Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Ante un reclamo similar, esta Sala mediante sentencia No. 2021003922 resolvió: “De conformidad con lo dicho, esta Sala considera que el recurrente no lleva razón en sus alegatos y que, por ende, no existe una lesión a sus derechos fundamentales, según se expondrá a continuación. Pudo comprobar este Tribunal Constitucional que los amparados han sido debidamente atendidos por el municipio y que se les ha brindado la colaboración necesaria y dentro de los márgenes de la legalidad; sin embargo, la Municipalidad tiene prohibición para actuar más allá de lo ya realizado. En criterio de este Tribunal, lo que existe realmente es una disconformidad de los amparados, con que deban ser ellos los que costeen el resto de los trabajos que amerite el camino denunciado, por cuanto, el camino cuyo mal estado reclaman, se trata de una servidumbre agrícola privada que se encuentra dentro de sus propiedades y que debe ser reparada por ellos mismos. En consecuencia, se impone la desestimatoria de este recurso de amparo”.
Visto lo anterior, nótese que —al igual que en el precedente citado— la autoridad recurrida sí dio trámite a lo denunciado, y la parte accionante tenía conocimiento de ello. Lo que se plantea en este proceso es una inconformidad con el contenido de la respuesta brindada por la corporación recurrida. Debe señalarse que resulta incompatible con la naturaleza sumarísima del proceso de amparo entrar a valorar si el criterio técnico emitido por la Municipalidad de El Guarco se ajusta a la ciencia, la técnica o al ordenamiento infraconstitucional. Tampoco corresponde a esta Sala determinar la naturaleza de las obras que deben ejecutarse, ni si es la corporación accionada quien debe asumirlas. Si la parte accionante considera que la Municipalidad debe realizar las obras que se pretenden mediante este recurso, lo procedente es que lo dirima —si así lo estima conveniente— en las vías jurisdiccionales ordinarias. En consecuencia, se declara sin lugar el recurso.
English (translation)Faced with a similar claim, this Court through judgment No. 2021003922 resolved: “In accordance with the above, this Court considers that the petitioner is not correct in his allegations and that, therefore, there is no violation of his fundamental rights, as will be explained below. This Constitutional Court was able to verify that the amparo petitioners have been duly attended by the municipality and have been given the necessary cooperation within the margins of legality; however, the Municipality is prohibited from acting beyond what has already been done. In the opinion of this Court, what really exists is a disagreement of the amparo petitioners with having to bear the cost of the remaining work required by the reported road, since the road whose poor condition they complain of is a private agricultural easement located within their properties and must be repaired by themselves. Consequently, the dismissal of this amparo petition is imposed.”
In light of the above, it should be noted—as in the cited precedent—that the respondent authority did process what was reported, and the petitioner was aware thereof. What is raised in this proceeding is a disagreement with the content of the response given by the respondent corporation. It must be pointed out that it is incompatible with the summary nature of the amparo process to assess whether the technical opinion issued by the Municipality of El Guarco conforms to science, technique, or to infra-constitutional law. Nor is it for this Court to determine the nature of the works to be carried out, nor whether the respondent corporation must bear them. If the petitioner considers that the Municipality must perform the works sought through this remedy, the proper course is to settle the matter—if she deems it appropriate—in the ordinary jurisdictional channels. Consequently, the petition is dismissed.
Denied
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 23988 - 2025 Fecha de la Resolución: 01 de Agosto del 2025 a las 09:15 Expediente: 25-015097-0007-CO Redactado por: Jorge Araya Garcia Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Texto de la resolución Exp: 25-015097-0007-CO Res. Nº 2025023988 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del uno de agosto de dos mil veinticinco . Recurso de amparo que se tramita en expediente número 25-015097-0007-CO, interpuesto por Nombre42344 , cédula de identidad CED33733 contra la MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO. RESULTANDO 1. Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 27 de mayo de 2025, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra la MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO y manifiesta que es vecina de Vara del Roble, San Isidro, Cartago, con domicilio 350 metros al norte de la Escuela Vara del Roble. Indica que su propiedad, plano: C-1107926-200652, finca 3-00107141, está dentro de un área protegida según el Sistema Nacional de Conservación (SINAC). Narra que toda la zona de Vara del Roble, se encuentra dentro de la Zona Protectora Río Navarro-Río Sombrero, la cual comprende un área de 6400 hectáreas y fue establecida así según Decreto N° 15436-MAG de marzo de 1984, publicado en la Gaceta del 05 de junio de 1984. Indica que en octubre de 2020 presentó una denuncia anónima ante la Municipalidad de El Guarco, en la que advirtió que una vecina había desplazado indebidamente una cerca. Asimismo, señaló la inexistencia de un sistema adecuado de desagües pluviales en la zona y como consecuencia, las aguas llovidas se desvían directamente hacia su propiedad. Afirma que ante esta situación, se han improvisado canaletas para redirigir el flujo, ya que se trata de una calle lastreada; no obstante, el volumen de agua, sumado a la presencia de numerosos árboles, supera la capacidad de las alcantarillas que instaló por cuenta propia, provocando constantes inundaciones en su cochera. Pese a ello, acusa que la municipalidad recurrida le respondió que no pueden intervenir porque es una servidumbre agrícola-privada. Alega que actualmente debe asumir costos adicionales por el vaciado del tanque séptico, el cual se llena debido al ingreso de aguas pluviales que penetran por la cochera y atraviesan directamente sobre dicha estructura. Expone que aún más grave, el paredón de su propiedad está siendo erosionado progresivamente, lo que representa un riesgo inminente de deslizamiento de una parte significativa de su terreno hacia la calle que conduce al Dirección5444 . Indica que de ocurrir dicho colapso, la única medida técnica viable para sostener el terreno sería la construcción de un gavión de grandes dimensiones, cuyo costo superaría incluso el valor total de la propiedad, debido a la extensión y altura que requeriría la obra. Reclama que la inacción institucional frente a esta problemática ha provocado un deterioro progresivo tanto del entorno ambiental como de su propiedad, generando además una afectación económica constante. Indica que como resultado directo de la acumulación y el desvío inadecuado de las aguas de lluvias, el sistema sanitario se ve colapsado, ocasionando el rebalse del tanque séptico. Dice que esta situación ha provocado que, en múltiples ocasiones, se levante la tapa del tanque y las aguas negras se desborden, escurriendo libremente hacia el paredón y la vía pública. Comenta que este tipo de contaminación representa un serio riesgo para la salud pública, ya que expone a las personas del vecindario -incluidos menores de edad y adultos mayores- al contacto con aguas residuales que pueden contener bacterias, virus y parásitos altamente peligrosos. Alega que la propagación de malos olores, la atracción de vectores como moscas y roedores, y la posible filtración de estos residuos a fuentes subterráneas de agua agravan aún más la situación. Solicita que se ordene a la municipalidad recurrida que adopte de inmediato las medidas necesarias para garantizar la construcción de caño del lado de la propiedad del señor Nombre42345 . 2. Por resolución de las 09:28 horas del 10 de junio de 2025, la Presidencia de esta Sala cursó este proceso de amparo. 3. El 17 de junio de 2025, la parte recurrida se apersonó al proceso donde adjuntó copia del auto de curso y copia de un expediente administrativo. 4. Por constancia de 24 de junio de 2025, la Secretaría de esta Sala hizo constar que: “revisado, a las diez horas veintiuno minutos del veinticuatro de junio de dos mil veinticinco, en el SISTEMA COSTARRICENSE DE GESTIÓN DE DESPACHOS JUDICIALES el CONTROL DE DOCUMENTOS RECIBIDOS Y ESTE EXPEDIENTE, no apareció que del 12 al 23 de junio de 2025, el ALCALDE DE EL GUARCO haya presentado escrito o documento alguno, a fin de rendir el informe que se le solicitó en la resolución dictada a las nueve horas con veintiocho minutos del diez de Junio del dos mil veinticinco, en el expediente número 25-015097-0007-CO que es RECURSO DE AMPARO promovido por Nombre42344 ”. 5. Por escrito recibido el 23 de junio de 2025, la parte accionante indicó que en atención a lo dispuesto en resolución de las 09:28 horas del 10 de junio de 2025, procede a señalar lo siguiente. Indica que, mediante dicha resolución, la Sala previno al alcalde de El Guarco para que, dentro del plazo de tres días hábiles, rindiera informe circunstanciado bajo juramento sobre los hechos que motivan el presente recurso, con la correspondiente documentación de respaldo. Advierte que se estableció expresamente el apercibimiento de que la omisión en informar podría generar que se tengan por ciertos los hechos expuestos y se declare con lugar el recurso, conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Expone que, a la fecha de presentación de este escrito, 23 de junio de 2025, ya ha transcurrido el plazo legal otorgado sin que conste, al menos para esta parte, en el expediente informe alguno rendido por la parte recurrida. Señala que ello constituiría un incumplimiento directo a una orden expresa de la Sala Constitucional y una omisión grave en perjuicio de la parte recurrente. Solicita, por tanto, previo a la constatación de que así es, que se tenga por precluido el plazo conferido a la parte recurrida y, en consecuencia, se proceda con la continuación del trámite del presente recurso, teniendo por ciertos los hechos expuestos en la acción interpuesta, conforme a derecho y a los principios de tutela judicial efectiva y celeridad procesal. 6. En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales. Redacta el Magistrado Araya García; y, CONSIDERANDO I. OBJETO DEL RECURSO. La recurrente reclama la violación a sus derechos fundamentales, pues acusa que La persona recurrente, vecina de Vara del Roble, San Isidro, Cartago, señala que su propiedad, Dirección5445 , plano C-1107926-200652, se ubica dentro de la Zona Protectora Río Navarro-Río Sombrero, establecida por Decreto N.° 15436-MAG. Expone que, desde octubre de 2020, las aguas pluviales se desvían hacia su terreno por falta de un sistema adecuado de desagüe, provocando inundaciones en su cochera, rebalse del tanque séptico y erosión del paredón, con riesgo de deslizamiento hacia la vía pública. Aduce que la municipalidad se niega a intervenir alegando que se trata de una servidumbre agrícola-privada. Reclama una afectación patrimonial, ambiental y sanitaria, y solicita que se ordene a la municipalidad recurrida construir un caño junto a la propiedad del señor Nombre42345 . II. CONSIDERACIÓN DE ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO. Por resolución de las 09:28 horas del 10 de junio de 2025, la Presidencia de esta Sala le confirió audiencia al alcalde de El Guarco. Sin embargo, por constancia de 24 de junio de 2025, la Secretaría de esta Sala hizo constar que: “revisado, a las diez horas veintiuno minutos del veinticuatro de junio de dos mil veinticinco, en el SISTEMA COSTARRICENSE DE GESTIÓN DE DESPACHOS JUDICIALES el CONTROL DE DOCUMENTOS RECIBIDOS Y ESTE EXPEDIENTE, no apareció que del 12 al 23 de junio de 2025, el ALCALDE DE EL GUARCO haya presentado escrito o documento alguno, a fin de rendir el informe que se le solicitó en la resolución dictada a las nueve horas con veintiocho minutos del diez de Junio del dos mil veinticinco, en el expediente número 25-015097-0007-CO que es RECURSO DE AMPARO promovido por Nombre42344 ”. Así las cosas, procede la aplicación del artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional que dice: “Artículo 45. Si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver el amparo sin más trámite, salvo que el tribunal estime necesaria alguna averiguación previa, todo sin perjuicio de las responsabilidades en que incurra el servidor omiso en el informe”. Lo anterior, no implica el que recurso de amparo deba ser declarado con lugar, pues se aclara y resalta que en este expediente hay prueba documental aportada que es útil para resolver el recurso. III. HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la parte recurrida haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial: 1. El 27 de mayo de 2025, se formuló la siguiente denuncia anónima: “Dirección5446 (sic) (Casa pequeña al costado de casa con Zaran verde). Detalle: Los vecinos acostumbramos hacer caños y limpiamos para darle durabilidad a la calle que por ser servidumbre arreglamos y lastreamos entre nosotros mismos (unos pocos). Pero la señora que compró dicha casa (dirección indicada) manda a llenar con tierra los caños y resulta que esta sembrando (cerca viva) a 5 metros. Cuando los planos indican son 7 metros de calle. Por lo que es Urgente que ustedes como gobierno local le informen las medidas que debe respetar de calle y le indiquen su obligación de limpiar o hacer el caño de su propiedad” (véase la prueba aportada). 2. El 27 de mayo de 2025, se formuló la siguiente denuncia anónima: “Ubicación. Vara del roble (sic), tejar del Guarco (sic). 400 Norte de la escuela. Detalle: En la entrada de la servidumbre "los Vega" en vara del roble, de la escuela 400 Norte, casa crema con franja celeste en la parte de abajo. Se vino a vivir hace como 2 meses y tapó los caños que mantenemos algunos vecinos, sembró cerca viva y atravesó piedras aludiendo que es parte de su propiedad. Cuando los planos indican 7 metros ella dice son 5. Requerimos la municipalidad le informe la medida y la haga correr la cerca” (sic) (véase la prueba aportada). 3. El 27 de mayo de 2025, se formuló la siguiente denuncia anónima: “Ubicación. 350 al norte de la escuela de vara del roble (sic). Casa Blanca lado derecho entrada servidumbre "los Vega". A un costado de la casa con bandera en la esquina. Detalle Los vecinos acostumbramos hacer caños y limpiar con maquinaria para darle durabilidad a la calle que por ser servidumbre arreglamos y lastreamos entre nosotros mismos (unos pocos ponemos dinero ). Pero la señora que acaba de comprar dicha casa (en dirección indicada) manda a llenar con tierra los caños que hacemos y ahora está sembrando (cerca viva) a 5 metros. Cuando los planos indican son 7 metros de calle. Por lo que es Urgente y necesario que ustedes como gobierno local le informen las medidas que debe respetar de calle y le soliciten su obligación de limpiar o hacer el caño de su propiedad” (sic) (véase la prueba aportada). 4. Entre septiembre y octubre de 2020, el Inspector Municipal de El Guarco realizó una inspección que consignó en la “inspección Denuncia Nº: 00210 Id público: 2020-09-21-1897151 Externo (00074)”. En dicho documento se consignó: “Denuncia: Colocación de cerca o portón Al momento de entrar la denuncia a la plataforma municipal, el país estaba siendo afectado por el tema de la pandemia, por acciones tomadas a nivel municipal y por el hecho del cierre de carreteras, no se había podido antender con antelación. Para el entonces en que se realizó la inspección, habían ingresado 3 denuncias anónimas con descripción muy similar. Se realiza inspección en la finca del partido de Cartago inscrita en el Registro Nacional de la propiedad bajo matricula Placa8208, plano catastro Placa8209, sita provincia tres Cartago, segundo San Isidro, Dirección5447 , propiedad a nombre de: • Nombre42345 , cedula residencia CED33734 • Nombre42346 , cedula residencia CED33735 • Nombre42347 , cedula residencia CED33736 • Nombre42348 , cedula residencia CED33737 La inspección se realiza por denuncia en donde se indica que vecinos de la zona dan mantenimiento a la servidumbre y que la nueva dueña de la propiedad mencionada esta irrespetando las medidas y la naturaleza del lugar. Mencionan que la Municipalidad le haga ver las medidas correctas del camino a los dueños de la vivienda para que corra su cerca. Al momento de la inspección se observa el camino mencionado, piedras en el borde del camino y la “cerca viva” mencionada. Sin embargo, tal y como menciona la denuncia y los planos catastro C-0570039-1984 y C-1107926-2006 el camino corresponde a servidumbre agrícola y no a un camino público. Su naturaleza es pública-privada y solo corresponde a los sirvientes de la misma. Por tanto, a nivel municipal no se puede intervenir en un camino privado. Lo que se detecta en la denuncia es que hay una diferencia en la interpretación de las medidas del paso de la servidumbre, por lo que se recomienda que entre los interesados y sirvientes de la servidumbre de paso, se contrate a un profesional en topografía privado para que les indique en campo los limites reales de las propiedades. Cualquier tema respecto a la misma debe ser tratado entre los interesados” (véase la prueba aportada). 5. El 13 de junio de 2025, la ingeniera Dinia Morales Castro del Departamento Constructivo de la Municipalidad de El Guarco emitió el informe técnico de denuncias en la finca 3-0210913-000. En dicho documento se consignó: “Que se tiene registro de las siguientes denuncias presentadas de forma anónima: a. 2020-00210 del 21 de setiembre del 2020. b. 2020-00212 del 21 de setiembre del 2020. c. 2020-00342 del 04 de noviembre del 2020. 2. Las denuncias indicadas en el punto anterior corresponden a denuncias en la Dirección5448 , a las cuales se les dio resolución mediante su respectivo informe elaborado por el señor inspector Luis Eduardo Muñoz Soto (ver expediente). Mismas no fueron notificadas al denunciante, ya que por ser anónimas, no se cuenta con un medio para poder notificarle. 3. En las denuncias, se indica por parte del denunciante que, ha tenido afectación por una cerca viva que ha sembrado una vecina y que provoca que los caños se llenen de tierra, se rebalsen y el agua escurra por su propiedad, específicamente, a través de la cochera. 4. Que en los informes se indica por parte del inspector municipal que el problema se da en una servidumbre, que debido a esta situación la Municipalidad no puede intervenir en un acceso privado y que las diferencias del ancho de servidumbre, deberán resolverlas por medio de topógrafo privado. 5. Que el día 13 de junio del 2025 y en atención al recurso de amparo que nos ocupa, se realiza inspección por la suscrita en compañía del señor Efraín Guzman, colaborador del Departamento de Gestión Vial a la finca Placa8206- . En dicha inspección la señora Nombre42344 nos indica la situación (misma que las denuncias interpuestas). 6. Se logra ubicar que el problema se da en la colindancia Este de la propiedad. Sobre la servidumbre agrícola. Que existen cunetas en la colindancia con la servidumbre. Que en el acceso a la cochera se encuentra un canal de concreto construido de poca profundidad con una parrilla en la parte superior. Además, se constata que la cuneta ubicada en la línea colindante con la propiedad matrícula Placa8207.° presenta condiciones de abandono y falta de mantenimiento, evidenciándose vegetación excesiva (zacate crecido) y presencia de sedimento, lo cual podría comprometer el adecuado funcionamiento hidráulico del sistema de drenaje. Con respecto a la raíz del problema que indica la denunciante por la siembra de cerca viva, no puede determinar la suscrita dicha afirmación, ya que como se puede observar en la siguiente fotografía, el terreno de la finca 0068934 se encuentra en parte por encima del nivel de camino, por lo que las aguas escurren por la orilla del camino (servidumbre agrícola) de forma natural y por la superficie de rodamiento de lastre hasta llegar a las cunetas frente a propiedad de la señora Nombre42344. Con base a lo anterior y con fundamento en los artículos 373 y 374 del Código Civil de Costa Rica, el mantenimiento y reparación de las servidumbres agrícolas, incluyendo su infraestructura vial o pluvial, corresponde exclusivamente a los propietarios de los predios dominantes, es decir, aquellos que se benefician directamente de su uso. La normativa vigente establece que dichos beneficiarios pueden realizar las obras necesarias para conservar la servidumbre, pero a su costa, sin que ello constituya una obligación para el propietario del terreno sobre el cual recae la servidumbre (predio sirviente) ni para la Municipalidad. En consecuencia, al no tratarse de vías públicas formalmente constituidas ni de infraestructura incorporada al dominio municipal, la Municipalidad de El Guarco no tiene competencia legal para intervenir, reparar o asumir gastos de mantenimiento en este tipo de servidumbres privadas. Por último, dado que la servidumbre en cuestión corresponde a una figura de derecho privado, la definición de su ubicación exacta, alineamiento y anchos escapa al ámbito técnico-administrativo municipal. En estos casos, y ante la falta de documentación clara o acuerdo entre propietarios, la delimitación y validación de las dimensiones de la servidumbre deberá resolverse en la vía judicial, por tratarse de un conflicto entre partes privadas” (véase la prueba aportada). IV. SOBRE EL CASO CONCRETO. Después de haber analizado las pruebas aportadas por las partes, esta Sala desestima el recurso de amparo, por las razones que a continuación serán expuestas. En este proceso, la parte accionante pretende que se ordene “a la Municipalidad del Guarco que adopte de inmediato las medidas necesarias para garantizar la construcción de caño del lado de la propiedad del señor Nombre42345 3. Ordenar cualquier otra medida que esta Sala considere pertinente para la debida protección del derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”. Ahora bien, se aprecia que presuntamente la parte accionante había formulado una serie de denuncias anónimas en el año 2020 reclamando hechos potencialmente relacionados con el objeto de este recurso. Se advierte que la parte accionante tenía conocimiento de lo indicado, pues en el recurso de amparo consigna que: “no pueden intervenir porque es una servidumbre agrícola-privada”. Aunado a ello, existe en este expediente el informe técnico No.156-GDU-2025 suscrito por la ingeniera Dinia Morales Castro del Departamento Constructivo de la Municipalidad de El Guarco donde se consigna que: “Con base a lo anterior y con fundamento en los artículos 373 y 374 del Código Civil de Costa Rica, el mantenimiento y reparación de las servidumbres agrícolas, incluyendo su infraestructura vial o pluvial, corresponde exclusivamente a los propietarios de los predios dominantes, es decir, aquellos que se benefician directamente de su uso. La normativa vigente establece que dichos beneficiarios pueden realizar las obras necesarias para conservar la servidumbre, pero a su costa, sin que ello constituya una obligación para el propietario del terreno sobre el cual recae la servidumbre (predio sirviente) ni para la Municipalidad. En consecuencia, al no tratarse de vías públicas formalmente constituidas ni de infraestructura incorporada al dominio municipal, la Municipalidad de El Guarco no tiene competencia legal para intervenir, reparar o asumir gastos de mantenimiento en este tipo de servidumbres privadas. Por último, dado que la servidumbre en cuestión corresponde a una figura de derecho privado, la definición de su ubicación exacta, alineamiento y anchos escapa al ámbito técnico-administrativo municipal. En estos casos, y ante la falta de documentación clara o acuerdo entre propietarios, la delimitación y validación de las dimensiones de la servidumbre deberá resolverse en la vía judicial, por tratarse de un conflicto entre partes privadas” (el destacado no es del original). Ante un reclamo similar, esta Sala mediante sentencia No. 2021003922 resolvió: “De conformidad con lo dicho, esta Sala considera que el recurrente no lleva razón en sus alegatos y que, por ende, no existe una lesión a sus derechos fundamentales, según se expondrá a continuación. Pudo comprobar este Tribunal Constitucional que los amparados han sido debidamente atendidos por el municipio y que se les ha brindado la colaboración necesaria y dentro de los márgenes de la legalidad; sin embargo, la Municipalidad tiene prohibición para actuar más allá de lo ya realizado. En criterio de este Tribunal, lo que existe realmente es una disconformidad de los amparados, con que deban ser ellos los que costeen el resto de los trabajos que amerite el camino denunciado, por cuanto, el camino cuyo mal estado reclaman, se trata de una servidumbre agrícola privada que se encuentra dentro de sus propiedades y que debe ser reparada por ellos mismos. En consecuencia, se impone la desestimatoria de este recurso de amparo”. Visto lo anterior, nótese que —al igual que en el precedente citado— la autoridad recurrida sí dio trámite a lo denunciado, y la parte accionante tenía conocimiento de ello. Lo que se plantea en este proceso es una inconformidad con el contenido de la respuesta brindada por la corporación recurrida. Debe señalarse que resulta incompatible con la naturaleza sumarísima del proceso de amparo entrar a valorar si el criterio técnico emitido por la Municipalidad de El Guarco se ajusta a la ciencia, la técnica o al ordenamiento infraconstitucional. Tampoco corresponde a esta Sala determinar la naturaleza de las obras que deben ejecutarse, ni si es la corporación accionada quien debe asumirlas. Si la parte accionante considera que la Municipalidad debe realizar las obras que se pretenden mediante este recurso, lo procedente es que lo dirima —si así lo estima conveniente— en las vías jurisdiccionales ordinarias. En consecuencia, se declara sin lugar el recurso. V. NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa omisiva se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, en que la parte recurrente acusa haber denunciado, ante la Municipalidad de El Guarco, la problemática existente su propiedad, ante el desvío de aguas pluviales que provocan inundaciones, rebalse del tanque séptico y erosión del paredón, atentando contra su seguridad, pero no se ha brindado una solución a la problemática planteada. VI. DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Debe prevenir esta Sala a las partes que de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. POR TANTO: Se declara sin lugar el recurso. El magistrado Salazar Alvarado pone nota. Nombre137 V. Presidente Nombre152 C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- 3VT7JK47IAJC61 EXPEDIENTE N° 25-015097-0007-CO Teléfonos: Telf46 / (). Fax: Telf47 / Telf48. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección12 , Dirección13 , 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:58:08. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours fifteen minutes on the first of August of two thousand twenty-five. Amparo action processed under case file number 25-015097-0007-CO, filed by Nombre42344 , identity card CED33733 against the MUNICIPALITY OF EL GUARCO. WHEREAS 1. By written submission received at the Secretariat of the Chamber on May 27, 2025, the petitioner files an amparo action against the MUNICIPALITY OF EL GUARCO and states that she is a resident of Vara del Roble, San Isidro, Cartago, with domicile 350 meters north of the Vara del Roble School. She indicates that her property, plan: C-1107926-200652, farm 3-00107141, is within a protected area according to the National System of Conservation (SINAC). She narrates that the entire area of Vara del Roble is located within the Río Navarro-Río Sombrero Protective Zone, which comprises an area of 6400 hectares and was established as such according to Decreto N° 15436-MAG of March 1984, published in La Gaceta of June 5, 1984. She indicates that in October 2020 she filed an anonymous complaint before the Municipality of El Guarco, in which she warned that a neighbor had improperly moved a fence. Likewise, she pointed out the lack of an adequate stormwater drainage system in the area and, as a consequence, rainwater is diverted directly onto her property. She affirms that, given this situation, gutters have been improvised to redirect the flow, since it is a gravel road; however, the volume of water, combined with the presence of numerous trees, exceeds the capacity of the culverts she installed at her own expense, causing constant flooding in her garage. Despite this, she accuses that the respondent municipality responded that they cannot intervene because it is a private agricultural easement (servidumbre agrícola-privada). She alleges that she currently must bear additional costs for emptying the septic tank, which fills up due to the inflow of rainwater that enters through the garage and passes directly over said structure. She states that even more seriously, the retaining wall (paredón) of her property is being progressively eroded, which represents an imminent risk of a significant part of her land sliding towards the road leading to Dirección5444 . She indicates that if said collapse occurs, the only technically viable measure to support the land would be the construction of a large-scale gabion wall, whose cost would even exceed the total value of the property, due to the extension and height required by the work. She complains that the institutional inaction in the face of this problem has caused a progressive deterioration of both the environmental surroundings and her property, also generating a constant economic impact. She indicates that as a direct result of the accumulation and inadequate diversion of rainwater, the sanitary system is collapsed, causing the septic tank to overflow. She states that this situation has caused, on multiple occasions, the tank lid to lift and the sewage (aguas negras) to overflow, flowing freely towards the retaining wall and the public road. She comments that this type of contamination represents a serious risk to public health, as it exposes people in the neighborhood—including minors and older adults—to contact with wastewater that may contain highly dangerous bacteria, viruses, and parasites. She alleges that the spread of foul odors, the attraction of vectors such as flies and rodents, and the possible filtration of this waste into underground water sources further aggravate the situation. She requests that the respondent municipality be ordered to immediately adopt the necessary measures to guarantee the construction of a drainage ditch (caño) on the side of the property belonging to Mr. Nombre42345 . 2. By resolution at 09:28 hours on June 10, 2025, the Presidency of this Chamber admitted this amparo proceeding. 3. On June 17, 2025, the respondent party appeared in the proceeding, attaching a copy of the order of admission and a copy of an administrative file. 4. By certification dated June 24, 2025, the Secretariat of this Chamber certified that: “reviewed, at ten hours twenty-one minutes on the twenty-fourth of June of two thousand twenty-five, in the COSTA RICAN JUDICIAL CASE MANAGEMENT SYSTEM the CONTROL OF RECEIVED DOCUMENTS AND THIS CASE FILE, it did not appear that from June 12 to 23, 2025, the MAYOR OF EL GUARCO had filed any written submission or document whatsoever, in order to render the report requested in the resolution issued at nine hours twenty-eight minutes on the tenth of June of two thousand twenty-five, in case file number 25-015097-0007-CO which is an AMPARO ACTION filed by Nombre42344 ”. 5. By written submission received on June 23, 2025, the claimant indicated that in response to the provisions of the resolution at 09:28 hours on June 10, 2025, she proceeds to state the following. She indicates that, through said resolution, the Chamber ordered the mayor of El Guarco, within three business days, to render a sworn detailed report on the facts motivating this action, with the corresponding supporting documentation. She warns that it was expressly established that the omission to report could result in the stated facts being taken as true and the action being granted, pursuant to the provisions of Articles 44 and 45 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. She states that, as of the date of filing this submission, June 23, 2025, the legal deadline granted has already elapsed without any report from the respondent party being included, at least for this party, in the case file. She points out that this would constitute direct non-compliance with an express order from the Constitutional Chamber and a serious omission to the detriment of the petitioner. She therefore requests, prior to verification that this is the case, that the deadline granted to the respondent party be deemed expired and, consequently, that the processing of this action proceed, taking the facts stated in the filed action as true, in accordance with the law and the principles of effective judicial protection and procedural speed. 6. In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed. Magistrate Araya García writes; and, CONSIDERING I. OBJECT OF THE ACTION. The petitioner claims a violation of her fundamental rights, as she accuses that the petitioner, a resident of Vara del Roble, San Isidro, Cartago, points out that her property, Dirección5445 , plan C-1107926-200652, is located within the Río Navarro-Río Sombrero Protective Zone, established by Decreto N.° 15436-MAG. She states that, since October 2020, rainwater has been diverted onto her land due to the lack of an adequate drainage system, causing flooding in her garage, overflow of the septic tank, and erosion of the retaining wall (paredón), with a risk of sliding towards the public road. She argues that the municipality refuses to intervene, claiming it is a private agricultural easement (servidumbre agrícola-privada). She claims a property, environmental, and health impact, and requests that the respondent municipality be ordered to build a drainage ditch (caño) next to the property of Mr. Nombre42345 . II. CONSIDERATION FOR SPECIAL RULING. By resolution at 09:28 hours on June 10, 2025, the Presidency of this Chamber granted a hearing to the mayor of El Guarco. However, by certification dated June 24, 2025, the Secretariat of this Chamber certified that: “reviewed, at ten hours twenty-one minutes on the twenty-fourth of June of two thousand twenty-five, in the COSTA RICAN JUDICIAL CASE MANAGEMENT SYSTEM the CONTROL OF RECEIVED DOCUMENTS AND THIS CASE FILE, it did not appear that from June 12 to 23, 2025, the MAYOR OF EL GUARCO had filed any written submission or document whatsoever, in order to render the report requested in the resolution issued at nine hours twenty-eight minutes on the tenth of June of two thousand twenty-five, in case file number 25-015097-0007-CO which is an AMPARO ACTION filed by Nombre42344 ”. This being the case, the application of Article 45 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional is appropriate, which states: “Article 45. If the report is not rendered within the corresponding period, the facts shall be taken as true and the amparo shall be decided without further procedure, unless the court deems some prior inquiry necessary, all without prejudice to the responsibilities incurred by the official who omitted the report.” The foregoing does not imply that the amparo action must be granted, as it is clarified and emphasized that in this case file there is documentary evidence provided that is useful for resolving the action. III. PROVEN FACTS. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been so accredited or because the respondent party has omitted to refer to them as provided in the initial order: 1. On May 27, 2025, the following anonymous complaint was filed: “Dirección5446 (sic) (Small house next to the house with green Zaran). Detail: We neighbors are accustomed to making drainage ditches (caños) and cleaning to provide durability to the road, which, being an easement (servidumbre), we repair and gravel among ourselves (a few of us). But the lady who bought said house (indicated address) orders the drainage ditches to be filled with dirt, and it turns out she is planting (live fence) at 5 meters. When the plans indicate the road is 7 meters. Therefore, it is Urgent that you as the local government inform her of the road measurements she must respect and indicate her obligation to clean or make the drainage ditch on her property” (see evidence provided). 2. On May 27, 2025, the following anonymous complaint was filed: “Location. Vara del roble (sic), tejar del Guarco (sic). 400 North of the school. Detail: At the entrance of the easement (servidumbre) \"los Vega\" in vara del roble, from the school 400 North, cream house with a light blue stripe at the bottom. Someone moved in about 2 months ago and covered the drainage ditches (caños) that some of us neighbors maintain, planted a live fence, and placed stones across, claiming it is part of her property. When the plans indicate 7 meters, she says it is 5. We require the municipality to inform her of the measurement and make her move her fence” (sic) (see evidence provided). 3. On May 27, 2025, the following anonymous complaint was filed: “Location. 350 north of the school of vara del roble (sic). White House right side entrance to easement (servidumbre) \"los Vega\". Next to the house with a flag on the corner. Detail We neighbors are accustomed to making drainage ditches (caños) and cleaning with machinery to provide durability to the road, which, being an easement (servidumbre), we repair and gravel among ourselves (a few of us contribute money). But the lady who just bought said house (at the indicated address) orders the drainage ditches we make to be filled with dirt, and she is now planting (live fence) at 5 meters. When the plans indicate the road is 7 meters. Therefore, it is Urgent and necessary that you as the local government inform her of the measurements she must respect on the road and request her obligation to clean or make the drainage ditch on her property” (sic) (see evidence provided). 4. Between September and October 2020, the Municipal Inspector of El Guarco conducted an inspection recorded in “Inspection Complaint No: 00210 Public Id: 2020-09-21-1897151 External (00074)”. Said document recorded: “Complaint: Placement of fence or gate. At the time the complaint entered the municipal platform, the country was being affected by the pandemic issue; due to actions taken at the municipal level and the fact of road closures, it had not been possible to address it sooner. By the time the inspection was carried out, 3 anonymous complaints with a very similar description had been filed. An inspection is carried out on the farm of the Cartago district, registered in the National Property Registry under registration Placa8208, cadastral plan Placa8209, located in province three Cartago, second San Isidro, Dirección5447 , property registered in the name of: • Nombre42345 , identification number CED33734 • Nombre42346 , identification number CED33735 • Nombre42347 , identification number CED33736 • Nombre42348 , identification number CED33737 The inspection is carried out due to a complaint indicating that neighbors in the area perform maintenance on the easement (servidumbre) and that the new owner of the mentioned property is disrespecting the measurements and nature of the place. They mention that the Municipality should inform the homeowners of the correct measurements of the road so that they move their fence. At the time of inspection, the mentioned road, stones at the edge of the road, and the mentioned ‘live fence’ are observed. However, as mentioned in the complaint and cadastral plans C-0570039-1984 and C-1107926-2006, the road corresponds to an agricultural easement (servidumbre agrícola) and not a public road. Its nature is public-private and only pertains to the easement holders (sirvientes) thereof. Therefore, at the municipal level, we cannot intervene on a private road. What is detected in the complaint is that there is a difference in the interpretation of the measurements of the easement passage, so it is recommended that among the interested parties and easement holders of the right-of-way, a private topography professional be hired to indicate the real boundaries of the properties in the field. Any issue regarding it must be dealt with among the interested parties” (see evidence provided). 5. On June 13, 2025, engineer Dinia Morales Castro of the Construction Department of the Municipality of El Guarco issued technical report No.156-GDU-2025 on complaints at farm 3-0210913-000. Said document recorded: “That there is a record of the following complaints filed anonymously: a. 2020-00210 of September 21, 2020. b. 2020-00212 of September 21, 2020. c. 2020-00342 of November 4, 2020. 2. The complaints indicated in the previous point correspond to complaints at Dirección5448 , which were resolved through their respective report prepared by inspector Luis Eduardo Muñoz Soto (see file). These were not notified to the complainant, since being anonymous, there is no means to notify them. 3. In the complaints, the complainant indicates that they have been affected by a live fence planted by a neighbor, which causes the drainage ditches (caños) to fill with dirt, overflow, and water to run through their property, specifically, through the garage. 4. That in the reports, the municipal inspector indicates that the problem occurs on an easement (servidumbre), that due to this situation the Municipality cannot intervene on a private access, and that differences regarding the width of the easement (servidumbre) must be resolved by means of a private surveyor. 5. That on June 13, 2025, and in response to the amparo action that concerns us, an inspection is carried out by the undersigned, accompanied by Mr. Efraín Guzman, collaborator of the Road Management Department, at farm Placa8206- . During said inspection, Mrs. Nombre42344 indicates the situation to us (same as the complaints filed). 6. It is determined that the problem occurs on the East boundary of the property. Over the agricultural easement (servidumbre agrícola). That there are road ditches (cunetas) on the boundary with the easement. That at the entrance to the garage, there is a shallow concrete channel with a grate at the top. In addition, it is verified that the road ditch located on the boundary line with property registration Placa8207.° has conditions of neglect and lack of maintenance, evidenced by excessive vegetation (overgrown grass) and the presence of sediment, which could compromise the adequate hydraulic functioning of the drainage system. Regarding the root of the problem indicated by the complainant due to the planting of a live fence, the undersigned cannot determine such an assertion, since, as can be observed in the following photograph, the land of farm 0068934 is located partly above the road level, so the water naturally runs along the edge of the road (agricultural easement) and across the gravel running surface until reaching the road ditches in front of Mrs. Nombre42344's property. Based on the foregoing and on the basis of Articles 373 and 374 of the Código Civil de Costa Rica, the maintenance and repair of agricultural easements (servidumbres agrícolas), including their road or stormwater infrastructure, corresponds exclusively to the owners of the dominant tenements (predios dominantes), that is, those who directly benefit from their use. Current regulations establish that said beneficiaries may carry out the necessary works to conserve the easement (servidumbre), but at their own expense, without this constituting an obligation for the owner of the land on which the easement falls (servient tenement, predio sirviente) or for the Municipality. Consequently, as they are not formally constituted public roads or infrastructure incorporated into the municipal domain, the Municipality of El Guarco has no legal competence to intervene, repair, or bear maintenance costs for this type of private easements (servidumbres privadas). Finally, given that the easement (servidumbre) in question corresponds to a figure of private law, the definition of its exact location, alignment, and widths falls outside the municipal technical-administrative scope. In these cases, and in the absence of clear documentation or agreement between owners, the delimitation and validation of the dimensions of the easement (servidumbre) must be resolved through judicial channels, as it involves a conflict between private parties” (see evidence provided). IV. ON THE SPECIFIC CASE. After having analyzed the evidence provided by the parties, this Chamber dismisses the amparo action, for the reasons that will be set forth below. In this proceeding, the claimant seeks that it be ordered “that the Municipality of El Guarco immediately adopt the necessary measures to guarantee the construction of a drainage ditch (caño) on the side of the property of Mr. Nombre42345 3. Order any other measure that this Chamber deems pertinent for the due protection of the constitutional right to a healthy and ecologically balanced environment”. However, it is noted that the claimant had presumably filed a series of anonymous complaints in 2020 claiming facts potentially related to the object of this action. It is noted that the claimant was aware of what was indicated, since in the amparo action she records that: “they cannot intervene because it is a private agricultural easement (servidumbre agrícola-privada)”. In addition to this, technical report No.156-GDU-2025 signed by engineer Dinia Morales Castro of the Construction Department of the Municipality of El Guarco exists in this case file, where it is recorded that: “Based on the foregoing and on the basis of Articles 373 and 374 of the Código Civil de Costa Rica, the maintenance and repair of agricultural easements (servidumbres agrícolas), including their road or stormwater infrastructure, corresponds exclusively to the owners of the dominant tenements (predios dominantes), that is, those who directly benefit from their use. Current regulations establish that said beneficiaries may carry out the necessary works to conserve the easement (servidumbre), but at their own expense, without this constituting an obligation for the owner of the land on which the easement falls (servient tenement, predio sirviente) or for the Municipality. Consequently, as they are not formally constituted public roads or infrastructure incorporated into the municipal domain, the Municipality of El Guarco has no legal competence to intervene, repair, or bear maintenance costs for this type of private easements (servidumbres privadas). Finally, given that the easement (servidumbre) in question corresponds to a figure of private law, the definition of its exact location, alignment, and widths falls outside the municipal technical-administrative scope. In these cases, and in the absence of clear documentation or agreement between owners, the delimitation and validation of the dimensions of the easement (servidumbre) must be resolved through judicial channels, as it involves a conflict between private parties” (the emphasis is not from the original). In response to a similar claim, this Chamber, through ruling No. 2021003922, resolved: “In accordance with what has been said, this Chamber considers that the petitioner is not correct in his allegations and that, therefore, there is no violation of his fundamental rights, as will be explained below. This Constitutional Court was able to verify that the amparo claimants have been duly attended to by the municipality and that they have been provided with the necessary collaboration within the bounds of legality; however, the Municipality is prohibited from acting beyond what has already been done. In the opinion of this Court, what really exists is a disagreement on the part of the amparo claimants with the fact that they must bear the cost of the remaining work required by the denounced road, because the road, whose poor condition they claim, is a private agricultural easement (servidumbre agrícola privada) that is located within their properties and must be repaired by themselves. Consequently, the dismissal of this amparo action is warranted.” In view of the foregoing, note that—as in the cited precedent—the respondent authority did process what was denounced, and the claimant was aware of it. What is raised in this proceeding is a disagreement with the content of the response provided by the respondent corporation. It must be pointed out that it is incompatible with the summary nature of the amparo proceeding to assess whether the technical opinion issued by the Municipality of El Guarco conforms to science, technique, or the non-constitutional legal system. Nor is it for this Chamber to determine the nature of the works that must be executed, or whether it is the respondent corporation that must bear them. If the claimant considers that the Municipality must perform the works sought through this action, the proper course is to resolve it—if she deems it appropriate—through ordinary jurisdictional channels. Consequently, the action is declared without merit. V. NOTE OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. In a thesis of principle, I consider that cases related to the inactivity of the Public Administration in the repair, construction, modification, or demolition of any infrastructure work should be dismissed, as that omission constitutes a matter of legality, the discussion of which belongs to the ordinary jurisdiction, before which the interested person can debate their disagreements more fully. However, when that omission in administrative conduct results in a violation of other fundamental rights protected in this constitutional jurisdiction, or affects groups considered vulnerable, I do proceed to hear the merits of the matter, as this situation constitutes an exception to my position on this subject, as happens in this case, where the petitioner accuses having reported to the Municipality of El Guarco the existing problem on her property, due to the diversion of rainwater causing flooding, overflow of the septic tank, and erosion of the retaining wall (paredón), threatening her safety, but no solution has been provided to the problem raised. VI. DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. This Chamber must warn the parties that if any documents on paper have been provided, as well as objects or evidence supported through any additional device, or through electronic, computer, magnetic, optical, telematic means or produced by new technologies, these must be removed from the office within a period of 30 business days after receiving notification of this ruling, otherwise, all will be destroyed in accordance with the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI. THEREFORE: The action is declared without merit. Magistrate Salazar Alvarado places a note. Nombre137 V. President Nombre152 C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Digitally Signed Document -- Verification code -- *3VT7JK47IAJC61* EXPEDIENTE N° 25-015097-0007-CO Telephones: Telf46 / (). Fax: Telf47 / Telf48. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección12 , Dirección13 , 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).