Res. 23157-2025 Sala Constitucional — Water service suspension for municipal debt cannot affect usersSuspensión del servicio de agua potable por deuda municipal no puede afectar a los usuarios

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Resolución Nº 23157 - 2025

Fecha de la Resolución: 24 de Julio del 2025 a las 09:20

Expediente: 25-015877-0007-CO

Redactado por: Anamari Garro Vargas

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 25-015877-0007-CO

Res. Nº 2025023157

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veinticuatro de julio de dos mil veinticinco .

  Recurso de amparo que se tramita en expediente número 25-015877-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA).-  

Resultando:

 1.- Por escrito recibido a las 13:13 horas del 3 de junio de 2025, el recurrente interpone recurso de amparo contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, y manifiesta lo siguiente, en resumen: que el miércoles 4 de junio de 2025 vio por televisión al presidente ejecutivo de la institución recurrida decir que se suspendería el servicio de agua potable de un poblado en Paraíso de Cartago, a causa de una deuda que la Municipalidad de Paraíso tiene con el ICAA. Considera que no hay razón alguna para amenazar e intimidar a los ciudadanos por un dinero adeudado por la Municipalidad de Paraíso, en especial, puesto que ya existe un proceso judicial que involucra a ambas instituciones y que es conocido en el Tribunal Contencioso Administrativo. Con base en los alegatos expuestos, estima que, con las actuaciones acusadas, se están vulnerando derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso, con las consecuencias de ley.

 2.- Informa bajo gravedad de juramento Juan Manuel Quesada Espinoza, en su calidad de presidente ejecutivo del ICAA, lo siguiente: “... En atención a la situación objeto del amparo planteado por el señor Nombre02, contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y con fundamento en el informe técnico elaborado por la Licenciada María Isabel Quirós Montero, funcionaria de la UEN Servicio al Cliente Medición GAM, mediante Memorando N°UEN-SCMED-GAM-2025-01126 de fecha 13 de junio del 2025, el cual se adjunta como prueba de este informe, y el alcance de la norma que al efecto se regula en el Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA, queda demostrado que: 1. La gestión del suministro de agua en volumen inició en 1982, cuando diversas municipalidades, incluida la Municipalidad de Paraíso, solicitaron la intervención del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para mejorar el abastecimiento de agua potable en la Provincia de Cartago. Esta colaboración, se formalizó mediante convenios de Financiamiento y Ejecución de Obras entre el AyA y las Municipalidades de Cartago y Paraíso en 1987 y se formalizó una adenda en 1997; el objetivo principal fue obtener un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), autorizado por la Asamblea Legislativa, lo que posibilitó la creación del actual acueducto Municipal y la mejora en la calidad y cobertura del servicio de agua para Cartago y Paraíso (Ver informe N°UEN-SCMED-GAM-2025-01126). 2. Inicialmente, el AyA era responsable de fijar las tarifas de los operadores municipales, supervisando que estas cubrieran costos operativos y planes de inversión; este rol era crucial, ya que el AyA era el deudor ante las entidades financieras, y las municipalidades, a su vez, lo eran ante el AyA; posteriormente, este esquema se modificó con la creación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) y nuevas interpretaciones del Código Municipal y en la actualidad, el AyA está sujeto a la regulación de ARESEP, mientras que las municipalidades, según el artículo 3 del Código Municipal, son responsables de la administración de los servicios cantonales, incluyendo el de agua potable. Durante la vigencia del convenio que data de 1987, el AyA cobró la operación y mantenimiento de la Planta Potabilizadora ubicada en Cartago, incluyendo los costos de agua suministrada y su potabilización, la Municipalidad de Paraíso canceló estos rubros con total disposición, por lo tanto, resulta incomprensible que ahora se alegue desconocimiento o se presente una negativa a lo cobrado por la institución. Así las cosas, para el cobro de venta de agua en grandes volúmenes a las Municipalidades de Cartago, el AyA utilizó históricamente un esquema propio, esto debido a la ausencia de un pliego tarifario aprobado por la ARESEP; no obstante, a partir del 20 de octubre del 2017 mediante la resolución RIA-010-2017, la Intendencia de Agua fijó las tarifas para este servicio, con lo cual se hacía vinculante para todo prestador sujetarse al cobro de esta tarifa (Ver informe N°UEN-SCMED-GAM-2025-01126). 3. En cumplimiento de las obligaciones legales de regulación y fiscalización contable, financiera y técnica de la Intendencia de Agua, y en ejercicio de su potestad ante las gestiones de los prestadores de servicios públicos, esa entidad efectuó una inspección técnica que produjo la emisión del ‘Informe de la fiscalización de venta de agua a municipalidades por parte del Instituto Costarricense De Acueductos y Alcantarillados. GTI-2024-14459’, en este informe se detallan hallazgos significativos que destacan la obligación de AyA de cobrar los servicios regulados por la ARESEP conforme a las tarifas que esta autoridad fije, sin desconocerlo por medio de convenios o contratos, dado su carácter vinculante. Con fundamento en lo anterior, y de conformidad con las tarifas aprobadas por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos se procedió a realizar el cálculo de los montos correspondientes sobre el consumo de agua brindado a la Municipalidad de Paraíso durante los períodos de noviembre 2017 a enero de 2025 (Ver informe N°UEN-SCMED-GAM-2025-01126). 4. Mediante el documento UEN-SCMED-GAM-2025-00410 enviado el 24 de febrero del 2025, se notificó a la Municipalidad de Paraíso el cálculo efectuado, el monto pendiente asciende ₡3.275.453.917,00 (tres mil doscientos setenta y cinco millones cuatrocientos cincuenta tres mil novecientos diecisiete colones con cero céntimos) correspondiente a la venta de agua durante los períodos que van de noviembre 2017 a enero de 2025. El cobro efectuado está jurídicamente respaldado, de acuerdo con el artículo 14, incisos a) y c) de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Ley No. 7593, donde dispone para los prestadores la obligatoriedad de cumplir con las disposiciones sobre la prestación del servicio y a suministrar la información requerida por dicha ley, invocando también el artículo 38 que establece las conductas tipificadas por el no cobro de tarifas y precios distintos a los fijados, autorizados y establecidos por el ente regulador (Ver informe N°UEN-SCMED-GAM-2025-01126). 5. Sobre el cobro efectuado de los períodos de noviembre 2017 a enero de 2025, tanto la Municipalidad de Paraíso como la de Cartago presentaron los recursos ordinarios y extraordinarios con el oficio AM-OF-194-2025/ALC-221-2025, los cuales fueron atendidos y contestados por la institución con los documentos UEN-SC-GAM-2025-00183 y GG-R-2025-0227, concluyendo que, a nivel del AyA la vía administrativa ya fue agotada. Este Instituto tiene conocimiento de gestiones diligenciadas ante el poder legislativo y ha sido notificada de la medida cautelar y su ampliación seguida en Expediente N°25-002942-1027-CA la cual ya fue contestada en esa instancia; no obstante, esta medida cautelar está relacionada con el cobro de las sumas adeudadas correspondientes a los períodos de noviembre 2017 a enero del 2025, no así con las facturaciones posteriores. Cabe resaltar que dicha gestión en vía judicial debe seguir su curso y el proceso correspondiente (Ver informe N°UEN-SCMED-GAM-2025-01126). 6. El servicio se brinda actualmente sin inconvenientes, generando a la fecha un monto pendiente por la venta de agua cruda a la Municipalidad de Paraíso que asciende a los ciento ochenta y nueve millones de colones y sobre las facturaciones de febrero, marzo y abril de 2025 no existen justificación técnica ni jurídica que impida el cobro de las facturas y por ende su cancelación. Así mismo, siendo el Reglamento de Prestación de Servicios, publicado en la Gaceta N°27 Alcance N°29 del 09 de febrero del 2021, el marco regulatorio de las actividades comerciales del AyA, es imperante señalar lo estipulado en el artículo 108 que establece la no cancelación de las facturas como una causal de la suspensión del servicio, siendo la factura que venció el pasado 20 de mayo de los corrientes y que se mantiene sin cancelar a la fecha la que podría generar la causa de suspensión del servicio. Por esa razón, se emitió el documento UEN-SCMED-GAM-2025-00960, con el propósito de notificar el aviso preventivo de cobro correspondiente y la posibilidad de una suspensión del servicio en caso de no cumplirse con el pago de la obligación derivada del servicio efectivamente brindado en el mes de mayo y que se encuentra pendiente de pago a esta fecha. Es de vital importancia destacar que, en ese mismo documento, el AyA consciente del impacto que tendría una eventual suspensión del servicio en la continuidad de las actividades municipales y en el bienestar de sus habitantes, actuando de buena fe, decidió otorgar un plazo adicional al establecido por el Sistema Comercial, para que la Municipalidad se acerque a regularizar su situación. Esta medida refleja el compromiso institucional con el interés público, priorizando el diálogo y la búsqueda de soluciones conjuntas, aun cuando propuestas anteriores han sido rechazadas por la Municipalidad de Paraíso; todo esto sin dejar de lado el estricto cumplimiento del marco normativo, la protección de la sostenibilidad financiera del Instituto y la observancia de sus funciones y responsabilidades institucionales. No obstante lo anterior, el AyA se reserva el derecho de acudir a otras instancias a ejecutar el cobro de las sumas restantes adeudadas siendo que, por ley, los servicios que se prestan no pueden ser gratuitos. A pesar de la claridad normativa y el pendiente existente para los períodos recientes, es evidente que la institución ha tenido la anuencia para dialogar sobre un acuerdo de pago, sin recibir una respuesta positiva por parte del Municipio de Paraíso a la fecha (Ver informe N°UEN-SCMED-GAM-2025-01126)…”. Solicita que se declare sin lugar el recurso planteado.

 3.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

 Redacta la Magistrada Garro Vargas; y,

 Considerando:

 I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente alega que el miércoles 4 de junio de 2025 vio por televisión al presidente ejecutivo de la institución recurrida decir que se suspendería el servicio de agua potable de un poblado en Paraíso de Cartago, a causa de una deuda que la Municipalidad de Paraíso tiene con el ICAA. Considera que no hay razón alguna para amenazar e intimidar a los ciudadanos por un dinero adeudado por la Municipalidad de Paraíso, en especial, puesto que ya existe un proceso judicial que involucra a ambas instituciones y que es conocido en el Tribunal Contencioso Administrativo. Con base en los alegatos expuestos, estima que, con las actuaciones acusadas, se están vulnerando derechos fundamentales.

 II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

a) En 1982, diversas municipalidades —incluida la Municipalidad de Paraíso— solicitaron la intervención del ICAA para mejorar el abastecimiento de agua potable en la Provincia de Cartago, colaboración que fue formalizada por medio de convenios de Financiamiento y Ejecución de Obras entre dicha institución y las Municipalidades de Cartago y Paraíso. De esta forma, fue obtener un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), autorizado por la Asamblea Legislativa, que hizo posible la creación del actual acueducto municipal y la mejora en la calidad y cobertura del servicio de agua para Cartago y Paraíso (informe).

b) Durante la vigencia del convenio, que data de 1987, el ICAA cobró la operación y mantenimiento de la Planta Potabilizadora ubicada en Cartago, incluyendo los costos de agua suministrada y su potabilización, para lo cual históricamente utilizó un esquema de cobro propio, y la Municipalidad de Paraíso canceló estos rubros  (informe).

c) No obstante, a partir del 20 de octubre de 2017, mediante la resolución RIA-010-2017, la Intendencia de Agua fijó las tarifas para este servicio, con lo cual se hacía vinculante para todo prestador sujetarse al cobro de esta tarifa (informe).

d)  En cumplimiento de las obligaciones legales de regulación y fiscalización contable, financiera y técnica de la Intendencia de Agua, y en ejercicio de su potestad ante las gestiones de los prestadores de servicios públicos, esa entidad efectuó una inspección técnica que produjo la emisión del “Informe de la fiscalización de venta de agua a municipalidades por parte del Instituto Costarricense De Acueductos y Alcantarillados. GTI-2024-14459”. En ese informe se detallaron hallazgos significativos que destacaban la obligación del ICAA de cobrar los servicios regulados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) conforme a las tarifas que esta autoridad fijara, sin desconocerlo por medio de convenios o contratos, dado su carácter vinculante.  (informe).

e) Con fundamento en lo anterior y de conformidad con las tarifas aprobadas por la ARESEP, se procedió a realizar el cálculo de los montos correspondientes sobre el consumo de agua brindado a la Municipalidad de Paraíso durante los períodos de noviembre 2017 a enero de 2025 (informe).

f) Por medio del oficio UEN-SCMED-GAM-2025-00410 enviado el 24 de febrero de 2025, se notificó a la Municipalidad de Paraíso el cálculo efectuado al respecto. En este sentido, el monto calculado y pendiente de pago, conforme a los artículos 14, incisos a) y c) y 38 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Ley N° 7593, asciende a la suma de ₡3.275.453.917,00 (tres mil doscientos setenta y cinco millones cuatrocientos cincuenta tres mil novecientos diecisiete colones con cero céntimos) correspondiente a la venta de agua durante los períodos comprendidos entre noviembre 2017 a enero de 2025 (informe).

g) La Municipalidades de Paraíso y de Cartago presentaron los recursos ordinarios y extraordinarios con el oficio AM-OF-194-2025/ALC-221-2025, los cuales fueron atendidos y contestados por el ICAA por medio de los documentos UEN-SC-GAM-2025-00183 y GG-R-2025-0227, concluyéndose por su medio que, a nivel del ICAA, la vía administrativa había sido agotada  (informe).

h) Aun así, al momento de rendirse el informe, el servicio se brindaba sin inconvenientes, generando un monto pendiente por la venta de agua cruda a la Municipalidad de Paraíso que ascendía a los ciento ochenta y nueve millones de colones y sobre las facturaciones de febrero, marzo y abril de 2025 (informe).

i) Con todo, el ICAA emitió el documento UEN-SCMED-GAM-2025-00960 con el propósito de notificar al Gobierno Local el aviso preventivo de cobro correspondiente y la posibilidad de suspender el servicio en caso de no efectuarse el pago de la obligación derivada del servicio efectivamente brindado en el mes de mayo, el cual, al momento de rendirse el informe, se encontraba pendiente de pago. Asimismo, por ese medio decidió otorgar un plazo adicional al establecido por el Sistema Comercial, para que dicha Corporación Local se acercara a regularizar su situación (informe).

 III.- SOBRE EL FONDO. Analizado el escrito de interposición de este recurso y el elenco de hechos probados, este Tribunal considera necesario recordarle al ICAA lo dispuesto en la sentencia Nº 2025019652 de las 09:20 horas del 27 de junio de 2025, se dispuso lo siguiente:

‘… SOBRE EL DERECHO AL AGUA POTABLE. Primeramente, conviene indicar que el derecho de acceso al agua potable ha sido reconocido en esta sede en múltiple jurisprudencia y se ha recalcado su respaldo convencional y constitucional:

‘(…) V.- La Sala reconoce, como parte del Derecho de la Constitución, un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida, al medio ambiente, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros, tal como ha sido reconocido también en instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos aplicables en Costa Rica: así, figura explícitamente en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (art. 14) y la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 24); además, se enuncia en la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo de El Cairo (principio 2), y se declara en otros numerosos del Derecho Internacional Humanitario. En nuestro Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el país se encuentra particularmente obligado en esta materia por lo dispuesto en el artículo 11.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (‘Protocolo de San Salvador’ de 1988), el cual dispone que: ’Artículo 11. Derecho a un medio ambiente sano 1.-Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos’. La carencia de recursos no justifica el incumplimiento de los cometidos de las administraciones públicas en la prestación de este servicio básico. (SALA CONSTITUCIONAL, resoluciones 2003-04654 y 2004-007779).

Por su parte, como bien lo reconocen tanto la Procuraduría como el representante del AyA en sus informes, en el campo internacional también es mayoritario el reconocimiento del agua como derecho humano y como una pre-condición necesaria para todos nuestros derechos humanos. Se sostiene que sin el acceso equitativo a un requerimiento mínimo de agua potable, serían inalcanzables otros derechos establecidos -como el derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y para el bienestar, así como de otros derechos civiles y políticos. En noviembre del 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas afirmó que el acceso a cantidades adecuadas de agua limpia para uso doméstico y personal es un derecho humano fundamental de toda persona. Asimismo en el Comentario General No. 15 sobre el cumplimiento de los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité hizo notar que ‘el derecho humano al agua es indispensable para llevar una vida en dignidad humana. Es un pre-requisito para la realización de otros derechos humanos’. Se enfatiza también que los Estados miembros del Pacto Internacional tienen el deber de cumplir de manera progresiva, sin discriminación alguna, el derecho al agua, el cual da derecho a todos a gozar de agua suficiente, físicamente accesible, segura y aceptable para uso doméstico y personal.

Por su parte se han dado varias conferencias internacionales entre las que destaca la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua llevada a cabo en Mar de Plata en 1977 que reconoció que todos los pueblos tienen derecho al acceso a agua potable para satisfacer sus necesidades básicas. También, la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, adoptada por la Asamblea General de la ONU, de 1986 incluye un compromiso por parte de los Estados de asegurar la igualdad de oportunidades para todos para disfrutar de los recursos básicos.

El concepto de satisfacer las necesidades básicas de agua se fortaleció más durante la Cumbre de la Tierra de 1992 en Río de Janeiro. En la Agenda 21, los gobiernos acordaron que ‘al desarrollar y usar los recursos hídricos, debe darse prioridad a la satisfacción de las necesidades básicas y a la conservación de los ecosistemas. De igual forma, en el Plan de Implementación adoptado en la Cumbre de Johannesburgo en el 2002, los gobiernos se comprometieron a ‘emplear todos los instrumentos de políticas, incluyendo la regulación, el monitoreo... y la recuperación de costos de los servicios de agua,’ sin que los objetivos de recuperación de costos se conviertan en una barrera para el acceso de la gente pobre al agua limpia. Asimismo existen decenas de instrumentos internacionales que directa e indirectamente tienen que ver con el agua como un derecho humano de todas las personas y pueblos, de tal forma que no sólo es un tema que por su naturaleza tiende a la nacionalización, sino a la internacionalización de su uso y aprovechamiento’ (véase la sentencia número 2006-5606 de las 15:21 horas del 26 de abril de 2006).

De lo anterior, podemos afirmar que existe un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida y al medio ambiente sano, entre otros, por el cual debe concederse a todas las personas la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad a los servicios de agua potable, toda vez que la misma resulta esencial para la vida y la salud humana. Asimismo, el acceso al agua potable ha sido catalogado como un derecho humano fundamental por varios instrumentos internacionales, lo cual ha sido reconocido en la amplia jurisprudencia constitucional. Por ejemplo, como se menciona en la sentencia parcialmente transcrita, en el Comentario General No. 15 sobre el cumplimiento de los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité hizo notar que ’el derecho humano al agua es indispensable para llevar una vida en dignidad humana. Es un pre-requisito para la realización de otros derechos humanos. De esta forma, Los Estados miembros del Pacto Internacional tienen el deber de cumplir de manera progresiva, sin discriminación alguna, el derecho al agua, el cual da derecho a todos a gozar de agua suficiente, físicamente accesible, segura y aceptable para uso doméstico y personal’. Igualmente, respecto a este tema podemos encontrar una vasta cantidad de instrumentos internacionales que hacen referencia al derecho al acceso al agua potable, entre las que podemos señalar las siguientes: Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua (Mar del Plata, Argentina, 1977, Plan de Acción), Declaración de Nueva Delhi, sobre el abastecimiento del agua potable y el saneamiento ambiental  (India, 1990); Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, Brasil, 1992, Capítulo 18 de la Agenda 21), Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible (Irlanda, 1992, Principios rectores y Plan de Acción), Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, Egipto, 1994, Programa de Acción), Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible (Sudáfrica, 2002, Pto. 18), Observación General N° 15: El Derecho al Agua (arts. 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Ginebra, 2002); la Resolución 64/292, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el 2010: El Derecho Humano al Agua y el Saneamiento; la Resolución 70-169, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, en el 2015: Los derechos humanos al agua potable y el saneamiento; Cumbre de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Nueva York, 2015, Objetivos 6 y 7), etc (…)’ (véase la sentencia No. 2019017397 de las 12:54 horas del 11 de setiembre de 2019).

Adicionalmente, a partir de la vigencia de la ley No. 9849 del 5 de junio de 2020, en Costa Rica se reconoce de manera expresa a nivel constitucional el derecho al agua potable en los siguientes términos:

‘(…) ARTÍCULO 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.

Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado.

 El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho.

 La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes.

Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos y tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones (…)’ (el destacado fue agregado).

Sobre el particular, en la sentencia No. 2020-03982 de las 11:50 hrs. de 26 de febrero del 2020, este Tribunal evacuó la consulta legislativa relacionada con la mencionada reforma parcial al numeral 50 de la Constitución Política e indicó:

‘(…) VIII.- Sobre el contenido del proyecto y su conformidad constitucional. El proyecto de reforma constitucional de carácter parcial presentado por la totalidad de los 57 Diputados y Diputadas a la Asamblea Legislativa, consta de dos artículos que pretenden la adición de un párrafo final al artículo 50 de la Constitución Política, así como la incorporación de nuevo transitorio en el Título XVIII, Capítulo Único, Disposiciones transitorias de la Constitución Política, de la siguiente manera:

‘ARTÍCULO 1.- Se adiciona un párrafo al final del artículo 50 de la Constitución Política, de 7 de noviembre de 1949. El texto es el siguiente:

Artículo 50.-

(…)

Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la Nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos, y tendrá prioridad el abastecimiento del agua potable para consumo de las personas y las poblaciones.

ARTÍCULO 2.- Se adiciona un nuevo transitorio al título XVIII, capítulo único, Disposiciones Transitorias, de la Constitución Política, relacionado con el artículo 50. El texto es el siguiente:

Artículo 50 – XX. Se mantienen vigentes las leyes, las concesiones y los permisos de uso actuales, otorgados conforme a derecho, así como los derechos derivados de estos, mientras no entre en vigencia una nueva ley que regule el uso, explotación y conservación del agua.’.

La propuesta así planteada y ya aprobada en primer debate, refiere no solamente el reconocimiento expreso del acceso al agua como derecho humano, sino que se encuentra directamente relacionada con que ese derecho humano que allí se reconoce de manera positiva, lo es sobre el acceso al agua potable, toda vez que se parte de la consideración del agua –y especialmente el agua potable- como elemento esencial e intrínseco para la vida y la salud de las personas, entrando así en consonancia con lo señalado en el artículo 21 y en la primera parte del mismo artículo 50 de la Constitución Política, y los desarrollos jurisprudenciales de esta misma Sala que de tales normas derivan.

La Sala advierte que el derecho de acceso al agua, y especialmente al agua potable, forma parte de diversos enunciados en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, a través de diferentes instrumentos con distinto alcance o naturaleza jurídica, pero que por su propia condición y con motivo de lo dispuesto por el artículo 48 de la Constitución Política, son dables de ser necesariamente considerados en cuanto a esta temática corresponde. Así, este derecho se encuentra ya relacionado y referenciado desde 1972 en la denominada Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible; fue considerado en la Conferencia de Rio sobre el Medio Ambiente del mismo año 1972; en la Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social de 1995; fue validado en el Primer Foro Mundial del Agua, a través de la Declaración de Marrakech en 1997; mientras que a nivel convencional se encuentran concretas previsiones en el inciso 1) del artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –Protocolo de San Salvador-, e incluso en el mismo Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Y en materia de resoluciones generales, se tiene, entre otras, el Comentario General sobre el Derecho al Agua, adoptado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas en noviembre de 2002 a través de la resolución ONU: E/C.12/2002/11, así como la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, número 70/169, de 17 de diciembre de 2015, las cuales refieren de manera expresa que el agua debe ser «segura y de calidad aceptable para usos personales y domésticos», y el acceso al «agua potable y al saneamiento para todas las personas de manera no discriminatoria».

En este sentido, es válido afirmar que la propuesta de adición al artículo 50 de la Constitución, en la medida que de manera expresa reconoce el derecho de acceso al agua potable, se encuentra en consonancia con los desarrollos jurídicos que sobre la materia se muestra a nivel internacional y que se plasma en declaraciones, convenios y resoluciones de distinta naturaleza, de donde resulta su conformidad con el avance jurídico que se muestra al respecto a nivel internacional, y que por la propia esencia del derecho internacional público y el derecho internacional de los derechos humanos, tales formulaciones tienen su impacto directo en el propio ámbito interno de los Estados, tal como esa propuesta de reforma constitucional pretende formalizar a ese nivel.

Es importante señalar, que se hace la referencia a que la propuesta lo que pretende es formalizar la situación a nivel constitucional, pues ciertamente el tema del acceso al agua, y al agua potable, se encuentra regulado en nuestro país en el ámbito de la legalidad, por un profuso marco normativo que abarca desde la Ley de Aguas de 1942, la Ley General de Agua Potable de 1953, la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados de 1961, la Ley General de Salud de 1973, la Ley de Creación del SENARA de 1983, la Ley Orgánica del Ambiente de 1995, y la Ley Forestal de 1996, entre otras.

Asimismo, debe enfatizarse la protección al ambiente y al derecho al agua que a nivel jurisprudencial ha desarrollado la jurisdicción constitucional, destacando no solamente la posibilidad de acceso al agua como recurso esencial para la vida humana, sino también la consustancial y necesaria protección que debe brindársele por parte de la institucionalidad en general, desde agencias especializadas como el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, como otras de carácter más amplio como la propia Dirección de Aguas del Ministerio del Ambiente y Energía, el Ministerio de Salud y las mismas Municipalidades del país, estableciéndose la necesaria coordinación entre ellas para asegurar no solamente la protección integral del recurso hídrico, sino también su legítima dotación para consumo humano bajo el cumplimiento de los parámetros establecidos y las reales posibilidades de su efectivo suministro –ver, entre muchas otras, sentencias de esta Sala, números 2003-4654, 2004-1923, 2009-262 y 2016-1791-.

Es importante señalar el énfasis que la reforma propone no sólo en materia de reconocer el acceso al agua potable como derecho humano, sino su particular condición de bien demanial, en el mismo sentido que la diversa legislación aquí enunciada ya refiere. Nótese que la propuesta normativa señala que «el agua es un bien de la Nación», es decir, un bien que pertenece en general a esa inmaterialidad incluida en el concepto de Nación, y como tal, en un bien que se encuentra difuminado entre toda la sociedad y sus actores, un bien de dominio público que requiere no sólo toda la protección por su condición de ser esencial para la vida, sino también para permitir su utilización para los diversos ámbitos que se requiera, siempre que se atiende a la debida sostenibilidad y a su protección integral como parte del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Nótese que el reconocimiento del derecho humano lo es sobre el agua potable, señalándose a continuación que el agua –así, en términos generales- es indispensable para proteger el derecho humano reconocido en la primera parte del párrafo, sin que ello implique de manera alguna la imposibilidad de utilizar el recurso para otro tipo de fines –agropecuarios, industriales o de desarrollo-, siempre que se haga de manera ajustada a las previsiones sobre el referido derecho al ambiente y garantizando la existencia del recurso adecuado para el agua potable. En otras palabras, se reconoce y protege la existencia del agua, y sobre ella, de un derecho humano de acceso al agua potable, de donde resulta que la formulación normativa que se pretende incorporar, reconoce no solamente la protección y posibilidad de utilización del agua en términos generales, sino también el reconocimiento del acceso al agua potable como derecho humano.

Por otra parte, tómese en consideración que, según lo ya señalado, este acceso debe procurarse y brindarse de conformidad con el previo cumplimiento de los parámetros establecidos y de acuerdo a (sic) las reales posibilidades de suministro. Es decir, tal como se ha sentado en la copiosa jurisprudencia de esta Sala sobre el particular, si bien el reconocimiento del acceso al agua potable se configura como un derecho humano, su efectiva dotación puede sujetarse a las concretas y certeras posibilidades de otorgamiento, de donde deviene que ese acceso que se reconoce como fundamental, bien puede sujetarse al cumplimiento de condiciones concretas que a su vez permitan garantizar la existencia y preservación de este bien.

Es por tal razón, que la ya mencionada resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, número 70-169, de 17 de diciembre de 2015, señala en su apartado 5 la exhortación a los Estados para:

‘Garantizar la realización progresiva de los derechos humanos al agua potable y el saneamiento para todas las personas de manera no discriminatoria eliminando al mismo tiempo las desigualdades de acceso, en particular para quienes pertenecen a grupos vulnerables y marginados, por motivos de raza, género, edad, discapacidad, origen étnico, cultura, religión y origen nacional o social o por cualquier otro motivo, con miras a eliminar progresivamente las desigualdades basadas en factores como la disparidad en las zonas rurales y urbanas, la residencia en barrios marginales, el nivel de ingresos y otros factores pertinentes.’ –el destacado no es del original-

Esta progresividad a la que en esta resolución se hace referencia, desarrolla la homóloga previsión que en términos convencionales se consagra en el primer párrafo del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al señalar que:

‘Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.’ –énfasis añadido-

De tal manera, resulta válida la legítima regulación que permita el adecuado y ordenado acceso al agua potable aquí reconocido como derecho humano, pues se trata de propiciar su desarrollo progresivo en armonía con el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Es por tal razón, que la legislación que regule la materia –como lo podría ser la así propuesta en el mismo párrafo que se pretende adicionar, y a la que se hace referencia en la propuesta de transitorio XX-, deberá, en su momento, necesariamente resultar acorde con la carga de valores, principios y regulaciones expresas que informan a los derechos humanos, y al acceso al agua potable también como derecho humano que es, por lo que ciertamente esa legislación allí indicada, deberá ajustarse al Derecho de la Constitución y a las previsiones que en él se contempla sobre el particular.

En este sentido, de conformidad con lo aquí señalado, se aprecia que el proyecto que se tramita bajo el expediente legislativo 21.382, se encuentra en directa consonancia y desarrollo de las previsiones constitucionales sobre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por lo que engarza adecuadamente en la misma previsión del artículo 50 de la Constitución, y resulta acorde con los valores y principios constitucionales que lo orientan, sin que de ninguna manera exista roce alguno con esos elementos esenciales o de carácter nuclear que informan e integran el Derecho de la Constitución (…)’.

De igual forma, conviene resaltar lo establecido en la observación general No. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales efectuada en el 29° periodo de sesiones celebrado en Ginebra entre el 11 y el 29 de noviembre de 2002, en el que se indicó:

‘(…) 2. El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene personal y doméstica.

3. En el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto se enumeran una serie de derechos que dimanan del derecho a un nivel de vida adecuado, ‘incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados’, y son indispensables para su realización. El uso de la palabra ‘incluso’ indica que esta enumeración de derechos no pretendía ser exhaustiva. El derecho al agua se encuadra claramente en la categoría de las garantías indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado, en particular porque es una de las condiciones fundamentales para la supervivencia.

Además, el Comité ha reconocido anteriormente que el agua es un derecho humano amparado por el párrafo 1 del artículo 11 (véase la Observación general Nº 6 (1995))2. El derecho al agua también está indisolublemente asociado al derecho al más alto nivel posible de salud (párr. 1 del art. 12)3 y al derecho a una vivienda y una alimentación adecuadas (párr. 1 del art. 11)4. Este derecho también debe considerarse conjuntamente con otros derechos consagrados en la Carta Internacional de Derechos Humanos, entre los que ocupa un lugar primordial el derecho a la vida y a la dignidad humana (…)

10. El derecho al agua entraña tanto libertades como derechos. Las libertades son el derecho a mantener el acceso a un suministro de agua necesario para ejercer el derecho al agua y el derecho a no ser objeto de injerencias, como por ejemplo, a no sufrir cortes arbitrarios del suministro o a la no contaminación de los recursos hídricos. En cambio, los derechos comprenden el derecho a un sistema de abastecimiento y gestión del agua que ofrezca a la población iguales oportunidades de disfrutar del derecho al agua.

11. Los elementos del derecho al agua deben ser adecuados a la dignidad, la vida y la salud humanas, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 11 y el artículo 12. Lo adecuado del agua no debe interpretarse de forma restrictiva, simplemente en relación con cantidades volumétricas y tecnologías. El agua debe tratarse como un bien social y cultural, y no fundamentalmente como un bien económico. El modo en que se ejerza el derecho al agua también debe ser sostenible, de manera que este derecho pueda ser ejercido por las generaciones actuales y futuras.

12. En tanto que lo que resulta adecuado para el ejercicio del derecho al agua puede variar en función de distintas condiciones, los siguientes factores se aplican en cualquier circunstancia:

a) La disponibilidad. El abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos. Esos usos comprenden normalmente el consumo, el saneamiento, la colada, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica. La cantidad de agua disponible para cada persona debería corresponder a las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS). También es posible que algunos individuos y grupos necesiten recursos de agua adicionales en razón de la salud, el clima y las condiciones de trabajo.

b) La calidad. El agua necesaria para cada uso personal o doméstico debe ser salubre, y por lo tanto, no ha de contener microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas. Además, el agua debería tener un color, un olor y un sabor aceptables para cada uso personal o doméstico.

c) La accesibilidad. El agua y las instalaciones y servicios de agua deben ser accesibles a todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado Parte. La accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas:

i) Accesibilidad física. El agua y las instalaciones y servicios de agua deben estar al alcance físico de todos los sectores de la población. Debe poderse acceder a un suministro de agua suficiente, salubre y aceptable en cada hogar, institución educativa o lugar de trabajo o en sus cercanías inmediatas. Todos los servicios e instalaciones de agua deben ser de calidad suficiente y culturalmente adecuados, y deben tener en cuenta las necesidades relativas al género, el ciclo vital y la intimidad. La seguridad física no debe verse amenazada durante el acceso a los servicios e instalaciones de agua.

ii) Accesibilidad económica. El agua y los servicios e instalaciones de agua deben estar al alcance de todos. Los costos y cargos directos e indirectos asociados con el abastecimiento de agua deben ser asequibles y no deben comprometer ni poner en peligro el ejercicio de otros derechos reconocidos en el Pacto.

iii) No discriminación. El agua y los servicios e instalaciones de agua deben ser accesibles a todos de hecho y de derecho, incluso a los sectores más vulnerables y marginados de la población, sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos.

iv) Acceso a la información. La accesibilidad comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua (…)

25. La obligación de cumplir se puede subdividir en obligación de facilitar, promover y garantizar. La obligación de facilitar exige que los Estados Partes adopten medidas positivas que permitan y ayuden a los particulares y las comunidades a ejercer el derecho. La obligación de promover impone al Estado Parte la adopción de medidas para que se difunda información adecuada acerca del uso higiénico del agua, la protección de las fuentes de agua y los métodos para reducir los desperdicios de agua. Los Estados Partes también tienen la obligación de hacer efectivo (garantizar) el derecho en los casos en que los particulares o los grupos no están en condiciones, por razones ajenas a su voluntad, de ejercer por sí mismos ese derecho con ayuda de los medios a su disposición.

26. La obligación de cumplir exige que los Estados Partes adopten las medidas necesarias para el pleno ejercicio del derecho al agua. Esta obligación comprende, entre otras cosas, la necesidad de reconocer en grado suficiente este derecho en el ordenamiento político y jurídico nacional, de preferencia mediante la aplicación de las leyes; adoptar una estrategia y un plan de acción nacionales en materia de recursos hídricos para el ejercicio de este derecho; velar por que el agua sea asequible para todos; y facilitar un acceso mayor y sostenible al agua, en particular en las zonas rurales y las zonas urbanas desfavorecidas.

27. Para garantizar que el agua sea asequible, los Estados Partes deben adoptar las medidas necesarias, entre las que podrían figurar: a) la utilización de un conjunto de técnicas y tecnologías económicas apropiadas; b) políticas adecuadas en materia de precios, como el suministro de agua a título gratuito o a bajo costo; y c) suplementos de ingresos. Todos los pagos por servicios de suministro de agua deberán basarse en el principio de la equidad, a fin de asegurar que esos servicios, sean públicos o privados, estén al alcance de todos, incluidos los grupos socialmente desfavorecidos. La equidad exige que sobre los hogares más pobres no recaiga una carga desproporcionada de gastos de agua en comparación con los hogares más ricos.

28. Los Estados Partes deben adoptar estrategias y programas amplios e integrados para velar por que las generaciones presentes y futuras dispongan de agua suficiente y salubre22. Entre esas estrategias y esos programas podrían figurar: a) reducción de la disminución de recursos hídricos por extracción, desvío o contención; b) reducción y eliminación de la contaminación de las cuencas hidrográficas y de los ecosistemas relacionados con el agua por radiación, sustancias químicas nocivas y excrementos humanos; c) vigilancia de las reservas de agua; d) seguridad de que cualquier mejora propuesta no obstaculice el acceso al agua potable; e) examen de las repercusiones que puedan tener ciertas medidas en la disponibilidad del agua y en las cuencas hidrográficas de los ecosistemas naturales, tales como los cambios climáticos, la desertificación y la creciente salinidad del suelo, la deforestación y la pérdida de biodiversidad23; f) aumento del uso eficiente del agua por parte de los consumidores; g) reducción del desperdicio de agua durante su distribución; h) mecanismos de respuesta para las situaciones de emergencia; e i) creación de instituciones competentes y establecimiento de disposiciones institucionales apropiadas para aplicar las estrategias y los programas (…)

37. En la Observación general Nº 3 (1990), el Comité confirma que los Estados Partes tienen la obligación fundamental de asegurar como mínimo la satisfacción de niveles esenciales de cada uno de los derechos enunciados en el Pacto. A juicio del Comité, pueden identificarse al menos algunas obligaciones básicas en relación con el derecho al agua, que tienen efecto inmediato:

a) Garantizar el acceso a la cantidad esencial mínima de agua, que sea suficiente y apta para el uso personal y doméstico y prevenir las enfermedades;

b) Asegurar el derecho de acceso al agua y las instalaciones y servicios de agua sobre una base no discriminatoria, en especial en lo que respecta a los grupos vulnerables o marginados;

c) Garantizar el acceso físico a las instalaciones o servicios de agua que proporcionen un suministro suficiente y regular de agua salubre; que tengan un número suficiente de salidas de agua para evitar unos tiempos de espera prohibitivos; y que se encuentren a una distancia razonable del hogar;

d) Velar por que no se vea amenazada la seguridad personal cuando las personas tengan que acudir a obtener el agua;

e) Velar por una distribución equitativa de todas las instalaciones y servicios de agua disponibles;

f) Adoptar y aplicar una estrategia y un plan de acción nacionales sobre el agua para toda la población; la estrategia y el plan de acción deberán ser elaborados y periódicamente revisados en base a (sic) un proceso participativo y transparente; deberán prever métodos, como el establecimiento de indicadores y niveles de referencia que permitan seguir de cerca los progresos realizados; el proceso mediante el cual se conciban la estrategia y el plan de acción, así como el contenido de ambos, deberán prestar especial atención a todos los grupos vulnerables o marginados;

g) Vigilar el grado de realización, o no realización, del derecho al agua;

h) Adoptar programas de agua orientados a fines concretos y de relativo bajo costo para proteger a los grupos vulnerables y marginados;

i) Adoptar medidas para prevenir, tratar y controlar las enfermedades asociadas al agua, en particular velando por el acceso a unos servicios de saneamiento adecuados (…)’ (el destacado fue agregado).

Lo anterior resulta de relevancia por cuanto se detalla el contenido del derecho al agua al esbozar sus características, entre ellas, la calidad, la accesibilidad y la disponibilidad, ya que se establece que el derecho humano al agua implica el abastecimiento suficiente para cada persona para uso personal y doméstico.

Por otra parte, en la sentencia del 27 de noviembre de 2023 dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Habitantes de la Oroya vs Perú, ese tribunal dispuso:

‘(…) 121. Asimismo, las personas gozan del derecho a que el agua se encuentre libre de niveles de contaminación que constituyan un riesgo significativo al goce de sus derechos humanos, particularmente a los derechos al medio ambiente sano, la salud y la vida. Este elemento sustantivo del derecho al medio ambiente sano impone la obligación para los Estados consistentes en: a) diseñar normas y políticas que definan los estándares de la calidad del agua y, reforzadamente, en aguas tratadas y residuales que sean compatibles con la salud humana y de los ecosistemas; b) monitorear los niveles de contaminación de las masas de agua y, de ser el caso, informar los posibles riesgos a la salud humana y a la salud de los ecosistemas; c) realizar planes y, en general, emprender toda práctica con la finalidad de controlar la calidad del agua que incluyan la identificación de sus principales causas de contaminación; d) implementar medidas para hacer cumplir los estándares de calidad del agua, y e) adoptar acciones que aseguren la gestión de los recursos hídricos de forma sostenible. La Corte igualmente considera que los Estados deben diseñar sus normas, planes y medidas de control de la calidad del agua de conformidad con la mejor ciencia disponible, atento a los criterios de disponibilidad, accesibilidad, sostenibilidad, calidad y adaptabilidad e, inclusive, a partir de la cooperación internacional.

122. Como complemento de lo anterior, la Corte recuerda que en el caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina fue establecido que el derecho al agua se encuentra protegido por el artículo 26 de la Convención Americana. Ello se desprende de las normas de la Carta de la OEA, en tanto las mismas permiten derivar derechos de los que, a su vez, se desprende el derecho al agua. Al respecto, la Corte señaló que entre aquellos se encuentran el derecho a un medio ambiente sano (supra párr. 115), el derecho a la alimentación adecuada, el derecho a la salud, y el derecho a participar en la vida cultural, los cuales se encuentran protegidos por el artículo 26 de la Convención. Este derecho también se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25 y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), en su artículo 11, y encuentra sustento en las constituciones de los Estado de la región que reconocen los derechos al medio ambiente sano, la salud y la alimentación.

123. En cuanto a su contenido normativo del derecho al agua como derecho autónomo, la Corte ha expresado que ’el acceso al agua […] comprende ‘el consumo, el saneamiento, la colada, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica’, así como para algunos individuos y grupos también […] ‘recursos de agua adicionales en razón de la salud, el clima y las condiciones de trabajo’’. Asimismo, que ’el acceso al agua’ implica ’obligaciones de realización progresiva’, pero que ’sin embargo, los Estados tienen obligaciones inmediatas, como garantizar [dicho acceso] sin discriminación y adoptar medidas para lograr su plena realización’. Además, que los Estados deben brindar protección frente a actos de particulares, de forma que terceros no menoscaben el disfrute del derecho al agua, así como ’garantizar un mínimo esencial de agua’, en aquellos ’casos particulares de personas o grupos de personas que no están en condiciones de acceder por sí mismos al agua […], por razones ajenas a su voluntad’.

124. En este punto, el Tribunal precisa que existe una estrecha relación entre el derecho al agua como faceta sustantiva del derecho al medio ambiente sano y el derecho al agua como derecho autónomo. La primera faceta protege los cuerpos de agua como elementos del medio ambiente que tienen un valor en sí mismo, en tanto interés universal, y por su importancia para los demás organismos vivos incluidos los seres humanos. La segunda faceta reconoce el rol determinante que el agua tiene en los seres humanos y su sobrevivencia, y, por lo tanto, protege su acceso, uso y aprovechamiento por los seres humanos. De este modo, la Corte entiende que la faceta sustantiva del derecho al medio ambiente sano que protege este componente parte de una premisa ecocéntrica, mientras que -por ejemplo- el derecho al agua potable y su saneamiento se fundamenta en una visión antropocéntrica. Ambas facetas se interrelacionan, pero, no en todos los casos, la vulneración de uno implica necesariamente la violación del otro.

125. Por otra parte, la Corte recuerda que el derecho al medio ambiente sano incluye el derecho al aire limpio y al agua. Este derecho se encuentra cubierto por la obligación de respeto y de garantía, prevista en el artículo 1.1 de la Convención, una de cuyas formas de observancia consiste en prevenir violaciones. Esta obligación se proyecta a la esfera privada para evitar que terceros vulneren los bienes jurídicos protegidos, y abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que sus eventuales violaciones sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito. En esta línea, la Corte ha señalado que en ciertas ocasiones los Estados tienen la obligación de establecer mecanismos adecuados para supervisar y fiscalizar ciertas actividades a efecto de garantizar los derechos humanos, protegiéndolos de las acciones de entidades públicas, así como de personas privadas. La obligación de prevenir es de medio o comportamiento y no se demuestra su incumplimiento por el mero hecho de que un derecho haya sido violado (…)’ (el destacado fue agregado).

IV.- CASO CONCRETO. Los recurrentes aducen que son vecinos de Paraíso y se les informó que el ICAA está ejecutando un cobro retroactivo multimillonario a la municipalidad, por un problema con las tarifas aprobadas en el 2017 por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. El incumplimiento del pago generaría la suspensión del servicio de agua, lo que afectaría a por lo menos 20.000 personas. Sostienen que la amenaza de la suspensión del agua potable es ilegal y atenta contra el derecho al acceso al agua potables y los principios de continuidad y eficiencia en el servicio público.

Al respecto, con relación a los agravios expuestos por los accionantes, se delimita el amparo contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, ya que estos interpusieron el recurso contra dicha autoridad, y este Tribunal Constitucional, de conformidad con las pruebas allegadas a los autos, así como del informe rendido por parte de las autoridades recurridas, estima que llevan razón los recurrentes en sus alegatos, según se expondrá a continuación.

En efecto, se constató que por oficio no. UEN-SCMED-GAM-2025-00410 del 24 de febrero de 2025, la UEN Servicio al Cliente Medición GAM del ICAA le comunicó a la Municipalidad de Paraíso el cobro por venta de agua en gran volumen, de noviembre de 2017 a enero de 2025. Debido a lo anterior, en fecha indeterminada, la Municipalidad Paraíso interpuso los recursos de prescripción, revocatoria y nulidad concomitante contra la gestión cobratoria del servicio 5562057. Por resolución no. UEN-SC-GAM-2025-00183 de las 7:30 horas del 10 de abril de 2025, la UEN Servicio al Cliente GAM del ICAA declaró sin lugar los recursos de prescripción, revocatoria y nulidad concomitante. Asimismo, mediante oficio no. GG-2025-01114 del 28 de abril de 2025, la Gerencia General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados le reiteró al alcalde de Paraíso, lo siguiente: ‘(…) me permito comunicarle que, a la fecha, la Municipalidad de Paraíso presenta un atraso en el pago de los recibos correspondientes al servicio NIS 5562057 siendo que el último recibo venció el 21 de abril de 2025. …hemos tenido a bien otorgar un plazo adicional de tres (3) días hábiles, contados a partir de la fecha de esta comunicación, para que se proceda con el pago de las facturas pendientes (…)’. Y por oficio no. UEN-SCMED-GAM-2025-00960 del 22 de mayo de 2025, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, nuevamente, le indicó a la Municipalidad de Paraíso lo siguiente: ‘(…) de acuerdo con lo que se observa en el sistema comercial del AyA, el servicio identificado con el NIS 5562057, a nombre de la Municipalidad de Paraíso, presenta a la fecha varios pendientes de pago y uno de ellos corresponde a la factura emitida el 06 de mayo de 2025 (por el consumo de agua de abril del 2025), por un monto total de ₡46 985 022.00, la cual venció el 20 de mayo de 2025. A pesar de las gestiones previas de cobro realizadas y de los plazos concedidos a ustedes para la regularización de la situación, el pago indicado aún no ha sido recibido. Por lo anterior y en cumplimiento de la normativa vigente, incluida en el Reglamento de Prestación de Servicios del AyA, debemos suspender el servicio brindado. No obstante, con el propósito de evitar afectaciones a la población de Paraíso, hemos decidido concederles una prórroga de 10 (diez) días naturales adicionales para que puedan realizar el pago indicado. Si dentro de este plazo la situación no se regulariza nos veremos en la obligación de proceder con la suspensión del servicio de agua a partir del día 02 de junio de 2025 (…)’.

De lo expuesto, se constata que existe un conflicto entre la Municipalidad de Paraíso y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, e impacta, eventualmente, en los usuarios del cantón de Paraíso, ya que, si el instituto recurrido en virtud del cobro que le hace a la municipalidad le suspende el suministro de agua, los usuarios no tendrían agua potable. Lo que existe es una discusión técnica de fondo si procede o no el cobro que el instituto recurrido le está haciendo a la Municipalidad de Paraíso de manera retroactiva del 2017 a la fecha, en virtud del acuerdo que dictó el ARESEP en aquel momento. Discutir la validez, aplicación, alcances, contenido del informe del ARESEP y si debe ser tramitado por una vía u otra, es un asunto de legalidad y no le corresponde a la Sala Constitucional determinar el alcance de aquel informe del ARESEP, la modalidad que la Municipalidad de Paraíso deba cancelar, el monto, ni el momento de dicha cancelación.

Por otra parte, está la prestación del servicio de agua potable y el derecho al acceso al agua potable, en este caso no estamos ante la provisión de servicios nuevos de agua potable, ni suspensiones por falta de pago de los usuarios, en este momento los usuarios son ajenos a la problemática que se suscita entre la Municipalidad de Paraíso y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y por esta razón no tienen por qué sufrir la suspensión del servicio de agua potable. La decisión del instituto recurrido para suspender el servicio a la Municipalidad de Paraíso implicaría la afectación a los usuarios del cantón de Paraíso. Si bien es cierto, la Sala entiende que puede haber una eventual necesidad de que la municipalidad y el instituto recurrido definan el monto, cuándo y cómo se debe pagar, eso no puede trascender de ninguna manera a los usuarios. Aunado a que el asunto está judicializado ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Se tramitó proceso de medida cautelar, bajo el expediente no. 25-002942-1027-CA-1, donde figura como actora la Municipalidad de Paraíso y demandado el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Y se dictó la resolución de las 11:10 horas del 9 de mayo de 2025, ordenando la medida cautelar: ‘(…) SE ACOGE la presente solicitud de MEDIDA CAUTELAR EN CARÁCTER DE PROVISIONALÍSIMA, formulada por MUNICIPALIDAD DE PARAISO, representado por Nombre03; contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS. Se dispone LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN-SCMED-GAM-2025- 00410, DEL 24 DE FEBRERO DEL 2025, SE REALIZA EL COBRO POR VENTA DE AGUA EN GRAN VOLUMEN 2017 A ENERO 2025, Y EL OFICIOGG-2025-01114 DEL 28 DE ABRIL DEL 2025. DEBERÁ EL DEMANDADO ABSTENERSE DE REALIZAR CUALQUIER ACCIÓN TENDIENTE AL COBRO PRODUCTO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ARRIBA SEÑALADOS, ASIMISMO, DEBERÁ ABSTENERSE DE REALIZAR CUALQUIER ACCIÓN TENDIENTE A LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE AGUA. EN CASO DE QUE YA HUBIERE OPERADO UNA SUSPENSIÓN, DEBERÁ PROCEDERSE DE FORMA INMEDIATA A LA HABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA (…)’. En consecuencia, es en esa vía donde se discutirá y resolverá lo que en derecho corresponda.

V.- CONCLUSIÓN. Bajo este orden de circunstancias se impone declarar parcialmente con lugar este recurso, únicamente, en cuanto a la prestación del servicio de agua potable. En lo demás, se declara sin lugar el recurso …”.

 En virtud de lo anterior, la Sala ordenó lo siguiente:

“Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente, en cuanto a la prestación del servicio de agua potable. Se ordena a Juan Manuel Quesada Espinoza y María Alejandra Mora Segura, por su orden presidente ejecutivo y gerenta general, ambos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y a Michael Álvarez Quirós y Víctor Meza Calderón, por su orden alcalde y encargado del Acueducto Municipal, ambos de la Municipalidad de Paraíso, que establezcan las instancias de coordinación que se encuentren dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, para que en el proceso de determinación de la existencia de algún adeudo entre la Municipalidad y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y aún ante el supuesto que llegare a determinarse tal adeudo, no se afecte de manera alguna la prestación del servicio de agua potable a los usuarios del cantón de Paraíso y se les garantice el suministro de dicho líquido: lo anterior implica que, en el caso de acreditarse formalmente algún adeudo entre las instituciones señaladas, el mismo deberá ser instado mediante las vías de legalidad pertinentes sin afectar de modo alguno a los usuarios indicados…”

 Como esa sentencia se pronunció sobre el mismo problema que aquí se discute, deberán estarse las partes a lo ordenado en esa oportunidad.

 IV.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

 Estense las partes a lo resuelto en la sentencia N° 2025019652 de las 09:20 horas del 27 de junio de 2025. Archívese el expediente. 

 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 JN5RIUGHT8A61

EXPEDIENTE N° 25-015877-0007-CO

 

Teléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:53:09.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Sala Constitucional

Resolution No. 23157 - 2025

Resolution Date: July 24, 2025, at 09:20

Expediente: 25-015877-0007-CO

Drafted by: Anamari Garro Vargas

Type of matter: Amparo appeal

Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL

Text of the resolution

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Exp: 25-015877-0007-CO

Res. No. 2025023157

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours twenty minutes on the twenty-fourth of July, two thousand twenty-five.

Amparo appeal processed in expediente number 25-015877-0007-CO, filed by Nombre01, identity card CED01, against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA).-

Resultando:

1.- By motion received at 13:13 hours on June 3, 2025, the appellant files an amparo appeal against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, and states the following, in summary: that on Wednesday, June 4, 2025, he saw on television the executive president of the respondent institution say that potable water service would be suspended to a town in Paraíso de Cartago, due to a debt that the Municipalidad de Paraíso owes to the ICAA. He considers that there is no reason to threaten and intimidate citizens over money owed by the Municipalidad de Paraíso, especially since a judicial process already exists involving both institutions and which is being heard in the Tribunal Contencioso Administrativo. Based on the arguments presented, he believes that the accused actions are violating fundamental rights. He requests that the appeal be granted, with the legal consequences.

2.- Juan Manuel Quesada Espinoza, in his capacity as executive president of the ICAA, reports under oath, as follows: “... In response to the situation that is the subject of the amparo filed by Mr. Nombre02, against the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, and based on the technical report prepared by Licenciada María Isabel Quirós Montero, an official of the UEN Servicio al Cliente Medición GAM, through Memorandum No. UEN-SCMED-GAM-2025-01126 dated June 13, 2025, which is attached as evidence to this report, and the scope of the rule regulated for this purpose in the Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA, it is demonstrated that: 1. The management of bulk water supply began in 1982, when various municipalities, including the Municipalidad de Paraíso, requested the intervention of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados to improve the potable water supply in the Province of Cartago. This collaboration was formalized through Financing and Works Execution agreements between AyA and the Municipalities of Cartago and Paraíso in 1987, and an addendum was formalized in 1997; the main objective was to obtain a loan from the Inter-American Development Bank (BID), authorized by the Legislative Assembly, which made possible the creation of the current municipal aqueduct and the improvement in the quality and coverage of water service for Cartago and Paraíso (See report No. UEN-SCMED-GAM-2025-01126). 2. Initially, AyA was responsible for setting the rates of municipal operators, supervising that these covered operating costs and investment plans; this role was crucial, since AyA was the debtor before the financial entities, and the municipalities, in turn, were debtors before AyA; subsequently, this scheme was modified with the creation of the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) and new interpretations of the Código Municipal, and currently, AyA is subject to ARESEP regulation, while the municipalities, according to Article 3 of the Código Municipal, are responsible for the administration of cantonal services, including potable water. During the term of the agreement dating from 1987, AyA charged for the operation and maintenance of the Water Treatment Plant located in Cartago, including the costs of water supplied and its purification; the Municipalidad de Paraíso paid these items with total willingness, therefore, it is incomprehensible that ignorance is now alleged or a refusal to pay what the institution has charged is presented. Thus, for charging for bulk water sales to the Municipalities of Cartago, AyA historically used its own scheme, due to the absence of a tariff schedule approved by ARESEP; however, as of October 20, 2017, through resolution RIA-010-2017, the Intendencia de Agua set the rates for this service, making it binding for all providers to adhere to the collection of this rate (See report No. UEN-SCMED-GAM-2025-01126). 3. In compliance with the legal obligations of regulation and accounting, financial, and technical oversight of the Intendencia de Agua, and in exercise of its authority regarding the actions of public service providers, that entity carried out a technical inspection that produced the issuance of the ‘Informe de la fiscalización de venta de agua a municipalidades por parte del Instituto Costarricense De Acueductos y Alcantarillados. GTI-2024-14459’; this report details significant findings that highlight the obligation of AyA to charge for services regulated by ARESEP in accordance with the rates that this authority sets, without disregarding it through agreements or contracts, given its binding nature. Based on the foregoing, and in accordance with the rates approved by the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, the calculation of the corresponding amounts was carried out on the water consumption provided to the Municipalidad de Paraíso during the periods from November 2017 to January 2025 (See report No. UEN-SCMED-GAM-2025-01126). 4. Through document UEN-SCMED-GAM-2025-00410 sent on February 24, 2025, the Municipalidad de Paraíso was notified of the calculation made; the pending amount totals ₡3,275,453,917.00 (three billion two hundred seventy-five million four hundred fifty-three thousand nine hundred seventeen colones with zero céntimos) corresponding to the water sales during the periods from November 2017 to January 2025. The charge made is legally supported, in accordance with Article 14, subsections a) and c) of the Law of the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Ley No. 7593, which provides for providers the obligation to comply with the provisions regarding service provision and to supply the information required by said law, also invoking Article 38 which establishes the conducts classified for the non-collection of rates and prices different from those set, authorized, and established by the regulatory body (See report No. UEN-SCMED-GAM-2025-01126). 5. Regarding the charge made for the periods from November 2017 to January 2025, both the Municipalidad de Paraíso and that of Cartago filed ordinary and extraordinary appeals with official letter AM-OF-194-2025/ALC-221-2025, which were attended to and answered by the institution with documents UEN-SC-GAM-2025-00183 and GG-R-2025-0227, concluding that, at the AyA level, the administrative route was already exhausted. This Institute is aware of actions processed before the legislative power and has been notified of the precautionary measure and its extension followed in Expediente No. 25-002942-1027-CA, which has already been answered in that instance; however, this precautionary measure is related to the collection of the sums owed corresponding to the periods from November 2017 to January 2025, not to subsequent billing. It should be noted that said judicial proceeding must follow its course and the corresponding process (See report No. UEN-SCMED-GAM-2025-01126). 6. The service is currently provided without issues, generating to date a pending amount for the sale of raw water to the Municipalidad de Paraíso that totals one hundred eighty-nine million colones, and regarding the billings for February, March, and April 2025, there is no technical or legal justification that prevents the collection of the invoices and therefore their payment. Likewise, as the Reglamento de Prestación de Servicios, published in Gaceta No. 27, Alcance No. 29 of February 9, 2021, is the regulatory framework for AyA's commercial activities, it is imperative to point out what is stipulated in Article 108, which establishes the non-payment of invoices as a cause for service suspension; the invoice that expired on May 20 of the current year, and which remains unpaid to date, is the one that could generate the cause for service suspension. For this reason, document UEN-SCMED-GAM-2025-00960 was issued, with the purpose of notifying the corresponding preventive notice of collection and the possibility of a service suspension in case of non-compliance with the payment of the obligation derived from the service effectively provided in the month of May and which remains pending payment to this date. It is vitally important to highlight that, in that same document, AyA, aware of the impact that an eventual service suspension would have on the continuity of municipal activities and on the well-being of its inhabitants, acting in good faith, decided to grant an additional period beyond that established by the Commercial System, so that the Municipality may approach to regularize its situation. This measure reflects the institutional commitment to the public interest, prioritizing dialogue and the search for joint solutions, even when previous proposals have been rejected by the Municipalidad de Paraíso; all this without neglecting strict compliance with the regulatory framework, the protection of the Institute's financial sustainability, and the observance of its institutional functions and responsibilities. Notwithstanding the foregoing, AyA reserves the right to resort to other venues to execute the collection of the remaining sums owed, as, by law, the services provided cannot be free of charge. Despite the regulatory clarity and the pending amount for recent periods, it is evident that the institution has been willing to discuss a payment agreement, without receiving a positive response from the Municipality of Paraíso to date (See report No. UEN-SCMED-GAM-2025-01126)…”. He requests that the filed appeal be dismissed.

3.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

Drafted by Magistrate Garro Vargas; and,

Considerando:

I.- PURPOSE OF THE APPEAL. The appellant claims that on Wednesday, June 4, 2025, he saw on television the executive president of the respondent institution say that potable water service would be suspended to a town in Paraíso de Cartago, due to a debt that the Municipalidad de Paraíso owes to the ICAA. He considers that there is no reason to threaten and intimidate citizens over money owed by the Municipalidad de Paraíso, especially since a judicial process already exists involving both institutions and which is being heard in the Tribunal Contencioso Administrativo. Based on the arguments presented, he believes that the accused actions are violating fundamental rights.

II.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order:

a) In 1982, various municipalities —including the Municipalidad de Paraíso— requested the intervention of the ICAA to improve the potable water supply in the Province of Cartago, a collaboration that was formalized through Financing and Works Execution agreements between said institution and the Municipalities of Cartago and Paraíso. In this way, a loan was obtained from the Inter-American Development Bank (BID), authorized by the Legislative Assembly, which made possible the creation of the current municipal aqueduct and the improvement in the quality and coverage of water service for Cartago and Paraíso (report).

b) During the term of the agreement, dating from 1987, the ICAA charged for the operation and maintenance of the Water Treatment Plant located in Cartago, including the costs of water supplied and its purification, for which it historically used its own charging scheme, and the Municipalidad de Paraíso paid these items (report).

c) However, as of October 20, 2017, through resolution RIA-010-2017, the Intendencia de Agua set the rates for this service, making it binding for all providers to adhere to the collection of this rate (report).

d) In compliance with the legal obligations of regulation and accounting, financial, and technical oversight of the Intendencia de Agua, and in exercise of its authority regarding the actions of public service providers, that entity carried out a technical inspection that produced the issuance of the “Informe de la fiscalización de venta de agua a municipalidades por parte del Instituto Costarricense De Acueductos y Alcantarillados. GTI-2024-14459.” This report detailed significant findings that highlighted the obligation of the ICAA to charge for services regulated by the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) in accordance with the rates that this authority set, without disregarding it through agreements or contracts, given its binding nature. (report).

e) Based on the foregoing and in accordance with the rates approved by ARESEP, the calculation of the corresponding amounts was carried out on the water consumption provided to the Municipalidad de Paraíso during the periods from November 2017 to January 2025 (report).

f) Through official letter UEN-SCMED-GAM-2025-00410 sent on February 24, 2025, the Municipalidad de Paraíso was notified of the calculation made in this regard. In this sense, the amount calculated and pending payment, in accordance with Articles 14, subsections a) and c), and 38 of the Law of the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Ley N° 7593, totals the sum of ₡3,275,453,917.00 (three billion two hundred seventy-five million four hundred fifty-three thousand nine hundred seventeen colones with zero céntimos) corresponding to the water sales during the periods between November 2017 and January 2025 (report).

g) The Municipalities of Paraíso and Cartago filed ordinary and extraordinary appeals with official letter AM-OF-194-2025/ALC-221-2025, which were attended to and answered by the ICAA through documents UEN-SC-GAM-2025-00183 and GG-R-2025-0227, concluding through them that, at the ICAA level, the administrative route had been exhausted (report).

h) Even so, at the time of rendering the report, the service was provided without issues, generating a pending amount for the sale of raw water to the Municipalidad de Paraíso that totaled one hundred eighty-nine million colones, and regarding the billings for February, March, and April 2025 (report).

i) Despite this, the ICAA issued document UEN-SCMED-GAM-2025-00960 with the purpose of notifying the Local Government of the corresponding preventive notice of collection and the possibility of suspending the service in case of non-payment of the obligation derived from the service effectively provided in the month of May, which, at the time of rendering the report, remained pending payment. Likewise, by that means it decided to grant an additional period beyond that established by the Commercial System, so that said Local Corporation could approach to regularize its situation (report).

III.- ON THE MERITS. Having analyzed the initial motion for this appeal and the list of proven facts, this Tribunal considers it necessary to remind the ICAA of what was ordered in judgment No. 2025019652 of 09:20 hours on June 27, 2025, which ordered the following:

‘… ON THE RIGHT TO POTABLE WATER. Firstly, it is appropriate to indicate that the right of access to potable water has been recognized in this venue in multiple jurisprudence and its conventional and constitutional backing has been emphasized:

‘(…) V.- This Chamber recognizes, as part of the Constitution's Law, a fundamental right to potable water, derived from the fundamental rights to health, life, a healthy environment, food, and decent housing, among others, just as it has also been recognized in international instruments on Human Rights applicable in Costa Rica: thus, it appears explicitly in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (art. 14) and the Convention on the Rights of the Child (art. 24); moreover, it is enunciated in the International Conference on Population and Development in Cairo (principle 2), and it is declared in numerous other instruments of International Humanitarian Law. In our Inter-American Human Rights System, the country is particularly bound in this matter by the provisions of Article 11.1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights (Protocol of San Salvador of 1988), which provides that: ‘Article 11. Right to a healthy environment 1.- Everyone shall have the right to live in a healthy environment and to have access to basic public services.’ The lack of resources does not justify the non-fulfillment of the duties of public administrations in the provision of this basic service. (SALA CONSTITUCIONAL, resolutions 2003-04654 and 2004-007779).

For its part, as both the Procuraduría and the representative of AyA rightly recognize in their reports, in the international field, the recognition of water as a human right and as a necessary precondition for all our human rights is also majority. It is maintained that without equitable access to a minimum requirement of potable water, other established rights—such as the right to an adequate standard of living for health and well-being, as well as other civil and political rights—would be unattainable. In November 2002, the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights affirmed that access to adequate amounts of clean water for domestic and personal use is a fundamental human right of every person. Likewise, in General Comment No. 15 on the fulfillment of Articles 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Committee noted that ‘the human right to water is indispensable for leading a life in human dignity. It is a prerequisite for the realization of other human rights.’ It is also emphasized that the States Parties to the International Covenant have the duty to progressively fulfill, without discrimination of any kind, the right to water, which entitles everyone to enjoy sufficient, physically accessible, safe, and acceptable water for domestic and personal use.

Furthermore, several international conferences have been held, among which the United Nations Water Conference held in Mar del Plata in 1977 stands out, which recognized that all peoples have the right to access potable water to meet their basic needs. Also, the Declaration on the Right to Development, adopted by the UN General Assembly in 1986, includes a commitment by States to ensure equal opportunity for all to enjoy basic resources.

The concept of meeting basic water needs was further strengthened during the 1992 Earth Summit in Rio de Janeiro. In Agenda 21, governments agreed that ‘in developing and using water resources, priority must be given to meeting basic needs and conserving ecosystems.’ Similarly, in the Plan of Implementation adopted at the Johannesburg Summit in 2002, governments committed to ‘use all policy instruments, including regulation, monitoring... and cost recovery of water services,’ without the objectives of cost recovery becoming a barrier to poor people's access to clean water. There are also dozens of international instruments that directly and indirectly concern water as a human right of all people and peoples, in such a way that it is not only a subject that by its nature tends toward nationalization, but also toward the internationalization of its use and exploitation’ (see judgment number 2006-5606 of 15:21 hours on April 26, 2006).

From the foregoing, we can affirm that there exists a fundamental right to potable water, derived from the fundamental rights to health, life, and a healthy environment, among others, by which all persons must be granted the possibility of accessing potable water services under conditions of equality, since it is essential for life and human health. Likewise, access to potable water has been classified as a fundamental human right by various international instruments, which has been recognized in extensive constitutional jurisprudence. For example, as mentioned in the partially transcribed judgment, in General Comment No. 15 on the fulfillment of Articles 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Committee noted that ‘the human right to water is indispensable for leading a life in human dignity. It is a prerequisite for the realization of other human rights. In this way, the States Parties to the International Covenant have the duty to progressively fulfill, without discrimination of any kind, the right to water, which entitles everyone to enjoy sufficient, physically accessible, safe, and acceptable water for domestic and personal use.’ Similarly, regarding this subject, we can find a vast quantity of international instruments that refer to the right of access to potable water, among which we can point out the following: United Nations Water Conference (Mar del Plata, Argentina, 1977, Action Plan), New Delhi Declaration on potable water supply and environmental sanitation (India, 1990); United Nations Conference on Environment and Development (Rio de Janeiro, Brazil, 1992, Chapter 18 of Agenda 21), Dublin Statement on Water and Sustainable Development (Ireland, 1992, Guiding Principles and Action Plan), International Conference on Population and Development (Cairo, Egypt, 1994, Programme of Action), Johannesburg Declaration on Sustainable Development (South Africa, 2002, Pt. 18), General Comment No. 15: The Right to Water (arts. 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights (Geneva, 2002); Resolution 64/292, approved by the United Nations General Assembly, in 2010: The Human Right to Water and Sanitation; Resolution 70-169, approved by the United Nations General Assembly, in 2015: The human rights to safe drinking water and sanitation; United Nations Summit on Sustainable Development (New York, 2015, Objectives 6 and 7), etc. (…)’ (see judgment No. 2019017397 of 12:54 hours on September 11, 2019).

Additionally, as of the entry into force of Law No. 9849 of June 5, 2020, the right to potable water is expressly recognized in Costa Rica at the constitutional level in the following terms:

‘(…) ARTICLE 50.- The State shall seek the greatest well-being for all inhabitants of the country, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth.

Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are entitled to denounce acts that infringe upon that right and to claim reparation for the damage caused.

The State shall guarantee, defend, and preserve that right.

The law shall determine the corresponding responsibilities and sanctions.

Every person has the human, basic, and inalienable right of access to potable water, as an essential good for life. Water is a good of the nation, indispensable for protecting such a human right. Its use, protection, sustainability, conservation, and exploitation shall be governed by what the law to be created for these effects establishes, and the supply of potable water for the consumption of persons and populations shall have priority (…)’ (highlighting added).

On this matter, in judgment No. 2020-03982 of 11:50 hrs. on February 26, 2020, this Tribunal processed the legislative consultation related to the mentioned partial reform of numeral 50 of the Political Constitution and indicated:

‘(…) VIII.- On the content of the bill and its constitutional conformity. The partial constitutional reform bill presented by the entirety of the 57 Deputies to the Legislative Assembly, consists of two articles that aim for the addition of a final paragraph to Article 50 of the Political Constitution, as well as the incorporation of a new transitional provision in Title XVIII, Sole Chapter, Transitory Provisions of the Political Constitution, as follows:

‘ARTICLE 1.- A paragraph is added at the end of Article 50 of the Political Constitution, of November 7, 1949. The text is as follows:

Article 50.-

(…)

Every person has the human, basic, and inalienable right of access to potable water, as an essential good for life. Water is a good of the Nation, indispensable for protecting such a human right. Its use, conservation, and exploitation shall be governed by what the law to be created for these effects establishes, and the supply of potable water for the consumption of persons and populations shall have priority.

ARTICLE 2.- A new transitional provision is added to title XVIII, sole chapter, Transitory Provisions, of the Political Constitution, related to Article 50. The text is as follows:

Article 50 – XX. The current laws, concessions, and use permits, granted in accordance with the law, as well as the rights derived from them, shall remain in force, until a new law regulating the use, exploitation, and conservation of water enters into force.’.

The proposal thus presented and already approved in the first debate, refers not only to the express recognition of access to water as a human right but is directly related to the fact that this human right recognized therein positively concerns access to potable water, since it begins from the consideration of water—and especially potable water—as an essential and intrinsic element for the life and health of persons, thus coming into harmony with what is indicated in Article 21 and in the first part of the same Article 50 of the Political Constitution, and the jurisprudential developments of this same Chamber that derive from such norms.

The Chamber warns that the right of access to water, and especially to potable water, forms part of various enunciations in the field of international human rights law, through different instruments with different scope or legal nature, but which by their own condition and by reason of what is provided in Article 48 of the Political Constitution, must necessarily be considered regarding this matter. Thus, this right is already related and referenced since 1972 in the so-called Dublin Statement on Water and Sustainable Development; it was considered at the Rio Conference on Environment of the same year 1972; in the Copenhagen Declaration on Social Development of 1995; it was validated at the First World Water Forum, through the Marrakech Declaration in 1997; while at the conventional level, there are specific provisions in subsection 1) of Article 11 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights —Protocol of San Salvador—, and even in Convention 169 of the International Labour Organization itself.

And in terms of general resolutions, these include, among others, the General Comment on the Right to Water, adopted by the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights in November 2002 through UN Resolution: E/C.12/2002/11, as well as United Nations General Assembly Resolution number 70/169, of December 17, 2015, which expressly state that water must be "safe and of acceptable quality for personal and domestic uses," and access to "drinking water and sanitation for all persons in a non-discriminatory manner."

In this sense, it is valid to affirm that the proposed addition to Article 50 of the Constitution, insofar as it expressly recognizes the right of access to drinking water, is consistent with the legal developments on the matter shown at the international level and embodied in declarations, conventions, and resolutions of various natures, hence its conformity with the legal progress shown in this regard at the international level, and because, by the very essence of public international law and international human rights law, such formulations have a direct impact on the internal sphere of States, just as this proposed constitutional amendment seeks to formalize at that level.

It is important to note that the reference is made that the proposal intends to formalize the situation at the constitutional level, since certainly the issue of access to water, and to drinking water, is regulated in our country in the realm of legality, by a profuse regulatory framework that ranges from the Water Law of 1942, the General Drinking Water Law of 1953, the Constitutive Law of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados of 1961, the General Health Law of 1973, the Law Creating SENARA of 1983, the Organic Environmental Law of 1995, and the Forest Law (Ley Forestal) of 1996, among others.

Likewise, the protection of the environment and the right to water that the constitutional jurisdiction has developed at the jurisprudential level must be emphasized, highlighting not only the possibility of access to water as an essential resource for human life, but also the inherent and necessary protection that must be provided by the institutional framework in general, from specialized agencies such as the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, and the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, to others of a broader nature such as the Dirección de Aguas of the Ministerio del Ambiente y Energía, the Ministerio de Salud, and the Municipalities of the country themselves, establishing the necessary coordination among them to ensure not only the comprehensive protection of water resources, but also their legitimate provision for human consumption in compliance with established parameters and the real possibilities of their effective supply –see, among many others, judgments of this Chamber, numbers 2003-4654, 2004-1923, 2009-262 and 2016-1791-.

It is important to note the emphasis that the reform proposes not only in terms of recognizing access to drinking water as a human right, but also its particular condition as a public domain asset, in the same sense that the diverse legislation enunciated here already refers to. Note that the proposed regulation states that "water is an asset of the Nation," that is, an asset that generally belongs to that immateriality included in the concept of Nation, and as such, an asset that is diffused among all of society and its actors, a public domain asset that requires not only full protection for its condition of being essential for life, but also to allow its use for the various areas that may be required, provided that due sustainability and its comprehensive protection are attended to as part of the right to a healthy and ecologically balanced environment. Note that the recognition of the human right is over drinking water, stating subsequently that water –thus, in general terms- is indispensable to protect the human right recognized in the first part of the paragraph, without this implying in any way the impossibility of using the resource for other types of purposes –agricultural, industrial, or development-, provided that it is done in a manner adjusted to the provisions on the referred right to the environment and guaranteeing the existence of the adequate resource for drinking water. In other words, the existence of water is recognized and protected, and over it, a human right of access to drinking water, from which it follows that the proposed normative formulation recognizes not only the protection and possibility of using water in general terms, but also the recognition of access to drinking water as a human right.

On the other hand, take into consideration that, according to what has already been stated, this access must be sought and provided in accordance with prior compliance with established parameters and according to (sic) the real possibilities of supply. That is, as has been established in the copious jurisprudence of this Chamber on the matter, although the recognition of access to drinking water is configured as a human right, its effective provision may be subject to the concrete and certain possibilities of granting, from which it follows that this access that is recognized as fundamental, may well be subject to the fulfillment of concrete conditions that in turn allow guaranteeing the existence and preservation of this asset.

It is for this reason that the aforementioned United Nations General Assembly Resolution number 70-169, of December 17, 2015, states in its section 5 the exhortation to States to:

'Ensure the progressive realization of the human rights to safe drinking water and sanitation for all persons in a non-discriminatory manner while eliminating inequalities in access, particularly for those belonging to vulnerable and marginalized groups, on grounds of race, gender, age, disability, ethnic origin, culture, religion and national or social origin or on any other ground, with a view to progressively eliminating inequalities based on factors such as rural-urban disparities, residence in slums, income level and other relevant factors.' –emphasis not in original-

This progressiveness referred to in this resolution develops the homologous provision that in conventional terms is enshrined in the first paragraph of Article 2 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, by stating that:

'Each State Party to the present Covenant undertakes to take steps, individually and through international assistance and co-operation, especially economic and technical, to the maximum of its available resources, with a view to achieving progressively the full realization of the rights recognized in the present Covenant by all appropriate means, including particularly the adoption of legislative measures.' –emphasis added-

Thus, the legitimate regulation that allows adequate and orderly access to drinking water here recognized as a human right is valid, since it is about promoting its progressive development in harmony with the right to a healthy and ecologically balanced environment.

It is for this reason that the legislation regulating the matter –as could be the one thus proposed in the same paragraph intended to be added, and to which reference is made in the proposed transitory provision XX-, must, in due course, necessarily be consistent with the charge of values, principles, and express regulations that inform human rights, and access to drinking water also as a human right that it is, so certainly that legislation indicated there, must adjust to the Law of the Constitution and to the provisions contemplated therein on the matter.

In this sense, in accordance with what is stated here, it is appreciated that the project being processed under legislative file 21.382, is in direct consonance and development of the constitutional provisions on the right to a healthy and ecologically balanced environment, so it fits adequately into the same provision of Article 50 of the Constitution, and is in accordance with the constitutional values and principles that guide it, without there being in any way any friction with those essential or core elements that inform and integrate the Law of the Constitution (…)’.

Similarly, it is worth highlighting what was established in General Comment No. 15 of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights made at the 29th session held in Geneva between November 11 and 29, 2002, in which it was stated:

‘(…) 2. The human right to water entitles everyone to sufficient, safe, acceptable, physically accessible and affordable water for personal and domestic uses. An adequate amount of safe water is necessary to prevent death from dehydration, to reduce the risk of water-related disease and to provide for consumption, cooking and personal and domestic hygienic requirements.

3. Article 11, paragraph 1, of the Covenant specifies a number of rights emanating from, and indispensable for, the realization of the right to an adequate standard of living, "including adequate food, clothing and housing". The use of the word "including" indicates that this catalogue of rights was not intended to be exhaustive. The right to water clearly falls within the category of guarantees essential for securing an adequate standard of living, particularly since it is one of the most fundamental conditions for survival.

Moreover, the Committee has previously recognized that water is a human right contained in article 11, paragraph 1, (see General Comment No. 6 (1995))2. The right to water is also inextricably related to the right to the highest attainable standard of health (art. 12, para. 1)3 and the rights to adequate housing and adequate food (art. 11, para. 1)4. The right should also be seen in conjunction with other rights enshrined in the International Bill of Human Rights, foremost amongst them the right to life and human dignity (…)

10. The right to water contains both freedoms and entitlements. The freedoms include the right to maintain access to a water supply necessary for exercising the right to water and the right to be free from interference, such as the right to be free from arbitrary disconnections or contamination of water resources. By contrast, the entitlements include the right to a system of water supply and management that provides equality of opportunity for people to enjoy the right to water.

11. The elements of the right to water must be adequate for human dignity, life and health, in accordance with article 11, paragraph 1, and article 12. The adequacy of water should not be interpreted narrowly, by mere reference to volumetric quantities and technologies. Water should be treated as a social and cultural good, and not primarily as an economic good. The manner of the realization of the right to water must also be sustainable, ensuring that the right can be realized for present and future generations.

12. While the adequacy of water required for the right to water may vary according to different conditions, the following factors apply in all circumstances:

a) Availability. The water supply for each person must be sufficient and continuous for personal and domestic uses. These uses ordinarily include drinking, personal sanitation, washing of clothes, food preparation and personal and household hygiene. The quantity of water available for each person should correspond to World Health Organization (WHO) guidelines. Some individuals and groups may also require additional water due to health, climate, and work conditions.

b) Quality. The water required for each personal or domestic use must be safe, therefore free from micro-organisms, chemical substances and radiological hazards that constitute a threat to a person’s health. Furthermore, water should be of an acceptable colour, odour and taste for each personal or domestic use.

c) Accessibility. Water and water facilities and services must be accessible to everyone, without discrimination, within the jurisdiction of the State party. Accessibility has four overlapping dimensions:

i) Physical accessibility. Water, and adequate water facilities and services, must be within safe physical reach for all sections of the population. Sufficient, safe and acceptable water must be accessible within, or in the immediate vicinity, of each household, educational institution and workplace. All water facilities and services must be of sufficient quality, culturally appropriate and sensitive to gender, life-cycle and privacy requirements. Physical security should not be threatened during access to water facilities and services.

ii) Economic accessibility. Water, and water facilities and services, must be affordable for all. The direct and indirect costs and charges associated with securing water must be affordable, and must not compromise or threaten the realization of other Covenant rights.

iii) Non-discrimination. Water and water facilities and services must be accessible to all, including the most vulnerable or marginalized sections of the population, in law and in fact, without discrimination on any of the prohibited grounds.

iv) Information accessibility. Accessibility includes the right to seek, receive and impart information concerning water issues (…)

25. The obligation to fulfil can be disaggregated into the obligations to facilitate, promote and provide. The obligation to facilitate requires the State to take positive measures to assist individuals and communities to enjoy the right. The obligation to promote obliges the State party to take steps to ensure that there is appropriate education concerning the hygienic use of water, protection of water sources and methods to minimize water wastage. States parties are also obliged to fulfil (provide) the right when individuals or a group are unable, for reasons beyond their control, to realize that right themselves by the means at their disposal.

26. The obligation to fulfil requires States parties to adopt the necessary measures directed towards the full realization of the right to water. The obligation includes, inter alia, according sufficient recognition of this right within the national political and legal systems, preferably by way of legislative implementation; adopting a national water strategy and plan of action to realize this right; ensuring that water is affordable for everyone; and facilitating improved and sustainable access to water, particularly in rural and deprived urban areas.

27. To ensure that water is affordable, States parties must adopt the necessary measures that may include, inter alia: (a) use of a range of appropriate low-cost techniques and technologies; (b) appropriate pricing policies such as free or low-cost water; and (c) income supplements. Any payment for water services has to be based on the principle of equity, ensuring that these services, whether privately or publicly provided, are affordable for all, including socially disadvantaged groups. Equity demands that poorer households should not be disproportionately burdened with water expenses as compared to richer households.

28. States parties should adopt comprehensive and integrated strategies and programmes to ensure that there is sufficient and safe water for present and future generations22. Such strategies and programmes may include: (a) reducing depletion of water resources through unsustainable extraction, diversion and damming; (b) reducing and eliminating contamination of watersheds and water-related ecosystems by substances such as radiation, harmful chemicals and human excreta; (c) monitoring water reserves; (d) ensuring that proposed developments do not impede access to adequate water; (e) assessing the impacts of actions that may impinge upon water availability and natural-ecosystems watersheds, such as climate changes, desertification and increased soil salinity, deforestation and loss of biodiversity23; (f) increasing the efficient use of water by end-users; (g) reducing water wastage in its distribution; (h) response mechanisms for emergency situations; and (i) creating competent institutions and appropriate institutional arrangements to carry out the strategies and programmes (…)

37. In General Comment No. 3 (1990), the Committee confirms that States parties have a core obligation to ensure the satisfaction of, at the very least, minimum essential levels of each of the rights enunciated in the Covenant. In the Committee’s view, at least a number of core obligations in relation to the right to water can be identified, which are of immediate effect:

a) To ensure access to the minimum essential amount of water, that is sufficient and safe for personal and domestic uses to prevent disease;

b) To ensure the right of access to water and water facilities and services on a non-discriminatory basis, especially for disadvantaged or marginalized groups;

c) To ensure physical access to water facilities or services that provide sufficient, safe and regular water; that have a sufficient number of water outlets to avoid prohibitive waiting times; and that are at a reasonable distance from the household;

d) To ensure personal security is not threatened when having to physically access water;

e) To ensure equitable distribution of all available water facilities and services;

f) To adopt and implement a national water strategy and plan of action addressing the whole population; the strategy and plan of action should be devised, and periodically reviewed, on the basis of a participatory and transparent process; it should include methods, such as right to water indicators and benchmarks, by which progress can be closely monitored; the process by which the strategy and plan of action are devised, as well as their content, shall give particular attention to all disadvantaged or marginalized groups;

g) To monitor the extent of the realization, or the non-realization, of the right to water;

h) To adopt relatively low-cost targeted water programmes to protect vulnerable and marginalized groups;

i) To take measures to prevent, treat and control diseases linked to water, in particular ensuring access to adequate sanitation (…)’ (emphasis added).

The foregoing is relevant because the content of the right to water is detailed by outlining its characteristics, including quality, accessibility, and availability, since it is established that the human right to water implies a sufficient supply for each person for personal and domestic use.

On the other hand, in the judgment of November 27, 2023, issued by the Inter-American Court of Human Rights in the case Habitantes de la Oroya vs Perú, that tribunal held:

‘(…) 121. Likewise, persons enjoy the right for water to be free from levels of contamination that constitute a significant risk to the enjoyment of their human rights, particularly the rights to a healthy environment, health, and life. This substantive element of the right to a healthy environment imposes an obligation on States consisting of: a) designing standards and policies that define water quality standards and, in a reinforced manner, in treated and residual waters that are compatible with human health and the health of ecosystems; b) monitoring contamination levels of water bodies and, if applicable, informing about possible risks to human health and the health of ecosystems; c) carrying out plans and, in general, undertaking any practice with the purpose of controlling water quality that includes the identification of its main causes of contamination; d) implementing measures to enforce water quality standards, and e) adopting actions that ensure the management of water resources in a sustainable manner. The Court also considers that States must design their water quality standards, plans, and control measures in accordance with the best available science, attentive to the criteria of availability, accessibility, sustainability, quality, and adaptability and, including, based on international cooperation.

122. As a complement to the foregoing, the Court recalls that in the case of Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina, it was established that the right to water is protected by Article 26 of the American Convention. This derives from the norms of the OAS Charter, as these allow deriving rights from which, in turn, the right to water derives. In this regard, the Court indicated that among those are the right to a healthy environment (supra para. 115), the right to adequate food, the right to health, and the right to participate in cultural life, which are protected by Article 26 of the Convention. This right is also recognized in the Universal Declaration of Human Rights in its Article 25 and in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), in its Article 11, and finds support in the constitutions of the States of the region that recognize the rights to a healthy environment, health, and food.

123. Regarding its normative content of the right to water as an autonomous right, the Court has expressed that ‘access to water […] comprises 'drinking, personal sanitation, washing of clothes, food preparation and personal and household hygiene', as well as for some individuals and groups also […] 'additional water resources due to health, climate, and work conditions''. Likewise, that 'access to water' implies 'obligations of progressive realization', but that 'however, States have immediate obligations, such as guaranteeing [said access] without discrimination and adopting measures to achieve its full realization'. Furthermore, that States must provide protection against acts of private parties, so that third parties do not impair the enjoyment of the right to water, as well as 'guarantee a minimum essential amount of water', in those 'particular cases of persons or groups of persons who are not in a position to access water by themselves […], for reasons beyond their control'.

124. At this point, the Tribunal clarifies that there is a close relationship between the right to water as a substantive facet of the right to a healthy environment and the right to water as an autonomous right. The first facet protects water bodies as elements of the environment that have value in themselves, as a universal interest, and for their importance for other living organisms including human beings. The second facet recognizes the determining role that water has in human beings and their survival, and, therefore, protects their access, use, and utilization by human beings. Thus, the Court understands that the substantive facet of the right to a healthy environment that protects this component is based on an ecocentric premise, while -for example- the right to drinking water and its sanitation is based on an anthropocentric vision. Both facets are interrelated, but, not in all cases, the violation of one necessarily implies the violation of the other.

125. On the other hand, the Court recalls that the right to a healthy environment includes the right to clean air and water. This right is covered by the obligation to respect and to ensure, provided for in Article 1.1 of the Convention, one of whose forms of observance consists of preventing violations. This obligation projects into the private sphere to prevent third parties from violating protected legal interests, and encompasses all those measures of a legal, political, administrative, and cultural nature that promote the safeguarding of human rights and that ensure that their eventual violations are effectively considered and treated as an illicit act. In this line, the Court has indicated that on certain occasions States have the obligation to establish adequate mechanisms to supervise and control certain activities in order to guarantee human rights, protecting them from the actions of public entities, as well as private persons. The obligation to prevent is one of means or conduct and its non-compliance is not demonstrated by the mere fact that a right has been violated (…)’ (emphasis added).

IV.- SPECIFIC CASE. The appellants argue that they are residents of Paraíso and were informed that the ICAA is executing a retroactive multimillion-dollar charge to the municipality, due to a problem with the rates approved in 2017 by the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Non-payment would generate the suspension of water service, which would affect at least 20,000 people. They maintain that the threat of suspending drinking water is illegal and violates the right to access to drinking water and the principles of continuity and efficiency in public service.

In this regard, concerning the grievances expressed by the petitioners, the amparo is delimited against the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, since they filed the appeal against said authority, and this Constitutional Court, in accordance with the evidence presented in the case file, as well as the report rendered by the respondent authorities, believes that the appellants are correct in their arguments, as will be set forth below.

Indeed, it was verified that by official letter no. UEN-SCMED-GAM-2025-00410 of February 24, 2025, the UEN Servicio al Cliente Medición GAM of the ICAA notified the Municipalidad de Paraíso of the charge for bulk water sales, from November 2017 to January 2025. Due to the foregoing, on an undetermined date, the Municipalidad Paraíso filed the appeals of statute of limitations, revocation, and concomitant nullity against the collection management for service 5562057. By resolution no. UEN-SC-GAM-2025-00183 at 7:30 a.m. on April 10, 2025, the UEN Servicio al Cliente GAM of the ICAA declared the appeals of statute of limitations, revocation, and concomitant nullity without merit. Likewise, by official letter no. GG-2025-01114 of April 28, 2025, the Gerencia General of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados reiterated to the mayor of Paraíso, the following: ‘(…) I hereby inform you that, as of today, the Municipalidad de Paraíso is in arrears in the payment of the receipts corresponding to service NIS 5562057, the last receipt having expired on April 21, 2025. …we have seen fit to grant an additional period of three (3) business days, counted from the date of this communication, for you to proceed with the payment of the outstanding invoices (…)’. And by official letter no. UEN-SCMED-GAM-2025-00960 of May 22, 2025, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados once again indicated to the Municipalidad de Paraíso the following: ‘(…) according to what is observed in the commercial system of AyA, the service identified with NIS 5562057, in the name of the Municipalidad de Paraíso, currently has several pending payments and one of them corresponds to the invoice issued on May 6, 2025 (for water consumption of April 2025), for a total amount of ₡46,985,022.00, which expired on May 20, 2025. Despite the previous collection efforts made and the deadlines granted to you for the regularization of the situation, the indicated payment has not yet been received. Therefore, and in compliance with the current regulations, included in the Service Provision Regulations of AyA, we must suspend the service provided. However, with the purpose of avoiding impacts on the population of Paraíso, we have decided to grant you an extension of 10 (ten) additional calendar days so that you can make the indicated payment.’

If the situation is not regularized within this period, we will be obliged to proceed with the suspension of the water service starting June 2, 2025 (…)’.

From the foregoing, it is evident that there is a conflict between the Municipality of Paraíso and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, which eventually impacts the users of the canton of Paraíso, since, if the respondent institute suspends the water supply to the municipality by virtue of the charge it is imposing, the users would have no potable water. What exists is a substantive technical discussion as to whether or not the charge that the respondent institute is making to the Municipality of Paraíso retroactively from 2017 to date is appropriate, by virtue of the ruling issued by ARESEP at that time. Discussing the validity, application, scope, and content of the ARESEP report and whether it must be processed through one channel or another is a matter of legality, and it is not for the Constitutional Chamber to determine the scope of that ARESEP report, the modality in which the Municipality of Paraíso must pay, the amount, nor the timing of said payment.

On the other hand, there is the provision of potable water service and the right to access potable water; in this case, we are not dealing with the provision of new potable water services, nor with suspensions due to users' non-payment. At this time, the users are unrelated to the problem arising between the Municipality of Paraíso and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, and for this reason, they should not have to suffer the suspension of potable water service. The respondent institute's decision to suspend service to the Municipality of Paraíso would entail an impact on the users of the canton of Paraíso. While it is true that the Chamber understands there may be an eventual need for the municipality and the respondent institute to define the amount, when, and how payment must be made, this cannot, in any way, transcend to the users. In addition to the fact that the matter is in litigation before the Administrative Litigation Court. A precautionary measure (medida cautelar) proceeding was processed under case file No. 25-002942-1027-CA-1, in which the Municipality of Paraíso appears as plaintiff and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados as defendant. And the resolution issued at 11:10 a.m. on May 9, 2025, ordered the precautionary measure: ‘(…) THE present request for a PRECAUTIONARY MEASURE ON AN EXTREMELY PROVISIONAL BASIS (MEDIDA CAUTELAR EN CARÁCTER DE PROVISIONALÍSIMA), filed by MUNICIPALIDAD DE PARAISO, represented by Name03, against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, is ACCEPTED. THE SUSPENSION OF THE EXECUTION OF THE ADMINISTRATIVE ACTS EN-SCMED-GAM-2025-00410, OF FEBRUARY 24, 2025, THE CHARGE FOR BULK WATER SALES FROM 2017 TO JANUARY 2025 IS MADE, AND OFFICIAL LETTER GG-2025-01114 OF APRIL 28, 2025, IS ORDERED. THE DEFENDANT MUST REFRAIN FROM CARRYING OUT ANY ACTION AIMED AT COLLECTING PAYMENT ARISING FROM THE ADMINISTRATIVE ACTS INDICATED ABOVE, AND MUST ALSO REFRAIN FROM CARRYING OUT ANY ACTION AIMED AT SUSPENDING THE WATER SERVICE. IN THE EVENT THAT A SUSPENSION HAS ALREADY TAKEN EFFECT, THE WATER SERVICE MUST BE IMMEDIATELY RESTORED (…)’. Consequently, it is in that venue where the matter is to be discussed and resolved as appropriate under the law.

V.- CONCLUSION. Under this set of circumstances, this appeal must be granted partially with merit, solely with regard to the provision of potable water service. In all other respects, the appeal is denied on its merits…”.

By virtue of the foregoing, the Chamber ordered the following:

“The appeal is granted partially with merit, solely with regard to the provision of potable water service. Juan Manuel Quesada Espinoza and María Alejandra Mora Segura, in their order as executive president and general manager, both of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, and Michael Álvarez Quirós and Víctor Meza Calderón, in their order as mayor and head of the Municipal Aqueduct, both of the Municipality of Paraíso, are ordered to establish the coordination mechanisms within their respective spheres of competence, so that in the process of determining the existence of any debt between the Municipality and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, and even under the assumption that such a debt might be determined, the provision of potable water service to the users of the canton of Paraíso is not affected in any way and the supply of said liquid is guaranteed to them: the foregoing implies that, in the event that any debt between the indicated institutions is formally established, it must be pursued through the pertinent legal channels without affecting the indicated users in any way…”

As that judgment ruled on the same problem discussed here, the parties must abide by what was ordered on that occasion.

IV.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if any document has been provided on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology-produced device, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period shall be destroyed, pursuant to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Por tanto:

Let the parties abide by what was resolved in judgment No. 2025019652 of 9:20 a.m. on June 27, 2025. Let the case file be archived.

Fernando Castillo V.
Presidente

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Documento Firmado Digitalmente
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EXPEDIENTE N° 25-015877-0007-CO

Teléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:53:09.

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