Res. 26511-2025 Sala Constitucional — SINAC’s failure to address environmental complaints in CocalitoOmisión de SINAC en atender denuncias ambientales en Cocalito

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Sala Constitucional

Resolución Nº 26511 - 2025

Fecha de la Resolución: 22 de Agosto del 2025 a las 09:15

Expediente: 25-016815-0007-CO

Redactado por: Fernando Cruz Castro

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con Voto Salvado

Sentencia con nota separada

Indicadores de Relevancia

Sentencia relevante

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Ambiental,Der Económicos sociales culturales y ambientales

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: AMBIENTE

Subtemas:

AREA PROTEGIDA.

Tema: PROPIEDAD

Subtemas:

ZONA MARITIMO TERRESTRE..

026511-25. AMBIENTE. PROPIEDAD. SE ACUSAN CONSTRUCCIONES ILEGALES EN ZONA MARÍTIMO TERRESTRE, EN EL SECTOR CONOCIDO COMO CACALITO. SE DECLARA CON LUGAR EL RECURSO. SE ORDENA AL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC), PARA QUE, EN EL PLAZO MÁXIMO DE DOS MESES, REALICE LAS INSPECCIONES NECESARIAS Y RESUELVA COMO EN DERECHO CORRESPONDEN LAS DENUNCIAS PRESENTADAS, Y SE LE NOTIFIQUE A LA PARTE RECURRENTE LAS ACTUACIONES REALIZADAS. ADEMÁS, SE LE ORDENA QUE, EN EL PLAZO EN CUESTIÓN, DE RESULTAR PROCEDENTE, SE EMITAN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE CORRESPONDAN AL ÁMBITO DE COMPETENCIA. ASIMISMO, ORDENA QUE SE LE REMITA COPIA DE LA SENTENCIA PARA QUE SE INICIE LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN DE ESTE FALLO. ADEMÁS, FIJA UN PLAZO DE SEIS MESES, PARA QUE LA AUTORIDAD RECURRIDA REALICE LAS ACTUACIONES ORDENADAS Y EMITA, DE RESULTAR PROCEDENTE, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES. VCG09/2025

“(…) IV.- CASO EN CONCRETO. En la especie, el recurrente estima vulnerados sus derechos fundamentales, toda vez que, la administración del  Refugio Nacional de Vida Silvestre Romelia (RNVSR) ha presentado varias denuncias, específicamente, en fechas 19 de diciembre de 2018, el 3 de febrero de 2020, 8 de junio de 2020, 7 de agosto de 2021, 15 de enero de 2022 y 31 de mayo de 2022, sobre diversas situaciones que se dan en el lugar; sin embargo, a la fecha en que acude en amparo no se les ha brindado ninguna respuesta ni, mucho menos, solución a los hechos que se han planteado y la afectación al ambiente continúa.

Al respecto, se acreditó que, en efecto, se han planteado varias denuncias. Consta que en fecha 19 de diciembre de 2018, el Administrador de Refugio Nacional de Vida Silvestre Romelia (RNVSR) interpuso denuncia formal ante el Director y la Gerente de Áreas Silvestres Protegidas del ACT, informando acerca de las construcciones y ampliaciones continuas en ZMT, en la zona inalienable. En esa ocasión se realizó una inspección in situ, pero no se comunicó nada acerca del proceso legal y las acciones concretas por parte del SINAC. Posteriormente, en fechas 3 de febrero de 2020, 8 de junio de 2020, 7 de agosto de 2021, 15 de enero de 2022 y 31 de mayo de 2022 se denunciaron diversas situaciones que suceden en el lugar, las cuales no han sido atendidas.

Por su parte, la autoridad recurrida, se limita a indicar que con ocasión a las denuncias planteadas en el Sector de Cocalito se realizan de manera ocasional operativos de prevención, protección y control, se ha retirado a visitantes que realizan actividades no autorizadas y se realizan inspecciones para verificar las condiciones de las infraestructuras de manera que no sean remodeladas o que se construyan nueva. Además, se realizó la detención de un supuesto infractor por la destrucción de al menos, dos nidos de tortugas marinas. A ello, agrega que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) ha desarrollado operativos, rondas, patrullajes y otras actividades con el objetivo de salvaguardar el delicado equilibrio de la zona.

De lo expuesto en el considerando anterior, la Sala acredita la vulneración a los derechos fundamentales de la parte recurrente, toda vez que si bien el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) indica haber realizado acciones tendientes a atender las múltiples denuncias planteadas por la parte recurrente, lo cierto es que de los autos no consta que, a la fecha, las mismas hayan sido atendidas y resueltas de forma definitiva, ni que se haya notificada nada al respecto. Nótese que, incluso, la parte recurrente indica que el 31 de mayo de 2022, el personal del Refugio observó el inicio de nuevas construcciones en una de las propiedades del sector, lo cual fue debidamente comunicado al ACT, solicitando una inspección urgente; sin embargo, no se atendió la gestión.  Es menester aclararle a la autoridad recurrida que, en el marco de sus funciones, no basta con tomar las acciones que se indican para la atención del caso en cuestión, siendo que ello no inhibe a la administración de dar la debida atención, seguimiento y resolución a las denuncias planteadas por la parte recurrente. En mérito de lo expuesto, lo procedente es acoger el recurso, con las indicaciones que se dirán en la parte dispositiva de esta sentencia. (…)”




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Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida

Subtemas:

NO APLICA.

ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

“(…) I.- DE PREVIO. Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la sentencia número 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa, con algunas excepciones aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo, instruido de oficio o a instancia de parte, o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción por la supuesta demora de la Administración en atender unas denuncias ambientales planteadas. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo. (…)” VCG09/2025

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Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Nota separada

Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida

Subtemas:

NO APLICA.

V.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

VCG09/2025

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Tipo de contenido: Voto salvado

Rama del Derecho: 6. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ANOTADA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 056- Ejecución de sentencias

Subtemas:

NO APLICA.

 VI.- VOTO SALVADO PARCIAL DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar con lugar, difiero sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de gran complejidad, como es en este caso para que en el plazo máximo de dos meses, contado a partir de la notificación de la sentencia, se atiendan y resuelvan las denuncias ambientales formuladas en relación con las construcciones ilegales, la tala de árboles, la caza, las fogatas y demás actividades desarrolladas en el sector de Cocalito del Refugio Nacional de Vida Silvestre Romelia, con la finalidad de salvaguardar el patrimonio natural del Estado y garantizar el derecho fundamental a un ambiente sano. En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código.

Por otra parte, estimo necesario apartarme también respecto al plazo fijado por la mayoría. Considero que el término de dos meses resulta insuficiente si se toma en cuenta la magnitud de las denuncias acumuladas desde el año 2018, la complejidad técnica que implica la verificación de construcciones en zona marítimo-terrestre y franja inalienable, la comprobación de actividades ilegales vinculadas a caza y extracción de huevos de tortuga, así como la necesidad de coordinar inspecciones, emitir actos administrativos y dar respuesta formal a cada uno de los reclamos planteados. A mi juicio, la naturaleza y alcance de lo ordenado exigen un plazo mayor que permita una intervención seria y eficaz. Por ello, considero que el término prudente para la ejecución de lo dispuesto debe fijarse en seis meses, contados a partir de la notificación de la sentencia, pues solo así se asegura que las autoridades recurridas puedan desplegar las actuaciones necesarias sin que la brevedad del plazo comprometa la calidad de la tutela ambiental ordenada.

VCG09/2025

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Texto de la resolución

*250168150007CO*

Exp: 25-016815-0007-CO

Res. Nº 2025026511

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del veintidos de agosto de dos mil veinticinco .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 25-016815-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra el SISTEMA DE AREAS DE CONSERVACION DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA.

Resultando:

 1.- Por escrito incorporado al expediente digital el 11 de junio de 2025, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra el Sistema de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía. Alega que “(…) El Refugio Nacional de Vida Silvestre Romelia (RNVSR), y en particular su sector conocido como Cocalito, es un área silvestre protegida que enfrenta una presión constante y creciente por actividades ilegales que amenazan su integridad ecológica. Esas actividades incluyen construcciones no autorizadas dentro de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) e incluso en la franja de cincuenta metros inalienables, tala de árboles, caza, tránsito indebido en zonas de anidación de tortugas marinas y la promoción de actividades turísticas comerciales en contravención con la normativa ambiental y el Plan de Manejo del Refugio. A pesar de los esfuerzos de la administración del RNVSR, la respuesta de las autoridades del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y del Área de Conservación Tempisque (ACT) ha sido omisa e insuficiente para frenar el deterioro, por esa razón se han generado denuncias. Desde el año 2018, la administración del RNVSR ha alertado al Área de Conservación Tempisque (ACT) acerca de la problemática. Mediante el informe del 27 de febrero de2018, se reportó la observación de marcas y cintas topográficas recientes en los mojones del sector Cocalito, lo que sugería acciones para apropiarse de terrenos del Refugio arriba citado. Posteriormente, el 19 de diciembre de 2018, se interpuso denuncia formal ante el director y la Gerente de Áreas Silvestres Protegidas del ACT, informando acerca de las construcciones y ampliaciones continuas en ZMT, en la zona inalienable, en violación al Plan de Manejo. En esa denuncia, se citó el Plan de Manejo del RNVSR, avalado por el SINAC, el cual establecía lo procedente para esas construcciones era una acción de desalojo. A pesar que la inspección confirmó los hechos, la administración del Refugio no ha recibido, hasta la fecha, comunicación formal acerca del proceso legal y las acciones concretas por parte del SINAC. El 3 de febrero de 2020, la administración del Refugio denunció ante el Director de Áreas Silvestres Protegidas del ACT, una de las propiedades ilegales, denominada Cocalito Jungle Beach Paradise, se anunciaba y operaba abiertamente como alquiler vacacional de lujo, pese a ubicarse en la zona inalienable de 50 metros del RNVSR. En respuesta a la denuncia, el Director del ACT se pronunció mediante correo electrónico. No obstante, de dicha promesa de acción no se ha materializado ninguna solución definitiva a ese problema. Meses después, el 8 de junio del 2020, se presentó una nueva denuncia acerca de la tala ilegal de palmeras y presencia de cazadores y extractores de huevos de tortuga que, según se reportó, utilizaban una de las construcciones ilegales como la base de operaciones y portaban armas de fuego. Las actividades ilegales y la falta de control han continuado. El 7 de agosto de 2021, se informó al ACT acerca del ingreso de personas a caballo en la playa después de las 6:00 p.m., en violación a la normativa del Refugio que se estableció para proteger el proceso de anidación de tortugas marinas. Los infractores desobedecieron las indicaciones del personal del Refugio, alegando un supuesto derecho de paso. Posteriormente, el 15 de enero de 2022, se reportó la realización de una gran fogata en Playa Cocalito, constituyendo una seria amenaza de incendio forestal y un peligro directo para todos los nidos de tortugas marinas. Finalmente, el 31 de mayo de 2022, el personal del Refugio observó el inicio de nuevas construcciones en una de las propiedades del sector, lo cual fue debidamente comunicado al ACT, solicitando una inspección urgente, lo cual a la fecha, no ha sido atendido por el SINAC. La cronología de hechos demuestra una omisión sistemática y prolongada por parte del SINAC, sea por el ACT. Pese a las múltiples denuncias formales, informes, correos electrónicos y pruebas fotográficas presentadas por la administración del RNVSR desde el año 2018, las autoridades recurridas han fallado en su deber de ejercer una tutela efectiva del patrimonio natural del Estado. Las respuestas han sido inexistentes, o las promesas de las acciones futuras no se han concretado en garantía de detener las ilegalidades denunciadas, permitiendo su persistencia y agravamiento en detrimento del derecho fundamental a un ambiente sano, (…)” (sic).

2.- Por resolución de la Presidencia de la Sala de las catorce horas ocho minutos del veinticuatro de junio de dos mil veinticinco, se le dio curso a este proceso y se le solicitó informe al Director Ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) del Ministerio de Ambiente y Energía, sobre los hechos alegados por la parte recurrente.

3.- Informa bajo juramento, David Chavarría Morales, en su condición de Director Ejecutivo a.i. del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), en los siguientes términos: “(…) Se procedió a solicitar un informe al Área de Conservación Tempisque, sobre los mismos, donde por medio de oficio CARTA-SINAC-ACT-DR-0947-2025, de fecha 30 de junio de 2025 el señor Nelson María Mora, en calidad de Director Regional del Área de Conservación Tempisque del Sistema Nacional de Área de Conservación, traslada el informe con número CARTA-SINAC-ACT-OR-DR-DT-0935- 2025 de fecha 26 de junio del 2025, elaborado por el señor Mauricio Meléndez Venegas Director Técnico del Área de Conservación Tempisque, por medio del cual en relación al Informe solicitado por esta honorable cámara, refiere: “En atención a lo solicitado en el oficio MINAE-SINAC-DAJ-OFI0201-2025, del 25 de junio de 2025 en relación con el recurso de amparo exp. N° 25-016815-0007-CO, recurrente [Nombre 001], en el cual se denuncian una serie de aspectos relacionados con el sector Cocalito del Refugio Nacional de Vida Silvestre Romelia (RNVS Romelia), me permito informar: • Efectivamente, tal como lo menciona el recurrente el RNVS Romelia, sector Cocalito, al igual que ocurre en todas las áreas silvestres protegidas (ASP) del país y especialmente las que se encuentran en zonas costeras, existe una fuerte presión sobre los ecosistemas, tanto por ingresos ilegales, intentos de apropiación de tierras, así como cacería y extracción de elementos de la vida silvestre, para lo cual el ACT-SINAC implementa todos los esfuerzos operativos posibles para evitarlo o disminuir su impacto en los ecosistemas y las poblaciones silvestres. • La existencia de construcciones es una situación que existe desde que el sitio era de administración municipal como zona marítimo terrestre. Al parecer, los ocupantes de esas casas gestionaron la inclusión de Cocalito como parte del RNVS Romelia con la idea de obtener permisos de uso por parte de lo que en aquel entonces era la Dirección de Vida Silvestre. No obstante, cuando posteriormente una interpretación correcta de la ley dejó claro que los usos habitaciones no eran posibles de otorgar en terrenos del Estado dentro de un ASP, esas viviendas pasaron a ser un problema que a la fecha no ha sido posible resolver. Se debe aclarar que el ACT no ha otorgado, ni está en proceso de otorgar permisos de uso en ese lugar. Dado que varias de estas propiedades se encuentran en ese lugar desde la creación del refugio en 1998, el proceso de desalojo y demolición de esas infraestructuras es un tema complejo, por la existencia de la Ley N° 9577 “Protección a los ocupantes de zonas clasificadas como especiales”, la cual en el art. 1 establece: Se prolonga el plazo de treinta y seis meses que dispone la Ley 9577, Protección a los Ocupantes de Zonas Clasificadas como Especiales, de 27 de junio de 2018, por un periodo de tiempo igual, con idénticos efectos de suspensión sobre las acciones administrativas de desalojo de personas, la demolición de obras, la suspensión de actividades comerciales, agropecuarias y cualquier otra actividad lícita y proyectos existentes en la zona marítima terrestre, zona fronteriza y patrimonio natural del Estado, salvo aquellas que sean ordenadas mediante resolución judicial o administrativa en firme, fundadas en la comisión de daño ambiental o cuando exista peligro o amenaza del daño del medio ambiente. (Así reformado por el artículo único de la ley N° 10489 del 13 de mayo de 2024). Eliminar estas infraestructuras es un tema que se abordará con miras a recuperar el PNE y permitir un uso que sea congruente con lo establecido en el plan de manejo. Por otra parte, esa ley es clara En el sentido que no se tolerarán nuevas ocupaciones en el PNE. En el sector Cocalito se realizan de manera ocasional operativos de prevención, protección y control (se adjunta copia de anotaciones de algunos de estos patrullajes). Esto ha llevado a la solicitud de retiro de visitantes que realizan actividades no autorizadas, así como a la verificación de las condiciones de las infraestructuras de manera que no sean remodeladas o que se construyan nuevas. También se realizó la detención de un supuesto infractor por la destrucción de al menos dos nidos de tortugas marinas, el cual fue presentado a Tribunales de Flagrancia mediante informe ACT-RNACB-71, del 18 de setiembre de 2019 (adjunto). La destrucción de nidos de tortugas marinas es un ilícito realmente difícil de evitar dado que las tortugas marinas, en especial la tortuga Lora (Lepidochelys olivácea) anida de manera solitaria en la mayoría de las playas de alta energía de la costa Pacífica del Costa Rica. Por supuesto, las playas con menos presencia del ser humano son más propicias para la anidación de la especie; sin embargo, la cercanía de las comunidades a las ASP de la Península de Nicoya, las cuales son relativamente pequeñas, facilita la incursión de infractores por múltiples sectores y con relativa facilidad. • El ACT-SINAC realiza esfuerzos para disminuir la incidencia e impacto de delitos ambiental, priorizando el uso de los recursos humanos y operativos en según la demanda de la sociedad, la cual ha venido en aumento, sin que haya crecido de igual manera la capacidad operativa institucional. • Los patrullajes se tienen programados para realizarse una vez al mes por el personal de la Reserva Natural Absoluta Cabo Blanco, quienes en el mismo recorrido visitarán la Reserva Natural Absoluta Nicholas Wessberg. Estos patrullajes se incrementarán y reforzará la presencia en la medida de las posibilidades. HONORABLES SEÑORAS (ES) MAGISTRADAS (OS) Del Informe rendido bajo juramento, así como de las pruebas que se adjuntan, se desprende que de parte del SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACION (SINAC) y funcionarios, de ninguna manera se han lesionado o violentado los derechos fundamentales del recurrente o así como dejado de asistir y cumplir con sus obligaciones relacionados con el sector Cocalito del Refugio Nacional de Vida Silvestre Romelia (RNVS Romelia), toda vez, que se han desarrollado operativos, rondas, patrullajes y actividades con el objeto de salvaguardar el delicado equilibrio de la zona, pero también como se expone, se está frente a un proceso que a su vez está pendiente de ser resuelto, dado la existencia de la Ley N° 9577 “Protección a los ocupantes de zonas clasificadas como especiales, pero que a su vez desde entonces el ACT no ha otorgado, ni está en proceso de otorgar permisos de uso en ese lugar, encontrándonos por tal contexto subordinados al principio de legalidad contemplado en el artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, que restringe el actuar de la administración pública a aquellos actos expresamente autorizados por ley, por lo cual al contar con una norma que expresamente amara a los ocupantes de dichas estructuras existentes, no se puede actuar de otra forma, pero que a su vez tampoco se ha omitido en el ejercicio de las funciones dadas por ley para evitar la creación de nuevos asentamientos en la zona, así como el resguardo de la flora y fauna del lugar, como se expone en el informe supra citado, y que más bien se han redoblado esfuerzos para fortalecer la vigilancia y protección esto incluso ante la reducción presupuestaria, común a todas las instituciones, en el sector Cocalito del Refugio Nacional de Vida Silvestre Romelia (RNVS Romelia) PETITORIA De conformidad con lo expuesto y siendo que, de parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, ha actuado conforme al ordenamiento jurídico vigente, en apego al principio de legalidad, así como el principio pro-natura, y que con ello no se ha violentado en forma alguna los derechos fundamentales del recurrente y que contrario a lo que se denuncia, el equipo de trabajo ha trabajado muy duro y con ahínco en la protección y resguardo del lugar (…)”.

4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,

Considerando:

I.- DE PREVIO. Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la sentencia número 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa, con algunas excepciones aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo, instruido de oficio o a instancia de parte, o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción por la supuesta demora de la Administración en atender unas denuncias ambientales planteadas. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.

II.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente alega que el Refugio Nacional de Vida Silvestre Romelia (RNVSR), y en particular su sector conocido como Cocalito, es un área silvestre protegida que enfrenta una presión constante y creciente por actividades ilegales que amenazan su integridad ecológica; sin embargo, la respuesta de las autoridades del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y del Área de Conservación Tempisque (ACT) ha sido omisa e insuficiente para frenar el deterioro. Refiere que el 19 de diciembre de 2018, se interpuso denuncia formal ante el Director y la Gerente de Áreas Silvestres Protegidas del ACT, informando acerca de las construcciones y ampliaciones continuas en ZMT, en la zona inalienable y a pesar que la inspección confirmó los hechos, la administración del Refugio no ha recibido, hasta la fecha, comunicación formal acerca del proceso legal y las acciones concretas por parte del SINAC. Comenta que el Director del ACT se pronunció mediante correo electrónico respecto a una denuncia que se planteó el 3 de febrero de 2020, por una de las propiedades ilegales, denominada Cocalito Jungle Beach Paradise, que operaba abiertamente como alquiler vacacional de lujo, pese a ubicarse en la zona inalienable; sin embargo, no se materializó ninguna solución. Aduce que el l 7 de agosto de 2021, se informó al ACT acerca del ingreso de personas a caballo en la playa después de las 6:00 p.m. Posteriormente, el 15 de enero de 2022, se reportó la realización de una gran fogata en Playa Cocalito. Señala que el 31 de mayo de 2022, el personal del Refugio observó el inicio de nuevas construcciones en una de las propiedades del sector, lo cual fue debidamente comunicado al ACT, solicitando una inspección urgente, lo cual a la fecha, no ha sido atendido por el SINAC. Refiere que existe una omisión sistemática y prolongada por medio del SINAC, dado que, pese a las múltiples denuncias formales, informes, correos electrónicos y pruebas fotográficas presentadas por la administración del RNVSR desde el año 2018, las autoridades recurridas han fallado en su deber de ejercer una tutela efectiva del patrimonio natural del Estado y las respuestas han sido inexistentes. Por lo anterior, solicita la intervención de la Sala, a fin de que la autoridad recurrida atienda las denuncias presentadas.

III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:

a)       El Refugio Nacional de Vida Silvestre Romelia (RNVSR), al igual que ocurre en todas las áreas silvestres protegidas (ASP) del país y especialmente las que se encuentran en zonas costeras, existe una fuerte presión sobre los ecosistemas, tanto por ingresos ilegales, intentos de apropiación de tierras, así como cacería y extracción de elementos de la vida silvestre, para lo cual el ACT-SINAC implementa todos los esfuerzos operativos posibles para evitarlo o disminuir su impacto en los ecosistemas y las poblaciones silvestres (informe rendido bajo fe de juramento)

b)      En fecha 19 de diciembre de 2018, el Administrador de Refugio Nacional de Vida Silvestre Romelia (RNVSR) interpuso denuncia formal ante el Director y la Gerente de Áreas Silvestres Protegidas del ACT, informando acerca de las construcciones y ampliaciones continuas en ZMT, en la zona inalienable. En esa ocasión se realizó una inspección in situ, pero no se comunicó nada acerca del proceso legal y las acciones concretas por parte del SINAC (hecho no controvertido)

c)       El 3 de febrero de 2020, la administración del Refugio denunció ante el Director de Áreas Silvestres Protegidas del ACT, una de las propiedades ilegales, denominada Cocalito Jungle Beach Paradise, se anunciaba y operaba abiertamente como alquiler vacacional de lujo, pese a ubicarse en la zona inalienable de 50 metros del RNVSR (prueba aportada al expediente electrónico)

d)      El 8 de junio del 2020, la administración del Refugio presentó una nueva denuncia acerca de la tala ilegal de palmeras y presencia de cazadores y extractores de huevos de tortuga que, según se reportó, utilizaban una de las construcciones ilegales como la base de operaciones y portaban armas de fuego (prueba agregada al expediente electrónico)

e)       El 7 de agosto de 2021, se informó al Área de Conservación Tempisque (ACT) acerca del ingreso de personas a caballo en la playa después de las 6:00 p.m., en violación a la normativa del Refugio que se estableció para proteger el proceso de anidación de tortugas marinas (prueba agregada al expediente electrónico)

f)        El 15 de enero de 2022, se reportó la realización de una gran fogata en Playa Cocalito, constituyendo una seria amenaza de incendio forestal y un peligro directo para todos los nidos de tortugas marinas (prueba agregada al expediente electrónico)

g)      El 31 de mayo de 2022, el personal del Refugio observó el inicio de nuevas construcciones en una de las propiedades del sector, lo cual fue debidamente comunicado al ACT, solicitando una inspección urgente; sin embargo, a la fecha en que acude en amparo no ha sido atendido por el SINAC (prueba aportada al expediente electrónico)

h)      Que con ocasión a las denuncias planteadas en el Sector de Cocalito se realizan de manera ocasional operativos de prevención, protección y control, se ha retirado a visitantes que realizan actividades no autorizadas y se realizan inspecciones para verificar las condiciones de las infraestructuras de manera que no sean remodeladas o que se construyan nueva (informe rendido bajo fe de juramento)

i)         Se realizó la detención de un supuesto infractor por la destrucción de al menos, dos nidos de tortugas marinas (informe rendido bajo fe de juramento)

j)         El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) ha desarrollado operativos, rondas, patrullajes y otras actividades con el objetivo de salvaguardar el delicado equilibrio de la zona (informes rendidos bajo fe de juramento)

 IV.- CASO EN CONCRETO. En la especie, el recurrente estima vulnerados sus derechos fundamentales, toda vez que, la administración del  Refugio Nacional de Vida Silvestre Romelia (RNVSR) ha presentado varias denuncias, específicamente, en fechas 19 de diciembre de 2018, el 3 de febrero de 2020, 8 de junio de 2020, 7 de agosto de 2021, 15 de enero de 2022 y 31 de mayo de 2022, sobre diversas situaciones que se dan en el lugar; sin embargo, a la fecha en que acude en amparo no se les ha brindado ninguna respuesta ni, mucho menos, solución a los hechos que se han planteado y la afectación al ambiente continúa.

Al respecto, se acreditó que, en efecto, se han planteado varias denuncias. Consta que en fecha 19 de diciembre de 2018, el Administrador de Refugio Nacional de Vida Silvestre Romelia (RNVSR) interpuso denuncia formal ante el Director y la Gerente de Áreas Silvestres Protegidas del ACT, informando acerca de las construcciones y ampliaciones continuas en ZMT, en la zona inalienable. En esa ocasión se realizó una inspección in situ, pero no se comunicó nada acerca del proceso legal y las acciones concretas por parte del SINAC. Posteriormente, en fechas 3 de febrero de 2020, 8 de junio de 2020, 7 de agosto de 2021, 15 de enero de 2022 y 31 de mayo de 2022 se denunciaron diversas situaciones que suceden en el lugar, las cuales no han sido atendidas.

Por su parte, la autoridad recurrida, se limita a indicar que con ocasión a las denuncias planteadas en el Sector de Cocalito se realizan de manera ocasional operativos de prevención, protección y control, se ha retirado a visitantes que realizan actividades no autorizadas y se realizan inspecciones para verificar las condiciones de las infraestructuras de manera que no sean remodeladas o que se construyan nueva. Además, se realizó la detención de un supuesto infractor por la destrucción de al menos, dos nidos de tortugas marinas. A ello, agrega que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) ha desarrollado operativos, rondas, patrullajes y otras actividades con el objetivo de salvaguardar el delicado equilibrio de la zona.

De lo expuesto en el considerando anterior, la Sala acredita la vulneración a los derechos fundamentales de la parte recurrente, toda vez que si bien el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) indica haber realizado acciones tendientes a atender las múltiples denuncias planteadas por la parte recurrente, lo cierto es que de los autos no consta que, a la fecha, las mismas hayan sido atendidas y resueltas de forma definitiva, ni que se haya notificada nada al respecto. Nótese que, incluso, la parte recurrente indica que el 31 de mayo de 2022, el personal del Refugio observó el inicio de nuevas construcciones en una de las propiedades del sector, lo cual fue debidamente comunicado al ACT, solicitando una inspección urgente; sin embargo, no se atendió la gestión.  Es menester aclararle a la autoridad recurrida que, en el marco de sus funciones, no basta con tomar las acciones que se indican para la atención del caso en cuestión, siendo que ello no inhibe a la administración de dar la debida atención, seguimiento y resolución a las denuncias planteadas por la parte recurrente. En mérito de lo expuesto, lo procedente es acoger el recurso, con las indicaciones que se dirán en la parte dispositiva de esta sentencia.

 V.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

 VI.- VOTO SALVADO PARCIAL DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar con lugar, difiero sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de gran complejidad, como es en este caso para que en el plazo máximo de dos meses, contado a partir de la notificación de la sentencia, se atiendan y resuelvan las denuncias ambientales formuladas en relación con las construcciones ilegales, la tala de árboles, la caza, las fogatas y demás actividades desarrolladas en el sector de Cocalito del Refugio Nacional de Vida Silvestre Romelia, con la finalidad de salvaguardar el patrimonio natural del Estado y garantizar el derecho fundamental a un ambiente sano. En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código.

Por otra parte, estimo necesario apartarme también respecto al plazo fijado por la mayoría. Considero que el término de dos meses resulta insuficiente si se toma en cuenta la magnitud de las denuncias acumuladas desde el año 2018, la complejidad técnica que implica la verificación de construcciones en zona marítimo-terrestre y franja inalienable, la comprobación de actividades ilegales vinculadas a caza y extracción de huevos de tortuga, así como la necesidad de coordinar inspecciones, emitir actos administrativos y dar respuesta formal a cada uno de los reclamos planteados. A mi juicio, la naturaleza y alcance de lo ordenado exigen un plazo mayor que permita una intervención seria y eficaz. Por ello, considero que el término prudente para la ejecución de lo dispuesto debe fijarse en seis meses, contados a partir de la notificación de la sentencia, pues solo así se asegura que las autoridades recurridas puedan desplegar las actuaciones necesarias sin que la brevedad del plazo comprometa la calidad de la tutela ambiental ordenada.

 VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a la parte que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 de 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 de 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

  Se declara con lugar el recurso. Se ordena a David Chavarría Morales, en su condición de Director Ejecutivo a. i. del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), o a quien en su lugar ocupe ese cargo, a fin de que gire las órdenes que estén dentro de su competencia para que en el plazo máximo de DOS MESES, contados a partir de la notificación de esta sentencia, realice las inspecciones necesarias y resuelva como en derecho corresponden las denuncias presentadas en fechas 19 de diciembre de 2018, el 3 de febrero de 2020, 8 de junio de 2020, 7 de agosto de 2021, 15 de enero de 2022 y 31 de mayo de 2022, y se le notifique a la parte recurrente las actuaciones realizadas. Además, se le ordena que en el plazo en cuestión, de resultar procedente, se emitan los actos administrativos que correspondan al ámbito de competencia del Sistema Nacional de Área de Conservación, todo lo cual deberá ser notificado a la parte accionante al medio señalado para tales efectos dentro del mismo plazo otorgado ut supra. Se| advierte a la autoridad recurrida que, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Sistema Nacional de Áreas de Conservación al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Castillo Víquez pone nota. La magistrada Garro Vargas salva el voto respecto a la ejecución de esta sentencia y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dispone que debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución, establecidos en los artículos 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo. Asimismo, ordena que se le remita copia de la sentencia para que se inicie los procedimientos de ejecución de este fallo. Además, fija un plazo de SEIS MESES, contado a partir de la notificación de este fallo, para que la autoridad recurrida realice las actuaciones ordenadas y emita, de resultar procedente, los actos administrativos correspondientes. Notifíquese.

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Alejandro Delgado F.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

*VQFQQEMSDDA61*

 VQFQQEMSDDA61

EXPEDIENTE N° 25-016815-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 08:56:19.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

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Constitutional Chamber

Resolution No. 26511 - 2025

Date of Resolution: August 22, 2025, at 09:15

Case File: 25-016815-0007-CO

Drafted by: Fernando Cruz Castro

Type of Matter: Amparo appeal

Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER



Judgment with Dissenting Vote

Judgment with separate note

Relevance Indicators

Relevant judgment

Judgment with protected data, in accordance with current regulations



Content of Interest:

Strategic Themes: Environmental, Economic, Social, Cultural and Environmental Rights

Type of content: Majority vote

Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS

Topic: ENVIRONMENT

Subtopics:

PROTECTED AREA.

Topic: PROPERTY

Subtopics:

MARITIME TERRESTRIAL ZONE..

026511-25. ENVIRONMENT. PROPERTY. ILLEGAL CONSTRUCTIONS ARE ALLEGED IN THE MARITIME TERRESTRIAL ZONE, IN THE SECTOR KNOWN AS CACALITO. THE APPEAL IS GRANTED. THE NATIONAL SYSTEM OF CONSERVATION AREAS (SINAC) IS ORDERED, WITHIN A MAXIMUM PERIOD OF TWO MONTHS, TO CARRY OUT THE NECESSARY INSPECTIONS AND RESOLVE THE FILED COMPLAINTS AS A MATTER OF LAW, AND TO NOTIFY THE APPELLANT OF THE ACTIONS TAKEN. FURTHERMORE, IT IS ORDERED THAT, WITHIN THE PERIOD IN QUESTION, IF DEEMED APPROPRIATE, THE ADMINISTRATIVE ACTS CORRESPONDING TO ITS SPHERE OF COMPETENCE BE ISSUED. LIKEWISE, IT ORDERS THAT A COPY OF THE JUDGMENT BE SENT TO IT SO THAT THE PROCEEDINGS FOR THE EXECUTION OF THIS RULING MAY BE INITIATED. IN ADDITION, IT SETS A PERIOD OF SIX MONTHS FOR THE RESPONDENT AUTHORITY TO CARRY OUT THE ORDERED ACTIONS AND ISSUE, IF DEEMED APPROPRIATE, THE CORRESPONDING ADMINISTRATIVE ACTS. VCG09/2025

“(…) IV.- SPECIFIC CASE. In this instance, the appellant considers his fundamental rights violated, given that the administration of the Romelia National Wildlife Refuge (Refugio Nacional de Vida Silvestre Romelia, RNVSR) has filed several complaints, specifically on December 19, 2018, February 3, 2020, June 8, 2020, August 7, 2021, January 15, 2022, and May 31, 2022, regarding various situations occurring at the site; however, as of the date he files this amparo appeal, no response has been provided, much less a solution to the facts that have been raised, and the environmental impact continues.

In this regard, it was proven that, indeed, several complaints have been filed. It is on record that on December 19, 2018, the Administrator of the Romelia National Wildlife Refuge (RNVSR) filed a formal complaint before the Director and the Manager of Protected Wilderness Areas of the ACT, reporting continuous constructions and expansions in the ZMT, in the inalienable zone. On that occasion, an on-site inspection was carried out, but nothing was communicated about the legal process and the concrete actions by SINAC. Subsequently, on February 3, 2020, June 8, 2020, August 7, 2021, January 15, 2022, and May 31, 2022, various situations occurring at the site were reported, which have not been addressed.

For its part, the respondent authority merely states that, regarding the complaints filed in the Cocalito Sector, occasional prevention, protection, and control operations are carried out, visitors engaging in unauthorized activities have been removed, and inspections are conducted to verify the conditions of the infrastructure so that it is not remodeled or new construction undertaken. In addition, a suspected offender was arrested for the destruction of at least two sea turtle nests. To this, it adds that the National System of Conservation Areas (SINAC) has carried out operations, rounds, patrols, and other activities with the aim of safeguarding the delicate balance of the zone.

From what was stated in the preceding whereas clause, the Chamber certifies the violation of the appellant's fundamental rights, given that although the National System of Conservation Areas (SINAC) indicates having carried out actions aimed at addressing the multiple complaints filed by the appellant, the truth is that the case file does not show that, to date, these have been addressed and definitively resolved, nor that anything has been notified in this regard. It should be noted that the appellant even indicates that on May 31, 2022, Refuge personnel observed the start of new constructions on one of the properties in the sector, which was duly communicated to the ACT, requesting an urgent inspection; however, the request was not addressed. It is necessary to clarify to the respondent authority that, within the framework of its functions, it is not enough to take the actions indicated for addressing the case in question, as this does not exempt the administration from giving due attention, follow-up, and resolution to the complaints filed by the appellant. By virtue of the foregoing, it is appropriate to grant the appeal, with the indications that will be stated in the operative part of this judgment. (…)”




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Content of Interest:

Type of content: Majority vote

Branch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE

Topic: 041- Effective judicial protection. Prompt and complete justice

Subtopics:

NOT APPLICABLE.

ARTICLE 41 OF THE POLITICAL CONSTITUTION

“(…) I.- PRELIMINARY MATTER. Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, as of judgment number 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction, with some exceptions, those matters in which it is disputed whether the public administration has complied with the deadlines set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure, initiated ex officio or at the request of a party, or to hear the applicable administrative appeals. Precisely, in the sub lite case, an exception arises due to the Administration's alleged delay in addressing certain environmental complaints filed. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo appeal. (…)” VCG09/2025

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Content of Interest:

Type of content: Separate note

Branch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE

Topic: 041- Effective judicial protection. Prompt and complete justice

Subtopics:

NOT APPLICABLE.

V.- SEPARATE NOTE BY JUDGE CASTILLO VÍQUEZ REGARDING PROMPT AND COMPLETE ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported this Tribunal's thesis that when a claimant alleges a violation of the right to prompt and complete justice in administrative proceedings, those who must hear the legal dispute are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection through the amparo appeal established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the Administration's material actions, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Tribunal must modify its jurisprudential line, which, based on numeral 7 of its Law, has the exclusive authority to define its own competence. Therefore, except for those constitutional-legal disputes that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which are properly heard in this jurisdiction through the constitutional guarantee process of amparo, in all other cases, and for the reasons given by this Tribunal (judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent judges are those of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, Constitutional Law (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.

VCG09/2025

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Content of Interest:

Type of content: Dissenting vote

Branch of Law: 6. LAW OF CONSTITUTIONAL JURISDICTION ANNOTATED WITH JURISPRUDENCE

Topic: 056- Execution of judgments

Subtopics:

NOT APPLICABLE.

 VI.- PARTIAL DISSENTING VOTE OF JUDGE GARRO VARGAS REGARDING THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT. While I agree with the majority of the Chamber that the appeal should be granted, I differ on where to place the execution phase of the matter, due to the lack of adequate mechanisms provided by the regulations governing this constitutional jurisdiction to follow up on a judgment that involves highly complex technical aspects, as is the case here, so that within a maximum period of two months, counted from the notification of the judgment, the environmental complaints filed regarding illegal constructions, tree felling, hunting, campfires, and other activities carried out in the Cocalito sector of the Romelia National Wildlife Refuge are addressed and resolved, with the aim of safeguarding the natural heritage of the State and guaranteeing the fundamental right to a healthy environment. In contrast, the provisions of the Contentious-Administrative Procedural Code regarding execution (Article 155 et seq.) have evident advantages, such as the possibility of requesting schedules, imposing fines, assigning responsibilities, monitoring compliance stages, etc. Therefore, in accordance with the provisions of Article 56 of the Law of Constitutional Jurisdiction, I believe that the execution phase should take place before the Execution Area of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Tribunal, under the judgment execution rules of said Code.

Furthermore, I also consider it necessary to dissent regarding the deadline set by the majority. I believe that a term of two months is insufficient considering the magnitude of the complaints accumulated since 2018, the technical complexity involved in verifying constructions in the maritime-terrestrial zone and inalienable strip, the verification of illegal activities linked to hunting and extraction of turtle eggs, as well as the need to coordinate inspections, issue administrative acts, and provide a formal response to each of the claims raised. In my opinion, the nature and scope of what is ordered require a longer period that allows for a serious and effective intervention. Therefore, I believe that the prudent term for the execution of what is ordered should be set at six months, counted from the notification of the judgment, as only then is it ensured that the respondent authorities can deploy the necessary actions without the brevity of the period compromising the quality of the environmental protection ordered.

VCG09/2025

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Text of the resolution

*250168150007CO*

Exp: 25-016815-0007-CO

Res. No. 2025026511

 

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours fifteen minutes on August twenty-second, two thousand twenty-five.

Amparo appeal processed in case file number 25-016815-0007-CO, filed by [Name 001], identity card [Value 001], against the SYSTEM OF CONSERVATION AREAS OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY.

Whereas:

 1.- By brief added to the digital case file on June 11, 2025, the appellant files an amparo appeal against the System of Conservation Areas of the Ministry of Environment and Energy. He alleges that “(…) The Romelia National Wildlife Refuge (RNVSR), and particularly its sector known as Cocalito, is a protected wilderness area that faces constant and increasing pressure from illegal activities that threaten its ecological integrity. These activities include unauthorized constructions within the Maritime Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre, ZMT) and even within the fifty-meter inalienable strip, tree felling, hunting, improper transit in sea turtle nesting areas, and the promotion of commercial tourist activities in contravention of environmental regulations and the Refuge's Management Plan. Despite the efforts of the RNVSR administration, the response from the authorities of the National System of Conservation Areas (SINAC) and the Tempisque Conservation Area (Área de Conservación Tempisque, ACT) has been negligent and insufficient to curb the deterioration, which is why complaints have been generated. Since 2018, the RNVSR administration has alerted the Tempisque Conservation Area (ACT) about the issue. Through the report of February 27, 2018, the observation of recent survey marks and tapes on the boundary markers of the Cocalito sector was reported, which suggested actions to appropriate lands of the aforementioned Refuge. Subsequently, on December 19, 2018, a formal complaint was filed before the Director and the Manager of Protected Wilderness Areas of the ACT, reporting continuous constructions and expansions in the ZMT, in the inalienable zone, in violation of the Management Plan. In that complaint, the RNVSR Management Plan, endorsed by SINAC, was cited, which established that the appropriate action for these constructions was an eviction action. Even though the inspection confirmed the facts, the Refuge administration has not received, to date, formal communication about the legal process and the concrete actions by SINAC. On February 3, 2020, the Refuge administration reported to the Director of Protected Wilderness Areas of the ACT that one of the illegal properties, called Cocalito Jungle Beach Paradise, was openly advertised and operating as a luxury vacation rental, despite being located in the 50-meter inalienable zone of the RNVSR. In response to the complaint, the Director of the ACT issued a statement via email. However, no definitive solution to this problem has materialized from that promise of action. Months later, on June 8, 2020, a new complaint was filed regarding the illegal felling of palm trees and the presence of hunters and turtle egg extractors who, as reported, used one of the illegal constructions as their base of operations and carried firearms. The illegal activities and lack of control have continued. On August 7, 2021, the ACT was informed about the entry of people on horseback onto the beach after 6:00 p.m., in violation of the Refuge regulations established to protect the sea turtle nesting process. The offenders disobeyed the instructions of the Refuge personnel, alleging a supposed right of way. Subsequently, on January 15, 2022, the making of a large campfire on Playa Cocalito was reported, constituting a serious forest fire threat and a direct danger to all sea turtle nests. Finally, on May 31, 2022, the Refuge personnel observed the start of new constructions on one of the properties in the sector, which was duly communicated to the ACT, requesting an urgent inspection, which to date has not been addressed by SINAC. The chronology of events demonstrates a systematic and prolonged omission by SINAC, or by the ACT. Despite the multiple formal complaints, reports, emails, and photographic evidence presented by the RNVSR administration since 2018, the respondent authorities have failed in their duty to exercise effective protection of the State's natural heritage. The responses have been non-existent, or the promises of future actions have not materialized into guarantees to stop the reported illegalities, allowing their persistence and worsening to the detriment of the fundamental right to a healthy environment, (…)” (sic).

2.- By resolution of the Presidency of the Chamber at fourteen hours eight minutes on June twenty-fourth, two thousand twenty-five, this proceeding was admitted and an report was requested from the Executive Director of the National System of Conservation Areas (SINAC) of the Ministry of Environment and Energy, regarding the facts alleged by the appellant.

3.- David Chavarría Morales, in his capacity as Acting Executive Director of the National System of Conservation Areas (SINAC), reports under oath, in the following terms: “(…) A report was requested from the Tempisque Conservation Area regarding the same, whereby, through official letter CARTA-SINAC-ACT-DR-0947-2025, dated June 30, 2025, Mr. Nelson María Mora, in his capacity as Regional Director of the Tempisque Conservation Area of the National System of Conservation Areas, forwards the report with number CARTA-SINAC-ACT-OR-DR-DT-0935- 2025 dated June 26, 2025, prepared by Mr. Mauricio Meléndez Venegas, Technical Director of the Tempisque Conservation Area, through which, in relation to the report requested by this honorable chamber, he states: “In response to the request in official letter MINAE-SINAC-DAJ-OFI0201-2025, of June 25, 2025, regarding the amparo appeal case file No. 25-016815-0007-CO, appellant [Name 001], in which a series of aspects related to the Cocalito sector of the Romelia National Wildlife Refuge (RNVS Romelia) are reported, I am pleased to inform: • Indeed, as mentioned by the appellant, the RNVS Romelia, Cocalito sector, just as occurs in all protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas, ASP) of the country and especially those located in coastal zones, there is strong pressure on the ecosystems, both from illegal entries, land-grabbing attempts, as well as hunting and extraction of wildlife elements, for which the ACT-SINAC implements all possible operational efforts to avoid it or diminish its impact on the ecosystems and wildlife populations. • The existence of constructions is a situation that has existed since the site was under municipal administration as a maritime terrestrial zone. Apparently, the occupants of those houses managed the inclusion of Cocalito as part of the RNVS Romelia with the idea of obtaining use permits from what was then the Wildlife Directorate. However, when subsequently a correct interpretation of the law made it clear that residential uses were not possible to grant on State lands within an ASP, those dwellings became a problem that to date has not been possible to resolve. It must be clarified that the ACT has not granted, nor is it in the process of granting, use permits in that place. Given that several of these properties have been in that place since the creation of the refuge in 1998, the process of eviction and demolition of those infrastructures is a complex issue, due to the existence of Law No. 9577 "Protection to the occupants of zones classified as special", which in Art. 1 establishes: The thirty-six month period provided by Law 9577, Protection to the Occupants of Zones Classified as Special, of June 27, 2018, is extended for an equal period of time, with identical effects of suspension on administrative actions for the eviction of persons, the demolition of works, the suspension of commercial, agricultural, and any other lawful activity and existing projects in the maritime terrestrial zone, border zone, and natural heritage of the State, except for those ordered by a final judicial or administrative resolution, based on the commission of environmental damage or when there is danger or threat of environmental damage. (Thus reformed by the sole article of Law No. 10489 of May 13, 2024). Eliminating these infrastructures is an issue that will be addressed with a view to recovering the PNE and allowing a use that is consistent with what is established in the management plan. On the other hand, that law is clear in the sense that new occupations in the PNE will not be tolerated. In the Cocalito sector, occasional prevention, protection, and control operations are carried out (a copy of records of some of these patrols is attached). This has led to the request for the removal of visitors engaging in unauthorized activities, as well as the verification of the conditions of the infrastructures so that they are not remodeled or new ones built. Also, an alleged offender was arrested for the destruction of at least two sea turtle nests, who was brought before the Flagrancy Courts via report ACT-RNACB-71, of September 18, 2019 (attached). The destruction of sea turtle nests is an illegal act that is truly difficult to prevent given that sea turtles, especially the Olive Ridley turtle (Lepidochelys olivácea), nest solitarily on most of the high-energy beaches of the Pacific coast of Costa Rica. Of course, beaches with less human presence are more conducive to the nesting of the species; however, the proximity of communities to the ASPs of the Nicoya Peninsula, which are relatively small, facilitates the incursion of offenders from multiple sectors and with relative ease. • The ACT-SINAC makes efforts to reduce the incidence and impact of environmental crimes, prioritizing the use of human and operational resources according to the demand of society, which has been increasing, without the institutional operational capacity having grown in the same way. • The patrols are scheduled to be carried out once a month by the personnel of the Cabo Blanco Absolute Natural Reserve, who on the same route will visit the Nicholas Wessberg Absolute Natural Reserve. These patrols will be increased and presence will be reinforced to the extent possible. HONORABLE MAGISTRATES From the report rendered under oath, as well as from the evidence attached, it is clear that the NATIONAL SYSTEM OF CONSERVATION AREAS (SINAC) and its officials have in no way injured or violated the fundamental rights of the appellant or failed to assist and comply with their obligations related to the Cocalito sector of the Romelia National Wildlife Refuge (RNVS Romelia), given that operations, rounds, patrols, and activities have been carried out with the aim of safeguarding the delicate balance of the zone, but also, as stated, we are facing a process that is in turn pending resolution, given the existence of Law No. 9577 "Protection to the occupants of zones classified as special", but which in turn, since then, the ACT has not granted, nor is it in the process of granting, use permits in that place, finding ourselves in this context subordinated to the principle of legality contemplated in Article 11 of the Political Constitution and Article 11 of the General Law of Public Administration, which restricts the actions of the public administration to those acts expressly authorized by law, which is why, having a norm that expressly protects the occupants of said existing structures, one cannot act otherwise, but that in turn, there has also been no omission in the exercise of the functions given by law to prevent the creation of new settlements in the zone, as well as the protection of the flora and fauna of the place, as stated in the aforementioned report, and that, rather, efforts have been redoubled to strengthen surveillance and protection, this even in the face of the budget reduction common to all institutions, in the Cocalito sector of the Romelia National Wildlife Refuge (RNVS Romelia) PRAYER In accordance with the foregoing and given that the National System of Conservation Areas has acted in accordance with the current legal system, in adherence to the principle of legality, as well as the pro-natura principle, and that it has thereby not in any way violated the fundamental rights of the appellant and that, contrary to what is reported, the work team has worked very hard and diligently in the protection and safeguarding of the place (…)”.

4.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.

 Drafted by Judge Cruz Castro; and,

Considering:

I.- PRELIMINARY MATTER. Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, as of judgment number 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction, with some exceptions, those matters in which it is disputed whether the public administration has complied with the deadlines set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure, initiated ex officio or at the request of a party, or to hear the applicable administrative appeals. Precisely, in the sub lite case, an exception arises due to the Administration's alleged delay in addressing certain environmental complaints filed. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo appeal.

II.- PURPOSE OF THE APPEAL. The appellant alleges that the Romelia National Wildlife Refuge (RNVSR), and particularly its sector known as Cocalito, is a protected wilderness area facing constant and increasing pressure from illegal activities that threaten its ecological integrity; however, the response from the authorities of the National System of Conservation Areas (SINAC) and the Tempisque Conservation Area (ACT) has been negligent and insufficient to curb the deterioration. He states that on December 19, 2018, a formal complaint was filed before the Director and the Manager of Protected Wilderness Areas of the ACT, reporting continuous constructions and expansions in the ZMT, in the inalienable zone, and even though the inspection confirmed the facts, the Refuge administration has not received, to date, formal communication about the legal process and the concrete actions by SINAC. He comments that the Director of the ACT issued a statement via email regarding a complaint filed on February 3, 2020, concerning one of the illegal properties, called Cocalito Jungle Beach Paradise, which was openly operating as a luxury vacation rental, despite being located in the inalienable zone; however, no solution materialized. He argues that on August 7, 2021, the ACT was informed about the entry of people on horseback onto the beach after 6:00 p.m. Subsequently, on January 15, 2022, the making of a large campfire on Playa Cocalito was reported. He points out that on May 31, 2022, Refuge personnel observed the start of new constructions on one of the properties in the sector, which was duly communicated to the ACT, requesting an urgent inspection, which to date has not been addressed by SINAC. He states that there is a systematic and prolonged omission by SINAC, given that, despite the multiple formal complaints, reports, emails, and photographic evidence presented by the RNVSR administration since 2018, the respondent authorities have failed in their duty to exercise effective protection of the State's natural heritage, and the responses have been non-existent. Therefore, he requests the intervention of the Chamber, so that the respondent authority addresses the complaints filed.

III.- PROVEN FACTS. The following facts are considered duly proven as important for the decision in this matter, either because they have been accredited or because the respondent may have omitted to refer to them, as provided in the initial order:

a) In the Romelia National Wildlife Refuge (RNVSR), as occurs in all protected wilderness areas (ASP) of the country and especially those located in coastal zones, there is strong pressure on the ecosystems, both from illegal entries, land-grabbing attempts, as well as hunting and extraction of wildlife elements, for which the ACT-SINAC implements all possible operational efforts to avoid it or diminish its impact on the ecosystems and wildlife populations (report rendered under oath)

b) On December 19, 2018, the Administrator of the Romelia National Wildlife Refuge (RNVSR) filed a formal complaint before the Director and the Manager of Protected Wilderness Areas of the ACT, reporting continuous constructions and expansions in the ZMT, in the inalienable zone.

On that occasion an on-site inspection was carried out, but nothing was communicated regarding the legal process and the specific actions by SINAC (an uncontested fact)

c) On February 3, 2020, the Refuge administration reported to the Director of Protected Wild Areas of the ACT that one of the illegal properties, called Cocalito Jungle Beach Paradise, was being advertised and openly operating as a luxury vacation rental, despite being located in the inalienable 50-meter zone of the RNVSR (evidence provided in the electronic case file)

d) On June 8, 2020, the Refuge administration filed a new complaint regarding the illegal felling of palm trees and the presence of hunters and turtle egg collectors who, according to the report, were using one of the illegal constructions as a base of operations and carrying firearms (evidence added to the electronic case file)

e) On August 7, 2021, the Tempisque Conservation Area (Área de Conservación Tempisque, ACT) was informed about the entry of persons on horseback onto the beach after 6:00 p.m., in violation of the Refuge regulations established to protect the nesting process of sea turtles (evidence added to the electronic case file)

f) On January 15, 2022, a large bonfire was reported on Playa Cocalito, constituting a serious forest fire threat and a direct danger to all sea turtle nests (evidence added to the electronic case file)

g) On May 31, 2022, Refuge personnel observed the start of new construction on one of the properties in the sector, which was duly communicated to the ACT, requesting an urgent inspection; however, as of the date of filing this amparo action, it has not been addressed by SINAC (evidence provided in the electronic case file)

h) That, on occasion of the complaints filed in the Cocalito Sector, prevention, protection, and control operations are carried out occasionally, visitors engaging in unauthorized activities have been removed, and inspections are performed to verify the condition of the infrastructure so that it is neither remodeled nor newly constructed (report rendered under oath)

i) An alleged offender was arrested for the destruction of at least two sea turtle nests (report rendered under oath)

j) The National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC) has conducted operations, rounds, patrols, and other activities with the objective of safeguarding the delicate balance of the area (reports rendered under oath)

IV.- SPECIFIC CASE. In the present matter, the petitioner claims a violation of his fundamental rights, since the administration of the Romelia National Wildlife Refuge (Refugio Nacional de Vida Silvestre Romelia, RNVSR) has filed several complaints, specifically on December 19, 2018, February 3, 2020, June 8, 2020, August 7, 2021, January 15, 2022, and May 31, 2022, regarding various situations occurring at the site; however, as of the date of filing this amparo action, no response has been provided, much less a solution to the facts that have been raised, and the environmental impact continues.

In this regard, it was proven that several complaints have indeed been filed. It is on record that on December 19, 2018, the Administrator of the Romelia National Wildlife Refuge (RNVSR) filed a formal complaint before the Director and the Manager of Protected Wild Areas of the ACT, reporting continuous construction and expansions in the ZMT, within the inalienable zone. On that occasion an on-site inspection was carried out, but nothing was communicated regarding the legal process and the specific actions by SINAC. Subsequently, on February 3, 2020, June 8, 2020, August 7, 2021, January 15, 2022, and May 31, 2022, various situations occurring at the site were reported, which have not been addressed.

For its part, the respondent authority merely indicates that, on occasion of the complaints filed in the Cocalito Sector, prevention, protection, and control operations are carried out occasionally, visitors engaging in unauthorized activities have been removed, and inspections are performed to verify the condition of the infrastructure so that it is neither remodeled nor newly constructed. Furthermore, an alleged offender was arrested for the destruction of at least two sea turtle nests. To this, it adds that the National System of Conservation Areas (SINAC) has conducted operations, rounds, patrols, and other activities with the objective of safeguarding the delicate balance of the area.

Based on the foregoing recital, the Chamber finds a violation of the fundamental rights of the petitioner, since although the National System of Conservation Areas (SINAC) indicates having carried out actions aimed at addressing the multiple complaints filed by the petitioner, the truth is that the case file does not show that, to date, these have been definitively addressed and resolved, nor that any notification has been made in this regard. It should be noted that the petitioner even indicates that on May 31, 2022, Refuge personnel observed the start of new construction on one of the properties in the sector, which was duly communicated to the ACT, requesting an urgent inspection; however, the request was not addressed. It is necessary to clarify to the respondent authority that, within the framework of its functions, it is not sufficient to merely take the actions indicated for addressing the case in question, as this does not relieve the administration from providing due attention, follow-up, and resolution to the complaints filed by the petitioner. Based on the foregoing, the appropriate course is to grant the amparo action, with the instructions set forth in the operative part of this judgment.

V.- NOTE BY JUSTICE CASTILLO VÍQUEZ, REGARDING PROMPT AND COMPLETE ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported this Court's thesis that when a claimant alleges a violation of the right to prompt and complete justice in an administrative venue, those who must hear the legal dispute are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, the Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is subject to judicial protection by means of the amparo action established by Article 32 of the Law on Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the Administration's material actions, its administrative acts, or its response are affecting his fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, since, based on numeral 7 of its Law, it is exclusively responsible for defining its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional disputes that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which may properly be heard in this jurisdiction through the constitutional process of amparo protection, in all other cases, and for the reasons given by this Court (judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent judges are those of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, Constitutional Law (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.

VI.- PARTIAL DISSENTING VOTE OF JUSTICE GARRO VARGAS REGARDING THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT. While I concur with the majority of the Chamber that the amparo action should be granted, I differ on where to locate the enforcement phase of the matter, due to the lack of adequate mechanisms provided by the regulations governing this constitutional jurisdiction to follow up on a judgment involving highly complex technical aspects, as is the case here, so that within a maximum period of two months, counted from the notification of the judgment, the environmental complaints filed in relation to illegal constructions, tree felling, hunting, bonfires, and other activities carried out in the Cocalito sector of the Romelia National Wildlife Refuge are addressed and resolved, with the aim of safeguarding the natural heritage of the State and guaranteeing the fundamental right to a healthy environment. In contrast, the provisions of the Contentious-Administrative Procedure Code on enforcement (Article 155 and following) have clear advantages, such as the possibility of requesting schedules, imposing fines, establishing responsibilities, overseeing compliance stages, etc. Therefore, in accordance with the provisions of Article 56 of the Law on Constitutional Jurisdiction, I consider that the enforcement phase must be carried out before the Enforcement Division of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court, under the judgment enforcement rules of said Code.

Moreover, I also consider it necessary to dissent regarding the deadline set by the majority. I believe that the two-month term is insufficient considering the magnitude of the complaints accumulated since 2018, the technical complexity involved in verifying constructions in the maritime-terrestrial zone (zona marítimo-terrestre) and the inalienable strip (franja inalienable), the verification of illegal activities linked to hunting and the extraction of turtle eggs, as well as the need to coordinate inspections, issue administrative acts, and provide a formal response to each of the claims raised. In my judgment, the nature and scope of what is ordered require a longer period that allows for a serious and effective intervention. For this reason, I believe that the reasonable term for the execution of the ordered measures should be set at six months, counted from the notification of the judgment, as only in this way is it ensured that the respondent authorities can carry out the necessary actions without the brevity of the deadline compromising the quality of the ordered environmental protection.

VII.- DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE CASE FILE. The party is warned that, if any paper documents have been submitted, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology-produced device, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not removed within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Regulations on the Electronic Case File before the Judicial Branch," approved by the Full Court in Session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in the Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Therefore:

The amparo action is granted. David Chavarría Morales, in his capacity as Acting Executive Director of the National System of Conservation Areas (SINAC), or whoever holds that position, is ordered to issue such orders within his competence so that, within a maximum period of TWO MONTHS, counted from the notification of this judgment, he carries out the necessary inspections and resolves, as legally appropriate, the complaints filed on December 19, 2018, February 3, 2020, June 8, 2020, August 7, 2021, January 15, 2022, and May 31, 2022, and the actions taken are notified to the petitioner. Furthermore, he is ordered that, within the aforementioned period, if appropriate, the corresponding administrative acts within the scope of competence of the National System of Conservation Areas be issued, all of which must be notified to the claimant at the address indicated for such purposes within the same period granted above. The respondent authority is warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law on Constitutional Jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo action, and fails to comply with it or have it complied with, provided the offense is not more severely punished. The National System of Conservation Areas is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of judgment phase of the contentious-administrative jurisdiction. Justice Castillo Víquez adds a note. Justice Garro Vargas dissents regarding the enforcement of this judgment and, in accordance with Article 56 of the Law on Constitutional Jurisdiction, orders that it must be carried out before the Enforcement Division of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court, under the enforcement rules established in Articles 155 and following of the Contentious-Administrative Procedure Code. Likewise, she orders that a copy of the judgment be sent to initiate the enforcement proceedings of this ruling. Furthermore, she sets a period of SIX MONTHS, counted from the notification of this ruling, for the respondent authority to carry out the ordered actions and issue, if appropriate, the corresponding administrative acts. Let it be notified.

Fernando Castillo V.

President

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Alejandro Delgado F.

Digitally Signed Document

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*VQFQQEMSDDA61*

VQFQQEMSDDA61

CASE FILE No. 25-016815-0007-CO

Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Email: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church).

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It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 08:56:19.

SCIJ de Hacienda
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