordenar intervenir. Por lo demás, no procedería dirigir este amparo contra la Comisión Nacional de Emergencia, pues, al momento que este se interpuso, el 19 de junio, no había transcurrido un plazo excesivo desde que se puso en su conocimiento la situación. Además, ya realizó, incluso, una inspección de campo, en un plazo razonable. De todos modos, en la respuesta brindada al recurrente, la Municipalidad asegura que en el sector, “se ha presentado únicamente incidentes menores, como caída de vegetación procesos de erosión por vaciamiento”. Agrega la respuesta que estos eventos “han sido atendidos de forma oportuna por las dependencias municipales, sin que se hayan registrado emergencias a nivel considerable”. En otro orden de ideas, la respuesta también es clara en cuanto a que una adecuada gestión de riesgo requiere de la participación comunitaria, pues esta constituye “la primer línea de acción”, en particular con la disposición de residuos sólidos y aguas residuales. En suma, de conformidad con las razones expuestas, el amparo debe declararse con lugar por el plazo excesivo en brindar una respuesta. Ahora bien, no le corresponde a esta Sala cuestionar, desde el punto de vista técnico, lo que se afirma en la respuesta dada. Finalmente, dado que ya se brindó la respuesta, con ocasión de este amparo, este se estima sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, conforme se expone a continuación. VI.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios. VII.- Nota del Magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico. VIII.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la actividad o inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura, deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa (omisiva o no) se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, en que la parte recurrente acusa que desde el 7 de noviembre de 2022 solicitó a la municipalidad que se realizara el dragado del Río Tiribí, debido a la acumulación de material y basura en el cauce del río, lo que representa un alto riesgo para la comunidad; empero, no ha recibido respuesta. IX.- Voto salvado parcial de los Magistrados Salazar Alvarado y Garita Navarro, únicamente en relación con la no condenatoria en costas, daños y perjuicios a la parte recurrida. Si bien coincidimos con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, nos separamos del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada. La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que: “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que: “...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”. Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”. En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio de los suscritos, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional. Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”. El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales. En nuestro criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaramos. Como razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estimamos los suscritos que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables. A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente: “ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”. Es claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a nuestro juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados. Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria. Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio. Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada. Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externamos nuestro voto y reiteramos que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios. X.- Voto salvado de la magistrada Garro Vargas respecto a la parte dispositiva de esta sentencia. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas. Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”. Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos. Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido. En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. XI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a la parte recurrente que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, deberá retirarlos del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. POR TANTO: Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El Magistrado Castillo Víquez consigna nota. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. Los Magistrados Salazar Alvarado y Garita Navarro salvan parcialmente el voto y disponen la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Jose Roberto Garita N. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- MGFK26PRVFU61 EXPEDIENTE N° 25-017822-0007-CO Teléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección02, Dirección03, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:50:33. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Sala Constitucional Resolution No. 22377 - 2025 Resolution Date: July 18, 2025 at 09:20 Expediente: 25-017822-0007-CO Drafted by: Fernando Cruz Castro Type of matter: Amparo action Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL Text of the resolution Exp: 25-017822-0007-CO Res. No. 2025022377 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours twenty minutes on the eighteenth of July of two thousand twenty-five. Amparo action filed by Nombre01, identity card number CED01, against the Municipalidad de La Unión. RESULTANDO: 1.- By brief added to this expediente on June 19, 2025, the petitioner alleged, in summary, that on November 7, 2022, he filed application number 8878643 before the respondent authority, requesting that the dredging (dragado) of the Río Tiribí be carried out (not excavation), due to the accumulation of material and trash in the river channel, which represents a high risk to the community. He indicates that the obstruction of the river channel could cause flooding or other natural disasters that would affect the residents of the area. They also face another problem because the retaining wall supporting the houses in Estancia Antigua in Tres Ríos is collapsing. However, he claims that as of the date this amparo action was filed, he has not received a response to his request, nor has the river dredging been carried out. 2.- By resolution issued at eight hours sixteen minutes on July 1, 2025, the proceeding was allowed, which was notified to the Municipality on July 3, 2025. 3.- By brief added to this expediente on July 7, 2025, Eida Barrantes Román appeared in this proceeding as Special Judicial Attorney-in-Fact of the Municipalidad de La Unión. She stated the following: “[…] 1. That by official letter MLU-CME-LA UNION-039-2025, dated July 4, 2025 and signed by Mr. Erick Alonso Varela Pizarro, CME Coordinator, and Mr. Daniel Malavassi Monge, CME Logistics Officer, a response is provided to the petitioner as follows, and I quote verbatim: “… Dear Mr. Nombre01: Please receive cordial greetings from the Comité Municipal de Emergencias (CME) de La Unión. In response to your request filed on November 7, 2022, under consecutive Ticket No. 8878643, and reiterated on October 29, 2024, requesting the carrying out of a dredging in the channel of the Río Tiribí due to the accumulation of material and trash, we would like to set forth the following considerations: 1. Regarding the dredging of the Río Tiribí channel Minor channel interventions, commonly known as “dredging”, must be substantiated by technical recommendations issued by geology or hydrology professionals. This is because any intervention without the proper studies may generate downstream impacts or worsen existing erosion processes. It is important to emphasize that mechanical dredging does not always represent the most appropriate solution, nor does it guarantee risk mitigation. Therefore, promoting community resilience and ensuring compliance with legal setbacks, respecting the protection zones of riverbanks, is a priority, especially in rivers as complex as the Tiribí. 2. Regarding trash removal from the channel Trash removal is not part of minor channel interventions, as these are focused on managing the river's own material (sediments, stones, etc.). The issue of solid waste must be addressed from a perspective of community education and responsibility, particularly in dwellings adjacent to the channel. 3. Regarding trees and vegetation falling into the channel This recurring phenomenon in the Río Tiribí basin is not addressed with machinery, but through manual cutting or preventive pruning work. As background, we mention the actions carried out in 2024 in the sector of Dirección01, where crews from the Unidad de Gestión Ambiental effectively intervened in removing vegetation material to prevent damming. 4. Actions already taken by the CME Following up on the concerns expressed by you and the community, on May 14, 2025, a geological assessment was requested from the Comisión Nacional de Emergencias (CNE) at various points along the Río Tiribí, including those of your interest. As a result, on May 27, geologist Julio Madrigal conducted a field inspection. To date, a recommendation justifying an urgent mechanized intervention has not been issued. We are awaiting the final technical report, which will determine whether a minor channel intervention is appropriate. If recommended, we will proceed with the relevant formalities before the Dirección de Aguas, in accordance with current regulations. 5. Weather conditions and personnel safety Any channel intervention must be carried out under safe weather conditions. The 2024 rainy season was particularly severe, and the 2025 dry season did not present a well-defined dry period, with constant rainfall. This situation has continued, with rains that have even exceeded historical levels, hindering the safe entry of personnel and machinery into river channels, especially in stretches with complex access points like that of the Río Tiribí. 6. Current state of the sector From the beginning of the 2024 rainy season to date, the Río Tiribí basin, in the sector of Barrio Riberas del Río, has only presented minor incidents, such as fallen vegetation and erosion by emptying (erosión por vaciamiento) processes. These events have been addressed in a timely manner by municipal departments, with no considerable-level emergencies having been recorded. 7. Regarding the situation of the retaining wall in Residencial La Antigua Regarding the concern expressed about the slope (talud) located on the left bank, downstream, in Residencial La Antigua, it is recognized that there is a risk expectation that, to date, has not materialized. It should be noted that, since these are private properties located within a protection zone, any required protection works must be managed as a formal civil works project, designed and executed by a responsible professional, and must have the corresponding permits. In this regard, slope protection works on private land must be managed directly by the owners of the properties at possible risk, and not by the Municipality. Conclusion From this Committee, we consider it of utmost importance to promote a comprehensive, multi-stakeholder approach to risk management, involving both communities and State institutions. The protection and resilience of structures adjacent to rivers requires joint, coordinated, and sustained work over time. Proper management of solid waste, wastewater, and runoff, as well as strict compliance with the setbacks established in protection zones, are essential factors for effective risk management. In this sense, the community constitutes the first line of action and must assume an active role in implementing good environmental and land-use planning practices. We appreciate your concern for the well-being of the community and reiterate our commitment to safety, prevention, and responsible risk management. We await the final technical report to define the actions that may be appropriate, in accordance with applicable technical and legal criteria. …” 2. That said response was sent to the petitioner on July 4, 2025, to the email addresses ...01, ...02, as confirmed by the evidence provided.” 4.- On July 9, 2025, the Acting Secretary of this Chamber and the respective Judicial Technician certified the following: “… reviewed, at sixteen hours twenty-seven minutes on July nine, two thousand twenty-five, in the SISTEMA COSTARRICENSE DE GESTIÓN DE DESPACHOS JUDICIALES, the CONTROL DE DOCUMENTOS RECIBIDOS AND THIS EXPEDIENTE, it did not appear that from July 4 to July 8, 2025, the MAYOR OF THE MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN DE TRES RÍOS filed any brief or document to render the report requested from him …”. 5.- The legal requirements have been observed in the proceedings followed. Drafted by Judge Cruz Castro; and, Considering: I.- OBJECT. The petitioner alleged that, on November 7, 2022, he filed application number 8878643 before the respondent authority, requesting that the dredging (dragado) of the Río Tiribí be carried out (not excavation), due to the accumulation of material and trash in the river channel, which represents a high risk to the community. He indicates that the obstruction of the river channel could cause flooding or other natural disasters that would affect the residents of the area. They also face another problem because the retaining wall supporting the houses in Estancia Antigua in Tres Ríos is collapsing. However, he claims that as of the date this amparo action was filed, he has not received a response to his request, nor has the river dredging been carried out. II.- Preliminary matter. The claim made could constitute a violation of the right to prompt and fulfilled administrative justice. In this regard, it must be clarified that, based on vote number 2008-02545 of 8:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction (with some exceptions) those matters in which it is disputed whether the public administration has complied with the time limits set by the Ley General de la Administración Pública (articles 261 and 325) or the sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure (initiated ex officio or at the request of a party) or to hear the appropriate administrative appeals. Precisely, in this amparo action, an exception is raised because it concerns a complaint filed regarding a situation that allegedly poses a high risk to the community. III.- Preliminary question. Even though Eida Barrantes Román appeared in this proceeding as Special Judicial Attorney-in-Fact of the Municipalidad de La Unión, it is no less true that, in the resolution allowing this proceeding, the Mayor was warned that the requested report had to be rendered personally. Regarding the above, the Chamber, in judgment number 03484-98 of 16:51 hours on May 27, 1998, resolved the following: “Preliminary matter. The report rendered by Nombre02 in place of the respondent Municipal Executive of Pococí is not admitted, as it is improper. First, it should be noted that – by virtue of the responsibility deriving from the report, which is deemed given under oath – it is not admissible to render it except personally (articles 43, 55 and 45 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional). Second, the aforementioned official lacks the legal authority to delegate a function that is his own, according to the cited law. Consequently, it is deemed not submitted, and the Chamber proceeds to resolve the matter without further procedure and solely based on the elements of judgment contained in the record.” Therefore, since the Mayor omitted to render the requested report within the granted time limit and personally, in accordance with article 45 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the facts are taken as true with respect to this authority, and the amparo action is resolved based on the other elements contained in the expediente. The foregoing does not imply that, necessarily, due to this omission, the amparo action must be granted, since, as indicated, the evidence present in the expediente may be considered for its resolution. IV.- PROVEN FACTS. The following facts are deemed duly proven as relevant to the decision of this matter: 1) In a request filed on November 7, 2022, under consecutive Ticket No. 8878643, addressed to the Office of the Mayor of the Municipalidad de La Unión, and reiterated on October 29, 2024, residents of said canton requested that a dredging be carried out in the channel of the Río Tiribí due to the accumulation of material and trash (copies provided). 2) On July 3, 2025, this amparo action was notified to the Municipalidad de La Unión (notification records). 3) By official letter MLU-CME-LA UNION-039-2025, dated July 4, 2025 and signed by Mr. Erick Alonso Varela Pizarro, CME Coordinator, and Mr. Daniel Malavassi Monge, CME Logistics Officer, the following response was provided: “Dear Mr. Nombre01: Please receive cordial greetings from the Comité Municipal de Emergencias (CME) de La Unión. In response to your request filed on November 7, 2022, under consecutive Ticket No. 8878643, and reiterated on October 29, 2024, requesting the carrying out of a dredging in the channel of the Río Tiribí due to the accumulation of material and trash, we would like to set forth the following considerations: 1. Regarding the dredging of the Río Tiribí channel Minor channel interventions, commonly known as “dredging”, must be substantiated by technical recommendations issued by geology or hydrology professionals. This is because any intervention without the proper studies may generate downstream impacts or worsen existing erosion processes. It is important to emphasize that mechanical dredging does not always represent the most appropriate solution, nor does it guarantee risk mitigation. Therefore, promoting community resilience and ensuring compliance with legal setbacks, respecting the protection zones of riverbanks, is a priority, especially in rivers as complex as the Tiribí. 2. Regarding trash removal from the channel Trash removal is not part of minor channel interventions, as these are focused on managing the river's own material (sediments, stones, etc.). The issue of solid waste must be addressed from a perspective of community education and responsibility, particularly in dwellings adjacent to the channel. 3. Regarding trees and vegetation falling into the channel This recurring phenomenon in the Río Tiribí basin is not addressed with machinery, but through manual cutting or preventive pruning work. As background, we mention the actions carried out in 2024 in the sector of Dirección01, where crews from the Unidad de Gestión Ambiental effectively intervened in removing vegetation material to prevent damming. 4. Actions already taken by the CME Following up on the concerns expressed by you and the community, on May 14, 2025, a geological assessment was requested from the Comisión Nacional de Emergencias (CNE) at various points along the Río Tiribí, including those of your interest. As a result, on May 27, geologist Julio Madrigal conducted a field inspection. To date, a recommendation justifying an urgent mechanized intervention has not been issued. We are awaiting the final technical report, which will determine whether a minor channel intervention is appropriate. If recommended, we will proceed with the relevant formalities before the Dirección de Aguas, in accordance with current regulations. 5. Weather conditions and personnel safety Any channel intervention must be carried out under safe weather conditions. The 2024 rainy season was particularly severe, and the 2025 dry season did not present a well-defined dry period, with constant rainfall. This situation has continued, with rains that have even exceeded historical levels, hindering the safe entry of personnel and machinery into river channels, especially in stretches with complex access points like that of the Río Tiribí. 6. Current state of the sector From the beginning of the 2024 rainy season to date, the Río Tiribí basin, in the sector of Barrio Riberas del Río, has only presented minor incidents, such as fallen vegetation and erosion by emptying (erosión por vaciamiento) processes. These events have been addressed in a timely manner by municipal departments, with no considerable-level emergencies having been recorded. 7. Regarding the situation of the retaining wall in Residencial La Antigua Regarding the concern expressed about the slope (talud) located on the left bank, downstream, in Residencial La Antigua, it is recognized that there is a risk expectation that, to date, has not materialized. It should be noted that, since these are private properties located within a protection zone, any required protection works must be managed as a formal civil works project, designed and executed by a responsible professional, and must have the corresponding permits. In this regard, slope protection works on private land must be managed directly by the owners of the properties at possible risk, and not by the Municipality. Conclusion From this Committee, we consider it of utmost importance to promote a comprehensive, multi-stakeholder approach to risk management, involving both communities and State institutions. The protection and resilience of structures adjacent to rivers requires joint, coordinated, and sustained work over time. Proper management of solid waste, wastewater, and runoff, as well as strict compliance with the setbacks established in protection zones, are essential factors for effective risk management. In this sense, the community constitutes the first line of action and must assume an active role in implementing good environmental and land-use planning practices. We appreciate your concern for the well-being of the community and reiterate our commitment to safety, prevention, and responsible risk management. We await the final technical report to define the actions that may be appropriate, in accordance with applicable technical and legal criteria. …” 2. That said response was sent to the petitioner on July 04, 2025, to the email addresses ...01, ...02, as confirmed by the evidence provided” (copy provided). 4) Said response was sent to the petitioner on July 4, 2025, to the email address indicated in the request (copies provided). V.- Specific case. In accordance with the copies provided to this expediente, it is verified that, in effect, in a request filed on November 7, 2022, under consecutive Ticket No. 8878643, addressed to the Office of the Mayor of the Municipalidad de La Unión, and reiterated on October 29, 2024, residents of said canton requested that a dredging be carried out in the channel of the Río Tiribí due to the accumulation of material and trash. At the time this amparo action was filed, on June 19, 2025, more than two and a half years had elapsed without receiving a response. The delay is excessive and, for this reason, the amparo action must be granted. On the occasion of this amparo action, one day after notification to the Municipality, the Coordinator of the Comisión Municipal de Emergencias and the Logistics Officer of said commission finally provided the response. Thus, it is not necessary for this Chamber to order a response. In another vein, according to the content of the response, it is not appropriate for this Chamber to order the requested dredging to be carried out. Regarding the retaining wall in Residencial La Antigua, the same response explains that “since these are private properties located within a protection zone, any required protection works must be managed as a formal civil works project, designed and executed by a responsible professional, and must have the corresponding permits. / In this regard, slope protection works on private land must be managed directly by the owners of the properties at possible risk, and not by the Municipality.” It is not for this Chamber to refute what is stated here. This is a question of a legal nature that can be discussed in the administrative channel itself or, eventually, in the ordinary courts. In the same sense, regarding a possible risk situation, the response given to the petitioner also explains the following: “Following up on the concerns expressed by you and the community, on May 14, 2025, a geological assessment was requested from the Comisión Nacional de Emergencias (CNE) at various points along the Río Tiribí, including those of your interest. As a result, on May 27, geologist Julio Madrigal conducted a field inspection. To date, a recommendation justifying an urgent mechanized intervention has not been issued. We are awaiting the final technical report, which will determine whether a minor channel intervention is appropriate. If recommended, we will proceed with the relevant formalities before the Dirección de Aguas, in accordance with current regulations.” It is clear that there is still no technical criterion based on which this Chamber could order an intervention. Moreover, it would not be appropriate to direct this amparo action against the Comisión Nacional de Emergencias, since, at the time it was filed, on June 19, an excessive period had not elapsed since the situation was brought to its attention. Furthermore, it even conducted a field inspection within a reasonable timeframe. In any case, in the response provided to the petitioner, the Municipality assures that in the sector, “only minor incidents have occurred, such as fallen vegetation and erosion by emptying (erosión por vaciamiento) processes.” The response adds that these events “have been addressed in a timely manner by municipal departments, with no considerable-level emergencies having been recorded.” In another vein, the response is also clear that proper risk management requires community participation, as this constitutes “the first line of action,” particularly regarding the disposal of solid waste and wastewater. In summary, in accordance with the reasons stated, the amparo action must be granted due to the excessive delay in providing a response. However, it is not for this Chamber to question, from a technical standpoint, what is stated in the response provided. Finally, given that the response was provided on the occasion of this amparo action, it is deemed without a special award of costs, damages, and losses, as set forth below. VI.- ON THE AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 52 OF THE LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Upon better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the sub examine, in accordance with the provisions of paragraph 1 of article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (“If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the amparo action shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if they are appropriate”), the finding for the petitioner must be without a special award of costs, damages, and losses, based on the following considerations. While there is an express text in the law requiring that the operative part of the ruling state that the amparo action is granted when the grievance is resolved while the amparo is pending, it is no less true that the same paragraph, at its end, states that the finding for the petitioner is made “solely for purposes of compensation and costs, if they are appropriate.” It is emphasized that the Law states “if they are appropriate,” which means that the appropriateness or inappropriateness of compensation and costs depends on an assessment, appraisal, or weighing by the Court. In cases like this, the content of the petitioner's claim and the respondent authority's conduct in acknowledging it suggest that the alleged detriments, injuries, or alterations are not directly related to an impact on a constitutional right of an evident patrimonial nature (as would occur, for example, with an impact on the right to a salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of article 51 of the same Ley de la Jurisdicción Constitucional, when it provides that: “every resolution that grants the amparo action shall award in the abstract compensation for the damages and losses caused and the payment of the costs of the action, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment,” where the possibility of assessing whether compensation and costs are appropriate or not is not foreseen. The principles of Constitutional Law, Public and General Procedural Law or, where appropriate, International or Community Law and, furthermore, in order, the Ley General de la Administración Pública and the Código Procesal Contencioso Administrativo and other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the rules of the Ley de la Jurisdicción Constitucional -cf. article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in article 197 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, which responds to procedural logic in any subject matter. In any case, the affected party in the sub lite preserves the possibility of resorting, if deemed appropriate, to a plenary proceeding to demonstrate that they have suffered some type of detriment. Based on the foregoing, it is the majority criterion to resolve this amparo action without an award of costs, damages, and losses. VII.- Note by Judge Castillo Víquez, regarding prompt and fulfilled administrative justice. I have supported this Court's thesis that when a petitioner alleges a violation of the right to prompt and fulfilled justice in administrative proceedings, the Courts of Contentious-Administrative Matters, and not this Chamber, must hear the legal dispute. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, it has been established that this right is subject to judicial protection by means of the amparo action established by article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in relation to article 27 of the Constitución Política de la República de Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the Administration's material actions, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulations do not imply that this Court must modify its jurisprudential line, since, based on numeral 7 of its Law, it is exclusively responsible for defining its own jurisdiction. Therefore, except for those legal-constitutional disputes that have been recognized by this very Chamber as exceptional cases, which may properly be heard in this jurisdiction through the constitutional amparo guarantee process, in other cases, and for the reasons this Court has given (Judgment No. 2008-02545 of 8:55 hours on February 22, 2008), the competent parties are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the Convención Americana sobre Derechos Humanos, the Constitution's Law (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system. VIII.- NOTE BY JUDGE SALAZAR ALVARADO. As a matter of principle, I consider that cases related to the activity or inactivity of the Public Administration in the repair, construction, modification, or demolition of any infrastructure works must be dismissed, as such omission constitutes a matter of legality, the discussion of which falls to the ordinary jurisdiction, before which the interested party can debate their disagreements more comprehensively. However, when that administrative conduct (whether by omission or not) results in a violation of other fundamental rights protected in this constitutional jurisdiction, or affects groups considered vulnerable, I do proceed to hear the merits of the matter, as this situation constitutes an exception to my position on this issue, as is the case here, in which the petitioner claims that since November 7, 2022, it requested the municipality to carry out the dredging of the Tiribí River, due to the accumulation of material and garbage in the riverbed, which represents a high risk for the community; yet, it has received no response. IX.- Partial dissenting vote of Judges Salazar Alvarado and Garita Navarro, solely in relation to the non-imposition of costs, damages, and losses against the respondent. Although we concur with the rest of the Chamber in granting the appeal, we depart from the majority criterion insofar as it exempts the respondent from being ordered to pay the costs, damages, and losses arising from the injury caused to the fundamental rights of the protected party. The Law of Constitutional Jurisdiction, in Article 52, provides that: “If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if applicable.” On the other hand, Article 51 of the same law establishes that: “...any resolution that grants the appeal shall order in the abstract the compensation of the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, reserving their liquidation for the execution of the sentence.” This latter norm establishes the general system regulating matters related to compensation and the payment of costs, which the majority calls the “natural or normal form of termination of the process, where there is a ruling on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights…”. In the majority's view, the cited Article 51 regulates cases in which the Chamber has deemed the grievance proven; and, as a consequence, the need arises for an order to pay costs, damages, and losses. However, in the opinion of the undersigned, from a systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Court verifies an injury to a fundamental right and, therefore, grants the appeal, and in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights once it becomes aware of the amparo action—a scenario contemplated in the referenced Article 52—by mandate of Articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and unavoidable consequence is the order against the offender for the compensation of the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal. This rule is nothing more than the recognition, to the party that has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the offending authorities; and, as a deterrent, so that the State does not again incur in the actions that gave rise to the granting of the appeal, a matter regulated in Article 50 of the law governing this jurisdiction. Thus, whether the Chamber has deemed the grievance proven and has proceeded to hear the merits of the matter, or whether the violation has ceased by decision of the respondent authority itself, once it became aware of the amparo proceedings, with restoration to the enjoyment of fundamental rights in favor of the aggrieved party (Article 52), in any of those scenarios, an imperative need always arises for an order of costs, damages, and losses against the offender, the foundation of which lies in the principles of protecting persons' rights and in that the Administration must be held responsible for the damages and losses it causes through its unconstitutional conduct. Thus, the fact that, at the time the amparo is heard and granted, the effects of the challenged act have already ceased, under the terms provided in Articles 50 and 52 of the cited law, does not negate the appropriateness of the order to pay costs, damages, and losses, as such a case forms an integral part of the general system of mandatory orders in these respects contained in the Law of Constitutional Jurisdiction. Furthermore, it is clear that the mentioned Article 52 applies only in cases where the Chamber, even though it has not heard or ruled on the merits of the claim, has verified the violation of fundamental rights suffered by the protected party, by virtue of the restoration to the enjoyment of those rights that the Administration has agreed to in their favor; a situation that, as affirmed by the majority of the Chamber, implies an “abnormal termination of the process.” The legislator established and precisely delimited the conditions under which this Chamber may decree this form of abnormal conclusion of the amparo process, as well as its scopes, namely: 1) that the amparo is pending, meaning that the Administration has been duly notified of the resolution that admitted the amparo; and, 2) that there is an administrative or judicial resolution that provides, unequivocally, for the revocation, halting, or suspension of the challenged action violating fundamental rights. Certainly, the norm in question contemplates an exception to the general system of ordering costs, damages, and losses, despite the granting of the appeal, by providing that, in the cases regulated therein, the appeal shall be granted “solely for the purposes of compensation and costs, if applicable.” As it is an exception, it must be interpreted restrictively; that is, it only proceeds in the scenarios strictly contemplated in the norm, not only due to the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception undoubtedly imply an impairment of the fundamental right of persons to obtain effective judicial protection against the damages and losses suffered due to the injury to their constitutional rights. In our view, such an exception should be interpreted to mean that, in accordance with the general system of automatic orders for costs, damages, and losses in the event of a violation of fundamental rights, such an order is always appropriate, even in the case where the respondent issues an administrative or judicial resolution that revokes, halts, or suspends the challenged action, unless it is shown unequivocally and clearly that in the specific case no compensable harm was caused. Only and solely in such scenarios could the respondent Administration be exempted from paying said items. As in this case, there is no element whatsoever to rebut the presumption of the emergence, for the protected party, of economic damages and losses derived from the challenged actions—whose specific determination does not fall to this jurisdiction—the granting of this appeal must necessarily entail the order for costs, damages, and losses, and we so declare. As an additional reason, it should be noted that the dynamic and very essence of amparo proceedings does not have as its primary objective the analysis of the existence or non-existence of damages and losses, but rather the existence or non-existence of actions or omissions that may generate or produce a breach of the regime of persons' fundamental rights. From that perspective, the analysis carried out by this court concentrates on said verification; however, it does not enter into the weighing of whether those issues have or have not generated injuries in the strictly economic sphere of the protected persons. Although the aforementioned precept 52 of the LJC, in its grammatical scope, establishes that such an order (for damages, losses, and costs) operates if applicable, we, the undersigned, do not believe that this examination of pertinence can be automatically excluded a priori in this type of proceeding, to the extent that it is within another ordinary proceeding that it must be defined whether, within the legal relationship analyzed in the amparo appeal, the conduct or omissions attributable to the Administration (or private law subject, when applicable) have constituted an adequate cause of economic injuries that are legally compensable. For reference, articles 179 through 184 of the Code of Contentious-Administrative Procedure, Law No. 8508, define a special proceeding whose purpose is the definition of the economic effects derived from orders issued in these processes. In light of canon 179 thereof, that proceeding has the following purpose: “ARTICLE 179.- The Contentious-Administrative Court is responsible for the execution of judgments issued by the Constitutional Jurisdiction in habeas corpus and amparo proceedings against subjects of Public Law, solely with regard to the demonstration, liquidation, and fulfillment of pecuniary compensation.” It is clear that this proceeding is directed at the analysis of the necessary antecedent issued by this Chamber regarding an abstract order in those categories, because such claims would not be appropriate within those types of causes when the judgment issued within the amparo proceeding established, expressly, the inappropriateness of damages, losses, and/or costs, as well as when there is no express pronouncement on this matter. That is, the special proceeding in the contentious-administrative venue requires, as a sine qua non condition, an order or express pronouncement by this Constitutional Chamber. In that order, in our judgment, under the tenor of the mentioned article 52 of the LJC, dispensation from that economic order requires the accreditation, in each case, of situations based on which the non-existence of economic injuries, even potential ones, derived from or associated with the facts analyzed, is estimated with reasoning. Therefore, it is an exception that, as such, requires qualified and duly grounded application on a case-by-case basis. The mere circumstance that, during the proceeding, the Administration issues a resolution or a judicial judgment is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action does not rule out, per se, that, prior to that cessation due to a cause attributable to or external to the sued entity, the alleged indolence or reproached disturbance may have caused damages and losses. However, such a substantive question, regarding the effectiveness of the injuries, their quantification, timely claim, etc., are considerations that fall outside the nature of these proceedings and regarding which, as regulated by the alluded mandate 52, are characteristic of an abstract order that later constitutes the basis for analysis in the Contentious-Administrative Jurisdiction. The protection sought in these constitutional proceedings does not require the demonstration of damages and losses, since, it is insisted, this is not their object or primary ratio. Thus, it does not fall to the protected person to claim or demonstrate damages, as what they seek is the safeguarding of their fundamental rights. Afterwards, whether those administrative conducts have caused them injuries is an aspect that, as a matter of principle and except in exceptional cases, does not form part of the analytical basis of this type of cause. It should be noted that, in the scenario regulated in that mandate, the Constitutional Chamber does not make a substantive analysis of the situation to be protected, given the termination of the amparo or habeas corpus due to the supervening circumstance already cited. Therefore, in these cases, by legal imperative, it does not proceed to assess whether or not there is an infringement, so much less can it be defined whether, based on what was denounced by the petitioner, there may or may not be situations of possible civil reparation. Thus, the dispensation from the order referred to in that norm is exceptional, not of principle. Therefore, in those scenarios, the norm imposes the abstract order, so that its appropriateness is analyzed within another plenary proceeding. Otherwise, if this release from damages, losses, and costs were applied as a rule, the protection of the legal situation of the person would be jeopardized, who, despite that supervening response from the respondent, may have suffered injuries in their economic sphere, to the detriment of what is established by precept 45 of the Political Constitution, and disregarding the potential liability of the Administration, as imposed by Article 9 thereof. Moreover, it should not be overlooked that it was by virtue of an action of this nature that a conduct was adopted that causes the conduct that, in theory, threatens or violates the fundamental rights of the person to cease. That is, in order to obtain the safeguarding of those rights, the person opted for judicial protection, and it was by that virtue that the reproached disturbance ceased. It is insisted, whether the permanence of the threat or deterioration of their situation, until caused to cease by the causes alluded to in the norm under examination, generated damages and losses, is a matter that, unless proven otherwise, must be analyzed within an ordinary proceeding, but that, it is reiterated, should in no way be denied as a presupposition solely due to the concretion of the factual scenario regulated in the mentioned article 52 of the LJC. Consequently, with the utmost respect always for the majority position, we express our vote and reiterate that the granting of this appeal must necessarily entail the abstract order for costs, damages, and losses. X.- Dissenting vote of Judge Garro Vargas regarding the operative part of this judgment. Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (LJC) states: “If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if applicable.” My interpretation of that norm is as follows: That “resolution” is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase “if applicable” refers to costs. Moreover, Article 197 of the Code of Contentious-Administrative Procedure, cited by the majority, based on Article 14 of the LJC, refers precisely only to these: to costs. Certainly, under Article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to the amparo appeal is not compensatory but restitutory; however, Article 51 of the LJC states: “Any resolution that grants the appeal shall order in the abstract the compensation of the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, reserving their liquidation for the execution of the sentence.” If the right has been violated and the Chamber so verifies, even in the event that it has been restored, damages and losses may have arisen. For this reason, the abstract order for these is appropriate. If this were not done, if such an order were not issued, in the event that they actually occurred, there would be no title—derived from this proceeding—to claim them, which could violate Article 41 of the CP. If, despite the abstract order, no damages and losses occurred, the judge in the ordinary jurisdiction will so declare, as only they are responsible for establishing the proven existence and magnitude of the same. With the thesis defended by the majority, I estimate that, contrary to what is sought, it would incentivize the Administration to respect rights only when an amparo appeal exists. It remains to be said that Article 52 of the LJC provides for the possibility that, if it is deemed just, the Chamber may order costs, even when the right has been restored. Due to the foregoing, I partially dissent from the vote regarding the operative part and order the imposition of damages and losses, but not of costs. XI.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The petitioner is warned that, should they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, they must withdraw them from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not withdrawn within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the “Regulation on the Electronic File before the Judiciary” (“Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”), approved by the Plenary Court in session number 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in the Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary in session number 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI. THEREFORE: The appeal is granted, without a special order for costs, damages, and losses. Judge Castillo Víquez enters a note. Judge Salazar Alvarado enters a note. Judges Salazar Alvarado and Garita Navarro partially dissent from the vote and order the imposition of damages, losses, and costs. Judge Garro Vargas partially dissents from the vote and orders the imposition of damages and losses, but not of costs. Fernando Castillo V. President Fernando Cruz C. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Jose Roberto Garita N. Digitally Signed Document -- Verification Code -- MGFK26PRVFU61 FILE N° 25-017822-0007-CO Telephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección02, Dirección03, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 10:50:33. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República