Res. 26572-2025 Sala Constitucional — Abide by Previous Ruling in Environmental Amparo Due to Repeated ClaimsEstese a lo resuelto en recurso de amparo ambiental por reiteración de alegatos

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Sala Constitucional

Resolución Nº 26572 - 2025

Fecha de la Resolución: 22 de Agosto del 2025 a las 09:15

Expediente: 25-020111-0007-CO

Redactado por: Luis Fdo. Salazar Alvarado

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 25-020111-0007-CO

Res. Nº 2025026572

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del veintidos de agosto de dos mil veinticinco .

 Recurso de amparo que se tramita en expediente N.º 25-020111-0007-CO, interpuesto por Nombre48413  , cédula de identidad CED5781, contra la COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (CNE) Y EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA (MINAE)

RESULTANDO: 

1.- Por escrito recibido e incorporado al expediente a las 14:26 horas del 10 de julio de 2025, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y manifiesta que,  "(...) La Quebrada Carmen constituye un cauce de dominio público, por ende, es un bien inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado, sujeto a la tutela y protección de las autoridades competentes en materia de aguas, ambiente y ordenamiento territorial. No obstante, su condición y protección legal reconocida, se ha constatado la existencia de graves alteraciones en su cauce y en la zona de protección circundante, específicamente en el sector colindante con la propiedad plano P-1107796-2000. Dichas alteraciones se derivan de la aparente modificación ilegal del curso natural de la quebrada, mediante movimientos de tierra o acciones similares, lo que habría conllevado incluso la eliminación física de una propiedad antes ubicada entre el cauce original y la propiedad colindante, incorporándose esta última al terreno de margen derecha del cauce modificado. Como consecuencia directa de esta modificación degradante del cauce, se procedió a la construcción de un puente y un camino privado que atraviesan lo que debería ser la zona de protección forestal de la quebrada. Estas estructuras no solo implican la destrucción o remoción de la vegetación propia de la zona de protección legalmente definida, sino que el puente, además, reduce la sección hidráulica del cauce, incrementando el riesgo hídrico y alterando la dinámica natural de la corriente. La alteración del cauce y la construcción de estructuras en su entorno han provocado una dinámica erosiva y de socavación en el sector aguas arriba del muro construido en la margen derecha. Esta socavación genera riesgo inminente, particularmente por la afectación a las raíces de árboles presentes en margen derecha, comprometiendo la estabilidad del terreno y del ecosistema ribereño. (...)". Ante la gravedad de lo anterior, el Dirección6091   remitió vía correo electrónico a las direcciones: ...2137; ...2138 y ...2139, una denuncia ambiental dirigida a las autoridades recurridas, a la que se anexó recomendaciones técnicas específicas, basadas en informe especializado para la pronta implementación de medidas correctivas y restaurativas, elaborado por un especialista (véase prueba aportada). Reclama que, a la fecha de la interposición del recurso, las autoridades recurridas no habían resuelto la denuncia ni adoptado las acciones afirmativas necesarias para detener las actividades ilegales, corregir las alteraciones al cauce y la zona de protección, restaurar el daño causado y prevenir riesgos futuros. Considera que lo expuesto viola sus derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso, con las consecuencias de ley. 

2.- A través de la resolución de las 22:18 horas del 17 de julio de 2025, la Presidencia de la Sala dio curso al presente proceso y concedió audiencia al director ejecutivo y al director de la Gestión de Riesgo, ambos de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias y al jefe de la Dirección de Aguas del Ministerio del Ambiente y Energía, sobre los hechos alegados por la parte recurrente. 

3.- Informan bajo juramento Juan José Monge Quintanilla y Walter Fonseca Bonilla, en calidades de director ejecutivo y director de Gestión de Riesgo, respectivamente, ambos de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) que, en expediente 25-013144-007-CO, que se resolvió según voto N.º 2025020547 los mismos hechos que son objeto de este recurso de amparo, donde se indicó que se declaraba sin lugar el recurso. Señalan que,

 “(…) Del presente caso, se tiene que el recurrente, nuevamente planteó el mismo recurso, indicando los mismos hechos, con la variante, que esta vez, va dirigido a “DIRECTOR EJECUTIVO Y EL DIRECTOR DE LA GESTIÓN DEL RIESGO, AMBOS DE LA CNE” como lo indica el auto de las veintidós horas dieciocho minutos del diecisiete de julio de dos mil veinticinco, siendo que se tramito aproximadamente tres meses después de emitida la resolución, donde se declaraba sin lugar el recurso (…)

 De lo expuesto anterior, se procede a rectificar lo contestado en el informe N° CNE-PREUAL-OF-0086-2025 de fecha 29 de mayo de 2025, donde se procedió a rendir el informe a la Sala Constitucional, según la denuncia presentada por el recurrente Nombre48413  , recalcando, lo indicado sobre la utilización del correo institucional del señor Walter Fonseca, que en el recurso que nos ocupa ingreso el correo de otra funcionaria, siendo que no los medios oficiales, como se desarrolló en el informe de marras:

 “Con relación, a lo señalado sobre el envío de correo a la dirección ...2137; es cierto y se acepta que fue remitido a dicha dirección que es de uso y manejo exclusivo de este servidor para con las personas funcionarias de la CNE; y donde el correo electrónico oficial institucional para todos los efectos de la Dirección de Gestión del Riesgo es el destacado ...2140, el cual se encuentra debidamente señalado y se reitera en la página web de la CNE; como medio oficial para realizar y recibir comunicaciones por parte de los administrados ante dicha Dirección. Lo anterior, puede ser corroborado con el solo ingreso a la página oficial de la CNE. Es decir, en ningún momento se le ha violentado al recurrente su derecho de una pronta respuesta como lo hace ver en su disconformidad.”

II. SOBRE LA DENUNCIA PRESENTADA: Luego del fallo de la Honorable Sala Constitucional, mediante la Resolución N° 2025020547 de las nueve horas veinte minutos del cuatro de julio de dos mil veinticinco, donde se declaró el recurso de Amparo “Sin Lugar”, procedió el recurrente a enviar la denuncia el día 10 de julio de 2025 mediante correo electrónico de las nueve horas tres minutos a los medios oficiales de la CNE (…)

 De lo anterior, se le realizó respuesta a la denuncia planteada mediante oficio N° CNEPRE-UAL-OF-0106-2025 de fecha 17 de julio de 2025, comunicado el día 22 de julio de 2025, mediante correo electrónico de las dieciséis horas diez minutos.

 III. DEL CASO CONCRETO: Como se indicó líneas atrás, se procede a rectificar lo indicado mediante el informe N° informe N° CNE-PRE-UAL-OF-0086-2025 de fecha 29 de mayo de 2025, donde se le brindaba respuesta al primer recurso interpuesto por el señor Nombre48413  , y resuelto mediante Resolución Nº 2025020547 de las nueve horas veinte minutos del cuatro de julio de dos mil veinticinco. Lo anterior, por tratarse del mismo recurso, solo que tramitado en dos expedientes por aparte, con casi tres meses de diferencia. Adicionalmente, sobre la denuncia indicada por el recurrente, como se desarrolló en el apartado anterior, la misma ingresó mediante los canales oficiales el día 10 de julio de 2025 y se le comunicó la respuesta el día 23 de julio de 2025, razón por la cual, no se vulneró derecho alguno, pues se contestó dentro de los plazos de ley (…)” Solicitan se declare sin lugar el recurso.

4.- Rinde informe José Miguel Zeledón Calderón, en su condición de director de Aguas, quien indica lo siguiente: “(…) De previo informar a este Tribunal, que el fondo de este recurso se había tramitado mediante el expediente 25-013144-0007-CO, por el mismo recurrente. Agregar que en ese expediente, esta representación, le informó a la Sala Constitucional, mediante oficio DA-1113-2025 del 2 de junio del 2025, la problemática que se tenía al momento de haber recibido la denuncia y atenderla de manera expedita debido a la limitación no solo del recurso humano, sino de la época en que fue presentada la denuncia, época que representa atención de programación anticipada de mas de un año, para verificar y analizar dictámenes solicitados en su mayoría por las Fiscalías y el Poder Judicial.

 En dicho informe se le indicó además a ese Tribunal que debido a la complejidad de la información a elaborar, se requería un plazo de 2 meses a lo sumo. Conforme lo anterior, y dentro del plazo señalado a la Sala Constitucional según oficio supra citado, se atendió y dio respuesta al recurrente, mediante oficio DA-UHTPNOL-1029-2025 del 22 de julio del 2025, y se notifica el informe correspondiente al señor Nombre48413  , el cual fue notificado el mismo 22 de julio del presente año, conforme los documentos adjuntos. Por otra parte, dado que de acuerdo con la inspección que se realizó para atender la denuncia del señor Nombre48413, se observaron obras ilegales en los cauces localizados en el sitio por lo que se procedió también a presentar la solicitud de investigación de los hechos encontrados, ante la Oficina del OIJ en la región de Cóbano, para lo cual se emitió el oficio DA-UHTPNOL-1032-2025 (…)” Solicita se declare sin lugar el recurso.

5.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales. 

 el Magistrado Salazar Alvarado; y,

 

CONSIDERANDO: 

I.- SOBRE LO RESUELTO POR ESTE TRIBUNAL. Esta Sala, en la Sentencia N° 2025-020547 de las 09:20 horas del 04 de julio de 2025, declaró sin lugar un recurso de amparo interpuesto por el recurrente. En esa oportunidad, se dispuso: 

“I.- Objeto del recurso. El recurrente alega que, desde el 10 de marzo de 2025, interpuso una denuncia por desvío de la quebrada Carmen, en Cóbano y no ha recibido respuesta ni se ha solucionado la problemática. Considera lesionado el derecho al ambiente y a la justicia pronta y cumplida (...)

V.- Sobre el fondo. Del estudio de los autos, y a partir de la relación de hechos probados, se tiene por acreditado, que el 10 de marzo del 2025, el recurrente remitió un correo electrónico a las autoridades aquí recurridas en que denunció el desvío de cauce en quebrada el Carmen, en la comunidad de Santa Teresa, aportó una pericia a nivel privado, siendo que, a la fecha, la misma no ha sido resuelta. Esta Sala, en reiterada jurisprudencia ha indicado:

  “(…) Cuando un órgano o ente público se excede en estos plazos, en tesis de principio, se produce un quebranto del derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida establecido en el artículo 41 de la Constitución Política. No obstante, lo anterior en modo alguno implica una constitucionalización de los plazos legales, pues lo que se tutela es el derecho que toda persona tiene a que su causa se resuelva dentro de un plazo razonable; plazo que ha de ser establecido en cada caso concreto, atendiendo a la complejidad técnica del asunto del que se trate, la amplitud de la prueba por evacuar, las consecuencias para las partes de la demora o el grado de afectación a la persona o al ambiente del acto impugnado, la conducta de los litigantes y de las autoridades involucradas, las pautas y márgenes ordinarios del tipo de procedimiento en cuestión y el estándar medio para la resolución de asuntos similares por las autoridades de la misma materia (véanse las sentencias Nº 2003-13640 de las 13:50 horas del 28 de noviembre del 2003). Por lo tanto, un incumplimiento de los términos legales puede, a veces, no entrañar una violación a los artículos 27 y 41 de la Constitución. En efecto, el quebrantamiento de los ordinales constitucionales, en estos casos, se constata al ponderar -de conformidad con la prueba que obra en autos- que la substanciación del procedimiento se produjo sin dilaciones indebidas” (véase la Sentencia Nº 2002-09041 de las 15:02 horas del 17 de septiembre de 2002, reiterada en la N° 2014-004696, de las 09:15 horas del 04 de abril de 2014 y recientemente en la N° 2025-002833, de las 09:20 horas del 31 de enero de 2025, entre otras.

  En el presente caso, se analiza una denuncia de naturaleza ambiental que presenta un carácter interinstitucional, en la medida en que involucra a la Dirección de Aguas y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, ambos adscritos al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), así como al Concejo Municipal de Distrito respectivo. En atención a dicha complejidad institucional, se coordinó la realización de una visita de campo, la cual tuvo lugar el día 9 de mayo de 2025, con la participación de funcionarios de las entidades involucradas y del propio denunciante.

 Es preciso señalar que el retraso en la ejecución de dicha diligencia, pese a haberse programado inicialmente para el mes de abril, obedeció a causas sobrevinientes, tales como la incapacidad médica de la funcionaria de la Dirección de Aguas asignada al caso, así como la imposibilidad del denunciante de asistir en la fecha previamente acordada, debido a su participación en un proceso judicial. Tales circunstancias justificaron la reprogramación de la diligencia en varias ocasiones, habiéndose notificado oportunamente al interesado de los cambios realizados y de las actuaciones administrativas correspondientes.

 En ese sentido, esta Sala advierte que se está ante una gestión que reviste un grado de complejidad técnica y jurídica, en la medida en que requiere la realización de una inspección ocular por parte del personal especializado de la Dirección de Aguas, con el fin de emitir un informe técnico que permita determinar, entre otros aspectos: el tipo de cuerpo de agua presente en el sitio, su ubicación exacta, sus colindancias, la trayectoria del curso hídrico, posibles alteraciones o desplazamientos del cauce hacia una de sus márgenes, la existencia de invasiones por parte de propiedades colindantes, así como la realización de movimientos de tierra o la construcción de obras aparentemente irregulares.

 Por consiguiente, si bien a la fecha de análisis han transcurrido aproximadamente tres meses desde la presentación de la denuncia sin que se haya dictado una resolución definitiva, no se evidencia abandono del trámite por parte de las autoridades competentes. Por el contrario, desde la interposición de la queja, las instituciones involucradas han ejecutado actuaciones administrativas conducentes, de manera coordinada, para dar seguimiento al asunto, destacando entre ellas la inspección in situ, diligencia esencial para contar con un criterio técnico que permita a las instancias competentes emitir una resolución fundada.

 A partir del análisis del cuadro fáctico descrito, esta Sala no advierte la vulneración del derecho fundamental a obtener una justicia pronta y cumplida, en tanto la complejidad del asunto ha requerido actuaciones técnicas específicas, y las autoridades recurridas han dado trámite a la gestión sin dilaciones indebidas, impulsando el procedimiento conforme a sus respectivas competencias. En consecuencia, no se configura un retardo injustificado en la emisión de los actos pertinentes que permita considerar transgredido el derecho constitucional a un procedimiento administrativo célere y eficaz.

 VI.- Por otra parte, en relación con la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencia, según lo indicado bajo juramento el recurrente se indicó que la cuenta de correo electrónico utilizado por el recurrente, ...2137 se trata de una cuenta de correo personal institucional, pero no es un medio oficial debidamente habilitado para atender gestiones ante la Dirección de Gestión del Riesgo. Desde este panorama y según jurisprudencia reiterada de esta Sala, las gestiones planteadas mediante correo electrónico deben ser dirigidas al correo oficial dispuesto por la Administración. Entonces, al acreditarse, en este caso, que la cuenta electrónica a la cual el recurrente remitió la queja no es un mecanismo oficial para atender las gestiones externas, se tiene por no presentada y, por ende, no se puede tener por violado el artículo 41, de la Constitución Política.

 VII.- Conclusión. En virtud de lo expuesto, lo procedente es declarar sin lugar el recurso interpuesto.

 VIII.- Tomen notas las autoridades recurridas. No obstante lo anterior, esta Sala estima pertinente advertir a la autoridad recurrida que, si bien no se ha configurado una vulneración actual y manifiesta del derecho fundamental a una justicia pronta y cumplida, ello no la exime de su deber de continuar con la tramitación diligente del procedimiento administrativo y de resolver la denuncia presentada en un plazo razonable, conforme al principio de celeridad y eficacia administrativa previsto en el artículo 11, de la Constitución Política, en concordancia con la Ley General de la Administración Pública. En tal sentido, se le insta a mantener el impulso procesal necesario para evitar demoras adicionales que, de llegar a ser injustificadas, podrían comprometer los derechos fundamentales del administrado (...)”.

 Por lo anterior, resulta improcedente que este Tribunal emita criterio sobre los mismos alegatos planteados en esa ocasión, pues constituyen una mera reiteración de lo resuelto en la sentencia de cita. Por lo expuesto, deberá la parte recurrente estarse a lo resuelto en dicha resolución. 

II.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes, que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del Despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. 

POR TANTO: 

Estese el recurrente a lo resuelto por este Tribunal en la Sentencia N° 2025-020547 de las 09:20 horas del 04 de julio de 2025.-

 

 

	

Nombre137  V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Nombre138  .




Nombre139  V.

	

 

	

Alejandro Delgado F.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 Y47OD0PCM96O61

EXPEDIENTE N° 25-020111-0007-CO

 

Teléfonos: Telf46 /  (). Fax: Telf47 / Telf48. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección12 , Dirección13 , 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:06:37.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**Resolution No. 26572 - 2025**

**Date of Resolution:** August 22, 2025, at 09:15

**Expediente:** 25-020111-0007-CO

**Drafted by:** Luis Fdo. Salazar Alvarado

**Type of Matter:** Amparo appeal

**Analyzed by:** SALA CONSTITUCIONAL

**Text of the resolution**

Exp: 25-020111-0007-CO

Res. No. 2025026572

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours fifteen minutes of August twenty-second, two thousand twenty-five.

Amparo appeal processed in expediente No. 25-020111-0007-CO, filed by Nombre48413, identity card CED5781, against the COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (CNE) AND THE MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA (MINAE)

**RESULTANDO:**

1.- By a brief received and incorporated into the expediente at 14:26 hours on July 10, 2025, the petitioner files an amparo appeal against the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) and the Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) and states that, "(...) The Quebrada Carmen constitutes a watercourse belonging to the public domain, and therefore, it is an inalienable, imprescriptible, and unseizable asset of the State, subject to the guardianship and protection of the competent authorities in matters of water, environment, and territorial planning. However, despite its recognized condition and legal protection, the existence of serious alterations to its channel and the surrounding protection zone has been verified, specifically in the sector adjacent to the property plano P-1107796-2000. These alterations arise from the apparent illegal modification of the natural course of the stream, through earthworks (movimientos de tierra) or similar actions, which would have even led to the physical elimination of a property previously located between the original channel and the adjacent property, the latter being incorporated into the right-bank land of the modified channel. As a direct consequence of this degrading modification of the channel, a bridge and a private road were built crossing what should be the forest protection zone of the stream. These structures not only imply the destruction or removal of the vegetation typical of the legally defined protection zone, but the bridge also reduces the hydraulic section of the channel, increasing hydrological risk and altering the natural dynamics of the current. The alteration of the channel and the construction of structures in its surroundings have caused an erosive and scouring dynamic in the sector upstream of the wall built on the right bank. This scouring generates imminent risk, particularly due to the impact on the roots of trees present on the right bank, compromising the stability of the land and the riparian ecosystem. (...)". Given the seriousness of the foregoing, the Dirección6091 sent an environmental complaint addressed to the respondent authorities via email to the addresses: ...2137; ...2138 and ...2139, to which specific technical recommendations were attached, based on a specialized report for the prompt implementation of corrective and restorative measures, prepared by a specialist (see evidence provided). He claims that, as of the date of filing the appeal, the respondent authorities had not resolved the complaint nor adopted the necessary affirmative actions to stop the illegal activities, correct the alterations to the channel and the protection zone, restore the damage caused, and prevent future risks. He considers that the foregoing violates his fundamental rights. He requests that the appeal be granted, with the legal consequences.

2.- Through the resolution at 22:18 hours on July 17, 2025, the Presidency of the Sala admitted this case and granted a hearing to the executive director and the director of Risk Management, both of the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, and to the head of the Dirección de Aguas of the Ministerio del Ambiente y Energía, regarding the facts alleged by the petitioner.

3.- Juan José Monge Quintanilla and Walter Fonseca Bonilla, in their capacities as executive director and director of Risk Management, respectively, both of the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), report under oath that, in expediente 25-013144-007-CO, which was resolved according to vote No. 2025020547, the same facts that are the object of this amparo appeal were addressed, where it was indicated that the appeal was declared without merit. They indicate that,

"(…) In the present case, the petitioner has again filed the same appeal, indicating the same facts, with the variation that this time it is directed to the "EXECUTIVE DIRECTOR AND THE DIRECTOR OF GESTIÓN DEL RIESGO, BOTH OF THE CNE" as indicated by the order of twenty-two hours eighteen minutes of July seventeenth, two thousand twenty-five, given that it was filed approximately three months after the issuance of the resolution, where the appeal was declared without merit (…)

Based on the foregoing, we proceed to rectify what was stated in report No. CNE-PREUAL-OF-0086-2025 dated May 29, 2025, where the report was rendered to the Sala Constitucional, according to the complaint filed by the petitioner Nombre48413, emphasizing what was indicated about the use of Mr. Walter Fonseca's institutional email, that in the appeal at hand, the email of another official was entered, it not being the official means, as developed in the aforementioned report:

"Regarding what was indicated about sending an email to the address ...2137; it is true and it is accepted that it was sent to said address, which is for the exclusive use and management of this servant with CNE staff; and where the official institutional email for all purposes of the Dirección de Gestión del Riesgo is the highlighted one ...2140, which is duly indicated and reiterated on the CNE website; as the official means for making and receiving communications from the public before said Directorate. The foregoing can be corroborated simply by entering the official CNE website. That is, at no time has the petitioner's right to a prompt response been violated as he expresses in his disagreement."

II. REGARDING THE COMPLAINT FILED: After the ruling of the Honorable Sala Constitucional, through Resolution No. 2025020547 at nine hours twenty minutes of July fourth, two thousand twenty-five, where the Amparo appeal was declared "Without Merit", the petitioner proceeded to send the complaint on July 10, 2025, via email at nine hours three minutes to the official CNE channels (…)

Based on the foregoing, a response to the complaint filed was made through official communication No. CNEPRE-UAL-OF-0106-2025 dated July 17, 2025, communicated on July 22, 2025, via email at sixteen hours ten minutes.

III. OF THE SPECIFIC CASE: As indicated above, we proceed to rectify what was indicated through report No. CNE-PRE-UAL-OF-0086-2025 dated May 29, 2025, where a response was given to the first appeal filed by Mr. Nombre48413, and resolved by Resolution No. 2025020547 at nine hours twenty minutes of July fourth, two thousand twenty-five. The foregoing, as it concerns the same appeal, only processed in two separate expedientes, with almost three months' difference. Additionally, regarding the complaint indicated by the petitioner, as developed in the previous section, it entered through official channels on July 10, 2025, and the response was communicated to him on July 23, 2025, which is why no right was violated, as a response was provided within the legal timeframes (…)" They request that the appeal be declared without merit.

4.- José Miguel Zeledón Calderón reports, in his capacity as Director de Aguas, who indicates the following: "(…) Before reporting to this Court, the substance of this appeal had been processed through expediente 25-013144-0007-CO, by the same petitioner. To add that in that expediente, this representation informed the Sala Constitucional, via official communication DA-1113-2025 of June 2, 2025, of the problems encountered at the time of receiving the complaint and attending to it expeditiously due to the limitation not only of human resources but also of the time of year in which the complaint was filed, a time that represents attention to scheduling booked more than a year in advance, to verify and analyze opinions mostly requested by the Fiscalías and the Poder Judicial.

In said report, this Court was also informed that due to the complexity of the information to be prepared, a maximum period of 2 months was required. In accordance with the foregoing, and within the period indicated to the Sala Constitucional according to the aforementioned official communication, the petitioner was attended to and given a response, via official communication DA-UHTPNOL-1029-2025 of July 22, 2025, and the corresponding report was notified to Mr. Nombre48413, which was notified on that same July 22 of this year, according to the attached documents. Furthermore, given that according to the inspection carried out to address the complaint of Mr. Nombre48413, illegal works were observed in the watercourses located at the site, a request for investigation of the facts found was also submitted to the OIJ Office in the Cóbano region, for which official communication DA-UHTPNOL-1032-2025 was issued (…)" He requests that the appeal be declared without merit.

5.- In the procedures followed, the legal prescriptions have been observed.

Magistrate Salazar Alvarado; and,

**CONSIDERANDO:**

I.- REGARDING WHAT WAS RESOLVED BY THIS COURT. This Sala, in Judgment No. 2025-020547 of 09:20 hours on July 4, 2025, declared without merit an amparo appeal filed by the petitioner. On that occasion, it was ordered:

"I.- Object of the appeal. The petitioner alleges that, since March 10, 2025, he filed a complaint for diversion of the Quebrada Carmen, in Cóbano, and has not received a response nor has the problem been resolved. He considers the right to the environment and to prompt and complete justice violated (...)

V.- On the merits. From the study of the case file, and based on the list of proven facts, it is accredited that, on March 10, 2025, the petitioner sent an email to the authorities appealed here in which he reported the diversion of the channel in Quebrada el Carmen, in the community of Santa Teresa, and provided a private expert report, and to date, it has not been resolved. This Sala, in reiterated case law, has indicated:

"(…) When a public body or entity exceeds these timeframes, in principle, a violation of the right to prompt and complete administrative justice established in Article 41 of the Constitución Política occurs. However, the foregoing in no way implies a constitutionalization of legal deadlines, since what is protected is the right of every person to have their case resolved within a reasonable timeframe; a timeframe that must be established in each specific case, taking into account the technical complexity of the matter in question, the breadth of the evidence to be produced, the consequences of the delay for the parties or the degree of impact on the person or the environment of the contested act, the conduct of the litigants and the authorities involved, the ordinary guidelines and margins of the type of procedure in question, and the average standard for the resolution of similar matters by authorities in the same field (see judgments No. 2003-13640 of 13:50 hours of November 28, 2003). Therefore, a failure to comply with legal terms can, at times, not entail a violation of Articles 27 and 41 of the Constitution. Indeed, the violation of constitutional provisions, in these cases, is verified by weighing - in accordance with the evidence in the case file - that the substantiation of the procedure occurred without undue delays" (see Judgment No. 2002-09041 of 15:02 hours of September 17, 2002, reiterated in No. 2014-004696, of 09:15 hours of April 4, 2014, and recently in No. 2025-002833, of 09:20 hours of January 31, 2025, among others).

In the present case, a complaint of an environmental nature is being analyzed, which presents an inter-institutional character, to the extent that it involves the Dirección de Aguas and the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, both attached to the Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), as well as the respective Concejo Municipal de Distrito. In light of this institutional complexity, a joint field visit was coordinated, which took place on May 9, 2025, with the participation of officials from the involved entities and the complainant himself.

It is necessary to point out that the delay in carrying out said diligence, despite having been initially scheduled for the month of April, was due to supervening causes, such as the medical incapacity of the Dirección de Aguas official assigned to the case, as well as the impossibility of the complainant to attend on the previously agreed date, due to his participation in a judicial process. Such circumstances justified the rescheduling of the diligence on several occasions, with the interested party having been duly notified of the changes made and the corresponding administrative actions.

In that regard, this Sala warns that it is dealing with a matter that holds a degree of technical and legal complexity, to the extent that it requires an on-site inspection by specialized personnel from the Dirección de Aguas, in order to issue a technical report that allows determining, among other aspects: the type of water body present at the site, its exact location, its adjoining properties, the trajectory of the watercourse, possible alterations or displacements of the channel towards one of its banks, the existence of encroachments by neighboring properties, as well as the execution of earthworks (movimientos de tierra) or the construction of apparently irregular works.

Consequently, although approximately three months have elapsed since the filing of the complaint as of the date of analysis without a definitive resolution having been issued, there is no evidence of abandonment of the procedure by the competent authorities. On the contrary, since the filing of the complaint, the institutions involved have carried out conducive administrative actions, in a coordinated manner, to follow up on the matter, highlighting among them the in-situ inspection, an essential diligence to have a technical criterion that allows the competent instances to issue a well-founded resolution.

Based on the analysis of the factual picture described, this Sala does not observe a violation of the fundamental right to obtain prompt and complete justice, as the complexity of the matter has required specific technical actions, and the respondent authorities have processed the matter without undue delays, advancing the procedure according to their respective competencies. Consequently, an unjustified delay in the issuance of the pertinent acts that would allow considering the constitutional right to a swift and effective administrative procedure transgressed is not configured.

VI.- On the other hand, in relation to the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencia, according to what was stated under oath, the petitioner indicated that the email account used by him, ...2137, is a personal institutional email account, but it is not an official means duly authorized to address matters before the Dirección de Gestión del Riesgo. From this perspective and according to reiterated case law of this Sala, matters raised via email must be directed to the official email address set up by the Administration. Therefore, as it is accredited, in this case, that the email account to which the petitioner sent the complaint is not an official mechanism for addressing external matters, it is considered not filed and, therefore, Article 41 of the Constitución Política cannot be considered violated.

VII.- Conclusion. By virtue of the foregoing, it is appropriate to declare the appeal filed without merit.

VIII.- Take note, respondent authorities. Notwithstanding the foregoing, this Sala deems it pertinent to warn the respondent authority that, although a current and manifest violation of the fundamental right to prompt and complete justice has not been configured, this does not exempt it from its duty to continue with the diligent processing of the administrative procedure and to resolve the complaint filed within a reasonable timeframe, in accordance with the principle of administrative speed and effectiveness provided for in Article 11 of the Constitución Política, in concordance with the Ley General de la Administración Pública. In this regard, it is urged to maintain the necessary procedural momentum to avoid additional delays that, should they become unjustified, could compromise the fundamental rights of the administered party (...)".

Therefore, it is improper for this Court to issue an opinion on the same arguments raised on that occasion, as they constitute a mere reiteration of what was resolved in the cited judgment. For the foregoing, the petitioner must abide by what was resolved in said resolution.

II.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. The parties are warned that if any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or produced by new technologies have been provided, they must be withdrawn from the Office within a maximum period of thirty business days, counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in Session No. 27-11, of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Boletín Judicial No. 19, of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in Session No. 43-12, held on May 3, 2012, Article LXXXI.

**POR TANTO:**

The petitioner must abide by what was resolved by this Court in Judgment No. 2025-020547 of 09:20 hours on July 4, 2025.-

Nombre137 V.

Presidente

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Nombre138 .

Nombre139 V.

Alejandro Delgado F.

Digitally Signed Document
-- Verification code --

Y47OD0PCM96O61

EXPEDIENTE No. 25-020111-0007-CO

Telephones: Telf46 / (). Fax: Telf47 / Telf48. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección12, Dirección13, 100 mts. South of the iglesia del Perpetuo Socorro).

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SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República