Res. 23112-2025 Sala Constitucional — Clandestine dump in San Ramón and the right to healthBotadero clandestino en San Ramón y derecho a la salud

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Sala Constitucional

Resolución Nº 23112 - 2025

Fecha de la Resolución: 24 de Julio del 2025 a las 09:20

Expediente: 24-033314-0007-CO

Redactado por: Fernando Cruz Castro

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 24-033314-0007-CO

Res. Nº 2025023112

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veinticuatro de julio de dos mil veinticinco .

 Recurso de amparo que se tramita en el expediente número CED01, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED02, Nombre02, cédula de identidad CED03, Nombre03, cédula de identidad CED04, Nombre04, cédula de identidad CED05, Nombre05, cédula de identidad CED06, contra la MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN Y EL MINISTERIO DE SALUD.

RESULTANDO:

1.- Por escrito recibido en esta Sala a las 12:35 hrs. del 26 de noviembre de 2024, las recurrentes interponen recurso de amparo y exponen que, son vecinas de San Ramón. Señalan que el 11 de septiembre de 2024 presentaron denuncias por contaminación ambiental ante la Municipalidad de San Ramón y el Área Rectora de Salud de San Ramón, ya que existe un botadero de basura clandestino ubicado en Alajuela, San Ramón, 100 metro al norte y 1 kilómetro al este de la antigua Romana de Copán, en la antigua Dirección01, que genera malos olores y está lleno de ratas y cucarachas, lo que pone en peligro la salud de los vecinos. Agregan que en dichas gestiones solicitaron que se realizara una inspección del sitio. Sin embargo, acusan que, a la fecha de interposición del presente de recurso, no han obtenido respuesta ni tampoco solución al problema denunciado.   

2.- Mediante auto de las 09:00 hrs. del 06 de diciembre de 2024 se cursó el presente recurso y se notificó a las autoridades recurridas el 9 de diciembre de 2024.

3.- Por escrito presentado el 12 de diciembre de 2024, informa bajo juramento ANA YANCY MÉNDEZ BARRIENTOS, en condición de Jefe del Área Rectora de Salud de San Ramón, que: “(…) 1. En atención a la denuncia D-SR-257-2024, el día 9 de diciembre de 2024, se realizó una inspección en el sitio reportado, conforme consta en el Informe DRRSCO-DARS-SR-RS-NAZ-3790-2024. Durante la visita, se constató la existencia de acumulación de residuos sólidos compuestos por restos de construcción, llantas, muebles, electrodomésticos en mal estado y otros desechos. Asimismo, se observó evidencia de quemas ilegales en la zona 2. Se concluye que el lugar es utilizado como botadero clandestino debido a su baja circulación y falta de control. Durante la inspección, "se constató la acumulación de residuos sólidos, como restos de construcción, llantas, muebles y electrodomésticos en mal estado, así como zonas donde se lleva a cabo quema ilegal de estos materiales." Esto representa un riesgo sanitario y ambiental significativo para los vecinos.3. En conjunto con la Municipalidad de San Ramón, se coordinó la programación de la limpieza del sitio, la cual está prevista para la semana del 16 al 22 de diciembre de 2024. Además, se giró la Orden Sanitaria OS-NAZ-1606-2023 a la Municipalidad, en la cual se establece que "deberá retirar los residuos sólidos encontrados en el botadero clandestino ubicado en Dirección02 en el distrito de Piedades Norte, y colocar rótulos sobre ‘Prohibido botar basura’ a lo largo de dicha calle."4. Así entonces, en cumplimiento de la Ley General de Salud (artículos 1, 4, 355 y 356) y la Ley para la Gestión Integral de Residuos (artículo 8), se han tomado las medidas necesarias para mitigar el impacto ambiental y sanitario. Entre las acciones emprendidas, "se realizó una inspección en el sitio denunciado el día 9 de diciembre de 2024, confirmándose la presencia de residuos sólidos tales como llantas, muebles y restos de construcción, así como evidencias de quema ilegal. También se giró una orden sanitaria a la Municipalidad de San Ramón para retirar los desechos y colocar rótulos que prohíban botar basura en el área" (…)”. Solicita que se declare sin lugar el recurso.

 4.- Por escrito presentado el 12 de diciembre de 2024, informa bajo juramento MARÍA GABRIELA JIMÉNEZ CORRALES, en condición de Alcalde de la Municipalidad de San Ramón, que: “(…) Primero: es crucial informar a su Autoridad que, a partir del año 2024, hubo un cambio en la Administración municipal. Esto implica un período de adaptación para familiarizarse con todos los procesos en trámite. Además, las Comisiones han cambiado sus integrantes, quienes deben conocer cada caso para poder reactivarlos o continuar con su tramitación. Segundo: es cierto que esta Alcaldía recibió la denuncia mencionada. Sin embargo, debido a la limitada disponibilidad de maquinaria y personal operativo, y considerando las emergencias que afectaron a nuestro cantón durante el cierre de la temporada lluviosa, no fue posible atender la situación en el momento por completo, sin embargo si se realizaron algunas acciones como se dirá más adelante. Actualmente, bajo circunstancias más favorables, se ha procedido a atender lo solicitado, y se ha notificado la respuesta al correo indicado por la Recurrente, como se evidencia en la siguiente imagen: “Buenas tardes con indicaciones de la Alcaldía me permito remitir oficio MSR-AM-GM-DDU-SMA-217-2024, dando respuesta a Denuncia ambiental: por la contaminación ambiental con residuos sólidos y líquidos que generan mal olores, esto es un botadero clandestino ubicado en San Ramón de Alajuela.” Tercero: siendo que uno de los objetivos de esta Administración es mitigar el daño ambiental y generar un ambiente sano para los munícipes, es que se les indica al Departamento de Servicios Municipales y Ambientales, que se atienda la situación denunciada, el señor Allan Artavia Jiménez, Encargado de dicho Departamento, mediante Oficio MSR-AM-GM-DDU-SMA-217-2024, brinda el siguiente informe: “En atención al recurso de amparo Exp. N°24-033314-0007-CO, interpuesta por la señora Nombre01 y otros contra el Ministerio de Salud y la Municipalidad de San Ramón. Donde se hace referencia a contaminación ambiental generado por botadero clandestino, en el antiguo camino a Piedades Norte. Como responsable de la Unidad de Servicios Municipales Ambientales, me permito indicar lo siguiente. “PRIMERO: Que el día 09 de diciembre de 2024, atendiendo solicitud del Área Rectora de Salud de San Ramón, visitamos en conjunto el antiguo camino a Piedades Norte (código 202151), específicamente en el tramo ubicado detrás de la urbanización Las Lomas, dentro de las coordenadas CRTM05 447484/ 1117183 SEGUNDO: Que en el punto antes señalado, encontramos una importante cantidad de residuos sólidos, en su gran mayoría residuos no tradicionales, los cuales fueron depositados ilegalmente en la superficie de ruedo y derecho de vía de esta calle pública, aprovechando que en el lugar no hay viviendas cerca y que el sitio muy solitario. TERCERO: Que el día 10 de diciembre de 2024, en compañía del funcionario municipal Alex Martín Orozco Montero, jefe de cuadrilla del servicio de Aseo de Vías, visitemos el lugar antes señalado, con el propósito de coordinar las labores de limpieza del sitio. En el lugar se tomó la decisión de intervenir el lugar el día 11 de diciembre de 2024, para lo cual se coordino (SIC) con los funcionarios Municipales Carlos Abarca Mora, jefe de cuadrilla del Centro de Transferencia de Residuos Ordinarios municipal y Ruben Gamboa Parajeles encargado del Departamento de Obra Pública, para el préstamo de una Backhoe y una Vagoneta, que nos permitiera cargar y trasladar los residuos hasta el centro de transferencia de residuos municipal, donde los mismo serían transferidos a las carretas donde se traslada estos al relleno sanitario para su disposición final. CUARTO: Que el día 11 de diciembre de 2024, al ser las 7:00 am, dieron inicio las labores de limpieza del sitio, trabajos que se espera queden concluidos el día 12 de diciembre, debido la cantidad de residuos acumulado en el lugar (ver anexos). Por otra parte, considero importante señalar: 1. Que previo a esta denuncia, durante este año la Municipalidad ya había intervenido este lugar en una ocasión, específicamente el 11 de abril del presente año, por la misma razón que se está atendiendo actualmente. (ver anexos) 2. Que la Municipalidad de San Ramón colocó en el lugar un rótulo de advertencia sobre el depósito de residuos en el lugar, el cual fue sustraído días después de ser colocado en el lugar. (ver anexos) 3. Que el problema de acumulación de residuos sólidos existente en el lugar, ya había sido detectado por el personal municipal. Sin embargo no se había podido atender con anterioridad esta situación, debido a las condiciones climáticas que enfrentó el país en los meses de octubre y noviembre, los cuales también afectaron el cantón.” (…)”. Solicita que se declare sin lugar el recurso.

5.- En la substanciación de este proceso se han observado las prescripciones de ley.

 Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,

Considerando:

 I.- DE PREVIO. De previo a analizar el fondo del asunto –por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido– debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos, pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o por las leyes sectoriales relativas a los procedimientos administrativos especiales, tanto para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– como para conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una denuncia interpuesta ante la Municipalidad de San Ramón por un problema contaminación. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.

II.- OBJETO DEL RECURSO. Las recurrentes interponen recurso de amparo y exponen que, son vecinas de San Ramón. Señalan que el 11 de septiembre de 2024 presentaron denuncias por contaminación ambiental ante la Municipalidad de San Ramón y el Área Rectora de Salud de San Ramón, ya que existe un botadore de basura clandestino ubicado en Alajuela, San Ramón, 100 metro al norte y 1 kilómetro al este de la antigua Romana de Copán, en la antigua Dirección01, que genera malos olores y está lleno de ratas y cucarachas, lo que pone en peligro la salud de los vecinos. Agregan que en dichas gestiones solicitaron que se realizara una inspección del sitio. Sin embargo, acusan que, a la fecha de interposición del presente de recurso, no han obtenido respuesta ni tampoco solución al problema denunciado.  

III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:

1.    El 11 de septiembre de 2024, las recurrentes interpusieron una denuncia por contaminación ambiental ante la Municipalidad de San Ramón y el Área Rectora de Salud de San Ramón, por la existencia de un botadero clandestino en la zona de Piedades Norte (ver documentación e informe rendido bajo fe de juramento).

2.    Previo a la denuncia, la Municipalidad recurrida había detectado el problema e intervino la zona el 11 de abril de 2024, ocasión en la que se instaló un rótulo de advertencia sobre el depósito de residuos, que fue sustraído días después de ser colocado (ver informe rendido bajo fe de juramento).

3.    Mediante auto de las 09:00 hrs. del 06 de diciembre de 2024 se cursó el presente recurso y se notificó a las autoridades recurridas el 09 de diciembre de 2024 (los autos).

4.    El 09 de diciembre de 2024, atención a la denuncia D-SR-257-2024 de las recurrentes, las Autoridades recurridas realizaron, en conjunto, una inspección en el sitio reportado, donde se constató la existencia de acumulación de residuos sólidos y líquidos, así como quemas ilegales en la zona, por lo que se concluyó que el lugar era utilizado como botadero clandestino que representa un riesgo sanitario y ambiental. Por tratarse de una denuncia confidencial, no se indicó medio para escuchar notificaciones (ver prueba e informe rendido bajo fe de juramento).

5.    El 10 de diciembre de 2024, funcionarios de la Municipalidad recurrida visitaron la zona afectada, con el propósito de coordinar las labores de limpieza del sitio, y se tomó la decisión de intervenirlo el 11 de diciembre de 2024 (ver informe rendido bajo fe de juramento).

6.    El 11 de diciembre de 2024, dieron inicio las labores de limpieza del sitio reportado (ver informe rendido bajo fe de juramento).

7.    Con ocasión al presente recurso, mediante oficio MSR-AM-GM-DDU-SMA-217-2024, remitido vía correo electrónico a las recurrentes el 11 de diciembre de 2024, la Municipalidad recurrida da respuesta a la denuncia ambiental interpuesta (ver informe rendido bajo fe de juramento).

8.    En conjunto, las autoridades recurridas programaron la limpieza del sitio para la semana del 16 al 22 de diciembre de 2024, y se giró la Orden Sanitaria OS-NAZ-1606-2023 a la Municipalidad recurrida, la cual establece que esta “deberá retirar los residuos sólidos encontrados en el botadero clandestino ubicado en la Dirección02 en el distrito de Piedades Norte, y colocar rótulos sobre ´Prohibido botar basura´ a lo largo de dicha calle” (ver informe rendido bajo fe de juramento).

9.    El Área Rectora de Salud de San Ramón, en seguimiento de la orden sanitaria DRRSCO-DARS-SR-RS-OS-NAZ-3791-2024, realizó una inspección en el área el 19 de diciembre de 2024, y evidenció que la Municipalidad de San Ramón también realizó limpieza a las cunetas o caños cercanos, ya que se observaron sin residuos (ver prueba agregada a los autos).

 

IV.- SOBRE EL DERECHO A LA SALUD Y A DISFRUTAR DE UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. La salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos constitucionalmente en los artículos 21, 50, 73 y 89 de la Constitución Política, así como en diversos Convenios Internacionales. En este sentido, este Tribunal Constitucional, en la sentencia No. 1993-3705, indicó lo siguiente:

“(...) La calidad ambiental es un parámetro de esa calidad de vida; otros parámetros no menos importantes son salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, etc., pero más importante que ello es entender que si bien el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, también tiene en deber de protegerlo y preservarlo para el uso de las generaciones presentes y futuras, lo cuál no es tan novedoso, porque no es más que la traducción a esta materia del principio de la "lesión", ya consolidado en el derecho común, en virtud del cuál el legítimo ejercicio de un derecho tiene dos límites esenciales: Por un lado, los iguales derechos de los demás y, por el otro, el ejercicio racional y el disfrute útil del derecho mismo (...)".

Asimismo, existe una obligación del Estado de proteger el ambiente que se encuentra contemplada, expresamente, en el párrafo segundo, del artículo 50 de la Constitución Política, que dispone en lo conducente:

"(...) Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado (...)".

En relación con lo expuesto, esta Sala, mediante sentencia No. 1998-1808 consideró:

"(...) el Estado no solo tiene la responsabilidad ineludible de velar para que la salud de cada una de las personas que componen la comunidad nacional, no sufra daños por parte de terceros, en relación a estos derechos, sino que, además, debe asumir la responsabilidad de lograr las condiciones sociales propicias a fin de que cada persona pueda disfrutar de su salud, entendido tal derecho, como una situación de bienestar físico, psíquico (o mental) y social (…)".

En ese contexto la normativa infraconstitucional desarrolla este derecho y, la Ley General de Salud autoriza al Ministerio de Salud para tomar las medidas sanitarias e imponer las sanciones correspondientes con el fin de proteger el ambiente y el derecho a la salud de las personas. De modo que los derechos establecidos en los artículos 21 y 50 constitucionales, constriñen al Estado no solo a reconocerlos como tales, sino además, lo conmina a utilizar los medios, material y jurídicamente legítimos para garantizarlos.

V.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal acredita la lesión a los derechos fundamentales de la parte amparada. De los informes rendidos por los representantes de las autoridades recurridas -que se tienen dados bajo juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto ha sido debidamente acreditado que, el 11 de septiembre de 2024, las recurrentes interpusieron una denuncia por contaminación ambiental ante la Municipalidad de San Ramón y el Área Rectora de Salud de San Ramón, por la existencia de un botadero clandestino en la zona de Piedades Norte. Previo a la denuncia, la Municipalidad recurrida había detectado el problema e intervino la zona el 11 de abril de 2024, ocasión en la que se instaló un rótulo de advertencia sobre el depósito de residuos, que fue sustraído días después de ser colocado. Luego de la notificación del auto de curso de este proceso de amparo, el 09 de diciembre de 2024, en atención a la denuncia D-SR-257-2024 de las recurrentes, las Autoridades recurridas realizaron, en conjunto, una inspección en el sitio reportado, donde se constató la existencia de acumulación de residuos sólidos y líquidos, así como quemas ilegales en la zona, por lo que se concluyó que el lugar era utilizado como botadero clandestino que representa un riesgo sanitario y ambiental. El 10 de diciembre de 2024, funcionarios de la Municipalidad recurrida visitaron la zona afectada, con el propósito de coordinar las labores de limpieza del sitio, y se tomó la decisión de intervenirlo el 11 de diciembre de 2024. El 11 de diciembre de 2024, dieron inicio las labores de limpieza del sitio reportado. Adicionalmente, se constató que, mediante oficio MSR-AM-GM-DDU-SMA-217-2024, remitido vía correo electrónico a las recurrentes el 11 de diciembre de 2024, la Municipalidad recurrida da respuesta a la denuncia ambiental interpuesta. En conjunto, las autoridades recurridas programaron la limpieza del sitio para la semana del 16 al 22 de diciembre de 2024, y se giró la Orden Sanitaria OS-NAZ-1606-2023 a la Municipalidad recurrida, la cual establece que esta “deberá retirar los residuos sólidos encontrados en el botadero clandestino ubicado en la Dirección02 en el distrito de Piedades Norte, y colocar rótulos sobre ´Prohibido botar basura´ a lo largo de dicha calle”. Finalmente, el Área Rectora de Salud de San Ramón, en seguimiento de la orden sanitaria DRRSCO-DARS-SR-RS-OS-NAZ-3791-2024, realizó una inspección en el área el 19 de diciembre de 2024, y evidenció que la Municipalidad de San Ramón también realizó limpieza a las cunetas o caños cercanos, ya que se observaron sin residuos.

De la base fáctica accionada se tiene que, la Municipalidad de San Ramón demostró haber tomado medidas para atender la solicitud de los denunciantes. No obstante, es evidente que dichas acciones fueron ejecutadas de manera tardía, ya que las gestiones iniciales datan de septiembre de 2024 y no se concretaron medidas hasta que fue notificado el auto de curso de este proceso. Por lo anterior, se debe estimar este proceso de conformidad con lo indicado en la parte dispositiva de esta sentencia. De otra parte, las autoridades accionadas del Ministerio de Salud, si bien atendieron la denuncia recibida el 09 de diciembre de 2024 y emitieron las órdenes de salud correspondiente, deben tener presente que en todo momento se exige la vigilancia de la comunidad sobre este tipo de problemas. Adicionalmente, se constató que, por tratarse de una denuncia confidencial, no se indicó medio para escuchar notificaciones. Consecuentemente, se debe estimar el presente proceso, tal como se indica en la parte dispositiva de esta sentencia. Debe recordarse a las autoridades accionadas que, la demora en la ejecución de las medidas solicitadas por los denunciantes, especialmente en lo que respecta a la limpieza y mantenimiento de un terreno que se ha convertido en botadero, constituye una afectación al derecho fundamental a la salubridad pública y al ambiente sano, tal como lo establece el artículo 50 de la Constitución Política. Los recurrentes se vieron obligados a interponer diversas gestiones y denuncias ante las autoridades para obtener una respuesta adecuada, lo que evidencia una deficiencia en la actuación oportuna por parte de la Municipalidad accionada, así como, por parte del Ministerio de Salud. Por lo expuesto, este Tribunal concluye que, si bien las autoridades recurridas han actuado para resolver los problemas expuestos por los recurrentes, la tardanza en la implementación de las medidas constituye una vulneración de los derechos fundamentales protegidos por el recurso de amparo. En consecuencia, se acoge el recurso de amparo interpuesto, con el fin de que las autoridades recurridas continúen realizando una vigilancia y un mantenimiento periódico y adecuado y se asegure la protección de los derechos fundamentales de los recurrentes y de los ciudadanos en general. Ahora bien, dado que las autoridades accionadas resolvieron la gestión de la recurrente estando el trámite este proceso, se acoge el recurso de conformidad con lo indicado en el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, según lo indicado en la parte dispositiva de la presente resolución y los siguientes considerandos.

VI.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.

VII.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA.

Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.

La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:

“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:

“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.

En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.

Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.

El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.

En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaramos.

Como razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estimamos los suscritos que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables. A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente:

“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”.

Es claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a nuestro juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados. Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria. Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio. Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada. Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externo mi voto y reitero que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios.

VIII.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.

Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es de carácter indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de estos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya dictado la condenatoria en abstracto, no se han ocasionado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.

Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.

En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.

IX.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

X.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la recurrente denuncia que el Ministerio de Salud no le ha dado seguimiento ni resuelto la problemática que les aqueja desde hace varios años, en relación con el funcionamiento de un botadero clandestino a cielo abierto en su localidad, por lo que la inacción de esa autoridad pone en riesgo la salud de los habitantes de la comunidad y provoca problemas de contaminación.

XI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara CON LUGAR el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas. El Magistrado Castillo pone nota. El magistrado Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese.-

 

 

 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 SZ9WSD0V1ME61

EXPEDIENTE N° 24-033314-0007-CO

 

Teléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección03, Dirección04, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:52:41.

SCIJ de Hacienda
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Constitutional Chamber

Resolution No. 23112 - 2025

Date of Resolution: July 24, 2025, at 09:20

Case File: 24-033314-0007-CO

Drafted by: Fernando Cruz Castro

Type of Matter: Amparo action

Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER





Text of the resolution

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Case File: 24-033314-0007-CO

Res. No. 2025023112

 

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and twenty minutes on July twenty-fourth, two thousand twenty-five.

 Amparo action processed under case file number CED01, filed by Nombre01, identity card CED02, Nombre02, identity card CED03, Nombre03, identity card CED04, Nombre04, identity card CED05, Nombre05, identity card CED06, against the MUNICIPALITY OF SAN RAMÓN AND THE MINISTRY OF HEALTH.

WHEREAS:

1.- Through a written submission received by this Chamber at 12:35 hrs. on November 26, 2024, the petitioners file an amparo action and state that they are residents of San Ramón. They indicate that on September 11, 2024, they filed complaints for environmental contamination with the Municipality of San Ramón and the Health Governing Area (Área Rectora de Salud) of San Ramón, given the existence of a clandestine garbage dump located in Alajuela, San Ramón, 100 meters north and 1 kilometer east of the old Romana de Copán, on the old Dirección01, which generates foul odors and is full of rats and cockroaches, endangering the health of the residents. They add that in those proceedings they requested an inspection of the site. However, they claim that, as of the date of filing this action, they have not received a response or a solution to the reported problem.

2.- By order issued at 09:00 hrs. on December 6, 2024, this action was processed, and the respondent authorities were notified on December 9, 2024.

3.- Through a written submission presented on December 12, 2024, ANA YANCY MÉNDEZ BARRIENTOS, in her capacity as Head of the Health Governing Area of San Ramón, reports under oath that: “(…) 1. In response to complaint D-SR-257-2024, on December 9, 2024, an inspection was conducted at the reported site, as evidenced in Report DRRSCO-DARS-SR-RS-NAZ-3790-2024. During the visit, the existence of an accumulation of solid waste consisting of construction debris, tires, furniture, appliances in poor condition, and other waste was verified. Additionally, evidence of illegal burning was observed in the area. 2. It is concluded that the place is used as a clandestine dump due to its low traffic and lack of control. During the inspection, “the accumulation of solid waste, such as construction debris, tires, furniture, and appliances in poor condition, was verified, as well as areas where illegal burning of these materials takes place.” This represents a significant health and environmental risk for the residents. 3. In conjunction with the Municipality of San Ramón, the scheduling of the site cleanup was coordinated, which is scheduled for the week of December 16 to 22, 2024. In addition, Sanitary Order OS-NAZ-1606-2023 was issued to the Municipality, which establishes that “it must remove the solid waste found in the clandestine dump located on Dirección02 in the district of Piedades Norte, and place signs stating ‘No Dumping’ along said road.” 4. Thus, in compliance with the General Health Law (articles 1, 4, 355, and 356) and the Law for Integrated Waste Management (article 8), the necessary measures have been taken to mitigate the environmental and health impact. Among the actions undertaken, “an inspection was conducted at the denounced site on December 9, 2024, confirming the presence of solid waste such as tires, furniture, and construction debris, as well as evidence of illegal burning. A sanitary order was also issued to the Municipality of San Ramón to remove the waste and place signs prohibiting dumping in the area” (…)”. She requests that the action be dismissed.

4.- Through a written submission presented on December 12, 2024, MARÍA GABRIELA JIMÉNEZ CORRALES, in her capacity as Mayor of the Municipality of San Ramón, reports under oath that: “(…) First: it is crucial to inform your Authority that, starting in 2024, there was a change in the municipal Administration. This implies a period of adaptation to become familiar with all ongoing processes. In addition, the Committees have changed their members, who must become acquainted with each case in order to reactivate or continue their processing. Second: it is true that this Mayor's Office received the mentioned complaint. However, due to the limited availability of machinery and operational personnel, and considering the emergencies that affected our canton during the closing of the rainy season, it was not possible to fully address the situation at that time, although some actions were indeed taken, as will be detailed below. Currently, under more favorable circumstances, we have proceeded to address what was requested, and the response has been notified to the email address indicated by the Petitioner, as evidenced in the following image: “Good afternoon, with instructions from the Mayor's Office, I am forwarding official letter MSR-AM-GM-DDU-SMA-217-2024, responding to the Environmental Complaint: for environmental contamination with solid and liquid waste generating foul odors, this being a clandestine dump located in San Ramón de Alajuela.” Third: given that one of the objectives of this Administration is to mitigate environmental damage and generate a healthy environment for the residents, the Department of Municipal and Environmental Services was instructed to address the denounced situation. Mr. Allan Artavia Jiménez, Head of said Department, through Official Letter MSR-AM-GM-DDU-SMA-217-2024, provides the following report: “In response to amparo action Case No. 24-033314-0007-CO, filed by Mrs. Nombre01 and others against the Ministry of Health and the Municipality of San Ramón. Reference is made to environmental contamination generated by a clandestine dump, on the old road to Piedades Norte. As the person responsible for the Municipal Environmental Services Unit, I am pleased to indicate the following. “FIRST: That on December 9, 2024, at the request of the Health Governing Area of San Ramón, we jointly visited the old road to Piedades Norte (code 202151), specifically the section located behind the Las Lomas residential development, within the coordinates CRTM05 447484/ 1117183. SECOND: That at the aforementioned point, we found a significant amount of solid waste, the vast majority being non-traditional waste, which had been illegally deposited on the running surface and right-of-way (derecho de vía) of this public road, taking advantage of the fact that there are no homes nearby and the site is very isolated. THIRD: That on December 10, 2024, accompanied by municipal official Alex Martín Orozco Montero, crew chief of the Road Cleaning service, we visited the aforementioned place for the purpose of coordinating the site cleanup work. At the site, the decision was made to intervene on December 11, 2024, for which coordination was made (SIC) with municipal officials Carlos Abarca Mora, crew chief of the Municipal Ordinary Waste Transfer Center, and Ruben Gamboa Parajeles, head of the Department of Public Works, for the loan of a Backhoe and a Dump Truck, which would allow us to load and transfer the waste to the municipal waste transfer center, where it would then be transferred to the trailers that transport it to the sanitary landfill for final disposal. FOURTH: That on December 11, 2024, at 7:00 am, the site cleanup work began, work expected to be completed on December 12, due to the amount of waste accumulated at the site (see annexes). On the other hand, I consider it important to point out: 1. That prior to this complaint, during this year the Municipality had already intervened at this site on one occasion, specifically on April 11 of this year, for the same reason being addressed now. (see annexes) 2. That the Municipality of San Ramón placed a warning sign about waste disposal at the site, which was removed days after being placed. (see annexes) 3. That the problem of solid waste accumulation at the site had already been detected by municipal personnel. However, this situation could not be addressed previously due to the climatic conditions the country faced in the months of October and November, which also affected the canton.” (…)”. He requests that the action be dismissed.

5.- In the processing of this case, the prescriptions of law have been observed.

 Drafted by Magistrate Cruz Castro; and,

Considering:

 I.- PRELIMINARY MATTER. Before analyzing the merits of the matter – regarding the alleged violation of the right to a prompt and completed procedure – it must be clarified that, based on ruling No. 2008-02545 at 8:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred to the administrative contentious jurisdiction – with some exceptions – those matters in which it is disputed whether the public administration has complied or not with the deadlines, regulated by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or by the sectoral laws relating to special administrative procedures, both to resolve by final act an administrative procedure – initiated ex officio or at the request of a party – and to hear the corresponding administrative appeals. Precisely, in this case, an exception is presented, as we are dealing with a complaint filed with the Municipality of San Ramón regarding a contamination problem. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.

II.- OBJECT OF THE ACTION. The petitioners file an amparo action and state that they are residents of San Ramón. They indicate that on September 11, 2024, they filed complaints for environmental contamination with the Municipality of San Ramón and the Health Governing Area of San Ramón, given the existence of a clandestine garbage dump located in Alajuela, San Ramón, 100 meters north and 1 kilometer east of the old Romana de Copán, on the old Dirección01, which generates foul odors and is full of rats and cockroaches, endangering the health of the residents. They add that in those proceedings they requested an inspection of the site. However, they claim that, as of the date of filing this action, they have not received a response or a solution to the reported problem.

III.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited as such or because the respondent authority has omitted to refer to them, as provided in the initial order:

1. On September 11, 2024, the petitioners filed an environmental contamination complaint with the Municipality of San Ramón and the Health Governing Area of San Ramón, regarding the existence of a clandestine dump in the area of Piedades Norte (see documentation and report rendered under oath).

2. Prior to the complaint, the respondent Municipality had detected the problem and intervened in the area on April 11, 2024, at which time a warning sign about waste disposal was installed, which was removed days after being placed (see report rendered under oath).

3. By order issued at 09:00 hrs. on December 6, 2024, this action was processed, and the respondent authorities were notified on December 9, 2024 (the orders).

4. On December 9, 2024, in response to the petitioners' complaint D-SR-257-2024, the respondent Authorities jointly conducted an inspection at the reported site, where the existence of an accumulation of solid and liquid waste was verified, as well as illegal burning in the area, concluding that the place was used as a clandestine dump representing a health and environmental risk. Because it was a confidential complaint, no means for receiving notifications was provided (see evidence and report rendered under oath).

5. On December 10, 2024, officials of the respondent Municipality visited the affected area for the purpose of coordinating the site cleanup work, and the decision was made to intervene on December 11, 2024 (see report rendered under oath).

6. On December 11, 2024, the cleanup work at the reported site began (see report rendered under oath).

7. On the occasion of this action, via official letter MSR-AM-GM-DDU-SMA-217-2024, sent by email to the petitioners on December 11, 2024, the respondent Municipality responds to the environmental complaint filed (see report rendered under oath).

8. Jointly, the respondent authorities scheduled the site cleanup for the week of December 16 to 22, 2024, and Sanitary Order OS-NAZ-1606-2023 was issued to the respondent Municipality, which establishes that it “must remove the solid waste found in the clandestine dump located on Dirección02 in the district of Piedades Norte, and place signs stating ‘No Dumping’ along said road” (see report rendered under oath).

9. The Health Governing Area of San Ramón, in follow-up to sanitary order DRRSCO-DARS-SR-RS-OS-NAZ-3791-2024, conducted an inspection of the area on December 19, 2024, and evidenced that the Municipality of San Ramón also cleaned the nearby gutters or drainage ditches, as they were observed to be free of waste (see evidence added to the case file).

 

IV.- ON THE RIGHT TO HEALTH AND TO ENJOY A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. Public health and the right to a healthy and ecologically balanced environment are constitutionally recognized in articles 21, 50, 73, and 89 of the Political Constitution, as well as in various International Conventions. In this sense, this Constitutional Court, in ruling No. 1993-3705, indicated the following:

“(...) Environmental quality is a parameter of that quality of life; other no less important parameters are health, food, work, housing, education, etc., but more important than that is understanding that although man has the right to use the environment for his own development, he also has the duty to protect and preserve it for the use of present and future generations, which is not so novel, because it is nothing more than the translation to this area of the principle of \"injury\", already consolidated in common law, by virtue of which the legitimate exercise of a right has two essential limits: On one hand, the equal rights of others and, on the other, the rational exercise and useful enjoyment of the right itself (...)”.

Likewise, there is an obligation of the State to protect the environment which is expressly contemplated in the second paragraph of article 50 of the Political Constitution, which provides accordingly:

\"(...) Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are legitimized to denounce acts that infringe upon that right and to claim reparation for the damage caused (...)\".

In relation to the foregoing, this Chamber, through ruling No. 1998-1808, considered:

\"(...) the State not only has the unavoidable responsibility to ensure that the health of each individual person composing the national community does not suffer harm from third parties, in relation to these rights, but must also assume the responsibility of achieving the propitious social conditions so that each person can enjoy their health, understood as a situation of physical, mental (or psychological), and social well-being (...)\".

In that context, the infra-constitutional legislation develops this right, and the General Health Law authorizes the Ministry of Health to take sanitary measures and impose the corresponding sanctions in order to protect the environment and the right to health of individuals. Thus, the rights established in articles 21 and 50 of the Constitution constrain the State not only to recognize them as such, but also compel it to use materially and legally legitimate means to guarantee them.

V.- ON THE SPECIFIC CASE. After analyzing the evidentiary elements provided, this Court finds the violation of the fundamental rights of the protected party. From the reports rendered by the representatives of the respondent authorities - which are considered given under oath with the consequences, including criminal ones, provided for in article 44 of the Law governing this Jurisdiction - and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly proven that, on September 11, 2024, the petitioners filed an environmental contamination complaint with the Municipality of San Ramón and the Health Governing Area of San Ramón, regarding the existence of a clandestine dump in the area of Piedades Norte. Prior to the complaint, the respondent Municipality had detected the problem and intervened in the area on April 11, 2024, at which time a warning sign about waste disposal was installed, which was removed days after being placed. Following the notification of the order processing this amparo proceeding, on December 9, 2024, in response to the petitioners' complaint D-SR-257-2024, the respondent Authorities jointly conducted an inspection at the reported site, where the accumulation of solid and liquid waste was verified, as well as illegal burning in the area, concluding that the place was used as a clandestine dump representing a health and environmental risk. On December 10, 2024, officials of the respondent Municipality visited the affected area for the purpose of coordinating the site cleanup work, and the decision was made to intervene on December 11, 2024. On December 11, 2024, the cleanup work at the reported site began. Additionally, it was verified that, via official letter MSR-AM-GM-DDU-SMA-217-2024, sent by email to the petitioners on December 11, 2024, the respondent Municipality responded to the environmental complaint filed. Jointly, the respondent authorities scheduled the site cleanup for the week of December 16 to 22, 2024, and Sanitary Order OS-NAZ-1606-2023 was issued to the respondent Municipality, which establishes that it “must remove the solid waste found in the clandestine dump located on Dirección02 in the district of Piedades Norte, and place signs stating ‘No Dumping’ along said road”. Finally, the Health Governing Area of San Ramón, in follow-up to sanitary order DRRSCO-DARS-SR-RS-OS-NAZ-3791-2024, conducted an inspection of the area on December 19, 2024, and evidenced that the Municipality of San Ramón also cleaned the nearby gutters or drainage ditches, as they were observed to be free of waste.

From the factual basis of the action, it is clear that the Municipality of San Ramón demonstrated having taken measures to address the complainants' request. However, it is evident that said actions were executed in a tardy manner, given that the initial proceedings date back to September 2024 and measures were not finalized until after the order processing this proceeding was notified. Therefore, this proceeding must be granted in accordance with what is indicated in the operative part of this judgment. On the other hand, the respondent authorities of the Ministry of Health, although they addressed the complaint received on December 9, 2024, and issued the corresponding health orders, must keep in mind that community vigilance regarding these types of problems is required at all times. Additionally, it was verified that, because it was a confidential complaint, no means for receiving notifications was provided. Consequently, this proceeding must be granted, as indicated in the operative part of this judgment. The respondent authorities must be reminded that the delay in executing the measures requested by the complainants, especially concerning the cleaning and maintenance of a property that has become a dump, constitutes an infringement of the fundamental right to public health and a healthy environment, as established in article 50 of the Political Constitution. The petitioners were forced to file various proceedings and complaints with the authorities to obtain an adequate response, which evidences a deficiency in the timely action by the respondent Municipality, as well as by the Ministry of Health. Based on the foregoing, this Court concludes that, although the respondent authorities have acted to resolve the problems raised by the petitioners, the delay in implementing the measures constitutes a violation of the fundamental rights protected by the amparo action. Consequently, the amparo action filed is granted, in order for the respondent authorities to continue carrying out periodic and adequate surveillance and maintenance and to ensure the protection of the fundamental rights of the petitioners and of the citizens in general. Now, given that the respondent authorities resolved the petitioner's proceeding while this process was underway, the action is granted in accordance with what is indicated in article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction without special award of costs, damages, and losses, as indicated in the operative part of this resolution and the following considerations.

VI.- ON THE AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 52 OF THE LAW OF CONSTITUTIONAL JURISDICTION. Regarding the award of costs, damages, and losses in accordance with article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction. Upon better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the case at hand, in accordance with the provisions of paragraph 1 of article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (“If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the action shall be declared granted solely for the purposes of compensation and costs, if they are applicable”), the granting must be without a special award of costs, damages, and losses, based on the following considerations. Although there is express text in the law that obliges the operative part of the ruling to state that the action is declared granted when the grievance is resolved while the amparo is in progress, it is no less true that the same paragraph in fine states that the granting is dictated “solely for the purposes of compensation and costs, if they are applicable”. It is emphasized that the Law states “if they are applicable”, which means that the applicability or non-applicability of compensation and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Court. In cases such as this, the content of the claim of the protected person and the conduct of the respondent authority in acknowledging it suggest that the alleged detriments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of an evidently patrimonial nature (as would occur, for example, with an infringement of the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of article 51 of the same Law of Constitutional Jurisdiction, which stipulates that: “any resolution that grants the action shall award, in the abstract, compensation for the damages and losses caused and the payment of the costs of the action, and its liquidation shall be reserved for the execution of judgment,” where the possibility of assessing whether or not compensation and costs are applicable is not foreseen. The principles of Constitutional Law, Public Law, and General Procedural Law or, as applicable, International or Community Law, and further, in order, the General Law of Public Administration and the Contentious Administrative Procedural Code and other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Law of Constitutional Jurisdiction -cfr. article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in article 197 of the Contentious Administrative Procedural Code, which corresponds to procedural logic in any matter. In any case, the affected party in the case at hand retains the possibility of resorting, if they deem it appropriate, to a plenary proceeding to demonstrate that they have suffered some type of detriment. Based on the foregoing, it is the majority's criterion to resolve this action without awarding costs, damages, and losses.

VII.- PARTIAL DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO, SOLELY IN RELATION TO THE NON-AWARDING OF COSTS, DAMAGES, AND LOSSES AGAINST THE RESPONDENT PARTY.

Although I concur with the rest of the Chamber in declaring the action granted, I dissent from the majority's criterion insofar as it exempts the respondent party from being ordered to pay the costs, damages, and losses derived from the injury caused to the fundamental rights of the protected party.

The Law of Constitutional Jurisdiction, in article 52, provides that:

“If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the action shall be declared granted solely for the purposes of compensation and costs, if they are applicable”.

On the other hand, article 51 ibidem establishes that:

“...any resolution that grants the action shall award, in the abstract, compensation for the damages and losses caused and the payment of the costs of the action, and its liquidation shall be reserved for the execution of judgment”.

This latter norm establishes the general system regulating matters related to compensation and the payment of costs, which the majority calls the “natural or normal form of terminating the proceeding, where there is a ruling on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights…”.

In the majority's criterion, the cited article 51 regulates the cases in which the Chamber has considered the grievance proven; and, as a consequence, the need for awarding costs, damages, and losses arises. However, in the undersigned's judgment, from the systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Court finds an injury to a fundamental right and, therefore, declares the action granted, and in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights once it becomes aware of the amparo - a scenario contemplated in the referred article 52 -, by mandate of articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and unavoidable consequence is the sentencing of the infringer to compensate for the damages and losses caused and to pay the costs of the action. This rule is nothing more than the recognition, to the party that has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the infringing authorities; and, as a deterrent, so that the State does not incur again in the actions that gave rise to the granting of the action, a matter regulated in article 50 of the law governing this jurisdiction.

Thus, whether the Chamber has deemed the grievance proven and has proceeded to examine the merits of the matter, or whether the violation has ceased by decision of the respondent authority itself, once it became aware of the processing of the amparo, with restitution in the enjoyment of fundamental rights in favor of the aggrieved party (Article 52), in any of those scenarios, the imperative need arises for an award of costs, damages, and losses (costas, daños y perjuicios) against the infringer, the basis of which lies in the principles of protection of the rights of individuals and in the principle that the Administration must be held responsible for the damages and losses it causes through its unconstitutional conduct.

Thus, the fact that, at the time the amparo is heard and granted, the effects of the challenged act had already ceased, under the terms set forth in Articles 50 and 52 of the cited law, does not vitiate the appropriateness of the award of costs, damages, and losses (costas, daños y perjuicios), as such a case forms an integral part of the general system of mandatory condemnation under those heads contained in the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional).

Furthermore, it is clear that the aforementioned Article 52 applies only in cases where the Chamber, even though it has not heard or ruled on the merits of the claim, has verified the violation of fundamental rights suffered by the amparo petitioner, by virtue of the restitution in the enjoyment of those rights that the Administration has granted in their favor; a situation that, as the majority of the Chamber affirms, implies an "abnormal termination of the process" (terminación anormal del proceso).

The legislature established and delimited, in a precise manner, the conditions under which this Chamber may decree that form of abnormal conclusion of the amparo proceeding, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is ongoing, that is, that the Administration has been duly notified of the resolution granting leave to proceed with the amparo; and 2) that there exists an administrative or judicial resolution that orders, indisputably, the revocation, cessation, or suspension of the challenged act violating fundamental rights. Certainly, the provision in question contemplates an exception to the general system of awarding costs, damages, and losses (costas, daños y perjuicios), notwithstanding the granting of the appeal, by stipulating that, in the cases regulated therein, the appeal shall be granted "solely for the purposes of compensation and costs, if applicable" (únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes). As an exception, it must be interpreted restrictively; that is, it only applies in the scenarios strictly contemplated in the provision, not only due to the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception undoubtedly imply a detriment to the fundamental right of individuals to obtain effective judicial protection against the damages and losses suffered due to the injury to their constitutional rights.

In my opinion, such an exception must be interpreted to mean that, in accordance with the general system of automatic condemnation in costs, damages, and losses (costas, daños y perjuicios) in the event of a violation of fundamental rights, such condemnation is always appropriate, even in cases where the respondent party issues an administrative or judicial resolution that revokes, ceases, or suspends the challenged act, unless it is demonstrated in an indisputable and clear manner that no compensable loss whatsoever was caused in the specific case. Only and solely in such scenarios could the respondent Administration be exempted from the payment of those items. As in this case, there is no element whatsoever to rebut the presumption that compensable economic damages and losses arose for the amparo petitioner from the challenged acts—the specific determination of which does not fall to this jurisdiction—the granting of this appeal must necessarily entail the award of costs, damages, and losses (costas, daños y perjuicios), and we so declare.

As an additional reason, it should be noted that the dynamics and very essence of amparo proceedings do not have as their primary purpose the analysis of the existence or not of damages and losses, but rather the existence or not of actions or omissions that may generate or produce a breach of the regime of fundamental rights of individuals. From this perspective, the analysis conducted by this venue focuses on said verification; however, it does not delve into weighing whether those issues have generated or not injuries in the purely patrimonial sphere of the amparo petitioners. Although the aforementioned precept 52 of the LJC (Law of Constitutional Jurisdiction) in its grammatical scope provides that said condemnation (in damages, losses, and costs) operates, if applicable, we, the undersigned, do not believe that said examination of pertinence can be automatically excluded *a priori* in this type of proceedings, insofar as it is within another ordinary proceeding that it must be defined whether, within the legal relationship analyzed in the amparo appeal, the conduct or omissions attributable to the Administration (or private law subject, as applicable) constituted an adequate cause of patrimonial injuries that are legally compensable. For reference, numerals 179 through 184 of the Administrative-Contentious Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo), Law No. 8508, define a special proceeding whose purpose is the definition of the economic effects derived from condemnations handed down in these proceedings. In light of canon 179 *ejusdem*, that proceeding has the following purpose:

“ARTICLE 179.- The Administrative-Contentious Court (Juzgado de lo Contencioso-Administrativo) is responsible for the execution of the judgments issued by the Constitutional Jurisdiction, in habeas corpus and amparo proceedings against Public Law subjects, solely with respect to the demonstration, liquidation, and fulfillment of pecuniary compensation.”

It is clear that this proceeding is directed at the analysis of the necessary antecedent issued by this Chamber regarding a condemnation in the abstract (condena en abstracto) under those heads, since such types of claims are not appropriate within that type of cause when the judgment issued within the amparo proceeding expressly establishes the inappropriateness of damages, losses, and/or costs, as well as when there is no express pronouncement on this particular point. That is to say, the special proceeding in the administrative-contentious venue requires, as a *sine qua non* requirement, condemnation or express pronouncement by this Constitutional Chamber. In that order, in our judgment, pursuant to the mentioned ordinal 52 of the LJC, the dispensation from that patrimonial condemnation requires, in each case, the accreditation of situations from which the inexistence—even potential—of patrimonial injuries derived from or associated with the facts analyzed is reasonably estimated. Therefore, it is an exception that, as such, requires qualified and duly substantiated application on a case-by-case basis. The mere circumstance that, during the course of the proceeding, the Administration issues a resolution or a judicial judgment is handed down revoking, stopping, or suspending the challenged act, does not rule out, *per se*, that, prior to that cessation by the respondent entity’s own cause or by an external cause, the accused negligence or the reproached disturbance may have caused damages and losses. However, such a substantive issue, regarding the effectiveness of the injuries, their amount, timely claim, etc., are considerations that fall outside the nature of these proceedings and regarding which, in accordance with what is regulated by the aforementioned mandate 52, are inherent to a condemnation in the abstract (condena en abstracto) that later forms the basis for analysis in the Administrative-Contentious Jurisdiction. The protection sought in these constitutional-order proceedings does not require the demonstration of damages and losses, as it is insisted, that is not its purpose or primary *ratio*. Thus, it does not fall to the amparo petitioner to claim or demonstrate damages, since what they seek is the safeguarding of their fundamental rights. Subsequently, whether those administrative conducts produced injuries is an extreme that, as a principle thesis and except for exceptional cases, does not form part of the analytical basis of this type of cause. Note that, in the scenario regulated by that mandate, the Constitutional Chamber does not conduct a substantive analysis of the situation to be protected, given the termination of the amparo or habeas corpus due to the supervening circumstance already cited. Therefore, in these cases, by legal imperative, it does not proceed to evaluate whether or not there is an infringement, whereupon, it is even less possible to define whether, based on what was reported by the petitioner, there may or may not be situations capable of civil reparation. Thus, the dispensation from condemnation referred to in that provision is exceptional in nature, not principled. Therefore, in those scenarios, the provision imposes condemnation in the abstract (condena en abstracto), so that its appropriateness is analyzed within another plenary proceeding. Otherwise, if that release from damages, losses, and costs were applied as a rule, it would endanger the protection of the legal situation of the person who, despite that supervening response from the respondent party, may have suffered injuries in their patrimonial sphere, to the detriment of what is stipulated by precept 45 of the Political Constitution (Constitución Política), and disregarding the potential liability of the Administration, as imposed by Article 9 *ejusdem*. Moreover, it should not be overlooked that it was by virtue of an action of that nature that conduct was adopted to cease the conducts that, in theory, threaten or violate the fundamental rights of the person. That is to say, for the purpose of obtaining the safeguarding of those rights, the person opted for judicial protection, and it was by that virtue that the cessation of the reproached disturbance occurs. It is insisted, whether the persistence of the threat or deterioration of their situation, while it was made to cease due to the causes alluded to in the provision under examination, generated damages and losses, is an issue that, barring proof to the contrary, must be analyzed within an ordinary proceeding, but which, it is reiterated, in no way should be denied as a premise solely due to the realization of the factual scenario regulated in the mentioned ordinal 52 of the LJC. Therefore, with the utmost respect for the majority’s position, I issue my vote and reiterate that the granting of this appeal must necessarily imply a condemnation in the abstract (condena en abstracto) in costs, damages, and losses.

VIII.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE GARRO VARGAS WITH RESPECT TO THE DISPOSITIVE PART OF THIS JUDGMENT. Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional, LJC) states: “If, while the amparo is ongoing, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged act, the appeal shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if applicable” (Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes).

My interpretation of that provision is as follows: That “resolution” is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase “if applicable” (si fueren procedentes) refers to costs (costas). Moreover, Article 197 of the Administrative-Contentious Procedure Code, cited by the majority, based on Article 14 of the LJC, precisely refers only to these: to costs (costas).

Certainly, pursuant to Article 48 of the Political Constitution (Constitución Política, CP), the essential content of the right to the amparo appeal is not of a compensatory nature but rather a restitutive one; however, Article 51 of the LJC states: “Any resolution granting the appeal shall condemn in the abstract to compensation for the damages and losses caused and to the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the sentence” (Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia).

If the right has been violated and the Chamber so verifies, even if it has been restored, damages and losses could have arisen. For this reason, a condemnation in the abstract (condenatoria en abstracto) for these is appropriate. If this were not done, if such condemnation were not awarded, in the event that they had indeed occurred, there would be no title—derived from this proceeding—to claim them, which could violate Article 41 of the CP. If, despite the condemnation in the abstract having been issued, no damages and losses were caused, the judge in the ordinary venue shall so declare, as the verification of their real existence and magnitude falls exclusively to that judge.

With the thesis defended by the majority, I believe that, contrary to what is sought, it would incentivize the Administration to respect rights only in the face of an amparo appeal. It remains to be said that Article 52 of the LJC envisages the possibility that, if deemed just, the Chamber may award costs (costas), even when the right has been restored.

By reason of the foregoing, I partially dissent from the vote regarding the operative part and order the award of damages and losses (daños y perjuicios), but not the award of costs (costas).

IX.- NOTE BY MAGISTRATE CASTILLO VÍQUEZ, REGARDING PROMPT AND FULFILLED ADMINISTRATIVE JUSTICE (JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA). I have supported the thesis of this Tribunal that, when the party seeking justice alleges a violation of the right to prompt and fulfilled administrative justice (justicia administrativa pronta y cumplida), those who must hear the legal dispute are the Administrative-Contentious Tribunals (Tribunales de lo Contencioso-Administrativo) and not this Chamber. Now, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition (Ley de Regulación del Derecho de Petición), it has been established that this right is subject to judicial protection through the amparo appeal established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted legislation does not imply that this Tribunal must modify its jurisprudential line, as it is incumbent upon the Tribunal, based on numeral 7 of its Law, to define exclusively its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional disputes that have been recognized by this same Chamber as exceptional scenarios, which may properly be heard in this jurisdiction through the constitutional guarantee proceeding of amparo, in all other cases, and for the reasons given by this Tribunal (judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent judges are those of the administrative-contentious jurisdiction, all of which conforms to numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal provisions based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.

X.- NOTE BY MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is the undersigned’s opinion that, if there has already been intervention by the Public Administration, its knowledge and resolution correspond to the administrative-contentious jurisdiction. However, I do proceed to hear the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy environment free from contamination (Article 50 of the Political Constitution), as is the case here, in which the petitioner alleges that the Ministry of Health (Ministerio de Salud) has neither followed up on nor resolved the problem that has afflicted them for several years, concerning the operation of a clandestine open-air dump in their locality, meaning that the inaction of that authority endangers the health of the community’s inhabitants and causes contamination problems.

XI.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The parties are warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material that is not removed within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Regulation on Electronic Files before the Judicial Branch" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court (Corte Plena) in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in the Judicial Bulletin (Boletín Judicial) number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch (Consejo Superior del Poder Judicial), in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

THEREFORE (POR TANTO):

The appeal is declared GRANTED (CON LUGAR), without special award of costs, damages, and losses (costas, daños y perjuicios). Magistrate Salazar Alvarado partially dissents and orders the award of damages, losses, and costs (daños, perjuicios y costas). Magistrate Garro Vargas partially dissents and orders the award of damages and losses (daños y perjuicios), but not the award of costs (costas). Magistrate Castillo adds a note. Magistrate Salazar Alvarado adds a note. Notify.-

 

 

 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

President

	

 



Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.



Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.



Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

Digitally Signed Document

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