Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)En el presente caso, lo que el recurrente plantea no constituye una solicitud de adición y aclaración, pues no procura que se subsane una omisión o se aclare la Sentencia N° 2025-023136 de las 09:20 horas del 24 de julio de 2025, sino más bien, una disconformidad con el contenido de ese pronunciamiento, pretensión que resulta improcedente, ya que de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2º, del artículo 11, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, no cabrá recurso contra las sentencias, autos o providencias de la jurisdicción constitucional. [...] Al respecto, se reitera que esta Sala no debe sustituir a la Administración activa en sus competencias ni es una instancia directa tramitadora de denuncias. En consecuencia, en situaciones como esta, lo procedente es que el amparado acuda ante la Municipalidad recurrida a efectos de plantear su reclamo concreto por presuntas lesiones al derecho al ambiente y a la propiedad privada a que hace referencia, a fin de que esa corporación municipal tome de ser pertinente, las medidas necesarias para solucionar el problema denunciado o, en su defecto, plantee su reclamo en la vía de legalidad ordinaria, a fin de que resuelva lo pertinente.
English (translation)In the present case, what the petitioner raises does not constitute a request for addition and clarification, since it does not seek to remedy an omission or clarify Ruling No. 2025-023136 issued at 9:20 a.m. on July 24, 2025, but rather expresses disagreement with the content of that decision, a claim that is improper because, pursuant to the second paragraph of Article 11 of the Constitutional Jurisdiction Law, no appeal shall lie against rulings, orders, or decrees of the constitutional jurisdiction. [...] In this regard, it is reiterated that this Chamber must not substitute the active Administration in its powers nor act as a direct venue for processing complaints. Consequently, in situations such as this, the proper course is for the petitioner to go before the respondent Municipality in order to raise their specific claim regarding the alleged violations of the right to the environment and private property referred to, so that the municipal corporation may, if appropriate, take the necessary measures to resolve the reported problem or, failing that, raise their claim through ordinary legality channels for a pertinent resolution.
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Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 24858 - 2025 Fecha de la Resolución: 08 de Agosto del 2025 a las 09:20 Expediente: 25-014060-0007-CO Redactado por: Fernando Castillo Víquez Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Texto de la resolución Exp: 25-014060-0007-CO Res. Nº 2025024858 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del ocho de agosto de dos mil veinticinco . Recurso de amparo interpuesto por NOMBRE42016 , cédula de identidad CED33419° ; contra la MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN. Resultando: 1.- Por medio de la Sentencia N° 2025-023136 de las 09:20 horas del 24 de julio de 2025, la Sala rechazó de plano el recurso de amparo que se tramitó bajo expediente N° 25-014060-0007-CO. 2.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 11:58 horas del 31 de julio de 2025, el recurrente impugna la Sentencia N° 2025-023136 citada, y señala literalmente: (…) me presento en tiempo y forma a impugnar la presente resolución Nº2025023136 (24/julio/2025) por los siguientes hechos; 1. Falta de denuncia previa formal ante la Municipalidad- Defecto en resolución: La Sala rechazó el amparo por no acreditar gestión previa (Considerando II). - Replanteamiento: "Si bien en la aclaración se indicó que no hubo denuncia formal específica sobre alcantarillado, se adjunta prueba de gestión sustancial: el correo del 04/diciembre/2023 (folio 14g) solicitando planos de calles y reclamando la invasión, con copia a ...1704, ...149 y otras dependencias. Esto cumple con el deber de agotar vías administrativas (Art. 42 LJRC), conforme al precedente en el Voto 2010-14189 que admite recursos si existen gestiones sustanciales previas." 2. Titularidad de la propiedad y traslape registral Inconsistencia en resolución: La Sala omitió valorar las pruebas de titularidad (Dictamen OIJ DFC:2024-00117-ING, estudio topográfico). Replanteamiento: Se aporta sentencia de la Sala Civil, (Exp. 15-002045-1027-PE) que declara: 'El registro catastral prevalece sobre alegatos municipales sin título inscrito. Además, el Voto 2018-12345, (citado) protege la propiedad contra actuaciones sin respaldo registral. La Municipalidad no acreditó dominio sobre el área invadida, violando el Art. 45 CPR y el Art. 17.1 de la CADH. 3. Violación al debido proceso ambiental. Omisión en resolución: No se analizó la falta de notificación para obras que causan daño ambiental. Replanteamiento: "Las obras de alcantarillado sin evaluación de impacto ambiental (EIA) violan el Art. 50 CPR y la Ley 7554 (Ley Orgánica del Ambiente). La Sala Constitucional en el Voto 2015-15874 establece que toda obra municipal requiere consulta al propietario y EIA si hay riesgo de vertidos. Aquí, los videos (pruebas 13a-c) muestran aguas servidas y daños a árboles, configurando daño ambiental grave. 4. Ilegalidad de las obras y falsedad documental. Pruebas ignoradas: La resolución no valoró las inconsistencias en el expediente ADM-067-11-BCA. - Replanteamiento: "El oficio del INVU (DU-548-11-2023, folio 14e) confirma que no existen trámites legales para las obras. Además, las firmas falsas en el folio 3 del expediente municipal (avaladas por estudio del Registro Civil) invalidan el acto administrativo, conforme al Art. 172 de la Ley General de la Administración Pública y el Voto 2012-9876 que anula actos basados en documentos fraudulentos." II. Jurisprudencia y fundamentos. Propiedad inviolable; Voto 2018-12345: "Las municipalidades no pueden ocupar propiedades sin expropiación formal", Art. 45 CPR; Art.21 CADH; Art. 17 DUDH. Debido proceso; Voto 2019-5432: "La no notificación al propietario anula obras municipales" Art. 41 CPR; Art. 8.1CADH; Art. 11 Ley 7794. Daño ambiental; Voto 2020-8765: "Vertidos de aguas servidas sin control configuran delito ambiental". Art. 50 CPR; Arts. 32 y 116 Ley 7554. Fraude procesal; Voto 2017-6543: "Las falsedades documentales invalidan todo acto administrativo" Art. 17 Ley6227 (Código Procesal Civil). III. Corrección de Defectos Procesales; A. Agotamiento de vía administrativa: Incluir como nueva prueba, el correo del 04/diciembre/2023 (ya aportado) como gestión válida ante la Municipalidad. Citación al Voto 2005-11234. La solicitud de información sobre obras en propiedad ajena equivale a un reclamo formal" B. Medidas cautelares urgentes: Exijo cumplimiento de petición con base en el Art. 37 LJRC y el Voto 2016-4321; que ordena suspender obras ante riesgo ambiental inminente. C. Reparación integral: Fundamentar en el Art. 25 CADH y la Opinión Consultiva OC-23/17 CIDH, que obliga a reparar daños materiales y morales por ocupación ilegal. IV. Estructura legal para impugnación de la presente resolución; 1. Hechos: - Existe cronológicamente: gestiones desde el 2023 a obras de 2025. Existen daños ambientales (con referencia a pruebas, videos que no valoran esta Honorable Sala. c). La Municipalidad nunca presentó títulos de propiedad sobre el área recurrida. 2. Derechos Violados: markdown - Propiedad (Art. 45 CPR, Art. 21 CADH). Debido proceso (Art. 41 CPR, Art. 8 CADH). - Ambiente sano (Art. 50 CPR, Ley 7554). Legalidad administrativa (Art. 11 CPR). 3. Petitoria; a. Suspensión inmediata de obras (24 horas). b. Declaratoria de violación de derechos. c. Reparación económica más costas. d. Orden al Registro Nacional para emitir certificación de titularidad (folio 1-615658-000). 4. Pruebas Reorganizadas: Grupo A: Titularidad (Dictamen OIJ, estudio topográfico). Grupo B: Ilegalidad de obras (Oficio INVU, correo 2023). Grupo C: Daños (videos, peritaje ambiental). V. Anexo Crítico: Inconsistencias en la Resolución Nº 2025023136; 1. Error en valoración probatoria: Se ignoró el Oficio DU-548-11-2023 del INVU, (prueba 14e), que desvirtúa la legalidad del expediente municipal. 2. Omisión de estándares internacionales: No se aplicó el control de convencionalidad, (Art. 7 CPR) sobre propiedad y ambiente (CIDH, *Caso Lagos del Campo vs. Perú*). 3. Vulneración del principio iura novit curia. La Sala no aplicó de oficio el *Art. 50 CPR ante evidencias de daño ambiental (videos). Conclusión: La presente aclaración e impugnación sin el ánimo de faltar el respeto a distinguidos técnicos judiciales y Honorables juristas subsana el defecto de denuncia previa ante los recurridos, así mismo estructura argumentos con jurisprudencia vinculante y expone vicios en la presente resolución” (sic). Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y, Considerando: I.- DE PREVIO. La Ley de Jurisdicción Constitucional faculta a esta Sala para adicionar y aclarar sus sentencias en aquellos casos en que resulte procedente, al disponer: “Artículo 12.- Las sentencias que dicte la Sala podrán ser aclaradas o adicionadas, a petición de parte, si se solicitare dentro de tercero día, y de oficio en cualquier tiempo, incluso en los procedimientos de ejecución, en la medida en que sea necesario para dar cabal cumplimiento al contenido del fallo”. Así, la adición de un pronunciamiento procede cuando un punto del planteamiento original del recurso no fue resuelto en el fallo, y la aclaración cuando dicho fallo fue resuelto en términos oscuros o ambiguos, implicando de esta forma una difícil comprensión del mismo. La adición y la aclaración son, entonces, formas para complementar una sentencia o de explicar los alcances que tiene el fallo. II.- SOBRE LA GESTIÓN PLANTEADA. En el presente caso, lo que el recurrente plantea no constituye una solicitud de adición y aclaración, pues no procura que se subsane una omisión o se aclare la Sentencia N° 2025-023136 de las 09:20 horas del 24 de julio de 2025, sino más bien, una disconformidad con el contenido de ese pronunciamiento, pretensión que resulta improcedente, ya que de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2º, del artículo 11, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, no cabrá recurso contra las sentencias, autos o providencias de la jurisdicción constitucional. Nótese que, de las mismas manifestaciones contenidas en el expediente digital, el tutelado acota que realizó gestiones para hacer valer su titularidad sobre un terreno, sin que el amparado acusara oportunamente y ante la Municipalidad de Pérez Zeledón la realización de obras de alcantarillados, sin los respectivos permisos o autorizaciones- que presuntamente vierten aguas servidas que afectan su inmueble, y que la situación denunciada constituía -a su juicio- una lesión al derecho al ambiente y a la propiedad privada. Al respecto, se reitera que esta Sala no debe sustituir a la Administración activa en sus competencias ni es una instancia directa tramitadora de denuncias. En consecuencia, en situaciones como esta, lo procedente es que el amparado acuda ante la Municipalidad recurrida a efectos de plantear su reclamo concreto por presuntas lesiones al derecho al ambiente y a la propiedad privada a que hace referencia, a fin de que esa corporación municipal tome de ser pertinente, las medidas necesarias para solucionar el problema denunciado o, en su defecto, plantee su reclamo en la vía de legalidad ordinaria, a fin de que resuelva lo pertinente. A partir de consideraciones expuestas en la Sentencia N° ° 2025-023136 citada, carece de sustento la solicitud del recurrente a efecto de que esta Sala dicte una medida cautelar y ordene al Registro Nacional emitir certificación de titularidad, y suspenda las obras a que hace referencia en este amparo, pues dichos aspectos son propios de analizarse en la sede común. Por todo lo expuesto, no ha lugar a la gestión formulada en este recurso de amparo. III.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. Por tanto: No ha lugar a la gestión formulada. Nombre137 V. Presidente Nombre152 C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- UNQFJFLVZCM61 EXPEDIENTE N° 25-014060-0007-CO Teléfonos: Telf46 / (). Fax: Telf47 / Telf48. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección12 , Dirección13 , 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:58:17. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Sala Constitucional Resolution No. 24858 - 2025 Date of Resolution: August 8, 2025, at 09:20 Case File: 25-014060-0007-CO Drafted by: Fernando Castillo Víquez Type of matter: Amparo action Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL Text of the resolution \*\*\*25014060007CO\*\*\* Exp: 25-014060-0007-CO Res. No. 2025024858 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours and twenty minutes on the eighth of August, two thousand twenty-five. Amparo action filed by [NOMBRE42016], identification card number [CED33419]; against the MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN. Resultando: 1.- By means of Judgment No. 2025-023136 of 09:20 hours on July 24, 2025, the Sala summarily dismissed the amparo action processed under case file No. 25-014060-0007-CO. 2.- Through a writing incorporated into the digital case file at 11:58 hours on July 31, 2025, the petitioner challenges the cited Judgment No. 2025-023136, and literally states: (...) I appear in time and form to challenge the present resolution No. 2025023136 (24/July/2025) for the following facts; 1. Lack of prior formal complaint before the Municipality - Defect in resolution: The Sala rejected the amparo for not accrediting prior action (Considerando II). - Reiterated argument: "Although the clarification indicated there was no specific formal complaint regarding sewer systems, evidence of substantial action is attached: the email of 04/December/2023 (folio 14g) requesting street plans and claiming the invasion, with a copy to ...1704, ...149 and other dependencies. This fulfills the duty to exhaust administrative channels (Art. 42 LJRC), in accordance with the precedent in Voto 2010-14189 which admits actions if there are prior substantial actions." 2. Ownership of the property and registry overlap. Inconsistency in resolution: The Sala omitted to assess the evidence of ownership (OIJ Report DFC:2024-00117-ING, topographic study). Reiterated argument: A judgment from the Civil Chamber is provided, (Exp. 15-002045-1027-PE) which declares: 'The cadastral registry prevails over municipal allegations without registered title. Furthermore, Voto 2018-12345 (cited) protects property against actions without registry backing. The Municipality did not prove domain over the invaded area, violating Art. 45 of the CPR and Art. 17.1 of the ACHR. 3. Violation of environmental due process. Omission in resolution: The lack of notification for works causing environmental damage was not analyzed. Reiterated argument: "The sewer works without an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) violate Art. 50 of the CPR and Law 7554 (Ley Orgánica del Ambiente). The Sala Constitucional in Voto 2015-15874 establishes that all municipal works require consultation with the property owner and an EIA if there is a risk of discharges. Here, the videos (evidence 13a-c) show sewage and damage to trees, constituting serious environmental damage. 4. Illegality of works and document falsification. Ignored evidence: The resolution did not assess the inconsistencies in file ADM-067-11-BCA. - Reiterated argument: "The official letter from INVU (DU-548-11-2023, folio 14e) confirms that there are no legal procedures for the works. Additionally, the false signatures on folio 3 of the municipal file (endorsed by a study from the Civil Registry) invalidate the administrative act, in accordance with Art. 172 of the Ley General de la Administración Pública and Voto 2012-9876 which nullifies acts based on fraudulent documents." II. Jurisprudence and grounds. Inviolable property; Voto 2018-12345: "Municipalities cannot occupy properties without formal expropriation", Art. 45 CPR; Art. 21 ACHR; Art. 17 UDHR. Due process; Voto 2019-5432: "Failure to notify the property owner nullifies municipal works" Art. 41 CPR; Art. 8.1 ACHR; Art. 11 Law 7794. Environmental damage; Voto 2020-8765: "Uncontrolled wastewater discharges constitute an environmental crime." Art. 50 CPR; Arts. 32 and 116 Law 7554. Procedural fraud; Voto 2017-6543: "Document falsifications invalidate any administrative act" Art. 17 Law 6227 (Código Procesal Civil). III. Correction of Procedural Defects; A. Exhaustion of administrative channels: Include as new evidence, the email of 04/December/2023 (already provided) as a valid action before the Municipality. Citation to Voto 2005-11234. The request for information about works on another's property is equivalent to a formal claim" B. Urgent precautionary measures: I demand compliance with the request based on Art. 37 LJRC and Voto 2016-4321; which orders the suspension of works in the face of imminent environmental risk. C. Integral reparation: Grounded in Art. 25 ACHR and Advisory Opinion OC-23/17 IACHR, which obligates the reparation of material and moral damages for illegal occupation. IV. Legal structure for challenging this resolution; 1. Facts: - Chronologically: there have been actions from 2023 to works in 2025. There are environmental damages (with reference to evidence, videos that this Honorable Sala does not assess. c). The Municipality never presented property titles over the area in question. 2. Violated Rights: markdown - Property (Art. 45 CPR, Art. 21 ACHR). Due process (Art. 41 CPR, Art. 8 ACHR). - Healthy environment (Art. 50 CPR, Law 7554). Administrative legality (Art. 11 CPR). 3. Prayer; a. Immediate suspension of works (24 hours). b. Declaration of rights violation. c. Economic reparation plus costs. d. Order to the National Registry to issue a certificate of ownership (folio 1-615658-000). 4. Reorganized Evidence: Group A: Ownership (OIJ Report, topographic study). Group B: Illegality of works (INVU Official Letter, 2023 email). Group C: Damages (videos, environmental expert report). V. Critical Annex: Inconsistencies in Resolution No. 2025023136; 1. Error in evidentiary assessment: The Official Letter DU-548-11-2023 from INVU (evidence 14e), which undermines the legality of the municipal file, was ignored. 2. Omission of international standards: Conventionality control (Art. 7 CPR) was not applied regarding property and environment (IACHR, *Case of Lagos del Campo vs. Peru*). 3. Violation of the iura novit curia principle. The Sala did not apply of its own motion the *Art. 50 CPR upon evidence of environmental damage (videos). Conclusion: This clarification and challenge, without the intention of disrespecting distinguished judicial technicians and Honorable jurists, remedies the defect of prior complaint before the respondents, likewise structures arguments with binding jurisprudence and exposes defects in this resolution" (sic). Drafted by Magistrate Castillo Víquez; and, Considerando: I.- PRELIMINARY. The Ley de Jurisdicción Constitucional empowers this Sala to clarify and add to its judgments in those cases where it is applicable, by providing: "Article 12.- The judgments issued by the Sala may be clarified or supplemented, at the request of a party, if requested within three days, and of its own motion at any time, even in enforcement proceedings, to the extent necessary to give full effect to the content of the ruling." Thus, the supplementation of a pronouncement is appropriate when a point from the original pleading of the action was not resolved in the ruling, and clarification when said ruling was resolved in obscure or ambiguous terms, thereby making its understanding difficult. Supplementation and clarification are, therefore, forms to complement a judgment or to explain the scope of the ruling. II.- REGARDING THE PETITION FILED. In the present case, what the petitioner raises does not constitute a request for supplementation and clarification, as it does not seek to remedy an omission or clarify Judgment No. 2025-023136 of 09:20 hours on July 24, 2025, but rather, a disagreement with the content of that pronouncement, a claim that is inadmissible, since in accordance with the provisions of paragraph 2, article 11, of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, no appeal shall lie against the judgments, orders, or decrees of the constitutional jurisdiction. Note that, from the very statements contained in the digital case file, the protected person notes that he took steps to enforce his ownership of a piece of land, without the petitioner having timely complained to the Municipalidad de Pérez Zeledón about the construction of sewer works, without the respective permits or authorizations - which allegedly discharge sewage affecting his property, and that the denounced situation constituted - in his opinion - an injury to the right to the environment and to private property. In this regard, it is reiterated that this Sala must not substitute the active Administration in its competences nor is it a direct processing instance for complaints. Consequently, in situations like this, the appropriate course is for the petitioner to go to the respondent Municipality in order to file his specific claim for alleged injuries to the right to the environment and to private property to which he refers, so that this municipal corporation may take, if pertinent, the necessary measures to solve the denounced problem or, failing that, file his claim in the ordinary legality jurisdiction, so that it may resolve what is pertinent. Based on the considerations set forth in the cited Judgment No. 2025-023136, the petitioner's request for this Sala to issue a precautionary measure and order the National Registry to issue a certificate of ownership, and to suspend the works referred to in this amparo, lacks support, as those aspects are proper to be analyzed in the ordinary court. For all the foregoing, the petition formulated in this amparo action is denied. III.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that, if any paper document has been provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of thirty business days, counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not removed within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in Session No. 27-11, of August 22, 2011, article XXVI and published in Boletín Judicial No. 19, of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in Session No. 43-12, held on May 3, 2012, article LXXXI. Por tanto: The petition formulated is denied. [Nombre137] V. President [Nombre152] C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Digitally Signed Document -- Verification code -- \*\*UNQFJFLVZCM61\*\* CASE FILE No. 25-014060-0007-CO Telephones: [Telf46] / (). Fax: [Telf47] / [Telf48]. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: ([Direccion12], [Direccion13], 100 mts. South of the Iglesia del Perpetuo Socorro). It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 10:58:17. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República