Res. 24898-2025 Sala Constitucional — Right to Safe School Cafeteria and Healthy Environment in EducationDerecho a comedor seguro y ambiente sano en centro educativo

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Sala Constitucional

Resolución Nº 24898 - 2025

Fecha de la Resolución: 08 de Agosto del 2025 a las 09:20

Expediente: 25-017583-0007-CO

Redactado por: Jorge Araya Garcia

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con nota separada

Indicadores de Relevancia

Sentencia relevante

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: EDUCACIÓN

Subtemas:

INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.

024898-25. SE ACUSA QUE COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE OROTINA, NO CUENTA CON ESPACIO PARA COMEDOR. SE ORDENA AL MINISTRO DE EDUCACIÓN, REALIZAR LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y LAS GESTIONES PERTINENTES PARA QUE: 1) EN EL PLAZO MÁXIMO DE DIEZ DÍAS, SE VERIFIQUE EL ESTADO ACTUAL DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DEL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL RICARDO CASTRO BEER Y SE DETERMINEN LOS HALLAZGOS URGENTES DE INTERVENIR, 2) QUE EN UN PLAZO NO MAYOR A UN MES, CONTADO A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE ESTA RESOLUCIÓN, SE EMITAN LAS ÓRDENES Y ACCIONES URGENTES Y PROVISIONALES QUE RESULTEN PROCEDENTES, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA SALUD, HIGIENE, SEGURIDAD E INTEGRIDAD FÍSICA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA, DOCENTE Y ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL RICARDO CASTRO BEER, EN LO QUE RESPECTA AL LUGAR DONDE ESTÁ DISPUESTO EL COMEDOR ESTUDIANTIL. 3) DENTRO DE ESE MISMO PLAZO, SE DEBERÁ REMITIR UN INFORME DIRIGIDO A ESTA SALA, EN EL QUE SE COMUNIQUEN LOS HALLAZGOS OBTENIDOS Y LAS ACCIONES ADOPTADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA. 4) QUE, EN EL PLAZO MÁXIMO DE DOCE MESES ESTABLECIDO EN LA SENTENCIA NO. 2025023150 DE LAS 09:20 HORAS DEL 24 DE JULIO DE 2025, SE ADOPTEN Y EJECUTEN LAS MEDIDAS DEFINITIVAS NECESARIAS QUE PERMITAN LA UTILIZACIÓN SEGURA DE UN COMEDOR DEL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL RICARDO CASTRO BEER, DE CONFORMIDAD CON LOS HALLAZGOS Y ÓRDENES EMITIDAS POR EL ÁREA RECTORA DE SALUD DE OROTINA DEL MINISTERIO DE SALUD, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA MEDIDA NO URGENTE QUE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA HAYA IDENTIFICADO COMO NECESARIA PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA SALUD Y A UN MEDIO AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. RGS08/2025

“(…) Ahora bien, conviene indicar que la jurisprudencia de esta Sala ha resuelto que existe un derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado en los centros de educación pública administrados por el Ministerio de Educación Pública:

“III.- TOCANTE AL DERECHO A GOZAR DE UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN.- El derecho a la salud reconocido en los artículos 21 de la Constitución Política, 1 y 11 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos, se encuentra íntimamente ligado al derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, consagrado en el artículo 50 constitucional. La calidad ambiental es un parámetro fundamental de la calidad de vida; al igual que la salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, entre otros. En consecuencia, el Estado tiene la obligación de procurar una protección adecuada al ambiente, para lo cual debe tomar las medidas necesarias a fin de que el medio esté libre de contaminación, y que las alteraciones producidas tanto por el hombre como por la naturaleza, en el entorno próximo o lejano, no constituyan una lesión al ambiente ni a la salud de las personas que en él habitan. Se reconoce especialmente este derecho cuando está asociado a otros derechos fundamentales, como lo sería el derecho a la educación. Este último se configura como un derecho fundamental, el cual se traduce en el servicio público que brinda el Estado en los distintos centros educativos del país. Por lo tanto, lo menos que puede hacer el Estado es que al brindar la prestación de este servicio público no lesione otros derechos fundamentales, como sería el derecho a la salud y a un ambiente sano, tanto de los estudiantes como del personal docente y administrativo de la institución educativa (véanse en este sentido, entre otras, sentencias No. 2007-017719 de las 15:50 horas de 5 de diciembre de 2007, No. 2012-014633 de las 9:05 horas de 19 de octubre del 2012, No. 2018-003873 de las 09:30 horas de 9 de marzo de 2018)”.

 Así las cosas, y de conformidad con el elenco de hechos probados y las consideraciones expuestas en este considerando, se aprecia que el Ministerio de Educación Pública no ha garantizado adecuadamente el derecho a la salud ni el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado de la comunidad educativa. Nótese que, al menos desde el año 2021, se tiene conocimiento sobre las condiciones del comedor estudiantil, lo que motivó la emisión de órdenes sanitarias y la elaboración de cronogramas para atender diversas falencias en la infraestructura. No menos importante, del propio informe del MEP se desprende que han existido atrasos en el cumplimiento del cronograma propuesto al Ministerio de Salud, lo cual agrava aún más la afectación a los derechos de la comunidad educativa. Asimismo, en dicho informe se reconoce la necesidad de adoptar medidas prioritarias en relación con el comedor estudiantil. Se destaca, además, que según el informe del Ministerio de Salud, consta que el 24 de junio de 2025, mediante el acta de inspección ocular N.° 588-2025 del Área Rectora de Salud de Orotina, se reafirmó que no existe evidencia de ejecución de las etapas del plan correctivo por parte de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE), aunque se mantiene programado el inicio de las obras para septiembre de 2025. En definitiva, se evidenció que las no conformidades en el comedor del Colegio Técnico Profesional Ricardo Castro Beer persisten. En consecuencia, lo que procede es declarar con lugar el recurso, en relación con el Ministerio de Educación Pública, pues sin duda es imperativo dotar de condiciones adecuadas de higiene, salubridad y seguridad a un comedor estudiantil -sea modificando el espacio actual, si técnicamente procede o la reubicación a otro lugar-, con el fin de garantizar el derecho a la salud, a la alimentación, a la educación y al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado.(…)”

“(…) esta Sala Constitucional en la sentencia No. 2025023150 de las 09:20 horas del 24 de julio de 2025, se conoció de un recurso de amparo promovido por el director del CTP Ricardo Castro Beer. En dicho expediente -que se tiene ad effectum videndi et probandi- se tuvo por objeto, lo siguiente:

“I.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente alega que es director del Colegio Técnico Profesional Ricardo Castro Beer y, desde el año 2021, y que el MEP no ha atendido las múltiples gestiones para mejorar la infraestructura del centro educativo. Detalla que algunos servicios sanitarios están inhabilitados por obstrucciones en los sistemas de drenaje, hay problemas en techos y cielorrasos, pues algunos sectores tienen corrosión, filtraciones de agua y riesgo de desprendimiento, y se han reportado fallas en el sistema eléctrico, incluyendo sobrecargas, cortocircuitos y cables expuestos, además, hay falta de accesibilidad, pues las rampas y sanitarios no cumplen con la Ley N° 7600. Agrega que hay problemas de abastecimiento de agua potable, por los cuales la institución ha sido objeto de múltiples órdenes sanitarias. Acusa presencia de coliformes fecales en el agua del pozo desde el año 2016. Relata que las baterías sanitarias destinadas a los jóvenes del Plan Nacional están en condiciones deplorables. Finalmente, acusa que la DIEE no ha asignado a un profesional para acompañar a la Junta Administrativa en el proceso”.

Los hechos probados de ese expediente fueron:

“II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

a) Actualmente, en el Departamento de Mantenimiento de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) se encuentra en trámite un proyecto de infraestructura correspondiente a una primera etapa, orientada a atender señalamientos urgentes contenidos en las órdenes sanitarias emitidas al centro educativo objeto de este amparo (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada).

b) Este proyecto tiene como objetivo la ejecución de obras prioritarias, conforme a lo indicado en el Informe de Diagnóstico DVM-A-DIE-DM0723-2022 (ver informe rendido bajo juramento

c) El avance del proyecto a cargo del Departamento de Mantenimiento experimentó un retraso debido a una situación relacionada con la seguridad jurídica del terreno, la cual impedía emitir la Autorización Técnica de Contratación (ATC) (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada).

d) El 10 de junio de 2025, la Coordinación de Bienes Inmuebles de la DIE confirmó que dicha situación fue debidamente resuelta, lo cual habilita la continuación de las gestiones necesarias para la obtención de la ATC y la posterior contratación de los servicios profesionales requeridos (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada)”.

El Tribunal resolvió declarar con lugar el amparo, por los siguientes motivos:

“III.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En la especie, la parte promovente alega que es director del Colegio Técnico Profesional Ricardo Castro Beer y, desde el año 2021, y que el MEP no ha atendido las múltiples gestiones para mejorar la infraestructura del centro educativo. Detalla que algunos servicios sanitarios están inhabilitados por obstrucciones en los sistemas de drenaje, hay problemas en techos y cielorrasos, pues algunos sectores tienen corrosión, filtraciones de agua y riesgo de desprendimiento, y se han reportado fallas en el sistema eléctrico, incluyendo sobrecargas, cortocircuitos y cables expuestos, además, hay falta de accesibilidad, pues las rampas y sanitarios no cumplen con la Ley N° 7600. Agrega que hay problemas de abastecimiento de agua potable, por los cuales la institución ha sido objeto de múltiples órdenes sanitarias. Acusa presencia de coliformes fecales en el agua del pozo desde el año 2016. Relata que las baterías sanitarias destinadas a los jóvenes del Plan Nacional están en condiciones deplorables. Finalmente, acusa que la DIEE no ha asignado a un profesional para acompañar a la Junta Administrativa en el proceso. Al respecto, la Sala tiene por demostrado que, actualmente, en el Departamento de Mantenimiento de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) se encuentra en trámite un proyecto de infraestructura correspondiente a una primera etapa, orientada a atender señalamientos urgentes contenidos en las órdenes sanitarias emitidas al centro educativo objeto de este amparo. Este proyecto tiene como objetivo la ejecución de obras prioritarias, conforme a lo indicado en el Informe de Diagnóstico DVM-ADIE-DM-0723-2022. El avance del proyecto a cargo del Departamento de Mantenimiento experimentó un retraso debido a una situación relacionada con la seguridad jurídica del terreno, la cual impedía emitir la Autorización Técnica de Contratación (ATC). El 10 de junio de 2025, la Coordinación de Bienes Inmuebles de la DIE confirmó que dicha situación fue debidamente resuelta, lo cual habilita la continuación de las gestiones necesarias para la obtención de la ATC y la posterior contratación de los servicios profesionales requeridos. Así las cosas, es claro que la autoridad accionada reconoce que en el centro educativo aquí amparado se requieren varias obras pendientes para poder impartir lecciones de manera adecuada en la infraestructura del colegio. Sin embargo, los recurridos indican que las obras apenas están en proceso de planificación, ni siquiera se están ejecutando. Inclusive, explican que el mismo ha tenido varios retrasos que, claramente, afectan el derecho a la educación de los menores que asisten a dicho centro. A mayor abundamiento, la Sala constata que los accionados ni siquiera informan sobre una fecha cercana a la finalización de las obras requeridas en el centro educativo. Obsérvese que se trata de obras para atender necesidades de primer orden, como cuestiones eléctricas, servicios sanitarios, drenaje, techos y cielorrasos, corrosión, filtraciones de agua y riesgo de desprendimiento, sobrecargas eléctricas, cortocircuitos, falta de accesibilidad conforme la Ley N° 7600, entre otros aspectos que denunciante el recurrente en este amparo. Así las cosas, en consideración de este Tribunal, sí se están conculcando los derechos fundamentales de los tutelados, ya que el centro educativo al que asisten los estudiantes amparados no se encuentra en las mejores condiciones infraestructurales, y a pesar de haberse denunciado la situación desde tiempo atrás, a la fecha el MEP apenas se encuentra tramitando la aprobación del proyecto, sin definir a la Sala una fecha aproximada y cercana en que se concluirían las obras constructivas y demás mejoras que necesita dicho colegio, con la consecuente lesión a los derechos fundamentales de los menores que asisten a ese lugar. Ergo, procede la estimatoria del amparo con las consecuencias que se dirán en la parte dispositiva de la sentencia”.

En la parte dispositiva de la resolución, la Sala Constitucional resolvió:

“Se declara con lugar el recurso. Se ordena a José Leonardo Sánchez Hernández, y Lourdes Sáurez Barboza, por su orden Ministro de Educación y Directora de Infraestructura Educativa, ambos del MEP, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, que gire las órdenes pertinentes y lleve a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, para que, dentro del plazo de DOCE MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se realicen todas las mejoras estructurales que requiere el centro educativo objeto del amparo. Lo anterior se dicta con la advertencia de que según lo establecido por el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Salazar Alvarado consigna nota. La magistrada Garro Vargas salva el voto respecto a la ejecución de la orden de esta sentencia dada al MEP y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dispone que debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución, establecidos en los artículos 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo. Asimismo, ordena que se le remita copia de la sentencia para que se inicie los procedimientos de ejecución de este fallo”.

De la sentencia en cuestión, se pueden verificar dos elementos de suma relevancia. El primero de ellos es que, en el informe de ley rendido por el Ministerio de Educación Pública en dicho expediente, se adjuntó como respaldo el oficio DVM-A-DIE-DM-0465-2025, emitido en atención a un recurso de amparo relacionado con el expediente 25-017583-0007-CO (este recurso de amparo), en el cual el Departamento de Mantenimiento se refiere al proyecto en atención. Aunado a ello, la orden dada en la sentencia N° 2025023150 de las 09:20 horas del 24 de julio de 2025 es general y razonablemente puede cubrir parte de lo aquí dispuesto.

Visto esto, en aras de evitar órdenes sin una adecuada coordinación o traslapes de plazos, se estima procedente declarar con lugar el recurso y disponer que se tomen las medidas necesarias para brindar una solución integral a la infraestructura del comedor del Colegio Técnico Profesional, dentro del plazo establecido en la sentencia N° 2025023150 de las 09:20 horas del 24 de julio de 2025. Además, se dispondrán unas medidas específicas en la parte dispositiva del fallo, pues se está ante una zona muy específica del centro educativo, sea el comedor, donde la salubridad e higiene juegan un papel muy relevante.

VII. EN CUANTO AL MINISTERIO DE SALUD. A juicio de esta Sala, el recurso de amparo debe ser desestimado, ya que, de la lectura del escrito de interposición, se advierte que esta autoridad no fue señalada como parte accionada, sino únicamente el Ministerio de Educación Pública (MEP). Además, se constata que la autoridad recurrida ha emitido las órdenes sanitarias correspondientes, las cuales se tuvieron por cumplidas con la presentación del cronograma que debe ejecutar el MEP. A ello se suma que la entidad llamada a realizar las obras necesarias para garantizar el derecho a la educación de la comunidad estudiantil es el propio Ministerio de Educación Pública. No obstante lo anterior, se insta al Área Rectora de Salud de Orotina a mantenerse vigilante y dar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones sanitarias emitidas contra el Colegio Técnico Profesional Ricardo Castro Beer, con el fin de garantizar los derechos fundamentales a la salud, a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como el derecho a la educación de la comunidad estudiantil.(…)”

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Tipo de contenido: Nota separada

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: EDUCACIÓN

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INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.

024898-25. SE ACUSA QUE COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE OROTINA, NO CUENTA CON ESPACIO PARA COMEDOR. SE ORDENA AL MINISTRO DE EDUCACIÓN, REALIZAR LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y LAS GESTIONES PERTINENTES PARA QUE: 1) EN EL PLAZO MÁXIMO DE DIEZ DÍAS, SE VERIFIQUE EL ESTADO ACTUAL DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DEL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL RICARDO CASTRO BEER Y SE DETERMINEN LOS HALLAZGOS URGENTES DE INTERVENIR, 2) QUE EN UN PLAZO NO MAYOR A UN MES, CONTADO A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE ESTA RESOLUCIÓN, SE EMITAN LAS ÓRDENES Y ACCIONES URGENTES Y PROVISIONALES QUE RESULTEN PROCEDENTES, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA SALUD, HIGIENE, SEGURIDAD E INTEGRIDAD FÍSICA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA, DOCENTE Y ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL RICARDO CASTRO BEER, EN LO QUE RESPECTA AL LUGAR DONDE ESTÁ DISPUESTO EL COMEDOR ESTUDIANTIL. 3) DENTRO DE ESE MISMO PLAZO, SE DEBERÁ REMITIR UN INFORME DIRIGIDO A ESTA SALA, EN EL QUE SE COMUNIQUEN LOS HALLAZGOS OBTENIDOS Y LAS ACCIONES ADOPTADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA. 4) QUE, EN EL PLAZO MÁXIMO DE DOCE MESES ESTABLECIDO EN LA SENTENCIA NO. 2025023150 DE LAS 09:20 HORAS DEL 24 DE JULIO DE 2025, SE ADOPTEN Y EJECUTEN LAS MEDIDAS DEFINITIVAS NECESARIAS QUE PERMITAN LA UTILIZACIÓN SEGURA DE UN COMEDOR DEL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL RICARDO CASTRO BEER, DE CONFORMIDAD CON LOS HALLAZGOS Y ÓRDENES EMITIDAS POR EL ÁREA RECTORA DE SALUD DE OROTINA DEL MINISTERIO DE SALUD, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA MEDIDA NO URGENTE QUE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA HAYA IDENTIFICADO COMO NECESARIA PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA SALUD Y A UN MEDIO AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. RGS08/2025

VIII. NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la actividad o inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura, deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa (omisiva o no) se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, en que la parte recurrente acusa que el comedor del Colegio Técnico Profesional Ricardo Castro Beer no cumple con las condiciones adecuadas, por lo que no se ha resguardado el derecho a la salud y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado de la población estudiantil.

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Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: EDUCACIÓN

Subtemas:

INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.

024898-25. SE ACUSA QUE COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE OROTINA, NO CUENTA CON ESPACIO PARA COMEDOR. SE ORDENA AL MINISTRO DE EDUCACIÓN, REALIZAR LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y LAS GESTIONES PERTINENTES PARA QUE: 1) EN EL PLAZO MÁXIMO DE DIEZ DÍAS, SE VERIFIQUE EL ESTADO ACTUAL DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DEL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL RICARDO CASTRO BEER Y SE DETERMINEN LOS HALLAZGOS URGENTES DE INTERVENIR, 2) QUE EN UN PLAZO NO MAYOR A UN MES, CONTADO A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE ESTA RESOLUCIÓN, SE EMITAN LAS ÓRDENES Y ACCIONES URGENTES Y PROVISIONALES QUE RESULTEN PROCEDENTES, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA SALUD, HIGIENE, SEGURIDAD E INTEGRIDAD FÍSICA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA, DOCENTE Y ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL RICARDO CASTRO BEER, EN LO QUE RESPECTA AL LUGAR DONDE ESTÁ DISPUESTO EL COMEDOR ESTUDIANTIL. 3) DENTRO DE ESE MISMO PLAZO, SE DEBERÁ REMITIR UN INFORME DIRIGIDO A ESTA SALA, EN EL QUE SE COMUNIQUEN LOS HALLAZGOS OBTENIDOS Y LAS ACCIONES ADOPTADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA. 4) QUE, EN EL PLAZO MÁXIMO DE DOCE MESES ESTABLECIDO EN LA SENTENCIA NO. 2025023150 DE LAS 09:20 HORAS DEL 24 DE JULIO DE 2025, SE ADOPTEN Y EJECUTEN LAS MEDIDAS DEFINITIVAS NECESARIAS QUE PERMITAN LA UTILIZACIÓN SEGURA DE UN COMEDOR DEL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL RICARDO CASTRO BEER, DE CONFORMIDAD CON LOS HALLAZGOS Y ÓRDENES EMITIDAS POR EL ÁREA RECTORA DE SALUD DE OROTINA DEL MINISTERIO DE SALUD, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA MEDIDA NO URGENTE QUE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA HAYA IDENTIFICADO COMO NECESARIA PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA SALUD Y A UN MEDIO AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. RGS08/2025

“(…)Se declara con lugar el recurso, únicamente contra el Ministerio de Educación Pública. Se ordena a José Leonardo Sánchez Hernández y a Lourdes Suárez Barboza en sus calidades respectivas de ministro de Educación y de directora de Infraestructura Educativa, ambos del Ministerio de Educación Pública, o a quienes en su lugar ocupe los cargos, realizar la coordinación interinstitucional y las gestiones pertinentes para que: 1) en el plazo máximo de DIEZ DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se verifique el estado actual del comedor estudiantil del Colegio Técnico Profesional Ricardo Castro Beer y se determinen los hallazgos urgentes de intervenir, 2) que en un plazo no mayor a un MES, contado a partir de la notificación de esta resolución, se emitan las órdenes y acciones urgentes y provisionales que resulten procedentes, con el fin de garantizar la salud, higiene, seguridad e integridad física de la comunidad educativa, docente y administrativa del Colegio Técnico Profesional Ricardo Castro Beer, en lo que respecta al lugar donde está dispuesto el comedor estudiantil. 3) Dentro de ese mismo plazo, se deberá remitir un informe dirigido a esta Sala, en el que se comuniquen los hallazgos obtenidos y las acciones adoptadas por el Ministerio de Educación Pública. 4) Que, en el plazo máximo de doce meses establecido en la sentencia No. 2025023150 de las 09:20 horas del 24 de julio de 2025, contado a partir de la notificación de esa resolución en el citado expediente, se adopten y ejecuten las medidas definitivas necesarias que permitan la utilización segura de un comedor del Colegio Técnico Profesional Ricardo Castro Beer, de conformidad con los hallazgos y órdenes emitidas por el Área Rectora de Salud de Orotina del Ministerio de Salud, así como cualquier otra medida no urgente que el Ministerio de Educación Pública haya identificado como necesaria para garantizar el derecho a la salud y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Se advierte a la parte recurrida que, de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. En cuanto al Área Rectora de Salud de Orotina del Ministerio de Salud, se declara sin lugar el recurso, sin embargo, tome nota de lo resuelto en el considerando VII de esta sentencia, con la finalidad de mantenerse vigilante y dar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones sanitarias emitidas contra el Colegio Técnico Profesional Ricardo Castro Beer en relación con el comedor estudiantil.  Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Salazar Alvarado consigna nota. Notifíquese.”

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Texto de la resolución

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Exp: 25-017583-0007-CO

Res. Nº 2025024898

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del ocho de agosto de dos mil veinticinco .

  

 Recurso de amparo que se tramita en expediente número 25-017583-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra el MINISTERIO DE EDUCACIÓN y el MINISTERIO DE SALUD.

RESULTANDO

 

1. Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 17 de junio de 2025, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra el MINISTERIO DE EDUCACIÓN y el MINISTERIO DE SALUD y manifiesta que interpone el presente proceso de amparo a favor de los estudiantes del Colegio Técnico Profesional Ricardo Castro Beer, ubicado en Orotina de Alajuela. Indica que dicho centro educativo cuenta con jornada completa, es decir, los estudiantes deben permanecer en el centro educativo durante todo el día. Afirma que ello que hace indispensable contar con un espacio digno y funcional para la alimentación como parte del derecho a una educación integral. Continúa señalando que, en la actualidad, el colegio no cuenta con una infraestructura adecuada , así como tampoco cuenta con un comedor estudiantil formal ni con una infraestructura diseñada según los lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio de Educación Pública. Alega que se utiliza un espacio improvisado que no cumple con los requerimientos mínimos establecidos para garantizar la seguridad, higiene y funcionalidad del servicio de alimentación escolar. Arguye que la falta de un comedor institucional también afecta negativamente el desempeño académico y laboral de quienes integran la comunidad educativa, ya que la ingesta adecuada de alimentos en un ambiente saludable es esencial para el aprendizaje y la productividad. Expone que el área designada para la cocina y distribución de alimentos presenta múltiples deficiencias e, incluso, el Ministerio de Salud emitió la orden sanitaria N.º MS-DARSOSM085-2021, la cual no ha sido cumplida. Afirma que el colegio no posee una infraestructura adecuada, el mobiliario se encuentra deteriorado, el piso no es antideslizante ni cuenta con materiales higiénicos conforme a las normas del Ministerio de Salud, y el lugar, en general, ha sido señalado, en la orden sanitaria ut supra, como no apto para la función que actualmente se le da. En línea de lo anterior, asegura que el Ministerio de Salud insta el no uso del espacio por representar un riesgo para la salud y seguridad, tanto de los estudiantes como del personal encargado de la manipulación de alimentos. Además, señala que las condiciones actuales incumplen con los principios de accesibilidad universal establecidos en la Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, lo cual impide que estudiantes con movilidad reducida puedan hacer uso del servicio de comedor de manera digna y en igualdad de condiciones. Reitera que la situación antes citada vulnera derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política, tales como el derecho a la salud, el principio del interés superior del niño, el derecho a la educación y el derecho a la igualdad, entre otros. Aunado a lo anterior, menciona que el comedor del centro educativo carece de iluminación adecuada, ventilación suficiente y un espacio idóneo para el almacenaje de alimentos. Asimismo, no cuenta con un área de recepción de alimentos apropiada, lo que compromete la seguridad alimentaria y dificulta la logística de distribución de los productos esenciales para la alimentación escolar. No obstante, reclama que las instancias competentes del MEP no han efectuado los actos correspondientes a efectos de cumplir con lo ordenado por el Ministerio de Salud en las órdenes sanitarias que ha emitido y, por consiguiente, no se han ejecutado las obras de rehabilitación de la planta física del centro educativo y con ello garantizar los derechos fundamentales de la población estudiantil. Por lo expuesto, solicita la intervención de este Tribunal Constitucional. Solicita que se declare con lugar el recurso.

2. Por resolución de las 23:44 horas del 19 de junio de 2025, la Presidencia de esta Sala cursó este proceso de amparo.

3. Informan bajo juramento José Leonardo Sánchez Hernández y Lourdes Suárez Barboza en sus calidades respectivas de ministro de Educación y de directora de Infraestructura Educativa, ambos del Ministerio de Educación Pública y de conformidad con el oficio No. DVM-A-DIE-DM-0465-2025 dicen lo siguiente:

“El Departamento de Mantenimiento de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) gestiona la primera etapa para este centro educativo, orientada a la contratación de servicios profesionales para la elaboración de planos, estudios técnicos y presupuesto de intervención. Este proyecto responde a la necesidad de ejecutar las obras urgentes identificadas en el Informe de Diagnóstico DVM-A-DIE-DM-0723-2022, como medida inicial necesaria y diferenciada de la solución completa contemplada en el mismo informe, en el cual se establecieron dos etapas de intervención: 1) una de atención inmediata o prioritaria, 2) y otra de atención a mediano o largo plazo. Esta intervención entre otros trabajos a ejecutar involucra además las deficiencias del comedor y las obras de urgencia señaladas en la orden sanitaria vigente, emitida por el Ministerio de Salud, en tanto estas condiciones comprometen la salubridad, seguridad y funcionalidad del servicio, así referidas también por la Sra. [Nombre 001]. Como parte del proceso administrativo, el proyecto había presentado un atraso debido a que el terreno institucional figuraba inscrito a nombre del Instituto Agropecuario de Orotina, situación que impedía avanzar con la autorización técnica (ATC). No obstante, mediante gestiones realizadas por el Departamento de Bienes Inmuebles de la DIE, el 10 de junio de 2025 se confirmó el restablecimiento de los efectos jurídicos del plano catastrado A735942-2001, y con ello la inscripción del terreno a nombre de la Junta Administrativa del centro educativo. Este paso habilita la continuidad del proyecto, por lo que se procederá con la solicitud de ATC y la contratación correspondiente. Parte de los alcances de esta intervención incluye, entre otras acciones prioritarias: • Cambio de techo, cielorrasos, cerchas y sistema pluvial en el comedor y soda. • Construcción de piso y contrapiso nuevos en el área de comedor. • Instalación de sistema de distribución y almacenamiento de gas LP. • Adecuaciones para cumplir con la Ley 7600 en accesos y servicios sanitarios. • Mejoras eléctricas e instalación de sistemas de detección de incendios. Asimismo, el centro educativo cuenta con los recursos financieros depositados en Caja Única del Estado para cubrir los costos iniciales del diseño. La DIE reafirma su compromiso de avanzar con la ejecución del proyecto en el marco de sus competencias, atendiendo los requerimientos técnicos correspondientes y el principio del interés superior del estudiante… Ante lo expuesto, consta que la Dirección de Infraestructura Educativa está llevando a cabo las coordinaciones pertinentes y dictado los actos administrativos necesarios con la finalidad de proporcionar una solución integral en el CTP Ricardo Castro Beer, en resguardo de la seguridad, salud, vida e integridad física de la comunidad educativa. Debido a lo anterior no se considera se haya vulnerado algún derecho fundamental, por lo que respetuosamente solicitamos a tan Honorable Sala Constitucional declarar sin lugar el presente Recurso de Amparo” (sic).

4.  Informa bajo juramento José Alberto Morales Ortega, en su condición de director del Área Rectora de Salud de Orotina y San Mateo, que de acuerdo con la revisión documental efectuada sobre el expediente administrativo custodiado, se encontró lo siguiente: que, el 14 de abril del 2021, ingresó a dicha Área Rectora una denuncia anónima, la cual indicaba textualmente: “(…) El comedor del colegio de Orotina presenta mal estado en los equipos de trabajo como cocinas, enfriadores, mesas y otros, ollas arroceras, licuadoras, etc. (…)”. Señala que la denuncia fue registrada bajo el expediente administrativo N.° 2372. Indica que, según consta en el acta de inspección N.° 290-2021, el día 20 de abril del 2021 a las 9:00 horas, el funcionario Jairo Godínez Pacheco, quien en ese momento atendía denuncias en el ARS Orotina San Mateo, se apersonó a las instalaciones del Colegio Ricardo Castro Beer de Orotina para realizar la inspección ocular correspondiente. Detalla que, durante dicha inspección, se evidenció lo siguiente: luces sin protección, campana extractora sin funcionamiento, pisos con quebraduras, mangueras de ollas de gas LP no certificadas, sistema de aguas residuales en mal estado, sistemas de enfriamiento con empaques deteriorados y sin estantes internos, ausencia de control de plagas, falta de ventilación cruzada, inexistencia de extintores y ausencia de curva sanitaria. Por ende, se evidenciaron no conformidades que debían ser subsanadas por la institución educativa. Comenta que aunque la denuncia recibida hacía referencia únicamente a aspectos relacionados con el equipo de cocina, el Gestor Ambiental procedió a realizar una inspección más integral en el sitio. Señala que, posterior a dicha inspección, se generó el informe técnico MS-DRRSPC-DARSOSM-IT-0106-2021, con fecha del 29 de abril del 2021, en el cual se detallan los hallazgos encontrados durante la visita. Detalla los hallazgos:

“1- Aspectos Físico-Sanitarios 1.1-Se evidenció que los pisos del área de preparación de alimentos están agrietados y en sectores muy porosos debido al desgaste con el pasar de los años, esta situación es idónea para acumular suciedad y bacterias. 1.2-- La luces del áreas de preparación de alimentos carecen de protección. 1.3-El sitio carece de ventilación cruzada, por lo que podría generar estrés térmico en las horas pico de preparación de alimentos. 1.4-El sistema de disposición de aguas servidas, está colapsado, la unidad sedimentadora no es la adecuada y está expuesta, así mismo se observó rebalses de aguas servidas en la línea de conducción hacia el sistema de tanque séptico. 1.5-La cocina en general carece de curva sanitaria en la unión entre pared y piso, lo cual dificulta la limpieza y se acumula suciedad y bacterias nocivas para la salud humana. 2- Equipo y utensilios 2.1-Las mangueras de conducción de gas Lp de las ollas de cocimiento, no son certificadas, y las gasas de acople utilizadas están herrumbradas y no son las adecuadas. 2.2-Los congeladores presentan daños físicos (herrumbre), además los empaques de hule están sueltos y/o dañados, lo que permite un posible escape de aire frio e ingreso de plagas al interior de los congeladores, poniendo en riesgo la contaminación de los alimentos. 2.3-La campana extractora de humos no funciona, lo que provoca un aumento considerable de condiciones térmicas en la cocina. 2.4-Se observaron algunos muebles con mucho herrumbre y carentes de estanterías. 3- Seguridad 3.1-En el sitio no se evidencia bitácora de control de plagas actualizada y certificado por una empresa competente. 3.2-Los extintores para control de fuego están vencidos desde hace muchos años y no cuentan con sistemas de detección de humo ni alarmas detectoras de fugas de gas Lp. 3.3-Las condiciones de almacenamiento, instalación y distribución de gas LP, así como los aspectos de seguridad humana y riesgo de incendios evaluados presentan inconsistencias, por lo que se incumple con las condiciones mínimas requeridas en la normativa vigente. “(…) Como se explica en párrafos anteriores, se evidenciaron condiciones físico sanitarios que ponen en riesgo la salud y seguridad de las personas que hacen uso de las instalaciones. Sin embargo, se logró evidenciar que la manipulación de alimentos es adecuada, todos los funcionarios cuentan con su respectivo carné de manipulación de alimentos, se evidenció un adecuado almacenamiento de no perecederos, paredes con buen mantenimiento y limpieza de todas las áreas de la cocina Conclusiones Se puede concluir que la mayor parte de la deficiencias detectadas corresponden a aspectos físicos y sanitarios tanto en infraestructura como en equipo, por lo anterior, es criterio del Proceso de Regulación de la Salud solicitar mediante orden sanitaria un plan de acciones correctivas con un cronograma de implementación para su aprobación, con el fin de subsanar a corto y mediano plazo las no conformidades detectadas durante la inspección ocular en el comedor del Colegio Ricardo Beer de Orotina” (sic).

Afirma que con fundamento en el informe técnico MS-DRRSPC-DARSOSM-IT-0106-2021, emitido el 29 de abril del 2021, se procedió a generar y notificar, el 30 de abril del 2021, las órdenes sanitarias correspondientes. Señala que se emitieron las siguientes órdenes: MS-DRRSPC-DARSOSM-085-2021, notificada a Cristian Miranda Alpízar, en su condición de director del Colegio Ricardo Castro Beer; MS-DRRSPC-DARSOSM-086-2021, notificada a Alonso Alpízar Vargas, como director nocturno del mismo centro educativo; y MS-DRRSPC-DARSOSM-087-2021, notificada a José Luis Ramos Castellón, en su calidad de presidente de la Junta Administrativa. Precisa que todas las órdenes fueron emitidas en la misma fecha y se dispuso:

“(…) Con fundamento en el informe técnico de inspección MS-DRRSPC-DARSOSM-IT-0106-2021, (adjunto), suscrito por el Bach. Jairo Godínez Pacheco, Gestor Ambiental del ARS Orotina San Mateo, en donde se indican no conformidades en el comedor del Colegio Ricardo Castro Beer, las cuales se detectaron en visita de inspección el 20-04-2021. Por tanto, son condiciones riesgosas que pueden afectar la salud pública y que de acuerdo a las leyes y reglamentos vigentes deben de corregirse, motivo por el cual en el plazo indicado deberán de proceder con lo siguiente: 1- Elaborar y presentar ante el Área Rectora de Salud de Orotina y San Mateo para su aprobación, un plan de acciones correctivas, que contemple las irregularidades indicadas, cuyo objetivo será garantizar adecuadas condiciones físico-sanitarias y de seguridad para el personal. El plan de acciones correctivas deberá de contemplar; fechas de inicio, labores o acciones a realizar, fechas de finalización de dichas acciones y funcionario responsable de dicho plan. (…)”

Continúa manifestando que:

“QUINTO: Según se logra observar en el expediente administrativo, el señor Cristian Miranda Alpízar, el 05 de mayo del 2021, remite correo electrónico a las autoridades competentes con el fin de atender las inconsistencias encontradas y que responden al ordenamiento sanitario girado. Así mismo el día 07 de mayo del 2021, el señor Cristian Miranda pone en conocimiento al Área Rectora de Salud de Orotina San Mateo las acciones inmediatas realizadas.

SEXTO: El 21 de mayo del 2021, el señor Cristian Miranda Alpízar solicita una ampliación de plazo para el cumplimiento de la orden sanitaria, indicando lo siguiente: “(…) Me dirijo a ustedes conocedor de sus buenos oficios con el objetivo de solicitarles una prórroga para cumplir con lo solicitado y descrito en la orden sanitaria MS-DRRSPC-DARSOSM-085-2021, debido a que como se conoce públicamente este viernes se inicia el período de vacaciones para los funcionarios del Ministerio de Educación Pública con la intención de bajar la curva exponencial de casos de COVID 19, siendo así se me imposibilita continuar con lo descrito. Solicito la prórroga, no sin antes hacer de su conocimiento que hemos estado haciendo gestiones con entidades gubernamentales superiores con el fin de subsanar las irregularidades señaladas en la orden sanitaria. (…)”.

SETIMO: El 24 de mayo del 2021, se emite el oficio MS-DRRRSPC-DARSOSM-0307-2021, notificado vía correo electrónico al señor Cristian Miranda Alpízar, indicando lo siguiente: “(…) La presente es para saludarle y a su vez indicarle que en atención a su solicitud de prórroga recibida por correo electrónico el 21 de mayo de 2021 mediante oficio DREA-SCE09-C.T.P.R.C.B09- 0196-2021 y tomando en consideración el interés y gestiones necesarias en acatar las disposiciones indicadas por este Ministerio en el acto administrativo MS-DRRSPC-DAROSM-0852021 y de que pretende realizar las obras solicitadas, se le otorga de una prórroga de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente del retorno de lecciones, con el fin de cumplir con la presentación del plan de acciones correctivas. Lo anterior con base en el artículo 258 de la Ley de Administración Pública. Agradeciéndoles de antemano su colaboración, se suscriben Cordialmente. (…)”

OCTAVO: El 25 de agosto del 2021, según acta de inspección 679-2021, se realiza seguimiento al ordenamiento sanitario, donde se evidenció que únicamente subsanaron la instalación del Gas Lp y que las condiciones evidenciadas persisten, además se informó al Director del Colegio que aún no se ha presentado el Plan de acciones correctivas en atención al ordenamiento sanitario respectivo; sin embargo, nos muestran documentación respectiva sobre la aprobación del presupuesto para las mejoras en el comedor mediante documento DVM-A-DPE-DAN-0324-2021. NOVENO: El 5 de octubre del 2021, según acta de inspección 821-2021, se realiza nuevo seguimiento en las instalaciones del Ricardo Castro Beer, y el señor Cristian Miranda indica que ya cuenta con la aprobación del presupuesto, y que están en el proceso de montar las respectivas licitaciones, sin embargo; paralelamente están conformando la Junta administrativa para poder hacer uso de los recursos.

Además, indicó, que la Dirección de Infraestructura Educativa del MEP (DIE) aún no se ha pronunciado al respecto y ya se solicitó por pare de la dirección del colegio la inspección respectiva. Se evidenció además la reparación del sistema de drenajes de la cocina, como un avance en las mejoras solicitadas.

DECIMO: El 7 de diciembre del 2021, según acta de inspección 1032-2021 se brindó nuevo seguimiento al caso de marras, donde el señor Cristian Miranda nos indica que ya se adjudicó la compra del equipo de cocina para el colegio y que además está programado para el 8 de diciembre del 2021, la inspección por parte de la DIE, con el fin de atender los solicitado por el Ministerio de Salud.

DECIMO PRIMERO: Según información detallada dentro del expediente administrativo, se realiza nuevo seguimiento al caso el 15 de febrero del 2022, según acta de inspección ocular 096-2022. Al momento de la inspección se evidenció que instalaron el equipo de cocina, cámaras de enfriamiento, extractores, instalación de Gas Lp, cumpliendo con algunas de las no conformidades identificadas por el Ministerio de Salud y además se limpió el sector de cocina; sin embargo, aún no presentan el Plan de acciones correctivas el cual atiende lo solicitado por el Ministerio de Salud.

DECIMO SEGUNDO: El 29 de junio del 2022, se presenta el Plan de acciones correctivas, por parte de la DIE mediante oficio DVM-A-DIE-DM-0599-2022, donde se atienden la acciones que se ejecutarán en favor del colegio Ricardo Castro Beer de Orotina, y que además se incluyen informes y ordenes sanitarias que acapara la infraestructura total del colegio y no solo del comedor. Dicho plan presenta un cronograma de finalización a febrero del 2026, el cual se encuentra aún vigente, siendo meramente competencia del DIE su ejecución en todos sus aspectos. DECIMO TERCERO: El 30 de junio del 2022, mediante correo electrónico se notifica el oficio MS-DRRSPCDARSOSM-0461-2022 de esa misma data, donde la Dirección de esta ARS informa a los señores Ing. Héctor Mendoza Mora y Ing. Omar Mora Zúñiga de la DIE, que se recibió el plan de acciones correctivas para la atención de las instalaciones del Colegio Ricardo Castro Beer. Es importante indicar que con la presentación del plan de acciones correctivas se dio por acatada por parte de este Ministerio, las órdenes sanitarias supra citadas. Con respecto al plan de acciones correctivas, se indica que el inicio del periodo de construcción del proyecto está para iniciar en setiembre del 2025, finalizando en febrero del 2026, por lo que esta dependencia administrativa tiene programado realizar el seguimiento, una vez que concluya el cronograma propuesto por el departamento técnico del Ministerio de Educación Pública.

DECIMO CUARTO: El 24 de junio del 2025, según consta en acta de inspección ocular No 588- 2025, nos apersonamos a las instalaciones del colegio Ricardo Castro Beer. Al momento de la visita nos atiende el director Cristian Miranda Alpízar, quien refiere que no hay evidencia de la ejecución de las etapas que compone el plan correctivo por parte de la DIE; sin embargo, se tiene según lo programado el inicio de las obras en setiembre del 2025. Se realizó un recorrido por las instalaciones del comedor del Colegio Ricardo Castro Beer y las no conformidades evidenciadas aún persisten” (sic).

Alega que, conforme a lo actuado, se desprende con total claridad que el Área Rectora de Salud de Orotina atendió de manera efectiva y eficiente la denuncia presentada. Señala que la gestión se dio por cumplida tras la presentación del plan de acciones correctivas correspondiente. Afirma que se ha demostrado que el Ministerio de Salud ha brindado el seguimiento respectivo, tomando en consideración que el plan de acciones se encuentra vigente y que, según lo programado, el inicio de las obras está previsto para el mes de septiembre del año 2025. Aclara que las gestiones administrativas necesarias para concluir con lo programado dependen exclusivamente del Ministerio de Educación Pública y no de esa Área Rectora de Salud. Concluye que, por lo anteriormente expuesto, esta autoridad administrativa estima que no se ha lesionado ningún derecho constitucional.

Solicita que se declare sin lugar el recurso, “toda vez que se ha sido diligente en el caso del Colegio Técnico Profesional Ricardo Castro Beer, ubicado en Orotina de Alajuela, dándosele seguimiento al mismo desde el año 2021 a la fecha, emitiéndose los actos administrativos correspondientes, como son las ordenes sanitarias N° MS-DRRSPCDARSOSM-085- 2021 notificada al señor Cristian Miranda Alpízar, director del Colegio Ricardo Castro Beer, N° MS-DRRSPC-DARSOSM-086-2021 notificada al señor Alonso Alpízar Vargas, director nocturno del Colegio Ricardo Castro Beer y N° MS-DRRSPC-DARSOSM-0872021 notificada al señor José Luis Ramos Castellón, Presidente de la Junta Administrativa, mismas que se tienen por acatadas por parte de las autoridades en mención. Además, se debe tener presente que el Plan de Acciones Correctivas, presentado por la Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública, mediante oficio DVM-A-DIE-DM-0599-2022, donde se atienden la acciones que se ejecutarán en favor del Colegio Ricardo Castro Beer de Orotina, y que además se incluyen informes y ordenes sanitarias que acapara la infraestructura total del colegio y no solo del comedor, se tiene -según lo programado- el inicio de las obras en setiembre del 2025. Dicho plan presenta un cronograma de finalización a febrero del 2026” (sic).

4. En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Araya García; y,

CONSIDERANDO

I. OBJETO DEL RECURSO. La recurrente reclama la violación a los derechos fundamentales de la comunidad estudiantil del Colegio Técnico Profesional Ricardo Castro Beer de Orotina, pues acusa que el centro educativo cuenta con jornada completa, lo que hace indispensable contar con un espacio digno y funcional para la alimentación. Señala que actualmente el colegio no cuenta con infraestructura adecuada, comedor estudiantil formal ni instalaciones diseñadas conforme a los lineamientos técnicos del MEP. Alega que se utiliza un espacio improvisado que no cumple con los requerimientos mínimos para garantizar seguridad, higiene y funcionalidad del servicio de alimentación escolar. Expone que el área designada para cocina y distribución presenta múltiples deficiencias, y que el Ministerio de Salud emitió la orden sanitaria N.° MS-DARSOSM085-2021, la cual no ha sido cumplida. Afirma que el lugar no es apto para su función, carece de piso antideslizante, mobiliario adecuado y materiales higiénicos, y que el Ministerio de Salud insta el no uso del espacio por representar un riesgo para la salud y seguridad. Indica que las condiciones incumplen con los principios de accesibilidad universal de la Ley 7600, impidiendo el uso digno del servicio por parte de estudiantes con movilidad reducida. Reitera la vulneración de derechos como salud, educación, igualdad e interés superior del niño. Añade que el comedor carece de iluminación adecuada, ventilación, espacio para almacenaje y área de recepción de alimentos. Señala que las instancias competentes del MEP no han cumplido con lo ordenado por el Ministerio de Salud ni ejecutado las obras necesarias para garantizar los derechos fundamentales de la población estudiantil.

II. HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la parte recurrida haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

En cuanto al Área Rectora de Salud de Orotina:

a) El 14 de abril del 2021, ingresó al Área Rectora de Salud de Orotina San Mateo una denuncia anónima en la que se indicaba lo siguiente: “El comedor del colegio de Orotina presenta mal estado en los equipos de trabajo como cocinas, enfriadores, mesas y otros, ollas arroceras, licuadoras, etc”, asignándose el expediente administrativo N° 2372 (véase el informe).

b) El 20 de abril del 2021 a las 9:00 horas, el Bach. Jairo Godínez Pacheco se apersonó a las instalaciones del Colegio Ricardo Castro Beer de Orotina a realizar la inspección ocular, según acta de inspección 290-2021, en la que se evidenció lo siguiente: “Luces sin protección, campana extractora no funciona, pisos con quebraduras, mangueras de ollas de gas LP no certificadas, aguas residuales sistema en mal estado, sistemas de enfriamiento en mal estado los empaques, no tienen estantes internos, no cuentan con control de plagas, no cuentan con ventilación cruzada, no cuentan con extintores, no cuentan con curva sanitaria. Por lo anterior se evidencian no conformidades que deberán ser subsanados por la Institución” (véase el informe).

c) El 29 de abril del 2021, se generó el informe técnico MS-DRRSPC-DARSOSM-IT-0106-2021, en el que se detallaron los siguientes hallazgos:

1- Aspectos Físico-Sanitarios

1.1-Se evidenció que los pisos del área de preparación de alimentos están agrietados y en sectores muy porosos debido al desgaste con el pasar de los años, esta situación es idónea para acumular suciedad y bacterias.

 1.2-- La luces del áreas de preparación de alimentos carecen de protección.

1.3-El sitio carece de ventilación cruzada, por lo que podría generar estrés térmico en las horas pico de preparación de alimentos.

 1.4-El sistema de disposición de aguas servidas, está colapsado, la unidad sedimentadora no es la adecuada y está expuesta, así mismo se observó rebalses de aguas servidas en la línea de conducción hacia el sistema de tanque séptico.

 1.5-La cocina en general carece de curva sanitaria en la unión entre pared y piso, lo cual dificulta la limpieza y se acumula suciedad y bacterias nocivas para la salud humana.

2- Equipo y utensilios

2.1-Las mangueras de conducción de gas Lp de las ollas de cocimiento, no son certificadas, y las gasas de acople utilizadas están herrumbradas y no son las adecuadas.

2.2-Los congeladores presentan daños físicos (herrumbre), además los empaques de hule están sueltos y/o dañados, lo que permite un posible escape de aire frio e ingreso de plagas al interior de los congeladores, poniendo en riesgo la contaminación de los alimentos.

 2.3-La campana extractora de humos no funciona, lo que provoca un aumento considerable de condiciones térmicas en la cocina.

 2.4-Se observaron algunos muebles con mucho herrumbre y carentes de estanterías.

3- Seguridad

3.1-En el sitio no se evidencia bitácora de control de plagas actualizada y certificado por una empresa competente.

3.2-Los extintores para control de fuego están vencidos desde hace muchos años y no cuentan con sistemas de detección de humo ni alarmas detectoras de fugas de gas Lp.

3.3-Las condiciones de almacenamiento, instalación y distribución de gas LP, así como los aspectos de seguridad humana y riesgo de incendios evaluados presentan inconsistencias, por lo que se incumple con las condiciones mínimas requeridas en la normativa vigente.

“(…) Como se explica en párrafos anteriores, se evidenciaron condiciones físico sanitarios que ponen en riesgo la salud y seguridad de las personas que hacen uso de las instalaciones. Sin embargo, se logró evidenciar que la manipulación de alimentos es adecuada, todos los funcionarios cuentan con su respectivo carné de manipulación de alimentos, se evidenció un adecuado almacenamiento de no perecederos, paredes con buen mantenimiento y limpieza de todas las áreas de la cocina Conclusiones Se puede concluir que la mayor parte de la deficiencias detectadas corresponden a aspectos físicos y sanitarios tanto en infraestructura como en equipo, por lo anterior, es criterio del Proceso de Regulación de la Salud solicitar mediante orden sanitaria un plan de acciones correctivas con un cronograma de implementación para su aprobación, con el fin de subsanar a corto y mediano plazo las no conformidades detectadas durante la inspección ocular en el comedor del Colegio Ricardo Beer de Orotina (…)” (véase el informe).

d) El 30 de abril del 2021 se notificaron las órdenes sanitarias MS-DRRSPC-DARSOSM-085-2021, MS-DRRSPC-DARSOSM-086-2021 y MS-DRRSPC-DARSOSM-087-2021 al director del colegio, director nocturno y presidente de la Junta Administrativa, respectivamente, donde se ordenó presentar un plan de acciones correctivas para garantizar condiciones físico-sanitarias y de seguridad adecuadas. La orden dispone literalmente: “Con fundamento en el informe técnico de inspección MS-DRRSPC-DARSOSM-IT-0106-2021, (adjunto), suscrito por el Bach. Jairo Godínez Pacheco, Gestor Ambiental del ARS Orotina San Mateo, en donde se indican no conformidades en el comedor del Colegio Ricardo Castro Beer, las cuales se detectaron en visita de inspección el 20-04-2021. Por tanto, son condiciones riesgosas que pueden afectar la salud pública y que de acuerdo a las leyes y reglamentos vigentes deben de corregirse, motivo por el cual en el plazo indicado deberán de proceder con lo siguiente: 1- Elaborar y presentar ante el Área Rectora de Salud de Orotina y San Mateo para su aprobación, un plan de acciones correctivas, que contemple las irregularidades indicadas, cuyo objetivo será garantizar adecuadas condiciones físico-sanitarias y de seguridad para el personal. El plan de acciones correctivas deberá de contemplar; fechas de inicio, labores o acciones a realizar, fechas de finalización de dichas acciones y funcionario responsable de dicho plan” (véase el informe).

e) El 5 de mayo del 2021, el director del Colegio Ricardo Beer Castro remitió correo electrónico a las autoridades competentes con el fin de atender las inconsistencias encontradas y dar respuesta al ordenamiento sanitario girado; el 7 de mayo del 2021, puso en conocimiento al Área Rectora de Salud las acciones inmediatas realizadas (véase el informe).

f) El 21 de mayo del 2021, el director del Colegio Ricardo Beer Castro solicitó una prórroga para cumplir con lo requerido en la orden sanitaria MS-DRRSPC-DARSOSM-085-2021. En dicha solicitud se requirió: “Me dirijo a ustedes conocedor de sus buenos oficios con el objetivo de solicitarles una prórroga para cumplir con lo solicitado y descrito en la orden sanitaria MS-DRRSPC-DARSOSM-085-2021, debido a que como se conoce públicamente este viernes se inicia el período de vacaciones para los funcionarios del Ministerio de Educación Pública con la intención de bajar la curva exponencial de casos de COVID 19, siendo así se me imposibilita continuar con lo descrito. Solicito la prórroga, no sin antes hacer de su conocimiento que hemos estado haciendo gestiones con entidades gubernamentales superiores con el fin de subsanar las irregularidades señaladas en la orden sanitaria” (véase el informe).

g) El 24 de mayo del 2021, mediante oficio MS-DRRRSPC-DARSOSM-0307-2021, se otorgó una prórroga de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente del retorno de lecciones, para cumplir con la presentación del plan de acciones correctivas. Dicha resolución administrativa establece:  “La presente es para saludarle y a su vez indicarle que en atención a su solicitud de prórroga recibida por correo electrónico el 21 de mayo de 2021 mediante oficio DREA-SCE09-C.T.P.R.C.B09- 0196-2021 y tomando en consideración el interés y gestiones necesarias en acatar las disposiciones indicadas por este Ministerio en el acto administrativo MS-DRRSPC-DAROSM-0852021 y de que pretende realizar las obras solicitadas, se le otorga de una prórroga de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente del retorno de lecciones, con el fin de cumplir con la presentación del plan de acciones correctivas. Lo anterior con base en el artículo 258 de la Ley de Administración Pública. Agradeciéndoles de antemano su colaboración, se suscriben Cordialmente” (véase el informe).

h) El 25 de agosto del 2021, según acta de inspección 679-2021, se realizó seguimiento al ordenamiento sanitario, donde se evidenció que únicamente se subsanó la instalación del Gas Lp y las demás condiciones persistían; se informó además que aún no se había presentado el Plan de acciones correctivas, aunque se mostró documentación sobre la aprobación presupuestaria mediante el documento DVM-A-DPE-DAN-0324-2021. (véase el informe).

i) El 5 de octubre del 2021, según acta de inspección 821-2021, se evidenció que el director del colegio informó contar con la aprobación del presupuesto y estar en proceso de licitaciones, así como conformando la Junta Administrativa para el uso de recursos. Se verificó  la reparación del sistema de drenajes de la cocina (véase el informe).

j) El 7 de diciembre del 2021, según acta de inspección 1032-2021, se indicó que ya se adjudicó la compra del equipo de cocina para el colegio y se programó para el 8 de diciembre del 2021 una inspección por parte de la Dirección de Infraestructura Educativa del MEP (véase el informe).

k) El 15 de febrero del 2022, según acta de inspección ocular 096-2022, se evidenció la instalación del equipo de cocina, cámaras de enfriamiento, extractores, instalación de Gas Lp y limpieza de la cocina, aunque aún no se presentaba el Plan de acciones correctivas requerido (véase el informe).

l) El 29 de junio del 2022, se presentó el Plan de acciones correctivas por parte de la DIE mediante oficio DVM-A-DIE-DM-0599-2022, que incluyó un cronograma de ejecución hasta febrero del 2026, abarcando no solo el comedor, sino toda la infraestructura del colegio (véase el informe).

m) El 30 de junio del 2022, mediante oficio MS-DRRSPCDARSOSM-0461-2022, la Dirección del ARS informó a los ingenieros de la DIE que se recibió el Plan de acciones correctivas, considerándose acatadas las órdenes sanitarias. Se indicó que la ejecución del proyecto está programada para iniciar en setiembre del 2025 y finalizar en febrero del 2026 (véase el informe).

n) El 24 de junio del 2025, según acta de inspección ocular N.° 588-2025, se constató que no hay evidencia de ejecución de las etapas del plan correctivo por parte de la DIE, aunque se mantiene programado el inicio de las obras en setiembre del 2025. Se evidenció que las no conformidades en el comedor del Colegio Ricardo Castro Beer persisten (véase el informe).

Hechos probados en relación con el Ministerio de Educación Pública:

o) El Departamento de Mantenimiento de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) gestionó la primera etapa para el centro educativo, orientada a la contratación de servicios profesionales para la elaboración de planos, estudios técnicos y presupuesto de intervención (véase el informe).

p) Este proyecto responde a la necesidad de ejecutar las obras urgentes identificadas en el Informe de Diagnóstico DVM-A-DIE-DM-0723-2022, como medida inicial necesaria y diferenciada de la solución completa contemplada en el mismo informe, en el cual se establecieron dos etapas de intervención: 1) una de atención inmediata o prioritaria, y 2) otra de atención a mediano o largo plazo (véase el informe).

q) Esta intervención, entre otros trabajos a ejecutar, involucra además las deficiencias del comedor y las obras de urgencia señaladas en la orden sanitaria vigente, emitida por el Ministerio de Salud, en tanto estas condiciones comprometen la salubridad, seguridad y funcionalidad del servicio (véase el informe).

r) Como parte del proceso administrativo, el proyecto había presentado un atraso debido a que el terreno institucional figuraba inscrito a nombre del Instituto Agropecuario de Orotina, situación que impedía avanzar con la autorización técnica (véase el informe).

s) Mediante gestiones realizadas por el Departamento de Bienes Inmuebles de la DIE, el 10 de junio de 2025 se confirmó el restablecimiento de los efectos jurídicos del plano catastrado A-735942-2001, y con ello la inscripción del terreno a nombre de la Junta Administrativa del centro educativo. Este paso habilita la continuidad del proyecto, por lo que se procederá con la solicitud de ATC y la contratación correspondiente. (véase el informe).

t) Parte de los alcances de esta intervención incluye, entre otras acciones prioritarias: cambio de techo, cielorrasos, cerchas y sistema pluvial en el comedor y soda; construcción de piso y contrapiso nuevos en el área de comedor; instalación de sistema de distribución y almacenamiento de gas LP; adecuaciones para cumplir con la Ley 7600 en accesos y servicios sanitarios; y mejoras eléctricas e instalación de sistemas de detección de incendios (véase el informe).

u) El centro educativo cuenta con los recursos financieros depositados en Caja Única del Estado para cubrir los costos iniciales del diseño (véase el informe).

III. SOBRE EL CASO CONCRETO. Después de haber analizado los informes y las pruebas aportadas por las partes, esta Sala verifica la violación a los derechos fundamentales de la comunidad estudiantil del Colegio Técnico Profesional Ricardo Castro Beer de Orotina, por las razones que a continuación serán expuestas.

En primer término, conviene señalar que la pretensión de este proceso de amparo es:

“2. Que se declare que se han violentado los derechos fundamentales a la salud, a la educación en condiciones dignas, a la igualdad y al principio del interés superior del menor, así como los derechos de las personas con discapacidad a la accesibilidad universal.

3. Que se ordene de manera inmediata a las autoridades recurridas (Ministerio de Educación Pública, Junta Administrativa del colegio, Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo – DIEE, Ministerio de Salud y demás responsables) que adopten todas las medidas necesarias, dentro de un plazo razonable y verificable, para garantizar la construcción, habilitación o adecuación de un comedor estudiantil que cumpla con las condiciones técnicas, sanitarias, de seguridad y accesibilidad establecidas por el ordenamiento jurídico nacional.

4. Que se ordene la coordinación interinstitucional obligatoria entre las autoridades educativas, sanitarias y municipales correspondientes para cumplir con esta orden con la mayor diligencia posible y garantizar su ejecución eficaz.

 5. Que se imponga a las autoridades recurridas el deber de rendir informes periódicos a esta Sala sobre el avance en el cumplimiento de las medidas ordenadas, para asegurar su cumplimiento conforme al principio de eficacia de los derechos fundamentales.

 6. Que se prevengan nuevas violaciones de los derechos fundamentales indicados mediante el seguimiento de lo dispuesto por esta Sala, bajo apercibimiento de lo que dispone el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

7. Solicito se oficie al Ministerio de Educación Pública y la Dirección Regional para que remitan copia del plan de inversión en infraestructura educativa para el período actual y anterior, en relación con dicho centro educativo, para que de esta manera se pueda corroborar la omisión de la inversión necesaria para solventar y solucionar el problema”.

Se resalta que el análisis de este caso se circunscribirá en relación con el comedor del Colegio Técnico Profesional Ricardo Beer Castro. Ha quedado debidamente demostrado que el 29 de abril del 2021, el Área Rectora de Salud de Orotina del Ministerio de Salud generó el informe técnico MS-DRRSPC-DARSOSM-IT-0106-2021, en el que se detallaron los siguientes hallazgos:

“1- Aspectos Físico-Sanitarios

1.1-Se evidenció que los pisos del área de preparación de alimentos están agrietados y en sectores muy porosos debido al desgaste con el pasar de los años, esta situación es idónea para acumular suciedad y bacterias.

 1.2-- La luces del áreas de preparación de alimentos carecen de protección.

1.3-El sitio carece de ventilación cruzada, por lo que podría generar estrés térmico en las horas pico de preparación de alimentos.

 1.4-El sistema de disposición de aguas servidas, está colapsado, la unidad sedimentadora no es la adecuada y está expuesta, así mismo se observó rebalses de aguas servidas en la línea de conducción hacia el sistema de tanque séptico.

 1.5-La cocina en general carece de curva sanitaria en la unión entre pared y piso, lo cual dificulta la limpieza y se acumula suciedad y bacterias nocivas para la salud humana.

2- Equipo y utensilios

2.1-Las mangueras de conducción de gas Lp de las ollas de cocimiento, no son certificadas, y las gasas de acople utilizadas están herrumbradas y no son las adecuadas.

2.2-Los congeladores presentan daños físicos (herrumbre), además los empaques de hule están sueltos y/o dañados, lo que permite un posible escape de aire frio e ingreso de plagas al interior de los congeladores, poniendo en riesgo la contaminación de los alimentos.

 2.3-La campana extractora de humos no funciona, lo que provoca un aumento considerable de condiciones térmicas en la cocina.

 2.4-Se observaron algunos muebles con mucho herrumbre y carentes de estanterías.

3- Seguridad

3.1-En el sitio no se evidencia bitácora de control de plagas actualizada y certificado por una empresa competente.

3.2-Los extintores para control de fuego están vencidos desde hace muchos años y no cuentan con sistemas de detección de humo ni alarmas detectoras de fugas de gas Lp.

3.3-Las condiciones de almacenamiento, instalación y distribución de gas LP, así como los aspectos de seguridad humana y riesgo de incendios evaluados presentan inconsistencias, por lo que se incumple con las condiciones mínimas requeridas en la normativa vigente.

“(…) Como se explica en párrafos anteriores, se evidenciaron condiciones físico sanitarios que ponen en riesgo la salud y seguridad de las personas que hacen uso de las instalaciones. Sin embargo, se logró evidenciar que la manipulación de alimentos es adecuada, todos los funcionarios cuentan con su respectivo carné de manipulación de alimentos, se evidenció un adecuado almacenamiento de no perecederos, paredes con buen mantenimiento y limpieza de todas las áreas de la cocina Conclusiones Se puede concluir que la mayor parte de la deficiencias detectadas corresponden a aspectos físicos y sanitarios tanto en infraestructura como en equipo, por lo anterior, es criterio del Proceso de Regulación de la Salud solicitar mediante orden sanitaria un plan de acciones correctivas con un cronograma de implementación para su aprobación, con el fin de subsanar a corto y mediano plazo las no conformidades detectadas durante la inspección ocular en el comedor del Colegio Ricardo Beer de Orotina (…)”.

 

También, se aprecia que el 30 de abril del 2021 se notificaron las órdenes sanitarias MS-DRRSPC-DARSOSM-085-2021, MS-DRRSPC-DARSOSM-086-2021 y MS-DRRSPC-DARSOSM-087-2021 al director del colegio, director nocturno y presidente de la Junta Administrativa, respectivamente, donde se ordenó presentar un plan de acciones correctivas para garantizar condiciones físico-sanitarias y de seguridad adecuadas. La orden dispone literalmente:

“Con fundamento en el informe técnico de inspección MS-DRRSPC-DARSOSM-IT-0106-2021, (adjunto), suscrito por el Bach. Jairo Godínez Pacheco, Gestor Ambiental del ARS Orotina San Mateo, en donde se indican no conformidades en el comedor del Colegio Ricardo Castro Beer, las cuales se detectaron en visita de inspección el 20-04-2021. Por tanto, son condiciones riesgosas que pueden afectar la salud pública y que de acuerdo a las leyes y reglamentos vigentes deben de corregirse, motivo por el cual en el plazo indicado deberán de proceder con lo siguiente: 1- Elaborar y presentar ante el Área Rectora de Salud de Orotina y San Mateo para su aprobación, un plan de acciones correctivas, que contemple las irregularidades indicadas, cuyo objetivo será garantizar adecuadas condiciones físico-sanitarias y de seguridad para el personal. El plan de acciones correctivas deberá de contemplar; fechas de inicio, labores o acciones a realizar, fechas de finalización de dichas acciones y funcionario responsable de dicho plan”.

Aunado a todo ello, se tuvo por demostrado que: 1) el 25 de agosto del 2021, según acta de inspección 679-2021, se realizó seguimiento al ordenamiento sanitario, donde se evidenció que únicamente se subsanó la instalación del Gas Lp y las demás condiciones persistían; se informó además que aún no se había presentado el Plan de acciones correctivas, aunque se mostró documentación sobre la aprobación presupuestaria mediante el documento DVM-A-DPE-DAN-0324-2021; 2) el 5 de octubre del 2021, según acta de inspección 821-2021, se evidenció que el director del colegio informó contar con la aprobación del presupuesto y estar en proceso de licitaciones, así como conformando la Junta Administrativa para el uso de recursos. Se verificó la reparación del sistema de drenajes de la cocina; 3) el 7 de diciembre del 2021, según acta de inspección 1032-2021, se indicó que ya se adjudicó la compra del equipo de cocina para el colegio y se programó para el 8 de diciembre del 2021 una inspección por parte de la Dirección de Infraestructura Educativa del MEP; 4) el 15 de febrero del 2022, según acta de inspección ocular 096-2022, se evidenció la instalación del equipo de cocina, cámaras de enfriamiento, extractores, instalación de Gas Lp y limpieza de la cocina, aunque aún no se presentaba el Plan de acciones correctivas requerido; 5) el 29 de junio del 2022, se presentó el Plan de acciones correctivas por parte de la DIE mediante oficio DVM-A-DIE-DM-0599-2022, que incluyó un cronograma de ejecución hasta febrero del 2026, abarcando no solo el comedor, sino toda la infraestructura del colegio; 6) el 30 de junio del 2022, mediante oficio MS-DRRSPCDARSOSM-0461-2022, la Dirección del ARS informó a los ingenieros de la DIE que se recibió el Plan de acciones correctivas, considerándose acatadas las órdenes sanitarias. Se indicó que la ejecución del proyecto está programada para iniciar en setiembre del 2025 y finalizar en febrero del 2026.

Sin embargo, de extrema relevancia para la resolución de este asunto consta que el 24 de junio del 2025, según acta de inspección ocular N.° 588-2025 del Área Rectora de Salud de Orotina, se reafirmó que no hay evidencia de ejecución de las etapas del plan correctivo por parte de la DIE, aunque se mantiene programado el inicio de las obras en setiembre del 2025. Se evidenció que las no conformidades en el comedor del Colegio Ricardo Castro Beer persisten.

Siguiendo en esa línea, el Ministerio de Educación Pública no desvirtuó los hechos y reconoce que en el Colegio Técnico Profesional Ricardo Castro Beer se deben hacer una serie de obras. Nótese que se dice que: “el Departamento de Mantenimiento de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) gestiona la primera etapa para este centro educativo, orientada a la contratación de servicios profesionales para la elaboración de planos, estudios técnicos y presupuesto de intervención. Este proyecto responde a la necesidad de ejecutar las obras urgentes identificadas en el Informe de Diagnóstico DVM-A-DIE-DM-0723-2022, como medida inicial necesaria y diferenciada de la solución completa contemplada en el mismo informe, en el cual se establecieron dos etapas de intervención: 1) una de atención inmediata o prioritaria, 2) y otra de atención a mediano o largo plazo. Esta intervención entre otros trabajos a ejecutar involucra además las deficiencias del comedor y las obras de urgencia señaladas en la orden sanitaria vigente, emitida por el Ministerio de Salud, en tanto estas condiciones comprometen la salubridad, seguridad y funcionalidad del servicio, así referidas también por la Sra. [Nombre 001]” (sic). Admiten que el proyecto tuvo un retraso y fue hasta el 10 de junio de 2025 que se pudo reactivar el proceso y con ello se podrá intervenir con ciertas acciones prioritarias, tales como: cambio de techo, cielorrasos, cerchas y sistema pluvial en el comedor y soda; construcción de piso y contrapiso nuevos en el área de comedor; instalación de sistema de distribución y almacenamiento de gas LP; adecuaciones para cumplir con la Ley 7600 en accesos y servicios sanitarios; mejoras eléctricas e instalación de sistemas de detección de incendios. Asimismo, se constató -de conformidad con lo informado- que el centro educativo cuenta con los recursos financieros depositados en Caja Única del Estado para cubrir los costos iniciales del diseño.

Ahora bien, conviene indicar que la jurisprudencia de esta Sala ha resuelto que existe un derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado en los centros de educación pública administrados por el Ministerio de Educación Pública:

“III.- TOCANTE AL DERECHO A GOZAR DE UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN.- El derecho a la salud reconocido en los artículos 21 de la Constitución Política, 1 y 11 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos, se encuentra íntimamente ligado al derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, consagrado en el artículo 50 constitucional. La calidad ambiental es un parámetro fundamental de la calidad de vida; al igual que la salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, entre otros. En consecuencia, el Estado tiene la obligación de procurar una protección adecuada al ambiente, para lo cual debe tomar las medidas necesarias a fin de que el medio esté libre de contaminación, y que las alteraciones producidas tanto por el hombre como por la naturaleza, en el entorno próximo o lejano, no constituyan una lesión al ambiente ni a la salud de las personas que en él habitan. Se reconoce especialmente este derecho cuando está asociado a otros derechos fundamentales, como lo sería el derecho a la educación. Este último se configura como un derecho fundamental, el cual se traduce en el servicio público que brinda el Estado en los distintos centros educativos del país. Por lo tanto, lo menos que puede hacer el Estado es que al brindar la prestación de este servicio público no lesione otros derechos fundamentales, como sería el derecho a la salud y a un ambiente sano, tanto de los estudiantes como del personal docente y administrativo de la institución educativa (véanse en este sentido, entre otras, sentencias No. 2007-017719 de las 15:50 horas de 5 de diciembre de 2007, No. 2012-014633 de las 9:05 horas de 19 de octubre del 2012, No. 2018-003873 de las 09:30 horas de 9 de marzo de 2018)”.

 Así las cosas, y de conformidad con el elenco de hechos probados y las consideraciones expuestas en este considerando, se aprecia que el Ministerio de Educación Pública no ha garantizado adecuadamente el derecho a la salud ni el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado de la comunidad educativa. Nótese que, al menos desde el año 2021, se tiene conocimiento sobre las condiciones del comedor estudiantil, lo que motivó la emisión de órdenes sanitarias y la elaboración de cronogramas para atender diversas falencias en la infraestructura. No menos importante, del propio informe del MEP se desprende que han existido atrasos en el cumplimiento del cronograma propuesto al Ministerio de Salud, lo cual agrava aún más la afectación a los derechos de la comunidad educativa. Asimismo, en dicho informe se reconoce la necesidad de adoptar medidas prioritarias en relación con el comedor estudiantil. Se destaca, además, que según el informe del Ministerio de Salud, consta que el 24 de junio de 2025, mediante el acta de inspección ocular N.° 588-2025 del Área Rectora de Salud de Orotina, se reafirmó que no existe evidencia de ejecución de las etapas del plan correctivo por parte de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE), aunque se mantiene programado el inicio de las obras para septiembre de 2025. En definitiva, se evidenció que las no conformidades en el comedor del Colegio Técnico Profesional Ricardo Castro Beer persisten. En consecuencia, lo que procede es declarar con lugar el recurso, en relación con el Ministerio de Educación Pública, pues sin duda es imperativo dotar de condiciones adecuadas de higiene, salubridad y seguridad a un comedor estudiantil -sea modificando el espacio actual, si técnicamente procede o la reubicación a otro lugar-, con el fin de garantizar el derecho a la salud, a la alimentación, a la educación y al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

VI.  No pasa inadvertido que, esta Sala Constitucional en la sentencia No. 2025023150 de las 09:20 horas del 24 de julio de 2025, se conoció de un recurso de amparo promovido por el director del CTP Ricardo Castro Beer. En dicho expediente -que se tiene ad effectum videndi et probandi- se tuvo por objeto, lo siguiente:

“I.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente alega que es director del Colegio Técnico Profesional Ricardo Castro Beer y, desde el año 2021, y que el MEP no ha atendido las múltiples gestiones para mejorar la infraestructura del centro educativo. Detalla que algunos servicios sanitarios están inhabilitados por obstrucciones en los sistemas de drenaje, hay problemas en techos y cielorrasos, pues algunos sectores tienen corrosión, filtraciones de agua y riesgo de desprendimiento, y se han reportado fallas en el sistema eléctrico, incluyendo sobrecargas, cortocircuitos y cables expuestos, además, hay falta de accesibilidad, pues las rampas y sanitarios no cumplen con la Ley N° 7600. Agrega que hay problemas de abastecimiento de agua potable, por los cuales la institución ha sido objeto de múltiples órdenes sanitarias. Acusa presencia de coliformes fecales en el agua del pozo desde el año 2016. Relata que las baterías sanitarias destinadas a los jóvenes del Plan Nacional están en condiciones deplorables. Finalmente, acusa que la DIEE no ha asignado a un profesional para acompañar a la Junta Administrativa en el proceso”.

Los hechos probados de ese expediente fueron:

“II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

a) Actualmente, en el Departamento de Mantenimiento de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) se encuentra en trámite un proyecto de infraestructura correspondiente a una primera etapa, orientada a atender señalamientos urgentes contenidos en las órdenes sanitarias emitidas al centro educativo objeto de este amparo (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada).

b) Este proyecto tiene como objetivo la ejecución de obras prioritarias, conforme a lo indicado en el Informe de Diagnóstico DVM-A-DIE-DM0723-2022 (ver informe rendido bajo juramento

c) El avance del proyecto a cargo del Departamento de Mantenimiento experimentó un retraso debido a una situación relacionada con la seguridad jurídica del terreno, la cual impedía emitir la Autorización Técnica de Contratación (ATC) (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada).

d) El 10 de junio de 2025, la Coordinación de Bienes Inmuebles de la DIE confirmó que dicha situación fue debidamente resuelta, lo cual habilita la continuación de las gestiones necesarias para la obtención de la ATC y la posterior contratación de los servicios profesionales requeridos (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada)”.

El Tribunal resolvió declarar con lugar el amparo, por los siguientes motivos:

“III.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En la especie, la parte promovente alega que es director del Colegio Técnico Profesional Ricardo Castro Beer y, desde el año 2021, y que el MEP no ha atendido las múltiples gestiones para mejorar la infraestructura del centro educativo. Detalla que algunos servicios sanitarios están inhabilitados por obstrucciones en los sistemas de drenaje, hay problemas en techos y cielorrasos, pues algunos sectores tienen corrosión, filtraciones de agua y riesgo de desprendimiento, y se han reportado fallas en el sistema eléctrico, incluyendo sobrecargas, cortocircuitos y cables expuestos, además, hay falta de accesibilidad, pues las rampas y sanitarios no cumplen con la Ley N° 7600. Agrega que hay problemas de abastecimiento de agua potable, por los cuales la institución ha sido objeto de múltiples órdenes sanitarias. Acusa presencia de coliformes fecales en el agua del pozo desde el año 2016. Relata que las baterías sanitarias destinadas a los jóvenes del Plan Nacional están en condiciones deplorables. Finalmente, acusa que la DIEE no ha asignado a un profesional para acompañar a la Junta Administrativa en el proceso. Al respecto, la Sala tiene por demostrado que, actualmente, en el Departamento de Mantenimiento de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) se encuentra en trámite un proyecto de infraestructura correspondiente a una primera etapa, orientada a atender señalamientos urgentes contenidos en las órdenes sanitarias emitidas al centro educativo objeto de este amparo. Este proyecto tiene como objetivo la ejecución de obras prioritarias, conforme a lo indicado en el Informe de Diagnóstico DVM-ADIE-DM-0723-2022. El avance del proyecto a cargo del Departamento de Mantenimiento experimentó un retraso debido a una situación relacionada con la seguridad jurídica del terreno, la cual impedía emitir la Autorización Técnica de Contratación (ATC). El 10 de junio de 2025, la Coordinación de Bienes Inmuebles de la DIE confirmó que dicha situación fue debidamente resuelta, lo cual habilita la continuación de las gestiones necesarias para la obtención de la ATC y la posterior contratación de los servicios profesionales requeridos. Así las cosas, es claro que la autoridad accionada reconoce que en el centro educativo aquí amparado se requieren varias obras pendientes para poder impartir lecciones de manera adecuada en la infraestructura del colegio. Sin embargo, los recurridos indican que las obras apenas están en proceso de planificación, ni siquiera se están ejecutando. Inclusive, explican que el mismo ha tenido varios retrasos que, claramente, afectan el derecho a la educación de los menores que asisten a dicho centro. A mayor abundamiento, la Sala constata que los accionados ni siquiera informan sobre una fecha cercana a la finalización de las obras requeridas en el centro educativo. Obsérvese que se trata de obras para atender necesidades de primer orden, como cuestiones eléctricas, servicios sanitarios, drenaje, techos y cielorrasos, corrosión, filtraciones de agua y riesgo de desprendimiento, sobrecargas eléctricas, cortocircuitos, falta de accesibilidad conforme la Ley N° 7600, entre otros aspectos que denunciante el recurrente en este amparo. Así las cosas, en consideración de este Tribunal, sí se están conculcando los derechos fundamentales de los tutelados, ya que el centro educativo al que asisten los estudiantes amparados no se encuentra en las mejores condiciones infraestructurales, y a pesar de haberse denunciado la situación desde tiempo atrás, a la fecha el MEP apenas se encuentra tramitando la aprobación del proyecto, sin definir a la Sala una fecha aproximada y cercana en que se concluirían las obras constructivas y demás mejoras que necesita dicho colegio, con la consecuente lesión a los derechos fundamentales de los menores que asisten a ese lugar. Ergo, procede la estimatoria del amparo con las consecuencias que se dirán en la parte dispositiva de la sentencia”.

En la parte dispositiva de la resolución, la Sala Constitucional resolvió:

“Se declara con lugar el recurso. Se ordena a José Leonardo Sánchez Hernández, y Lourdes Sáurez Barboza, por su orden Ministro de Educación y Directora de Infraestructura Educativa, ambos del MEP, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, que gire las órdenes pertinentes y lleve a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, para que, dentro del plazo de DOCE MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se realicen todas las mejoras estructurales que requiere el centro educativo objeto del amparo. Lo anterior se dicta con la advertencia de que según lo establecido por el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Salazar Alvarado consigna nota. La magistrada Garro Vargas salva el voto respecto a la ejecución de la orden de esta sentencia dada al MEP y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dispone que debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución, establecidos en los artículos 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo. Asimismo, ordena que se le remita copia de la sentencia para que se inicie los procedimientos de ejecución de este fallo”.

De la sentencia en cuestión, se pueden verificar dos elementos de suma relevancia. El primero de ellos es que, en el informe de ley rendido por el Ministerio de Educación Pública en dicho expediente, se adjuntó como respaldo el oficio DVM-A-DIE-DM-0465-2025, emitido en atención a un recurso de amparo relacionado con el expediente 25-017583-0007-CO (este recurso de amparo), en el cual el Departamento de Mantenimiento se refiere al proyecto en atención. Aunado a ello, la orden dada en la sentencia N° 2025023150 de las 09:20 horas del 24 de julio de 2025 es general y razonablemente puede cubrir parte de lo aquí dispuesto.

Visto esto, en aras de evitar órdenes sin una adecuada coordinación o traslapes de plazos, se estima procedente declarar con lugar el recurso y disponer que se tomen las medidas necesarias para brindar una solución integral a la infraestructura del comedor del Colegio Técnico Profesional, dentro del plazo establecido en la sentencia N° 2025023150 de las 09:20 horas del 24 de julio de 2025. Además, se dispondrán unas medidas específicas en la parte dispositiva del fallo, pues se está ante una zona muy específica del centro educativo, sea el comedor, donde la salubridad e higiene juegan un papel muy relevante.

VII. EN CUANTO AL MINISTERIO DE SALUD. A juicio de esta Sala, el recurso de amparo debe ser desestimado, ya que, de la lectura del escrito de interposición, se advierte que esta autoridad no fue señalada como parte accionada, sino únicamente el Ministerio de Educación Pública (MEP). Además, se constata que la autoridad recurrida ha emitido las órdenes sanitarias correspondientes, las cuales se tuvieron por cumplidas con la presentación del cronograma que debe ejecutar el MEP. A ello se suma que la entidad llamada a realizar las obras necesarias para garantizar el derecho a la educación de la comunidad estudiantil es el propio Ministerio de Educación Pública. No obstante lo anterior, se insta al Área Rectora de Salud de Orotina a mantenerse vigilante y dar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones sanitarias emitidas contra el Colegio Técnico Profesional Ricardo Castro Beer, con el fin de garantizar los derechos fundamentales a la salud, a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como el derecho a la educación de la comunidad estudiantil.

VIII. NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la actividad o inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura, deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa (omisiva o no) se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, en que la parte recurrente acusa que el comedor del Colegio Técnico Profesional Ricardo Castro Beer no cumple con las condiciones adecuadas, por lo que no se ha resguardado el derecho a la salud y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado de la población estudiantil.

IX.  DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Debe prevenir esta Sala a las partes que de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara con lugar el recurso, únicamente contra el Ministerio de Educación Pública. Se ordena a José Leonardo Sánchez Hernández y a Lourdes Suárez Barboza en sus calidades respectivas de ministro de Educación y de directora de Infraestructura Educativa, ambos del Ministerio de Educación Pública, o a quienes en su lugar ocupe los cargos, realizar la coordinación interinstitucional y las gestiones pertinentes para que: 1) en el plazo máximo de DIEZ DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se verifique el estado actual del comedor estudiantil del Colegio Técnico Profesional Ricardo Castro Beer y se determinen los hallazgos urgentes de intervenir, 2) que en un plazo no mayor a un MES, contado a partir de la notificación de esta resolución, se emitan las órdenes y acciones urgentes y provisionales que resulten procedentes, con el fin de garantizar la salud, higiene, seguridad e integridad física de la comunidad educativa, docente y administrativa del Colegio Técnico Profesional Ricardo Castro Beer, en lo que respecta al lugar donde está dispuesto el comedor estudiantil. 3) Dentro de ese mismo plazo, se deberá remitir un informe dirigido a esta Sala, en el que se comuniquen los hallazgos obtenidos y las acciones adoptadas por el Ministerio de Educación Pública. 4) Que, en el plazo máximo de doce meses establecido en la sentencia No. 2025023150 de las 09:20 horas del 24 de julio de 2025, contado a partir de la notificación de esa resolución en el citado expediente, se adopten y ejecuten las medidas definitivas necesarias que permitan la utilización segura de un comedor del Colegio Técnico Profesional Ricardo Castro Beer, de conformidad con los hallazgos y órdenes emitidas por el Área Rectora de Salud de Orotina del Ministerio de Salud, así como cualquier otra medida no urgente que el Ministerio de Educación Pública haya identificado como necesaria para garantizar el derecho a la salud y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Se advierte a la parte recurrida que, de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. En cuanto al Área Rectora de Salud de Orotina del Ministerio de Salud, se declara sin lugar el recurso, sin embargo, tome nota de lo resuelto en el considerando VII de esta sentencia, con la finalidad de mantenerse vigilante y dar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones sanitarias emitidas contra el Colegio Técnico Profesional Ricardo Castro Beer en relación con el comedor estudiantil.  Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Salazar Alvarado consigna nota. Notifíquese.

 

 

 

 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

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Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

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Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 08:57:11.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

(...) Now, it is worth noting that the case law of this Chamber has resolved that there is a right to a healthy and ecologically balanced environment (derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado) in the public education centers administered by the Ministry of Public Education (Ministerio de Educación Pública):

"III. REGARDING THE RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT IN EDUCATION CENTERS. The right to health recognized in Articles 21 of the Political Constitution, 1 and 11 of the American Declaration of the Rights and Duties of Man, 4 of the American Convention on Human Rights, and 10 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights, is closely linked to the right to live in a healthy and balanced environment (ambiente sano y equilibrado), enshrined in Article 50 of the Constitution. Environmental quality is a fundamental parameter of quality of life, along with health, food, work, housing, education, among others. Consequently, the State has the obligation to ensure adequate protection of the environment, for which it must take the necessary measures so that the environment is free from contamination, and that alterations caused by both humans and nature, in the near or distant surroundings, do not constitute harm to the environment or to the health of the people who inhabit it. This right is especially recognized when it is associated with other fundamental rights, such as the right to education. The latter is configured as a fundamental right, which translates into the public service provided by the State in the various educational centers of the country. Therefore, the least the State can do when providing this public service is not to harm other fundamental rights, such as the right to health and a healthy environment, for both students and the teaching and administrative staff of the educational institution (see in this regard, among others, decisions No. 2007-017719 at 3:50 p.m. on December 5, 2007, No. 2012-014633 at 9:05 a.m. on October 19, 2012, No. 2018-003873 at 09:30 a.m. on March 9, 2018)."

Thus, and in accordance with the list of proven facts and the considerations set forth in this recital, it is observed that the Ministry of Public Education has not adequately guaranteed the right to health nor the right to a healthy and ecologically balanced environment for the educational community. Note that, at least since 2021, the conditions of the student cafeteria (comedor estudiantil) have been known, which prompted the issuance of sanitary orders and the development of schedules to address various infrastructure deficiencies. No less important, the MEP's own report shows that there have been delays in complying with the schedule proposed to the Ministry of Health (Ministerio de Salud), which further aggravates the impact on the rights of the educational community. Likewise, this report acknowledges the need to adopt priority measures regarding the student cafeteria. It is also noteworthy that, according to the report from the Ministry of Health, it is recorded that on June 24, 2025, through the Ocular Inspection Record No. 588-2025 of the Orotina Health Governing Body (Área Rectora de Salud de Orotina), it was reaffirmed that there is no evidence of execution of the stages of the corrective plan by the Directorate of Educational Infrastructure (Dirección de Infraestructura Educativa, DIE), although the start of works is still scheduled for September 2025. Ultimately, it was evidenced that the non-conformities in the cafeteria of the Colegio Técnico Profesional Ricardo Castro Beer persist. Consequently, it is appropriate to grant the appeal, in relation to the Ministry of Public Education, as it is undoubtedly imperative to provide the student cafeteria with adequate conditions of hygiene, health, and safety—whether by modifying the current space, if technically feasible, or relocating it to another location—in order to guarantee the right to health, food, education, and a healthy and ecologically balanced environment. (...)"

(...) this Constitutional Chamber, in decision No. 2025023150 at 09:20 a.m. on July 24, 2025, heard an amparo appeal filed by the director of the CTP Ricardo Castro Beer. In that case file—which is held ad effectum videndi et probandi—the purpose was as follows:

"I.- PURPOSE OF THE APPEAL. The appellant alleges that he is the director of the Colegio Técnico Profesional Ricardo Castro Beer, and that since 2021, the MEP has not addressed the multiple efforts to improve the educational center's infrastructure. He details that some restrooms are out of service due to obstructions in the drainage systems, there are problems with roofs and ceilings, as some sectors have corrosion, water filtration, and risk of detachment, and failures have been reported in the electrical system, including overloads, short circuits, and exposed cables. Additionally, there is a lack of accessibility, as the ramps and restrooms do not comply with Law No. 7600. He adds that there are problems with the drinking water supply, for which the institution has been the subject of multiple sanitary orders. He accuses the presence of fecal coliforms in the well water since 2016. He relates that the restroom facilities intended for the youth of the National Plan are in deplorable conditions. Finally, he accuses that the DIEE has not assigned a professional to assist the Administrative Board (Junta Administrativa) in the process."

The proven facts of that case file were:

"II.- PROVEN FACTS. Important for the decision of this matter, the following facts are considered duly proven, either because they have been accredited or because the respondent omitted to refer to them as provided in the initial order:

a) Currently, in the Maintenance Department (Departamento de Mantenimiento) of the Directorate of Educational Infrastructure (DIE), an infrastructure project corresponding to a first stage is in process, aimed at addressing urgent issues contained in the sanitary orders issued to the educational center subject to this amparo (see sworn report and evidence provided).

b) This project aims to execute priority works, as indicated in the Diagnostic Report DVM-A-DIE-DM-0723-2022 (see sworn report).

c) The progress of the project managed by the Maintenance Department experienced a delay due to a situation related to the legal security of the land, which prevented the issuance of the Technical Contracting Authorization (Autorización Técnica de Contratación, ATC) (see sworn report and evidence provided).

d) On June 10, 2025, the Real Estate Coordination of the DIE confirmed that this situation was duly resolved, which enables the continuation of the necessary steps to obtain the ATC and the subsequent contracting of the required professional services (see sworn report and evidence provided)."

The Court resolved to grant the amparo appeal, for the following reasons:

"III.- REGARDING THE SPECIFIC CASE. In the case at hand, the petitioner alleges that he is the director of the Colegio Técnico Profesional Ricardo Castro Beer, and that since 2021, the MEP has not addressed the multiple efforts to improve the educational center's infrastructure. He details that some restrooms are out of service due to obstructions in the drainage systems, there are problems with roofs and ceilings, as some sectors have corrosion, water filtration, and risk of detachment, and failures have been reported in the electrical system, including overloads, short circuits, and exposed cables. Additionally, there is a lack of accessibility, as the ramps and restrooms do not comply with Law No. 7600. He adds that there are problems with the drinking water supply, for which the institution has been subject to multiple sanitary orders. He accuses the presence of fecal coliforms in the well water since 2016. He relates that the restroom facilities intended for the youth of the National Plan are in deplorable conditions. Finally, he accuses that the DIEE has not assigned a professional to assist the Administrative Board in the process. In this regard, the Chamber has proven that, currently, in the Maintenance Department of the Directorate of Educational Infrastructure (DIE), an infrastructure project corresponding to a first stage is in process, aimed at addressing urgent issues contained in the sanitary orders issued to the educational center subject to this amparo. This project aims to execute priority works, as indicated in the Diagnostic Report DVM-ADIE-DM-0723-2022. The progress of the project managed by the Maintenance Department experienced a delay due to a situation related to the legal security of the land, which prevented the issuance of the Technical Contracting Authorization (ATC). On June 10, 2025, the Real Estate Coordination of the DIE confirmed that this situation was duly resolved, which enables the continuation of the necessary steps to obtain the ATC and the subsequent contracting of the required professional services. Thus, it is clear that the respondent authority recognizes that in the educational center protected here, several pending works are required to be able to teach lessons properly in the school's infrastructure. However, the respondents indicate that the works are just in the planning stage, they are not even being executed. They even explain that it has experienced several delays that clearly affect the right to education of the minors who attend this center. More importantly, the Chamber notes that the respondents do not even report a near date for the completion of the works required at the educational center. Note that these are works to address first-order needs, such as electrical issues, restrooms, drainage, roofs and ceilings, corrosion, water filtration and risk of detachment, electrical overloads, short circuits, lack of accessibility under Law No. 7600, among other aspects denounced by the appellant in this amparo. Thus, in this Court's consideration, the fundamental rights of the wards are being violated, as the educational center attended by the protected students is not in the best infrastructural conditions, and despite the situation having been reported for some time, to date the MEP is barely processing the project approval, without defining for the Chamber an approximate and near date when the construction works and other improvements needed by this school will be completed, with the consequent harm to the fundamental rights of the minors attending that place. Ergo, the granting of the amparo is appropriate with the consequences detailed in the operative part of the decision."

In the operative part of the ruling, the Constitutional Chamber resolved:

"The appeal is granted with place. José Leonardo Sánchez Hernández, and Lourdes Sáurez Barboza, in their respective capacities as Minister of Education and Director of Educational Infrastructure, both of the MEP, or whoever occupies that position in their place, are ordered to issue the pertinent orders and carry out all actions within the scope of their competence, so that, within a period of TWELVE MONTHS, counted from the notification of this judgment, all the structural improvements required by the educational center subject to the amparo are carried out. The above is ordered with the warning that, according to the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and does not comply with it or does not enforce it, provided the crime is not more severely punished. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment of the administrative contentious jurisdiction. Magistrate Salazar Alvarado submits a note. Magistrate Garro Vargas dissents regarding the execution of the order of this judgment given to the MEP and, in accordance with Article 56 of the Law of Constitutional Jurisdiction, orders that it must be carried out before the Execution Area of the Administrative and Civil Treasury Court, under the execution rules established in Articles 155 and following of the Administrative Contentious Procedural Code. Likewise, she orders that a copy of the judgment be sent to her so that the execution procedures for this ruling be initiated."

From the judgment in question, two highly relevant elements can be verified. The first is that, in the legal report rendered by the Ministry of Public Education in that case file, official document DVM-A-DIE-DM-0465-2025 was attached as support, issued in response to an amparo appeal related to case file 25-017583-0007-CO (this amparo appeal), in which the Maintenance Department refers to the project under consideration. In addition, the order given in decision No. 2025023150 at 09:20 a.m. on July 24, 2025, is general and can reasonably cover part of what is provided here.

In view of this, to avoid orders without adequate coordination or overlapping deadlines, it is deemed appropriate to grant the appeal and order that the necessary measures be taken to provide a comprehensive solution to the cafeteria infrastructure of the Colegio Técnico Profesional, within the period established in decision No. 2025023150 at 09:20 a.m. on July 24, 2025. Additionally, specific measures will be ordered in the operative part of the ruling, as this concerns a very specific area of the educational center, namely the cafeteria, where health and hygiene play a very important role.

VII. REGARDING THE MINISTRY OF HEALTH. In the opinion of this Chamber, the amparo appeal must be dismissed, since, from reading the filing brief, it is noted that this authority was not designated as a respondent, but only the Ministry of Public Education (MEP). Furthermore, it is verified that the respondent authority has issued the corresponding sanitary orders, which were deemed complied with upon the submission of the schedule that the MEP must execute. In addition, the entity called upon to carry out the necessary works to guarantee the right to education of the student community is the Ministry of Public Education itself. Notwithstanding the foregoing, the Orotina Health Governing Body is urged to remain vigilant and follow up on compliance with the sanitary provisions issued against the Colegio Técnico Profesional Ricardo Castro Beer, in order to guarantee the fundamental rights to health, a healthy and ecologically balanced environment, as well as the right to education of the student community. (...)"

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Type of content: Separate Note

Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS

Topic: EDUCATION

Subtopics:

INFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.

024898-25. IT IS ALLEGED THAT THE COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE OROTINA DOES NOT HAVE A CAFETERIA SPACE. THE MINISTER OF EDUCATION IS ORDERED TO CARRY OUT INTERINSTITUTIONAL COORDINATION AND THE PERTINENT EFFORTS TO: 1) WITHIN A MAXIMUM PERIOD OF TEN DAYS, VERIFY THE CURRENT STATE OF THE STUDENT CAFETERIA OF THE COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL RICARDO CASTRO BEER AND DETERMINE THE URGENT FINDINGS TO INTERVENE, 2) WITHIN A PERIOD OF NO MORE THAN ONE MONTH, COUNTED FROM THE NOTIFICATION OF THIS DECISION, ISSUE THE URGENT AND PROVISIONAL ORDERS AND ACTIONS THAT MAY BE APPROPRIATE, IN ORDER TO GUARANTEE THE HEALTH, HYGIENE, SAFETY, AND PHYSICAL INTEGRITY OF THE EDUCATIONAL, TEACHING, AND ADMINISTRATIVE COMMUNITY OF THE COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL RICARDO CASTRO BEER, REGARDING THE LOCATION WHERE THE STUDENT CAFETERIA IS SET UP. 3) WITHIN THAT SAME PERIOD, A REPORT MUST BE SENT TO THIS CHAMBER, COMMUNICATING THE FINDINGS OBTAINED AND THE ACTIONS TAKEN BY THE MINISTRY OF PUBLIC EDUCATION. 4) THAT, WITHIN THE MAXIMUM PERIOD OF TWELVE MONTHS ESTABLISHED IN DECISION NO. 2025023150 AT 09:20 A.M. ON JULY 24, 2025, THE NECESSARY FINAL MEASURES SHALL BE ADOPTED AND IMPLEMENTED TO ALLOW THE SAFE USE OF A CAFETERIA AT THE COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL RICARDO CASTRO BEER, IN ACCORDANCE WITH THE FINDINGS AND ORDERS ISSUED BY THE OROTINA HEALTH GOVERNING BODY OF THE MINISTRY OF HEALTH, AS WELL AS ANY OTHER NON-URGENT MEASURE THE MINISTRY OF PUBLIC EDUCATION HAS IDENTIFIED AS NECESSARY TO GUARANTEE THE RIGHT TO HEALTH AND A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. RGS08/2025

VIII. NOTE FROM MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. In principle, I consider that cases related to the activity or inactivity of the Public Administration in the repair, construction, modification, or demolition of any infrastructure work, should be dismissed, as that omission constitutes a legality issue, whose discussion corresponds to the ordinary jurisdiction, before which the interested party can debate, more broadly, their disagreements. However, when some violation of other fundamental rights protected in this constitutional jurisdiction is derived from that administrative conduct (omissive or otherwise), or vulnerable groups are affected, I then agree to hear the merits of the case, as this situation constitutes an exception to my position on this matter, as is the case here, where the appellant alleges that the cafeteria of the Colegio Técnico Profesional Ricardo Castro Beer does not meet adequate conditions, and therefore the right to health and a healthy and ecologically balanced environment of the student population has not been safeguarded.

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Content of Interest:

Type of content: Majority Vote

Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS

Topic: EDUCATION

Subtopics:

INFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.

024898-25. IT IS ALLEGED THAT THE COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE OROTINA DOES NOT HAVE A CAFETERIA SPACE. THE MINISTER OF EDUCATION IS ORDERED TO CARRY OUT INTERINSTITUTIONAL COORDINATION AND THE PERTINENT EFFORTS TO: 1) WITHIN A MAXIMUM PERIOD OF TEN DAYS, VERIFY THE CURRENT STATE OF THE STUDENT CAFETERIA OF THE COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL RICARDO CASTRO BEER AND DETERMINE THE URGENT FINDINGS TO INTERVENE, 2) WITHIN A PERIOD OF NO MORE THAN ONE MONTH, COUNTED FROM THE NOTIFICATION OF THIS DECISION, ISSUE THE URGENT AND PROVISIONAL ORDERS AND ACTIONS THAT MAY BE APPROPRIATE, IN ORDER TO GUARANTEE THE HEALTH, HYGIENE, SAFETY, AND PHYSICAL INTEGRITY OF THE EDUCATIONAL, TEACHING, AND ADMINISTRATIVE COMMUNITY OF THE COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL RICARDO CASTRO BEER, REGARDING THE LOCATION WHERE THE STUDENT CAFETERIA IS SET UP. 3) WITHIN THAT SAME PERIOD, A REPORT MUST BE SENT TO THIS CHAMBER, COMMUNICATING THE FINDINGS OBTAINED AND THE ACTIONS TAKEN BY THE MINISTRY OF PUBLIC EDUCATION. 4) THAT, WITHIN THE MAXIMUM PERIOD OF TWELVE MONTHS ESTABLISHED IN DECISION NO. 2025023150 AT 09:20 A.M. ON JULY 24, 2025, THE NECESSARY FINAL MEASURES SHALL BE ADOPTED AND IMPLEMENTED TO ALLOW THE SAFE USE OF A CAFETERIA AT THE COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL RICARDO CASTRO BEER, IN ACCORDANCE WITH THE FINDINGS AND ORDERS ISSUED BY THE OROTINA HEALTH GOVERNING BODY OF THE MINISTRY OF HEALTH, AS WELL AS ANY OTHER NON-URGENT MEASURE THE MINISTRY OF PUBLIC EDUCATION HAS IDENTIFIED AS NECESSARY TO GUARANTEE THE RIGHT TO HEALTH AND A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. RGS08/2025

"(…) The appeal is granted with place, solely against the Ministry of Public Education. José Leonardo Sánchez Hernández and Lourdes Suárez Barboza, in their respective capacities as Minister of Education and Director of Educational Infrastructure, both of the Ministry of Public Education, or whoever occupies those positions in their place, are ordered to carry out the inter-institutional coordination and the pertinent efforts so that: 1) within a maximum period of TEN DAYS, counted from the notification of this judgment, the current state of the student cafeteria of the Colegio Técnico Profesional Ricardo Castro Beer is verified and the urgent findings to be intervened are determined, 2) within a period of no more than ONE MONTH, counted from the notification of this decision, the urgent and provisional orders and actions that may be appropriate are issued, in order to guarantee the health, hygiene, safety, and physical integrity of the educational, teaching, and administrative community of the Colegio Técnico Profesional Ricardo Castro Beer, regarding the location where the student cafeteria is set up. 3) Within that same period, a report must be sent to this Chamber, communicating the findings obtained and the actions taken by the Ministry of Public Education. 4) That, within the maximum period of twelve months established in decision No. 2025023150 at 09:20 a.m. on July 24, 2025, counted from the notification of that decision in the cited case file, the necessary final measures be adopted and implemented to allow the safe use of a cafeteria at the Colegio Técnico Profesional Ricardo Castro Beer, in accordance with the findings and orders issued by the Orotina Health Governing Body of the Ministry of Health, as well as any other non-urgent measure the Ministry of Public Education has identified as necessary to guarantee the right to health and a healthy and ecologically balanced environment. The respondent is warned that, if the said order is not obeyed, they will incur the crime of disobedience and that, in accordance with Article 71 of the Law of this jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and does not comply with it or does not enforce it, provided the crime is not more severely punished. Regarding the Orotina Health Governing Body of the Ministry of Health, the appeal is dismissed; however, take note of what was resolved in recital VII of this judgment, with the purpose of remaining vigilant and following up on compliance with the sanitary provisions issued against the Colegio Técnico Profesional Ricardo Castro Beer in relation to the student cafeteria. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment of the administrative contentious jurisdiction. Magistrate Salazar Alvarado submits a note. Notify."

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Text of the resolution



Exp: 25-017583-0007-CO

Res. Nº 2025024898

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours twenty minutes on the eighth of August, two thousand twenty-five.

  

An amparo appeal processed in case file number 25-017583-0007-CO, filed by [Name 001], identity document [Value 001], against the MINISTRY OF EDUCATION and the MINISTRY OF HEALTH.

WHEREAS

 

1. By written brief received at the Secretariat of the Chamber on June 17, 2025, the appellant files an amparo appeal against the MINISTRY OF EDUCATION and the MINISTRY OF HEALTH and states that they are filing this amparo proceeding on behalf of the students of the Colegio Técnico Profesional Ricardo Castro Beer, located in Orotina de Alajuela. They indicate that this educational center operates on a full-day schedule, meaning students must remain at the educational center throughout the day. They assert that this makes it essential to have a dignified and functional space for eating as part of the right to a comprehensive education. They continue by stating that, currently, the school does not have adequate infrastructure, nor does it have a formal student cafeteria or infrastructure designed according to the technical guidelines established by the Ministry of Public Education. They allege that an improvised space is used that does not meet the minimum requirements established to guarantee the safety, hygiene, and functionality of the school food service. They argue that the lack of an institutional cafeteria also negatively affects the academic and work performance of those who make up the educational community, as adequate food intake in a healthy environment is essential for learning and productivity. They explain that the area designated for the kitchen and food distribution presents multiple deficiencies and, indeed, the Ministry of Health issued Sanitary Order No. MS-DARSOSM085-2021, which has not been complied with. They affirm that the school does not have adequate infrastructure, the furniture is deteriorated, the floor is not non-slip nor does it have hygienic materials in accordance with Ministry of Health standards, and the place, in general, has been identified, in the aforementioned sanitary order, as not suitable for the function it is currently being given. In line with the above, they assert that the Ministry of Health urges non-use of the space as it represents a risk to the health and safety of both the students and the staff responsible for food handling. Furthermore, they point out that the current conditions fail to comply with the principles of universal accessibility established in Law 7600 on Equal Opportunities for Persons with Disabilities, which prevents students with reduced mobility from using the cafeteria service in a dignified manner and under equal conditions. They reiterate that the aforementioned situation violates fundamental rights enshrined in the Political Constitution, such as the right to health, the principle of the best interests of the child, the right to education, and the right to equality, among others. In addition to the above, they mention that the educational center's cafeteria lacks adequate lighting, sufficient ventilation, and a suitable space for food storage. Likewise, it does not have an appropriate food receiving area, which compromises food security and hinders the distribution logistics of essential products for school meals. Notwithstanding, they complain that the competent MEP bodies have not carried out the corresponding acts to comply with the orders issued by the Ministry of Health in the sanitary orders it has issued and, consequently, the rehabilitation works of the educational center's physical plant have not been executed, thereby failing to guarantee the fundamental rights of the student population.

For the reasons stated, she requests the intervention of this Constitutional Court. She requests that the appeal be declared with merit.

2. By decision at 23:44 hours on June 19, 2025, the Presidency of this Chamber processed this amparo proceeding.

3. José Leonardo Sánchez Hernández and Lourdes Suárez Barboza, in their respective capacities as Minister of Education and Director of Educational Infrastructure, both from the Ministry of Public Education, report under oath and in accordance with official communication No. DVM-A-DIE-DM-0465-2025, state the following:

"The Maintenance Department of the Directorate of Educational Infrastructure (DIE) is managing the first stage for this educational center, aimed at contracting professional services for the preparation of plans, technical studies, and an intervention budget. This project responds to the need to execute the urgent works identified in the Diagnostic Report DVM-A-DIE-DM-0723-2022, as an initial measure necessary and differentiated from the complete solution contemplated in the same report, in which two intervention stages were established: 1) one of immediate or priority attention, 2) and another of medium or long-term attention. This intervention, among other works to be executed, also involves the dining hall deficiencies and the emergency works indicated in the current sanitary order (orden sanitaria), issued by the Ministry of Health, insofar as these conditions compromise the health, safety, and functionality of the service, as also referred to by Mrs. [Name 001]. As part of the administrative process, the project had presented a delay because the institutional land was registered in the name of the Instituto Agropecuario de Orotina, a situation that prevented progress with the technical authorization (ATC). However, through efforts made by the Real Estate Department of the DIE, on June 10, 2025, the reestablishment of the legal effects of cadastral plan A735942-2001 was confirmed, and with it, the registration of the land in the name of the Administrative Board (Junta Administrativa) of the educational center. This step enables the continuity of the project, for which reason the ATC request and the corresponding contracting will proceed. Part of the scope of this intervention includes, among other priority actions: • Change of roof, ceilings, trusses, and stormwater system in the dining hall and soda. • Construction of new flooring and subfloor in the dining hall area. • Installation of a distribution and storage system for LP gas. • Adaptations to comply with Law 7600 in accesses and sanitary services. • Electrical improvements and installation of fire detection systems. Likewise, the educational center has the financial resources deposited in the State Single Fund (Caja Única del Estado) to cover the initial design costs. The DIE reaffirms its commitment to advance with the execution of the project within the framework of its competencies, addressing the corresponding technical requirements and the principle of the best interest of the student… Given the foregoing, it is clear that the Directorate of Educational Infrastructure is carrying out the pertinent coordination and issuing the necessary administrative acts with the purpose of providing a comprehensive solution at the CTP Ricardo Castro Beer, safeguarding the safety, health, life, and physical integrity of the educational community. Due to the above, it is not considered that any fundamental right has been violated, for which reason we respectfully request this Honorable Constitutional Chamber to declare this Amparo Appeal without merit" (sic).

4. José Alberto Morales Ortega, in his capacity as director of the Rectorate Health Area of Orotina and San Mateo, reports under oath that, according to the documentary review carried out on the administrative file in custody, the following was found: that, on April 14, 2021, an anonymous complaint was received by said Rectorate Health Area, which textually stated: "(…) The dining hall of the Orotina high school presents poor condition in the work equipment such as stoves, coolers, tables and others, rice cookers, blenders, etc. (…)". He indicates that the complaint was registered under administrative file No. 2372. He indicates that, as recorded in inspection report No. 290-2021, on April 20, 2021, at 9:00 a.m., official Jairo Godínez Pacheco, who at that time handled complaints in the ARS Orotina San Mateo, appeared at the facilities of the Ricardo Castro Beer High School in Orotina to carry out the corresponding ocular inspection. He details that, during said inspection, the following was evidenced: unprotected lights, non-functioning extractor hood, cracked floors, non-certified LP gas tank hoses, wastewater system in poor condition, cooling systems with deteriorated gaskets and without internal shelves, absence of pest control, lack of cross ventilation, non-existence of fire extinguishers, and absence of sanitary coving. Therefore, non-conformities were evidenced that had to be corrected by the educational institution. He comments that although the complaint received referred only to aspects related to the kitchen equipment, the Environmental Manager proceeded to carry out a more comprehensive on-site inspection. He indicates that, after said inspection, technical report MS-DRRSPC-DARSOSM-IT-0106-2021 was generated, dated April 29, 2021, which details the findings encountered during the visit. He details the findings:

"1- Physical-Sanitary Aspects 1.1- It was evidenced that the floors of the food preparation area are cracked and in very porous sectors due to wear over the years; this situation is ideal for accumulating dirt and bacteria. 1.2-- The lights in the food preparation areas lack protection. 1.3- The site lacks cross ventilation, which could generate thermal stress during peak food preparation hours. 1.4- The wastewater disposal system is collapsed, the sedimentation unit is not adequate and is exposed; likewise, wastewater overflows were observed in the conduction line towards the septic tank system. 1.5- The kitchen in general lacks sanitary coving at the wall-floor junction, which makes cleaning difficult and accumulates dirt and bacteria harmful to human health. 2- Equipment and utensils 2.1- The LP gas conduction hoses for the cooking pots are not certified, and the coupling gauzes used are rusty and not adequate. 2.2- The freezers present physical damage (rust); furthermore, the rubber gaskets are loose and/or damaged, which allows a possible escape of cold air and entry of pests into the interior of the freezers, risking food contamination. 2.3- The smoke extractor hood does not work, causing a considerable increase in thermal conditions in the kitchen. 2.4- Some furniture was observed with a lot of rust and lacking shelving. 3- Safety 3.1- On-site, there is no evidence of an updated pest control logbook certified by a competent company. 3.2- The fire control extinguishers have been expired for many years and there are no smoke detection systems or LP gas leak detector alarms. 3.3- The storage, installation, and distribution conditions of LP gas, as well as the human safety and fire risk aspects evaluated, present inconsistencies, thus failing to comply with the minimum conditions required by current regulations. "(…) As explained in previous paragraphs, physical-sanitary conditions were evidenced that put the health and safety of the people using the facilities at risk. However, it was possible to evidence that food handling is adequate, all employees have their respective food handling card, adequate storage of non-perishables was evidenced, walls with good maintenance, and cleanliness in all areas of the kitchen. Conclusions It can be concluded that most of the deficiencies detected correspond to physical and sanitary aspects in both infrastructure and equipment; therefore, it is the criterion of the Health Regulation Process to request, through a sanitary order (orden sanitaria), a corrective action plan with an implementation schedule for its approval, in order to correct in the short and medium term the non-conformities detected during the ocular inspection in the dining hall of the Ricardo Beer High School in Orotina" (sic).

He affirms that based on technical report MS-DRRSPC-DARSOSM-IT-0106-2021, issued on April 29, 2021, the corresponding sanitary orders were generated and notified on April 30, 2021. He indicates that the following orders were issued: MS-DRRSPC-DARSOSM-085-2021, notified to Cristian Miranda Alpízar, in his capacity as director of the Ricardo Castro Beer High School; MS-DRRSPC-DARSOSM-086-2021, notified to Alonso Alpízar Vargas, as night director of the same educational center; and MS-DRRSPC-DARSOSM-087-2021, notified to José Luis Ramos Castellón, in his capacity as president of the Administrative Board (Junta Administrativa). He specifies that all orders were issued on the same date and ordered:

"(…) Based on the technical inspection report MS-DRRSPC-DARSOSM-IT-0106-2021, (attached), signed by Bach. Jairo Godínez Pacheco, Environmental Manager of the ARS Orotina San Mateo, which indicates non-conformities in the dining hall of the Ricardo Castro Beer High School, detected during an inspection visit on 04-20-2021. Therefore, these are risky conditions that can affect public health and that, according to current laws and regulations, must be corrected. For this reason, within the indicated period, you must proceed with the following: 1- Prepare and present to the Rectorate Health Area of Orotina and San Mateo for its approval, a corrective action plan, which contemplates the indicated irregularities, whose objective will be to guarantee adequate physical-sanitary and safety conditions for the personnel. The corrective action plan must contemplate: start dates, tasks or actions to be carried out, end dates of said actions, and the official responsible for said plan. (…)"

He continues stating that:

"FIFTH: As can be observed in the administrative file, Mr. Cristian Miranda Alpízar, on May 5, 2021, sent an email to the competent authorities to address the inconsistencies found and respond to the sanitary order issued. Likewise, on May 7, 2021, Mr. Cristian Miranda informed the Rectorate Health Area of Orotina San Mateo of the immediate actions taken.

SIXTH: On May 21, 2021, Mr. Cristian Miranda Alpízar requested an extension of time to comply with the sanitary order, indicating the following: "(…) I am writing to you aware of your good offices with the objective of requesting an extension to comply with what is requested and described in sanitary order MS-DRRSPC-DARSOSM-085-2021, because as is publicly known, this Friday the vacation period for officials of the Ministry of Public Education begins with the intention of lowering the exponential curve of COVID-19 cases; thus, it is impossible for me to continue with what is described. I request the extension, not without first informing you that we have been making efforts with higher governmental entities in order to correct the irregularities indicated in the sanitary order. (…)".

SEVENTH: On May 24, 2021, official communication MS-DRRRSPC-DARSOSM-0307-2021 was issued, notified via email to Mr. Cristian Miranda Alpízar, indicating the following: "(…) This is to greet you and at the same time indicate that in response to your extension request received by email on May 21, 2021, through official communication DREA-SCE09-C.T.P.R.C.B09- 0196-2021 and taking into consideration the interest and necessary efforts in complying with the provisions indicated by this Ministry in administrative act MS-DRRSPC-DAROSM-0852021 and that you intend to carry out the requested works, an extension of 10 business days is granted, counted from the day after the return of lessons, in order to comply with the presentation of the corrective action plan. The foregoing based on Article 258 of the Law of Public Administration. Thanking you in advance for your collaboration, we cordially subscribe. (…)"

EIGHTH: On August 25, 2021, according to inspection report 679-2021, a follow-up on the sanitary order was carried out, where it was evidenced that only the LP gas installation had been corrected and the evidenced conditions persisted; furthermore, the High School Director was informed that the corrective action plan in attention to the respective sanitary order had not yet been presented; however, they showed us respective documentation on the budget approval for the dining hall improvements through document DVM-A-DPE-DAN-0324-2021. NINTH: On October 5, 2021, according to inspection report 821-2021, a new follow-up was carried out at the Ricardo Castro Beer facilities, and Mr. Cristian Miranda indicated that he already has budget approval and that they are in the process of setting up the respective public tenders; however, they are concurrently forming the Administrative Board (Junta administrativa) to be able to use the resources.

In addition, he indicated that the Directorate of Educational Infrastructure of the MEP (DIE) has not yet pronounced itself on the matter and the respective inspection had already been requested by the high school's management. The repair of the kitchen drainage system was also evidenced as progress in the requested improvements.

TENTH: On December 7, 2021, according to inspection report 1032-2021, a new follow-up was provided on the case in question, where Mr. Cristian Miranda indicated that the purchase of kitchen equipment for the high school had already been awarded and that, in addition, the inspection by the DIE is scheduled for December 8, 2021, in order to address what was requested by the Ministry of Health.

ELEVENTH: According to information detailed within the administrative file, a new follow-up on the case was carried out on February 15, 2022, according to ocular inspection report 096-2022. At the time of the inspection, it was evidenced that they had installed the kitchen equipment, cooling chambers, extractors, and LP gas installation, complying with some of the non-conformities identified by the Ministry of Health, and furthermore, the kitchen sector was cleaned; however, the corrective action plan addressing what was requested by the Ministry of Health has still not been presented.

TWELFTH: On June 29, 2022, the corrective action plan was presented by the DIE through official communication DVM-A-DIE-DM-0599-2022, which addresses the actions to be executed for the benefit of the Ricardo Castro Beer High School in Orotina, and which also includes reports and sanitary orders that cover the entire infrastructure of the high school and not only the dining hall. Said plan presents a completion schedule for February 2026, which is still in effect, its execution in all its aspects being solely the competence of the DIE. THIRTEENTH: On June 30, 2022, via email, official communication MS-DRRSPCDARSOSM-0461-2022 of that same date was notified, where the Management of this ARS informed Engineers Héctor Mendoza Mora and Omar Mora Zúñiga of the DIE that the corrective action plan for addressing the facilities of the Ricardo Castro Beer High School had been received. It is important to indicate that with the presentation of the corrective action plan, the aforementioned sanitary orders were considered complied with by this Ministry. Regarding the corrective action plan, it is indicated that the construction period start for the project is scheduled to begin in September 2025, ending in February 2026, for which reason this administrative unit has programmed to carry out follow-up once the schedule proposed by the technical department of the Ministry of Public Education is concluded.

FOURTEENTH: On June 24, 2025, as recorded in ocular inspection report No 588-2025, we appeared at the facilities of the Ricardo Castro Beer High School. At the time of the visit, we were attended by director Cristian Miranda Alpízar, who stated that there is no evidence of the execution of the stages that make up the corrective plan by the DIE; however, according to the schedule, the start of works is set for September 2025. A tour of the dining hall facilities of the Ricardo Castro Beer High School was conducted, and the evidenced non-conformities still persist" (sic).

He alleges that, according to what has been done, it is perfectly clear that the Rectorate Health Area of Orotina attended to the complaint filed effectively and efficiently. He indicates that the action was considered fulfilled upon the presentation of the corresponding corrective action plan. He affirms that it has been demonstrated that the Ministry of Health has provided the respective follow-up, taking into consideration that the action plan is still in effect and that, according to the schedule, the start of works is planned for September of the year 2025. He clarifies that the administrative steps necessary to conclude what is planned depend exclusively on the Ministry of Public Education and not on that Rectorate Health Area. He concludes that, for the reasons stated above, this administrative authority believes that no constitutional right has been injured.

He requests that the appeal be declared without merit, "since due diligence has been exercised in the case of the Ricardo Castro Beer Professional Technical High School, located in Orotina, Alajuela, following up on it from 2021 to date, issuing the corresponding administrative acts, such as sanitary orders No. MS-DRRSPCDARSOSM-085- 2021 notified to Mr. Cristian Miranda Alpízar, director of the Ricardo Castro Beer High School, No. MS-DRRSPC-DARSOSM-086-2021 notified to Mr. Alonso Alpízar Vargas, night director of the Ricardo Castro Beer High School, and No. MS-DRRSPC-DARSOSM-0872021 notified to Mr. José Luis Ramos Castellón, President of the Administrative Board, which are considered complied with by the aforementioned authorities. Furthermore, it must be kept in mind that the Corrective Actions Plan, presented by the Directorate of Educational Infrastructure of the Ministry of Public Education, through official communication DVM-A-DIE-DM-0599-2022, which addresses the actions to be executed for the benefit of the Ricardo Castro Beer High School in Orotina, and which also includes reports and sanitary orders that cover the entire infrastructure of the high school and not only the dining hall, has - according to the schedule - the start of works in September 2025. Said plan presents a completion schedule for February 2026" (sic).

4. In the proceedings followed, legal requirements have been observed.

Drafted by Judge Araya García; and,

WHEREAS

I. PURPOSE OF THE APPEAL. The appellant claims the violation of the fundamental rights of the student community of the Ricardo Castro Beer Professional Technical High School in Orotina, as she alleges that the educational center has a full-day schedule, making an adequate and functional space for meals essential. She indicates that currently the high school does not have adequate infrastructure, a formal student dining hall, or facilities designed in accordance with the MEP's technical guidelines. She claims that an improvised space is being used that does not meet the minimum requirements to guarantee the safety, hygiene, and functionality of the school meal service. She explains that the designated area for kitchen and distribution presents multiple deficiencies, and that the Ministry of Health issued sanitary order (orden sanitaria) No. MS-DARSOSM085-2021, which has not been complied with. She affirms that the place is not suitable for its function, lacking non-slip flooring, adequate furniture, and hygienic materials, and that the Ministry of Health urges the non-use of the space as it represents a risk to health and safety. She indicates that the conditions fail to comply with the universal accessibility principles of Law 7600, preventing the dignified use of the service by students with reduced mobility. She reiterates the violation of rights such as health, education, equality, and the best interest of the child. She adds that the dining hall lacks adequate lighting, ventilation, storage space, and a food receiving area. She indicates that the competent MEP bodies have not complied with what was ordered by the Ministry of Health nor executed the necessary works to guarantee the fundamental rights of the student population.

II. PROVEN FACTS. Of importance for the decision on this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent party has omitted to refer to them as provided for in the initial order:

Regarding the Rectorate Health Area of Orotina:

a) On April 14, 2021, an anonymous complaint was received by the Rectorate Health Area of Orotina San Mateo in which the following was indicated: "The dining hall of the Orotina high school presents poor condition in the work equipment such as stoves, coolers, tables and others, rice cookers, blenders, etc.", assigning administrative file No. 2372 (see the report).

b) On April 20, 2021, at 9:00 a.m., Bach. Jairo Godínez Pacheco appeared at the facilities of the Ricardo Castro Beer High School in Orotina to carry out an ocular inspection, according to inspection report 290-2021, in which the following was evidenced: "Unprotected lights, extractor hood does not work, cracked floors, non-certified LP gas tank hoses, wastewater system in poor condition, cooling systems in poor condition with gaskets, do not have internal shelves, do not have pest control, do not have cross ventilation, do not have fire extinguishers, do not have sanitary coving. Therefore, non-conformities are evidenced that must be corrected by the Institution" (see the report).

c) On April 29, 2021, technical report MS-DRRSPC-DARSOSM-IT-0106-2021 was generated, in which the following findings were detailed:

1- Physical-Sanitary Aspects

1.1- It was evidenced that the floors of the food preparation area are cracked and in very porous sectors due to wear over the years; this situation is ideal for accumulating dirt and bacteria.

 1.2-- The lights in the food preparation areas lack protection.

1.3- The site lacks cross ventilation, which could generate thermal stress during peak food preparation hours.

 1.4- The wastewater disposal system is collapsed, the sedimentation unit is not adequate and is exposed; likewise, wastewater overflows were observed in the conduction line towards the septic tank system.

 1.5- The kitchen in general lacks sanitary coving at the wall-floor junction, which makes cleaning difficult and accumulates dirt and bacteria harmful to human health.

2- Equipment and utensils

2.1- The LP gas conduction hoses for the cooking pots are not certified, and the coupling gauzes used are rusty and not adequate.

2.2- The freezers present physical damage (rust); furthermore, the rubber gaskets are loose and/or damaged, which allows a possible escape of cold air and entry of pests into the interior of the freezers, risking food contamination.

 2.3- The smoke extractor hood does not work, causing a considerable increase in thermal conditions in the kitchen.

 2.4- Some furniture was observed with a lot of rust and lacking shelving.

3- Safety

3.1- On-site, there is no evidence of an updated pest control logbook certified by a competent company.

3.2- The fire control extinguishers have been expired for many years and there are no smoke detection systems or LP gas leak detector alarms.

3.3- The storage, installation, and distribution conditions of LP gas, as well as the human safety and fire risk aspects evaluated, present inconsistencies, thus failing to comply with the minimum conditions required by current regulations.

"(…) As explained in previous paragraphs, physical-sanitary conditions were evidenced that put the health and safety of the people using the facilities at risk. However, it was possible to evidence that food handling is adequate, all employees have their respective food handling card, adequate storage of non-perishables was evidenced, walls with good maintenance, and cleanliness in all areas of the kitchen. Conclusions It can be concluded that most of the deficiencies detected correspond to physical and sanitary aspects in both infrastructure and equipment; therefore, it is the criterion of the Health Regulation Process to request, through a sanitary order (orden sanitaria), a corrective action plan with an implementation schedule for its approval, in order to correct in the short and medium term the non-conformities detected during the ocular inspection in the dining hall of the Ricardo Beer High School in Orotina (…)" (see the report).

d) On April 30, 2021, sanitary orders MS-DRRSPC-DARSOSM-085-2021, MS-DRRSPC-DARSOSM-086-2021, and MS-DRRSPC-DARSOSM-087-2021 were notified to the high school director, night director, and president of the Administrative Board (Junta Administrativa), respectively, ordering them to present a corrective action plan to guarantee adequate physical-sanitary and safety conditions. The order literally provides: "Based on the technical inspection report MS-DRRSPC-DARSOSM-IT-0106-2021, (attached), signed by Bach. Jairo Godínez Pacheco, Environmental Manager of the ARS Orotina San Mateo, which indicates non-conformities in the dining hall of the Ricardo Castro Beer High School, detected during an inspection visit on 04-20-2021. Therefore, these are risky conditions that can affect public health and that, according to current laws and regulations, must be corrected. For this reason, within the indicated period, you must proceed with the following: 1- Prepare and present to the Rectorate Health Area of Orotina and San Mateo for its approval, a corrective action plan, which contemplates the indicated irregularities, whose objective will be to guarantee adequate physical-sanitary and safety conditions for the personnel. The corrective action plan must contemplate: start dates, tasks or actions to be carried out, end dates of said actions, and the official responsible for said plan" (see the report).

e) On May 5, 2021, the director of the Ricardo Beer Castro High School sent an email to the competent authorities to address the inconsistencies found and respond to the sanitary order issued; on May 7, 2021, he informed the Rectorate Health Area of the immediate actions taken (see the report).

f) On May 21, 2021, the director of the Ricardo Beer Castro High School requested an extension to comply with what was required in sanitary order MS-DRRSPC-DARSOSM-085-2021. In said request, it was required: "I am writing to you aware of your good offices with the objective of requesting an extension to comply with what is requested and described in sanitary order MS-DRRSPC-DARSOSM-085-2021, because as is publicly known, this Friday the vacation period for officials of the Ministry of Public Education begins with the intention of lowering the exponential curve of COVID-19 cases; thus, it is impossible for me to continue with what is described. I request the extension, not without first informing you that we have been making efforts with higher governmental entities in order to correct the irregularities indicated in the sanitary order" (see the report).

g) On May 24, 2021, through official communication MS-DRRRSPC-DARSOSM-0307-2021, an extension of 10 business days was granted, counted from the day after the return of lessons, to comply with the presentation of the corrective action plan. Said administrative resolution establishes: "This is to greet you and at the same time indicate that in response to your extension request received by email on May 21, 2021, through official communication DREA-SCE09-C.T.P.R.C.B09- 0196-2021 and taking into consideration the interest and necessary efforts in complying with the provisions indicated by this Ministry in administrative act MS-DRRSPC-DAROSM-0852021 and that you intend to carry out the requested works, an extension of 10 business days is granted, counted from the day after the return of lessons, in order to comply with the presentation of the corrective action plan. The foregoing based on Article 258 of the Law of Public Administration. Thanking you in advance for your collaboration, we cordially subscribe" (see the report).

h) On August 25, 2021, according to inspection report 679-2021, a follow-up on the sanitary order was carried out, where it was evidenced that only the LP gas installation had been corrected and the other conditions persisted; it was also reported that the corrective action plan had not yet been presented, although documentation on the budget approval through document DVM-A-DPE-DAN-0324-2021 was shown.

(see report).

i) On October 5, 2021, according to inspection report 821-2021, it was shown that the school principal reported having budget approval and being in the bidding process, as well as forming the Administrative Board (Junta Administrativa) for the use of resources. The repair of the kitchen drainage system was verified (see report).

j) On December 7, 2021, according to inspection report 1032-2021, it was indicated that the purchase of kitchen equipment for the school had already been awarded and an inspection by the MEP's Dirección de Infraestructura Educativa was scheduled for December 8, 2021 (see report).

k) On February 15, 2022, according to ocular inspection report 096-2022, the installation of kitchen equipment, cooling chambers, extractors, LP Gas installation, and kitchen cleaning was shown, although the required Corrective Action Plan had still not been submitted (see report).

l) On June 29, 2022, the Corrective Action Plan was submitted by the DIE through official communication DVM-A-DIE-DM-0599-2022, which included an execution schedule through February 2026, covering not only the dining hall but the entire school infrastructure (see report).

m) On June 30, 2022, through official communication MS-DRRSPCDARSOSM-0461-2022, the Dirección del ARS informed the DIE engineers that the Corrective Action Plan had been received, and the sanitary orders were considered complied with. It was indicated that project execution is scheduled to begin in September 2025 and conclude in February 2026 (see report).

n) On June 24, 2025, according to ocular inspection report No. 588-2025, it was confirmed that there is no evidence of execution of the corrective plan stages by the DIE, although the start of works remains scheduled for September 2025. It was shown that the non-conformities in the dining hall of the Colegio Ricardo Castro Beer persist (see report).

Proven facts in relation to the Ministry of Public Education:

o) The Maintenance Department of the Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) managed the first stage for the educational center, aimed at contracting professional services for the preparation of plans, technical studies, and intervention budget (see report).

p) This project responds to the need to execute the urgent works identified in the Diagnostic Report DVM-A-DIE-DM-0723-2022, as an initial necessary measure, distinct from the complete solution contemplated in the same report, which established two intervention stages: 1) one for immediate or priority attention, and 2) another for medium- or long-term attention (see report).

q) This intervention, among other works to be executed, also involves the deficiencies of the dining hall and the urgent works indicated in the current sanitary order issued by the Ministry of Health, insofar as these conditions compromise the health, safety, and functionality of the service (see report).

r) As part of the administrative process, the project had experienced a delay because the institutional land was registered in the name of the Instituto Agropecuario de Orotina, a situation that prevented progress with the technical authorization (see report).

s) Through efforts made by the Department of Real Estate of the DIE, on June 10, 2025, the restoration of the legal effects of cadastral plan A-735942-2001 was confirmed, and with it, the registration of the land in the name of the Administrative Board of the educational center. This step enables the continuity of the project, so the ATC request and corresponding contracting will proceed. (see report).

t) Part of the scope of this intervention includes, among other priority actions: replacement of the roof, ceilings, trusses, and stormwater system in the dining hall and soda; construction of new floor and subfloor in the dining hall area; installation of an LP gas distribution and storage system; adaptations to comply with Law 7600 in accesses and sanitary services; and electrical improvements and installation of fire detection systems (see report).

u) The educational center has the financial resources deposited in the Caja Única del Estado to cover the initial costs of the design (see report).

III. ON THE SPECIFIC CASE. After having analyzed the reports and evidence provided by the parties, this Chamber verifies the violation of the fundamental rights of the student community of the Colegio Técnico Profesional Ricardo Castro Beer de Orotina, for the reasons that will be set forth below.

First, it should be noted that the claim of this amparo proceeding is:

“2. That it be declared that the fundamental rights to health, to education in dignified conditions, to equality, and to the principle of the best interests of the minor have been violated, as well as the rights of persons with disabilities to universal accessibility.

3. That the respondent authorities (Ministry of Public Education, school Administrative Board, Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo – DIEE, Ministry of Health, and other responsible parties) be immediately ordered to adopt all necessary measures, within a reasonable and verifiable period, to guarantee the construction, fitting-out, or adaptation of a student dining hall that meets the technical, sanitary, safety, and accessibility conditions established by the national legal system.

4. That mandatory inter-institutional coordination be ordered among the corresponding educational, health, and municipal authorities to comply with this order with the greatest possible diligence and guarantee its effective execution.

5. That a duty be imposed on the respondent authorities to render periodic reports to this Chamber on the progress in complying with the ordered measures, to ensure their fulfillment in accordance with the principle of effectiveness of fundamental rights.

6. That new violations of the indicated fundamental rights be prevented through the monitoring of the provisions of this Chamber, under warning of the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional).

7. I request that the Ministry of Public Education and the Regional Directorate be officially notified to send a copy of the educational infrastructure investment plan for the current and previous period, in relation to said educational center, so that the omission of the investment necessary to resolve and solve the problem can be corroborated.”

It is highlighted that the analysis of this case will be limited in relation to the dining hall of the Colegio Técnico Profesional Ricardo Beer Castro. It has been duly demonstrated that on April 29, 2021, the Área Rectora de Salud de Orotina of the Ministry of Health generated technical report MS-DRRSPC-DARSOSM-IT-0106-2021, in which the following findings were detailed:

“1- Physical-Sanitary Aspects

1.1-It was shown that the floors of the food preparation area are cracked and in very porous sectors due to wear over the years; this situation is ideal for accumulating dirt and bacteria.

1.2- The lights in the food preparation areas lack protection.

1.3-The site lacks cross-ventilation, which could generate thermal stress during peak food preparation hours.

1.4-The wastewater disposal system is collapsed; the sedimentation unit is inadequate and exposed; likewise, wastewater overflows were observed in the conduction line to the septic tank system.

1.5-The kitchen in general lacks a sanitary curve at the wall-floor junction, which makes cleaning difficult and accumulates dirt and bacteria harmful to human health.

2- Equipment and utensils

2.1-The LP gas conduction hoses for the cooking pots are not certified, and the coupling clamps used are rusted and inadequate.

2.2-The freezers present physical damage (rust); in addition, the rubber seals are loose and/or damaged, allowing a possible escape of cold air and entry of pests into the freezers, risking food contamination.

2.3-The smoke extractor hood does not work, causing a considerable increase in thermal conditions in the kitchen.

2.4-Some pieces of furniture were observed with a lot of rust and lacking shelving.

3- Safety

3.1-An updated pest control logbook certified by a competent company is not evident at the site.

3.2-The fire extinguishers are expired for many years and there are no smoke detection systems or LP gas leak detection alarms.

3.3-The storage, installation, and distribution conditions of LP gas, as well as the evaluated human safety and fire risk aspects, present inconsistencies, thus failing to comply with the minimum conditions required by current regulations.

“(…) As explained in previous paragraphs, physical-sanitary conditions were shown that put the health and safety of the people using the facilities at risk. However, it was possible to show that food handling is adequate, all employees have their respective food handler’s license, adequate storage of non-perishables was shown, walls with good maintenance, and cleanliness of all kitchen areas. Conclusions It can be concluded that most of the deficiencies detected correspond to physical and sanitary aspects in both infrastructure and equipment; therefore, it is the criterion of the Health Regulation Process to request, through a sanitary order, a corrective action plan with an implementation schedule for approval, in order to rectify in the short and medium term the non-conformities detected during the ocular inspection in the dining hall of the Colegio Ricardo Beer de Orotina (…)”.

Also, it is observed that on April 30, 2021, sanitary orders MS-DRRSPC-DARSOSM-085-2021, MS-DRRSPC-DARSOSM-086-2021, and MS-DRRSPC-DARSOSM-087-2021 were notified to the school principal, night principal, and president of the Administrative Board, respectively, ordering them to present a corrective action plan to guarantee adequate physical-sanitary and safety conditions. The order literally states:

“Based on technical inspection report MS-DRRSPC-DARSOSM-IT-0106-2021 (attached), subscribed by Bach. Jairo Godínez Pacheco, Environmental Manager of the ARS Orotina San Mateo, indicating non-conformities in the dining hall of the Colegio Ricardo Castro Beer, which were detected during an inspection visit on 04-20-2021. Therefore, these are risky conditions that can affect public health and that according to current laws and regulations must be corrected, for which reason, within the indicated period, you must proceed with the following: 1- Prepare and present before the Área Rectora de Salud de Orotina y San Mateo for its approval, a corrective action plan that addresses the indicated irregularities, whose objective will be to guarantee adequate physical-sanitary and safety conditions for the staff. The corrective action plan must include; start dates, tasks or actions to be carried out, completion dates for said actions, and the official responsible for said plan.”

In addition to all of this, it was proven that: 1) on August 25, 2021, according to inspection report 679-2021, follow-up to the sanitary order was carried out, where it was shown that only the LP Gas installation had been rectified and the other conditions persisted; it was also reported that the Corrective Action Plan had not yet been submitted, although documentation on budget approval through document DVM-A-DPE-DAN-0324-2021 was shown; 2) on October 5, 2021, according to inspection report 821-2021, it was shown that the school principal reported having budget approval and being in the bidding process, as well as forming the Administrative Board for the use of resources. The repair of the kitchen drainage system was verified; 3) on December 7, 2021, according to inspection report 1032-2021, it was indicated that the purchase of kitchen equipment for the school had already been awarded and an inspection by the MEP's Dirección de Infraestructura Educativa was scheduled for December 8, 2021; 4) on February 15, 2022, according to ocular inspection report 096-2022, the installation of kitchen equipment, cooling chambers, extractors, LP Gas installation, and kitchen cleaning was shown, although the required Corrective Action Plan had still not been submitted; 5) on June 29, 2022, the Corrective Action Plan was submitted by the DIE through official communication DVM-A-DIE-DM-0599-2022, which included an execution schedule through February 2026, covering not only the dining hall but the entire school infrastructure; 6) on June 30, 2022, through official communication MS-DRRSPCDARSOSM-0461-2022, the Dirección del ARS informed the DIE engineers that the Corrective Action Plan had been received, and the sanitary orders were considered complied with. It was indicated that project execution is scheduled to begin in September 2025 and conclude in February 2026.

However, of extreme relevance for the resolution of this matter, it is recorded that on June 24, 2025, according to ocular inspection report No. 588-2025 from the Área Rectora de Salud de Orotina, it was reaffirmed that there is no evidence of execution of the corrective plan stages by the DIE, although the start of works remains scheduled for September 2025. It was shown that the non-conformities in the dining hall of the Colegio Ricardo Castro Beer persist.

Along these lines, the Ministry of Public Education did not refute the facts and acknowledges that a series of works must be done at the Colegio Técnico Profesional Ricardo Castro Beer. Note that it states: “the Maintenance Department of the Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) manages the first stage for this educational center, aimed at contracting professional services for the preparation of plans, technical studies, and intervention budget. This project responds to the need to execute the urgent works identified in the Diagnostic Report DVM-A-DIE-DM-0723-2022, as an initial necessary measure, distinct from the complete solution contemplated in the same report, which established two intervention stages: 1) one for immediate or priority attention, 2) and another for medium- or long-term attention. This intervention, among other works to be executed, also involves the deficiencies of the dining hall and the urgent works indicated in the current sanitary order issued by the Ministry of Health, insofar as these conditions compromise the health, safety, and functionality of the service, as also referred to by Mrs. [Name 001]” (sic). They admit that the project had a delay and it was not until June 10, 2025, that the process could be reactivated, and with it, intervention can be made with certain priority actions, such as: replacement of the roof, ceilings, trusses, and stormwater system in the dining hall and soda; construction of new floor and subfloor in the dining hall area; installation of an LP gas distribution and storage system; adaptations to comply with Law 7600 in accesses and sanitary services; electrical improvements and installation of fire detection systems. Likewise, it was confirmed—in accordance with what was reported—that the educational center has the financial resources deposited in the Caja Única del Estado to cover the initial costs of the design.

Now, it is appropriate to indicate that the jurisprudence of this Chamber has resolved that there is a right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment in public education centers administered by the Ministry of Public Education:

“III.- REGARDING THE RIGHT TO ENJOY A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT IN EDUCATION CENTERS.- The right to health recognized in Articles 21 of the Political Constitution, 1 and 11 of the American Declaration of the Rights and Duties of Man, 4 of the American Convention on Human Rights, and 10 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights, is intimately linked to the right to live in a healthy and balanced environment, enshrined in Article 50 of the Constitution. Environmental quality is a fundamental parameter of quality of life; just like health, food, work, housing, education, among others. Consequently, the State has the obligation to ensure adequate protection of the environment, for which it must take the necessary measures so that the environment is free from contamination, and that the alterations produced by both man and nature, in the near or distant surroundings, do not constitute an injury to the environment or the health of the people who inhabit it. This right is especially recognized when it is associated with other fundamental rights, such as the right to education. The latter is configured as a fundamental right, which translates into the public service provided by the State in the various educational centers of the country. Therefore, the least the State can do is, when providing this public service, not to injure other fundamental rights, such as the right to health and to a healthy environment, of both the students and the teaching and administrative staff of the educational institution (see in this regard, among others, judgments No. 2007-017719 of 3:50 p.m. on December 5, 2007, No. 2012-014633 of 9:05 a.m. on October 19, 2012, No. 2018-003873 of 09:30 a.m. on March 9, 2018).”

Therefore, and in accordance with the set of proven facts and the considerations set forth in this considering, it is observed that the Ministry of Public Education has not adequately guaranteed the right to health or the right to a healthy and ecologically balanced environment for the educational community. Note that, at least since 2021, there has been knowledge about the conditions of the student dining hall, which prompted the issuance of sanitary orders and the preparation of schedules to address various infrastructure deficiencies. No less important, from the MEP's own report, it is clear that there have been delays in complying with the schedule proposed to the Ministry of Health, which further aggravates the impact on the rights of the educational community. Likewise, said report recognizes the need to adopt priority measures in relation to the student dining hall. It is further highlighted that, according to the Ministry of Health report, it is recorded that on June 24, 2025, through ocular inspection report No. 588-2025 from the Área Rectora de Salud de Orotina, it was reaffirmed that there is no evidence of execution of the corrective plan stages by the Dirección de Infraestructura Educativa (DIE), although the start of works remains scheduled for September 2025. Ultimately, it was shown that the non-conformities in the dining hall of the Colegio Técnico Profesional Ricardo Castro Beer persist. Consequently, the appropriate action is to grant the appeal, in relation to the Ministry of Public Education, as it is undoubtedly imperative to provide a student dining hall with adequate conditions of hygiene, health, and safety—whether by modifying the current space, if technically appropriate, or relocating to another place—in order to guarantee the right to health, food, education, and to a healthy and ecologically balanced environment.

VI. It does not go unnoticed that this Constitutional Chamber, in judgment No. 2025023150 of 9:20 a.m. on July 24, 2025, heard an amparo appeal filed by the principal of the CTP Ricardo Castro Beer. In said file—which is held ad effectum videndi et probandi—the object was the following:

“I.- OBJECT OF THE APPEAL. The appellant alleges that he is the principal of the Colegio Técnico Profesional Ricardo Castro Beer and, since 2021, that the MEP has not addressed the multiple requests to improve the infrastructure of the educational center. He details that some sanitary services are disabled due to obstructions in the drainage systems, there are problems in roofs and ceilings, as some sectors have corrosion, water leaks, and risk of detachment, and failures in the electrical system have been reported, including overloads, short circuits, and exposed wires; in addition, there is a lack of accessibility, as the ramps and sanitary facilities do not comply with Law No. 7600. He adds that there are drinking water supply problems, for which the institution has been the subject of multiple sanitary orders. He accuses the presence of fecal coliforms in the well water since 2016. He relates that the sanitary units intended for the young people of the National Plan are in deplorable conditions. Finally, he accuses that the DIEE has not assigned a professional to accompany the Administrative Board in the process.”

The proven facts of that file were:

“II.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been thus accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order:

a) Currently, in the Maintenance Department of the Dirección de Infraestructura Educativa (DIE), an infrastructure project corresponding to a first stage is being processed, aimed at addressing urgent indications contained in the sanitary orders issued to the educational center subject to this amparo (see report rendered under oath and evidence provided).

b) This project aims to execute priority works, in accordance with what is indicated in Diagnostic Report DVM-A-DIE-DM0723-2022 (see report rendered under oath

c) The progress of the project in charge of the Maintenance Department experienced a delay due to a situation related to the legal security of the land, which prevented the issuance of the Autorización Técnica de Contratación (ATC) (see report rendered under oath and evidence provided).

d) On June 10, 2025, the Real Estate Coordination of the DIE confirmed that said situation was duly resolved, which enables the continuation of the necessary procedures for obtaining the ATC and the subsequent contracting of the required professional services (see report rendered under oath and evidence provided).”

The Court resolved to grant the amparo, for the following reasons:

“III.- ON THE SPECIFIC CASE. In the case at hand, the appellant alleges that he is the principal of the Colegio Técnico Profesional Ricardo Castro Beer and, since 2021, that the MEP has not addressed the multiple requests to improve the infrastructure of the educational center. He details that some sanitary services are disabled due to obstructions in the drainage systems, there are problems in roofs and ceilings, as some sectors have corrosion, water leaks, and risk of detachment, and failures in the electrical system have been reported, including overloads, short circuits, and exposed wires; in addition, there is a lack of accessibility, as the ramps and sanitary facilities do not comply with Law No. 7600. He adds that there are drinking water supply problems, for which the institution has been the subject of multiple sanitary orders. He accuses the presence of fecal coliforms in the well water since 2016. He relates that the sanitary units intended for the young people of the National Plan are in deplorable conditions. Finally, he accuses that the DIEE has not assigned a professional to accompany the Administrative Board in the process. In this regard, the Chamber deems it proven that, currently, in the Maintenance Department of the Dirección de Infraestructura Educativa (DIE), an infrastructure project corresponding to a first stage is being processed, aimed at addressing urgent indications contained in the sanitary orders issued to the educational center subject to this amparo. This project aims to execute priority works, in accordance with what is indicated in Diagnostic Report DVM-ADIE-DM-0723-2022. The progress of the project in charge of the Maintenance Department experienced a delay due to a situation related to the legal security of the land, which prevented the issuance of the Autorización Técnica de Contratación (ATC). On June 10, 2025, the Real Estate Coordination of the DIE confirmed that said situation was duly resolved, which enables the continuation of the necessary procedures for obtaining the ATC and the subsequent contracting of the required professional services. Therefore, it is clear that the respondent authority acknowledges that several pending works are required at the educational center protected here in order to adequately teach lessons in the school's infrastructure. However, the respondents indicate that the works are barely in the planning process; they are not even being executed. They even explain that it has had several delays that clearly affect the right to education of the minors attending said center. Furthermore, the Chamber confirms that the respondents do not even report a near date for the completion of the required works at the educational center. Note that these are works to address first-order needs, such as electrical issues, sanitary services, drainage, roofs and ceilings, corrosion, water leaks and risk of detachment, electrical overloads, short circuits, lack of accessibility pursuant to Law No. 7600, among other aspects denounced by the appellant in this amparo. Thus, in this Court's consideration, the fundamental rights of the protected parties are indeed being violated, since the educational center attended by the amparo-protected students is not in the best infrastructural conditions, and despite the situation having been reported for some time, as of today, the MEP is merely processing the project approval, without defining for the Chamber an approximate and near date on which the construction works and other improvements needed by said school would be completed, with the consequent injury to the fundamental rights of the minors attending that place. Ergo, the granting of the amparo is appropriate with the consequences that will be stated in the operative part of the judgment.”

In the operative part of the resolution, the Constitutional Chamber resolved:

“The appeal is granted. José Leonardo Sánchez Hernández, and Lourdes Sáurez Barboza, in their order as Minister of Education and Directora de Infraestructura Educativa, both of the MEP, or whoever occupies those positions in their stead, are ordered to issue the pertinent orders and carry out all actions that are within the scope of their competencies, so that, within a period of TWELVE MONTHS, counted from the notification of this judgment, all the structural improvements required by the educational center subject to the amparo are carried out. The foregoing is issued with the warning that according to the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, a prison sentence of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo appeal, and does not comply with it or enforce it, provided the crime is not more severely penalized. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment by the contentious-administrative court. Magistrate Salazar Alvarado records a note. Magistrate Garro Vargas dissents regarding the execution of the order of this judgment given to the MEP and, in accordance with Article 56 of the Law of Constitutional Jurisdiction, orders that it must be carried out before the Execution Area of the Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda Court, under the execution rules established in Articles 155 and following of the Código Procesal Contencioso Administrativo. Likewise, she orders that a copy of the judgment be sent to them to initiate the execution procedures of this ruling.”

From the judgment in question, two elements of utmost relevance can be verified. The first of them is that, in the legal report rendered by the Ministry of Public Education in said file, official communication DVM-A-DIE-DM-0465-2025 was attached as support, issued in response to an amparo appeal related to file 25-017583-0007-CO (this amparo appeal), in which the Maintenance Department refers to the project in question.

In addition, the order given in judgment No. 2025023150 of 09:20 hours on July 24, 2025, is general and can reasonably cover part of what is ordered herein.

In view of this, in order to avoid orders without adequate coordination or overlapping deadlines, it is deemed appropriate to grant the appeal and direct that the necessary measures be taken to provide a comprehensive solution to the cafeteria infrastructure of the Colegio Técnico Profesional, within the time limit established in judgment No. 2025023150 of 09:20 hours on July 24, 2025. Furthermore, specific measures shall be ordered in the operative part of the ruling, since this concerns a very specific area of the educational center, namely the cafeteria, where health and hygiene play a very significant role.

VII. REGARDING THE MINISTRY OF HEALTH. In the opinion of this Chamber, the amparo appeal must be dismissed, since, from reading the filing, it is noted that this authority was not identified as a respondent party, but only the Ministry of Public Education (MEP). Moreover, it is verified that the respondent authority has issued the corresponding sanitary orders, which were deemed fulfilled upon the presentation of the timeline that the MEP must execute. Added to this is the fact that the entity called upon to perform the necessary works to guarantee the student community's right to education is the Ministry of Public Education itself. Notwithstanding the foregoing, the Orotina Health Governing Body (Área Rectora de Salud de Orotina) is urged to remain vigilant and follow up on compliance with the sanitary provisions issued against the Colegio Técnico Profesional Ricardo Castro Beer, in order to guarantee the fundamental rights to health, to a healthy and ecologically balanced environment, as well as the right to education of the student community.

VIII. NOTE FROM JUDGE SALAZAR ALVARADO. As a matter of principle, I consider that cases related to the activity or inactivity of the Public Administration in the repair, construction, modification, or demolition of any infrastructure work must be dismissed, because such omission constitutes a matter of legality, the discussion of which corresponds to the ordinary jurisdiction, before which the interested person can debate their disagreements more broadly. However, when some violation of other fundamental rights protected in this constitutional jurisdiction derives from that administrative conduct (whether by omission or not), or when groups considered vulnerable are affected, I do proceed to examine the merits of the matter, since this situation constitutes an exception to my position on this subject, as is the case here, where the appellant alleges that the cafeteria of the Colegio Técnico Profesional Ricardo Castro Beer does not meet adequate conditions, and therefore the right to health and to a healthy and ecologically balanced environment of the student population has not been safeguarded.

IX. DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. This Chamber must warn the parties that if they have provided any paper documents, as well as objects or evidence supported by any additional device, or by electronic, computer, magnetic, optical, telematic means or by means produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a period of 30 business days after receiving notification of this judgment; otherwise, all of it will be destroyed in accordance with the provisions of the "Regulations on the Electronic Case File before the Judicial Branch" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

THEREFORE:

The appeal is granted, solely against the Ministry of Public Education. José Leonardo Sánchez Hernández and Lourdes Suárez Barboza, in their respective capacities as Minister of Education and Director of Educational Infrastructure, both of the Ministry of Public Education, or whoever holds those positions in their stead, are ordered to undertake the inter-institutional coordination and the pertinent steps so that: 1) within a maximum period of TEN DAYS, counted from notification of this judgment, the current state of the student cafeteria of the Colegio Técnico Profesional Ricardo Castro Beer is verified and the findings requiring urgent intervention are determined; 2) within a period not exceeding ONE MONTH, counted from notification of this resolution, the appropriate urgent and provisional orders and actions are issued, in order to guarantee the health, hygiene, safety, and physical integrity of the educational, teaching, and administrative community of the Colegio Técnico Profesional Ricardo Castro Beer, with respect to the place where the student cafeteria is located. 3) Within that same period, a report must be sent to this Chamber, communicating the findings obtained and the actions adopted by the Ministry of Public Education. 4) That, within the maximum period of twelve months established in judgment No. 2025023150 of 09:20 hours on July 24, 2025, counted from notification of that resolution in the cited case file, the definitive necessary measures are adopted and executed to allow the safe use of a cafeteria at the Colegio Técnico Profesional Ricardo Castro Beer, in accordance with the findings and orders issued by the Orotina Health Governing Body of the Ministry of Health, as well as any other non-urgent measure that the Ministry of Public Education has identified as necessary to guarantee the right to health and to a healthy and ecologically balanced environment. The respondent party is warned that, should it fail to comply with said order, it will incur the crime of disobedience and that, in accordance with article 71 of the Law of this jurisdiction, anyone who receives an order that must be fulfilled or enforced, issued in an amparo appeal, and does not fulfill it or cause it to be fulfilled, will be punished with imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, provided the crime is not more severely punished. Regarding the Orotina Health Governing Body of the Ministry of Health, the appeal is dismissed; however, it shall take note of what was resolved in considering clause VII of this judgment, for the purpose of remaining vigilant and following up on compliance with the sanitary provisions issued against the Colegio Técnico Profesional Ricardo Castro Beer in relation to the student cafeteria. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this ruling, which shall be liquidated in the execution of the judgment of the contentious-administrative court. Judge Salazar Alvarado records a note. Notify.

 

 

 

 

 

 

 

	
Fernando Castillo V.

Presidente

	
 



Fernando Cruz C.

	
 

	
Paul Rueda L.



Luis Fdo. Salazar A.

	
 

	
Jorge Araya G.



Anamari Garro V.

	
 

	
Ingrid Hess H.

 

 

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