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Res. 24082-2025 Sala Constitucional — Suspension of amparo against Decree 45019-S on drinking water qualitySuspensión de amparo contra Decreto 45019-S sobre calidad del agua potable

constitutional decision Sala Constitucional 01/08/2025 Topic: procedural-environmental

Summary

English
The Constitutional Chamber hears an amparo petition filed against AyA and the Ministry of Health, in which the petitioner challenges Executive Decree No. 45019-S, which amended the Drinking Water Quality Regulation (Decree No. 38924-S). The petitioner argues that the amendments — particularly the introduction of an Alert Value for pesticides and the setting of Risk-Adjusted Maximum Admissible Values (VMAAR) for eight chlorothalonil metabolites — relax protection standards, thereby violating the rights to health, to a healthy and ecologically balanced environment, the precautionary principle, and international treaties. The respondent authorities defend the reform as the outcome of a dietary risk assessment conducted with PAHO support, arguing that the VMAAR are based on toxicological evidence and that the Alert Value operates as a preventive mechanism triggering immediate closures, not as a permissible limit. The Chamber does not address the merits; instead, pursuant to Article 48 of the Constitutional Jurisdiction Law, it suspends the amparo proceedings and grants the petitioner a fifteen-working-day period to file an unconstitutionality action against the challenged decree; failure to do so will result in archiving of the case.
Español
La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo interpuesto contra el AyA y el Ministerio de Salud, en el que la recurrente impugna el Decreto Ejecutivo N.º 45019-S, que modificó el Reglamento para la Calidad del Agua Potable (Decreto N.º 38924-S). La recurrente alega que las reformas —en particular la introducción de un Valor de Alerta para plaguicidas y el establecimiento de Valores Máximos Admisibles Ajustados por Riesgo (VMAAR) para ocho metabolitos del clorotalonil— relajan los estándares de protección, contraviniendo así el derecho a la salud, el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el principio precautorio y tratados internacionales. Las autoridades recurridas defienden la reforma como resultado de una evaluación de riesgo dietario realizada con apoyo de la OPS, argumentando que los VMAAR se basan en evidencia toxicológica y que el Valor de Alerta opera como un mecanismo preventivo que activa clausuras inmediatas, no como un límite permisivo. La Sala no entra al fondo del asunto, sino que, conforme al artículo 48 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, suspende el trámite del amparo y otorga a la recurrente un plazo de quince días hábiles para que interponga una acción de inconstitucionalidad contra el decreto cuestionado; de no hacerlo, se archivará el expediente.

Key excerpt

Español (source)
Lo anterior hace que la situación planteada por la parte recurrente se encuentre regulada en el artículo 48 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, razón por la cual, procede suspender la tramitación de este recurso, a efecto de otorgar a la actora un plazo de quince días hábiles, contados a partir de la notificación de esta resolución, para que, dentro de este, interponga acción de inconstitucionalidad contra la normativa referida. Siendo que, de conformidad con lo preceptuado por el mismo numeral, si no lo hiciere, se archivará el expediente.

POR TANTO:

Se reserva el dictado de la sentencia en este proceso de amparo y se otorga al recurrente el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir de la notificación de esta resolución, para que interponga acción de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo N.° 45019-S (publicado en La Gaceta N.° 115 del 24 de junio de 2025).
English (translation)
The foregoing means that the situation raised by the petitioner is governed by Article 48 of the Constitutional Jurisdiction Law, for which reason it is appropriate to suspend the processing of this appeal, in order to grant the plaintiff a period of fifteen working days, counted from the notification of this resolution, so that, within this period, she may file an action of unconstitutionality against the referenced regulations. And since, in accordance with the provisions of the same article, if she does not do so, the case file will be archived.

THEREFORE:

The delivery of the judgment in this amparo proceeding is reserved, and the petitioner is granted a period of FIFTEEN WORKING DAYS, counted from the notification of this resolution, to file an action of unconstitutionality against Executive Decree No. 45019-S (published in La Gaceta No. 115 of June 24, 2025).

Outcome

Judgment reserved; deadline granted for unconstitutionality action

English
The Chamber suspends the amparo proceedings and grants the petitioner fifteen working days to file an action of unconstitutionality against Executive Decree No. 45019-S, with the warning that failure to do so will result in archiving of the case.
Español
La Sala suspende el trámite del amparo y concede a la recurrente quince días hábiles para interponer acción de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo N.º 45019-S, bajo apercibimiento de archivo del expediente en caso de no hacerlo.

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Keywords

drinking water qualityDecree 45019-Schlorothalonil metabolitesAlert ValueRisk-Adjusted Maximum Admissible Valuesprecautionary principleright to a healthy environmentright to healthamparoaction of unconstitutionalitycalidad del agua potableDecreto 45019-Smetabolitos del clorotalonilValor de AlertaValores Máximos Admisibles Ajustados por Riesgoprincipio precautorioderecho a un ambiente sanoderecho a la saludamparoacción de inconstitucionalidad
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Sala Constitucional

Resolución Nº 24082 - 2025

Fecha de la Resolución: 01 de Agosto del 2025 a las 09:15

Expediente: 25-018978-0007-CO

Redactado por: Ingrid Hess Herrera

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 25-018978-0007-CO

Res. Nº 2025024082

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del uno de agosto de dos mil veinticinco .

 

Recurso de amparo que se tramita en expediente No. 25-018978- 0007-CO, interpuesto por Nombre42521  , cédula de identidad CED33875, contra el INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AYA) y el MINISTERIO DE SALUD (MS).

Resultando:

1.- Por escrito incorporado al Sistema de Gestión en Línea de este Despacho el 30 de junio de 2025, la recurrente interpone recurso de amparo contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y el Ministerio de Salud. Afirma que "(...) 1. El 12 de enero del 2015 se publicó el Decreto Ejecutivo N.º 38924-S, titulado "Reglamento para la Calidad del Agua Potable", cuyo objetivo principal es garantizar el acceso a agua potable de calidad para toda la población, conforme a los más altos estándares de protección y manejo del agua para consumo humano. 2. Recientemente, mediante el Decreto Ejecutivo N.º 45019-S, se modificaron aspectos fundamentales del reglamento, incluyendo el Cuadro 5 y la incorporación del Cuadro 6 al Anexo 1, así como cambios en el Artículo 2 y 4. Dichas modificaciones establecen valores máximos admisibles (VMA) para diversos plaguicidas y metabolitos de plaguicidas en el agua potable. 3. Entre los cambios realizados, destacan: a. La fijación de un "Valor de Alerta" (VA) de 0,10 µg/L para plaguicidas y 0,50 µg/L para el total de plaguicidas, con posibilidad de ajustar estos valores mediante un llamado "análisis de riesgo específico" coordinado por el Ministerio de Salud. El establecimiento de un "Valor de Alerta" (VA) de 0,10 µg/L para plaguicidas individuales y 0,50 µg/L para el total de plaguicidas abre la posibilidad de que niveles peligrosos de sustancias químicas persistan en el agua potable antes de que se tomen medidas. La exposición crónica, incluso a concentraciones bajas, está vinculada con problemas de salud como cáncer, trastornos endocrinos y daño neurológico, especialmente en poblaciones vulnerables como niños y mujeres embarazadas. b. La incorporación de nuevos metabolitos del clorotalonil en el agua potable con valores máximos admisibles que oscilan entre 12 y 80 µg/L. Estos valores superan en hasta 800 veces lo establecido en la versión anterior del reglamento. Los metabolitos del clorotalonil, son preocupantes porque estudios han señalado que el clorotalonil y sus productos de degradación pueden tener efectos tóxicos. Por ejemplo, algunos de estos metabolitos son potencialmente carcinogénicos y genotóxicos, lo que implica riesgos significativos para la salud humana, especialmente si se consumen de forma acumulativa. Además, carece fundamento que se busque aumentar los valores máximos admisibles de metabolitos de clorotalonil, considerando la resolución 2023-13384 de la Sala Constitucional donde se ordena que adopten y ejecuten las recomendaciones del informe denominado "Informe Técnico Clorotalonil" de 14 de abril de 2023, emitido por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Energía y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado en cual se recomienda la prohibición del plaguicida. 4. Estas modificaciones no solo relajan los estándares previos, sino que también contravienen principios fundamentales relacionados con el derecho a la salud y al ambiente sano, garantizados por la Constitución Política y los tratados internacionales suscritos por Costa Rica. 1. Derecho a la Salud (Artículo 21 de la Constitución Política): La salud es un derecho fundamental protegido por la Constitución. La calidad del agua potable es esencial para garantizar la salud de la población. Los valores máximos admisibles establecidos en el decreto impugnado no cumplen con los estándares internacionales de protección y, al permitir mayores concentraciones de plaguicidas y metabolitos, exponen a la población a riesgos inaceptables. 2. Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (Artículo 50 de la Constitución Política): Este derecho incluye el acceso a recursos naturales de calidad, como el agua potable. Las modificaciones introducidas por el decreto vulneran este derecho al permitir contaminantes en concentraciones que podrían afectar negativamente la salud humana y los ecosistemas. 3. Principio de Precaución: Este principio, reconocido en el derecho ambiental, obliga a las autoridades a actuar con cautela frente a posibles daños graves o irreversibles al ambiente o a la salud humana, incluso en ausencia de certeza científica absoluta. La flexibilización de los límites para plaguicidas y metabolitos contradice este principio. 4. Tratados Internacionales: Costa Rica es signataria de diversos instrumentos internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo de San Salvador, que reconocen el derecho al agua potable segura y de calidad como parte del derecho a un nivel de vida adecuado. (sic) (...)". Estima que lo expuesto lesiona el derecho a la salud, derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, principio precautorio y tratados internacionales. Solicita que se declare con lugar el recurso, se ordene la suspensión inmediata de los efectos del decreto impugnado, en lo que respecta a las modificaciones realizadas al Reglamento para la Calidad del Agua y se ordene a las autoridades competentes que revisen y ajusten el derecho a los estándares internacionales de calidad del agua potable y al principio de precaución, garantizando la protección efectiva del derecho a la salud y al ambiente sano y comunicar lo resuelto a las autoridades para su inmediato cumplimiento.

2.- Mediante escrito incorporado al expediente electrónico el 16 de julio de 2025, María Alejandra Mora Segura, gerente general del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, informa en los siguientes términos: PRIMERO: Es cierto. SEGUNDO: Es cierto. TERCERO: Es cierto con rectificaciones. No obstante, lo expresado en este hecho es propio del Ministerio de Salud, es preciso hacer mención del informe MS-DPRSA-USA-2226-2024 “INFORME INDICE RIESGO 8 METABOLITOS CLOROTALONIL”, del 01 de noviembre del 2024, en cuyas conclusiones y recomendaciones se indica: (…) “CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES En este estudio se estimaron las Ingestas Diarias Aceptables (IDAs) de los metabolitos del CTL: Placa8214, Placa8215, Placa8216 y Identificacion105 y se compararon estos valores para determinar los valores guía para adultos y niños. Luego de analizar profunda y exhaustivamente la bibliografía científica y los reportes de las diversas Agencia de Regulación de Plaguicidas se determinó para los metabolitos Placa8217, Identificacion106 Identificacion107 y Placa8218, se utilizarían los valores más conservadores para establecer los valores guía, tanto para adultos como para niños, que corresponde al compuesto parental (CTL) y se determinó que la IDA más restrictiva era de 0.010 mg/kg de peso corporal por día (APVMA). Posteriormente, se utilizaron los datos de monitoreos de calidad de agua realizados en los diferentes sistemas de ASADAS y acueductos para la evaluación del riesgo para agua de consumo humano. Se analizaron los valores máximos, mínimos, promedio y mediana de los metabolitos de CTL en el agua. Los cocientes de riesgo se calcularon dividiendo la concentración de cada metabolito por su respectivo valor guía (tanto para adultos como para niños). Estos cocientes permiten evaluar si las concentraciones de los metabolitos en el agua exceden los niveles guía establecidos. Ninguno de los cocientes de riesgo para adultos y niños excedió el valor guía. Esto indica que las concentraciones de los metabolitos de CTL en el agua están por debajo de los niveles que se consideran seguros según los valores guía. Además, se calcularon los porcentajes de IDA basados en diferentes escenarios de consumo de agua, incluyendo los valores máximos, mínimos, promedio y mediana. Estos porcentajes se obtuvieron comparando la cantidad diaria de cada metabolito ingerido a través del agua con su respectiva IDA. Adicionalmente, se determinaron valores guía para adultos y niños basados en las IDAs más restrictivas. Estos valores guía se utilizaron para calcular los Valores Máximos Admisibles Tolerables (VMAT) aplicando un factor de protección adicional del 20%, estableciendo el VMAT en el 80% del valor guía. Esta medida asegura un margen de seguridad adicional para la protección de la salud pública. Posteriormente, se utilizó la herramienta de gestión de riesgo RISK21 para graficar y caracterizar los riesgos con los valores de la normativa nacional y compararlos con los estimados a partir de los cálculos del VMAT para adultos y niños. En todos los casos, se pudo apreciar que el riesgo utilizando los valores de la normativa está sobreestimado porque no toman en cuenta los datos toxicológicos de cada uno de los metabolitos. Los resultados muestran que, en ningún caso, ni para adultos ni para niños, se supera el 100% de la IDA, incluso bajo el peor escenario. Los análisis indican que los riesgos dietarios derivados del consumo de agua con residuos de CTL y sus metabolitos se encuentran dentro del margen de aceptabilidad para la población general y los niños. De manera análoga, cuando se estima el riesgo para los cuatro metabolitos conjuntamente como suma del CTL en RISK21, se observa que el límite normativo indica un riesgo inaceptable; sin embargo, los valores de riesgo dietario estimados muestran que el riesgo es aceptable, incluso en el peor escenario. Esto significa que las concentraciones halladas en los monitoreos no representan un riesgo significativo para la salud. En resumen, los niveles guía como las IDA no se superan, asegurando que el consumo de agua con las concentraciones detectadas de CTL y sus metabolitos es seguro para todas las categorías de la población evaluadas. Este resultado proporciona información científica de sustento para que las autoridades regulatorias implementen medidas de mitigación de riesgo en agua de consumo humano para los metabolitos del CTL.” (el destacado no es del original) Como puede observarse, del informe rendido lo expresado por la recurrente, tergiversa lo expuesto en el informe rendido por el Ministerio de Salud. En relación con lo expuesto por la señora diputada sobre (…) “Además, carece fundamento que se busque aumentar los valores máximos admisibles de metabolitos de clorotalonil, considerando la resolución 2023-13384 de la Sala Constitucional donde se ordena que adopten y ejecuten las recomendaciones del informe denominado “Informe Técnico Clorotalonil” del 14 de abril de 2023, emitido por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Energía y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en el cual se recomienda la prohibición del plaguicida.”; debe tomarse en consideración que, mediante Decreto Ejecutivo 44280-S-MAG-MINAE, publicado en el Alcance N° 237 a la Gaceta N° 223 del 30 de noviembre del 2023, se decretó la prohibición del registro, la importación, la exportación, la fabricación, la formulación, el almacenamiento, la distribución, el transporte, el reempaque, el reenvase, la manipulación, la venta, la mezcla y el uso de materia prima o productos formulados que contengan el ingrediente activo CLOROTALONIL, según lo establecido en el artículo 1 de dicho decreto ejecutivo; siendo que lo expuesto en el informe interinstitucional rendido se encuentra cumplido. Cabe agregar que, no obstante, la prohibición decretada, debe tomarse en consideración lo establecido en el informe índice riesgo 8 metabolitos clorotalonil, que indica: (…) “Debido a la persistencia de los metabolitos de clorotalonil, como el ácido sulfónico-2-carbamoil-3,5,6-tricloro-4-cianobenceno, es necesario implementar medidas mientras se genera la atenuación ambiental que no solo se centren en la prevención de futuras contaminaciones, sino también en la mitigación de sus efectos a largo plazo. Los estudios han mostrado que la vida media de algunos de estos compuestos puede ser considerablemente prolongada, con valores de DT₉₀ de 1344 días y DT₅₀ de 1000 días en condiciones de laboratorio y modelaciones. Esto implica que, una vez en el ambiente, estos contaminantes podrían persistir durante años antes de que sus concentraciones disminuyan significativamente. Por lo tanto, las acciones de remediación deberán mantenerse en el tiempo para gestionar el legado ambiental de estos metabolitos y proteger tanto a los ecosistemas como a la población humana.” (…). De lo expresado, se desprende que la persistencia de los metabolitos de clorotalonil podrían persistir durante años, por lo que, el Ministerio de Salud conforme a sus competencias adoptó las medidas necesarias hasta tanto se genera la desconcentración ambiental de los metabolitos. Es preciso recalcar que, la modificación del Reglamento para la Calidad del Agua, es competencia del Ministerio de Salud. CUARTO: No es cierto si se toma como referencia el informe rendido y acciones adoptadas por parte del Ministerio de Salud conforme a sus competencias, no aporta la recurrente prueba científica alguna que desvirtúe las acciones adoptadas por dicho Ministerio.

3.- Por escrito de fecha 15 de julio de 2025, la Dra. Mary Denisse Munive Angermüller conocida como Mery Denisse Munive Angermüller, vicepresidenta de la República y Ministra de Salud, informa en los siguientes términos: “(…) Oficio MS-DPRSA-0437-2025: “… ( )… Este informe se elabora con el propósito de aportar el criterio técnico de la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental, a través de la Unidad de Salud Ambiental, respecto a los alegatos indicados en el recurso, especialmente en lo referente al establecimiento de valores de alerta y valores máximos admisibles para metabolitos del plaguicida clorotalonil en agua destinada al consumo humano. Contexto normativo El Reglamento para la Calidad del Agua Potable, Decreto Ejecutivo N.° 38924-S del 12 de enero de 2015, establece los requisitos sanitarios que debe cumplir el agua destinada al consumo humano en Costa Rica, incluyendo los valores máximos admisibles (VMA) para una serie de parámetros físicos, químicos y microbiológicos. La vigilancia de su cumplimiento corresponde al Ministerio de Salud, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del citado reglamento, en concordancia con lo establecido en la Ley General de Salud (Ley N.° 5395), particularmente en sus artículos 265, 266 y 268. La reforma introducida mediante el Decreto Ejecutivo N.° 45019-S (publicado en La Gaceta N.° 115 del 24 de junio de 2025) incorporó los siguientes elementos de relevancia técnica: • Un Valor de Alerta (VA) de 0,10 μg/L para plaguicidas individuales y de 0,50 μg/L para la suma total de plaguicidas. • Un nuevo Cuadro 6 con valores máximos admisibles ajustados por riesgo (VMAAR) para ocho metabolitos del clorotalonil, producto de una evaluación oficial de riesgo dietario desarrollada en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) Situación en la zona norte de Cartago y fundamentación para la evaluación de riesgo. Desde el año 2021, el Ministerio de Salud, junto con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), ha venido atendiendo una situación urgente de salud pública relacionada con la presencia de metabolitos del plaguicida clorotalonil en fuentes de agua para consumo humano en la zona norte del cantón de Cartago, en los cantones de Oreamuno y Alvarado. Los análisis realizados por los laboratorios IRET-UNA y CICA-UCR confirmaron concentraciones de diversos metabolitos en nacientes utilizadas por ASADAS locales. Algunos de estos compuestos excedían los 0,1 μg/L, que era el valor genérico utilizado como referencia según el Anexo 1 del Reglamento para la Calidad del Agua Potable (Decreto N.° 38924-S). Ante esta situación, y considerando que varios de estos metabolitos no contaban con valores guía específicos en el reglamento vigente, el Ministerio de Salud solicitó asistencia técnica a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para realizar una evaluación de riesgo dietario específica para estos compuestos. La evaluación fue motivada por las siguientes razones: • Ausencia de valores normativos específicos para los metabolitos del clorotalonil, lo que dificultaba la toma de decisiones regulatorias proporcionales y técnicamente fundamentadas. • Necesidad de proteger la salud pública sin incurrir en medidas restrictivas desproporcionadas. • Aplicación del principio de precaución con base en evidencia científica actualizada, que permite una gestión del riesgo diferencial según la toxicidad real de cada metabolito. Como resultado, se realizó un análisis técnico-científico riguroso, consolidado en el informe MS-DPRSA-USA-2226-2024, mediante el cual se estimaron valores guía para adultos y niños, y se definieron los Valores Máximos Admisibles Ajustados por Riesgo (VMAAR) con un factor de protección del 20% aplicado a los valores toxicológicos de referencia, siguiendo metodologías internacionales avaladas por la OMS, EPA y EFSA. (Informe técnico OPS – Evaluación del riesgo dietario de metabolitos de clorotalonil (Informe CIR 2024)). ¿Qué es una evaluación de riesgo y cómo se definieron los VMAAR? Una evaluación de riesgo para la salud humana es un proceso técnico-científico que permite estimar si la exposición a una sustancia química representa un peligro para la salud. Este procedimiento se fundamenta en metodologías reconocidas internacionalmente por organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). La evaluación de riesgo desarrollada para los metabolitos del clorotalonil se compuso de las siguientes etapas: Identificación del peligro Se identificaron ocho metabolitos del clorotalonil que han sido detectados en fuentes de agua potable en la zona norte de Cartago. Algunos de estos compuestos han mostrado potencial genotóxico, carcinogénico o efectos crónicos en estudios experimentales, mientras que otros no presentan evidencia concluyente de toxicidad relevante. Evaluación de la dosis-respuesta Para cada metabolito, se revisaron estudios toxicológicos crónicos en animales (ratas, ratones, perros y conejos) a fin de determinar el Nivel Sin Efecto Adverso Observable (NOAEL). A partir de este valor, se calculó la Ingesta Diaria Admisible (IDA) para seres humanos, aplicando factores de seguridad para proteger a grupos vulnerables como niños, personas mayores o con enfermedades crónicas. Evaluación de la exposición Se analizaron los resultados de los muestreos realizados en 75 fuentes de abastecimiento de la zona afectada, y se estimaron las concentraciones reales a las que estaría expuesta la población. La evaluación consideró tanto exposiciones agudas como crónicas, así como escenarios de consumo diario de agua. Caracterización del riesgo y definición de los VMAAR A partir de los valores guía obtenidos (en μg/L), se definieron los Valores Máximos Admisibles Ajustados por Riesgo (VMAAR), aplicando un factor adicional de protección del 20% para asegurar un margen de seguridad frente a incertidumbres analíticas y variabilidad poblacional. Este enfoque garantiza que las concentraciones permitidas no representen un riesgo inaceptable, incluso en exposiciones prolongadas. Validación y respaldo normativo La evaluación fue desarrollada con apoyo técnico de la OPS, y sus resultados fueron consolidados en el informe OPS_Informe CTL_Ministerio de Salud CIR. Los VMAAR derivados de este proceso fueron adoptados formalmente mediante la Resolución Ministerial MS-DM-2187-2025, como una medida transitoria de aplicación proporcional y respaldada jurídicamente, mientras concluía el proceso de reforma reglamentaria. Respuesta a los señalamientos del recurso Sobre el Valor de Alerta (VA) El Valor de Alerta (VA) introducido en el Cuadro 5 del Anexo 1 del Decreto Ejecutivo N.º 45019-S tiene como finalidad establecer un umbral preventivo para activar procesos de análisis de riesgo antes de que se alcance una concentración que represente un riesgo inaceptable para la salud humana. El valor de 0,10 μg/L para plaguicidas individuales y 0,50 μg/L para el total de plaguicidas está alineado con el enfoque adoptado en diversas jurisdicciones internacionales, como la Unión Europea, donde estos valores actúan como disparadores de acciones correctivas, no como límites permisivos. El VA no sustituye los valores máximos admisibles (VMA) establecidos por el reglamento, sino que opera como una herramienta de vigilancia temprana que fortalece la capacidad del Ministerio de Salud para responder ante eventos de contaminación, activando evaluaciones de riesgo técnico-toxicológico de forma inmediata y focalizada. Sobre los valores máximos para metabolitos de clorotalonil (VMAAR) La fijación de Valores Máximos Admisibles Ajustados por Riesgo (VMAAR) para ocho metabolitos del clorotalonil no constituye una flexibilización arbitraria del reglamento. Por el contrario, responde a una evaluación técnica estructurada solicitada por el Ministerio de Salud y desarrollada con apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), según lo establecido en el informe MS-DPRSA-USA-2226-2024. Los VMAAR se calcularon con base en: • Datos toxicológicos validados, incluyendo estudios de NOAEL y estimaciones de Ingesta Diaria Admisible (IDA); • Factores de protección de al menos 100 veces, más un margen adicional del 20%, que resultan en valores conservadores; • Un enfoque precautorio que prioriza la protección de poblaciones vulnerables. Sobre el principio precautorio y las sentencias de la Sala Constitucional La aplicación de los VA y VMAAR se encuentra en total conformidad con el principio precautorio, consagrado en la normativa nacional (Ley General de Salud, Ley de Biodiversidad) e internacional. La Sala Constitucional, mediante voto 2023-25650, indicó que el uso de valores técnicos debe estar respaldado jurídicamente, pero no cuestionó su validez científica. En respuesta a esa observación, el Ministerio de Salud emitió la Resolución MS-DM-2187-2025 para dar un sustento legal a los VMAAR y así alinear el accionar institucional con la jurisprudencia vigente mientras se firmaba y publicaba la reforma Decreto Ejecutivo N.º 45019-S. Adicionalmente, la Sentencia N.º 17950-2017 de la Sala Constitucional establece que no se puede suspender por norma transitoria la aplicación de estándares más rigurosos sin justificación técnica, lo cual refuerza la importancia de que cualquier ajuste se base en evidencia científica y análisis de riesgo, como ha sido el caso presente. Sobre estándares internacionales y evidencia científica La metodología aplicada por el Ministerio de Salud y la OPS para establecer los VMAAR se encuentra alineada con las Directrices para la calidad del agua potable de la OMS, que reconocen la validez de realizar evaluaciones de riesgo para definir valores guía cuando no existan límites normativos establecidos. Los enfoques adoptados por agencias internacionales como Health Canada, US-EPA, EFSA, ANSES (Francia) y UBA (Alemania) han sido tomados como referencia para la construcción de los VMAAR, incluyendo el uso de factores de incertidumbre, definición de IDA, y evaluación diferenciada para adultos y niños. Además, estos valores están publicados y disponibles para escrutinio público en el sitio oficial del Ministerio de Salud, en cumplimiento del principio de transparencia y rendición de cuentas. El argumento planteado en el recurso de que las reformas al Reglamento relajan los estándares previos y contravienen derechos constitucionales fundamentales, como el derecho a la salud y a un ambiente sano (artículos 21 y 50 de la Constitución Política), no se sostiene desde una perspectiva técnica. Muy por el contrario, la reforma introducida por el Decreto Ejecutivo N.° 45019-S fortalece el marco normativo mediante: La incorporación de valores de alerta (VA) como mecanismo preventivo que activa medidas inmediatas cuando se supera el umbral de 0,1 μg/L, aun antes de contar con un valor máximo admisible específico para el contaminante. La definición clara de procedimientos de acción frente a detecciones, que incluyen la clausura preventiva inmediata de las fuentes mientras se realiza la evaluación de riesgo. Esto se establece textualmente en el apartado 1.2 del procedimiento: “El Ministerio de Salud (…) emitirá una orden sanitaria de clausura de la fuente de abastecimiento afectada. Esta medida se mantendrá vigente hasta que se realice una evaluación del riesgo sanitario asociado a la presencia del contaminante. La clausura busca prevenir la exposición de la población a un potencial peligro para la salud…” La incorporación del principio precautorio como eje rector: ante la incertidumbre, prima la protección inmediata, y solo posteriormente se autoriza una eventual reapertura de la fuente si la evaluación de riesgo determina que no existe un peligro significativo. La aplicación del principio de no regresión ambiental, al dejar expresamente establecido en el procedimiento normativo que: “El Ministerio de Salud emitirá órdenes sanitarias dirigidas siempre a restablecer el valor inicial menor a 0.1 μg/L, dado que el Valor Máximo Aceptable en Agua para el Riesgo (VMAAR) se considera temporal y transitorio” En resumen, lejos de debilitar la protección del agua potable y de los derechos constitucionales, la reforma reglamentaria dota al Ministerio de Salud de herramientas modernas, basadas en evidencia y principios ambientales, para atender de forma técnica, proporcionada y transparente los eventos de contaminación por sustancias emergentes como los metabolitos de plaguicidas. Conclusión La reforma reglamentaria introducida mediante el Decreto Ejecutivo N.° 45019-S no representa una flexibilización arbitraria de los estándares sanitarios, sino un fortalecimiento normativo que incorpora herramientas de gestión del riesgo basadas en ciencia, como el Valor de Alerta (VA), los procedimientos de clausura preventiva y los Valores Máximos Admisibles Ajustados por Riesgo (VMAAR). Los VMAAR para metabolitos del clorotalonil se fundamentan en evaluaciones de riesgo técnicotoxicológico desarrolladas con el respaldo de la Organización Panamericana de la Salud, conforme a metodologías internacionales y bajo principios como la precaución, prevención y proporcionalidad del riesgo. El Ministerio de Salud ha actuado conforme a los principios constitucionales del derecho a la salud y al ambiente sano, tomando medidas inmediatas y proporcionadas, como clausuras preventivas, abastecimiento alternativo de agua, monitoreo y coordinación interinstitucional. La normativa reformada establece de forma expresa que el objetivo final es restablecer la concentración de contaminantes a niveles menores de 0,1 μg/L, garantizando que el uso de VMAAR sea transitorio, justificado y siempre orientado a reducir la exposición a contaminantes (…)” Como puede apreciarse, las actuaciones de las autoridades de salud han estado ajustadas a las disposiciones técnicas desarrolladas con apoyo técnico de la Organización Panamericana de la Salud PS, cuyos resultados fueron consolidados con el fin de lograr el fortalecimiento normativo, incorporando herramientas de gestión del riesgo basadas en la ciencia, como es el Valor de Alerta (VA), que permite la aplicación de procedimientos de clausura preventiva, y los Valores Máximos Admisibles Ajustados por Riesgo (VMAAR), que se puedan encontrar en el agua, orientado a reducir la exposición humana a contaminantes, siendo de comprender que el VA introducido en el Cuadro 5 del Anexo 1 del Decreto Ejecutivo Nº 45019-S, tiene como finalidad establecer un umbral preventivo, para activar procesos de análisis de riesgo, antes de que se alcance una concentración que represente un riesgo inaceptable para la salud humana, no tratándose de límites permisibles, sino de disparadores de acciones correctivas.

4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

 Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,

Considerando:

I.- OBJETO DEL RECURSO. Afirma la recurrente que el 12 de enero del 2015 se publicó el Decreto Ejecutivo N.º 38924-S, titulado "Reglamento para la Calidad del Agua Potable", cuyo objetivo principal es garantizar el acceso a agua potable de calidad para toda la población, conforme a los más altos estándares de protección y manejo del agua para consumo humano. Acusa que, mediante el Decreto Ejecutivo N.º 45019-S, se modificaron aspectos fundamentales del reglamento cotado, incluyendo el Cuadro 5 y la incorporación del Cuadro 6 al Anexo 1, así como cambios en el Artículo 2 y 4. Considera que, tales modificaciones contravienen el derecho a la salud, derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, principio precautorio y tratados internacionales. Solicita que se declare con lugar el recurso, se ordene la suspensión inmediata de los efectos del decreto impugnado, en lo que respecta a las modificaciones realizadas al Reglamento para la Calidad del Agua y se ordene a las autoridades competentes que revisen y ajusten el derecho a los estándares internacionales de calidad del agua potable

II.- SE OTORGA PLAZO PARA INTERPONER ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. En el caso concreto, la parte recurrente refiere que el 12 de enero del 2015 se publicó el Decreto Ejecutivo N.º 38924-S, titulado "Reglamento para la Calidad del Agua Potable", cuyo objetivo principal es garantizar el acceso a agua potable de calidad para toda la población, conforme a los más altos estándares de protección y manejo del agua para consumo humano. Acusa que, mediante el Decreto Ejecutivo N.º 45019-S, se modificaron aspectos fundamentales del reglamento cotado, incluyendo el Cuadro 5 y la incorporación del Cuadro 6 al Anexo 1, así como cambios en el Artículo 2 y 4. Considera que, tales modificaciones contravienen el derecho a la salud, derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, principio precautorio y tratados internacionales. Solicita que se declare con lugar el recurso, se ordene la suspensión inmediata de los efectos del decreto impugnado, en lo que respecta a las modificaciones realizadas al Reglamento para la Calidad del Agua y se ordene a las autoridades competentes que revisen y ajusten el derecho a los estándares internacionales de calidad del agua potable. Al efecto, las autoridades accionadas refieren que la reforma introducida mediante el Decreto Ejecutivo N.° 45019-S (publicado en La Gaceta N.° 115 del 24 de junio de 2025) responde a una evaluación técnica estructurada solicitada por el Ministerio de Salud y desarrollada con apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Lo anterior hace que la situación planteada por la parte recurrente se encuentre regulada en el artículo 48 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, razón por la cual, procede suspender la tramitación de este recurso, a efecto de otorgar a la actora un plazo de quince días hábiles, contados a partir de la notificación de esta resolución, para que, dentro de este, interponga acción de inconstitucionalidad contra la normativa referida. Siendo que, de conformidad con lo preceptuado por el mismo numeral, si no lo hiciere, se archivará el expediente.

POR TANTO:

Se reserva el dictado de la sentencia en este proceso de amparo y se otorga al recurrente el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir de la notificación de esta resolución, para que interponga acción de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo N.° 45019-S (publicado en La Gaceta N.° 115 del 24 de junio de 2025).

 

 

 

 

 

	

Nombre137  V.

Presidente

	

 




Nombre152  C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 CXSCPVOP30K61

EXPEDIENTE N° 25-018978-0007-CO

 

Teléfonos: Telf46 /  (). Fax: Telf47 / Telf48. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección12 , Dirección13 , 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:59:02.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República
English translation (31,620 chars)
Exp: 25-018978-0007-CO

Res. No. 2025024082

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and fifteen minutes on the first of August of two thousand twenty-five.

Amparo action processed in case file No. 25-018978-0007-CO, filed by Nombre42521, identity card CED33875, against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA) and the MINISTERIO DE SALUD (MS).

Whereas:

1.- Through a document entered into the Online Management System of this Office on June 30, 2025, the petitioner files an amparo action against the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and the Ministerio de Salud. She states that "(...) 1. On January 12, 2015, Decreto Ejecutivo No. 38924-S, entitled 'Reglamento para la Calidad del Agua Potable', was published, the main objective of which is to guarantee access to quality drinking water for the entire population, in accordance with the highest standards of protection and management of water for human consumption. 2. Recently, through Decreto Ejecutivo No. 45019-S, fundamental aspects of the regulation were modified, including Table 5 and the incorporation of Table 6 into Anexo 1, as well as changes in Article 2 and 4. These modifications establish maximum admissible values (valores máximos admisibles, VMA) for various pesticides and pesticide metabolites in drinking water. 3. Among the changes made, the following stand out: a. The setting of an 'Alert Value' (Valor de Alerta, VA) of 0.10 µg/L for individual pesticides and 0.50 µg/L for total pesticides, with the possibility of adjusting these values through a so-called 'specific risk analysis' coordinated by the Ministerio de Salud. The establishment of an 'Alert Value' (VA) of 0.10 µg/L for individual pesticides and 0.50 µg/L for total pesticides opens the possibility that dangerous levels of chemical substances persist in drinking water before measures are taken. Chronic exposure, even at low concentrations, is linked to health problems such as cancer, endocrine disorders, and neurological damage, especially in vulnerable populations such as children and pregnant women. b. The incorporation of new chlorothalonil metabolites in drinking water with maximum admissible values ranging from 12 to 80 µg/L. These values exceed those established in the previous version of the regulation by up to 800 times. Chlorothalonil metabolites are concerning because studies have indicated that chlorothalonil and its degradation products can have toxic effects. For example, some of these metabolites are potentially carcinogenic and genotoxic, implying significant risks to human health, especially if consumed cumulatively. Furthermore, there is no basis for seeking to increase the maximum admissible values for chlorothalonil metabolites, considering ruling 2023-13384 of the Constitutional Chamber which orders the adoption and execution of the recommendations of the report entitled 'Informe Técnico Clorotalonil' of April 14, 2023, issued by the Ministerio de Salud, the Ministerio de Ambiente y Energía, and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, in which the prohibition of the pesticide is recommended. 4. These modifications not only relax previous standards, but also contravene fundamental principles related to the right to health and a healthy environment, guaranteed by the Political Constitution and the international treaties signed by Costa Rica. 1. Right to Health (Article 21 of the Political Constitution): Health is a fundamental right protected by the Constitution. The quality of drinking water is essential to guarantee the health of the population. The maximum admissible values established in the challenged decree do not comply with international protection standards and, by allowing higher concentrations of pesticides and metabolites, expose the population to unacceptable risks. 2. Right to a healthy and ecologically balanced environment (Article 50 of the Political Constitution): This right includes access to quality natural resources, such as drinking water. The modifications introduced by the decree violate this right by allowing contaminants in concentrations that could negatively affect human health and ecosystems. 3. Precautionary Principle: This principle, recognized in environmental law, obliges authorities to act with caution in the face of possible serious or irreversible damage to the environment or human health, even in the absence of absolute scientific certainty. The flexibilization of limits for pesticides and metabolites contradicts this principle. 4. International Treaties: Costa Rica is a signatory to various international instruments, such as the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and the Protocol of San Salvador, which recognize the right to safe and quality drinking water as part of the right to an adequate standard of living. (sic) (...)". She believes that the foregoing harms the right to health, the right to a healthy and ecologically balanced environment, the precautionary principle, and international treaties. She requests that the action be granted, that the immediate suspension of the effects of the challenged decree be ordered, regarding the modifications made to the Reglamento para la Calidad del Agua, and that the competent authorities be ordered to review and adjust the right to international drinking water quality standards and the precautionary principle, guaranteeing the effective protection of the right to health and a healthy environment, and to communicate the decision to the authorities for its immediate compliance.

2.- Through a document entered into the electronic file on July 16, 2025, María Alejandra Mora Segura, general manager of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, reports in the following terms: FIRST: It is true. SECOND: It is true. THIRD: It is true with corrections. However, what is expressed in this fact pertains to the Ministerio de Salud; it is necessary to mention report MS-DPRSA-USA-2226-2024 "INFORME INDICE RIESGO 8 METABOLITOS CLOROTALONIL", of November 1, 2024, in whose conclusions and recommendations it is indicated: (...) "CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS In this study, the Acceptable Daily Intakes (ADIs) (Ingestas Diarias Aceptables, IDAs) of CTL metabolites: Placa8214, Placa8215, Placa8216, and Identificacion105 were estimated, and these values were compared to determine the guideline values for adults and children. After a deep and exhaustive analysis of the scientific literature and reports from various Pesticide Regulatory Agencies, it was determined that for metabolites Placa8217, Identificacion106, Identificacion107, and Placa8218, the most conservative values would be used to establish the guideline values for both adults and children, corresponding to the parent compound (CTL), and it was determined that the most restrictive ADI was 0.010 mg/kg body weight per day (APVMA). Subsequently, water quality monitoring data from different ASADAS and aqueduct systems were used for the risk assessment for human consumption water. The maximum, minimum, average, and median values of CTL metabolites in water were analyzed. Risk quotients were calculated by dividing the concentration of each metabolite by its respective guideline value (for both adults and children). These quotients allow evaluating whether the concentrations of metabolites in water exceed the established guideline levels. None of the risk quotients for adults and children exceeded the guideline value. This indicates that the concentrations of CTL metabolites in water are below the levels considered safe according to the guideline values. Additionally, the percentages of ADI were calculated based on different water consumption scenarios, including the maximum, minimum, average, and median values. These percentages were obtained by comparing the daily amount of each metabolite ingested through water with its respective ADI. Additionally, guideline values for adults and children were determined based on the most restrictive ADIs. These guideline values were used to calculate the Tolerable Maximum Admissible Values (Valores Máximos Admisibles Tolerables, VMAT) by applying an additional protection factor of 20%, establishing the VMAT at 80% of the guideline value. This measure ensures an additional safety margin for the protection of public health. Subsequently, the RISK21 risk management tool was used to graph and characterize the risks with the values of the national regulation and compare them with those estimated from the VMAT calculations for adults and children. In all cases, it could be seen that the risk using the regulatory values is overestimated because they do not take into account the toxicological data of each metabolite. The results show that, in no case, neither for adults nor for children, is 100% of the ADI exceeded, even under the worst-case scenario. The analyses indicate that the dietary risks derived from the consumption of water with CTL residues and its metabolites are within the margin of acceptability for the general population and children. Similarly, when the risk for the four metabolites is estimated jointly as the sum of CTL in RISK21, it is observed that the regulatory limit indicates an unacceptable risk; however, the estimated dietary risk values show that the risk is acceptable, even in the worst-case scenario. This means that the concentrations found in monitoring do not represent a significant risk to health. In summary, the guideline levels such as the ADI are not exceeded, ensuring that the consumption of water with the detected concentrations of CTL and its metabolites is safe for all categories of the population evaluated. This result provides scientific supporting information for regulatory authorities to implement risk mitigation measures in water for human consumption for CTL metabolites." (highlighting is not from the original) As can be observed, from the report rendered, what is expressed by the petitioner misrepresents what was stated in the report rendered by the Ministerio de Salud. Regarding what was stated by the congresswoman about (...) "Furthermore, there is no basis for seeking to increase the maximum admissible values for chlorothalonil metabolites, considering ruling 2023-13384 of the Constitutional Chamber where it is ordered to adopt and execute the recommendations of the report entitled 'Informe Técnico Clorotalonil' of April 14, 2023, issued by the Ministerio de Salud, the Ministerio de Ambiente y Energía and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, in which the prohibition of the pesticide is recommended."; it must be taken into consideration that, through Decreto Ejecutivo 44280-S-MAG-MINAE, published in Alcance No. 237 to La Gaceta No. 223 of November 30, 2023, the prohibition of the registration, importation, exportation, manufacture, formulation, storage, distribution, transport, repackaging, refilling, handling, sale, mixing, and use of raw material or formulated products containing the active ingredient CHLOROTHALONIL was decreed, as established in Article 1 of said executive decree; meaning that what was set out in the inter-institutional report rendered has been fulfilled. It should be added that, notwithstanding the decreed prohibition, what is established in the risk index report for 8 chlorothalonil metabolites must be taken into consideration, which indicates: (...) "Due to the persistence of chlorothalonil metabolites, such as 2-carbamoyl-3,5,6-trichloro-4-cyanobenzene sulfonic acid, it is necessary to implement measures while environmental attenuation is generated that not only focus on preventing future contamination, but also on mitigating its long-term effects. Studies have shown that the half-life of some of these compounds can be considerably prolonged, with DT₉₀ values of 1344 days and DT₅₀ of 1000 days under laboratory conditions and modeling. This implies that, once in the environment, these pollutants could persist for years before their concentrations decrease significantly. Therefore, remediation actions must be maintained over time to manage the environmental legacy of these metabolites and protect both ecosystems and the human population." (...). From the above, it is clear that the persistence of chlorothalonil metabolites could last for years; therefore, the Ministerio de Salud, in accordance with its competencies, adopted the necessary measures until the environmental deconcentration of the metabolites is generated. It is important to emphasize that the modification of the Reglamento para la Calidad del Agua is the competence of the Ministerio de Salud. FOURTH: It is not true if the report rendered and actions adopted by the Ministerio de Salud in accordance with its competencies are taken as a reference; the petitioner does not provide any scientific evidence that refutes the actions adopted by said Ministry.

3.- By document dated July 15, 2025, Dr. Mary Denisse Munive Angermüller, known as Mery Denisse Munive Angermüller, Vice President of the Republic and Minister of Health, reports in the following terms: "(...) Official communication MS-DPRSA-0437-2025: '... ( )... This report is prepared for the purpose of providing the technical criterion of the Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental, through the Unidad de Salud Ambiental, regarding the allegations indicated in the action, especially concerning the establishment of alert values and maximum admissible values for metabolites of the pesticide chlorothalonil in water intended for human consumption. Regulatory Context The Reglamento para la Calidad del Agua Potable, Decreto Ejecutivo No. 38924-S of January 12, 2015, establishes the sanitary requirements that water intended for human consumption must meet in Costa Rica, including the maximum admissible values (VMA) for a series of physical, chemical, and microbiological parameters. The surveillance of its compliance corresponds to the Ministerio de Salud, in accordance with the provisions of Article 6 of the cited regulation, in concordance with the provisions of the Ley General de Salud (Law No. 5395), particularly in its Articles 265, 266, and 268. The reform introduced through Decreto Ejecutivo No. 45019-S (published in La Gaceta No. 115 of June 24, 2025) incorporated the following elements of technical relevance: • An Alert Value (VA) of 0.10 μg/L for individual pesticides and 0.50 μg/L for the total sum of pesticides. • A new Table 6 with risk-adjusted maximum admissible values (VMAAR) for eight chlorothalonil metabolites, resulting from an official dietary risk assessment developed jointly with the Organización Panamericana de la Salud (OPS). Situation in the northern zone of Cartago and basis for the risk assessment. Since 2021, the Ministerio de Salud, together with the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), has been addressing an urgent public health situation related to the presence of chlorothalonil pesticide metabolites in water sources for human consumption in the northern zone of the Cartago canton, in the cantons of Oreamuno and Alvarado. Analyses conducted by the IRET-UNA and CICA-UCR laboratories confirmed concentrations of various metabolites in springs (nacientes) used by local ASADAS. Some of these compounds exceeded 0.1 μg/L, which was the generic value used as a reference according to Anexo 1 of the Reglamento para la Calidad del Agua Potable (Decreto No. 38924-S). Faced with this situation, and considering that several of these metabolites did not have specific guideline values in the current regulation, the Ministerio de Salud requested technical assistance from the Organización Panamericana de la Salud (OPS) to conduct a specific dietary risk assessment for these compounds. The assessment was motivated by the following reasons: • Absence of specific regulatory values for chlorothalonil metabolites, which made proportional and technically sound regulatory decision-making difficult. • Need to protect public health without incurring disproportionate restrictive measures. • Application of the precautionary principle based on updated scientific evidence, which allows for differential risk management according to the actual toxicity of each metabolite. As a result, a rigorous technical-scientific analysis was carried out, consolidated in report MS-DPRSA-USA-2226-2024, through which guideline values for adults and children were estimated, and the Risk-Adjusted Maximum Admissible Values (Valores Máximos Admisibles Ajustados por Riesgo, VMAAR) were defined with a 20% protection factor applied to the toxicological reference values, following international methodologies endorsed by the WHO, EPA, and EFSA. (OPS Technical Report – Dietary risk assessment of chlorothalonil metabolites (Informe CIR 2024)). What is a risk assessment and how were the VMAAR defined? A human health risk assessment is a technical-scientific process that allows estimating whether exposure to a chemical substance represents a health hazard. This procedure is based on methodologies internationally recognized by organizations such as the World Health Organization (WHO), the United States Environmental Protection Agency (EPA), and the European Food Safety Authority (EFSA). The risk assessment developed for chlorothalonil metabolites comprised the following stages: Hazard Identification Eight chlorothalonil metabolites that have been detected in drinking water sources in the northern zone of Cartago were identified. Some of these compounds have shown genotoxic, carcinogenic potential, or chronic effects in experimental studies, while others do not present conclusive evidence of relevant toxicity. Dose-Response Assessment For each metabolite, chronic toxicological studies in animals (rats, mice, dogs, and rabbits) were reviewed to determine the No Observed Adverse Effect Level (NOAEL). From this value, the Acceptable Daily Intake (ADI) (Ingesta Diaria Admisible, IDA) for humans was calculated, applying safety factors to protect vulnerable groups such as children, the elderly, or people with chronic diseases. Exposure Assessment The results of samples taken from 75 supply sources in the affected area were analyzed, and the actual concentrations to which the population would be exposed were estimated. The assessment considered both acute and chronic exposures, as well as daily water consumption scenarios. Risk Characterization and Definition of the VMAAR Based on the guideline values obtained (in μg/L), the Risk-Adjusted Maximum Admissible Values (VMAAR) were defined, applying an additional protection factor of 20% to ensure a safety margin against analytical uncertainties and population variability. This approach guarantees that the permitted concentrations do not represent an unacceptable risk, even in prolonged exposures. Validation and Regulatory Support The assessment was developed with technical support from the OPS, and its results were consolidated in the report OPS_Informe CTL_Ministerio de Salud CIR. The VMAAR derived from this process were formally adopted through Ministerial Resolution MS-DM-2187-2025, as a transitional measure of proportional and legally supported application, while the regulatory reform process concluded. Response to the allegations of the action Regarding the Alert Value (VA) The Alert Value (VA) introduced in Table 5 of Anexo 1 of Decreto Ejecutivo No. 45019-S aims to establish a preventive threshold to activate risk analysis processes before a concentration representing an unacceptable risk to human health is reached. The value of 0.10 μg/L for individual pesticides and 0.50 μg/L for total pesticides is aligned with the approach adopted in various international jurisdictions, such as the European Union, where these values act as triggers for corrective actions, not as permissible limits. The VA does not replace the maximum admissible values (VMA) established by the regulation, but rather operates as an early surveillance tool that strengthens the capacity of the Ministerio de Salud to respond to contamination events, activating technical-toxicological risk assessments immediately and in a focused manner. Regarding the maximum values for chlorothalonil metabolites (VMAAR) The setting of Risk-Adjusted Maximum Admissible Values (VMAAR) for eight chlorothalonil metabolites does not constitute an arbitrary flexibilization of the regulation. On the contrary, it responds to a structured technical assessment requested by the Ministerio de Salud and developed with support from the Organización Panamericana de la Salud (OPS), as established in report MS-DPRSA-USA-2226-2024. The VMAAR were calculated based on: • Validated toxicological data, including NOAEL studies and estimates of Acceptable Daily Intake (ADI); • Protection factors of at least 100-fold, plus an additional 20% margin, resulting in conservative values; • A precautionary approach that prioritizes the protection of vulnerable populations. Regarding the precautionary principle and the rulings of the Constitutional Chamber The application of the VA and VMAAR is in full conformity with the precautionary principle, enshrined in national legislation (Ley General de Salud, Ley de Biodiversidad) and international law. The Constitutional Chamber, through vote 2023-25650, indicated that the use of technical values must be legally supported, but did not question its scientific validity. In response to that observation, the Ministerio de Salud issued Resolution MS-DM-2187-2025 to provide legal support for the VMAAR and thus align institutional action with current jurisprudence while Decreto Ejecutivo No. 45019-S was being signed and published. Additionally, Judgment No. 17950-2017 of the Constitutional Chamber establishes that the application of more rigorous standards cannot be suspended by a transitional rule without technical justification, which reinforces the importance of any adjustment being based on scientific evidence and risk analysis, as has been the case here. Regarding international standards and scientific evidence The methodology applied by the Ministerio de Salud and the OPS to establish the VMAAR is aligned with the WHO Guidelines for drinking-water quality, which recognize the validity of conducting risk assessments to define guideline values when no established regulatory limits exist. The approaches adopted by international agencies such as Health Canada, US-EPA, EFSA, ANSES (France), and UBA (Germany) have been taken as a reference for the construction of the VMAAR, including the use of uncertainty factors, definition of ADI, and differentiated assessment for adults and children. Furthermore, these values are published and available for public scrutiny on the official website of the Ministerio de Salud, in compliance with the principles of transparency and accountability. The argument raised in the action that the reforms to the regulation relax previous standards and contravene fundamental constitutional rights, such as the right to health and a healthy environment (Articles 21 and 50 of the Political Constitution), is not sustainable from a technical perspective. Quite the contrary, the reform introduced by Decreto Ejecutivo No. 45019-S strengthens the regulatory framework through: The incorporation of alert values (VA) as a preventive mechanism that activates immediate measures when the 0.1 μg/L threshold is exceeded, even before having a specific maximum admissible value for the contaminant. The clear definition of action procedures upon detections, which include the immediate preventive closure of sources while the risk assessment is carried out. This is established textually in section 1.2 of the procedure: 'The Ministerio de Salud (...) will issue a sanitary order for the closure of the affected supply source. This measure will remain in effect until a sanitary risk assessment associated with the presence of the contaminant is carried out. The closure seeks to prevent the exposure of the population to a potential health hazard…' The incorporation of the precautionary principle as a guiding axis: in the face of uncertainty, immediate protection prevails, and only subsequently is a potential reopening of the source authorized if the risk assessment determines that no significant danger exists. The application of the principle of environmental non-regression, by expressly stating in the regulatory procedure that: 'The Ministerio de Salud will issue sanitary orders always aimed at restoring the initial value to less than 0.1 μg/L, given that the Maximum Acceptable Value in Water for Risk (VMAAR) is considered temporary and transitional.' In summary, far from weakening the protection of drinking water and constitutional rights, the regulatory reform provides the Ministerio de Salud with modern tools, based on evidence and environmental principles, to address contamination events caused by emerging substances such as pesticide metabolites in a technical, proportionate, and transparent manner. Conclusion The regulatory reform introduced through Decreto Ejecutivo No. 45019-S does not represent an arbitrary flexibilization of sanitary standards, but rather a normative strengthening that incorporates science-based risk management tools, such as the Alert Value (VA), preventive closure procedures, and the Risk-Adjusted Maximum Admissible Values (VMAAR). The VMAAR for chlorothalonil metabolites are based on technical-toxicological risk assessments developed with the support of the Organización Panamericana de la Salud, in accordance with international methodologies and under principles such as precaution, prevention, and proportionality of risk. The Ministerio de Salud has acted in accordance with the constitutional principles of the right to health and a healthy environment, taking immediate and proportionate measures, such as preventive closures, alternative water supply, monitoring, and inter-institutional coordination. The reformed regulation expressly establishes that the final objective is to restore the concentration of contaminants to levels below 0.1 μg/L, guaranteeing that the use of the VMAAR is transitional, justified, and always aimed at reducing exposure to contaminants (...)' As can be seen, the actions of the health authorities have been in accordance with the technical provisions developed with technical support from the Organización Panamericana de la Salud (PS), whose results were consolidated in order to achieve regulatory strengthening, incorporating science-based risk management tools, such as the Alert Value (VA), which allows the application of preventive closure procedures, and the Risk-Adjusted Maximum Admissible Values (VMAAR), which may be found in water, aimed at reducing human exposure to contaminants. It should be understood that the VA introduced in Table 5 of Anexo 1 of Decreto Ejecutivo No. 45019-S aims to establish a preventive threshold to activate risk analysis processes before a concentration representing an unacceptable risk to human health is reached; these are not permissible limits, but rather triggers for corrective actions.

4.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

Drafted by Magistrate Hess Herrera; and,

Considering:

I.- OBJECT OF THE ACTION. The petitioner affirms that on January 12, 2015, Decreto Ejecutivo No. 38924-S, entitled "Reglamento para la Calidad del Agua Potable", was published, the main objective of which is to guarantee access to quality drinking water for the entire population, in accordance with the highest standards of protection and management of water for human consumption. She accuses that, through Decreto Ejecutivo No. 45019-S, fundamental aspects of the cited regulation were modified, including Table 5 and the incorporation of Table 6 into Anexo 1, as well as changes in Article 2 and 4. She considers that such modifications contravene the right to health, the right to a healthy and ecologically balanced environment, the precautionary principle, and international treaties.

Requests that the appeal be granted, that the immediate suspension of the effects of the challenged decree be ordered, with respect to the modifications made to the Reglamento para la Calidad del Agua, and that the competent authorities be ordered to review and adjust the law to international drinking water quality standards.

II.- A TIME LIMIT IS GRANTED TO FILE AN UNCONSTITUTIONALITY ACTION. In the specific case, the appellant states that on January 12, 2015, Decreto Ejecutivo N.º 38924-S, entitled "Reglamento para la Calidad del Agua Potable," was published, with the main objective of guaranteeing access to quality drinking water for the entire population, in accordance with the highest standards of protection and management of water for human consumption. It challenges that, through Decreto Ejecutivo N.º 45019-S, fundamental aspects of the cited regulation were modified, including Table 5 and the incorporation of Table 6 into Anexo 1, as well as changes in Article 2 and 4. It considers that such modifications contravene the right to health, the right to a healthy and ecologically balanced environment, the precautionary principle, and international treaties. Requests that the appeal be granted, that the immediate suspension of the effects of the challenged decree be ordered, with respect to the modifications made to the Reglamento para la Calidad del Agua, and that the competent authorities be ordered to review and adjust the law to international drinking water quality standards. To this effect, the respondent authorities state that the reform introduced through Decreto Ejecutivo N.° 45019-S (published in La Gaceta N.° 115 of June 24, 2025) responds to a structured technical evaluation requested by the Ministerio de Salud and developed with the support of the Organización Panamericana de la Salud (OPS).

The foregoing means that the situation raised by the appellant is regulated in article 48 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, for which reason it is appropriate to suspend the processing of this appeal, in order to grant the plaintiff a period of fifteen business days, counted from the notification of this resolution, to, within this period, file an unconstitutionality action against the referenced regulations. Given that, in accordance with the provisions of the same numeral, if it does not do so, the file will be archived.

POR TANTO:

The issuance of the judgment in this amparo proceeding is reserved, and the appellant is granted a period of FIFTEEN BUSINESS DAYS, counted from the notification of this resolution, to file an unconstitutionality action against Decreto Ejecutivo N.° 45019-S (published in La Gaceta N.° 115 of June 24, 2025).

 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nNombre137  V.\n\nPresidente\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nNombre152  C.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nPaul Rueda L.\n\n\n\n\nLuis Fdo. Salazar A.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Araya G.\n\n\n\n\nAnamari Garro V.\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIngrid Hess H.\n\n \n\n \n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification code --\n\n\n\n CXSCPVOP30K61\n\nEXPEDIENTE N° 25-018978-0007-CO\n\n \n\nTelephones: Telf46 /  (). Fax: Telf47 / Telf48. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección12 , Dirección13 , 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).\n\n \n\n \n\nIs a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 10:59:02.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República