Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Se da curso a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por [Nombre 001], para que se declare inconstitucional el Decreto Ejecutivo N.º 45019-S “Reforma Reglamento para la calidad del Agua Potable”, por estimarlo contrario a los artículos 21, 46 y 50 constitucionales. Se confiere audiencia por quince días a la Procuraduría General de la República y al, Ministerio de Salud. El decreto se impugna en cuanto sustituye los denominados "valores máximos admisibles" por "valores de alerta" en la determinación de plaguicidas y sus metabolitos en el agua de consumo humano, elevando en forma sustantiva los límites permitidos y generando, a juicio de la promovente, un retroceso en los niveles de protección de la salud y el ambiente.
Esta acción se admite por reunir los requisitos a que se refiere la Ley de la Jurisdicción Constitucional en sus artículos 73 a 79. La legitimación de la accionante proviene del artículo 75, párrafo 2° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Si bien la actora alega legitimación en razón de su condición de diputada, la Sala no ha admitido dicha legitimación. Sin embargo, visto que el Decreto cuestionado puede afectar la salud de los ciudadanos, se admite la acción por la defensa de intereses difusos, entre los cuales está, la salud pública.
De este precepto legal se extraen varias reglas. La primera, y quizás la más importante, es que la interposición de una acción de inconstitucionalidad no suspende la eficacia y aplicabilidad en general de las normas. La segunda, es que solo se suspenden los actos de aplicación de las normas impugnadas por las autoridades judiciales en los procesos incoados ante ellas, o por las administrativas, en los procedimientos tendientes a agotar la vía administrativa, pero no su vigencia y aplicación en general.
English (translation)The unconstitutionality action filed by [Name 001] is admitted for processing, seeking to declare Executive Decree No. 45019-S 'Amendment to the Regulation for Drinking Water Quality' unconstitutional, as it is deemed contrary to Articles 21, 46, and 50 of the Constitution. A hearing is granted for fifteen days to the Attorney General's Office and the Ministry of Health. The decree is challenged insofar as it replaces the so-called 'maximum admissible values' with 'alert values' for the determination of pesticides and their metabolites in water for human consumption, substantially raising the permitted limits and, in the plaintiff's view, creating a setback in the levels of health and environmental protection.
This action is admitted because it meets the requirements set forth in Articles 73 to 79 of the Constitutional Jurisdiction Law. The plaintiff's standing derives from Article 75, paragraph 2, of the Constitutional Jurisdiction Law. Although the plaintiff claims standing based on her status as a deputy, the Chamber has not recognized such standing. However, given that the challenged Decree may affect citizens' health, the action is admitted for the defense of diffuse interests, among which is public health.
From this legal provision several rules are derived. The first, and perhaps the most important, is that the filing of an unconstitutionality action does not suspend the general effectiveness and applicability of the norms. The second is that only the acts of application of the challenged norms by judicial authorities in proceedings brought before them, or by administrative authorities in procedures aimed at exhausting the administrative route, are suspended, but not their general validity and application.
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Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 92522 - 2025 Fecha de la Resolución: 04 de Setiembre del 2025 a las 16:01 Expediente: 25-023487-0007-CO Redactado por: Fernando Castillo Víquez Clase de asunto: Acción cursada Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Tema: SERVICIOS PÚBLICOS Subtemas: NO APLICA. SERVICIOS PÚBLICOS. CALIDAD DEL AGUA POTABLE Expediente: 25-023487-0007-CO Sentencia: Pendiente Tipo de asunto: Acción de inconstitucionalidad Norma impugnada: Decreto Ejecutivo No. 45019-S. Reforma al Reglamento para la calidad del Agua Potable. CO09/25 ... Ver más Texto de la resolución *250234870007CO* EXPEDIENTE: 25-023487-0007-CO PROCESO: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD ACCIONANTE: [Nombre 001] SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las dieciséis horas uno minutos del cuatro de setiembre de dos mil veinticinco. Se da curso a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por [Nombre 001], para que se declare inconstitucional el Decreto Ejecutivo N.º 45019-S “Reforma Reglamento para la calidad del Agua Potable", por estimarlo contrario a los artículos 21, 46 y 50 constitucionales. Se confiere audiencia por quince días a la Procuraduría General de la República y al, Ministerio de Salud. El decreto se impugna en cuanto sustituye los denominados "valores máximos admisibles" por "valores de alerta" en la determinación de plaguicidas y sus metabolitos en el agua de consumo humano, elevando en forma sustantiva los límites permitidos y generando, a juicio de la promovente, un retroceso en los niveles de protección de la salud y el ambiente. Indica que la reforma normativa desconoce los principios de prevención, precaución y no regresión ambiental, pues relaja los estándares de control en contravención de la línea jurisprudencial sostenida en fallos como la sentencia N.° 2022-26065, en la que se adoptaron medidas urgentes para proteger a comunidades afectadas por la contaminación con plaguicidas, entre ellos el clorotalonil. Manifiesta que la medida carece de sustento técnico-científico válido, ya que no se acreditaron estudios que justifiquen el aumento de los parámetros, y que además se trasladan cargas desproporcionadas a los operadores locales de acueductos, muchos de los cuales no cuentan con recursos para asumir análisis especializados, con lo cual se debilita la protección efectiva del derecho humano al agua potable. En su criterio, las disposiciones impugnadas constituyen un retroceso inconstitucional en materia de derechos fundamentales, afectando a la colectividad sin causa legítima que lo justifique. Esta acción se admite por reunir los requisitos a que se refiere la Ley de la Jurisdicción Constitucional en sus artículos 73 a 79. La legitimación de la accionante proviene del artículo 75, párrafo 2° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Si bien la actora alega legitimación en razón de su condición de diputada, la Sala no ha admitido dicha legitimación. Sin embargo, visto que el Decreto cuestionado puede afectar la salud de los ciudadanos, se admite la acción por la defensa de intereses difusos, entre los cuales está, la salud pública. Publíquese por tres veces consecutivas un aviso en el Boletín Judicial sobre la interposición de la acción. Efectos jurídicos de la interposición de la acción: La publicación prevista en el numeral 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional tiene por objeto poner en conocimiento de los tribunales y los órganos que agotan la vía administrativa, que la demanda de inconstitucionalidad ha sido establecida, a los efectos de que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de la ley, decreto, disposición, acuerdo o resolución, tampoco se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho pronunciamiento del caso. De este precepto legal se extraen varias reglas. La primera, y quizás la más importante, es que la interposición de una acción de inconstitucionalidad no suspende la eficacia y aplicabilidad en general de las normas. La segunda, es que solo se suspenden los actos de aplicación de las normas impugnadas por las autoridades judiciales en los procesos incoados ante ellas, o por las administrativas, en los procedimientos tendientes a agotar la vía administrativa, pero no su vigencia y aplicación en general. La tercera regla, es que la Sala puede graduar los alcances del efecto suspensivo de la acción. La cuarta es que –en principio-, en los casos de acción directa, como ocurre en esta acción, que se acude en defensa de intereses difusos, no opera el efecto suspensivo de la interposición (véase voto n.° 537-91 del Tribunal Constitucional). La quinta regla es que cuando lo alegado es una omisión inconstitucional, no procede ordenar suspensión alguna, dicho en otras palabras, impedir que se realice la conducta omisa, ni la realización de esta última, toda vez que esto, en el último supuesto, implicaría resolver interlocutoriamente la acción de inconstitucionalidad. Es decir, la suspensión de la aplicación de las normas impugnadas, en sede administrativa, solo opera en aquellos casos donde existe un proceso de agotamiento de vía administrativa, lo cual supone la interposición de un recurso de alzada o de reposición contra el acto final por parte de un administrado. Donde no existe contención en relación con la aplicación de la norma, no procede la suspensión de su eficacia y aplicabilidad. En otras palabras, en todos aquellos asuntos donde no existe un procedimiento de agotamiento de vía administrativa, en los términos arriba indicados, la norma debe continuarse aplicando, independientemente de si beneficia -acto administrativo favorable- o perjudica al justiciable -acto desfavorable no impugnado-. Dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del citado aviso, podrán apersonarse quienes figuren como partes en asuntos pendientes a la fecha de interposición de esta acción, en los que se discuta la aplicación de lo impugnado o aquellos con interés legítimo, a fin de coadyuvar en cuanto a su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interese. Se hace saber además, que de conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y conforme lo ha resuelto en forma reiterada la Sala (resoluciones 0536-91, 0537-91, 0554-91 y 0881-91) esta publicación no suspende la vigencia de la norma en general, sino únicamente su aplicación en los casos y condiciones señaladas. La contestación a la audiencia conferida en esta resolución deberá ser presentada una única vez, utilizando solo uno de los siguientes medios: documentación física presentada directamente en la Secretaría de la Sala; el sistema de fax; documentación electrónica por medio del Sistema de GESTIÓN EN LÍNEA; o bien, a la dirección de correo electrónico [email protected], la cual es correo exclusivo dedicado a la recepción de informes. En cualquiera de los casos, la contestación y demás documentos deberán indicar de manera expresa el número de expediente al cual van dirigidos. La contestación que se rindan por medios electrónicos, deberá consignar la firma de la persona responsable que lo suscribe, ya sea digitalizando el documento físico que contenga su firma, o por medio de la firma digital, según las disposiciones establecidas en la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Nº 8454, a efectos de acreditar la autenticidad de la gestión. Se advierte que los documentos generados electrónicamente o digitalizados que se presenten por el Sistema de Gestión en Línea o por el correo electrónico señalado, no deberán superar los 3 Megabytes. Notifíquese. Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:09:14. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
EXPEDIENTE: 25-023487-0007-CO PROCESO: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD ACCIONANTE: [Name 001] SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at sixteen hours one minute of four September two thousand twenty-five. The acción de inconstitucionalidad filed by [Name 001] is admitted for processing, seeking to have Executive Decree No. 45019-S “Reforma Reglamento para la calidad del Agua Potable” declared unconstitutional, on the grounds that it is contrary to constitutional articles 21, 46, and 50. A fifteen-day hearing is granted to the Procuraduría General de la República and the Ministerio de Salud. The decree is challenged insofar as it replaces the so-called "maximum admissible values" with "alert values" (valores de alerta) in the determination of pesticides and their metabolites in water for human consumption, substantively raising the permitted limits and generating, in the petitioner's view, a regression in the levels of health and environmental protection. She indicates that the regulatory reform disregards the principles of prevention, precaution, and environmental non-regression, as it relaxes control standards in contravention of the jurisprudential line upheld in rulings such as judgment No. 2022-26065, in which urgent measures were adopted to protect communities affected by pesticide contamination, including chlorothalonil. She states that the measure lacks valid technical-scientific support, since no studies were credited to justify the increase of the parameters, and that, furthermore, disproportionate burdens are shifted to local aqueduct operators, many of whom lack the resources to undertake specialized analyses, thereby weakening the effective protection of the human right to potable water. In her view, the challenged provisions constitute an unconstitutional regression in the area of fundamental rights, affecting the community without a legitimate cause to justify it. This action is admitted because it meets the requirements referred to in the Ley de la Jurisdicción Constitucional in its articles 73 to 79. The petitioner's standing derives from article 75, paragraph 2 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. Although the petitioner claims standing by reason of her condition as a deputy, the Sala has not admitted such standing. However, given that the questioned Decree may affect the health of citizens, the action is admitted for the defense of diffuse interests, among which is public health. Let a notice on the filing of the action be published three consecutive times in the Boletín Judicial. Legal effects of the filing of the action: The publication provided for in numeral 81 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional has the purpose of informing the courts and the organs that exhaust the administrative channel that the demanda de inconstitucionalidad has been filed, so that in the processes or proceedings in which the application of the law, decree, provision, agreement, or resolution is discussed, no final resolution is issued while the Sala has not made a ruling on the case. Several rules are drawn from this legal precept. The first, and perhaps the most important, is that the filing of an acción de inconstitucionalidad does not suspend the general effectiveness and applicability of the norms. The second is that only the acts of application of the challenged norms are suspended by judicial authorities in the processes initiated before them, or by administrative ones, in the proceedings tending to exhaust the administrative channel, but not their general validity and application. The third rule is that the Sala can grade the scope of the suspensive effect of the action. The fourth is that –in principle–, in cases of direct action, as occurs in this action, which is brought in defense of diffuse interests, the suspensive effect of the filing does not operate (see voto No. 537-91 of the Tribunal Constitucional). The fifth rule is that when what is alleged is an unconstitutional omission, it is not proper to order any suspension, in other words, to prevent the omitted conduct from being carried out, nor the carrying out of the latter, since this, in the latter assumption, would imply resolving the acción de inconstitucionalidad in an interlocutory manner. That is, the suspension of the application of the challenged norms, in the administrative venue, only operates in those cases where there is a process of exhausting the administrative channel, which presupposes the filing of an appeal for reconsideration or reversal against the final act by an administrated party. Where there is no contention in relation to the application of the norm, the suspension of its effectiveness and applicability does not proceed. In other words, in all those matters where there is no proceeding for exhausting the administrative channel, in the terms indicated above, the norm must continue to be applied, regardless of whether it benefits -favorable administrative act- or harms the justiciable party -unchallenged unfavorable act-. Within the fifteen days following the first publication of the aforementioned notice, those who appear as parties in pending matters as of the date of filing this action, in which the application of what is challenged is discussed, or those with a legitimate interest, may appear in order to contribute regarding its admissibility or inadmissibility, or to expand, if applicable, the grounds of unconstitutionality in relation to the matter that interests them. Let it be known also, that in accordance with articles 81 and 82 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional and as the Sala has repeatedly resolved (resolutions 0536-91, 0537-91, 0554-91, and 0881-91), this publication does not suspend the validity of the norm in general, but only its application in the cases and conditions indicated. The response to the hearing granted in this resolution must be submitted only once, using only one of the following means: physical documentation presented directly at the Secretaría of the Sala; the fax system; electronic documentation through the ONLINE MANAGEMENT System (Sistema de GESTIÓN EN LÍNEA); or, to the email address [email protected], which is an exclusive mailbox dedicated to the receipt of reports. In any of the cases, the response and other documents must expressly indicate the expediente number to which they are directed. The response rendered by electronic means must include the signature of the responsible person who subscribes it, either by digitizing the physical document containing their signature, or by means of a digital signature, according to the provisions established in the Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, No. 8454, in order to certify the authenticity of the filing. It is warned that the electronically generated or digitized documents submitted through the Sistema de Gestión en Línea or the indicated email shall not exceed 3 Megabytes. Notifíquese.