Res. 23332-2025 Sala Constitucional — Access to the Sanitary Order File on Mario Cañas Ruiz ParkAcceso al expediente de orden sanitaria sobre Parque Mario Cañas Ruiz

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Sala Constitucional

Resolución Nº 23332 - 2025

Fecha de la Resolución: 24 de Julio del 2025 a las 09:20

Expediente: 25-019623-0007-CO

Redactado por: Anamari Garro Vargas

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 25-019623-0007-CO

Res. Nº 2025023332

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veinticuatro de julio de dos mil veinticinco .

  Recurso de amparo que se tramita en expediente número 25-019623-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, contra el MINISTERIO DE SALUD.-  

Resultando:

 1.- Por escrito recibido a las 11:19 horas el 7 de julio de 2025, el recurrente interpone recurso de amparo contra el MINISTERIO DE SALUD, y manifiesta lo siguiente, en resumen: que, en su condición de presidente del Partido Liberia Unida, por medio del oficio CES-0430-2025-007, le solicitó al director del Área Rectora de Salud de Liberia información pública sobre la orden sanitaria emitida a la Municipalidad de Liberia en relación con el Parque Mario Cañas Ruiz. Al efecto, indicó: “(…) Por medio de la presente, nos permitimos solicitar, en el marco del principio de transparencia y acceso a la información pública, detalles sobre la orden sanitaria que, según información de conocimiento público, fue emitida a la Municipalidad de Liberia con respecto a las condiciones que debe cumplir el Parque Mario Cañas Ruiz. Específicamente, se solicita la siguiente información: 1. Copia de la orden sanitaria emitida. 2. Fecha de emisión y plazo otorgado para su cumplimiento. 3. Motivos y hallazgos que fundamentaron dicha orden. 4. Seguimiento realizado por parte del Ministerio de Salud y estado actual del cumplimiento. 5. Medidas adicionales contempladas en caso de incumplimiento por parte del gobierno local. 6. Si existe por parte del Ministerio o en conjunto con la Municipalidad de Liberia algún plan remedial o acciones correctivas para atender las observaciones formuladas, y cual (sic) es el avance de dicho plan. 7. Existe algún informe de parte del Ministerio de Salud respecto a la última actividad realizada por la Municipalidad de Liberia con el Concierto de MalPaís, el cual se dijo que serviría como referencia para hacer una valoración del Sonido (medición decibeles) o bien que se nos indique cúales (sic) fueron las concluciones (sic) técnicas de dicha actividad, permitida por el Ministerio de Salud. La presente solicitud se realiza con el fin de dar seguimiento a temas de interés público relacionados con la salud, la seguridad y el bienestar de la población usuaria del parque (…)”. No obstante, alega que, por medio del oficio CARTA-MS-DRRSCH-DARSL-0530-2025, la Autoridad recurrida le denegó el acceso a la información solicitada, bajo el argumento de que el expediente aún se encontraba en trámite y él no era parte del procedimiento. Ante ello, indica que, el 24 de junio de 2025, reiteró su solicitud por medio del oficio CES-0624-2025-013. Sin embargo, el 25 de junio de 2025, el Ministerio de Salud le respondió mediante el oficio CARTA-MS-DRRSCH-DARSL-0682-2025, reafirmando su negativa, sin aportar justificación legal suficiente. Por tal motivo, estima lesionado su derecho de petición en relación con el derecho de acceso a la información. Solicita que se declare con lugar el recurso, con las consecuencias de ley. 

 2.- IInforma bajo gravedad de juramento Luis Enrique Mayorga Díaz, en su calidad de director del Área Rectora de Salud de Liberia, lo siguiente: “... En fecha 14 de julio de 2025, se recibió en Área Rectora de Salud Liberia, Recurso de Amparo tramitado en el expediente N° 25-019623-007-CO de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. TERCERO- Como parte de los antecedentes, el Área Rectora de Salud Liberia, ha realizado contestación a todos y cada uno de los oficios que han sido remitidos por el señor Nombre01. CUARTO- El 30 de abril 2025, se recibió mediante correo electrónico oficio CES-0430-2025-007, enviando la respuesta a lo solicitado el 23 de mayo 2025 mediante correo electrónico el cual mediante CARTA-MS-DRRSCH-DARSL-0530-2025, documento que fue firmado digitalmente el 15 de mayo 2025. Siendo de importancia extraer del oficio CARTA-MS-DRRSCH-DARSL-0530-2025 lo siguiente: ‘(…) En apego a la Ley General de Administración Pública en su artículo 272 inciso 1. Las partes y sus representantes, y cualquier abogado, tendrán derecho en cualquier fase del procedimiento a examinar, leer y copiar cualquier pieza del expediente…. Al respecto, se estima pertinente traer a colación lo indicado en la sentencia n.° 2020020320 de las 9:20 horas del 23 de octubre de 2020: ‘Al respecto, este Tribunal ha indicado en sus antecedentes que, en términos generales y con las excepciones que se detallarán, la información contenida en los expedientes administrativos disciplinarios una vez que culminan, sí puede ser entregada a los solicitantes. Lo anterior, por cuanto ya se han respetado las garantías del derecho de defensa, de la intimidad, el principio de inocencia y se ha llegado a la verdad real del procedimiento (artículo 214 de la Ley General de la Administración Pública). En la sentencia n.°2010-5101, la Sala concluyó lo siguiente: ‘Una vez que se ha dictado la resolución, sí debe garantizarse a todo ciudadano el acceso a la información contenida en el expediente administrativo, dado que ya se ha producido un acto final con base en la prueba recibida en el expediente y en cumplimiento de los aspectos que componen el debido proceso, tales como la adecuada fundamentación y el derecho de defensa’. (Criterio reiterado en la sentencia 2011-000740). Esta Sala ha realizado dicho matiz dependiendo de la etapa en la que se encuentra el procedimiento administrativo, enfatizando que, una vez dictado el acto final, el expediente puede ser consultado públicamente: ‘existen, al menos, tres etapas en una investigación administrativa, cada una de las cuales se caracteriza por un grado distinto de acceso a la información. La primera se refiere al inicio de la denominada investigación preliminar, que puede comenzar con una denuncia, como en este caso, o con una actuación de oficio del Estado. Esta fase se relaciona con las primeras averiguaciones y pesquisas que realiza la Administración con el fin de determinar si en efecto hay mérito para iniciar un procedimiento administrativo formal. En este momento, la documentación recopilada y los dictámenes al efecto resultan confidenciales para cualquier persona en la medida que, por un lado, se deben garantizar los resultados de la investigación y, por otro lado, no existe certeza aún sobre la procedencia o no de lo denunciado. La segunda fase comprende el momento desde que empieza un procedimiento administrativo, normalmente a partir de una investigación preliminar, hasta que se comunica la resolución final del mismo. (…) Con excepción de las partes (sic), durante tal segunda etapa ninguna otra persona puede tener acceso al expediente administrativo correspondiente, puesto que aún la Administración no ha concluido si el acto investigado efectivamente sucedió y de qué forma, o si existe mérito o no para una sanción. En la última etapa, que concluye con la notificación de la resolución final de la investigación a las partes, cesa la confidencialidad de la información contenida en el expediente administrativo correspondiente, que por versar sobre cuestiones relacionadas con el desempeño de los servidores estatales resulta de evidente interés público y debe estar a disposición de todo ciudadano’. (…). Ver sentencia 2003-002462, criterio reiterado en votos 2017-015059, 2018-05768 y 2020-013934, entre otros)’ (…). Por lo documentado anteriormente, y dado que al caso no se le ha hecho una resolución final, porque hoy en día no se ha cumplido con lo ordenado, y su persona no es parte en el asunto, no se le puede brindar la información solicitada, hasta tanto no se tenga una resolución final en el expediente, en este momento la información no es de carácter público. (…)’. (Ver folios 001 a 008) QUINTO-El día 23 de mayo 2025, se recibió mediante correo electrónico el oficio CES-0523-2025-011 del Partido Liberia Unida y mediante correo electrónico el 6 de junio se brindó respuesta mediante CARTA-MS-DRRSCH-DARSL-0579-2025, donde se le indicó: ‘(…) De acuerdo con lo solicitado previamente, le indico que los 7 puntos se contemplan en el expediente administrativo actual aclarando, que en punto 5 no hay medidas adicionales ya que la administración de la municipalidad debe cumplir con lo ordenado, en el punto 6 el Ministerio de Salud es un ente rector y por ende no le corresponde hacer ningún plan remedial y en el punto 7 aclaramos que las conclusiones técnicas corresponde a presentarlas a la administración de la Municipalidad de Liberia, para la valoración como ente rector (…)’. (Ver folio 0008 a 0012) SEXTO- Que el 24 de junio del año 2025, se recibió mediante correo electrónico CES-0624-2025-013 del Partido Liberia Unida y mediante correo electrónico el 7 de julio 2025, se brindó respuesta mediante CARTA-MS-DRRSCH-DARSL-0682-2025, en el cual se detalla: ‘(…) Reciba un cordial saludo por medio de la presente, una vez recibido su oficio, se procede a dar respuesta a lo solicitado. 1. ¿En qué́ fecha fue notificada formalmente la Municipalidad de Liberia sobre dicha orden sanitaria? R/. El 28 febrero 2023. 2. ¿En qué́ etapa del procedimiento administrativo se encuentra el caso actualmente? R/. Incumplimiento de orden sanitaria. 3. ¿Se han realizado nuevas acciones, requerimientos, advertencias o seguimientos por parte de este Ministerio o por parte del gobierno local en relación con la orden sanitaria? R/. La Municipalidad de Liberia, presento un plan de mitigación. En cuanto a la solicitud de la copia certificada de la orden sanitaria, no se puede brindar de acuerdo con la respuesta que ya se le brindo en la CARTA-MS-DRRSCH-DARSL-0530-2025 (…)’. (Ver folio 0013 a 0017) SÉTIMO- Según la información, se logra apreciar que efectivamente el Área Rectora de Salud Liberia ha asegurado el derecho de petición del señor recurrente, al encontrarse en completa anuencia de dar respuestas y brindar cada información solicitada que se encuentra al alcance de realizar, contestación a todos y cada uno de los oficios o solicitudes mediante correos electrónicos que elaboró el señor Nombre01. OCTAVO- En el último escrito que presentó el recurrente, propiamente el número CES-0624-2025-013, trae a colación nuevamente la solicitud que realizó en fecha 30 de abril por medio del oficio CES-0430-2025-007, el cual se encuentra debidamente contestado mediante el oficio CARTA-MS-DRRSCH-DARSL-0530-2025, volviendo a reiterarlo en el Recurso de Amparo; cabe mencionar que el oficio CES-0624-2025-013, encuentra respuesta en oficio CARTA-MS-DRRSCH-DARSL-0682-2025, donde específicamente se contestaron todas las preguntas formuladas; únicamente no fue posible brindar copia certificada de la orden sanitaria en razón de la respuesta brindada anteriormente mediante oficio CARTA-MS-DRRSCH-DARSL-0530-202. Por lo que, precisamente la orden sanitaria se encuentra sin cumplir, siendo que el procedimiento administrativo sanitario aún se encuentra en trámite, sin concluir, lo que imposibilita emitir o certificar una copia sobre dicha orden, esto debidamente amparado en la Ley General de la Administración Pública (artículo 272 inciso 1) y jurisprudencia de la Sala Constitucional Resolución 2020-020320 de las 9:20 horas del 23 de octubre de 2020, donde establece como se debe actuar cuando existe un proceso abierto y en trámite, siendo de relevancia lo indicado por la honorable Sala Constitucional: ‘(…) De estas afirmaciones es posible concluir que sí se tenía conocimiento por parte de la Decanatura, al menos, del procedimiento disciplinario que había culminado con la recomendación de instaurar un procedimiento jurisdiccional de lesividad. Por tal razón, no se justifica la omisión en entregar la información correspondiente; máxime que es información de interés público pues, incluso, se ordenó la realización de un procedimiento de lesividad y se trata de un procedimiento administrativo disciplinario ya finalizado, por lo que no habría limitación alguna para entregar la información solicitada. Al respecto, este Tribunal ha indicado en sus antecedentes que, en términos generales y con las excepciones que se detallarán, la información contenida en los expedientes administrativos disciplinarios una vez que culminan, sí puede ser entregada a los solicitantes. Lo anterior, por cuanto ya se han respetado las garantías del derecho de defensa, de la intimidad, el principio de inocencia y se ha llegado a la verdad real del procedimiento (artículo 214 de la Ley General de la Administración Pública). En la sentencia n.°2010-5101, la Sala concluyó lo siguiente: ‘Una vez que se ha dictado la resolución, sí debe garantizarse a todo ciudadano el acceso a la información contenida en el expediente administrativo, dado que ya se ha producido un acto final con base en la prueba recibida en el expediente y en cumplimiento de los aspectos que componen el debido proceso, tales como la adecuada fundamentación y el derecho de defensa’. (Criterio reiterado en la sentencia 2011-000740). Esta Sala ha realizado dicho matiz dependiendo de la etapa en la que se encuentra el procedimiento administrativo, enfatizando que una vez dictado el acto final, el expediente puede ser consultado públicamente: ‘existen, al menos, tres etapas en una investigación administrativa, cada una de las cuales se caracteriza por un grado distinto de acceso a la información. La primera se refiere al inicio de la denominada investigación preliminar, que puede comenzar con una denuncia, como en este caso, o con una actuación de oficio del Estado. Esta fase se relaciona con las primeras averiguaciones y pesquisas que realiza la Administración con el fin de determinar si en efecto hay mérito para iniciar un procedimiento administrativo formal. En este momento, la documentación recopilada y los dictámenes al efecto resultan confidenciales para cualquier persona en la medida que, por un lado, se deben garantizar los resultados de la investigación y, por otro lado, no existe certeza aún sobre la procedencia o no de lo denunciado. La segunda fase comprende el momento desde que empieza un procedimiento administrativo, normalmente a partir de una investigación preliminar, hasta que se comunica la resolución final del mismo. (…) Con excepción de la (sic) partes, durante tal segunda etapa ninguna otra persona puede tener acceso al expediente administrativo correspondiente, puesto que aún la Administración no ha concluido si el acto investigado efectivamente sucedió y de qué forma, o si existe mérito o no para una sanción. En la última etapa, que concluye con la notificación de la resolución final de la investigación a las partes, cesa la confidencialidad de la información contenida en el expediente administrativo correspondiente, que por versar sobre cuestiones relacionadas con el desempeño de los servidores estatales resulta de evidente interés público y debe estar a disposición de todo ciudadano’. (…). Ver sentencia 2003-002462, criterio reiterado en votos 2017-015059, 2018-05768 y 2020-013934, entre otros). Así las cosas, dado que en el caso concreto se verificó que el amparado requiere el acceso a un expediente disciplinario finalizado, no se justifica la denegatoria, lo que amerita la estimatoria del recurso de amparo, ordenando a la Decanatura de la Facultad de Derecho que se le suministre al recurrente la copia certificada del expediente solicitado, acceso que deberá darse salvaguardando eventuales datos sensibles y de acceso restringido protegidos por el artículo 24 de la Constitución Política y la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, Ley n.°8968 (…)’.(…) NOVENO-Es importante mencionar que la legislación sanitaria define la actuación que posee el Ministerio de Salud, por principio de legalidad, prevé porque se giran ordenes sanitarias, el procedimiento correspondiente para su tramitación y cuando se considera que aún no ha finalizado un proceso por orden sanitaria, tal como sucede en el presente caso que la orden sanitaria no ha sido cumplida a cabalidad para poder emitir informe de aprobación y poder dar acceso al expediente; todo ello con base en los artículos 1,2, 3, 6, 7, 15, 16, 17, 147 y siguientes de la Ley General de Salud; así como en los artículos 2 incisos e.e, f.f, artículo 22 inciso d) párrafo final del Decreto Ejecutivo 43432-S, donde se especifica parte del proceso: Ley General de Salud: ‘(…) ARTÍCULO 1.- La salud de la población es un bien de interés público tutelado por el Estado. ARTÍCULO 2.- Es función esencial del Estado velar por la salud de la población. Corresponde al Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de Salubridad Pública, al cual se referirá abreviadamente la presente ley como ‘Ministerio’, la definición de la política nacional de salud, la normación, planificación y coordinación de todas las actividades públicas y privadas relativas a salud, así como la ejecución de aquellas actividades que le competen conforme a la ley. Tendrá potestades para dictar reglamentos autónomos en estas materias. ARTÍCULO 3.- Todo habitante tiene derecho a las prestaciones de salud, en la forma que las leyes y reglamentos especiales determinen y el deber de proveer a la conservación de su salud y de concurrir al mantenimiento de la de su familia y la de la comunidad (…)’. DECRETO N° 43432-S ‘(..) Artículo 2 definiciones: (..) ee. Orden sanitaria: Es el acto administrativo mediante el cual la Autoridad de Salud comunica al administrado una o varias medidas sanitarias especiales. Constituye el acto que da inicio al debido proceso en materia sanitaria y como tal debe contener los tres elementos para la validez del acto administrativo: motivo, contenido y fin. Además, debe contener al menos: nombre completo del destinatario, medio de notificación del destinatario, fecha de emisión, plazo de cumplimiento, fecha de vencimiento del plazo, monto de la multa en caso de incumplimiento, sustento legal y técnico, consecuencias jurídicas a las que queda sujeto en caso de incumplimiento, indicación del proceso recursivo, y un medio electrónico sea número de fax o correo electrónico que señalará el administrado para atender futuras notificaciones. ff. Orden sanitaria pendiente o en proceso de cumplimiento: Es aquella orden sanitaria emitida debido a un incumplimiento a la regulación sanitaria vigente y mediante la cual el Ministerio de Salud ha otorgado un plazo específico para que el administrado se ponga a derecho, y dicho plazo aún no ha llegado a su término. (…) Artículo 22: (...) inciso d) (párrafo final) De presentarse el informe aprobado se debe dar por cumplida la orden sanitaria y se debe extender el permiso definitivo (…)’. DÉCIMO- El trámite de la orden sanitaria ha sido en resguardo de la salud pública de la población, siendo que el derecho de la salud de la población es un bien de interés público, el cuál ha sido debidamente resguardado por medio de la orden sanitaria y el debido proceso realizado el cual no culminado, lo cual se informa muy respetuosamente que en concordancia con los datos contenidos se ha resguardado conforme lo indica la legislación. DÉCIMO PRIMERO- Que en el oficio CES-0624-2025-013 el recurrente argumenta: ‘(…) solicitamos se valore este requerimiento no como una simple gestión privada, sino como un ejercicio legítimo de control político y de acceso ciudadano a información pública sobre un bien común que es responsabilidad del gobierno local (…)’. Sobre este oficio se mencionan aspectos o solicitudes bajo ‘ejercicio de control político’, sin embargo, el control político se encuentra previsto en el artículo 121 incisos 23 y 24 de la Constitución Política de la República de Costa Rica y artículo 111, 112 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, donde se indica: Constitución Política de la República de Costa Rica: ‘(…) ARTÍCULO 121.- Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa (…) 23) Nombrar Comisiones de su seno para que investiguen cualquier asunto que la Asamblea les encomiende, y rindan el informe correspondiente. Las Comisiones tendrán libre acceso a todas las dependencias oficiales para realizar las investigaciones y recabar los datos que juzgue necesarios. Podrán recibir toda clase de pruebas y hacer comparecer ante sí a cualquier persona, con el objeto de interrogarla; 24) Formular interpelaciones a los Ministros de Gobierno, y además, por dos tercios de votos presentes, censurar a los mismos funcionarios, cuando a juicio de la Asamblea fueren culpables de actos inconstitucionales o ilegales, o de errores graves que hayan causado o puedan causar perjuicio evidente a los intereses públicos (…)’. Reglamento de la Asamblea Legislativa: ‘(…) INFORME DE INSTITUCIONES (…) ARTÍCULO 111.- Solicitud de informes a las instituciones del Estado Las comisiones permanentes y especiales, por medio de sus presidentes, y los diputados, en forma personal, podrán solicitar toda clase de informes a las instituciones del Estado. Dichas solicitudes deberán ser atendidas con prontitud y de manera prioritaria por las instituciones y los funcionarios requeridos. ARTÍCULO 112.- Requerimiento de funcionarios y particulares Corresponde al Presidente de la Comisión, previa moción aprobada al efecto, requerir la presencia de aquellos funcionarios y particulares cuya comparecencia en la comisión se considere necesaria para la decisión del asunto que se discute, con el propósito de que sean interrogados por los diputados. Toda persona deberá asistir al ser convocada, salvo justa causa, y, en caso de renuencia, será conducida por la Fuerza Pública. La persona citada podrá asistir acompañada de un abogado, y negarse a declarar en los casos en que así la faculte la Constitución o la ley, y cuando se trate de asuntos diplomáticos, jurisdiccionales o militares pendientes. El Presidente de la Comisión tomará juramento a las personas que asistieren, conforme con el Código de Procedimientos Penales. En caso de que faltaren a la verdad, se aplicarán las sanciones previstas en el Código Penal, de acuerdo con las disposiciones generales del Código de Procedimientos Penales (…)’. Que mediante el oficio CES-0430-2025-007, también piden detalles, motivos, hallazgos de la orden sanitaria, seguimiento realizado por el Ministerio de Salud, estado actual de cumplimiento, medidas adicionales en caso de incumplimiento de la Municipalidad, si existe plan remedial en conjunto con la Municipalidad, informes, conclusiones técnicas. Siendo que en ambos oficios CES-0624-2025-013 y CES-0430-2025-007, se desprende que solicitan: ‘se valore este requerimiento no como una simple gestión privada, sino como un ejercicio legítimo de control político’, es decir la función del Ministerio de Salud en el caso específico escapa del llamado ‘control político’ que se pretende en los oficios del recurrente, porque las normas antes citadas facultan a realizar el ‘control político’ únicamente a la Asamblea Legislativa…”. Solicita que se declare sin lugar el recurso.

 3.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

 Redacta la Magistrada Garro Vargas; y,

 Considerando:

 I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente alega que, en su condición de presidente del Partido Liberia Unida, por medio del oficio CES-0430-2025-007, le solicitó al director del Área Rectora de Salud de Liberia información sobre la orden sanitaria emitida a la Municipalidad de Liberia en relación con el Parque Mario Cañas Ruiz, al considerar que dicha información es de carácter público. No obstante, acusa que por medio del oficio CARTA-MS-DRRSCH-DARSL-0530-2025, la Autoridad recurrida denegó el acceso a la información solicitada, bajo el argumento de que el expediente aún se encontraba en trámite y él no era parte del procedimiento. Ante ello, indica que el 24 de junio de 2025, reiteró su solicitud por medio del oficio CES-0624-2025-013. Sin embargo, el 25 de junio de 2025, el Ministerio de Salud le respondió mediante el oficio CARTA-MS-DRRSCH-DARSL-0682-2025, reafirmando su negativa, sin aportar justificación legal suficiente. Por tal motivo, juzga lesionado su derecho de petición en relación con el derecho de acceso a la información.

 II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

a) El 30 de abril de 2025, el Área Rectora de Salud de Liberia recibió un correo electrónico que contenía el oficio CES-0430-2025-007, que contenía la siguiente solicitud: “(…) Por medio de la presente, nos permitimos solicitar, en el marco del principio de transparencia y acceso a la información pública, detalles sobre la orden sanitaria que, según información de conocimiento público, fue emitida a la Municipalidad de Liberia con respecto a las condiciones que debe cumplir el Parque Mario Cañas Ruiz. Específicamente, se solicita la siguiente información: 1. Copia de la orden sanitaria emitida. 2. Fecha de emisión y plazo otorgado para su cumplimiento. 3. Motivos y hallazgos que fundamentaron dicha orden. 4. Seguimiento realizado por parte del Ministerio de Salud y estado actual del cumplimiento. 5. Medidas adicionales contempladas en caso de incumplimiento por parte del gobierno local. 6. Si existe por parte del Ministerio o en conjunto con la Municipalidad de Liberia algún plan remedial o acciones correctivas para atender las observaciones formuladas, y cual (sic) es el avance de dicho plan. 7. Existe algún informe de parte del Ministerio de Salud respecto a la última actividad realizada por la Municipalidad de Liberia con el Concierto de MalPaís, el cual se dijo que serviría como referencia para hacer una valoración del Sonido (medición decibeles) o bien que se nos indique cúales (sic) fueron las concluciones (sic) técnicas de dicha actividad, permitida por el Ministerio de Salud. La presente solicitud se realiza con el fin de dar seguimiento a temas de interés público relacionados con la salud, la seguridad y el bienestar de la población usuaria del parque (…)”. (informe y prueba que obra en autos).

b) Por oficio CARTA-MS-DRRSCH-DARSL-0530-2025, la Administración le contestó lo siguiente: “...En apego a la Ley General de Administración Pública en su artículo 272 inciso 1. Las partes y sus representantes, y cualquier abogado, tendrán derecho en cualquier fase del procedimiento a examinar, leer y copiar cualquier pieza del expediente…. Al respecto, se estima pertinente traer a colación lo indicado en la sentencia n.° 2020020320 de las 9:20 horas del 23 de octubre de 2020: ‘Al respecto, este Tribunal ha indicado en sus antecedentes que, en términos generales y con las excepciones que se detallarán, la información contenida en los expedientes administrativos disciplinarios una vez que culminan, sí puede ser entregada a los solicitantes. Lo anterior, por cuanto ya se han respetado las garantías del derecho de defensa, de la intimidad, el principio de inocencia y se ha llegado a la verdad real del procedimiento (artículo 214 de la Ley General de la Administración Pública). En la sentencia n.°2010-5101, la Sala concluyó lo siguiente: ‘Una vez que se ha dictado la resolución, sí debe garantizarse a todo ciudadano el acceso a la información contenida en el expediente administrativo, dado que ya se ha producido un acto final con base en la prueba recibida en el expediente y en cumplimiento de los aspectos que componen el debido proceso, tales como la adecuada fundamentación y el derecho de defensa’. (Criterio reiterado en la sentencia 2011-000740). Esta Sala ha realizado dicho matiz dependiendo de la etapa en la que se encuentra el procedimiento administrativo, enfatizando que, una vez dictado el acto final, el expediente puede ser consultado públicamente: ‘existen, al menos, tres etapas en una investigación administrativa, cada una de las cuales se caracteriza por un grado distinto de acceso a la información. La primera se refiere al inicio de la denominada investigación preliminar, que puede comenzar con una denuncia, como en este caso, o con una actuación de oficio del Estado. Esta fase se relaciona con las primeras averiguaciones y pesquisas que realiza la Administración con el fin de determinar si en efecto hay mérito para iniciar un procedimiento administrativo formal. En este momento, la documentación recopilada y los dictámenes al efecto resultan confidenciales para cualquier persona en la medida que, por un lado, se deben garantizar los resultados de la investigación y, por otro lado, no existe certeza aún sobre la procedencia o no de lo denunciado. La segunda fase comprende el momento desde que empieza un procedimiento administrativo, normalmente a partir de una investigación preliminar, hasta que se comunica la resolución final del mismo. (…) Con excepción de las partes (sic), durante tal segunda etapa ninguna otra persona puede tener acceso al expediente administrativo correspondiente, puesto que aún la Administración no ha concluido si el acto investigado efectivamente sucedió y de qué forma, o si existe mérito o no para una sanción. En la última etapa, que concluye con la notificación de la resolución final de la investigación a las partes, cesa la confidencialidad de la información contenida en el expediente administrativo correspondiente, que por versar sobre cuestiones relacionadas con el desempeño de los servidores estatales resulta de evidente interés público y debe estar a disposición de todo ciudadano’. (…). Ver sentencia 2003-002462, criterio reiterado en votos 2017-015059, 2018-05768 y 2020-013934, entre otros)’ (…). Por lo documentado anteriormente, y dado que al caso no se le ha hecho una resolución final, porque hoy en día no se ha cumplido con lo ordenado, y su persona no es parte en el asunto, no se le puede brindar la información solicitada, hasta tanto no se tenga una resolución final en el expediente, en este momento la información no es de carácter público…” (informe y prueba que obra en autos).

c) Ante ello, el 24 de junio de 2025, el recurrente remitió por medio de un correo electrónico el oficio CES-0624-2025-013, en el que solicitó información relacionada con su petición original, a saber: “...Visto y analizado el oficio CARTA-MS-DRRSCH-DARSL-0530-2025 remitido por su persona en ejercicio de la dirección del Área Rectora de Salud de Liberia, solicito en mi calidad de representante del Partido Liberia Unida, y con fundamento en el artículo 30 de la Constitución Política, los artículos 272 y 214 de la Ley General de la Administración Pública, así como en la jurisprudencia reiterada de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia —en especial la sentencia N.º 2020-020320, de las 9:20 horas del 23 de octubre de 2020—, solicito formalmente se me proporcione la siguiente información relativa a la orden sanitaria emitida a la Municipalidad de Liberia en relación con el Parque Mario Cañas Ruiz: 1. ¿En qué fecha fue notificada formalmente la Municipalidad de Liberia sobre dicha orden sanitaria? 2. ¿En qué etapa del procedimiento administrativo se encuentra el caso actualmente? 3. ¿Se han realizado nuevas acciones, requerimientos, advertencias o seguimientos por parte de este Ministerio o por parte del gobierno local en relación con la orden sanitaria? Asimismo, con base en los principios de transparencia, publicidad y acceso a la información pública, solicitamos se nos proporcione una copia certificada o acceso al expediente administrativo relacionado con dicha orden sanitaria, en tanto se refiere al estado actual, cumplimiento o incumplimiento de disposiciones relacionadas con un bien público de uso común: el Parque Mario Cañas Ruiz...” (ver prueba).

d) En consecuencia, por oficio CARTA-MS-DRRSCH-DARSL-0682-2025 del 25 de junio de 2025, la Administración contestó lo siguiente: “...Reciba un cordial saludo por medio de la presente, una vez recibido su oficio, se procede a dar respuesta a lo solicitado. 1. ¿En qué́ fecha fue notificada formalmente la Municipalidad de Liberia sobre dicha orden sanitaria? R/. El 28 febrero 2023. 2. ¿En qué́ etapa del procedimiento administrativo se encuentra el caso actualmente? R/. Incumplimiento de orden sanitaria. 3. ¿Se han realizado nuevas acciones, requerimientos, advertencias o seguimientos por parte de este Ministerio o por parte del gobierno local en relación con la orden sanitaria? R/. La Municipalidad de Liberia, presento un plan de mitigación. En cuanto a la solicitud de la copia certificada de la orden sanitaria, no se puede brindar de acuerdo con la respuesta que ya se le brindo (sic) en la CARTA-MS-DRRSCH-DARSL-0530-2025...” (prueba que obra en autos).

 III.- SOBRE LOS DERECHOS DE PETICIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA. Analizados los alegatos de la parte recurrente, se impone indicarle, en primer lugar, que el derecho de petición, establecido en el artículo 27 de la Constitución Política, cuando es entendido en sentido amplio, hace referencia a la facultad que posee todo ciudadano para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial con el fin de exponer un asunto de su interés. En segundo lugar, el ordinal 30 de la Constitución Política garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos, únicamente, con propósitos de información sobre asuntos de interés público. Se trata, pues, de un mecanismo ideado para permitir a los administrados fiscalizar el correcto desempeño de los diversos entes públicos en el ejercicio de la función administrativa. Por lo tanto, cuando los artículos 27 y 30 de la Constitución Política son tomados en su conjunto, garantizan el derecho de toda persona de dirigirse ante cualquier funcionario público o entidad oficial para obtener información sobre cualquier asunto, materia o información de naturaleza pública. Precisamente, la naturaleza pública de la información es el elemento central que determina el derecho de acceder a ella. Así lo declaró este Tribunal desde muy temprano en su jurisprudencia, indicando, en sentencia N° 6240-93 de las 14:00 horas del 26 de noviembre de 1993, lo siguiente:

 “[…] el derecho a la información tiene como fundamento el interés de la comunidad de conocer la actividad del funcionario público, así como su buen o mal desempeño en el ejercicio del cargo y las informaciones que, siendo de interés público, se hallen en las oficinas o departamentos administrativos. Es por esto que la naturaleza pública de la información es el elemento cardinal para definir el derecho a solicitarla al órgano o ente público”.

 Estas garantías se complementan con el derecho a obtener pronta respuesta, aunque esto último no significa que el administrado tenga derecho a recibir siempre una contestación favorable a sus intereses. En otras palabras, en lo tocante a la libertad de petición, de lo que se habla es del derecho a pedir y no el derecho a obtener lo que se pide —aun cuando el funcionario público deba resolver con estricta sujeción a la ley—, pues aquella se funda en otro principio; esto es, que la Administración no puede coartar el derecho de los gobernados para dirigirse a los órganos públicos.

 IV.- SOBRE EL FONDO. En el sub lite, es evidente que no se ha producido ninguna violación del artículo 27 constitucional, ya que el propio recurrente admite haber recibido respuesta a todas sus peticiones. El verdadero agravio objeto de estas diligencias, en cambio, estriba en la disconformidad que aquél alberga con las contestaciones que recibió, toda vez que en ellas le deniegan acceso a parte de la información solicitada y él considera que tal denegatoria es arbitraria y viola el numeral 30 constitucional.

 A este respecto, la Sala juzga oportuno citar lo dispuesto en la sentencia Nº 2024015674 de las 09:30 horas del 7 de junio de 2024, por ser un precedente relevante para la resolución de este asunto, pues en esa ocasión se dispuso lo siguiente:

“... Antecedente de interés. De importancia para la resolución de este asunto se estima procedente traer a colación la sentencia nro. 2023-021599 de las 09:15 horas del 1 de setiembre de 2023:

‘III.- Sobre el caso concreto. Después de analizar los elementos probatorios aportados y los informes rendidos bajo juramento por la autoridad recurrida, con oportuno apercibimiento de las consecuencias previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se tiene por acreditado que el 21 de julio de 2023, la recurrente presentó por escrito ante el Área de Rectora de Salud de Pavas una solicitud en los siguientes términos: ‘La suscrita Nombre02, (…) por este medio procedo solicitar el expediente administrativo de la empresa CBZ Asfalto. Esto con el fin de que me brinde acceso al mismo’.

Asimismo, que el 25 de julio de 2023, el jefe del Área Rectora de Salud de Pavas vía correo electrónico le contestó a la amparada mediante oficio No. MS-DRRSCS-DARS-P-0331-2023 lo siguiente:

‘En tiempo y forma con atención a su solicitud escrita en la cual solicitud de acceso al expediente administrativo de la empresa CBZ ASFALTO, sita en Pavas y en la cual cita el amparo de bridarle información con base en el artículo 27 de la carta magna el cual cito textual: ‘ARTÍCULO 27. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COSTA RICA: Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución’, Con amparo en el artículo 24, de La Constitución Política de Costa Rica, dicta’ (sic) Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones. Son inviolables los documentos privados y las comunicaciones escritas, orales o de cualquier otro tipo de los habitantes de la República’. Así mismo la Ley General de la Administración Pública N° 6227 Artículo 273. ‘1. No habrá acceso a las piezas del expediente cuyo conocimiento pueda comprometer secretos de Estado o información confidencial de la contraparte o, en general, cuando el examen de dichas piezas confiera a la parte un privilegió indebido o una oportunidad para dañar ilegítimamente a la Administración, a la contraparte o a terceros, dentro o fuera del expediente. 2. Se presumirán en esta condición, salvo prueba en contrario, los proyectos de resolución, así como los informes para órganos consultivos y los dictámenes de estos antes de que hayan sido rendidos’. En el mismo orden de ideas la Procuraduría General de la Republica en dictamen C-124-99 (punto 5) dicta: ‘Los documentos privados y la información de interés privado que consten en los expedientes administrativos conservan su naturaleza privada. Están garantizados por el principio de confidencialidad que impide a la Administración divulgarlos o de cualquier forma permitir que terceros tengan acceso a su contenido’ Con sustento en lo anterior y al usted no ser parte del expediente administrativo no podemos darle acceso al citado expediente administrativo privado por el principio de legalidad’.

Además, aclaró la autoridad recurrida que el expediente administrativo de la empresa CBZ Asfaltos S.A. No. 1005, está activo, cuenta de 311 folios, los cuales contienen antecedentes de solicitud y gestión de permisos sanitarios de funcionamiento desde el 2010 hasta el 2020. Actualmente, la empresa posee un permiso sanitario de funcionamiento vigente hasta el 27 de noviembre del 2025. También posee informes de análisis físicos-químicos, Informes de Control Estatal, Plan de Emergencias, Plan de Gestión Ambiental, Reportes Operacionales de Aguas Residuales, actos administrativos girados. Al respecto, es menester indicar que este Tribunal al conocer un reclamo análogo sobre el acceso a un expediente administrativo sobre el control y fiscalización que llevan las Áreas Rectoras de Salud, mediante sentencia No. 2022- 025593 de las 09:20 horas del 28 de octubre de 2022 -reiterada en voto No. 2023- 006955 de las 09:30 horas del 24 de marzo de 2023-, resolvió lo siguiente:

(…)

Tales consideraciones que son aplicables al caso en estudio, toda vez que este Tribunal no encuentra razones para variar el criterio vertido en tal sentencia, ni motivos que lo hagan valorar de manera distinta la situación planteada. En el presente caso la información requerida por la tutelada reviste carácter público, ya que se asocia con la actividad de control y fiscalización que debe llevar a cabo el Área Rectora de Salud, a través de la cual consta el cumplimiento de los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico para el correcto funcionamiento de la empresa en cuestión. Cabe destacar que la autoridad recurrida no argumentó o manifestó ante esta jurisdicción que estuviera actualmente en trámite algún permiso o gestión en favor de la empresa, dado que de ser el caso el acceso al expediente podría verse restringido hasta tanto finalice el trámite e incluso alguna denuncia en su contra, lo cual implicaría valorar el estado de esta. Por el contrario, se ha indicado que actualmente cuenta con un permiso sanitario de funcionamiento vigente. De otra parte, es menester indicar, en caso de estimarse que en tal expediente conste información sensible o confidencial en atención a lo dispuesto en la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, Ley No. 8968, lo propio es que esta fuera excluida, disponiéndose la entrega del resto de datos que sí revisten de carácter público. En mérito de las consideraciones expuestas, se acredita la vulneración de los derechos fundamentales de la amparada y, en consecuencia, se acoge el recurso en los términos establecidos en la parte dispositiva.’

 V.- Sobre el caso concreto. En el sub lite, el recurrente manifiesta que el 4 de diciembre de 2023 envió una solicitud de información ante la autoridad recurrida; sin embargo, reclama que acusa que por medio del oficio nro. MS-DRRSHN-ARSAZ-0604-2023 se le denegó la información requerida, con el agravante de que lo peticionado se relaciona con aspectos de naturaleza pública.

Al respecto, del estudio de los autos, se tiene por demostrado que el 4 de diciembre de 2023, el recurrente envió un correo electrónico a la dirección ...01, mediante el cual remitió el oficio ACS MINSA 092 2023 a través del cual solicitó la siguiente información: ‘I.- Agradezco me facilite copia del plan de emergencias en formato digital (o en su defecto, la página inicial del referido documento donde conste el sello con la fecha de recibido por parte del Ministerio de Salud), que se utilizó para que se le otorgara el Permiso sanitario de funcionamiento PF-DRRSHN-ARSAZ-528-2022, conforme lo solicita el artículo 43 del Reglamento general para permisos de funcionamiento No. 43432-S. 2.- En caso de que dichas instalaciones no cuenten con plan de emergencias, agradezco se me indique la justificación legal para que operen sin cumplir con ese documento. 3.- Copia del informe sobre la última visita de inspección de las condiciones existentes, que incluya al menos: detalle sobre entradas/salidas de emergencia, verificación del estado de extintores, estado del sistema eléctrico y zonas de evacuación, junto con la copia del certificado o informe de verificación de instalación eléctrica como lo solicita el artículo 13 bis del Reglamento No. 43432-S. 4.- Copia del programa de manejo integral de residuos con que se le otorgó el referido permiso sanitario. 5.- Copia del certificado de uso de gal LP, donde se pueda apreciar su vigencia al momento presente. 6.- Copia de los títulos relacionados con manipulación de alimentos de las personas que laboran con el expendio de comida dentro de dicho comercio. 7.- EN (sic) caso de que se haya girado alguna orden sanitaria a las instalaciones mencionadas, desde el año 2020 al presente, agradezco se me facilita copia electrónica de las mismas. 8.- El referido PSF se otorgó para la ‘actividad principal de restaurante con venta de licor’ y no incluye el uso de equipos de amplificación de sonido, por lo que respetuoso le consulto sobre las razones por las cuales se le ha permitido mantener abierto a Restaurante Casa Mía mientras utiliza equipos de amplificación sin el respectivo permiso y actualmente parece que lo sigue realizando sin que se le hayan colocado los respectivos sellos de clausura, (conforme se indica en artículos 49 y 50 del Reglamento 43432-S), aún cuando dicho informe menciona que la música del local la apagan a las 2:00 am. 9.- Agradezco me indique el estado del trámite de la renovación del PSF PF-DRRSHN-ARSAZ-528-2022, con la copia del plan de confinamiento sónico que se esté presentando y las razones por las cuales estando vencido desde el 29 de julio de 2023 no se han colocado los respectivos sellos de clausura, incluso a pesar de la existencia de denuncias en su contra. 10.- Agradezco me indique el nombre de los establecimientos junto con sus respectivos números de permisos sanitarios de funcionamiento, que le haya otorgado el Ministerio de Salud a las siguientes personas físicas y jurídicas: Nombre03 (cédula de identidad CED02), Agrícola WG de Pital SRL (cédula jurídica No. CED03), Cesgo de Sarchí Ltda. (cédula jurídica CED04), Floribeth González Barrantes (cédula de identidad No. CED05), todas las cuales aparecen asociadas con Casa Mía. 11.- En caso de que se haya girado alguna orden sanitaria a las instalaciones que posean PSF relacionadas con el punto anterior, desde el año 2020 al presente, agradezco se me facilite copia electrónica de las mismas’. No obstante, mediante el oficio nro. MS-DRRSHN-ARSAZ-0604-2023 del 13 de diciembre de 2023, el director del Área Rectora de Salud Aguas Zarcas le indicó al recurrente lo siguiente: ‘En atención a documento ACS-MINSA 092 2023. relacionado con ‘derecho de petición y pronta respuesta’, donde solicita información del establecimiento comercial denominado Restaurante Casa Mia, ubicado en el distrito de Venecia de San Carlos, Dirección01 se le informa que la misma se asignó al Lic. Marlon Delgado Morera del Equipo do Regulación de la Salud, el cual posterior a revisión del expediente administrative y análisis correspondiente generó informe técnico: MS-DRRSHN-ARSAZ-ERS-DEN-IT-1194-2023 (se adjunta copia), donde informa a esta Dirección que su persona no forma parte del expediente administrativo, así mismo, el código de colegiatura N° 115736 no corresponde al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Por lo anterior, se le informa no es factible entregar información de un expediente a un tercero que no forma parte del mismo, lo anterior, según lo establecido en los artículos 272 y 273 de La Ley General de la Administración Pública N°6227’.

Así las cosas, se desprende que la autoridad accionada denegó todo el acceso a la información solicitada aduciendo que el recurrente no formaba parte del expediente al tratarse de un tercero, justificación que no es de recibo para este Tribunal. En ese sentido, esta Sala estima que en el caso concreto se produjo una lesión evidente a lo dispuesto en el artículo 30 de la Constitución Política. En primer término, la parte recurrida no argumentó o manifestó ante esta jurisdicción que estuviera actualmente en trámite algún permiso o gestión en favor del establecimiento comercial en el expediente en cuestión. En segundo lugar, y no menos importante, la información solicitada por el recurrente reviste de interés público. Dado que el expediente nro. GB-HR-729 se encuentra relacionado a una denuncia por contaminación sónica, la cual tiene impacto y relevancia en los derechos fundamentales de las personas al estar vinculada al derecho a la salud y al derecho de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Nótese que dentro de lo requerido por el recurrente está la información relacionada con el permiso sanitario o los títulos relacionados con manipulación de alimentos, los cuales son documentos públicos que debe guardar la autoridad recurrida por tratarse de requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico para el correcto funcionamiento de un establecimiento comercial; así como a la actividad de control y fiscalización que debe efectuar al tratarse de un área Rectora de Salud. En tercer lugar, si bien esta jurisdicción comprende que pueden existir dentro del expediente información que contenga datos sensibles o confidenciales, no menos cierto es que la propia autoridad recurrida tiene la posibilidad de excluir aquellos datos sensibles o respecto de los cuales se debe mantener reserva, de conformidad con el ordenamiento jurídico constitucional, para lo cual ante la exclusión de la información determinada en estos términos se deberá dar una explicación detallada de las razones claras, directas y específicas que imposibilitará la entrega de la información; sin embargo, como se indicó el recurrido únicamente se limitó a denegar todo la información sin realizar un análisis previo de cada uno de los puntos peticionados por el accionante para así determinar a qué información podía tener acceso y a cuál no.

En virtud de lo expuesto, esta Sala comprueba la lesión a los derechos fundamentales de la parte tutelada. Por ende, al no constarse que se haya atendido adecuadamente lo requerido, lo procedente es estimar el amparo en los términos establecidos en la parte dispositiva de este pronunciamiento…” (ver en el mismo sentido la sentencia Nº 2022025593 de las 09:20 horas del 28 de octubre de 2022).

 Del anterior precedente se concluye que el Ministerio de Salud está obligado a entregar la información pedida, habida cuenta que ésta reviste un claro e inequívoco interés público, no solamente por cuanto se encuentra relacionada íntimamente con la actividad de control y fiscalización que debe llevar a cabo el Área Rectora de Salud, sino también porque en este caso en particular tiene que ver con acciones y omisiones de la Municipalidad de Liberia —sea, otra institución pública— y medidas adoptadas con respecto al Parque Mario Cañas Ruiz. Por lo tanto, este Tribunal estima que, independientemente de la existencia de un procedimiento en trámite, en este caso la Administración sí ha quebrantado el derecho fundamental del tutelado consagrado en el numeral 30 de la Constitución Política, en su vertiente ad extra, y juzga procedente declarar con lugar el recurso, ordenándole a la Autoridad accionada entregar la documentación requerida. En este sentido, en caso de que la Autoridad accionada estime que dentro de esa documentación existe información sensible o confidencial conforme lo dispuesto en la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, Ley N° 8968, y demás legislación que regule la materia, lo propio es que la excluya, disponiendo la entrega del resto de datos que sí revisten carácter público.

 V.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

  Se declara CON LUGAR el recurso por violación del artículo 30 de la Constitución Política. En consecuencia, se le ordena a Luis Enrique Mayorga Díaz, en su calidad de director del Área Rectora de Salud de Liberia del Ministerio de Salud, o a quien en su lugar ocupe dicho cargo, proporcionarle al recurrente, a costa suya, la copia de la documentación requerida dentro del plazo máximo de DIEZ DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, para lo cual deberá suprimir toda la información catalogada como sensible o confidencial de conformidad con lo establecido en la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, Ley N° 8968, y demás legislación aplicable. Se advierte a la Autoridad antes indicada, o a quien ocupe su cargo, que de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese. 

 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 LCLTB0NOCTO61

EXPEDIENTE N° 25-019623-0007-CO

 

Teléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección02, Dirección03, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:53:05.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

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Constitutional Chamber

Resolution Nº 23332 - 2025

Date of Resolution: July 24, 2025 at 09:20

Expediente: 25-019623-0007-CO

Drafted by: Anamari Garro Vargas

Type of matter: Amparo action

Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER

Text of the resolution

Exp: 25-019623-0007-CO

Res. No. 2025023332

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the twenty-fourth of July, two thousand twenty-five.

Amparo action processed in expediente number 25-019623-0007-CO, filed by Nombre01, identity card CED01, against the MINISTRY OF HEALTH.

Whereas:

1.- By a written submission received at 11:19 hours on July 7, 2025, the petitioner files an amparo action against the MINISTRY OF HEALTH, and states the following, in summary: that, in his capacity as president of the Partido Liberia Unida, through official communication CES-0430-2025-007, he requested from the director of the Liberia Health Governing Area public information regarding the sanitary order issued to the Municipality of Liberia in relation to Parque Mario Cañas Ruiz. To this effect, he indicated: “(…) By means of this communication, we hereby request, within the framework of the principle of transparency and access to public information, details regarding the sanitary order (orden sanitaria) that, according to information of public knowledge, was issued to the Municipality of Liberia with respect to the conditions that Parque Mario Cañas Ruiz must meet. Specifically, the following information is requested: 1. Copy of the issued sanitary order (orden sanitaria). 2. Date of issuance and deadline granted for its compliance. 3. Reasons and findings that substantiated said order. 4. Follow-up carried out by the Ministry of Health and current status of compliance. 5. Additional measures contemplated in case of non-compliance by the local government. 6. Whether there exists, by the Ministry or jointly with the Municipality of Liberia, any remedial plan or corrective actions to address the formulated observations, and what the progress of said plan is. 7. Whether there is any report from the Ministry of Health regarding the last activity carried out by the Municipality of Liberia with the MalPaís Concert, which was said would serve as a reference to carry out a Sound assessment (decibel measurement) or to indicate to us what the technical conclusions (concluciones) of said activity were, permitted by the Ministry of Health. This request is made for the purpose of following up on matters of public interest related to the health, safety, and well-being of the population using the park (…)”. However, he alleges that, through official communication CARTA-MS-DRRSCH-DARSL-0530-2025, the respondent Authority denied him access to the requested information, under the argument that the administrative record (expediente) was still in process and he was not a party to the procedure. In view of this, he indicates that, on June 24, 2025, he reiterated his request through official communication CES-0624-2025-013. However, on June 25, 2025, the Ministry of Health responded via official communication CARTA-MS-DRRSCH-DARSL-0682-2025, reaffirming its refusal, without providing sufficient legal justification. For this reason, he considers his right of petition in relation to the right of access to information to be injured. He requests that the action be granted, with the legal consequences.

2.- Luis Enrique Mayorga Díaz, in his capacity as director of the Liberia Health Governing Area, reports under the gravity of oath the following: “... On July 14, 2025, the Liberia Health Governing Area received the Amparo Action processed in expediente No. 25-019623-007-CO of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice. THIRD- As part of the background, the Liberia Health Governing Area has responded to each and every one of the official communications that have been sent by Mr. Nombre01. FOURTH- On April 30, 2025, official communication CES-0430-2025-007 was received via email, sending the response to the request on May 23, 2025, via email through CARTA-MS-DRRSCH-DARSL-0530-2025, a document that was digitally signed on May 15, 2025. It being of importance to extract from official communication CARTA-MS-DRRSCH-DARSL-0530-2025 the following: ‘(…) In accordance with the General Public Administration Act in its article 272 subsection 1. The parties and their representatives, and any attorney, shall have the right at any phase of the procedure to examine, read, and copy any piece of the administrative record…. In this regard, it is deemed pertinent to bring up what was indicated in judgment No. 2020020320 of 9:20 hours on October 23, 2020: ‘In this regard, this Court has indicated in its precedents that, in general terms and with the exceptions that will be detailed, the information contained in disciplinary administrative records once they conclude, can indeed be delivered to the applicants. The foregoing, because the guarantees of the right of defense, privacy, the principle of innocence have already been respected and the real truth of the procedure has been reached (article 214 of the General Public Administration Act). In judgment No. 2010-5101, the Chamber concluded the following: ‘Once the resolution has been issued, access to the information contained in the administrative record must indeed be guaranteed to every citizen, given that a final act has already been produced based on the evidence received in the record and in compliance with the aspects that constitute due process, such as adequate substantiation and the right of defense’. (Criterion reiterated in judgment 2011-000740). This Chamber has made said nuance depending on the stage in which the administrative procedure finds itself, emphasizing that, once the final act has been issued, the record can be publicly consulted: ‘there are at least three stages in an administrative investigation, each of which is characterized by a distinct degree of access to information. The first refers to the initiation of the so-called preliminary investigation, which may begin with a complaint, as in this case, or with an ex officio action by the State. This phase relates to the initial inquiries and investigations carried out by the Administration in order to determine if there is indeed merit to initiate a formal administrative procedure. At this time, the documentation collected and the opinions issued thereto are confidential for any person to the extent that, on the one hand, the results of the investigation must be guaranteed and, on the other hand, there is not yet certainty regarding the merit or not of what was reported. The second phase comprises the moment from which an administrative procedure begins, normally from a preliminary investigation, until the final resolution of the same is communicated. (…) With the exception of the parties (sic), during this second stage no other person can have access to the corresponding administrative record, since the Administration has not yet concluded if the investigated act actually happened and in what way, or if there is merit or not for a sanction. In the last stage, which concludes with the notification of the final resolution of the investigation to the parties, the confidentiality of the information contained in the corresponding administrative record ceases, which, dealing with matters related to the performance of state servants, is of evident public interest and must be available to every citizen’. (…). See judgment 2003-002462, criterion reiterated in votes 2017-015059, 2018-05768 and 2020-013934, among others)’ (…). Based on what is documented above, and given that a final resolution has not yet been issued in the case, because to date what was ordered has not been complied with, and your person is not a party to the matter, the requested information cannot be provided to you, until such time as a final resolution is reached in the record, as at this time the information is not of a public nature. (…)’. (See folios 001 to 008) FIFTH- On May 23, 2025, official communication CES-0523-2025-011 from Partido Liberia Unida was received via email, and on June 6, a response was provided via email through CARTA-MS-DRRSCH-DARSL-0579-2025, in which he was informed: ‘(…) In accordance with what was previously requested, I inform you that the 7 points are contemplated in the current administrative record, clarifying that in point 5 there are no additional measures since the municipal administration must comply with what was ordered, in point 6 the Ministry of Health is a governing body and therefore is not responsible for creating any remedial plan, and in point 7 we clarify that the technical conclusions are to be presented to the administration of the Municipality of Liberia, for evaluation as the governing body (…)’. (See folio 0008 to 0012) SIXTH- That on June 24, 2025, official communication CES-0624-2025-013 from Partido Liberia Unida was received via email, and on July 7, 2025, a response was provided via email through CARTA-MS-DRRSCH-DARSL-0682-2025, in which it is detailed: ‘(…) Receive a cordial greeting through this means, once your communication is received, we proceed to respond to what was requested. 1. On what date was the Municipality of Liberia formally notified of said sanitary order (orden sanitaria)? A/. February 28, 2023. 2. At what stage of the administrative procedure is the case currently? A/. Non-compliance with sanitary order (orden sanitaria). 3. Have new actions, requirements, warnings, or follow-ups been carried out by this Ministry or by the local government in relation to the sanitary order (orden sanitaria)? A/. The Municipality of Liberia presented a mitigation plan. Regarding the request for a certified copy of the sanitary order (orden sanitaria), it cannot be provided in accordance with the response already given to you in CARTA-MS-DRRSCH-DARSL-0530-2025 (…)’. (See folio 0013 to 0017) SEVENTH- According to the information, it is possible to appreciate that the Liberia Health Governing Area has indeed ensured the right of petition of the petitioner, being in complete willingness to give responses and provide each requested information that is within reach, replying to each and every one of the official communications or requests via emails drafted by Mr. Nombre01. EIGHTH- In the last written submission presented by the petitioner, specifically number CES-0624-2025-013, he again brings up the request made on April 30 through official communication CES-0430-2025-007, which is duly answered through official communication CARTA-MS-DRRSCH-DARSL-0530-2025, reiterating it again in the Amparo Action; it is worth mentioning that official communication CES-0624-2025-013 finds a response in official communication CARTA-MS-DRRSCH-DARSL-0682-2025, where all the formulated questions were specifically answered; it was only not possible to provide a certified copy of the sanitary order (orden sanitaria) due to the response previously provided through official communication CARTA-MS-DRRSCH-DARSL-0530-202. Therefore, precisely the sanitary order (orden sanitaria) remains unfulfilled, the administrative sanitary procedure still being in process, unconcluded, which makes it impossible to issue or certify a copy of said order, this duly supported by the General Public Administration Act (article 272 subsection 1) and jurisprudence of the Constitutional Chamber Resolution 2020-020320 of 9:20 hours on October 23, 2020, which establishes how one must act when there is an open and ongoing process, with what was indicated by the honorable Constitutional Chamber being of relevance: ‘(…) From these affirmations it is possible to conclude that the Dean's Office did have knowledge, at least, of the disciplinary procedure that had culminated with the recommendation to institute a jurisdictional lesividad procedure. For this reason, the omission in delivering the corresponding information is not justified; especially since it is information of public interest because a lesividad procedure was even ordered and it is a disciplinary administrative procedure already finalized, so there would be no limitation whatsoever to deliver the requested information. In this regard, this Court has indicated in its precedents that, in general terms and with the exceptions that will be detailed, the information contained in disciplinary administrative records once they conclude, can indeed be delivered to the applicants. The foregoing, because the guarantees of the right of defense, privacy, the principle of innocence have already been respected and the real truth of the procedure has been reached (article 214 of the General Public Administration Act). In judgment No. 2010-5101, the Chamber concluded the following: ‘Once the resolution has been issued, access to the information contained in the administrative record must indeed be guaranteed to every citizen, given that a final act has already been produced based on the evidence received in the record and in compliance with the aspects that constitute due process, such as adequate substantiation and the right of defense’. (Criterion reiterated in judgment 2011-000740). This Chamber has made said nuance depending on the stage in which the administrative procedure finds itself, emphasizing that once the final act has been issued, the record can be publicly consulted: ‘there are at least three stages in an administrative investigation, each of which is characterized by a distinct degree of access to information. The first refers to the initiation of the so-called preliminary investigation, which may begin with a complaint, as in this case, or with an ex officio action by the State. This phase relates to the initial inquiries and investigations carried out by the Administration in order to determine if there is indeed merit to initiate a formal administrative procedure. At this time, the documentation collected and the opinions issued thereto are confidential for any person to the extent that, on the one hand, the results of the investigation must be guaranteed and, on the other hand, there is not yet certainty regarding the merit or not of what was reported. The second phase comprises the moment from which an administrative procedure begins, normally from a preliminary investigation, until the final resolution of the same is communicated. (…) With the exception of the parties (sic), during this second stage no other person can have access to the corresponding administrative record, since the Administration has not yet concluded if the investigated act actually happened and in what way, or if there is merit or not for a sanction. In the last stage, which concludes with the notification of the final resolution of the investigation to the parties, the confidentiality of the information contained in the corresponding administrative record ceases, which, dealing with matters related to the performance of state servants, is of evident public interest and must be available to every citizen’. (…). See judgment 2003-002462, criterion reiterated in votes 2017-015059, 2018-05768 and 2020-013934, among others). Therefore, given that in the specific case it was verified that the protected person requires access to a finalized disciplinary record, the denial is not justified, which warrants the granting of the amparo action, ordering the Dean's Office of the Law School to provide the petitioner with the certified copy of the requested record, access that must be given safeguarding potential sensitive data and restricted access data protected by article 24 of the Political Constitution and the Law for the Protection of the Person regarding the Processing of their Personal Data, Law No. 8968 (…)’.(…) NINTH- It is important to mention that health legislation defines the action that the Ministry of Health possesses, by the principle of legality, provides for the issuance of sanitary orders (ordenes sanitarias), the corresponding procedure for their processing, and when a process due to a sanitary order (orden sanitaria) is considered not yet finalized, as happens in the present case where the sanitary order (orden sanitaria) has not been fully complied with in order to issue an approval report and grant access to the record; all based on articles 1, 2, 3, 6, 7, 15, 16, 17, 147 and following of the General Health Law; as well as articles 2 subsections e.e, f.f, article 22 subsection d) final paragraph of Executive Decree 43432-S, which specifies part of the process: General Health Law: ‘(…) ARTICLE 1.- The health of the population is a public interest good protected by the State. ARTICLE 2.- It is an essential function of the State to watch over the health of the population. It corresponds to the Executive Branch through the Ministry of Public Health, to which the present law will refer abbreviated as ‘Ministry’, the definition of the national health policy, the regulation, planning, and coordination of all public and private activities related to health, as well as the execution of those activities that correspond to it according to the law. It shall have powers to issue autonomous regulations in these matters. ARTICLE 3.- Every inhabitant has the right to health benefits, in the manner that special laws and regulations determine, and the duty to provide for the conservation of their health and to contribute to the maintenance of that of their family and the community (…)’. DECREE NO. 43432-S ‘(..) Article 2 definitions: (..) ee. Sanitary order (Orden sanitaria): It is the administrative act through which the Health Authority communicates to the administered party one or several special sanitary measures. It constitutes the act that initiates the due process in sanitary matters and as such must contain the three elements for the validity of the administrative act: motive, content, and purpose. Furthermore, it must contain at least: full name of the addressee, means of notification of the addressee, date of issuance, compliance deadline, deadline expiration date, amount of the fine in case of non-compliance, legal and technical support, legal consequences to which they are subject in case of non-compliance, indication of the appeals process, and an electronic means, be it fax number or email address, that the administered party shall indicate for attending future notifications. ff. Pending sanitary order (orden sanitaria pendiente) or in process of compliance: It is that sanitary order (orden sanitaria) issued due to a non-compliance with current health regulations and through which the Ministry of Health has granted a specific deadline for the administered party to come into compliance, and said deadline has not yet expired. (…) Article 22: (...) subsection d) (final paragraph) If the approved report is submitted, the sanitary order (orden sanitaria) must be considered complied with and the definitive permit must be issued (…)’. TENTH- The processing of the sanitary order (orden sanitaria) has been in safeguard of the public health of the population, the right to health of the population being a public interest good, which has been duly safeguarded through the sanitary order (orden sanitaria) and the due process carried out which has not concluded, all of which is very respectfully reported that in accordance with the data contained it has been safeguarded as the legislation indicates. ELEVENTH- That in official communication CES-0624-2025-013 the petitioner argues: ‘(…) we request that this requirement be valued not as a simple private procedure, but as a legitimate exercise of political control and citizen access to public information about a common good that is the responsibility of the local government (…)’. Regarding this communication, aspects or requests under ‘exercise of political control’ are mentioned; however, political control is provided for in article 121 subsections 23 and 24 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica and article 111, 112 of the Regulations of the Legislative Assembly, where it is indicated: Political Constitution of the Republic of Costa Rica: ‘(…) ARTICLE 121.- In addition to the other powers conferred by this Constitution, it corresponds exclusively to the Legislative Assembly (…) 23) Appoint Commissions from among its members to investigate any matter that the Assembly entrusts to them, and to render the corresponding report. The Commissions shall have free access to all official departments to carry out the investigations and collect the data they deem necessary. They may receive all kinds of evidence and summon any person to appear before them for the purpose of interrogating them; 24) Formulate interpellations to the Government Ministers, and furthermore, by two-thirds of the votes present, censure the same officials, when in the judgment of the Assembly they are guilty of unconstitutional or illegal acts, or of serious errors that have caused or may cause evident prejudice to public interests (…)’. Regulations of the Legislative Assembly: ‘(…) REPORT FROM INSTITUTIONS (…) ARTICLE 111.- Request for reports from State institutions The permanent and special commissions, through their presidents, and the deputies, personally, may request all kinds of reports from State institutions. Said requests must be attended to promptly and on a priority basis by the required institutions and officials. ARTICLE 112.- Requirement of officials and private individuals It corresponds to the President of the Commission, upon a motion approved to that effect, to require the presence of those officials and private individuals whose appearance before the commission is considered necessary for the decision of the matter being discussed, with the purpose of being interrogated by the deputies. Every person must attend when summoned, except for just cause, and, in case of refusal, shall be brought by the Public Force. The summoned person may attend accompanied by an attorney, and refuse to testify in cases where the Constitution or the law empowers them to do so, and when it concerns pending diplomatic, jurisdictional, or military matters. The President of the Commission shall administer the oath to the persons appearing, in accordance with the Code of Criminal Procedure. In the event they fail to tell the truth, the sanctions provided for in the Penal Code shall apply, in accordance with the general provisions of the Code of Criminal Procedure (…)’. That through official communication CES-0430-2025-007, they also request details, reasons, findings of the sanitary order (orden sanitaria), follow-up carried out by the Ministry of Health, current compliance status, additional measures in case of non-compliance by the Municipality, whether there is a remedial plan jointly with the Municipality, reports, technical conclusions. It being clear that in both official communications CES-0624-2025-013 and CES-0430-2025-007, it emerges that they request: 'this requirement be valued not as a simple private procedure, but as a legitimate exercise of political control', meaning the function of the Ministry of Health in the specific case escapes the so-called 'political control' sought in the petitioner's communications, because the aforementioned norms empower only the Legislative Assembly to carry out ‘political control’…”. He requests that the action be declared without merit.

3.- In the procedures followed, the legal prescriptions have been observed.

Drafted by Magistrate Garro Vargas; and,

Considering:

I.- PURPOSE OF THE ACTION. The petitioner alleges that, in his capacity as president of the Partido Liberia Unida, through official communication CES-0430-2025-007, he requested from the director of the Liberia Health Governing Area information regarding the sanitary order (orden sanitaria) issued to the Municipality of Liberia in relation to Parque Mario Cañas Ruiz, considering that said information is of a public nature. However, he accuses that through official communication CARTA-MS-DRRSCH-DARSL-0530-2025, the respondent Authority denied access to the requested information, under the argument that the administrative record (expediente) was still in process and he was not a party to the procedure. In view of this, he indicates that on June 24, 2025, he reiterated his request through official communication CES-0624-2025-013. However, on June 25, 2025, the Ministry of Health responded via official communication CARTA-MS-DRRSCH-DARSL-0682-2025, reaffirming its refusal, without providing sufficient legal justification. For this reason, he judges his right of petition in relation to the right of access to information to be injured.

II.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been so accredited or because the respondent omitted to refer to them as provided in the initial order:

a) On April 30, 2025, the Liberia Health Governing Area received an email containing official communication CES-0430-2025-007, which contained the following request: “(…) By means of this communication, we hereby request, within the framework of the principle of transparency and access to public information, details regarding the sanitary order (orden sanitaria) that, according to information of public knowledge, was issued to the Municipality of Liberia with respect to the conditions that Parque Mario Cañas Ruiz must meet. Specifically, the following information is requested: 1. Copy of the issued sanitary order (orden sanitaria). 2. Date of issuance and deadline granted for its compliance. 3. Reasons and findings that substantiated said order. 4. Follow-up carried out by the Ministry of Health and current status of compliance. 5. Additional measures contemplated in case of non-compliance by the local government. 6. Whether there exists, by the Ministry or jointly with the Municipality of Liberia, any remedial plan or corrective actions to address the formulated observations, and what the progress of said plan is. 7. Whether there is any report from the Ministry of Health regarding the last activity carried out by the Municipality of Liberia with the MalPaís Concert, which was said would serve as a reference to carry out a Sound assessment (decibel measurement) or to indicate to us what the technical conclusions (concluciones) of said activity were, permitted by the Ministry of Health. This request is made for the purpose of following up on matters of public interest related to the health, safety, and well-being of the population using the park (…)”. (report and evidence in the record).

b) Through official communication CARTA-MS-DRRSCH-DARSL-0530-2025, the Administration responded with the following: “...In accordance with the General Public Administration Act in its article 272 subsection 1. The parties and their representatives, and any attorney, shall have the right at any phase of the procedure to examine, read, and copy any piece of the administrative record…. In this regard, it is deemed pertinent to bring up what was indicated in judgment No. 2020020320 of 9:20 hours on October 23, 2020: ‘In this regard, this Court has indicated in its precedents that, in general terms and with the exceptions that will be detailed, the information contained in disciplinary administrative records once they conclude, can indeed be delivered to the applicants. The foregoing, because the guarantees of the right of defense, privacy, the principle of innocence have already been respected and the real truth of the procedure has been reached (article 214 of the General Public Administration Act). In judgment No. 2010-5101, the Chamber concluded the following: ‘Once the resolution has been issued, access to the information contained in the administrative record must indeed be guaranteed to every citizen, given that a final act has already been produced based on the evidence received in the record and in compliance with the aspects that constitute due process, such as adequate substantiation and the right of defense’. (Criterion reiterated in judgment 2011-000740). This Chamber has made said nuance depending on the stage in which the administrative procedure finds itself, emphasizing that, once the final act has been issued, the record can be publicly consulted: ‘there are at least three stages in an administrative investigation, each of which is characterized by a distinct degree of access to information. The first refers to the initiation of the so-called preliminary investigation, which may begin with a complaint, as in this case, or with an ex officio action by the State. This phase relates to the initial inquiries and investigations carried out by the Administration in order to determine if there is indeed merit to initiate a formal administrative procedure. At this time, the documentation collected and the opinions issued thereto are confidential for any person to the extent that, on the one hand, the results of the investigation must be guaranteed and, on the other hand, there is not yet certainty regarding the merit or not of what was reported. The second phase comprises the moment from which an administrative procedure begins, normally from a preliminary investigation, until the final resolution of the same is communicated. (…) With the exception of the parties (sic), during this second stage no other person can have access to the corresponding administrative record, since the Administration has not yet concluded if the investigated act actually happened and in what way, or if there is merit or not for a sanction.

In the final stage, which concludes with the notification of the final resolution of the investigation to the parties, the confidentiality of the information contained in the corresponding administrative case file ceases, given that it deals with matters related to the performance of state officials and is therefore of evident public interest and must be available to every citizen.’ (…). See judgment 2003-002462, a criterion reiterated in votes 2017-015059, 2018-05768, and 2020-013934, among others)’ (…). Based on the foregoing, and given that no final resolution has been issued in the case, because to date what was ordered has not been complied with, and you are not a party to the matter, the requested information cannot be provided to you until there is a final resolution in the case file; at this time, the information is not of a public nature…” (report and evidence contained in the record).

c) In response to this, on June 24, 2025, the petitioner sent, via email, official communication CES-0624-2025-013, in which he requested information related to his original petition, namely: “...Having reviewed and analyzed official communication CARTA-MS-DRRSCH-DARSL-0530-2025 sent by you in exercise of the directorship of the Liberia Health Governing Area (Área Rectora de Salud de Liberia), I request, in my capacity as representative of the Partido Liberia Unida, and based on Article 30 of the Political Constitution, Articles 272 and 214 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública), as well as the reiterated case law of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice —especially Judgment No. 2020-020320, issued at 9:20 a.m. on October 23, 2020—, I formally request that you provide me with the following information concerning the health order (orden sanitaria) issued to the Municipality of Liberia regarding the Mario Cañas Ruiz Park: 1. On what date was the Municipality of Liberia formally notified of said health order? 2. At what stage of the administrative proceeding is the case currently? 3. Have any new actions, requirements, warnings, or follow-ups been carried out by this Ministry or by the local government in relation to the health order? Likewise, based on the principles of transparency, publicity, and access to public information, we request that you provide us with a certified copy or access to the administrative case file related to said health order, insofar as it refers to the current status, compliance, or non-compliance with provisions concerning a public good for common use: the Mario Cañas Ruiz Park...” (see evidence).

d) Consequently, via official communication CARTA-MS-DRRSCH-DARSL-0682-2025 of June 25, 2025, the Administration responded as follows: “...Receive a cordial greeting through this means, once your communication was received, we proceed to respond to what was requested. 1. On what date was the Municipality of Liberia formally notified of said health order? A/. February 28, 2023. 2. At what stage of the administrative proceeding is the case currently? A/. Non-compliance with a health order. 3. Have any new actions, requirements, warnings, or follow-ups been carried out by this Ministry or by the local government in relation to the health order? A/. The Municipality of Liberia presented a mitigation plan. Regarding the request for a certified copy of the health order, it cannot be provided in accordance with the response already given to you (sic) in CARTA-MS-DRRSCH-DARSL-0530-2025...” (evidence contained in the record).

III.- ON THE RIGHTS OF PETITION AND ACCESS TO ADMINISTRATIVE INFORMATION. Having analyzed the allegations of the petitioner, it is necessary to indicate to him, first, that the right of petition, established in Article 27 of the Political Constitution, when understood in a broad sense, refers to the power held by every citizen to address any public official or official entity in writing in order to raise a matter of their interest. Second, Article 30 of the Political Constitution guarantees free access to administrative departments, solely for purposes of information on matters of public interest. It is, therefore, a mechanism designed to allow those administered to supervise the proper performance of the various public entities in the exercise of the administrative function. Therefore, when Articles 27 and 30 of the Political Constitution are taken together, they guarantee the right of every person to address any public official or official entity to obtain information on any matter, subject, or information of a public nature. Precisely, the public nature of the information is the central element that determines the right to access it. This was declared by this Court very early in its case law, stating, in Judgment No. 6240-93 issued at 2:00 p.m. on November 26, 1993, the following:

 "[…] the right to information is based on the community's interest in knowing the activity of the public official, as well as their good or bad performance in the exercise of their duties, and the information that, being of public interest, is found in administrative offices or departments. It is for this reason that the public nature of the information is the cardinal element for defining the right to request it from the public body or entity."

 These guarantees are complemented by the right to obtain a prompt response, although this does not mean that the administered individual has the right to always receive a response favorable to their interests. In other words, regarding the freedom of petition, what is being referred to is the right to request and not the right to obtain what is requested —even though the public official must resolve in strict accordance with the law—, since the former is based on another principle; that is, that the Administration cannot restrict the right of the governed to address public bodies.

IV.- ON THE MERITS. In the case at bar (sub lite), it is evident that no violation of Article 27 of the Constitution has occurred, since the petitioner himself admits having received a response to all of his requests. The true grievance that is the subject of these proceedings, instead, lies in the disagreement he harbors with the responses he received, given that they deny him access to part of the information requested and he considers such denial to be arbitrary and a violation of Article 30 of the Constitution.

 In this regard, the Chamber deems it appropriate to cite the provisions of Judgment No. 2024015674 issued at 9:30 a.m. on June 7, 2024, as it constitutes a relevant precedent for the resolution of this matter, since on that occasion the following was ordered:

“... Relevant precedent. Of importance for the resolution of this matter, it is deemed appropriate to bring up Judgment No. 2023-021599 issued at 9:15 a.m. on September 1, 2023:

‘III.- On the specific case. After analyzing the evidentiary elements provided and the reports rendered under oath by the respondent authority, with timely warning of the consequences provided for in Article 44 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), it is established that on July 21, 2023, the petitioner submitted in writing before the Pavas Health Governing Area (Área de Rectora de Salud de Pavas) a request in the following terms: ‘The undersigned Name02, (…) by this means I proceed to request the administrative case file of the company CBZ Asfalto. This in order to provide me access to it.’

Likewise, that on July 25, 2023, the head of the Pavas Health Governing Area responded to the protected party via email through official communication No. MS-DRRSCS-DARS-P-0331-2023 as follows:

‘In a timely manner and in proper form, in attention to your written request in which you request access to the administrative case file of the company CBZ ASFALTO, located in Pavas, and in which you cite the amparo (amparo) to provide you information based on Article 27 of the Magna Carta, which I quote verbatim: ‘ARTICLE 27. OF THE POLITICAL CONSTITUTION OF COSTA RICA: The freedom of petition, individually or collectively, before any public official or official entity, and the right to obtain a prompt resolution, is guaranteed.’, Under the protection of Article 24 of The Political Constitution of Costa Rica, which states’ (sic) ‘The right to intimacy, freedom, and secrecy of communications is guaranteed. Private documents and written, oral, or any other type of communications of the inhabitants of the Republic are inviolable.’ Likewise, the General Law of Public Administration No. 6227, Article 273. ‘1. There shall be no access to pieces of the case file whose knowledge could compromise state secrets or confidential information of the counterparty or, in general, when the examination of such pieces confers upon a party an undue privilege or an opportunity to illegitimately harm the Administration, the counterparty, or third parties, within or outside the case file. 2. Draft resolutions, as well as reports for consultative bodies and their opinions before they have been issued, shall be presumed in this condition, unless proven otherwise.’ In the same line of reasoning, the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República) in opinion C-124-99 (point 5) dictates: ‘Private documents and information of private interest that are included in administrative case files retain their private nature. They are guaranteed by the principle of confidentiality that prevents the Administration from disclosing them or in any way allowing third parties to have access to their content.’ Based on the foregoing and as you are not a party to the administrative case file, we cannot give you access to the cited private administrative case file due to the principle of legality.’

Furthermore, the respondent authority clarified that the administrative case file of the company CBZ Asfaltos S.A. No. 1005 is active, consists of 311 folios, which contain background information on the application for and management of sanitary operating permits (permisos sanitarios de funcionamiento) from 2010 to 2020. Currently, the company holds a sanitary operating permit valid until November 27, 2025. It also contains physical-chemical analysis reports, State Control Reports, an Emergency Plan, an Environmental Management Plan (Plan de Gestión Ambiental), Wastewater Operational Reports, and administrative acts issued. In this regard, it is necessary to indicate that this Court, when hearing a similar claim regarding access to an administrative case file on the control and supervision carried out by the Health Governing Areas, through Judgment No. 2022-025593 issued at 9:20 a.m. on October 28, 2022 —reiterated in vote No. 2023-006955 issued at 9:30 a.m. on March 24, 2023—, resolved the following:

(…)

Such considerations are applicable to the case under study, as this Court finds no reasons to vary the criteria expressed in that judgment, nor grounds that would lead it to assess the situation raised differently. In the present case, the information required by the protected party is of a public nature, since it is associated with the control and supervision activity that the Health Governing Area must carry out, through which compliance with the requirements demanded by the legal system for the correct operation of the company in question is recorded. It should be noted that the respondent authority did not argue or state before this jurisdiction that any permit or procedure was currently being processed in favor of the company, given that, if that were the case, access to the file could be restricted until the procedure concludes, and even any complaint against it, which would imply assessing the status thereof. On the contrary, it has been indicated that it currently holds a valid sanitary operating permit. Moreover, it is necessary to indicate, in the event it is considered that such file contains sensitive or confidential information in accordance with the provisions of the Law on the Protection of Individuals Regarding the Processing of their Personal Data (Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales), Law No. 8968, the appropriate course of action is for this information to be excluded, ordering the delivery of the rest of the data that is indeed of a public nature. By virtue of the considerations set forth, the violation of the fundamental rights of the protected party is accredited, and, consequently, the appeal is upheld under the terms established in the operative part.’

 V.- On the specific case. In the case at bar (sub lite), the petitioner states that on December 4, 2023, he sent a request for information to the respondent authority; however, he complains that through official communication No. MS-DRRSHN-ARSAZ-0604-2023, the requested information was denied, with the aggravating factor that what was requested relates to matters of a public nature.

In this regard, from the study of the record, it is proven that on December 4, 2023, the petitioner sent an email to the address ...01, through which he forwarded official communication ACS MINSA 092 2023, through which he requested the following information: ‘I.- Please provide me with a copy of the emergency plan in digital format (or, failing that, the first page of the referenced document showing the stamp with the date of receipt by the Ministry of Health), which was used to grant Sanitary Operating Permit PF-DRRSHN-ARSAZ-528-2022, as required by Article 43 of the General Regulation for Operating Permits No. 43432-S. 2.- In the event that said facilities do not have an emergency plan, please indicate the legal justification for operating without complying with that document. 3.- Copy of the report on the last inspection visit of the existing conditions, including at least: detail on emergency entrances/exits, verification of the status of extinguishers, status of the electrical system and evacuation zones, along with the copy of the certificate or verification report of the electrical installation as required by Article 13 bis of Regulation No. 43432-S. 4.- Copy of the comprehensive waste management program with which the referenced sanitary permit was granted. 5.- Copy of the certificate for LP gas use, showing its validity at the present time. 6.- Copy of the certificates related to food handling for the persons working with food sales within said business. 7.- If any health order has been issued to the mentioned facilities, from the year 2020 to the present, please provide me with an electronic copy of the same. 8.- The referenced PSF (sanitary operating permit) was granted for the ‘main activity of restaurant with liquor sales’ and does not include the use of sound amplification equipment, so I respectfully ask you about the reasons why Restaurante Casa Mía has been allowed to remain open while using amplification equipment without the respective permit and currently appears to continue doing so without the respective closure seals having been placed, (as indicated in Articles 49 and 50 of Regulation 43432-S), even though said report mentions that the music at the premises is turned off at 2:00 a.m. 9.- Please indicate the status of the renewal process for the PSF PF-DRRSHN-ARSAZ-528-2022, with the copy of the sonic confinement plan being submitted and the reasons why, having expired since July 29, 2023, the respective closure seals have not been placed, even despite the existence of complaints against it. 10.- Please provide me with the name of the establishments together with their respective sanitary operating permit numbers, that the Ministry of Health has granted to the following individuals and legal entities: Name03 (identity card CED02), Agrícola WG de Pital SRL (legal entity ID No. CED03), Cesgo de Sarchí Ltda. (legal entity ID CED04), Floribeth González Barrantes (identity card No. CED05), all of whom appear associated with Casa Mía. 11.- In the event that any health order has been issued to facilities holding a PSF related to the previous point, from the year 2020 to the present, please provide me with an electronic copy of the same.’ However, through official communication No. MS-DRRSHN-ARSAZ-0604-2023 of December 13, 2023, the director of the Aguas Zarcas Health Governing Area (Área Rectora de Salud Aguas Zarcas) indicated to the petitioner the following: ‘In response to document ACS-MINSA 092 2023, related to ‘right of petition and prompt response,’ where you request information on the commercial establishment called Restaurante Casa Mia, located in the district of Venecia de San Carlos, Address01, you are informed that it was assigned to Lic. Marlon Delgado Morera of the Health Regulation Team (Equipo de Regulación de la Salud), who, after reviewing the administrative case file and corresponding analysis, generated technical report: MS-DRRSHN-ARSAZ-ERS-DEN-IT-1194-2023 (copy attached), informing this Directorate that you are not a party to the administrative case file, and likewise, the professional license number (código de colegiatura) No. 115736 does not correspond to the Costa Rican Bar Association (Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica). Therefore, you are informed that it is not feasible to deliver information from a case file to a third party who is not a party to it, based on the provisions of Articles 272 and 273 of the General Law of Public Administration No. 6227.’

Thus, it follows that the respondent authority denied all access to the requested information, arguing that the petitioner was not a party to the case file as he was a third party, a justification that is not acceptable to this Court. In that sense, this Chamber finds that in the specific case, a clear violation of the provisions of Article 30 of the Political Constitution occurred. Firstly, the respondent party did not argue or state before this jurisdiction that any permit or procedure was currently being processed in favor of the commercial establishment in the case file in question. Secondly, and no less importantly, the information requested by the petitioner is of public interest. Given that case file No. GB-HR-729 is related to a complaint for sonic pollution, which has an impact and relevance on the fundamental rights of individuals, being linked to the right to health and the right to a healthy and ecologically balanced environment. Note that among what is requested by the petitioner is information related to the sanitary permit or the certificates related to food handling, which are public documents that the respondent authority must keep as they are requirements demanded by the legal system for the proper functioning of a commercial establishment; as well as to the control and supervision activity that it must carry out as it is a Health Governing Area. Thirdly, while this jurisdiction understands that there may be information within the file that contains sensitive or confidential data, it is no less true that the respondent authority itself has the possibility of excluding those sensitive data or those with respect to which confidentiality must be maintained, in accordance with constitutional law, for which purpose, upon excluding the information determined in these terms, a detailed explanation of the clear, direct, and specific reasons that made it impossible to deliver the information must be given; however, as indicated, the respondent merely limited itself to denying all information without carrying out a prior analysis of each of the points requested by the petitioner in order to determine what information he could have access to and what he could not.

By virtue of the foregoing, this Chamber verifies the injury to the fundamental rights of the protected party. Therefore, not having verified that what was required has been adequately addressed, it is proper to grant the amparo under the terms established in the operative part of this ruling…” (see in the same sense Judgment No. 2022025593 issued at 9:20 a.m. on October 28, 2022).

 From the above precedent, it is concluded that the Ministry of Health is obliged to deliver the requested information, given that it is of clear and unequivocal public interest, not only because it is intimately related to the control and supervision activity that the Health Governing Area must carry out, but also because in this particular case, it has to do with actions and omissions of the Municipality of Liberia —that is, another public institution— and measures adopted with respect to the Mario Cañas Ruiz Park. Therefore, this Court considers that, regardless of the existence of an ongoing proceeding, in this case, the Administration has indeed violated the fundamental right of the protected party enshrined in Article 30 of the Political Constitution, in its ad extra aspect, and deems it appropriate to grant the appeal, ordering the respondent Authority to deliver the required documentation. In this sense, should the respondent Authority consider that within this documentation there is sensitive or confidential information in accordance with the provisions of the Law on the Protection of Individuals Regarding the Processing of their Personal Data, Law No. 8968, and other applicable legislation governing the matter, the proper course of action is to exclude it, providing the rest of the data that is indeed of a public nature.

V.- DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE CASE FILE. The parties are warned that, if any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new technology-produced device have been submitted, they must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the “Regulation on the Electronic Dossier before the Judiciary,” approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Gazette (Boletín Judicial) number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Therefore:

 The appeal is GRANTED for violation of Article 30 of the Political Constitution. Consequently, Luis Enrique Mayorga Díaz, in his capacity as director of the Liberia Health Governing Area of the Ministry of Health, or whoever occupies said position in his place, is ordered to provide the petitioner, at his own expense, with a copy of the required documentation within a maximum period of TEN DAYS, counted from the notification of this judgment, for which purpose he must suppress all information classified as sensitive or confidential in accordance with the provisions of the Law on the Protection of Individuals Regarding the Processing of their Personal Data, Law No. 8968, and other applicable legislation. The aforementioned Authority, or whoever occupies his position, is warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo proceeding, and fails to comply with it or fails to have it complied with, provided the offense is not more severely punished. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the sentence of the contentious-administrative proceedings. Notify.

Fernando Castillo V.

President

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

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EXPEDIENTE N° 25-019623-0007-CO

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