Res. 26598-2025 Sala Constitucional — Amparo appeal for visual pollution on National Route 160Amparo por contaminación visual en Ruta Nacional 160

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Sala Constitucional

Resolución Nº 26598 - 2025

Fecha de la Resolución: 22 de Agosto del 2025 a las 09:15

Expediente: 25-020782-0007-CO

Redactado por: Alejandro Delgado Faith

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 25-020782-0007-CO

Res. Nº 2025026598

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del veintidos de agosto de dos mil veinticinco .

 Recurso de amparo que se tramita en expediente número 25-020782-0007-CO, interpuesto por Nombre48443   , cédula de identidad CED37725, contra el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en esta Sala a las 14:16 horas del 16 de julio de 2025, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES, y manifiesta que en la Ruta Nacional 160, específicamente, en el tramo comprendido entre Belén y Sámara, en Playa Sámara, Nicoya, Guanacaste, se han instalado rótulos publicitarios, vallas y otras estructuras dentro de bienes de dominio público de carácter demanial, a la vista y paciencia de una comunidad y del propio Ministerio recurrido, sin que este haya adoptado medidas efectivas para su remoción, ni para la recuperación del espacio público indebidamente ocupado. El Ministerio recurrido tiene pleno conocimiento de la existencia de estas ocupaciones ilegales y, pese a ello, no ha actuado diligentemente para garantizar la integridad de los bienes públicos, la seguridad vial y el orden público ambiental, incumpliendo con sus deberes constitucionales, legales y reglamentarios. La ocupación ilegal de estos espacios públicos afecta directamente la seguridad de los peatones y conductores, al obstaculizar la visibilidad y entorpecer la adecuada circulación en la vía pública y representa un uso indebido de los bienes públicos en detrimento del interés general, con lo cual se vulneran derechos fundamentales de rango constitucional, como el derecho a la vida, la integridad física, el ambiente sano y la seguridad vial. El 28 de noviembre de 2024, planteó una denuncia formal ante el MOPT -ver autos, remisión efectuada al correo ...2144-, en la que advirtió sobre la invasión a bienes de dominio público, el perjuicio al derecho de vía y el medio ambiente -contaminación visual-. Acusa que no le han dado respuesta. Con base en los alegatos expuestos, estima que se han vulnerado derechos fundamentales. Pide se declare con lugar el recurso.

2.- Por resolución de Presidencia de la Sala de las 15:33 horas del 23 de julio de 2025, se le dio curso al presente amparo.

3.- Mediante escrito incorporado al Sistema Jurídico el 4 de agosto de 2025, Junior Araya Villalobos, director de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito (DGIT), informa que: “De conformidad con los hechos alegados por la parte recurrente, no le corresponde a la Dirección General de Ingeniería de Tránsito atender la denuncia planteada. De conformidad con la legislación vigente, el tema de vallas publicitarias es competencia del Departamento de Inspección Vial y Demoliciones, perteneciente a la Dirección de Ingeniería de la División de Obras Públicas. Por lo anterior, a través del presente oficio, se estará remitiendo el recurso de amparo al Ing. Juan Carlos Elizondo Ramírez, director de la dependencia anteriormente mencionada.”.

4.- Por medio de escrito incorporado al Sistema Jurídico el 7 de agosto de 2025, Juan Carlos Elizondo Ramírez, mayor, director de la Dirección de Ingeniería de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, informa que: “SOBRE EL FONDO. En primer término, resulta importante manifestar al honorable Tribunal Constitucional que en la especie no se ha violentado derecho constitucional alguno a la amparada, muy al contrario, la Administración y en particular en lo exclusivamente relacionado con las competencias de la Dirección de Ingeniería de Obras Públicas se ha actuado con la diligencia y dentro de las limitaciones propias, en los plazos que establece el ordenamiento jurídico aplicable al caso de marras, en aras de proteger los derechos fundamentales que cobijan al administrado. Para demostrar lo indicado se adjunta el oficio DVOP-DI-DV-IVD-2025-279 de fecha 05 de agosto del 2025 suscrito por la Jefe a.i del Departamento de Inspección Vial y Demoliciones en el que se acredita mediante informe detallado las actuaciones seguidas para la atención específica a la gestión incoada por la recurrente en Dirección6102  , así como se demuestra reiteradamente que no existe vulneración alguna a los derechos fundamentales invocados como transgredidos, por parte de la dependencia, muy al contrario se evidencia la atención oportuna y conforme a las capacidades con las que se cuenta por parte de este Ministerio, para la resolución de los casos como el de marras. Así las cosas, en razón de lo anterior, habiéndose realizado las diligencias pertinentes para la atención de la denuncia planteada, entre las múltiples denuncias recibidas a nivel nacional, recuperando el derecho de vía y habiendo atendido la totalidad de las consultas presentadas por la ciudadana Nombre48443  para los efectos de esta Dirección, evidenciándose con las gestiones a lo interno mediante correo institucional, por lo que se demuestra que las consultas de la ciudadana ha sido atendidas en tiempo y forma (ver documentación de prueba adjunta); en el tanto los operativos y gestiones realizadas a lo largo de la Ruta Nacional 160 obedecen a la capacidad instalada y programaciones del Departamento de Inspección Vial y Demoliciones, a efectos de atender la totalidad de la Red Vial Nacional de manera progresiva, siendo que dichos operativos son debidamente priorizados y definidos, de conformidad con las condiciones particulares que presente cada sección de Ruta Nacional, siendo que el atender la totalidad de la Red Vial Nacional de forma inmediata por parte del Departamento de Inspección Vial y Demoliciones, se transforma en una condición materialmente imposible. Detalla que en el oficio número DVOP-DI-DV-IVD-2025-279 de fecha 05 de agosto del 2025, se indicó: “En atención, a la solicitud de remisión de informe, en relación con la atención que, por parte de este Departamento, se ha dado a la Ruta Nacional N°160 Nicoya-Belén-Sámara en cuanto al tema de rotulación ilegal en el derecho de vía se informa lo siguiente: 1. Que en el transcurso del año 2025 se han incluido dentro de la programación la atención a Ruta Nacional 160, la primera intervención se realizó en los días del 07 al 10 de abril, en dicha oportunidad en el trayecto Belén Sámara se decomiso un total de 126 estructuras publicitarias que se encontraban en el derecho de vía de manera ilegal. Bienes decomisados que quedaron depósito en el plantel de Obras Públicas de Nicoya para su custodia por un plazo de UN MES calendario. 2. Que la segunda intervención realizada sobre Ruta Nacional 160 para la limpieza y recuperación del derecho de vía, se realiza en la semana del 19 al 23 de mayo del año en curso, es esta oportunidad se dio continuidad a la ruta desde Belén de Nicoya hasta Puerto Carrillo, en donde se liberó el derecho de vía de un total de 103 estructuras publicitarias que se encontraban de manera ilegal. De igual manera que en la primera ocasión los bienes decomisados que quedaron depósito en el plantel de Obras Públicas de Nicoya para su custodia por un plazo de UN MES calendario. De lo indicado, se adjunta copia simple de las actas de decomiso en las que consta la totalidad de bienes decomisados, la ruta atendida y las fechas en que se llevo a cabo las intervenciones. Aunado a esto, es importante indicar que la Ruta Nacional 160 ha sido atendida con la diligencia y prioridad correspondiente, siendo que este Departamento tiene la responsabilidad de tener en cuenta no solo dicha ruta, sino todas las rutas nacionales que se encuentran dentro del territorio nacional y que los recursos tanto de personal como de insumos y maquinaria, deben ser repartidos de forma tal que se puedan cubrir todas las denuncias presentadas en igualdad de condiciones. Resulta menester aclarar, que, en relación a la invasión ilegal y la utilización del derecho de vía por empresas de publicidad, muchas de ellas que realizan este giro o actividad  comercial de manera ilegal se ha proliferado de una manera exorbitante en los últimos tres años, que para la Administración Central (MOPT) resulta casi imposible erradicar por completo, pues se realiza un operativo de remoción y decomiso y la semana o inclusive el día después siguiente, vuelven e instalan el doble o triple de rotulación de la que había. Una cacería de nunca acabar. Sin contar que, en ruta, se ha convertido en una batalla campal, en donde los funcionarios que realizan estas labores muchas veces son objeto de amenazas, insultos y persecuciones en carretera, tornándose el tema hasta peligroso. Ante tal situación, y dada la limitación de recursos económicos, de personal e insumos es imposible mantener cuadrillas en todas las rutas nacionales, que den continuidad permanente a estas intervenciones, que sería el escenario ideal, por ello se ha buscado acercamiento con las Municipalidades y algunas Asociaciones de Desarrollo debidamente acreditadas, para que desde sus cantones y comunidades puedan dar un abordaje continuo, previa coordinación con la Administración, para dar un impacto más evidente, en las zonas con mayor afectación, a la fecha se está en la etapa de elaboración de convenios interinstitucionales para lograr ese fin. Ahora bien, puntualmente en relación a la denuncia planteada por la señora Nombre48443    y elevada a instancia Constitucional, se debe indicar, que la gestión realizada vía correo electrónico a su persona, fue remitida en la misma data, al otrora Jefe de este Departamento el Lic. Vinicio Barboza Ortiz, quien en fecha 02 de diciembre del 2024 diligenció a lo interno e indicó a la señora Nombre48443  de manera textual lo siguiente: “El presente asunto le fue asignado a la Licda. Lilibeth Gómez Ramírez para la programación de gira correspondiente para inicios del próximo año, debido a que no se cuenta con viáticos en la actualidad para el cierre de año. “Así las cosas, una vez liberado el presupuesto del año 2025 (febrero 2025) y conforme se indicó en el acápite primero y segundo de este informe, se programaron y ejecutaron dos operativos a Dirección6102  , para dar la debida atención a la denuncia realizada, con ello se demuestra que no es cierto lo indicado por la administrada, que desde una perspectiva muy subjetiva indica que la Administración y en especial este Departamento ha sido partícipe de la vulneración de derechos fundamentales y haya actuado con falta de diligencia, pues como se demuestra la denuncia se atendió conforme las capacidades de este Departamento en 2 intervenciones, en un lapso de 2 meses, uno por cada mes. En relación a la falta de respuesta, tampoco es cierto ni de recibo que no se le haya atendido las consultas a la administrada, pues la consulta realizada vía correo electrónico el día 04 de julio del 2025, que de paso se indica es un medio oficial para diligenciar denuncias y consultas, se atendió por parte de Inspección Vial y Demoliciones el 07 de julio siguiente y en donde textualmente se le respondió así: “Buenas tardes señora Nombre48443  y señor David Cole con respecto a la gestión que indican en la nota adjunta, les informo que sobre la Ruta Nacional N°160 Nicoya-Belén-Sámara y Puerto Carrillo se han llevado a cabo 2 operativos para la remoción de estructuras ilegales (publicidad) en el derecho de vía el primero del 07 al 10 de abril y el siguiente del 19 al 23 de mayo, se adjunta registro fotográfico en el que se puede evidenciar la limpieza. Sin embargo, no se omite indicar que, pese a que se realizan este tipo de intervenciones, la proliferación y la colocación de nueva publicidad no cesa, es casi imposible para este Departamento con muchas limitaciones de personal y presupuesto mantener cuadrillas de manera permanente quitando rótulos de publicidad en la zona, máxime que no solo corresponde atender Guanacaste sino todo el país. Es entendible para ustedes como comunidad que se encuentren preocupados, por la situación, sin embargo, en aras de mejorar y en busca de soluciones y alternativas que sumen algún impacto más significativo en esta grave problemática hemos tenido acercamiento con Asociaciones de Desarrollo y Municipalidades, para que en conjunto se puedan realizar esfuerzos que mitiguen o aplaquen un poco este tema. Aunado a esto se trata de hacer conciencia en el comercio y empresarios de la zona de que la publicidad en el derecho de vía es absolutamente ILEGAL y que no se debe pautar ni pagar dinero alguno que incentive este tipo de negocio irregular y que daña no solo el ambiente natural de la zona, sino que puede llegar a representar un peligro para peatones y conductores. En los términos expuestos se atiende la consulta planteada, dejando constancia que la denuncia planteada ha sido atendida.” Se le adjunto además la respectiva prueba fotográfica de las zonas intervenidas en Dirección6102  . De manera que, en cuanto a los argumentos esbozados por la señora Nombre48443    en la instancia constitucional, no son de recibo y en los términos expuestos se deja rendido el informe solicitado con la respectiva evidencia de lo indicado.”. PETITORIA. Con base en los argumentos de hecho y derechos esgrimidos, solicitamos al alto Tribunal de Justicia Constitucional, se declare sin lugar el presente recurso de amparo incoado en contra el suscrito, por considerarse que se atendió la conducta acusada de omisa y por demostrarse que no existe vulneración alguna a los derechos fundamentales de la recurrente por parte de la Dirección y Departamentos bajo a mi cargo, así mismo se exima al Estado al pago de costas, daños y perjuicios, en cuanto a lo actuado”.

5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Delgado Faith; y,

Considerando:

 I.- DE PREVIO. De previo a analizar el fondo del alegato –por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido– debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 hrs. de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues, se está ante una denuncia por un problema ambiental -contaminación visual-, y que además se alega constituye un peligro para la seguridad de peatones y conductores. Lo anterior, involucra el derecho a un ambiente sano y el derecho a la salud, que alega la parte recurrente no ha sido resuelta en forma definitiva.

II.- CUESTIÓN PREVIA. En vista de que Juan Carlos Elizondo Ramírez, mayor, director de la Dirección de Ingeniería de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, omitió indicar en el informe rendido bajo juramento, si el correo electrónico ...2144, se encuentra previsto como mecanismo oficial de comunicación con el ministerio que representa, se tiene por cierto este hecho, y se procede a analizar la constitucionalidad de este asunto de conformidad con lo regulado en el artículo 45, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

III.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente señala que en la Dirección6102  , específicamente, en el tramo comprendido entre Belén y Sámara, en Playa Sámara, Nicoya, Guanacaste, se han instalado rótulos publicitarios, vallas y otras estructuras dentro de bienes de dominio público de carácter demanial, a la vista y paciencia de una comunidad y del propio Ministerio recurrido, sin que este haya adoptado medidas efectivas para su remoción, ni para la recuperación del espacio público indebidamente ocupado. El Ministerio recurrido tiene pleno conocimiento de la existencia de estas ocupaciones ilegales y, pese a ello, no ha actuado diligentemente para garantizar la integridad de los bienes públicos, la seguridad vial y el orden público ambiental, incumpliendo con sus deberes constitucionales, legales y reglamentarios. La ocupación ilegal de estos espacios públicos afecta directamente la seguridad de los peatones y conductores, al obstaculizar la visibilidad y entorpecer la adecuada circulación en la vía pública y representa un uso indebido de los bienes públicos en detrimento del interés general, con lo cual se vulneran derechos fundamentales de rango constitucional, como el derecho a la vida, la integridad física, el ambiente sano y la seguridad vial. El 28 de noviembre de 2024, planteó una denuncia formal ante el MOPT -ver autos, remisión efectuada al correo ...2144-, en la que advirtió sobre la invasión a bienes de dominio público, el perjuicio al derecho de vía y el medio ambiente -contaminación visual-. Acusa que no le han dado respuesta.  Con base en los alegatos expuestos, estima que se han vulnerado derechos fundamentales.

IV.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la resolución del presente recurso, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos de relevancia:

a)                El 28 de noviembre de 2024, la amparada planteó una denuncia formal ante el MOPT, mediante el correo ...2144-, en donde acusó en la Ruta Nacional 160, específicamente, en el tramo comprendido entre Belén y Sámara, en Playa Sámara, Nicoya, Guanacaste, se han instalado rótulos publicitarios, vallas y otras estructuras dentro de bienes de dominio público de carácter demanial, a la vista y paciencia de una comunidad y del propio Ministerio recurrido, sin que este haya adoptado medidas efectivas para su remoción, ni para la recuperación del espacio público indebidamente ocupado. Lo anterior, en virtud de la invasión a bienes de dominio público, el perjuicio al derecho de vía, el peligro para los transeúntes y el medio ambiente -contaminación visual- (hecho no controvertido);

b)                En el transcurso del año 2025, la Dirección de Ingeniería de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, incluyó dentro de la programación la atención a Ruta Nacional 160. La primera intervención se realizó en los días del 07 al 10 de abril, en dicha oportunidad en el trayecto Belén - Sámara se decomisó un total de 126 estructuras publicitarias que se encontraban en el derecho de vía de manera ilegal. La segunda intervención fue realizada sobre Ruta Nacional 160 para la limpieza y recuperación del derecho de vía, se realizó en la semana del 19 al 23 de mayo de 2025, en esta oportunidad se dio continuidad a la ruta desde Belén de Nicoya hasta Puerto Carrillo, en donde se liberó el derecho de vía de un total de 103 estructuras publicitarias que se encontraban de manera ilegal (ver documentación e informes rendidos);

c)                Mediante correo electrónico enviado el 07 de julio de 2025, Vinicio Barboza Ortiz, jefe del Departamento de Inspecciones y Demoliciones de la Dirección de Ingeniería de Obras Públicas, le respondió a la recurrente su denuncia y le indicó: “Buenas tardes señora Nombre48443  y señor David Cole con respecto a la gestión que indican en la nota adjunta, les informó que sobre la Ruta Nacional N°160 Nicoya-Belén-Sámara y Puerto Carrillo se han llevado a cabo 2 operativos para la remoción de estructuras ilegales (publicidad) en el derecho de vía el primero del 07 al 10 de abril y el siguiente del 19 al 23 de mayo, se adjunta registro fotográfico en el que se puede evidenciar la limpieza. Sin embargo, no se omite indicar que, pese a que se realizan este tipo de intervenciones, la proliferación y la colocación de nueva publicidad no cesa, es casi imposible para este Departamento con muchas limitaciones de personal y presupuesto mantener cuadrillas de manera permanente quitando rótulos de publicidad en la zona, máxime que no solo corresponde atender Guanacaste sino todo el país. Es entendible para ustedes como comunidad que se encuentren preocupados, por la situación, sin embargo, en aras de mejorar y en busca de soluciones y alternativas que sumen algún impacto más significativo en esta grave problemática hemos tenido acercamiento con Asociaciones de Desarrollo y Municipalidades, para que en conjunto se puedan realizar esfuerzos que mitiguen o aplaquen un poco este tema. Aunado a esto se trata de hacer conciencia en el comercio y empresarios de la zona de que la publicidad en el derecho de vía es absolutamente ILEGAL y que no se debe pautar ni pagar dinero alguno que incentive este tipo de negocio irregular y que daña no solo el ambiente natural de la zona, sino que puede llegar a representar un peligro para peatones y conductores. En los términos expuestos se atiende la consulta planteada, dejando constancia que la denuncia planteada ha sido atendida.” (SIC) (ver documentación e informes rendidos);

d)                Las autoridades accionadas fueron notificadas sobre los hechos alegados en este recurso el día 1° de agosto de 2025 (ver acta de notificación).

V.- SOBRE EL FONDO. En el sub examine, la recurrente refiere que, el 28 de noviembre de 2024, la amparada planteó una denuncia formal ante el MOPT, mediante el correo ...2144-, en donde acusó en la Dirección6102  , específicamente, en el tramo comprendido entre Belén y Sámara, en Playa Sámara, Nicoya, Guanacaste, se han instalado rótulos publicitarios, vallas y otras estructuras dentro de bienes de dominio público de carácter demanial, a la vista y paciencia de una comunidad y del propio Ministerio recurrido, sin que este haya adoptado medidas efectivas para su remoción, ni para la recuperación del espacio público indebidamente ocupado. Lo anterior, en virtud de la invasión a bienes de dominio público, el perjuicio al derecho de vía, el peligro para los transeúntes y el medio ambiente -contaminación visual-. Según indicaron las autoridades accionadas, en el transcurso del año 2025, la Dirección de Ingeniería de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, incluyó dentro de la programación la atención a Ruta Nacional 160. La primera intervención se realizó en los días del 07 al 10 de abril, en dicha oportunidad en el trayecto Belén - Sámara se decomisó un total de 126 estructuras publicitarias que se encontraban en el derecho de vía de manera ilegal. La segunda intervención fue realizada sobre Ruta Nacional 160 para la limpieza y recuperación del derecho de vía, se realizó en la semana del 19 al 23 de mayo de 2025, en esa oportunidad se dio continuidad a la ruta desde Belén de Nicoya hasta Puerto Carrillo, en donde se liberó el derecho de vía de un total de 103 estructuras publicitarias que se encontraban de manera ilegal. Según consta, mediante correo electrónico enviado el 07 de julio de 2025, Vinicio Barboza Ortiz, jefe del Departamento de Inspecciones y Demoliciones de la Dirección de Ingeniería de Obras Públicas, le respondió a la recurrente su denuncia y le indicó: “Buenas tardes señora Nombre48443  y señor David Cole con respecto a la gestión que indican en la nota adjunta, les informó que sobre la Ruta Nacional N°160 Nicoya-Belén-Sámara y Puerto Carrillo se han llevado a cabo 2 operativos para la remoción de estructuras ilegales (publicidad) en el derecho de vía el primero del 07 al 10 de abril y el siguiente del 19 al 23 de mayo, se adjunta registro fotográfico en el que se puede evidenciar la limpieza. Sin embargo, no se omite indicar que, pese a que se realizan este tipo de intervenciones, la proliferación y la colocación de nueva publicidad no cesa, es casi imposible para este Departamento con muchas limitaciones de personal y presupuesto mantener cuadrillas de manera permanente quitando rótulos de publicidad en la zona, máxime que no solo corresponde atender Guanacaste sino todo el país. Es entendible para ustedes como comunidad que se encuentren preocupados, por la situación, sin embargo, en aras de mejorar y en busca de soluciones y alternativas que sumen algún impacto más significativo en esta grave problemática hemos tenido acercamiento con Asociaciones de Desarrollo y Municipalidades, para que en conjunto se puedan realizar esfuerzos que mitiguen o aplaquen un poco este tema. Aunado a esto se trata de hacer conciencia en el comercio y empresarios de la zona de que la publicidad en el derecho de vía es absolutamente ILEGAL y que no se debe pautar ni pagar dinero alguno que incentive este tipo de negocio irregular y que daña no solo el ambiente natural de la zona, sino que puede llegar a representar un peligro para peatones y conductores. En los términos expuestos se atiende la consulta planteada, dejando constancia que la denuncia planteada ha sido atendida.” (SIC) -ver documentación aportada-. Todo lo anterior, de previo a que las autoridades accionadas fueron notificadas sobre los hechos alegados en este recurso el día 1° de agosto de 2025 -ver actas de notificación-.

Debido a lo expuesto, no se observa que las autoridades accionadas hayan incurrido en una omisión en el trámite de la denuncia planteada, pues consta que la misma se resolvió -con la inspección de campo y el retiro de los rótulos y vallas reclamadas- y notificó su resultado de previo a que las autoridades accionadas tuvieran conocimiento de los hechos planteados en este recurso. En consecuencia, el recurso debe desestimarse como en efecto se declara.

VI.- Nota del magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

VII.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa omisiva se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este amparo, en que está de por medio la tutela de la vida, seguridad e integridad física del recurrente y demás personas que transitan en el sitio, debido a que acusa que, en la Dirección6102  , específicamente, en el tramo comprendido entre Belén y Sámara, en Playa Sámara, se han instalado rótulos publicitarios, vallas y otras estructuras dentro de bienes de dominio público, sin que, supuestamente, el Minsiterio de Obras Públicas y Transportes haya adoptado medidas efectivas para su remoción, lo cual afecta la seguridad de los peatones y conductores, al obstaculizar la visibilidad y entorpecer la adecuada circulación en la vía pública.

VIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Castillo Víquez consigna nota. El Magistrado Salazar Alvarado consigna nota.

 

 

	

Nombre137  V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Nombre138  .




Nombre139  V.

	

 

	

Alejandro Delgado F.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 BCIOMD43WXAM61

EXPEDIENTE N° 25-020782-0007-CO

 

Teléfonos: Telf46 /  (). Fax: Telf47 / Telf48. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección12 , Dirección13 , 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 17-03-2026 06:54:56.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours fifteen minutes on the twenty-second of August of two thousand twenty-five.

A writ of amparo processed in case file number 25-020782-0007-CO, filed by Nombre48443, identity card CED37725, against the MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND TRANSPORT.

Whereas:

1.- By a writing received in this Chamber at 14:16 hours on July 16, 2025, the petitioner files a writ of amparo against the MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND TRANSPORT, and states that on Ruta Nacional 160, specifically, on the segment between Belén and Sámara, at Playa Sámara, Nicoya, Guanacaste, advertising signs, billboards, and other structures have been installed within public domain assets of a demanial nature, in plain sight and with the tolerance of a community and of the respondent Ministry itself, without it having adopted effective measures for their removal, nor for the recovery of the unduly occupied public space. The respondent Ministry has full knowledge of the existence of these illegal occupations and, despite this, has not acted diligently to guarantee the integrity of public assets, road safety, and environmental public order, failing to comply with its constitutional, legal, and regulatory duties. The illegal occupation of these public spaces directly affects the safety of pedestrians and drivers, by obstructing visibility and hindering proper circulation on the public roadway, and represents an improper use of public assets to the detriment of the general interest, thereby violating fundamental rights of constitutional rank, such as the right to life, physical integrity, a healthy environment, and road safety. On November 28, 2024, she filed a formal complaint with the MOPT – see case records, referral sent to email ...2144 – in which she warned about the invasion of public domain assets, the damage to the right of way, and the environment – visual pollution. She alleges that she has not received a response. Based on the arguments presented, she considers that fundamental rights have been violated. She requests that the writ be granted.

2.- By a ruling of the Presidency of the Chamber at 15:33 hours on July 23, 2025, this amparo was admitted for processing.

3.- By a writing filed in the Judicial System on August 4, 2025, Junior Araya Villalobos, director of the General Directorate of Traffic Engineering (DGIT), reports that: "In accordance with the facts alleged by the petitioner, it is not the responsibility of the General Directorate of Traffic Engineering to address the complaint filed. In accordance with current legislation, the issue of advertising billboards falls under the jurisdiction of the Department of Road Inspection and Demolitions, which belongs to the Engineering Directorate of the Division of Public Works. Therefore, through the present official communication, the writ of amparo will be forwarded to Engineer Juan Carlos Elizondo Ramírez, director of the aforementioned department."

4.- By a writing filed in the Judicial System on August 7, 2025, Juan Carlos Elizondo Ramírez, of legal age, director of the Directorate of Engineering of Public Works of the Ministry of Public Works and Transport, reports that: "ON THE MERITS. First of all, it is important to state before this honorable Constitutional Court that in this case no constitutional right of the protected party has been violated; quite the contrary, the Administration, and particularly in matters exclusively related to the powers of the Directorate of Engineering of Public Works, has acted with diligence and within its own limitations, within the time limits established by the legal system applicable to the case at hand, in order to protect the fundamental rights that shelter the administered party. To demonstrate the foregoing, official communication DVOP-DI-DV-IVD-2025-279 dated August 5, 2025, signed by the Acting Head of the Department of Road Inspection and Demolitions, is attached, in which the actions taken to provide specific attention to the matter initiated by the petitioner in Dirección6102 are accredited by detailed report, and it is also repeatedly demonstrated that there is no violation whatsoever of the fundamental rights invoked as transgressed, by the department; quite the contrary, the timely attention is evidenced, in accordance with the capacities that this Ministry has, for the resolution of cases like the one at hand. Thus, given the foregoing, having carried out the pertinent diligences for addressing the complaint filed, among the multiple complaints received nationwide, recovering the right of way and having addressed all of the inquiries presented by citizen Nombre48443 for the purposes of this Directorate, as evidenced by internal actions via institutional email, it is demonstrated that the citizen's inquiries have been addressed in a timely and proper manner (see attached evidentiary documentation); insofar as the operations and actions carried out along Ruta Nacional 160 are in accordance with the installed capacity and schedules of the Department of Road Inspection and Demolitions, in order to address the entirety of the National Road Network progressively, given that said operations are duly prioritized and defined in accordance with the particular conditions presented by each section of the National Route, as addressing the entirety of the National Road Network immediately by the Department of Road Inspection and Demolitions becomes a materially impossible condition. It details that in official communication number DVOP-DI-DV-IVD-2025-279 dated August 5, 2025, it was stated: 'In response to the request for the submission of a report regarding the attention that this Department has given to Ruta Nacional N°160 Nicoya-Belén-Sámara concerning the issue of illegal signage within the right of way, the following is reported: 1. That during the course of 2025, attention to Ruta Nacional 160 has been included in the schedule; the first intervention was carried out from April 7 to 10; on that occasion, on the Belén-Sámara stretch, a total of 126 advertising structures that were illegally within the right of way were seized. Seized items were deposited at the Public Works facility in Nicoya for safekeeping for a period of ONE calendar month. 2. That the second intervention carried out on Ruta Nacional 160 for the cleanup and recovery of the right of way took place during the week of May 19 to 23 of the current year; on this occasion, the route was addressed continuously from Belén de Nicoya to Puerto Carrillo, where the right of way was cleared of a total of 103 advertising structures that were there illegally. In the same manner as the first occasion, the seized items were deposited at the Public Works facility in Nicoya for safekeeping for a period of ONE calendar month. Regarding the foregoing, simple copies of the seizure records are attached, which list all seized items, the route addressed, and the dates on which the interventions took place. Additionally, it is important to note that Ruta Nacional 160 has been addressed with the corresponding diligence and priority, given that this Department has the responsibility of considering not only said route, but all national routes within the national territory, and that resources, both personnel and supplies and machinery, must be distributed in such a way that all complaints filed can be covered under equal conditions. It is necessary to clarify that, regarding the illegal invasion and use of the right of way by advertising companies, many of which carry out this business or commercial activity illegally, it has proliferated in an exorbitant manner over the last three years, such that for the Central Administration (MOPT) it is almost impossible to eradicate it completely, since a removal and seizure operation is carried out, and a week later or even the day after, they return and install double or triple the signage that was there before. A never-ending hunt. Not to mention that on the route, it has become a pitched battle, where the officials performing these tasks are often subject to threats, insults, and highway chases, making the issue even dangerous. Faced with such a situation, and given the limitation of economic resources, personnel, and supplies, it is impossible to maintain crews on all national routes to give permanent continuity to these interventions, which would be the ideal scenario; therefore, outreach has been sought with the Municipalities and some duly accredited Development Associations, so that from their cantons and communities they can provide a continuous approach, with prior coordination with the Administration, to have a more evident impact in the most affected areas; as of today, we are in the stage of drafting inter-institutional agreements to achieve that goal. Now, specifically in relation to the complaint filed by Mrs. Nombre48443 and elevated to the Constitutional instance, it must be noted that the action taken via email to her person was referred on the same date to the former Head of this Department, Mr. Vinicio Barboza Ortiz, who on December 2, 2024, acted internally and stated to Mrs. Nombre48443 textually as follows: "This matter has been assigned to Ms. Lilibeth Gómez Ramírez for scheduling the corresponding tour at the beginning of next year, due to the fact that there are currently no travel allowances for the end of the year." Thus, once the 2025 budget was released (February 2025) and as stated in the first and second sections of this report, two operations were scheduled and executed in Dirección6102, to give due attention to the complaint filed, thereby demonstrating that what the administered party stated is not true—that from a very subjective perspective she indicates that the Administration, and especially this Department, has been a participant in the violation of fundamental rights and has acted with a lack of diligence—since, as demonstrated, the complaint was addressed within the capacities of this Department in 2 interventions, over a period of 2 months, one per month. Regarding the lack of response, it is also neither true nor acceptable that the administered party's inquiries were not addressed, as the inquiry made via email on July 4, 2025—which it is noted is an official means for processing complaints and inquiries—was addressed by Road Inspection and Demolitions on July 7, and wherein she was textually responded to as follows: "Good afternoon, Mrs. Nombre48443 and Mr. David Cole, regarding the matter mentioned in the attached note, I inform you that on Ruta Nacional N°160 Nicoya-Belén-Sámara and Puerto Carrillo, two operations for the removal of illegal structures (advertising) within the right of way have been carried out, the first from April 7 to 10 and the next from May 19 to 23; a photographic record is attached showing the cleanup. However, I must not omit to state that, despite carrying out these types of interventions, the proliferation and placement of new advertising does not cease; it is almost impossible for this Department, with many personnel and budget limitations, to maintain crews permanently removing advertising signs in the area, especially since our responsibility is not only to attend to Guanacaste but the entire country. It is understandable for you as a community to be concerned about the situation; however, in the interest of improving and seeking solutions and alternatives that may have a more significant impact on this serious problem, we have reached out to Development Associations and Municipalities so that joint efforts can be made to mitigate or somewhat alleviate this issue. In addition to this, we are trying to raise awareness among the businesses and entrepreneurs in the area that advertising within the right of way is absolutely ILLEGAL, and that no advertising should be booked nor any money paid that encourages this type of irregular business, which damages not only the area's natural environment but can also represent a danger to pedestrians and drivers. In the terms stated, the inquiry is addressed, leaving evidence that the complaint filed has been addressed.' The respective photographic evidence of the areas intervened in Dirección6102 was also attached. Thus, regarding the arguments put forth by Mrs. Nombre48443 in the constitutional instance, they are not acceptable, and in the terms set forth, the requested report is hereby rendered, with the respective evidence of what has been stated." PETITION. Based on the arguments of fact and law put forth, we request the high Court of Constitutional Justice to declare this writ of amparo, filed against the undersigned, without merit, because the conduct accused of being an omission was addressed and because it is demonstrated that there is no violation whatsoever of the petitioner's fundamental rights by the Directorate and Departments under my charge; likewise, we request that the State be exempted from the payment of costs, damages, and losses, regarding the actions taken."

5.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.

Magistrate Delgado Faith drafts; and,

Considering:

I.- PRELIMINARY MATTER. Before analyzing the merits of the claim—regarding the alleged violation of the right to a prompt and fulfilled procedure—it must be clarified that, as of ruling No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is disputed whether the public administration has complied or not with the deadlines set by the General Law on Public Administration (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear the appropriate administrative appeals. Precisely, in the sub lite case, an exception is raised, since it involves a complaint regarding an environmental problem—visual pollution—and which is also alleged to constitute a danger to the safety of pedestrians and drivers. The foregoing involves the right to a healthy environment and the right to health, which the petitioner claims has not been definitively resolved.

II.- PRELIMINARY ISSUE. Given that Juan Carlos Elizondo Ramírez, of legal age, director of the Directorate of Engineering of Public Works of the Ministry of Public Works and Transport, omitted to state in the report rendered under oath whether the email ...2144 is provided for as an official communication mechanism with the ministry he represents, this fact is taken as true, and we proceed to analyze the constitutionality of this matter in accordance with the provisions of article 45 of the Law on Constitutional Jurisdiction.

III.- SUBJECT OF THE APPEAL. The petitioner states that in Dirección6102, specifically, on the segment between Belén and Sámara, at Playa Sámara, Nicoya, Guanacaste, advertising signs, billboards, and other structures have been installed within public domain assets of a demanial nature, in plain sight and with the tolerance of a community and of the respondent Ministry itself, without it having adopted effective measures for their removal, nor for the recovery of the unduly occupied public space. The respondent Ministry has full knowledge of the existence of these illegal occupations and, despite this, has not acted diligently to guarantee the integrity of public assets, road safety, and environmental public order, failing to comply with its constitutional, legal, and regulatory duties. The illegal occupation of these public spaces directly affects the safety of pedestrians and drivers, by obstructing visibility and hindering proper circulation on the public roadway, and represents an improper use of public assets to the detriment of the general interest, thereby violating fundamental rights of constitutional rank, such as the right to life, physical integrity, a healthy environment, and road safety. On November 28, 2024, she filed a formal complaint with the MOPT – see case records, referral sent to email ...2144 – in which she warned about the invasion of public domain assets, the damage to the right of way, and the environment – visual pollution. She alleges that she has not received a response. Based on the arguments presented, she considers that fundamental rights have been violated.

IV.- PROVEN FACTS. Of importance for the resolution of this appeal, the following relevant facts are deemed duly proven:

a) On November 28, 2024, the protected party filed a formal complaint with the MOPT, via email ...2144, wherein she alleged that on Ruta Nacional 160, specifically, on the segment between Belén and Sámara, at Playa Sámara, Nicoya, Guanacaste, advertising signs, billboards, and other structures have been installed within public domain assets of a demanial nature, in plain sight and with the tolerance of a community and of the respondent Ministry itself, without it having adopted effective measures for their removal, nor for the recovery of the unduly occupied public space. The foregoing, due to the invasion of public domain assets, the damage to the right of way, the danger to passersby, and the environment – visual pollution (undisputed fact);

b) During 2025, the Directorate of Engineering of Public Works of the Ministry of Public Works and Transport included attention to Ruta Nacional 160 in its schedule. The first intervention was carried out from April 7 to 10; on that occasion, on the Belén - Sámara stretch, a total of 126 advertising structures that were illegally within the right of way were seized. The second intervention was carried out on Ruta Nacional 160 for the cleanup and recovery of the right of way; it took place during the week of May 19 to 23, 2025; on this occasion, the route was addressed continuously from Belén de Nicoya to Puerto Carrillo, where the right of way was cleared of a total of 103 advertising structures that were there illegally (see documentation and reports rendered);

c) By email sent on July 7, 2025, Vinicio Barboza Ortiz, head of the Department of Inspections and Demolitions of the Directorate of Engineering of Public Works, responded to the petitioner's complaint and stated: "Good afternoon, Mrs. Nombre48443 and Mr. David Cole, regarding the matter mentioned in the attached note, I inform you that on Ruta Nacional N°160 Nicoya-Belén-Sámara and Puerto Carrillo, two operations for the removal of illegal structures (advertising) within the right of way have been carried out, the first from April 7 to 10 and the next from May 19 to 23; a photographic record is attached showing the cleanup. However, I must not omit to state that, despite carrying out these types of interventions, the proliferation and placement of new advertising does not cease; it is almost impossible for this Department, with many personnel and budget limitations, to maintain crews permanently removing advertising signs in the area, especially since our responsibility is not only to attend to Guanacaste but the entire country. It is understandable for you as a community to be concerned about the situation; however, in the interest of improving and seeking solutions and alternatives that may have a more significant impact on this serious problem, we have reached out to Development Associations and Municipalities so that joint efforts can be made to mitigate or somewhat alleviate this issue. In addition to this, we are trying to raise awareness among the businesses and entrepreneurs in the area that advertising within the right of way is absolutely ILLEGAL, and that no advertising should be booked nor any money paid that encourages this type of irregular business, which damages not only the area's natural environment but can also represent a danger to pedestrians and drivers. In the terms stated, the inquiry is addressed, leaving evidence that the complaint filed has been addressed." (SIC) (see documentation and reports rendered);

d) The respondent authorities were notified of the facts alleged in this appeal on August 1, 2025 (see notification record).

V.- ON THE MERITS. In the sub examine case, the petitioner states that on November 28, 2024, the protected party filed a formal complaint with the MOPT, via email ...2144, wherein she alleged that in Dirección6102, specifically, on the segment between Belén and Sámara, at Playa Sámara, Nicoya, Guanacaste, advertising signs, billboards, and other structures have been installed within public domain assets of a demanial nature, in plain sight and with the tolerance of a community and of the respondent Ministry itself, without it having adopted effective measures for their removal, nor for the recovery of the unduly occupied public space. The foregoing, due to the invasion of public domain assets, the damage to the right of way, the danger to passersby, and the environment – visual pollution. According to the respondent authorities, during 2025, the Directorate of Engineering of Public Works of the Ministry of Public Works and Transport included attention to Ruta Nacional 160 in its schedule. The first intervention was carried out from April 7 to 10; on that occasion, on the Belén - Sámara stretch, a total of 126 advertising structures that were illegally within the right of way were seized. The second intervention was carried out on Ruta Nacional 160 for the cleanup and recovery of the right of way; it took place during the week of May 19 to 23, 2025; on that occasion, the route was addressed continuously from Belén de Nicoya to Puerto Carrillo, where the right of way was cleared of a total of 103 advertising structures that were there illegally. As evidenced, by email sent on July 7, 2025, Vinicio Barboza Ortiz, head of the Department of Inspections and Demolitions of the Directorate of Engineering of Public Works, responded to the petitioner's complaint and stated: "Good afternoon, Mrs. Nombre48443 and Mr. David Cole, regarding the matter mentioned in the attached note, I inform you that on Ruta Nacional N°160 Nicoya-Belén-Sámara and Puerto Carrillo, two operations for the removal of illegal structures (advertising) within the right of way have been carried out, the first from April 7 to 10 and the next from May 19 to 23; a photographic record is attached showing the cleanup. However, I must not omit to state that, despite carrying out these types of interventions, the proliferation and placement of new advertising does not cease; it is almost impossible for this Department, with many personnel and budget limitations, to maintain crews permanently removing advertising signs in the area, especially since our responsibility is not only to attend to Guanacaste but the entire country. It is understandable for you as a community to be concerned about the situation; however, in the interest of improving and seeking solutions and alternatives that may have a more significant impact on this serious problem, we have reached out to Development Associations and Municipalities so that joint efforts can be made to mitigate or somewhat alleviate this issue. In addition to this, we are trying to raise awareness among the businesses and entrepreneurs in the area that advertising within the right of way is absolutely ILLEGAL, and that no advertising should be booked nor any money paid that encourages this type of irregular business, which damages not only the area's natural environment but can also represent a danger to pedestrians and drivers. In the terms stated, the inquiry is addressed, leaving evidence that the complaint filed has been addressed." (SIC) – see documentation provided. All of the foregoing, prior to the respondent authorities being notified of the facts alleged in this appeal on August 1, 2025 – see notification records.

Due to the foregoing, it is not observed that the respondent authorities incurred in an omission in the processing of the complaint filed, since it is evidenced that the same was resolved – with the field inspection and the removal of the claimed signs and billboards – and its result was notified prior to the respondent authorities having knowledge of the facts raised in this appeal. Consequently, the appeal must be dismissed, as it is hereby declared.

VI.- Note from Magistrate Castillo Víquez, regarding prompt and fulfilled administrative justice. I have supported this Court's thesis that when a justiciable party alleges a violation of the right to prompt and fulfilled justice in an administrative venue, those who must hear the legal dispute are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. Now, with the recent enactment of Law No. 9097, the Law Regulating the Right to Petition, it has been established that this right is subject to judicial protection through the writ of amparo established by article 32 of the Law on Constitutional Jurisdiction, in relation to article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, which, based on numeral 7 of its Law, has the exclusive authority to define its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional controversies that have been recognized by this very Chamber as exceptional cases, which may indeed be heard in this jurisdiction through the constitutional writ of amparo, in all other cases, and for the reasons given by this Court (ruling No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent authorities are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.

VII.- NOTE FROM MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. As a matter of principle, I consider that cases related to the inactivity of the Public Administration in the repair, construction, modification, or demolition of any infrastructure work must be dismissed, since such omission constitutes a matter of legality, the discussion of which corresponds to the ordinary jurisdiction, before which the interested party can debate, more broadly, their disagreements. However, when a violation of other fundamental rights protected in this constitutional jurisdiction derives from that omissive administrative conduct, or when groups considered vulnerable are affected, I do proceed to hear the merits of the matter, as this situation constitutes an exception to my position on this subject. This is exactly what occurs in this amparo, where the protection of the life, safety, and physical integrity of the petitioner and other persons who transit the site is at stake, because she alleges that, in Dirección6102, specifically, on the segment between Belén and Sámara, at Playa Sámara, advertising signs, billboards, and other structures have been installed within public domain assets, without the Ministry of Public Works and Transport supposedly having adopted effective measures for their removal, which affects the safety of pedestrians and drivers, by obstructing visibility and hindering proper circulation on the public roadway.

VIII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE.

The parties are warned that if they have submitted any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be collected from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material that is not collected within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

POR TANTO:

The appeal is dismissed. Magistrate Castillo Víquez records a note. Magistrate Salazar Alvarado records a note.

 

 

	

Nombre137 V.

President

	

 





Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.





Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Nombre138 .





Nombre139 V.

	

 

	

Alejandro Delgado F.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

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 BCIOMD43WXAM61

EXPEDIENTE N° 25-020782-0007-CO

 

Teléfonos: Telf46 /  (). Fax: Telf47 / Telf48. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección12 , Dirección13 , 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 17-03-2026 06:54:56.

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SCIJ de la Procuraduría General de la República