Res. 25793-2025 Sala Constitucional — Amparo for delay in resolving water availability appealAmparo por demora en resolver recurso de disponibilidad de agua

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Sala Constitucional

Resolución Nº 25793 - 2025

Fecha de la Resolución: 14 de Agosto del 2025 a las 09:20

Expediente: 25-020817-0007-CO

Redactado por: Fernando Cruz Castro

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 25-020817-0007-CO

Res. Nº 2025025793

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del catorce de agosto de dos mil veinticinco .

Recurso de amparo que se tramita en expediente 25-020817-0007-CO, promovido por Nombre45832   , cédula de identidad CED35940, contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.

Resultando:

1.- Por escrito incorporado al expediente digital el 16 de julio de 2025, la parte recurrente interpone recurso de amparo en contra del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y manifiesta que en el 2024, planteó una solicitud de constancia de disponibilidad de agua ante la oficina del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), en la propiedad del Partido de San José nro. 115158-000. Indica que, mediante la Constancia de Disponibilidad de Servicio de Acueducto y Alcantarillado nro. SIGDD-2024-00008154-1-1-1, se otorgó la disponibilidad del servicio indicando: "SI HAY DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE AL FRENTE DE LA PROPIEDAD. SI HAY DISPONIBILIDAD DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO AL FRENTE DE LA PROPIEDAD". Asegura que esa "Constancia de Disponibilidad del Servicio" tenía vigencia de doce meses, prorrogable por un máximo de veinticuatro meses de forma consecutiva. No obstante, acusa que el 15 de mayo de 2025, mediante el oficio nro. SIGDD-2025- 00012704-1-1-1, a pesar de tratarse de la misma finca o propiedad, el ICAA denegó la disponibilidad del servicio, indicando que: "NO HAY DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE AL FRENTE DE LA PROPIEDAD. NO HAY DISPONIBILIDAD DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO AL FRENTE DE LA PROPIEDAD". Comenta que fundamentó la "Constancia de No Disponibilidad" en que: "…el inmueble se localiza en la zona donde el sistema ME-A-01 Tres Ríos abastece de agua potable; sin embargo, al día de hoy existen deficiencias…". Manifiesta que el 03 de junio de 2025 interpuso un recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra el oficio nro. SIGDD-2025-00012704-1-1-1, el cual fue enviado a la dirección de correo electrónico: ...24. Explica que el 04 de junio, se le confirmó el recibido del recurso por parte de la institución recurrida. Sostiene que el 25 de junio, consultó el estado del recurso a través de la dirección de correo electrónico aludida y ese mismo día se le respondió por parte del señor Nombre45833 , que se encontraba en estudio. Narra que el 14 de julio, volvió a escribir un correo electrónico consultando sobre el trámite del recurso y ese mismo día la señora Betzabet Blanco, le contestó lo mismo: "que se encuentra en estudio". Acusa que ha transcurrido más de un mes sin que la autoridad recurrida resuelva su gestión. Estima que la situación descrita lesiona sus derechos fundamentales.

2.- En resolución de las nueve horas nueve minutos del veintiuno de julio de dos mil veinticinco, se da curso al gerente general y al subgerente Gestión de Sistemas GAM, ambos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA)

3.- Informa bajo juramento María Alejandra Mora Segura, en su condición de Gerente General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en los siguientes términos: “(…) Visto lo anterior, se procede a rendir este Informe de acuerdo con lo expuesto en el memorando No.UEN-SCMED-GAM-DyNS-2025-00416, de fecha 24 de julio de 2025, suscrito por Yeilin Jiménez Venegas, servidora del área de Disponibilidades y Nuevos Servicios de la Subgerencia Gestión de Sistemas GAM y Expedientes Administrativos 2024- 00008154-1y 2025-00012704-1, cuya copia se adjunta a este Informe. Al respecto, se informa lo siguiente: PRIMERO: En fecha 18 de marzo de 2024, AYA recibió la primera solicitud de constancia de disponibilidad de servicios de AYA para un proyecto de construcción de local comercial en la Dirección5885   , plano catastrado SJ-0853693-2003, ubicada en el Dirección5886 ,   ,   , e inscrita a nombre de la señora Nombre45832   , cédula de identidad CED35940. La solicitud fue presentada por el señor Nombre45834   , cédula de identidad CED35941, y se identificó con el consecutivo de solicitud No.2024-00008154-1-1-1 (ver memorando No.UEN-SCMEDGAM-DyNS-2025-00416, de fecha 24 de julio de 2025 y Expediente Administrativo 2024- 00008154-1.). SEGUNDO: La solicitud No.2024-00008154-1-1-1 fue resuelta por medio de la Constancia de Disponibilidad de Servicio de Acueducto y Alcantarillado SIGDD-2024-00008154-1- 1-1 de fecha 08 de abril de 2024, notificada en fecha 29 de mayo de 2024 al correo electrónico ...1990 (ver memorando No.UEN-SCMEDGAM-DyNS-2025-00416, de fecha 24 de julio de 2025 y Expediente Administrativo 2024- 00008154-1). La emisión de la Constancia de Disponibilidad de Servicio de Acueducto y Alcantarillado SIGDD-2024-00008154-1-1-1, se motivó en el resultado de las inspecciones de factibilidad de Alcantarillado Sanitario No.2024-00008154-1 y de Agua Potable No.2024-00008154-1, las cuales aprueban la eventual dotación de una conexión de agua potable a través del Sistema de MEA-07-Tres Ríos y la eventual dotación de una conexión de alcantarillado sanitario a través del Sistema MES08-Los Tajos (ver folios del 16 al 22 de la copia del Expediente Administrativo 2024-00008154-1.). En este sentido, se verificó que la solicitud No.2024-00008154-1-1-1 cumplió los requisitos técnicos y legales descritos en los artículos 7.12, 7.19, 7.20, 7.21, 7.31, 7.49, 7.50, 8, 9, 14, 15 y 30 del Reglamento para la Prestación de los Servicios de AYA, publicado en La Gaceta Digital N° 27 Alcance N° 29 del martes 9 de febrero del 2021, específicamente, se verificó: a) que las redes de distribución y de recolección pasan frente a linderos del inmueble o tenga acceso directo por vía pública o servidumbre de paso del inmueble para el cual se solicita un servicio., b) que los sistemas cuenten con capacidad hídrica, hidráulica, de potabilización y de tratamiento, suficientes para otorgar nuevos servicios., c) que el sistema cumple con los atributos de calidad establecidos., y d) que cumple con la normativa ambiental correspondiente. Adicionalmente, el artículo 7 del Reglamento de AYA define los términos de “capacidad de recolección y/o tratamiento” como la condición técnica existente para la recolección y/o tratamiento de las aguas residuales, “capacidad hidráulica” como la existencia de infraestructura instalada y en uso de los sistemas de abastecimiento y saneamiento para trasegar los caudales para la prestación efectiva de los servicios, y “capacidad hídrica” como la existencia real del recurso hídrico con factibilidad técnica configurada a partir de la certeza del diseño y procesos de tratamiento, desinfección y potabilización para su posterior explotación y la potencial atención de la demanda de los usuarios actuales y futuros por parte del prestador público. Asimismo, el aprovechamiento supone: que la fuente se ubique dentro de un inmueble inscrito o en posesión del prestador de servicio público, que el caudal autorizado se encuentre debidamente concesionado. También define el término de “constancia de disponibilidad de servicios” como el documento que emite el ente operador en el que hace constar la existencia real y actual en cuanto a capacidad hídrica, capacidad hidráulica, así como de recolección y tratamiento, en alguno de los linderos de un inmueble determinado, en función de la demanda de caudal y/o descarga que requiera el proyecto inmobiliario verificado por el operador, que permitirá eventualmente la instalación de los servicios de agua potable, recolección y tratamiento de las aguas residuales. Lo anterior previendo no afectar la demanda de los servicios existentes. TERCERO: El alcance de la “constancia de disponibilidad de servicios”, se define en el artículo 29 del mismo Reglamento de AYA, el cual indica que esta constancia constituye el acto administrativo que consigna la existencia real en cuanto a capacidad hídrica, capacidad hidráulica, así como de recolección y tratamiento en el lindero de un inmueble, que le permita la eventual solicitud de los servicios de agua potable, la recolección y tratamiento de las aguas residuales; sin ocasionar menoscabo a la prestación óptima de los servicios existentes. Además, permitirá gestionar ante las diferentes instancias estatales la obtención de los permisos y las autorizaciones necesarias para la construcción de proyectos inmobiliarios de toda índole, sin embargo, esta no implicará una autorización a nivel constructivo o de segregación sin haberse aprobado los planos por AyA; de la misma forma, tampoco constituirá una autorización de interconexión ni de aprobación de conexiones de servicios permanentes ya que para ello deberá cumplirse con los requisitos y procedimientos establecidos por las instancias competentes. CUARTO: De acuerdo con el artículo 37 del Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA, las “constancia de disponibilidad positiva de servicios” emitida para vivienda unifamiliar o comercio individual, tendrá una vigencia de doce meses, prorrogable por un máximo de 24 meses de forma consecutiva, siempre que el interesado demuestre que ha realizado gestiones concretas relacionadas con la ejecución del proyecto constructivo, permanecen invariables las condiciones de éste y el operador acredite de forma imprescindible el análisis de factibilidad técnica necesario para otorgar la prórroga. Bajo esta premisa, se constata que la Constancia de Disponibilidad de Servicio de Acueducto y Alcantarillado SIGDD-2024-00008154-1-1-1, tenia vigencia al 29 de mayo de 2025. QUINTO: En fecha 02 de mayo de 2025, la señora Nombre45832   , tramitó otra solicitud de disponibilidad de servicios para la Finca Folio Real Matrícula Placa8406. Esta fue identificada con el consecutivo de solicitud No.2025-00012704-1 y fue presentada antes del vencimiento y con un fin distinto para el cual se otorgó la Constancia de Disponibilidad de Servicio de Acueducto y Alcantarillado SIGDD-2024-00008154-1-1-1, específicamente, construcción de dos apartamentos (ver memorando No.UEN-SCMEDGAM-DyNS-2025-00416, de fecha 24 de julio de 2025 y Expediente Administrativo 2025- 00012704-1). Se aclara, que, al haber variado el caudal y número de servicios aprobados en la Constancia de Disponibilidad de Servicio de Acueducto y Alcantarillado SIGDD-2024- 00008154-1-1-1 (construcción de un local comercial a construcción de dos apartamentos en la misma Finca), la propia recurrente presentó el trámite como una nueva solicitud de disponibilidad de servicios de AYA según el artículo 30 del Reglamento de AYA, y no como una solicitud de prórroga de la Constancia SIGDD-2024-00008154-1-1-1 según lo regulado en el artículo 37 del mismo Reglamento (ver memorando No.UEN-SCMED-GAM-DyNS2025-00416, de fecha 24 de julio de 2025 y Expediente Administrativo 2025-00012704-1) Al respecto, el propio artículo 37 del Reglamento de AYA concluye que, ante variaciones catastrales, que impliquen modificación de áreas y/o linderos que incidan en un incremento del caudal y número de servicios definidos para el otorgamiento de la disponibilidad, no procede la prórroga y por tanto deberá el interesado realizar el trámite señalado en el artículo 30 de este reglamento. SEXTO: La solicitud No.2025-00012704-1 fue resuelta por medio de la Constancia de No Disponibilidad de Servicios de Acueducto y Alcantarillado SIGDD-2025-00012704-1-1- 1, de fecha 15 de mayo de 2025, notificada en fecha 28 de mayo del 2025 a los correos electrónicos ...1991 y ...1990 (ver memorando No.UEN-SCMED-GAM-DyNS-2025-00416, de fecha 24 de julio de 2025 y Expediente Administrativo 2025-00012704-1). SETIMO: El resultado de la Constancia de No Disponibilidad de Servicios de Acueducto y Alcantarillado SIGDD-2025-00012704-1-1-1 de fecha 15 de mayo de 2025, se motivó en los Informes Técnicos suscritos por medio del memorando No.UEN-OS-GAM-2024-00263, de fecha 20 de noviembre de 2024, y memorando UEN-OS-GAM-2025-00160 con fecha del 06 de mayo del 2025, ambos suscritos por la UEN Optimización de Sistemas GAM, el cual en resumen indica que el Sistema MEA-01-Tres Ríos registra un déficit de capacidad hídrica de 240.8 l/s, aproximadamente (ver memorando No.UEN-SCMED-GAM-DyNS-2025-00416, de fecha 24 de julio de 2025 y Expediente Administrativo 2025-00012704-1). En tal sentido, se indica que es obligación de AYA brindar los servicios de agua potable y saneamiento brindarlos dentro de los parámetros de prestación óptima en cuanto a calidad, cantidad, continuidad, confiabilidad, igualdad, acceso universal, eficiencia, oportunidad, sostenibilidad y con un enfoque de derechos humanos, salvo en casos de fuerza mayor, caso fortuito o periodos de mantenimiento debidamente divulgados que afecten la zona de cobertura donde está localizada la propiedad, lo cual no concurre para el caso concreto por la situación técnica descrita. Adicionalmente, el memorando No.UEN-OS-GAM-2025-00160 con fecha del 06 de mayo del 2025, declara la zona de abastecimiento del Sistema ME-A-01-Tres Ríos como “zona deficitaria”, la cual se define en el artículo 7.131, como “zona de cobertura de un prestador de servicio público donde las condiciones hídricas o hidráulicas de los sistemas existentes impiden atender, de forma conjunta, la prestación óptima para los servicios de los usuarios existentes y los nuevos servicios que pretendan incorporarse por desarrollos urbanísticos, comerciales o inmobiliarios, por lo que la emisión de constancias de disponibilidades positivas para estos últimos supone un impacto negativo en la prestación óptima, el balance hídrico o la capacidad de recolección y tratamiento en perjuicio de la comunidad servida y los eventuales nuevos usuarios. Este tipo de zona tendrá una condición de temporalidad definida, la cual estará sujeta a la ejecución de obras de inversión que solventen la insuficiencia técnica y operativa expuesta en un estudio técnico que, a partir de la aplicación de criterios múltiples, detalle las causas que inciden en la capacidad real y actual de uno, otro u ambos sistemas administrados por el prestador de servicio público” (ver memorando No.UEN-SCMED-GAM-DyNS-2025-00416, de fecha 24 de julio de 2025 y Expediente Administrativo 2025-00012704-1). El artículo 10 del Reglamento para la prestación de los servicios de AYA, agrega que “(…) en aquellas zonas calificadas como deficitarias, únicamente se otorgarán constancias de disponibilidad y conexiones de servicios de agua potable y/o alcantarillado sanitario a favor de inmuebles que se ubiquen en zonas de crecimiento máximo. Este tipo de zona será así definida y calificada por el Subgerente de Gestión de Sistemas GAM y por cada Director Regional, con fundamento en los criterios técnicos- científicos que se emitan sobre el particular (…)”. De esta forma, se constata que la emisión de la Constancia de No Disponibilidad de Servicios de Acueducto y Alcantarillado SIGDD-2025-00012704-1-1-1 1, no refiere a la emisión de un acto arbitrario, antojadizo o injustificado, sino que se sustentada en la ciencia, técnica y legalidad que impone el Reglamento para la prestación de los servicios de AyA vigente y artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, Ley 6227, concretamente, la falta de capacidad hídrica que se describe en los artículos 7.12, 7.21, 7.31, 7.49, 7.131, 8, 9 y 10 del Reglamento para la Prestación de los Servicios de AYA. OCTAVO: Es cierto que la señora Nombre45832   , presentó en fecha 04 de junio de 2025, un recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de lo resuelto en la Constancia de No Disponibilidad de Servicios de Acueducto y Alcantarillado SIGDD2025-00012704-1-1-1 1 (ver memorando No.UEN-SCMED-GAM-DyNS-2025-00416, de fecha 24 de julio de 2025 y Expediente Administrativo 2025-00012704-1). El recurso de revocatoria fue resuelto por medio de la resolución No.UEN-SCMED-GAMDyNS-2025-00402 de fecha 21 de julio de 2025, suscrita por Carlos Quirós Mora, servidor del área de Disponibilidades y Nuevos Servicios de la Subgerencia Gestión de Sistemas GAM, y fue notificada el mismo día a los correos electrónicos ...1991 y ...1990. Este fue declarado SIN LUGAR pues a la fecha de resolución, se mantienen los impedimentos técnicos que motivaron la Constancia de No Disponibilidad de Servicios de Acueducto y Alcantarillado SIGDD-2025-00012704-1-1- 1-1 (ver memorando No.UEN-SCMED-GAM-DyNS-2025-00416, de fecha 24 de julio de Para la generación de la capacidad hidráulica a favor del sistema referido, AyA inició la construcción del Proyecto BPIP 2822: Ampliación de producción en sistema La Valencia y mejoras en la infraestructura del Acueducto Metropolitano para atención de emergencia en la GAM cuyas fases de ejecución y plazo de finalización se proyectan para Cuarto Trimestre 2027 de acuerdo con lo indicado en el memorando No.UEN-OS-GAM-2024-0263 (ver memorando No.UEN-SCMED-GAM-DyNS-2025-00416, de fecha 24 de julio de 2025). Una vez finalizados y encontrándose en operación los proyectos indicados mediante oficio UEN-OSGAM-2024-0263 (Tres Ríos), AyA efectuará las correspondientes interconexiones del proyecto BPIP 2822: Ampliación de producción en sistema La Valencia y mejoras en la infraestructura del Acueducto Metropolitano para atención de emergencia en la GAM (Tres Ríos), a los sistemas de AyA, a gestión del desarrollador del proyecto descrito en el punto primero de esta constancia y previo cumplimiento de los requisitos reglamentarios. El plazo de la vigencia de esta constancia equivaldrá al tiempo que transcurra, entre su emisión y hasta la puesta en operación de las obras de infraestructura pública (ver memorando No.UEN-SCMED-GAM-DyNS-2025-00416, de fecha 24 de julio de 2025). DECIMO: Por último, se destaca que la Sala Constitucional ha descartado lesiones a los derechos fundamentales de administrados y declarado “SIN LUGAR” casos análogos la presente, en los cuales se comprueba que AyA no ha denegado la prestación de los servicios de forma antojadiza, arbitraria o injustificada, sino que se justifica en la ciencia y técnica tal y como ocurre en este caso, del cual, además, se destaca la solución que se ha brindado por parte de AYA a la recurrente a partir de la emisión de la “constancia de capacidad hídrica” otorgada a su favor para la eventual construcción de dos apartamentos en la Dirección5887   Matrícula Placa8406 una vez que concluya la implementación del Proyecto BPIP 2822. Entre otra jurisprudencia, cabe citar las siguientes resoluciones: - Resolución No.2012-010180, SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, a las 14:30 horas del 31 de julio del 2012. - Resolución No.2012-001715, SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA de las 9:05 horas del 10 de febrero del 2012. - Resolución Nº2022009486, SALA CONSTITUCIONAL DE LACORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintinueve de abril de dos mil veintidós PETITORIA De acuerdo con los hechos y consideraciones expuestas en este Informe, ruego a su autoridad constitucional DECLARAR SIN LUGAR el este recurso de amparo y eximir a AYA de toda condenatoria por los daños, perjuicios y costas derivadas de este asunto (…)”.

4.- Informa bajo juramento Alejandro Calderón Acuña, en su condición de Subgerente de Gestión de SiStemas GAM  del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en los mismos términos que lo hizo la Gerente General de esa institución.

5.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,

Considerando:

I.- De previo. Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la sentencia número 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa, con algunas excepciones aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo, instruido de oficio o a instancia de parte, o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción por la supuesta demora de la Administración en atender un recurso de revocatoria con apelación en subsidio del tutelado atinente a su solicitud de disponibilidad de agua. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.

II.- OBJETO DEL RECURSO. Alega  que, en el 2024, planteó una solicitud de constancia de disponibilidad de agua ante la oficina del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), en la propiedad del Partido de San José nro. 115158-000. Indica que, mediante la Constancia de Disponibilidad de Servicio de Acueducto y Alcantarillado nro. SIGDD-2024-00008154-1-1-1, se otorgó la disponibilidad del servicio con una vigencia de 12 meses prorrogable a 24. No obstante, el 15 de mayo de 2025, mediante el oficio nro. SIGDD-2025- 00012704-1-1-1, a pesar de tratarse de la misma finca o propiedad, el ICAA denegó la disponibilidad del servicio. En virtud de lo expuesto, el 03 de junio de 2025 interpuso un recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra el oficio nro. SIGDD-2025-00012704-1-1-1, el cual fue enviado a la dirección de correo electrónico: ...24. Explica que el 04 de junio, se le confirmó el recibido del recurso por parte de la institución recurrida. Sostiene que el 25 de junio, consultó el estado del recurso y se le respondió que se encontraba en estudio. Narra que el 14 de julio, volvió a escribir un correo electrónico consultando sobre el trámite del recurso y ese mismo día la señora Betzabet Blanco, le contestó lo mismo: "que se encuentra en estudio”.

III.- HECHOS PROBADOS: De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

1.         En fecha 18 de marzo de 2024, la recurrente presentó ante el AYA solicitud de constancia de disponibilidad de servicios de agua para un proyecto de construcción de local comercial en la Dirección5885   , plano catastrado SJ-0853693-2003, ubicada en el Dirección5886 ,   ,   , e inscrita a nombre de la señora Nombre45832   , cédula de identidad CED35940 (informe rendido bajo juramento y prueba aportada en autos)

2.         La solicitud No.2024-00008154-1-1-1 fue resuelta por medio de la Constancia de Disponibilidad de Servicio de Acueducto y Alcantarillado SIGDD-2024-00008154-1- 1-1 de fecha 08 de abril de 2024, debido a que cumplió los requisitos técnicos y legales y fue notificada en fecha 29 de mayo de 2024 al correo electrónico ...1990 (informe rendido bajo juramento y prueba aportada en autos)

3.         En fecha 02 de mayo de 2025, la señora Nombre45832   , tramitó otra solicitud de disponibilidad de servicios para la Finca Folio Real Matrícula Placa8406. Esta fue identificada con el consecutivo de solicitud No.2025-00012704-1 y fue presentada antes del vencimiento y con un fin distinto para el cual se otorgó la Constancia de Disponibilidad de Servicio de Acueducto y Alcantarillado SIGDD-2024-00008154-1-1-1, específicamente, construcción de dos apartamentos (informe rendido bajo juramento y prueba aportada en autos)

4.         La solicitud No.2025-00012704-1 fue resuelta por medio de la Constancia de No Disponibilidad de Servicios de Acueducto y Alcantarillado SIGDD-2025-00012704-1-1- 1, de fecha 15 de mayo de 2025 y fue notificada en fecha 28 de mayo del 2025 a los correos electrónicos ...1991 y ...1990 (informe rendido bajo juramento y prueba aportada en autos)

5.    En fecha 3 de junio de 2025, la amparada presentó un recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de lo resuelto en la Constancia de No Disponibilidad de Servicios de Acueducto y Alcantarillado (informe rendido bajo juramento y prueba aportada en autos)

6.         El recurso de revocatoria fue resuelto por medio de la resolución No.UEN-SCMED-GAMDyNS-2025-00402 de fecha 21 de julio de 2025, suscrita por Carlos Quirós Mora, servidor del área de Disponibilidades y Nuevos Servicios de la Subgerencia Gestión de Sistemas GAM y fue notificada el mismo día a los correos electrónicos ...1991 y ...1990 (informe rendido bajo juramento y prueba aportada en autos)

7.         El recurso de apelación fue elevado al superior jerárquico para su resolución  (informe rendido bajo juramento y prueba aportada en autos)

8.         La resolución de curso de este amparo fue notificada a las autoridades recurridas el 21 de julio de 2025 (ver actas de notificación agregadas al expediente electrónico)

III.- SOBRE EL FONDO. En este caso se tiene por acreditado que la recurrente solicitó desde el año 2024 una solicitud de disponibilidad de servicios de agua para un proyecto de construcción de local comercial en la Dirección5885   , plano catastrado SJ-0853693-2003, ubicada en el Dirección5886 ,   ,   , e inscrita a nombre de la señora Nombre45832   , cédula de identidad CED35940. Consta que, la misma fue resuelta por medio de la Constancia de Disponibilidad de Servicio de Acueducto y Alcantarillado SIGDD-2024-00008154-1- 1-1 de fecha 08 de abril de 2024. Posteriormente, en fecha 02 de mayo de 2025, la señora Nombre45832   , No obstante, el 15 de mayo de 2025, mediante el oficio nro. SIGDD-2025- 00012704-1-1-1, a pesar de tratarse de la misma finca o propiedad, el ICAA denegó la disponibilidad del servicio. Ante tal panorama en fecha 4 de junio de 2025, la amparada presentó un recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de lo resuelto en la Constancia de No Disponibilidad de Servicios de Acueducto y Alcantarillado.

Finalmente, se demostró que consta que el recurso de revocatoria fue resuelto por medio de la resolución No.UEN-SCMED-GAM-DyNS-2025-00402 de fecha 21 de julio de 2025, suscrita por Carlos Quirós Mora, servidor del área de Disponibilidades y Nuevos Servicios de la Subgerencia Gestión de Sistemas GAM y fue notificada el mismo día a los correos electrónicos ...1991 y ...1990

En conclusión, es cierto que a la fecha que la recurrente acude en amparo (16 de julio de 2025) el AYA no había resuelto el recurso de revocatoria y apelación presentado el 03 de junio de 2025. Por su parte la autoridad recurrida demostró que el recurso de revocatoria fue resuelto por medio de la resolución No.UEN-SCMED-GAMDyNS-2025-00402 de fecha 21 de julio de 2025 indicando lo siguiente: “Por las consideraciones, argumentos expuestos, con fundamento en el expediente administrativo, los informes técnicos que lo conforman y los documentos aportados por le recurrente, artículo 11 de la Constitución Política, 11,16, 272.2, 343.1, 346.1, 347,2 y 353.1 de la Ley General de la Administración Pública, artículo 36 del Reglamento de Prestación de Servicios de AYA; procede rechazar por extemporáneo el Recurso de Revocatoria y Apelación en Subsidio interpuesta por el señor Nombre45835   y se ratifican en todos sus extremos el documento SIGDD-2025-00012704-1-1-1. DEBIDO A LA APELACIÓN INTERPUESTA SE TRASLADA EL EXPEDIENTE AL SUPERIOR JERÁRQUICO PARA QUE SEA CONOCIDA LA APELACIÓN” -resolución notificada a la recurrente el mismo día a los correos electrónicos ...1991 y [email protected]. Partiendo de lo anterior y tomando en cuenta que el recurso de revocatoria  fue resuelto con ocasión a la notificación de la resolución de curso del presente amparo -lo que sucedió el 21 de julio de 2025- lo procedente es declarar con lugar el recurso sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. Ahora bien, deberá el superior jerárquico tomar las medidas pertinentes a fin de resolver el recurso de apelación en el plazo que señala la legislación que corresponde. Por último cabe destacar que este Tribunal ha dispuesto que no pueden desadvertirse los requisitos legales y técnicos para la dotación de un servicio público (ver sentencia en sentido similar 2009-003825 de las 16:49 horas del 10 de marzo de 2009). Asimismo, la Sala no es un contralor de la legalidad de las actuaciones de la Administración de modo que no le compete revisar la procedencia de lo resuelto por las partes accionadas, respecto a si, en virtud de las condiciones urbanísticas, técnicas y legales, se le debe otorgar o no el servicio de agua aludido a la recurrente. Ergo, la disconformidad que tenga la parte promovente con tal denegatoria no corresponde ser analizada ni resuelta en esta sede, sino ante la propia autoridad recurrida o en las vías de legalidad competentes, a efectos de que se resuelva lo que en derecho corresponda. Así las cosas se declara con lugar el recurso tal y como se indica en la parte dispositiva de esta sentencia

IV.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.

V.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA. Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.

La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:

“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que: 

“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.

En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.

Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.

El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.

En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaramos.

Como razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estima el suscrito que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables. A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente: 

“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”.

Es claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a mi juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados. Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria. Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio. Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada. Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externo mi voto y reitero que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios.

VI.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.

Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.

Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aún cuando el derecho haya sido restituido.

En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.

VI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

De conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se declara con lugar el recurso sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. Notifíquese.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

Nombre137  V.

Presidente

	

 




Nombre152  C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --



 IQEOG7UH7KO61

EXPEDIENTE N° 25-020817-0007-CO

 

Teléfonos: Telf46 /  (). Fax: Telf47 / Telf48. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección12 , Dirección13 , 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:05:27.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**File Number: 25-020817-0007-CO**

**Res. No. 2025025793**

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine twenty on the fourteenth of August of two thousand twenty-five.

Amparo remedy processed in file 25-020817-0007-CO, brought by Nombre45832, identity document CED35940, against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.

**Whereas:**

1.- By document incorporated into the digital file on July 16, 2025, the petitioner files an amparo remedy against the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and states that in 2024, they submitted a request for a water availability certificate (constancia de disponibilidad de agua) to the office of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), for property number 115158-000 of the San José Registry. They indicate that, through the Water and Sewer Service Availability Certificate (Constancia de Disponibilidad de Servicio de Acueducto y Alcantarillado) No. SIGDD-2024-00008154-1-1-1, service availability was granted stating: "THERE IS DRINKING WATER AVAILABILITY IN FRONT OF THE PROPERTY. THERE IS SEWER SYSTEM AVAILABILITY IN FRONT OF THE PROPERTY." They assert that said "Service Availability Certificate" was valid for twelve months, extendable for a maximum of twenty-four months consecutively. However, they claim that on May 15, 2025, through official communication No. SIGDD-2025-00012704-1-1-1, despite it being the same farm or property, the ICAA denied service availability, indicating that: "THERE IS NO DRINKING WATER AVAILABILITY IN FRONT OF THE PROPERTY. THERE IS NO SEWER SYSTEM AVAILABILITY IN FRONT OF THE PROPERTY." They comment that the "Non-Availability Certificate" was based on: "...the property is located in the zone where the ME-A-01 Tres Ríos system supplies drinking water; however, as of today, there are deficiencies...". They state that on June 3, 2025, they filed a motion for reconsideration with subsidiary appeal (recurso de revocatoria con apelación en subsidio) against official communication No. SIGDD-2025-00012704-1-1-1, which was sent to the email address: ...24. They explain that on June 4, receipt of the motion by the respondent institution was confirmed. They maintain that on June 25, they inquired about the status of the motion via the aforementioned email address, and on the same day, Mr. Nombre45833 responded that it was under review. They recount that on July 14, they wrote another email inquiring about the processing of the motion, and on the same day, Ms. Betzabet Blanco replied with the same response: "that it is under review." They claim that more than a month has passed without the respondent authority resolving their petition. They consider that the described situation violates their fundamental rights.

2.- In a resolution issued at nine hours nine minutes on July twenty-first, two thousand twenty-five, the general manager and the deputy manager of Gestión de Sistemas GAM, both of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), are given notice to proceed.

3.- María Alejandra Mora Segura, in her capacity as General Manager of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, reports under oath in the following terms: "(...) In view of the foregoing, this Report is hereby rendered in accordance with the provisions set forth in memorandum No. UEN-SCMED-GAM-DyNS-2025-00416, dated July 24, 2025, signed by Yeilin Jiménez Venegas, a public servant of the Disponibilidades y Nuevos Servicios area of the Subgerencia Gestión de Sistemas GAM, and Administrative Files 2024-00008154-1 and 2025-00012704-1, copies of which are attached to this Report. In this regard, the following is reported: FIRST: On March 18, 2024, AYA received the first request for an availability certificate (constancia de disponibilidad) for AYA services for a commercial premises construction project at Dirección5885, cadastral map SJ-0853693-2003, located at Dirección5886, , , and registered in the name of Ms. Nombre45832, identity document CED35940. The request was submitted by Mr. Nombre45834, identity document CED35941, and was identified with request serial number No. 2024-00008154-1-1-1 (see memorandum No. UEN-SCMEDGAM-DyNS-2025-00416, dated July 24, 2025, and Administrative File 2024-00008154-1.). SECOND: Request No. 2024-00008154-1-1-1 was resolved through the Water and Sewer Service Availability Certificate SIGDD-2024-00008154-1-1-1 dated April 8, 2024, notified on May 29, 2024, to email ...1990 (see memorandum No. UEN-SCMEDGAM-DyNS-2025-00416, dated July 24, 2025, and Administrative File 2024-00008154-1). The issuance of the Water and Sewer Service Availability Certificate SIGDD-2024-00008154-1-1-1 was based on the results of the sanitary sewer feasibility inspections No. 2024-00008154-1 and drinking water feasibility inspections No. 2024-00008154-1, which approved the eventual provision of one drinking water connection through the MEA-07-Tres Ríos System and the eventual provision of one sanitary sewer connection through the MES08-Los Tajos System (see folios 16 through 22 of the copy of Administrative File 2024-00008154-1.). In this regard, it was verified that request No. 2024-00008154-1-1-1 met the technical and legal requirements described in articles 7.12, 7.19, 7.20, 7.21, 7.31, 7.49, 7.50, 8, 9, 14, 15, and 30 of the Reglamento para la Prestación de los Servicios de AYA, published in La Gaceta Digital No. 27, Alcance No. 29, of Tuesday, February 9, 2021; specifically, it was verified: a) that the distribution and collection networks pass in front of the property's boundaries or have direct access via a public road or easement (servidumbre) of passage from the property for which a service is requested.; b) that the systems have sufficient water resource capacity (capacidad hídrica), hydraulic capacity (capacidad hidráulica), treatment, and potabilization capacity to grant new services.; c) that the system meets the established quality attributes.; and d) that it complies with the corresponding environmental regulations. Additionally, Article 7 of the AYA Regulation defines the terms "collection and/or treatment capacity (capacidad de recolección y/o tratamiento)" as the existing technical condition for the collection and/or treatment of wastewater, "hydraulic capacity (capacidad hidráulica)" as the existence of installed infrastructure in use within the supply and sanitation systems to convey the flows for the effective provision of services, and "water resource capacity (capacidad hídrica)" as the real existence of water resources with technical feasibility configured from the certainty of the design and treatment, disinfection, and potabilization processes for its subsequent exploitation and the potential attention to the demand of current and future users by the public provider. Likewise, the utilization presupposes: that the source is located within a property registered to or in possession of the public service provider, that the authorized flow rate is duly concessioned. It also defines the term "service availability certificate (constancia de disponibilidad de servicios)" as the document issued by the operating entity in which it certifies the real and current existence regarding water resource capacity, hydraulic capacity, as well as collection and treatment capacity, at one of the boundaries of a specific property, based on the flow demand and/or discharge required by the real estate project verified by the operator, which will eventually allow the installation of drinking water, collection, and wastewater treatment services. The foregoing is intended to prevent affecting the demand of existing services. THIRD: The scope of the "service availability certificate" is defined in Article 29 of the same AYA Regulation, which indicates that this certificate constitutes the administrative act that records the real existence of water resource capacity, hydraulic capacity, as well as collection and treatment capacity at the boundary of a property, allowing the eventual request for drinking water, collection, and wastewater treatment services; without causing detriment to the optimal provision of existing services. Furthermore, it will allow the applicant to process, before various state entities, the obtaining of permits and authorizations necessary for the construction of real estate projects of any kind; however, this will not imply a constructive or segregation authorization without the plans having been approved by AyA; likewise, it will neither constitute an interconnection authorization nor an approval for permanent service connections, as the requirements and procedures established by the competent bodies must be met for that purpose. FOURTH: According to Article 37 of the Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA, the "positive service availability certificates" issued for single-family housing or individual commerce will be valid for twelve months, extendable for a maximum of 24 months consecutively, provided that the interested party demonstrates that they have carried out specific actions related to the execution of the construction project, the conditions thereof remain unchanged, and the operator indispensably accredits the technical feasibility analysis necessary to grant the extension. Under this premise, it is verified that the Water and Sewer Service Availability Certificate SIGDD-2024-00008154-1-1-1 was valid until May 29, 2025. FIFTH: On May 2, 2025, Ms. Nombre45832 processed another service availability request for the property with Real Folio Registration Number Placa8406. This was identified with request serial number No. 2025-00012704-1 and was submitted before the expiration date and for a purpose distinct from that for which the Water and Sewer Service Availability Certificate SIGDD-2024-00008154-1-1-1 was granted, specifically, the construction of two apartments (see memorandum No. UEN-SCMEDGAM-DyNS-2025-00416, dated July 24, 2025, and Administrative File 2025-00012704-1). It is clarified that, as the flow rate and number of services approved in the Water and Sewer Service Availability Certificate SIGDD-2024-00008154-1-1-1 changed (from construction of a commercial premises to construction of two apartments on the same property), the petitioner herself submitted the proceeding as a new AYA service availability request according to Article 30 of the AYA Regulation, and not as a request for extension of Certificate SIGDD-2024-00008154-1-1-1 as regulated in Article 37 of the same Regulation (see memorandum No. UEN-SCMED-GAM-DyNS2025-00416, dated July 24, 2025, and Administrative File 2025-00012704-1). In this regard, Article 37 of the AYA Regulation itself concludes that, in the event of cadastral variations implying a modification of areas and/or boundaries that affect an increase in the flow rate and number of services defined for the granting of availability, the extension does not proceed, and the interested party must therefore carry out the procedure indicated in Article 30 of this regulation. SIXTH: Request No. 2025-00012704-1 was resolved through the Certificate of Non-Availability of Water and Sewer Services (Constancia de No Disponibilidad de Servicios de Acueducto y Alcantarillado) SIGDD-2025-00012704-1-1-1, dated May 15, 2025, notified on May 28, 2025, to emails ...1991 and ...1990 (see memorandum No. UEN-SCMED-GAM-DyNS-2025-00416, dated July 24, 2025, and Administrative File 2025-00012704-1). SEVENTH: The result of the Certificate of Non-Availability of Water and Sewer Services SIGDD-2025-00012704-1-1-1 dated May 15, 2025, was based on the Technical Reports signed by memorandum No. UEN-OS-GAM-2024-00263, dated November 20, 2024, and memorandum UEN-OS-GAM-2025-00160 dated May 6, 2025, both signed by the UEN Optimización de Sistemas GAM, which in summary indicates that the MEA-01-Tres Ríos System registers a water resource capacity deficit of approximately 240.8 l/s (see memorandum No. UEN-SCMED-GAM-DyNS-2025-00416, dated July 24, 2025, and Administrative File 2025-00012704-1). In this sense, it is indicated that AYA has the obligation to provide drinking water and sanitation services within the parameters of optimal provision regarding quality, quantity, continuity, reliability, equality, universal access, efficiency, timeliness, sustainability, and with a human rights approach, except in cases of force majeure, acts of God, or duly publicized maintenance periods affecting the coverage area where the property is located, which does not apply in this specific case due to the described technical situation. Additionally, memorandum No. UEN-OS-GAM-2025-00160 dated May 6, 2025, declares the supply zone of the ME-A-01-Tres Ríos System as a "deficit zone (zona deficitaria)", which is defined in Article 7.131 as a "coverage area of a public service provider where the water resource or hydraulic conditions of the existing systems prevent jointly addressing the optimal provision for the services of existing users and the new services intended to be incorporated due to urban, commercial, or real estate developments; therefore, the issuance of positive availability certificates for the latter constitutes a negative impact on the optimal provision, the water balance, or the collection and treatment capacity to the detriment of the served community and potential new users. This type of zone will have a defined temporality condition, which will be subject to the execution of investment works that resolve the technical and operational insufficiency set forth in a technical study that, based on the application of multiple criteria, details the causes affecting the real and current capacity of one, the other, or both systems managed by the public service provider" (see memorandum No. UEN-SCMED-GAM-DyNS-2025-00416, dated July 24, 2025, and Administrative File 2025-00012704-1). Article 10 of the Reglamento para la prestación de los servicios de AYA adds that "(...) in those zones classified as deficit ones, availability certificates and connections for drinking water and/or sanitary sewer services will only be granted for properties located in maximum growth zones. This type of zone will be defined and classified as such by the Subgerente de Gestión de Sistemas GAM and by each Regional Director, based on the technical-scientific criteria issued on the matter (...)". In this way, it is verified that the issuance of the Certificate of Non-Availability of Water and Sewer Services SIGDD-2025-00012704-1-1-1 does not refer to the emission of an arbitrary, capricious, or unjustified act, but is rather grounded in the science, technique, and legality imposed by the current Reglamento para la prestación de los servicios de AyA and Article 16 of the Ley General de la Administración Pública, Ley 6227, specifically, the lack of water resource capacity described in articles 7.12, 7.21, 7.31, 7.49, 7.131, 8, 9, and 10 of the Reglamento para la Prestación de los Servicios de AYA. EIGHTH: It is true that Ms. Nombre45832 filed, on June 4, 2025, a motion for reconsideration with subsidiary appeal (recurso de revocatoria con apelación en subsidio) against the decision rendered in the Certificate of Non-Availability of Water and Sewer Services SIGDD2025-00012704-1-1-1 (see memorandum No. UEN-SCMED-GAM-DyNS-2025-00416, dated July 24, 2025, and Administrative File 2025-00012704-1). The motion for reconsideration was resolved through resolution No. UEN-SCMED-GAMDyNS-2025-00402 dated July 21, 2025, signed by Carlos Quirós Mora, a public servant of the Disponibilidades y Nuevos Servicios area of the Subgerencia Gestión de Sistemas GAM, and was notified on the same day to emails ...1991 and ...1990. This was declared WITHOUT MERIT (SIN LUGAR) because, as of the resolution date, the technical impediments that motivated the Certificate of Non-Availability of Water and Sewer Services SIGDD-2025-00012704-1-1-1 persist (see memorandum No. UEN-SCMED-GAM-DyNS-2025-00416, dated July 24, 2025). To generate the hydraulic capacity in favor of the referenced system, AyA began the construction of Project BPIP 2822: Expansion of production in the La Valencia system and improvements to the infrastructure of the Metropolitan Aqueduct for emergency response in the GAM, whose execution phases and completion deadline are projected for the Fourth Quarter of 2027, according to what is indicated in memorandum No. UEN-OS-GAM-2024-0263 (see memorandum No. UEN-SCMED-GAM-DyNS-2025-00416, dated July 24, 2025). Once the projects indicated through communication UEN-OSGAM-2024-0263 (Tres Ríos) are completed and in operation, AyA will make the corresponding interconnections of project BPIP 2822: Expansion of production in the La Valencia system and improvements to the infrastructure of the Metropolitan Aqueduct for emergency response in the GAM (Tres Ríos), to AyA's systems, upon the developer's management of the project described in point one of this certificate and prior compliance with regulatory requirements. The validity period of this certificate will be equivalent to the time elapsed between its issuance and until the start-up of the public infrastructure works (see memorandum No. UEN-SCMED-GAM-DyNS-2025-00416, dated July 24, 2025). TENTH: Finally, it is highlighted that the Constitutional Chamber has dismissed violations of the fundamental rights of administered parties and declared "WITHOUT MERIT" cases analogous to the present one, in which it is proven that AyA has not denied the provision of services in a capricious, arbitrary, or unjustified manner, but rather is justified by science and technique, as occurs in this case, in which, moreover, the solution provided by AYA to the petitioner stands out, based on the issuance of the "water resource capacity certificate (constancia de capacidad hídrica)" granted in her favor for the eventual construction of two apartments at Dirección5887, Registration Number Placa8406 once the implementation of Project BPIP 2822 is completed. Among other jurisprudence, the following resolutions can be cited: - Resolution No. 2012-010180, CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE, at 14:30 hours on July 31, 2012. - Resolution No. 2012-001715, CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE at 9:05 hours on February 10, 2012. - Resolution No. 2022009486, CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on April twenty-ninth, two thousand twenty-two. PETITION: Based on the facts and considerations set forth in this Report, I beg your constitutional authority to DECLARE THIS AMPARO REMEDY WITHOUT MERIT and to exempt AYA from any condemnation for damages, losses, and costs derived from this matter (...)".

4.- Alejandro Calderón Acuña, in his capacity as Subgerente de Gestión de Sistemas GAM of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, reports under oath in the same terms as the General Manager of that institution.

5.- The legal requirements have been observed in the proceedings followed.

Drafted by Magistrate Cruz Castro; and,

**Considering:**

I.- Preliminarily. Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, based on judgment number 2008-02545 at 8:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction, with some exceptions, those matters in which it is disputed whether the public administration has or has not complied with the deadlines set by the Ley General de la Administración Pública (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve an administrative procedure by final act, initiated ex officio or at the request of a party, or to hear the pertinent administrative remedies. Precisely, in the sub lite case, an exception scenario arises due to the Administration's alleged delay in addressing a motion for reconsideration with subsidiary appeal (recurso de revocatoria con apelación en subsidio) filed by the protected party regarding their water availability request. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.

II.- SUBJECT OF THE REMEDY. They allege that in 2024, they submitted a request for a water availability certificate (constancia de disponibilidad de agua) to the office of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), for property number 115158-000 of the San José Registry. They indicate that, through the Water and Sewer Service Availability Certificate No. SIGDD-2024-00008154-1-1-1, service availability was granted, with a validity of 12 months extendable to 24. However, on May 15, 2025, through official communication No. SIGDD-2025-00012704-1-1-1, despite it being the same farm or property, the ICAA denied service availability. In view of the foregoing, on June 3, 2025, they filed a motion for reconsideration with subsidiary appeal against official communication No. SIGDD-2025-00012704-1-1-1, which was sent to the email address: ...24. They explain that on June 4, receipt of the motion by the respondent institution was confirmed. They maintain that on June 25, they inquired about the status of the motion and were told it was under review. They recount that on July 14, they wrote another email inquiring about the processing of the motion, and on the same day, Ms. Betzabet Blanco replied with the same: "that it is under review."

III.- PROVEN FACTS: Deemed relevant for this matter's decision, the following facts are considered duly proven, either because they have been accredited or because the respondent omitted to refer to them as provided in the initial order:

1. On March 18, 2024, the petitioner submitted to AYA a request for a water service availability certificate for a commercial premises construction project at Dirección5885, cadastral map SJ-0853693-2003, located at Dirección5886, , , and registered in the name of Ms. Nombre45832, identity document CED35940 (report rendered under oath and evidence provided in the case file).

2. Request No. 2024-00008154-1-1-1 was resolved through the Water and Sewer Service Availability Certificate SIGDD-2024-00008154-1-1-1 dated April 8, 2024, because it met the technical and legal requirements, and was notified on May 29, 2024, to email ...1990 (report rendered under oath and evidence provided in the case file).

3. On May 2, 2025, Ms. Nombre45832 processed another service availability request for the property with Real Folio Registration Number Placa8406. This was identified with request serial number No. 2025-00012704-1 and was submitted before the expiration date and for a purpose distinct from that for which the Water and Sewer Service Availability Certificate SIGDD-2024-00008154-1-1-1 was granted, specifically, the construction of two apartments (report rendered under oath and evidence provided in the case file).

4. Request No. 2025-00012704-1 was resolved through the Certificate of Non-Availability of Water and Sewer Services SIGDD-2025-00012704-1-1-1, dated May 15, 2025, and was notified on May 28, 2025, to emails ...1991 and ...1990 (report rendered under oath and evidence provided in the case file).

5. On June 3, 2025, the protected party filed a motion for reconsideration with subsidiary appeal against the decision rendered in the Certificate of Non-Availability of Water and Sewer Services (report rendered under oath and evidence provided in the case file).

6. The motion for reconsideration was resolved through resolution No. UEN-SCMED-GAMDyNS-2025-00402 dated July 21, 2025, signed by Carlos Quirós Mora, a public servant of the Disponibilidades y Nuevos Servicios area of the Subgerencia Gestión de Sistemas GAM, and was notified on the same day to emails ...1991 and ...1990 (report rendered under oath and evidence provided in the case file).

7. The appeal was referred to the hierarchical superior for resolution (report rendered under oath and evidence provided in the case file).

8. The order to proceed on this amparo was notified to the respondent authorities on July 21, 2025 (see notification records added to the electronic file).

III.- ON THE MERITS. In this case, it is proven that since 2024, the petitioner requested a water service availability certificate for a commercial premises construction project at Dirección5885, cadastral map SJ-0853693-2003, located at Dirección5886, , , and registered in the name of Ms. Nombre45832, identity document CED35940. It is recorded that it was resolved through the Water and Sewer Service Availability Certificate SIGDD-2024-00008154-1-1-1 dated April 8, 2024. Subsequently, on May 2, 2025, Ms. Nombre45832. However, on May 15, 2025, through official communication No. SIGDD-2025-00012704-1-1-1, despite it being the same farm or property, the ICAA denied service availability. Faced with this scenario, on June 4, 2025, the protected party filed a motion for reconsideration with subsidiary appeal against the decision rendered in the Certificate of Non-Availability of Water and Sewer Services.

Finally, it was demonstrated that the motion for reconsideration was resolved through resolution No. UEN-SCMED-GAM-DyNS-2025-00402 dated July 21, 2025, signed by Carlos Quirós Mora, a public servant of the Disponibilidades y Nuevos Servicios area of the Subgerencia Gestión de Sistemas GAM, and was notified on the same day to emails ...1991 and ...1990.

In conclusion, it is true that by the date the petitioner filed the amparo (July 16, 2025), AYA had not resolved the motion for reconsideration and appeal filed on June 3, 2025. For its part, the respondent authority demonstrated that the motion for reconsideration was resolved through resolution No. UEN-SCMED-GAMDyNS-2025-00402 dated July 21, 2025, indicating the following: "Based on the considerations and arguments set forth, founded on the administrative file, the technical reports comprising it, and the documents provided by the appellant, Article 11 of the Political Constitution, 11, 16, 272.2, 343.1, 346.1, 347.2, and 353.1 of the Ley General de la Administración Pública, Article 36 of the Reglamento de Prestación de Servicios de AYA; it is appropriate to reject as time-barred the Motion for Reconsideration and Subsidiary Appeal filed by Mr. Nombre45835, and document SIGDD-2025-00012704-1-1-1 is ratified in all its aspects. DUE TO THE APPEAL FILED, THE FILE IS TRANSFERRED TO THE HIERARCHICAL SUPERIOR FOR THE APPEAL TO BE HEARD" – a resolution notified to the petitioner on the same day to emails ...1991 and [email protected]. Based on the foregoing and considering that the motion for reconsideration was resolved on the occasion of the notification of the order to proceed for this amparo—which happened on July 21, 2025—the appropriate course is to declare the remedy with merit (con lugar) without special condemnation for costs, damages, and losses. Now, the hierarchical superior must take the pertinent measures to resolve the appeal within the timeframe indicated by the corresponding legislation. Finally, it should be noted that this Court has established that the legal and technical requirements for the provision of a public service cannot be disregarded (see judgment in a similar sense 2009-003825 at 16:49 hours on March 10, 2009). Likewise, the Chamber is not a controller of the legality of the Administration's actions; therefore, it is not within its purview to review the appropriateness of what was decided by the respondent parties regarding whether, by virtue of urban, technical, and legal conditions, the petitioner should be granted the aforementioned water service or not. Ergo, the disagreement the petitioner may have with such denial is not to be analyzed or resolved in this venue, but rather before the respondent authority itself or in the competent legal channels, for a decision to be made in accordance with the law. Consequently, the remedy is declared with merit as indicated in the operative part of this judgment.

IV.- ON THE CONDEMNATION FOR COSTS, DAMAGES, AND LOSSES PURSUANT TO ARTICLE 52 OF THE LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL.

Under a better weighing, the majority of the Chamber considers that, in the sub examine, pursuant to the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional ("If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the recurso shall be declared with merit solely for purposes of indemnification and costs, if they are applicable"), the granting must be without special condemnation in costs, damages, and losses, based on the following considerations. Although there is an express text in the law that requires the operative part of the ruling to indicate that the recurso is declared with merit, when the grievance is resolved while the amparo is pending, it is no less true that that same paragraph in fine states that the granting is issued "solely for purposes of indemnification and costs, if they are applicable." It is emphasized that the Law states "if they are applicable," which means that the applicability or non-applicability of indemnification and costs depends on a valuation, appreciation, or weighing by the Court. In cases such as this, the content of the claim of the protected person and the conduct of the respondent authority in acknowledging it suggest that the alleged detriments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of an evidently patrimonial nature (as would occur, for example, with an affectation of the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of Article 51 of the same Ley de la Jurisdicción Constitucional, when it provides that: "every resolution that upholds the recurso shall condemn in the abstract to the indemnification of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the recurso, and its liquidation shall be reserved for the execution of the sentence," where the possibility of assessing whether or not indemnification and costs are applicable is not foreseen. The principles of Constitutional Law, those of Public and General Procedural Law or, as applicable, those of International or Community Law and, furthermore, in their order, the Ley General de la Administración Pública and the Código Procesal Contencioso Administrativo and the other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Ley de la Jurisdicción Constitucional -cf. Article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, which responds to procedural logic in any matter. In any event, the affected party in the sub lite preserves the possibility of resorting, if they deem it appropriate, to a plenary proceeding in order to demonstrate that they have suffered some type of detriment. Based on the foregoing, it is the majority's opinion to resolve this recurso without condemnation in costs, damages, and losses.

V.- PARTIAL DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO, SOLELY IN RELATION TO THE NON-CONDEMNATION IN COSTS, DAMAGES, AND LOSSES AGAINST THE RESPONDENT PARTY. Although I agree with the rest of the Chamber in declaring the recurso with merit, I dissent from the majority's opinion in that it exempts the respondent party from being condemned to the payment of costs, damages, and losses derived from the injury caused to the fundamental rights of the protected party.

The Ley de la Jurisdicción Constitucional, in Article 52, provides that:

"If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the recurso shall be declared with merit solely for purposes of indemnification and costs, if they are applicable."

Moreover, in Article 51 ibid, it is established that:

"...every resolution that upholds the recurso shall condemn in the abstract to the indemnification of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the recurso, and its liquidation shall be reserved for the execution of the sentence."

This latter norm establishes the general system that regulates the subject of indemnification and the payment of costs, and which the majority calls the "natural or normal form of termination of the proceeding, where there is a pronouncement on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights..."

In the majority's opinion, the cited Article 51 regulates the cases in which the Chamber has found the grievance proven; and, as a consequence, the need for condemnation in costs, damages, and losses arises. However, in the undersigned's judgment, from the systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Court verifies an injury to a fundamental right and, therefore, declares the recurso with merit, and in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights, once it becomes aware of the amparo -a scenario contemplated in the referenced Article 52-, by mandate of Articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and unavoidable consequence is the condemnation of the infringer to the indemnification of the damages and losses caused and the payment of the costs of the recurso. This rule is nothing more than the recognition, to the party that has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the infringing authorities; and, as a dissuasive means, so that the State does not incur again in the actions that gave basis to the granting of the recurso, a matter regulated in Article 50 of the law that governs this jurisdiction. Thus, whether the Chamber has found the grievance proven and has proceeded to examine the merits, or the violation has ceased by decision of the respondent authority itself, once it became aware of the processing of the amparo, with restitution in the enjoyment of the fundamental rights in favor of the aggrieved party (Article 52), always, in any of those scenarios, the imperative need for condemnation in costs, damages, and losses against the infringer arises, the basis of which lies in the principles of protection of individual rights and in the principle that the Administration must be responsible for the damages and losses it causes with its unconstitutional conduct.

Thus, the fact that at the time the amparo is known and resolved with merit, the effects of the challenged act have already ceased, in the terms of the provisions of Articles 50 and 52 of the cited law, does not negate the applicability of condemnation in costs, damages, and losses, since such a case forms an integral part of the general system of necessary condemnation in those respects, contained in the Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Furthermore, it is clear that the mentioned Article 52 applies solely in cases where the Chamber, even though it has not examined, nor pronounced on the merits of the claim, has verified the violation of the fundamental rights suffered by the protected party, by virtue of the restitution, in the enjoyment of those rights, that the Administration has granted in their favor; a situation that, as the majority of the Chamber affirms, implies an "abnormal termination of the proceeding."

The legislator established and delimited, in a precise manner, the conditions under which this Chamber can decree that form of abnormal conclusion of the amparo proceeding, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is pending, that is, that the Administration has been duly notified of the resolution that granted leave to the amparo; and, 2) that there exists an administrative or judicial resolution that provides, in an unmistakable manner, the revocation, stopping, or suspension of the challenged action violative of fundamental rights. Certainly, the norm in question contemplates an exception to the general system of condemnation in costs, damages, and losses, notwithstanding the granting of the recurso, by providing that, in the cases regulated therein, the recurso shall be declared with merit "solely for purposes of indemnification and costs, if they are applicable." As an exception that it is, it must be interpreted restrictively; that is, it only applies in the cases strictly contemplated in the norm, not only because of the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception imply, without a doubt, a detriment to the fundamental right of individuals to obtain effective judicial protection against the damages and losses suffered from the injury to their constitutional rights.

In my opinion, such an exception must be interpreted to mean that, in accordance with the general system of automatic condemnation in costs, damages, and losses in the face of a violation of fundamental rights, that condemnation is always applicable, even in the case that the respondent party issues an administrative or judicial resolution that revokes, stops, or suspends the challenged action, unless it is established in an unmistakable and clear manner that in the specific case no compensable damage whatsoever was caused. Only and exclusively in such scenarios could the respondent Administration be exempted from the payment of said items. As in this case, there is no element that refutes the presumption of the emergence, for the protected party, of economic damages and losses derived from the challenged actions -whose specific determination does not correspond to this jurisdiction-, the granting of this recurso must necessarily imply condemnation in costs, damages, and losses, and we so declare.

As an additional reason, it is worth noting that the dynamic and very essence of amparo proceedings does not have as its primary object the analysis of the existence or not of damages and losses, but rather, the existence or not of actions or omissions that may generate or produce a breach in the regime of fundamental rights of individuals. From this perspective, the analysis carried out by this venue concentrates on said verification, but does not proceed to the weighing of whether those questions have generated or not injuries in the eminently patrimonial sphere of the protected persons. Although the aforementioned precept 52 of the LJC, in its grammatical scope, stipulates that said condemnation (in damages, losses, and costs) operates, if applicable, the undersigned does not consider that said examination of pertinence can, a priori, be automatically excluded in this type of proceeding, to the extent that it is within another ordinary proceeding that it must be defined whether, within the legal relationship analyzed in the recurso de amparo, the conduct or omissions attributable to the Administration (or subject of private law, as applicable), have constituted an adequate cause of patrimonial injuries that are legally compensable. By way of reference, numerals 179 to 184 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define a special proceeding whose object is the definition of the economic effects derived from condemnations issued in these proceedings. In light of canon 179 ejusdem, that proceeding has the following object:

"ARTICLE 179.- The Juzgado de lo Contencioso-Administrativo is responsible for the execution of the sentences issued by the Constitutional Jurisdiction, in habeas corpus and amparo proceedings against subjects of Public law, solely in relation to the demonstration, liquidation, and fulfillment of pecuniary indemnifications."

It is clear that this proceeding is directed at the analysis of the necessary antecedent issued by this Chamber regarding an abstract condemnation in those items, since that type of claim would not proceed within that type of cause, when the sentence issued within the amparo proceeding expressly establishes the inapplicability of damages, losses, and/or costs, as well as when there is no express pronouncement regarding this particular. That is, the special proceeding in the contentious-administrative venue requires, as a sine qua non requirement, a condemnation or express pronouncement by this Constitutional Chamber. In that order, in my judgment, under the terms of the mentioned numeral 52 of the LJC, the waiver of that patrimonial condemnation requires proof, in each case, of situations based on which the inexistence of patrimonial injuries, even potential ones, derived from or associated with the analyzed facts, is estimated with justification. Therefore, it is an exception that, as such, requires qualified and duly reasoned application on a case-by-case basis. The mere circumstance that, during the proceeding, the Administration issues a resolution or a judicial sentence is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, does not rule out, per se, that, prior to that cessation due to a cause attributable to or outside the defendant entity, the alleged indolence or reproached disturbance may have caused damages and losses. However, such a substantive question, regarding the effectiveness of the injuries, their amount, timely claim, etc., are considerations that escape the nature of these proceedings and regarding which, in order to what is regulated by the aforementioned mandate 52, are inherent to an abstract condemnation that later constitutes the basis of analysis in the Jurisdicción Contencioso Administrativa. The protection sought in these constitutional proceedings does not require the demonstration of damages and losses, since, it is insisted, that is not their object or primary ratio. Thus, it does not correspond to the protected person to claim or demonstrate damages, as what they seek is the safeguarding of their fundamental rights. Later, whether those administrative conducts have caused them injuries is an aspect that, as a matter of principle and save exceptional cases, does not form part of the analytical basis of this type of causes. It should be noted that, in the scenario regulated by that mandate, the Constitutional Chamber does not conduct a substantive analysis of the situation to be protected, given the termination of the amparo or habeas corpus due to the supervening circumstance already cited. Ergo, in these cases, by legal imperative, it does not proceed to assess whether or not there is an infraction, with which, much less can it be defined whether, based on what was denounced by the requester, there may or may not be situations of possible civil reparation. In this way, the waiver of condemnation referred to in that norm is of an exceptional nature, not one of principle. Therefore, in those scenarios, the norm imposes abstract condemnation, so that its applicability may be analyzed within another plenary proceeding. Otherwise, if that exemption from damages, losses, and costs were applied as a general rule, the protection of the legal situation of the person who, despite that supervening response from the respondent party, may have suffered injuries in their patrimonial sphere would be endangered, to the detriment of what is stipulated by precept 45 of the Constitución Política, and disregarding the potential responsibility of the Administration, as imposed by Article 9 ejusdem. Furthermore, it should not be overlooked that it was by virtue of an action of that nature that conduct was adopted that ceases the conduct that, in theory, threatens or violates the fundamental rights of the person. That is, for purposes of obtaining the safeguarding of those rights, the person opted for judicial protection, and it was by that virtue that the cessation of the reproached disturbance occurs. It is insisted, whether the permanence of the threat or deterioration of their situation while it was made to cease due to the causes alluded to in the norm under examination generated damages and losses, is a topic that, save proof to the contrary, must be analyzed within an ordinary proceeding, but that, it is reiterated, in no way should be denied, as a presupposition, solely due to the materialization of the de facto scenario regulated in the mentioned numeral 52 of the LJC. Therefore, with the usual respect for the majority's position, I express my vote and reiterate that the granting of this recurso must necessarily imply abstract condemnation in costs, damages, and losses.

VI.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE GARRO VARGAS WITH RESPECT TO THE OPERATIVE PART OF THIS SENTENCE. Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC) states: "If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the recurso shall be declared with merit solely for purposes of indemnification and costs, if they are applicable."

My interpretation of that norm is as follows: That "resolution" is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase "if they are applicable" refers to costs. What is more, Article 197 of the Código Procesal Contencioso-Administrativo, cited by the majority, based on Article 14 of the LJC, refers precisely only to these: to costs.

Certainly, pursuant to Article 48 of the Constitución Política (CP), the essential content of the right to the recurso de amparo is not compensatory but restitutory; however, Article 51 of the LJC indicates: "Every resolution that upholds the recurso shall condemn in the abstract to the indemnification of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the recurso, and its liquidation shall be reserved for the execution of the sentence."

If the right has been violated and the Chamber so verifies, even in the event that it has been restored, damages and losses may have arisen. For this reason, abstract condemnation for these is appropriate. If this were not done, if such condemnation were not issued, in the event that they had indeed occurred, there would be no title –derived from this proceeding– to claim them, which could violate Article 41 of the CP. If despite the abstract condemnation, no damages and losses have occurred, the judge in the ordinary venue will so declare, since only to them does it correspond to consider the real existence and magnitude of the same proven.

With the thesis defended by the majority, I estimate that, contrary to what is sought, it would incentivize the Administration to respect rights only in the face of the existence of a recurso de amparo. It remains to be said that Article 52 of the LJC foresees the possibility that, if it is deemed just, the Chamber may condemn in costs, even when the right has been restored.

By reason of the foregoing, I partially dissent from the vote with respect to the operative part and order condemnation in damages and losses, but not condemnation in costs.

VI.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. The parties are warned that if any document on paper has been provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology-produced device, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this sentence. Otherwise, all material not withdrawn within this period shall be destroyed, according to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session N° 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session N° 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Por tanto:

Pursuant to Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the recurso is declared with merit without special condemnation in costs, damages, and losses. Magistrate Salazar Alvarado partially dissents and orders condemnation in damages, losses, and costs. Magistrate Garro Vargas partially dissents and orders condemnation in damages and losses, but not in costs. Notify.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
	
Name137  V.

Presidente

	
 




Name152  C.

	
 

	
Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	
 

	
Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	
 

	
Ingrid Hess H.

 
 

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

IQEOG7UH7KO61

EXPEDIENTE N° 25-020817-0007-CO

 

Teléfonos: Telf46 /  (). Fax: Telf47 / Telf48. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección12 , Dirección13 , 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 
 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:05:27.

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