Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)La Sala Constitucional, en la sentencia No. 2021-013281 de las 09:30 horas de 11 de junio de 2021, explicó lo siguiente sobre el derecho al agua potable, la posibilidad de cobro y la morosidad del último mes; si bien está relacionado con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), es plenamente aplicable al resto de los prestatarios de este servicio público esencial (incluidas las municipalidades):
“(…) Este Tribunal ha reconocido, en su jurisprudencia, que el derecho a la salud y a la vida, son derechos fundamentales del ser humano que dependen del acceso al agua potable y que los órganos competentes tienen la responsabilidad ineludible de velar para que la sociedad, como un todo, no vea mermados estos. En efecto, existe un derecho fundamental al suministro de agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida, al medio ambiente sano, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros (…)
(…) Ahora bien, tal como esta Sala lo ha resuelto mediante el voto número 2020-005163 de las 09:45 horas del 13 de marzo del 2020, y ratificado de forma reiterada, la suspensión del servicio de agua procede, únicamente, por la falta de pago oportuno del último importe mensual, por cuanto los meses anteriores que se adeuden, deberán ser cobrados, separadamente, por la vía correspondiente. La desconexión, únicamente procede por la falta de pago oportuno del último importe mensual, ya que los que se adeuden por los anteriores constituyen una obligación, que podrá cobrarse separadamente, pero cuya falta de pago no autoriza la interrupción del servicio (…)”
English (translation)The Constitutional Chamber, in judgment 2021-013281 of June 11, 2021, explained the right to drinking water, the possibility of charging, and the nonpayment of the last month; although related to the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (ICAA), it is fully applicable to other providers of this essential public service (including municipalities):
“(…) This Court has recognized in its case law that the right to health and life are fundamental human rights that depend on access to drinking water, and that the competent bodies have the unavoidable responsibility to ensure that society as a whole does not see these rights diminished. Indeed, there is a fundamental right to a drinking water supply, derived from the fundamental rights to health, life, a healthy environment, food, and adequate housing, among others (…)
(…) Now, as this Chamber resolved in ruling 2020-005163 of March 13, 2020, and repeatedly affirmed, suspension of water service is permissible only for failure to pay the most recent monthly charge in a timely manner, since earlier months owed must be collected separately through the appropriate channel. Disconnection is allowed only for failure to pay the most recent monthly charge, because earlier debts constitute an obligation that may be collected separately but whose nonpayment does not authorize interruption of service (…)”
Denied
Grande
Normal
Pequeña
Sala Constitucional
Resolución Nº 22461 - 2025
Fecha de la Resolución: 18 de Julio del 2025 a las 09:20
Expediente: 25-018560-0007-CO
Redactado por: Jorge Araya Garcia
Clase de asunto: Recurso de amparo
Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL
Texto de la resolución
Exp: 25-018560-0007-CO
Res. Nº 2025022461
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del dieciocho de julio de dos mil veinticinco .
Recurso de amparo interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, contra la MUNICIPALIDAD DE ASERRÍ.
Resultando:
1.- Por medio del escrito agregado al expediente digital a las 14:10 horas de 26 de junio de 2025, Nombre01 presentó un recurso de amparo en contra de la Municipalidad de Aserrí. La recurrente reclamó que el 25 de junio de 2025, la Municipalidad de Aserrí le suspendió el servicio de suministro de agua potable, por falta de pago de una deuda por impuestos que no puede sufragar. Afirmó que ella es adulta mayor y que su esposo, quien es discapacitado, requiere el líquido para su atención. Solicitó que se declare con lugar el recurso.
2.- Mediante el auto de las 15:29 horas de 30 de junio de 2025, se admitió el recurso de amparo y se dio traslado al Alcalde de la Municipalidad de Aserrí.
3.- Por medio del escrito agregado al expediente digital a las 15:06 horas de 8 de julio de 2025, Patricia Mayela Porras Segura, Alcaldesa Municipal, informó: “(…) el servicio de agua potable fue suspendido debido a la falta de pago y no por el no pago de impuestos (…) esta suspensión del servicio, no se realiza de forma arbitraria sino en cumplimiento de lo establecido en el artículo 29 del Reglamento para la Operación y Administración del Acueducto de la Municipalidad de Aserrí (…) Si bien la municipalidad iba a proceder con la instalación de la fuente pública, no fue necesario, ya que cuando el personal municipal llego al sitio, después de conversar con la señora Nombre01, le recomendaron solicitar la condonación de la deuda, por cumplir en apariencia con los requisitos que establece el Reglamento a la Ley 10359 de Apoyo Municipal para Adultos Mayores en Pobreza. Debido a lo anterior, y siendo que en ese mismo momento la recurrente se apersono a la municipalidad, y le fue aplicado el beneficio, y se le restableció de inmediato el servicio (…)” (sic).
4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.
Redacta el Magistrado Araya García; y,
Considerando:
I.- Objeto del recurso. La recurrente reclamó que el 25 de junio de 2025, la Municipalidad de Aserrí le suspendió el servicio de suministro de agua potable, por falta de pago de una deuda por impuestos que no puede sufragar. Afirmó que ella es adulta mayor y que su esposo, quien es discapacitado, requiere el líquido para su atención.
II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
1. La amparada tiene 68 años (ver la base de datos del Registro Civil).
2. El 25 de junio de 2025, ocurrió lo siguiente: “(…) el servicio de agua potable fue suspendido debido a la falta de pago y no por el no pago de impuestos (…) esta suspensión del servicio, no se realiza de forma arbitraria sino en cumplimiento de lo establecido en el artículo 29 del Reglamento para la Operación y Administración del Acueducto de la Municipalidad de Aserrí (…) Si bien la municipalidad iba a proceder con la instalación de la fuente pública, no fue necesario, ya que cuando el personal municipal llego al sitio, después de conversar con la señora Nombre01, le recomendaron solicitar la condonación de la deuda, por cumplir en apariencia con los requisitos que establece el Reglamento a la Ley 10359 de Apoyo Municipal para Adultos Mayores en Pobreza. Debido a lo anterior, y siendo que en ese mismo momento la recurrente se apersono a la municipalidad, y le fue aplicado el beneficio, y se le restableció de inmediato el servicio (…)” (sic) (ver el informe rendido bajo juramento por la Alcaldesa de la Municipalidad de Aserrí, agregado al expediente digital).
3. El 3 de julio de 2025, se notificó el auto inicial del recurso de amparo a la Municipalidad de Aserrí (ver el acta de notificación, agregada al expediente digital).
4. Para el 4 de julio de 2025, se determinó que el servicio de suministro de agua potable no se encontraba suspendido (ver el oficio suscrito por el Director de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Aserrí, agregado al expediente digital).
III.- Sobre el derecho al agua potable, la posibilidad de cobro y la desconexión por morosidad del último mes. La Sala Constitucional, en la sentencia No. 2021-013281 de las 09:30 horas de 11 de junio de 2021, explicó lo siguiente sobre el derecho al agua potable, la posibilidad de cobro y la morosidad del último mes; si bien está relacionado con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), es plenamente aplicable al resto de los prestatarios de este servicio público esencial (incluidas las municipalidades):
“(…) Este Tribunal ha reconocido, en su jurisprudencia, que el derecho a la salud y a la vida, son derechos fundamentales del ser humano que dependen del acceso al agua potable y que los órganos competentes tienen la responsabilidad ineludible de velar para que la sociedad, como un todo, no vea mermados estos. En efecto, existe un derecho fundamental al suministro de agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida, al medio ambiente sano, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros, tal como ha sido reconocido también en instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos aplicables en Costa Rica: así, figura explícitamente en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (art. 14) y la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 24); además, se enuncia en la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo de El Cairo (principio 2), y se declara en otros numerosos del Derecho Internacional Humanitario. En nuestro Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el país se encuentra particularmente obligado en esta materia por lo dispuesto en el artículo 11.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ("Protocolo de San Salvador" de 1988), el cual dispone que: “Artículo 11. Derecho a un medio ambiente sano 1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos”. Además, recientemente, el Comité de Derechos Económicos, Culturales y Sociales de la ONU reiteró que disponer de agua es un derecho humano que, además de ser imprescindible para llevar una vida saludable, es un requisito para la realización de todos los demás derechos humanos. Del anterior marco normativo se deriva una serie de derechos fundamentales ligados a la obligación del Estado de brindar los servicios públicos básicos, que implican, por una parte, que no puede privarse ilegítimamente de ellos a las personas, pero que, como en el caso del agua potable, no puede sostenerse la titularidad de un derecho exigible por cualquier individuo para que el Estado le suministre el servicio público de agua potable, en forma inmediata y dondequiera que sea, sino que, en la forma prevista en el mismo Protocolo de San Salvador, esta clase de derechos obligan a los Estados a adoptar medidas, conforme lo dispone el artículo primero del mismo Protocolo: Los Estados Partes en el presente Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos se comprometen a adoptar las medidas necesarias tanto de orden interno como mediante la cooperación entre los Estados, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo’. De esto tampoco puede interpretarse que ese derecho fundamental a los servicios públicos no tenga exigibilidad concreta; por el contrario, cuando razonablemente el Estado deba brindarlos, los titulares del derecho pueden exigirlo y no pueden las administraciones públicas o, en su caso, los particulares que los presten en su lugar, escudarse en presuntas carencias de recursos, que ha sido la secular excusa pública para justificar el incumplimiento de sus cometidos” (ver Sentencia N° 4654-2003 de las 15:44 horas del 27 de mayo de 2003). De lo anterior, se colige que el denominado derecho fundamental al agua, debe concederse a todas las personas, lo que implica que todos los individuos tengan la posibilidad de acceder, en condiciones de igualdad, a los servicios de agua potable, toda vez que la misma resulta esencial para la vida y la salud humana.
-Si bien el servicio de agua potable es un servicio público catalogado como derecho fundamental, lo cierto es que esta prestación es onerosa, siendo que el Estado, por medio de instituciones como el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, así como las asociaciones administradoras de acueductos y alcantarillados y las municipalidades que prestan el servicio de suministro de agua potable, cuenta con la potestad de regular el servicio y exigir requisitos, dentro de los que se puede mencionar la obligación de estar al día con el pago correspondiente por dicha prestación. En otras palabras, el suministro de agua potable es necesario para la protección del derecho a la vida y a la salud de las personas, lo que implica la posibilidad de exigir al Estado a garantizar dicho derecho; empero, al no prestarse de forma gratuita, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados puede proceder a la desconexión del servicio de suministro de agua potable por morosidad actual, siempre y cuando se cumplan requisitos y garantías mínimas (ver sentencias N° 2007-013310 de las 10:57 horas del 14 de setiembre de 2007, N° 2017-009021 de las 14:00 horas del 16 de junio de 2017 y N°2020-023372 de 09:05 horas del 04 de diciembre del 2020).
-Ahora bien, tal como esta Sala lo ha resuelto mediante el voto número 2020-005163 de las 09:45 horas del 13 de marzo del 2020, y ratificado de forma reiterada, la suspensión del servicio de agua procede, únicamente, por la falta de pago oportuno del último importe mensual, por cuanto los meses anteriores que se adeuden, deberán ser cobrados, separadamente, por la vía correspondiente. La desconexión, únicamente procede por la falta de pago oportuno del último importe mensual, ya que los que se adeuden por los anteriores constituyen una obligación, que podrá cobrarse separadamente, pero cuya falta de pago no autoriza la interrupción del servicio (en este sentido ver sentencias 929-92 de las quince horas cincuenta y cinco minutos del ocho de abril de mil novecientos noventa y dos; 6214-98 de las diez horas nueve minutos del veintiocho de agosto de mil novecientos noventa y ocho; y, 5818-96 diecisiete horas cuarenta y ocho minutos del treinta de octubre de mil novecientos noventa y seis; sentencia No. 9413-00 y reiterada en la No. 12814-01) (…)” (el énfasis no pertenece al original).
IV.- Sobre la suspensión del suministro de agua potable por morosidad, y la instalación de una fuente pública. Al respecto, esta Sala Constitucional, en la sentencia No. 2020-17717 de las 09:20 horas de 18 de setiembre de 2020, indicó lo siguiente:
“(…) Bajo similares condiciones a los hechos aquí en estudio, esta Sala mediante resolución 2019021906, lo siguiente (sic):
“Ahora, tomando en consideración el precedente de cita, si bien resulta razonable la suspensión del servicio de agua por la existencia de una deuda, tal hecho debe ir acompañado de la instalación de una fuente pública a no más de 50 metros; lo anterior para resguardar el derecho del tutelado del acceso al agua potable. Al respecto, la Sala, mediante sentencia n.º 2018-004812 de las 9:30 horas de 23 de marzo de 2018, resolvió:
“V. Sin demérito de lo anterior, este Tribunal ha establecido la necesidad de que si va a proceder a suspender el suministro regular, la empresa o ente encargado debe dejar a disposición del interesado una fuente pública a 50 metros, donde pueda abastecerse del vital líquido, pues al estar de por medio el derecho a la Salud, derivado del artículo 21 de la Constitución Política, el servicio de agua potable debe de estar al alcance de toda persona (sentencia 2003-01185 de las nueve horas con cuarenta minutos del catorce de febrero del dos mil tres). En otras palabras, cuando por falta de pago se interrumpe el suministro de agua potable a consumidores domésticos, es necesario que el usuario tenga una fuente de aprovisionamiento gratuita, que es la fuente pública y accesible de manera que con una diligencia razonable de su parte, pueda aprovisionarse para sus actividades mínimas (en ese sentido véase la sentencia N° 2017-16420 de las 09:15 hrs. del 13 de octubre de 2017)” (…)” (el énfasis no pertenece al original).
En la sentencia No. 2022-022100 de las 09:20 horas de 23 de setiembre de 2022, este Tribunal reafirmó:
“(…) la instalación de la fuente pública procede cuando el servicio suspendido es de carácter domiciliar o doméstico, y no así para establecimientos comerciales o que carezcan de esa condición domiciliar; lo anterior aplica también para el acceso a agua potable (…)” (sic) (el énfasis no pertenece al original).
V.- Sobre el caso concreto. En el sub examine quedó demostrado que el 25 de junio de 2025, ocurrió lo siguiente respecto de la tutelada y su hogar: “(…) el servicio de agua potable fue suspendido debido a la falta de pago y no por el no pago de impuestos (…) esta suspensión del servicio, no se realiza de forma arbitraria sino en cumplimiento de lo establecido en el artículo 29 del Reglamento para la Operación y Administración del Acueducto de la Municipalidad de Aserrí (…) Si bien la municipalidad iba a proceder con la instalación de la fuente pública, no fue necesario, ya que cuando el personal municipal llego al sitio, después de conversar con la señora Nombre01, le recomendaron solicitar la condonación de la deuda, por cumplir en apariencia con los requisitos que establece el Reglamento a la Ley 10359 de Apoyo Municipal para Adultos Mayores en Pobreza. Debido a lo anterior, y siendo que en ese mismo momento la recurrente se apersono a la municipalidad, y le fue aplicado el beneficio, y se le restableció de inmediato el servicio (…)” (sic) (el énfasis no pertenece al original). Para el 4 de julio de 2025, se determinó que el servicio de suministro de agua potable no se encontraba suspendido.
VI.- A partir de lo expuesto, se puede concluir: a) el servicio de agua potable se suspendió por falta de pago de este, no por un adeudo de impuestos; y b) la suspensión se efectuó de manera momentánea, mientras la amparada efectuaba el trámite de condonación de lo que debía (el servicio se restableció de inmediato, luego de culminadas las gestiones).
VII.- Se aclara a la recurrente que no le corresponde a esta Sala Constitucional determinar si se le debe o no cobrar la deuda que manifiesta tiene, por concepto de impuestos municipales. Lo anterior excede tanto la naturaleza sumaria del recurso de amparo, como la competencia de este Tribunal, delimitada en la Ley y la propia Constitución Política. Cualquier discusión al respecto debe ser expuesta y resuelta sea ante la propia corporación territorial, o bien en la sede jurisdiccional de legalidad ordinaria que corresponda.
VIII.- Conclusión. Bajo este orden de circunstancias el recurso de amparo deviene improcedente, y así debe declararse.
IX.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara sin lugar el recurso.
Fernando Castillo V.
Presidente
Fernando Cruz C.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
Jose Roberto Garita N.
Documento Firmado Digitalmente
-- Código verificador --
26D474BJNZC061
EXPEDIENTE N° 25-018560-0007-CO
Teléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).
Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:50:52.
SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la RepúblicaCONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine twenty in the morning of the eighteenth of July two thousand twenty-five .
An amparo action filed by Nombre01, identity card CED01, against the MUNICIPALITY OF ASERRÍ.
Whereas:
1.- By means of the brief added to the digital file at 2:10 p.m. on 26 June 2025, Nombre01 filed an amparo action against the Municipality of Aserrí. The claimant complained that on 25 June 2025, the Municipality of Aserrí suspended her drinking water supply service for non-payment of a tax debt that she cannot afford. She asserted that she is an older adult and that her husband, who is disabled, requires the liquid for his care. She requested that the action be granted.
2.- By order at 3:29 p.m. on 30 June 2025, the amparo action was admitted and notice was given to the Mayor of the Municipality of Aserrí.
3.- By means of the brief added to the digital file at 3:06 p.m. on 8 July 2025, Patricia Mayela Porras Segura, Municipal Mayor, reported: “(…) the drinking water service was suspended due to non-payment and not for non-payment of taxes (…) this suspension of service is not carried out arbitrarily but in compliance with the provisions of article 29 of the Reglamento para la Operación y Administración del Acueducto de la Municipalidad de Aserrí (…) Although the municipality was going to proceed with the installation of the public standpipe (fuente pública), it was not necessary, since when the municipal staff arrived at the site, after speaking with Mrs. Nombre01, they recommended she request the forgiveness (condonación) of the debt, for apparently meeting the requirements established in the Reglamento a la Ley 10359 de Apoyo Municipal para Adultos Mayores en Pobreza. Due to the foregoing, and since at that very moment the claimant appeared at the municipality, and the benefit was applied to her, and the service was immediately restored (…)” (sic).
4.- The legal requirements have been observed in the proceedings followed.
Drafted by Judge Araya García; and,
Considering:
I.- Purpose of the action. The claimant complained that on 25 June 2025, the Municipality of Aserrí suspended her drinking water supply service for non-payment of a tax debt that she cannot afford. She asserted that she is an older adult and that her husband, who is disabled, requires the liquid for his care.
II.- Proven facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven:
1. The amparo claimant is 68 years old (see the Civil Registry database).
2. On 25 June 2025, the following occurred: “(…) the drinking water service was suspended due to non-payment and not for non-payment of taxes (…) this suspension of service is not carried out arbitrarily but in compliance with the provisions of article 29 of the Reglamento para la Operación y Administración del Acueducto de la Municipalidad de Aserrí (…) Although the municipality was going to proceed with the installation of the public standpipe (fuente pública), it was not necessary, since when the municipal staff arrived at the site, after speaking with Mrs. Nombre01, they recommended she request the forgiveness (condonación) of the debt, for apparently meeting the requirements established in the Reglamento a la Ley 10359 de Apoyo Municipal para Adultos Mayores en Pobreza. Due to the foregoing, and since at that very moment the claimant appeared at the municipality, and the benefit was applied to her, and the service was immediately restored (…)” (sic) (see the report rendered under oath by the Mayor of the Municipality of Aserrí, added to the digital file).
3. On 3 July 2025, the initial order of the amparo action was notified to the Municipality of Aserrí (see the notification certificate, added to the digital file).
4. By 4 July 2025, it was determined that the drinking water supply service was not suspended (see the official document signed by the Director of Environmental Management of the Municipality of Aserrí, added to the digital file).
III.- Regarding the right to drinking water, the possibility of charging, and disconnection for delinquency of the last month. The Constitutional Chamber, in judgment No. 2021-013281 at 09:30 a.m. on 11 June 2021, explained the following regarding the right to drinking water, the possibility of charging, and delinquency of the last month; although it is related to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), it is fully applicable to the rest of the providers of this essential public service (including municipalities):
“(…) This Tribunal has recognized, in its jurisprudence, that the right to health and to life are fundamental human rights that depend on access to drinking water and that the competent bodies have the inescapable responsibility to ensure that society, as a whole, does not see these diminished. Indeed, there is a fundamental right to the supply of drinking water, derived from the fundamental rights to health, life, a healthy environment, food, and decent housing, among others, as has also been recognized in international Human Rights instruments applicable in Costa Rica: thus, it explicitly appears in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (art. 14) and the Convention on the Rights of the Child (art. 24); furthermore, it is enunciated in the International Conference on Population and Development of Cairo (principle 2), and it is declared in numerous other instruments of International Humanitarian Law. In our Inter-American System of Human Rights, the country is particularly obligated in this matter by the provisions of Article 11.1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights ("Protocol of San Salvador" of 1988), which provides that: "Article 11. Right to a healthy environment 1. Everyone shall have the right to live in a healthy environment and to have access to basic public services." Furthermore, recently, the UN Committee on Economic, Cultural and Social Rights reiterated that having water is a human right which, besides being essential for leading a healthy life, is a requirement for the realization of all other human rights. From the foregoing regulatory framework, a series of fundamental rights derive, linked to the State's obligation to provide basic public services, which imply, on the one hand, that people cannot be illegitimately deprived of them, but that, as in the case of drinking water, the ownership of an enforceable right cannot be upheld for any individual so that the State supplies them with the public drinking water service, immediately and wherever they may be, but rather, in the manner provided in the same Protocol of San Salvador, this class of rights obligates the States to adopt measures, as provided in the first article of the same Protocol: 'The States Parties to this Additional Protocol to the American Convention on Human Rights undertake to adopt the necessary measures, both domestically and through cooperation among the States, especially economic and technical, to the maximum extent of their available resources and taking into account their degree of development, in order to achieve progressively, and in accordance with domestic legislation, the full effectiveness of the rights recognized in this Protocol.' From this, it cannot be interpreted that this fundamental right to public services lacks concrete enforceability; on the contrary, when the State reasonably must provide them, the rights holders can demand it and the public administrations or, where applicable, the private parties that provide them in their place, cannot take refuge in alleged resource deficiencies, which has been the secular public excuse to justify the non-fulfillment of their duties” (see Judgment N° 4654-2003 at 3:44 p.m. on 27 May 2003). From the foregoing, it is inferred that the so-called fundamental right to water must be granted to all people, which implies that all individuals have the possibility of accessing, under conditions of equality, drinking water services, given that it is essential for human life and health.
-Although the drinking water service is a public service classified as a fundamental right, the truth is that this provision is onerous, and the State, through institutions such as the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, as well as the administrative associations of water supply and sewer systems and the municipalities that provide the drinking water supply service, has the power to regulate the service and demand requirements, among which the obligation to be up to date with the corresponding payment for said provision can be mentioned. In other words, the supply of drinking water is necessary for the protection of the right to life and health of people, which implies the possibility of demanding that the State guarantee said right; however, since it is not provided free of charge, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados can proceed to disconnect the drinking water supply service for current delinquency, provided that minimum requirements and guarantees are met (see judgments N° 2007-013310 at 10:57 a.m. on 14 September 2007, N° 2017-009021 at 2:00 p.m. on 16 June 2017, and N°2020-023372 at 09:05 a.m. on 4 December 2020).
-Now, as this Chamber has resolved through vote number 2020-005163 at 09:45 a.m. on 13 March 2020, and repeatedly ratified, the suspension of water service proceeds only for the lack of timely payment of the last monthly amount, since the previous months that are owed must be charged, separately, through the corresponding legal channel. The disconnection only proceeds for the lack of timely payment of the last monthly amount, since those owed for previous months constitute an obligation that can be charged separately, but whose non-payment does not authorize the interruption of the service (in this regard, see judgments 929-92 at fifteen fifty-five on eight April nineteen ninety-two; 6214-98 at ten zero-nine on twenty-eight August nineteen ninety-eight; and, 5818-96 at seventeen forty-eight on thirty October nineteen ninety-six; judgment No. 9413-00 and reiterated in No. 12814-01) (…)” (emphasis not from the original).
IV.- Regarding the suspension of drinking water supply for delinquency, and the installation of a public standpipe (fuente pública). In this regard, this Constitutional Chamber, in judgment No. 2020-17717 at 09:20 a.m. on 18 September 2020, indicated the following:
“(…) Under similar conditions to the facts under study here, this Chamber by resolution 2019021906, the following (sic):
“Now, taking into consideration the cited precedent, while the suspension of water service due to the existence of a debt is reasonable, such fact must be accompanied by the installation of a public standpipe (fuente pública) within no more than 50 meters; the foregoing to safeguard the right of the protected person to access drinking water. In this regard, the Chamber, through judgment no. 2018-004812 at 9:30 a.m. on 23 March 2018, resolved:
“V. Without prejudice to the foregoing, this Tribunal has established the need that if it is going to proceed to suspend the regular supply, the company or entity in charge must leave available to the interested party a public standpipe (fuente pública) within 50 meters, where they can obtain the vital liquid, since with the right to Health at stake, derived from Article 21 of the Political Constitution, the drinking water service must be within the reach of every person (judgment 2003-01185 at nine forty in the morning of fourteen February two thousand three). In other words, when due to non-payment the drinking water supply is interrupted to domestic consumers, it is necessary for the user to have a free supply source, which is the public standpipe (fuente pública) and accessible so that with reasonable diligence on their part, they can obtain supplies for their minimum activities (in that sense see judgment N° 2017-16420 at 09:15 hrs. on 13 October 2017)” (…)” (emphasis not from the original).
In judgment No. 2022-022100 at 09:20 a.m. on 23 September 2022, this Tribunal reaffirmed:
“(…) the installation of the public standpipe (fuente pública) is appropriate when the suspended service is of a home or domestic character, and not for commercial establishments or those lacking that domestic condition; the foregoing also applies to access to drinking water (…)” (sic) (emphasis not from the original).
V.- Regarding the specific case. In the sub examine, it was proven that on 25 June 2025, the following occurred regarding the protected person and her home: “(…) the drinking water service was suspended due to non-payment and not for non-payment of taxes (…) this suspension of service is not carried out arbitrarily but in compliance with the provisions of article 29 of the Reglamento para la Operación y Administración del Acueducto de la Municipalidad de Aserrí (…) Although the municipality was going to proceed with the installation of the public standpipe (fuente pública), it was not necessary, since when the municipal staff arrived at the site, after speaking with Mrs. Nombre01, they recommended she request the forgiveness (condonación) of the debt, for apparently meeting the requirements established in the Reglamento a la Ley 10359 de Apoyo Municipal para Adultos Mayores en Pobreza. Due to the foregoing, and since at that very moment the claimant appeared at the municipality, and the benefit was applied to her, and the service was immediately restored (…)” (sic) (emphasis not from the original). By 4 July 2025, it was determined that the drinking water supply service was not suspended.
VI.- Based on the foregoing, it can be concluded: a) the drinking water service was suspended for non-payment thereof, not for a tax debt; and b) the suspension was carried out momentarily, while the amparo claimant completed the procedure for forgiveness (condonación) of what she owed (the service was restored immediately, after the steps were concluded).
VII.- It is clarified to the claimant that it is not for this Constitutional Chamber to determine whether or not she should be charged the debt she states she has, for municipal taxes. The foregoing exceeds both the summary nature of the amparo action and the competence of this Tribunal, defined in the Law and the Political Constitution itself. Any discussion in this regard must be presented and resolved either before the territorial corporation itself, or in the corresponding ordinary jurisdictional venue.
VIII.- Conclusion. Under this set of circumstances, the amparo action becomes inadmissible, and must be so declared.
IX.- Documentation provided to the file. The parties are warned that if any paper document has been provided, as well as objects or evidence contained on any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Supreme Court en banc in session N° 27-11 of 22 August 2011, article XXVI and published in the Judicial Bulletin number 19 of 26 January 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session N° 43-12 held on 3 May 2012, article LXXXI.
Therefore:
The action is declared without merit.
Fernando Castillo V.
President
Fernando Cruz C.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
Jose Roberto Garita N.
Digitally Signed Document
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26D474BJNZC061
EXPEDIENTE N° 25-018560-0007-CO
Telephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. South of the church of Perpetuo Socorro).
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SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República