Res. 26766-2025 Sala Constitucional — Right of petition and reasonable deadline for technical consultation to INVUDerecho de petición y plazo razonable ante consulta técnica al INVU

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Sala Constitucional

Resolución Nº 26766 - 2025

Fecha de la Resolución: 22 de Agosto del 2025 a las 09:15

Expediente: 25-023006-0007-CO

Redactado por: Fernando Cruz Castro

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 25-023006-0007-CO

Res. Nº 2025026766

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del veintidos de agosto de dos mil veinticinco .

Recurso de amparo presentado por Nombre48666  , cédula de identidad CED37954, contra el INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

Resultando:

1.- Por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala a las 10:44 horas del 04 de agosto de 2025 el recurrente presenta recurso de amparo contra el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Manifiesta que el 9 de junio de 2025, solicitó a la autoridad recurrida, a la dirección de correo electrónico ...2185, la siguiente información: "Aprovecho la oportunidad para saludarlo y a la vez me permito realizar una consulta en relación a si el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) tiene actualmente algún proyecto urbanístico en desarrollo en las cercanías del Parque de la Paz, exactamente al lado de este parque, sita en San Sebastián, San José. Tengo entendido que los terrenos del Parque de la Paz son propiedad del INVU, y que los terrenos adonde se está desarrollando un proyecto, aparentemente urbanístico, también son propiedad del INVU. La consulta nace en razón de que en ninguna parte de este terreno aparece o se encuentra algún rotulo oficial del INVU que haga saber del proyecto". Pese a lo anterior, acusa que al momento de interposición de este recurso, no ha recibido respuesta a su planteamiento, por lo que, estima se han vulnerado sus derechos fundamentales. Pide se declare con lugar el recurso.

2.- Por resolución de las 13:29 horas del 07 de agosto de 2025 se dio curso al presente amparo y se solicitó informe al gerente general del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo -INVU- (ver registro electrónico).

3.- Informa bajo juramento MARCO VINICIO HIDALGO ZÚÑIGA en su calidad de GERENTE GENERAL, CON FACULTADES DE APODERADO GENERALISIMO SIN LÍMITE DE SUMA DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (ver registro electrónico) en los siguientes términos: “A) SOBRE LA COMPLEJIDAD TÉCNICA DE LA CONSULTA PLANTEADA Honorables Magistrados, es fundamental que esta Sala Constitucional comprenda que la consulta formulada por el recurrente no constituía una simple solicitud de información, sino que requería de un análisis técnico multidisciplinario que involucró diversas unidades especializadas del INVU. La pregunta planteada por el señor Nombre48666 si: "¿el INVU tiene actualmente algún proyecto urbanístico en desarrollo en las cercanías del del Parque de La Paz, exactamente al lado de este parque?", aparentemente sencilla, implicó en realidad: 1. Identificación precisa del inmueble: El recurrente no proporcionó coordenadas exactas, número de finca registral, ni referencias catastrales específicas, únicamente fotografías sin señas exactas de ubicación. 2. Verificación de titularidad dominical: Fue necesario confirmar si efectivamente la propiedad pertenece al patrimonio institucional del INVU y determinar su situación jurídica actual. 3. Análisis de proyectos en desarrollo: Se requirió consultar con la Unidad de Proyectos Habitacionales para certificar la inexistencia de proyectos residenciales o habitacionales en curso. 4. Coordinación interinstitucional: La investigación reveló la existencia de un convenio con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para obras de infraestructura hidráulica. 5. Verificación de contratos de comodato: Se determinó la existencia de un contrato de comodato con una Asociación de Desarrollo para un proyecto de bioestabilización de material orgánico. B) SOBRE EL PROCESO ADMINISTRATIVO INTERNO REQUERIDO Los informes técnicos DPH-UPH-207 y 2025DPH-UPH-208-2025 ambos de la Unidad de Proyectos Habitacionales, detallan las gestiones internas que fueron necesarias para proporcionar una respuesta veraz y completa: 1. Consulta a la Unidad de Fondos de Inversión de Bienes Inmuebles (UFIBI): • Verificación del estado patrimonial del inmueble • Revisión de contratos vigentes • Análisis de la situación jurídica de la propiedad 2. Coordinación con personal técnico especializado: • Consulta con el Arq. Daniel Vargas para ubicación del inmueble • Reunión con la encargada de UFIBI, Cristina Sánchez Avenida 9, calles 3 bis y 5, Barrio Amón, San José. Apdo. 2534-1000 San José, Costa Rica Central Telefónica: Telf490 www.invu.go.cr Pág. 3 / 6 3. Investigación de campo: • Programación y ejecución de gira técnica al sitio • Levantamiento fotográfico actualizado • Verificación in situ de las obras desarrolladas por el AyA C) SOBRE LA NATURALEZA DE LAS OBRAS IDENTIFICADAS Es crucial aclarar que las obras observadas por el recurrente NO constituyen un proyecto urbanístico del INVU, sino que corresponden a: 1. Obras de infraestructura hidráulica del AyA: Trabajos de contención, mitigación y evacuación de aguas pluviales, así como control de erosión causada por el río María Aguilar. 2. Medidas de protección ambiental: Las obras tienen como finalidad la protección contra la erosión fluvial y el manejo adecuado de aguas pluviales. 3. Colaboración interinstitucional: El INVU facilitó el uso temporal del terreno al AyA para el almacenamiento de materiales y maquinaria necesarios para la ejecución de estas obras de infraestructura. Así las cosas, esta institución reconoce plenamente el derecho constitucional de petición consagrado en el artículo 27 de la Constitución Política y jamás ha pretendido obstaculizar su ejercicio. Debe distinguirse entre una dilación injustificada y el tiempo técnico necesario para investigar y proporcionar información veraz. En el presente caso, no se trató de negligencia administrativa, sino de la diligencia debida para garantizar la exactitud de la respuesta. El artículo 11 constitucional obliga a los funcionarios públicos a cumplir sus deberes con diligencia. Esto incluye el deber de proporcionar información veraz y completa, lo cual requiere el tiempo técnico necesario para su verificación, además, la Administración debe ser eficaz, pero también veraz. Una respuesta apresurada e incorrecta habría violentado el principio de buena fe y el deber de proporcionar información fidedigna En este caso fue necesaria la coordinación interna entre diferentes unidades especializadas para proporcionar una respuesta integral, tomando en cuenta que la transparencia no se satisface únicamente con la rapidez en la respuesta, sino con la veracidad y completitud de la información proporcionada. El tiempo empleado (al recurrente le fue remitida la respuesta a su consulta el día 11 de agosto de 2025), fue razonable y proporcionada considerando: 1. La complejidad técnica de la consulta 2. La necesidad de coordinación entre múltiples unidades 3. La realización de verificaciones de campo 4. El deber de proporcionar información veraz y completa 5. La carga de trabajo ordinaria de las unidades involucradas Por tanto, el plazo para responder al recurrente se considera razonable considerando la complejidad de la solicitud realizada, sin omitir que cuando las consultas requieren análisis técnicos especializado, los plazos ordinarios necesariamente deben de ampliarse por cuanto es preferible una respuesta completa y veraz, que una respuesta rápida pero incompleta o errónea, en este caso se repite era una petición era compleja, y sobre ello se ha referido el Honorable Tribunal de la siguiente manera: “(…) Cuando un órgano o ente público se excede en estos plazos, en tesis de principio, se produce un quebranto del derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida establecido en el artículo 41 de la Constitución Política. No obstante, lo anterior en modo alguno implica una constitucionalización de los plazos legales, pues lo que se tutela es el derecho que toda persona tiene a que su causa se resuelva dentro de un plazo razonable; plazo que ha de ser establecido en cada caso concreto, atendiendo a la complejidad técnica del asunto del que se trate (…). Por lo tanto, un incumplimiento de los términos legales, puede, a veces, no entrañar una violación a los artículos 27 y 41 de la Constitución (…)”. (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 2007-000215. San José, a las diez horas y cuarenta y cuatro minutos del doce de enero del dos mil siete) En este caso el INVU actuó con la diligencia debida, realizando las gestiones técnicas necesarias para proporcionar una respuesta veraz y completa al recurrente. La complejidad de la consulta justificó plenamente el tiempo empleado, y en ningún momento se pretendió obstaculizar el ejercicio del derecho de petición. La administración pública requiere de procesos técnicos que garanticen la veracidad de la información proporcionada a los ciudadanos. En este caso, el INVU cumplió cabalmente con su deber constitucional de proporcionar información fidedigna, lo cual requirió el tiempo técnico necesario para su verificación”. Solicita que se declare sin lugar el recurso.

4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,

Considerando:

I.- OBJETO DEL RECURSO: El recurrente reclama que el 09 de junio de 2025, solicitó a la autoridad recurrida, a la dirección de correo electrónico ...2185, la siguiente información: "Aprovecho la oportunidad para saludarlo y a la vez me permito realizar una consulta en relación a si el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) tiene actualmente algún proyecto urbanístico en desarrollo en las cercanías del Parque de la Paz, exactamente al lado de este parque, sita en San Sebastián, San José. Tengo entendido que los terrenos del Parque de la Paz son propiedad del INVU, y que los terrenos adonde se está desarrollando un proyecto, aparentemente urbanístico, también son propiedad del INVU. La consulta nace en razón de que en ninguna parte de este terreno aparece o se encuentra algún rotulo oficial del INVU que haga saber del proyecto". Pese a lo anterior, acusa que al momento de interposición de este recurso, no ha recibido respuesta a su planteamiento.

II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:

a)   Que en fecha 09 de junio de 2025 el recurrente  solicitó a la autoridad recurrida, a la dirección de correo electrónico ...2185, la siguiente información: "Aprovecho la oportunidad para saludarlo y a la vez me permito realizar una consulta en relación a si el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) tiene actualmente algún proyecto urbanístico en desarrollo en las cercanías del Parque de la Paz, exactamente al lado de este parque, sita en San Sebastián, San José. Tengo entendido que los terrenos del Parque de la Paz son propiedad del INVU, y que los terrenos adonde se está desarrollando un proyecto, aparentemente urbanístico, también son propiedad del INVU. La consulta nace en razón de que en ninguna parte de este terreno aparece o se encuentra algún rotulo oficial del INVU que haga saber del proyecto" (ver informe de la autoridad recurrida).

b)   Que en fecha 08 de agosto de 2025 se notificó la resolución de curso a la autoridad recurrida (ver acta de notificación).

c)   Que en fecha 11 de agosto de 2025 se notificó al recurrente la respuesta de la solicitud de información (ver informe de la autoridad recurrida).

III.- SOBRE EL CASO CONCRETO: Del informe rendido por la autoridad recurrida el cual es dado bajo la solemnidad del juramento con las consecuencias legales que ello implica se desprende que en fecha 09 de junio de 2025 el recurrente  solicitó a la autoridad recurrida, a la dirección de correo electrónico ...2185, la siguiente información: "Aprovecho la oportunidad para saludarlo y a la vez me permito realizar una consulta en relación a si el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) tiene actualmente algún proyecto urbanístico en desarrollo en las cercanías del Parque de la Paz, exactamente al lado de este parque, sita en San Sebastián, San José. Tengo entendido que los terrenos del Parque de la Paz son propiedad del INVU, y que los terrenos adonde se está desarrollando un proyecto, aparentemente urbanístico, también son propiedad del INVU. La consulta nace en razón de que en ninguna parte de este terreno aparece o se encuentra algún rotulo oficial del INVU que haga saber del proyecto". Se acreditó que en fecha 08 de agosto de 2025 se notificó la resolución de curso a la autoridad recurrida y que, en fecha 11 de agosto de 2025 se notificó al recurrente la respuesta de la solicitud de información. En conclusión, es cierto que la solicitud de información planteada por el recurrente el 09 de junio de 2025 a la dirección de correo electrónico ...2185 no había sido resuelta. Por su parte la autoridad recurrida demostró que el 11 de agosto le remitió al recurrente la información solicitada al medio señalado para recibir notificaciones. Ante ese panorama y tomando en cuenta que la información fue suministrada con ocasión a la notificación de la resolución de curso del presente amparo (lo que sucedió el  08 de agosto de 2025) lo procedente es declarar con lugar el recurso sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. En cuanto a la oficialidad del correo electrónico ...2185 ante la omisión de la autoridad recurrida se tiene como medio oficial para recibir solicitudes.

IV.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.

V.- RAZONES DIFERENTES Y VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO: Si bien coincido con el voto de mayoría, que declara con lugar el recurso por violación al derecho de petición y pronta respuesta, considero que debe ser estimado; pero imponiendo a la parte recurrida el pago de las costas, así como a la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, por las siguientes razones.

El derecho de petición y pronta respuesta, contenido en los artículos 27, de la Constitución Política, y 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, obliga a los funcionarios públicos a resolver las solicitudes de los administrados en un plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de presentación de tales gestiones, salvo que se haya señalado un plazo distinto para contestar. Sin embargo, el artículo 32 citado dispone, además, que, en la decisión de la petición, la Sala apreciará las razones que se aduzcan para considerar insuficiente dicho plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto. En todo caso, la Administración está obligada a comunicarle al peticionario las causas de la demora en pronunciarse. Para efectos del presente análisis, resulta relevante tener presente lo señalado por las normas antes citadas.

El artículo 27, de la Constitución Política, establece lo siguiente:

“Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución”.

Por su parte, el numeral 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, establece lo siguiente:

“Cuando el amparo se refiera al derecho de petición y de obtener pronta resolución, establecido en el artículo 27 de la Constitución Política, y no hubiere plazo señalado para contestar, se entenderá que la violación se produce una vez transcurridos diez días hábiles desde la fecha en que fue presentada la solicitud en la oficina administrativa, sin perjuicio de que, en la decisión del recurso, se aprecien las razones que se aduzcan para considerar insuficiente ese plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto”.

En el mismo sentido, en la Ley de Regulación del Derecho de Petición N° 9097 del 26 de octubre de 2012, se establece que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27, de la Constitución Política, para aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. Es de relevancia tener presente lo señalado en el numeral 6, de dicha normativa:

“Presentación de escritos y plazo de respuesta.

El escrito en que se presente la petición y cualesquiera otros documentos y comunicaciones que se aporten, ante la administración pública correspondiente, conforme lo indica el artículo 2 de esta ley, obligará a la administración a acusar recibo de esta, debiendo responder en el plazo improrrogable de diez días hábiles contado a partir del día siguiente de la recepción, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la presente ley. Esta actuación se llevará a efecto por el órgano correspondiente, de acuerdo con la norma organizativa de cada entidad…”.

De este modo, en los recursos de amparo referidos a la presunta lesión de este derecho, existe norma legal expresa -avalada constitucionalmente por la ley que rige esta jurisdicción- que ordena brindar la información requerida dentro de los diez días hábiles siguientes a su solicitud, tal y como lo disponen los artículos 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y 27, de la Constitución Política, según se indicó anteriormente. Adicionalmente, dicho plazo es reiterado en el artículo 6, de la Ley N° 9097, lo cual refuerza la intención del legislador respecto de la tutela de este derecho.

Asimismo, la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 51, dispone:

“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.

En consecuencia, en el caso que nos ocupa, se constata la violación del plazo de diez días avalado constitucionalmente -que, por cierto, no se exige para el resto de los recursos de amparo, excepto para el de rectificación y respuesta (numeral 68, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional)-.

Por lo tanto, lo que procede al respecto, y con el debido respeto a la tesis de la mayoría, es tener por acreditada la lesión al derecho de petición y pronta respuesta, así como al derecho de acceso a la información pública (artículo 30, Constitucional), que garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público, ordenando la condenatoria en costas, daños y perjuicios a la autoridad recurrida.

Así, tratándose de un plazo avalado constitucionalmente -tanto por el legislador, así como por este Tribunal Constitucional-, su incumplimiento conlleva una lesión al derecho fundamental señalado que impulsó a la parte recurrente a formular el presente recurso de amparo como mecanismo para la obtención de la respuesta a su gestión o el acceso a la información que ha requerido, lo anterior con independencia de que la respuesta o la entrega de la información se haya producido antes o con ocasión del amparo; porque, es lo cierto, que finalmente el administrado vio satisfecho su derecho constitucional con ocasión a la interposición del recurso de amparo que se vio forzado a presentar, con los inconvenientes y los costos que ello ocasiona. Se insiste, la respuesta o el acceso dado por la Administración recurrida que se produce una vez vencido el plazo en cuestión, aún y cuando sobrevenga antes de la notificación del curso del amparo, o bien, como en este caso, con ocasión de la puesta en conocimiento de dicho curso, no constituye un cumplimiento en tiempo de la obligación que le imponen los ordinales 27 y 30 Constitucionales. Es claro que en esa hipótesis, esa respuesta extemporánea supone una satisfacción al reclamo del amparado, pero ello no es óbice para el reconocimiento de los daños y perjuicios que esa indolencia pudo ocasionar al recurrente, así como de los costos asociados al ejercicio de la presente acción procesal, necesaria para el resguardo de sus derechos fundamentales, tal y como lo habilita el precepto 52, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

En consecuencia, salvo parcialmente el voto, e impongo a la parte accionada el pago de las costas, daños y perjuicios.

VI.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.

Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.

Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.

En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.

VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE: Se previene a la parte recurrente que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, deberá retirarlos del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el «Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial», aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El Magistrado Salazar Alvarado consigna razones diferentes y salva parcialmente el voto, únicamente para efectos indemnizatorios, e imponen a la parte accionada el pago de las costas, daños y perjuicios. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. Notifíquese.

 

 

 

	

Nombre137  V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Nombre138  .




Nombre139  V.

	

 

	

Alejandro Delgado F.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 DDGXDCYKC1Q61

EXPEDIENTE N° 25-023006-0007-CO

 

Teléfonos: Telf46 /  (). Fax: Telf47 / Telf48. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección12 , Dirección13 , 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:06:59.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Resolución Nº 26766 - 2025

Date of Resolution: 22 August 2025 at 09:15

Expediente: 25-023006-0007-CO

Drafted by: Fernando Cruz Castro

Type of matter: Amparo appeal

Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL

Text of the resolution

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Exp: 25-023006-0007-CO

Res. No. 2025026766

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours fifteen minutes on the twenty-second of August, two thousand twenty-five.

Amparo appeal filed by Nombre48666, identity card CED37954, against the INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

Resultando:

1.- By a brief filed in the Secretariat of this Chamber at 10:44 hours on 04 August 2025, the appellant files an amparo appeal against the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. He states that on 9 June 2025, he asked the respondent authority, at the email address ...2185, for the following information: "I take this opportunity to greet you and at the same time I allow myself to make an inquiry as to whether the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) currently has any urban development project underway in the vicinity of Parque de la Paz, exactly next to this park, located in San Sebastián, San José. I understand that the lands of Parque de la Paz are the property of the INVU, and that the lands where a project, apparently urban development, is being carried out are also the property of the INVU. The inquiry arises because nowhere on this land does there appear or is there found any official INVU sign informing about the project." Despite the foregoing, he alleges that at the time of filing this appeal, he has not received a response to his request, and therefore, he considers that his fundamental rights have been violated. He requests that the appeal be declared with merit.

2.- By resolution at 13:29 hours on 07 August 2025, this amparo was admitted and a report was requested from the general manager of the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo -INVU- (see electronic record).

3.- Under oath, MARCO VINICIO HIDALGO ZÚÑIGA reports in his capacity as GENERAL MANAGER, WITH POWERS OF UNLIMITED GENERAL POWER OF ATTORNEY OF THE INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (see electronic record) in the following terms: "A) ON THE TECHNICAL COMPLEXITY OF THE INQUIRY POSED Honorable Magistrates, it is essential that this Sala Constitucional understands that the inquiry made by the appellant did not constitute a simple request for information, but rather required a multidisciplinary technical analysis that involved various specialized units of the INVU. The question posed by Mr. Nombre48666: 'does the INVU currently have any urban development project underway in the vicinity of Parque de La Paz, exactly next to this park?', apparently simple, actually involved: 1. Precise identification of the property: The appellant did not provide exact coordinates, registered farm number, or specific cadastral references, only photographs without exact location details. 2. Verification of ownership: It was necessary to confirm if indeed the property belongs to the institutional patrimony of the INVU and determine its current legal status. 3. Analysis of projects under development: It required consulting with the Unidad de Proyectos Habitacionales to certify the non-existence of residential or housing projects underway. 4. Inter-institutional coordination: The investigation revealed the existence of an agreement with the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) for hydraulic infrastructure works. 5. Verification of comodato (bailment) contracts: The existence of a comodato (bailment) contract with a Development Association for a bio-stabilization project of organic material was determined. B) ON THE REQUIRED INTERNAL ADMINISTRATIVE PROCESS The technical reports DPH-UPH-207 and 2025DPH-UPH-208-2025 both from the Unidad de Proyectos Habitacionales, detail the internal steps that were necessary to provide a truthful and complete response: 1. Consultation with the Unidad de Fondos de Inversión de Bienes Inmuebles (UFIBI): • Verification of the patrimonial status of the property • Review of current contracts • Analysis of the legal situation of the property 2. Coordination with specialized technical personnel: • Consultation with Arch. Daniel Vargas for the location of the property • Meeting with the head of UFIBI, Cristina Sánchez Avenida 9, calles 3 bis y 5, Barrio Amón, San José. Apdo. 2534-1000 San José, Costa Rica Central Telefónica: Telf490 www.invu.go.cr Pág. 3 / 6 3. Field investigation: • Scheduling and execution of a technical visit to the site • Updated photographic survey • On-site verification of the works carried out by the AyA C) ON THE NATURE OF THE IDENTIFIED WORKS It is crucial to clarify that the works observed by the appellant DO NOT constitute an urban development project of the INVU, but rather correspond to: 1. Hydraulic infrastructure works of the AyA: Containment, mitigation, and stormwater evacuation works, as well as erosion control caused by the Río María Aguilar. 2. Environmental protection measures: The works are intended for protection against river erosion and the adequate management of stormwater. 3. Inter-institutional collaboration: The INVU facilitated the temporary use of the land to the AyA for the storage of materials and machinery necessary for the execution of these infrastructure works. That being the case, this institution fully recognizes the constitutional right of petition enshrined in Article 27 of the Constitución Política and has never intended to obstruct its exercise. A distinction must be made between an unjustified delay and the technical time necessary to investigate and provide truthful information. In the present case, it was not a matter of administrative negligence, but of due diligence to guarantee the accuracy of the response. Article 11 of the Constitution obliges public officials to fulfill their duties diligently. This includes the duty to provide truthful and complete information, which requires the necessary technical time for its verification; furthermore, the Administration must be effective, but also truthful. A hasty and incorrect response would have violated the principle of good faith and the duty to provide reliable information. In this case, internal coordination among different specialized units was necessary to provide a comprehensive response, considering that transparency is not satisfied solely by speed in the response, but by the truthfulness and completeness of the information provided. The time taken (the response to his inquiry was sent to the appellant on 11 August 2025), was reasonable and proportional considering: 1. The technical complexity of the inquiry 2. The need for coordination among multiple units 3. The performance of field verifications 4. The duty to provide truthful and complete information 5. The ordinary workload of the units involved Therefore, the period to respond to the appellant is considered reasonable considering the complexity of the request made, without omitting that when inquiries require specialized technical analysis, the ordinary periods must necessarily be extended because a complete and truthful response is preferable to a rapid but incomplete or erroneous response; in this case, it is repeated, it was a complex petition, and on this the Honorable Tribunal has expressed itself as follows: '(...) When an organ or public entity exceeds these periods, in principle, a violation of the right to prompt and timely administrative justice established in Article 41 of the Constitución Política occurs. However, the foregoing in no way implies a constitutionalization of legal deadlines, because what is protected is the right that every person has for their cause to be resolved within a reasonable period; a period that must be established in each specific case, considering the technical complexity of the matter in question (...). Therefore, failure to comply with legal terms may, at times, not entail a violation of Articles 27 and 41 of the Constitution (...)'. (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 2007-000215. San José, at ten hours and forty-four minutes on the twelfth of January, two thousand seven) In this case, the INVU acted with due diligence, carrying out the necessary technical steps to provide a truthful and complete response to the appellant. The complexity of the inquiry fully justified the time taken, and at no time was it intended to obstruct the exercise of the right of petition. Public administration requires technical processes that guarantee the truthfulness of the information provided to citizens. In this case, the INVU fully complied with its constitutional duty to provide reliable information, which required the technical time necessary for its verification." Requests that the appeal be declared without merit.

4.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

Drafted by Magistrate Cruz Castro; and,

Considerando:

I.- OBJECT OF THE APPEAL: The appellant claims that on 09 June 2025, he asked the respondent authority, at the email address ...2185, for the following information: "I take this opportunity to greet you and at the same time I allow myself to make an inquiry as to whether the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) currently has any urban development project underway in the vicinity of Parque de la Paz, exactly next to this park, located in San Sebastián, San José. I understand that the lands of Parque de la Paz are the property of the INVU, and that the lands where a project, apparently urban development, is being carried out are also the property of the INVU. The inquiry arises because nowhere on this land does there appear or is there found any official INVU sign informing about the project." Despite the foregoing, he alleges that at the time of filing this appeal, he has not received a response to his request.

II.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been so accredited or because the respondent authority has omitted to refer to them, as set forth in the initial order:

a) That on 09 June 2025, the appellant asked the respondent authority, at the email address ...2185, for the following information: "I take this opportunity to greet you and at the same time I allow myself to make an inquiry as to whether the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) currently has any urban development project underway in the vicinity of Parque de la Paz, exactly next to this park, located in San Sebastián, San José. I understand that the lands of Parque de la Paz are the property of the INVU, and that the lands where a project, apparently urban development, is being carried out are also the property of the INVU. The inquiry arises because nowhere on this land does there appear or is there found any official INVU sign informing about the project." (see report of the respondent authority).

b) That on 08 August 2025, the admission resolution was notified to the respondent authority (see notification certificate).

c) That on 11 August 2025, the response to the request for information was notified to the appellant (see report of the respondent authority).

III.- ON THE SPECIFIC CASE: From the report rendered by the respondent authority, which is given under the solemnity of oath with the legal consequences that this implies, it is clear that on 09 June 2025, the appellant asked the respondent authority, at the email address ...2185, for the following information: "I take this opportunity to greet you and at the same time I allow myself to make an inquiry as to whether the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) currently has any urban development project underway in the vicinity of Parque de la Paz, exactly next to this park, located in San Sebastián, San José. I understand that the lands of Parque de la Paz are the property of the INVU, and that the lands where a project, apparently urban development, is being carried out are also the property of the INVU. The inquiry arises because nowhere on this land does there appear or is there found any official INVU sign informing about the project." It was established that on 08 August 2025, the admission resolution was notified to the respondent authority and that, on 11 August 2025, the response to the request for information was notified to the appellant. In conclusion, it is true that the request for information filed by the appellant on 09 June 2025 to the email address ...2185 had not been resolved. For its part, the respondent authority demonstrated that on 11 August, it sent the requested information to the appellant to the indicated means for receiving notifications. In view of this situation and taking into account that the information was provided upon notification of the admission resolution of this amparo (which occurred on 08 August 2025), the appropriate course is to declare the appeal with merit without special condemnation for costs (costas), damages, and losses (daños y perjuicios). Regarding the official status of the email address ...2185, given the omission of the respondent authority, it is considered as an official means for receiving requests.

IV.- ON THE CONDEMNATION FOR COSTS, DAMAGES, AND LOSSES (COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS) PURSUANT TO ARTICLE 52 OF THE LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. On the condemnation for costs (costas), damages, and losses (daños y perjuicios) pursuant to Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. Upon better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the sub examine, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional ("If, while the amparo is underway, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be declared with merit solely for purposes of indemnification and costs [costas], if they are applicable"), the estimation must be without special condemnation for costs (costas), damages, and losses (daños y perjuicios), based on the following considerations. Although there is an express text in the law that obliges the operative part of the ruling to indicate that the appeal is declared with merit when the grievance is resolved while the amparo is underway, it is no less true that this same paragraph in fine refers that the estimation is issued "solely for purposes of indemnification and costs [costas], if they are applicable." It is emphasized that the Law indicates "if they are applicable," which means that the applicability of indemnification and costs depends on an assessment, appreciation, or consideration by the Tribunal. In cases like this, the content of the claim of the amparo beneficiary and the conduct of the respondent authority in acknowledging it suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations are not directly referred to an impact on a constitutional right of an evidently patrimonial nature (as would occur, for example, with an impact on the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of Article 51 of the same Ley de la Jurisdicción Constitucional, when it provides that: "any resolution that upholds the appeal shall condemn in the abstract to the indemnification of the damages and losses (daños y perjuicios) caused and to the payment of the costs (costas) of the appeal, and their liquidation shall be reserved for the execution of the sentence," where the possibility of assessing whether or not indemnification and costs (costas) are applicable is not foreseen. The principles of Constitutional Law, Public and General Procedural Law or, where applicable, International or Community Law and, additionally, in order, the Ley General de la Administración Pública and the Código Procesal Contencioso Administrativo and other procedural codes, are a supplementary source for the application and interpretation of the rules of the Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. Article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, which responds to the procedural logic in any matter. In any event, the affected party in the sub lite preserves the possibility of resorting, if he so wishes, to a plenary proceeding to demonstrate that he has suffered some type of impairment. Based on the foregoing, it is the majority's criterion to resolve this appeal without condemnation for costs (costas), damages, and losses (daños y perjuicios).

V.- DIFFERING REASONS AND PARTIAL DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO: Although I concur with the majority vote, which declares the appeal with merit for violation of the right of petition and prompt response, I consider that it must be upheld; but imposing on the respondent party the payment of costs (costas), as well as indemnification for the damages and losses (daños y perjuicios) caused, for the following reasons.

The right of petition and prompt response, contained in Articles 27 of the Constitución Política and 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, obliges public officials to resolve the requests of the administered within a period of ten business days from the date such requests are filed, unless a different period has been set to respond. However, Article 32 cited provides, additionally, that, in the decision on the petition, the Chamber shall assess the reasons adduced to consider said period insufficient, taking into account the circumstances and the nature of the matter. In any case, the Administration is obliged to inform the petitioner of the reasons for the delay in issuing a pronouncement. For the purposes of this analysis, it is relevant to bear in mind what is indicated by the aforementioned rules.

Article 27 of the Constitución Política establishes the following:

"The freedom of petition, individually or collectively, before any public official or official entity, and the right to obtain a prompt resolution are guaranteed."

For its part, numeral 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional establishes the following:

"When the amparo refers to the right of petition and to obtain a prompt resolution, established in Article 27 of the Constitución Política, and no period has been set to respond, it shall be understood that the violation occurs once ten business days have elapsed from the date on which the request was filed in the administrative office, without prejudice to the fact that, in the decision on the appeal, the reasons adduced to consider that period insufficient may be assessed, taking into account the circumstances and the nature of the matter."

In the same vein, the Ley de Regulación del Derecho de Petición No. 9097 of 26 October 2012, establishes that this right is susceptible to judicial protection through the amparo appeal established by Article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in relation to Article 27 of the Constitución Política, for those cases in which the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting his or her fundamental rights. It is relevant to bear in mind what is indicated in numeral 6 of said regulation:

"Submission of briefs and response period.

The brief in which the petition is submitted and any other documents and communications provided, to the corresponding public administration, as indicated in Article 2 of this law, shall oblige the administration to acknowledge receipt thereof, and it must respond within the non-extendable period of ten business days counted from the day following receipt, provided that the requirements established in this law are met. This action shall be carried out by the corresponding organ, in accordance with the organizational regulations of each entity...".

Thus, in amparo appeals referring to the alleged violation of this right, there is an express legal norm - constitutionally endorsed by the law governing this jurisdiction - that orders the required information to be provided within the ten business days following the request, as provided in Articles 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional and 27 of the Constitución Política, as indicated previously. Additionally, said period is reiterated in Article 6 of Law No. 9097, which reinforces the legislator's intent regarding the protection of this right.

Likewise, the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in Article 51, provides:

"...any resolution that upholds the appeal shall condemn in the abstract to the indemnification of the damages and losses (daños y perjuicios) caused and to the payment of the costs (costas) of the appeal, and their liquidation shall be reserved for the execution of the sentence."

This last norm establishes the general system that regulates matters concerning indemnification and the payment of costs (costas), and which the majority calls the "natural or normal form of termination of the process, where there is a ruling on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights...".

Consequently, in the case before us, the violation of the constitutionally endorsed ten-day period is verified - which, by the way, is not required for the rest of the amparo appeals, except for the right of rectification and response (numeral 68 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional)-.

Therefore, what is appropriate in this regard, and with due respect to the majority's thesis, is to consider the violation of the right of petition and prompt response, as well as the right of access to public information (Article 30, Constitucional), which guarantees free access to administrative departments for the purpose of obtaining information on matters of public interest, to be established, ordering the condemnation for costs (costas), damages, and losses (daños y perjuicios) against the respondent authority.

Thus, dealing with a constitutionally endorsed period - both by the legislator and by this Tribunal Constitucional -, its non-compliance entails a violation of the fundamental right that prompted the appellant to file this amparo appeal as a mechanism to obtain a response to his request or access to the information he required, the foregoing regardless of whether the response or the delivery of information occurred before or upon the occasion of the amparo; because, in truth, the administered finally saw his constitutional right satisfied upon the filing of the amparo appeal that he was forced to file, with the inconveniences and costs that this entails. It is insisted, the response or access given by the respondent Administration that occurs once the period in question has expired, even if it occurs before the notification of the admission of the amparo, or, as in this case, upon notification of said admission, does not constitute timely compliance with the obligation imposed by ordinaries 27 and 30 of the Constitution. It is clear that in this scenario, that extemporaneous response represents a satisfaction of the claim of the amparo beneficiary, but that is not an obstacle to the recognition of the damages and losses (daños y perjuicios) that such indolence may have caused the appellant, as well as the costs associated with the exercise of this procedural action, necessary for the protection of his fundamental rights, as enabled by precept 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Consequently, I partially dissent, and impose on the respondent party the payment of costs (costas), damages, and losses (daños y perjuicios).

VI.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE GARRO VARGAS REGARDING THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT. Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC) states: "If, while the amparo is underway, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be declared with merit solely for purposes of indemnification and costs [costas], if they are applicable."

My interpretation of that norm is as follows: That "resolution" is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase "if they are applicable" refers to costs (costas). Moreover, Article 197 of the Código Procesal Contencioso-Administrativo, cited by the majority, based on Article 14 of the LJC, precisely refers only to these: costs (costas).

Certainly, under Article 48 of the Constitución Política (CP), the essential content of the right to amparo appeal is not indemnificatory but restitutive; however, Article 51 of the LJC states: "Any resolution that upholds the appeal shall condemn in the abstract to the indemnification of the damages and losses (daños y perjuicios) caused and to the payment of the costs (costas) of the appeal, and their liquidation shall be reserved for the execution of the sentence."

If the right has been violated and the Chamber so verifies, even in the event that it has been restored, damages and losses (daños y perjuicios) may have arisen. For this reason, the abstract condemnation thereof is appropriate. If this were not done, if such condemnation were not given, in the event that they had indeed occurred, there would be no title – derived from this process – to claim them, which could violate Article 41 of the CP. If, despite the abstract condemnation, no damages and losses (daños y perjuicios) have occurred, the judge in the ordinary venue shall so declare, as only he is responsible for establishing the actual existence and magnitude of the same as proven.

With the thesis defended by the majority, I believe that, contrary to what is sought, it would incentivize the Administration to respect rights only when faced with the existence of an amparo appeal. It remains to be said that Article 52 of the LJC foresees the possibility that, if it is deemed just, the Chamber may condemn in costs (costas), even when the right has been restored.

By reason of the foregoing, I partially dissent with respect to the operative part and order the condemnation for damages and losses (daños y perjuicios), but not the condemnation for costs (costas).

VII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE: The appellant is warned that, should he have provided any document on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new technology-produced device, he must retrieve them from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not retrieved within this period will be destroyed, as provided in the «Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial», approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of 22 August 2011, Article XXVI and published in the Boletín Judicial No. 19 of 26 January 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on 3 May 2012, Article LXXXI.

Por tanto:

The appeal is declared with merit without special condemnation for costs (costas), damages, and losses (daños y perjuicios). Magistrate Salazar Alvarado records differing reasons and partially dissents, solely for indemnification purposes, and imposes on the respondent party the payment of costs (costas), damages, and losses (daños y perjuicios). Magistrate Garro Vargas partially dissents and orders the condemnation for damages and losses (daños y perjuicios), but not for costs (costas). Let it be notified.

Nombre137 V.

President

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Nombre138 .

Nombre139 V.

Alejandro Delgado F.

Digitally Signed Document

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DDGXDCYKC1Q61

EXPEDIENTE N° 25-023006-0007-CO

Telephones: Telf46 / (). Fax: Telf47 / Telf48. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección12 , Dirección13 , 100 mts.

South of the Perpetuo Socorro church).

 

 

This is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 11:06:59.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República