Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)III.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Antes de analizar este asunto debe aclararse que a partir de la sentencia N° 2008-02545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008 esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones- aquellos asuntos en los que se discute si la administración ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o por leyes sectoriales para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite se plantea un supuesto de excepción, pues se está frente a una denuncia ambiental fundamentada en la construcción de un hospital nuevo en Orotina que colinda con la vivienda del recurrente, ya que según indica dicha obra ha generado afectaciones graves a su entorno y a otros adultos mayores, incluyendo ruido excesivo, amenazas de demolición y falta de rutas de evacuación. Ahora bien, pese a lo anterior, del propio dicho de la parte gestionante y de la prueba aportada se colige que la denuncia fue interpuesta el 3 de julio de 2025, es decir que a la fecha de planteado este amparo -11 de julio de 2025- la autoridad recurrida se encuentra aún en plazo para resolver y comunicar el resultado a la interesada, lo anterior en atención a lo dispuesto en el artículo 261 de la Ley General de la Administración Pública, que dispone -en términos generales- dos meses para tales efectos. En consecuencia, este recurso resulta prematuro y por ende se declara inadmisible.
English (translation)III. ON THE SPECIFIC CASE. Before analyzing this matter, it must be clarified that, since decision No. 2008-02545 at 08:55 on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction—with certain exceptions—those matters in which it is disputed whether the administration has complied with the deadlines set by the General Public Administration Law (Articles 261 and 325) or by sectoral laws to resolve by final act an administrative procedure—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear the appropriate administrative appeals. In the case at hand, an exception arises, for we are faced with an environmental complaint based on the construction of a new hospital in Orotina adjacent to the petitioner's home, which, he claims, has caused serious impacts on his surroundings and on other elderly persons, including excessive noise, demolition threats, and lack of evacuation routes. However, despite the foregoing, from the petitioner's own statements and the evidence submitted, it is inferred that the complaint was lodged on July 3, 2025, meaning that on the date this amparo was filed—July 11, 2025—the respondent authority is still within the time limit to resolve and communicate the outcome to the interested party, pursuant to Article 261 of the General Public Administration Law, which generally provides two months for such purposes. Consequently, this petition is premature and is therefore declared inadmissible.
Inadmissible
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 24183 - 2025 Fecha de la Resolución: 01 de Agosto del 2025 a las 09:15 Expediente: 25-020233-0007-CO Redactado por: Fernando Castillo Víquez Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Texto de la resolución Exp: 25-020233-0007-CO Res. Nº 2025024183 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del uno de agosto de dos mil veinticinco . Recurso de amparo interpuesto por Nombre42480 , cédula de identidad CED33850, contra la MUNICIPALIDAD DE OROTINA Y LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. Resultando: 1.- Por escrito incorporado en el expediente digital a las 13:20 horas de 11 de julio de 2025, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Orotina y la Caja Costarricense de Seguro Social. Manifiesta que desde el año 1977 reside junto a su familia en una propiedad ubicada al costado este del terreno donde actualmente se construye un hospital nuevo en Orotina. Indica que dicha construcción ha generado afectaciones directas a su entorno y al de otros vecinos adultos mayores, quienes se encuentran en estado de preocupación y ansiedad. Comenta que la maquinaria utilizada en la obra produce ruidos constantes que alteran la tranquilidad de la zona y afectan su salud emocional y la de su esposa. Agrega que funcionarios municipales se han apersonado al lugar con documentos que no han sido explicados adecuadamente y que incluso se ha mencionado la posible demolición de parte de sus viviendas. Reclama que no se les ha garantizado un área de evacuación en caso de sismo y que la construcción los ha dejado encerrados sin rutas de salida seguras. Indica que el 3 de julio de 2025 le solicitó a la Municipalidad de Orotina y a la Caja Costarricense de Seguro Social que cesen las molestias y se respete la integridad de los adultos mayores afectados; no obstante, reclama que a la fecha en la que acude en amparo no han atendido sus denuncias. Comenta que teme por la seguridad de su vivienda y la de sus vecinos. Por lo anterior, solicita se declare con lugar el recurso y se ordene le ordene a las autoridades recurridas suspender la obra de construcción del hospital aludido hasta que se garantice una solución razonable y proporcional conforme al derecho. 2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada. Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y, Considerando: I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente manifiesta que desde 1977 reside junto a su familia en una propiedad colindante con la construcción de un hospital en Orotina. Alega que dicha obra ha generado afectaciones graves a su entorno y a otros adultos mayores, incluyendo ruido excesivo, amenazas de demolición y falta de rutas de evacuación. Reclama que las autoridades no han atendido sus denuncias y solicita que se suspenda la construcción hasta que se garantice una solución conforme al derecho. II.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Antes de analizar este asunto debe aclararse que a partir de la sentencia N° 2008-02545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008 esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones- aquellos asuntos en los que se discute si la administración ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o por leyes sectoriales para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite se plantea un supuesto de excepción, pues se está frente a una denuncia ambiental fundamentada en la construcción de un hospital nuevo en Orotina que colinda con la vivienda del recurrente, ya que según indica dicha obra ha generado afectaciones graves a su entorno y a otros adultos mayores, incluyendo ruido excesivo, amenazas de demolición y falta de rutas de evacuación. Ahora bien, pese a lo anterior, del propio dicho de la parte gestionante y de la prueba aportada se colige que la denuncia fue interpuesta el 3 de julio de 2025, es decir que a la fecha de planteado este amparo -11 de julio de 2025- la autoridad recurrida se encuentra aún en plazo para resolver y comunicar el resultado a la interesada, lo anterior en atención a lo dispuesto en el artículo 261 de la Ley General de la Administración Pública, que dispone -en términos generales- dos meses para tales efectos. En consecuencia, este recurso resulta prematuro y por ende se declara inadmisible. III.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. POR TANTO: Se rechaza de plano el recurso.- Nombre137 V. Presidente Nombre152 C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- PZMMNKQRR0861 EXPEDIENTE N° 25-020233-0007-CO Teléfonos: Telf46 / (). Fax: Telf47 / Telf48. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección12 , Dirección13 , 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:58:59. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
EXPEDIENTE N° 25-020233-0007-CO Res. N° 2025024183 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours fifteen minutes on the first of August of two thousand twenty-five. Amparo action filed by Nombre42480, identity card CED33850, against the MUNICIPALITY OF OROTINA AND THE COSTA RICAN SOCIAL SECURITY FUND. Whereas: 1.- By brief entered into the digital case file at 13:20 on 11 July 2025, the petitioner files an amparo action against the Municipality of Orotina and the Costa Rican Social Security Fund. He states that since 1977 he has resided with his family on a property located on the east side of the land where a new hospital is currently being built in Orotina. He indicates that this construction has caused direct impacts to his environment and to that of other elderly neighbors, who are in a state of worry and anxiety. He comments that the machinery used in the project produces constant noise that disrupts the tranquility of the area and affects his and his wife's emotional health. He adds that municipal officials have visited the site with documents that have not been adequately explained and that the possible demolition of part of their homes has even been mentioned. He complains that they have not been guaranteed an evacuation area in the event of an earthquake and that the construction has left them boxed in without safe exit routes. He indicates that on 3 July 2025 he requested that the Municipality of Orotina and the Costa Rican Social Security Fund cease the nuisances and respect the integrity of the affected elderly adults; however, he complains that as of the date he files this amparo, they have not addressed his complaints. He comments that he fears for the safety of his home and that of his neighbors. Given the foregoing, he requests that the action be granted and that the respondent authorities be ordered to suspend the construction work on the aforementioned hospital until a reasonable and proportionate solution is guaranteed in accordance with the law. 2.- Article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction empowers this Chamber to reject, on procedural or substantive grounds, at any time, even from its presentation, any petition brought to its attention that proves to be manifestly inadmissible, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is a simple reiteration or reproduction of an equal or similar previously rejected petition. Drafted by Judge Castillo Víquez; and, Considering: I.- PURPOSE OF THE ACTION. The petitioner states that since 1977 he has resided with his family on a property adjacent to the construction of a hospital in Orotina. He alleges that this project has caused severe impacts to his environment and to other elderly adults, including excessive noise, threats of demolition, and a lack of evacuation routes. He complains that the authorities have not addressed his complaints and requests that the construction be suspended until a solution is guaranteed in accordance with the law. II.- REGARDING THE SPECIFIC CASE. Before analyzing this matter, it must be clarified that, as of judgment N° 2008-02545 of 08:55 hours on 22 February 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is disputed whether the administration has or has not complied with the timeframes set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or by sectoral laws to resolve, by final act, an administrative procedure—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear the applicable administrative appeals. Precisely, in the case at hand, an exception scenario is raised, since we are dealing with an environmental complaint based on the construction of a new hospital in Orotina that is adjacent to the petitioner's home, since, according to him, this project has caused severe impacts to his environment and to other elderly adults, including excessive noise, threats of demolition, and a lack of evacuation routes. Now then, despite the foregoing, from the petitioner's own account and from the evidence provided, it is inferred that the complaint was filed on 3 July 2025, meaning that as of the date this amparo action was filed—11 July 2025—the respondent authority is still within the timeframe to resolve and communicate the result to the interested party, pursuant to the provisions of article 261 of the General Law of Public Administration, which provides—in general terms—two months for such purposes. Consequently, this action is premature and is therefore declared inadmissible. III.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that, if any paper document was provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematics, or new-technology-produced device, these must be withdrawn from the office within a maximum period of thirty business days, counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not withdrawn within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by the Full Court in Session N° 27-11, of 22 August 2011, article XXVI and published in Boletín Judicial N° 19, of 26 January 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in Session N° 43-12, held on 3 May 2012, article LXXXI. THEREFORE: The action is rejected outright.- Nombre137 V. Presidente Nombre152 C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *PZMMNKQRR0861* EXPEDIENTE N° 25-020233-0007-CO Teléfonos: Telf46 / (). Fax: Telf47 / Telf48. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección12, Dirección13, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:58:59. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República