Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)“En el sub examine, se estima que lo procedente es declarar sin lugar el recurso, por cuanto no se cumplen con los presupuestos indicados supra para entender que estamos ante un caso de excepción, esto es, ante uno de los dos supuestos que podrían justificar que la Sala Constitucional entre a conocer de este asunto, pese a que no hubo denuncia. Y, como se ha visto, no consta que previo a la interposición del recurso, el accionante haya interpuesto alguna denuncia formal ante las autoridades recurridas y que dicha denuncia no haya sido atendida”.
“Precisamente, en consonancia con el criterio transcrito, en el sub iudice tampoco se está ante alguno de los supuestos en los que esta Sala podría entrar a conocer, sin una denuncia previa, la situación expuesta por el recurrente. Y, en todo caso, de la relación de hechos probados se tiene por demostrado que, pese no haber existido denuncia previa, con ocasión de la tramitación de este amparo los accionados desplegaron acciones para solventar la problemática”.
English (translation)“In the case at hand, it is deemed appropriate to dismiss the appeal, because the prerequisites indicated above to consider that we are dealing with an exceptional case are not met, that is, one of the two assumptions that could justify the Constitutional Chamber taking cognizance of this matter, despite the absence of a complaint. And, as seen, it is not recorded that prior to filing the appeal, the appellant filed any formal complaint before the respondent authorities and that said complaint was not addressed”.
“Precisely, in line with the transcribed criterion, in the sub iudice case none of the assumptions under which this Chamber could take cognizance, without a prior complaint, of the situation presented by the appellant are present. And, in any case, from the list of proven facts it is demonstrated that, despite the absence of a prior complaint, on the occasion of the processing of this amparo the respondents took actions to resolve the issue”.
Denied
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 25666 - 2025 Fecha de la Resolución: 14 de Agosto del 2025 a las 09:20 Expediente: 25-003945-0007-CO Redactado por: Jorge Araya Garcia Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Texto de la resolución Exp: 25-003945-0007-CO Res. Nº 2025025666 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del catorce de agosto de dos mil veinticinco . Recurso de amparo que se tramita en expediente nro. 25-003945-0007-CO, interpuesto por Nombre46289 , cédula de identidad CED36364, contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA), EL MINISTERIO DE SALUD Y LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ. Resultando: 1.- Por escrito incorporado al expediente digital el 11 de febrero de 2025, el recurrente interpone recurso de amparo. Indica que es vecino de Dirección5927 , San José, en una calle sin salida donde residen aproximadamente 15 familias, entre ellas personas adultas mayores, niños y adolescentes. Expone que, desde hace varios meses, la comunidad enfrenta una emergencia sanitaria, pues en la entrada de la calle se ha producido un derrame de aguas negras, lo que ha generado un foco de contaminación que afecta a los vecinos y a quienes transitan diariamente por la zona. Señala que el problema se ha agravado debido a los cambios climáticos recientes, lo que ha provocado que la filtración de aguas residuales se extienda por un área de aproximadamente 50 metros. Indica que la zona pertenece a la Municipalidad de San José, por lo que corresponde a esta entidad atender el problema. Expone que el 9 de febrero de 2025 recopiló evidencia fotográfica de la situación, aunque considera que la magnitud de la contaminación no puede apreciarse completamente en las imágenes. Afirma que la gravedad de la emergencia hace necesaria una inspección in situ por parte de las autoridades competentes, para que se emita un informe sanitario oficial que permita dimensionar la afectación y establecer las medidas correctivas necesarias. Señala que la presencia de esta cloaca a cielo abierto representa un riesgo inminente para la salud pública. Explica que los vecinos han percibido olores nauseabundos en el agua potable, lo que genera la sospecha de que el suministro de agua podría estar contaminado con aguas residuales, aumentando el riesgo sanitario. Indica que esta situación también ha favorecido la proliferación de mosquitos, lo que incrementa el peligro de contagio de enfermedades como el dengue y otras infecciones transmitidas por vectores. Expone que el contacto permanente con estos desechos podría desencadenar un brote de enfermedades infecciosas que pongan en peligro la vida de los habitantes del sector. Manifiesta que, a pesar de la gravedad de la situación, las autoridades competentes no han tomado ninguna acción para atender la emergencia. Indica que ninguna entidad estatal se ha apersonado al lugar para inspeccionar la problemática ni para aplicar medidas paliativas que permitan contener la propagación de la contaminación mientras se ejecuta una solución definitiva. Señala que el Ministerio de Salud Pública ha hecho reiterados llamados a la ciudadanía para denunciar focos de contaminación y tomar medidas preventivas ante el aumento de casos de dengue en el país. Expone que, en concordancia con esta directriz, se ha presentado esta denuncia ante las autoridades estatales, con el fin de que se adopten acciones urgentes para proteger los derechos fundamentales de los habitantes de la comunidad. 2.- Mediante resolución de la Presidencia de la Sala de las 21:46 horas del 13 de febrero de 2025, se dio curso al proceso y requirió informe al ministro y al director del Área Rectora de Salud Sureste-Metropolitana, ambos del Ministerio de Salud, al gerente general del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; así como al alcalde y presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de San José. 3.- Informa Nombre14457 , en su condición de gerenta general del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Expone: “RESPUESTA INSTITUCIONAL Mediante oficio N° DRyT-OMSR-2025-00082 de fecha 18 de febrero del 2025, el Ingeniero William Leininger Sancho, Ingeniero de Operación y Mantenimiento de Recolección RYT GAM del AyA, informa lo siguiente: Por parte de la Dirección de Recolección y Tratamiento de la GAM, se recibe la información del recurso de amparo presentado, el día 14 de febrero de los corrientes, por lo que en esa misma fecha se envía personal al sitio encontrando un afloramiento de las aguas residuales a nivel de la acera. En vista de lo anterior, en esta misma fecha se solicita la presencia de personal operativo para realizar labores de mantenimiento preventivo, mediante la orden de servicio 50959068. El personal llega al sitio y realiza labores de mantenimiento correctivo a una red que se ubica debajo de la acera, la cual tenía una obstrucción en una caja de registro. Cabe mencionar que con el desarrollo de los trabajos anteriormente descritos, se solucionó la problemática denunciada por el recurrente. Adicionalmente se procede a revisar el software del AyA, del Sistema Comercial denominado OPEN, para los últimos 12 meses, encontrando que para ese lugar no se cuenta con denuncias generadas. Aunado a lo anterior, en vista que el recurrente no aporta número de las denuncias realizadas por él tal y como lo menciona en el escrito presentado ante la Sala Constitucional, no fue posible corroborar que las mismas fueron tramitadas. Cabe mencionar que el AyA realiza labores de mantenimiento preventivo a fin de atender anomalías antes de que estas se materialicen en afloramientos de aguas residuales. Para lo cual se realizan inspecciones programadas a diferentes puntos de la GAM. Sin embargo, en vista de la gran cobertura que tiene el sistema de recolección de aguas residuales, es materialmente imposible revisar la totalidad del sistema. Por otra parte, AyA cumple con los tiempos definidos por la ARESEP, para la atención de denuncias de este tipo; la ARESEP establece que los tiempos de atención debe ser no mayor a 5 días y el AyA en promedio atiende estos casos en 1.7 días. Por lo tanto, si la denuncia hubiera llegado en forma correcta al área operativa esta hubiera sido atendida dentro del plazo definido por la ARESEP. CONSIDERACIONES DE FONDO La competencia rectora del Instituto se desprende de lo ordenado en los artículos 1 y 2 de la Ley Constitutiva de AyA, que a la rezan: Artículo 1º-.Con el objeto de dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el planeamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos, lo mismo que el aspecto normativo de los sistemas de alcantarillado pluvial en áreas urbanas, para todo el territorio nacional se crea el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como institución autónoma del Estado. Así reformado por el artículo 1 de la Ley No. 5915, del 12 de julio de 1976. Artículo 2º-.Corresponde al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados: a) Dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la república de un servicio de agua potable, recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos y de aguas pluviales en las áreas urbanas; b) Determinar la prioridad, conveniencia y viabilidad de los diferentes proyectos que se propongan para construir, reformar, ampliar, modificar obras de acueductos y alcantarillados; las cuales no se podrán ejecutar sin su aprobación; c) Promover la conservación de las cuencas hidrográficas y la protección ecológica, así como el control de la contaminación de las aguas; d) Asesorar a los demás organismos del Estado y coordinar las actividades públicas y privadas en todos los asuntos relativos al establecimiento de acueductos y alcantarillados y control de la contaminación de los recursos de agua, siendo obligatoria, en todo caso, su consulta, e inexcusable el cumplimiento de sus recomendaciones; e) Elaborar o aprobar todos los planos de las obras públicas relacionadas con los fines de esta ley, así como aprobar todos los de las obras privadas que se relacionen con los sistemas de acueductos y alcantarillados, según lo determinen los reglamentos respectivos; f) Aprovechar, utilizar, gobernar o vigilar, según sea el caso, todas las aguas de dominio público indispensables para el debido cumplimiento de las disposiciones de esta ley, en ejercicio de los derechos que el estado tiene sobre ellas, conforme a la ley número 276 de 27 de agosto de 1942, a cuyo efecto el instituto se considerará el órgano sustitutivo de las potestades atribuidas en esa ley al estado, ministerios y municipalidades; g) Administrar y operar directamente los sistemas de acueductos y alcantarillados en todo el país, los cuales se irán asumiendo tomando en cuenta la conveniencia y disponibilidad de recursos. Los sistemas que actualmente están administrados y operados por las corporaciones municipales podrán seguir a cargo de éstas, mientras suministren un servicio eficiente; Bajo ningún concepto podrá delegar la administración de los sistemas de acueductos y alcantarillado sanitario del Area Metropolitana. Tampoco podrá delegar la administración de los sistemas sobre los cuales exista responsabilidad financiera y mientras ésta corresponda directamente al Instituto. Queda facultada la institución para convenir, con organismos locales, la administración de tales servicios o administrarlos a través de juntas administradoras de integración mixta entre el Instituto y las respectivas comunidades, siempre que así conviniere para la mejor prestación de los servicios y de acuerdo con los reglamentos respectivos. Por las mismas razones y con las mismas características, también podrán crearse juntas administradoras regionales que involucren a varias municipalidades; h) Hacer cumplir la ley general de agua potable, para cuyo efecto el instituto se considerará como el organismo sustituto de los ministerios y municipalidades indicados en dicha ley; i) Construir, ampliar y reformar los sistemas de acueductos y alcantarillados en aquellos casos en que sea necesario y así lo aconseje la mejor satisfacción de las necesidades nacionales; y j) Controlar la adecuada inversión de todos los recursos que el Estado asigne para obras de acueductos y alcantarillado sanitario. Así reformado por el artículo 1 de la Ley No. 5915, del 12 de julio de 1976. De un desglose de los conceptos incorporados en esas normas, se establece en términos generales la obligación del AyA de dirigir y vigilar a nivel nacional todo lo concerniente al abastecimiento de agua potable y tratamiento de aguas residuales, para lo cual, se establece la facultad del Instituto de fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el planeamiento, financiamiento, como mecanismos para el desarrollo de esos servicios a nivel nacional. En esencia el término de rectoría consiste en la potestad de dirigir, es gobierno, es la posibilidad de emanar directrices, lo cual desde un punto de vista jurídico significa necesariamente la existencia de una relación de jerarquía, una vinculación jerárquica que obliga al cumplimiento y acatamiento de las directrices emanadas del ente rector. Aspectos relevantes que se destacan en este caso : - La carga de la prueba en un recurso de amparo es la obligación de acreditar los hechos y circunstancias que fundamentan las pretensiones del recurrente. - La carga de la prueba corresponde a quien afirma la existencia de un hecho controvertido o de un precepto jurídico. - La carga de la prueba es una regla de juicio que le indica a las partes la autorresponsabilidad que tienen para que los hechos aparezcan demostrados. - La inobservancia de la carga de la prueba puede conducir al pronunciamiento de una sentencia desfavorable. El artículo 38 de la LJC establece que dentro del recurso deberá aportarse las pruebas de cargo. Atendiendo a las complejas realidades que abarcan los recursos de amparo en materia ambiental, el juez constitucional tiene la posibilidad, de conformidad con el artículo 47 de la LJC, de ordenar cualquier otra diligencia como prueba para mejor proveer, este artículo, le ofrece al juez una gama de actuaciones (ejemplo: visitas in situ, señalamiento de vista) para que en casos complejos y técnicos pueda ordenar una serie de pruebas que permitan determinar la verdad real, y pueda ampliar la perspectiva en el análisis de las actuaciones probatorias pertinentes en los recursos de amparo por amenaza o vulneración del derecho al ambiente. Desde el momento en que un poder público ha intervenido ejerciendo sus competencias legales y reglamentarias, sustanciando un procedimiento -serie concatenada de actuaciones administrativas- y dictando actos administrativos, el asunto estará fuera de la órbita del control de constitucionalidad, lo mismo si incumple u omite sus obligaciones legales y reglamentarias. Reiteramos que : Con el desarrollo de los trabajos anteriormente descritos, se solucionó la problemática denunciada por el recurrente. Se procedió a revisar el software del AyA, del Sistema Comercial denominado OPEN, para los últimos 12 meses, encontrando que para ese lugar no se cuenta con denuncias generadas. El recurrente no aportó número alguno de las denuncias realizadas tal como lo menciona en el escrito presentado ante la Sala Constitucional. Por lo tanto, no fue posible corroborar que las mismas fueron tramitadas. No obstante; tal como se señaló anteriormente, se solicita la presencia de personal operativo para realizar labores de mantenimiento preventivo, mediante la orden de servicio 50959068. El personal llega al sitio y realiza labores de mantenimiento correctivo a una red que se ubica debajo de la acera, la cual tenía una obstrucción en una caja de registro. Cabe mencionar que con el desarrollo de los trabajos anteriormente descritos, se solucionó la problemática denunciada por el recurrente. Se procedió a revisar el software del AyA, del Sistema Comercial denominado OPEN, para los últimos 12 meses, encontrando que para ese lugar no se cuenta con denuncias generadas. Cabe reiterar que el AyA realiza labores de mantenimiento preventivo a fin de atender anomalías antes de que estas se materialicen en afloramientos de aguas residuales. Para lo cual se realizan inspecciones programadas a diferentes puntos de la GAM. Sin embargo, en vista de la gran cobertura que tiene el sistema de recolección de aguas residuales, es materialmente imposible revisar la totalidad del sistema. Por otra parte, AyA cumple con los tiempos definidos por la ARESEP, para la atención de denuncias de este tipo; la ARESEP establece que los tiempos de atención debe ser no mayor a 5 días y el AyA en promedio atiende estos casos en 1.7 días. Por lo tanto, si la denuncia hubiera llegado en forma correcta al área operativa esta hubiera sido atendida dentro del plazo definido por la ARESEP. PETITORIA Con fundamento en las razones de hecho y de derecho señaladas, dejo rendido el informe solicitado. Expresamente señalo, a efectos de que tome en cuenta ese Despacho, las actuaciones del INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS en cumplimiento de sus fines, siendo que de forma evidente no ha desobedecido, violentado normas, garantías o principios constitucionales, ni ambientales, sino que siempre ha tenido una conducta responsable en resguardo y protección al derecho al ambiente, a la salud y a la vida, por lo que debe declararse SIN LUGAR el recurso en todos sus extremos en contra de mi representada; y de esa forma lo solicito”. 4.- Informan Luis Diego Miranda Méndez y Juan Diego Gómez González, por su orden, alcalde y presidente a. i. del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de San José. Exponen: “Es importante señalar que la situación descrita en este recurso, objeto del presente proceso, no son competencia del Concejo Municipal, y la inspección solicitada es competencia propia de la administración municipal como tal, no teniendo injerencia en dichas actuaciones los personeros del Concejo Municipal ni las regidurías, por lo que en el presente caso el suscrito, no tiene competencia ni acción en relación a los hechos expuestos en el presente proceso. No obstante, en respeto a la orden de emplazamiento y audiencia el suscrito Juan Diego Gómez González me apersono ante a su autoridad en tiempo y forma, por lo cual, en vista de lo anterior me apego al informe que brinde la administración sobre este caso. Sobre la documentación requerida para la atención del recurso. La Dirección de Asuntos Jurídicos traslada a la Sección de Mantenimiento de la red pluvial, solicitud de informe sobre los hechos señalados en el recurso interpuesto, lo anterior por cuanto es la dependencia técnica encargada de los temas como el que nos ocupa. Con el fin de atender lo denunciado se indica lo siguiente: EN CUANTO A LOS INFORMES TÉCNICOS VERTIDOS, CON RELACIÓN A LOS HECHOS MANIFESTADOS PRIMERO: Que como ya se indicó para la contestación del presente informe, se requirió información a las áreas correspondientes, específicamente Sección de Mantenimiento de la red pluvial. La Sección de Mantenimiento de la red pluvial. bajo oficio SCMRP-079-2025 indica lo siguiente: En atención al oficio No. DAJ-340-25-2025, referente a la solicitud de información sobre el Recurso de Amparo interpuesto por el Señor Nombre46289 , contra la Municipalidad de San José bajo el Expediente No. 25-003945-0007-CO, con relación a los hechos indicados por el Sr. Nombre46289, a continuación, se detalla mediante imágenes la inspección realizada el día de hoy por parte de la cuadrilla del Área Catastro pluvial asignada a esta Sección: Con relación al pozo sanitario (aguas negras) al que se refiere el Recurso de Amparo, el mismo se verifico en sitio y se observó que se encuentra limpio tal como lo muestran las fotografías, aunado a esto, es relevante indicar que, referente al sistema sanitario que informa el Sr. Nombre46289, este es responsabilidad del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, por tal razón, no es competencia de este municipio. > Ahora bien, es menester dejar claro cuales son las competencias del AYA como también de la Sección Construcción y Mantenimiento de la Red Pluvial, por lo que, se adjuntan links con el reglamento para la prestación de los servicios del AYA y el link de la página oficial de la Municipalidad de San José que detalla las funciones de esta Sección: EN CUANTO AL ESCRITO PRESENTADO POR EL RECURRENTE: Que referente al tema, como se puede observar en el contenido del informe, existe claridad que la Municipalidad ha realizado todas las acciones que se encuentran dentro del marco de legalidad posible para la institución, siendo que como consta en los documentos adjuntos y las fotos aportadas, la limpieza correspondiente a los tragantes y alcantarillas se ha cumplido a cabalidad no siendo responsabilidad del municipio el mantenimiento de los pozos de aguas negras o residuales, a pesar de no ser responsabilidad de la Municipalidad se procedió a revisar el pozo existente en la zona y como se puede apreciar en la foto se encuentra limpio, cualquier otra referencia del tema debe el A Y A manifestarse como competente del área. Reiteramos, que, como se puede observar en las fotografías adjuntas la Municipalidad ha atendido de previo la limpieza que le corresponde realizar de forma correcta, así como se encuentra en la actualidad, por lo anterior, por parte de la Municipalidad no se observa ninguna omisión que pueda dar como resultado una violación algún derecho fundamental de la recurrente, por lo que se solicite se desestime o se declare sin lugar el recurso interpuesto”. 5.- Informan Mary Denisse Munive Angermüller y Leandra Patricia Madrigal Rodríguez, por su orden, ministra y directora del Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana, ambas del Ministerio de Salud. Exponen: “INFORME DE LEY Con vista en el Informe Técnico N°MS-DRRSCS-DARSSEM-IT-524-2025, de fecha 17 de febrero de 2025, emitido por el Lic. Kevin José Sánchez Toruño, del Equipo de Regulación de la Salud del Área Rectora Sureste Metropolitana, se constató que el señor Nombre46289 , no ha interpuesto una denuncia formal sobre la problemática señalada en su recurso de amparo. Siendo así, según el oficio N°MS-DRRSCS-DARSSEM-531-2025, también de fecha 17 de febrero de 2025, signado por la suscrita Dra. Leandra Madrigal Rodríguez, Directora del Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana, tenemos que, el día 14 de febrero de 2025, con ocasión del recurso de amparo interpuesto por el señor Nombre46289 , se realizó una inspección al sitio denunciado, en San José, San Francisco de Dos Ríos, aledaña a la intersección entre Dirección5928 y Dirección5929 , donde se comprobó el derrame de aguas residuales y los malos olores provenientes de un desagüe del alcantarillado sanitario; sin embargo, la proliferación de mosquitos, focos de infección, y contaminación del abastecimiento de agua potable no se logró comprobar. Al momento de la inspección señalada supra, se encontró además, a funcionarios del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A), en la Unidad N°1873 y un camión aspirador industrial de servicio de limpieza y destaqueo, contratado por dicha entidad, que realizaba labores de limpieza, destaqueo, mantenimiento y posible reparación, relacionada a los hechos denunciados por el señor Nombre46289 . El día 17 de febrero de 2025, se conversó con el señor William Leininger (encargado de aguas residuales del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A), quien indicó que a la fecha mencionada, la situación se encuentra resuelta (gestión N°5095-9068). CONCLUSION De lo expuesto, Señores (as) Magistrados (as), se determina que, el aquí recurrente no interpuso denuncia alguna ante las autoridades sanitarias del Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana, sobre la situación expuesta en su recurso de amparo y que, fue más bien cuando conocimos de dicho recurso que acudimos a su atención, realizando en primera instancia una inspección en el sitio; por lo que respetuosamente estimamos que la actuación de las autoridades del Ministerio de Salud se encuentra en todo conforme al ordenamiento jurídico vigente, no se ha trasgredido ningún derecho, siendo que hemos actuado de manera diligente, según nuestras competencias y el cuerpo legal vigente que nos rige en esta materia. Así las cosas, se atendió el asunto, realizando la visita correspondiente al sitio indicado por el aquí recurrente, comprobando la autoridad sanitaria que la problemática está siendo abordada por funcionarios del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A) y que al día 17 de febrero de 2025, la situación se encuentra resuelta, según la información recibida por el encargado de esa entidad. Valga acotar que la vida humana sólo es posible en solidaridad con la naturaleza que nos sustenta, no sólo para alimento físico, sino también como bienestar psíquico: constituye el derecho que todos los ciudadanos tenemos a vivir en un ambiente libre de contaminación, que es la base de una sociedad justa y productiva. Es así como el artículo 21 de la Constitución Política señala que "La vida humana es inviolable"; es de este principio constitucional de donde innegablemente se desprende el derecho a la salud, al bienestar físico, mental y social, derecho humano que se encuentra indisolublemente ligado al derecho de la salud y a la obligación del Estado de proteger la vida, a través del Ministerio de Salud como ente Rector en la materia, con competencia para la planificación, coordinación y dirección de todas las actividades públicas y privadas relativas a la salud, estando sujetas todas las personas a los mandatos, órdenes y actos que se dicten en materia de salud, potestades otorgadas mediante la Ley General de Salud N°5395, norma de orden público, la cual es imperativa y absoluta para la realización de los valores humanos fundamentales (artículos 1, 2, 3, 4 y 7 de la Ley N°5395, citada supra y 1 de la Ley N°5412, supra señalada). El artículo 50 de nuestra Constitución Política, garantiza a todos los habitantes de la República, el derecho a un ambiente sano y libre de contaminación. Por otra parte, la Ley General de Salud, en sus artículos 340 y 341, indica que las autoridades del Ministerio de Salud, por atribuciones que la ley les confiere, deben dictar resoluciones u ordenar medidas de carácter general o particular según corresponda, en aquellas situaciones que afecten o amenacen la salud de las personas. Por otro lado, el Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales Nº33601, en sus artículos 3 y 4 indica: “Artículo 3°-Definiciones… Agua Residual: Agua que ha recibido un uso y cuya calidad ha sido modificada por la incorporación de agentes contaminantes. Para los efectos de este Reglamento, se reconocen dos tipos: ordinario y especial. Agua residual de tipo ordinario: Agua residual generada por las actividades domésticas del hombre (uso de inodoros, duchas, lavatorios, fregaderos, lavado de ropa, etc.) Agua residual de tipo especial: Agua residual de tipo diferente al ordinario. Alcantarillado pluvial: Red pública de tuberías que se utilizan para recolectar y transportar las aguas de lluvia hasta su punto de vertido. Alcantarillado sanitario: Red pública de tuberías que se utilizan para recolectar y transportar las aguas residuales hasta su punto de tratamiento y vertido… Artículo 4°-Obligación de tratar las aguas residuales. Todo ente generador deberá dar tratamiento a sus aguas residuales para que cumplan con las disposiciones del presente Reglamento y se eviten así perjuicios al ambiente, a la salud, o al bienestar humano”. 6.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales. Redacta el Magistrado Araya García; y, Considerando: I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente indica que es vecino de Lomas de San Francisco de Dos Ríos, San José, en una calle sin salida donde residen aproximadamente 15 familias, entre ellas personas adultas mayores, niños y adolescentes. Expone que, desde hace varios meses, la comunidad enfrenta una emergencia sanitaria, pues en la entrada de la calle se ha producido un derrame de aguas negras, lo que ha generado un foco de contaminación, se perciben malos olores y ha favorecido la proliferación de mosquitos. Manifiesta que, a pesar de la gravedad de la situación, las autoridades competentes no han tomado ninguna acción para atender la emergencia. II.-HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos: a) El 14 de febrero de 2025, las autoridades del ICAA fueron notificadas del curso de este amparo. (Ver actas de notificación). b) El 14 de febrero de 2025, las autoridades del Ministerio de Salud fueron notificadas del curso de este amparo. (Ver actas de notificación). c) El 14 de febrero de 2025, la Dirección de Recolección y Tratamiento GAM del ICAA se apersonó a la localidad de Lomas de San Francisco de Dos Ríos, Dirección5930 , . En tal ocasión: “A razón de la inspección realizada el día 14 de Febrero, se determina un afloramiento de aguas residuales, por lo que en esta misma fecha se realizan labores de mantenimiento, bajo la orden de servicio 50959068, con lo cual se da por solucionada la problemática denunciada por el recurrente. Adicionalmente se procede a revisar el software del AyA, del Sistema Comercial denominado OPEN, para los últimos 12 meses, encontrando que para ese lugar no se cuenta con denuncias generadas. Adicionalmente en vista que el recurrente no aporta número de las denuncias realizadas por él tal y como lo menciona en el escrito presentado ante la Sala Constitucional, no fue posible corroborar que las mismas fueron tramitadas. Cabe mencionar que el AyA realiza labores de mantenimiento preventivo a fin de atender anomalías antes de que estas se materialicen en afloramientos de aguas residuales. Para lo cual se realizan inspecciones programadas a diferentes puntos de la GAM”. (Ver prueba documental). d) El 17 de febrero de 2025, las autoridades de la Municipalidad de San José fueron notificadas del curso de este amparo. (Ver actas de notificación). e) Mediante oficio MS-DRRSCS-DARSSEM-IT-524-2025 del 17 de febrero de 2025, el Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana del Ministerio de Salud determinó: “Como resultado de la situación descrita en el apartado anterior, se verifican algunos de los hechos denunciados por Don Nombre46289 (derrame de aguas residuales y los malos olores asociados), y los otros hechos (proliferación de mosquitos, foco de infección, y contaminación del abastecimiento de agua potable) no se comprueba que estén ocurriendo. Los hechos denunciados verificados infringen en lo establecido en el artículo 50 de la Constitución Política de la República de Costa Rica y el artículo 285 de la Ley General de Salud N° 5395, en lo que respecta al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como a la correcta disposición de las aguas negras. Sin embargo, es importante mencionar que Don Nombre46289 no ha interpuesto una denuncia formal sobre la problemática expuesta, ante esta Área Rectora de Salud”. (Ver prueba documental). f) En oficio MS-DRRSCS-DARSSEM-531-2025 del 17 de febrero de 2025, la directora del Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana del Ministerio de Salud indicó: “II. De la actuación del Área Rectora de Salud: Con el fin de atender la problemática expuesta por el Señor Nombre46289 en el recurso de amparo bajo el expediente N° 25-003945-0007-CO ante el Ministerio de Salud y otras instituciones públicas, funcionarios de esta Área Rectora de Salud, el día 14 de febrero de 2025, realizan inspección y aplican el Acta de Inspección MSDRRSCS- DARSSEM-522-2025, en la zona de la Provincia de San José, Cantón de San José, Distrito San Francisco de Dos Ríos, aledaña a la intersección entre Dirección5928 y Dirección5929 (donde ocurre dicha problemática). Al realizar dicha inspección, se verifican algunos de los hechos denunciados por Don Nombre46289 los cuales corresponden a derrame de aguas residuales y los malos olores provenientes de un desagüe del alcantarillado sanitario, no obstante los demás hechos mencionados por el Sr. Nombre46289 que corresponden a proliferación de mosquitos, focos de infección, y contaminación del abastecimiento de agua potable No se comprueba en sitio que estén ocurriendo. En el momento de la inspección se encuentra a personal de la Unidad 1873 del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A) y de un Camión Aspirador Industrial de Servicio de Limpieza y Destaqueo (contratado por el A y A), realizando labores de limpieza, destaqueo, limpieza, mantenimiento y posible reparación, en relación con la problemática denunciada por Don Nombre46289 . Adicionalmente, el 17 de febrero de 2025, se realiza una llamada el Señor William Leininger (encargado de aguas residuales del A y A), según consta en el Acta de Llamada Telefónica MS-DRRSCS-DARSSEM-523-2025, en la cual este indica que (para la fecha del 17 de febrero de 2025) dicha problemática se encuentra resuelta (la cual se abordó mediante el número de gestión interno del A y A Telf410). Posteriormente, se realiza el informe técnico MS-DRRSCS-DARSSEM-IT-524-2025, en el que se documentan los antecedentes, hechos y conclusiones, en relación con la problemática expuesta por el Señor Nombre46289 y la inspección realizada por funcionarios de esta Área Rectora en el sitio donde esta ocurre”. (Ver prueba documental). g) Por oficio MS-DRRSCS-DARSSEM-573-2025 del 18 de febrero de 2025, la directora del Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana del Ministerio de Salud consignó: “me presento a rendir ampliación del informe técnico MS-DRRSCS-DARSSEM-531-2025 solicitado mediante resolución del 13 de febrero de 2025, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en el siguiente termino El Señor Nombre46289 no ha interpuesto denuncias ante esta Área Rectora por la problemática indicada mediante Expediente 25-003945-0007-CO”. (Ver prueba documental). h) Mediante informe SCMRP-079-2025 del 19 de febrero de 2025, el jefe de la Sección de Construcción y Mantenimiento de la Red Pluvial de la Municipalidad de San José indicó: “En atención al oficio No. DAJ-340-25-2025, referente a la solicitud de información sobre el Recurso de Amparo interpuesto por el Señor Nombre46289 , contra la Municipalidad de San José bajo el Expediente No. 25-003945-0007-CO, con relación a los hechos indicados por el Sr. Nombre46289, a continuación, se detalla mediante imágenes la inspección realizada el día de hoy por parte de la cuadrilla del Área Catastro pluvial asignada a esta Sección: Inspección de alcantarilla y tubería pluvial, se constata que se encuentra completamente limpio (…) Se lleva a cabo la revisión de los 2 tragantes y las correspondientes tuberías que existen en la Dirección5930 , , ambos se encuentran limpios y sin obstrucciones (…) Con relación al pozo sanitario (aguas negras) al que se refiere el Recurso de Amparo, el mismo se verificó en sitio y se observó que se encuentra limpio tal como lo muestran las fotografías, aunado a esto, es relevante indicar que, referente al sistema sanitario que informa el Sr. Nombre46289, este es responsabilidad del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, por tal razón, no es competencia de este municipio”. (Ver prueba documental). III.- HECHOS NO PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, no se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos: Único. Que, con anterioridad a la interposición de este amparo, el recurrente haya planteado gestión alguna ante las autoridades accionadas a los efectos de denunciar la problemática objeto de este recurso. IV.- SOBRE EL CASO EN CONCRETO. En el sub lite, el recurrente indica que es vecino de Lomas de San Francisco de Dos Ríos, San José, en una calle sin salida donde residen aproximadamente 15 familias, entre ellas personas adultas mayores, niños y adolescentes. Expone que, desde hace varios meses, la comunidad enfrenta una emergencia sanitaria, pues en la entrada de la calle se ha producido un derrame de aguas negras, lo que ha generado un foco de contaminación, se perciben malos olores y ha favorecido la proliferación de mosquitos. Manifiesta que, a pesar de la gravedad de la situación, las autoridades competentes no han tomado ninguna acción para atender la emergencia. Al respecto, contrario al dicho del accionante, del acervo probatorio no se logra acreditar que, con anterioridad a la interposición de este amparo, el recurrente haya planteado gestión alguna ante las autoridades accionadas a los efectos de denunciar la problemática objeto de este recurso. Y, en todo caso, se constata que, el 14 de febrero de 2025, la Dirección de Recolección y Tratamiento GAM del ICAA se apersonó a la localidad de Lomas de San Francisco de Dos Ríos, Dirección5930 , . En tal ocasión: “A razón de la inspección realizada el día 14 de Febrero, se determina un afloramiento de aguas residuales, por lo que en esta misma fecha se realizan labores de mantenimiento, bajo la orden de servicio 50959068, con lo cual se da por solucionada la problemática denunciada por el recurrente. Adicionalmente se procede a revisar el software del AyA, del Sistema Comercial denominado OPEN, para los últimos 12 meses, encontrando que para ese lugar no se cuenta con denuncias generadas. Adicionalmente en vista que el recurrente no aporta número de las denuncias realizadas por él tal y como lo menciona en el escrito presentado ante la Sala Constitucional, no fue posible corroborar que las mismas fueron tramitadas. Cabe mencionar que el AyA realiza labores de mantenimiento preventivo a fin de atender anomalías antes de que estas se materialicen en afloramientos de aguas residuales. Para lo cual se realizan inspecciones programadas a diferentes puntos de la GAM”. De igual forma, mediante oficio MS-DRRSCS-DARSSEM-IT-524-2025 del 17 de febrero de 2025, el Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana del Ministerio de Salud determinó: “Como resultado de la situación descrita en el apartado anterior, se verifican algunos de los hechos denunciados por Don Nombre46289 (derrame de aguas residuales y los malos olores asociados), y los otros hechos (proliferación de mosquitos, foco de infección, y contaminación del abastecimiento de agua potable) no se comprueba que estén ocurriendo. Los hechos denunciados verificados infringen en lo establecido en el artículo 50 de la Constitución Política de la República de Costa Rica y el artículo 285 de la Ley General de Salud N° 5395, en lo que respecta al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como a la correcta disposición de las aguas negras. Sin embargo, es importante mencionar que Don Nombre46289 no ha interpuesto una denuncia formal sobre la problemática expuesta, ante esta Área Rectora de Salud”. Y, en oficio MS-DRRSCS-DARSSEM-531-2025 del 17 de febrero de 2025, la directora del Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana del Ministerio de Salud indicó: “II. De la actuación del Área Rectora de Salud: Con el fin de atender la problemática expuesta por el Señor Nombre46289 en el recurso de amparo bajo el expediente N° 25-003945-0007-CO ante el Ministerio de Salud y otras instituciones públicas, funcionarios de esta Área Rectora de Salud, el día 14 de febrero de 2025, realizan inspección y aplican el Acta de Inspección MSDRRSCS- DARSSEM-522-2025, en la zona de la Provincia de San José, Cantón de San José, Distrito San Francisco de Dos Ríos, aledaña a la intersección entre Dirección5928 y Dirección5929 (donde ocurre dicha problemática). Al realizar dicha inspección, se verifican algunos de los hechos denunciados por Don Nombre46289 los cuales corresponden a derrame de aguas residuales y los malos olores provenientes de un desagüe del alcantarillado sanitario, no obstante los demás hechos mencionados por el Sr. Nombre46289 que corresponden a proliferación de mosquitos, focos de infección, y contaminación del abastecimiento de agua potable No se comprueba en sitio que estén ocurriendo. En el momento de la inspección se encuentra a personal de la Unidad 1873 del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A) y de un Camión Aspirador Industrial de Servicio de Limpieza y Destaqueo (contratado por el A y A), realizando labores de limpieza, destaqueo, limpieza, mantenimiento y posible reparación, en relación con la problemática denunciada por Don Nombre46289 . Adicionalmente, el 17 de febrero de 2025, se realiza una llamada el Señor William Leininger (encargado de aguas residuales del A y A), según consta en el Acta de Llamada Telefónica MS-DRRSCS-DARSSEM-523-2025, en la cual este indica que (para la fecha del 17 de febrero de 2025) dicha problemática se encuentra resuelta (la cual se abordó mediante el número de gestión interno del A y A 5095-9068). Posteriormente, se realiza el informe técnico MS-DRRSCS-DARSSEM-IT-524-2025, en el que se documentan los antecedentes, hechos y conclusiones, en relación con la problemática expuesta por el Señor Nombre46289 y la inspección realizada por funcionarios de esta Área Rectora en el sitio donde esta ocurre”. Por último, mediante informe SCMRP-079-2025 del 19 de febrero de 2025, el jefe de la Sección de Construcción y Mantenimiento de la Red Pluvial de la Municipalidad de San José indicó: “En atención al oficio No. DAJ-340-25-2025, referente a la solicitud de información sobre el Recurso de Amparo interpuesto por el Señor Nombre46289 , contra la Municipalidad de San José bajo el Expediente No. 25-003945-0007-CO, con relación a los hechos indicados por el Sr. Nombre46289, a continuación, se detalla mediante imágenes la inspección realizada el día de hoy por parte de la cuadrilla del Área Catastro pluvial asignada a esta Sección: Inspección de alcantarilla y tubería pluvial, se constata que se encuentra completamente limpio (…) Se lleva a cabo la revisión de los 2 tragantes y las correspondientes tuberías que existen en la Dirección5930 , , ambos se encuentran limpios y sin obstrucciones (…) Con relación al pozo sanitario (aguas negras) al que se refiere el Recurso de Amparo, el mismo se verificó en sitio y se observó que se encuentra limpio tal como lo muestran las fotografías, aunado a esto, es relevante indicar que, referente al sistema sanitario que informa el Sr. Nombre46289, este es responsabilidad del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, por tal razón, no es competencia de este municipio”. Desde este panorama, nótese que el accionante acudió en forma directa a la Sala a los efectos de denunciar el problema objeto del recurso. En este sentido, es necesario advertir que este Tribunal reiteradamente ha señalado que la vía constitucional no debe sustituir a la Administración activa en sus competencias, ni es una instancia tramitadora de denuncias. Lo anterior no es lo mismo que agotar la vía administrativa, sino la simple admisión de que este Tribunal no debe sustituir directamente la voluntad de la Administración y suplantar a los despachos públicos en la gestión de los asuntos de su competencia (ver en este sentido la sentencia nro. 2019017163 de las 10:10 horas del 10 de setiembre de 2019). Además, sobre la necesidad de una denuncia previa en materia ambiental, es necesario traer a colación lo establecido por este Tribunal en sentencia nro. 2023029457 de las 12:50 horas del 10 de noviembre de 2023, donde se aclaró: “V.- SOBRE LA NECESIDAD DE INTERPONER UNA DENUNCIA EN TEMAS AMBIENTALES. En primera instancia, estima la Sala que resulta imperativo hacer algunas apreciaciones respecto a la necesidad de interponer una denuncia en temas ambientales. Del estudio de los autos se advierte que el Secretario General de la SETENA en el informe adjunto subrayó, en lo medular, lo siguiente: “Luego de la verificación de las bases de datos de esta Secretaría, no se localizó ningún expediente de Evaluación Ambiental con las características indicadas (…) Tampoco se localizó alguna solicitud del accionante dirigida a esta representación, denunciando algún hecho específico, caso en el cual se la hubiera redirigido al Tribunal Ambiental Administrativo, al determinase que no existe expediente abierto de Evaluación Ambiental”. Sobre este aspecto, esta Sala ha dicho que, para que se pueda ventilar una lesión o amenaza a los derechos ambientales, en la generalidad o en lo particular, tendríamos que estar ante el escenario de que la persona afectada haya presentado una denuncia y que, durante su trámite, se haya determinado una amenaza o que efectivamente se esté dañando al medio ambiente, y aun así, las autoridades administrativas recurridas no hayan tomado ningún tipo de medida al respecto, lesionando así el derecho constitucional consagrado en el artículo 50 de la Carta Magna. Así, en la sentencia No. 2016-007678 de las 10:50 horas del 03 de junio de 2016, se resolvió lo siguiente: “III.- SOBRE EL FONDO. En reiterada jurisprudencia, esta Sala Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre el principio precautorio en materia ambiental, así como en relación con la obligación del Estado de asegurar que todos aquellos proyectos, de índole público o privado, se desarrollen bajo estrictos estándares que eviten cualquier daño al medio ambiente. De esta forma, el Estado, por medio de las instituciones creadas para tales efectos, deberá ejercer un control previo y posterior, en torno a la forma en la que se ejecutan los trabajos, las construcciones, los proyectos o las actividades de las empresas y comercios, para asegurar a todos los administrados, que no se ocasiona ningún tipo de daño ambiental con dichas actividades. Ahora bien, por las razones expuestas, ciertas actividades, como las mineras, requieren, de previo a llevarse a cabo, estudios y análisis de impacto ambiental, para lo cual se realizan investigaciones técnicas por parte de profesionales en cada área, para determinar si la actividad pretendida podría o no ocasionar algún perjuicio de ese tipo, todo con base en las diferentes legislaciones que regulan la materia ambiental, como de aguas, forestal, minera, entre otras. Posteriormente, una vez que se obtienen esos permisos de viabilidad o factibilidad, las autoridades administrativas deben prestar atención y atender oportunamente, las denuncias que se presenten por parte de aquellas personas que se consideran afectadas por alguna de las actividades mencionadas, ya sea una concesión, o trabajos privados y comerciales, con el fin de iniciar investigaciones que permitan establecer la veracidad de las quejas planteadas, para lo cual, nuevamente, deberá contarse con criterios técnicos al respecto. Es decir, para que esta Sala pueda corroborar una lesión a los derechos ambientales, en la generalidad o en lo particular, tendríamos que estar ante el escenario de que, la persona afectada haya presentado una denuncia, y que durante su trámite se haya determinado que, efectivamente se está ocasionando una daño al medio ambiente y aun así, las autoridades administrativas recurridas no hayan tomado ningún tipo de medida al respecto, lesionando así, el derecho constitucional consagrado en el artículo 50 de la Carta Magna”. (El destacado no es del original). Igualmente, en reiteradas ocasiones este Tribunal ha dicho que no debe sustituir a la Administración activa en sus competencias, ni es una instancia tramitadora de denuncias. En ese sentido, en la sentencia No. 2023019540 de las 09:30 horas del 11 de agosto de 2023 se resolvió lo siguiente: “III.- Objeto del recurso. Los recurrentes acusan que hace 25 años, aproximadamente, la Municipalidad de Carrillo realizó una zanja utilizando maquinaria pesada dentro de propiedades privadas, para el desagüe de aguas que va desde Dirección1147 , pasando por Dirección1148 y culmina en zona protectora propiedad del INDER. Afirman que se han visto afectados por la contaminación ambiental que provoca el desfogue de aguas negras, estancamiento de agua que genera vectores de proliferación de zancudos transmisores de enfermedades, lo que afecta la salud y el medio ambiente. (…) VI.- Caso concreto. (…) Al respecto, del estudio de los autos, se tiene por demostrado que los recurrentes no han presentado una gestión formal y escrita ante las autoridades recurridas, con el fin de plantear la problemática expuesta en el escrito de interposición. Desde este plano, se le debe advertir que esta Sala no debe sustituir a la Administración activa en sus competencias ni es una instancia tramitadora de denuncias. Tomen en cuenta los petentes que lo anterior no es lo mismo que agotar la vía administrativa, sino la simple admisión de que este Tribunal no debe sustituir directamente la voluntad de la Administración y suplantar a los despachos públicos en la gestión de los asuntos de su competencia. Por consiguiente, podrá la parte accionante, si a bien lo tiene, plantear sus inconformidades o reclamos ante las autoridades recurridas de manera formal, por escrito, o bien, en la vía jurisdiccional ordinaria, sedes en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones, en virtud de lo expuesto, el presente amparo se declara inadmisible. Sobre este particular, la Sala ha manifestado que denuncias como las que plantean los recurrentes en este amparo, deben ser interpuestas previamente ante las autoridades correspondiente, por medio de la sentencia n.° 2017-020375 de las 11:00 horas del 19 de diciembre de 2017, se indicó lo siguiente: “II.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, la parte recurrente acude directamente a este Tribunal a denunciar un problema con respecto a la contaminación generada por una canalización de aguas negras a través de sus propiedades, las cuales desembocan en un río. Sin embargo, del propio dicho de las recurrentes se colige que no han planteado denuncia alguna ante las autoridades competentes, en este caso la Municipalidad de Flores de Heredia. Ahora bien, como se ha dicho reiteradamente, este Tribunal no debe sustituir a la Administración activa en sus competencias ni es una instancia tramitadora de denuncia, así lo señala la sentencia 2016-001150 de las 14:30 horas del 26 de enero de 2016. Consideraciones que son aplicables al caso en estudio, pues este Tribunal no encuentra razones para variar el criterio vertido en dicha sentencia, ni motivos que lo hagan valorar de manera distinta la situación planteada. Por ende, aun cuando las promoventes lo consideren innecesario, en situaciones como esta es preciso que acudan ante las autoridades recurridas a plantear formalmente el reclamo aludido, de previo a interponer el recurso de amparo, para que sean dichas instancias las que tomen las medidas pertinentes para solucionar el problema denunciado o, en su defecto, establecer su reclamo en la vía de la legalidad ordinaria. Lo anterior sin demérito de que las recurrentes acudan a la vía constitucional, luego de que transcurriere un plazo irrazonable sin un actuar efectivo de la Administración y siempre que hubiere amenaza o lesión a un derecho fundamental”. (El destacado no es del original). (Véase en similar sentido las sentencias No. 2023004954 de las 09:30 horas del 03 de marzo de 2023, 2023004299 de las 09:15 horas del 24 de febrero de 2023, y 2022026246 de las 09:45 horas del 04 de noviembre de 2022, entre otras). No obstante, pese a lo dicho hasta ahora, el Tribunal Constitucional sí ha entrado a conocer recursos donde se demostró una violación a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado sin la necesidad de la interposición de una denuncia previa; ello, bajo dos supuestos de excepción, a saber: 1) cuando se trate de una caso de gran envergadura y; 2) cuando de los autos se pueda derivar que las autoridades competentes han tenido conocimiento de la situación acusada, que está amenazando u ocasionando una daño al medio ambiente, no han tomado ningún tipo de medida al respecto. En ese sentido, en la sentencia No. 2008-04786 de las 12:35 horas del 27 de marzo de 2008, se resolvió lo siguiente: “II.- OBJETO DEL RECURSO.- El recurrente alega que ha acudido al Ministerio de Salud, Defensoría de los Habitantes y otras instancias administrativas a denunciar una porqueriza que se ubica contiguo a su vivienda y que produce malos olores; sin embargo no han atendido sus gestiones (…) IV.- EN CUANTO A LA ACTUACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA.- Para el caso que nos ocupa, el Código Municipal obliga a las Municipalidades de cada cantón velar porque al administrado se le garantice el disfrute real y efectivo del derecho a la salud y a un ambiente sano. De los documentos aportados al expediente así como el informe dado bajo juramento por la Alcaldesa recurrida, indica que una vez que los funcionarios municipales se apersonaron al sitio objeto del presente recurso de amparo y constataron que la actividad carecía de permiso municipal procedieron a otorgarle al propietario de la porqueriza un plazo de ocho días para que obtuviera la patente respectiva. Sin embargo, considera la Sala que el papel de la Municipalidad no debe de limitar su actuación únicamente cuando recibe denuncia de supuestas situaciones anómalas sino que su obligación se encuentra en garantizar, defender y preservar el derecho de todos a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado mediante el control continuo de todas las actividades que se realizan en la comunidad. A juicio de esta Sala, en la especie la Municipalidad de Alajuela ha mostrado incapacidad para hacer cumplir las leyes en la materia y su obligación de garantizar el disfrute de los habitantes de la zona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, con las consecuencias para la salud de esas personas. Es así como la Municipalidad recurrida teniendo pleno conocimiento de que dentro de su jurisdicción territorial un ciudadano realiza una actividad carente de los permisos de ley y que en sí resulta sensible debido al manejo de animales y desechos, se ha limitado a otorgarle al administrado denunciado un plazo de ocho días para poner a derecho su situación, evadiendo su responsabilidad de estar siempre vigilantes a las acciones que realicen los habitantes de la comunidad. Es así como se observa que la Municipalidad recurrida no ha ni siquiera intentado verificar si la actividad genera algún tipo de contaminación y si lanzan aguas contaminadas. Lo anterior, con el fin de imponer las sanciones que en Derecho corresponda una vez otorgado el debido proceso y derecho de defensa que les asiste. En consecuencia, la Municipalidad de Alajuela no ha tomado acción alguna para determinar existencia del problema y su eventual incidencia en el supuesto inconveniente sanitario que con insistencia revela el recurrente. En tal virtud, se impone la estimatoria de este recurso contra la Municipalidad de Alajuela por las violación constitucional a los artículos 50 y 21 de la Constitución Política. V.- EN CUANTO A LAS ACTUACIONES DEL MINISTERIO DE SALUD.- Si bien es cierto, el Estado debe respetar el derecho de los individuos, también lo es que debe velar por el bienestar de la comunidad. La Salud Pública y la protección del medio ambiente son principios tutelados tanto a nivel constitucional (artículos 21, 50, 73 y 89 de la Carta Magna), como a través de la normativa internacional. En este caso, la Ley General de Salud, autoriza al Ministerio de Salud para tomar las medidas sanitarias correspondientes e imponer las sanciones, con lo cual el Ministerio de Salud no solo tiene el deber de hacer cumplir la Ley General de Salud sino el de proteger la salud pública calificada como bien de interés público, pues los derechos a la salud y a un ambiente sano y libre de contaminación -al menos por debajo de los límites tolerables para el ser humano- son derechos fundamentales irrenunciables y en cuya violación no se puede legítimamente consentir. Ahora bien, del informe presentado a esta Sala, la Ministra recurrida afirma que no consta ninguna denuncia presentada con relación a estos hechos, no obstante, debe tener presente la jerarca del Ministerio de Salud que ese órgano no debe actuar únicamente a gestión de parte, como parece entenderlo, obviando así la función preventiva que es indispensable en la protección de la salud humana y que amerita su intervención, aún de oficio, en la labor de fiscalización y vigilancia del cumplimiento de los preceptos de la Ley General de Salud. Según lo acreditado en autos, la actuación de las autoridades sanitarias en el caso bajo estudio se limitó a realizar una inspección a la porqueriza aquí denunciada debido a la interposición del presente recurso de amparo y constataron entre otros que la granja porcina cuenta con una población porcina de 150 cerdos y que la zona se encuentra rodeada de viviendas. Si bien, la autoridad sanitaria manifestó que verificó que no existen malos olores a comidas en descomposición ni que las aguas de lavado de la granja fueran lanzadas a la vía pública, de ahí no ha pasado, declinando en el ejercicio de sus competencias y atribuciones al no constreñir, a quienes corresponda, ajustare a los demás requisitos que exige el ordenamiento jurídico para la operación de este tipo de actividad como lo son los debidos permisos de los diferentes órganos administrativos competentes en esta materia, por lo que queda demostrado que más allá de la inspección realizada en virtud del presente recurso de amparo no se desprende del expediente ninguna otra actuación de parte de esta autoridad con la finalidad que la porqueriza cumpla con los requisitos de ley y así ser vigilantes de que dicha actividad no genere ningún tipo de contaminación sanitaria o ambiental y por ende, han omitido cumplir con su obligación de velar por el derecho a la salud de la población y por ende, tal omisión ha ocasionado lesiones a los derechos fundamentales de los todos los habitantes del lugar”. (El destacado no es del original). En el sub examine, se estima que lo procedente es declarar sin lugar el recurso, por cuanto no se cumplen con los presupuestos indicados supra para entender que estamos ante un caso de excepción, esto es, ante uno de los dos supuestos que podrían justificar que la Sala Constitucional entre a conocer de este asunto, pese a que no hubo denuncia. Y, como se ha visto, no consta que previo a la interposición del recurso, el accionante haya interpuesto alguna denuncia formal ante las autoridades recurridas y que dicha denuncia no haya sido atendida”. Precisamente, en consonancia con el criterio transcrito, en el sub iudice tampoco se está ante alguno de los supuestos en los que esta Sala podría entrar a conocer, sin una denuncia previa, la situación expuesta por el recurrente. Y, en todo caso, de la relación de hechos probados se tiene por demostrado que, pese no haber existido denuncia previa, con ocasión de la tramitación de este amparo los accionados desplegaron acciones para solventar la problemática. Así las cosas, en los términos en que fue planteado el recurso, no se observa situación alguna que amerite la intervención de la Sala y, por ende, se declara sin lugar el recurso. V.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. Por tanto: Se declara sin lugar el recurso. Nombre137 V. Presidente Nombre152 C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- 9LX39JNTWIW61 EXPEDIENTE N° 25-003945-0007-CO Teléfonos: Telf46 / (). Fax: Telf47 / Telf48. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección12 , Dirección13 , 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:02:33. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the fourteenth of August of two thousand twenty-five. An amparo action processed in case file no. 25-003945-0007-CO, filed by Nombre46289, identity card CED36364, against the COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS (ICAA), THE MINISTRY OF HEALTH, AND THE MUNICIPALITY OF SAN JOSÉ. Whereas: 1.- By written submission incorporated into the digital case file on February 11, 2025, the petitioner files an amparo action. He indicates that he is a resident of Dirección5927, San José, on a dead-end street where approximately 15 families reside, among them older adults, children, and adolescents. He states that, for several months, the community has been facing a sanitary emergency, since a black water spill has occurred at the entrance of the street, creating a contamination source that affects the neighbors and those who transit the area daily. He points out that the problem has worsened due to recent climatic changes, which has caused the wastewater filtration to spread over an area of approximately 50 meters. He indicates that the area belongs to the Municipality of San José, so it is the responsibility of this entity to address the problem. He states that on February 9, 2025, he compiled photographic evidence of the situation, although he considers that the magnitude of the contamination cannot be fully appreciated in the images. He affirms that the seriousness of the emergency makes an on-site inspection by the competent authorities necessary, so that an official sanitary report can be issued to assess the extent of the impact and establish the necessary corrective measures. He points out that the presence of this open-air sewer represents an imminent risk to public health. He explains that the neighbors have perceived nauseating odors in the drinking water, which raises the suspicion that the water supply could be contaminated with wastewater, increasing the sanitary risk. He indicates that this situation has also favored the proliferation of mosquitoes, which increases the danger of contagion of diseases such as dengue and other vector-borne infections. He states that permanent contact with this waste could trigger an outbreak of infectious diseases that endanger the lives of the inhabitants of the area. He declares that, despite the seriousness of the situation, the competent authorities have not taken any action to address the emergency. He indicates that no State entity has appeared at the site to inspect the problem or to apply palliative measures to contain the spread of contamination while a definitive solution is implemented. He points out that the Ministry of Public Health has repeatedly called on citizens to report contamination sources and take preventive measures in light of the increase in dengue cases in the country. He states that, in accordance with this directive, this complaint has been filed with the State authorities, so that urgent actions are taken to protect the fundamental rights of the community's inhabitants. 2.- By resolution of the Presidency of the Chamber at 21:46 hours on February 13, 2025, the proceedings were commenced and a report was requested from the minister and the director of the Southeast-Metropolitan Health Governing Area, both of the Ministry of Health, from the general manager of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, and from the mayor and the president of the Municipal Council, both of the Municipality of San José. 3.- Nombre14457 reports, in her capacity as general manager of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers. She states: "INSTITUTIONAL RESPONSE By official communication N° DRyT-OMSR-2025-00082 dated February 18, 2025, Engineer William Leininger Sancho, Operation and Maintenance Engineer for RYT GAM Collection at AyA, reports the following: The GAM Collection and Treatment Directorate received the information regarding the filed amparo action on February 14 of the current year, and on that same date, personnel were sent to the site, finding an emergence of wastewater at sidewalk level. In view of the above, on this same date, the presence of operational personnel was requested to carry out preventive maintenance work, via service order 50959068. The personnel arrived at the site and carried out corrective maintenance work on a network located beneath the sidewalk, which had an obstruction in a manhole. It is worth mentioning that with the development of the work described above, the problem reported by the petitioner was resolved. Additionally, we proceeded to review AyA's software, the Commercial System called OPEN, for the last 12 months, finding that there are no complaints generated for that location. In addition to the foregoing, given that the petitioner does not provide the numbers of the complaints made by him as he mentions in the submission presented to this Constitutional Chamber, it was not possible to corroborate that they were processed. It is worth mentioning that AyA carries out preventive maintenance work in order to address anomalies before they materialize into wastewater emergences. For this purpose, scheduled inspections are carried out at different points in the GAM. However, given the extensive coverage of the wastewater collection system, it is materially impossible to inspect the entire system. Moreover, AyA complies with the timeframes defined by ARESEP for handling complaints of this type; ARESEP establishes that response times must be no more than 5 days, and AyA, on average, handles these cases in 1.7 days. Therefore, if the complaint had correctly reached the operational area, it would have been addressed within the timeframe defined by ARESEP. SUBSTANTIVE CONSIDERATIONS The Institute's governing competence derives from the provisions of Articles 1 and 2 of the Constitutive Law of AyA, which read: Article 1.- With the purpose of directing, setting policies, establishing and applying norms, carrying out and promoting planning, financing, and development, and resolving everything related to the supply of drinking water and the collection and evacuation of black waters and liquid industrial waste, as well as the normative aspect of stormwater drainage systems in urban areas, for the entire national territory, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers is created as an autonomous institution of the State. As amended by Article 1 of Law No. 5915, of July 12, 1976. Article 2.- The Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers is responsible for: a) Directing and supervising everything related to providing the inhabitants of the republic with a service of drinking water, collection and evacuation of black waters and liquid industrial waste, and stormwater in urban areas; b) Determining the priority, advisability, and feasibility of the different projects proposed to construct, reform, expand, or modify aqueduct and sewer works, which may not be executed without its approval; c) Promoting the conservation of hydrographic basins and ecological protection, as well as the control of water contamination; d) Advising other State bodies and coordinating public and private activities in all matters relating to the establishment of aqueducts and sewers and the control of contamination of water resources, its consultation being mandatory in all cases, and compliance with its recommendations being inexcusable; e) Preparing or approving all public works plans related to the purposes of this law, as well as approving all private works plans related to aqueduct and sewer systems, as determined by the respective regulations; f) Taking advantage of, using, governing, or supervising, as the case may be, all public domain waters indispensable for the due fulfillment of the provisions of this law, in exercise of the rights that the State has over them, pursuant to Law number 276 of August 27, 1942, for which purpose the institute shall be considered the substitute body for the powers attributed in that law to the State, ministries, and municipalities; g) Directly administering and operating the aqueduct and sewer systems throughout the country, which shall be assumed gradually, taking into account advisability and availability of resources. The systems currently administered and operated by municipal corporations may continue under their charge as long as they provide an efficient service; Under no circumstances may it delegate the administration of the aqueduct and sanitary sewer systems of the Metropolitan Area. Nor may it delegate the administration of systems for which there is financial responsibility and while this corresponds directly to the Institute. The institution is empowered to agree, with local bodies, on the administration of such services or to administer them through administrative boards with mixed integration between the Institute and the respective communities, whenever this is advisable for the better provision of services and in accordance with the respective regulations. For the same reasons and with the same characteristics, regional administrative boards involving several municipalities may also be created; h) Enforcing the general drinking water law, for which purpose the institute shall be considered the substitute body for the ministries and municipalities indicated in said law; i) Constructing, expanding, and reforming aqueduct and sewer systems in those cases where it is necessary and advised for the better satisfaction of national needs; and j) Controlling the adequate investment of all resources that the State allocates for aqueduct and sanitary sewer works. As amended by Article 1 of Law No. 5915, of July 12, 1976. From a breakdown of the concepts incorporated in those norms, the obligation of AyA to direct and supervise, at the national level, everything related to the supply of drinking water and treatment of wastewater is established in general terms, for which purpose the Institute's authority to set policies, establish and apply norms, carry out and promote planning and financing, as mechanisms for the development of those services nationwide, is established. In essence, the term governing authority (rectoría) consists of the power to direct; it is governance, the possibility of issuing directives, which from a legal standpoint necessarily means the existence of a hierarchical relationship, a hierarchical link that obligates compliance with and observance of the directives issued by the governing body. Relevant aspects highlighted in this case: - The burden of proof in an amparo action is the obligation to substantiate the facts and circumstances that support the petitioner's claims. - The burden of proof corresponds to whoever affirms the existence of a disputed fact or a legal precept. - The burden of proof is a rule of judgment that indicates to the parties the self-responsibility they bear to have the facts proven. - Failure to meet the burden of proof can lead to the issuance of an unfavorable judgment. Article 38 of the LJC establishes that the incriminating evidence must be provided within the action. Addressing the complex realities encompassed by amparo actions regarding environmental matters, the constitutional judge has the possibility, in accordance with Article 47 of the LJC, to order any other diligence as evidence for a better decision; this article offers the judge a range of actions (e.g., on-site visits, scheduling of hearings) so that in complex and technical cases, they can order a series of evidence that allows determining the real truth, and can broaden the perspective in analyzing the pertinent evidentiary actions in amparo actions for threats to or violations of the right to the environment. From the moment a public authority has intervened by exercising its legal and regulatory competencies, substantiating a procedure—a concatenated series of administrative actions—and issuing administrative acts, the matter will be outside the sphere of constitutionality control, likewise if it fails or omits its legal and regulatory obligations. We reiterate that: With the development of the work described above, the problem reported by the petitioner was resolved. We proceeded to review AyA's software, the Commercial System called OPEN, for the last 12 months, finding that there are no complaints generated for that location. The petitioner did not provide any number for the complaints made as he mentions in the submission presented to this Constitutional Chamber. Therefore, it was not possible to corroborate that they were processed. However, as stated above, the presence of operational personnel was requested to carry out preventive maintenance work, via service order 50959068. The personnel arrived at the site and carried out corrective maintenance work on a network located beneath the sidewalk, which had an obstruction in a manhole. It is worth mentioning that with the development of the work described above, the problem reported by the petitioner was resolved. We proceeded to review AyA's software, the Commercial System called OPEN, for the last 12 months, finding that there are no complaints generated for that location. It is worth reiterating that AyA carries out preventive maintenance work in order to address anomalies before they materialize into wastewater emergences. For this purpose, scheduled inspections are carried out at different points in the GAM. However, given the extensive coverage of the wastewater collection system, it is materially impossible to inspect the entire system. Moreover, AyA complies with the timeframes defined by ARESEP for handling complaints of this type; ARESEP establishes that response times must be no more than 5 days, and AyA, on average, handles these cases in 1.7 days. Therefore, if the complaint had correctly reached the operational area, it would have been addressed within the timeframe defined by ARESEP. PETITION Based on the reasons of fact and law set forth, I hereby submit the requested report. I expressly indicate, for this Court to take into account, the actions of the COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS in fulfillment of its purposes, it being evident that it has not disobeyed or violated constitutional or environmental norms, guarantees, or principles, but rather has always maintained responsible conduct in safeguarding and protecting the right to the environment, health, and life; therefore, the action must be declared WITHOUT MERIT in all its aspects against my represented party; and I so request." 4.- Luis Diego Miranda Méndez and Juan Diego Gómez González, in that order, mayor and interim president of the Municipal Council, both of the Municipality of San José, report. They state: "It is important to point out that the situation described in this action, the subject of this proceeding, is not the competence of the Municipal Council, and the requested inspection is the competence of the municipal administration as such, the officials of the Municipal Council and the councilors having no involvement in those actions; therefore, in the present case, I, the undersigned, have no competence or action in relation to the facts set forth in this proceeding. However, in respect for the summons and hearing order, I, the undersigned Juan Diego Gómez González, appear before your authority in a timely manner; therefore, in view of the foregoing, I adhere to the report provided by the administration on this case. Regarding the documentation required for addressing the action. The Directorate of Legal Affairs forwards to the Stormwater Network Maintenance Section a request for a report on the facts indicated in the filed action, the foregoing because it is the technical unit in charge of matters such as the one at hand. In order to address what was reported, the following is indicated: REGARDING THE TECHNICAL REPORTS ISSUED, IN RELATION TO THE STATED FACTS FIRST: That, as already indicated, for the response to this report, information was requested from the corresponding areas, specifically the Stormwater Network Maintenance Section. The Stormwater Network Maintenance Section, under official communication SCMRP-079-2025, indicates the following: In response to official communication No. DAJ-340-25-2025, regarding the request for information on the Amparo Action filed by Mr. Nombre46289 against the Municipality of San José under Case File No. 25-003945-0007-CO, in relation to the facts indicated by Mr. Nombre46289, the following is detailed below through images of the inspection carried out today by the crew from the Stormwater Cadastre Area assigned to this Section: Regarding the sanitary manhole (black waters) referred to in the Amparo Action, it was verified on site and was observed to be clean, as shown in the photographs; in addition, it is relevant to indicate that, concerning the sanitary system reported by Mr. Nombre46289, this is the responsibility of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers; for that reason, it is not the competence of this municipality. > Now then, it is necessary to clarify what the competencies of AYA are, as well as those of the Stormwater Network Construction and Maintenance Section, so links are attached with the regulation for the provision of AYA services and the link to the official page of the Municipality of San José detailing the functions of this Section: REGARDING THE WRITTEN SUBMISSION PRESENTED BY THE PETITIONER: That regarding the matter, as can be observed in the content of the report, it is clear that the Municipality has carried out all actions within the framework of legality possible for the institution; it being the case that, as evidenced in the attached documents and the photos provided, the corresponding cleaning of the catch basins and sewers has been fully complied with, and the maintenance of the black water or residual water manholes is not the responsibility of the municipality. Despite not being the responsibility of the Municipality, we proceeded to inspect the existing manhole in the area, and as can be seen in the photo, it is clean; any other reference on the subject must be addressed by A Y A as the competent authority for the area. We reiterate that, as can be observed in the attached photographs, the Municipality has previously carried out the cleaning that it is its responsibility to perform correctly, as is currently the case; therefore, on the part of the Municipality, no omission is observed that could result in a violation of any fundamental right of the petitioner, and it is requested that the filed action be dismissed or declared without merit." 5.- Mary Denisse Munive Angermüller and Leandra Patricia Madrigal Rodríguez, in that order, minister and director of the Southeast Metropolitan Health Governing Area, both of the Ministry of Health, report. They state: "LEGAL REPORT In view of Technical Report N° MS-DRRSCS-DARSSEM-IT-524-2025, dated February 17, 2025, issued by Mr. Kevin José Sánchez Toruño, from the Health Regulation Team of the Southeast Metropolitan Governing Area, it was verified that Mr. Nombre46289 has not filed a formal complaint regarding the issue indicated in his amparo action. That being so, according to official communication N° MS-DRRSCS-DARSSEM-531-2025, also dated February 17, 2025, signed by the undersigned Dr. Leandra Madrigal Rodríguez, Director of the Southeast Metropolitan Health Governing Area, we have that, on February 14, 2025, on the occasion of the amparo action filed by Mr. Nombre46289, an inspection was carried out at the reported site, in San José, San Francisco de Dos Ríos, adjacent to the intersection of Dirección5928 and Dirección5929, where the wastewater spill and unpleasant odors coming from a sanitary sewer drain were verified; however, the proliferation of mosquitoes, infection sources, and contamination of the drinking water supply could not be verified. At the time of the aforementioned inspection, personnel from the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (A y A) were also found at the scene, with Unit N°1873 and an industrial vacuum truck for cleaning and unclogging service, contracted by said entity, performing cleaning, unclogging, maintenance, and possible repair work related to the facts reported by Mr. Nombre46289. On February 17, 2025, a conversation was held with Mr. William Leininger (head of wastewater for the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (A y A)), who indicated that as of that date, the situation has been resolved (procedure N° 5095-9068). CONCLUSION From the foregoing, Honorable Justices, it is determined that the petitioner here did not file any complaint before the sanitary authorities of the Southeast Metropolitan Health Governing Area regarding the situation set forth in his amparo action, and that it was rather when we learned of said action that we proceeded to address it, conducting an on-site inspection in the first instance; therefore, we respectfully consider that the actions of the Ministry of Health authorities are fully in accordance with the current legal system, no right has been violated, and we have acted diligently, according to our competencies and the current legal body governing us in this matter. Thus, the matter was addressed, carrying out the corresponding visit to the site indicated by the petitioner here, with the sanitary authority verifying that the problem is being handled by personnel from the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (A y A), and that as of February 17, 2025, the situation has been resolved, according to the information received from the head of that entity. It is worth noting that human life is only possible in solidarity with the nature that sustains us, not only for physical nourishment but also for psychological well-being: it constitutes the right that all citizens have to live in an environment free of contamination, which is the foundation of a just and productive society. It is in this way that Article 21 of the Political Constitution states that 'Human life is inviolable'; it is from this constitutional principle that the right to health, to physical, mental, and social well-being undeniably derives, a human right that is inextricably linked to the right to health and to the State's obligation to protect life, through the Ministry of Health as the Governing Body in the matter, with competence for the planning, coordination, and direction of all public and private activities relating to health, all persons being subject to the mandates, orders, and acts issued in health matters, powers granted through the General Health Law N° 5395, a norm of public order, which is imperative and absolute for the realization of fundamental human values (articles 1, 2, 3, 4, and 7 of Law N° 5395, cited above, and 1 of Law N° 5412, cited above). Article 50 of our Political Constitution guarantees all inhabitants of the Republic the right to a healthy and contamination-free environment. On the other hand, the General Health Law, in its articles 340 and 341, indicates that the authorities of the Ministry of Health, by the powers that the law grants them, must issue resolutions or order measures of a general or particular nature as appropriate, in those situations that affect or threaten the health of individuals. Moreover, the Regulation for the Discharge and Reuse of Wastewater N° 33601, in its articles 3 and 4, states: 'Article 3-Definitions… Wastewater (Agua Residual): Water that has been used and whose quality has been modified by the incorporation of contaminating agents. For the purposes of this Regulation, two types are recognized: ordinary and special. Ordinary-type wastewater (Agua residual de tipo ordinario): Wastewater generated by domestic human activities (use of toilets, showers, sinks, dishwashers, laundry, etc.). Special-type wastewater (Agua residual de tipo especial): Wastewater of a type different from ordinary. Stormwater drainage (Alcantarillado pluvial): Public network of pipes used to collect and transport rainwater to its discharge point. Sanitary sewer (Alcantarillado sanitario): Public network of pipes used to collect and transport wastewater to its treatment and discharge point… Article 4-Obligation to treat wastewater. Every generating entity must treat its wastewater so that it complies with the provisions of this Regulation and thereby avoid harm to the environment, health, or human well-being'." 6.- In the proceedings followed, the legal requirements have been met. Authored by Justice Araya García; and, Considering: I.- PURPOSE OF THE ACTION. The petitioner indicates that he is a resident of Lomas de San Francisco de Dos Ríos, San José, on a dead-end street where approximately 15 families reside, among them older adults, children, and adolescents. He states that, for several months, the community has been facing a sanitary emergency, since a black water spill has occurred at the entrance of the street, creating a contamination source, unpleasant odors are perceived, and it has favored the proliferation of mosquitoes. He declares that, despite the seriousness of the situation, the competent authorities have not taken any action to address the emergency. II.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated: a) On February 14, 2025, the authorities of the ICAA were notified of the initiation of this amparo. (See notification records). b) On February 14, 2025, the authorities of the Ministry of Health were notified of the initiation of this amparo. (See notification records). c) On February 14, 2025, the GAM Collection and Treatment Directorate of the ICAA appeared at the locality of Lomas de San Francisco de Dos Ríos, Dirección5930. On that occasion: "Based on the inspection carried out on February 14, a wastewater emergence is determined; therefore, on this same date, maintenance work is carried out, under service order 50959068, with which the problem reported by the petitioner is considered resolved. Additionally, we proceeded to review AyA's software, the Commercial System called OPEN, for the last 12 months, finding that there are no complaints generated for that location. Additionally, given that the petitioner does not provide the numbers of the complaints made by him as he mentions in the submission presented to this Constitutional Chamber, it was not possible to corroborate that they were processed. It is worth mentioning that AyA carries out preventive maintenance work in order to address anomalies before they materialize into wastewater emergences. For this purpose, scheduled inspections are carried out at different points in the GAM." (See documentary evidence). d) On February 17, 2025, the authorities of the Municipality of San José were notified of the initiation of this amparo. (See notification records). e) Through official communication MS-DRRSCS-DARSSEM-IT-524-2025 of February 17, 2025, the Southeast Metropolitan Health Governing Area of the Ministry of Health determined: "As a result of the situation described in the previous section, some of the facts reported by Mr. Nombre46289 are verified (wastewater spill and the associated unpleasant odors), and the other facts (proliferation of mosquitoes, infection source, and contamination of the drinking water supply) are not verified as occurring. The verified reported facts violate the provisions of Article 50 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica and Article 285 of the General Health Law N° 5395, regarding the right to a healthy and ecologically balanced environment, as well as the correct disposal of black waters. However, it is important to mention that Mr. Nombre46289 has not filed a formal complaint regarding the issue presented with this Health Governing Area." (See documentary evidence). f) In official memorandum MS-DRRSCS-DARSSEM-531-2025 of February 17, 2025, the director of the Southeast Metropolitan Health Governing Area (Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana) of the Ministry of Health indicated: “II. Regarding the action of the Health Governing Area (Área Rectora de Salud): In order to address the issues raised by Mr. Nombre46289 in the amparo appeal under case file No. 25-003945-0007-CO before the Ministry of Health and other public institutions, officials of this Health Governing Area (Área Rectora de Salud), on February 14, 2025, conducted an inspection and applied Inspection Report MSDRRSCS-DARSSEM-522-2025, in the area of the Province of San José, Canton of San José, San Francisco de Dos Ríos District, near the intersection between Dirección5928 and Dirección5929 (where said issue occurs). Upon conducting said inspection, some of the facts reported by Mr. Nombre46289 were verified, namely the spill of wastewater (aguas residuales) and the foul odors emanating from a sanitary sewer drain; however, the other facts mentioned by Mr. Nombre46289 regarding the proliferation of mosquitoes, sources of infection, and contamination of the potable water supply were not verified on site as occurring. At the time of the inspection, personnel from Unit 1873 of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, AyA) and from an Industrial Vacuum Truck for Cleaning and Unblocking Services (contracted by AyA) were found, carrying out cleaning, unblocking, maintenance, and possible repair work related to the issue reported by Mr. Nombre46289. Additionally, on February 17, 2025, a call was made to Mr. William Leininger (head of wastewater at AyA), as recorded in Telephone Call Record MS-DRRSCS-DARSSEM-523-2025, in which he indicated that (as of February 17, 2025) said issue is resolved (which was addressed under AyA’s internal management number Telf410). Subsequently, technical report MS-DRRSCS-DARSSEM-IT-524-2025 was prepared, documenting the background, facts, and conclusions regarding the issue raised by Mr. Nombre46289 and the inspection conducted by officials of this Health Governing Area at the site where it occurs.” (See documentary evidence). g) Through official memorandum MS-DRRSCS-DARSSEM-573-2025 of February 18, 2025, the director of the Southeast Metropolitan Health Governing Area (Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana) of the Ministry of Health stated: “I appear to provide an addendum to the technical report MS-DRRSCS-DARSSEM-531-2025 requested by resolution of February 13, 2025, from the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, in the following terms: Mr. Nombre46289 has not filed complaints before this Health Governing Area regarding the issue indicated under Case File 25-003945-0007-CO.” (See documentary evidence). h) Through report SCMRP-079-2025 of February 19, 2025, the head of the Section of Construction and Maintenance of the Storm Drainage System (Sección de Construcción y Mantenimiento de la Red Pluvial) of the Municipality of San José indicated: “In response to official memorandum No. DAJ-340-25-2025, regarding the information request on the Amparo Appeal filed by Mr. Nombre46289 against the Municipality of San José under Case File No. 25-003945-0007-CO, in relation to the facts indicated by Mr. Nombre46289, the following details, through images, the inspection carried out today by the crew of the Storm Drainage Cadaster Area assigned to this Section: Inspection of culvert and storm drain pipe, it is verified that it is completely clean (…) The review of the 2 catch basins and the corresponding pipes that exist on Dirección5930 is carried out; both are clean and without obstructions (…) In relation to the sanitary manhole (black water) referred to in the Amparo Appeal, it was verified on site and observed to be clean as shown in the photographs; in addition to this, it is relevant to indicate that, regarding the sanitary sewer system reported by Mr. Nombre46289, this is the responsibility of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados), for this reason, it is not within the competence of this municipality.” (See documentary evidence). III.- UNPROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are not deemed to have been duly demonstrated: Sole. That, prior to the filing of this amparo, the petitioner brought any action before the respondent authorities for the purpose of reporting the issue that is the subject of this appeal. IV.- ON THE SPECIFIC CASE. In the case at hand, the petitioner states that he is a resident of Lomas de San Francisco de Dos Ríos, San José, on a dead-end street where approximately 15 families reside, including older adults, children, and adolescents. He explains that, for several months, the community has faced a health emergency, since a spill of untreated sewage (aguas negras) has occurred at the entrance of the street, which has generated a source of contamination, foul odors are perceived, and it has favored the proliferation of mosquitoes. He states that, despite the seriousness of the situation, the competent authorities have not taken any action to address the emergency. In that regard, contrary to the petitioner's claim, the body of evidence fails to demonstrate that, prior to the filing of this amparo, the petitioner brought any action before the respondent authorities for the purpose of reporting the issue that is the subject of this appeal. And, in any event, it is verified that, on February 14, 2025, the GAM Directorate of Collection and Treatment (Dirección de Recolección y Tratamiento GAM) of the ICAA appeared at the locality of Lomas de San Francisco de Dos Ríos, Dirección5930. On that occasion: “As a result of the inspection carried out on February 14th, a surfacing of wastewater (aguas residuales) was determined, therefore on this same date maintenance work was carried out, under service order 50959068, with which the issue reported by the petitioner is considered resolved. Additionally, the AyA software, of the Commercial System called OPEN, was reviewed for the last 12 months, finding that there are no complaints filed for that location. Additionally, given that the petitioner did not provide the numbers of the complaints made by him, as mentioned in the document filed before the Constitutional Chamber, it was not possible to corroborate that they were processed. It is worth mentioning that AyA performs preventive maintenance work in order to address anomalies before they materialize in surfacings of wastewater (aguas residuales). For this purpose, scheduled inspections are carried out at different points in the GAM.” Similarly, through official memorandum MS-DRRSCS-DARSSEM-IT-524-2025 of February 17, 2025, the Southeast Metropolitan Health Governing Area (Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana) of the Ministry of Health determined: “As a result of the situation described in the previous section, some of the facts reported by Mr. Nombre46289 were verified (spill of wastewater (aguas residuales) and the associated foul odors), and the other facts (proliferation of mosquitoes, source of infection, and contamination of the potable water supply) were not verified as occurring. The verified reported facts infringe the provisions of Article 50 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica and Article 285 of the General Health Law No. 5395, regarding the right to a healthy and ecologically balanced environment, as well as the correct disposal of untreated sewage (aguas negras). However, it is important to mention that Mr. Nombre46289 has not filed a formal complaint about the issue raised before this Health Governing Area (Área Rectora de Salud).” And, in official memorandum MS-DRRSCS-DARSSEM-531-2025 of February 17, 2025, the director of the Southeast Metropolitan Health Governing Area (Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana) of the Ministry of Health stated: “II. Regarding the action of the Health Governing Area (Área Rectora de Salud): In order to address the issues raised by Mr. Nombre46289 in the amparo appeal under case file No. 25-003945-0007-CO before the Ministry of Health and other public institutions, officials of this Health Governing Area (Área Rectora de Salud), on February 14, 2025, conducted an inspection and applied Inspection Report MSDRRSCS-DARSSEM-522-2025, in the area of the Province of San José, Canton of San José, San Francisco de Dos Ríos District, near the intersection between Dirección5928 and Dirección5929 (where said issue occurs). Upon conducting said inspection, some of the facts reported by Mr. Nombre46289 were verified, namely the spill of wastewater (aguas residuales) and the foul odors emanating from a sanitary sewer drain; however, the other facts mentioned by Mr. Nombre46289 regarding the proliferation of mosquitoes, sources of infection, and contamination of the potable water supply were not verified on site as occurring. At the time of the inspection, personnel from Unit 1873 of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, AyA) and from an Industrial Vacuum Truck for Cleaning and Unblocking Services (contracted by AyA) were found, carrying out cleaning, unblocking, maintenance, and possible repair work related to the issue reported by Mr. Nombre46289. Additionally, on February 17, 2025, a call was made to Mr. William Leininger (head of wastewater at AyA), as recorded in Telephone Call Record MS-DRRSCS-DARSSEM-523-2025, in which he indicated that (as of February 17, 2025) said issue is resolved (which was addressed under AyA’s internal management number 5095-9068). Subsequently, technical report MS-DRRSCS-DARSSEM-IT-524-2025 was prepared, documenting the background, facts, and conclusions regarding the issue raised by Mr. Nombre46289 and the inspection conducted by officials of this Health Governing Area at the site where it occurs.” Finally, through report SCMRP-079-2025 of February 19, 2025, the head of the Section of Construction and Maintenance of the Storm Drainage System (Sección de Construcción y Mantenimiento de la Red Pluvial) of the Municipality of San José indicated: “In response to official memorandum No. DAJ-340-25-2025, regarding the information request on the Amparo Appeal filed by Mr. Nombre46289 against the Municipality of San José under Case File No. 25-003945-0007-CO, in relation to the facts indicated by Mr. Nombre46289, the following details, through images, the inspection carried out today by the crew of the Storm Drainage Cadaster Area assigned to this Section: Inspection of culvert and storm drain pipe, it is verified that it is completely clean (…) The review of the 2 catch basins and the corresponding pipes that exist on Dirección5930 is carried out; both are clean and without obstructions (…) In relation to the sanitary manhole (black water) referred to in the Amparo Appeal, it was verified on site and observed to be clean as shown in the photographs; in addition to this, it is relevant to indicate that, regarding the sanitary sewer system reported by Mr. Nombre46289, this is the responsibility of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados), for this reason, it is not within the competence of this municipality.” From this perspective, note that the petitioner came directly to the Chamber for the purpose of reporting the problem that is the subject of the appeal. In this sense, it is necessary to warn that this Court has repeatedly pointed out that the constitutional avenue must not substitute the active Administration in its competences, nor is it an instance for processing complaints. The foregoing is not the same as exhausting the administrative route, but rather the simple admission that this Court must not directly substitute the will of the Administration and supplant public offices in managing matters within their competence (see in this regard judgment No. 2019017163 of 10:10 a.m. on September 10, 2019). Furthermore, regarding the need for a prior complaint in environmental matters, it is necessary to bring up what was established by this Court in judgment No. 2023029457 of 12:50 p.m. on November 10, 2023, where it was clarified: “V.- ON THE NEED TO FILE A COMPLAINT IN ENVIRONMENTAL MATTERS. In the first instance, the Chamber considers it imperative to make some observations regarding the need to file a complaint in environmental matters. From the study of the case file, it is noted that the Secretary General of SETENA, in the attached report, emphasized, in essence, the following: “After verifying the databases of this Secretariat, no environmental assessment (Evaluación Ambiental) case file with the indicated characteristics was located (…) Nor was any request from the petitioner directed to this representation located, reporting any specific fact, in which case it would have been redirected to the Environmental Administrative Tribunal, upon determining that there is no open environmental assessment (Evaluación Ambiental) case file.” On this aspect, this Chamber has said that, in order for an injury or threat to environmental rights to be aired, generally or particularly, we would have to be before the scenario that the affected person has filed a complaint and that, during its processing, a threat has been determined or that the environment is indeed being damaged, and even so, the respondent administrative authorities have not taken any type of measure in this regard, thereby injuring the constitutional right enshrined in Article 50 of the Magna Carta. Thus, in judgment No. 2016-007678 of 10:50 a.m. on June 3, 2016, the following was resolved: “III.- ON THE MERITS. In repeated jurisprudence, this Constitutional Chamber has had the opportunity to rule on the precautionary principle in environmental matters, as well as in relation to the State's obligation to ensure that all projects, whether public or private, are developed under strict standards that prevent any damage to the environment. In this way, the State, through the institutions created for such purposes, must exercise prior and subsequent control over the way in which works, constructions, projects, or activities of companies and businesses are executed, to assure all citizens that no type of environmental damage is caused by such activities. However, for the reasons stated, certain activities, such as mining, require, prior to being carried out, environmental impact studies and analyses, for which technical investigations are conducted by professionals in each area, to determine whether the intended activity could or could not cause any damage of that type, all based on the different laws regulating environmental, water, forestry, mining, and other matters. Subsequently, once those viability or feasibility permits are obtained, the administrative authorities must pay attention to and timely address the complaints filed by those persons who consider themselves affected by any of the mentioned activities, be it a concession, or private and commercial works, in order to initiate investigations that allow establishing the veracity of the complaints raised, for which, again, technical criteria must be available in this regard. That is, in order for this Chamber to corroborate an injury to environmental rights, generally or particularly, we would have to be before the scenario that the affected person has filed a complaint, and that during its processing it has been determined that damage to the environment is indeed being caused, and even so, the respondent administrative authorities have not taken any type of measure in this regard, thereby injuring the constitutional right enshrined in Article 50 of the Magna Carta.” (The highlighting is not from the original). Likewise, on repeated occasions this Court has said that it must not substitute the active Administration in its competences, nor is it an instance for processing complaints. In that sense, in judgment No. 2023019540 of 9:30 a.m. on August 11, 2023, the following was resolved: “III.- Object of the appeal. The petitioners claim that approximately 25 years ago, the Municipality of Carrillo dug a trench using heavy machinery within private properties for the drainage of water that goes from Dirección1147, passing through Dirección1148, and ends in a protected zone owned by INDER. They affirm that they have been affected by the environmental contamination caused by the discharge of untreated sewage (aguas negras), water stagnation that generates vectors for the proliferation of disease-transmitting mosquitoes, which affects health and the environment. (…) VI.- Specific case. (…) In this regard, from the study of the case file, it has been proven that the petitioners have not filed a formal, written complaint before the respondent authorities in order to raise the issues set out in the filing document. From this standpoint, it must be warned that this Chamber must not substitute the active Administration in its competences nor is it an instance for processing complaints. The petitioners should note that the foregoing is not the same as exhausting the administrative route, but rather the simple admission that this Court must not directly substitute the will of the Administration and supplant public offices in managing matters within their competence. Consequently, the petitioner may, if they deem it appropriate, formally raise their disagreements or claims before the respondent authorities in writing, or alternatively, through the ordinary jurisdictional route, venues where they may broadly discuss the merits of the matter and assert their claims. By virtue of the foregoing, this amparo is declared inadmissible. On this particular matter, the Chamber has stated that complaints such as those raised by the petitioners in this amparo must be previously filed before the corresponding authorities. Through judgment No. 2017-020375 of 11:00 a.m. on December 19, 2017, the following was indicated: “II.- ON THE SPECIFIC CASE. In the case at hand, the petitioner comes directly to this Court to report a problem regarding contamination generated by a channeling of untreated sewage (aguas negras) through their properties, which flows into a river. However, from the petitioners’ own words, it follows that they have not filed any complaint before the competent authorities, in this case, the Municipality of Flores de Heredia. Now then, as has been repeatedly stated, this Court must not substitute the active Administration in its competences nor is it an instance for processing complaints, as stated in judgment 2016-001150 of 2:30 p.m. on January 26, 2016. These considerations are applicable to the case under study, as this Court finds no reasons to vary the criterion expressed in said judgment, nor grounds that would lead it to evaluate the situation raised differently. Therefore, even though the petitioners may consider it unnecessary, in situations like this one, they must go before the respondent authorities to formally raise the aforementioned claim, prior to filing the amparo appeal, so that these bodies may take the appropriate measures to solve the reported problem or, failing that, establish their claim through the ordinary legality route. This is without prejudice to the petitioners resorting to the constitutional route, after an unreasonable period of time has passed without effective action from the Administration, provided there is a threat or injury to a fundamental right.” (The highlighting is not from the original). (See in a similar vein judgments No. 2023004954 of 9:30 a.m. on March 3, 2023, 2023004299 of 9:15 a.m. on February 24, 2023, and 2022026246 of 9:45 a.m. on November 4, 2022, among others). Nonetheless, despite what has been said so far, the Constitutional Court has indeed examined appeals where a violation of a healthy and ecologically balanced environment was demonstrated without the need for a prior complaint; this, under two exceptional scenarios, namely: 1) when it involves a large-scale case; and 2) when it can be derived from the case file that the competent authorities have had knowledge of the situation accused, which is threatening or causing damage to the environment, and have not taken any type of measure in this regard. In that sense, in judgment No. 2008-04786 of 12:35 p.m. on March 27, 2008, the following was resolved: “II.- OBJECT OF THE APPEAL.- The petitioner alleges that he has gone to the Ministry of Health, the Ombudsman's Office, and other administrative bodies to report a pigsty located next to his home that produces foul odors; however, his complaints have not been addressed (…) IV.- REGARDING THE ACTIONS OF THE MUNICIPALITY OF ALAJUELA.- For the case at hand, the Municipal Code obliges the Municipalities of each canton to ensure that citizens are guaranteed the real and effective enjoyment of the right to health and a healthy environment. From the documents provided to the case file, as well as the report given under oath by the respondent Mayor, it indicates that once municipal officials appeared at the site that is the subject of this amparo appeal and verified that the activity lacked a municipal permit, they proceeded to grant the owner of the pigsty an eight-day period to obtain the respective license. However, the Chamber considers that the role of the Municipality should not limit its action only when it receives a complaint of allegedly anomalous situations, but rather its obligation lies in guaranteeing, defending, and preserving the right of all to enjoy a healthy and ecologically balanced environment through continuous control of all activities carried out in the community. In the judgment of this Chamber, in this case, the Municipality of Alajuela has shown an inability to enforce the applicable laws and its obligation to guarantee the enjoyment of the residents of the area of a healthy and ecologically balanced environment, with the consequences for the health of those people. Thus, the respondent Municipality, having full knowledge that within its territorial jurisdiction a citizen carries out an activity lacking the permits required by law and which is itself sensitive due to the handling of animals and waste, has limited itself to granting the reported citizen an eight-day period to get their situation in order, evading its responsibility to always be vigilant over the actions carried out by the community's residents. Thus, it is observed that the respondent Municipality has not even attempted to verify if the activity generates any type of contamination and if contaminated water is discharged. The foregoing, in order to impose the sanctions that are legally appropriate once due process and the right to defense that protects them is granted. Consequently, the Municipality of Alajuela has not taken any action to determine the existence of the problem and its eventual impact on the alleged sanitary issue that the petitioner insistently reveals. By virtue of this, the granting of this appeal against the Municipality of Alajuela is imposed due to the constitutional violation of Articles 50 and 21 of the Political Constitution. V.- REGARDING THE ACTIONS OF THE MINISTRY OF HEALTH.- Although it is true that the State must respect the rights of individuals, it is also true that it must ensure the well-being of the community. Public Health and environmental protection are principles protected both at the constitutional level (Articles 21, 50, 73 and 89 of the Magna Carta) and through international regulations. In this case, the General Health Law authorizes the Ministry of Health to take the corresponding sanitary measures and impose sanctions, whereby the Ministry of Health not only has the duty to enforce the General Health Law but also to protect public health, classified as a matter of public interest, since the rights to health and to a healthy, contamination-free environment—at least below the tolerable limits for human beings—are inalienable fundamental rights, and their violation cannot be legitimately consented to. Now then, from the report presented to this Chamber, the respondent Minister affirms that there is no record of any complaint filed regarding these facts; however, the head of the Ministry of Health must bear in mind that this body must not act solely upon a party's request, as they seem to understand it, thus disregarding the preventive function that is indispensable in the protection of human health and which requires their intervention, even ex officio, in the task of inspection and surveillance of compliance with the precepts of the General Health Law. According to what is accredited in the case file, the action of the health authorities in the case under study was limited to conducting an inspection of the pigsty reported here, due to the filing of this amparo appeal, and they verified, among other things, that the pig farm has a population of 150 pigs and that the area is surrounded by homes. Although the health authority stated that it verified that there are no foul odors from decomposing food and that the washing water from the farm is not discharged onto public roads, it has gone no further, declining in the exercise of its competences and powers by not compelling those responsible to comply with the other requirements demanded by the legal system for the operation of this type of activity, such as the due permits from the different administrative bodies competent in this matter, whereby it is demonstrated that beyond the inspection carried out by virtue of this amparo appeal, no other action is evident from the case file on the part of this authority aimed at ensuring that the pigsty complies with the legal requirements, and thus being vigilant that said activity does not generate any type of sanitary or environmental contamination. Therefore, they have omitted to fulfill their obligation to ensure the right to health of the population, and consequently, such omission has caused injury to the fundamental rights of all the residents of the place.” (The highlighting is not from the original). In the instant case, it is deemed appropriate to dismiss the appeal, since the prerequisites indicated supra are not met to understand that we are before an exceptional case, that is, before one of the two scenarios that could justify the Constitutional Chamber proceeding to hear this matter, despite there being no complaint. And, as has been seen, there is no evidence that prior to filing the appeal, the petitioner filed any formal complaint before the respondent authorities, nor that said complaint was not addressed.” Precisely, and consistent with the transcribed criterion, in the case at hand we are also not faced with any of the scenarios under which this Chamber could proceed to examine, without a prior complaint, the situation set forth by the petitioner. And, in any event, from the enumeration of proven facts, it has been demonstrated that, despite there having been no prior complaint, on the occasion of the processing of this amparo, the respondents deployed actions to resolve the issue. Thus, in the terms in which the appeal was filed, no situation is observed that warrants the intervention of the Chamber, and, therefore, the appeal is dismissed. V.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology-produced device have been provided, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material that is not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the “Regulation on the Electronic Case File before the Judiciary”, approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI. Therefore: The appeal is dismissed. Name137 V. President Name152 C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Digitally Signed Document -- Verification code -- 9LX39JNTWIW61 CASE FILE NO. 25-003945-0007-CO Telephones: Telf46 / (). Fax: Telf47 / Telf48. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección12, Dirección13, 100 mts.) South of the Perpetuo Socorro church). Is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 11:02:33. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República