Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)En el caso que nos ocupa, el recurrente acude en abstracto y de forma genérica, para solicitar que se ordene a las municipalidades recurridas fomentar el diálogo y participación ciudadana respecto del proyecto Turístico Papagayo. Sin embargo, el recurrente no expone una situación concreta e individual que presuponga la amenaza directa de sus derechos fundamentales o de un tercero. De manera que, pretende que este Tribunal controle en abstracto la constitucionalidad o legalidad, de lo alegado, sin que exista de por medio una situación real sobre la cual ejercer ese control, lo cual, como se indicó, resulta improcedente en el amparo.
Adicionalmente, no le compete a este Tribunal usurpar las competencias legalmente asignadas a las autoridades recurridas a fin de revisar y determinar, conforme a los técnicos, jurídicos y de idoneidad, así como de oportunidad y conveniencia, si las autoridades recurridas deben o no fomentar el diálogo o la participación ciudadana respecto del proyecto turístico en cuestión; toda vez que, ello es una labor propia de la Administración, cuyos diferendos deben ser planteados ante la propia autoridad recurrida o en la vía judicial correspondiente, a través de los mecanismos de impugnación dispuestos al efecto, por ser ajenos al ámbito de competencias de esta jurisdicción especializada.
English (translation)In the case at hand, the petitioner comes in the abstract and generically, requesting that the respondent municipalities be ordered to promote dialogue and citizen participation regarding the Papagayo Tourism Project. However, the petitioner does not set forth a concrete and individual situation that presupposes a direct threat to his fundamental rights or those of a third party. Thus, he seeks for this Court to abstractly control the constitutionality or legality of what he alleges, without there being a real situation on which to exercise such control, which, as indicated, is improper in an amparo proceeding.
Additionally, it is not for this Court to usurp the legally assigned powers of the respondent authorities to review and determine, according to technical, legal, and suitability criteria, as well as appropriateness and convenience, whether the respondent authorities should or should not foster dialogue or citizen participation regarding the tourism project in question; since this is a task proper to the Administration, whose disputes must be raised before the respondent authority itself or through the corresponding judicial channels, by means of the challenge mechanisms provided for that purpose, as they fall outside the scope of competence of this specialized jurisdiction.
Inadmissible
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 27214 - 2025 Fecha de la Resolución: 26 de Agosto del 2025 a las 09:30 Expediente: 25-024682-0007-CO Redactado por: Fernando Castillo Víquez Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Texto de la resolución Exp: 25-024682-0007-CO Res. Nº 2025027214 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del veintiseis de agosto de dos mil veinticinco . Recurso de amparo interpuesto por Nombre49424 , cédula de identidad número CED38524, adulto mayor; contra la MUNICIPALIDAD DE CARRILLO Y LA MUNICIPALIDAD DE LIBERIA. Resultando: 1.- Por escrito presentado por Gestión en Línea a las 14:31 horas del 18 de agosto de 2025, la parte recurrente interpone recurso de amparo y manifiesta que: “La falta de diálogo entre las municipalidades de Carrillo y Liberia y los vecinos, en relación con el proyecto Papagayo, podría vulnerar varios artículos de la Constitución Política de Costa Rica, principalmente aquellos relacionados con la participación ciudadana, la transparencia y el acceso a la información. Además, podría afectar derechos fundamentales como la propiedad privada y el medio ambiente sano. Artículos potencialmente vulnerados: • Artículo 27 (Derecho de petición): La falta de diálogo podría impedir que los vecinos presenten sus peticiones, quejas o reclamos a las autoridades municipales sobre el proyecto Papagayo. El artículo 27 de la Constitución Política de Costa Rica garantiza la libertad de petición, tanto individual como colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, así como el derecho a obtener una pronta resolución. Además, el artículo 30 complementa esto al asegurar el libre acceso a los departamentos administrativos para obtener información sobre asuntos de interés público. En resumen, el artículo 27 establece: • Derecho de petición: Toda persona puede dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial para exponer un asunto de su interés. • Pronta resolución: Se garantiza el derecho a recibir una respuesta a la petición presentada, aunque no necesariamente una respuesta favorable a sus intereses. • Acceso a la información: El artículo 30 extiende este derecho al acceso a la información pública en los departamentos administrativos. Es importante destacar que este derecho no es ilimitado y está sujeto a ciertas formalidades, según la jurisprudencia de la Sala Constitucional de Costa Rica. Además, la información a la que se puede acceder mediante este mecanismo está limitada por la legislación que protege los secretos de estado, según el artículo 30. • Artículo 39 (Debido proceso): Si las municipalidades no brindan información clara y transparente sobre el proyecto, y no permiten la participación de los vecinos en la toma de decisiones, se podría estar vulnerando el derecho a un debido proceso. El Artículo 39 de la Constitución Política de Costa Rica establece el principio de debido proceso legal, asegurando que nadie puede ser sancionado sino por delito, cuasidelito o falta, previamente establecidos por ley, y en virtud de una sentencia firme dictada por autoridad competente, con la oportunidad de defensa y demostración de culpabilidad. En resumen, el Artículo 39 garantiza: • Legalidad de la pena: Solo se puede aplicar una sanción si existe una ley que la establezca previamente. • Sentencia firme: La sanción solo puede ser impuesta por una sentencia judicial que haya adquirido firmeza, es decir, que no admita más recursos. • Autoridad competente: La sentencia debe ser dictada por un tribunal o juez legalmente establecido. • Oportunidad de defensa: Se debe garantizar a la persona acusada la posibilidad de defenderse, presentar pruebas y alegatos. • Demostración de culpabilidad: La culpabilidad debe ser demostrada más allá de toda duda razonable, no basta con meras sospechas. El debido proceso, en esencia, es un conjunto de garantías que buscan proteger los derechos de las personas en cualquier procedimiento legal, asegurando un juicio justo y equitativo. Este principio se extiende a todas las ramas del derecho, incluyendo el administrativo y el penal. Algunos aspectos importantes del debido proceso en Costa Rica: • Principio de legalidad: Ninguna persona puede ser sancionada por hechos que no estén previamente definidos como delito, cuasidelito o falta por la ley. • Principio de contradicción: La persona acusada debe tener la oportunidad de conocer y controvertir las pruebas presentadas en su contra. • Principio de defensa en juicio: Se debe garantizar a la persona acusada el derecho a contar con un abogado defensor y a presentar pruebas en su favor. • Principio de publicidad: Los procesos judiciales deben ser públicos, salvo excepciones establecidas por la ley, lo que permite la transparencia y el control social. • Principio de doble instancia: La persona acusada tiene derecho a recurrir la sentencia ante un tribunal superior. • Principio de juez natural: Una persona solo puede ser juzgada por un tribunal previamente establecido por ley, evitando la creación de tribunales especiales ad hoc. El Artículo 39, en conjunto con otros artículos de la Constitución y la jurisprudencia, establece un marco fundamental para la protección de los derechos individuales en Costa Rica. Artículo 74 (Derecho al trabajo): El proyecto Papagayo podría afectar la actividad económica de algunos vecinos, por lo que es fundamental que se les brinde la oportunidad de participar en la planificación y ejecución del proyecto para asegurar que sus derechos laborales sean respetados. El Artículo 74 de la Constitución Política de Costa Rica establece que los derechos y beneficios laborales son irrenunciables y deben ser aplicados por igual a todos los factores de la producción, procurando una política de solidaridad nacional. Además, se menciona que estos derechos se derivan del principio cristiano de justicia social y están regulados por la legislación social y laboral. El Artículo 74 también aborda la relación entre la Contraloría General de la República y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Se establece que la Contraloría no aprobará presupuestos ni modificaciones presupuestarias de instituciones públicas, incluyendo municipalidades, si no presentan una certificación de la CCSS que acredite que están al día con el pago de las cuotas patronales y obreras, o que tienen un arreglo de pago aprobado. En resumen, el Artículo 74 de la Constitución Política de Costa Rica se enfoca en la protección de los derechos laborales, la solidaridad nacional y la relación entre las instituciones públicas y la CCSS en materia presupuestaria. Artículo 89 (Medio ambiente sano): La construcción de un proyecto de tal magnitud en la zona de Papagayo podría tener un impacto significativo en el medio ambiente. La falta de diálogo podría impedir que los vecinos participen en la evaluación del impacto ambiental y en la búsqueda de soluciones minimizar los daños. El artículo 89 de la Constitución Política de Costa Rica establece los fines culturales de la República. Estos fines incluyen la protección de las bellezas naturales, la conservación y desarrollo del patrimonio histórico y artístico de la nación, y el apoyo a la iniciativa privada para el progreso científico y artístico. En detalle, el artículo señala: • Protección de las bellezas naturales: Esto implica la preservación de los paisajes, recursos naturales y ecosistemas únicos de Costa Rica. • Conservación y desarrollo del patrimonio histórico y artístico: Se refiere a la protección y promoción de los sitios históricos, monumentos, obras de arte y expresiones culturales de la nación. • Apoyo a la iniciativa privada para el progreso científico y artístico: Esto incluye fomentar la investigación científica, la creación artística y la innovación en diversos campos, tanto por parte del sector público como privado. El artículo 89, por lo tanto, establece un marco para la protección y promoción de la cultura y el patrimonio de Costa Rica, así como para el fomento del conocimiento y la creatividad. • Artículo 121 (Control político): Las municipalidades deben ser transparentes en su gestión y rendir cuentas a los ciudadanos. La falta de diálogo podría dificultar el control político por parte de los vecinos sobre el proyecto Papagayo. Recomendaciones: Las municipalidades de Carrillo y Liberia deben implementar mecanismos efectivos para facilitar el diálogo con los vecinos, como: • Audiencias públicas: Realizar audiencias públicas con la participación de expertos y vecinos para discutir el proyecto Papagayo. • Mesas de diálogo: Crear mesas de diálogo con representantes de la comunidad para analizar los impactos del proyecto y buscar soluciones. • Acceso a la información: Facilitar el acceso a la información sobre el proyecto, incluyendo estudios de impacto ambiental y planes de desarrollo. • Mecanismos de participación ciudadana: Establecer mecanismos para que los vecinos puedan presentar sus propuestas y preocupaciones sobre el proyecto. Al garantizar la participación ciudadana y la transparencia en el proceso, las municipalidades podrán construir proyectos que beneficien a toda la comunidad y respeten los derechos fundamentales de sus habitantes. Tomando en consideración la Municipalidad de Carrillo y de Liberia que el Proyecto Bahía Papagayo se encuentra en una encrucijada legal, enfrentando críticas por su impacto ambiental y social, y al mismo tiempo defendiendo su legalidad y compromiso con el desarrollo sostenible. Son responsables de no propiciar un dialogo entre las partes. ASI LO CONSIDERO: por lo que se puede argumentar que las municipalidades de Carrillo y Liberia tienen responsabilidad, en parte, por la falta de diálogo en el Proyecto Bahía Papagayo, dado su rol en la gestión territorial y el desarrollo local. Aunque defienden su legalidad y compromiso con el desarrollo sostenible, las críticas y la encrucijada legal del proyecto sugieren la necesidad de un diálogo más amplio que involucre a todas las partes interesadas. Análisis: • Rol de las municipalidades: Las municipalidades son las entidades encargadas de promover el desarrollo local y gestionar el uso del suelo dentro de sus cantones. En el caso de Bahía Papagayo, ambas municipalidades tienen jurisdicción sobre la zona y, por lo tanto, un papel crucial en la facilitación del diálogo y la búsqueda de soluciones. • Conflicto y críticas: El proyecto Bahía Papagayo ha generado fuertes críticas por su impacto ambiental y social, incluyendo denuncias de cambio de uso de suelo, deforestación y afectación a ecosistemas. Estas críticas, sumadas a la situación legal incierta, evidencian la necesidad de un espacio de diálogo para abordar las preocupaciones y buscar alternativas. • Responsabilidad compartida: Si bien la empresa desarrolladora también tiene responsabilidad en la situación, las municipalidades no pueden mantenerse al margen de la controversia. Su inacción o falta de impulso para el diálogo puede interpretarse como una falta de compromiso con el desarrollo sostenible y la participación ciudadana. • Importancia del diálogo: El diálogo entre la empresa, las comunidades locales, las organizaciones ambientalistas y las municipalidades es fundamental para encontrar soluciones que equilibren el desarrollo económico con la protección ambiental y el bienestar social. Un proceso de diálogo transparente y participativo podría ayudar a resolver conflictos, generar confianza y promover un desarrollo más equitativo y sostenible. En resumen, aunque el Proyecto Bahía Papagayo enfrenta desafíos legales y críticos, las municipalidades de Carrillo y Liberia tienen un papel importante que desempeñar en la promoción del diálogo y la búsqueda de soluciones conjuntas para un desarrollo más sostenible y equitativo. Así las cosas, el diálogo entre partes se define como una comunicación intencional y constructiva entre dos o más individuos o grupos, con el objetivo de entenderse, resolver conflictos o construir acuerdos. Si no hay diálogo, o si este se interrumpe o se utiliza de forma violenta (verbal, psicológica o física), se corre el riesgo de que el conflicto escale, se agrave o se resuelva de manera insatisfactoria o incluso destructiva. El diálogo como herramienta para la resolución de conflictos: • Permite la expresión: El diálogo brinda un espacio seguro para que las partes expresen sus puntos de vista, necesidades, preocupaciones y expectativas. • Fomenta la escucha activa: Un diálogo efectivo implica escuchar atentamente al otro, comprender su perspectiva y validar sus sentimientos, incluso si no se está de acuerdo con ellos. • Facilita la comprensión mutua: Al compartir información y perspectivas, se puede generar una comprensión más profunda de la situación, los intereses y las motivaciones de cada parte. • Promueve la empatía: Escuchar activamente y comprender al otro puede generar empatía, lo que a su vez facilita la búsqueda de soluciones conjuntas. • Permite la búsqueda de soluciones: El diálogo puede llevar a la identificación de soluciones creativas y mutuamente aceptables, evitando la imposición de una sola perspectiva. Consecuencias de la ausencia o uso inadecuado del diálogo: • Escalada del conflicto: Si no hay diálogo, o si este es agresivo o despectivo, el conflicto puede intensificarse y volverse más difícil de resolver. • Resentimiento y desconfianza: La falta de diálogo puede generar resentimiento, desconfianza y distanciamiento entre las partes. • Daños emocionales: La violencia verbal o psicológica puede causar daño emocional y afectar la salud mental de las personas involucradas. • Soluciones insatisfactorias: La falta de diálogo puede llevar a soluciones que no satisfacen las necesidades de todas las partes, generando frustración y nuevos conflictos en el futuro. • Ruptura de relaciones: En casos extremos, la falta de diálogo puede llevar a la ruptura de relaciones personales o profesionales. En resumen, el diálogo es una herramienta fundamental para la construcción de relaciones saludables y la resolución pacífica de conflictos. Su ausencia o uso inadecuado puede tener consecuencias negativas significativas, mientras que su práctica efectiva puede llevar a soluciones más satisfactorias y duraderas. JURISDICION El Cantón de Carrillo tiene cuatro distritos: Filadelfia (la cabecera), Palmira, Sardinal, y Belén. Playa Panamá se encuentra en el distrito de Sardinal, que también incluye al pueblo de Tamarindo y otras áreas costeras. El Proyecto Turístico Papagayo, ubicado en la Bahía Culebra, abarca partes de los cantones de Liberia (distrito de Nacascolo) y Carrillo (distrito de Sardinal). Distritos del Cantón de Carrillo: • Filadelfia: La cabecera del cantón, antiguamente conocida como Sietecueros. • Palmira: Anteriormente llamado Boquerones. • Sardinal: El distrito más grande en población y territorio, conocido por sus playas y turismo. • Belén: Anteriormente conocido como Villita. Comunidades en el Distrito de Sardinal: • Playa Panamá: Ubicada en el distrito de Sardinal. • Tamarindo: Uno de los poblados más antiguos del distrito de Sardinal. Proyecto Turístico Papagayo: • Este proyecto se extiende entre el distrito de Nacascolo (Liberia) y el distrito de Sardinal (Carrillo) en la Bahía Culebra. • Comprende áreas desde Punta Cabuyal hasta Punta Cacique. El Proyecto Bahía Papagayo, ubicado en Guanacaste, enfrenta actualmente desafíos legales relacionados con denuncias de tala ilegal y litigios estratégicos contra críticos del proyecto. Se han presentado denuncias por difamación y se han utilizado medidas cautelares contra personas que cuestionan la legalidad ambiental del desarrollo. El proyecto, declarado de interés nacional y bajo la administración del ICT, defiende su apego a la legalidad y transparencia, mientras que sus detractores argumentan que se están utilizando tácticas legales para silenciar la oposición y limitar la participación ciudadana. Desarrollo del Proyecto y Marco Legal: • Ley 6758: El Proyecto Turístico Golfo de Papagayo se rige por la Ley N° 6758, que establece su declaratoria de interés nacional y su desarrollo bajo la administración del Instituto Costarricense de Turismo (ICT). • Plan Maestro: El proyecto cuenta con un Plan Maestro que define las directrices de desarrollo y está alineado con políticas nacionales más amplias. • Uso del Suelo: El proyecto establece límites estrictos en cuanto a la construcción, permitiendo solo un 30% del área concesionada para construcción y reservando el 70% restante como área de conservación. • Control Estatal: El proyecto se encuentra bajo la supervisión del ICT, quien ejerce sus competencias en la zona, en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Energía. Desafíos Legales y Críticas: • Denuncias por Tala: Se ha denunciado tala ilegal, pero la inspección del SINAC descartó la tala y solo identificó chapia de rebrotes. • Litigios Estratégicos (SLAPP): Se han presentado demandas por difamación contra críticos del proyecto, lo que ha generado acusaciones de ser litigios estratégicos para silenciar la oposición. • Falta de Participación Ciudadana: Se ha cuestionado la falta de participación ciudadana en el proceso de aprobación del proyecto, aunque la empresa afirma haber cumplido con los procesos de consulta. • Marco Legal y Transparencia: Se critica la falta de transparencia en la gestión fiscal del proyecto y la dificultad para dar seguimiento a las sociedades anónimas vinculadas al mismo, según ALBASUD. Postura del Proyecto: • Apego a la Ley: La empresa defiende que el proyecto se desarrolla conforme a la ley, cumpliendo con los permisos ambientales y las normas del Polo Turístico de Papagayo. • Transparencia y Diálogo: El proyecto afirma mantener una relación transparente con la comunidad y estar abierto al diálogo para aclarar cualquier consulta, según el Periódico Mensaje. • Desarrollo Sostenible: El proyecto se presenta como un modelo de desarrollo sostenible con enfoque comunitario, que busca beneficiar a la población local, según Periódico Mensaje. En resumen, el Proyecto Bahía Papagayo se encuentra en una encrucijada legal, enfrentando críticas por su impacto ambiental y social, y al mismo tiempo defendiendo su legalidad y compromiso con el desarrollo sostenible. POR TANTO: Se declare con lugar el presente Recurso de Amparo y se ordene a la Municipalidad de Carrillo y Liberia, tomar medidas necesarias y fomentar el Dialogo entre ambientalistas, ú otros interesados, vecinos de Playa de Panamá y comunidades aledañas al Proyecto Papagayo.” (SIC). 2.- Por escritos incorporados al expediente digital a las 08:23, 08:31, 0832, 08:33, 08:34, 09:18 y 11:50 horas, todos del 19 de agosto de 2025 el recurrente aportó prueba para mejor resolver y amplía el recurso de amparo, para lo cual manifiesta que: “El proyecto, bajo la Ley 6758, implementa una regulación estricta en cuanto al uso del suelo, destinando solo un 30% para construcción y designando el 70% restante como área de conservación. ANÁLISIS: Esta disposición, claramente enfocada en la conservación, busca mitigar el impacto ambiental del desarrollo y promover un equilibrio entre la actividad humana y la preservación del entorno natural. El enfoque en la conservación del 70% del área concesionada sugiere una estrategia para proteger ecosistemas, biodiversidad y recursos naturales, lo cual puede ser beneficioso para el medio ambiente y a largo plazo para el desarrollo sostenible del proyecto. Posibles implicaciones: • Impacto ambiental reducido: Al limitar la construcción, se minimiza la deforestación, la fragmentación de hábitats y la alteración de los ecosistemas naturales. • Conservación de la biodiversidad: La preservación del 70% del área permite la protección de especies vegetales y animales, así como de sus zonas de reproducción y alimentación. • Potencial para ecoturismo: Un área de conservación bien manejada puede atraer actividades de ecoturismo, generando ingresos adicionales para la comunidad y promoviendo la conciencia ambiental. • Restricciones al desarrollo: La limitación del 30% para construcción podría ser restrictiva para algunos proyectos, requiriendo una planificación cuidadosa y el uso eficiente del espacio disponible. • Desafíos de implementación: La gestión y protección efectiva del área de conservación requerirá de recursos, personal capacitado y una adecuada vigilancia. En resumen, la ley establece un marco legal que prioriza la conservación del entorno natural, aunque también presenta desafíos en su implementación práctica. Artículos potencialmente vulnerados: • Artículo 27 (Derecho de petición): La falta de diálogo podría impedir que los vecinos presenten sus peticiones, quejas o reclamos a las autoridades municipales sobre el proyecto Papagayo. El artículo 27 de la Constitución Política de Costa Rica garantiza la libertad de petición, tanto individual como colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, así como el derecho a obtener una pronta resolución. Además, el artículo 30 complementa esto al asegurar el libre acceso a los departamentos administrativos para obtener información sobre asuntos de interés público. En resumen, el artículo 27 establece: • Derecho de petición: Toda persona puede dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial para exponer un asunto de su interés. • Pronta resolución: Se garantiza el derecho a recibir una respuesta a la petición presentada, aunque no necesariamente una respuesta favorable a sus intereses. • Acceso a la información: El artículo 30 extiende este derecho al acceso a la información pública en los departamentos administrativos. Es importante destacar que este derecho no es ilimitado y está sujeto a ciertas formalidades, según la jurisprudencia de la Sala Constitucional de Costa Rica. Además, la información a la que se puede acceder mediante este mecanismo está limitada por la legislación que protege los secretos de estado, según el artículo 30. • Artículo 39 (Debido proceso): Si las municipalidades no brindan información clara y transparente sobre el proyecto, y no permiten la participación de los vecinos en la toma de decisiones, se podría estar vulnerando el derecho a un debido proceso. El Artículo 39 de la Constitución Política de Costa Rica establece el principio de debido proceso legal, asegurando que nadie puede ser sancionado sino por delito, cuasidelito o falta, previamente establecidos por ley, y en virtud de una sentencia firme dictada por autoridad competente, con la oportunidad de defensa y demostración de culpabilidad. En resumen, el Artículo 39 garantiza: • Legalidad de la pena: Solo se puede aplicar una sanción si existe una ley que la establezca previamente. • Sentencia firme: La sanción solo puede ser impuesta por una sentencia judicial que haya adquirido firmeza, es decir, que no admita más recursos. • Autoridad competente: La sentencia debe ser dictada por un tribunal o juez legalmente establecido. • Oportunidad de defensa: Se debe garantizar a la persona acusada la posibilidad de defenderse, presentar pruebas y alegatos. • Demostración de culpabilidad: La culpabilidad debe ser demostrada más allá de toda duda razonable, no basta con meras sospechas. El debido proceso, en esencia, es un conjunto de garantías que buscan proteger los derechos de las personas en cualquier procedimiento legal, asegurando un juicio justo y equitativo. Este principio se extiende a todas las ramas del derecho, incluyendo el administrativo y el penal. Algunos aspectos importantes del debido proceso en Costa Rica: • Principio de legalidad: Ninguna persona puede ser sancionada por hechos que no estén previamente definidos como delito, cuasidelito o falta por la ley. • Principio de contradicción: La persona acusada debe tener la oportunidad de conocer y controvertir las pruebas presentadas en su contra. • Principio de defensa en juicio: Se debe garantizar a la persona acusada el derecho a contar con un abogado defensor y a presentar pruebas en su favor. • Principio de publicidad: Los procesos judiciales deben ser públicos, salvo excepciones establecidas por la ley, lo que permite la transparencia y el control social. • Principio de doble instancia: La persona acusada tiene derecho a recurrir la sentencia ante un tribunal superior. • Principio de juez natural: Una persona solo puede ser juzgada por un tribunal previamente establecido por ley, evitando la creación de tribunales especiales ad hoc. El Artículo 39, en conjunto con otros artículos de la Constitución y la jurisprudencia, establece un marco fundamental para la protección de los derechos individuales en Costa Rica. Artículo 74 (Derecho al trabajo): El proyecto Papagayo podría afectar la actividad económica de algunos vecinos, por lo que es fundamental que se les brinde la oportunidad de participar en la planificación y ejecución del proyecto para asegurar que sus derechos laborales sean respetados. El Artículo 74 de la Constitución Política de Costa Rica establece que los derechos y beneficios laborales son irrenunciables y deben ser aplicados por igual a todos los factores de la producción, procurando una política de solidaridad nacional. Además, se menciona que estos derechos se derivan del principio cristiano de justicia social y están regulados por la legislación social y laboral. El Artículo 74 también aborda la relación entre la Contraloría General de la República y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Se establece que la Contraloría no aprobará presupuestos ni modificaciones presupuestarias de instituciones públicas, incluyendo municipalidades, si no presentan una certificación de la CCSS que acredite que están al día con el pago de las cuotas patronales y obreras, o que tienen un arreglo de pago aprobado. En resumen, el Artículo 74 de la Constitución Política de Costa Rica se enfoca en la protección de los derechos laborales, la solidaridad nacional y la relación entre las instituciones públicas y la CCSS en materia presupuestaria. Artículo 89 (Medio ambiente sano): La construcción de un proyecto de tal magnitud en la zona de Papagayo podría tener un impacto significativo en el medio ambiente. La falta de diálogo podría impedir que los vecinos participen en la evaluación del impacto ambiental y en la búsqueda de soluciones minimizar los daños. El artículo 89 de la Constitución Política de Costa Rica establece los fines culturales de la República. Estos fines incluyen la protección de las bellezas naturales, la conservación y desarrollo del patrimonio histórico y artístico de la nación, y el apoyo a la iniciativa privada para el progreso científico y artístico. En detalle, el artículo señala: • Protección de las bellezas naturales: Esto implica la preservación de los paisajes, recursos naturales y ecosistemas únicos de Costa Rica. • Conservación y desarrollo del patrimonio histórico y artístico: Se refiere a la protección y promoción de los sitios históricos, monumentos, obras de arte y expresiones culturales de la nación. • Apoyo a la iniciativa privada para el progreso científico y artístico: Esto incluye fomentar la investigación científica, la creación artística y la innovación en diversos campos, tanto por parte del sector público como privado. El artículo 89, por lo tanto, establece un marco para la protección y promoción de la cultura y el patrimonio de Costa Rica, así como para el fomento del conocimiento y la creatividad. • Artículo 121 (Control político): Las municipalidades deben ser transparentes en su gestión y rendir cuentas a los ciudadanos. La falta de diálogo podría dificultar el control político por parte de los vecinos sobre el proyecto Papagayo. Recomendaciones: Las municipalidades de Carrillo y Liberia deben implementar mecanismos efectivos para facilitar el diálogo con los vecinos, como: • Audiencias públicas: Realizar audiencias públicas con la participación de expertos y vecinos para discutir el proyecto Papagayo. • Mesas de diálogo: Crear mesas de diálogo con representantes de la comunidad para analizar los impactos del proyecto y buscar soluciones. • Acceso a la información: Facilitar el acceso a la información sobre el proyecto, incluyendo estudios de impacto ambiental y planes de desarrollo. • Mecanismos de participación ciudadana: Establecer mecanismos para que los vecinos puedan presentar sus propuestas y preocupaciones sobre el proyecto. Al garantizar la participación ciudadana y la transparencia en el proceso, las municipalidades podrán construir proyectos que beneficien a toda la comunidad y respeten los derechos fundamentales de sus habitantes. Tomando en consideración la Municipalidad de Carrillo y de Liberia que el Proyecto Bahía Papagayo se encuentra en una encrucijada legal, enfrentando críticas por su impacto ambiental y social, y al mismo tiempo defendiendo su legalidad y compromiso con el desarrollo sostenible. Son responsables de no propiciar un dialogo entre las partes. ASI LO CONSIDERO: por lo que se puede argumentar que las municipalidades de Carrillo y Liberia tienen responsabilidad, en parte, por la falta de diálogo en el Proyecto Bahía Papagayo, dado su rol en la gestión territorial y el desarrollo local. Aunque defienden su legalidad y compromiso con el desarrollo sostenible, las críticas y la encrucijada legal del proyecto sugieren la necesidad de un diálogo más amplio que involucre a todas las partes interesadas. Análisis: • Rol de las municipalidades: Las municipalidades son las entidades encargadas de promover el desarrollo local y gestionar el uso del suelo dentro de sus cantones. En el caso de Bahía Papagayo, ambas municipalidades tienen jurisdicción sobre la zona y, por lo tanto, un papel crucial en la facilitación del diálogo y la búsqueda de soluciones. • Conflicto y críticas: El proyecto Bahía Papagayo ha generado fuertes críticas por su impacto ambiental y social, incluyendo denuncias de cambio de uso de suelo, deforestación y afectación a ecosistemas. Estas críticas, sumadas a la situación legal incierta, evidencian la necesidad de un espacio de diálogo para abordar las preocupaciones y buscar alternativas. • Responsabilidad compartida: Si bien la empresa desarrolladora también tiene responsabilidad en la situación, las municipalidades no pueden mantenerse al margen de la controversia. Su inacción o falta de impulso para el diálogo puede interpretarse como una falta de compromiso con el desarrollo sostenible y la participación ciudadana. • Importancia del diálogo: El diálogo entre la empresa, las comunidades locales, las organizaciones ambientalistas y las municipalidades es fundamental para encontrar soluciones que equilibren el desarrollo económico con la protección ambiental y el bienestar social. Un proceso de diálogo transparente y participativo podría ayudar a resolver conflictos, generar confianza y promover un desarrollo más equitativo y sostenible. En resumen, aunque el Proyecto Bahía Papagayo enfrenta desafíos legales y críticos, las municipalidades de Carrillo y Liberia tienen un papel importante que desempeñar en la promoción del diálogo y la búsqueda de soluciones conjuntas para un desarrollo más sostenible y equitativo. Así las cosas, el diálogo entre partes se define como una comunicación intencional y constructiva entre dos o más individuos o grupos, con el objetivo de entenderse, resolver conflictos o construir acuerdos. Si no hay diálogo, o si este se interrumpe o se utiliza de forma violenta (verbal, psicológica o física), se corre el riesgo de que el conflicto escale, se agrave o se resuelva de manera insatisfactoria o incluso destructiva. El diálogo como herramienta para la resolución de conflictos: • Permite la expresión: El diálogo brinda un espacio seguro para que las partes expresen sus puntos de vista, necesidades, preocupaciones y expectativas. • Fomenta la escucha activa: Un diálogo efectivo implica escuchar atentamente al otro, comprender su perspectiva y validar sus sentimientos, incluso si no se está de acuerdo con ellos. • Facilita la comprensión mutua: Al compartir información y perspectivas, se puede generar una comprensión más profunda de la situación, los intereses y las motivaciones de cada parte. • Promueve la empatía: Escuchar activamente y comprender al otro puede generar empatía, lo que a su vez facilita la búsqueda de soluciones conjuntas. • Permite la búsqueda de soluciones: El diálogo puede llevar a la identificación de soluciones creativas y mutuamente aceptables, evitando la imposición de una sola perspectiva. Consecuencias de la ausencia o uso inadecuado del diálogo: • Escalada del conflicto: Si no hay diálogo, o si este es agresivo o despectivo, el conflicto puede intensificarse y volverse más difícil de resolver. • Resentimiento y desconfianza: La falta de diálogo puede generar resentimiento, desconfianza y distanciamiento entre las partes. • Daños emocionales: La violencia verbal o psicológica puede causar daño emocional y afectar la salud mental de las personas involucradas. • Soluciones insatisfactorias: La falta de diálogo puede llevar a soluciones que no satisfacen las necesidades de todas las partes, generando frustración y nuevos conflictos en el futuro. • Ruptura de relaciones: En casos extremos, la falta de diálogo puede llevar a la ruptura de relaciones personales o profesionales. En resumen, el diálogo es una herramienta fundamental para la construcción de relaciones saludables y la resolución pacífica de conflictos. Su ausencia o uso inadecuado puede tener consecuencias negativas significativas, mientras que su práctica efectiva puede llevar a soluciones más satisfactorias y duraderas. JURISDICION El Cantón de Carrillo tiene cuatro distritos: Filadelfia (la cabecera), Palmira, Sardinal, y Belén. Playa Panamá se encuentra en el distrito de Sardinal, que también incluye al pueblo de Tamarindo y otras áreas costeras. El Proyecto Turístico Papagayo, ubicado en la Bahía Culebra, abarca partes de los cantones de Liberia (distrito de Nacascolo) y Carrillo (distrito de Sardinal). Distritos del Cantón de Carrillo: • Filadelfia: La cabecera del cantón, antiguamente conocida como Sietecueros. • Palmira: Anteriormente llamado Boquerones. • Sardinal: El distrito más grande en población y territorio, conocido por sus playas y turismo. • Belén: Anteriormente conocido como Villita. Comunidades en el Distrito de Sardinal: • Playa Panamá: Ubicada en el distrito de Sardinal. • Tamarindo: Uno de los poblados más antiguos del distrito de Sardinal. Proyecto Turístico Papagayo: • Este proyecto se extiende entre el distrito de Nacascolo (Liberia) y el distrito de Sardinal (Carrillo) en la Bahía Culebra. • Comprende áreas desde Punta Cabuyal hasta Punta Cacique. El Proyecto Bahía Papagayo, ubicado en Guanacaste, enfrenta actualmente desafíos legales relacionados con denuncias de tala ilegal y litigios estratégicos contra críticos del proyecto. Se han presentado denuncias por difamación y se han utilizado medidas cautelares contra personas que cuestionan la legalidad ambiental del desarrollo. El proyecto, declarado de interés nacional y bajo la administración del ICT, defiende su apego a la legalidad y transparencia, mientras que sus detractores argumentan que se están utilizando tácticas legales para silenciar la oposición y limitar la participación ciudadana. Desarrollo del Proyecto y Marco Legal: • Ley 6758: El Proyecto Turístico Golfo de Papagayo se rige por la Ley N° 6758, que establece su declaratoria de interés nacional y su desarrollo bajo la administración del Instituto Costarricense de Turismo (ICT). • Plan Maestro: El proyecto cuenta con un Plan Maestro que define las directrices de desarrollo y está alineado con políticas nacionales más amplias. • Uso del Suelo: El proyecto establece límites estrictos en cuanto a la construcción, permitiendo solo un 30% del área concesionada para construcción y reservando el 70% restante como área de conservación. • Control Estatal: El proyecto se encuentra bajo la supervisión del ICT, quien ejerce sus competencias en la zona, en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Energía. Desafíos Legales y Críticas: • Denuncias por Tala: Se ha denunciado tala ilegal, pero la inspección del SINAC descartó la tala y solo identificó chapia de rebrotes. • Litigios Estratégicos (SLAPP): Se han presentado demandas por difamación contra críticos del proyecto, lo que ha generado acusaciones de ser litigios estratégicos para silenciar la oposición. • Falta de Participación Ciudadana: Se ha cuestionado la falta de participación ciudadana en el proceso de aprobación del proyecto, aunque la empresa afirma haber cumplido con los procesos de consulta. • Marco Legal y Transparencia: Se critica la falta de transparencia en la gestión fiscal del proyecto y la dificultad para dar seguimiento a las sociedades anónimas vinculadas al mismo, según ALBASUD. Postura del Proyecto: • Apego a la Ley: La empresa defiende que el proyecto se desarrolla conforme a la ley, cumpliendo con los permisos ambientales y las normas del Polo Turístico de Papagayo. • Transparencia y Diálogo: El proyecto afirma mantener una relación transparente con la comunidad y estar abierto al diálogo para aclarar cualquier consulta, según el Periódico Mensaje. • Desarrollo Sostenible: El proyecto se presenta como un modelo de desarrollo sostenible con enfoque comunitario, que busca beneficiar a la población local, según Periódico Mensaje. En resumen, el Proyecto Bahía Papagayo se encuentra en una encrucijada legal, enfrentando críticas por su impacto ambiental y social, y al mismo tiempo defendiendo su legalidad y compromiso con el desarrollo sostenible. POR TANTO: Se declare con lugar el presente Recurso de Amparo y se ordene a la Municipalidad de Carrillo y Liberia, tomar medidas necesarias y fomentar el Dialogo entre ambientalistas, ú otros interesados, vecinos de Playa de Panamá y comunidades aledañas al Proyecto Papagayo.” (SIC). Asimismo, en un segundo escrito reitera sus alegatos. 3.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada. Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y, Considerando: I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente pretende que esta Sala intervenga para que las municipalidades recurridas tomen medidas y fomenten el diálogo entre ambientalistas e interesados, en relación con el Proyecto Turístico Papagayo y el cambio de uso de suelo, toda vez que, dicho proyecto se encuentra en una encrucijada legal, enfrentando críticas por su impacto ambiental y social y, al mismo tiempo, defendiendo su legalidad y compromiso con el desarrollo sostenible, por lo que a su juicio debe haber un diálogo entre las autoridades y la ciudadanía, así como participación ciudadana, pues la falta de diálogo podría lesionar derechos fundamentales. II.- INADMISIBILIDAD DEL AMPARO. Vistas las alegaciones de la parte recurrente, se le hace ver que la finalidad del recurso de amparo es brindar tutela oportuna, con efectos restitutivos, contra infracciones o amenazas a los derechos y libertades fundamentales, por lo que su procedencia, en general, está condicionada, no sólo a que se acredite la existencia de una turbación —o amenaza de ésta— a uno o más de los derechos o garantías contemplados en la Carta Política o los de carácter fundamental establecidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos y debidamente incorporados al ordenamiento jurídico, sino también a que el agravio alegado comporte una amenaza o quebranto directo y grosero de aquellos derechos. Por esta razón, la Sala Constitucional también ha hecho hincapié en que la legitimación en la acción de amparo se mide por el perjuicio o la lesión infringida al recurrente o de la persona concreta en favor de la cual se promovió el recurso, no por el mero interés en la legalidad o la constitucionalidad. Consecuentemente, no le corresponde a este Tribunal conocer directamente, por la vía sumaria del amparo, quejas y denuncias formuladas en abstracto contra disposiciones adoptadas por el Poder Público, siéndole posible admitir para estudio, solamente, aquellos reclamos en que haya indicios o elementos suficientes para presumir, prima facie, la existencia de tales amenazas o quebrantos directos y groseros de un derecho fundamental. En el caso que nos ocupa, el recurrente acude en abstracto y de forma genérica, para solicitar que se ordene a las municipalidades recurridas fomentar el diálogo y participación ciudadana respecto del proyecto Turístico Papagayo. Sin embargo, el recurrente no expone una situación concreta e individual que presuponga la amenaza directa de sus derechos fundamentales o de un tercero. De manera que, pretende que este Tribunal controle en abstracto la constitucionalidad o legalidad, de lo alegado, sin que exista de por medio una situación real sobre la cual ejercer ese control, lo cual, como se indicó, resulta improcedente en el amparo. Adicionalmente, no le compete a este Tribunal usurpar las competencias legalmente asignadas a las autoridades recurridas a fin de revisar y determinar, conforme a los técnicos, jurídicos y de idoneidad, así como de oportunidad y conveniencia, si las autoridades recurridas deben o no fomentar el diálogo o la participación ciudadana respecto del proyecto turístico en cuestión; toda vez que, ello es una labor propia de la Administración, cuyos diferendos deben ser planteados ante la propia autoridad recurrida o en la vía judicial correspondiente, a través de los mecanismos de impugnación dispuestos al efecto, por ser ajenos al ámbito de competencias de esta jurisdicción especializada. Así las cosas, deberá la parte recurrente -si a bien lo tiene- acudir a las vías de legalidad correspondiente a plantear los reclamos que estimen pertinentes, para que se resuelvan como en Derecho corresponda. En consecuencia, el amparo resulta inadmisible y así se declara. III.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. Por tanto: Se rechaza de plano el recurso. Nombre137 V. Presidente Nombre9290 . Nombre138 . Nombre139 V. Nombre5268 . Hubert Fernández A. Jorge Isaac Solano A. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- EGNSJDSBWMS61 EXPEDIENTE N° 25-024682-0007-CO Teléfonos: Telf46 / (). Fax: Telf47 / Telf48. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección12 , Dirección13 , 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:08:09. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Sala Constitucional Resolution No. 27214 - 2025 Resolution Date: 26 de Agosto del 2025 a las 09:30 Expediente: 25-024682-0007-CO Drafted by: Fernando Castillo Víquez Type of matter: Recurso de amparo Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL Text of the resolution Exp: 25-024682-0007-CO Res. No. 2025027214 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del veintiseis de agosto de dos mil veinticinco. Recurso de amparo filed by Nombre49424, identity card number CED38524, older adult; against the MUNICIPALIDAD DE CARRILLO AND THE MUNICIPALIDAD DE LIBERIA. Resultando: 1.- By a document filed via Gestión en Línea at 14:31 hours on 18 de agosto de 2025, the petitioner files a recurso de amparo and states that: "The lack of dialogue between the municipalities of Carrillo and Liberia and the residents, in relation to the Papagayo project, could violate several articles of the Political Constitution of Costa Rica, mainly those related to citizen participation, transparency, and access to information. In addition, it could affect fundamental rights such as private property and a healthy environment. Articles potentially violated: • Article 27 (Right of petition): The lack of dialogue could prevent residents from submitting their petitions, complaints, or claims to the municipal authorities regarding the Papagayo project. Article 27 of the Political Constitution of Costa Rica guarantees the freedom of petition, both individual and collective, before any public official or official entity, as well as the right to obtain a prompt resolution. Furthermore, Article 30 complements this by ensuring free access to administrative departments to obtain information on matters of public interest. In summary, Article 27 establishes: • Right of petition: Any person may address in writing any public official or official entity to raise a matter of their interest. • Prompt resolution: The right to receive a response to the petition submitted is guaranteed, although not necessarily a response favorable to their interests. • Access to information: Article 30 extends this right to access to public information in administrative departments. It is important to note that this right is not unlimited and is subject to certain formalities, according to the jurisprudence of the Sala Constitucional of Costa Rica. Furthermore, the information that can be accessed through this mechanism is limited by legislation protecting state secrets, according to Article 30. • Article 39 (Due process): If the municipalities do not provide clear and transparent information about the project, and do not allow residents to participate in decision-making, the right to due process (debido proceso) could be violated. Article 39 of the Political Constitution of Costa Rica establishes the principle of due process (debido proceso) of law, ensuring that no one can be sanctioned except for a crime (delito), quasi-crime (cuasidelito), or misdemeanor (falta), previously established by law, and by virtue of a final judgment (sentencia firme) issued by a competent authority, with the opportunity for defense and demonstration of guilt. In summary, Article 39 guarantees: • Legality of the penalty: A sanction can only be applied if there is a law that previously establishes it. • Final judgment (sentencia firme): The sanction can only be imposed by a judicial sentence that has become final (adquirido firmeza), that is, one that admits no further appeals. • Competent authority: The sentence must be issued by a legally established court or judge. • Opportunity for defense: The accused person must be guaranteed the possibility of defending themselves, presenting evidence and arguments. • Demonstration of guilt: Guilt must be demonstrated beyond a reasonable doubt; mere suspicion is not enough. Due process (debido proceso), in essence, is a set of guarantees that seek to protect the rights of individuals in any legal proceeding, ensuring a fair and equitable trial. This principle extends to all branches of law, including administrative and criminal law. Some important aspects of due process (debido proceso) in Costa Rica: • Principle of legality: No person may be sanctioned for acts not previously defined as a crime (delito), quasi-crime (cuasidelito), or misdemeanor (falta) by law. • Principle of contradiction: The accused person must have the opportunity to know and challenge the evidence presented against them. • Principle of defense in trial: The accused person must be guaranteed the right to have a defense attorney and to present evidence in their favor. • Principle of publicity: Judicial processes must be public, except for exceptions established by law, which allows for transparency and social control. • Principle of double instance: The accused person has the right to appeal the sentence before a higher court. • Principle of natural judge: A person can only be tried by a court previously established by law, avoiding the creation of special ad hoc courts. Article 39, together with other articles of the Constitution and jurisprudence, establishes a fundamental framework for the protection of individual rights in Costa Rica. Article 74 (Right to work): The Papagayo project could affect the economic activity of some residents, so it is essential that they are given the opportunity to participate in the planning and execution of the project to ensure that their labor rights are respected. Article 74 of the Political Constitution of Costa Rica establishes that labor rights and benefits are inalienable (irrenunciables) and must be applied equally to all factors of production, seeking a policy of national solidarity. In addition, it is mentioned that these rights derive from the Christian principle of social justice and are regulated by social and labor legislation. Article 74 also addresses the relationship between the Contraloría General de la República and the Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). It is established that the Contraloría will not approve budgets or budget modifications for public institutions, including municipalities, if they do not present a certification from the CCSS proving they are up to date with the payment of employer and worker contributions, or that they have an approved payment arrangement. In summary, Article 74 of the Political Constitution of Costa Rica focuses on the protection of labor rights, national solidarity, and the relationship between public institutions and the CCSS in budgetary matters. Article 89 (Healthy environment): The construction of a project of such magnitude in the Papagayo area could have a significant impact on the environment. The lack of dialogue could prevent residents from participating in the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) and in the search for solutions to minimize damages. Article 89 of the Political Constitution of Costa Rica establishes the cultural purposes of the Republic. These purposes include the protection of natural beauty, the conservation and development of the nation's historical and artistic heritage, and support for private initiative for scientific and artistic progress. In detail, the article states: • Protection of natural beauty: This implies the preservation of Costa Rica's unique landscapes, natural resources, and ecosystems. • Conservation and development of historical and artistic heritage: This refers to the protection and promotion of the nation's historical sites, monuments, works of art, and cultural expressions. • Support for private initiative for scientific and artistic progress: This includes promoting scientific research, artistic creation, and innovation in various fields, both by the public and private sectors. Article 89, therefore, establishes a framework for the protection and promotion of Costa Rica's culture and heritage, as well as for the advancement of knowledge and creativity. • Article 121 (Political control): Municipalities must be transparent in their management and accountable to citizens. The lack of dialogue could hinder political control by residents over the Papagayo project. Recommendations: The municipalities of Carrillo and Liberia must implement effective mechanisms to facilitate dialogue with residents, such as: • Public hearings: Hold public hearings with the participation of experts and residents to discuss the Papagayo project. • Dialogue tables (Mesas de diálogo): Create dialogue tables (mesas de diálogo) with community representatives to analyze the impacts of the project and seek solutions. • Access to information: Facilitate access to information about the project, including environmental impact assessments (evaluaciones de impacto ambiental) and development plans. • Citizen participation mechanisms: Establish mechanisms so that residents can present their proposals and concerns about the project. By guaranteeing citizen participation and transparency in the process, the municipalities can build projects that benefit the entire community and respect the fundamental rights of their inhabitants. Taking into consideration that the Municipalidad de Carrillo and Liberia, regarding the Proyecto Bahía Papagayo which finds itself at a legal crossroads, facing criticism for its environmental and social impact, while simultaneously defending its legality and commitment to sustainable development. They are responsible for not fostering dialogue between the parties. ASI LO CONSIDERO: therefore it can be argued that the municipalities of Carrillo and Liberia bear responsibility, in part, for the lack of dialogue in the Proyecto Bahía Papagayo, given their role in territorial management and local development. Although they defend its legality and commitment to sustainable development, the criticisms and the legal crossroads of the project suggest the need for a broader dialogue that involves all interested parties. Analysis: • Role of the municipalities: Municipalities are the entities responsible for promoting local development and managing land use within their cantons. In the case of Bahía Papagayo, both municipalities have jurisdiction over the area and, therefore, a crucial role in facilitating dialogue and seeking solutions. • Conflict and criticisms: The Proyecto Bahía Papagayo has generated strong criticism for its environmental and social impact, including complaints of land-use change (cambio de uso del suelo), deforestation, and damage to ecosystems. These criticisms, added to the uncertain legal situation, demonstrate the need for a space for dialogue to address concerns and seek alternatives. • Shared responsibility: Although the developing company also bears responsibility for the situation, the municipalities cannot remain on the sidelines of the controversy. Their inaction or lack of impetus for dialogue can be interpreted as a lack of commitment to sustainable development and citizen participation. • Importance of dialogue: Dialogue between the company, local communities, environmental organizations, and municipalities is fundamental to finding solutions that balance economic development with environmental protection and social well-being. A transparent and participatory dialogue process could help resolve conflicts, build trust, and promote more equitable and sustainable development. In summary, although the Proyecto Bahía Papagayo faces legal challenges and criticisms, the municipalities of Carrillo and Liberia have an important role to play in promoting dialogue and the search for joint solutions for more sustainable and equitable development. Thus, dialogue between parties is defined as intentional and constructive communication between two or more individuals or groups, with the aim of understanding each other, resolving conflicts, or building agreements. If there is no dialogue, or if it is interrupted or used violently (verbally, psychologically, or physically), there is a risk that the conflict will escalate, worsen, or be resolved unsatisfactorily or even destructively. Dialogue as a tool for conflict resolution: • Allows expression: Dialogue provides a safe space for parties to express their points of view, needs, concerns, and expectations. • Fosters active listening: Effective dialogue involves listening attentively to the other, understanding their perspective, and validating their feelings, even if one does not agree with them. • Facilitates mutual understanding: By sharing information and perspectives, a deeper understanding of the situation, interests, and motivations of each party can be generated. • Promotes empathy: Listening actively and understanding the other can generate empathy, which in turn facilitates the search for joint solutions. • Enables the search for solutions: Dialogue can lead to the identification of creative and mutually acceptable solutions, avoiding the imposition of a single perspective. Consequences of the absence or inappropriate use of dialogue: • Escalation of the conflict: If there is no dialogue, or if it is aggressive or disrespectful, the conflict can intensify and become more difficult to resolve. • Resentment and distrust: The lack of dialogue can generate resentment, distrust, and distance between the parties. • Emotional damage: Verbal or psychological violence can cause emotional damage and affect the mental health of the people involved. • Unsatisfactory solutions: The lack of dialogue can lead to solutions that do not meet the needs of all parties, generating frustration and new conflicts in the future. • Breakdown of relationships: In extreme cases, the lack of dialogue can lead to the breakdown of personal or professional relationships. In summary, dialogue is a fundamental tool for building healthy relationships and peacefully resolving conflicts. Its absence or inappropriate use can have significant negative consequences, while its effective practice can lead to more satisfactory and lasting solutions. JURISDICTION The Cantón de Carrillo has four districts: Filadelfia (the capital), Palmira, Sardinal, and Belén. Playa Panamá is located in the district of Sardinal, which also includes the town of Tamarindo and other coastal areas. The Proyecto Turístico Papagayo, located in Bahía Culebra, covers parts of the cantons of Liberia (district of Nacascolo) and Carrillo (district of Sardinal). Districts of the Cantón de Carrillo: • Filadelfia: The capital of the canton, formerly known as Sietecueros. • Palmira: Formerly called Boquerones. • Sardinal: The largest district in population and territory, known for its beaches and tourism. • Belén: Formerly known as Villita. Communities in the District of Sardinal: • Playa Panamá: Located in the district of Sardinal. • Tamarindo: One of the oldest towns in the district of Sardinal. Proyecto Turístico Papagayo: • This project extends between the district of Nacascolo (Liberia) and the district of Sardinal (Carrillo) in Bahía Culebra. • It comprises areas from Punta Cabuyal to Punta Cacique. The Proyecto Bahía Papagayo, located in Guanacaste, currently faces legal challenges related to complaints of illegal logging and strategic litigation against critics of the project. Complaints for defamation have been filed, and precautionary measures have been used against people who question the environmental legality of the development. The project, declared of national interest and under the administration of the ICT, defends its adherence to legality and transparency, while its detractors argue that legal tactics are being used to silence opposition and limit citizen participation. Project Development and Legal Framework: • Ley 6758: The Proyecto Turístico Golfo de Papagayo is governed by Ley N° 6758, which establishes its declaration of national interest and its development under the administration of the Instituto Costarricense de Turismo (ICT). • Master Plan (Plan Maestro): The project has a Master Plan (Plan Maestro) that defines the development guidelines and is aligned with broader national policies. • Land Use: The project establishes strict limits on construction, allowing only 30% of the concession area for construction and reserving the remaining 70% as a conservation area. • State Control: The project is under the supervision of the ICT, which exercises its powers in the area, in coordination with the Ministerio de Ambiente y Energía. Legal Challenges and Criticisms: • Logging Complaints: Illegal logging has been reported, but the inspection by SINAC ruled out logging and only identified clearing of regrowth (chapia de rebrotes). • Strategic Litigation (SLAPP): Defamation lawsuits have been filed against critics of the project, which has generated accusations of being strategic litigation to silence opposition. • Lack of Citizen Participation: The lack of citizen participation in the project approval process has been questioned, although the company claims to have complied with the consultation processes. • Legal Framework and Transparency: The lack of transparency in the fiscal management of the project and the difficulty in tracking the corporations linked to it are criticized, according to ALBASUD. Position of the Project: • Adherence to the Law: The company defends that the project is developed in accordance with the law, complying with environmental permits and the norms of the Polo Turístico de Papagayo. • Transparency and Dialogue: The project claims to maintain a transparent relationship with the community and to be open to dialogue to clarify any questions, according to Periódico Mensaje. • Sustainable Development: The project presents itself as a model of sustainable development with a community focus, which seeks to benefit the local population, according to Periódico Mensaje. In summary, the Proyecto Bahía Papagayo finds itself at a legal crossroads, facing criticism for its environmental and social impact, while simultaneously defending its legality and commitment to sustainable development. POR TANTO: Let the present Recurso de Amparo be granted, and the Municipalidad de Carrillo and Liberia be ordered to take the necessary measures and promote Dialogue among environmentalists, or other interested parties, residents of Playa de Panamá and communities surrounding the Proyecto Papagayo." (SIC). 2.- By documents incorporated into the digital expediente at 08:23, 08:31, 08:32, 08:33, 08:34, 09:18, and 11:50 hours, all on 19 de agosto de 2025, the petitioner provided evidence for better resolution and expands the recurso de amparo, stating that: "The project, under Ley 6758, implements strict regulation regarding land use, allocating only 30% for construction and designating the remaining 70% as a conservation area. ANALYSIS: This provision, clearly focused on conservation, seeks to mitigate the environmental impact of the development and promote a balance between human activity and the preservation of the natural environment. The focus on conserving 70% of the concession area suggests a strategy to protect ecosystems, biodiversity, and natural resources, which can be beneficial for the environment and, in the long term, for the sustainable development of the project. Possible implications: • Reduced environmental impact: By limiting construction, deforestation, habitat fragmentation, and alteration of natural ecosystems are minimized. • Biodiversity conservation: The preservation of 70% of the area allows for the protection of plant and animal species, as well as their reproduction and feeding zones. • Potential for ecotourism: A well-managed conservation area can attract ecotourism activities, generating additional income for the community and promoting environmental awareness. • Restrictions on development: The 30% construction limit could be restrictive for some projects, requiring careful planning and efficient use of available space. • Implementation challenges: The effective management and protection of the conservation area will require resources, trained personnel, and adequate surveillance. In summary, the law establishes a legal framework that prioritizes the conservation of the natural environment, although it also presents challenges in its practical implementation. Articles potentially violated: • Article 27 (Right of petition): The lack of dialogue could prevent residents from submitting their petitions, complaints, or claims to the municipal authorities regarding the Papagayo project. Article 27 of the Political Constitution of Costa Rica guarantees the freedom of petition, both individual and collective, before any public official or official entity, as well as the right to obtain a prompt resolution. Furthermore, Article 30 complements this by ensuring free access to administrative departments to obtain information on matters of public interest. In summary, Article 27 establishes: • Right of petition: Any person may address in writing any public official or official entity to raise a matter of their interest. • Prompt resolution: The right to receive a response to the petition submitted is guaranteed, although not necessarily a response favorable to their interests. • Access to information: Article 30 extends this right to access to public information in administrative departments. It is important to note that this right is not unlimited and is subject to certain formalities, according to the jurisprudence of the Sala Constitucional of Costa Rica. Furthermore, the information that can be accessed through this mechanism is limited by legislation protecting state secrets, according to Article 30. • Article 39 (Due process): If the municipalities do not provide clear and transparent information about the project, and do not allow residents to participate in decision-making, the right to due process could be violated. Article 39 of the Political Constitution of Costa Rica establishes the principle of due process of law, ensuring that no one can be sanctioned except for a crime, quasi-crime, or misdemeanor, previously established by law, and by virtue of a final judgment issued by a competent authority, with the opportunity for defense and demonstration of guilt. In summary, Article 39 guarantees: • Legality of the penalty: A sanction can only be applied if there is a law that previously establishes it. • Final judgment: The sanction can only be imposed by a judicial sentence that has become final, that is, one that admits no further appeals. • Competent authority: The sentence must be issued by a legally established court or judge. • Opportunity for defense: The accused person must be guaranteed the possibility of defending themselves, presenting evidence and arguments. • Demonstration of guilt: Guilt must be demonstrated beyond a reasonable doubt; mere suspicion is not enough. Due process, in essence, is a set of guarantees that seek to protect the rights of individuals in any legal proceeding, ensuring a fair and equitable trial. This principle extends to all branches of law, including administrative and criminal law. Some important aspects of due process in Costa Rica: • Principle of legality: No person may be sanctioned for acts not previously defined as a crime, quasi-crime, or misdemeanor by law. • Principle of contradiction: The accused person must have the opportunity to know and challenge the evidence presented against them. • Principle of defense in trial: The accused person must be guaranteed the right to have a defense attorney and to present evidence in their favor. • Principle of publicity: Judicial processes must be public, except for exceptions established by law, which allows for transparency and social control. • Principle of double instance: The accused person has the right to appeal the sentence before a higher court. • Principle of natural judge: A person can only be tried by a court previously established by law, avoiding the creation of special ad hoc courts. Article 39, together with other articles of the Constitution and jurisprudence, establishes a fundamental framework for the protection of individual rights in Costa Rica. Article 74 (Right to work): The Papagayo project could affect the economic activity of some residents, so it is essential that they are given the opportunity to participate in the planning and execution of the project to ensure that their labor rights are respected. Article 74 of the Political Constitution of Costa Rica establishes that labor rights and benefits are inalienable and must be applied equally to all factors of production, seeking a policy of national solidarity. In addition, it is mentioned that these rights derive from the Christian principle of social justice and are regulated by social and labor legislation. Article 74 also addresses the relationship between the Contraloría General de la República and the Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). It is established that the Contraloría will not approve budgets or budget modifications for public institutions, including municipalities, if they do not present a certification from the CCSS proving they are up to date with the payment of employer and worker contributions, or that they have an approved payment arrangement. In summary, Article 74 of the Political Constitution of Costa Rica focuses on the protection of labor rights, national solidarity, and the relationship between public institutions and the CCSS in budgetary matters. Article 89 (Healthy environment): The construction of a project of such magnitude in the Papagayo area could have a significant impact on the environment. The lack of dialogue could prevent residents from participating in the environmental impact assessment and in the search for solutions to minimize damages. Article 89 of the Political Constitution of Costa Rica establishes the cultural purposes of the Republic. These purposes include the protection of natural beauty, the conservation and development of the nation's historical and artistic heritage, and support for private initiative for scientific and artistic progress. In detail, the article states: • Protection of natural beauty: This implies the preservation of Costa Rica's unique landscapes, natural resources, and ecosystems. • Conservation and development of historical and artistic heritage: This refers to the protection and promotion of the nation's historical sites, monuments, works of art, and cultural expressions. • Support for private initiative for scientific and artistic progress: This includes promoting scientific research, artistic creation, and innovation in various fields, both by the public and private sectors. Article 89, therefore, establishes a framework for the protection and promotion of Costa Rica's culture and heritage, as well as for the advancement of knowledge and creativity. • Article 121 (Political control): Municipalities must be transparent in their management and accountable to citizens. The lack of dialogue could hinder political control by residents over the Papagayo project. Recommendations: The municipalities of Carrillo and Liberia must implement effective mechanisms to facilitate dialogue with residents, such as: • Public hearings: Hold public hearings with the participation of experts and residents to discuss the Papagayo project. • Dialogue tables: Create dialogue tables with community representatives to analyze the impacts of the project and seek solutions. • Access to information: Facilitate access to information about the project, including environmental impact assessments and development plans. • Citizen participation mechanisms: Establish mechanisms so that residents can present their proposals and concerns about the project. By guaranteeing citizen participation and transparency in the process, the municipalities can build projects that benefit the entire community and respect the fundamental rights of their inhabitants. Taking into consideration that the Municipalidad de Carrillo and Liberia, regarding the Proyecto Bahía Papagayo which finds itself at a legal crossroads, facing criticism for its environmental and social impact, while simultaneously defending its legality and commitment to sustainable development. They are responsible for not fostering dialogue between the parties. ASI LO CONSIDERO: therefore it can be argued that the municipalities of Carrillo and Liberia bear responsibility, in part, for the lack of dialogue in the Proyecto Bahía Papagayo, given their role in territorial management and local development. Although they defend its legality and commitment to sustainable development, the criticisms and the legal crossroads of the project suggest the need for a broader dialogue that involves all interested parties. Analysis: • Role of the municipalities: Municipalities are the entities tasked with promoting local development and managing land use within their cantons. In the case of Bahía Papagayo, both municipalities have jurisdiction over the area and, therefore, a crucial role in facilitating dialogue and seeking solutions. • Conflict and criticism: The Bahía Papagayo project has generated strong criticism for its environmental and social impact, including reports of land-use change (cambio de uso del suelo), deforestation, and damage to ecosystems. This criticism, coupled with the uncertain legal situation, highlights the need for a space for dialogue to address concerns and seek alternatives. • Shared responsibility: Although the developing company also bears responsibility for the situation, the municipalities cannot remain on the sidelines of the controversy. Their inaction or lack of impetus for dialogue can be interpreted as a lack of commitment to sustainable development and citizen participation. • Importance of dialogue: Dialogue between the company, local communities, environmental organizations, and municipalities is essential to finding solutions that balance economic development with environmental protection and social well-being. A transparent and participatory dialogue process could help resolve conflicts, build trust, and promote more equitable and sustainable development. In summary, although the Proyecto Bahía Papagayo faces legal challenges and criticism, the municipalities of Carrillo and Liberia have an important role to play in promoting dialogue and seeking joint solutions for more sustainable and equitable development. Thus, dialogue between parties is defined as intentional and constructive communication between two or more individuals or groups, with the aim of understanding each other, resolving conflicts, or building agreements. If there is no dialogue, or if it is interrupted or used in a violent manner (verbally, psychologically, or physically), there is a risk that the conflict will escalate, worsen, or be resolved unsatisfactorily or even destructively. Dialogue as a tool for conflict resolution: • Allows expression: Dialogue provides a safe space for the parties to express their points of view, needs, concerns, and expectations. • Fosters active listening: Effective dialogue involves listening attentively to the other, understanding their perspective, and validating their feelings, even if one does not agree with them. • Facilitates mutual understanding: By sharing information and perspectives, a deeper understanding of the situation, interests, and motivations of each party can be generated. • Promotes empathy: Actively listening and understanding the other can generate empathy, which in turn facilitates the search for joint solutions. • Allows the search for solutions: Dialogue can lead to the identification of creative and mutually acceptable solutions, avoiding the imposition of a single perspective. Consequences of the absence or inappropriate use of dialogue: • Conflict escalation: If there is no dialogue, or if it is aggressive or contemptuous, the conflict can intensify and become more difficult to resolve. • Resentment and distrust: The lack of dialogue can generate resentment, distrust, and distancing between the parties. • Emotional damages: Verbal or psychological violence can cause emotional damage and affect the mental health of the individuals involved. • Unsatisfactory solutions: The lack of dialogue can lead to solutions that do not meet the needs of all parties, generating frustration and new conflicts in the future. • Breakdown of relationships: In extreme cases, the lack of dialogue can lead to the breakdown of personal or professional relationships. In summary, dialogue is a fundamental tool for building healthy relationships and the peaceful resolution of conflicts. Its absence or inappropriate use can have significant negative consequences, while its effective practice can lead to more satisfactory and lasting solutions. JURISDICTION The Cantón de Carrillo has four districts: Filadelfia (the capital), Palmira, Sardinal, and Belén. Playa Panamá is located in the district of Sardinal, which also includes the town of Tamarindo and other coastal areas. The Proyecto Turístico Papagayo, located in Bahía Culebra, encompasses parts of the cantons of Liberia (district of Nacascolo) and Carrillo (district of Sardinal). Districts of the Cantón de Carrillo: • Filadelfia: The capital of the canton, formerly known as Sietecueros. • Palmira: Formerly called Boquerones. • Sardinal: The largest district in population and territory, known for its beaches and tourism. • Belén: Formerly known as Villita. Communities in the District of Sardinal: • Playa Panamá: Located in the district of Sardinal. • Tamarindo: One of the oldest towns in the district of Sardinal. Proyecto Turístico Papagayo: • This project extends between the district of Nacascolo (Liberia) and the district of Sardinal (Carrillo) in Bahía Culebra. • It includes areas from Punta Cabuyal to Punta Cacique. The Proyecto Bahía Papagayo, located in Guanacaste, currently faces legal challenges related to reports of illegal logging and strategic litigation against critics of the project. Defamation complaints have been filed and precautionary measures have been used against individuals who question the environmental legality of the development. The project, declared of national interest and under the administration of the ICT, defends its adherence to legality and transparency, while its detractors argue that legal tactics are being used to silence opposition and limit citizen participation. Project Development and Legal Framework: • Ley 6758: The Proyecto Turístico Golfo de Papagayo is governed by Ley N° 6758, which establishes its declaration of national interest and its development under the administration of the Instituto Costarricense de Turismo (ICT). • Master Plan: The project has a Master Plan that defines development guidelines and is aligned with broader national policies. • Land Use: The project establishes strict limits on construction, allowing only 30% of the concession area for building and reserving the remaining 70% as a conservation area. • State Control: The project is under the supervision of the ICT, which exercises its powers in the area, in coordination with the Ministry of Environment and Energy. Legal Challenges and Criticisms: • Logging Reports: Illegal logging has been reported, but the SINAC inspection ruled out logging and only identified clearing of regrowth (chapias de rebrotes). • Strategic Litigation (SLAPP): Defamation lawsuits have been filed against critics of the project, which has generated accusations of being strategic litigation to silence the opposition. • Lack of Citizen Participation: The lack of citizen participation in the project approval process has been questioned, although the company claims to have complied with the consultation processes. • Legal Framework and Transparency: The lack of transparency in the project's fiscal management and the difficulty in tracking the corporations linked to it are criticized, according to ALBASUD. Project's Position: • Adherence to the Law: The company defends that the project is developed in accordance with the law, complying with environmental permits and the regulations of the Polo Turístico de Papagayo. • Transparency and Dialogue: The project claims to maintain a transparent relationship with the community and to be open to dialogue to clarify any questions, according to Periódico Mensaje. • Sustainable Development: The project is presented as a model of sustainable development with a community focus, seeking to benefit the local population, according to Periódico Mensaje. In summary, the Proyecto Bahía Papagayo is at a legal crossroads, facing criticism for its environmental and social impact, while at the same time defending its legality and commitment to sustainable development. POR TANTO: This Amparo Appeal be declared with merit and the Municipalidad de Carrillo and Liberia be ordered to take the necessary measures and foster dialogue between environmentalists, or other interested parties, residents of Playa Panamá and communities surrounding the Proyecto Papagayo." (SIC). Likewise, in a second filing, he reiterates his arguments. 3.- Article 9 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional empowers the Chamber to reject outright or on the merits, at any time, even from its presentation, any action brought to its attention that proves to be manifestly improper, or when it considers that there are sufficient grounds for judgment to reject it, or that it is simply the reiteration or reproduction of a previous equal or similar action that was rejected. Drafted by Magistrate Castillo Víquez; and, Considering: I.- PURPOSE OF THE APPEAL. The appellant seeks that this Chamber intervene so that the respondent municipalities take measures and foster dialogue between environmentalists and interested parties, in relation to the Proyecto Turístico Papagayo and the land-use change (cambio de uso de suelo), given that the said project is at a legal crossroads, facing criticism for its environmental and social impact and, at the same time, defending its legality and commitment to sustainable development. Therefore, in his judgment, there must be a dialogue between the authorities and the citizenry, as well as citizen participation, since the lack of dialogue could harm fundamental rights. II.- INADMISSIBILITY OF THE AMPARO. In view of the appellant's allegations, it is pointed out to him that the purpose of the amparo appeal is to provide timely protection, with restitutive effects, against infringements or threats to fundamental rights and freedoms. Therefore, its admissibility, in general, is conditioned not only on proving the existence of a disturbance—or threat thereof—to one or more of the rights or guarantees enshrined in the Political Constitution or those of a fundamental nature established in international human rights instruments signed and duly incorporated into the legal system, but also on the alleged grievance entailing a direct and gross threat or breach of those rights. For this reason, the Constitutional Chamber has also emphasized that standing in an amparo action is measured by the harm or injury inflicted on the appellant or the specific person on whose behalf the appeal was filed, not by mere interest in legality or constitutionality. Consequently, it is not the responsibility of this Tribunal to directly hear, through the summary amparo proceeding, complaints and reports formulated in the abstract against provisions adopted by the Public Power, it being possible for it to admit for study only those claims in which there are indicia or sufficient elements to presume, prima facie, the existence of such direct and gross threats or breaches of a fundamental right. In the case at hand, the appellant comes in the abstract and in a generic manner to request that the respondent municipalities be ordered to foster dialogue and citizen participation regarding the Proyecto Turístico Papagayo. However, the appellant does not set forth a concrete and individual situation that presupposes a direct threat to his own fundamental rights or those of a third party. Thus, he intends for this Tribunal to control in the abstract the constitutionality or legality of what is alleged, without there being an actual situation upon which to exercise such control, which, as indicated, is improper in an amparo proceeding. Additionally, it is not the purview of this Tribunal to usurp the legally assigned powers of the respondent authorities in order to review and determine, in accordance with technical, legal, and suitability criteria, as well as opportunity and convenience, whether the respondent authorities should or should not foster dialogue or citizen participation regarding the tourism project in question; given that this is a task proper to the Administration, whose disputes must be raised before the respondent authority itself or through the corresponding judicial channel, via the challenge mechanisms established for that purpose, as they are beyond the scope of this specialized jurisdiction's competence. Thus, the appellant must—if he deems it appropriate—resort to the corresponding legal channels to raise the claims he considers pertinent, so that they may be resolved as the Law provides. Consequently, the amparo is inadmissible and is so declared. III.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The appellant is forewarned that if any paper document was provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session N° 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session N° 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI. Por tanto: The appeal is rejected outright.