Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Sobre este particular, es necesario indicar que, reiteradamente, este Tribunal ha sostenido que la jurisdicción constitucional no es una instancia tramitadora de denuncias (ver sentencia nro. 2012-018538 de las 09:05 horas de 21 de diciembre de 2012, reiterada en la nro. 2024-32725, de las 9:20 horas del 1 de noviembre de 2024), de manera que acudir directamente a esta sede, sin antes interponer las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes, impide endilgar una omisión ilegítima que atente contra los derechos fundamentales de las personas.
Por ende, en situaciones como esta es preciso que la parte interesada acuda ante la autoridad recurrida a plantear el reclamo aludido, a fin de que aquella tome las medidas pertinentes para solucionar el problema denunciado o, en su defecto, plantee su reclamo en la vía de legalidad ordinaria. Lo anterior sin demérito de que el recurrente acuda a la vía constitucional luego de que transcurriere un plazo irrazonable sin un actuar efectivo de la Administración y siempre que hubiere amenaza o lesión a un derecho fundamental.
Visto lo anterior y que el tutelado no ha gestionado por escrito la información pretendida, el recurso deviene inadmisible y así se declara.
English (translation)In this regard, it must be noted that this Court has repeatedly held that constitutional jurisdiction is not a complaints-processing forum (see ruling no. 2012-018538 of 09:05 on December 21, 2012, reiterated in no. 2024-32725 of 9:20 on November 1, 2024), so that coming directly to this venue without first filing the corresponding complaints before the competent authorities prevents attributing an unlawful omission that violates the fundamental rights of individuals.
Therefore, in such situations, the interested party must first approach the respondent authority to raise the complaint in question, so that it may take appropriate measures to resolve the denounced problem or, failing that, bring the claim through ordinary legality channels. This is without prejudice to the petitioner subsequently resorting to the constitutional remedy should an unreasonable period elapse without effective action by the Administration and provided there is a threat or violation of a fundamental right.
Given the foregoing and that the protected party has not made a written request for the information sought, the appeal is deemed inadmissible and so declared.
Inadmissible
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 23673 - 2025 Fecha de la Resolución: 29 de Julio del 2025 a las 10:30 Expediente: 25-020551-0007-CO Redactado por: Fernando Castillo Víquez Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Texto de la resolución EXPEDIENTE N° 25-020551-0007-CO PROCESO: RECURSO DE AMPARO RESOLUCIÓN Nº 2025023673 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas treinta minutos del veintinueve de julio de dos mil veinticinco . Recurso de amparo interpuesto por Nombre109895 , con cédula de identidad número CED87001; contra la MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ. Resultando: 1.- Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala el 15 de julio de 2025, el recurrente interpone recurso de amparo y señala que el Concejo Municipal de Escazú aprobó el 24 de junio de 2025, mediante el acuerdo AC-265-2025, declarar de interés cantonal la pólvora pirotécnica artesanal como manifestación tradicional del cantón, sin establecer límites técnicos, ambientales o sanitarios. Esta decisión contradice compromisos constitucionales y legales en materia de salud pública, bienestar animal y protección ambiental, afectando a personas vulnerables como adultos mayores, niños, personas con trastornos sensoriales, animales domésticos y fauna silvestre. El acuerdo fue aprobado bajo presión pública y en un ambiente populista, ignorando las recomendaciones técnicas y científicas previamente planteadas por sectores ciudadanos, sin participación equitativa ni consulta previa. La pólvora genera contaminación acústica y del aire, afecta la vida silvestre en los Cerros de Escazú y la Zona de Amortiguamiento Agrícola, poniendo en riesgo la salud humana, según lo establece el Reglamento para el Control de Ruido Ambiental (Decreto Ejecutivo No. 44486-S). Aduce que existe una solicitud formal de vecinos del cantón para someter este tema a referéndum cantonal, ante la falta de representación efectiva y de espacios democráticos en la toma de decisiones sobre esta materia. Pide que se otorgue medida cautelar urgente para suspender cualquier uso de pólvora sonora en espacios públicos del cantón de Escazú, hasta tanto no se cuente con una regulación técnica adecuada, que se declare con lugar el recurso de amparo, ordenando a la municipalidad de Escazú emitir un reglamento técnico y vinculante que regule estrictamente el uso de pólvora, que, en caso de no poder garantizarse dicha regulación, se proceda a su prohibición total en eventos públicos y culturales, que se declare inconstitucional el acuerdo AC-265-2025, por contravenir derechos fundamentales al no establecer límites ni control sobre los impactos en salud, ambiente y bienestar animal, que se ordene a la municipalidad de Escazú convocar un referéndum cantonal para que los habitantes decidan democráticamente sobre el uso de pólvora sonora en el cantón. 2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada. Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y, Considerando: I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente se encuentra disconforme con el acuerdo que adoptó la municipalidad recurrida mediante el cual declaró de interés cantonal la pólvora pirotécnica artesanal como manifestación tradicional del cantón, sin establecer límites técnicos, ambientales o sanitarios, y sin dar audiencia a la comunidad; a pesar de que esta genera contaminación y pone en riesgo a las personas. Aduce que, existe una solicitud formal de vecinos del cantón para someter este tema a referéndum cantonal, ante la falta de representación efectiva y de espacios democráticos en la toma de decisiones sobre esta materia. II.- INADMISIBILIDAD DEL AMPARO. Del escrito de interposición se tiene que el amparado está disconforme con el acuerdo adoptado por la municipalidad recurrida; sin embargo, no consta que haya planteado oposición alguna contra este ante el propio municipio. Si bien manifiesta que existe una solicitud de varios vecinos para que el tema de fondo se someta a referéndum, lo cierto es que ello no constituye necesariamente un reclamo interpuesto por el mismo recurrente y en el sentido aquí planteado, ni acredita que así lo sea. De manera que, la parte interesada no denota haber planteado denuncia alguna por escrito ante la autoridad competente en torno a las pretensiones expuestas en este amparo, sino que acude directamente ante la Sala a denunciar la situación. Ahora bien, como se ha dicho reiteradamente, este Tribunal no debe sustituir a la Administración activa en sus competencias ni es una instancia tramitadora de denuncias. Así, por ejemplo, mediante sentencia 2016-001150 de las 14:30 horas del 26 de enero de 2016, este Tribunal conoció un amparo en el que se acusaba que: “la Dirección2946 del cantón de San Antonio Belén de Heredia, carece de aceras, rampas para acceso universal y sistemas de drenajes con la protección respectiva. Además, sobre el extremo oeste, frente a DIPO, S.A., se ubica otro predio en el que también se destaca la carencia de aceras, rampas y sistemas de recolección de aguas fluviales. Consideran que dicha problemática atenta contra la seguridad vial y, por ende, la vida humana, ya que incrementa el riesgo de accidentes, particularmente, con relación a las personas que sufren alguna discapacidad, adultos mayores y demás personas en condición de vulnerabilidad”. En dicha ocasión, la Sala dispuso lo siguiente: “Sobre este particular, es necesario indicar que, reiteradamente, este Tribunal ha sostenido que la jurisdicción constitucional no es una instancia tramitadora de denuncias (ver sentencia nro. 2012-018538 de las 09:05 horas de 21 de diciembre de 2012, reiterada en la nro. 2024-32725, de las 9:20 horas del 1 de noviembre de 2024), de manera que acudir directamente a esta sede, sin antes interponer las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes, impide endilgar una omisión ilegítima que atente contra los derechos fundamentales de las personas. Consideraciones que son aplicables al caso en estudio, pues este Tribunal no encuentra razones para variar el criterio vertido en dicha sentencia, ni motivos que lo hagan valorar de manera distinta la situación planteada. Por ende, en situaciones como esta es preciso que la parte interesada acuda ante la autoridad recurrida a plantear el reclamo aludido, a fin de que aquella tome las medidas pertinentes para solucionar el problema denunciado o, en su defecto, plantee su reclamo en la vía de legalidad ordinaria. Lo anterior sin demérito de que el recurrente acuda a la vía constitucional luego de que transcurriere un plazo irrazonable sin un actuar efectivo de la Administración y siempre que hubiere amenaza o lesión a un derecho fundamental. Visto lo anterior y que el tutelado no ha gestionado por escrito la información pretendida, el recurso deviene inadmisible y así se declara. III.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI Por tanto: Se rechaza de plano el recurso. Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- FA4V8JQMCG861 EXPEDIENTE N° 25-020551-0007-CO Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: Telf47 / Telf48. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección12 , Dirección13 , 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:54:31. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Large Normal Small Sala Constitucional Resolution No. 23673 - 2025 Resolution Date: July 29, 2025 at 10:30 Expediente: 25-020551-0007-CO Drafted by: Fernando Castillo Víquez Type of matter: Recurso de amparo Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL Text of the resolution EXPEDIENTE N° 25-020551-0007-CO PROCEEDING: RECURSO DE AMPARO RESOLUTION No. 2025023673 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at ten thirty-five on the twenty-ninth of July, two thousand twenty-five. Recurso de amparo filed by Nombre109895, with identification number CED87001; against the MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ. Whereas: 1.- By a brief filed with the Secretariat of the Chamber on July 15, 2025, the petitioner files a recurso de amparo and states that the Concejo Municipal de Escazú approved on June 24, 2025, through agreement AC-265-2025, declaring artisanal pyrotechnic gunpowder to be of cantonal interest as a traditional manifestation of the canton, without establishing technical, environmental, or sanitary limits. This decision contradicts constitutional and legal commitments regarding public health, animal welfare, and environmental protection, affecting vulnerable persons such as older adults, children, persons with sensory disorders, domestic animals, and wildlife. The agreement was approved under public pressure and in a populist environment, ignoring the technical and scientific recommendations previously raised by citizen sectors, without equitable participation or prior consultation. Gunpowder generates noise pollution (contaminación acústica) and air pollution, affects wildlife in the Cerros de Escazú and the Agricultural Buffer Zone (Zona de Amortiguamiento Agrícola), risking human health, as established by the Regulation for Environmental Noise Control (Reglamento para el Control de Ruido Ambiental) (Decreto Ejecutivo No. 44486-S). He argues that there is a formal request from residents of the canton to submit this matter to a cantonal referendum (referéndum cantonal), given the lack of effective representation and democratic spaces in decision-making on this matter. He requests that urgent interim measures (medida cautelar) be granted to suspend any use of sonic gunpowder in public spaces of the canton of Escazú, until adequate technical regulation exists, that the recurso de amparo be granted, ordering the Municipalidad de Escazú to issue a technical and binding regulation strictly regulating the use of gunpowder, that, if such regulation cannot be guaranteed, a total prohibition be enacted for public and cultural events, that agreement AC-265-2025 be declared unconstitutional, for contravening fundamental rights by not establishing limits or controls on health, environmental, and animal welfare impacts, that the Municipalidad de Escazú be ordered to convene a cantonal referendum so that the inhabitants may decide democratically on the use of sonic gunpowder in the canton. 2.- Article 9 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional empowers the Chamber to reject outright or on the merits, at any time, even from its presentation, any petition brought to its attention that is manifestly unfounded, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is the mere reiteration or reproduction of a prior equal or similar rejected petition. Drafted by Magistrate Castillo Víquez; and, Considering: I.- PURPOSE OF THE RECURSO. The petitioner disagrees with the agreement adopted by the respondent municipality by which it declared artisanal pyrotechnic gunpowder to be of cantonal interest as a traditional manifestation of the canton, without establishing technical, environmental, or sanitary limits, and without giving a hearing to the community; despite the fact that it generates pollution and puts people at risk. He argues that there is a formal request from residents of the canton to submit this matter to a cantonal referendum (referéndum cantonal), given the lack of effective representation and democratic spaces in decision-making on this matter. II.- INADMISSIBILITY OF THE AMPARO. From the filing brief, it is clear that the amparo petitioner disagrees with the agreement adopted by the respondent municipality; however, there is no evidence that he has raised any opposition to it before the municipality itself. While he states that there is a request from several residents for the underlying issue to be submitted to a referendum, the fact is that this does not necessarily constitute a claim filed by the petitioner himself and in the sense raised here, nor does it prove that it is. Thus, the interested party does not show that he has filed any written complaint before the competent authority regarding the claims set forth in this amparo, but rather comes directly to the Chamber to report the situation. However, as has been repeatedly stated, this Court must not substitute the active Administration in its competencies, nor is it an instance for processing complaints. Thus, for example, through judgment 2016-001150 of 14:30 on January 26, 2016, this Court heard an amparo in which it was alleged that: "street 2946 of the canton of San Antonio Belén de Heredia, lacks sidewalks, ramps for universal access, and drainage systems with their respective protection. Furthermore, on the western end, in front of DIPO, S.A., there is another property that also features the lack of sidewalks, ramps, and stormwater collection systems. They consider that this problem endangers road safety and, therefore, human life, as it increases the risk of accidents, particularly in relation to people with disabilities, older adults, and other persons in vulnerable conditions." On that occasion, the Chamber ordered the following: "In this regard, it is necessary to indicate that, repeatedly, this Court has held that the constitutional jurisdiction is not an instance for processing complaints (see judgment no. 2012-018538 of 09:05 on December 21, 2012, reiterated in no. 2024-32725, of 9:20 on November 1, 2024), so coming directly to this venue, without first filing the corresponding complaints before the competent authorities, prevents attributing an illegitimate omission that violates the fundamental rights of individuals. These considerations are applicable to the case under study, as this Court finds no reasons to vary the criterion set forth in said judgment, nor grounds that would lead it to assess the situation presented differently. Therefore, in situations like this, the interested party must go before the respondent authority to raise the mentioned claim, so that it may take the pertinent measures to resolve the reported problem or, failing that, raise his claim through ordinary legality proceedings. The foregoing is without prejudice to the petitioner resorting to the constitutional route after an unreasonable period has elapsed without effective action by the Administration and provided there was a threat or injury to a fundamental right. Given the foregoing and that the protected party has not formally requested the intended information in writing, the recurso becomes inadmissible and is so declared. III.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. The parties are warned that if they have provided any document on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI Therefore: The recurso is rejected outright. Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Digitally Signed Document -- Verification code -- FA4V8JQMCG861 EXPEDIENTE N° 25-020551-0007-CO Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: Telf47 / Telf48. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección12 , Dirección13 , 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). This is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 10:54:31. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República