Res. 25745-2025 Sala Constitucional — Ministry of Culture's delay in resolving heritage declaration request for Tures BridgeDemora del Ministerio de Cultura en resolver solicitud de declaratoria patrimonial del Puente Tures

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Sala Constitucional

Resolución Nº 25745 - 2025

Fecha de la Resolución: 14 de Agosto del 2025 a las 09:20

Expediente: 25-019329-0007-CO

Redactado por: Jorge Araya Garcia

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 25-019329-0007-CO

Res. Nº 2025025745

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del catorce de agosto de dos mil veinticinco .

 Recurso de amparo interpuesto por Nombre45686  , cédula de identidad CED35814, contra el MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD, EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES Y LA MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO DE HEREDIA.

RESULTANDO:

1.- Por escrito aportado a la Sala el 3 de julio de 2025, el recurrente interpone recurso de amparo y manifiesta que acude "(...) en condición de CIUDADADO INTERESADO EN LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DEL PAÍS, en especial del Puente Tures, ubicado en el distrito de Tures, cantón de Santo Domingo, provincia de Heredia, sobre la Ruta Nacional 116 (…)". Indica que el 8 de abril de 2025 los ciudadanos Nombre45687   y Nombre45688   presentaron ante el Ministerio de Cultura y Juventud el formulario para solicitar un estudio de declaratoria de patrimonio histórico-arquitectónico, conforme a lo dispuesto en la Ley No. 7555. Sin embargo, acusa que esa gestión no ha sido resuelta. Agrega que el 9 de abril de 2025, el señor Jonathan Jesús Acuña Soto remitió una carta al Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Concejo Municipal de Santo Domingo de Heredia, mediante la cual solicitó copia de la gestión realizada ante la Procuraduría General de la República en relación con la declaratoria de interés histórico-cultural de los puentes de piedra del distrito de Tures. Explica que esta última gestión estuvo motivada en el Voto No. 2025-6048 de la Sala. Alega que, a la fecha, dicha gestión no ha sido atendida. Expone también que el 8 de mayo de 2025, el mismo señor Jonathan Jesús Acuña Soto le remitió al Viceministro de Infraestructura del MOPT una solicitud de audiencia para reconsiderar la demolición del puente de piedra sobre el Río Tures. Sin embargo, acusa que esta otra solicitud tampoco ha sido atendida. Afirma que tales omisiones violentan el derecho de petición, así como el derecho a la conservación del patrimonio histórico. Solicita que se declare con lugar el recurso y se les ordene a los recurridos dar respuesta a las gestiones formuladas. Como medida cautelar, solicita la suspensión inmediata de cualquier obra o acción que implique la demolición del Puente Tures, hasta tanto no se resuelvan las solicitudes planteadas.

2.- Por resolución de las 15:12 hrs. de 4 de julio de 2025, se le da curso al proceso y se requieren los informes a las autoridades recurridas. En esta resolución se le ordenó a los recurridos “SUSPENDER EN FORMA INMEDIATA LA DEMOLICIÓN DEL PUENTE TURES PROGRAMADA PARA FINALES DE JULIO DE 2025”.

 3.- Mediante memorial aportado a la Sala el 10 de julio de 2025, Lynder Sánchez Fallas, en su condición de Director de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud, rinde informe y señala expresamente lo siguiente: “(…) • El 9 de abril de 2025, a las 11:52 a.m., ingresó al correo electrónico ...1955 la solicitud de declaratoria del puente ubicado sobre la Ruta Nacional No. 1161 , en el cruce Las Quebradas, en Santo Domingo de Heredia, conocido como Puente de Tures, presentada por los señores Nombre45687   y Nombre45688   . • El 10 de abril de 2025, a las 9:58 a.m., se envió acuse de recibido a la señora Nombre45688  y al señor Nombre45687 , mediante correo electrónico2. Dicha gestión fue registrada bajo el código 002-25. Conforme dicta la LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARQUITECTÓNICO DE COSTA RICA No. 7555 y su Reglamento Decreto No. 32749, seguidamente se detalla el procedimiento que lleva un proceso de declaratoria una vez recibida una solicitud: 1. Inicio del procedimiento • Ley, Artículo 7 y Reglamento, Artículo 23: El procedimiento puede iniciarse por solicitud de cualquier persona física o jurídica, pública o privada, o de oficio por parte del Ministerio, la Comisión Nacional de Patrimonio o el Centro de Patrimonio. 2. Estudio técnico • Reglamento, Artículos 24 y 24 bis: El Centro de Patrimonio nombra un profesional en historia y otro en arquitectura para elaborar un informe históricoarquitectónico. Este informe debe incluir análisis del valor histórico, arquitectónico, estado actual del bien, y una propuesta de decreto. 3. Revisión del informe por la Comisión • Reglamento, Artículo 25: La Comisión Nacional de Patrimonio analiza el informe técnico y, si encuentra mérito, emite un acuerdo para abrir el procedimiento administrativo, el cual es comunicado al solicitante, al Despacho del Ministerio de Cultura y Juventud y a la Asesoría Jurídica. 4. Apertura del procedimiento administrativo • Ley, Artículo 7 y Reglamento, Artículo 26: El Órgano Director designado por el Despacho del Ministerio de Cultura y Juventud emite una resolución de apertura que se notifica al propietario, titulares de derechos reales y a la municipalidad. La apertura del expediente implica la prohibición de demoler o cambiar la estructura del inmueble y la aplicación, inmediata y provisional, del régimen previsto para los bienes incorporados al patrimonio histórico-arquitectónico, excepto lo dispuesto en los incisos b), d) y g), del artículo 9. 5. Audiencia y prueba • Reglamento, Artículos 27 y 28: Se convoca al propietario y partes interesadas a una comparecencia oral y privada. En este punto, se pueden aportar pruebas, informes periciales e incluso realizar inspecciones. 6. Conclusiones • Reglamento, Artículo 29: Luego de evacuada la prueba, se otorga a las partes 3 días hábiles para presentar conclusiones. Posteriormente, el expediente se envía a la Comisión Nacional de Patrimonio para que emita su opinión técnica final. 7. Resolución de recomendación • Reglamento, Artículo 30: El órgano director emite una resolución de recomendación, que incluye las implicaciones de la declaratoria, y la remite al Despacho del Ministerio de Cultura y Juventud. 8. Resolución de incorporación • Reglamento, Artículo 31: El Despacho del Ministerio de Cultura y Juventud dicta la resolución final, que puede acoger o no la recomendación. Si acoge la declaratoria, incorpora el inmueble al patrimonio nacional. 9. Publicación del Decreto Ejecutivo • Ley, Artículo 8 y Reglamento, Artículo 33: El Despacho del Ministerio de Cultura y Juventud ordena la elaboración y publicación del Decreto Ejecutivo, que debe incluir: • Datos registrales del inmueble. • Fundamentos históricos y arquitectónicos. • Recomendaciones de expropiación si proceden. Duración del procedimiento: • Reglamento, Artículo 32: A partir de la fecha de notificación de la resolución de apertura del procedimiento, corre el plazo de 2 meses, prorrogables por otros 2 meses a petición del órgano director. Si vence el plazo sin resolución, el procedimiento caducará, y solo podrá reiniciarse después de 3 años (salvo que lo solicite el propietario o titular del derecho). Se aclara que esta solicitud de declaratoria para el puente sobre el río Tures, ubicado en la Dirección5855  . , fue presentada con posterioridad a la aprobación del plan operativo anual de la Unidad de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de la Dirección de Patrimonio Cultural. Dicho plan fue definido a inicios del presente año con el propósito de atender solicitudes de declaratoria previamente recibidas. A la fecha de hoy, el 07 de julio de 2025 mediante el oficio MCJ-DPC-PHA-1054- 20253 , el señor Adrián Vindas Chaves, jefe de la Unidad de Patrimonio Histórico-Arquitectónico, asignó la elaboración del estudio técnico correspondiente a las funcionarias Sonia Gómez Vargas y Marcia Briceño Valverde, profesionales en Historia y Arquitectura, respectivamente. Este estudio técnico requiere de un plazo razonable, dado que contempla diversas labores indispensables, tales como la recopilación de fuentes documentales, consultas en los archivos de la Biblioteca Nacional y el Archivo Nacional, análisis especializado del material obtenido y visitas de campo al inmueble. Estas acciones son fundamentales para determinar si la estructura cumple con los criterios establecidos en la Ley N.º 7555 y su reglamento. Se estima que dicho estudio esté concluido hacia la segunda semana de septiembre de 2025, aproximadamente dos meses después de su asignación. Una vez finalizado, el informe será sometido a revisión y aprobación por parte de la jefatura de la Unidad de Patrimonio Histórico-Arquitectónico. Posteriormente, será remitido a la Secretaría de la Comisión Nacional de Patrimonio, que lo elevará a conocimiento de dicha Comisión, la cual sesiona dos veces al mes, se prevé para la sesión del 24 de setiembre del 2025. En caso de que la Comisión Nacional de Patrimonio recomiende la apertura del expediente de declaratoria, este será elevado al Despacho del Ministerio de Cultura y Juventud, quien designará al Órgano Director del procedimiento. Una vez emitida la notificación correspondiente a las partes interesadas, se prohibirá la demolición o cualquier intervención estructural sobre el inmueble, conforme se ha mencionado Ley No. 7555 artículo 7 y su Reglamento artículo 26. A partir de ese acto, se iniciará un procedimiento administrativo con un plazo de dos meses, prorrogable por hasta dos meses más si así lo justifica el Órgano Director. PETITORIA: Una vez rendido el presente informe, con todo respeto solicito se declare sin lugar el recurso de amparo promovido por el señor Nombre45686 , y se exima de toda responsabilidad a mi Representada (…)”.

4.- Por escrito aportado a la Sala el 10 de julio de 2025, Jorge Rodríguez Vives, en su condición de Ministro de Cultura y Juventud, rinde informe y señala que, para tales efectos, remite el informe emitido, a su vez, por el Director de Patrimonio Cultural de ese mismo ministerio.

5.- Por escrito aportado a la Sala el 11 de julio de 2025, Pablo Camacho Salazar, en su condición de Viceministro de Infraestructura del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, rinde informe y señala expresamente lo siguiente: “(…) Primero. – Que rechazo los hechos denunciado por inexactos, pues como lo informa Silvia Vanessa Gómez Granados, Ingeniera de proyecto, Gerencia de construcción de Vías y Puentes; y; Billy Alexander Guerra Morán, Gerente a.i., También de la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes, en la CARTA-CONAVI- GCTR-09- 2025-1661 (0189), de fecha 10 de julio de 2025, tanto el recurrente como la comunidad de la zona de influencia del proyecto, la Municipalidad de Santo Domingo, naturalmente, siempre estuvieron informados del proyecto, en reuniones en sitio y en la municipalidad y en una sesión con el Concejo Municipal. Se le ha otorgado audiencia al recurrente para el día jueves 17 de julio, luego que ya fueron realizados los ajustes técnicos del proyecto para que se pueda presentar y discutir una propuesta madura, que comprenda en la medida de lo posible, las preocupaciones del recurrente y de la comunidad que se beneficiará con un proyecto que les dotará de un paso seguro, actualizado y eficiente, sobre el río Tures. Donde existe una estructura de alcantarilla de arco, ya muy afectada y que no cumple con la carga viva vigente HL-93, equivalente a un tracto camión de tres ejes de 41 toneladas de peso, no cumple con los anchos de calzada, con la ley 7600, que estable aceras de 1.20m, con la lineamientos de diseños de puentes sismo resistente y con la normativa de diseño vigente AASHTO LRFD 2020, y que obedece a otras necesidades muy distintas a las que demanda la realidad actual del cantón y de ese sector de GAM. Segundo. - De conformidad con la CARTA-CONAVI-GCTR-45- 2025-1675 (0189), de fecha 10 de julio de 2025, suscrito por Silvia Vanessa Gómez Granados, Ingeniera de proyecto y Billy Alexander Guerra Morán, Gerente a.i., de la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes, a la fecha que se rinde el presente informe, la estructura que se presume de interés histórico arquitectónico (Alcantarilla de arco de piedra sobre el río Tures) no ha sido intervenida ni afectada en ningún sentido. Pues se ha tomado el tiempo la Administración para escuchar propuestas alternativas, que ha presentado la comunidad y que son del conocimiento del recurrente. Así las cosas, y de conformidad con lo hasta aquí expuesto, la administración siempre ha tenido informado al recurrente, la Municipalidad y a la comunicada de la zona de influencia, y le otorga la audiencia que solicita el recurrente hasta que se concluyeron los estudios y ajustes finales del proyecto, con la finalidad de discutir atender sus preocupaciones sobre la base de un proyecto acabado y viable (…)”.

6.- Por escrito aportado a la Sala el 14 de julio de 2025, Jorge Luis Fonseca Fonseca, en su condición de Alcalde de Santo Domingo de Heredia, rinde informe. Indica que, una vez notificados del amparo, instruyó a los departamentos correspondientes a realizar una búsqueda exhaustiva. Se consultó formalmente a la Secretaría del Concejo, así como a los regidores que integran la Comisión de Asuntos Jurídicos del gobierno local. De dicha investigación se desprende, de manera categórica, que en los archivos físicos y electrónicos de la Secretaría del Concejo y de la referida comisión, no existe registro de la nota mencionada por el recurrente. Indica que, adicionalmente, se revisó el expediente judicial y se constató que no se adjuntó copia de la supuesta gestión con el debido sello de recibido del municipio, que permita acreditar su efectiva presentación y, por ende, el inicio del cómputo del plazo para dar respuesta. Afirma que, en virtud de lo anterior, el municipio no ha dado respuesta a la gestión que desconoce.

7.- Por escrito aportado a la Sala el 15 de julio de 2025, Gerardo Ortega Fonseca, en su condición de Presidente Municipal de Santo Domingo de Heredia, rinde informe y señala expresamente lo siguiente: “(…) SOBRE EL ELENCO DE HECHOS Y ACCIONES ALEGADAS. De previó debe indicarse, que el presente Recurso de Amparo, es presentado por un ciudadano que actúa como tercero interesado, por lo que los hechos alegados no corresponden a acciones o situaciones que haya realizado de forma personal directamente ante las instituciones recurridas. Sino que las mismas fueron tramitadas de forma individual por terceras personas que no son parte de este Recurso. Por lo que desde ya se tiene que no existe violación directa en los derechos constitucionales del recurrente. SOBRE EL HECHO PRIMERO: Se desconoce tal hecho, ya que el mismo es un trámite que presentaron dos ciudadanos de forma independiente, que no figuran como recurrentes del presente Amparo. Siguiendo para el efecto lo indicado en el artículo 7 de la Ley de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa Rica, Ley No. 7555, del 4 de octubre de 1995, que rige la materia, sobre el procedimiento y el órgano estatal competente (Ministerio de Cultura Juventud y Deportes), para la solicitud de emisión de la declaratoria respectiva y su incorporación a patrimonio. SOBRE EL HECHO SEGUNDO: El suscrito en mi condición de Presidente del Concejo Municipal, informo, que no tengo conocimiento de la existencia de haberse presentado y tramitado por parte del señor Johnatan de Jesús Acuña Soto, (quien no figura como recurrente de este Amparo), ante esta Presidencia, el Concejo Municipal o ante el señor Johnny Moya Umaña en su condición de presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, alguna solicitud de información, como la que refiere el recurrente. Nótese que el actor, no presenta dentro de los documentos aportados como pruebas documentales, algún documento donde conste el recibido, ni soporte de algún correo electrónico enviado tanto al suscrito como Presidente Municipal, como al señor Presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de esta municipalidad; por lo que se incumple para el efecto con los requisitos y formalidades que para el efecto establece la LEY 9097 DE REGULACIÓN DEL DERECHO DE PETICIÓN. Específicamente en lo indicado en su ARTÍCULO 4.- “. Por lo que no se configura con ello ninguna violación de orden constitucional. SOBRE EL HECHO TERCERO: Se desconoce tal hecho, ya que el mismo es un trámite que supuestamente presento el señor Johnatan de Jesús Acuña Soto, (quien no figura como recurrente de este Amparo), de forma directa e independiente ante el Vice Ministro de infraestructura del MOPT, por lo que es ese despacho ministerial el que tiene que referirse. SOBRE EL HECHO CUARTO: PARCIALMENTE CIERTO: Esta Municipalidad como gobierno local, en apego a lo establecido en el artículo 6 del Código Municipal, sobre el deber de coordinación de sus acciones. Ante el inicio programado por el CONAVI del inicio de la demolición del puente sobre el Rio Tures, el cual pertenece a la red vial nacional bajo administración de CONAVI, ha informado a la ciudadanía de nuestro cantón y en general, para efectos de tomar las acciones de mitigación, ante el cierre de esa ruta nacional, por la construcción de un nuevo puente. En lo demás se rechaza este hecho, pues no existe ninguna violación al derecho constitucional de petición y respuesta (…)”.

8.- Por escrito aportado a la Sala el 17 de julio de 2025, Sigrid Cruz Morales y Patricia Rodríguez Maradiaga, solicitan ser tenidas como coadyuvantes activas en el presente proceso de amparo. Lo anterior, afirman “(…) puesto que las gestiones para la declaratoria de los puentes de arco en piedra de Santo Domingo se han planteado debidamente, y dichas edificaciones del siglo XIX tienen protección intrínseca en las convenciones internacionales suscritas por el país (…)”.

9.- Por resolución de las 13:26 hrs. de 30 de julio de 2025, el Magistrado Instructor de este asunto dispuso lo siguiente: “(…) Revisados los autos y, a fin de resolver lo que corresponda en el presente recurso de amparo que se tramita en el expediente No. 25-019329-0007-CO, interpuesto por Nombre45686  , cédula de identidad CED35814, contra LA MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO DE HEREDIA y otros, aporte el recurrente, dentro del plazo de TRES DÍAS, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, copia (con sello de recibido) de la presunta gestión formulada el 9 de abril de 2025 por Jonathan Jesús Acuña Soto ante el Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Concejo Municipal de Santo Domingo de Heredia (solicitud de copia de la gestión realizada ante la Procuraduría General de la República en relación con la declaratoria de interés histórico-cultural de los puentes de piedra del distrito de Tures). De no haberse presentado dicha gestión de manera física, deberá remitirse a la Sala la prueba del correo electrónico enviado al municipio (donde se consigne fecha de envío, nombre del remitente y dirección electrónica del receptor). Lo anterior, por cuanto tal información resulta esencial para resolver lo que en derecho corresponda y bajo apercibimiento de desestimar el recurso (en lo tocante a este agravio) si no lo hiciere (artículos 38 y 42 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). Notifíquese (…)”.

10.- El 31 de julio de 2025, el recurrente cumplió la prevención girada mediante resolución de 30 de julio de 2025.

11.- Por resolución de las 08:20 hrs. de 5 de agosto de 2025, el Magistrado Instructor de este asunto dispuso lo siguiente: “(…) Revisados los autos y, como nueva prueba para mejor resolver dentro del recurso de amparo No. 25-019329-0007-CO, interpuesto por Nombre45686  , cédula de identidad CED35814, contra LA MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO DE HEREDIA y OTROS, se le solicita al Alcalde y al Presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Santo Domingo de Heredia, pronunciarse respecto a la prueba aportada por el recurrente el 31 de julio de 2025 (la cual se adjunta). Según esta prueba, el 9 de abril de 2025 se remitió, vía correo electrónico, a la Municipalidad de Santo Domingo de Heredia, el oficio No. AL- FPFA-43-OFI-080-2025 de fecha 9 de abril de 2025 suscrito por el señor Diputado Jonathan Jesús Acuña Soto y dirigido al miembro del Concejo Municipal de Santo Domingo (Johnny Moya Umaña). En este oficio se consignó expresamente lo siguiente: “(…) Asunto: Copia de la solicitud formal consulta y criterio jurídico a la Procuraduría General de la República. Estimado señor, reciba un cordial saludo. En el oficio SCM-0160-04-2025, del 2 de abril de 2025, se hace referencia al acuerdo del Concejo Municipal de Santo Domingo sobre consulta a la Procuraduría General de la República. De conformidad con los artículos 27 y 30 de la Constitución Política, 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y 111 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, atendiendo solicitud de la comunidad de Santo Domingo y ante el evidente interés público, le solicito enviarme: Copia de la solicitud formal consulta y criterio jurídico a la Procuraduría General de la República, “para que determine si el Concejo Municipal cuenta con la competencia legal o discrecionalidad para emitir y declarar sobre puentes que pertenecen a rutas nacionales, que no están en administración de esta municipalidad, una declaratoria de interés histórico, arquitectónico y cultural para el Cantón de Santo Domingo. Indique cuales serían los alcances jurídicos que tendría la misma, sobre los otros órganos de la administración pública y los administrados”. Para respuesta, favor dirigirla al correo: ...99 (…)” El anterior oficio No. AL- FPFA-43-OFI-080-2025 se remitió desde la cuenta de Kathya González Hernández (de la Asamblea Legislativa) a las siguientes direcciones de correo electrónico: ...544 y ...1956 (de Vera Cruz Chavarría, asistente). En adición a lo anterior, deberán indicar los recurridos si los correos electrónicos a los cuales el señor Diputado remitió la anterior gestión están establecidos como medios oficiales para la recepción de gestiones remitidas por los usuarios a la Municipalidad de Santo Domingo de Heredia. Asimismo, deberán señalar si dicha gestión fue atendida, si la información se le entregó al gestionante y, de ser así, en qué fecha y por cuál medio (…)”.

12.- Por escrito aportado a la Sala el 6 de agosto de 2025, Jorge Fonseca Fonseca, en su condición de Alcalde de Santo Domingo de Heredia, rinde informe requerido mediante resolución de 5 de agosto de 2025. Indica que el correo oficial del municipio para la solicitud de información de parte de munícipes o terceros es ...1957, tal y como figura en la página de Facebook desde el día 18 de junio de 2020 y que, a la fecha, no se ha cambiado.  Señala que, según la prueba, los correos a los cuales se dirigió la solicitud del señor Diputado Acuña Soto no son los oficiales para tales efectos. Agrega que mediante el Voto No. 2025-24062 de las 09:15 hrs. de 1° de agosto de 2025, la Sala declaró sin lugar un recurso de amparo interpuesto por dicho Diputado con ocasión del oficio No. AL-FPFA-43-OFI-080-2025 enviado a las mismas direcciones de correo electrónico. Menciona que, al no estar la nota del Diputado dirigida a su persona, no se ha brindado respuesta, en respeto a las competencias funcionales. Afirma que la gestión en cuestión no fue dirigida a los correos electrónicos institucionales habilitados para la recepción oficial de documentos. Indica que ninguna de las direcciones a las cuales se envió la gestión (...544 y ...1956), corresponde a un correo oficial y formalmente establecido por el municipio para la recepción de gestiones enviadas por los administrados y para comunicaciones externas. Sostiene que al no haber utilizado la parte el canal oficial y debidamente establecido, la administración no tuvo conocimiento formal de la gestión, lo que imposibilitó materialmente su tramitación y la consecuente respuesta.

13.- Por escrito aportado a la Sala el 7 de agosto de 2025, el recurrente se refiere al informe rendido por el Alcalde de Santo Domingo de Heredia el 6 de agosto de 2025 y sostiene expresamente lo siguiente: “(…) En el informe de ampliación aportado por el Alcalde municipal de la municipalidad de Santo Domingo de Heredia, señor JORGE LUIS FONSECA FONSECA, se indica que en la página oficial de facebook de la Municipalidad de Santo Domingo (https://www.facebook.com/ stodomingoheredia) se publicó un comunicado con fecha 18 de junio del 2020 en el que: "Se informa en primera instancia según lo solicitado por esa Autoridad Constitucional, el correo oficial que mi representada mantiene para la solicitud de información por parte de los Munícipes o terceros es la dirección ...1957, tal como se logra detallar en la página oficial de FACEBOOK (https://www.facebook.com/ stodomingoheredia) desde el día 18 de junio del 2020 y que a la fecha no se ha cambiado tal como se comprueba mediante la siguiente imagen y verificable en la misma página:", acto seguido asjunta la siguiente imagen: (…) Sin embargo al consultar el enlace aportado por el señor Fonseca se puede comprobar que dicha publicación es inexistente SOBRE ESTE DOCUMENTO: Al consultar en el enlace (https://munisantodomingo.go.cr/contactos) correspondiente a la página web oficial de la municipalidad de santo domingo, en la sección "SECRETARIA DE CONCEJO" aparecen los contactos de Nombre45689   y VERA CRUZ CHAVARRÍA con las direcciones de correo (...544) y (...1956) respectivamente. En la resolución del Recurso de Amparo Exp.25-018558-0007-CO, en el inciso 3 el señor GERARDO ORTEGA FONSECA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO afirma que la cuenta de correo oficial para recibir y solicitar información es (...481) según acuerdo aprobado el martes 15 de octubre de 2024 en la sesión ordinaria 37-2024, sin embargo esta información no se menciona en la página web por lo que, al ser consultada, es imposible conocer acerca de dicho acuerdo: "se estableció y comunicó a todas las instituciones y al público en general, que la dirección de correo oficial para recibir y solicitar información o correspondencia para el Concejo Municipal, lo es al correo ...481 ( se aporta como prueba, la copia del Oficio SCM-0644-10-2024 de fecha 15 de octubre del 2024, donde se trascribe y notifica el acuerdo citado)" (…) PETITORIA: Ante lo presentado en este documento solicito respetuosamente a la Honorable Sala Constitucional: Tomar en cuenta que la información aportada es prueba irrefutable de que las cuentas de correo, al ser publicadas en el sitio web oficial de la Municipalidad de Santo Domingo, son un canal de comunicación oficial para recibir y enviar información, en este caso específicamente al Concejo Municipal y que al consultar la página web de la Municipalidad de Santo Domingo no se hace referencia al acuerdo 37-2024 del 15 de octubre de 2024 por lo que resulta imposible conocer dicha información omitida en el sitio  (https://munisantodomingo.go.cr/) (…)”.

14.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones de ley.

 Redacta el Magistrado Araya García; y,

Considerando:

 I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente -quien se denomina como ciudadano interesado en la protección del patrimonio histórico y cultural del país- aduce que:

a)   Las autoridades del Ministerio de Cultura y Juventud no han resuelto una solicitud de declaratoria de patrimonio histórico-arquitectónico del puente sobre el Río Tures formulada por terceros en abril de 2025.

b)   El Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Concejo Municipal de Santo Domingo de Heredia no ha dado respuesta a una solicitud de información presentada en abril de 2025 por un tercero relacionada con dicha declaratoria de interés histórico-arquitectónico.

c)    El Viceministro de Infraestructura del MOPT no ha atendido una solicitud de audiencia formulada por un tercero desde el 8 de mayo de 2025 con el fin de que se reconsidere la demolición del citado puente.

II.- SOBRE LA SOLICITUD DE COADYUVANCIA ACTIVA.  Por escrito aportado el 17 julio de 2025, Sigrid Cruz Morales y Patricia Rodríguez Maradiaga, solicitan ser tenidas como coadyuvantes activas en el presente proceso de amparo, afirmando tener interés en la declaratoria de patrimonio histórico-arquitectónico de los puentes de arco de Santo Domingo de Heredia.

Sobre este particular, el numeral 34, párrafo 3°, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, estipula que quien posea un interés legítimo en el proceso puede intervenir, sea en su perfil activo o pasivo, como coadyuvante. En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en la norma de rito supra señalada y lo expuesto por las mencionadas intervinientes, resulta admisible la referida coadyuvancia.

III.- ACLARACIÓN PREVIA. LEGITIMACIÓN DEL RECURRENTE PARA PRESENTAR EL AMPARO. Cabe señalar que, aunque el recurrente no formuló directamente las gestiones que reclama ante esta Sala, estas guardan relación intrínseca con temas de patrimonio histórico-cultural.

Este Tribunal Constitucional ha sostenido que lo referente al patrimonio histórico-cultural se puede catalogar como un derecho o interés difuso. Entre otras sentencias, en la No. 2022-26651 de las 16:30 hrs. de 9 de noviembre de 2022, esta Sala señaló:

“(…) En síntesis, los intereses difusos son aquellos cuya titularidad pertenece a grupos de personas no organizadas formalmente, pero unidas a partir de una determinada necesidad social, una característica física, su origen étnico, una determinada orientación personal o ideológica, el consumo de un cierto producto, etc. El interés, en estos casos, se encuentra difuminado, diluido (difuso) entre una pluralidad no identificada de sujetos. Esta Sala ha enumerado diversos derechos a los que les ha dado el calificativo de "difusos", tales como: el medio ambiente, el patrimonio cultural, la defensa de la integridad territorial del país y del buen manejo del gasto público, entre otros. Al respecto, deben ser efectuadas dos precisiones: por un lado, los referidos bienes trascienden la esfera tradicionalmente reconocida a los intereses difusos, ya que se refieren, en principio, a aspectos que afectan a la colectividad nacional y no a grupos particulares de ésta; un daño ambiental no afecta apenas a los vecinos de una región o a los consumidores de un producto, sino que lesiona o pone en grave riesgo el patrimonio natural de todo el país e incluso de la Humanidad; del mismo modo, la defensa del buen manejo que se haga de los fondos públicos autorizados en el Presupuesto de la República es un interés que atañe a todos los habitantes de Costa Rica, no tan solo de un grupo cualquiera de ellos. Por otra parte, la enumeración que ha hecho la Sala Constitucional no pasa de una simple descripción propia de su obligación -como órgano jurisdiccional- de limitarse a conocer de los casos que le son sometidos, sin que pueda, de ninguna manera, llegar a entenderse que solo pueden ser considerados derechos difusos aquellos que la Sala expresamente haya reconocido como tales (…)” (El destacado no forma parte del original).

Analizado lo anterior, tomando en cuenta la materia sobre la que versan las gestiones reclamadas, así como el hecho que el recurrente, en el escrito de interposición de este amparo, sostuvo que acude en condición de “CIUDADANO INTERESADO EN LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DEL PAÍS, en especial del Puente Tures”, resulta procedente tenérsele legitimado para presentar este proceso e invocar la falta de resolución o de atención de las solicitudes bajo estudio.

IV.- SOBRE LA POSIBILIDAD DE CONOCER ESTE AMPARO CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 41 CONSTITUCIONAL.  De previo a analizar el fondo del asunto, por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido, debe aclararse que, a partir de la Sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones- aquellos asuntos en los que se discute si la Administración Pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo instruido de oficio o a instancia de parte, o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, sea la alegada omisión o demora de la administración en resolver una solicitud de declaratoria de patrimonio histórico-arquitectónico de un puente. Nótese que, en el reciente Voto No. 2025-6048 de las 09:20 hrs. de 28 de febrero de 2025, esta Sala, al conocer un asunto similar, dispuso lo siguiente: “(…) en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, sea la alegada omisión de la Administración de atender una solicitud relacionada con la conservación de puentes que la parte recurrente afirma son patrimonio histórico y cultural de la Nación, atentando contra el derecho fundamental al disfrute de ese patrimonio (…)”.

Aclarado el punto, se entra a resolver, la situación concreta planteada en este amparo.

V.- HECHOS PROBADOS. De relevancia para dirimir el presente recurso de amparo, se tienen por acreditados los siguientes:

A.  HECHOS RELACIONADOS CON EL MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD:

1)   El 9 de abril de 2025, Nombre45687   y Nombre45688   presentaron ante el Ministerio de Cultura y Juventud solicitud de declaratoria de patrimonio histórico-arquitectónico respecto al puente sobre el Río Tures ubicado sobre la Ruta Nacional No. 116 conforme a lo dispuesto en la Ley No. 7555 (ver escrito de interposición, informe y prueba).

2)   El 10 de abril de 2025, se dio acuse de recibido a dicha gestión (ver informe y prueba).

3)   La anterior gestión fue registrada con el código No. 002-25 (ver informe).

4)   El 4 de julio de 2025, las autoridades del Ministerio de Cultura y Juventud fueron notificadas de la interposición de este amparo (ver acta de notificación).

5)   Por oficio No. MCJ-DPC-PHA-1054- 2025 de fecha 7 de julio de 2025, el Jefe de la Unidad de Patrimonio Histórico-Arquitectónico del citado ministerio, con motivo de dicha solicitud, asignó la elaboración del estudio técnico correspondiente a las funcionarias Sonia Gómez Vargas y Marcia Briceño Valverde, profesionales en Historia y Arquitectura, respectivamente (ver informe y prueba).

 

B.   HECHOS RELACIONADOS CON LA MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO DE HEREDIA:

1)   El 9 de abril de 2025, se remitió, vía correo electrónico, a la Municipalidad de Santo Domingo de Heredia, el oficio No. AL- FPFA-43-OFI-080-2025 de fecha 9 de abril de 2025 suscrito por señor Diputado Jonathan Jesús Acuña Soto y dirigido al miembro del Concejo Municipal de Santo Domingo (Johnny Moya Umaña). En este oficio se consignó expresamente lo siguiente:

“(…) Asunto: Copia de la solicitud formal consulta y criterio jurídico a la Procuraduría General de la República. Estimado señor, reciba un cordial saludo. En el oficio SCM-0160-04-2025, del 2 de abril de 2025, se hace referencia al acuerdo del Concejo Municipal de Santo Domingo sobre consulta a la Procuraduría General de la República. De conformidad con los artículos 27 y 30 de la Constitución Política, 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y 111 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, atendiendo solicitud de la comunidad de Santo Domingo y ante el evidente interés público, le solicito enviarme: Copia de la solicitud formal consulta y criterio jurídico a la Procuraduría General de la República, “para que determine si el Concejo Municipal cuenta con la competencia legal o discrecionalidad para emitir y declarar sobre puentes que pertenecen a rutas nacionales, que no están en administración de esta municipalidad, una declaratoria de interés histórico, arquitectónico y cultural para el Cantón de Santo Domingo. Indique cuales serían los alcances jurídicos que tendría la misma, sobre los otros órganos de la administración pública y los administrados”. Para respuesta, favor dirigirla al correo: ...99 (…)” (ver prueba).

2)   El anterior oficio No. AL- FPFA-43-OFI-080-2025 se remitió desde la cuenta de Kathya González Hernández (de la Asamblea Legislativa) a las siguientes direcciones de correo electrónico: ...544 y ...1956 (de Vera Cruz Chavarría, asistente) (ver prueba).

3)   Las referidas direcciones electrónicas ...544 y ...1956, no están establecidas como medios oficiales para la recepción de gestiones remitidas por los usuarios a la municipalidad recurrida (ver informes agregados en este expediente y en el expediente No. 25-018558-0007-CO tenido ad effectum videndi).

4)   La cuenta electrónica oficial de la Alcaldía de Santo Domingo de Heredia para recibir gestiones de los usuarios es ...1958, mientras que la del Concejo Municipal es ...481 (ver informes agregados en este expediente y en el expediente No. 25-018558-0007-CO tenido ad effectum videndi).

 

C.    HECHOS RELACIONADOS CON EL MOPT:

1)   El Dirección5856    , el señor Diputado Jonathan Jesús Acuña Soto le remitió al Viceministro de Infraestructura del MOPT una solicitud de audiencia para reconsiderar la demolición del puente de piedra sobre el Río Tures (ver escrito de interposición, informe y prueba).

2)   El 8 de julio de 2025, el Viceministro de Infraestructura del MOPT, fue notificado de la interposición de este amparo (ver acta de notificación).

3)   El 10 de julio de 2025, las autoridades de la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes del Consejo Nacional de Vialidad del MOPT, emitieron el oficio CARTA-CONAVI- GCTR-09-2025-1661 (0189) (dirigido al señor Diputado Jonathan Acuña Soto y a la señora Diputada Kattia Rivera Soto), en el cual se consignaron varios aspectos respecto a la construcción del puente sobre el Río Tures. Finalmente, en dicho oficio, se señaló expresamente lo siguiente:  “(…) informarle, que hoy se realizó una última reunión entre el CONAVI y la empresa adjudicataria en ella se revisaron los temas jurídicos, administrativos y de ejecución del proyecto de marras, estableciéndose que desde el punto de vista de la Administración el proyecto es viable y procedente su ejecución; no obstante por verse involucrado la alcantarilla de arco que la comunidad quiere preservar, atendiendo su solicitud se le concede audiencia para el día jueves 17 de julio al ser las 13 horas en la sala de reuniones de la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes del CONAVI, con la finalidad de escuchar sus inquietudes y legitimas preocupaciones sobre el futuro de la alcantarilla de piedra que se encuentra en el lugar. Indicarle respetuosamente, que, si la fecha propuesta por la Administración no fuera conveniente por los numerosos compromisos que usted debe atender en sus labores diarias, por favor proponer una fecha tentativa a la Administración, con la finalidad de coordinar la reunión (…)” (ver informe y prueba).

VI.- SOBRE SOLICITUD DE DECLARATORIA DE PATRIMONIO HISTÓRICO-ARQUITECTÓNICO. Como primer aspecto, el accionante señala que el 8 de abril de 2025 los ciudadanos Nombre45687   y Nombre45688   presentaron ante el Ministerio de Cultura y Juventud el formulario para solicitar un estudio de declaratoria de patrimonio histórico-arquitectónico, conforme a lo dispuesto en la Ley No. 7555. Sin embargo, acusa que esa gestión no ha sido resuelta.

En el informe remitido a esta Sala, tanto el Ministro como el Director de Patrimonio Cultural, ambos del Ministerio de Cultura y Juventud, reconocieron la presentación de dicha solicitud, aclarando que se formuló el 9 de abril del año en curso. Adicionalmente, hicieron alusión a todas y cada una de las etapas que conlleva la tramitación y resolución de este tipo de gestiones, a la luz de lo dispuesto en la Ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica (Ley No. 7555) y su Reglamento (Decreto No. 32749). En ese particular, expusieron lo siguiente:

“(…) 1. Inicio del procedimiento • Ley, Artículo 7 y Reglamento, Artículo 23: El procedimiento puede iniciarse por solicitud de cualquier persona física o jurídica, pública o privada, o de oficio por parte del Ministerio, la Comisión Nacional de Patrimonio o el Centro de Patrimonio.

2. Estudio técnico • Reglamento, Artículos 24 y 24 bis: El Centro de Patrimonio nombra un profesional en historia y otro en arquitectura para elaborar un informe histórico-arquitectónico. Este informe debe incluir análisis del valor histórico, arquitectónico, estado actual del bien, y una propuesta de decreto.

3. Revisión del informe por la Comisión • Reglamento, Artículo 25: La Comisión Nacional de Patrimonio analiza el informe técnico y, si encuentra mérito, emite un acuerdo para abrir el procedimiento administrativo, el cual es comunicado al solicitante, al Despacho del Ministerio de Cultura y Juventud y a la Asesoría Jurídica.

4. Apertura del procedimiento administrativo • Ley, Artículo 7 y Reglamento, Artículo 26: El Órgano Director designado por el Despacho del Ministerio de Cultura y Juventud emite una resolución de apertura que se notifica al propietario, titulares de derechos reales y a la municipalidad. La apertura del expediente implica la prohibición de demoler o cambiar la estructura del inmueble y la aplicación, inmediata y provisional, del régimen previsto para los bienes incorporados al patrimonio histórico-arquitectónico, excepto lo dispuesto en los incisos b), d) y g), del artículo 9.

5. Audiencia y prueba • Reglamento, Artículos 27 y 28: Se convoca al propietario y partes interesadas a una comparecencia oral y privada. En este punto, se pueden aportar pruebas, informes periciales e incluso realizar inspecciones.

 6. Conclusiones • Reglamento, Artículo 29: Luego de evacuada la prueba, se otorga a las partes 3 días hábiles para presentar conclusiones. Posteriormente, el expediente se envía a la Comisión Nacional de Patrimonio para que emita su opinión técnica final.

7. Resolución de recomendación • Reglamento, Artículo 30: El órgano director emite una resolución de recomendación, que incluye las implicaciones de la declaratoria, y la remite al Despacho del Ministerio de Cultura y Juventud.

8. Resolución de incorporación • Reglamento, Artículo 31: El Despacho del Ministerio de Cultura y Juventud dicta la resolución final, que puede acoger o no la recomendación. Si acoge la declaratoria, incorpora el inmueble al patrimonio nacional.

9. Publicación del Decreto Ejecutivo • Ley, Artículo 8 y Reglamento, Artículo 33: El Despacho del Ministerio de Cultura y Juventud ordena la elaboración y publicación del Decreto Ejecutivo, que debe incluir: • Datos registrales del inmueble. • Fundamentos históricos y arquitectónicos. • Recomendaciones de expropiación si proceden (…)”.

Además, en cuanto a la duración el procedimiento, refirieron lo siguiente:

“(…) Reglamento, Artículo 32: A partir de la fecha de notificación de la resolución de apertura del procedimiento, corre el plazo de 2 meses, prorrogables por otros 2 meses a petición del órgano director. Si vence el plazo sin resolución, el procedimiento caducará, y solo podrá reiniciarse después de 3 años (salvo que lo solicite el propietario o titular del derecho) (…)”.

En la especie, se ha demostrado que las autoridades del Ministerio de Cultura y Juventud han incurrido en una arbitraria e injustificada dilación en tramitar y resolver la solicitud de declaratoria de patrimonio histórico arquitectónica planteada respecto al puente sobre el Río Tures el 9 de abril de 2025.

Nótese que, para el día de interpuesto este amparo (3 de julio de 2025), había trascurrido un plazo absolutamente excesivo e irrazonable de aproximadamente tres meses desde que se formuló la solicitud y esta, ni siquiera, había cumplido o superado la primera etapa del proceso arriba explicado y establecido en el ordenamiento jurídico, que es su asignación a un profesional para la emisión del correspondiente estudio técnico.

 En adición a lo anterior debe observarse que no fue sino con motivo de la interposición de este amparo que las autoridades del Ministerio de Cultura y Juventud asignaron la elaboración del estudio técnico correspondiente a las funcionarias Sonia Gómez Vargas y Marcia Briceño Valverde, profesionales en historia y arquitectura, respectivamente.

En mérito de lo expuesto, al acreditarse una flagrante violación a lo dispuesto en el ordinal 41 de la Constitución Política, lo que corresponde es acoger este extremo del recurso, ordenándoseles a los recurridos resolver la solicitud bajo estudio en el plazo máximo de cuatro meses, contado a partir de la notificación de este amparo. Plazo anterior que tiene sustento, a su vez, en todas aquellas etapas y términos establecidos en el referido citado procedimiento consignado, a su vez, en la normativa supra citada.

VII.- VIGENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR EMITIDA POR LA SALA: SUSPENSIÓN DE LA DEMOLICIÓN DEL PUENTE TURES. Del estudio de este proceso se ha podido acreditar que las autoridades del MOPT tienen programado demoler el puente sobre el Río Tures, a efecto de construir uno nuevo.

Ahora, cabe destacar que, en virtud de los argumentos formulados por el recurrente, la Presidencia de la Sala, en la resolución de curso de este amparo de las 15:12 hrs. 4 de julio de 2025, ordenó a los recurridos “SUSPENDER EN FORMA INMEDIATA LA DEMOLICIÓN DEL PUENTE TURES PROGRAMADA PARA FINALES DE JULIO DE 2025”.

Asimismo, es importante señalar que, según informes rendidos por las autoridades del Ministerio de Cultura y Juventud y, conforme lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley No. 7555, en caso de encontrarse mérito para abrir procedimiento administrativo –con motivo de la solicitud de patrimonio histórico-arquitectónico planteada respecto al puente sobre el Río Tures–, se debe disponer la prohibición de demoler o cambiar la estructura del inmueble.

En virtud de lo anterior, esta Sala Constitucional considera pertinente y necesario mantener la medida cautelar de suspensión de la demolición del puente en cuestión, hasta tanto el Ministerio de Cultura y Juventud no resuelva o defina si dicha estructura puede ser declarada o no patrimonio histórico-arquitectónico.

VIII.- EN CUANTO A LA GESTIÓN FORMULADA ANTE LA MUNICIPALIDAD RECURRIDA. De otra parte, el recurrente aduce que el Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Concejo Municipal de Santo Domingo de Heredia no ha atendido una solicitud formulada el 9 de abril de 2025 por el señor Diputado de la República, tendente a que se le entregara una copia de la gestión realizada ante la Procuraduría General de la República en relación con la declaratoria de interés histórico-cultural de los puentes de piedra del distrito de Tures.

Revisados los autos se demostró que el día 9 de abril de 2025, el señor Diputado Jonathan Jesús Acuña Soto remitió, vía correo electrónico, a la Municipalidad de Santo Domingo de Heredia, el oficio No. AL- FPFA-43-OFI-080-2025 de fecha 9 de abril de 2025 dirigido al miembro del Concejo Municipal de Santo Domingo (Johnny Moya Umaña). En este oficio se consignó expresamente lo siguiente:

“(…) Asunto: Copia de la solicitud formal consulta y criterio jurídico a la Procuraduría General de la República. Estimado señor, reciba un cordial saludo. En el oficio SCM-0160-04-2025, del 2 de abril de 2025, se hace referencia al acuerdo del Concejo Municipal de Santo Domingo sobre consulta a la Procuraduría General de la República. De conformidad con los artículos 27 y 30 de la Constitución Política, 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y 111 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, atendiendo solicitud de la comunidad de Santo Domingo y ante el evidente interés público, le solicito enviarme: Copia de la solicitud formal consulta y criterio jurídico a la Procuraduría General de la República, “para que determine si el Concejo Municipal cuenta con la competencia legal o discrecionalidad para emitir y declarar sobre puentes que pertenecen a rutas nacionales, que no están en administración de esta municipalidad, una declaratoria de interés histórico, arquitectónico y cultural para el Cantón de Santo Domingo. Indique cuales serían los alcances jurídicos que tendría la misma, sobre los otros órganos de la administración pública y los administrados”. Para respuesta, favor dirigirla al correo: ...99 (…)”.

Se demostró además que tal gestión se remitió a las siguientes cuentas electrónicas de la Municipalidad de Santo Domingo de Heredia ...544 y ...1956, las cuales, según se informó bajo la solemnidad de juramento, no están establecidas como medios oficiales para la recepción de gestiones remitidas por los usuarios a dicho municipio. Según se acreditó, la cuenta electrónica oficial de la Alcaldía de Santo Domingo de Heredia para recibir gestiones de los usuarios es ...1958, mientras que la del Concejo Municipal es ...481.

En virtud de lo anterior, este Tribunal Constitucional no considera que exista mérito para conocer este extremo del recurso por el fondo, pues la gestión reclamada por el accionante no se canalizó por el propio gestionante (Diputado Jonathan Jesús Acuña Soto) a través de los canales establecidos por la municipalidad recurrida para tal efecto, lo cual, en consecuencia, no obliga a esta última a atenderla. Nótese que, sobre este tema en particular, sea, lo tocante a las gestiones formuladas mediante correo electrónico, esta Sala, en la Sentencia No. 2012-191 de las 15:50 hrs. de 11 de enero de 2012, indicó, en lo que interesa, lo siguiente:

"(...) IV.- SOBRE EL DERECHO DE PETICIÓN Y EL EMPLEO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En el marco de la sociedad de la información y el conocimiento, los derechos fundamentales pueden ser ejercidos a través de las nuevas tecnologías de la información. En lo que al derecho de petición y pronta respuesta se refiere, la utilización de los medios electrónicos le da nuevos matices, los cuales, deben ser ponderados. Siempre teniendo en consideración su eficacia progresiva y expansiva, pero también, tomando en cuenta el carácter no absoluto de los derechos fundamentales, es posible concluir que, para el ejercicio del derecho de petición y pronta respuesta, empleando los medios que las nuevas tecnologías facilitan, es importante, que el requerimiento sea canalizado a través de una página web de libre acceso del ente o el órgano público. Adicionalmente, ese dominio electrónico debe contar con un hipervínculo direccionado hacia un correo electrónico dispuesto, específicamente, para recibir solicitudes, sea sobre un tema particular o bien que sirva como buzón para todo tipo gestiones. (...) IV.- CASO CONCRETO. Consta que el 13 de noviembre de 2011, el recurrente solicitó una certificación al Departamento de Gestión Urbana de la Municipalidad de Turrialba mediante un correo electrónico que remitió a la cuenta ...869 (copia). Según informaron la Alcaldesa y la Presidenta del Concejo Municipal de ese Cantón bajo la solemnidad del juramento y con las consecuencias legales que implica-, en los controles de ingreso de correspondencia no consta que se haya presentado esa solicitud. A mayor abundamiento, según se colige de las manifestaciones del funcionario del Departamento de Gestión Urbana de la Corporación recurrida, ese correo electrónico es una cuenta personal y no un correo institucional, dispuesto, específicamente, para la recepción de solicitudes y gestiones por parte de los administrados. Bajo esta inteligencia, descarta la Sala que se haya vulnerado derecho fundamental alguno. Como corolario de lo expuesto, se impone desestimar el recurso (...)". (Véase, en similar sentido, el Voto No. 2019-368 de las 09:45 hrs. de 11 de enero de 2019).

En adición a lo anterior, es de suma importancia señalar que este mismo extremo del recurso fue recientemente conocido por este Tribunal Constitucional en el recurso de amparo presentado por el señor Acuña Soto y tramitado conforme el expediente No. 25-018558-0007-CO, donde finalmente se dictó la Sentencia desestimatoria No. 2025-24062 de las 09:15 hrs. de 1° de agosto de 2025. Dicha decisión se sustentó precisamente en el hecho que la solicitud reclamada (oficio No. AL- FPFA-43-OFI-080-2025), no fue remitida a un medio oficial establecido por la corporación municipal para la recepción de gestiones remitidas por los administrados. En tal ocasión, de modo expreso, se señaló lo siguiente:

“(…) Recurso de amparo presentado por JOHNATAN JESUS ACUÑA SOTO, cédula de identidad CED4595, contra la MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO (…)

Considerando: I.- OBJETO DEL RECURSO: El recurrente alega que el 09 de abril de 2025, mediante oficio ALFPFA-43-OFI-080-2025 dirigido al presidente del Concejo de Santo Domingo de Heredia, solicitó información relativa a lo siguiente: “Copia de la solicitud formal consulta y criterio jurídico a la Procuraduría General de la República, “para que determine si el Concejo Municipal cuenta con la competencia legal o discrecionalidad para emitir y declarar sobre puentes que pertenecen a rutas nacionales, que no están en administración de esta municipalidad, una declaratoria de interés histórico, arquitectónico y cultural para el Cantón de Santo Domingo. Indique cuales serían los alcances jurídicos que tendría la misma, sobre los otros órganos de la administración pública y los administrados”. Afirma que, el 21 de mayo de 2025, envió un recordatorio y a la fecha de interposición de este recurso no ha obtenido una respuesta. Con base en los alegatos expuestos, estima que, con las actuaciones acusadas, se están vulnerando derechos fundamentales. (…)

IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO: De los informes rendidos por las autoridades recurridas los cuales son dados bajo la solemnidad del juramento con las consecuencias legales que ello implica se desprende que el 09 de abril de 2025, mediante oficio ALFPFA-43-OFI-080-2025 dirigido al presidente del Concejo de Santo Domingo de Heredia el recurrente solicitó a la autoridad recurrida lo siguiente: “Copia de la solicitud formal consulta y criterio jurídico a la Procuraduría General de la República, “para que determine si el Concejo Municipal cuenta con la competencia legal o discrecionalidad para emitir y declarar sobre puentes que pertenecen a rutas nacionales, que no están en administración de esta municipalidad, una declaratoria de interés histórico, arquitectónico y cultural para el Cantón de Santo Domingo. Indique cuales serían los alcances jurídicos que tendría la misma, sobre los otros órganos de la administración pública y los administrados” -solicitud remitida a los correos electrónicos: ...544 y ...1956-. Se acreditó que el 21 de mayo de 2025 el recurrente envió un recordatorio de la solicitud de información planteada. Se demostró que la gestión del recurrente no fue dirigida a los correos electrónicos institucionalmente habilitados por el gobierno local para la recepción oficial de documentos -el correo oficial es ...1957 -. Ante ese panorama el reclamo del recurrente resulta improcedente pues se verifica que el medio utilizado para remitir su solicitud no constituye medio oficial para la recepción de gestiones. De este modo, al no haber encauzado su gestión por medio de los canales oficiales establecidos por la autoridad recurrida para tales efectos, no puede acreditarse que ese ente hubiere ilegítimamente omitido dar respuesta a la peticionado por el tutelado. Así las cosas se declara sin lugar el recurso. (…)

Por tanto: Se declara sin lugar el recurso. Notifíquese (…)” (El destacado no forma parte del original).

 

Bajo tal orden de consideraciones y, al no existir, en la especie, motivos que hagan variar lo señalado supra, lo procedente es que el tutelado, en lo tocante a este punto, se esté a lo dispuesto en dicha sentencia.

IX.- TOCANTE A LA SOLICITUD DE AUDIENCIA. Finalmente, reclama el recurrente que el 8 de mayo de 2025 el mismo señor Jonathan Jesús Acuña Soto le remitió al Viceministro de Infraestructura del MOPT una solicitud de audiencia para reconsiderar la demolición del puente de piedra sobre el Río Tures. Sin embargo, acusa que esta otra solicitud tampoco ha sido atendida.

La Sala considera que este agravio no puede ser conocido por el fondo. Lo anterior, por cuanto este tipo de gestiones (solicitudes de audiencia), no resultan amparables ante este Tribunal Constitucional. En ese particular, en el Voto No. 2025-180 de las 09:20 hrs. de 7 de enero de 2025, este Tribunal dispuso lo siguiente:

“(…) II.- CASO CONCRETO. Analizados los alegatos del recurrente, conviene indicar en cuanto a la solicitud de reunión gestionada que, esta Sala ha establecido que, aunque el derecho de petición, establecido en el artículo 27 de la Constitución Política, cuando es entendido en sentido amplio, haga referencia a la facultad que posee todo ciudadano para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial con el fin de exponer un asunto de su interés, lo cierto es que, conforme este Tribunal ha declarado en resoluciones como la sentencia N° 2015005517 de las 14:30 horas del 21 de abril de 2015, no por ello tutela solicitudes de audiencia como la que la parte recurrente menciona en su escrito de interposición. En efecto, este Tribunal ha declarado lo siguiente:

"... la solicitud de audiencia ante la recurrida para tratar determinados temas -como en este caso- no se ajusta al contenido del derecho de petición y pronta resolución regulados por los artículos 27 y 41, de la Constitución Política, de modo que el hecho de que no se le haya indicado a la amparada nada sobre la audiencia solicitada no constituye lesión a los citados artículos de la Constitución Política. Debe tener presente la recurrente que la solicitud planteada en ese sentido, no es el ejercicio del derecho de petición, y aún menos del derecho a una justicia pronta y cumplida, sino una simple solicitud de ser atendido por la recurrida, audiencia que, en todo caso, se determinará de acuerdo con las posibilidades y actividades que tenga la accionada". (Sentencia N° 2015005517 de las 14:30 horas del 21 de abril de 2015; el resaltado con subrayado no es del original).

Así las cosas, no corresponde a esta Sala conocer sobre ese reclamo, por ser un asunto de legalidad ordinaria, y, por ello, deberá el petente acudir ante la vía de legalidad respectiva, a fin de plantear allí las gestiones que estime pertinentes para que se resuelva lo que en derecho corresponda (…)” (El destacado no forma parte del original).

Dicho lo anterior, este extremo del recurso debe ser igualmente desestimado. En todo caso, debe tomarse en cuenta que, según informó bajo juramento el Viceministro de Infraestructura del MOPT, la referida audiencia se le programó al gestionante Acuña Soto para el pasado 17 de julio de 2025.

X.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

XI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara parcialmente con lugar el recurso lugar el recurso (únicamente respecto a la demora incurrida por las autoridades del Ministerio de Cultura y Juventud en resolver la solicitud de declaratoria de patrimonio histórico-arquitectónico del puente sobre el Río Tures). Se le ordena a Jorge Rodríguez Vives, en su condición de Ministro y a Lynder Sánchez Fallas, en su condición de Director de Patrimonio Cultural, ambos del Ministerio de Cultura y Juventud, o a quienes en su lugar ocupen dichos cargos, que giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que, dentro del plazo máximo de CUATRO MESES, contado a partir de la notificación de la presente sentencia, se resuelva la solicitud de declaratoria de patrimonio histórico arquitectónico presentada el 9 de abril de 2025 respecto al puente sobre el Río Tures. En virtud de lo anterior, se le ordena concomitantemente a Pablo Camacho Salazar, en su condición de Viceministro de Infraestructura del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, o a quien en su lugar ocupe dicho cargo, mantener la suspensión de la demolición del puente sobre el Río Tures, hasta tanto el Ministerio de Cultura y Juventud no resuelva o defina si dicha estructura puede ser declarada o no patrimonio histórico-arquitectónico. Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En cuanto al agravio formulado en contra de la Municipalidad de Santo Domingo de Heredia, estese el recurrente a lo dispuesto en la Sentencia No. 2025-24062 de las 09:15 hrs. de 1° de agosto de 2025. En cuanto al amparo interpuesto en contra del Viceministro de Infraestructura del MOPT por la falta de atención de la solicitud planteada el 8 de mayo de 2025, se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Castillo Víquez pone nota. Notifíquese.-

 

 

 

 

 

 

	

Nombre137  V.

Presidente

	

 




Nombre152  C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 CBXBXRUOIG461

EXPEDIENTE N° 25-019329-0007-CO

 

Teléfonos: Telf46 /  (). Fax: Telf47 / Telf48. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección12 , Dirección13 , 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:04:37.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Poder Judicial

Normal
Small

Constitutional Chamber

Resolution No. 25745 - 2025

Date of Resolution: 14 August 2025 at 09:20

Case File: 25-019329-0007-CO

Drafted by: Jorge Araya Garcia

Type of Matter: Amparo action

Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER

Text of the resolution

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Exp: 25-019329-0007-CO

Res. No. 2025025745

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the fourteenth of August of two thousand twenty-five.

Amparo action filed by [Name45686], identity card [CED35814], against the MINISTRY OF CULTURE AND YOUTH, THE MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND TRANSPORT, AND THE MUNICIPALITY OF SANTO DOMINGO DE HEREDIA.

WHEREAS:

1.- By brief submitted to the Chamber on July 3, 2025, the petitioner files an amparo action and states that he appears "(...) as a CITIZEN INTERESTED IN THE PROTECTION OF THE COUNTRY'S HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE, especially regarding the Tures Bridge, located in the district of Tures, canton of Santo Domingo, province of Heredia, on National Route 116 (…)". He indicates that on April 8, 2025, citizens [Name45687] and [Name45688] filed with the Ministry of Culture and Youth the form to request a study for a declaration of historical-architectural heritage, in accordance with the provisions of Law No. 7555. However, he alleges that this request has not been resolved. He adds that on April 9, 2025, Mr. Jonathan Jesús Acuña Soto sent a letter to the President of the Legal Affairs Commission of the Municipal Council of Santo Domingo de Heredia, requesting a copy of the request made to the Office of the Attorney General of the Republic regarding the declaration of historical-cultural interest for the stone bridges of the district of Tures. He explains that this latter request was motivated by Vote No. 2025-6048 of the Chamber. He claims that, to date, that management has not been addressed. He also states that on May 8, 2025, the same Mr. Jonathan Jesús Acuña Soto sent to the Vice Minister of Infrastructure of the MOPT a request for a hearing to reconsider the demolition of the stone bridge over the Tures River. However, he alleges that this other request has also not been addressed. He affirms that such omissions violate the right of petition, as well as the right to the conservation of historical heritage. He requests that the amparo action be granted and that the respondents be ordered to respond to the submitted petitions. As a precautionary measure, he requests the immediate suspension of any work or action involving the demolition of the Tures Bridge, until the submitted requests are resolved.

2.- By resolution issued at 15:12 hrs. on July 4, 2025, the case is admitted for processing, and reports are requested from the respondent authorities. In this resolution, the respondents were ordered to "IMMEDIATELY SUSPEND THE DEMOLITION OF THE TURES BRIDGE SCHEDULED FOR LATE JULY 2025".

3.- Through a brief submitted to the Chamber on July 10, 2025, Lynder Sánchez Fallas, in his capacity as Director of Cultural Heritage of the Ministry of Culture and Youth, renders a report and expressly states the following: “(…) • On April 9, 2025, at 11:52 a.m., the request for declaration of the bridge located on National Route No. 1161, at the Las Quebradas crossing, in Santo Domingo de Heredia, known as the Tures Bridge, submitted by Mr. [Name45687] and Mrs. [Name45688], was received via email ...1955. • On April 10, 2025, at 9:58 a.m., an acknowledgment of receipt was sent to Mrs. [Name45688] and Mr. [Name45687] via email2. Said petition was registered under code 002-25. According to the COSTA RICA LAW OF HISTORICAL ARCHITECTURAL HERITAGE No. 7555 and its Regulations, Decree No. 32749, the procedure for a declaration process after receiving a request is detailed below:
1. Initiation of the procedure
• Law, Article 7 and Regulations, Article 23: The procedure may be initiated at the request of any natural or legal person, public or private, or ex officio by the Ministry, the National Heritage Commission, or the Heritage Center.
2. Technical Study
• Regulations, Articles 24 and 24 bis: The Heritage Center appoints a professional in history and another in architecture to prepare a historical-architectural report. This report must include an analysis of the historical and architectural value, the current state of the asset, and a proposed decree.
3. Review of the report by the Commission
• Regulations, Article 25: The National Heritage Commission analyzes the technical report and, if it finds merit, issues an agreement to open the administrative procedure, which is communicated to the applicant, the Office of the Ministry of Culture and Youth, and the Legal Advisory Office.
4. Opening of the administrative procedure
• Law, Article 7 and Regulations, Article 26: The Directing Body appointed by the Office of the Ministry of Culture and Youth issues an opening resolution that is notified to the owner, holders of real rights, and the municipality. The opening of the file implies a prohibition on demolishing or changing the structure of the property and the immediate and provisional application of the regime established for assets incorporated into the historical-architectural heritage, except for provisions in subsections b), d), and g) of Article 9.
5. Hearing and evidence
• Regulations, Articles 27 and 28: The owner and interested parties are summoned to an oral and private hearing. At this point, evidence, expert reports, and even inspections may be presented.
6. Conclusions
• Regulations, Article 29: After the evidence is discharged, the parties are granted 3 working days to present conclusions. Subsequently, the file is sent to the National Heritage Commission for its final technical opinion.
7. Resolution of recommendation
• Regulations, Article 30: The directing body issues a resolution of recommendation, which includes the implications of the declaration, and submits it to the Office of the Ministry of Culture and Youth.
8. Resolution of incorporation
• Regulations, Article 31: The Office of the Ministry of Culture and Youth issues the final resolution, which may accept or reject the recommendation. If it accepts the declaration, it incorporates the property into the national heritage.
9. Publication of the Executive Decree
• Law, Article 8 and Regulations, Article 33: The Office of the Ministry of Culture and Youth orders the drafting and publication of the Executive Decree, which must include:
• Registry details of the property.
• Historical and architectural foundations.
• Expropriation recommendations if applicable.
Duration of the procedure:
• Regulations, Article 32: From the date of notification of the resolution opening the procedure, a period of 2 months runs, extendable for another 2 months at the request of the directing body. If the period expires without a resolution, the procedure will lapse, and it may only be restarted after 3 years (unless requested by the owner or rights holder). It is clarified that this request for a declaration for the bridge over the Tures River, located at [Address5855], was submitted after the approval of the annual operational plan of the Historical-Architectural Heritage Unit of the Directorate of Cultural Heritage. This plan was defined at the beginning of this year for the purpose of addressing previously received declaration requests. To date, July 07, 2025, through official letter MCJ-DPC-PHA-1054-20253, Mr. Adrián Vindas Chaves, head of the Historical-Architectural Heritage Unit, assigned the preparation of the corresponding technical study to the officials Sonia Gómez Vargas and Marcia Briceño Valverde, professionals in History and Architecture, respectively. This technical study requires a reasonable period, given that it involves various essential tasks, such as the compilation of documentary sources, consultations in the archives of the National Library and the National Archive, specialized analysis of the material obtained, and field visits to the property. These actions are fundamental to determine if the structure meets the criteria established in Law No. 7555 and its regulations. It is estimated that this study will be completed by the second week of September 2025, approximately two months after its assignment. Once finalized, the report will be submitted for review and approval by the head of the Historical-Architectural Heritage Unit. Subsequently, it will be sent to the Secretariat of the National Heritage Commission, which will bring it to the attention of said Commission, which meets twice a month, with the session scheduled for September 24, 2025. In the event that the National Heritage Commission recommends the opening of the declaration file, this will be submitted to the Office of the Ministry of Culture and Youth, which will designate the Directing Body for the procedure. Once the corresponding notification is issued to the interested parties, the demolition or any structural intervention on the property will be prohibited, pursuant to Law No. 7555 Article 7 and its Regulations Article 26. From that act, an administrative procedure will begin with a period of two months, extendable for up to two more months if justified by the Directing Body.
PETITION: Once this report is rendered, with all due respect, I request that the amparo action filed by Mr. [Name45686] be dismissed, and my Represented Party be exempted from all responsibility (…)”.

4.- By brief submitted to the Chamber on July 10, 2025, Jorge Rodríguez Vives, in his capacity as Minister of Culture and Youth, renders a report and states that, for such purposes, he submits the report issued, in turn, by the Director of Cultural Heritage of that same ministry.

5.- By brief submitted to the Chamber on July 11, 2025, Pablo Camacho Salazar, in his capacity as Vice Minister of Infrastructure of the Ministry of Public Works and Transport, renders a report and expressly states the following: “(…) First. – That I reject the facts denounced as inaccurate, because as reported by Silvia Vanessa Gómez Granados, Project Engineer, Road and Bridge Construction Management; and; Billy Alexander Guerra Morán, Acting Manager, also of the Road and Bridge Construction Management, in the document CARTA-CONAVI-GCTR-09-2025-1661 (0189), dated July 10, 2025, both the petitioner and the community in the project's area of influence, and the Municipality of Santo Domingo, naturally, were always informed about the project, in on-site meetings, at the municipality, and in a session with the Municipal Council. A hearing has been granted to the petitioner for Thursday, July 17, after the technical adjustments to the project have been made so that a mature proposal can be presented and discussed, which encompasses, to the extent possible, the concerns of the petitioner and the community that will benefit from a project that will provide them with a safe, updated, and efficient crossing over the Tures River. Where there is a stone arch culvert structure, already highly affected and which does not comply with the current live load HL-93, equivalent to a three-axle tractor-trailer weighing 41 tons, does not meet the roadway widths, with Law 7600, which establishes 1.20m sidewalks, with the seismic-resistant bridge design guidelines, and with the current design regulations AASHTO LRFD 2020, and which responds to other needs very different from those demanded by the current reality of the canton and that sector of the GAM. Second. - In accordance with CARTA-CONAVI-GCTR-45-2025-1675 (0189), dated July 10, 2025, signed by Silvia Vanessa Gómez Granados, Project Engineer, and Billy Alexander Guerra Morán, Acting Manager of the Road and Bridge Construction Management, as of the date this report is rendered, the structure presumed to be of historical architectural interest (Stone arch culvert over the Tures River) has not been intervened or affected in any way. Because the Administration has taken the time to listen to alternative proposals, which have been presented by the community and are of the petitioner's knowledge. Thus, and in accordance with the foregoing, the administration has always kept the petitioner, the Municipality, and the community in the area of influence informed, and grants the hearing requested by the petitioner once the final studies and adjustments to the project have been completed, with the purpose of discussing and addressing his concerns based on a completed and viable project (…)”.

6.- By brief submitted to the Chamber on July 14, 2025, Jorge Luis Fonseca Fonseca, in his capacity as Mayor of Santo Domingo de Heredia, renders a report. He indicates that, once notified of the amparo action, he instructed the corresponding departments to conduct an exhaustive search. The Secretariat of the Council, as well as the council members forming the Legal Affairs Commission of the local government, were formally consulted. From this investigation, it categorically emerges that, in the physical and electronic archives of the Council Secretariat and of the aforementioned commission, there is no record of the note mentioned by the petitioner. He indicates that, additionally, the judicial file was reviewed, and it was verified that no copy of the alleged petition was attached with the proper received stamp from the municipality, which would allow its effective submission and, therefore, the start of the deadline calculation for a response to be verified. He affirms that, by virtue of the foregoing, the municipality has not responded to the petition of which it is unaware.

7.- By brief submitted to the Chamber on July 15, 2025, Gerardo Ortega Fonseca, in his capacity as Municipal President of Santo Domingo de Heredia, renders a report and expressly states the following: “(…) REGARDING THE LIST OF ALLEGED FACTS AND ACTIONS. It must first be indicated that this Amparo Action is filed by a citizen acting as an interested third party, so the alleged facts do not correspond to actions or situations that he personally carried out directly before the respondent institutions. Rather, these were individually processed by third parties who are not parties to this Action. Therefore, it is clear from the outset that there is no direct violation of the petitioner's constitutional rights.
REGARDING THE FIRST FACT: Such a fact is unknown, as it is a procedure that two citizens filed independently, who do not appear as petitioners in this Amparo action. For this purpose, following what is indicated in Article 7 of the Law of Historical-Architectural Heritage of Costa Rica, Law No. 7555, of October 4, 1995, which governs the matter, regarding the procedure and the competent state body (Ministry of Culture, Youth and Sports), for the request for issuance of the respective declaration and its incorporation into heritage.
REGARDING THE SECOND FACT: The undersigned, in my capacity as President of the Municipal Council, reports that I have no knowledge of the existence of any request for information, like the one referred to by the petitioner, having been submitted and processed by Mr. Johnatan de Jesús Acuña Soto (who does not appear as a petitioner in this Amparo action) before this Presidency, the Municipal Council, or before Mr. Johnny Moya Umaña in his capacity as president of the Permanent Commission on Legal Affairs. Note that the plaintiff does not present, among the documents provided as documentary evidence, any document attesting to its receipt, nor any support for an email sent to either the undersigned as Municipal President or to the President of the Permanent Commission on Legal Affairs of this municipality; therefore, the requirements and formalities established for this purpose by LAW 9097 REGULATING THE RIGHT OF PETITION are not met. Specifically, what is indicated in ARTICLE 4. Therefore, no violation of constitutional order is constituted by this.
REGARDING THE THIRD FACT: Such a fact is unknown, as it is a procedure that Mr. Johnatan de Jesús Acuña Soto (who does not appear as a petitioner in this Amparo action) supposedly filed directly and independently before the Vice Minister of Infrastructure of the MOPT, so it is that ministerial office that must address it.
REGARDING THE FOURTH FACT: PARTIALLY TRUE: This Municipality, as a local government, in adherence to the provisions of Article 6 of the Municipal Code, regarding the duty to coordinate its actions. Given the scheduled start by CONAVI of the demolition of the bridge over the Tures River, which belongs to the national road network under the administration of CONAVI, has informed the citizens of our canton and in general, for the purposes of taking mitigation actions, regarding the closure of that national route, for the construction of a new bridge. The rest of this fact is rejected, as there is no violation of the constitutional right of petition and response (…)”.

8.- By brief submitted to the Chamber on July 17, 2025, Sigrid Cruz Morales and Patricia Rodríguez Maradiaga, request to be held as active coadjuvants in this amparo process. The foregoing, they affirm, “(…) since the procedures for the declaration of the stone arch bridges of Santo Domingo have been duly raised, and said 19th-century constructions have intrinsic protection under the international conventions signed by the country (…)”.

9.- By resolution issued at 13:26 hrs. on July 30, 2025, the Instructing Judge for this matter ordered the following: “(…) Having reviewed the case record and, in order to resolve what is appropriate in this amparo action processed in file No. 25-019329-0007-CO, filed by [Name45686], identity card [CED35814], against THE MUNICIPALITY OF SANTO DOMINGO DE HEREDIA and others, the petitioner must provide, within a period of THREE DAYS, counted from the notification of this pronouncement, a copy (with a received stamp) of the alleged petition filed on April 9, 2025, by Jonathan Jesús Acuña Soto before the President of the Legal Affairs Commission of the Municipal Council of Santo Domingo de Heredia (request for a copy of the request made to the Office of the Attorney General of the Republic in relation to the declaration of historical-cultural interest of the stone bridges of the district of Tures). If said petition was not submitted physically, proof of the email sent to the municipality must be submitted to the Chamber (stating the date of sending, the sender's name, and the recipient's email address). The foregoing, as such information is essential to resolve what is legally appropriate, and under warning of dismissing the action (with respect to this grievance) if it is not done (Articles 38 and 42 of the Law of Constitutional Jurisdiction). Notify (…)”.

10.- On July 31, 2025, the petitioner complied with the requirement ordered by resolution of July 30, 2025.

11.- By resolution issued at 08:20 hrs. on August 5, 2025, the Instructing Judge for this matter ordered the following: “(…) Having reviewed the case record and, as new evidence for better resolution within the amparo action No. 25-019329-0007-CO, filed by [Name45686], identity card [CED35814], against THE MUNICIPALITY OF SANTO DOMINGO DE HEREDIA and OTHERS, the Mayor and the Council President, both of the Municipality of Santo Domingo de Heredia, are requested to rule on the evidence provided by the petitioner on July 31, 2025 (which is attached). According to this evidence, on April 9, 2025, official letter No. AL-FPFA-43-OFI-080-2025, dated April 9, 2025, signed by Deputy Jonathan Jesús Acuña Soto and addressed to the member of the Municipal Council of Santo Domingo (Johnny Moya Umaña), was sent via email to the Municipality of Santo Domingo de Heredia. This official letter expressly stated the following: “(…) Subject: Copy of the formal request for consultation and legal opinion to the Office of the Attorney General of the Republic. Dear Sir, cordial greetings. In official letter SCM-0160-04-2025, of April 2, 2025, reference is made to the agreement of the Municipal Council of Santo Domingo regarding consultation to the Office of the Attorney General of the Republic. In accordance with Articles 27 and 30 of the Political Constitution, 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, and 111 of the Regulations of the Legislative Assembly, addressing a request from the community of Santo Domingo and given the evident public interest, I request you to send me: A copy of the formal request for consultation and legal opinion to the Office of the Attorney General of the Republic, 'to determine if the Municipal Council has the legal competence or discretion to issue and declare, on bridges belonging to national routes that are not under the administration of this municipality, a declaration of historical, architectural, and cultural interest for the Canton of Santo Domingo. Indicate what the legal scopes of such a declaration would be, over other public administration bodies and the administered parties.' For response, please send to the email: ...99 (…)” Said official letter No. AL-FPFA-43-OFI-080-2025 was sent from the account of Kathya González Hernández (of the Legislative Assembly) to the following email addresses: ...544 and ...1956 (belonging to Vera Cruz Chavarría, assistant). In addition to the foregoing, the respondents must indicate if the email addresses to which the Deputy sent the previous petition are established as official means for the receipt of petitions sent by users to the Municipality of Santo Domingo de Heredia. Likewise, they must indicate if said petition was addressed, if the information was delivered to the petitioner, and, if so, on what date and by what means (…)”.

12.- By brief submitted to the Chamber on August 6, 2025, Jorge Fonseca Fonseca, in his capacity as Mayor of Santo Domingo de Heredia, renders the report required by resolution of August 5, 2025. He indicates that the municipality's official email for information requests from citizens or third parties is ...1957, as shown on the Facebook page since June 18, 2020, and that it has not been changed to date. He points out that, according to the evidence, the emails to which Deputy Acuña Soto's request was addressed are not the official ones for such purposes. He adds that through Vote No. 2025-24062 at 09:15 hrs. on August 1, 2025, the Chamber dismissed an amparo action filed by said Deputy on the occasion of official letter No. AL-FPFA-43-OFI-080-2025 sent to the same email addresses. He mentions that, since the Deputy's note was not addressed to him personally, no response has been provided, in respect for functional competences. He affirms that the petition in question was not directed to the institutional email addresses enabled for the official receipt of documents. He indicates that none of the addresses to which the petition was sent (...544 and ...1956) corresponds to an email officially and formally established by the municipality for the receipt of petitions sent by the administered parties and for external communications. He maintains that, as the party did not use the official and duly established channel, the administration did not become formally aware of the petition, which materially made its processing and the consequent response impossible.

13.- By brief submitted to the Chamber on August 7, 2025, the petitioner refers to the report rendered by the Mayor of Santo Domingo de Heredia on August 6, 2025, and expressly maintains the following: “(…) In the supplementary report provided by the Municipal Mayor of the municipality of Santo Domingo de Heredia, Mr. JORGE LUIS FONSECA FONSECA, it is indicated that on the official Facebook page of the Municipality of Santo Domingo (https://www.facebook.com/ stodomingoheredia), a communication was published on June 18, 2020, stating that: 'It is reported in the first instance, as requested by this Constitutional Authority, the official email that my represented party maintains for information requests from Citizens or third parties is the address ...1957, as can be detailed on the official FACEBOOK page (https://www.facebook.com/ stodomingoheredia) since June 18, 2020, and which to date has not been changed as verified by the following image and verifiable on the same page:', after which he attaches the following image: (…) However, upon consulting the link provided by Mr. Fonseca, it can be verified that said publication is non-existent REGARDING THIS DOCUMENT: Upon consulting the link (https://munisantodomingo.go.cr/contactos) corresponding to the official website of the municipality of Santo Domingo, in the 'COUNCIL SECRETARIAT' section, the contacts for [Name45689] and VERA CRUZ CHAVARRÍA appear with the email addresses (...544) and (...1956) respectively. In the resolution of the Amparo Action Exp.25-018558-0007-CO, in section 3, Mr. GERARDO ORTEGA FONSECA, MUNICIPAL PRESIDENT OF THE MUNICIPALITY OF SANTO DOMINGO, affirms that the official email account to receive and request information is (...481) according to agreement approved on Tuesday, October 15, 2024, in ordinary session 37-2024, however, this information is not mentioned on the website, so when consulted, it is impossible to know about said agreement: 'it was established and communicated to all institutions and the general public, that the official email address for receiving and requesting information or correspondence for the Municipal Council is at the email ...481 (a copy of Official Letter SCM-0644-10-2024 of October 15, 2024, where the cited agreement is transcribed and notified, is provided as proof)' (…) PETITION: In light of what is presented in this document, I respectfully request the Honorable Constitutional Chamber: To take into account that the information provided is irrefutable proof that the email accounts, being published on the official website of the Municipality of Santo Domingo, are an official communication channel to receive and send information, in this case specifically to the Municipal Council, and that when consulting the website of the Municipality of Santo Domingo, no reference is made to agreement 37-2024 of October 15, 2024, making it impossible to know said information omitted from the site (https://munisantodomingo.go.cr/) (…)”.

14.- In the substantiation of the process, the prescriptions of the law have been observed.

Drafted by Judge Araya García; and,

Considering:

I.- PURPOSE OF THE ACTION. The petitioner – who identifies himself as a citizen interested in the protection of the country's historical and cultural heritage – alleges that:

a)   The authorities of the Ministry of Culture and Youth have not resolved a request for a declaration of historical-architectural heritage for the bridge over the Tures River, filed by third parties in April 2025.

b)   The President of the Legal Affairs Commission of the Municipal Council of Santo Domingo de Heredia has not responded to a request for information filed in April 2025 by a third party related to said declaration of historical-architectural interest.

c)    The Vice Minister of Infrastructure of the MOPT has not addressed a request for a hearing filed by a third party since May 8, 2025, in order to reconsider the demolition of the aforementioned bridge.

II.- REGARDING THE REQUEST FOR ACTIVE COADJUVANCY. By brief submitted on July 17, 2025, Sigrid Cruz Morales and Patricia Rodríguez Maradiaga request to be held as active coadjuvants in this amparo process, affirming an interest in the declaration of historical-architectural heritage for the arch bridges of Santo Domingo de Heredia.

In this regard, numeral 34, paragraph 3, of the Law of Constitutional Jurisdiction, stipulates that anyone who possesses a legitimate interest in the process may intervene, whether in an active or passive capacity, as a coadjuvant. Consequently, by virtue of the provisions of the aforementioned procedural rule and what was stated by the said intervening parties, the referred coadjuvancy is admissible.

III.- PRELIMINARY CLARIFICATION. PETITIONER'S STANDING TO FILE THE AMPARO ACTION. It should be noted that, although the petitioner did not directly file the requests he claims before this Chamber, these are intrinsically related to matters of historical-cultural heritage.

This Constitutional Court has held that matters related to historical-cultural heritage can be classified as a diffuse right or interest. Among other rulings, in No. 2022-26651 at 16:30 hrs. on November 9, 2022, this Chamber stated:

“(…) In summary, diffuse interests are those whose ownership belongs to groups of people not formally organized, but united around a certain social need, a physical characteristic, their ethnic origin, a particular personal or ideological orientation, the consumption of a certain product, etc.

The interest, in these cases, is diffused, diluted (diffuse) among an unidentified plurality of subjects. This Chamber has enumerated various rights to which it has given the designation of "diffuse," such as: the environment, cultural heritage, the defense of the country's territorial integrity, and the sound management of public spending, among others. In this regard, two clarifications must be made: on the one hand, the aforementioned assets transcend the sphere traditionally recognized for diffuse interests, since they refer, in principle, to aspects that affect the national community and not particular groups within it; an environmental harm does not affect only the neighbors of a region or the consumers of a product, but rather injures or puts at serious risk the natural heritage of the entire country and even of Humanity; likewise, the defense of the sound management of public funds authorized in the National Budget is an interest that concerns all the inhabitants of Costa Rica, not just any group of them. On the other hand, the enumeration made by the Constitutional Chamber is nothing more than a simple description inherent to its obligation—as a jurisdictional body—to limit itself to hearing the cases submitted to it, without it being possible, in any way, to understand that only those rights that the Chamber has expressly recognized as such can be considered diffuse rights (…)” (The emphasis does not form part of the original).

Having analyzed the foregoing, taking into account the subject matter of the claimed actions, as well as the fact that the petitioner, in the filing brief for this amparo, maintained that he appears in the condition of “CITIZEN INTERESTED IN THE PROTECTION OF THE HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE OF THE COUNTRY, especially of the Tures Bridge,” it is appropriate to consider him to have standing to file this proceeding and to invoke the failure to resolve or address the requests under study.

IV.- REGARDING THE POSSIBILITY OF HEARING THIS AMPARO PURSUANT TO THE PROVISIONS OF ARTICLE 41 OF THE CONSTITUTION. Before analyzing the merits of the matter, regarding the alleged violation of the right to a prompt and fulfilled procedure, it must be clarified that, as of Judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred—with some exceptions—to the contentious-administrative jurisdiction those matters in which it is disputed whether the Public Administration has complied or not with the time periods set by the General Law of Public Administration (Articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure initiated ex officio or at the request of a party, or to hear the applicable administrative appeals. Precisely, in the sub lite, an exception scenario is raised, namely the alleged omission or delay of the administration in resolving a request for a declaration of historical-architectural heritage of a bridge. Note that, in the recent Decision No. 2025-6048 of 09:20 hrs. on February 28, 2025, this Chamber, when hearing a similar matter, ordered the following: “(…) in the sub lite, an exception scenario is raised, namely the alleged omission of the Administration to address a request related to the conservation of bridges that the petitioner claims are historical and cultural heritage of the Nation, violating the fundamental right to the enjoyment of that heritage (…)”.

Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.

V.- PROVEN FACTS. Of relevance for resolving this amparo appeal, the following are deemed accredited:

A. FACTS RELATED TO THE MINISTRY OF CULTURE AND YOUTH:

1)   On April 9, 2025, Nombre45687 and Nombre45688 filed before the Ministry of Culture and Youth a request for a declaration of historical-architectural heritage regarding the bridge over the Tures River located on National Route No. 116, pursuant to the provisions of Law No. 7555 (see filing brief, report, and evidence).

2)   On April 10, 2025, acknowledgment of receipt was given for said action (see report and evidence).

3)   The foregoing action was registered under code No. 002-25 (see report).

4)   On July 4, 2025, the authorities of the Ministry of Culture and Youth were notified of the filing of this amparo (see notification record).

5)   By official communication No. MCJ-DPC-PHA-1054-2025 dated July 7, 2025, the Head of the Historical-Architectural Heritage Unit of the cited ministry, on the occasion of said request, assigned the preparation of the corresponding technical study to the officials Sonia Gómez Vargas and Marcia Briceño Valverde, professionals in History and Architecture, respectively (see report and evidence).


B. FACTS RELATED TO THE MUNICIPALITY OF SANTO DOMINGO DE HEREDIA:

1)   On April 9, 2025, official communication No. AL-FPFA-43-OFI-080-2025 dated April 9, 2025, signed by Deputy Jonathan Jesús Acuña Soto and addressed to the member of the Municipal Council of Santo Domingo (Johnny Moya Umaña), was sent via email to the Municipality of Santo Domingo de Heredia. This communication expressly stated the following:

“(…) Subject: Copy of the formal request for consultation and legal criterion to the Office of the Attorney General of the Republic. Dear Sir, receive a cordial greeting. In official communication SCM-0160-04-2025, of April 2, 2025, reference is made to the agreement of the Municipal Council of Santo Domingo regarding a consultation to the Office of the Attorney General of the Republic. In accordance with Articles 27 and 30 of the Political Constitution, 32 of the Constitutional Jurisdiction Law, and 111 of the Regulations of the Legislative Assembly, in response to a request from the community of Santo Domingo and given the evident public interest, I request you send me: Copy of the formal request for consultation and legal criterion to the Office of the Attorney General of the Republic, “to determine if the Municipal Council has the legal competence or discretion to issue and declare, regarding bridges belonging to national routes, which are not under the administration of this municipality, a declaration of historical, architectural, and cultural interest for the Canton of Santo Domingo. Indicate what the legal scopes of such a declaration would be over other public administration bodies and administered parties.” For a response, please address it to the email: ...99 (…)” (see evidence).

2)   The aforementioned official communication No. AL-FPFA-43-OFI-080-2025 was sent from the account of Kathya González Hernández (of the Legislative Assembly) to the following email addresses: ...544 and ...1956 (of Vera Cruz Chavarría, assistant) (see evidence).

3)   The referenced email addresses ...544 and ...1956 are not established as official means for the receipt of actions submitted by users to the respondent municipality (see reports aggregated in this file and in file No. 25-018558-0007-CO held ad effectum videndi).

4)   The official email account of the Mayor's Office of Santo Domingo de Heredia for receiving actions from users is ...1958, while that of the Municipal Council is ...481 (see reports aggregated in this file and in file No. 25-018558-0007-CO held ad effectum videndi).


C. FACTS RELATED TO THE MOPT:

1)   On Dirección5856, Deputy Jonathan Jesús Acuña Soto sent to the Vice Minister of Infrastructure of the MOPT a request for a hearing to reconsider the demolition of the stone bridge over the Tures River (see filing brief, report, and evidence).

2)   On July 8, 2025, the Vice Minister of Infrastructure of the MOPT was notified of the filing of this amparo (see notification record).

3)   On July 10, 2025, the authorities of the Road and Bridge Construction Management of the National Road Council of the MOPT issued official communication CARTA-CONAVI-GCTR-09-2025-1661 (0189) (addressed to Deputy Jonathan Acuña Soto and Deputy Kattia Rivera Soto), in which several aspects regarding the construction of the bridge over the Tures River were set forth. Finally, in said communication, the following was expressly stated: “(…) to inform you, that today a final meeting was held between CONAVI and the awarded company in which the legal, administrative, and execution aspects of the project in question were reviewed, establishing that from the Administration's point of view the project is viable and its execution is appropriate; however, as the stone arch culvert that the community wishes to preserve is involved, addressing your request, a hearing is granted to you for Thursday, July 17 at 1:00 p.m. in the meeting room of the Road and Bridge Construction Management of CONAVI, with the purpose of listening to your concerns and legitimate worries about the future of the stone culvert located at the site. Respectfully inform you that, if the date proposed by the Administration is not convenient due to the numerous commitments you must attend to in your daily duties, please propose a tentative date to the Administration, in order to coordinate the meeting (…)” (see report and evidence).

VI.- REGARDING THE REQUEST FOR HISTORICAL-ARCHITECTURAL HERITAGE DECLARATION. As a first aspect, the petitioner indicates that on April 8, 2025, citizens Nombre45687 and Nombre45688 filed the form to request a study for a historical-architectural heritage declaration before the Ministry of Culture and Youth, in accordance with the provisions of Law No. 7555. However, he alleges that this action has not been resolved.

In the report submitted to this Chamber, both the Minister and the Director of Cultural Heritage, both from the Ministry of Culture and Youth, acknowledged the filing of said request, clarifying that it was formulated on April 9 of the current year. Additionally, they alluded to each and every one of the stages involved in the processing and resolution of this type of action, in light of the provisions of the Historical-Architectural Heritage Law of Costa Rica (Law No. 7555) and its Regulations (Decree No. 32749). In that particular, they explained the following:

“(…) 1. Initiation of the procedure • Law, Article 7 and Regulations, Article 23: The procedure may be initiated at the request of any natural or legal person, public or private, or ex officio by the Ministry, the National Heritage Commission, or the Heritage Center.

2. Technical study • Regulations, Articles 24 and 24 bis: The Heritage Center appoints a professional in history and another in architecture to prepare a historical-architectural report. This report must include analysis of the historical and architectural value, the current state of the property, and a proposed decree.

3. Review of the report by the Commission • Regulations, Article 25: The National Heritage Commission analyzes the technical report and, if it finds merit, issues an agreement to open the administrative procedure, which is communicated to the applicant, the Office of the Ministry of Culture and Youth, and the Legal Advisory Office.

4. Opening of the administrative procedure • Law, Article 7 and Regulations, Article 26: The Directing Body designated by the Office of the Ministry of Culture and Youth issues an opening resolution that is notified to the owner, holders of real rights, and the municipality. The opening of the file entails the prohibition of demolishing or changing the structure of the property and the immediate and provisional application of the regime provided for properties incorporated into the historical-architectural heritage, except for the provisions in subsections b), d), and g) of Article 9.

5. Hearing and evidence • Regulations, Articles 27 and 28: The owner and interested parties are summoned to an oral and private hearing. At this point, evidence, expert reports, and even inspections may be submitted.

 6. Conclusions • Regulations, Article 29: After the evidence has been evacuated, the parties are granted 3 business days to present conclusions. Subsequently, the file is sent to the National Heritage Commission for it to issue its final technical opinion.

7. Recommendation resolution • Regulations, Article 30: The directing body issues a recommendation resolution, which includes the implications of the declaration, and forwards it to the Office of the Ministry of Culture and Youth.

8. Incorporation resolution • Regulations, Article 31: The Office of the Ministry of Culture and Youth issues the final resolution, which may accept or reject the recommendation. If it accepts the declaration, it incorporates the property into the national heritage.

9. Publication of the Executive Decree • Law, Article 8 and Regulations, Article 33: The Office of the Ministry of Culture and Youth orders the preparation and publication of the Executive Decree, which must include: • Registry data of the property. • Historical and architectural foundations. • Recommendations for expropriation if applicable (…)”.

Furthermore, regarding the duration of the procedure, they stated the following:

“(…) Regulations, Article 32: From the date of notification of the procedure opening resolution, a period of 2 months runs, extendable for another 2 months at the request of the directing body. If the period expires without a resolution, the procedure will lapse and may only be restarted after 3 years (unless requested by the owner or right holder) (…)”.

In the species, it has been demonstrated that the authorities of the Ministry of Culture and Youth have incurred an arbitrary and unjustified delay in processing and resolving the request for a historical-architectural heritage declaration filed regarding the bridge over the Tures River on April 9, 2025.

Note that, as of the day this amparo was filed (July 3, 2025), an absolutely excessive and unreasonable period of approximately three months had elapsed since the request was formulated, and it had not even completed or surpassed the first stage of the process explained above and established in the legal system, which is its assignment to a professional for the issuance of the corresponding technical study.

 In addition to the foregoing, it must be observed that it was only upon the filing of this amparo that the authorities of the Ministry of Culture and Youth assigned the preparation of the corresponding technical study to the officials Sonia Gómez Vargas and Marcia Briceño Valverde, professionals in history and architecture, respectively.

By virtue of the foregoing, upon proving a flagrant violation of the provisions of Article 41 of the Political Constitution, what is appropriate is to grant this aspect of the appeal, ordering the respondents to resolve the request under study within a maximum period of four months, counted from the notification of this amparo. The foregoing period is based, in turn, on all those stages and periods established in the aforementioned procedure set forth, in turn, in the supra-cited regulations.

VII.- VALIDITY OF THE PRECAUTIONARY MEASURE ISSUED BY THE CHAMBER: SUSPENSION OF THE DEMOLITION OF THE TURES BRIDGE. From the study of this process, it has been possible to prove that the authorities of the MOPT have programmed the demolition of the bridge over the Tures River, in order to construct a new one.

Now, it is worth noting that, by virtue of the arguments put forth by the petitioner, the Presidency of the Chamber, in the resolution ordering the processing of this amparo of 15:12 hrs. on July 4, 2025, ordered the respondents to “IMMEDIATELY SUSPEND THE DEMOLITION OF THE TURES BRIDGE SCHEDULED FOR LATE JULY 2025”.

Likewise, it is important to point out that, according to reports submitted by the authorities of the Ministry of Culture and Youth and, in accordance with the provisions of Article 7 of Law No. 7555, in the event that merit is found to open an administrative procedure—on the occasion of the historical-architectural heritage request filed regarding the bridge over the Tures River—the prohibition of demolishing or changing the structure of the property must be ordered.

By virtue of the foregoing, this Constitutional Chamber considers it pertinent and necessary to maintain the precautionary measure of suspension of the demolition of the bridge in question, until the Ministry of Culture and Youth resolves or defines whether said structure may or may not be declared historical-architectural heritage.

VIII.- REGARDING THE ACTION FORMULATED BEFORE THE RESPONDENT MUNICIPALITY. On the other hand, the petitioner claims that the President of the Legal Affairs Commission of the Municipal Council of Santo Domingo de Heredia has not addressed a request formulated on April 9, 2025, by Deputy of the Republic, aimed at having a copy delivered of the action filed before the Office of the Attorney General of the Republic in relation to the declaration of historical-cultural interest of the stone bridges of the district of Tures.

Upon review of the case file, it was demonstrated that on April 9, 2025, Deputy Jonathan Jesús Acuña Soto sent, via email, to the Municipality of Santo Domingo de Heredia, official communication No. AL-FPFA-43-OFI-080-2025 dated April 9, 2025, addressed to the member of the Municipal Council of Santo Domingo (Johnny Moya Umaña). This communication expressly stated the following:

“(…) Subject: Copy of the formal request for consultation and legal criterion to the Office of the Attorney General of the Republic. Dear Sir, receive a cordial greeting. In official communication SCM-0160-04-2025, of April 2, 2025, reference is made to the agreement of the Municipal Council of Santo Domingo regarding a consultation to the Office of the Attorney General of the Republic. In accordance with Articles 27 and 30 of the Political Constitution, 32 of the Constitutional Jurisdiction Law, and 111 of the Regulations of the Legislative Assembly, in response to a request from the community of Santo Domingo and given the evident public interest, I request you send me: Copy of the formal request for consultation and legal criterion to the Office of the Attorney General of the Republic, “to determine if the Municipal Council has the legal competence or discretion to issue and declare, regarding bridges belonging to national routes, which are not under the administration of this municipality, a declaration of historical, architectural, and cultural interest for the Canton of Santo Domingo. Indicate what the legal scopes of such a declaration would be over other public administration bodies and administered parties.” For a response, please address it to the email: ...99 (…)”.

It was also demonstrated that such action was sent to the following email accounts of the Municipality of Santo Domingo de Heredia: ...544 and ...1956, which, according to what was reported under the solemnity of oath, are not established as official means for the receipt of actions submitted by users to said municipality. As was proven, the official email account of the Mayor's Office of Santo Domingo de Heredia for receiving actions from users is ...1958, while that of the Municipal Council is ...481.

By virtue of the foregoing, this Constitutional Court does not consider that there is merit to hear this aspect of the appeal on its merits, because the action claimed by the petitioner was not channeled by the managing party himself (Deputy Jonathan Jesús Acuña Soto) through the channels established by the respondent municipality for such effect, which, consequently, does not obligate the latter to address it. Note that, on this particular topic, namely, regarding actions formulated via email, this Chamber, in Judgment No. 2012-191 of 15:50 hrs. on January 11, 2012, indicated, in what is relevant, the following:

"(...) IV.- ON THE RIGHT TO PETITION AND THE USE OF ELECTRONIC MEANS. Within the framework of the information and knowledge society, fundamental rights can be exercised through new information technologies. Regarding the right to petition and prompt response, the use of electronic means gives it new nuances, which must be weighed. Always considering its progressive and expansive effectiveness, but also taking into account the non-absolute nature of fundamental rights, it is possible to conclude that, for the exercise of the right to petition and prompt response using the means that new technologies facilitate, it is important that the requirement be channeled through a freely accessible web page of the public entity or body. Additionally, that electronic domain must have a hyperlink directed to an email address specifically set up to receive requests, whether on a particular topic or serving as a mailbox for all types of actions. (...) IV.- SPECIFIC CASE. It is on record that on November 13, 2011, the petitioner requested a certification from the Urban Management Department of the Municipality of Turrialba via an email that he sent to the account ...869 (copy). As reported by the Mayor and the President of the Municipal Council of that Canton under the solemnity of oath - and with the legal consequences that this implies - in the correspondence receipt controls, there is no record that this request was submitted. Furthermore, as inferred from the statements of the official of the Urban Management Department of the respondent Corporation, that email is a personal account and not an institutional email, specifically set up for the receipt of requests and actions by the administered parties. Under this understanding, the Chamber rules out that any fundamental right has been violated. As a corollary of the foregoing, the appeal must be dismissed (...)". (See, in a similar vein, Decision No. 2019-368 of 09:45 hrs. on January 11, 2019).

In addition to the foregoing, it is of utmost importance to point out that this same aspect of the appeal was recently heard by this Constitutional Court in the amparo appeal filed by Mr. Acuña Soto and processed under file No. 25-018558-0007-CO, where Judgment No. 2025-24062 of 09:15 hrs. on August 1, 2025 was ultimately issued. Said decision was based precisely on the fact that the claimed request (official communication No. AL-FPFA-43-OFI-080-2025) was not sent to an official means established by the municipal corporation for the receipt of actions submitted by administered parties. On that occasion, the following was expressly stated:

“(…) Amparo appeal filed by JOHNATAN JESUS ACUÑA SOTO, identity card CED4595, against the MUNICIPALITY OF SANTO DOMINGO (…)

Considering: I.- OBJECT OF THE APPEAL: The appellant claims that on April 9, 2025, through official communication ALFPFA-43-OFI-080-2025 addressed to the president of the Council of Santo Domingo de Heredia, he requested information regarding the following: “Copy of the formal request for consultation and legal criterion to the Office of the Attorney General of the Republic, “to determine if the Municipal Council has the legal competence or discretion to issue and declare, regarding bridges belonging to national routes, which are not under the administration of this municipality, a declaration of historical, architectural, and cultural interest for the Canton of Santo Domingo. Indicate what the legal scopes of such a declaration would be over other public administration bodies and administered parties.” He affirms that, on May 21, 2025, he sent a reminder and that, as of the date of filing this appeal, he has not obtained a response. Based on the arguments presented, he believes that fundamental rights are being violated by the accused actions. (…)

IV.- ON THE SPECIFIC CASE: From the reports submitted by the respondent authorities —which are given under the solemnity of oath with the legal consequences that this implies— it is clear that on April 9, 2025, through official communication ALFPFA-43-OFI-080-2025 addressed to the president of the Council of Santo Domingo de Heredia, the appellant requested the following from the respondent authority: “Copy of the formal request for consultation and legal criterion to the Office of the Attorney General of the Republic, “to determine if the Municipal Council has the legal competence or discretion to issue and declare, regarding bridges belonging to national routes, which are not under the administration of this municipality, a declaration of historical, architectural, and cultural interest for the Canton of Santo Domingo. Indicate what the legal scopes of such a declaration would be over other public administration bodies and administered parties” —a request sent to the emails: ...544 and ...1956—. It was accredited that on May 21, 2025, the appellant sent a reminder of the request for information submitted. It was demonstrated that the appellant's action was not directed to the institutional emails enabled by the local government for the official receipt of documents —the official email is ...1957—. Given this scenario, the appellant's claim is improper because it is verified that the means used to submit his request does not constitute an official means for the receipt of actions. Thus, having failed to channel his action through the official channels established by the respondent authority for such purposes, it cannot be proven that this entity illegitimately omitted to respond to what was requested by the protected party. Accordingly, the appeal is declared without merit. (…)

Therefore: The appeal is declared without merit. Notify (…)” (The emphasis does not form part of the original).


Under such order of considerations and, as there are, in the species, no reasons that would vary what is stated supra, the appropriate course is for the protected party, regarding this point, to abide by what is provided in said judgment.

IX.- REGARDING THE REQUEST FOR A HEARING. Finally, the petitioner claims that on May 8, 2025, the same Mr. Jonathan Jesús Acuña Soto sent the Vice Minister of Infrastructure of the MOPT a request for a hearing to reconsider the demolition of the stone bridge over the Tures River. However, he alleges that this other request has also not been addressed.

The Chamber considers that this grievance cannot be heard on its merits. The foregoing, because this type of action (requests for a hearing) is not amenable to protection before this Constitutional Court. In that particular, in Decision No. 2025-180 of 09:20 hrs. on January 7, 2025, this Court ordered the following:

“(…) II.- SPECIFIC CASE. Having analyzed the petitioner's arguments, it should be noted regarding the requested meeting that this Chamber has established that, although the right to petition, established in Article 27 of the Political Constitution, when understood in a broad sense, refers to the power possessed by every citizen to address in writing any public official or official entity in order to present a matter of interest to them, the truth is that, as this Court has declared in resolutions such as judgment N° 2015005517 of 14:30 hrs. on April 21, 2015, it does not thereby protect requests for a hearing such as the one the petitioner mentions in his filing brief. In effect, this Court has declared the following:

“... the request for a hearing before the respondent to discuss certain topics—as in this case—does not fit the content of the right to petition and prompt resolution regulated by Articles 27 and 41 of the Political Constitution, so the fact that the protected party was not told anything about the requested hearing does not constitute an injury to the cited articles of the Political Constitution. The petitioner must bear in mind that the request made in this sense is not the exercise of the right to petition, and even less the right to prompt and fulfilled justice, but rather a simple request to be seen by the respondent, a hearing that, in any case, will be determined according to the possibilities and activities that the respondent has.” (Judgment N° 2015005517 of 14:30 hrs. on April 21, 2015; the underlining emphasis is not part of the original).

Thus, it does not correspond to this Chamber to hear this claim, as it is a matter of ordinary legality, and, therefore, the claimant must resort to the respective legality avenue, in order to lodge there the actions he deems pertinent so that what is due in law is resolved (…)” (The emphasis does not form part of the original).

Having stated the above, this aspect of the appeal must be equally dismissed. In any case, it must be taken into account that, as the Vice Minister of Infrastructure of the MOPT reported under oath, the referenced hearing was scheduled for the managing party Acuña Soto for the past July 17, 2025.

X.- NOTE BY JUDGE CASTILLO VÍQUEZ, REGARDING PROMPT AND FULFILLED ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported this Court's thesis that when the party seeking justice alleges a violation of the right to prompt and fulfilled justice in the administrative venue, those who must hear the legal controversy are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber.

Now, with the recent promulgation of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection by means of the amparo remedy established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases in which the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently promulgated regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, since, based on numeral 7 of its Law, it is exclusively responsible for defining its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional disputes that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which may be heard in this jurisdiction through the constitutional amparo guarantee process, in all other cases, and for the reasons given by this Court (judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent judges are those of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.

XI.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if any paper document has been provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology device, these must be collected from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not collected within this period will be destroyed, pursuant to the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session number 27-11 on August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 on January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session number 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

THEREFORE:

The amparo remedy is partially granted (only with respect to the delay incurred by the authorities of the Ministry of Culture and Youth in resolving the petition for a historic-architectural heritage declaration for the bridge over the Río Tures). Jorge Rodríguez Vives, in his capacity as Minister, and Lynder Sánchez Fallas, in his capacity as Director of Cultural Heritage, both of the Ministry of Culture and Youth, or whoever occupies these positions in their stead, are ordered to issue the pertinent orders and carry out all actions within the scope of their competencies so that, within a maximum period of FOUR MONTHS, counted from the notification of this judgment, the petition for a historic-architectural heritage declaration presented on April 9, 2025, regarding the bridge over the Río Tures, is resolved. By virtue of the foregoing, Pablo Camacho Salazar, in his capacity as Vice Minister of Infrastructure of the Ministry of Public Works and Transport, or whoever occupies this position in his stead, is concomitantly ordered to maintain the suspension of the demolition of the bridge over the Río Tures, until the Ministry of Culture and Youth resolves or determines whether said structure can be declared historic-architectural heritage or not. The respondent authorities are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, a prison sentence of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that must be carried out or enforced, issued within an amparo proceeding, and fails to carry it out or enforce it, provided the crime is not more severely punished. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of judgment phase of the contentious-administrative jurisdiction. Regarding the grievance filed against the Municipality of Santo Domingo de Heredia, the petitioner shall comply with the provisions of Judgment No. 2025-24062 of 09:15 a.m. on August 1, 2025. As for the amparo filed against the Vice Minister of Infrastructure of the MOPT for the lack of attention to the request filed on May 8, 2025, the remedy is dismissed. Judge Castillo Víquez makes a note. Notify.-

 

 

 

 

 

 

	

Nombre137  V.

President

	

 




Nombre152  C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

Digitally Signed Document

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 CBXBXRUOIG461

CASE FILE NO. 25-019329-0007-CO

 

Telephones: Telf46 /  (). Fax: Telf47 / Telf48. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección12 , Dirección13 , 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

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