Res. 23995-2025 Sala Constitucional — Right to water in the face of municipal debt suspensionDerecho al agua ante suspensión por deudas municipales

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Sala Constitucional

Resolución Nº 23995 - 2025

Fecha de la Resolución: 01 de Agosto del 2025 a las 09:15

Expediente: 25-015818-0007-CO

Redactado por: Ingrid Hess Herrera

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 25-015818-0007-CO

Res. Nº 2025023995

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del uno de agosto de dos mil veinticinco .

 Recurso de amparo que se tramita en expediente número 25-015818-0007-CO, interpuesto por Nombre42179   , cédula de identidad CED33634, contra la MUNICIPALIDAD DE PARAÍSO y el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA).

RESULTANDO:

1.- Mediante escrito recibido en esta Sala a las 9:26 horas del 3 de junio de 2025, el accionante presenta recurso de amparo contra la MUNICIPALIDAD DE PARAÍSO y el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA). Manifiesta que, es vecino de Paraíso de Cartago, razón por la cual el servicio de agua potable es suministrado por la municipalidad recurrida, a través del Departamento de Acueducto Municipal. Indica que debido a que el agua procede de las tomas operadas por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), este pretende cobrarle a la municipalidad recurrida la captación y conducción del agua. Debido a lo anterior, el municipio de Paraíso ha indicado que el cobro es improcedente y, por tal motivo, se ha negado a pagarle al instituto accionado. Reclama que, ante lo ocurrido desde el 02 de mayo de 2025 aproximadamente, la problemática descrita entre los entes públicos recurridos provocó que el ICAA emitiera un comunicado a través de sus redes sociales informando que suspenderá el suministro de agua potable a la Municipalidad de Paraíso (véase la prueba allegada al expediente). Arguye que la justificación del ICAA para suspender el suministro se fundamenta en la falta de pago; además, argumentó que la suspensión sí es procedente ya que la relación es con la municipalidad accionada y no con las personas que reciben el servicio. Considera que la situación expuesta, causa angustia y preocupación, pues si bien, existe una relación contractual entre las autoridades accionadas, es lo cierto que, los consumidores son realmente los afectados. Por lo expuesto, solicita que se declare con lugar el recurso y se ordene a las recurridas respetar el derecho humano al agua potable en igualdad de condiciones.

2.- Mediante resolución de las 13:58 horas del 3 de junio de 2025, la Presidencia de la Sala Constitucional admitió el recurso de amparo y le dio traslado al alcalde y al jefe del Departamento de Acueducto, ambos de la Municipalidad de Paraíso; así como, al presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA).

3.- Por medio de escrito presentado en el Sistema Jurídico el 4 de junio de 2025, Alejandro Pacheco Castro, diputado de la Provincia de Cartago, se apersona ante esta Sala con la finalidad de presentar una coadyuvancia en a recurso. Indica que el último párrafo del artículo 50 constitucional desarrolla claramente el derecho de acceso al agua potable como bien esencial de la vida como derecho humano. Esta norma la relacionamos con el artículo 21 constitucional sobre el derecho a la vida y el derecho a la salud. 2.-) Que el dia 4 de junio del 2025, en forma arbitraria y discriminatoria, sin el debido proceso, el Presidente Ejecutivo Juan Manuel Quesada Espinoza, Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA), dio la orden de cerrar el servicio público de agua potable a la comunidad de Paraíso de Cartago, justificando una falta de pago por parte de la Municipalidad de Paraíso. 3.-) Que nos hemos informado por la noticia publicada por el periodista Alonso Martinez del medio de comunicación Delfino.CR del 2 de junio del 2025, informando Io siguiente: El ultimo párrafo del articulo 50 constitucional desarrolla claramente el derecho de acceso al agua potable como bien esencial de la vida como derecho humano. Esta norma la relacionamos con el articulo 21 constitucional sobre el derecho a la vida y el derecho a la salud. que se creara para estos efectos y tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones." (Adicionado este párrafo por el articulo 1, de la Ley N° 9849 de 05 de junio de 2020. Publicada en La Gaceta N° 159 de 02 de julio de 2020.) (Reformado este articulo por la Ley N° 7412 de 3 de junio de 1994; publicada en La Gaceta N° 111 de 10 de junio de 1994.) AyA solicita a Municipio cancelar 46 millones adeudos al mes de mayo de este año. El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) informo a los vecinos y vecinas del cantón de Paraíso que, debido al no pago del último recibo por parte de la municipalidad, se procederá con la corta del servicio de agua potable este miércoles 4 de junio por la tarde. La semana anterior el AyA informo que el municipio mantiene una deuda por encima de 3418 millones, por agua suministrada desde 1997. Aunque ese monto se encuentra temporalmente suspendido por una resolución del Tribunal Contencioso Administrative, la municipalidad también adeuda 46.985.022 correspondientes al mes de mayo de este año, cuyo plazo de pago venció el pasado 20 de mayo. En un comunicado a la prensa la institución indico: Desde hace más de un ano, el AyA ha intentado por todos los medios posibles resolver esta situación sin afectar a la gente. Se han ampliado y prorrogado plazos, se han ofrecido arreglos de pago e incluso". Agregaron que este fin de semana se le ofreció al alcalde, Michael Álvarez, un poco mas de tiempo para que pudiera pagar el recibo de abril, pero el jerarca ignore las gestiones y se niega a pagar el ultimo recibo con fecha de vencimiento del pasado 20 de mayo. A pesar de que el plazo adicional que dieron para pagar el ultimo recibo venció ayer domingo, el AyA decidió dar tiempo hasta este miércoles por la tarde para que las familias puedan prepararse y recoger agua.”. El presidente del AyA, expreso que, si se concreta la suspensión, el único responsable es el alcalde. Esta decisión se toma con el interés de que la gente no pase penurias y puedan prepararse, puedan recoger el agua que necesiten e incluso, puedan ir donde su alcalde a pedirle cuentas del porque los está sometiendo a esta injusticia’’. El AyA llamo a la municipalidad y a los regidores del cantón para que cumplan con el pago y "no expongan a su gente a esta situación injusta". Ante esta situación, desde la Municipalidad de Paraíso presentaron un rechazo de cobro y de nulidad absoluta del acto administrative ante el AyA. Este aún no ha sido resuelto, por Io que llamaron a respetar el estado de derecho costarricense.”. 4.-) Que como Diputado y jefe de fracción, he solicitado la intervención de la Defensoría de los Habitantes, en razón de que esa decisión arbitraria del señor Juan Manuel Quesada Espinoza, Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA), no afecte los derechos fundamentales del acceso al agua potable y derecho a la vida que afectaría a la comunidad de Paraíso de Cartago con la suspensión del servicio de agua potable. En este sentido, la señora Angie Cruickshank Lambert, Defensora de los Habitantes de la Republica ha emitido el oficio No. DH-CV-0577-2025 de fecha martes 3 de junio de 2025, manifestando Io siguiente: "Al respecto, el día de ayer, por medios de prensa, la Defensoría tuvo conocimiento de que el viernes 30 de mayo, el AyA emitió un comunicado de prensa en el cual indicaba que, para el lunes 2 de junio, se estaría dando el corte del servicio de agua a los más de 4200 abonados del cantón de Paraíso, debido a la negativa de la Municipalidad a aceptar el cobro del AYA. Ante esta situación, mediante oficio N° 05954-2025-DHR que se adjunta, este Órgano Defensor, en apego a su mandato de los derechos humanos de la población al medio ambiente sano y al agua potable, y de acuerdo con la Constitución Política y la jurisprudencia nacional, le recordó al AyA que debe asegurar la disponibilidad del agua potable a la población y no puede dejar a 4200 abonados, sin el servicio del líquido. (...) Al respecto, le informo que la Defensoría de los Habitantes manifestó que asistirá a la mesa convocada en calidad de Observadora Activa, representada por quien suscribe y personal técnico de la Dirección de Calidad de Vida y Estudios Económicos; esperando que tal convocatoria sea un espacio de dialogo transparente y respetuoso, en el cual las instituciones puedan exponer sus posiciones técnicas y jurídicas, teniendo como el centro de la discusión el derecho que tienen las y los habitantes de Paraíso al acceso al agua en condiciones de confiabilidad, cantidad y calidad. A partir de los resultados de esa mesa, este Órgano Defensor valorara, en el marco de sus competencias, de que manera puede continuar su intervención, teniendo como no de la tutela y protección del derecho al acceso al agua potable de la comunidad de Paraíso, de todo Io cual le mantendremos al tanto." 5.-) Que el diferendo existente entre la Municipalidad de Paraíso y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA), no puede dar lugar a una decisión arbitraria y discriminatoria que afecte derechos fundamentales de las personas vecinos y vecinas de Paraíso de Cartago. Según, la normativa administrativa y constitucional, y con base en el principio de legalidad, la problemática debe ser resuelta por las autoridades públicas de ambas instituciones, sin afectar los derechos esenciales de las personas residentes en dicha comunidad. 1.-Que sea acogida esta coadyuvancia al Expediente No. 25-015818-0007-CO, recurso de amparo y medida cautelar contra la Municipalidad de Paraíso y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. 3.-Que se mantenga la suspension de la orden arbitraria y discriminatoria de suspensión del suministro de agua potable a la población del cantón de Paraíso”.

4.- Mediante escrito presentado en el Sistema Jurídico el 9 de junio de 2025, Nombre42180  , Alcalde de Paraíso y Víctor Meza Calderón, encargado del Acueducto Municipal, informa que: “I. ANTECEDENTES: Primero: En 1987 la Municipalidad de Cartago y Municipalidad Paraíso en conjunto con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (en adelante AYA), suscribieron un convenio, para la construcción de una planta potabilizadora y el financiamiento de esta. Este convenio establecía la obligación de las municipalidades suscribientes de pagar los costos de la potabilización y así se realizó hasta el quince de julio del dos mil veinticuatro. Es de vital importancia dejar claro a esta honorable Sala, que en realidad no fue establecida una tarifa por el metro cúbico de agua que recibiría cada municipio; la razón es simple, sencilla y lógica, pues el agua que comercializa el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados es extraída desde Orosi en el Cantón de Paraíso de la Provincia de Cartago, sin indemnizar centavo alguno. Segundo: En el 2021, unilateralmente, el AYA inició con estudio de las tarifas para grandes consumidores por bloques en el que se incluyó a las municipalidades de Cartago y Paraíso. Determinando una fijación tarifaria de oficio para el servicio de acueducto que suministra el AYA. Expediente ET-113-2022. Tercero: El 18 agosto del 2023, la Municipalidad de Paraíso al igual que la de Cartago apelaron dicho cobro, ante la Junta Directiva de ARESEP, recurso que está pendiente de ser resuelto, por lo que existe litis pendencia sobre el originen y monto que ilegal y desproporcionadamente quieren cobrar a la Municipalidad de Paraíso. Cuarto: En el 2024 el AYA inició reuniones de acercamiento con ambas Municipalidades, con el fin de proceder con el respectivo cobro, a lo que la Municipalidad de Cartago y Paraíso, se negaron al encontrarse pendiente de resolver los recursos presentados ante la Junta Directiva del ARESEP. Quinto: En febrero del 2025 la ARESEP, decide aplicar el estudio de pliego tarifario del año 2017, el cual contempla el consumo de agua en bloque para Asadas, sin embargo, no contempla a las Municipalidades en dicho estudio. II. SOBRE LOS HECHOS: Primero: El 24 de febrero del 2025, el AYA, traslada a la Municipalidad de Cartago y Paraíso, el Oficio UEN-SCMED-GAM-2025-00410, donde se realiza el cobro por venta de agua en gran volumen 2017 a enero 2025. Segundo: El 25 de febrero del 2025, mediante el oficio AM-OF-194-2025/ALC-221- 2025, ambas Municipalidades, presentan sus oposiciones argumentando prescripción, recursos ordinarios revocatoria y apelación, así como nulidad concomitante contra el Oficio No. UEN-SCMED-GAM-2025-00408 dirigido a la Municipalidad de Cartago y contra el Oficio No. UEN-SCMED-GAM-2025-00410, dirigido a la Municipalidad de Paraíso, ambos suscritos por Luis Gustavo Cuadra Berrocal, UEN Servicio al Cliente Medición GAM, Raquel Anglieti Diaz, UEN Servicio al Cliente y Alejandro Calderón Acuña, Subgerencia de Gestión Sistemas GAM, todos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, por el cobro por venta de agua en Gran Volumen, que va de noviembre 2017 a enero 2025. Tercero: El 23 de abril de 2025, mediante resolución UEN-SCGAM-2025-00183, de las siete horas treinta minutos del 10 de abril de 2025, AYA resuelve la excepción de prescripción y el recurso ordinario de revocatoria y nulidad concomitante, contra la gestión cobratoria en los servicios NIS5561478 (Cartago) y NIS5562057 (Paraíso), donde en su por tanto declararon sin lugar la prescripción y recurso ordinario de revocatoria y nulidad concomitante y confirma las notificaciones emitidas mediante oficios UEN-SCMED-GAM-2025-00408 y UEN-SCMED-GAM-2025-00410, manteniendo la gestión cobratoria por un monto de ¢3.275.453.917,00 (tres mil doscientos setenta y cinco millones cuatrocientos cincuenta y tres mil novecientos diecisiete colones sin céntimos). Se está a la espera del conocimiento y resolución del recurso de apelación en subsidio, lo cual constituye relevante en el marco del debido proceso administrativo. Existiendo nuevamente litis pendencia Cuarto: El AYA dirige a la Municipalidad de Paraíso los Oficios No. GG-2025-01114 del 28 de abril y GG-2025-01151 del 30 de abril respectivamente, ambos del 2025, emitidos por la General, para efectos de comunicar que contamos con los plazos de tres (3) días hábiles y diez (10) naturales respectivamente, para proceder con el pago de las facturas pendientes y de no cumplir con la cancelación, se procederá con la suspensión del servicio de agua potable, afectando a más de 20.000 personas, del Cantón de Paraíso. Quinto: En respuesta a esta situación y ante la amenaza de suspensión del servicio de agua potable que afectaría a aproximadamente a tal cantidad de habitantes del cantón, la Municipalidad interpuso una medida cautelar ante el Tribunal Contencioso Administrativo, que es conocida bajo el expediente judicial número 25-002942-1027-CA, mediante la resolución de las once horas diez minutos del nueve de mayo de dos mil veinticinco del Tribunal Contencioso Administrativo acogió y decretado en su modalidad provisionalísima, suspendiendo los efectos del acto administrativo impugnado indicando lo siguiente en su parte dispositiva: “De conformidad con lo expuesto, citas de ley invocadas, SE ACOGE la presente solicitud de MEDIDA CAUTELAR EN CARÁCTER DE PROVISIONALÍSIMA, formulada por MUNICIPALIDAD DE PARAISO, representado por Nombre42180  ; contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS. Se dispone LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN-SCMED-GAM-2025- 00410, DEL 24 DE FEBRERO DEL 2025, SE REALIZA EL COBRO POR VENTA DE AGUA EN GRAN VOLUMEN 2017 A ENERO 2025, Y EL OFICIOGG-2025-01114 DEL 28 DE ABRIL DEL 2025. DEBERÁ EL DEMANDADO ABSTENERSE DE REALIZAR CUALQUIER ACCIÓN TENDIENTE AL COBRO PRODUCTO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ARRIBA SEÑALADOS, ASIMISMO, DEBERÁ ABSTENERSE DE REALIZAR CUALQUIER ACCIÓN TENDIENTE A LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE AGUA. EN CASO DE QUE YA HUBIERE OPERADO UNA SUSPENSIÓN, DEBERÁ PROCEDERSE DE FORMA INMEDIATA A LA HABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA, Se confiere audiencia por el plazo de TRES DÍAS HÁBILES, a la parte demandada, para que contesten por escrito (artículo 24.1 del Código Procesal Contencioso Administrativo), de PREVIO a llevar a cabo la notificación deberá la parte actora aportar un juego de copias de todo lo actuado”. Sexto: Que mediante la resolución número GG-R-2025-0227, dictada por la Gerencia General del AYA se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad de Paraíso y Cartago, rechazando tal remedio impugnativo y dando por agotada la vía administrativa. Séptimo: Que mediante el Oficio AM-OF-501-2025/ ALC-499-2025 de las Municipalidades de Paraíso y Cartago se presentan ante la Gerencia General del AYA el recurso de nulidad absoluta por falta de competencia y subsidiariamente el recurso de aclaración y adición a la resolución número GG-R-2025-0227 de la Gerencia General del AYA, por lo que no es cierto que se haya agotado la vía administrativa la miente porque las resoluciones que mencionan no han adquirido firmeza aún. Octavo: Actualmente, dicha medida cautelar se encuentra en proceso de resolución definitiva, por lo que cualquier acción por parte del AyA que implique la suspensión del servicio se encuentra temporalmente suspendida hasta que el Tribunal Contencioso se pronuncie una vez que el AYA se pronuncie sobre tal medida. Noveno: Que mediante el oficio número UEN-SCMED-GAM-2025-00960 de la UEN de Servicio al Cliente medición del GAM del AYA, notificaron a la Municipalidad el cobro de la factura de mayo de 2025 por un monto de ₡46 985 022.00 (cuarenta y seis millones novecientos ochenta y mil veintidós colones), indicando que la suspensión del servicio se realizara el día 02 de junio del 2025 en caso de no pagarse, lo cual mantiene en vilo el derecho de acceso al agua potable de más de 20.000 personas residentes en el cantón de Paraíso, pese a que el fondo del conflicto sigue pendiente de resolución administrativa y contenciosa. Decimo: Mediante escrito presentado el 26 de mayo de 2025, esta parte solicitó la ampliación de la medida cautelar provisionalísima otorgada por este Honorable Tribunal en resolución dictada a las 11:10 horas del 9 de mayo de 2025, dentro del presente expediente. La ampliación solicitada tuvo como finalidad que se ordenara al AyA abstenerse de ejecutar, aplicar o derivar consecuencias jurídicas del nuevo acto de cobro identificado en el oficio UEN-SCMED-GAM-2025-00960, correspondiente al mes de mayo de 2025, así como de emitir nuevos actos de similar naturaleza y de realizar amenazas públicas o administrativas relativas a la suspensión del servicio de agua potable en el cantón de Paraíso, mientras se mantenga vigente la referida medida cautelar. Decimo Primero: El Tribunal Contencioso Administrativo, mediante resolución dictada a las 16:02 horas del 27 de mayo de 2025, dentro del expediente N.° 25-002942-1027-CA, resolvió rechazar la solicitud de ampliación de la medida cautelar provisionalísima interpuesta por esta Municipalidad. El motivo de dicho rechazo fue que la medida inicialmente otorgada únicamente suspendía los efectos de los actos administrativos identificados como UEN-SCMED-GAM-2025-00410 y GG-2025-01114, sin extenderse a actos posteriores como los cobros correspondientes al mes de mayo 2025. III.SOBRE LOS ELEMENTOS FACTICOS ALEGADOS POR EL RECURRENTE EN EL RECURSO: El recurrente acude ante esta Cámara Constitucional entendiendo que el acceso al agua potable es un derecho fundamental claramente establecido. El recurrente alega que es vecino de Paraíso de Cartago, por lo que entiende que el servicio de agua potable es suministrado por la Municipalidad de Paraíso, además, que el agua procede de las tomas operadas por el AYA, por lo que dicha institución pretende realizar el cobro por captación y conducción del agua, sin embargo, entiende que la Municipalidad no paga el monto solicitado porque la Cámara Municipal alega que el cobro es ilegal e improcedente. Por lo que reclama que aproximadamente desde el pasado 02 de mayo de 2025, la problemática entre ambos entes públicos provocó que el AYA emitiera un comunicado a través de sus redes sociales informando que suspenderá el suministro de agua potable a los habitantes de Paraíso, indicando que dicha suspensión se debe a la falta de pago por parte de la Municipalidad acá recurrida. Argumentó, que esta situación le ha generado angustia y preocupación, pues si bien existe una relación contractual entre las autoridades accionadas, lo cierto es que los consumidores son los realmente afectados. La Municipalidad de Paraíso entiende y defiende absolutamente los derechos de los usuarios, porque efectivamente es ante la Municipalidad de Paraíso que en términos generales pagan puntualmente la prestación de tal servicio público, encontrándose el municipio amparado no solo en normativa constitucional sino en el mismo Código Municipal en su artículo 4 inciso d) que lo faculta para definir sus tasas, precios y tarifas; además, de que no es difícil dimensionar los efectos devastadores que la suspensión del servicio de agua potable podría acarrear no solo desde el punto de vista de la Salud Pública, sino también en domicilios, comercios e industrias. No obstante, a pesar de la defensa inquebrantable que la Municipalidad de Paraíso ha venido ejerciendo, no puede garantizar a los ciudadanos que el AYA no llegue a hacer efectiva su amenaza de suspensión del servicio, puesto que, los oficios cuya suspensión se solicita en este Amparo, emanan del AYA, no de esta Municipalidad. Por otra parte, no está de más traer a colación que si bien es cierto hay un tema de fondo que radica en la disyuntiva sobre si procede o no la imposición de tarifas fijadas por la ARESEP, también es cierto que el principio de autonomía municipal le permite al Gobierno Local realizar sus propios estudios técnicos para definir los costos de los servicios que presta, sin embargo, la decisión del AYA de imponer las tarifas de dicha Autoridad Reguladora pasa por alto que la variación millonaria y sustancial que existe entre las tarifas que se venían aplicando a partir de los convenios con AYA y las que ahora impone ARESEP, indiscutiblemente afectará a los usuarios, porque no es posible para la Municipalidad prestar servicios públicos sin cobrar los costos de esa prestación. Dicho alcance de tal principio de autonomía municipal ya era analizado por esta Sala Constitucional, cuando se dimensionaban diferentes aspectos de inconstitucionalidad que fueron expuestos en la conocida resolución de esta Sala Constitucional Res: 1999-05445, de las catorce horas con treinta minutos del catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve, en la que entre otros temas se abordó el de la capacidad de la ARESEP para definir precios y tarifas sobre servicios no reservados expresamente a las municipalidades, veamos: “Debe hacerse la advertencia que esta norma, a juicio de la Sala, fue parcialmente derogada en virtud de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, número 7593, de veintiocho de marzo de mil novecientos noventa y seis, por la que se creó la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, a quien le corresponde la fijación de los precios y tarifas de los servicios públicos definidos en el artículo 5 de su ley, de manera que en lo que respecta a los servicios locales, únicamente tiene competencia para fijar las tarifas para la recolección y tratamiento de los desechos sólidos e industriales. Es decir, hasta la vigencia del nuevo Código Municipal, este  tenía plena aplicación a las municipalidades, en lo que corresponde a la fijación de las tasas municipales, y a partir de la Ley 7593, sigue teniendo vigencia en lo que no se transfirió expresamente a la Autoridad Reguladora.” De forma tal que, con las decisiones que viene imponiendo el AYA, serán los usuarios los que resulten doblemente afectados, no solo por la suspensión del servicio de agua potable con todos los efectos que de por sí esto acarrea, sino porque desconociendo el AYA principios la autonomía municipal, legalidad y reserva de ley, pretende obligar a la Municipalidad a trasladar tales costos desproporcionados a los usuarios de nuestro cantón. Es menester, indicar que en el cantón de Paraíso, según el registro del Sistema de Población Objetivo (SIPO), un total de 12.546 personas forman parte de la población en condición de pobreza, situación confirmada por el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE). Esta condición socioeconómica representa una situación de vulnerabilidad estructural que exige especial protección por parte del Estado y sus instituciones, conforme a los principios consagrados en la Constitución Política de la República de Costa Rica y en los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por el país. Ante esta realidad, la pretensión de aplicar un aumento del 250% en el cobro por el servicio de agua constituye una violación flagrante al derecho fundamental de acceso al agua potable, consagrado como un derecho humano por la Resolución A/RES/64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como por jurisprudencia reiterada de la Sala Constitucional, la cual ha establecido que el acceso al agua es un derecho inherente a la dignidad humana. Aplicar un incremento tarifario de esta magnitud, sin considerar la situación de pobreza de miles de familias, representa un acto desproporcionado, irrazonable y contrario al principio de igualdad ante la ley, para sus efectos léase el precepto 33 de la Constitución Política, afectando directamente el bienestar, la salud y la vida digna de una población históricamente excluida. Por tal motivo, esta parte solicita que se tutele de inmediato el derecho constitucional de estas personas a acceder al agua potable en condiciones justas y asequibles, y que se ordene la suspensión o anulación de cualquier medida que implique la aplicación del referido aumento tarifario a esta población vulnerable.”.

5.- Por medio de escrito presentado en el Sistema Jurídico el 9 de junio de 2025, Juan Manuel Quesada, Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, informa que: “EN CUANTO A LOS HECHOS ALEGADOS POR EL RECURRENTE En atención a la situación objeto del amparo planteado por el señor Nombre42179 , contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y con fundamento en el informe técnico elaborado por la Licenciada María Isabel Quirós Montero, funcionaria de la UEN Servicio al Cliente Medición GAM, mediante Memorando N°UEN-SCMED-GAM-2025-01057 de fecha 05 de junio del 2025, el cual se adjunta como prueba de este informe, y el alcance de la norma que al efecto se regula en el Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA, queda demostrado que: 1. La gestión del suministro de agua en volumen inició en 1982, cuando diversas municipalidades, incluida la Municipalidad de Paraíso, solicitaron la intervención del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para mejorar el abastecimiento de agua potable en la Provincia de Cartago. Esta colaboración, se formalizó mediante convenios de Financiamiento y Ejecución de Obras entre el AyA y las Municipalidades de Cartago y Paraíso en 1987 y se formalizó una adenda en 1997; el objetivo principal fue obtener un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), autorizado por la Asamblea Legislativa, lo que posibilitó la creación del actual acueducto Municipal y la mejora en la calidad y cobertura del servicio de agua para Cartago y Paraíso (Ver informe N°UEN-SCMED-GAM-2025-01057). 2. Inicialmente, el AyA era responsable de fijar las tarifas de los operadores municipales, supervisando que estas cubrieran costos operativos y planes de inversión; este rol era crucial, ya que el AyA era el deudor ante las entidades financieras, y las municipalidades, a su vez, lo eran ante el AyA; posteriormente, este esquema se modificó con la creación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) y nuevas interpretaciones del Código Municipal y en la actualidad, el AyA está sujeto a la regulación de ARESEP, mientras que las municipalidades, según el artículo 3 del Código Municipal, son responsables de la administración de los servicios cantonales, incluyendo el de agua potable. Durante la vigencia del convenio que data de 1987, el AyA cobró la operación y mantenimiento de la Planta Potabilizadora ubicada en Cartago, incluyendo los costos de agua suministrada y su potabilización, la Municipalidad de Paraíso canceló estos rubros con total disposición, por lo tanto, resulta incomprensible que ahora se alegue desconocimiento o se presente una negativa a lo cobrado por la institución. Así las cosas, el AyA utilizó históricamente para el cobro de venta de agua en grandes volúmenes a las Municipalidades de Cartago un esquema propio, esto debido a la ausencia de un pliego tarifario aprobado por la ARESEP; no obstante, a partir del 20 de octubre del 2017 mediante la resolución RIA-010-2017, la Intendencia de Agua fijó las tarifas para este servicio, con lo cual se hacía vinculante para todo prestador sujetarse al cobro de esta tarifa (Ver informe N°UEN-SCMED-GAM-2025-01057. 3. En cumplimiento de las obligaciones legales de regulación y fiscalización contable, financiera y técnica de la Intendencia de Agua, y en ejercicio de su potestad ante las gestiones de los prestadores de servicios públicos, esa entidad efectuó una inspección técnica que produjo la emisión del “Informe de la fiscalización de venta de agua a municipalidades por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. GTI-2024-14459”, en este informe se detallan hallazgos significativos que destacan la obligación de AyA de cobrar los servicios regulados por la ARESEP conforme a las tarifas que esta autoridad fije, sin desconocerlo por medio de convenios o contratos, dado su carácter vinculante. Con fundamento en lo anterior, y de conformidad con las tarifas aprobadas por Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos se procedió a realizar el cálculo de los montos correspondientes sobre el consumo de agua brindado a la Municipalidad de Paraíso durante los períodos de noviembre 2017 a enero de 2025 (Ver informe N°UEN-SCMED-GAM-2025-01057). 4. Mediante el documento UEN-SCMED-GAM-2025-00410 enviado el 24 de febrero del 2025, se notificó a la Municipalidad de Paraíso el cálculo efectuado, el monto pendiente asciende ₡3.275.453.917,00 (tres mil doscientos setenta y cinco millones cuatrocientos cincuenta tres mil novecientos diecisiete colones con cero céntimos) correspondiente a la venta de agua durante los periodos que van de noviembre 2017 a enero de 2025. El cobro efectuado, está jurídicamente respaldado, de acuerdo con el artículo 14, incisos a) y c) de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Ley No. 7593, donde dispone para los prestadores la obligatoriedad de cumplir con las disposiciones sobre la prestación del servicio y a suministrar la información requerida por dicha ley, invocando también el artículo 38 que establece las conductas tipificadas por el no cobro de tarifas y precios distintos a los fijados, autorizados y establecidos por el ente regulador (Ver informe N°UEN-SCMED-GAM-2025- 01057). 5. Sobre el cobro efectuado de los períodos de noviembre 2017 a enero de 2025, tanto la Municipalidad de Paraíso como la de Cartago presentaron los recursos ordinarios y extraordinarios con el oficio AM-OF-194-2025/ALC-221-2025, los cuales fueron atendidos y contestados por la institución con los documentos UEN-SC-GAM-2025-00183 y GG-R-2025- 0227, concluyendo que, a nivel del AyA la vía administrativa ya fue agotada. Este Instituto tiene conocimiento de gestiones diligenciadas ante el poder legislativo y ha sido notificada de la medida cautelar y su ampliación seguida en Expediente N°25-002942-1027-CA la cual ya fue contestada en esa instancia; no obstante, esta medida cautelar está relacionada con el cobro de las sumas adeudadas correspondientes a los períodos de noviembre 2017 a enero del 2025, no así con las facturaciones posteriores. Cabe resaltar que dicha gestión en vía judicial debe seguir su curso y el proceso correspondiente (Ver informe N°UEN-SCMED-GAM-2025-01057). 6. El servicio se brinda actualmente sin inconvenientes, generando a la fecha un monto pendiente por la venta de agua cruda a la Municipalidad de Paraíso que asciende a los ciento ochenta y nueve millones de colones y sobre las facturaciones de febrero, marzo y abril de 2025 no existen justificación técnica ni jurídica que impida el cobro de las facturas y por ende su cancelación. Así mismo, siendo el Reglamento de Prestación de Servicios, publicado en la Gaceta N°27 Alcance N°29 del 09 de febrero del 2021, el marco regulatorio de las actividades comerciales del AyA, es imperante señalar lo estipulado en el artículo 108 que establece la no cancelación de las facturas como una causal de la suspensión del servicio, siendo la factura que venció el pasado 20 de mayo de los corrientes y que se mantiene sin cancelar a la fecha la que podría generar la causa de suspensión del servicio. Por esa razón, se emitió el documento UEN-SCMED-GAM-2025-00960, con el propósito de notificar el aviso preventivo de cobro correspondiente y la posibilidad de una suspensión del servicio en caso de no cumplirse con el pago de la obligación derivada del servicio efectivamente brindado en el mes de mayo pendiente de pago a esa fecha. Es de vital importancia destacar que, en ese mismo documento, el AyA consciente del impacto que tendría una eventual suspensión del servicio en la continuidad de las actividades municipales y en el bienestar de sus habitantes, actuando de buena fe, decidió otorgar un plazo adicional al establecido por el Sistema Comercial, para que la Municipalidad se acerque a regularizar su situación. Esta medida refleja el compromiso institucional con el interés público, priorizando el diálogo y la búsqueda de soluciones conjuntas, aun cuando propuestas anteriores han sido rechazadas por la Municipalidad de Paraíso; todo esto sin dejar de lado el estricto cumplimiento del marco normativo, la protección de la sostenibilidad financiera del Instituto y la observancia de sus funciones y responsabilidades institucionales. No obstante, lo anterior, el AyA se reserva el derecho de acudir a otras instancias a ejecutar el cobro de las sumas restantes adeudadas siendo que, por ley, los servicios que se prestan no pueden ser gratuitos. A pesar de la claridad normativa y el pendiente existente para los períodos recientes, es evidente que la institución ha tenido la anuencia para dialogar sobre un acuerdo de pago, sin recibir una respuesta positiva por parte del Municipio de Paraíso a la fecha (Ver informe N°UEN-SCMED-GAM-2025-01057). (…). III. CONCLUSIONES En virtud de lo expuesto, debe tenerse claro que las actuaciones de AyA están sometidas al Principio de Legalidad consagrado en el artículo 11 de nuestra Carta Magna y la Ley General de la Administración Pública; principio que somete a toda la Administración Pública a actuar conforme al ordenamiento jurídico, así como a las reglas unívocas de la ciencia y técnica que respalda el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública y alcances regulados en los artículos 1, 2, 3, 7.123, 8, 11, 107, 108, 121, 122, 125, 126, 127, 130, 131, 132 y 135 del Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA, la Ley N°7593 Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y también lo dispuesto por la ARESEP. Es importante concluir que la gestión de cobro que realiza AyA a la Municipalidad de Paraíso por el servicio de venta de agua es jurídicamente procedente, ya que por ley no es gratuito. En esa línea, se reitera que, ARESEP, ente regulador, realizó una fiscalización del servicio de venta de agua que brinda el AYA a la Municipalidad de Paraíso y reguló las tarifas a cobrar por tal concepto, no siendo este cobro arbitrario ni antojadizo. De ahí que, la discusión de la deuda es un asunto de legalidad y no de constitucionalidad, el cual debe ser discutido en la vía ordinaria correspondiente. Si bien la Municipalidad de Paraíso tiene una deuda con AYA que data del 2017, a la fecha el servicio por la venta de agua cruda que presta AyA al Municipio se brinda sin inconvenientes. Cabe decir que es la Municipalidad de Paraíso la encargada y responsable de los procesos de potabilización, distribución, operación, mantenimiento, optimización y comercialización del acueducto municipal, por ende, es la Municipalidad quien presta el servicio de acueducto al recurrente y no el AYA, quien como prestador de servicio público de acueducto vende agua en gran volumen al Municipio. Por lo expuesto, no se han lesionado los derechos fundamentales del recurrente por parte de este Instituto, no siendo ninguna de sus actuaciones antojadizas, arbitrarias o infundadas.".

6.- Por medio de resolución de las 12:06 horas del 23 de junio de 2025, esta Sala una vez visto los informes rendidos por el Alcalde de Paraíso, el encargado del Acueducto Municipal, ambos de la Municipalidad de Paraíso y por el Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, dispuso darle audiencia al regulador general de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos -ARESEP-.

 7.- Mediante escrito aportado el 22 de julio de 2025, Eric Alonso Bogantes Cabezas, Regulador General y Presidente de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, informa que: “En dicho recurso de amparo se expuso la siguiente petitoria: “(…) Aclarando que este recurso no pretende que la Sala se refiera a la legalidad o ilegalidad del cobro que plantea el recurrido contra el ente municipal, en si este es procedente o no, lo que se pretende con este recurso es que se le prohíba al AyA utilizar como medida de presión la suspensión total o parcial del suministro de agua potable a la Municipalidad de Paraíso, porque eso afecta directamente al consumidor del liquido, debiendo mantener la misma presión acostumbrada y la cantidad de metros por segundo establecidos; sea a través de embargos, entre otros. PETITORIA: Se le prohíba al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados realizar la suspensión total o parcial del suministro de agua potable a la Municipalidad de Paraíso por el no pago de los servicios de captación, traslado y cualquier otra actividad relacionada con la relación existente entre ambas, debiendo mantener el abastecimiento con la misma presión acostumbrada y la cantidad de metros cúbicos por segundo establecidos, y se abstenga de realizarlo en el futuro, sin detrimento de que deba utilizar otros mecanismos coercitivos y legales para lograr el cobro que pretende siempre que no pongan en riesgo el abastecimiento de agua potable.” Nótese de la cita anterior, como el mismo recurrente delimita su pretensión, dejando en claro que no pretende cuestionar la legalidad del cobro que le realiza  el ICAA a la Municipalidad de Paraíso, sino que dirige su recurso, únicamente a cuestionar la potestad del ICAA de realizar la suspensión del suministro de agua potable a dicha Municipalidad, por el no pago de los servicios de suministro de agua potable, ya que a su criterio, dicha disposición resulta inconstitucional y violenta su derecho de acceso al agua potable. En vista de lo anterior, queda en evidencia de que no se está cuestionando ninguna acción u omisión por parte de mi representada en cuanto a sus funciones de Ente Regulador de los Servicios Públicos, por lo que resulta a todas luces improcedente la interposición de este amparo constitucional en contra la Aresep se incluyó a mi representada en el presente proceso de amparo constitucional, debido a que se menciona la existencia de un recurso de apelación que fue interpuesto ante la Junta Directiva de la Aresep. En este sentido, se debe indicar que la existencia de un recurso de apelación pendiente de ser resuelto por la Aresep, no afecta de forma directa el derecho fundamental de acceso al agua potable alegado por el recurrente, ya que el mismo se interpuso, contra una resolución de fijación tarifaria dispuesta por la Aresep hacia el ICAA, y la misma no contiene una orden de suspensión del servicio de venta de agua potable hacia la Municipalidad de Paraíso. Cabe agregar de igual forma, que la fiscalización de plazos legales y la emisión de resoluciones dentro de los procedimientos administrativos, corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa, por ser una cuestión evidente de legalidad, y no a la Sala Constitucional.".

8.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

 Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,

Considerando:

 I.- SOBRE LA COADYUVANCIA PLANTEADA. La coadyuvancia es una forma de intervención adhesiva que se da cuando una persona actúa en un proceso adhiriéndose a las pretensiones de alguna de las partes principales, como consecuencia está legitimado para actuar como coadyuvante quien ostente un interés directo en el resultado del recurso, pero al no ser actor principal, el coadyuvante no resultará directamente afectado por la sentencia, es decir, la eficacia de ésta no podrá alcanzarle de manera directa e inmediata, ni le afecta la condición de cosa juzgada del pronunciamiento, aunque en materia de amparo pueda favorecerle la eficacia de lo resuelto, debido al carácter de "erga omnes" que tiene la jurisprudencia y precedentes de la jurisdicción constitucional (artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). En este caso, la Sala procede a admitir la coadyuvancia presentada por cuanto el solicitante Alejandro Pacheco Castro -diputado de la Provincia de Cartago- tiene un interés directo en la resolución del presente asunto, al estar atendiendo y velando por varias necesidades de los amparados.

II.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente alega que es vecino de Paraíso de Cartago, razón por la cual el servicio de agua potable es suministrado por la municipalidad recurrida, a través del Departamento de Acueducto Municipal. Indica que debido a que el agua procede de las tomas operadas por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), este pretende cobrarle a la municipalidad recurrida la captación y conducción del agua. Debido a lo anterior, el municipio de Paraíso ha indicado que el cobro es improcedente y, por tal motivo, se ha negado a pagarle al instituto accionado. Reclama que, ante lo ocurrido desde el 02 de mayo de 2025 aproximadamente, la problemática descrita entre los entes públicos recurridos provocó que el ICAA emitiera un comunicado a través de sus redes sociales informando que suspenderá el suministro de agua potable a la Municipalidad de Paraíso. La justificación del ICAA para suspender el suministro se fundamenta en la falta de pago; además, argumentó que la suspensión sí es procedente ya que la relación es con la municipalidad accionada y no con las personas que reciben el servicio. Considera que la situación expuesta, causa angustia y preocupación, pues si bien, existe una relación contractual entre las autoridades accionadas, es lo cierto que, los consumidores son realmente los afectados.

 III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

a) En 1982, diversas municipalidades —incluida la Municipalidad de Paraíso— solicitaron la intervención del ICAA para mejorar el abastecimiento de agua potable en la Provincia de Cartago, colaboración que fue formalizada por medio de convenios de Financiamiento y Ejecución de Obras entre dicha institución y las Municipalidades de Cartago y Paraíso. De esta forma, fue obtener un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), autorizado por la Asamblea Legislativa, que hizo posible la creación del actual acueducto municipal y la mejora en la calidad y cobertura del servicio de agua para Cartago y Paraíso (ver informes rendidos);

b) Durante la vigencia del convenio, que data de 1987, el ICAA cobró la operación y mantenimiento de la Planta Potabilizadora ubicada en Cartago, incluyendo los costos de agua suministrada y su potabilización, para lo cual históricamente utilizó un esquema de cobro propio, y la Municipalidad de Paraíso canceló estos rubros (ver informes rendidos);

c) A partir del 20 de octubre de 2017, mediante la resolución RIA-010-2017, la Intendencia de Agua fijó las tarifas para este servicio, con lo cual se hacía vinculante para todo prestador sujetarse al cobro de esta tarifa (ver informes rendidos);

d)  En cumplimiento de las obligaciones legales de regulación y fiscalización contable, financiera y técnica de la Intendencia de Agua, y en ejercicio de su potestad ante las gestiones de los prestadores de servicios públicos, el IICA efectuó una inspección técnica que produjo la emisión del “Informe de la fiscalización de venta de agua a municipalidades por parte del Instituto Costarricense De Acueductos y Alcantarillados. GTI-2024-14459”. En ese informe se detallaron hallazgos significativos que destacaban la obligación del ICAA de cobrar los servicios regulados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) conforme a las tarifas que esta autoridad fijara, sin desconocerlo por medio de convenios o contratos, dado su carácter vinculante  (ver informes rendidos);

e) Con fundamento en lo anterior y de conformidad con las tarifas aprobadas por la ARESEP, se procedió a realizar el cálculo de los montos correspondientes sobre el consumo de agua brindado a la Municipalidad de Paraíso durante los períodos de noviembre 2017, a enero de 2025 (ver informes rendidos);

f) Por medio del oficio UEN-SCMED-GAM-2025-00410 enviado el 24 de febrero de 2025, se notificó a la Municipalidad de Paraíso el cálculo efectuado al respecto. En este sentido, el monto calculado y pendiente de pago, conforme a los artículos 14, incisos a) y c) y 38 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Ley N° 7593, asciende a la suma de ₡3.275.453.917,00 (tres mil doscientos setenta y cinco millones cuatrocientos cincuenta tres mil novecientos diecisiete colones con cero céntimos) correspondiente a la venta de agua durante los períodos comprendidos entre noviembre 2017, a enero de 2025 (ver informes rendidos);

g) La Municipalidades de Paraíso y de Cartago presentaron los recursos ordinarios y extraordinarios con el oficio AM-OF-194-2025/ALC-221-2025, los cuales fueron atendidos y contestados por el ICAA por medio de los documentos UEN-SC-GAM-2025-00183 y GG-R-2025-0227, concluyéndose por su medio que, a nivel del ICAA, la vía administrativa había sido agotada  (ver informes rendidos);

h) Aun así, al momento de rendirse el informe, el servicio se brindaba sin inconvenientes, generando un monto pendiente por la venta de agua cruda a la Municipalidad de Paraíso que ascendía a los ciento ochenta y nueve millones de colones y sobre las facturaciones de febrero, marzo y abril de 2025 (ver informes rendidos);

i) El ICAA emitió el documento UEN-SCMED-GAM-2025-00960 con el propósito de notificar al Gobierno Local el aviso preventivo de cobro correspondiente y la posibilidad de suspender el servicio en caso de no efectuarse el pago de la obligación derivada del servicio efectivamente brindado en el mes de mayo, el cual, al momento de rendirse el informe, se encontraba pendiente de pago. Asimismo, por ese medio decidió otorgar un plazo adicional al establecido por el Sistema Comercial, para que dicha Corporación Local se acercara a regularizar su situación (ver informes rendidos).

 IV.- SOBRE EL FONDO. Analizado el escrito de interposición de este recurso, los informes rendidos y el elenco de hechos probados, este Tribunal considera necesario recordarle al ICAA lo dispuesto en la sentencia Nº 2025-019652 de las 09:20 horas del 27 de junio de 2025, en donde se dispuso lo siguiente:

‘… SOBRE EL DERECHO AL AGUA POTABLE. Primeramente, conviene indicar que el derecho de acceso al agua potable ha sido reconocido en esta sede en múltiple jurisprudencia y se ha recalcado su respaldo convencional y constitucional:

‘(…) V.- La Sala reconoce, como parte del Derecho de la Constitución, un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida, al medio ambiente, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros, tal como ha sido reconocido también en instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos aplicables en Costa Rica: así, figura explícitamente en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (art. 14) y la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 24); además, se enuncia en la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo de El Cairo (principio 2), y se declara en otros numerosos del Derecho Internacional Humanitario. En nuestro Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el país se encuentra particularmente obligado en esta materia por lo dispuesto en el artículo 11.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (‘Protocolo de San Salvador’ de 1988), el cual dispone que: ’Artículo 11. Derecho a un medio ambiente sano 1.-Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos’. La carencia de recursos no justifica el incumplimiento de los cometidos de las administraciones públicas en la prestación de este servicio básico. (SALA CONSTITUCIONAL, resoluciones 2003-04654 y 2004-007779).

Por su parte, como bien lo reconocen tanto la Procuraduría como el representante del AyA en sus informes, en el campo internacional también es mayoritario el reconocimiento del agua como derecho humano y como una pre-condición necesaria para todos nuestros derechos humanos. Se sostiene que sin el acceso equitativo a un requerimiento mínimo de agua potable, serían inalcanzables otros derechos establecidos -como el derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y para el bienestar, así como de otros derechos civiles y políticos. En noviembre del 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas afirmó que el acceso a cantidades adecuadas de agua limpia para uso doméstico y personal es un derecho humano fundamental de toda persona. Asimismo en el Comentario General No. 15 sobre el cumplimiento de los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité hizo notar que ‘el derecho humano al agua es indispensable para llevar una vida en dignidad humana. Es un pre-requisito para la realización de otros derechos humanos’. Se enfatiza también que los Estados miembros del Pacto Internacional tienen el deber de cumplir de manera progresiva, sin discriminación alguna, el derecho al agua, el cual da derecho a todos a gozar de agua suficiente, físicamente accesible, segura y aceptable para uso doméstico y personal.

Por su parte se han dado varias conferencias internacionales entre las que destaca la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua llevada a cabo en Mar de Plata en 1977 que reconoció que todos los pueblos tienen derecho al acceso a agua potable para satisfacer sus necesidades básicas. También, la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, adoptada por la Asamblea General de la ONU, de 1986 incluye un compromiso por parte de los Estados de asegurar la igualdad de oportunidades para todos para disfrutar de los recursos básicos.

El concepto de satisfacer las necesidades básicas de agua se fortaleció más durante la Cumbre de la Tierra de 1992 en Río de Janeiro. En la Agenda 21, los gobiernos acordaron que ‘al desarrollar y usar los recursos hídricos, debe darse prioridad a la satisfacción de las necesidades básicas y a la conservación de los ecosistemas. De igual forma, en el Plan de Implementación adoptado en la Cumbre de Johannesburgo en el 2002, los gobiernos se comprometieron a ‘emplear todos los instrumentos de políticas, incluyendo la regulación, el monitoreo... y la recuperación de costos de los servicios de agua,’ sin que los objetivos de recuperación de costos se conviertan en una barrera para el acceso de la gente pobre al agua limpia. Asimismo existen decenas de instrumentos internacionales que directa e indirectamente tienen que ver con el agua como un derecho humano de todas las personas y pueblos, de tal forma que no sólo es un tema que por su naturaleza tiende a la nacionalización, sino a la internacionalización de su uso y aprovechamiento’ (véase la sentencia número 2006-5606 de las 15:21 horas del 26 de abril de 2006).

De lo anterior, podemos afirmar que existe un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida y al medio ambiente sano, entre otros, por el cual debe concederse a todas las personas la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad a los servicios de agua potable, toda vez que la misma resulta esencial para la vida y la salud humana. Asimismo, el acceso al agua potable ha sido catalogado como un derecho humano fundamental por varios instrumentos internacionales, lo cual ha sido reconocido en la amplia jurisprudencia constitucional. Por ejemplo, como se menciona en la sentencia parcialmente transcrita, en el Comentario General No. 15 sobre el cumplimiento de los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité hizo notar que ’el derecho humano al agua es indispensable para llevar una vida en dignidad humana. Es un pre-requisito para la realización de otros derechos humanos. De esta forma, Los Estados miembros del Pacto Internacional tienen el deber de cumplir de manera progresiva, sin discriminación alguna, el derecho al agua, el cual da derecho a todos a gozar de agua suficiente, físicamente accesible, segura y aceptable para uso doméstico y personal’. Igualmente, respecto a este tema podemos encontrar una vasta cantidad de instrumentos internacionales que hacen referencia al derecho al acceso al agua potable, entre las que podemos señalar las siguientes: Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua (Mar del Plata, Argentina, 1977, Plan de Acción), Declaración de Nueva Delhi, sobre el abastecimiento del agua potable y el saneamiento ambiental  (India, 1990); Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, Brasil, 1992, Capítulo 18 de la Agenda 21), Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible (Irlanda, 1992, Principios rectores y Plan de Acción), Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, Egipto, 1994, Programa de Acción), Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible (Sudáfrica, 2002, Pto. 18), Observación General N° 15: El Derecho al Agua (arts. 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Ginebra, 2002); la Resolución 64/292, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el 2010: El Derecho Humano al Agua y el Saneamiento; la Resolución 70-169, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, en el 2015: Los derechos humanos al agua potable y el saneamiento; Cumbre de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Nueva York, 2015, Objetivos 6 y 7), etc (…)’ (véase la sentencia No. 2019017397 de las 12:54 horas del 11 de setiembre de 2019).

Adicionalmente, a partir de la vigencia de la ley No. 9849 del 5 de junio de 2020, en Costa Rica se reconoce de manera expresa a nivel constitucional el derecho al agua potable en los siguientes términos:

‘(…) ARTÍCULO 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.

Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado.

 El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho.

 La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes.

Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos y tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones (…)’ (el destacado fue agregado).

Sobre el particular, en la sentencia No. 2020-03982 de las 11:50 hrs. de 26 de febrero del 2020, este Tribunal evacuó la consulta legislativa relacionada con la mencionada reforma parcial al numeral 50 de la Constitución Política e indicó:

‘(…) VIII.- Sobre el contenido del proyecto y su conformidad constitucional. El proyecto de reforma constitucional de carácter parcial presentado por la totalidad de los 57 Diputados y Diputadas a la Asamblea Legislativa, consta de dos artículos que pretenden la adición de un párrafo final al artículo 50 de la Constitución Política, así como la incorporación de nuevo transitorio en el Título XVIII, Capítulo Único, Disposiciones transitorias de la Constitución Política, de la siguiente manera:

‘ARTÍCULO 1.- Se adiciona un párrafo al final del artículo 50 de la Constitución Política, de 7 de noviembre de 1949. El texto es el siguiente:

Artículo 50.-

(…)

Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la Nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos, y tendrá prioridad el abastecimiento del agua potable para consumo de las personas y las poblaciones.

ARTÍCULO 2.- Se adiciona un nuevo transitorio al título XVIII, capítulo único, Disposiciones Transitorias, de la Constitución Política, relacionado con el artículo 50. El texto es el siguiente:

Artículo 50 – XX. Se mantienen vigentes las leyes, las concesiones y los permisos de uso actuales, otorgados conforme a derecho, así como los derechos derivados de estos, mientras no entre en vigencia una nueva ley que regule el uso, explotación y conservación del agua.’.

La propuesta así planteada y ya aprobada en primer debate, refiere no solamente el reconocimiento expreso del acceso al agua como derecho humano, sino que se encuentra directamente relacionada con que ese derecho humano que allí se reconoce de manera positiva, lo es sobre el acceso al agua potable, toda vez que se parte de la consideración del agua –y especialmente el agua potable- como elemento esencial e intrínseco para la vida y la salud de las personas, entrando así en consonancia con lo señalado en el artículo 21 y en la primera parte del mismo artículo 50 de la Constitución Política, y los desarrollos jurisprudenciales de esta misma Sala que de tales normas derivan.

La Sala advierte que el derecho de acceso al agua, y especialmente al agua potable, forma parte de diversos enunciados en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, a través de diferentes instrumentos con distinto alcance o naturaleza jurídica, pero que por su propia condición y con motivo de lo dispuesto por el artículo 48 de la Constitución Política, son dables de ser necesariamente considerados en cuanto a esta temática corresponde. Así, este derecho se encuentra ya relacionado y referenciado desde 1972 en la denominada Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible; fue considerado en la Conferencia de Rio sobre el Medio Ambiente del mismo año 1972; en la Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social de 1995; fue validado en el Primer Foro Mundial del Agua, a través de la Declaración de Marrakech en 1997; mientras que a nivel convencional se encuentran concretas previsiones en el inciso 1) del artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –Protocolo de San Salvador-, e incluso en el mismo Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Y en materia de resoluciones generales, se tiene, entre otras, el Comentario General sobre el Derecho al Agua, adoptado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas en noviembre de 2002 a través de la resolución ONU: E/C.12/2002/11, así como la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, número 70/169, de 17 de diciembre de 2015, las cuales refieren de manera expresa que el agua debe ser «segura y de calidad aceptable para usos personales y domésticos», y el acceso al «agua potable y al saneamiento para todas las personas de manera no discriminatoria».

En este sentido, es válido afirmar que la propuesta de adición al artículo 50 de la Constitución, en la medida que de manera expresa reconoce el derecho de acceso al agua potable, se encuentra en consonancia con los desarrollos jurídicos que sobre la materia se muestra a nivel internacional y que se plasma en declaraciones, convenios y resoluciones de distinta naturaleza, de donde resulta su conformidad con el avance jurídico que se muestra al respecto a nivel internacional, y que por la propia esencia del derecho internacional público y el derecho internacional de los derechos humanos, tales formulaciones tienen su impacto directo en el propio ámbito interno de los Estados, tal como esa propuesta de reforma constitucional pretende formalizar a ese nivel.

Es importante señalar, que se hace la referencia a que la propuesta lo que pretende es formalizar la situación a nivel constitucional, pues ciertamente el tema del acceso al agua, y al agua potable, se encuentra regulado en nuestro país en el ámbito de la legalidad, por un profuso marco normativo que abarca desde la Ley de Aguas de 1942, la Ley General de Agua Potable de 1953, la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados de 1961, la Ley General de Salud de 1973, la Ley de Creación del SENARA de 1983, la Ley Orgánica del Ambiente de 1995, y la Ley Forestal de 1996, entre otras.

Asimismo, debe enfatizarse la protección al ambiente y al derecho al agua que a nivel jurisprudencial ha desarrollado la jurisdicción constitucional, destacando no solamente la posibilidad de acceso al agua como recurso esencial para la vida humana, sino también la consustancial y necesaria protección que debe brindársele por parte de la institucionalidad en general, desde agencias especializadas como el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, como otras de carácter más amplio como la propia Dirección de Aguas del Ministerio del Ambiente y Energía, el Ministerio de Salud y las mismas Municipalidades del país, estableciéndose la necesaria coordinación entre ellas para asegurar no solamente la protección integral del recurso hídrico, sino también su legítima dotación para consumo humano bajo el cumplimiento de los parámetros establecidos y las reales posibilidades de su efectivo suministro –ver, entre muchas otras, sentencias de esta Sala, números 2003-4654, 2004-1923, 2009-262 y 2016-1791-.

Es importante señalar el énfasis que la reforma propone no sólo en materia de reconocer el acceso al agua potable como derecho humano, sino su particular condición de bien demanial, en el mismo sentido que la diversa legislación aquí enunciada ya refiere. Nótese que la propuesta normativa señala que «el agua es un bien de la Nación», es decir, un bien que pertenece en general a esa inmaterialidad incluida en el concepto de Nación, y como tal, en un bien que se encuentra difuminado entre toda la sociedad y sus actores, un bien de dominio público que requiere no sólo toda la protección por su condición de ser esencial para la vida, sino también para permitir su utilización para los diversos ámbitos que se requiera, siempre que se atiende a la debida sostenibilidad y a su protección integral como parte del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Nótese que el reconocimiento del derecho humano lo es sobre el agua potable, señalándose a continuación que el agua –así, en términos generales- es indispensable para proteger el derecho humano reconocido en la primera parte del párrafo, sin que ello implique de manera alguna la imposibilidad de utilizar el recurso para otro tipo de fines –agropecuarios, industriales o de desarrollo-, siempre que se haga de manera ajustada a las previsiones sobre el referido derecho al ambiente y garantizando la existencia del recurso adecuado para el agua potable. En otras palabras, se reconoce y protege la existencia del agua, y sobre ella, de un derecho humano de acceso al agua potable, de donde resulta que la formulación normativa que se pretende incorporar, reconoce no solamente la protección y posibilidad de utilización del agua en términos generales, sino también el reconocimiento del acceso al agua potable como derecho humano.

Por otra parte, tómese en consideración que, según lo ya señalado, este acceso debe procurarse y brindarse de conformidad con el previo cumplimiento de los parámetros establecidos y de acuerdo a (sic) las reales posibilidades de suministro. Es decir, tal como se ha sentado en la copiosa jurisprudencia de esta Sala sobre el particular, si bien el reconocimiento del acceso al agua potable se configura como un derecho humano, su efectiva dotación puede sujetarse a las concretas y certeras posibilidades de otorgamiento, de donde deviene que ese acceso que se reconoce como fundamental, bien puede sujetarse al cumplimiento de condiciones concretas que a su vez permitan garantizar la existencia y preservación de este bien.

Es por tal razón, que la ya mencionada resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, número 70-169, de 17 de diciembre de 2015, señala en su apartado 5 la exhortación a los Estados para:

‘Garantizar la realización progresiva de los derechos humanos al agua potable y el saneamiento para todas las personas de manera no discriminatoria eliminando al mismo tiempo las desigualdades de acceso, en particular para quienes pertenecen a grupos vulnerables y marginados, por motivos de raza, género, edad, discapacidad, origen étnico, cultura, religión y origen nacional o social o por cualquier otro motivo, con miras a eliminar progresivamente las desigualdades basadas en factores como la disparidad en las zonas rurales y urbanas, la residencia en barrios marginales, el nivel de ingresos y otros factores pertinentes.’ –el destacado no es del original-

Esta progresividad a la que en esta resolución se hace referencia, desarrolla la homóloga previsión que en términos convencionales se consagra en el primer párrafo del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al señalar que:

‘Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.’ –énfasis añadido-

De tal manera, resulta válida la legítima regulación que permita el adecuado y ordenado acceso al agua potable aquí reconocido como derecho humano, pues se trata de propiciar su desarrollo progresivo en armonía con el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Es por tal razón, que la legislación que regule la materia –como lo podría ser la así propuesta en el mismo párrafo que se pretende adicionar, y a la que se hace referencia en la propuesta de transitorio XX-, deberá, en su momento, necesariamente resultar acorde con la carga de valores, principios y regulaciones expresas que informan a los derechos humanos, y al acceso al agua potable también como derecho humano que es, por lo que ciertamente esa legislación allí indicada, deberá ajustarse al Derecho de la Constitución y a las previsiones que en él se contempla sobre el particular.

En este sentido, de conformidad con lo aquí señalado, se aprecia que el proyecto que se tramita bajo el expediente legislativo 21.382, se encuentra en directa consonancia y desarrollo de las previsiones constitucionales sobre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por lo que engarza adecuadamente en la misma previsión del artículo 50 de la Constitución, y resulta acorde con los valores y principios constitucionales que lo orientan, sin que de ninguna manera exista roce alguno con esos elementos esenciales o de carácter nuclear que informan e integran el Derecho de la Constitución (…)’.

De igual forma, conviene resaltar lo establecido en la observación general No. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales efectuada en el 29° periodo de sesiones celebrado en Ginebra entre el 11 y el 29 de noviembre de 2002, en el que se indicó:

‘(…) 2. El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene personal y doméstica.

3. En el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto se enumeran una serie de derechos que dimanan del derecho a un nivel de vida adecuado, ‘incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados’, y son indispensables para su realización. El uso de la palabra ‘incluso’ indica que esta enumeración de derechos no pretendía ser exhaustiva. El derecho al agua se encuadra claramente en la categoría de las garantías indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado, en particular porque es una de las condiciones fundamentales para la supervivencia.

Además, el Comité ha reconocido anteriormente que el agua es un derecho humano amparado por el párrafo 1 del artículo 11 (véase la Observación general Nº 6 (1995))2. El derecho al agua también está indisolublemente asociado al derecho al más alto nivel posible de salud (párr. 1 del art. 12)3 y al derecho a una vivienda y una alimentación adecuadas (párr. 1 del art. 11)4. Este derecho también debe considerarse conjuntamente con otros derechos consagrados en la Carta Internacional de Derechos Humanos, entre los que ocupa un lugar primordial el derecho a la vida y a la dignidad humana (…)

10. El derecho al agua entraña tanto libertades como derechos. Las libertades son el derecho a mantener el acceso a un suministro de agua necesario para ejercer el derecho al agua y el derecho a no ser objeto de injerencias, como por ejemplo, a no sufrir cortes arbitrarios del suministro o a la no contaminación de los recursos hídricos. En cambio, los derechos comprenden el derecho a un sistema de abastecimiento y gestión del agua que ofrezca a la población iguales oportunidades de disfrutar del derecho al agua.

11. Los elementos del derecho al agua deben ser adecuados a la dignidad, la vida y la salud humanas, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 11 y el artículo 12. Lo adecuado del agua no debe interpretarse de forma restrictiva, simplemente en relación con cantidades volumétricas y tecnologías. El agua debe tratarse como un bien social y cultural, y no fundamentalmente como un bien económico. El modo en que se ejerza el derecho al agua también debe ser sostenible, de manera que este derecho pueda ser ejercido por las generaciones actuales y futuras.

12. En tanto que lo que resulta adecuado para el ejercicio del derecho al agua puede variar en función de distintas condiciones, los siguientes factores se aplican en cualquier circunstancia:

a) La disponibilidad. El abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos. Esos usos comprenden normalmente el consumo, el saneamiento, la colada, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica. La cantidad de agua disponible para cada persona debería corresponder a las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS). También es posible que algunos individuos y grupos necesiten recursos de agua adicionales en razón de la salud, el clima y las condiciones de trabajo.

b) La calidad. El agua necesaria para cada uso personal o doméstico debe ser salubre, y por lo tanto, no ha de contener microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas. Además, el agua debería tener un color, un olor y un sabor aceptables para cada uso personal o doméstico.

c) La accesibilidad. El agua y las instalaciones y servicios de agua deben ser accesibles a todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado Parte. La accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas:

i) Accesibilidad física. El agua y las instalaciones y servicios de agua deben estar al alcance físico de todos los sectores de la población. Debe poderse acceder a un suministro de agua suficiente, salubre y aceptable en cada hogar, institución educativa o lugar de trabajo o en sus cercanías inmediatas. Todos los servicios e instalaciones de agua deben ser de calidad suficiente y culturalmente adecuados, y deben tener en cuenta las necesidades relativas al género, el ciclo vital y la intimidad. La seguridad física no debe verse amenazada durante el acceso a los servicios e instalaciones de agua.

ii) Accesibilidad económica. El agua y los servicios e instalaciones de agua deben estar al alcance de todos. Los costos y cargos directos e indirectos asociados con el abastecimiento de agua deben ser asequibles y no deben comprometer ni poner en peligro el ejercicio de otros derechos reconocidos en el Pacto.

iii) No discriminación. El agua y los servicios e instalaciones de agua deben ser accesibles a todos de hecho y de derecho, incluso a los sectores más vulnerables y marginados de la población, sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos.

iv) Acceso a la información. La accesibilidad comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua (…)

25. La obligación de cumplir se puede subdividir en obligación de facilitar, promover y garantizar. La obligación de facilitar exige que los Estados Partes adopten medidas positivas que permitan y ayuden a los particulares y las comunidades a ejercer el derecho. La obligación de promover impone al Estado Parte la adopción de medidas para que se difunda información adecuada acerca del uso higiénico del agua, la protección de las fuentes de agua y los métodos para reducir los desperdicios de agua. Los Estados Partes también tienen la obligación de hacer efectivo (garantizar) el derecho en los casos en que los particulares o los grupos no están en condiciones, por razones ajenas a su voluntad, de ejercer por sí mismos ese derecho con ayuda de los medios a su disposición.

26. La obligación de cumplir exige que los Estados Partes adopten las medidas necesarias para el pleno ejercicio del derecho al agua. Esta obligación comprende, entre otras cosas, la necesidad de reconocer en grado suficiente este derecho en el ordenamiento político y jurídico nacional, de preferencia mediante la aplicación de las leyes; adoptar una estrategia y un plan de acción nacionales en materia de recursos hídricos para el ejercicio de este derecho; velar por que el agua sea asequible para todos; y facilitar un acceso mayor y sostenible al agua, en particular en las zonas rurales y las zonas urbanas desfavorecidas.

27. Para garantizar que el agua sea asequible, los Estados Partes deben adoptar las medidas necesarias, entre las que podrían figurar: a) la utilización de un conjunto de técnicas y tecnologías económicas apropiadas; b) políticas adecuadas en materia de precios, como el suministro de agua a título gratuito o a bajo costo; y c) suplementos de ingresos. Todos los pagos por servicios de suministro de agua deberán basarse en el principio de la equidad, a fin de asegurar que esos servicios, sean públicos o privados, estén al alcance de todos, incluidos los grupos socialmente desfavorecidos. La equidad exige que sobre los hogares más pobres no recaiga una carga desproporcionada de gastos de agua en comparación con los hogares más ricos.

28. Los Estados Partes deben adoptar estrategias y programas amplios e integrados para velar por que las generaciones presentes y futuras dispongan de agua suficiente y salubre22. Entre esas estrategias y esos programas podrían figurar: a) reducción de la disminución de recursos hídricos por extracción, desvío o contención; b) reducción y eliminación de la contaminación de las cuencas hidrográficas y de los ecosistemas relacionados con el agua por radiación, sustancias químicas nocivas y excrementos humanos; c) vigilancia de las reservas de agua; d) seguridad de que cualquier mejora propuesta no obstaculice el acceso al agua potable; e) examen de las repercusiones que puedan tener ciertas medidas en la disponibilidad del agua y en las cuencas hidrográficas de los ecosistemas naturales, tales como los cambios climáticos, la desertificación y la creciente salinidad del suelo, la deforestación y la pérdida de biodiversidad23; f) aumento del uso eficiente del agua por parte de los consumidores; g) reducción del desperdicio de agua durante su distribución; h) mecanismos de respuesta para las situaciones de emergencia; e i) creación de instituciones competentes y establecimiento de disposiciones institucionales apropiadas para aplicar las estrategias y los programas (…)

37. En la Observación general Nº 3 (1990), el Comité confirma que los Estados Partes tienen la obligación fundamental de asegurar como mínimo la satisfacción de niveles esenciales de cada uno de los derechos enunciados en el Pacto. A juicio del Comité, pueden identificarse al menos algunas obligaciones básicas en relación con el derecho al agua, que tienen efecto inmediato:

a) Garantizar el acceso a la cantidad esencial mínima de agua, que sea suficiente y apta para el uso personal y doméstico y prevenir las enfermedades;

b) Asegurar el derecho de acceso al agua y las instalaciones y servicios de agua sobre una base no discriminatoria, en especial en lo que respecta a los grupos vulnerables o marginados;

c) Garantizar el acceso físico a las instalaciones o servicios de agua que proporcionen un suministro suficiente y regular de agua salubre; que tengan un número suficiente de salidas de agua para evitar unos tiempos de espera prohibitivos; y que se encuentren a una distancia razonable del hogar;

d) Velar por que no se vea amenazada la seguridad personal cuando las personas tengan que acudir a obtener el agua;

e) Velar por una distribución equitativa de todas las instalaciones y servicios de agua disponibles;

f) Adoptar y aplicar una estrategia y un plan de acción nacionales sobre el agua para toda la población; la estrategia y el plan de acción deberán ser elaborados y periódicamente revisados en base a (sic) un proceso participativo y transparente; deberán prever métodos, como el establecimiento de indicadores y niveles de referencia que permitan seguir de cerca los progresos realizados; el proceso mediante el cual se conciban la estrategia y el plan de acción, así como el contenido de ambos, deberán prestar especial atención a todos los grupos vulnerables o marginados;

g) Vigilar el grado de realización, o no realización, del derecho al agua;

h) Adoptar programas de agua orientados a fines concretos y de relativo bajo costo para proteger a los grupos vulnerables y marginados;

i) Adoptar medidas para prevenir, tratar y controlar las enfermedades asociadas al agua, en particular velando por el acceso a unos servicios de saneamiento adecuados (…)’ (el destacado fue agregado).

Lo anterior resulta de relevancia por cuanto se detalla el contenido del derecho al agua al esbozar sus características, entre ellas, la calidad, la accesibilidad y la disponibilidad, ya que se establece que el derecho humano al agua implica el abastecimiento suficiente para cada persona para uso personal y doméstico.

Por otra parte, en la sentencia del 27 de noviembre de 2023 dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Habitantes de la Oroya vs Perú, ese tribunal dispuso:

‘(…) 121. Asimismo, las personas gozan del derecho a que el agua se encuentre libre de niveles de contaminación que constituyan un riesgo significativo al goce de sus derechos humanos, particularmente a los derechos al medio ambiente sano, la salud y la vida. Este elemento sustantivo del derecho al medio ambiente sano impone la obligación para los Estados consistentes en: a) diseñar normas y políticas que definan los estándares de la calidad del agua y, reforzadamente, en aguas tratadas y residuales que sean compatibles con la salud humana y de los ecosistemas; b) monitorear los niveles de contaminación de las masas de agua y, de ser el caso, informar los posibles riesgos a la salud humana y a la salud de los ecosistemas; c) realizar planes y, en general, emprender toda práctica con la finalidad de controlar la calidad del agua que incluyan la identificación de sus principales causas de contaminación; d) implementar medidas para hacer cumplir los estándares de calidad del agua, y e) adoptar acciones que aseguren la gestión de los recursos hídricos de forma sostenible. La Corte igualmente considera que los Estados deben diseñar sus normas, planes y medidas de control de la calidad del agua de conformidad con la mejor ciencia disponible, atento a los criterios de disponibilidad, accesibilidad, sostenibilidad, calidad y adaptabilidad e, inclusive, a partir de la cooperación internacional.

122. Como complemento de lo anterior, la Corte recuerda que en el caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina fue establecido que el derecho al agua se encuentra protegido por el artículo 26 de la Convención Americana. Ello se desprende de las normas de la Carta de la OEA, en tanto las mismas permiten derivar derechos de los que, a su vez, se desprende el derecho al agua. Al respecto, la Corte señaló que entre aquellos se encuentran el derecho a un medio ambiente sano (supra párr. 115), el derecho a la alimentación adecuada, el derecho a la salud, y el derecho a participar en la vida cultural, los cuales se encuentran protegidos por el artículo 26 de la Convención. Este derecho también se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25 y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), en su artículo 11, y encuentra sustento en las constituciones de los Estado de la región que reconocen los derechos al medio ambiente sano, la salud y la alimentación.

123. En cuanto a su contenido normativo del derecho al agua como derecho autónomo, la Corte ha expresado que ’el acceso al agua […] comprende ‘el consumo, el saneamiento, la colada, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica’, así como para algunos individuos y grupos también […] ‘recursos de agua adicionales en razón de la salud, el clima y las condiciones de trabajo’’. Asimismo, que ’el acceso al agua’ implica ’obligaciones de realización progresiva’, pero que ’sin embargo, los Estados tienen obligaciones inmediatas, como garantizar [dicho acceso] sin discriminación y adoptar medidas para lograr su plena realización’. Además, que los Estados deben brindar protección frente a actos de particulares, de forma que terceros no menoscaben el disfrute del derecho al agua, así como ’garantizar un mínimo esencial de agua’, en aquellos ’casos particulares de personas o grupos de personas que no están en condiciones de acceder por sí mismos al agua […], por razones ajenas a su voluntad’.

124. En este punto, el Tribunal precisa que existe una estrecha relación entre el derecho al agua como faceta sustantiva del derecho al medio ambiente sano y el derecho al agua como derecho autónomo. La primera faceta protege los cuerpos de agua como elementos del medio ambiente que tienen un valor en sí mismo, en tanto interés universal, y por su importancia para los demás organismos vivos incluidos los seres humanos. La segunda faceta reconoce el rol determinante que el agua tiene en los seres humanos y su sobrevivencia, y, por lo tanto, protege su acceso, uso y aprovechamiento por los seres humanos. De este modo, la Corte entiende que la faceta sustantiva del derecho al medio ambiente sano que protege este componente parte de una premisa ecocéntrica, mientras que -por ejemplo- el derecho al agua potable y su saneamiento se fundamenta en una visión antropocéntrica. Ambas facetas se interrelacionan, pero, no en todos los casos, la vulneración de uno implica necesariamente la violación del otro.

125. Por otra parte, la Corte recuerda que el derecho al medio ambiente sano incluye el derecho al aire limpio y al agua. Este derecho se encuentra cubierto por la obligación de respeto y de garantía, prevista en el artículo 1.1 de la Convención, una de cuyas formas de observancia consiste en prevenir violaciones. Esta obligación se proyecta a la esfera privada para evitar que terceros vulneren los bienes jurídicos protegidos, y abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que sus eventuales violaciones sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito. En esta línea, la Corte ha señalado que en ciertas ocasiones los Estados tienen la obligación de establecer mecanismos adecuados para supervisar y fiscalizar ciertas actividades a efecto de garantizar los derechos humanos, protegiéndolos de las acciones de entidades públicas, así como de personas privadas. La obligación de prevenir es de medio o comportamiento y no se demuestra su incumplimiento por el mero hecho de que un derecho haya sido violado (…)’ (el destacado fue agregado).

IV.- CASO CONCRETO. Los recurrentes aducen que son vecinos de Paraíso y se les informó que el ICAA está ejecutando un cobro retroactivo multimillonario a la municipalidad, por un problema con las tarifas aprobadas en el 2017 por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. El incumplimiento del pago generaría la suspensión del servicio de agua, lo que afectaría a por lo menos 20.000 personas. Sostienen que la amenaza de la suspensión del agua potable es ilegal y atenta contra el derecho al acceso al agua potables y los principios de continuidad y eficiencia en el servicio público.

Al respecto, con relación a los agravios expuestos por los accionantes, se delimita el amparo contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, ya que estos interpusieron el recurso contra dicha autoridad, y este Tribunal Constitucional, de conformidad con las pruebas allegadas a los autos, así como del informe rendido por parte de las autoridades recurridas, estima que llevan razón los recurrentes en sus alegatos, según se expondrá a continuación.

En efecto, se constató que por oficio no. UEN-SCMED-GAM-2025-00410 del 24 de febrero de 2025, la UEN Servicio al Cliente Medición GAM del ICAA le comunicó a la Municipalidad de Paraíso el cobro por venta de agua en gran volumen, de noviembre de 2017 a enero de 2025. Debido a lo anterior, en fecha indeterminada, la Municipalidad Paraíso interpuso los recursos de prescripción, revocatoria y nulidad concomitante contra la gestión cobratoria del servicio 5562057. Por resolución no. UEN-SC-GAM-2025-00183 de las 7:30 horas del 10 de abril de 2025, la UEN Servicio al Cliente GAM del ICAA declaró sin lugar los recursos de prescripción, revocatoria y nulidad concomitante. Asimismo, mediante oficio no. GG-2025-01114 del 28 de abril de 2025, la Gerencia General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados le reiteró al alcalde de Paraíso, lo siguiente: ‘(…) me permito comunicarle que, a la fecha, la Municipalidad de Paraíso presenta un atraso en el pago de los recibos correspondientes al servicio NIS 5562057 siendo que el último recibo venció el 21 de abril de 2025. …hemos tenido a bien otorgar un plazo adicional de tres (3) días hábiles, contados a partir de la fecha de esta comunicación, para que se proceda con el pago de las facturas pendientes (…)’. Y por oficio no. UEN-SCMED-GAM-2025-00960 del 22 de mayo de 2025, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, nuevamente, le indicó a la Municipalidad de Paraíso lo siguiente: ‘(…) de acuerdo con lo que se observa en el sistema comercial del AyA, el servicio identificado con el NIS 5562057, a nombre de la Municipalidad de Paraíso, presenta a la fecha varios pendientes de pago y uno de ellos corresponde a la factura emitida el 06 de mayo de 2025 (por el consumo de agua de abril del 2025), por un monto total de ₡46 985 022.00, la cual venció el 20 de mayo de 2025. A pesar de las gestiones previas de cobro realizadas y de los plazos concedidos a ustedes para la regularización de la situación, el pago indicado aún no ha sido recibido. Por lo anterior y en cumplimiento de la normativa vigente, incluida en el Reglamento de Prestación de Servicios del AyA, debemos suspender el servicio brindado. No obstante, con el propósito de evitar afectaciones a la población de Paraíso, hemos decidido concederles una prórroga de 10 (diez) días naturales adicionales para que puedan realizar el pago indicado. Si dentro de este plazo la situación no se regulariza nos veremos en la obligación de proceder con la suspensión del servicio de agua a partir del día 02 de junio de 2025 (…)’.

De lo expuesto, se constata que existe un conflicto entre la Municipalidad de Paraíso y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, e impacta, eventualmente, en los usuarios del cantón de Paraíso, ya que, si el instituto recurrido en virtud del cobro que le hace a la municipalidad le suspende el suministro de agua, los usuarios no tendrían agua potable. Lo que existe es una discusión técnica de fondo si procede o no el cobro que el instituto recurrido le está haciendo a la Municipalidad de Paraíso de manera retroactiva del 2017 a la fecha, en virtud del acuerdo que dictó el ARESEP en aquel momento. Discutir la validez, aplicación, alcances, contenido del informe del ARESEP y si debe ser tramitado por una vía u otra, es un asunto de legalidad y no le corresponde a la Sala Constitucional determinar el alcance de aquel informe del ARESEP, la modalidad que la Municipalidad de Paraíso deba cancelar, el monto, ni el momento de dicha cancelación.

Por otra parte, está la prestación del servicio de agua potable y el derecho al acceso al agua potable, en este caso no estamos ante la provisión de servicios nuevos de agua potable, ni suspensiones por falta de pago de los usuarios, en este momento los usuarios son ajenos a la problemática que se suscita entre la Municipalidad de Paraíso y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y por esta razón no tienen por qué sufrir la suspensión del servicio de agua potable. La decisión del instituto recurrido para suspender el servicio a la Municipalidad de Paraíso implicaría la afectación a los usuarios del cantón de Paraíso. Si bien es cierto, la Sala entiende que puede haber una eventual necesidad de que la municipalidad y el instituto recurrido definan el monto, cuándo y cómo se debe pagar, eso no puede trascender de ninguna manera a los usuarios. Aunado a que el asunto está judicializado ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Se tramitó proceso de medida cautelar, bajo el expediente no. 25-002942-1027-CA-1, donde figura como actora la Municipalidad de Paraíso y demandado el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Y se dictó la resolución de las 11:10 horas del 9 de mayo de 2025, ordenando la medida cautelar: ‘(…) SE ACOGE la presente solicitud de MEDIDA CAUTELAR EN CARÁCTER DE PROVISIONALÍSIMA, formulada por MUNICIPALIDAD DE PARAISO, representado por Nombre42180  ; contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS. Se dispone LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN-SCMED-GAM-2025- 00410, DEL 24 DE FEBRERO DEL 2025, SE REALIZA EL COBRO POR VENTA DE AGUA EN GRAN VOLUMEN 2017 A ENERO 2025, Y EL OFICIOGG-2025-01114 DEL 28 DE ABRIL DEL 2025. DEBERÁ EL DEMANDADO ABSTENERSE DE REALIZAR CUALQUIER ACCIÓN TENDIENTE AL COBRO PRODUCTO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ARRIBA SEÑALADOS, ASIMISMO, DEBERÁ ABSTENERSE DE REALIZAR CUALQUIER ACCIÓN TENDIENTE A LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE AGUA. EN CASO DE QUE YA HUBIERE OPERADO UNA SUSPENSIÓN, DEBERÁ PROCEDERSE DE FORMA INMEDIATA A LA HABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA (…)’. En consecuencia, es en esa vía donde se discutirá y resolverá lo que en derecho corresponda.

V.- CONCLUSIÓN. Bajo este orden de circunstancias se impone declarar parcialmente con lugar este recurso, únicamente, en cuanto a la prestación del servicio de agua potable. En lo demás, se declara sin lugar el recurso …”.

 En virtud de lo anterior, la Sala ordenó lo siguiente:

“Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente, en cuanto a la prestación del servicio de agua potable. Se ordena a Juan Manuel Quesada Espinoza y María Alejandra Mora Segura, por su orden presidente ejecutivo y gerenta general, ambos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y a Michael Álvarez Quirós y Víctor Meza Calderón, por su orden alcalde y encargado del Acueducto Municipal, ambos de la Municipalidad de Paraíso, que establezcan las instancias de coordinación que se encuentren dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, para que en el proceso de determinación de la existencia de algún adeudo entre la Municipalidad y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y aún ante el supuesto que llegare a determinarse tal adeudo, no se afecte de manera alguna la prestación del servicio de agua potable a los usuarios del cantón de Paraíso y se les garantice el suministro de dicho líquido: lo anterior implica que, en el caso de acreditarse formalmente algún adeudo entre las instituciones señaladas, el mismo deberá ser instado mediante las vías de legalidad pertinentes sin afectar de modo alguno a los usuarios indicados…”

Como esa sentencia, dictada recientemente, se pronunció sobre el mismo problema que aquí se discute, deberán estarse las partes a lo ordenado en esa oportunidad.

 V.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

  Deberán estarse las partes de este proceso, a lo resuelto por esta Sala en la sentencia número Nº 2025-019652 de las 09:20 horas del 27 de junio de 2025.

 

 

 

 

 

 

	

Nombre137  V.

Presidente

	

 




Nombre152  C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 L7BQ0XTD7UW61

EXPEDIENTE N° 25-015818-0007-CO

 

Teléfonos: Telf46 /  (). Fax: Telf47 / Telf48. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección12 , Dirección13 , 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:58:15.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at nine hours fifteen minutes of the first of August two thousand twenty-five.

An recurso de amparo (amparo appeal) processed in expediente (case file) number 25-015818-0007-CO, filed by Nombre42179, identity card CED33634, against the MUNICIPALIDAD DE PARAÍSO and the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA).

**WHEREAS:**

1.- Through a document received in this Chamber at 9:26 hours on June 3, 2025, the petitioner files a recurso de amparo against the MUNICIPALIDAD DE PARAÍSO and the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA). He states that he is a resident of Paraíso de Cartago, reason for which the potable water service is supplied by the respondent municipality, through the Department of the Municipal Aqueduct. He indicates that because the water comes from intakes operated by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), the latter intends to charge the respondent municipality for the capture and conveyance of the water. Due to the foregoing, the municipality of Paraíso has indicated that the charge is improper and, for this reason, has refused to pay the respondent institute. He claims that, given what has occurred since approximately May 2, 2025, the described problem between the respondent public entities caused the ICAA to issue a statement through its social networks informing that it will suspend the potable water supply to the Municipalidad de Paraíso (see evidence submitted to the file). He argues that the ICAA's justification for suspending the supply is based on the lack of payment; furthermore, it argued that the suspension is indeed proper since the relationship is with the respondent municipality and not with the persons receiving the service. He considers that the situation described causes anguish and worry, because although a contractual relationship exists between the respondent authorities, the truth is that the consumers are the ones truly affected. For the reasons stated, he requests that the recurso be granted and the respondents be ordered to respect the human right to potable water under equal conditions.

2.- By means of a resolution at 13:58 hours on June 3, 2025, the Presidency of the Constitutional Chamber admitted the recurso de amparo and forwarded it to the mayor and the head of the Department of the Aqueduct, both of the Municipalidad de Paraíso; as well as to the executive president of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA).

3.- Through an document filed in the Legal System on June 4, 2025, Alejandro Pacheco Castro, deputy for the Province of Cartago, appears before this Chamber for the purpose of filing a coadyuvancia (joinder) in the recurso. He indicates that the last paragraph of constitutional article 50 clearly develops the right of access to potable water as an essential good of life as a human right. We relate this rule to constitutional article 21 on the right to life and the right to health. 2.-) That on June 4, 2025, arbitrarily and discriminatorily, without due process, the Executive President Juan Manuel Quesada Espinoza, Executive President of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA), gave the order to cut off the public potable water service to the community of Paraíso de Cartago, justifying it with a lack of payment from the Municipalidad de Paraíso. 3.-) That we have been informed by the news published by journalist Alonso Martinez from the media outlet Delfino.CR on June 2, 2025, reporting the following: The last paragraph of article 50 of the Constitution clearly develops the right of access to potable water as an essential good of life as a human right. We relate this rule to constitutional article 21 on the right to life and the right to health. which shall be created for these purposes and the supply of potable water for consumption by persons and populations shall have priority." (This paragraph added by article 1, of Ley N° 9849 of June 5, 2020. Published in La Gaceta N° 159 of July 2, 2020.) (This article reformed by Ley N° 7412 of June 3, 1994; published in La Gaceta N° 111 of June 10, 1994.) AyA requests Municipality cancel 46 million debt for the month of May of this year. The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) informed the residents of the canton of Paraíso that, due to the non-payment of the latest bill by the municipality, the cut-off of the potable water service will proceed this Wednesday, June 4, in the afternoon. Last week, AyA reported that the municipality maintains a debt exceeding 3418 million, for water supplied since 1997. Although that amount is temporarily suspended by a resolution of the Tribunal Contencioso Administrativo (Administrative Dispute Tribunal), the municipality also owes 46,985,022 corresponding to the month of May of this year, whose payment deadline expired last May 20. In a press release, the institution stated: For more than a year, AyA has tried by all possible means to resolve this situation without affecting the people. Deadlines have been extended and prorogued, payment arrangements have been offered and even". They added that this weekend, Mayor Michael Álvarez was offered a little more time to pay the April bill, but the official ignored the efforts and refuses to pay the latest bill with an expiration date of last May 20. Despite the additional deadline given to pay the latest bill expired yesterday Sunday, AyA decided to give time until this Wednesday afternoon so that families can prepare and collect water.". The president of AyA expressed that, if the suspension takes effect, the mayor is solely responsible. This decision is made in the interest that people do not suffer hardship and can prepare, can collect the water they need, and can even go to their mayor to demand an explanation as to why he is subjecting them to this injustice’’. AyA called on the municipality and the councilors of the canton to make the payment and "not expose their people to this unjust situation". Faced with this situation, the Municipalidad de Paraíso filed an objection to the charge and of absolute nullity of the administrative act before AyA. This has not yet been resolved, so they called for respect for the Costa Rican rule of law.". 4.-) That as Deputy and faction chief, I have requested the intervention of the Defensoría de los Habitantes (Ombudsman's Office), because that arbitrary decision of Mr. Juan Manuel Quesada Espinoza, Executive President of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA), does not affect the fundamental rights of access to potable water and the right to life that would affect the community of Paraíso de Cartago with the suspension of the potable water service. In this sense, Ms. Angie Cruickshank Lambert, Ombudsperson of the Republic has issued official communication No. DH-CV-0577-2025 dated Tuesday, June 3, 2025, stating the following: "In this regard, yesterday, through the press, the Ombudsman's Office learned that on Friday, May 30, AyA issued a press release indicating that, on Monday, June 2, the water service cut-off would be taking place for the more than 4200 subscribers of the canton of Paraíso, due to the Municipality's refusal to accept the AYA charge. Faced with this situation, through official communication N° 05954-2025-DHR which is attached, this Oversight Body, in compliance with its mandate regarding the human rights of the population to a healthy environment and potable water, and in accordance with the Political Constitution and national jurisprudence, reminded AyA that it must ensure the availability of potable water for the population and cannot leave 4200 subscribers without liquid service. (...) In this regard, I inform you that the Defensoría de los Habitantes stated that it will attend the convened table in the capacity of Active Observer, represented by the undersigned and technical staff from the Directorate for Quality of Life and Economic Studies; hoping that such a meeting will be a space for transparent and respectful dialogue, in which the institutions can present their technical and legal positions, keeping the center of the discussion the right that the inhabitants of Paraíso have to access water under conditions of reliability, quantity, and quality. Based on the results of that table, this Oversight Body will assess, within the framework of its competencies, how it can continue its intervention, having as the aim the guardianship and protection of the right to access potable water of the community of Paraíso, of all of which we will keep you informed." 5.-) That the existing dispute between the Municipalidad de Paraíso and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA), cannot give rise to an arbitrary and discriminatory decision that affects fundamental rights of the residents of Paraíso de Cartago. According to administrative and constitutional regulations, and based on the principle of legality, the problem must be resolved by the public authorities of both institutions, without affecting the essential rights of the persons residing in said community. 1.-That this joinder be accepted to Expediente No. 25-015818-0007-CO, recurso de amparo and medida cautelar (precautionary measure) against the Municipalidad de Paraíso and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. 3.-That the suspension of the arbitrary and discriminatory order of suspension of the potable water supply to the population of the canton of Paraíso be maintained".

4.- Through a document filed in the Legal System on June 9, 2025, Nombre42180, Mayor of Paraíso and Víctor Meza Calderón, person in charge of the Municipal Aqueduct, inform that: "I. BACKGROUND: First: In 1987 the Municipalidad de Cartago and Municipalidad Paraíso jointly with the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (hereinafter AYA), signed an agreement for the construction of a water treatment plant and its financing. This agreement established the obligation of the signatory municipalities to pay the costs of water treatment and this was done until July fifteen, two thousand twenty-four. It is of vital importance to make clear to this honorable Chamber, that in reality a rate was not established for the cubic meter of water that each municipality would receive; the reason is simple, plain, and logical, because the water that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados markets is extracted from Orosi in the Canton of Paraíso of the Province of Cartago, without indemnifying a single cent. Second: In 2021, unilaterally, AYA began a study of block rates for large consumers in which the municipalities of Cartago and Paraíso were included. Determining an ex officio rate setting for the aqueduct service that AYA supplies. Expediente ET-113-2022. Third: On August 18, 2023, the Municipalidad de Paraíso, like that of Cartago, appealed said charge before the Board of Directors of ARESEP, a recurso that is pending resolution, so there is litis pendencia (pending litigation) regarding the origin and amount that they illegally and disproportionately want to charge the Municipalidad de Paraíso. Fourth: In 2024, AYA initiated outreach meetings with both Municipalities, in order to proceed with the respective charge, to which the Municipalidad de Cartago and Paraíso refused, as the recursos (appeals) filed before the Board of Directors of ARESEP are pending resolution. Fifth: In February 2025, ARESEP decides to apply the 2017 rate schedule study, which contemplates block water consumption for Asadas (rural aqueduct associations), however, it does not contemplate the Municipalities in said study. II. REGARDING THE FACTS: First: On February 24, 2025, AYA forwards to the Municipalidad de Cartago and Paraíso, Official Communication UEN-SCMED-GAM-2025-00410, where the charge for bulk water sale 2017 to January 2025 is made. Second: On February 25, 2025, through official communication AM-OF-194-2025/ALC-221- 2025, both Municipalities, present their oppositions arguing statute of limitations (prescripción), ordinary remedies of revocatoria (revocation) and appeal (apelación), as well as concomitant nullity (nulidad concomitante) against Official Communication No. UEN-SCMED-GAM-2025-00408 addressed to the Municipalidad de Cartago and against Official Communication No. UEN-SCMED-GAM-2025-00410, addressed to the Municipalidad de Paraíso, both signed by Luis Gustavo Cuadra Berrocal, UEN Client Service Metering GAM, Raquel Anglieti Diaz, UEN Client Service and Alejandro Calderón Acuña, Deputy Management of GAM Systems Management, all from the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, for the bulk water sale charge, covering November 2017 to January 2025. Third: On April 23, 2025, through resolution UEN-SCGAM-2025-00183, at seven hours thirty minutes of April 10, 2025, AYA resolves the exception of statute of limitations (excepción de prescripción) and the ordinary recoursos of revocatoria (revocation) and concomitant nullity (nulidad concomitante), against the collection action on services NIS5561478 (Cartago) and NIS5562057 (Paraíso), where in its por tanto (wherefore) they declared the statute of limitations and ordinary recurso of revocatoria and concomitant nullity without merit and confirms the notifications issued through official communications UEN-SCMED-GAM-2025-00408 and UEN-SCMED-GAM-2025-00410, maintaining the collection action for an amount of ¢3,275,453,917.00 (three billion two hundred seventy-five million four hundred fifty-three thousand nine hundred seventeen colones without centimes). We are awaiting the hearing and resolution of the subsidiary appeal, which is relevant within the framework of the administrative due process. Once again, there is litis pendencia (pending litigation). Fourth: AYA sends the Municipalidad de Paraíso Official Communications No. GG-2025-01114 of April 28 and GG-2025-01151 of April 30 respectively, both of 2025, issued by Management, for the purpose of communicating that we have deadlines of three (3) business days and ten (10) calendar days respectively, to proceed with the payment of the pending invoices and if payment is not made, the suspension of the potable water service will proceed, affecting more than 20,000 people in the Canton of Paraíso. Fifth: In response to this situation and facing the threat of suspension of the potable water service that would affect approximately that number of inhabitants of the canton, the Municipality filed a medida cautelar (precautionary measure) before the Tribunal Contencioso Administrativo (Administrative Dispute Tribunal), which is heard under judicial expediente number 25-002942-1027-CA, through the resolution at eleven hours ten minutes of May nine, two thousand twenty-five, the Tribunal Contencioso Administrativo granted and decreed it in its provisionalísima (ultra-provisional) modality, suspending the effects of the challenged administrative act, stating the following in its operative part: "In accordance with the foregoing, cited laws invoked, THE PRESENT REQUEST FOR A MEDIDA CAUTELAR (Precautionary Measure) IN THE CHARACTER OF PROVISIONALÍSIMA (Ultra-Provisional) IS GRANTED, filed by MUNICIPALIDAD DE PARAISO, represented by Nombre42180 ; against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS. THE SUSPENSION OF THE EXECUTION OF THE ADMINISTRATIVE ACTS EN-SCMED-GAM-2025- 00410, OF FEBRUARY 24, 2025, THE CHARGE FOR BULK WATER SALE 2017 TO JANUARY 2025 IS MADE, AND OFFICIAL COMMUNICATION GG-2025-01114 OF APRIL 28, 2025 IS ORDERED. THE DEFENDANT MUST REFRAIN FROM CARRYING OUT ANY ACTION AIMED AT COLLECTION RESULTING FROM THE ADMINISTRATIVE ACTS INDICATED ABOVE, LIKEWISE, IT MUST REFRAIN FROM CARRYING OUT ANY ACTION AIMED AT THE SUSPENSION OF THE WATER SERVICE. IN THE EVENT THAT A SUSPENSION HAS ALREADY TAKEN PLACE, THE IMMEDIATE RESTORATION OF THE WATER SERVICE MUST PROCEED. A hearing is granted for a TERM OF THREE BUSINESS DAYS to the defendant, so that they may respond in writing (article 24.1 of the Código Procesal Contencioso Administrativo), PRIOR to carrying out the notification, the plaintiff must provide a set of copies of all proceedings". Sixth: That through resolution number GG-R-2025-0227, issued by General Management of AYA, the appeal interposed by the Municipalidad de Paraíso and Cartago is resolved, rejecting such appeal remedy and deeming the administrative route exhausted. Seventh: That through Official Communication AM-OF-501-2025/ ALC-499-2025 from the Municipalities of Paraíso and Cartago, the recurso de nulidad absoluta (motion for absolute nullity) for lack of jurisdiction and, in the alternative, the recurso de aclaración y adición (motion for clarification and addition) to resolution number GG-R-2025-0227 from General Management of AYA is filed, therefore it is not true that the administrative route has been exhausted, moreover, because the resolutions mentioned have not yet become final. Eighth: Currently, said medida cautelar (precautionary measure) is in the process of a definitive resolution, so any action by AyA that implies the suspension of the service is temporarily suspended until the Tribunal Contencioso issues a ruling once AYA rules on such measure. Ninth: That through official communication number UEN-SCMED-GAM-2025-00960 from the UEN Client Service Metering GAM of AYA, they notified the Municipality of the charge for the May 2025 bill for an amount of ₡46,985,022.00 (forty-six million nine hundred eighty-five thousand twenty-two colones), indicating that the service suspension would take place on June 2, 2025, if not paid, which keeps the right of access to potable water for more than 20,000 residents in the canton of Paraíso in suspense, despite the fact that the substance of the conflict remains pending administrative and contentious resolution. Tenth: Through a document filed on May 26, 2025, this party requested the expansion of the ultra-provisional medida cautelar granted by this Honorable Tribunal in a resolution issued at 11:10 hours on May 9, 2025, within the present expediente. The expansion requested had the purpose of ordering AyA to refrain from executing, applying, or deriving legal consequences from the new collection act identified in official communication UEN-SCMED-GAM-2025-00960, corresponding to the month of May 2025, as well as from issuing new acts of a similar nature and from making public or administrative threats relating to the suspension of potable water service in the canton of Paraíso, while the aforementioned medida cautelar remains in force. Eleventh: The Tribunal Contencioso Administrativo, through a resolution issued at 16:02 hours on May 27, 2025, within expediente No. 25-002942-1027-CA, resolved to reject the request for expansion of the ultra-provisional medida cautelar filed by this Municipality. The reason for said rejection was that the measure initially granted only suspended the effects of the administrative acts identified as UEN-SCMED-GAM-2025-00410 and GG-2025-01114, without extending to subsequent acts such as the charges corresponding to the month of May 2025. III. REGARDING THE FACTUAL ELEMENTS ALLEGED BY THE PETITIONER IN THE RECURSO: The petitioner comes before this Constitutional Chamber understanding that access to potable water is a clearly established fundamental right. The petitioner alleges that he is a resident of Paraíso de Cartago, so he understands that the potable water service is supplied by the Municipalidad de Paraíso, moreover, that the water comes from the intakes operated by AYA, so said institution intends to charge for the capture and conveyance of the water, however, he understands that the Municipality does not pay the requested amount because the Municipal Chamber claims the charge is illegal and improper. Therefore, he claims that approximately since last May 2, 2025, the problem between both public entities caused AYA to issue a statement through its social networks informing that it will suspend the potable water supply to the inhabitants of Paraíso, indicating that said suspension is due to the lack of payment by the respondent Municipality. He argued that this situation has caused him anguish and worry, because although a contractual relationship exists between the respondent authorities, the truth is that the consumers are the ones truly affected. The Municipalidad de Paraíso understands and absolutely defends the rights of the users, because it is effectively to the Municipalidad de Paraíso that in general terms they punctually pay for the provision of such public service, the municipality being protected not only in constitutional norms but in the same Código Municipal in its article 4 subsection d) that empowers it to define its tasas (local taxes), prices and rates; in addition, it is not difficult to gauge the devastating effects that the suspension of the potable water service could cause not only from the point of view of Public Health, but also in homes, businesses, and industries. However, despite the unwavering defense that the Municipalidad de Paraíso has been exercising, it cannot guarantee the citizens that AYA will not carry out its threat of service suspension, since the official communications whose suspension is requested in this Amparo, emanate from AYA, not from this Municipality. On the other hand, it is worth mentioning that while it is true there is a substantive issue that lies in the disjunctive of whether or not the imposition of rates fixed by ARESEP is proper, it is also true that the principle of municipal autonomy allows the Local Government to carry out its own technical studies to define the costs of the services it provides, however, AYA's decision to impose the rates of said Regulatory Authority overlooks the fact that the multi-million and substantial variation that exists between the rates that were being applied based on the agreements with AYA and those now imposed by ARESEP, will unquestionably affect the users, because it is not possible for the Municipality to provide public services without charging the costs of that provision. Said scope of such principle of municipal autonomy was already being analyzed by this Constitutional Chamber, when different aspects of unconstitutionality were being sized up that were set forth in the well-known resolution of this Constitutional Chamber Res: 1999-05445, at fourteen hours thirty minutes of July fourteenth, nineteen ninety-nine, in which, among other issues, the capacity of ARESEP to define prices and rates on services not expressly reserved to the municipalities was addressed, let us see: "Warning must be made that this rule, in the opinion of the Chamber, was partially repealed by virtue of the Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, number 7593, of March twenty-eight, nineteen ninety-six, by which the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos was created, which is responsible for setting the prices and rates of the public services defined in article 5 of its law, so that with respect to local services, it only has competence to set rates for the collection and treatment of solid and industrial waste. That is, until the effectiveness of the new Código Municipal, this had full application to the municipalities, in what corresponds to the setting of municipal rates, and as of Ley 7593, it continues to be in force in what was not expressly transferred to the Regulatory Authority." So much so that, with the decisions that AYA has been imposing, it will be the users who are doubly affected, not only by the suspension of the potable water service with all the effects that this itself entails, but because AYA, ignoring principles of municipal autonomy, legality, and legal reserve, intends to force the Municipality to pass on such disproportionate costs to the users of our canton. It is necessary to indicate that in the canton of Paraíso, according to the registry of the Target Population System (SIPO), a total of 12,546 persons are part of the population in a condition of poverty, a situation confirmed by the National System of Information and Unique Registry of State Beneficiaries (SINIRUBE). This socioeconomic condition represents a situation of structural vulnerability that demands special protection from the State and its institutions, in accordance with the principles enshrined in the Political Constitution of the Republic of Costa Rica and in the international human rights instruments signed by the country. Faced with this reality, the attempt to apply a 250% increase in the charge for water service constitutes a flagrant violation of the fundamental right of access to potable water, consecrated as a human right by Resolution A/RES/64/292 of the General Assembly of the United Nations, as well as by reiterated jurisprudence of the Constitutional Chamber, which has established that access to water is a right inherent to human dignity. Applying a rate increase of this magnitude, without considering the poverty situation of thousands of families, represents a disproportionate, unreasonable act, contrary to the principle of equality before the law, for its effects, read precept 33 of the Political Constitution, directly affecting the well-being, health, and dignified life of a historically excluded population. For this reason, this party requests that the constitutional right of these persons to access potable water under fair and affordable conditions be immediately protected, and that the suspension or annulment of any measure that implies the application of the aforementioned rate increase to this vulnerable population be ordered.".

5.- Through an document filed in the Legal System on June 9, 2025, Juan Manuel Quesada, Executive President of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, informs that: "REGARDING THE FACTS ALLEGED BY THE PETITIONER In response to the situation that is the object of the amparo filed by Mr. Nombre42179, against the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, and based on the technical report prepared by Licenciada María Isabel Quirós Montero, official of the UEN Client Service Metering GAM, through Memorandum No. UEN-SCMED-GAM-2025-01057 dated June 5, 2025, which is attached as evidence of this report, and the scope of the rule regulated to that effect in the Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA (Regulation for the Provision of AyA Services), it is demonstrated that: 1. The management of the water supply in bulk began in 1982, when various municipalities, including the Municipalidad de Paraíso, requested the intervention of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados to improve the potable water supply in the Province of Cartago. This collaboration was formalized through agreements for Financing and Execution of Works between AyA and the Municipalities of Cartago and Paraíso in 1987, and an addendum was formalized in 1997; the main objective was to obtain a loan from the Inter-American Development Bank (IDB), authorized by the Legislative Assembly, which enabled the creation of the current Municipal aqueduct and the improvement in the quality and coverage of water service for Cartago and Paraíso (See report No. UEN-SCMED-GAM-2025-01057). 2. Initially, AyA was responsible for setting the rates of the municipal operators, supervising that they covered operational costs and investment plans; this role was crucial, since AyA was the debtor before the financial entities, and the municipalities, in turn, were so before AyA; subsequently, this scheme was modified with the creation of the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) and new interpretations of the Código Municipal, and at present, AyA is subject to the regulation of ARESEP, while the municipalities, according to article 3 of the Código Municipal, are responsible for the administration of cantonal services, including potable water. During the term of the agreement dating from 1987, AyA charged for the operation and maintenance of the Water Treatment Plant located in Cartago, including the costs of water supplied and its potabilization, the Municipalidad de Paraíso paid these items with total willingness, therefore, it is incomprehensible that ignorance is now being alleged or a refusal to what was charged by the institution is presented. Thus, AyA historically used its own scheme for charging for bulk water sales to the Municipalities of Cartago, this due to the absence of a rate schedule approved by ARESEP; however, starting October 20, 2017, through resolution RIA-010-2017, the Water Administration set the rates for this service, making it binding for all providers to adhere to the charging of this rate (See report No. UEN-SCMED-GAM-2025-01057. 3.

In compliance with the legal obligations of accounting, financial, and technical regulation and oversight of the Water Superintendency (Intendencia de Agua), and in exercise of its authority over the actions of public service providers, that entity conducted a technical inspection that resulted in the issuance of the “Report on the oversight of the sale of water to municipalities by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados). GTI-2024-14459.” This report details significant findings that highlight AyA’s obligation to charge for services regulated by ARESEP in accordance with the rates set by this authority, without disregarding it through agreements or contracts, given its binding nature. Based on the foregoing, and in accordance with the rates approved by the Public Services Regulatory Authority (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos), the calculation of the corresponding amounts for the water consumption provided to the Municipality of Paraíso during the periods from November 2017 to January 2025 was carried out (See report No. UEN-SCMED-GAM-2025-01057). 4. By means of document UEN-SCMED-GAM-2025-00410 sent on February 24, 2025, the Municipality of Paraíso was notified of the calculation made; the outstanding amount totals ₡3,275,453,917.00 (three billion two hundred seventy-five million four hundred fifty-three thousand nine hundred seventeen colones and zero céntimos) corresponding to the sale of water during the periods from November 2017 to January 2025. The charge made is legally supported, in accordance with Article 14, subsections a) and c) of the Law of the Public Services Regulatory Authority, Law No. 7593, which provides for the obligation of providers to comply with the provisions on service provision and to supply the information required by said law, also invoking Article 38, which establishes the conduct classified as the non-collection of rates and prices different from those set, authorized, and established by the regulatory body (See report No. UEN-SCMED-GAM-2025-01057). 5. Regarding the charge made for the periods from November 2017 to January 2025, both the Municipality of Paraíso and that of Cartago filed ordinary and extraordinary appeals under official letter AM-OF-194-2025/ALC-221-2025, which were addressed and answered by the institution with documents UEN-SC-GAM-2025-00183 and GG-R-2025-0227, concluding that, at the AyA level, the administrative route has been exhausted. This Institute is aware of actions taken before the legislative branch and has been notified of the precautionary measure and its extension followed in Case File No. 25-002942-1027-CA, which has already been answered in that instance; however, this precautionary measure is related to the collection of the sums owed for the periods from November 2017 to January 2025, but not to subsequent billings. It should be noted that this judicial action must follow its course and the corresponding process (See report No. UEN-SCMED-GAM-2025-01057). 6. The service is currently being provided without issues, generating to date an outstanding amount for the sale of raw water to the Municipality of Paraíso amounting to one hundred eighty-nine million colones, and regarding the billings for February, March, and April 2025, there is no technical or legal justification that prevents the collection of the invoices and, therefore, their cancellation. Likewise, as the Regulation for the Provision of Services, published in Gazette No. 27, Supplement No. 29 of February 9, 2021, is the regulatory framework for AyA’s commercial activities, it is imperative to point out what is stipulated in Article 108, which establishes the non-payment of invoices as grounds for service suspension, with the invoice that expired on May 20th of the current year, which remains unpaid to date, being the one that could generate the cause for service suspension. For this reason, document UEN-SCMED-GAM-2025-00960 was issued for the purpose of notifying the corresponding preventive collection notice and the possibility of service suspension should the payment of the obligation arising from the service actually provided in the month of May, pending payment as of that date, not be met. It is of vital importance to highlight that, in that same document, AyA, aware of the impact that a potential service suspension would have on the continuity of municipal activities and the well-being of its inhabitants, acting in good faith, decided to grant an additional period beyond that established by the Commercial System, so that the Municipality could approach them to regularize its situation. This measure reflects the institutional commitment to the public interest, prioritizing dialogue and the search for joint solutions, even when previous proposals have been rejected by the Municipality of Paraíso; all of this without disregarding the strict compliance with the regulatory framework, the protection of the Institute’s financial sustainability, and the observance of its institutional functions and responsibilities. Notwithstanding the foregoing, AyA reserves the right to resort to other instances to execute the collection of the remaining sums owed, given that, by law, the services provided cannot be free of charge. Despite the regulatory clarity and the existing outstanding amount for recent periods, it is evident that the institution has been open to dialogue regarding a payment agreement, without receiving a positive response from the Municipality of Paraíso to date (See report No. UEN-SCMED-GAM-2025-01057). (…). III. CONCLUSIONS By virtue of the foregoing, it must be clear that AyA’s actions are subject to the Principle of Legality enshrined in Article 11 of our Magna Carta and the General Law of Public Administration; a principle that subjects all Public Administration to act in accordance with the legal system, as well as the unequivocal rules of science and technique supported by Article 16 of the General Law of Public Administration and the scopes regulated in Articles 1, 2, 3, 7.123, 8, 11, 107, 108, 121, 122, 125, 126, 127, 130, 131, 132, and 135 of the Regulation for the Provision of AyA Services, Law No. 7593 Law of the Public Services Regulatory Authority, and also the provisions of ARESEP. It is important to conclude that the collection action carried out by AyA against the Municipality of Paraíso for the water sale service is legally appropriate, since by law it is not free. In this line, it is reiterated that ARESEP, the regulatory body, conducted an oversight of the water sale service that AyA provides to the Municipality of Paraíso and regulated the rates to be charged for that concept, this charge not being arbitrary or capricious. Hence, the discussion of the debt is a matter of legality and not of constitutionality, which must be discussed in the corresponding ordinary channel. While the Municipality of Paraíso has a debt with AyA dating back to 2017, to date the service for the sale of raw water provided by AyA to the Municipality is provided without issues. It is worth saying that the Municipality of Paraíso is the entity in charge of and responsible for the potabilization, distribution, operation, maintenance, optimization, and commercialization processes of the municipal aqueduct; therefore, it is the Municipality that provides the aqueduct service to the appellant and not AyA, which, as a public aqueduct service provider, sells water in bulk to the Municipality. For the reasons stated, the appellant’s fundamental rights have not been harmed by this Institute, none of its actions being capricious, arbitrary, or unfounded.".

6.- By means of a resolution issued at 12:06 hours on June 23, 2025, this Chamber, having reviewed the reports rendered by the Mayor of Paraíso, the head of the Municipal Aqueduct, both from the Municipality of Paraíso, and by the Executive President of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, ordered that the General Regulator of the Public Services Regulatory Authority -ARESEP- be heard.

 7.- By means of a brief filed on July 22, 2025, Eric Alonso Bogantes Cabezas, General Regulator and President of the Board of Directors of the Public Services Regulatory Authority, reports that: “In said amparo appeal, the following petition was stated: ‘(…) Clarifying that this appeal does not seek for the Chamber to rule on the legality or illegality of the charge that the respondent raises against the municipal entity, whether it is appropriate or not; what is sought with this appeal is that AyA be prohibited from using the total or partial suspension of the potable water supply to the Municipality of Paraíso as a pressure measure, because that directly affects the consumer of the liquid, and must maintain the usual pressure and the established meters per second; whether through embargoes, among others. PETITION: That the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers be prohibited from carrying out the total or partial suspension of the potable water supply to the Municipality of Paraíso for the non-payment of services for collection, transfer, and any other activity related to the existing relationship between the two, and must maintain the supply with the same usual pressure and the established cubic meters per second, and refrain from doing so in the future, without prejudice to using other coercive and legal mechanisms to achieve the intended collection, provided they do not put the supply of potable water at risk.’ Note from the previous citation how the appellant himself delimits his claim, making it clear that he does not intend to question the legality of the charge made by ICAA to the Municipality of Paraíso, but rather directs his appeal solely to questioning ICAA’s authority to suspend the potable water supply to said Municipality for the non-payment of potable water supply services, since, in his view, said provision is unconstitutional and violates his right of access to potable water. In view of the foregoing, it is evident that no action or omission on the part of my represented entity is being questioned regarding its functions as Regulatory Body for Public Services, so the filing of this constitutional amparo appeal against ARESEP is completely inappropriate. My represented entity was included in this constitutional amparo proceeding because the existence of an appeal that was filed before ARESEP’s Board of Directors is mentioned. In this sense, it must be noted that the existence of a pending appeal to be resolved by ARESEP does not directly affect the fundamental right of access to potable water alleged by the appellant, since it was filed against a rate-setting resolution issued by ARESEP directed to ICAA, and it does not contain an order to suspend the potable water sale service to the Municipality of Paraíso. It should also be added that the oversight of legal deadlines and the issuance of resolutions within administrative procedures corresponds to the contentious-administrative jurisdiction, as it is clearly a matter of legality, and not to the Constitutional Chamber.’"

8.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

 Drafted by Magistrate Hess Herrera; and,

 Considering:

 I.- REGARDING THE JOINDER FILED. The joinder is a form of adhesive intervention that occurs when a person acts in a proceeding by adhering to the claims of one of the main parties; consequently, anyone who holds a direct interest in the outcome of the appeal is legitimized to act as a joining party, but, not being a main actor, the joining party will not be directly affected by the judgment, meaning its effect cannot reach them directly and immediately, nor does the res judicata status of the ruling affect them, although in amparo matters, the effectiveness of the resolution may benefit them due to the "erga omnes" character of the jurisprudence and precedents of the constitutional jurisdiction (Article 13 of the Law of Constitutional Jurisdiction). In this case, the Chamber proceeds to admit the joinder filed because the applicant Alejandro Pacheco Castro -deputy for the Province of Cartago- has a direct interest in the resolution of this matter, as he is attending to and watching over various needs of the amparo beneficiaries.

 II.- OBJECT OF THE APPEAL. The appellant alleges that he is a resident of Paraíso de Cartago, which is why the potable water service is supplied by the respondent municipality, through the Municipal Aqueduct Department. He indicates that because the water comes from intakes operated by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (ICAA), it intends to charge the respondent municipality for the collection and conveyance of the water. Due to this, the municipality of Paraíso has indicated that the charge is inappropriate and, for that reason, has refused to pay the respondent institute. He complains that, regarding what has occurred since approximately May 02, 2025, the described problem between the respondent public entities caused ICAA to issue a statement through its social networks informing that it will suspend the potable water supply to the Municipality of Paraíso. ICAA’s justification for suspending the supply is based on the lack of payment; in addition, it argued that the suspension is appropriate since the relationship is with the respondent municipality and not with the people who receive the service. He considers that the exposed situation causes anguish and concern, since, although there is a contractual relationship between the respondent authorities, the truth is that the consumers are the ones really affected.

 III.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order:

 a) In 1982, various municipalities —including the Municipality of Paraíso— requested ICAA’s intervention to improve the potable water supply in the Province of Cartago, a collaboration that was formalized through Financing and Works Execution agreements between said institution and the Municipalities of Cartago and Paraíso. In this way, a loan was obtained from the Inter-American Development Bank (IDB), authorized by the Legislative Assembly, which made possible the creation of the current municipal aqueduct and the improvement in the quality and coverage of water service for Cartago and Paraíso (see reports rendered);

 b) During the term of the agreement, which dates back to 1987, ICAA charged for the operation and maintenance of the Potabilization Plant located in Cartago, including the costs of supplied water and its potabilization, for which it historically used its own charging scheme, and the Municipality of Paraíso paid these items (see reports rendered);

 c) Starting October 20, 2017, through resolution RIA-010-2017, the Water Superintendency (Intendencia de Agua) set the rates for this service, making it binding for every provider to adhere to the charging of this rate (see reports rendered);

 d) In compliance with the legal obligations of accounting, financial, and technical regulation and oversight of the Water Superintendency (Intendencia de Agua), and in exercise of its authority over the actions of public service providers, ICAA conducted a technical inspection that resulted in the issuance of the “Report on the oversight of the sale of water to municipalities by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers. GTI-2024-14459.” This report detailed significant findings that highlighted ICAA’s obligation to charge for services regulated by the Public Services Regulatory Authority (ARESEP) in accordance with the rates set by this authority, without disregarding it through agreements or contracts, given its binding nature (see reports rendered);

 e) Based on the foregoing and in accordance with the rates approved by ARESEP, the calculation of the corresponding amounts for the water consumption provided to the Municipality of Paraíso during the periods from November 2017 to January 2025 was carried out (see reports rendered);

 f) By means of official letter UEN-SCMED-GAM-2025-00410 sent on February 24, 2025, the Municipality of Paraíso was notified of the calculation made in this regard. In this sense, the amount calculated and pending payment, pursuant to Articles 14, subsections a) and c) and 38 of the Law of the Public Services Regulatory Authority, Law No. 7593, amounts to the sum of ₡3,275,453,917.00 (three billion two hundred seventy-five million four hundred fifty-three thousand nine hundred seventeen colones and zero céntimos) corresponding to the sale of water during the periods between November 2017 and January 2025 (see reports rendered);

 g) The Municipalities of Paraíso and Cartago filed ordinary and extraordinary appeals under official letter AM-OF-194-2025/ALC-221-2025, which were addressed and answered by ICAA through documents UEN-SC-GAM-2025-00183 and GG-R-2025-0227, concluding through them that, at the ICAA level, the administrative route had been exhausted (see reports rendered);

 h) Even so, at the time of rendering the report, the service was provided without issues, generating an outstanding amount for the sale of raw water to the Municipality of Paraíso that amounted to one hundred eighty-nine million colones and regarding the billings for February, March, and April 2025 (see reports rendered);

 i) ICAA issued document UEN-SCMED-GAM-2025-00960 for the purpose of notifying the Local Government of the corresponding preventive collection notice and the possibility of suspending the service should the payment of the obligation arising from the service actually provided in the month of May, which, at the time of rendering the report, was pending payment, not be made. Likewise, through that means, it decided to grant an additional period beyond that established by the Commercial System, so that said Local Corporation could approach them to regularize its situation (see reports rendered).

 IV.- ON THE MERITS. Having analyzed the filing brief of this appeal, the reports rendered, and the list of proven facts, this Court considers it necessary to remind ICAA of the provisions in judgment No. 2025-019652 issued at 09:20 hours on June 27, 2025, which ordered the following:

 ‘… ON THE RIGHT TO POTABLE WATER. First, it is appropriate to note that the right of access to potable water has been recognized in this venue in multiple jurisprudence and its conventional and constitutional backing has been stressed:

 ‘(…) V.- The Chamber recognizes, as part of Constitutional Law, a fundamental right to potable water, derived from the fundamental rights to health, life, the environment, food, and decent housing, among others, as has also been recognized in international instruments on Human Rights applicable in Costa Rica: thus, it appears explicitly in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (Art. 14) and the Convention on the Rights of the Child (Art. 24); in addition, it is enunciated in the International Conference on Population and Development in Cairo (principle 2), and declared in numerous other instruments of International Humanitarian Law. In our Inter-American Human Rights System, the country is particularly bound in this matter by the provisions of Article 11.1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights (‘Protocol of San Salvador’ of 1988), which provides that: ‘Article 11. Right to a healthy environment 1.-Everyone has the right to live in a healthy environment and to have access to basic public services.’ The lack of resources does not justify the failure of public administrations to fulfill their duties in providing this basic service. (CONSTITUTIONAL CHAMBER, resolutions 2003-04654 and 2004-007779).

 For its part, as well recognized by both the Attorney General’s Office and AyA’s representative in their reports, in the international field, the recognition of water as a human right and as a necessary precondition for all our human rights is also majority. It is held that without equitable access to a minimum requirement of potable water, other established rights would be unattainable —such as the right to an adequate standard of living for health and well-being, as well as other civil and political rights. In November 2002, the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights affirmed that access to adequate amounts of clean water for domestic and personal use is a fundamental human right of every person. Likewise, in General Comment No. 15 on the fulfillment of Articles 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Committee noted that ‘the human right to water is indispensable for leading a life in human dignity. It is a prerequisite for the realization of other human rights.’ It is also emphasized that the States parties to the International Covenant have the duty to progressively fulfill, without any discrimination, the right to water, which entitles everyone to enjoy sufficient, physically accessible, safe, and acceptable water for domestic and personal use.

 In turn, several international conferences have been held, among which the United Nations Water Conference held in Mar del Plata in 1977 stands out, which recognized that all peoples have the right to access potable water to meet their basic needs. Also, the Declaration on the Right to Development, adopted by the UN General Assembly in 1986, includes a commitment by States to ensure equal opportunities for all to enjoy basic resources.

 The concept of meeting basic water needs was further strengthened during the 1992 Earth Summit in Rio de Janeiro. In Agenda 21, governments agreed that ‘in developing and using water resources, priority must be given to satisfying basic needs and to preserving ecosystems.’ Similarly, in the Implementation Plan adopted at the Johannesburg Summit in 2002, governments committed to ‘using all policy instruments, including regulation, monitoring... and cost recovery for water services,’ without cost recovery objectives becoming a barrier to poor people’s access to clean water. There are also dozens of international instruments that directly and indirectly relate to water as a human right of all people and peoples, such that it is not only an issue that by its nature tends towards nationalization, but towards the internationalization of its use and exploitation’ (see judgment number 2006-5606 issued at 15:21 hours on April 26, 2006).

 From the foregoing, we can affirm that there is a fundamental right to potable water, derived from the fundamental rights to health, life, and a healthy environment, among others, by which all persons must be granted the possibility of accessing potable water services under conditions of equality, since it is essential for human life and health. Likewise, access to potable water has been classified as a fundamental human right by several international instruments, which has been recognized in extensive constitutional jurisprudence. For example, as mentioned in the partially transcribed judgment, in General Comment No. 15 on the fulfillment of Articles 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Committee noted that ‘the human right to water is indispensable for leading a life in human dignity. It is a prerequisite for the realization of other human rights. In this way, the States parties to the International Covenant have the duty to progressively fulfill, without any discrimination, the right to water, which entitles everyone to enjoy sufficient, physically accessible, safe, and acceptable water for domestic and personal use.’ Likewise, regarding this issue, we can find a vast number of international instruments that refer to the right to access potable water, among which we can note the following: United Nations Water Conference (Mar del Plata, Argentina, 1977, Action Plan), New Delhi Declaration on potable water supply and environmental sanitation (India, 1990); United Nations Conference on Environment and Development (Rio de Janeiro, Brazil, 1992, Chapter 18 of Agenda 21), Dublin Declaration on Water and Sustainable Development (Ireland, 1992, Guiding Principles and Action Plan), United Nations International Conference on Population and Development (Cairo, Egypt, 1994, Programme of Action), Johannesburg Declaration on Sustainable Development (South Africa, 2002, Point 18), General Comment No. 15: The Right to Water (Arts. 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), by the Committee on Economic, Social and Cultural Rights (Geneva, 2002); Resolution 64/292, adopted by the United Nations General Assembly in 2010: The Human Right to Water and Sanitation; Resolution 70-169, adopted by the United Nations General Assembly in 2015: The human rights to safe drinking water and sanitation; United Nations Summit on Sustainable Development (New York, 2015, Objectives 6 and 7), etc (…)’ (see judgment No. 2019017397 issued at 12:54 hours on September 11, 2019).

 Additionally, since the entry into force of Law No. 9849 of June 5, 2020, the right to potable water is expressly recognized at the constitutional level in Costa Rica in the following terms:

 ‘(…) ARTICLE 50.- The State shall seek the greatest well-being for all the inhabitants of the country, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth.

 Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are entitled to denounce acts that infringe upon that right and to claim reparation for the damage caused.

 The State shall guarantee, defend, and preserve that right.

 The law shall determine the corresponding responsibilities and sanctions.

 Every person has the human, basic, and inalienable right of access to potable water, as an essential good for life. Water is a national asset, indispensable for protecting such a human right. Its use, protection, sustainability, conservation, and exploitation shall be governed by what is established by the law that will be created for these purposes, and the supply of potable water for consumption by persons and populations shall have priority (…)’ (the emphasis was added).

 On this matter, in judgment No. 2020-03982 issued at 11:50 a.m. on February 26, 2020, this Court discharged the legislative consultation related to the mentioned partial amendment to numeral 50 of the Political Constitution and stated:

 ‘(…) VIII.- On the content of the bill and its constitutional conformity. The partial constitutional reform bill presented by all 57 Deputies to the Legislative Assembly consists of two articles that seek the addition of a final paragraph to Article 50 of the Political Constitution, as well as the incorporation of a new transitory provision in Title XVIII, Single Chapter, Transitory Provisions of the Political Constitution, as follows:

 ‘ARTICLE 1.- A paragraph is added at the end of Article 50 of the Political Constitution, of November 7, 1949. The text is as follows:

 Article 50.-

 (…)

 Every person has the human, basic, and inalienable right of access to potable water, as an essential good for life. Water is a national asset, indispensable for protecting such a human right. Its use, conservation, and exploitation shall be governed by what is established by the law that will be created for these purposes, and the supply of potable water for consumption by persons and populations shall have priority.

 ARTICLE 2.- A new transitory provision is added to Title XVIII, single chapter, Transitory Provisions, of the Political Constitution, related to Article 50. The text is as follows:

 Article 50 – XX.

Laws, concessions, and current use permits, granted in accordance with the law, remain in force, as well as the rights derived from them, so long as a new law regulating the use, exploitation, and conservation of water does not enter into force.’.

The proposal thus presented and already approved in the first debate refers not only to the express recognition of access to water as a human right, but is also directly related to the fact that the human right positively recognized therein pertains to access to drinking water, given that it starts from the consideration of water—and especially drinking water—as an essential and intrinsic element for the life and health of individuals, thereby aligning with the provisions of Article 21 and the first part of Article 50 of the Political Constitution, and the case-law developments of this very Chamber that derive from such norms.

The Chamber notes that the right of access to water, and especially to drinking water, forms part of various statements in the field of international human rights law, through different instruments with varying scope or legal nature, but which, by their very condition and by virtue of the provisions of Article 48 of the Political Constitution, must necessarily be considered with respect to this matter. Thus, this right has been linked and referenced since 1972 in the so-called Dublin Declaration on Water and Sustainable Development; it was considered at the Rio Conference on the Environment of the same year 1972; in the Copenhagen Declaration on Social Development of 1995; it was validated at the First World Water Forum, through the Marrakech Declaration in 1997; while at the conventional level, specific provisions are found in paragraph 1 of Article 11 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights—Protocol of San Salvador—, and even in Convention 169 of the International Labour Organization itself. And in terms of general resolutions, there are, among others, the General Comment on the Right to Water, adopted by the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights in November 2002 through resolution UN: E/C.12/2002/11, as well as United Nations General Assembly Resolution number 70/169, of December 17, 2015, which expressly state that water must be “safe and of acceptable quality for personal and domestic uses,” and access to “drinking water and sanitation for all persons in a non-discriminatory manner.”

In this sense, it is valid to affirm that the proposed addition to Article 50 of the Constitution, insofar as it expressly recognizes the right of access to drinking water, is consistent with the legal developments on the matter manifested at the international level and embodied in declarations, conventions, and resolutions of different natures, from which its conformity results with the legal progress shown in this regard at the international level, and that by the very essence of public international law and international human rights law, such formulations have their direct impact on the internal sphere of States, just as this proposed constitutional amendment aims to formalize at that level.

It is important to note that reference is made to the proposal seeking to formalize the situation at the constitutional level, for certainly the issue of access to water, and to drinking water, is regulated in our country at the level of legality, through a profuse regulatory framework encompassing the Water Law of 1942, the General Drinking Water Law of 1953, the Constitutive Law of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers of 1961, the General Health Law of 1973, the Law Creating SENARA of 1983, the Organic Environmental Law of 1995, and the Forestry Law of 1996, among others.

Likewise, emphasis must be placed on the protection of the environment and the right to water that constitutional jurisdiction has developed at the case-law level, highlighting not only the possibility of access to water as an essential resource for human life, but also the consubstantial and necessary protection that must be provided to it by the institutional framework in general, from specialized agencies such as the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, the National Environmental Technical Secretariat and the National Groundwater, Irrigation and Drainage Service, to others of a broader nature such as the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy itself, the Ministry of Health and the Municipalities of the country themselves, establishing the necessary coordination among them to ensure not only the comprehensive protection of water resources, but also their legitimate provision for human consumption in compliance with established parameters and the real possibilities of their effective supply—see, among many others, judgments of this Chamber, numbers 2003-4654, 2004-1923, 2009-262 and 2016-1791—.

It is important to note the emphasis that the amendment proposes not only regarding recognizing access to drinking water as a human right, but also its particular condition as a public domain asset (bien demanial), in the same sense that the various legislation stated herein already refers. Note that the proposed norm states that “water is a good of the Nation,” that is, a good that belongs in general to that immateriality included in the concept of Nation, and as such, a good that is diffused throughout the entire society and its actors, a public domain good that requires not only full protection for its condition of being essential for life, but also to allow its use for the various areas required, provided that due sustainability and its comprehensive protection as part of the right to a healthy and ecologically balanced environment are addressed. Note that the recognition of the human right is over drinking water, subsequently indicating that water—thus, in general terms—is indispensable to protect the human right recognized in the first part of the paragraph, without this in any way implying the impossibility of using the resource for other types of purposes—agricultural, industrial, or development—, provided it is done in a manner adjusted to the provisions on the aforementioned right to the environment and guaranteeing the existence of adequate resources for drinking water. In other words, the existence of water is recognized and protected, and upon it, a human right of access to drinking water, from which it results that the normative formulation intended to be incorporated recognizes not only the protection and possibility of using water in general terms, but also the recognition of access to drinking water as a human right.

Furthermore, it should be taken into consideration that, as already noted, this access must be sought and provided in accordance with the prior fulfillment of established parameters and according to (sic) the real possibilities of supply. That is, as established in the copious case law of this Chamber on the matter, although the recognition of access to drinking water is configured as a human right, its effective provision may be subject to the concrete and certain possibilities of granting, hence this access recognized as fundamental may well be subject to the fulfillment of specific conditions that in turn allow for guaranteeing the existence and preservation of this good.

It is for this reason that the aforementioned United Nations General Assembly Resolution number 70-169, of December 17, 2015, states in its section 5 the exhortation to States to:

‘Ensure the progressive realization of the human rights to safe drinking water and sanitation for all persons in a non-discriminatory manner while eliminating inequalities in access, particularly for those belonging to vulnerable and marginalized groups, on grounds of race, gender, age, disability, ethnic origin, culture, religion and national or social origin or on any other grounds, with a view to progressively eliminating inequalities based on factors such as rural-urban disparities, residence in slums, income level and other relevant factors.’ –the highlighting is not from the original—

This progressivity referred to in this resolution develops the analogous provision that, in conventional terms, is enshrined in the first paragraph of Article 2 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, when it states that:

‘Each State Party to the present Covenant undertakes to take steps, individually and through international assistance and cooperation, especially economic and technical, to the maximum of its available resources, with a view to achieving progressively the full realization of the rights recognized in the present Covenant by all appropriate means, including particularly the adoption of legislative measures.’ –emphasis added—

Thus, the legitimate regulation that permits adequate and orderly access to the drinking water herein recognized as a human right is valid, for it aims to promote its progressive development in harmony with the right to a healthy and ecologically balanced environment.

It is for this reason that the legislation regulating the matter—as could be that proposed in the very paragraph to be added, and referred to in the proposed transitional provision XX—must, in due course, necessarily be consistent with the load of values, principles, and express regulations that inform human rights, and access to drinking water also as a human right that it is, so that legislation indicated therein must certainly conform to the Law of the Constitution and to the provisions contemplated therein on the matter.

In this sense, in accordance with what is stated herein, it is appreciated that the bill processed under legislative file 21.382 is in direct consonance with and development of the constitutional provisions on the right to a healthy and ecologically balanced environment, and therefore it fits adequately into the same provision of Article 50 of the Constitution, and is consistent with the constitutional values and principles that guide it, with absolutely no friction existing with those essential or core elements that inform and integrate the Law of the Constitution (…)’.

Similarly, it is worth highlighting what was established in General Comment No. 15 of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights made at the 29th session held in Geneva between November 11 and 29, 2002, in which it was indicated:

‘(…) 2. The human right to water entitles everyone to sufficient, safe, acceptable, physically accessible and affordable water for personal and domestic uses. An adequate amount of safe water is necessary to prevent death from dehydration, to reduce the risk of water-related disease and to provide for consumption, cooking, personal and domestic hygienic requirements.

3. Article 11, paragraph 1, of the Covenant specifies a number of rights emanating from, and indispensable for, the realization of the right to an adequate standard of living “including adequate food, clothing and housing”. The use of the word “including” indicates that this catalogue of rights was not intended to be exhaustive. The right to water clearly falls within the category of guarantees essential for securing an adequate standard of living, particularly since it is one of the most fundamental conditions for survival.

Moreover, the Committee has previously recognized that water is a human right contained in article 11, paragraph 1, (see General Comment No. 6 (1995)). The right to water is also inextricably linked to the right to the highest attainable standard of health (art. 12, para. 1) and the right to adequate housing and adequate food (art. 11, para. 1). This right should also be seen in conjunction with other rights enshrined in the International Bill of Human Rights, foremost amongst them the right to life and human dignity (…)

10. The right to water contains both freedoms and entitlements. The freedoms include the right to maintain access to existing water supplies necessary for the right to water, and the right to be free from interference, such as the right to be free from arbitrary disconnections or contamination of water supplies. By contrast, the entitlements include the right to a system of water supply and management that provides equality of opportunity for people to enjoy the right to water.

11. The elements of the right to water must be adequate for human dignity, life and health, in accordance with article 11, paragraph 1, and article 12. The adequacy of water should not be interpreted narrowly, by mere reference to volumetric quantities and technologies. Water should be treated as a social and cultural good, and not primarily as an economic good. The manner of the realization of the right to water must also be sustainable, ensuring that the right can be realized for present and future generations.

12. While the adequacy of water required for the right to water may vary according to different conditions, the following factors apply in all circumstances:

a) Availability. The water supply for each person must be continuous and sufficient for personal and domestic uses. These uses ordinarily include drinking, personal sanitation, washing of clothes, food preparation, personal and household hygiene. The quantity of water available for each person should correspond to World Health Organization (WHO) guidelines. Some individuals and groups may also require additional water due to health, climate, and work conditions.

b) Quality. The water required for each personal or domestic use must be safe, therefore free from micro-organisms, chemical substances and radiological hazards that constitute a threat to a person’s health. Furthermore, water should be of an acceptable colour, odour and taste for each personal or domestic use.

c) Accessibility. Water and water facilities and services must be accessible to everyone, without discrimination, within the jurisdiction of the State party. Accessibility has four overlapping dimensions:

i) Physical accessibility. Water, and adequate water facilities and services, must be within safe physical reach for all sections of the population. Sufficient, safe and acceptable water must be accessible within, or in the immediate vicinity, of each household, educational institution and workplace. All water facilities and services must be of sufficient quality, culturally appropriate and sensitive to gender, life-cycle and privacy requirements. Physical security should not be threatened during access to water facilities and services.

ii) Economic accessibility. Water, and water facilities and services, must be affordable for all. The direct and indirect costs and charges associated with securing water must be affordable, and must not compromise or threaten the realization of other Covenant rights.

iii) Non-discrimination. Water and water facilities and services must be accessible to all, including the most vulnerable or marginalized sections of the population, in law and in fact, without discrimination on any of the prohibited grounds.

iv) Information accessibility. Accessibility includes the right to seek, receive and impart information concerning water issues (…)

25. The obligation to fulfil can be disaggregated into the obligations to facilitate, promote and provide. The obligation to facilitate requires the State to take positive measures to assist individuals and communities to enjoy the right. The obligation to promote obliges the State party to take steps to ensure that there is appropriate education concerning the hygienic use of water, protection of water sources and methods to minimize water wastage. States parties are also obliged to fulfil (provide) the right when individuals or a group are unable, for reasons beyond their control, to realize that right themselves by the means at their disposal.

26. The obligation to fulfil requires States parties to adopt the necessary measures directed towards the full realization of the right to water. This obligation includes, inter alia, according sufficient recognition of this right within the national political and legal systems, preferably by way of legislative implementation; adopting a national water strategy and plan of action to realize this right; ensuring that water is affordable for everyone; and facilitating improved and sustainable access to water, particularly in rural and deprived urban areas.

27. To ensure that water is affordable, States parties must adopt the necessary measures that may include, inter alia: (a) use of a range of appropriate low-cost techniques and technologies; (b) appropriate pricing policies such as free or low-cost water; and (c) income supplements. Any payment for water services has to be based on the principle of equity, ensuring that these services, whether privately or publicly provided, are affordable for all, including socially disadvantaged groups. Equity demands that poorer households should not be disproportionately burdened with water expenses as compared to richer households.

28. States parties should adopt comprehensive and integrated strategies and programmes to ensure that there is sufficient and safe water for present and future generations. Such strategies and programmes may include: (a) reducing depletion of water resources through unsustainable extraction, diversion and damming; (b) reducing and eliminating contamination of watersheds and water-related ecosystems by substances such as radiation, harmful chemicals and human excreta; (c) monitoring water reserves; (d) ensuring that proposed developments do not impede access to adequate water; (e) assessing the impacts of actions that may impinge upon water availability and natural-ecosystems watersheds, such as climate changes, desertification and increased soil salinity, deforestation and loss of biodiversity; (f) increasing the efficient use of water by end-users; (g) reducing water wastage in its distribution; (h) response mechanisms for emergency situations; and (i) establishing competent institutions and appropriate institutional arrangements to carry out the strategies and programmes (…)

37. In General Comment No. 3 (1990), the Committee confirms that States parties have a core obligation to ensure the satisfaction of, at the very least, minimum essential levels of each of the rights enunciated in the Covenant. In the Committee’s view, at least a number of core obligations in relation to the right to water can be identified, which are of immediate effect:

a) To ensure access to the minimum essential amount of water, that is sufficient and safe for personal and domestic uses to prevent disease;

b) To ensure the right of access to water and water facilities and services on a non-discriminatory basis, especially for disadvantaged or marginalized groups;

c) To ensure physical access to water facilities or services that provide sufficient, safe and regular water; that have a sufficient number of water outlets to avoid prohibitive waiting times; and that are at a reasonable distance from the household;

d) To ensure personal security is not threatened when having to physically access water;

e) To ensure equitable distribution of all available water facilities and services;

f) To adopt and implement a national water strategy and plan of action addressing the whole population; the strategy and plan of action should be devised, and periodically reviewed, on the basis of (sic) a participatory and transparent process; it should include methods, such as indicators and benchmarks, by which progress can be closely monitored; the process by which the strategy and plan of action are devised, as well as their content, shall give particular attention to all disadvantaged or marginalized groups;

g) To monitor the extent of the realization, or the non-realization, of the right to water;

h) To adopt relatively low-cost targeted water programmes to protect vulnerable and marginalized groups;

i) To take measures to prevent, treat and control diseases linked to water, in particular ensuring access to adequate sanitation (…)’ (highlighting added).

The foregoing is relevant insofar as it details the content of the right to water by outlining its characteristics, including quality, accessibility, and availability, as it establishes that the human right to water implies sufficient supply for each person for personal and domestic use.

Furthermore, in the judgment of November 27, 2023, issued by the Inter-American Court of Human Rights in the case of the Inhabitants of La Oroya vs. Peru, that court held:

‘(…) 121. Likewise, persons enjoy the right for water to be free from levels of contamination that constitute a significant risk to the enjoyment of their human rights, particularly the rights to a healthy environment, health, and life. This substantive element of the right to a healthy environment imposes obligations on States consisting of: a) designing standards and policies that define water quality standards, and, in a reinforced manner, for treated and residual waters that are compatible with human health and the health of ecosystems; b) monitoring the levels of contamination of water bodies and, if applicable, reporting possible risks to human health and the health of ecosystems; c) creating plans and, in general, undertaking all practices to control water quality that include identifying its main causes of contamination; d) implementing measures to enforce water quality standards; and e) adopting actions to ensure the sustainable management of water resources. The Court likewise considers that States must design their standards, plans, and measures for water quality control in accordance with the best available science, attentive to the criteria of availability, accessibility, sustainability, quality, and adaptability, and even based on international cooperation.

122. As a complement to the foregoing, the Court recalls that in the case of Indigenous Communities Members of the Lhaka Honhat (Our Land) Association Vs. Argentina, it was established that the right to water is protected by Article 26 of the American Convention. This stems from the norms of the OAS Charter, insofar as they allow the derivation of rights from which, in turn, the right to water emerges. In this regard, the Court indicated that among those are the right to a healthy environment (supra para. 115), the right to adequate food, the right to health, and the right to participate in cultural life, all of which are protected by Article 26 of the Convention. This right is also recognized in the Universal Declaration of Human Rights in its Article 25 and in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), in its Article 11, and finds support in the constitutions of the States of the region that recognize the rights to a healthy environment, health, and food.

123. Regarding the normative content of the right to water as an autonomous right, the Court has stated that ‘access to water […] encompasses “consumption, sanitation, washing clothes, food preparation and personal and domestic hygiene,” as well as for some individuals and groups also […] ‘“additional water resources due to health, climate and working conditions”’. Likewise, that ‘access to water’ entails ‘obligations of progressive realization,’ but that ‘nevertheless, States have immediate obligations, such as guaranteeing [said access] without discrimination and taking steps to achieve its full realization.’ Furthermore, States must provide protection against acts of private parties, so that third parties do not undermine the enjoyment of the right to water, as well as ‘guarantee a minimum essential amount of water,’ in those ‘particular cases of persons or groups of persons who are unable, for reasons beyond their control, to access water by themselves […].’

124. At this point, the Tribunal specifies that there is a close relationship between the right to water as a substantive facet of the right to a healthy environment and the right to water as an autonomous right. The first facet protects bodies of water as elements of the environment that have an intrinsic value, as a universal interest, and for their importance to other living organisms, including human beings. The second facet recognizes the determining role that water plays in human beings and their survival, and, therefore, protects its access, use, and utilization by human beings. Thus, the Court understands that the substantive facet of the right to a healthy environment that protects this component starts from an ecocentric premise, while—for example—the right to drinking water and its sanitation is based on an anthropocentric vision. Both facets are interrelated, but not in all cases does the violation of one necessarily imply the violation of the other.

125. Furthermore, the Court recalls that the right to a healthy environment includes the right to clean air and water. This right is covered by the obligation of respect and guarantee, provided for in Article 1.1 of the Convention, one form of compliance with which consists of preventing violations. This obligation extends to the private sphere to prevent third parties from violating the protected legal interests, and encompasses all those measures of a legal, political, administrative, and cultural nature that promote the safeguarding of human rights and ensure that any violations thereof are effectively considered and treated as an unlawful act. Along these lines, the Court has indicated that on certain occasions States have the obligation to establish adequate mechanisms to supervise and oversee certain activities in order to guarantee human rights, protecting them from the actions of public entities, as well as private persons. The obligation to prevent is one of means or conduct and its breach is not demonstrated by the mere fact that a right has been violated (…)’ (highlighting added).

IV.- SPECIFIC CASE. The petitioners allege that they are residents of Paraíso and were informed that the ICAA is executing a multimillion-dollar retroactive charge to the municipality, due to a problem with the rates approved in 2017 by the Public Services Regulatory Authority. Non-payment would cause the suspension of water service, which would affect at least 20,000 people. They maintain that the threat of suspending drinking water is illegal and violates the right to access to drinking water and the principles of continuity and efficiency in public service.

In this regard, concerning the grievances raised by the petitioners, the amparo action is delimited against the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, since they filed the recourse against said authority, and this Constitutional Tribunal, in accordance with the evidence submitted to the case file, as well as the report rendered by the respondent authorities, considers that the petitioners are correct in their arguments, as will be set forth below.

Indeed, it was confirmed that by official letter no. UEN-SCMED-GAM-2025-00410 of February 24, 2025, the UEN Servicio al Cliente Medición GAM of the ICAA notified the Municipality of Paraíso of the charge for bulk water sales, from November 2017 to January 2025. Due to the foregoing, on an unspecified date, the Municipality of Paraíso filed the appeals for statute of limitations, revocation, and concomitant nullity against the collection action for service 5562057. By resolution no.

UEN-SC-GAM-2025-00183 of 7:30 a.m. on April 10, 2025, the ICAA’s UEN Servicio al Cliente GAM declared the appeals of statute of limitations (prescripción), revocation (revocatoria), and concomitant nullity (nulidad concomitante) without merit. Likewise, through official letter no. GG-2025-01114 of April 28, 2025, the General Management of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados reiterated the following to the mayor of Paraíso: ‘(…) I hereby inform you that, as of today, the Municipality of Paraíso is in arrears on the payment of receipts for service NIS 5562057, the last receipt having expired on April 21, 2025. …we have seen fit to grant an additional period of three (3) business days, counted from the date of this communication, for the payment of outstanding invoices to be made (…)’. And by official letter no. UEN-SCMED-GAM-2025-00960 of May 22, 2025, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados again informed the Municipality of Paraíso of the following: ‘(…) according to what is observed in the AyA commercial system, the service identified with NIS 5562057, under the name of the Municipality of Paraíso, currently shows several outstanding payments, one of which corresponds to the invoice issued on May 6, 2025 (for water consumption in April 2025), for a total amount of ₡46,985,022.00, which expired on May 20, 2025. Despite previous collection efforts and the deadlines granted to you for the regularization of the situation, the indicated payment has not yet been received. For the foregoing reasons and in compliance with current regulations, including those in the AyA Service Provision Regulations (Reglamento de Prestación de Servicios del AyA), we must suspend the service provided. However, for the purpose of avoiding impacts on the population of Paraíso, we have decided to grant an extension of 10 (ten) additional calendar days so that the indicated payment can be made. If the situation is not regularized within this period, we will be obliged to proceed with the suspension of water service as of June 2, 2025 (…)’.

From the foregoing, it is confirmed that a conflict exists between the Municipality of Paraíso and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, which eventually impacts the users of the canton of Paraíso, since if the respondent institute, by virtue of the charge it is making to the municipality, suspends its water supply, the users would not have potable water. What exists is a substantive technical discussion as to whether or not the charge that the respondent institute is retroactively making to the Municipality of Paraíso from 2017 to date, by virtue of the decision issued by ARESEP at that time, is appropriate. Discussing the validity, application, scope, and content of the ARESEP report, and whether it should be processed through one channel or another, is a matter of legality, and it is not for the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) to determine the scope of that ARESEP report, the modality that the Municipality of Paraíso must pay, the amount, or the timing of said payment.

Furthermore, there is the provision of potable water service and the right to access potable water. In this case, we are not dealing with the provision of new potable water services, nor with suspensions due to non-payment by users. At this time, the users are unrelated to the problem arising between the Municipality of Paraíso and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, and for this reason, they have no reason to suffer the suspension of potable water service. The respondent institute's decision to suspend service to the Municipality of Paraíso would imply harm to the users of the canton of Paraíso. While it is true that the Chamber understands there may be an eventual need for the municipality and the respondent institute to define the amount, when, and how payment must be made, this cannot, in any way, extend to the users. In addition, the matter is pending before the Administrative Litigation Court (Tribunal Contencioso Administrativo). A precautionary measure (medida cautelar) proceeding was processed under case file no. 25-002942-1027-CA-1, where the Municipality of Paraíso appears as plaintiff and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados as defendant. And the ruling of 11:10 a.m. on May 9, 2025, was issued, ordering the precautionary measure: ‘(…) THE present request for a PRECAUTIONARY MEASURE OF A HIGHLY PROVISIONAL NATURE (MEDIDA CAUTELAR EN CARÁCTER DE PROVISIONALÍSIMA), filed by MUNICIPALIDAD DE PARAISO, represented by Nombre42180  ; against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, is GRANTED. The SUSPENSION OF THE EXECUTION OF ADMINISTRATIVE ACTS EN-SCMED-GAM-2025-00410, OF FEBRUARY 24, 2025, THE CHARGE FOR SALE OF WATER IN BULK 2017 TO JANUARY 2025, AND OFFICIAL LETTER GG-2025-01114 OF APRIL 28, 2025 is ordered. THE DEFENDANT MUST REFRAIN FROM TAKING ANY ACTION AIMED AT COLLECTION RESULTING FROM THE ADMINISTRATIVE ACTS INDICATED ABOVE, LIKEWISE, IT MUST REFRAIN FROM TAKING ANY ACTION AIMED AT THE SUSPENSION OF WATER SERVICE. IN THE EVENT THAT A SUSPENSION HAS ALREADY OCCURRED, PROCEED IMMEDIATELY TO THE RESTORATION OF WATER SERVICE (…)’. Consequently, it is in that venue where the matter will be discussed and resolved according to law.

V.- CONCLUSION. Under this set of circumstances, it is required to partially grant this appeal (recurso) with merit, only with regard to the provision of potable water service. In all other respects, the appeal is declared without merit …”.

By virtue of the foregoing, the Chamber ordered the following:

“The appeal is partially granted with merit, only with regard to the provision of potable water service. Juan Manuel Quesada Espinoza and María Alejandra Mora Segura, respectively Executive President and General Manager, both of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, and Michael Álvarez Quirós and Víctor Meza Calderón, respectively Mayor and manager of the Municipal Aqueduct, both of the Municipality of Paraíso, are ordered to establish coordination bodies within their respective spheres of competence, so that in the process of determining the existence of any debt between the Municipality and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, and even under the assumption that such a debt is determined, the provision of potable water service to the users of the canton of Paraíso is not affected in any way, and the supply of said liquid is guaranteed to them: the foregoing implies that, should any debt between the indicated institutions be formally certified, it must be pursued through the pertinent legal channels without affecting the indicated users in any way…”

Since that judgment, issued recently, ruled on the same problem discussed here, the parties must abide by what was ordered on that occasion.

V.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if any paper document has been submitted, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not withdrawn within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the "Regulations on the Electronic Case File before the Judiciary" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court (Corte Plena) in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Judicial Bulletin (Boletín Judicial) number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary (Consejo Superior del Poder Judicial), in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Therefore:

The parties to this proceeding must abide by what was resolved by this Chamber in judgment number No. 2025-019652 of 9:20 a.m. on June 27, 2025.









Nombre137 V.

Presidente



Nombre152 C.



Paul Rueda L.



Luis Fdo. Salazar A.



Jorge Araya G.



Anamari Garro V.



Ingrid Hess H.



Digitally Signed Document

-- Verification code --

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L7BQ0XTD7UW61

EXPEDIENTE N° 25-015818-0007-CO

Telephones: Telf46 / (). Fax: Telf47 / Telf48. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección12, Dirección13, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church).



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