Res. 23234-2025 Sala Constitucional — Environmental amparo for clandestine workshop — Municipality of GoicoecheaAmparo ambiental por taller clandestino — Municipalidad de Goicoechea

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Sala Constitucional

Resolución Nº 23234 - 2025

Fecha de la Resolución: 24 de Julio del 2025 a las 09:20

Expediente: 25-018559-0007-CO

Redactado por: Anamari Garro Vargas

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 25-018559-0007-CO

Res. Nº 2025023234

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veinticuatro de julio de dos mil veinticinco .

 Recurso de amparo que se tramita en expediente número 25-018559-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, a favor de Nombre02, cédula de identidad CED02, contra la MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA.

RESULTANDO:

 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 14:05 horas del 26 de junio de 2025, la recurrente interpone recurso de amparo contra la MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA y manifiesta que reside con su esposo desde hace 26 en su casa frente a la Escuela Roberto Cantillano Vindas en la zona residencial Ipis. Afirma que, en el 2016, se instaló, junto a su casa, un taller clandestino, al cual se le dio en el 2017 una patente comercial ilegal y se denunció ante Municipalidad en 2018. Explica que, se presentó un recurso de amparo que se declaró parcialmente con lugar, ya que solicitó ante la corporación local ayuda con la situación y no se comprobó que se hubiera recibido una respuesta. Menciona que, en el 2020 se interpuso un recurso extraordinario de revisión contra la patente municipal y en 2022 el Tribunal Contencioso Administrativo declaró con lugar el recurso y ordenó que se resolviera de nuevo el recurso de revisión que se había presentado, por lo que el 23 de junio de 2022, la Auditoría de la Municipalidad de Goicoechea informó que se sometería “a consideración en un término de 10 días hábiles ante el Concejo Municipal el caso del Taller Multiservicios Alejo, con el fin de que se analice y se definan las acciones que correspondan respecto a mantener el uso del suelo”. Acusa que, a la fecha de interposición de este recurso, el Concejo no “a” comunicado nada y se le indicó que debe iniciar las denuncias desde cero. Con base en los alegatos expuestos, estima que, con las actuaciones acusadas, se están vulnerando derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso con las consecuencias de ley.

2.- Informan bajo juramento Fernando Chavarría Quirós, en su condición de Alcalde, y Gloriana Carmona Seravalli, en su condición de Presidenta del Concejo, ambos de la Municipalidad de Goicoechea, que:

“Según consta en oficio MG-CM-PM-OF-20-2025, del 14 de julio de 2025, suscrito por Gloriana Carmona Seravalli, en su condición de Presidenta del Concejo Municipal de Goicoechea, el cual forma parte de nuestro elenco probatorio, con relación a los hechos que motivan la interposición de este recurso de amparo, en resumen se informa que revisados los registros en la Secretaría Municipal, no se localizó el ingreso de la documentación referente al caso del Taller Multiservicios Alejo, se procedió a consultar la Alcaldía Municipal si el mismo había sido enviado al Concejo y tampoco se tiene registro de que el mismo fuera enviado. Desconocemos lo ocurrido en este caso en particular, puede que el traslado no se haya realizado debido a que el asunto se traspapeló debido al volumen de trabajo y/o obedece a un error humano; pero independientemente del motivo, desde ya nos comprometemos a que la Alcaldía traslade inmediatamente el caso del Taller Multiservicios Alejo al Concejo Municipal para lo correspondiente. Evidentemente este tipo de circunstancias no acostumbran suceder en este Municipio, lo que provoca una revision interna para determinar lo ocurrido, subsanar y procurar que no vuelva a suceder, por ello ofrecemos las disculpas del caso”.

Solicitan que se declare sin lugar el recurso.

3.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Garro Vargas; y,

CONSIDERANDO:

 I.- DE PREVIO. De previo a analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones- aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos, pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o por las leyes sectoriales relativo a los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso, se plantea un supuesto de excepción pues se está ante una denuncia interpuesta ante la Municipalidad de Goicoechea por un problema relacionado a la afectación al derecho al ambiente debido a las actividades de un taller que presuntamente no ha sido resuelta. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.

II.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente manifiesta que reside con su esposo en su casa frente a la Escuela Roberto Cantillano Vindas en la zona residencial Ipis. Afirma que en el 2016 se instaló junto a su casa un taller clandestino al cual en el año 2017 se le entregó una patente comercial ilegal y, por ende, se denunció ante la municipalidad recurrida en el año 2018. Menciona que en el 2020 se interpuso un recurso extraordinario de revisión contra la patente municipal y en año 2022 el Tribunal Contencioso Administrativo declaró con lugar el recurso y ordenó que se resolviera de nuevo el recurso de revisión que se había presentado. Aduce que el 23 de junio de 2022, la Auditoría de la Municipalidad de Goicoechea informó que se sometería “a consideración en un término de 10 días hábiles ante el Concejo Municipal el caso del Taller Multiservicios Alejo, con el fin de que se analice y se definan las acciones que correspondan respecto a mantener el uso del suelo”. No obstante, acusa que a la fecha de interposición de este recurso el Concejo no ha comunicado nada y se le indicó que debe iniciar las denuncias desde cero.

III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

a)    La recurrente reside con su esposo, aquí amparado, en su casa frente a la Escuela Roberto Cantillano Vindas en la zona residencial Ipis (hecho no controvertido).

b)   En el año 2016 se instaló junto a su casa un taller clandestino al cual en el año 2017 se le entregó una patente comercial ilegal (hecho no controvertido).

c)    En el año 2018, la accionante interpuso una denuncia contra el taller en cuestión ante la Municipalidad de Goicoechea (hecho no controvertido).

d)   En el año 2020 se interpuso un recurso extraordinario de revisión contra la patente municipal; en año 2022 el Tribunal Contencioso Administrativo declaró con lugar el recurso y ordenó a la municipalidad accionada que se resolviera de nuevo el recurso de revisión aludido (hecho no controvertido).

e)    En el informe 009-2022 denominado “Estudio de Auditoria Uso de Suelo del Taller Multiservicios Alejo” del 23 de junio de 2022, la Auditoría de la Municipalidad de Goicoechea recomendó al Alcalde Municipal “someter a consideración en un término de 10 días hábiles ante el Concejo Municipal el caso del Taller Multiservicios Alejo, con el fin de que se analice y se definan las acciones que correspondan respecto a mantener el uso del suelo” (véase la prueba adjunta). 

 IV.- HECHO NO PROBADO. No se estima demostrado el siguiente hecho de relevancia para esta resolución:

Único. Que la Municipalidad de Goicoechea haya acatado la recomendación emitida en el informe 009-2022 del 23 de junio de 2022.

 V.- EN REFERENCIA AL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y SU TUTELA POR MEDIO DE LA FUNCIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES. De previo al análisis de fondo de los hechos reclamados en este proceso de amparo, corresponde indicar que, en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho, los Derechos Económicos Sociales y Culturales tienen como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico y el desarrollo del ser humano y los pueblos. A partir de esto, se puede señalar un contenido subjetivo y otro objetivo de tales derechos. Así, en cuanto al sentido subjetivo, los derechos prestacionales demandan la actividad general del Estado para la satisfacción de las necesidades individuales o colectivas. Por su parte, el sentido objetivo configura a tales derechos como mínimos vitales que el Estado debe resguardar a favor de las personas. La satisfacción de esas necesidades supone la creación de condiciones necesarias y el compromiso de lograr progresivamente su goce. En el caso del bloque de constitucionalidad costarricense, encontramos tales derechos en el contenido del artículo 50 de la Constitución Política y el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el desarrollo, tutela y pleno disfrute de los derechos de cita, resulta de relevancia la función de las Municipalidades y sus órganos –incluyendo los concejos municipales de distrito-, las cuales, a partir del artículo 169 constitucional, se encuentran en la obligación de prestar en forma efectiva los servicios públicos que les han sido encomendados. Así, de aplicación en el caso concreto, tales obligaciones conllevan el efectivo mantenimiento de las vías públicas -caminos, acerás y alcantarillado-, por medio de las cuales se ejercitan y disfrutan otros derechos, tales como la libertad ambulatoria, la salud y el derecho a un ambiente sano. Respecto a este último, resulta de relevancia lo indicado por este Tribunal en su jurisprudencia. Así, en Sentencia N° 2007-017552 de las 12:22 horas de 30 de noviembre de 2007, indicó: 

“(…) El artículo 50 citado, también perfila el Estado Social de Derecho, por lo que podemos concluir que la Constitución Política enfatiza que la protección del ambiente es un mecanismo adecuado para tutelar y mejorar la calidad de vida de todos, lo que hace necesaria la intervención de los Poderes Públicos sobre los factores que pueden alterar su equilibrio y obstaculizar que la persona se desarrolle y desenvuelva en un ambiente sano. La incidencia que tiene el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado dentro de la actividad del Estado, encuentra su primera razón de ser, en que por definición, los derechos no se limitan a la esfera privada de los individuos, sino que tienen asimismo trascendencia en la propia estructura del Estado, en su papel de garante de los mismos y, en segundo término, porque la actividad del Estado se dirige hacia la satisfacción de los intereses de la colectividad. En la jurisprudencia constitucional el concepto de ‘ambiente’, no ha sido limitado a los elementos primarios de la naturaleza, sea el suelo, el aire, el agua, los recursos marinos y costeros, los minerales, los bosques, la diversidad biológica en la flora y fauna, y el paisaje; a partir de los cuales se conforma el marco ambiental sin el cual las demandas básicas -como la alimentación, energía, vivienda, sanidad y recreación- serían imposibles. Es importante resaltar que este término se ha entendido de una manera más integral, estableciéndose un concepto ‘macro-ambiental’, al comprender también aspectos referentes a la economía, a la generación de divisas a través del turismo, la explotación agrícola y otros: ‘Por lo anterior, el Derecho Ambiental no debe asociarse sólo con la naturaleza, pues ésta es únicamente parte del ambiente. La política de protección a la naturaleza se vierte también sobre otros aspectos como la protección de la caza, de los bosques, de los parques naturales y de los recursos naturales. Se trata, entonces, de un concepto macro-ambiental, para no dejar conceptos importantes por fuera y así lograr unificar el conjunto jurídico que denominamos Derecho Ambiental (…)” 

Dicho lo anterior, se tiene que esta Sala, como garante de los Derechos Fundamentales, se erige como un controlador del cumplimiento de las obligaciones derivadas de lo dispuesto en los artículos 21 y 50 de la Constitución Política, los cuales constriñen al Estado a reconocer los derechos señalados y, además, a disponer a utilizar los medio materiales y jurídicamente legítimos para garantizarlos.

VI.- SOBRE EL FONDO. En el sub lite se tiene por acreditado que la recurrente reside con su esposo, aquí amparado, en su casa frente a la Escuela Roberto Cantillano Vindas en la zona residencial Ipis. Asimismo, se colige que en el año 2016 se instaló junto a su casa un taller clandestino al cual en el año 2017 se le entregó una patente comercial ilegal. A propósito de lo anterior, se desprende que en el año 2018 la accionante interpuso una denuncia contra el taller en cuestión ante la Municipalidad de Goicoechea. Además, en el año 2020 se interpuso un recurso extraordinario de revisión contra la patente municipal; en año 2022 el Tribunal Contencioso Administrativo declaró con lugar el recurso y ordenó a la municipalidad accionada que se resolviera de nuevo el recurso de revisión aludido. Finalmente, se denota que en el informe 009-2022 denominado “Estudio de Auditoria Uso de Suelo del Taller Multiservicios Alejo” del 23 de junio de 2022, la Auditoría de la Municipalidad de Goicoechea recomendó al Alcalde Municipal “someter a consideración en un término de 10 días hábiles ante el Concejo Municipal el caso del Taller Multiservicios Alejo, con el fin de que se analice y se definan las acciones que correspondan respecto a mantener el uso del suelo”. No obstante, no consta que la Municipalidad de Goicoechea haya acatado la recomendación emitida en el informe 009-2022 del 23 de junio de 2022. En su defensa, el gobierno local recurrido subrayó que revisados los registros en la Secretaría Municipal no se localizó el ingreso de la documentación referente al caso del Taller Multiservicios Alejo. Por ello, sostuvo que se procedió a consultar la Alcaldía Municipal si el mismo había sido enviado al concejo, pero tampoco se tiene registro que fuera enviado. Agregaron: “Desconocemos lo ocurrido en este caso en particular, puede que el traslado no se haya realizado debido a que el asunto se traspapeló debido al volumen de trabajo y/o obedece a un error humano; pero independientemente del motivo, desde ya nos comprometemos a que la Alcaldía traslade inmediatamente el caso del Taller Multiservicios Alejo al Concejo Municipal para lo correspondiente. Evidentemente este tipo de circunstancias no acostumbran suceder en este Municipio, lo que provoca una revisión interna para determinar lo ocurrido, subsanar y procurar que no vuelva a suceder, por ello ofrecemos las disculpas del caso”. Al respecto, debe tener presente el gobierno local recurrido que, de conformidad con el contenido del derecho de acceso a justicia administrativa, las instancias de la Administración que sean accionadas deben emitir todo acto que resulte necesario para resolver, de manera definitiva, las diversas gestiones incoadas por los administrados. En el caso concreto, conlleva la obligación de analizar y definir las acciones que correspondan respecto a mantener el uso del suelo del taller Multiservicios Alejo, el cual presuntamente está lesionando el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado de la parte recurrente y el amparado con sus actividades. Bajo esta inteligencia, se tiene por demostrado la violación al orden constitucional y, en consecuencia, este amparo resulta procedente, con la orden que se dirá en la parte dispositiva de la sentencia.

VI.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Fernando Chavarría Quirós, en su condición de Alcalde, y a Gloriana Carmona Seravalli, en su condición de Presidenta del Concejo, ambos de la Municipalidad de Goicoechea, o a quienes ocupen en su lugar esos cargos, que en plazo de DIEZ DÍAS, contados a partir de la notificación de este fallo, sometan a consideración el caso del Taller Multiservicios Alejo con el fin de que se analice y se definan las acciones que correspondan respecto a mantener el uso del suelo. Se advierte a la recurrida, o a quien ocupe su cargo, que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo, y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Goicoechea al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Castillo Víquez pone nota. Notifíquese.

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 ZQP2B9T3PM861

EXPEDIENTE N° 25-018559-0007-CO

 

Teléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:53:18.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

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Sala Constitucional

Resolution No. 23234 - 2025

Resolution Date: July 24, 2025 at 09:20

Expediente: 25-018559-0007-CO

Drafted by: Anamari Garro Vargas

Type of Matter: Amparo action

Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL

Text of the resolution

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Exp: 25-018559-0007-CO

Res. No. 2025023234

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours twenty minutes on July twenty-fourth, two thousand twenty-five.

An amparo action processed in expediente number 25-018559-0007-CO, filed by Nombre01, identity card CED01, on behalf of Nombre02, identity card CED02, against the MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA.

RESULTANDO:

1.- Through a written submission received at the Secretariat of the Sala at 14:05 hours on June 26, 2025, the petitioner files an amparo action against the MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA and states that she has resided with her husband for 26 years in her house in front of the Escuela Roberto Cantillano Vindas in the Ipis residential zone. She affirms that, in 2016, a clandestine workshop was installed next to her house, which was granted an illegal commercial license in 2017, and was reported to the Municipality in 2018. She explains that an amparo action was filed, which was partially granted, since she requested help with the situation from the local corporation and it could not be proven that a response had been received. She mentions that, in 2020, an extraordinary review action was filed against the municipal license, and in 2022, the Tribunal Contencioso Administrativo granted the action and ordered that the review action that had been filed be resolved again. Therefore, on June 23, 2022, the Internal Audit of the Municipalidad de Goicoechea reported that it would submit “for consideration within a period of 10 business days to the Concejo Municipal the case of Taller Multiservicios Alejo, so that the actions corresponding to maintaining the land use (uso del suelo) are analyzed and defined.” She accuses that, as of the date this action was filed, the Concejo has not “a” communicated anything and she was told that she must initiate the complaints from scratch. Based on the arguments presented, she considers that, with the accused actions, fundamental rights are being violated. She requests that the action be granted with the legal consequences.

2.- Fernando Chavarría Quirós, in his capacity as Alcalde, and Gloriana Carmona Seravalli, in her capacity as Presidenta del Concejo, both of the Municipalidad de Goicoechea, report under oath that:

“As recorded in official communication MG-CM-PM-OF-20-2025, of July 14, 2025, signed by Gloriana Carmona Seravalli, in her capacity as Presidenta del Concejo Municipal de Goicoechea, which forms part of our evidentiary body, regarding the facts motivating the filing of this amparo action, it is reported in summary that upon reviewing the records in the Municipal Secretariat, the intake of documentation regarding the case of Taller Multiservicios Alejo was not located. The Alcaldía Municipal was then consulted as to whether it had been sent to the Concejo, and there is also no record that it was sent. We are unaware of what occurred in this particular case; it may be that the transfer was not carried out because the matter was misplaced due to the volume of work and/or due to human error. Regardless of the reason, we hereby commit that the Alcaldía will immediately transfer the case of Taller Multiservicios Alejo to the Concejo Municipal for the appropriate action. Evidently, this type of circumstance is not customary in this Municipality, which prompts an internal review to determine what occurred, correct it, and ensure it does not happen again, for which we offer the appropriate apologies.”

They request that the action be dismissed.

3.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

Drafted by Judge Garro Vargas; and,

CONSIDERANDO:

I.- BEFOREHAND. Beforehand to analyzing the merits of the matter—for the alleged violation of the right to a prompt and fulfilled procedure—it must be clarified that, based on judgment No. 2008-02545 of 8:55 hours on February 22, 2008, this Sala has referred to the contentious-administrative jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is discussed whether the public administration has complied or not with the time limits set by the Ley General de la Administración Pública (articles 261 and 325) or by sectoral laws regarding special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear the applicable administrative appeals. Precisely, in this case, an exception is raised because we are faced with a complaint filed before the Municipalidad de Goicoechea for a problem related to the impact on the right to a healthy environment due to the activities of a workshop that has allegedly not been resolved. Once the point is clarified, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.

II.- SUBJECT OF THE ACTION. The petitioner states that she resides with her husband in her house in front of the Escuela Roberto Cantillano Vindas in the Ipis residential zone. She affirms that in 2016 a clandestine workshop was installed next to her house, which in 2017 was granted an illegal commercial license and, therefore, was reported to the respondent municipality in 2018. She mentions that in 2020 an extraordinary review action was filed against the municipal license, and in 2022, the Tribunal Contencioso Administrativo granted the action and ordered that the review action that had been filed be resolved again. She argues that on June 23, 2022, the Internal Audit of the Municipalidad de Goicoechea reported that it would submit “for consideration within a period of 10 business days to the Concejo Municipal the case of Taller Multiservicios Alejo, so that the actions corresponding to maintaining the land use (uso del suelo) are analyzed and defined.” However, she accuses that as of the date this action was filed, the Concejo has not communicated anything, and she was told that she must initiate the complaints from scratch.

III.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been thus accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order:

a) The petitioner resides with her husband, the party protected herein, in her house in front of the Escuela Roberto Cantillano Vindas in the Ipis residential zone (undisputed fact).

b) In 2016, a clandestine workshop was installed next to her house, which in 2017 was granted an illegal commercial license (undisputed fact).

c) In 2018, the petitioner filed a complaint against the workshop in question before the Municipalidad de Goicoechea (undisputed fact).

d) In 2020, an extraordinary review action was filed against the municipal license; in 2022, the Tribunal Contencioso Administrativo granted the action and ordered the respondent municipality to resolve the aforementioned review action again (undisputed fact).

e) In report 009-2022 called “Estudio de Auditoria Uso de Suelo del Taller Multiservicios Alejo” of June 23, 2022, the Internal Audit of the Municipalidad de Goicoechea recommended to the Alcalde Municipal “submit for consideration within a period of 10 business days to the Concejo Municipal the case of Taller Multiservicios Alejo, so that the actions corresponding to maintaining the land use (uso del suelo) are analyzed and defined” (see attached evidence).

IV.- UNPROVEN FACT. The following fact of relevance for this resolution is not deemed demonstrated:

Sole. That the Municipalidad de Goicoechea has complied with the recommendation issued in report 009-2022 of June 23, 2022.

V.- REGARDING THE RIGHT TO A HEALTHY ENVIRONMENT AND ITS PROTECTION THROUGH THE FUNCTION OF MUNICIPALITIES. Before the substantive analysis of the facts claimed in this amparo process, it is pertinent to indicate that, within the framework of the Social and Democratic Rule of Law, the Economic, Social, and Cultural Rights have the fundamental objective of guaranteeing economic well-being and the development of human beings and peoples. From this, a subjective and an objective content of such rights can be pointed out. Thus, regarding the subjective sense, the entitlement rights demand the general activity of the State for the satisfaction of individual or collective needs. For its part, the objective sense configures such rights as vital minimums that the State must safeguard in favor of individuals. The satisfaction of these needs presupposes the creation of necessary conditions and the commitment to progressively achieve their enjoyment. In the case of the Costa Rican constitutional block, we find such rights in the content of article 50 of the Constitución Política and article 26 of the Convención Americana sobre Derechos Humanos. In the development, protection, and full enjoyment of the cited rights, the function of the Municipalities and their bodies—including the district municipal councils (concejos municipales de distrito)—is of relevance, which, based on article 169 of the Constitution, are under the obligation to effectively provide the public services that have been entrusted to them. Thus, as applied in the specific case, such obligations entail the effective maintenance of public roads—roads, sidewalks (acerás), and sewer systems—through which other rights, such as freedom of movement (libertad ambulatoria), health, and the right to a healthy environment, are exercised and enjoyed. Regarding the latter, what was indicated by this Tribunal in its jurisprudence is of relevance. Thus, in Judgment No. 2007-017552 of 12:22 hours on November 30, 2007, it stated:

“(…) The cited Article 50 also shapes the Social Rule of Law, so we can conclude that the Constitución Política emphasizes that environmental protection is an adequate mechanism to protect and improve the quality of life for all, which necessitates the intervention of the Public Powers over factors that can alter its balance and hinder the person from developing and functioning in a healthy environment. The incidence that the right to a healthy and ecologically balanced environment has within the activity of the State finds its first reason for being, in that by definition, rights are not limited to the private sphere of individuals, but also have transcendence in the very structure of the State, in its role as guarantor thereof, and, secondly, because the activity of the State is directed towards the satisfaction of the interests of the community. In constitutional jurisprudence, the concept of ‘environment’ has not been limited to the primary elements of nature, be it soil, air, water, marine and coastal resources, minerals, forests, biological diversity in flora and fauna, and the landscape; from which the environmental framework is formed without which basic demands—such as food, energy, housing, sanitation, and recreation—would be impossible. It is important to highlight that this term has been understood in a more integral way, establishing a ‘macro-environmental’ concept, by also comprising aspects referring to the economy, to the generation of foreign currency through tourism, agricultural exploitation, and others: ‘Therefore, Environmental Law should not be associated only with nature, as the latter is only part of the environment. The policy for the protection of nature also extends to other aspects such as the protection of hunting, forests, natural parks, and natural resources. It is, then, a macro-environmental concept, so as not to leave important concepts out and thus achieve the unification of the legal body we call Environmental Law (…)” 

Having said that, this Sala, as guarantor of Fundamental Rights, stands as a controller of compliance with the obligations derived from the provisions of articles 21 and 50 of the Constitución Política, which constrain the State to recognize the indicated rights and, furthermore, to arrange to use the materially and legally legitimate means to guarantee them.

VI.- ON THE MERITS. In the case at hand (sub lite), it is accredited that the petitioner resides with her husband, the party protected herein, in her house in front of the Escuela Roberto Cantillano Vindas in the Ipis residential zone. Likewise, it is inferred that in 2016 a clandestine workshop was installed next to her house, which in 2017 was granted an illegal commercial license. Regarding the above, it is deduced that in 2018 the petitioner filed a complaint against the workshop in question before the Municipalidad de Goicoechea. Furthermore, in 2020 an extraordinary review action was filed against the municipal license; in 2022, the Tribunal Contencioso Administrativo granted the action and ordered the respondent municipality to resolve the aforementioned review action again. Finally, it is noted that in report 009-2022 called “Estudio de Auditoria Uso de Suelo del Taller Multiservicios Alejo” of June 23, 2022, the Internal Audit of the Municipalidad de Goicoechea recommended to the Alcalde Municipal “submit for consideration within a period of 10 business days to the Concejo Municipal the case of Taller Multiservicios Alejo, so that the actions corresponding to maintaining the land use (uso del suelo) are analyzed and defined.” However, there is no evidence that the Municipalidad de Goicoechea has complied with the recommendation issued in report 009-2022 of June 23, 2022. In its defense, the respondent local government emphasized that upon reviewing the records in the Municipal Secretariat, the intake of documentation regarding the case of Taller Multiservicios Alejo was not located. Therefore, it maintained that the Alcaldía Municipal was consulted as to whether it had been sent to the council, but there is also no record that it was sent. They added: “We are unaware of what occurred in this particular case; it may be that the transfer was not carried out because the matter was misplaced due to the volume of work and/or due to human error. Regardless of the reason, we hereby commit that the Alcaldía will immediately transfer the case of Taller Multiservicios Alejo to the Concejo Municipal for the appropriate action. Evidently, this type of circumstance is not customary in this Municipality, which prompts an internal review to determine what occurred, correct it, and ensure it does not happen again, for which we offer the appropriate apologies.” In this regard, the respondent local government must bear in mind that, in accordance with the content of the right of access to administrative justice, the instances of the Administration that are sued must issue every act necessary to definitively resolve the various proceedings initiated by the administered parties. In the specific case, this entails the obligation to analyze and define the actions corresponding to maintaining the land use (uso del suelo) of the workshop Multiservicios Alejo, which is allegedly harming the right to a healthy and ecologically balanced environment of the petitioner and the protected party with its activities. Under this understanding, the violation of the constitutional order is deemed proven, and consequently, this amparo is granted, with the order to be stated in the operative part of the judgment.

VI.- NOTE BY JUDGE CASTILLO VÍQUEZ, REGARDING PROMPT AND FULFILLED ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported the thesis of this Tribunal that, when the applicant alleges a violation of the right to prompt and fulfilled justice in an administrative venue, it is the Tribunals of the Contencioso-Administrativo and not this Sala that must hear the legal controversy. Now, with the recent enactment of Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, it has been established that this right is susceptible to judicial protection through the amparo action established by article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in relation to article 27 of the Constitución Política de la República de Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Tribunal must modify its jurisprudential line, given that, based on numeral 7 of its Law, it is exclusively responsible for defining its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional controversies that have been recognized by this same Sala as cases of exception, which are properly heard in this jurisdiction through the constitutional process of amparo protection, in all other cases, and for the reasons this Tribunal has given (judgment No. 2008-02545 of 8:55 hours on February 22, 2008), the competent bodies are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the Convención Americana sobre Derechos Humanos, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.

VII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. The parties are warned that if any paper documents, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies have been provided, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI, and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

POR TANTO:

The action is granted. It is ordered that Fernando Chavarría Quirós, in his capacity as Alcalde, and Gloriana Carmona Seravalli, in her capacity as Presidenta del Concejo, both of the Municipalidad de Goicoechea, or whoever occupies those positions in their stead, within a period of TEN DAYS, counted from the notification of this ruling, submit for consideration the case of Taller Multiservicios Alejo so that the actions corresponding to maintaining the land use (uso del suelo) are analyzed and defined. The respondent, or whoever occupies her position, is warned that, in accordance with the provisions of article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days will be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo action, and does not comply with it or does not enforce it, provided the crime is not more severely penalized. The Municipalidad de Goicoechea is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which will be liquidated in the execution of judgment in the contentious-administrative jurisdiction. Judge Castillo Víquez files a note. Notify.

Fernando Castillo V.
Presidente

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Digitally Signed Document
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

ZQP2B9T3PM861

EXPEDIENTE No. 25-018559-0007-CO

Telephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 10:53:18.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República