Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)VI.- En su informe las autoridades de la Municipalidad de Heredia justificaron la demora en actuar con el siguiente alegato: “(…) Aunado a la imposibilidad jurídica de la Municipalidad en intervenir en una propiedad que no le pertenece, es menester indicar que en la Ley Forestal, número 7575, conforme los numerales 33 bis y 33 ter establece el procedimiento para realizar obras en zonas como la del caso concreto, sin embargo, dada la reforma al artículo 33 de la ley citada; sobre la inscripción de obras civiles en zonas de protección, según los alcances de los artículos 33 bis y 33 ter de la ley de marras, dicha modificación cuenta actualmente con una Acción de Inconstitucionalidad, número de expediente 23-002032-0007-CO (…) Aunado a la acción interpuesta, el reglamento requerido para la aplicación de dicha ley no se encuentra aprobado ni debidamente publicado, siendo este el que regularía dicho procedimiento y aplicación de esta ley. Es por lo anterior, que actualmente no es posible tramitar los permisos establecidos en la ley, hasta que sea resuelto la acción interpuesta y la aprobación del correspondiente reglamento y su debida publicación, por ende existe una imposibilidad para esta municipalidad si intentara intervenir en realizar obras para la estabilización en el talud colindante de la vivienda de la señora [Nombre 001], a raíz de esta acción de inconstitucionalidad no se podría genera permisos de obra en la zona mencionada por ser una zona de protección (…)” (sic). No obstante, pierden de vista que la problemática que afecta a la tutelada fue puesta en conocimiento de la corporación territorial desde el 25 de agosto de 2022, y la acción de inconstitucionalidad No. 23-002032-0007-CO fue admitida mediante el auto de las 14:35 horas de 6 de febrero de 2023, es decir, más de 5 meses después. En todo caso, de la lectura del auto emitido se desprende con meridiana claridad: “(…) Efectos jurídicos de la interposición de la acción: La publicación prevista en el numeral 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional tiene por objeto poner en conocimiento de los tribunales y los órganos que agotan la vía administrativa, que la demanda de inconstitucionalidad ha sido establecida, a efecto de que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de la ley, decreto, disposición, acuerdo o resolución, tampoco se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho pronunciamiento del caso. De este precepto legal se extraen varias reglas. La primera, y quizás la más importante, es que la interposición de una acción de inconstitucionalidad no suspende la eficacia y aplicabilidad en general de las normas. La segunda, es que solo se suspenden los actos de aplicación de las normas impugnadas por las autoridades judiciales en los procesos incoados ante ellas, o por las administrativas, en los procedimientos tendientes a agotar la vía administrativa, pero no su vigencia y aplicación en general. La tercera es que –en principio-, en los casos de acción directa (como ocurre en la presente acción), no opera el efecto suspensivo de la interposición (véase voto No. 537-91 del Tribunal Constitucional) (…)” (sic) (el énfasis no pertenece al original).
VII.- Así las cosas, deberán la Municipalidad de Heredia y el INVU disponer lo necesario y coordinar lo pertinente para encontrar e implementar una solución al problema denunciado, de conformidad con el ordenamiento jurídico infraconstitucional vigente. Se insiste, el Área Rectora de Salud de Heredia fue enfática en la necesidad de una intervención a la mayor brevedad o con urgencia.
English (translation)VI.- In its report, the authorities of the Municipality of Heredia justified the delay in acting with the following argument: “(…) In addition to the legal impossibility of the Municipality to intervene on a property it does not own, it must be noted that Forestry Law No. 7575, pursuant to articles 33 bis and 33 ter, establishes the procedure for carrying out works in areas such as the one in the specific case; however, given the amendment to article 33 of said law governing the registration of civil works in protected areas under the scope of articles 33 bis and 33 ter, said amendment is currently subject to a Constitutional Challenge, case number 23-002032-0007-CO (…). In addition to the challenge filed, the regulation required for the application of that law has not been approved or duly published, and it is this regulation that would govern the procedure and application of the law. Therefore, it is currently impossible to process the permits established in the law until the challenge is resolved and the corresponding regulation is approved and duly published; hence there is an impossibility for this municipality to attempt to carry out stabilization works on the slope adjacent to the dwelling of Ms. [Name 001], as the existence of this challenge prevents the issuance of construction permits in the area, which is a protected zone (…)” (sic). However, they lose sight of the fact that the problem affecting the petitioner was brought to the territorial body’s attention on 25 August 2022, and the constitutional challenge No. 23-002032-0007-CO was admitted by order at 2:35 p.m. on 6 February 2023—that is, more than five months later. In any event, reading the order issued makes it abundantly clear: “(…) Legal effects of filing the action: The publication provided for in article 81 of the Constitutional Jurisdiction Law aims to inform courts and bodies that exhaust the administrative procedure that a constitutionality challenge has been filed, so that in proceedings or procedures where the application of the law, decree, provision, agreement, or resolution is at issue, no final decision is issued until the Chamber has ruled on the case. Several rules derive from this legal provision. The first, and perhaps most important, is that the filing of a constitutional challenge does not suspend the effectiveness and general applicability of the norms. The second is that only acts of application of the challenged norms by judicial authorities in proceedings before them or by administrative authorities in administrative procedures are suspended, but not their general validity and applicability. The third is that, in principle, in cases of direct action (such as this one), the suspensive effect of the filing does not apply (see Constitutional Court Judgment No. 537-91) (…)” (sic) (emphasis not in original).
VII.- Accordingly, the Municipality of Heredia and INVU must take all necessary steps and coordinate appropriately to find and implement a solution to the reported problem, in accordance with the applicable statutory framework. It bears repeating that the Heredia Health Area emphasized the need for intervention as soon as possible or urgently.
Granted
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 24846 - 2025 Fecha de la Resolución: 08 de Agosto del 2025 a las 09:20 Expediente: 25-010901-0007-CO Redactado por: Jorge Araya Garcia Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con Voto Salvado Sentencia con nota separada Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: PODER EJECUTIVO Subtemas: QUEJA. 024846-25. VECINOS DEL RÍO PIRRIS, ACUSAN QUE DESDE HACE CINCO AÑOS, HA VENIDO EROSIONANDO SUS REIBERAS Y AFECTANDO SUS PROPIEDADES, LAS CUALES PERTENECEN AL INVU. SE ORDENA AL INVU Y, A LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA, QUE, DENTRO DEL PLAZO DE SEIS MESES, SE RESUELVA EN DEFINITIVA Y CONFORME A DERECHO CORRESPONDA, LA PROBLEMÁTICA QUE AFECTA LA PROPIEDAD DONDE RESIDE LA TUTELADA, DADA LA EROSIÓN GENERADA POR EL RÍO PIRRIS, Y SE LE NOTIFIQUE FORMALMENTE LO DISPUESTO. RGS08/2025 “(…) A partir de lo expuesto, se puede afirmar: a) la Municipalidad de Heredia tiene conocimiento de la problemática desde el 25 de agosto de 2022; b) pese a que desde el 16 de agosto de 2023 se definió técnicamente la necesidad de que el INVU interviniera para atender la situación, fue hasta el mes de marzo de 2025 que trasladó el asunto; c) el INVU en vez de contestar el requerimiento planteado con alguna propuesta para solucionar el problema, se mostró evasivo en asumir alguna responsabilidad; d) tal actitud fue reiterada en la respuesta dada por esta institución a la amparada el 24 de marzo de 2025; e) las inspecciones llevadas a cabo por las propias autoridades municipales, la Comisión Nacional para la Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, así como por el Área Rectora de Salud de Heredia, son concluyentes sobre la existencia de una afectación sobre el talud, dada la escorrentía del río Pirris, así como en la necesidad de tomar medidas; f) la corporación territorial recurrida incluso giró en su momento instrucciones a la propia tutelada para que corrigiera anomalías detectadas, cuyo seguimiento y cumplimiento no fue acreditado; g) por su parte el INVU se excusa en la falta de capacidades operativas para intervenir, pero la Encargada a.i. de la Unidad de Fondo de Inversión de Bienes Inmuebles del INVU, también aseveró: “(…) En este caso, mediante convenio con la Municipalidad podría respaldar la ejecución de obras requeridas en el margen este del río Pirro, específicamente en el sector de la Urbanización Bernardo Benavides; ya que, si bien las afectaciones han iniciado en la vivienda de la señora [Nombre 001], el proceso de erosión continuará de forma progresiva si no se implementan las obras de mitigación necesarias (…)” (sic); h) no se evidencian coordinaciones por parte del INVU con la Municipalidad de Heredia para determinar y ejecutar una solución viable al problema existente; e i) el Área Rectora de Salud de Heredia fue enfática en la necesidad de una intervención a la mayor brevedad o con urgencia. VI.- En su informe las autoridades de la Municipalidad de Heredia justificaron la demora en actuar con el siguiente alegato: “(…) Aunado a la imposibilidad jurídica de la Municipalidad en intervenir en una propiedad que no le pertenece, es menester indicar que en la Ley Forestal, número 7575, conforme los numerales 33 bis y 33 ter establece el procedimiento para realizar obras en zonas como la del caso concreto, sin embargo, dada la reforma al artículo 33 de la ley citada; sobre la inscripción de obras civiles en zonas de protección, según los alcances de los artículos 33 bis y 33 ter de la ley de marras, dicha modificación cuenta actualmente con una Acción de Inconstitucionalidad, número de expediente 23-002032-0007-CO (…) Aunado a la acción interpuesta, el reglamento requerido para la aplicación de dicha ley no se encuentra aprobado ni debidamente publicado, siendo este el que regularía dicho procedimiento y aplicación de esta ley. Es por lo anterior, que actualmente no es posible tramitar los permisos establecidos en la ley, hasta que sea resuelto la acción interpuesta y la aprobación del correspondiente reglamento y su debida publicación, por ende existe una imposibilidad para esta municipalidad si intentara intervenir en realizar obras para la estabilización en el talud colindante de la vivienda de la señora [Nombre 001], a raíz de esta acción de inconstitucionalidad no se podría genera permisos de obra en la zona mencionada por ser una zona de protección (…)” (sic). No obstante, pierden de vista que la problemática que afecta a la tutelada fue puesta en conocimiento de la corporación territorial desde el 25 de agosto de 2022, y la acción de inconstitucionalidad No. 23-002032-0007-CO fue admitida mediante el auto de las 14:35 horas de 6 de febrero de 2023, es decir, más de 5 meses después. En todo caso, de la lectura del auto emitido se desprende con meridiana claridad: “(…) Efectos jurídicos de la interposición de la acción: La publicación prevista en el numeral 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional tiene por objeto poner en conocimiento de los tribunales y los órganos que agotan la vía administrativa, que la demanda de inconstitucionalidad ha sido establecida, a efecto de que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de la ley, decreto, disposición, acuerdo o resolución, tampoco se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho pronunciamiento del caso. De este precepto legal se extraen varias reglas. La primera, y quizás la más importante, es que la interposición de una acción de inconstitucionalidad no suspende la eficacia y aplicabilidad en general de las normas. La segunda, es que solo se suspenden los actos de aplicación de las normas impugnadas por las autoridades judiciales en los procesos incoados ante ellas, o por las administrativas, en los procedimientos tendientes a agotar la vía administrativa, pero no su vigencia y aplicación en general. La tercera es que –en principio-, en los casos de acción directa (como ocurre en la presente acción), no opera el efecto suspensivo de la interposición (véase voto No. 537-91 del Tribunal Constitucional) (…)” (sic) (el énfasis no pertenece al original). VII.- Así las cosas, deberán la Municipalidad de Heredia y el INVU disponer lo necesario y coordinar lo pertinente para encontrar e implementar una solución al problema denunciado, de conformidad con el ordenamiento jurídico infraconstitucional vigente. Se insiste, el Área Rectora de Salud de Heredia fue enfática en la necesidad de una intervención a la mayor brevedad o con urgencia. VIII.- Conclusión. Bajo este orden de circunstancias se impone declarar con lugar el recurso, con las consecuencias que se especifican en la parte dispositiva de esta sentencia.(..)” ... Ver más Sentencias Relacionadas Contenido de Interés: Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: PODER EJECUTIVO Subtemas: QUEJA. 024846-25. VECINOS DEL RÍO PIRRIS, ACUSAN QUE DESDE HACE CINCO AÑOS, HA VENIDO EROSIONANDO SUS REIBERAS Y AFECTANDO SUS PROPIEDADES, LAS CUALES PERTENECEN AL INVU. SE ORDENA AL INVU Y, A LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA, QUE, DENTRO DEL PLAZO DE SEIS MESES, SE RESUELVA EN DEFINITIVA Y CONFORME A DERECHO CORRESPONDA, LA PROBLEMÁTICA QUE AFECTA LA PROPIEDAD DONDE RESIDE LA TUTELADA, DADA LA EROSIÓN GENERADA POR EL RÍO PIRRIS, Y SE LE NOTIFIQUE FORMALMENTE LO DISPUESTO. RGS08/2025 “(…) IX.- Nota del Magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.(…)” ... Ver más Contenido de Interés: Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: PODER EJECUTIVO Subtemas: QUEJA. 024846-25. VECINOS DEL RÍO PIRRIS, ACUSAN QUE DESDE HACE CINCO AÑOS, HA VENIDO EROSIONANDO SUS REIBERAS Y AFECTANDO SUS PROPIEDADES, LAS CUALES PERTENECEN AL INVU. SE ORDENA AL INVU Y, A LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA, QUE, DENTRO DEL PLAZO DE SEIS MESES, SE RESUELVA EN DEFINITIVA Y CONFORME A DERECHO CORRESPONDA, LA PROBLEMÁTICA QUE AFECTA LA PROPIEDAD DONDE RESIDE LA TUTELADA, DADA LA EROSIÓN GENERADA POR EL RÍO PIRRIS, Y SE LE NOTIFIQUE FORMALMENTE LO DISPUESTO. RGS08/2025 “(…) X.- Nota del magistrado Salazar Alvarado. En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la actividad o inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura, deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa (omisiva o no) se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, en que la parte recurrente acusa la demora de la Administración en atender denuncias por la socavación de un talud que pone en peligro la vida y la propiedad donde reside la tutelada.(…)” ... Ver más Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto salvado Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: PODER EJECUTIVO Subtemas: QUEJA. 024846-25. VECINOS DEL RÍO PIRRIS, ACUSAN QUE DESDE HACE CINCO AÑOS, HA VENIDO EROSIONANDO SUS REIBERAS Y AFECTANDO SUS PROPIEDADES, LAS CUALES PERTENECEN AL INVU. SE ORDENA AL INVU Y, A LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA, QUE, DENTRO DEL PLAZO DE SEIS MESES, SE RESUELVA EN DEFINITIVA Y CONFORME A DERECHO CORRESPONDA, LA PROBLEMÁTICA QUE AFECTA LA PROPIEDAD DONDE RESIDE LA TUTELADA, DADA LA EROSIÓN GENERADA POR EL RÍO PIRRIS, Y SE LE NOTIFIQUE FORMALMENTE LO DISPUESTO. RGS08/2025 “(…) XI.- Voto salvado parcial de la magistrada Garro Vargas, respecto de la parte dispositiva de esta sentencia. Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar con lugar, difiero sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de gran complejidad, como es en este caso para que en el plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), y la Municipalidad de Heredia resuelvan en definitiva y conforme a Derecho corresponda la problemática que afecta la propiedad donde reside la tutelada; esto, debido a la erosión generada por el río Pirris y se le notifique formalmente lo dispuesto. En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código. (…)” ... Ver más Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: PODER EJECUTIVO Subtemas: QUEJA. 024846-25. VECINOS DEL RÍO PIRRIS, ACUSAN QUE DESDE HACE CINCO AÑOS, HA VENIDO EROSIONANDO SUS REIBERAS Y AFECTANDO SUS PROPIEDADES, LAS CUALES PERTENECEN AL INVU. SE ORDENA AL INVU Y, A LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA, QUE, DENTRO DEL PLAZO DE SEIS MESES, SE RESUELVA EN DEFINITIVA Y CONFORME A DERECHO CORRESPONDA, LA PROBLEMÁTICA QUE AFECTA LA PROPIEDAD DONDE RESIDE LA TUTELADA, DADA LA EROSIÓN GENERADA POR EL RÍO PIRRIS, Y SE LE NOTIFIQUE FORMALMENTE LO DISPUESTO. RGS08/2025 “(…) Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Cristian Solano Sánchez, en su condición de Gerente General a.i. del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), a Ángela Ileana Aguilar Vargas, a José Pablo Quesada Castro, a Víctor Andrés Sánchez González, a Rodolfo Rothe Cordero, y a José Guillermo Cubillo Murillo, en sus calidades respectivas de Alcaldesa, Presidente del Concejo, Coordinador de la Comisión Municipal de Emergencias y Vicealcalde, Gestor de Gestión Vial, y Encargado de Mantenimiento y Obras, todos de la Municipalidad de Heredia, o quienes en sus lugares funjan como tales, girar las órdenes que estén dentro del ámbito de sus competencias y coordinar lo necesario para que dentro del plazo de SEIS MESES contado a partir de la notificación de esta sentencia, se resuelva en definitiva y conforme a Derecho corresponda, la problemática que afecta la propiedad donde reside la tutelada, dada la erosión generada por el río Pirris, y se le notifique formalmente lo dispuesto. Se advierte a las autoridades recurridas que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta Jurisdicción, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), y a la Municipalidad de Heredia, al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Castillo Víquez consigna una nota. El magistrado Salazar Alvarado consigna nota. La Magistrada Garro Vargas salva el voto respecto a la ejecución de esta sentencia y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dispone que debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución, establecidos en los artículos 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo. Asimismo, ordena que se le remita copia de la sentencia para que se inicie los procedimientos de ejecución de este fallo. Notifíquese.” ... Ver más Texto de la resolución Exp: 25-010901-0007-CO Res. Nº 2025024846 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del ocho de agosto de dos mil veinticinco . Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra el INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (INVU), y la MUNICIPALIDAD DE HEREDIA. Resultando: 1.- Por medio del escrito agregado al expediente digital a las 10:28 horas de 22 de abril de 2025, [Nombre 001] presentó un recurso de amparo en contra de la Comisión Municipal de Emergencias de Heredia, el INVU y la Municipalidad de Heredia. La recurrente aseguró que desde hace cinco años el río Pirris ha venido erosionando sus riberas, afectando su propiedad, al comprometer la estabilidad del talud. Afirmó que el 17 de octubre de 2022, planteó ante la Municipalidad de Heredia una denuncia con el fin de que interviniera. En función de lo anterior, el 29 de agosto de 2023, se puso en su conocimiento el informe técnico de la Comisión Nacional para la Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias No. CNE-UIAR-INF-0718-2023. Aseguró que ejecutó todas las actuaciones que se demandaban de su parte, pero la Municipalidad de Heredia se limitó a colocar plástico sobre el terreno, para evitar la filtración de aguas pluviales. Explicó que el terreno donde se ubica el río y sus alrededores pertenece al INVU, lo que impide a la corporación territorial ejecutar actuaciones correctivas. Subrayó que el INVU se niega a asumir su responsabilidad, pese a que a inicios de marzo de 2025 se lo exigió. Solicitó que se declare con lugar el recurso. 2.- Mediante el auto de las 11:24 horas de 25 de abril de 2025, se admitió el recurso de amparo y se dio traslado a las autoridades de la Municipalidad de Heredia, del INVU y de la CNE. 3.- Por medio del escrito agregado al expediente digital a las 15:16 horas de 30 de abril de 2025, Cristian Solano Sánchez, Gerente General a.i. del INVU, informó: “(…) este Instituto se encuentra a la espera de la intervención por parte de la Municipalidad de Heredia, según recomendación de la Comisión Nacional de Emergencias. Además, por tratarse de zonas ambientales, debe el Gobierno Local de Heredia, mitigar la situación que le afecta a la señora [Nombre 001], donde este Instituto está anuente a brindar colaboración, ya que se trata de su jurisdicción y territorio (…)” (sic). 4.- Mediante el escrito agregado al expediente digital a las 15:27 horas de 30 de abril de 2025, Alejandro José Picado Eduarte, Presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), informó: “(…) Nos consta únicamente lo señalado en el oficio CNE-UIAR-INF-0718-2023 Adicionalmente, es competencia del Gobierno Local, el resguardo de la margen del río y no es competencia de la CNE (…) En primera instancia es importante destacar que la recurrente no logra probar que la propiedad en cuestión es de su propiedad, inclusive consultando en el Registro Nacional con el número de plano que se indica en el recurso, la propiedad corresponde a una Sociedad Anónima denominada Servicios Profesionales Modernos S.A., tal y como se demuestra en el informe adjunto (…) Posteriormente llama la atención lo señalado en el oficio CDUV-042-03-2025 del 24 de marzo del 2025, suscrito por el INVU donde según lo apuntado en el recuso se menciona que la franja de terreno en cuestión corresponde a una finca del INVU sin cabida registral, que según el diseño de 1983 corresponde a un área destinada a parque, asimismo señala que el terreno no ha sido traspasado a la Municipalidad de Heredia. Por lo anterior, podemos deducir que la construcción de la vivienda que alega los daños provocados se encuentra construida de manera irregular. Por otra parte, en cuanto a las competencias que mi representada tiene por Ley no se encuentra la elaboración de obras de mitigación para casos como el tramitado bajo este expediente, por el contrario, dichas obras parecen ser que son de carácter municipal. La CNE dentro del marco de sus competencias elaboró el informe CNE-UIAR-INF-0718-2023, denominado ”Valoración de riesgo del terreno en alrededores de cementerio de Heredia, debido a deslizamiento e inestabilidad de talud colindante vivienda”. Es decir, que la CNE actuó de manera diligente y dentro de la legalidad que lo ampara (…)” (sic). 5.- Por medio del escrito agregado al expediente digital a las 11:45 horas de 7 de mayo de 2025, Ángela Ileana Aguilar Vargas, José Pablo Quesada Castro, Víctor Andrés Sánchez González, Rodolfo Rothe Cordero, y José Guillermo Cubillo Murillo, Alcaldesa, Presidente del Concejo, Coordinador de la Comisión Municipal de Emergencias y Vicealcalde, Gestor de Gestión Vial, y Encargado de Mantenimiento y Obras, todos de la Municipalidad de Heredia, informaron: “(…) que la casa podría estar invadiendo la zona de protección y superando la línea de colindancia este y que existe infraestructura construida hasta el filo del talud que genera cargas importantes al terreno lo que agrava la situación señalada por la CNE, por cuanto no se debía realizar construcciones en las zona afectada para no generar peso y ante la municipalidad no se cuenta con solicitud de permiso de construcción por parte de la recurrente por cuanto el mismo seria rechazado (…) En seguimiento del caso y conforme las recomendaciones del informe de la CNE, en fecha 12 de agosto del 2024, se realizó inspección por parte de personeros de Control Fiscal y Urbano de la Municipalidad de Heredia y se levantó el acta CFU-NCO-AVS-004083-2024 en el cual se constató que la canalización de las aguas pluviales se realiza hacia la parte trasera de la vivienda lo cual agrava la situación del talud, se ha notificado a la señora [Nombre 001] para que se atienda conforme a las recomendaciones brindadas del informe de la Comisión Nacional de Emergencias Esta municipalidad se dirigió al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) a fin de comunicar el informe de la CNE y sobre la situación de la finca de la señora [Nombre 001] por cuanto el INVU tiene finca colindante con la recurrente, siendo el talud que genera inestabilidad y posible deslizamiento. En respuesta recibimos el oficio CDUV-024-02-2025 (…) también esta municipalidad requirió de la colaboración del Ministerio de Salud a fin de realizar inspección al lugar dando como respuesta el oficio CARTA-MS-DRRSCN-DARSH-1011-2025, de fecha 3 de abril del 2025 (…) el Ministerio de Salud no podía notificar una declaratoria de inhabitabilidad al no haber daños estructurales que ameriten el desalojo inmediato. La mayor urgencia radica en intervenir el talud que se está deslizando, ya que no solo podría generar afectaciones significativas con los riesgos asociados a la integridad de las personas. Debido a lo anterior, la Municipalidad de Heredia y el INVU deberán acordar la forma y responsables de intervenir la problemática, esto porque en un corto plazo la continuación el deslizamiento puede generar no solo afectaciones en la vivienda y moradores de la propiedad de la señora [Nombre 001], sino en las casas vecinas (…) existe una imposibilidad material y jurídica por parte de la Municipalidad en realizar acciones para la intervención del talud por cuanto es indiscutible que la finca donde colinda el lado este de la propiedad de la recurrente le pertenece al INVU y esta institución no ha formalizado la situación jurídica de la porción de terreno que está generando la problemática discutida (…) También es evidente que en razón a las recomendaciones del Informe de la Comisión Nacional de Emergencias en el cual se le indicó a la señora [Nombre 001] en no generar peso en la zona aledaña ya que eso generaría carga a la zona inestable, se tiene que de las inspecciones realizadas por esta Municipalidad como por el Ministerio de Salud se evidencia construcciones que se presume ha invadido la zona hasta el filo del talud, entonces existe una responsabilidad por parte de la recurrente en no cumplir con las recomendaciones del informe citado. Además, que ante esta Municipalidad no existe gestiones de permiso de construcciones presentadas por la recurrente por cuanto las misma y van a ser rechazadas dada la condición de la zona. Aunado a la imposibilidad jurídica de la Municipalidad en intervenir en una propiedad que no le pertenece, es menester indicar que en la Ley Forestal, número 7575, conforme los numerales 33 bis y 33 ter establece el procedimiento para realizar obras en zonas como la del caso concreto, sin embargo, dada la reforma al artículo 33 de la ley citada; sobre la inscripción de obras civiles en zonas de protección, según los alcances de los artículos 33 bis y 33 ter de la ley de marras, dicha modificación cuenta actualmente con una Acción de Inconstitucionalidad, número de expediente 23-002032-0007-CO (…) Aunado a la acción interpuesta, el reglamento requerido para la aplicación de dicha ley no se encuentra aprobado ni debidamente publicado, siendo este el que regularía dicho procedimiento y aplicación de esta ley. Es por lo anterior, que actualmente no es posible tramitar los permisos establecidos en la ley, hasta que sea resuelto la acción interpuesta y la aprobación del correspondiente reglamento y su debida publicación, por ende existe una imposibilidad para esta municipalidad si intentara intervenir en realizar obras para la estabilización en el talud colindante de la vivienda de la señora [Nombre 001], a raíz de esta acción de inconstitucionalidad no se podría genera permisos de obra en la zona mencionada por ser una zona de protección (…)” (sic). 6.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales. Redacta el Magistrado Araya García; y, Considerando: I.- Objeto del recurso. La recurrente aseguró que desde hace cinco años el río Pirris ha venido erosionando sus riberas, afectando su propiedad, al comprometer la estabilidad del talud. Afirmó que el 17 de octubre de 2022, planteó ante la Municipalidad de Heredia una denuncia con el fin de que interviniera. En función de lo anterior, el 29 de agosto de 2023, se puso en su conocimiento el informe técnico de la Comisión Nacional para la Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias No. CNE-UIAR-INF-0718-2023. Aseguró que ejecutó todas las actuaciones que se demandaban de su parte, pero la Municipalidad de Heredia se limitó a colocar plástico sobre el terreno, para evitar la filtración de aguas pluviales. Explicó que el terreno donde se ubica el río y sus alrededores pertenece al INVU, lo que impide a la corporación territorial ejecutar actuaciones correctivas. Subrayó que el INVU se niega a asumir su responsabilidad, pese a que a inicios de marzo de 2025 se lo exigió. II.- Cuestiones preliminares. Previo a analizar el fondo del asunto —por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido— debe explicarse que a partir del voto No. 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha estimado que deben remitirse a la jurisdicción contencioso administrativa —con algunas excepciones— aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –incoado de oficio o a instancia de parte— o conocer de los recursos administrativos procedentes. En el sub lite se plantea un supuesto de excepción: la demora de la Administración en atender denuncias por la socavación de un talud que pone en peligro la vida y la propiedad donde reside la tutelada. Aclarado este punto, se resuelve el recurso de amparo. III.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos: El 25 de agosto de 2022, el Comité Municipal de Emergencias de Heredia recibió vía 9-1-1 un reporte relacionado con la afectación de la propiedad donde reside la tutelada, dada la erosión de las riberas del río Pirris, lo que ha comprometido la estabilidad del talud (ver el oficio No. CARTA-MH-AMH-DIP-GRD-055-2025 de la Encargada de Gestión de Riesgo de la Dirección de Inversión Pública de la Municipalidad de Heredia, agregado al expediente digital). El 17 de octubre de 2022, la amparada planteó ante la Municipalidad de Heredia una formal denuncia por la situación (hecho no controvertido). Mediante el auto de las 14:35 horas de 6 de febrero de 2023, se le dio curso a la acción de inconstitucional No. 23-002032-0007-CO, planteada en contra de los artículos 33 bis y los párrafos segundo y cuarto del ordinal 33 ter, ambos de la Ley Forestal, adicionados mediante Ley nro. 10210 de 5 de mayo de 2022, publicada en La Gaceta nro. 101 del 01 de junio de 2022; en dicho pronunciamiento se dispuso: “(…) Efectos jurídicos de la interposición de la acción: La publicación prevista en el numeral 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional tiene por objeto poner en conocimiento de los tribunales y los órganos que agotan la vía administrativa, que la demanda de inconstitucionalidad ha sido establecida, a efecto de que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de la ley, decreto, disposición, acuerdo o resolución, tampoco se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho pronunciamiento del caso. De este precepto legal se extraen varias reglas. La primera, y quizás la más importante, es que la interposición de una acción de inconstitucionalidad no suspende la eficacia y aplicabilidad en general de las normas. La segunda, es que solo se suspenden los actos de aplicación de las normas impugnadas por las autoridades judiciales en los procesos incoados ante ellas, o por las administrativas, en los procedimientos tendientes a agotar la vía administrativa, pero no su vigencia y aplicación en general. La tercera es que –en principio-, en los casos de acción directa (como ocurre en la presente acción), no opera el efecto suspensivo de la interposición (véase voto No. 537-91 del Tribunal Constitucional) (…)” (sic) (ver el expediente No. 23-002032-0007-CO, tenido ad effectum videndi). El Comité Municipal de Emergencias requirió una inspección a la Unidad de Investigación y Análisis de Riesgo de la CNE (ver el oficio No. CARTA-MH-AMH-DIP-GRD-055-2025 de la Encargada de Gestión de Riesgo de la Dirección de Inversión Pública de la Municipalidad de Heredia, agregado al expediente digital). Mediante el informe No. CNE-UIAR-INF-0718-2023 de 26 de junio de 2023, la Unidad de Investigación y Análisis de Riesgo de la CNE, concluyó: “(…) A solicitud del Comité Municipal de Emergencias de Heredia, el pasado 12 de mayo se realizó la evaluación visual y cualitativa de riesgo de un terreno en la localidad de San Francisco, Heredia (H-633204-1986), debido a problemas de deslizamiento en la colindancia con la vivienda de la señora [Nombre 001]. El fin de dicha solicitud es valorar las condiciones de estabilidad del terreno donde se dio el colapso del talud, afectando la vivienda cercana, para analizar el riesgo y vulnerabilidad por el deslizamiento e inestabilidad de la zona, debido a la condición resultante. Con esta visita se analiza el riesgo y vulnerabilidad por deslizamiento e inestabilidad en la zona, además, se generan recomendaciones a los habitantes, propietarios y Municipalidad de Heredia, con el fin de disminuir la exposición y vulnerabilidad de las familias por acción de inestabilidad de laderas y los manejos inadecuados de aguas o construcciones en sitios no aptos para asentamientos (…) IV. Conclusiones A. De acuerdo con el Mapa de Amenazas Naturales Potenciales de la CNE, la zona de interés no se encuentra dentro de un área con influencia directa por amenazas naturales previamente identificadas, sin embargo, la escala a la que estos mapas se realizan no permite el detalle de sitios con irregularidades morfológicas o planicies con problemas de inundación. B. La zona evaluada donde se ubican los problemas de estabilidad se encuentra en un sector de pendiente media a alta, con cobertura vegetal variada, suelos residuales de gran espesor e importante porcentaje de arcillas en su composición, además, en la zona se han identificado malos manejos de las aguas de escorrentía superficial. C. El terreno donde se realiza la evaluación se localiza dentro de la cuenca del río Bermúdez, en una zona de pendiente media con cambio a alta hacia la zona de protección, el sector es drenado por el río Pirro. D. En el terreno evaluado se observan algunos problemas con el manejo de aguas pluviales y de escorrentía superficial (Techos y tuberías), las cuales son descargadas hacia el talud que presenta problemas de estabilidad, favoreciendo su saturación y los desprendimientos durante eventos de lluvias extraordinarias. E. En la visita realizada al sitio de interés se observa un talud con problemas de estabilidad, favorecido por su alta pendiente, ausencia de obras de contención, presencia de vegetación de gran tamaño e inadecuados manejos de aguas pluviales en la parte alta. F. En la vivienda de la señora [Nombre 001] se observan daños asociados a posibles problemas de inestabilidad o procesos de asentamiento diferencial del suelo bajo la estructura, por la pérdida de condiciones de estabilidad del talud. V. Recomendaciones. A. Se recomienda en el sitio evaluado y alrededores un sistema adecuado para el control, la recolección y el drenaje de aguas pluviales y servidas, para que estas no generen más problemas de inestabilidad y desprendimientos. B. La Municipalidad de Heredia deberá permanecer vigilante de las zonas de alto riesgo y susceptibles al deslizamiento, y no otorgar permisos constructivos o desarrollo de asentamientos informales de viviendas en estos sitios. C. Se recomienda en la zona evaluada la eliminación progresiva de la vegetación de gran altura y peso que favorece los desprendimientos, siendo sustituida por una de poca altura, peso y gran desarrollo radial (tipo vetiver), que favorezca la preservación del suelo. D. La Municipalidad de Heredia deberá brindar a los propietarios colindantes con el talud que presenta problemas de estabilidad, plástico resistente que ayude a proteger la zona de la saturación del suelo durante eventos de lluvias extremas, lo cual dispara deslizamientos en el sitio evaluado. E. La señora [Nombre 001] deberá hacer la solicitud, en acompañamiento con el CME de Heredia ante el IMAS y demás instituciones de ayuda social, para que se valoren las posibilidades de ayuda y pueda realizar las obras de estabilización en el talud colindante con la vivienda. F. La señora [Nombre 001] deberá eliminar todos aquellos escombros y materiales de gran peso en la zona aledaña a desprendimientos, debido a la carga que se le agrega a la zona inestable y susceptible a deslizamientos. G. Se debe tomar en cuenta en el diseño de las distintas obras constructivas y de contención, los resultados de los estudios que se consideren necesarios. Las obras que se implementen deben ser supervisadas por un profesional agremiado al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, con base en las normas establecidas por el Código Sísmico, Código de Cimentaciones y Reglamento de Construcciones. H. Cualquier anomalía en cuanto a técnicas de construcción u omisión a las recomendaciones aquí descritas, QUEDA BAJO TOTAL RESPONSABILIDAD de las instituciones que otorgan los permisos, del ingeniero o responsable de la obra y de la Municipalidad respectiva de no solicitar los informes, inspecciones y correcciones correspondientes (…)” (sic) (ver la prueba aportada por la Municipalidad de Heredia, agregada al expediente digital). El 16 de agosto de 2023, la Dirección de Inversión Pública de la Municipalidad de Heredia inspeccionó el lugar: “(…) Se realiza inspección en la casa de la señora [Nombre 001], Numero de Finca y plano catastrado 4-633204-1986. Esto en seguimiento del informe CNE-UIAR-INF0718-2023. Según lo observado en campo se determina que en el sector este de la casa existe la presencia de varias señales de afectaciones de índole estructural en un sector de la infraestructura existente. Se observan fracturas en la losa de concreto exterior y desnivel en contrapiso interno, afectación en pared con separaciones de aproximadamente 2 milímetros en la sisa, entre otras alteraciones menores. Se observa además grietas en esquinas de uniones de columna y viga en algunos sectores. Se presume, que el evento de deslizamiento genero un asentamiento en el terreno generado las afectaciones en el inmueble, sin embargo, el análisis del estado actual del terreno y el talud se debería realizar por medio de un estudio de geotecnia y estudio de suelo detallado para determinar a fondo de la situación, así como determinar consecuentemente la propuesta de estabilización del talud si así fuera necesario según los estudios específicos en la zona. Se recomienda analizar la posibilidad de una inspección por parte del Ministerio de Salud para determinar una posible declaración de inhabilitación parcial de la casa en el sector mas cercano a la colindancia del talud. Se comenta que, de parte de los dueños de la casa, se coloco de forma provisional plástico negro en un sector de talud. Sin embargo, debido al ángulo en el que se observa el plástico, no se puede garantizar que su colocación sea la más idónea. No se observa desde el punto de la inspección tuberías que desfoguen directamente al talud, sin embargo, es importante mencionar que las macollas de bambú y vegetación existente genera un obstáculo a la visualización optima. Según lo observado, se presume que la casa en donde se realiza la inspección podría estar invadiendo la zona de protección y superando (…) la línea de colindancia este. Por lo anterior, se recomienda que de ser necesario se realice una verificación topografía de dicha invasión. Importante destacar, que hoy en día existe infraestructura construida hasta el filo del talud que genera cargas importantes al terreno. Con respecto a la vegetación, se recomienda por parte del Sr. Rogers Araya, que, al ser una zona de protección, la forma de cortar o eliminar la misma, es por medio de un Sumario de Derribo. Dicho tramite debe ser realizado por la señora [Nombre 001] [Nombre 001] ante un tribunal agrario. Finalmente, se comenta que el Ing. Marco Alonso Chaves por medio del oficio DIP-DT-0267- 2023 confirma por medio del respectivo criterio técnico, que el terreno colindante al este de la casa de la señora [Nombre 001] es propiedad del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU). Lo anterior, para que se proceda a gestionar la respectiva comunicación a dicha institución para lo que corresponda (…)” (sic) (ver el oficio No. CARTA-MH-DIP-0175-2025 suscrito por el Ingeniero de Proyectos de la Dirección de Inversión Pública de la Municipalidad de Heredia, así como la boleta de inspección No. CNE-UIAR-INF-0718-2023, agregados al expediente digital). El 16 de agosto de 2023, desde el punto de vista técnico: “(…) se concluye que el Colindante Este de la finca número 116333, con plano catastrado número H-633204-1986, es un Resto de Finca que es propiedad del INVU (…)” (sic) (ver el oficio No. DIP-DT-0267-2023 suscrito por el Topógrafo municipal, agregado al expediente digital). El 29 de agosto de 2023, se envió a la tutelada el informe técnico respectivo, para conocimiento y cumplimiento de las recomendaciones (ver el oficio No. CARTA-MH-AMH-DIP-GRD-055-2025 de la Encargada de Gestión de Riesgo de la Dirección de Inversión Pública de la Municipalidad de Heredia, agregado al expediente digital). El 6 de agosto de 2024, el Gestor Ambiental de la Municipalidad de Heredia llevó a cabo una inspección en el lugar y recomendó el remplazo del plástico existente (ver el oficio No. CARTA-MH-AMH-DIP-GRD-055-2025 de la Encargada de Gestión de Riesgo de la Dirección de Inversión Pública de la Municipalidad de Heredia, agregado al expediente digital). El 12 de agosto de 2024, el Departamento de Control Fiscal y Urbano de la Municipalidad de Heredia, determinó: “(…) Que la canalización se las aguas pluviales no se están canalizando hacia el cordón de caño en un 100%, esto por que en la parte trasera de la vivienda se encuentra canalizada hacia en talud del río, o que escurra hacia ese lugar sobre el concreto. Se observan actuaciones que contravienen lo dispuesto en el ordenamiento jurídico: Aguas pluviales canalizadas hasta el caño y sistema de alcantarillado pluvial Art. 118. Tratamiento de aguas residuales, Art. 121. Drenaje pluvial, Art. 426. Ubicación de tuberías y Art. 434. Estructuras para redes sanitarias del Reglamento de Construcciones) Articulo 14. inciso e), q) y r) del Reglamento de Control Constructivo art.89 inciso d) y h) Ley de Construcciones, articulo 84 y 85 codigo municipal Se le previene que deberá de cumplir con las siguientes disposiciones: Aguas pluviales de los bajantes y canoas deben ser colectadas y canalizadas adecuadamente hasta el caño y red de alcantarillado pluvial Con la finalidad de que se normalice las situaciones indicas, se le concede de @DIAS_PLAZO@ DIAS HABILES, una vez transcurrido este plazo, sin que se cumpla con lo ordenado, la Municipalidad procedera a imponer las multas correspondientes, misma que se reflejaran dentro de la facturación de tributos municipales de la propiedad. Por el desacato a esta orden se podria incurrir en el delito de desobediencia a la autoridad el cual es castigado con prisión de 6 meses a 3 años de acuerdo con el artículo 314 del Código Penal. ESTE ACTO POSEE LOS RECURSOS DE REVOCATORIA ANTE EL DEPARTAMENTO DE CONTROL FISCAL Y URBANO Y APELACIÓN EN SUBSIDIO ANTE LA ALCALDIA MUNICIPAL, DENTRO DEL PLAZO DE @DIAS_PLAZO@ DIAS HABILES DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 171 DEL CÓDIGO MUNICIPAL Para respuesta a esta notificación al correo Electronico: [email protected] / [email protected]. EL INCUMPLIMIENTO A ESTA PREVENCION CONSTITUYE UNA INFRACCION AL ARTICULO 89 DE LA LEY DE CONSTRUCCIONES, LO CUAL ES SANCIONADO DE ACUERDO CON LA GRAVEDAD DEL INCUMPLIMIENTO CON LA IMPOSICION DE MULTAS, CLAUSURA, DESOCUPACION O DEMOLICION PARA INFORMAR EL CUMPLIMIENTO A ESTA PREVENCIÓN, COMUNICARLO AL CORREO ELECTRÓNICO: [email protected] / [email protected] Observaciones: Se notifica a la propietaria en la casa de habitación (…)” (sic) (ver el oficio No. CARTA-MH-AMH-DIP-GRD-055-2025 de la Encargada de Gestión de Riesgo de la Dirección de Inversión Pública de la Municipalidad de Heredia, así como el acta No. CFU-NCO-AVS-004083-2024 CONSTRUCCION, agregados al expediente digital). En el año 2025, la Municipalidad de Heredia puso la problemática en conocimiento del INVU (los autos). Mediante el oficio No. CDUV-024-02-2025 de 19 de febrero de 2025, el Director de Urbanismo y Vivienda del INVU contestó a la Municipalidad de Heredia: “(…) Reciban un cordial saludo, en atención al correo electrónico recibido por su persona en donde consigna el Informe Técnico sobre deslizamiento que se da en el predio de la señora [Nombre 001] [Nombre 001] ubicado en Heredia en la Urbanización Bernardo Benavides, la cual se remite para mi consideración. Cabe aclarar que este Instituto no cuenta con líneas de financiamiento propia que pueda auxiliar a la señora [Nombre 001]; relacionado con las falencias indicadas en el informe de la Comisión Nacional de Emergencias, no obstante, por medio del subsidio del bono de vivienda la Señora [Nombre 001] podría acceder a un bono para mejoras y reparaciones que puede ayudar a mitigar los efectos negativos que puede estar generando el inadecuado manejo de las aguas pluviales indicadas en el informe de la CNE. Bajo esta premisa Doña [Nombre 001], puede acudir a cualquier entidad autorizada del sistema financiero nacional para la vivienda(ver página web del BANHVI: Entidades Autorizadas), con el propósito de recibir información y los requisitos necesarios para el análisis de un subsidio que pueda mejorar la condición de su vivienda. En cuanto a las obras de mitigación en el cauce del rio, de considerar necesario la Municipalidad de Heredia quedamos atentos en caso de requerir apoyo técnico por parte del INVU (…)” (sic) (ver la prueba aportada por la Municipalidad de Heredia, agregada al expediente digital). A inicios de marzo de 2025, la amparada planteó una gestión ante el INVU (hecho no controvertido). Mediante el oficio No. CDUV-042-03-2025 de 24 de marzo de 2025, el Director de Urbanismo y Vivienda del INVU, contestó a la tutelada: “(…) el tema en mención también fue atendido y se le brindo respuesta oportuna a la Municipalidad de Heredia mediante el oficio CDUV-024-02-2025 el cual dice lo siguiente (…)” (sic) (ver la prueba aportada por la recurrente, agregada al expediente digital). Para el 30 de abril de 2025, según precisó la Encargada a.i. de la Unidad Fondo de Inversión de Bienes Inmuebles del INVU: “(…) En este caso, mediante convenio con la Municipalidad podría respaldar la ejecución de obras requeridas en el margen este del río Pirro, específicamente en el sector de la Urbanización Bernardo Benavides; ya que, si bien las afectaciones han iniciado en la vivienda de la señora [Nombre 001], el proceso de erosión continuará de forma progresiva si no se implementan las obras de mitigación necesarias. Con respecto a la capacidad de la Institución, está imposibilitada para actuar, máxime cuando la situación se presenta por el cauce del río, asimismo, no cuenta con personal idóneo que valore los riesgos pluviales, geológicos, etc., ni tampoco maquinaria para atender estas emergencias. Es por lo anterior que, se requiere la intervención de la Municipalidad de Heredia, para que gestione las recomendaciones dadas en el informe de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias CNE-UIAR-INF-0718-2023, con el fin de salvaguardar la seguridad humana de los habitantes de la Urbanización Bernardo Benavides (…)” (sic) (ver el oficio No. DPH-UFIBI-0153-2025 aportado por el INVU, agregado al expediente digital). El 20 de marzo de 2025, la Municipalidad de Heredia remitió al Área Rectora de Salud de Heredia, el caso de la amparada (ver el oficio No. CARTA-MH-AMH-DIP-GRD-055-2025 de la Encargada de Gestión de Riesgo de la Dirección de Inversión Pública de la Municipalidad de Heredia, agregado al expediente digital). Por medio del oficio No. CARTA-MS-DRRSCN-DARSH-1011-2025 de 3 de abril de 2025, el Área Rectora de Salud de Heredia contestó a la Municipalidad de Heredia: “(…) el pasado 01 de abril del presente se llevó a cabo valoración a la vivienda de la señora [Nombre 001], ubicada 250 m sur del minisúper Las américas, casa 215, urbanización Bernardo Benavides. En dicha ocasión atendió la señora [Nombre 001], quien acompañó durante la valoración y aplicación de la guía de inspección físico-sanitaria de viviendas. De dicha inspección se desprende lo siguiente: 1. La propiedad cuenta con dos viviendas, de las cuales una colinda en el sector este con el río. En este sector es donde se presentó un deslizamiento del talud hacia el río, y al momento de la inspección dicho sector contaba con un plástico que según la propietaria, fue colocado por personal de la municipalidad. De esta propiedad no se tiene claridad si se encuentra invadiendo la zona de protección del rio, ya que en la valoración realizada únicamente se indica que existe un resto de finca que es propiedad del Instituto de vivienda y urbanismo (INVU) (oficio DIP-DT-0267-2023). Por otro lado, ante su consulta realizada al INVU, únicamente se indica que la institución no cuenta con financiamiento para colaborarle a la señora [Nombre 001], sin hacer alusión a la intervención del resto de finca propiedad del ente. 2. La vivienda donde habita el hijo de la señora [Nombre 001] presenta grietas en la pared norte, las cuales aparecieron previo a la reubicación y canalización de las aguas pluviales, lo que supone que generaba anegamiento directo al talud. Dentro de la vivienda, tanto en techos, pisos y demás paredes no hay evidencia tangible de la necesidad de una declaratoria de inhabitabilidad a la fecha. Esto supone una necesidad de intervenir y estabilizar el talud a la mayor brevedad, por cuanto se debe evitar una mayor afectación que implique incluso el colapso de la vivienda. 3. La vivienda está construida en block y concreto, y cuenta con techos, cielos y piso en buenas condiciones, y esta es de un nivel. Únicamente la pared mencionada previamente y un sector del patio presentan agrietamientos. La instalación eléctrica cuenta con caja de disyuntores, así como con acometida a tierra y no presenta cables expuestos. Por lo anteriormente expuesto, a la fecha no aplica notificar una declaratoria de inhabitabilidad al no haber daños estructurales que ameriten el desalojo inmediato. La mayor urgencia radica en intervenir el talud que se está deslizando, ya que no solo podría generar afectaciones significativas con los riesgos asociados a la integridad de las personas. En razón de lo anterior, la Municipalidad de Heredia y el INVU deberán acordar la forma y responsables de intervenir la problemática, esto porque en un corto plazo la continuación del deslizamiento puede generar no solo afectaciones en la vivienda y moradores de la propiedad de la señora [Nombre 001], sino en las casas vecinas (…)” (sic) (ver el informe No. CARTA-MS-DRRSCN-DARSH-1011-2025 del Área Rectora de Salud de Heredia, agregado al expediente digital). El 28 de abril de 2025, se notificó al INVU el auto inicial del recurso de amparo (ver el registro digital de notificaciones). El 28 de abril de 2025, se notificó a la CNE el auto inicial del recurso de amparo (ver el registro digital de notificaciones). El 30 de abril de 2025 y el 2 de mayo de 2025, se notificó a las autoridades de la Municipalidad de Heredia el auto inicial del recurso de amparo (ver las actas de notificación agregadas al expediente digital). IV.- Sobre el caso concreto. De la relación de hechos probados se desprende que el 25 de agosto de 2022, el Comité Municipal de Emergencias de Heredia recibió vía 9-1-1 un reporte relacionado con la afectación de la propiedad donde reside la tutelada, dada la erosión de las riberas del río Pirris, lo que ha comprometido la estabilidad del talud. El 17 de octubre de 2022, la amparada planteó ante la Municipalidad de Heredia una formal denuncia por la situación. El Comité Municipal de Emergencias requirió una inspección a la Unidad de Investigación y Análisis de Riesgo de la CNE. Mediante el informe No. CNE-UIAR-INF-0718-2023 de 26 de junio de 2023, la Unidad de Investigación y Análisis de Riesgo de la CNE, concluyó: “(…) A solicitud del Comité Municipal de Emergencias de Heredia, el pasado 12 de mayo se realizó la evaluación visual y cualitativa de riesgo de un terreno en la localidad de San Francisco, Heredia (H-633204-1986), debido a problemas de deslizamiento en la colindancia con la vivienda de la señora [Nombre 001]. El fin de dicha solicitud es valorar las condiciones de estabilidad del terreno donde se dio el colapso del talud, afectando la vivienda cercana, para analizar el riesgo y vulnerabilidad por el deslizamiento e inestabilidad de la zona, debido a la condición resultante. Con esta visita se analiza el riesgo y vulnerabilidad por deslizamiento e inestabilidad en la zona, además, se generan recomendaciones a los habitantes, propietarios y Municipalidad de Heredia, con el fin de disminuir la exposición y vulnerabilidad de las familias por acción de inestabilidad de laderas y los manejos inadecuados de aguas o construcciones en sitios no aptos para asentamientos (…) IV. Conclusiones A. De acuerdo con el Mapa de Amenazas Naturales Potenciales de la CNE, la zona de interés no se encuentra dentro de un área con influencia directa por amenazas naturales previamente identificadas, sin embargo, la escala a la que estos mapas se realizan no permite el detalle de sitios con irregularidades morfológicas o planicies con problemas de inundación. B. La zona evaluada donde se ubican los problemas de estabilidad se encuentra en un sector de pendiente media a alta, con cobertura vegetal variada, suelos residuales de gran espesor e importante porcentaje de arcillas en su composición, además, en la zona se han identificado malos manejos de las aguas de escorrentía superficial. C. El terreno donde se realiza la evaluación se localiza dentro de la cuenca del río Bermúdez, en una zona de pendiente media con cambio a alta hacia la zona de protección, el sector es drenado por el río Pirro. D. En el terreno evaluado se observan algunos problemas con el manejo de aguas pluviales y de escorrentía superficial (Techos y tuberías), las cuales son descargadas hacia el talud que presenta problemas de estabilidad, favoreciendo su saturación y los desprendimientos durante eventos de lluvias extraordinarias. E. En la visita realizada al sitio de interés se observa un talud con problemas de estabilidad, favorecido por su alta pendiente, ausencia de obras de contención, presencia de vegetación de gran tamaño e inadecuados manejos de aguas pluviales en la parte alta. F. En la vivienda de la señora [Nombre 001] se observan daños asociados a posibles problemas de inestabilidad o procesos de asentamiento diferencial del suelo bajo la estructura, por la pérdida de condiciones de estabilidad del talud. V. Recomendaciones. A. Se recomienda en el sitio evaluado y alrededores un sistema adecuado para el control, la recolección y el drenaje de aguas pluviales y servidas, para que estas no generen más problemas de inestabilidad y desprendimientos. B. La Municipalidad de Heredia deberá permanecer vigilante de las zonas de alto riesgo y susceptibles al deslizamiento, y no otorgar permisos constructivos o desarrollo de asentamientos informales de viviendas en estos sitios. C. Se recomienda en la zona evaluada la eliminación progresiva de la vegetación de gran altura y peso que favorece los desprendimientos, siendo sustituida por una de poca altura, peso y gran desarrollo radial (tipo vetiver), que favorezca la preservación del suelo. D. La Municipalidad de Heredia deberá brindar a los propietarios colindantes con el talud que presenta problemas de estabilidad, plástico resistente que ayude a proteger la zona de la saturación del suelo durante eventos de lluvias extremas, lo cual dispara deslizamientos en el sitio evaluado. E. La señora [Nombre 001] deberá hacer la solicitud, en acompañamiento con el CME de Heredia ante el IMAS y demás instituciones de ayuda social, para que se valoren las posibilidades de ayuda y pueda realizar las obras de estabilización en el talud colindante con la vivienda. F. La señora [Nombre 001] deberá eliminar todos aquellos escombros y materiales de gran peso en la zona aledaña a desprendimientos, debido a la carga que se le agrega a la zona inestable y susceptible a deslizamientos. G. Se debe tomar en cuenta en el diseño de las distintas obras constructivas y de contención, los resultados de los estudios que se consideren necesarios. Las obras que se implementen deben ser supervisadas por un profesional agremiado al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, con base en las normas establecidas por el Código Sísmico, Código de Cimentaciones y Reglamento de Construcciones. H. Cualquier anomalía en cuanto a técnicas de construcción u omisión a las recomendaciones aquí descritas, QUEDA BAJO TOTAL RESPONSABILIDAD de las instituciones que otorgan los permisos, del ingeniero o responsable de la obra y de la Municipalidad respectiva de no solicitar los informes, inspecciones y correcciones correspondientes (…)” (sic) (el énfasis no pertenece al original). El 16 de agosto de 2023, la Dirección de Inversión Pública de la Municipalidad de Heredia inspeccionó el lugar: “(…) Se realiza inspección en la casa de la señora [Nombre 001], Numero de Finca y plano catastrado 4-633204-1986. Esto en seguimiento del informe CNE-UIAR-INF-0718-2023. Según lo observado en campo se determina que en el sector este de la casa existe la presencia de varias señales de afectaciones de índole estructural en un sector de la infraestructura existente. Se observan fracturas en la losa de concreto exterior y desnivel en contrapiso interno, afectación en pared con separaciones de aproximadamente 2 milímetros en la sisa, entre otras alteraciones menores. Se observa además grietas en esquinas de uniones de columna y viga en algunos sectores. Se presume, que el evento de deslizamiento genero un asentamiento en el terreno generado las afectaciones en el inmueble, sin embargo, el análisis del estado actual del terreno y el talud se debería realizar por medio de un estudio de geotecnia y estudio de suelo detallado para determinar a fondo de la situación, así como determinar consecuentemente la propuesta de estabilización del talud si así fuera necesario según los estudios específicos en la zona. Se recomienda analizar la posibilidad de una inspección por parte del Ministerio de Salud para determinar una posible declaración de inhabilitación parcial de la casa en el sector mas cercano a la colindancia del talud. Se comenta que, de parte de los dueños de la casa, se coloco de forma provisional plástico negro en un sector de talud. Sin embargo, debido al ángulo en el que se observa el plástico, no se puede garantizar que su colocación sea la más idónea. No se observa desde el punto de la inspección tuberías que desfoguen directamente al talud, sin embargo, es importante mencionar que las macollas de bambú y vegetación existente genera un obstáculo a la visualización optima. Según lo observado, se presume que la casa en donde se realiza la inspección podría estar invadiendo la zona de protección y superando (…) la línea de colindancia este. Por lo anterior, se recomienda que de ser necesario se realice una verificación topografía de dicha invasión. Importante destacar, que hoy en día existe infraestructura construida hasta el filo del talud que genera cargas importantes al terreno. Con respecto a la vegetación, se recomienda por parte del Sr. Rogers Araya, que, al ser una zona de protección, la forma de cortar o eliminar la misma, es por medio de un Sumario de Derribo. Dicho tramite debe ser realizado por la señora [Nombre 001] [Nombre 001] ante un tribunal agrario. Finalmente, se comenta que el Ing. Marco Alonso Chaves por medio del oficio DIP-DT-0267- 2023 confirma por medio del respectivo criterio técnico, que el terreno colindante al este de la casa de la señora [Nombre 001] es propiedad del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU). Lo anterior, para que se proceda a gestionar la respectiva comunicación a dicha institución para lo que corresponda (…)” (sic) (el énfasis no pertenece al original). Ese mismo día, desde el punto de vista técnico: “(…) se concluye que el Colindante Este de la finca número 116333, con plano catastrado número H-633204-1986, es un Resto de Finca que es propiedad del INVU (…)” (sic). El 29 de agosto de 2023, se envió a la tutelada el informe técnico respectivo, para conocimiento y cumplimiento de las recomendaciones. El 6 de agosto de 2024, el Gestor Ambiental de la Municipalidad de Heredia llevó a cabo una inspección en el lugar y recomendó el remplazo del plástico existente. El 12 de agosto de 2024, el Departamento de Control Fiscal y Urbano de la Municipalidad de Heredia determinó: “(…) Que la canalización se las aguas pluviales no se están canalizando hacia el cordón de caño en un 100%, esto por que en la parte trasera de la vivienda se encuentra canalizada hacia en talud del río, o que escurra hacia ese lugar sobre el concreto. Se observan actuaciones que contravienen lo dispuesto en el ordenamiento jurídico: Aguas pluviales canalizadas hasta el caño y sistema de alcantarillado pluvial Art. 118. Tratamiento de aguas residuales, Art. 121. Drenaje pluvial, Art. 426. Ubicación de tuberías y Art. 434. Estructuras para redes sanitarias del Reglamento de Construcciones) Articulo 14. inciso e), q) y r) del Reglamento de Control Constructivo art.89 inciso d) y h) Ley de Construcciones, articulo 84 y 85 codigo municipal Se le previene que deberá de cumplir con las siguientes disposiciones: Aguas pluviales de los bajantes y canoas deben ser colectadas y canalizadas adecuadamente hasta el caño y red de alcantarillado pluvial Con la finalidad de que se normalice las situaciones indicas, se le concede de @DIAS_PLAZO@ DIAS HABILES, una vez transcurrido este plazo, sin que se cumpla con lo ordenado, la Municipalidad procedera a imponer las multas correspondientes, misma que se reflejaran dentro de la facturación de tributos municipales de la propiedad. Por el desacato a esta orden se podria incurrir en el delito de desobediencia a la autoridad el cual es castigado con prisión de 6 meses a 3 años de acuerdo con el artículo 314 del Código Penal. ESTE ACTO POSEE LOS RECURSOS DE REVOCATORIA ANTE EL DEPARTAMENTO DE CONTROL FISCAL Y URBANO Y APELACIÓN EN SUBSIDIO ANTE LA ALCALDIA MUNICIPAL, DENTRO DEL PLAZO DE @DIAS_PLAZO@ DIAS HABILES DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 171 DEL CÓDIGO MUNICIPAL Para respuesta a esta notificación al correo Electronico: [email protected] / [email protected]. EL INCUMPLIMIENTO A ESTA PREVENCION CONSTITUYE UNA INFRACCION AL ARTICULO 89 DE LA LEY DE CONSTRUCCIONES, LO CUAL ES SANCIONADO DE ACUERDO CON LA GRAVEDAD DEL INCUMPLIMIENTO CON LA IMPOSICION DE MULTAS, CLAUSURA, DESOCUPACION O DEMOLICION PARA INFORMAR EL CUMPLIMIENTO A ESTA PREVENCIÓN, COMUNICARLO AL CORREO ELECTRÓNICO: [email protected] / [email protected] Observaciones: Se notifica a la propietaria en la casa de habitación (…)” (sic) (el énfasis no pertenece al original). En el año 2025, la Municipalidad de Heredia puso la problemática en conocimiento del INVU. Mediante el oficio No. CDUV-024-02-2025 de 19 de febrero de 2025, el Director de Urbanismo y Vivienda del INVU contestó a la Municipalidad de Heredia: “(…) en atención al correo electrónico recibido por su persona en donde consigna el Informe Técnico sobre deslizamiento que se da en el predio de la señora [Nombre 001] [Nombre 001] ubicado en Heredia en la Urbanización Bernardo Benavides, la cual se remite para mi consideración. Cabe aclarar que este Instituto no cuenta con líneas de financiamiento propia que pueda auxiliar a la señora [Nombre 001]; relacionado con las falencias indicadas en el informe de la Comisión Nacional de Emergencias, no obstante, por medio del subsidio del bono de vivienda la Señora [Nombre 001] podría acceder a un bono para mejoras y reparaciones que puede ayudar a mitigar los efectos negativos que puede estar generando el inadecuado manejo de las aguas pluviales indicadas en el informe de la CNE. Bajo esta premisa Doña [Nombre 001], puede acudir a cualquier entidad autorizada del sistema financiero nacional para la vivienda(ver página web del BANHVI: Entidades Autorizadas), con el propósito de recibir información y los requisitos necesarios para el análisis de un subsidio que pueda mejorar la condición de su vivienda. En cuanto a las obras de mitigación en el cauce del rio, de considerar necesario la Municipalidad de Heredia quedamos atentos en caso de requerir apoyo técnico por parte del INVU (…)” (sic) (el énfasis no pertenece al original). A inicios de marzo de 2025, la amparada planteó una gestión ante el INVU. Mediante el oficio No. CDUV-042-03-2025 de 24 de marzo de 2025, el Director de Urbanismo y Vivienda del INVU, contestó a la tutelada: “(…) el tema en mención también fue atendido y se le brindo respuesta oportuna a la Municipalidad de Heredia mediante el oficio CDUV-024-02-2025 el cual dice lo siguiente (…)” (sic). Para el 30 de abril de 2025, según precisó la Encargada a.i. de la Unidad Fondo de Inversión de Bienes Inmuebles del INVU: “(…) En este caso, mediante convenio con la Municipalidad podría respaldar la ejecución de obras requeridas en el margen este del río Pirro, específicamente en el sector de la Urbanización Bernardo Benavides; ya que, si bien las afectaciones han iniciado en la vivienda de la señora [Nombre 001], el proceso de erosión continuará de forma progresiva si no se implementan las obras de mitigación necesarias. Con respecto a la capacidad de la Institución, está imposibilitada para actuar, máxime cuando la situación se presenta por el cauce del río, asimismo, no cuenta con personal idóneo que valore los riesgos pluviales, geológicos, etc., ni tampoco maquinaria para atender estas emergencias. Es por lo anterior que, se requiere la intervención de la Municipalidad de Heredia, para que gestione las recomendaciones dadas en el informe de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias CNE-UIAR-INF-0718-2023, con el fin de salvaguardar la seguridad humana de los habitantes de la Urbanización Bernardo Benavides (…)” (sic) (el énfasis no pertenece al original). El 20 de marzo de 2025, la Municipalidad de Heredia remitió al Área Rectora de Salud de Heredia, el caso de la amparada. Por medio del oficio No. CARTA-MS-DRRSCN-DARSH-1011-2025 de 3 de abril de 2025, el Área Rectora de Salud de Heredia contestó a la Municipalidad de Heredia: “(…) el pasado 01 de abril del presente se llevó a cabo valoración a la vivienda de la señora [Nombre 001], ubicada 250 m sur del minisúper Las américas, casa 215, urbanización Bernardo Benavides. En dicha ocasión atendió la señora [Nombre 001], quien acompañó durante la valoración y aplicación de la guía de inspección físico-sanitaria de viviendas. De dicha inspección se desprende lo siguiente: 1. La propiedad cuenta con dos viviendas, de las cuales una colinda en el sector este con el río. En este sector es donde se presentó un deslizamiento del talud hacia el río, y al momento de la inspección dicho sector contaba con un plástico que según la propietaria, fue colocado por personal de la municipalidad. De esta propiedad no se tiene claridad si se encuentra invadiendo la zona de protección del rio, ya que en la valoración realizada únicamente se indica que existe un resto de finca que es propiedad del Instituto de vivienda y urbanismo (INVU) (oficio DIP-DT-0267-2023). Por otro lado, ante su consulta realizada al INVU, únicamente se indica que la institución no cuenta con financiamiento para colaborarle a la señora [Nombre 001], sin hacer alusión a la intervención del resto de finca propiedad del ente. 2. La vivienda donde habita el hijo de la señora [Nombre 001] presenta grietas en la pared norte, las cuales aparecieron previo a la reubicación y canalización de las aguas pluviales, lo que supone que generaba anegamiento directo al talud. Dentro de la vivienda, tanto en techos, pisos y demás paredes no hay evidencia tangible de la necesidad de una declaratoria de inhabitabilidad a la fecha. Esto supone una necesidad de intervenir y estabilizar el talud a la mayor brevedad, por cuanto se debe evitar una mayor afectación que implique incluso el colapso de la vivienda. 3. La vivienda está construida en block y concreto, y cuenta con techos, cielos y piso en buenas condiciones, y esta es de un nivel. Únicamente la pared mencionada previamente y un sector del patio presentan agrietamientos. La instalación eléctrica cuenta con caja de disyuntores, así como con acometida a tierra y no presenta cables expuestos. Por lo anteriormente expuesto, a la fecha no aplica notificar una declaratoria de inhabitabilidad al no haber daños estructurales que ameriten el desalojo inmediato. La mayor urgencia radica en intervenir el talud que se está deslizando, ya que no solo podría generar afectaciones significativas con los riesgos asociados a la integridad de las personas. En razón de lo anterior, la Municipalidad de Heredia y el INVU deberán acordar la forma y responsables de intervenir la problemática, esto porque en un corto plazo la continuación del deslizamiento puede generar no solo afectaciones en la vivienda y moradores de la propiedad de la señora [Nombre 001], sino en las casas vecinas (…)” (sic) (el énfasis no pertenece al original). V.- A partir de lo expuesto, se puede afirmar: a) la Municipalidad de Heredia tiene conocimiento de la problemática desde el 25 de agosto de 2022; b) pese a que desde el 16 de agosto de 2023 se definió técnicamente la necesidad de que el INVU interviniera para atender la situación, fue hasta el mes de marzo de 2025 que trasladó el asunto; c) el INVU en vez de contestar el requerimiento planteado con alguna propuesta para solucionar el problema, se mostró evasivo en asumir alguna responsabilidad; d) tal actitud fue reiterada en la respuesta dada por esta institución a la amparada el 24 de marzo de 2025; e) las inspecciones llevadas a cabo por las propias autoridades municipales, la Comisión Nacional para la Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, así como por el Área Rectora de Salud de Heredia, son concluyentes sobre la existencia de una afectación sobre el talud, dada la escorrentía del río Pirris, así como en la necesidad de tomar medidas; f) la corporación territorial recurrida incluso giró en su momento instrucciones a la propia tutelada para que corrigiera anomalías detectadas, cuyo seguimiento y cumplimiento no fue acreditado; g) por su parte el INVU se excusa en la falta de capacidades operativas para intervenir, pero la Encargada a.i. de la Unidad de Fondo de Inversión de Bienes Inmuebles del INVU, también aseveró: “(…) En este caso, mediante convenio con la Municipalidad podría respaldar la ejecución de obras requeridas en el margen este del río Pirro, específicamente en el sector de la Urbanización Bernardo Benavides; ya que, si bien las afectaciones han iniciado en la vivienda de la señora [Nombre 001], el proceso de erosión continuará de forma progresiva si no se implementan las obras de mitigación necesarias (…)” (sic); h) no se evidencian coordinaciones por parte del INVU con la Municipalidad de Heredia para determinar y ejecutar una solución viable al problema existente; e i) el Área Rectora de Salud de Heredia fue enfática en la necesidad de una intervención a la mayor brevedad o con urgencia. VI.- En su informe las autoridades de la Municipalidad de Heredia justificaron la demora en actuar con el siguiente alegato: “(…) Aunado a la imposibilidad jurídica de la Municipalidad en intervenir en una propiedad que no le pertenece, es menester indicar que en la Ley Forestal, número 7575, conforme los numerales 33 bis y 33 ter establece el procedimiento para realizar obras en zonas como la del caso concreto, sin embargo, dada la reforma al artículo 33 de la ley citada; sobre la inscripción de obras civiles en zonas de protección, según los alcances de los artículos 33 bis y 33 ter de la ley de marras, dicha modificación cuenta actualmente con una Acción de Inconstitucionalidad, número de expediente 23-002032-0007-CO (…) Aunado a la acción interpuesta, el reglamento requerido para la aplicación de dicha ley no se encuentra aprobado ni debidamente publicado, siendo este el que regularía dicho procedimiento y aplicación de esta ley. Es por lo anterior, que actualmente no es posible tramitar los permisos establecidos en la ley, hasta que sea resuelto la acción interpuesta y la aprobación del correspondiente reglamento y su debida publicación, por ende existe una imposibilidad para esta municipalidad si intentara intervenir en realizar obras para la estabilización en el talud colindante de la vivienda de la señora [Nombre 001], a raíz de esta acción de inconstitucionalidad no se podría genera permisos de obra en la zona mencionada por ser una zona de protección (…)” (sic). No obstante, pierden de vista que la problemática que afecta a la tutelada fue puesta en conocimiento de la corporación territorial desde el 25 de agosto de 2022, y la acción de inconstitucionalidad No. 23-002032-0007-CO fue admitida mediante el auto de las 14:35 horas de 6 de febrero de 2023, es decir, más de 5 meses después. En todo caso, de la lectura del auto emitido se desprende con meridiana claridad: “(…) Efectos jurídicos de la interposición de la acción: La publicación prevista en el numeral 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional tiene por objeto poner en conocimiento de los tribunales y los órganos que agotan la vía administrativa, que la demanda de inconstitucionalidad ha sido establecida, a efecto de que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de la ley, decreto, disposición, acuerdo o resolución, tampoco se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho pronunciamiento del caso. De este precepto legal se extraen varias reglas. La primera, y quizás la más importante, es que la interposición de una acción de inconstitucionalidad no suspende la eficacia y aplicabilidad en general de las normas. La segunda, es que solo se suspenden los actos de aplicación de las normas impugnadas por las autoridades judiciales en los procesos incoados ante ellas, o por las administrativas, en los procedimientos tendientes a agotar la vía administrativa, pero no su vigencia y aplicación en general. La tercera es que –en principio-, en los casos de acción directa (como ocurre en la presente acción), no opera el efecto suspensivo de la interposición (véase voto No. 537-91 del Tribunal Constitucional) (…)” (sic) (el énfasis no pertenece al original). VII.- Así las cosas, deberán la Municipalidad de Heredia y el INVU disponer lo necesario y coordinar lo pertinente para encontrar e implementar una solución al problema denunciado, de conformidad con el ordenamiento jurídico infraconstitucional vigente. Se insiste, el Área Rectora de Salud de Heredia fue enfática en la necesidad de una intervención a la mayor brevedad o con urgencia. VIII.- Conclusión. Bajo este orden de circunstancias se impone declarar con lugar el recurso, con las consecuencias que se especifican en la parte dispositiva de esta sentencia. IX.- Nota del Magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico. X.- Nota del magistrado Salazar Alvarado. En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la actividad o inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura, deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa (omisiva o no) se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, en que la parte recurrente acusa la demora de la Administración en atender denuncias por la socavación de un talud que pone en peligro la vida y la propiedad donde reside la tutelada. XI.- Voto salvado parcial de la magistrada Garro Vargas, respecto de la parte dispositiva de esta sentencia. Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar con lugar, difiero sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de gran complejidad, como es en este caso para que en el plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), y la Municipalidad de Heredia resuelvan en definitiva y conforme a Derecho corresponda la problemática que afecta la propiedad donde reside la tutelada; esto, debido a la erosión generada por el río Pirris y se le notifique formalmente lo dispuesto. En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código. XII.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI. Por tanto: Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Cristian Solano Sánchez, en su condición de Gerente General a.i. del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), a Ángela Ileana Aguilar Vargas, a José Pablo Quesada Castro, a Víctor Andrés Sánchez González, a Rodolfo Rothe Cordero, y a José Guillermo Cubillo Murillo, en sus calidades respectivas de Alcaldesa, Presidente del Concejo, Coordinador de la Comisión Municipal de Emergencias y Vicealcalde, Gestor de Gestión Vial, y Encargado de Mantenimiento y Obras, todos de la Municipalidad de Heredia, o quienes en sus lugares funjan como tales, girar las órdenes que estén dentro del ámbito de sus competencias y coordinar lo necesario para que dentro del plazo de SEIS MESES contado a partir de la notificación de esta sentencia, se resuelva en definitiva y conforme a Derecho corresponda, la problemática que afecta la propiedad donde reside la tutelada, dada la erosión generada por el río Pirris, y se le notifique formalmente lo dispuesto. Se advierte a las autoridades recurridas que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta Jurisdicción, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), y a la Municipalidad de Heredia, al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Castillo Víquez consigna una nota. El magistrado Salazar Alvarado consigna nota. La Magistrada Garro Vargas salva el voto respecto a la ejecución de esta sentencia y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dispone que debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución, establecidos en los artículos 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo. Asimismo, ordena que se le remita copia de la sentencia para que se inicie los procedimientos de ejecución de este fallo. Notifíquese. Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- EKMQG17O0AM61 EXPEDIENTE N° 25-010901-0007-CO Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:55:12. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
**Resolution No. 24846 - 2025** **Date of Resolution:** August 8, 2025, at 09:20 **Expediente:** 25-010901-0007-CO **Drafted by:** Jorge Araya Garcia **Type of matter:** Amparo action **Analyzed by:** SALA CONSTITUCIONAL **Judgment with Dissenting Vote** **Judgment with Separate Note** **Relevance Indicators** **Relevant judgment** **Judgment with protected data, in accordance with current regulations** **Content of Interest:** **Type of content:** Majority vote **Branch of Law:** 4. GUARANTEE MATTERS **Topic:** PODER EJECUTIVO **Subtopics:** QUEJA. 024846-25. VECINOS DEL RÍO PIRRIS, ACUSAN QUE DESDE HACE CINCO AÑOS, HA VENIDO EROSIONANDO SUS REIBERAS Y AFECTANDO SUS PROPIEDADES, LAS CUALES PERTENECEN AL INVU. SE ORDENA AL INVU Y, A LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA, QUE, DENTRO DEL PLAZO DE SEIS MESES, SE RESUELVA EN DEFINITIVA Y CONFORME A DERECHO CORRESPONDA, LA PROBLEMÁTICA QUE AFECTA LA PROPIEDAD DONDE RESIDE LA TUTELADA, DADA LA EROSIÓN GENERADA POR EL RÍO PIRRIS, Y SE LE NOTIFIQUE FORMALMENTE LO DISPUESTO. RGS08/2025 “(…) Based on the foregoing, it can be stated: a) the Municipalidad de Heredia has been aware of the problem since August 25, 2022; b) despite the fact that since August 16, 2023, the need for INVU to intervene to address the situation was technically defined, it was not until March 2025 that it referred the matter; c) INVU, instead of responding to the request made with a proposal to solve the problem, was evasive in assuming any responsibility; d) such attitude was reiterated in the response given by this institution to the amparo petitioner on March 24, 2025; e) the inspections carried out by the municipal authorities themselves, the Comisión Nacional para la Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, as well as by the Área Rectora de Salud de Heredia, are conclusive regarding the existence of an impact on the slope, given the runoff of the Pirris river, as well as the need to take measures; f) the respondent territorial corporation even issued instructions at the time to the petitioner herself to correct anomalies detected, the follow-up and compliance with which were not accredited; g) for its part, INVU excuses itself based on the lack of operational capacities to intervene, but the Acting Head of the Unidad de Fondo de Inversión de Bienes Inmuebles of INVU also asserted: “(…) In this case, through an agreement with the Municipality, it could support the execution of required works on the east bank of the Pirro river, specifically in the sector of the Urbanización Bernardo Benavides; since, although the impacts have begun at the home of Mrs. [Name 001], the erosion process will continue progressively if the necessary mitigation works are not implemented (…)” (sic); h) no coordination is evident on the part of INVU with the Municipalidad de Heredia to determine and execute a viable solution to the existing problem; and i) the Área Rectora de Salud de Heredia was emphatic about the need for an intervention as soon as possible or urgently. VI.- In their report, the authorities of the Municipalidad de Heredia justified the delay in acting with the following argument: “(…) In addition to the legal impossibility of the Municipality to intervene in a property that does not belong to it, it is necessary to indicate that the Ley Forestal, number 7575, in accordance with numerals 33 bis and 33 ter, establishes the procedure for carrying out works in areas such as the one in the specific case, however, given the reform to article 33 of the cited law; regarding the registration of civil works in protection zones, according to the scope of articles 33 bis and 33 ter of the law in question, said modification currently has an unconstitutionality action (Acción de Inconstitucionalidad) filed against it, expediente number 23-002032-0007-CO (…) In addition to the action filed, the regulation required for the application of said law has not been approved or duly published, this being the one that would regulate said procedure and application of this law. It is for the foregoing reasons that it is currently not possible to process the permits established in the law, until the filed action is resolved and the corresponding regulation is approved and its due publication occurs; therefore, there is an impossibility for this municipality if it tried to intervene by carrying out stabilization works on the slope adjacent to the home of Mrs. [Name 001]; as a result of this unconstitutionality action, construction permits could not be generated in the mentioned area because it is a protection zone (…)” (sic). However, they lose sight of the fact that the problem affecting the petitioner was brought to the attention of the territorial corporation as of August 25, 2022, and the unconstitutionality action No. 23-002032-0007-CO was admitted by means of the order at 14:35 hours on February 6, 2023, that is, more than 5 months later. In any case, from a reading of the issued order, the following is clearly evident: “(…) Legal effects of the filing of the action: The publication provided for in numeral 81 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional has the purpose of informing the courts and the bodies that exhaust the administrative channel that the action of unconstitutionality has been filed, so that in the processes or procedures in which the application of the law, decree, provision, agreement, or resolution is discussed, a final resolution is also not issued while the Sala has not ruled on the case. Several rules are extracted from this legal precept. The first, and perhaps the most important, is that the filing of an action of unconstitutionality does not suspend the general effectiveness and applicability of the norms. The second is that only the acts of application of the challenged norms are suspended by judicial authorities in the proceedings brought before them, or by administrative authorities, in the procedures intended to exhaust the administrative channel, but not their general validity and application. The third is that –in principle–, in cases of direct action (as occurs in the present action), the suspensive effect of the filing does not operate (see vote No. 537-91 of the Constitutional Court) (…)” (sic) (emphasis does not belong to the original). VII.- Thus, the Municipalidad de Heredia and INVU must arrange what is necessary and coordinate what is pertinent to find and implement a solution to the reported problem, in accordance with the infra-constitutional legal system in force. It is reiterated, the Área Rectora de Salud de Heredia was emphatic about the need for an intervention as soon as possible or urgently. VIII.- Conclusion. Under this set of circumstances, it is appropriate to declare the action with merit, with the consequences specified in the operative part of this judgment. (…)” ... See more **Related Judgments** **Content of Interest:** **Type of content:** Separate note **Branch of Law:** 4. GUARANTEE MATTERS **Topic:** PODER EJECUTIVO **Subtopics:** QUEJA. 024846-25. VECINOS DEL RÍO PIRRIS, ACUSAN QUE DESDE HACE CINCO AÑOS, HA VENIDO EROSIONANDO SUS REIBERAS Y AFECTANDO SUS PROPIEDADES, LAS CUALES PERTENECEN AL INVU. SE ORDENA AL INVU Y, A LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA, QUE, DENTRO DEL PLAZO DE SEIS MESES, SE RESUELVA EN DEFINITIVA Y CONFORME A DERECHO CORRESPONDA, LA PROBLEMÁTICA QUE AFECTA LA PROPIEDAD DONDE RESIDE LA TUTELADA, DADA LA EROSIÓN GENERADA POR EL RÍO PIRRIS, Y SE LE NOTIFIQUE FORMALMENTE LO DISPUESTO. RGS08/2025 “(…) IX.- Note of Magistrate Castillo Víquez, regarding prompt and complete administrative justice. I have supported the thesis of this Court that when the petitioner alleges a violation of the right to prompt and complete justice in administrative proceedings, those who must hear the legal controversy are the Administrative Litigation Courts and not this Sala. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is subject to judicial protection through the amparo action established by Article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulations do not imply that this Court must modify its jurisprudential line, which, based on numeral 7 of its Law, is responsible for exclusively defining its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional controversies that have been recognized by this same Sala as exceptional cases, which may be heard in this jurisdiction through the constitutional guarantee process of amparo, in other cases, and for the reasons given by this Court (judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent judges are those of the administrative litigation jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, Constitutional Law (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system. (…)” ... See more **Content of Interest:** **Type of content:** Separate note **Branch of Law:** 4. GUARANTEE MATTERS **Topic:** PODER EJECUTIVO **Subtopics:** QUEJA. 024846-25. VECINOS DEL RÍO PIRRIS, ACUSAN QUE DESDE HACE CINCO AÑOS, HA VENIDO EROSIONANDO SUS REIBERAS Y AFECTANDO SUS PROPIEDADES, LAS CUALES PERTENECEN AL INVU. SE ORDENA AL INVU Y, A LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA, QUE, DENTRO DEL PLAZO DE SEIS MESES, SE RESUELVA EN DEFINITIVA Y CONFORME A DERECHO CORRESPONDA, LA PROBLEMÁTICA QUE AFECTA LA PROPIEDAD DONDE RESIDE LA TUTELADA, DADA LA EROSIÓN GENERADA POR EL RÍO PIRRIS, Y SE LE NOTIFIQUE FORMALMENTE LO DISPUESTO. RGS08/2025 “(…) X.- Note of Magistrate Salazar Alvarado. As a principle, I consider that cases related to the activity or inactivity of the Public Administration in the repair, construction, modification, or demolition of any infrastructure work must be dismissed, because this omission constitutes a matter of legality, the discussion of which corresponds to the ordinary jurisdiction, before which the interested person can debate their disagreements more broadly. However, when some violation of other fundamental rights protected in this constitutional jurisdiction derives from said administrative conduct (omissive or otherwise), or when groups considered vulnerable are affected, I do proceed to hear the merits of the matter, as this situation constitutes an exception to my position on this subject, as happens in this case, in which the petitioner alleges the Administration's delay in attending to complaints about the undercutting of a slope that endangers the life and property where the petitioner resides. (…)” ... See more **Content of Interest:** **Type of content:** Dissenting vote **Branch of Law:** 4. GUARANTEE MATTERS **Topic:** PODER EJECUTIVO **Subtopics:** QUEJA. 024846-25. VECINOS DEL RÍO PIRRIS, ACUSAN QUE DESDE HACE CINCO AÑOS, HA VENIDO EROSIONANDO SUS REIBERAS Y AFECTANDO SUS PROPIEDADES, LAS CUALES PERTENECEN AL INVU. SE ORDENA AL INVU Y, A LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA, QUE, DENTRO DEL PLAZO DE SEIS MESES, SE RESUELVA EN DEFINITIVA Y CONFORME A DERECHO CORRESPONDA, LA PROBLEMÁTICA QUE AFECTA LA PROPIEDAD DONDE RESIDE LA TUTELADA, DADA LA EROSIÓN GENERADA POR EL RÍO PIRRIS, Y SE LE NOTIFIQUE FORMALMENTE LO DISPUESTO. RGS08/2025 “(…) XI.- Partial dissenting vote of Magistrate Garro Vargas, regarding the operative part of this judgment. Although I agree with the majority of the Sala that the action should be declared with merit, I differ on where to place the execution phase of the matter, due to the lack of adequate mechanisms provided by the regulations governing this constitutional jurisdiction to follow up on a judgment that involves highly complex technical aspects, as is the case here, so that within a period of six months, counted from the notification of this judgment, the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) and the Municipalidad de Heredia resolve, permanently and as legally appropriate, the problem affecting the property where the petitioner resides; this, due to the erosion generated by the Pirris river, and formally notify her of what is decided. In contrast, what is provided by the Código Procesal Contencioso-Administrativo regarding execution (Article 155 and following) has evident advantages, such as the possibility of requesting schedules, imposing fines, establishing responsibilities, supervising compliance stages, etc. Therefore, in accordance with the provisions of Article 56 of the Ley de Jurisdicción Constitucional, I believe that the execution phase must be carried out before the Área de Ejecución of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, under the judgment execution rules of said Code. (…)” ... See more **Content of Interest:** **Type of content:** Majority vote **Branch of Law:** 4. GUARANTEE MATTERS **Topic:** PODER EJECUTIVO **Subtopics:** QUEJA. 024846-25. VECINOS DEL RÍO PIRRIS, ACUSAN QUE DESDE HACE CINCO AÑOS, HA VENIDO EROSIONANDO SUS REIBERAS Y AFECTANDO SUS PROPIEDADES, LAS CUALES PERTENECEN AL INVU. SE ORDENA AL INVU Y, A LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA, QUE, DENTRO DEL PLAZO DE SEIS MESES, SE RESUELVA EN DEFINITIVA Y CONFORME A DERECHO CORRESPONDA, LA PROBLEMÁTICA QUE AFECTA LA PROPIEDAD DONDE RESIDE LA TUTELADA, DADA LA EROSIÓN GENERADA POR EL RÍO PIRRIS, Y SE LE NOTIFIQUE FORMALMENTE LO DISPUESTO. RGS08/2025 "(…) The action is declared with merit. It is ordered to Cristian Solano Sánchez, in his capacity as Acting General Manager of the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), to Ángela Ileana Aguilar Vargas, to José Pablo Quesada Castro, to Víctor Andrés Sánchez González, to Rodolfo Rothe Cordero, and to José Guillermo Cubillo Murillo, in their respective capacities as Mayor, Council President, Coordinator of the Comisión Municipal de Emergencias and Vice Mayor, Road Management Manager, and Head of Maintenance and Works, all of the Municipalidad de Heredia, or whoever acts in their stead, to issue the orders that are within the scope of their powers and to coordinate what is necessary so that within a period of SIX MONTHS, counted from the notification of this judgment, the problem affecting the property where the petitioner resides, given the erosion generated by the Pirris river, is resolved permanently and as legally appropriate, and she is formally notified of what is decided. The respondent authorities are warned that in accordance with Article 71 of the Law of this Jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed on anyone who receives an order that must be carried out or enforced, issued in an amparo action, and does not carry it out or does not have it carried out, provided that the offense is not more severely penalized. The Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) and the Municipalidad de Heredia are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which will be liquidated in the execution of the judgment in the administrative litigation jurisdiction. Magistrate Castillo Víquez adds a note. Magistrate Salazar Alvarado adds a note. Magistrate Garro Vargas dissents regarding the execution of this judgment and, in accordance with Article 56 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, orders that it must be carried out before the Área de Ejecución of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, under the execution rules established in Articles 155 and following of the Código Procesal Contencioso Administrativo. Likewise, she orders that a copy of the judgment be sent so that the execution procedures for this ruling may begin. Notifíquese." ... See more **Text of the resolution** Exp: 25-010901-0007-CO Res. No. 2025024846 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours twenty minutes on August eight, two thousand twenty-five. Amparo action filed by [Name 001], identity card [Value 001], against the INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (INVU), and the MUNICIPALIDAD DE HEREDIA. **Resultando:** 1.- By means of the document added to the digital expediente at 10:28 a.m. on April 22, 2025, [Name 001] filed an amparo action against the Comisión Municipal de Emergencias de Heredia, INVU, and the Municipalidad de Heredia. The petitioner stated that for five years, the Pirris river has been eroding its banks, affecting her property, by compromising the stability of the slope. She affirmed that on October 17, 2022, she filed a complaint with the Municipalidad de Heredia for it to intervene. As a result of the above, on August 29, 2023, the technical report of the Comisión Nacional para la Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias No. CNE-UIAR-INF-0718-2023 was brought to her attention. She stated that she carried out all the actions required of her, but the Municipalidad de Heredia merely placed plastic sheeting on the ground to prevent the infiltration of rainwater. She explained that the land where the river is located and its surroundings belong to INVU, which prevents the territorial corporation from carrying out corrective actions. She emphasized that INVU refuses to assume its responsibility, despite having demanded it at the beginning of March 2025. She requested that the action be declared with merit. 2.- By means of the order at 11:24 a.m. on April 25, 2025, the amparo action was admitted, and it was transferred to the authorities of the Municipalidad de Heredia, INVU, and CNE. 3.- By means of the document added to the digital expediente at 3:16 p.m. on April 30, 2025, Cristian Solano Sánchez, Acting General Manager of INVU, reported: "(…) this Institute is awaiting the intervention by the Municipalidad de Heredia, as recommended by the Comisión Nacional de Emergencias. Furthermore, as these are environmental zones, the Local Government of Heredia must mitigate the situation affecting Mrs. [Name 001], where this Institute is willing to provide collaboration, since it concerns its jurisdiction and territory (…)" (sic). 4.- By means of the document added to the digital expediente at 3:27 p.m. on April 30, 2025, Alejandro José Picado Eduarte, President of the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), reported: "(…) We are only aware of what is indicated in official communication CNE-UIAR-INF-0718-2023. Additionally, safeguarding the river margin is the competence of the Local Government and is not the competence of the CNE (…) In the first instance, it is important to highlight that the petitioner cannot prove that the property in question is her property; even by consulting the Registro Nacional with the map number indicated in the action, the property belongs to a Sociedad Anónima called Servicios Profesionales Modernos S.A., as demonstrated in the attached report (…) Subsequently, what is noted in official communication CDUV-042-03-2025 of March 24, 2025, signed by INVU, is striking, where according to what is stated in the action, it is mentioned that the strip of land in question corresponds to an INVU property without registrable capacity, which according to the 1983 design corresponds to an area intended for a park; likewise, it points out that the land has not been transferred to the Municipalidad de Heredia. Therefore, we can deduce that the construction of the dwelling alleging the damages caused was built irregularly. On the other hand, regarding the powers that my represented entity has by Law, the development of mitigation works for cases such as the one processed under this expediente is not included; on the contrary, such works appear to be of a municipal nature. The CNE, within the framework of its powers, prepared report CNE-UIAR-INF-0718-2023, called 'Risk assessment of the land surrounding the Heredia cemetery, due to landslide and slope instability adjacent to the dwelling.' That is to say, the CNE acted diligently and within the legality that protects it (…)" (sic). 5.- By means of the document added to the digital expediente at 11:45 a.m. on May 7, 2025, Ángela Ileana Aguilar Vargas, José Pablo Quesada Castro, Víctor Andrés Sánchez González, Rodolfo Rothe Cordero, and José Guillermo Cubillo Murillo, Mayor, Council President, Coordinator of the Comisión Municipal de Emergencias and Vice Mayor, Road Management Manager, and Head of Maintenance and Works, all of the Municipalidad de Heredia, reported: "(…) that the house could be encroaching on the protection zone and exceeding the east boundary line, and that there is infrastructure built up to the edge of the slope, which generates significant loads on the ground, aggravating the situation indicated by the CNE, since constructions should not have been made in the affected area so as not to generate weight, and there is no application for a construction permit from the petitioner before the municipality, as it would be rejected (…) In following up on the case and in accordance with the recommendations of the CNE report, on August 12, 2024, an inspection was carried out by personnel from Fiscal and Urban Control of the Municipalidad de Heredia, and record CFU-NCO-AVS-004083-2024 was drawn up, in which it was verified that the rainwater drainage is directed towards the back of the dwelling, which aggravates the slope situation. Mrs. [Name 001] has been notified to attend to the recommendations provided in the report from the Comisión Nacional de Emergencias. This municipality contacted the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) to communicate the CNE report and the situation of the property of Mrs. [Name 001], since INVU owns a property adjacent to the petitioner's, this being the slope that generates instability and potential slippage. In response, we received official communication CDUV-024-02-2025 (…) this municipality also requested the collaboration of the Ministry of Health to inspect the site, resulting in response communication CARTA-MS-DRRSCN-DARSH-1011-2025, dated April 3, 2025 (…) the Ministry of Health could not issue a declaration of uninhabitability as there were no structural damages warranting immediate eviction. The greatest urgency lies in intervening on the slope that is sliding, as it could not only generate significant impacts with the risks associated with the integrity of people. Due to the foregoing, the Municipalidad de Heredia and INVU must agree on the manner and those responsible for intervening in the problem, because in the short term, the continuation of the sliding may generate impacts not only on the dwelling and residents of the property of Mrs. [Name 001] but also on neighboring houses (…) there is a material and legal impossibility on the part of the Municipality to carry out actions for the intervention of the slope because it is indisputable that the property bordering the east side of the petitioner's property belongs to INVU, and this institution has not formalized the legal situation of the portion of land that is generating the discussed problem (…) It is also evident that, due to the recommendations of the Report from the Comisión Nacional de Emergencias in which Mrs. [Name 001] was instructed not to generate weight in the surrounding area as this would create a load on the unstable zone, the inspections carried out by this Municipality and by the Ministry of Health show constructions that presumably have encroached on the area up to the edge of the slope; therefore, there is responsibility on the part of the petitioner for not complying with the recommendations of the cited report. Additionally, there are no construction permit procedures filed by the petitioner before this Municipality, as they will be rejected given the condition of the area. In addition to the legal impossibility of the Municipality to intervene on a property that does not belong to it, it is necessary to indicate that the Ley Forestal, number 7575, in accordance with numerals 33 bis and 33 ter, establishes the procedure for carrying out works in areas such as the one in the specific case, however, given the reform to article 33 of the cited law; regarding the registration of civil works in protection zones, according to the scope of articles 33 bis and 33 ter of the law in question, said modification currently has an unconstitutionality action (Acción de Inconstitucionalidad) filed against it, expediente number 23-002032-0007-CO (…) In addition to the action filed, the regulation required for the application of said law has not been approved or duly published, this being the one that would regulate said procedure and application of this law. It is for the foregoing reasons that it is currently not possible to process the permits established in the law, until the filed action is resolved and the corresponding regulation is approved and its due publication occurs; therefore, there is an impossibility for this municipality if it tried to intervene by carrying out stabilization works on the slope adjacent to the home of Mrs. [Name 001]; as a result of this unconstitutionality action, construction permits could not be generated in the mentioned area because it is a protection zone (…)" (sic). 6.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed. Drafted by Magistrate Araya García; and, **Considerando:** I.- Subject of the action. The petitioner stated that for five years, the Pirris river has been eroding its banks, affecting her property, by compromising the stability of the slope. She affirmed that on October 17, 2022, she filed a complaint with the Municipalidad de Heredia for it to intervene. As a result of the above, on August 29, 2023, the technical report of the Comisión Nacional para la Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias No. CNE-UIAR-INF-0718-2023 was brought to her attention. She stated that she carried out all the actions required of her, but the Municipalidad de Heredia merely placed plastic sheeting on the ground to prevent the infiltration of rainwater. She explained that the land where the river is located and its surroundings belong to INVU, which prevents the territorial corporation from carrying out corrective actions. She emphasized that INVU refuses to assume its responsibility, despite having demanded it at the beginning of March 2025. II.- Preliminary questions. Before analyzing the merits of the matter—for the alleged violation of the right to a prompt and complete procedure—it must be explained that, based on vote No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Sala has considered that those matters in which it is discussed whether the public administration has complied or not with the deadlines set by the Ley General de la Administración Pública (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve an administrative procedure—initiated ex officio or at the request of a party—by a final act, or to hear the appropriate administrative appeals, must be referred to the administrative litigation jurisdiction—with some exceptions. In the case at hand, an exception arises: the Administration's delay in attending to complaints about the undercutting of a slope that endangers the life and property where the petitioner resides. Having clarified this point, the amparo action is resolved. III.- Proven facts. The following facts are deemed duly proven as being of importance for the decision of this matter: On August 25, 2022, the Comité Municipal de Emergencias de Heredia received, via 9-1-1, a report related to the impact on the property where the petitioner resides, given the erosion of the banks of the Pirris river, which has compromised the stability of the slope (see official communication No. CARTA-MH-AMH-DIP-GRD-055-2025 from the Risk Management Manager of the Dirección de Inversión Pública of the Municipalidad de Heredia, added to the digital expediente). On October 17, 2022, the amparo petitioner filed a formal complaint with the Municipalidad de Heredia regarding the situation (uncontested fact). By means of the order at 14:35 hours on February 6, 2023, the unconstitutionality action No. 23-002032-0007-CO was admitted, filed against articles 33 bis and the second and fourth paragraphs of ordinal 33 ter, both of the Ley Forestal, added by Law No. 10210 of May 5, 2022, published in La Gaceta No. 101 of June 1, 2022; said pronouncement provided: “(…) Legal effects of the filing of the action: The publication provided for in numeral 81 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional is intended to make known to the courts and the bodies that exhaust the administrative channel that the unconstitutionality claim has been filed, so that in the processes or procedures in which the application of the law, decree, provision, agreement, or resolution is discussed, no final resolution is issued either while the Chamber has not made a pronouncement on the case. Several rules are derived from this legal precept. The first, and perhaps the most important, is that the filing of an unconstitutionality action does not suspend the general effectiveness and applicability of the norms. The second is that only the acts of application of the challenged norms by the judicial authorities in the proceedings initiated before them, or by the administrative authorities in procedures aimed at exhausting the administrative channel, are suspended, but not their general validity and application. The third is that –in principle–, in cases of direct action (as occurs in the present action), the suspensive effect of the filing does not operate (see vote No. 537-91 of the Constitutional Court) (…)” (sic) (see file No. 23-002032-0007-CO, held ad effectum videndi). The Municipal Emergency Committee requested an inspection from the CNE Risk Investigation and Analysis Unit (see official letter No. CARTA-MH-AMH-DIP-GRD-055-2025 from the Risk Management Officer of the Public Investment Directorate of the Municipality of Heredia, added to the digital file). Through report No. CNE-UIAR-INF-0718-2023 of June 26, 2023, the CNE’s Risk Investigation and Analysis Unit concluded: “(…) At the request of the Municipal Emergency Committee of Heredia, on the past 12th of May a visual and qualitative risk evaluation was carried out on a terrain in the locality of San Francisco, Heredia (H-633204-1986), due to landslide problems on the boundary with the dwelling of Mrs. [Nombre 001]. The purpose of said request is to assess the stability conditions of the terrain where the slope (talud) collapse occurred, affecting the nearby dwelling, in order to analyze the risk and vulnerability due to the landslide and instability of the area, due to the resulting condition. With this visit, the risk and vulnerability due to landslide and instability in the area are analyzed, and recommendations are also issued to the inhabitants, property owners, and the Municipality of Heredia, in order to reduce the exposure and vulnerability of families due to slope instability and inadequate water management or constructions in sites not suitable for settlements (…) IV. Conclusions A. According to the CNE’s Map of Potential Natural Hazards, the area of interest is not within an area with direct influence from previously identified natural hazards, however, the scale at which these maps are made does not allow for the detail of sites with morphological irregularities or plains with flooding problems. B. The evaluated area where the stability problems are located is in a sector of medium to high slope, with varied vegetative cover, thick residual soils, and a significant percentage of clays in its composition; furthermore, poor management of surface runoff waters has been identified in the area. C. The terrain where the evaluation is carried out is located within the Bermúdez river basin, in a zone of medium slope transitioning to high slope towards the protection zone, the sector is drained by the Pirro river. D. In the evaluated terrain, some problems are observed with the management of stormwater (aguas pluviales) and surface runoff (Roofs and pipes), which are discharged towards the slope (talud) that presents stability problems, favoring its saturation and landslides (desprendimientos) during extraordinary rainfall events. E. In the visit made to the site of interest, a slope (talud) with stability problems is observed, favored by its high incline, absence of containment works (obras de contención), presence of large vegetation, and inadequate management of stormwater (aguas pluviales) in the upper part. F. In the dwelling of Mrs. [Nombre 001], damages are observed associated with possible instability problems or differential settlement processes of the soil beneath the structure, due to the loss of stability conditions of the slope (talud). V. Recommendations. A. An adequate system for the control, collection, and drainage of stormwater (aguas pluviales) and wastewater (aguas servidas) is recommended at the evaluated site and surroundings, so that these do not generate further instability and landslide (desprendimientos) problems. B. The Municipality of Heredia must remain vigilant over high-risk zones susceptible to landslides, and not grant construction permits for or allow the development of informal housing settlements in these sites. C. The progressive elimination of vegetation of great height and weight that favors landslides (desprendimientos) is recommended in the evaluated area, to be replaced by vegetation of low height, weight, and great radial development (vetiver type), which favors soil preservation. D. The Municipality of Heredia must provide the property owners adjacent to the slope (talud) that presents stability problems with resistant plastic to help protect the area from soil saturation during extreme rainfall events, which triggers landslides in the evaluated site. E. Mrs. [Nombre 001] must make the request, accompanied by the CME of Heredia, before the IMAS and other social assistance institutions, so that the possibilities for aid can be evaluated and she can carry out the stabilization works on the slope (talud) adjacent to the dwelling. F. Mrs. [Nombre 001] must remove all debris and heavy materials in the area surrounding the landslides (desprendimientos), due to the load that is added to the unstable zone susceptible to landslides. G. The results of such studies as are deemed necessary must be taken into account in the design of the various construction and containment works (obras de contención). The works implemented must be supervised by a professional affiliated with the Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, based on the standards established by the Código Sísmico, the Código de Cimentaciones, and the Reglamento de Construcciones. H. Any anomaly regarding construction techniques or omission of the recommendations described herein, IS UNDER THE TOTAL RESPONSIBILITY of the institutions that grant the permits, the engineer or person responsible for the work, and the respective Municipality for failing to request the corresponding reports, inspections, and corrections (…)” (sic) (see the evidence provided by the Municipality of Heredia, added to the digital file). On August 16, 2023, the Public Investment Directorate of the Municipality of Heredia inspected the site: “(…) An inspection is carried out at the home of Mrs. [Nombre 001], Farm Number and Cadastral Plan 4-633204-1986. This in follow-up to report CNE-UIAR-INF-0718-2023. According to what was observed in the field, it is determined that in the eastern sector of the house there are several signs of structural damage in a sector of the existing infrastructure. Fractures are observed in the exterior concrete slab and unevenness in the interior subfloor, damage to a wall with separations of approximately 2 millimeters in the pointing, among other minor alterations. Cracks are also observed in the corners of column and beam joints in some sectors. It is presumed that the landslide event generated a settlement in the terrain, which caused the damages to the property; however, the analysis of the current state of the terrain and the slope (talud) should be carried out through a geotechnical study and a detailed soil study to thoroughly determine the situation, as well as to consequently determine the slope (talud) stabilization proposal if so required according to specific studies in the area. It is recommended to analyze the possibility of an inspection by the Ministry of Health to determine a possible declaration of partial uninhabitability of the house in the sector closest to the boundary of the slope (talud). It is noted that the homeowners provisionally placed black plastic on a sector of the slope (talud). However, due to the angle at which the plastic is observed, it cannot be guaranteed that its placement is the most suitable. No pipes discharging directly onto the slope (talud) are observed from the inspection point; however, it is important to mention that the existing bamboo clumps and vegetation create an obstacle to optimal visualization. Based on what was observed, it is presumed that the house where the inspection is carried out could be invading the protection zone and exceeding (…) the eastern boundary line. Therefore, it is recommended that, if necessary, a topographical verification of said invasion be carried out. It is important to highlight that today there is infrastructure built right up to the edge of the slope (talud), which generates significant loads on the terrain. Regarding the vegetation, it is recommended by Mr. Rogers Araya that, since it is a protection zone, the way to cut or eliminate it is through a Sumario de Derribo. Said procedure must be carried out by Mrs. [Nombre 001] [Nombre 001] before an agrarian court. Finally, it is noted that Eng. Marco Alonso Chaves, through official letter DIP-DT-0267-2023, confirms through the respective technical opinion that the terrain adjacent to the east of the house of Mrs. [Nombre 001] is property of the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU). The foregoing, so that steps can be taken to manage the respective communication to said institution as appropriate (…)” (sic) (see official letter No. CARTA-MH-DIP-0175-2025 signed by the Project Engineer of the Public Investment Directorate of the Municipality of Heredia, as well as inspection report No. CNE-UIAR-INF-0718-2023, added to the digital file). On August 16, 2023, from a technical standpoint: “(…) it is concluded that the Eastern Abutter of farm number 116333, with cadastral plan number H-633204-1986, is a Remnant Farm that is the property of the INVU (…)” (sic) (see official letter No. DIP-DT-0267-2023 signed by the Municipal Surveyor, added to the digital file). On August 29, 2023, the respective technical report was sent to the protected party for her knowledge and compliance with the recommendations (see official letter No. CARTA-MH-AMH-DIP-GRD-055-2025 from the Risk Management Officer of the Public Investment Directorate of the Municipality of Heredia, added to the digital file). On August 6, 2024, the Environmental Manager of the Municipality of Heredia carried out an inspection at the site and recommended replacing the existing plastic (see official letter No. CARTA-MH-AMH-DIP-GRD-055-2025 from the Risk Management Officer of the Public Investment Directorate of the Municipality of Heredia, added to the digital file). On August 12, 2024, the Department of Fiscal and Urban Control of the Municipality of Heredia determined: “(…) That the channeling of stormwater (aguas pluviales) is not being channeled 100% toward the street curb and gutter (cordón de caño), this because in the rear part of the dwelling it is channeled toward the river slope (talud), or it flows to that location over the concrete. Actions are observed that contravene the provisions of the legal system: Stormwater (Aguas pluviales) channeled to the street curb and gutter (caño) and the storm sewer system Art. 118. Wastewater treatment (Tratamiento de aguas residuales), Art. 121. Storm drainage (Drenaje pluvial), Art. 426. Pipe location (Ubicación de tuberías) and Art. 434. Structures for sanitary networks of the Reglamento de Construcciones) Article 14, subsections e), q) and r) of the Reglamento de Control Constructivo, art. 89 subsection d) and h) Ley de Construcciones, articles 84 and 85 municipal code You are hereby warned (Se le previene) that you must comply with the following provisions: Stormwater (Aguas pluviales) from downspouts and gutters must be collected and properly channeled to the street curb and gutter (caño) and storm sewer network In order to normalize the indicated situations, you are granted @DIAS_PLAZO@ BUSINESS DAYS, once this period has elapsed without compliance with what is ordered, the Municipality will proceed to impose the corresponding fines, which will be reflected in the property's municipal tax billing. Disobedience to this order could result in the crime of disobedience to authority, which is punishable by imprisonment of 6 months to 3 years in accordance with article 314 of the Código Penal. THIS ACT HAS THE RECOURSES OF REVOCATION BEFORE THE DEPARTMENT OF FISCAL AND URBAN CONTROL AND SUBSIDIARY APPEAL BEFORE THE MUNICIPAL MAYOR'S OFFICE, WITHIN A PERIOD OF @DIAS_PLAZO@ BUSINESS DAYS IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 171 OF THE CÓDIGO MUNICIPAL For a response to this notification to the Email: [email protected] / [email protected]. NON-COMPLIANCE WITH THIS WARNING (PREVENCION) CONSTITUTES A VIOLATION OF ARTICLE 89 OF THE LEY DE CONSTRUCCIONES, WHICH IS SANCTIONED ACCORDING TO THE SEVERITY OF THE NON-COMPLIANCE WITH THE IMPOSITION OF FINES, CLOSURE (CLAUSURA), VACATION (DESOCUPACION), OR DEMOLITION TO REPORT COMPLIANCE WITH THIS WARNING (PREVENCIÓN), NOTIFY IT TO THE EMAIL: [email protected] / [email protected] Observations: The property owner is notified at the dwelling (…)” (sic) (see official letter No. CARTA-MH-AMH-DIP-GRD-055-2025 from the Risk Management Officer of the Public Investment Directorate of the Municipality of Heredia, as well as record No. CFU-NCO-AVS-004083-2024 CONSTRUCCION, added to the digital file). In 2025, the Municipality of Heredia brought the issue to the attention of the INVU (the records). Through official letter No. CDUV-024-02-2025 of February 19, 2025, the Director of Urbanism and Housing of the INVU replied to the Municipality of Heredia: “(…) Please receive a cordial greeting, in response to the email received by you where you record the Technical Report on a landslide occurring on the property of Mrs. [Nombre 001] [Nombre 001] located in Heredia in the Urbanización Bernardo Benavides, which is referred for my consideration. It should be clarified that this Institute does not have its own financing lines that could assist Mrs. [Nombre 001]; related to the deficiencies indicated in the report of the Comisión Nacional de Emergencias, however, through the housing bond subsidy (subsidio del bono de vivienda), Mrs. [Nombre 001] could access a bond for improvements and repairs that could help mitigate the negative effects that the inadequate management of stormwater (aguas pluviales) indicated in the CNE report may be generating. Under this premise, Mrs. [Nombre 001] may go to any authorized entity of the National Financial System for Housing (see BANHVI website: Authorized Entities), for the purpose of receiving information and the necessary requirements for the analysis of a subsidy that could improve the condition of her dwelling. Regarding mitigation works in the riverbed, if deemed necessary by the Municipality of Heredia, we remain attentive in case the INVU’s technical support is required (…)” (sic) (see the evidence provided by the Municipality of Heredia, added to the digital file). At the beginning of March 2025, the petitioner (amparada) filed a request before the INVU (uncontested fact). Through official letter No. CDUV-042-03-2025 of March 24, 2025, the Director of Urbanism and Housing of the INVU replied to the protected party: “(…) the topic in question was also addressed and a timely response was provided to the Municipality of Heredia through official letter CDUV-024-02-2025, which states the following (…)” (sic) (see the evidence provided by the appellant, added to the digital file). As of April 30, 2025, as specified by the Acting Head of the Real Estate Investment Fund Unit of the INVU: “(…) In this case, through an agreement with the Municipality, it could support the execution of works required on the eastern bank of the Pirro river, specifically in the sector of the Urbanización Bernardo Benavides; since, although the damages began at the dwelling of Mrs. [Nombre 001], the erosion process will continue progressively if the necessary mitigation works are not implemented. Regarding the Institution's capacity, it is unable to act, especially when the situation arises from the riverbed, likewise, it does not have suitable personnel to assess storm, geological risks, etc., nor machinery to attend to these emergencies. It is for this reason that the intervention of the Municipality of Heredia is required, to manage the recommendations given in the report of the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias CNE-UIAR-INF-0718-2023, in order to safeguard the human safety of the inhabitants of the Urbanización Bernardo Benavides (…)” (sic) (see official letter No. DPH-UFIBI-0153-2025 provided by the INVU, added to the digital file). On March 20, 2025, the Municipality of Heredia referred the petitioner's (amparada) case to the Rector Health Area of Heredia (see official letter No. CARTA-MH-AMH-DIP-GRD-055-2025 from the Risk Management Officer of the Public Investment Directorate of the Municipality of Heredia, added to the digital file). Through official letter No. CARTA-MS-DRRSCN-DARSH-1011-2025 of April 3, 2025, the Rector Health Area of Heredia replied to the Municipality of Heredia: “(…) on the past 1st of April of this year, an assessment was carried out at the dwelling of Mrs. [Nombre 001], located 250 m south of the Las Américas mini-supermarket, house 215, Urbanización Bernardo Benavides. On that occasion, Mrs. [Nombre 001] attended, who accompanied us during the assessment and application of the physical-sanitary housing inspection guide. The following is derived from said inspection: 1. The property has two dwellings, one of which borders the river on the eastern sector. It is in this sector where a landslide (deslizamiento) of the slope (talud) towards the river occurred, and at the time of the inspection, said sector had a plastic cover which, according to the property owner, was placed by municipal personnel. Regarding this property, there is no clarity as to whether it is invading the river's protection zone, since the evaluation carried out only indicates that there is a remnant farm that is the property of the Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU) (official letter DIP-DT-0267-2023). On the other hand, in response to your inquiry made to the INVU, it is only indicated that the institution does not have financing to assist Mrs. [Nombre 001], without referring to the intervention of the remnant farm owned by the entity. 2. The dwelling where the son of Mrs. [Nombre 001] lives presents cracks in the north wall, which appeared prior to the relocation and channeling of the stormwater (aguas pluviales), which suggests it was generating direct flooding onto the slope (talud). Inside the dwelling, on ceilings, floors, and other walls, there is no tangible evidence of the need for a declaration of uninhabitability (inhabitabilidad) to date. This implies a need to intervene and stabilize the slope (talud) as soon as possible, as further damage must be avoided that could even lead to the collapse of the dwelling. 3. The dwelling is built of concrete block and concrete, and has ceilings, interior roof sheathing, and floors in good condition, and it is single-story. Only the previously mentioned wall and a sector of the patio present cracking. The electrical installation has a circuit breaker box, as well as a grounding connection, and does not present exposed wires. Due to the foregoing, notifying a declaration of uninhabitability (inhabitabilidad) does not apply at this time as there is no structural damage warranting immediate eviction. The greatest urgency lies in intervening in the slope (talud) that is sliding (deslizando), since it could not only generate significant damage with the associated risks to the integrity of the persons. In light of the foregoing, the Municipality of Heredia and the INVU must agree on the manner and responsible parties for intervening in the problem, because in a short time the continuation of the landslide (deslizamiento) could generate damage not only to the dwelling and residents of the property of Mrs. [Nombre 001], but also to neighboring houses (…)” (sic) (see report No. CARTA-MS-DRRSCN-DARSH-1011-2025 of the Rector Health Area of Heredia, added to the digital file). On April 28, 2025, the initial order of the amparo action was notified to the INVU (see the digital notification record). On April 28, 2025, the initial order of the amparo action was notified to the CNE (see the digital notification record). On April 30, 2025, and May 2, 2025, the initial order of the amparo action was notified to the authorities of the Municipality of Heredia (see the notification records added to the digital file). IV.- Regarding the specific case. From the statement of proven facts, it is evident that on August 25, 2022, the Municipal Emergency Committee of Heredia received via 9-1-1 a report related to the damage to the property where the protected party resides, given the erosion of the banks of the Pirris river, which has compromised the stability of the slope (talud). On October 17, 2022, the petitioner (amparada) filed a formal complaint regarding the situation before the Municipality of Heredia. The Municipal Emergency Committee requested an inspection from the CNE Risk Investigation and Analysis Unit. Through report No. CNE-UIAR-INF-0718-2023 of June 26, 2023, the CNE’s Risk Investigation and Analysis Unit concluded: “(…) At the request of the Municipal Emergency Committee of Heredia, on the past 12th of May a visual and qualitative risk evaluation was carried out on a terrain in the locality of San Francisco, Heredia (H-633204-1986), due to landslide problems on the boundary with the dwelling of Mrs. [Nombre 001]. The purpose of said request is to assess the stability conditions of the terrain where the slope (talud) collapse occurred, affecting the nearby dwelling, in order to analyze the risk and vulnerability due to the landslide and instability of the area, due to the resulting condition. With this visit, the risk and vulnerability due to landslide and instability in the area are analyzed, and recommendations are also issued to the inhabitants, property owners, and the Municipality of Heredia, in order to reduce the exposure and vulnerability of families due to slope instability and inadequate water management or constructions in sites not suitable for settlements (…) IV. Conclusions A. According to the CNE’s Map of Potential Natural Hazards, the area of interest is not within an area with direct influence from previously identified natural hazards, however, the scale at which these maps are made does not allow for the detail of sites with morphological irregularities or plains with flooding problems. B. The evaluated area where the stability problems are located is in a sector of medium to high slope, with varied vegetative cover, thick residual soils, and a significant percentage of clays in its composition; furthermore, poor management of surface runoff waters has been identified in the area. C. The terrain where the evaluation is carried out is located within the Bermúdez river basin, in a zone of medium slope transitioning to high slope towards the protection zone, the sector is drained by the Pirro river. D. In the evaluated terrain, some problems are observed with the management of stormwater (aguas pluviales) and surface runoff (Roofs and pipes), which are discharged towards the slope (talud) that presents stability problems, favoring its saturation and landslides (desprendimientos) during extraordinary rainfall events. E. In the visit made to the site of interest, a slope (talud) with stability problems is observed, favored by its high incline, absence of containment works (obras de contención), presence of large vegetation, and inadequate management of stormwater (aguas pluviales) in the upper part. F. In the dwelling of Mrs. [Nombre 001], damages are observed associated with possible instability problems or differential settlement processes of the soil beneath the structure, due to the loss of stability conditions of the slope (talud). V. Recommendations. A. An adequate system for the control, collection, and drainage of stormwater and wastewater (aguas servidas) is recommended at the evaluated site and surroundings, so that these do not generate further instability and landslide (desprendimientos) problems. B. The Municipality of Heredia must remain vigilant over high-risk zones susceptible to landslides, and not grant construction permits for or allow the development of informal housing settlements in these sites. C. The progressive elimination of vegetation of great height and weight that favors landslides (desprendimientos) is recommended in the evaluated area, to be replaced by vegetation of low height, weight, and great radial development (vetiver type), which favors soil preservation. D. The Municipality of Heredia must provide the property owners adjacent to the slope (talud) that presents stability problems with resistant plastic to help protect the area from soil saturation during extreme rainfall events, which triggers landslides in the evaluated site. E. Mrs. [Nombre 001] must make the request, accompanied by the CME of Heredia, before the IMAS and other social assistance institutions, so that the possibilities for aid can be evaluated and she can carry out the stabilization works on the slope (talud) adjacent to the dwelling. F. Mrs. [Nombre 001] must remove all debris and heavy materials in the area surrounding the landslides (desprendimientos), due to the load that is added to the unstable zone susceptible to landslides. G. The results of such studies as are deemed necessary must be taken into account in the design of the various construction and containment works (obras de contención). The works implemented must be supervised by a professional affiliated with the Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, based on the standards established by the Código Sísmico, the Código de Cimentaciones, and the Reglamento de Construcciones. H. Any anomaly regarding construction techniques or omission of the recommendations described herein, IS UNDER THE TOTAL RESPONSIBILITY of the institutions that grant the permits, the engineer or person responsible for the work, and the respective Municipality for failing to request the corresponding reports, inspections, and corrections (…)” (sic) (the emphasis does not belong to the original). On August 16, 2023, the Public Investment Directorate of the Municipality of Heredia inspected the site: “(…) An inspection is carried out at the home of Mrs. [Nombre 001], Farm Number and Cadastral Plan 4-633204-1986. This in follow-up to report CNE-UIAR-INF-0718-2023. According to what was observed in the field, it is determined that in the eastern sector of the house there are several signs of structural damage in a sector of the existing infrastructure. Fractures are observed in the exterior concrete slab and unevenness in the interior subfloor, damage to a wall with separations of approximately 2 millimeters in the pointing, among other minor alterations. Cracks are also observed in the corners of column and beam joints in some sectors. It is presumed that the landslide event generated a settlement in the terrain, which caused the damages to the property; however, the analysis of the current state of the terrain and the slope (talud) should be carried out through a geotechnical study and a detailed soil study to thoroughly determine the situation, as well as to consequently determine the slope (talud) stabilization proposal if so required according to specific studies in the area. It is recommended to analyze the possibility of an inspection by the Ministry of Health to determine a possible declaration of partial uninhabitability of the house in the sector closest to the boundary of the slope (talud). It is noted that the homeowners provisionally placed black plastic on a sector of the slope (talud). However, due to the angle at which the plastic is observed, it cannot be guaranteed that its placement is the most suitable. No pipes discharging directly onto the slope (talud) are observed from the inspection point; however, it is important to mention that the existing bamboo clumps and vegetation create an obstacle to optimal visualization. Based on what was observed, it is presumed that the house where the inspection is carried out could be invading the protection zone and exceeding (…) the eastern boundary line. Therefore, it is recommended that, if necessary, a topographical verification of said invasion be carried out. It is important to highlight that today there is infrastructure built right up to the edge of the slope (talud), which generates significant loads on the terrain. Regarding the vegetation, it is recommended by Mr. Rogers Araya that, since it is a protection zone, the way to cut or eliminate it is through a Sumario de Derribo. Said procedure must be carried out by Mrs. [Nombre 001] [Nombre 001] before an agrarian court. Finally, it is noted that Eng. Marco Alonso Chaves, through official letter DIP-DT-0267-2023, confirms through the respective technical opinion that the terrain adjacent to the east of the house of Mrs. [Nombre 001] is property of the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU). The foregoing, so that the respective communication to said institution may be processed for whatever is appropriate (…)” (sic) (emphasis not in the original). That same day, from a technical standpoint: “(…) it is concluded that the Eastern Adjoiner of property number 116333, with cadastral map number H-633204-1986, is a Remnant Property (Resto de Finca) that is owned by the INVU (…)” (sic). On August 29, 2023, the respective technical report was sent to the petitioner, for her knowledge and compliance with the recommendations. On August 6, 2024, the Environmental Manager of the Municipality of Heredia conducted an on-site inspection and recommended the replacement of the existing plastic. On August 12, 2024, the Department of Fiscal and Urban Control of the Municipality of Heredia determined: “(…) That the channeling of stormwater (aguas pluviales) is not being channeled 100% to the curb and gutter (cordón de caño), because at the rear of the dwelling it is channeled towards the river slope (talud), or it runs off onto the concrete at that location. Actions that contravene the provisions of the legal system are observed: Stormwater channeled to the gutter and storm sewer system Art. 118. Wastewater treatment, Art. 121. Storm drainage, Art. 426. Pipe location and Art. 434. Structures for sanitary networks of the Construction Regulations) Article 14, subsections e), q) and r) of the Construction Control Regulations, Art. 89 subsections d) and h) Construction Law, articles 84 and 85 municipal code. You are warned that you must comply with the following provisions: Stormwater from downspouts and gutters must be collected and properly channeled to the gutter and storm sewer network. In order to normalize the indicated situations, you are granted a period of @DIAS_PLAZO@ WORKING DAYS. Once this period has elapsed, without compliance with the order, the Municipality will proceed to impose the corresponding fines, which will be reflected in the municipal tax billing for the property. Disobedience to this order could incur the crime of disobedience to authority, which is punishable by imprisonment of 6 months to 3 years in accordance with article 314 of the Penal Code. THIS ACT HAS THE REMEDIES OF REVOCATION BEFORE THE DEPARTMENT OF FISCAL AND URBAN CONTROL AND A SUBSIDIARY APPEAL BEFORE THE MUNICIPAL MAYOR'S OFFICE, WITHIN THE PERIOD OF @DIAS_PLAZO@ WORKING DAYS IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 171 OF THE MUNICIPAL CODE. To respond to this notification to the email: [email protected] / [email protected]. FAILURE TO COMPLY WITH THIS WARNING CONSTITUTES A VIOLATION OF ARTICLE 89 OF THE CONSTRUCTION LAW, WHICH IS SANCTIONED ACCORDING TO THE SEVERITY OF THE NON-COMPLIANCE WITH THE IMPOSITION OF FINES, CLOSURE, VACATION OR DEMOLITION. TO REPORT COMPLIANCE WITH THIS WARNING, NOTIFY THE EMAIL: [email protected] / [email protected]. Observations: The owner is notified at her dwelling house (…)” (sic) (emphasis not in the original). In 2025, the Municipality of Heredia brought the problem to the attention of the INVU. By means of official letter No. CDUV-024-02-2025 of February 19, 2025, the Director of Urbanism and Housing of the INVU replied to the Municipality of Heredia: “(…) in response to the email received from you in which you record the Technical Report on the landslide occurring on the property of Mrs. [Name 001] [Name 001] located in Heredia in the Bernardo Benavides Urbanization, which is submitted for my consideration. It should be clarified that this Institute does not have its own financing lines that could assist Mrs. [Name 001]; regarding the deficiencies indicated in the report of the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response (Comisión Nacional de Emergencias), however, through the housing bond subsidy, Mrs. [Name 001] could access a bond for improvements and repairs that can help mitigate the negative effects that may be generated by the inadequate management of stormwater (aguas pluviales) indicated in the CNE report. Under this premise, Mrs. [Name 001], you may go to any authorized entity of the national financial system for housing (see BANHVI website: Authorized Entities), for the purpose of receiving information and the necessary requirements for the analysis of a subsidy that may improve the condition of your dwelling. As for the mitigation works in the river channel, if deemed necessary, the Municipality of Heredia, we remain attentive in case technical support from the INVU is required (…)” (sic) (emphasis not in the original). In early March 2025, the protected party filed a request before the INVU. By means of official letter No. CDUV-042-03-2025 of March 24, 2025, the Director of Urbanism and Housing of the INVU replied to the petitioner: “(…) the matter mentioned was also addressed and a timely response was provided to the Municipality of Heredia through official letter CDUV-024-02-2025 which states the following (…)” (sic). As of April 30, 2025, as specified by the Acting Head of the Real Estate Investment Fund Unit of the INVU: “(…) In this case, through an agreement with the Municipality, it could support the execution of works required on the eastern bank of the Pirro River, specifically in the Bernardo Benavides Urbanization sector; since, although the impacts began at the dwelling of Mrs. [Name 001], the erosion process will continue progressively if the necessary mitigation works are not implemented. Regarding the Institution's capacity, it is unable to act, especially when the situation arises from the river channel, likewise, it does not have suitable personnel to assess pluvial, geological risks, etc., nor machinery to address these emergencies. It is for the foregoing that the intervention of the Municipality of Heredia is required, to manage the recommendations given in the report of the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response CNE-UIAR-INF-0718-2023, in order to safeguard the human safety of the inhabitants of the Bernardo Benavides Urbanization (…)” (sic) (emphasis not in the original). On March 20, 2025, the Municipality of Heredia referred the petitioner's case to the Heredia Governing Health Area (Área Rectora de Salud de Heredia). By means of official letter No. CARTA-MS-DRRSCN-DARSH-1011-2025 of April 3, 2025, the Heredia Governing Health Area replied to the Municipality of Heredia: “(…) on April 1st of this year, an assessment was conducted at the dwelling of Mrs. [Name 001], located 250 m south of the Las Américas mini-supermarket, house 215, Bernardo Benavides Urbanization. On that occasion, Mrs. [Name 001] attended, who accompanied us during the assessment and application of the physical-sanitary housing inspection guide. From said inspection, the following emerges: 1. The property has two dwellings, one of which adjoins the river on the eastern sector. It is in this sector where a landslide of the slope (talud) towards the river occurred, and at the time of the inspection, this sector had a plastic cover that, according to the owner, was placed by municipal personnel. There is no clarity as to whether this property is encroaching upon the river protection zone, since the assessment performed only indicates that there is a remnant property (resto de finca) owned by the Institute of Housing and Urbanism (INVU) (official letter DIP-DT-0267-2023). On the other hand, regarding your inquiry made to the INVU, it is only indicated that the institution does not have funding to assist Mrs. [Name 001], without making any reference to the intervention of the remnant property owned by the entity. 2. The dwelling where Mrs. [Name 001]'s son lives has cracks in the north wall, which appeared prior to the relocation and channeling of stormwater (aguas pluviales), which suggests it was generating direct flooding onto the slope (talud). Inside the dwelling, both on ceilings, floors, and other walls, there is no tangible evidence of the need for an uninhabitability declaration as of this date. This implies a need to intervene and stabilize the slope (talud) as soon as possible, as a greater impact that could even lead to the collapse of the dwelling must be avoided. 3. The dwelling is built of concrete block (block) and concrete, and has roofs, ceilings, and floors in good condition, and it is a single-story. Only the previously mentioned wall and a sector of the patio show cracks. The electrical installation has a circuit breaker box, as well as a ground connection, and has no exposed wires. For the foregoing reasons, as of this date, it is not appropriate to notify an uninhabitability declaration as there are no structural damages warranting immediate eviction. The greatest urgency lies in intervening the slope (talud) that is sliding, since it could not only generate significant impacts with the associated risks to the integrity of persons. In light of the above, the Municipality of Heredia and the INVU must agree on the manner and those responsible for intervening in the problem, because in the short term, the continuation of the landslide can generate not only impacts on the dwelling and occupants of Mrs. [Name 001]'s property, but also on neighboring houses (…)” (sic) (emphasis not in the original). V.- Based on the foregoing, it can be affirmed: a) the Municipality of Heredia has been aware of the problem since August 25, 2022; b) despite the fact that since August 16, 2023, the need for the INVU to intervene to address the situation was technically defined, it was not until March 2025 that it forwarded the matter; c) the INVU, instead of responding to the requirement with some proposal to solve the problem, proved evasive in assuming any responsibility; d) such attitude was reiterated in the response given by this institution to the protected party on March 24, 2025; e) the inspections carried out by the municipal authorities themselves, the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response, as well as by the Heredia Governing Health Area, are conclusive as to the existence of an impact on the slope (talud), given the runoff of the Pirris River, as well as the need to take measures; f) the respondent territorial corporation even previously issued instructions to the petitioner herself to correct detected anomalies, the follow-up and compliance with which were not accredited; g) for its part, the INVU excuses itself based on a lack of operational capacities to intervene, but the Acting Head of the Real Estate Investment Fund Unit of the INVU also stated: “(…) In this case, through an agreement with the Municipality, it could support the execution of works required on the eastern bank of the Pirro River, specifically in the Bernardo Benavides Urbanization sector; since, although the impacts began at the dwelling of Mrs. [Name 001], the erosion process will continue progressively if the necessary mitigation works are not implemented (…)” (sic); h) no coordination efforts by the INVU with the Municipality of Heredia are evident to determine and execute a viable solution to the existing problem; and i) the Heredia Governing Health Area was emphatic about the need for an intervention as soon as possible or with urgency. VI.- In their report, the authorities of the Municipality of Heredia justified the delay in acting with the following claim: “(…) In addition to the legal impossibility of the Municipality to intervene on a property that does not belong to it, it is necessary to indicate that the Forestry Law (Ley Forestal), number 7575, in accordance with numerals 33 bis and 33 ter, establishes the procedure for carrying out works in zones such as the one in the specific case. However, given the reform to article 33 of the cited law; on the registration of civil works in protection zones, according to the scope of articles 33 bis and 33 ter of the law in question, said modification currently has an Action of Unconstitutionality (Acción de Inconstitucionalidad) against it, case file number 23-002032-0007-CO (…) Added to the filed action, the regulation required for the application of said law has not been approved nor duly published, this being the one that would regulate said procedure and application of this law. It is for the foregoing that it is currently not possible to process the permits established in the law, until the filed action is resolved and the corresponding regulation is approved and duly published, therefore there is an impossibility for this municipality if it attempted to intervene in carrying out works for the stabilization of the adjoining slope (talud) of Mrs. [Name 001]'s dwelling, as a result of this action of unconstitutionality, works permits could not be generated in the mentioned zone as it is a protection zone (…)” (sic). However, they overlook the fact that the problem affecting the petitioner was brought to the knowledge of the territorial corporation on August 25, 2022, and the Action of Unconstitutionality No. 23-002032-0007-CO was admitted by means of the ruling of 2:35 p.m. on February 6, 2023, that is, more than 5 months later. In any case, from reading the issued ruling, the following emerges with crystal clarity: “(…) Legal effects of the filing of the action: The publication provided for in numeral 81 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional) aims to inform the courts and the bodies that exhaust the administrative channel that the unconstitutionality claim has been filed, so that in the processes or proceedings in which the application of the law, decree, provision, agreement, or resolution is discussed, no final resolution is issued either while the Chamber has not issued a ruling on the case. Several rules are extracted from this legal precept. The first, and perhaps the most important, is that the filing of an action of unconstitutionality does not suspend the general effectiveness and applicability of the rules. The second is that only the acts of application of the challenged rules are suspended by the judicial authorities in the proceedings brought before them, or by the administrative authorities in the proceedings aimed at exhausting the administrative channel, but not their general validity and application. The third is that –in principle–, in cases of direct action (as occurs in the present action), the suspensive effect of the filing does not operate (see vote No. 537-91 of the Constitutional Court) (…)” (sic) (emphasis not in the original). VII.- That being the case, the Municipality of Heredia and the INVU must provide what is necessary and coordinate what is pertinent to find and implement a solution to the reported problem, in accordance with the current infra-constitutional legal system. It must be stressed, the Heredia Governing Health Area was emphatic about the need for an intervention as soon as possible or with urgency. VIII.- Conclusion. Under this set of circumstances, it is imperative to grant the appeal, with the consequences specified in the operative part of this judgment. IX.- Note from Justice Castillo Víquez, regarding prompt and complete administrative justice. I have supported this Court's thesis that when a petitioner alleges a violation of the right to prompt and complete justice in administrative proceedings, those who must hear the legal dispute are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. Now, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is subject to judicial protection through the amparo remedy established by article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted legislation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, which, based on numeral 7 of its Law, is exclusively responsible for defining its own jurisdiction. Therefore, except for those constitutional-legal disputes that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases that can indeed be heard in this jurisdiction through the constitutional guarantee process of amparo, in all other cases, and for the reasons given by this Court (judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent ones are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, Constitutional Law (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms, based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system. X.- Note from Justice Salazar Alvarado. In principle, I consider that cases related to the activity or inactivity of the Public Administration in the repair, construction, modification, or demolition of any infrastructure work must be dismissed, as such an omission constitutes a legality issue, the discussion of which corresponds to the ordinary jurisdiction, before which the interested person can debate their disagreements with greater scope. However, when some violation of other fundamental rights protected in this constitutional jurisdiction derives from that administrative conduct (omissive or otherwise), or when groups considered vulnerable are affected, I do proceed to hear the merits of the matter, as this situation constitutes an exception to my position on this matter, as happens in this case, in which the appellant accuses the Administration of delay in addressing complaints regarding the undercutting (socavación) of a slope (talud) that endangers the life and property where the petitioner resides. XI.- Partial dissenting vote of Justice Garro Vargas, regarding the operative part of this judgment. While I agree with the majority of the Chamber that the appeal must be granted, I differ on where to place the enforcement phase of the matter, due to the lack of adequate mechanisms provided for by the regulations governing this constitutional jurisdiction to follow up on a judgment that involves highly complex technical aspects, as is the case here, so that within six months, counted from the notification of this judgment, the National Institute of Housing and Urbanism (INVU) and the Municipality of Heredia definitively and in accordance with the applicable Law resolve the problem affecting the property where the petitioner resides; this, due to the erosion generated by the Pirris River, and she be formally notified of what is ordered. Instead, what is provided by the Contentious-Administrative Procedural Code regarding enforcement (article 155 and following) has clear advantages, such as the possibility of requesting schedules, imposing fines, establishing liabilities, overseeing compliance stages, etc. Therefore, in accordance with the provisions of article 56 of the Law of Constitutional Jurisdiction, I believe that the enforcement phase must take place before the Enforcement Division of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court, under the judgment enforcement rules of said Code. XII.- Documentation provided to the case file. The parties are warned that if any document on paper has been provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 working days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not removed within this period will be destroyed, as provided in the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI. Therefore: The appeal is granted. It is ordered that Cristian Solano Sánchez, in his capacity as Acting General Manager of the National Institute of Housing and Urbanism (INVU), Ángela Ileana Aguilar Vargas, José Pablo Quesada Castro, Víctor Andrés Sánchez González, Rodolfo Rothe Cordero, and José Guillermo Cubillo Murillo, in their respective capacities as Mayor, Council President, Coordinator of the Municipal Emergency Commission and Vice Mayor, Road Management Manager, and Head of Maintenance and Works, all of the Municipality of Heredia, or whoever acts in their stead, issue the orders within the scope of their competencies and coordinate what is necessary so that, within a period of SIX MONTHS counted from the notification of this judgment, the problem affecting the property where the petitioner resides, due to the erosion generated by the Pirris River, is resolved definitively and in accordance with the applicable Law, and she is formally notified of what is ordered. The respondent authorities are warned that in accordance with article 71 of the Law of this Jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and fails to comply with it or fails to enforce it, provided that the crime is not more severely punished. The National Institute of Housing and Urbanism (INVU) and the Municipality of Heredia are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this ruling, which will be liquidated in the enforcement of judgment of the contentious-administrative jurisdiction. Justice Castillo Víquez enters a note. Justice Salazar Alvarado enters a note. Justice Garro Vargas dissents regarding the enforcement of this judgment and, in accordance with article 56 of the Law of Constitutional Jurisdiction, orders that it must be carried out before the Enforcement Division of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court, under the enforcement rules established in articles 155 and following of the Contentious-Administrative Procedural Code. Likewise, she orders that a copy of the judgment be sent so that the enforcement procedures for this ruling may commence. Notify. \t Fernando Castillo V. President \t Fernando Cruz C. \t \t Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. \t \t Jorge Araya G. Anamari Garro V. \t \t Ingrid Hess H. Digitally Signed Document -- Verification Code -- EKMQG17O0AM61 CASE FILE N° 25-010901-0007-CO Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Morenos Street, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro Church). Classification prepared by the CONSTITUTIONAL CHAMBER of the Judiciary. Its reproduction and/or distribution for profit is prohibited. It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 10:55:12. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República