Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Sobre el particular, este Tribunal resalta que el objeto de este recurso versa sobre la omisión municipal de definir la situación (y eventual recuperación) de bienes que, según se indica son de dominio público, así como con la protección ambiental de tales zonas, por lo que constituye un tema de plena relevancia constitucional. (...) Ergo, la Municipalidad de Nicoya no se puede conformar con asumir una actitud pasiva al señalar de forma general y abstracta que se trata de un problema complejo que se discute en la vía penal. La Sala no observa algún argumento legítimo que justifique la inacción de más de dos años de las autoridades municipales, por lo que se declara con lugar el recurso a fin de que procedan a: 1) actualizar los estudios técnicos sobre los bienes que se reputan como demaniales; y 2) ejercer sus competencias a los efectos de que se gestionen los procedimientos internos correspondientes y se interpongan tanto en el ámbito administrativo como en el judicial (según corresponda) las acciones necesarias para garantizar el resguardo del interés público y ambiental de las propiedades que sean demaniales, así como la reivindicación de estas en los casos en los que se determine alguna irregularidad en la titularidad.
English (translation)This Court emphasizes that the object of this appeal concerns the municipal omission in defining the situation (and eventual recovery) of assets that are claimed to be public domain, as well as the environmental protection of such zones, making it a matter of full constitutional relevance. (...) Ergo, the Municipality of Nicoya cannot simply adopt a passive stance by stating in a general and abstract manner that this is a complex problem being discussed in criminal proceedings. The Chamber finds no legitimate argument to justify the inaction of more than two years by the municipal authorities, and therefore grants the appeal so that they proceed to: 1) update the technical studies on the assets deemed to be public domain; and 2) exercise their powers so that the corresponding internal procedures are carried out and the necessary actions are filed, both in the administrative and judicial spheres (as applicable), to guarantee the protection of the public and environmental interest of the properties that are public domain, as well as their recovery in cases where any irregularity in ownership is determined.
Granted
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 25307 - 2025 Fecha de la Resolución: 08 de Agosto del 2025 a las 13:50 Expediente: 25-011146-0007-CO Redactado por: Paul Rueda Leal Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con nota separada Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés: Temas Estrategicos: Ambiental,Der Económicos sociales culturales y ambientales Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: MUNICIPALIDAD Subtemas: PERMISOS. 025307-25. MUNICIPALIDAD. SE ACUSA LA CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES EN BIENES DEMANIALES, AUTORIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD RECURRIDA. SE ORDENA A LA MUNICIPALIDAD DE NICOYA, QUE, EN EL PLAZO DE DIECIOCHO MESES, SE PROCEDA A: 1) DEFINIR DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS BIENES INMUEBLES QUE SE REPUTAN COMO DEMANIALES EN LOS OFICIOS CCOP-050-2021, D-COM-0103-2021 Y CTU 03-2023, ASÍ COMO ACTUALIZAR EL ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRAN; Y 2) INTERPONER TANTO EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO COMO EN EL JUDICIAL (SEGÚN CORRESPONDA) LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL RESGUARDO DEL INTERÉS PÚBLICO Y AMBIENTAL DE LOS BIENES CUYA DEMANIALIDAD DEBA SER RECONOCIDA, ASÍ COMO LA REIVINDICACIÓN DE ESTOS EN LOS CASOS EN LOS QUE SE DETERMINE ALGUNA IRREGULARIDAD EN CUANTO A SU TITULARIDAD. VCG12/2025 “(…) IV.- SOBRE EL FONDO. En el sub lite, el recurrente manifiesta que, desde hace 55 años, la Municipalidad de Nicoya ha autorizado irrestrictamente construcciones, visado de planos y usos de suelos, en perjuicio de bienes demaniales. Señala que, el 19 de marzo de 2021, el Concejo Municipal acordó de forma unánime que el alcalde procediera administrativa o judicialmente con la reivindicación de los bienes demaniales dentro del “Proyecto Americano”. Sostiene que los inmuebles se encuentran delimitados, entre ellos, vías públicas, parques, áreas verdes, calles, reservas para servicios comunales. Menciona que en 2020 se nombró una comisión especial, la cual determinó que tales áreas existen. Manifiesta que la Comisión de Obras Municipales emitió el dictamen D-COM-0103-2021 sobre las áreas demaniales no entregadas del “Proyecto Americano” en el distrito de Nosara y le recomendó al concejo: “Solicitarle a la Administración Municipal tome las medidas administrativas o judiciales necesarias a efecto de cumplir con lo acordado por el Concejo Municipal mediante acuerdo N.- 012-039-2021 de 26 de enero, con la finalidad de reivindicar a nombre de esta Municipalidad las 80 hectáreas que actualmente están a nombre de privados, terrenos que deben ser públicos como lo indica el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana”. Asevera que, en 2021, el concejo trasladó el dictamen de la comisión especial al departamento de Gestión Jurídica de la municipalidad; empero, no hubo respuesta. Añade que, el 9 de abril de 2021, tal órgano colegiado solicitó de nuevo al alcalde tomar las medidas administrativas o judiciales para la reivindicación de los bienes demaniales; sin embargo, no se ha actuado. Del estudio de los autos se tiene por demostrado, que la Alcaldía Municipal de Nicoya recibió el oficio CCOP-050-2021 de 10 de marzo 2021, en el cual se consignó que se localizaron 23 planos “con naturaleza para zonas verdes o parques, a raíz de un estudio que se inició en el año 2014”. El Concejo Municipal de Nicoya, por acuerdo nro. 18-046-2021 tomado en la sesión ordinaria nro. 46 celebrada el martes 16 de marzo de 2021, dispuso: “Acuerdo Municipal No. 018-046-2021: EL CONCEJO MUNICIPAL DE NICOYA EN FORMA UNÁNIME APRUEBA TRASLADAR AL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN JURÍDICA DE LA MUNICIPALIDAD PARA QUE ATIENDA COMO CORRESPONDA Y EN UN PLAZO NO MAYOR A 10 DÍAZ (sic) HÁBILES A LO EXPUESTO EN EL OFICIO CCOP-050-2021 SUSCRITO POR EL ING. JOSUÉ RUIZ GUERRERO COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL CONSTRUCTIVO Y OBRA PÚBLICA, Y EL ING. BYRON ROSALES MORALES COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL, EN REFERENCIA A LAS ZONAS VERDES DEL PROYECTO AMERICANO UBICADO EN NOSARA, SIENDO QUE, RECOMIENDAN PROCEDER MEDIANTE EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD DE NICOYA PARA QUE VALOREN EL PROCEDER DEL CASO DESDE EL PUNTO DE VISTA LEGAL Y JURIDICO (sic), Y PARA DAR SEGUIMIENTO AL MISMO. NOTIFIQUESE (sic) PARA LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES. DEFINITIVAMENTE APROBADO CON FIRMEZA”. El acuerdo nro. 18-046-2021 fue notificado a la Alcaldía Municipal de Nicoya el 17 de marzo de 2021 por correo electrónico. La Alcaldía Municipal de Nicoya conoció el reporte de la Comisión de Obras Municipales (dictamen D-COM-0103-2021, sesión nro. 3 de 29 de marzo 2021) emitido “con la finalidad de reivindicar a nombre de esta Municipalidad las 80 hectáreas que actualmente están a nombre de privados, terrenos que deben ser públicos como lo indica el 05-3 artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana”. La Dirección de Gestión Jurídica de la Municipalidad de Nicoya, mediante oficio nro. DGJ-041-09-2021 de 29 de setiembre de 2021, solicitó los antecedentes del caso al departamento de Control Constructivo, pero ante la falta de documentación idónea se elevó el caso a la Comisión Técnica Urbanística, órgano colegiado que incorpora a los profesionales responsables de las áreas constructiva, planificación territorial, planificación urbana, gestión jurídica y catastral. En el informe CTU 03-2023 del 28 de febrero de 2023, la Comisión Técnica Urbanística consignó lo siguiente: “CONSIDERACIONES DEL ANÁLISIS (…) Del análisis practicado sobre el estado actual de la entrega de zonas comunes en el denominado en algún momento como "Proyecto Americano", según lo ordena el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana (LPU), se desprenden las siguientes situaciones: PRIMERO: El Proyecto Americano inició en el año 1982, a partir de tener a la vista los planos catastrados más antiguos. SEGUNDO: Los desarrolladores físicos han fallecido o no son localizables en el país y la última persona jurídica, [Nombre 006], fue disuelta hace algunos años y no aparecen fincas o propiedades a su nombre pues fueron cedidas a la [Nombre 007] (ACN), adquirente de buena fe en este caso y ajena al desarrollo urbanístico aludido. TERCERO: Los desarrolladores nunca hicieron cesión de las áreas comunales según lo que dispone el artículo 40 supra citado. Conforme a ello, ese artículo menciona lo siguiente: (…) CUARTO: Uno de medios legales para tener por cedidos los terrenos para parques, áreas verdes, salones comunales y parques infantiles, es a través del visado de planos donde se indique la naturaleza de cada lote en los referidos términos del ordinal 40 LPU. Pues este requisito legal al no tenerse, resulta imposible la individualización de las áreas y clasificarlas como tal. QUINTO: A la fecha no ha sido posible localizar permiso de construcción, diseño de sitio visado por el INVU donde consten las áreas comunes a ceder, así como tampoco se localizan planos visados por la Municipalidad e INVU con naturaleza que sea compatible por lo dispuesto en el artículo 40 de citas. SEXTO: De la lista de propiedades inscritas a nombre de la [Nombre 007] (ACN), es importante señalar que todas aparecen gravadas por servidumbre ecológica y la gran mayoría no describe como naturaleza el destino para parques y resto de áreas comunes, por lo que no pueden ser objeto para el cumplimiento de los porcentajes derivados de la legislación dicha. SETIMO (sic): En los siguientes folios reales sí aparece como naturaleza "para zonas verdes", lo que podría interpretarse como posible cesión para complacer el porcentaje de Ley: Plano Descripción Folio Real A nombre de Naturaleza según asiento registral G-557689-84 Parque-Zona Verde 54236-000 [Nombre 007] Zona verde G-557689-84 Parque-Zona Verde 54240-000 [Nombre 007] Zona verde G-557689-84 Parque-Zona Verde parte de 7302-000 [Nombre 006] G-2181109-20 Parque-Zona Verde 238518-000 [Nombre 007] Parque G-546055-84 Parque-Zona Verde parte de 7302-000 [Nombre 006] G-557685-84 Parque-Zona Verde parte de 7302-000 [Nombre 006] OCTAVO: Sobre el tema bajo análisis, la Ley de Planificación Urbana dispone el artículo 44 de la analizada Ley de Planificación Urbana, indica expresamente lo siguiente: "El dominio municipal sobre las áreas de calles, plazas, jardines, parques u otros espacios abiertos de uso público general, se constituye por ese mismo uso y puede prescindirse de su inscripción en el Registro de la Propiedad, si consta en el Mapa Oficial. "El Registro citado pondrá último asiento a aquellas fincas, restos o lotes que el propietario, en concepto de fraccionador, ceda al municipio por mandato de esta ley, si en el documento inscribible consta el destino público que se le da al inmueble y el Notario da fe del acuerdo municipal en que aprueba la cesión y se dispone entregar dicho bien a ese mismo destino." (Artículo 44, Ley de Planificación Urbana). Al respecto, la Procuraduría General de la República ha señalado que, cuando planos catastrados que describan terrenos de naturaleza compatible con los elementos comunes del artículo 40 LPU, debidamente visados, forman parte del Mapa Oficial, y, lo procedente, es que las municipalidades soliciten al Registro Inmobiliario (RIM) la inscripción a nombre del respectivo ayuntamiento. RECOMENDACIONES PRIMERA: De previo a solicitar al Registro Inmobiliario la inscripción de los predios descritos en el punto 7 del presente informe, se comisione a los Departamentos de Planificación Urbana, Control Constructivo y Ambiental hacer inspección in situ para determinar las condiciones de tales terrenos, para que se determine técnicamente su aptitud para algunos de los fines establecidos en el ordinal 40 de citas, la posibilidad real que podría tener la Municipalidad para darle mantenimiento, asegurar el uso deseado y hacer un balance costo-beneficio de inscribir esos inmuebles a su nombre. SEGUNDA: Recibido el informe señalado, determinar si procede la gestión ante el RIM o más bien concertar con la ACN un plan conjunto de administración y explotación de tales áreas”. Sobre el particular, este Tribunal resalta que el objeto de este recurso versa sobre la omisión municipal de definir la situación (y eventual recuperación) de bienes que, según se indica son de dominio público, así como con la protección ambiental de tales zonas, por lo que constituye un tema de plena relevancia constitucional. Al respecto, el gobierno local tiene conocimiento de la situación denunciada al menos desde el 2021. Justamente, adviértase que, el 10 de marzo de 2021, la Alcaldía Municipal de Nicoya recibió el oficio CCOP-050-2021, en el cual se le comunicó la localización de veintitrés planos con naturaleza “zonas verdes o parques” como consecuencia de un estudio iniciado en 2014. Además, si bien la alcaldía municipal informó que la Comisión Técnica Urbanística emitió el “INFORME CTU 03-2023, ACTUALIZADO SOBRE ÁREAS COMUNES Y VERDES DEL PROYECTO AMERICANO”, con posterioridad a este no se aprecian acciones concretas dirigidas a atender la situación de forma íntegra. Lo anterior es relevante no solo por la presunta naturaleza pública de los terrenos, sino porque la propia alcaldesa a. i. de Nicoya mencionó en su informe que los terrenos de marras tienen zonas declaradas como servidumbres ecológicas y áreas de parque o verdes que están ubicadas “en colindancia con el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Ostional y conforman zona de amortiguamiento”. Ergo, la Municipalidad de Nicoya no se puede conformar con asumir una actitud pasiva al señalar de forma general y abstracta que se trata de un problema complejo que se discute en la vía penal. La Sala no observa algún argumento legítimo que justifique la inacción de más de dos años de las autoridades municipales, por lo que se declara con lugar el recurso a fin de que procedan a: 1) actualizar los estudios técnicos sobre los bienes que se reputan como demaniales; y 2) ejercer sus competencias a los efectos de que se gestionen los procedimientos internos correspondientes y se interpongan tanto en el ámbito administrativo como en el judicial (según corresponda) las acciones necesarias para garantizar el resguardo del interés público y ambiental de las propiedades que sean demaniales, así como la reivindicación de estas en los casos en los que se determine alguna irregularidad en la titularidad. Respecto al SINAC se desestima el amparo ya que, de acuerdo con los elementos aportados al expediente, no se observa algún reproche de acción u omisión que, desde el ámbito de sus competencias, le pueda ser atribuido en este momento con respecto a los hechos objeto de este recurso. (…)” ... Ver más Contenido de Interés: Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: MUNICIPALIDAD Subtemas: PERMISOS. V.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ.- La jurisprudencia de este Tribunal ha sido clara en el sentido de que no le corresponde ejecutar los acuerdos de las administraciones públicas. Ahora bien, en el Sub lite hay una particularidad, pues la omisión del órgano ejecutivo de la municipalidad podría estar afectando bienes demaniales y también el derecho a un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado, de ahí que resulta procedente entrar a conocer sobre el fondo y, al comprobarse la omisión, la consecuencia lógica es que se declare con lugar el recurso de amparo. No ignoro la doctrina de que la relación entre el concejo y el alcalde no es de jerarquía, sino de exclusión de competencias; sin embargo, de conformidad con el artículo 17, inciso 4, del Código Municipal, el segundo, como órgano ejecutivo de la corporación, le corresponde ejecutar los acuerdos del primero, excepto de que los haya votado, hecho que no se dio en este caso. VCG12/2025 ... Ver más Contenido de Interés: Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: MUNICIPALIDAD Subtemas: PERMISOS. VI.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, de que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, considero que su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando estén de por medio otros derechos fundamentales, tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente asegura que, la Municipalidad de Nicoya no ha realizado las acciones dirigidas a resolver la situación de la recuperación de bienes de dominio público. VCG12/2025 ... Ver más Texto de la resolución Exp. 25-011146-0007-CO Res. 2025025307 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las trece horas y cincuenta minutos del ocho de agosto de dos mil veinticinco. Recurso de amparo que se tramita en expediente nro. 25-011146-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra la MUNICIPALIDAD DE NICOYA y el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN. RESULTANDO: 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 11:31 horas del 24 de abril de 2025, el recurrente interpone recurso de amparo contra la MUNICIPALIDAD DE NICOYA y el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN. Expone lo siguiente: "A finales del año 1966 ingresó al país el inversionista de Washington D.C. LIC. [Nombre 002] y poco tiempo después compró al nacional señor [Nombre 003] su finca constante aproximadamente de mil cien hectáreas, ubicadas en el sector Sur del Poblado de Nosara hoy Cabecera del Distrito Sexto de Nicoya, NO INCLUYENDO EN LA TRANSACCIÓN la Zona Marítimo- Terrestre, ignorando los motivos. Un año después (1967) logró el Empresario [Nombre 002] que el Instituto de Vivienda y Urbanismo -INVU- aprobara el "Mapa Oficial" incluyendo con exactitud Ia posición de los trazados de las vías públicas, parques, áreas verdes, reservas para usos comunales, así estatuido en el numeral 40 de la Ley 4240 de 115 noviembre 1968 y sus reformas. SEGUNDO: Con base a la Aprobación del "Mapa Oficial" la compañía del inversionista denominada [Nombre 005], oficializó el DISEÑO DE SITIO del Proyecto, conocido como "Proyecto Americano" y desde entonces hasta el día de hoy -55 años después- LAMUNICIPALIDAD DE NICOYA ha venido autorizando, irrestrictamente, construcciones, visado de planos, uso del suelo, afectado en gran medida nuestros BIENES DEMANIALES, como más adelante lo probare. TERCERO: SOBRE LOS HECHOS EN SÍ: Debo agregar que en el Diseño de Sitio del Proyecto Americano se -encuentra perfectamente delimitados Los Bienes Demaniales ya dichos, se repite: Vías públicas, parques, áreas verdes, calles, reserva para servicios comunales, hoy detentados por dos Transnacional de nombre "[Nombre 006] [Nombre 005]", haciendo la necesarísima corrección que esta Compañía fue desinscrita desde hace varios años, no sin antes haber traspasado CON EVIDENTE FRAUDE a nombre [Nombre 007], las áreas ya comprometidas institucionalmente para los fines del Proyecto Americano en mención, sobre las cuales JAMÁS HA HABIDO REFORMAS, ni Parciales ni totales de parte del INVU o de la Municipalidad de Nicoya, sea, el diseño de sitio aprobado en 1967, continúa incólume desde su génesis. CUARTO: En un "aparente esfuerzo legal" para la reivindicación de esos Bienes Demaniales, el Alcalde en Ejercicio, por la presión comunitaria que estaba recibiendo y del propio Concejo Municipal, nombró una Comisión de orden Administrativo a fin de poder determinar si las áreas indicadas en los Artículos 40, 41, siguientes y concordantes de la Ley de Planificación Urbana Número 4240 y sus reformas, existen como tales. Ver a continuación el Oficio CTM-0701-2020 de fecha 09 de julio-2020: "En referencia a su Oficio SCMN-0182-2019, recibido por nuestros Departamentos el día 07-07- 2020 vía correo electrónico Y respecto al Punto 2 de dicho Acuerdo le informamos que en un momento el Alcalde de Turno, nombró una Comisión Especial de la que los suscritos formamos parte, para estudiar y elaborar un informe respeto del sitio conocido como Proyecto Americano, especialmente del cumplimiento del artículo 40 de la ley 4240 de traspaso de áreas demaniales destinadas a vías públicas, parques y zonas verdes. Este Informe fue emitido y prestando a la Alcaldía de turno y es el que existe hasta el día de hoy. (...) QUINTO: SOBRE EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN: Oficio CCOP-050-2021 DE 10 DE MARZO 2021. Dice: "Señor: Msc. Carlos Armando Martínez Arias. Alcalde. Con la debida consideración y respeto, me dirijo ante Ud. con el objetivo de informarle sobre la zona verdes del Proyecto Americano en el Distrito de Nosara. Es importante aclarar que este Proyecto corresponde a un proyecto urbanístico que se desarrolló a inicios de los 80. Y al igual que otros proyectos de las mismas naturalezas, no concluye efectivamente el proceso de declaración de cales públicas ni traspaso de zonas verdes, juegos infantiles, zona comunal, etc. Desde el 2014, un grupo de funcionarios Municipales conformado por Josué Ruiz, Byron Rosales y Huberto Abadía nos apersonamos al sitio para realizar la identificación de las zonas verdes, descritas en el Master Plan del Proyecto. Se logró corroborar en campo que el área en cuestión existe, sí se encuentra delimitada, sí hay ocupación de las mismas y sí existe plano catastrado. Se logró identificar un total de 23 propiedades catalogadas como zonas verdes". Se deja claro que la parte del Informe que precede, respecto al Número Folio Real. Plano Castrado. Ubicación y Observaciones, constante de 50 folios, serán incorporados FIELMENTE en la parte DOCUMENTAL de este Amparo para una mejor lectura de tales documentos. Ver documento 02. QUINTO: La Comisión de Obras Municipales, emite el Dictamen D-COM-0103-2021, Sesión Número 03, de 29 de marzo 2021, Asunto 02, sobre las Áreas Demaniales no entregadas en sitio del denominado Proyecto Americano en el Distrito Nosara, recomendando al Concejo que: "Solicitarle a la Administración Municipal tome las medidas administrativas o judiciales necesarias a efecto de cumplir con lo acordado por el Concejo Municipal mediante acuerdo N.- 012-039-2021 de 26 de enero, con la finalidad de reivindicar a nombre de esta Municipalidad las 80 hectáreas que actualmente están a nombre de privados, terrenos que deben ser públicos como lo indica el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana". Los destacados no son del original. SEXTO: Sobre el Acuerdo Municipal N.- 018-04-2021 se fecha 17-03-2021. "EI Concejo Municipal en forma unánime aprueba trasladar al Departamento de Gestión Jurídica de la Municipalidad el Dictamen de Comisión ya dicho, para que lo atienda como corresponda y un plazo no mayor de 10 días hábiles lo expuesto en el Oficio CCOP-050-2021 suscrito por el Ing. José Ruiz Guerrero Coordinador del Departamento de Control Constructivo y Obra y el Ing. Byron Rosales Morales Coordinador del Departamento de Catastro Municipal, en referencia a las zonas verdes del Proyecto Americano ubicado en Nosara, siendo que, recomiendan proceder mediante el Departamento Legal de la Municipalidad de Nicoya, para que valoren el proceder del caso desde el punto de vista legal y Juridico y para dar seguimiento al mismo. Notifíquese para los efectos Legales y Administrativos correspondientes. Acuerdo definitivamente aprobado con firmeza. No hubo respuesta alguna. Documento 03. SÉPTIMO: Sesión del Concejo Municipal del 09-04-2021. "El Consejo Municipal en forma unánime acoge las recomendaciones indicadas en el Dictamen D-COM 01-03-2021 de la Comisión de Obras Municipales, referente a dos asuntos atendidos, siendo los siguientes (Ver Punto 2): "Se solicita a la Administración Municipal que tome las medidas Administrativas o Judiciales necesarias a efecto de cumplir con lo acordado por este Concejo Municipal mediante Acuerdo N.- 012-039- 2021 el martes 26 de enero de los corrientes, con la finalidad de reivindicar a nombre de esta Municipalidad las 80 hectáreas que actualmente están a nombre de privados, terrenos que deben ser públicos como lo indica el Artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana". Documento 04. OCTAVO: Incorporaré de seguido el Dictamen vinculante de la Procuraduría General de la República C-321-2003 09 de octubre de 2003, el cual es de sumo claro con la finalidad del presente RECURSO DE AMPARO, se transcribe fielmente: (...)". (sic). Así las cosas, relata que el 19 de julio de 2020 se nombró una Comisión Especial tendente a la recopilación documental y en sitio sobre los Bienes Demaniales inmersos en Proyecto Americano de Nosara. El 19 de marzo de 2021, el Concejo tomó un Acuerdo unánime y en firme, para que el Alcalde procediera administrativa o judicialmente con la reivindicación de los bienes demaniales dentro del Proyecto Americano. El Concejo trasladó el Informe de la Comisión especial al Departamento de Asuntos Jurídicos Municipales por 10 días, para que indicaran su criterio, informe que nunca fue rendido. El 9 de abril de 2021, se solicitó de nuevo al Alcalde, tomar las medidas administrativas o judiciales para la reivindicación de los Bienes Demaniales del Estado. No obstante, acusa que al momento de presentación de este recurso, no se ha procedido de conformidad por la parte accionada. Agrega que "Respecto al Dictamen de la Comisión Especial, el mismo reúne claridad y aporta evidencia fehaciente, al dejar demostrado que tanto la Mercantil "[Nombre 006] S.A" ya desinscrita, así como la [Nombre 007], son los mismos y han negociado Bienes del Estado Costarricense, sin que el ALCALDE ACTUAL haya intervenido en lo mínimo para su reivindicación a pesar de los múltiples acuerdos en firme del Concejo para cumplir. De ese informe aporto también en la Parte Documental una fotografía que refleja con claridad las calles del Proyecto. Según mi criterio, con la prueba aportada, el Alcalde como Funcionario Público en pleno ejercicio de su Mandato, ha omitido ilegalmente, rehusado, retardado y abstenido hacer los trámites pertinentes ordenados en forma clara y reiterada por Acuerdos en firme del Concejo Municipal". Con base en la situación expuesta, estima que se están vulnerando derechos fundamentales. Pide se declare con lugar el recurso. 2.- Mediante resolución de las 8:58 horas de 5 de mayo de 2025, la Presidencia de la Sala dispuso: “Visto el recurso de amparo que se tramita en expediente número 25- 011146-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra la MUNICIPALIDAD DE NICOYA, se resuelve: en los términos de los artículos 43, 44 y 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, informe EL ALCALDE Y EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL, AMBOS DE NICOYA, sobre los hechos alegados por la parte recurrente, en resumen: expone lo siguiente: "A finales del año 1966 ingresó al país el inversionista de Washington D.C. LIC. [Nombre 002] y poco tiempo después compró al nacional señor [Nombre 003] su finca constante aproximadamente de mil cien hectáreas, ubicadas en el sector Sur del Poblado de Nosara hoy Cabecera del Distrito Sexto de Nicoya, NO INCLUYENDO EN LA TRANSACCIÓN la Zona MarítimoTerrestre, ignorando los motivos. Un año después (1967) logró el Empresario [Nombre 002] que el Instituto de Vivienda y Urbanismo -INVU- aprobara el "Mapa Oficial" incluyendo con exactitud Ia posición de los trazados de las vías públicas, parques, áreas verdes, reservas para usos comunales, así estatuido en el numeral 40 de la Ley 4240 de 115 noviembre 1968 y sus reformas. SEGUNDO: Con base a la Aprobación del "Mapa Oficial" la compañía del inversionista denominada [Nombre 005], oficializó el DISEÑO DE SITIO del Proyecto, conocido como "Proyecto Americano" y desde entonces hasta el día de hoy -55 años después- LAMUNICIPALIDAD DE NICOYA ha venido autorizando, irrestrictamente, construcciones, visado de planos, uso del suelo, afectado en gran medida nuestros BIENES DEMANIALES, como más adelante lo probare. TERCERO: SOBRE LOS HECHOS EN SÍ: Debo agregar que en el Diseño de Sitio del Proyecto Americano se -encuentra perfectamente delimitados Los Bienes Demaniales ya dichos, se repite: Vías públicas, parques, áreas verdes, calles, reserva para servicios comunales, hoy detentados por dos Transnacional de nombre "[Nombre 006]", haciendo la necesarísima corrección que esta Compañía fue desinscrita desde hace varios años, no sin antes haber traspasado CON EVIDENTE FRAUDE a nombre [Nombre 007], las áreas ya comprometidas institucionalmente para los fines del Proyecto Americano en mención, sobre las cuales JAMÁS HA HABIDO REFORMAS, ni Parciales ni totales de parte del INVU o de la Municipalidad de Nicoya, sea, el diseño de sitio aprobado en 1967, continúa incólume desde su génesis. CUARTO: En un "aparente esfuerzo legal" para la reivindicación de esos Bienes Demaniales, el Alcalde en Ejercicio, por la presión comunitaria que estaba recibiendo y del propio Concejo Municipal, nombró una Comisión de orden Administrativo a fin de poder determinar si las áreas indicadas en los Artículos 40, 41, siguientes y concordantes de la Ley de Planificación Urbana Número 4240 y sus reformas, existen como tales. Ver a continuación el Oficio CTM-0701-2020 de fecha 09 de julio-2020: "En referencia a su Oficio SCMN-0182-2019, recibido por nuestros Departamentos el día 07-07- 2020 vía correo electrónico Y respecto al Punto 2 de dicho Acuerdo le informamos que en un momento el Alcalde de Turno, nombró una Comisión Especial de la que los suscritos formamos parte, para estudiar y elaborar un informe respeto del sitio conocido como Proyecto Americano, especialmente del cumplimiento del artículo 40 de la ley 4240 de traspaso de áreas demaniales destinadas a vías públicas, parques y zonas verdes. Este Informe fue emitido y prestando a la Alcaldía de turno y es el que existe hasta el día de hoy. (...) QUINTO: SOBRE EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN: Oficio CCOP-050-2021 DE 10 DE MARZO 2021. Dice: "Señor: Msc. Carlos Armando Martínez Arias. Alcalde. Con la debida consideración y respeto, me dirijo ante Ud. con el objetivo de informarle sobre la zona verdes del Proyecto Americano en el Distrito de Nosara. Es importante aclarar que este Proyecto corresponde a un proyecto urbanístico que se desarrolló a inicios de los 80. Y al igual que otros proyectos de las mismas naturalezas, no concluye efectivamente el proceso de declaración de cales públicas ni traspaso de zonas verdes, juegos infantiles, zona comunal, etc. Desde el 2014, un grupo de funcionarios Municipales conformado por Josué Ruiz, Byron Rosales y Huberto Abadía nos apersonamos al sitio para realizar la identificación de las zonas verdes, descritas en el Master Plan del Proyecto. Se logró corroborar en campo que el área en cuestión existe, sí se encuentra delimitada, sí hay ocupación de las mismas y sí existe plano catastrado. Se logró identificar un total de 23 propiedades catalogadas como zonas verdes". Se deja claro que la parte del Informe que precede, respecto al Número Folio Real. Plano Castrado. Ubicación y Observaciones, constante de 50 folios, serán incorporados FIELMENTE en la parte DOCUMENTAL de este Amparo para una mejor lectura de tales documentos. Ver documento 02. QUINTO: La Comisión de Obras Municipales, emite el Dictamen D-COM-0103-2021, Sesión Número 03, de 29 de marzo 2021, Asunto 02, sobre las Áreas Demaniales no entregadas en sitio del denominado Proyecto Americano en el Distrito Nosara, recomendando al Concejo que: "Solicitarle a la Administración Municipal tome las medidas administrativas o judiciales necesarias a efecto de cumplir con lo acordado por el Concejo Municipal mediante acuerdo N.- 012-039-2021 de 26 de enero, con la finalidad de reivindicar a nombre de esta Municipalidad las 80 hectáreas que actualmente están a nombre de privados, terrenos que deben ser públicos como lo indica el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana". Los destacados no son del original. SEXTO: Sobre el Acuerdo Municipal N.- 018-04-2021 se fecha 17-03- 2021. "EI Concejo Municipal en forma unánime aprueba trasladar al Departamento de Gestión Jurídica de la Municipalidad el Dictamen de Comisión ya dicho, para que lo atienda como corresponda y un plazo no mayor de 10 días hábiles lo expuesto en el Oficio CCOP-050-2021 suscrito por el Ing. José Ruiz Guerrero Coordinador del Departamento de Control Constructivo y Obra y el Ing. Byron Rosales Morales Coordinador del Departamento de Catastro Municipal, en referencia a las zonas verdes del Proyecto Americano ubicado en Nosara, siendo que, recomiendan proceder mediante el Departamento Legal de la Municipalidad de Nicoya, para que valoren el proceder del caso desde el punto de vista legal y Juridico y para dar seguimiento al mismo. Notifíquese para los efectos Legales y Administrativos correspondientes. Acuerdo definitivamente aprobado con firmeza. No hubo respuesta alguna. Documento 03. SÉPTIMO: Sesión del Concejo Municipal del 09-04-2021. "El Consejo Municipal en forma unánime acoge las recomendaciones indicadas en el Dictamen D-COM 01-03-2021 de la Comisión de Obras Municipales, referente a dos asuntos atendidos, siendo los siguientes (Ver Punto 2): "Se solicita a la Administración Municipal que tome las medidas Administrativas o Judiciales necesarias a efecto de cumplir con lo acordado por este Concejo Municipal mediante Acuerdo N.- 012-039- 2021 el martes 26 de enero de los corrientes, con la finalidad de reivindicar a nombre de esta Municipalidad las 80 hectáreas que actualmente están a nombre de privados, terrenos que deben ser públicos como lo indica el Artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana". Documento 04. OCTAVO: Incorporaré de seguido el Dictamen vinculante de la Procuraduría General de la República C-321-2003 09 de octubre de 2003, el cual es de sumo claro con la finalidad del presente RECURSO DE AMPARO, se transcribe fielmente: (...)". Así las cosas, relata que el 19 de julio de 2020 se nombró una Comisión Especial tendente a la recopilación documental y en sitio sobre los Bienes Demaniales inmersos en Proyecto Americano de Nosara. El 19 de marzo de 2021, el Concejo tomó un Acuerdo unánime y en firme, para que el Alcalde procediera administrativa o judicialmente con la reivindicación de los bienes demaniales dentro del Proyecto Americano. El Concejo trasladó el Informe de la Comisión especial al Departamento de Asuntos Jurídicos Municipales por 10 días, para que indicaran su criterio, informe que nunca fue rendido. El 9 de abril de 2021,se solicitó de nuevo al Alcalde, tomar las medidas administrativas o judiciales para la reivindicación de los Bienes Demaniales del Estado. No obstante, acusa que al momento de presentación de este recurso, no se ha procedido de conformidad por la parte accionada. Agrega que "Respecto al Dictamen de la Comisión Especial, el mismo reúne claridad y aporta evidencia fehaciente, al dejar demostrado que tanto la Mercantil "[Nombre 006] S.A" ya desinscrita, así como la [Nombre 007], son los mismos y han negociado Bienes del Estado Costarricense, sin que el ALCALDE ACTUAL haya intervenido en lo mínimo para su reivindicación a pesar de los múltiples acuerdos en firme del Concejo para cumplir. De ese informe aporto también en la Parte Documental una fotografía que refleja con claridad las calles del Proyecto. Según mi criterio, con la prueba aportada, el Alcalde como Funcionario Público en pleno ejercicio de su Mandato, ha omitido ilegalmente, rehusado, retardado y abstenido hacer los trámites pertinentes ordenados en forma clara y reiterada por Acuerdos en firme del Concejo Municipal". Con base en la situación expuesta, estima que se están vulnerando derechos fundamentales. Pide se declare con lugar el recurso. El informe deberá rendirse una sola vez, en cualquiera de los formatos que se especifican más adelante, dentro de los TRES DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación de esta resolución CON REMISIÓN DE LA COPIA CERTIFICADA, DEBIDAMENTE IDENTIFICADA, FOLIADA Y EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO DE LA DOCUMENTACIÓN ASÍ COMO CUALQUIER TIPO DE SOPORTE ELECTRÓNICO, INFORMÁTICO, MAGNÉTICO, ÓPTICO, TELEMÁTICO O PRODUCIDO POR NUEVAS TECNOLOGÍAS, RELACIONADOS ESTRICTAMENTE CON EL OBJETO DE ESTE RECURSO, CUYOS ORIGINALES SIEMPRE SE MANTENDRÁN BAJO CUSTODIA DE LA ADMINISTRACIÓN, ASIMISMO SE DEBERÁ APORTAR EL NÚMERO DE TELÉFONO DONDE PUEDE SER HABIDA LA PARTE RECURRIDA. Lo anterior bajo la prevención que conforme a lo dispuesto en los artículos 44 párrafo 2º y 45 de la ley citada los informes se considerará dado bajo juramento, de manera que cualquier inexactitud o falsedad hará incurrir a la parte informante en las penas del perjurio o del falso testimonio, según la naturaleza de los hechos contenidos en el mismo, y que la omisión en informar causará que se tenga por ciertos los hechos y se pueda declarar con lugar el recurso, para cuyos efectos deberá la parte informante rendirlo personalmente y no por medio de apoderado. El informe y las pruebas pertinentes deberán ser presentados por la autoridad recurrida una única vez, utilizando solo uno de los siguientes medios: documentación física presentada directamente en la Secretaría de la Sala; el sistema de fax; documentación electrónica por medio del Sistema de GESTIÓN EN LÍNEA; o bien, a la dirección de correo electrónico [email protected], la cual es correo exclusivo dedicado a la recepción de informes. En cualquiera de los casos, el informe y demás documentos deberán indicar de manera expresa el número de expediente al cual van dirigidos. El o los informes que se rindan por medios electrónicos, deberán consignar la firma del funcionario que lo rinde, ya sea digitalizando el documento físico que contenga su firma, o por medio de la firma digital, según las disposiciones establecidas en la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Nº 8454, a efectos de acreditar la autenticidad de la gestión. Se advierte que los documentos generados electrónicamente o digitalizados que se presenten por el Sistema de Gestión en Línea o por el correo electrónico señalado, no deberán superar los 3 Megabytes. Se advierte a la parte recurrida que la desobediencia a órdenes emanadas de la Jurisdicción Constitucional, conforme lo ordena el artículo 71 de la citada Ley, se encuentra sancionada con prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, y que solamente se les notificarán las resoluciones futuras si señalan número de fax si lo tuvieren o, en su defecto casa u oficina, dentro del perímetro judicial de esta Sala, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 34 de la Ley de Notificaciones Judiciales, o, igualmente, la parte recurrida podrá señalar para dichos efectos una dirección de correo electrónico o cualquier otro medio tecnológico que permita el acto de comunicación, siempre y cuando haya solicitado de previo a ello la acreditación de esos medios para que se realice su notificación (artículos 18, 34 y 39 de la referida Ley de Notificaciones Judiciales). Para notificar al ALCALDE Y AL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL, AMBOS DE NICOYA se comisiona a la OFICINA DE COMUNICACIONES JUDICIALES DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE GUANACASTE (NICOYA), despacho al que se hará llegar la comisión por medio del sistema de fax. Esta autoridad deberá practicar la notificación correspondiente dentro del plazo de CINCO DÍAS contados a partir de la recepción de los documentos, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad por desobediencia a la autoridad. Se le advierte a la autoridad comisionada, que deberá remitir copia del mandamiento debidamente diligenciado a los números de fax indicados al pie de esta resolución o al correo electrónico: [email protected], ambos de esta Sala y los documentos originales por medio de correo certificado o cualquier otro medio que garantice su pronta recepción en este Despacho. Notifíquese. Expídase la comisión correspondiente. Para la tramitación de este recurso se designa Instructora a la Magistrada Anamari Garro Vargas, a quien por turno corresponde”. 3.- Por escrito incorporado al expediente digital el 21 de mayo de 2025, informa bajo juramento Sandra María Muñoz Ruiz, en su condición de presidenta del Concejo de Nicoya, en los siguientes términos: “Que, mediante Acuerdo Municipal No. 018-046-2021 de la Sesión Ordinaria No. 046 celebrada el martes 16 de marzo del 2021 este Concejo Municipal dispuso: Acuerdo Municipal No. 018-046-2021: EL CONCEJO MUNICIPAL DE NICOYA EN FORMA UNÁNIME APRUEBA TRASLADAR AL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN JURÍDICA DE LA MUNICIPALIDAD PARA QUE ATIENDA COMO CORRESPONDA Y EN UN PLAZO NO MAYOR A 10 DÍAZ HÁBILES A LO EXPUESTO EN EL OFICIO CCOP-050-2021 SUSCRITO POR EL ING. JOSUÉ RUIZ GUERRERO COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL CONSTRUCTIVO Y OBRA PÚBLICA, Y EL ING. BYRON ROSALES MORALES COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL, EN REFERENCIA A LAS ZONAS VERDES DEL PROYECTO AMERICANO UBICADO EN NOSARA, SIENDO QUE, RECOMIENDAN PROCEDER MEDIANTE EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD DE NICOYA PARA QUE VALOREN EL PROCEDER DEL CASO DESDE EL PUNTO DE VISTA LEGAL Y JURIDICO, Y PARA DAR SEGUIMIENTO AL MISMO. NOTIFIQUESE PARA LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES. DEFINITIVAMENTE APROBADO CON FIRMEZA Mismo que fue notificado a la Alcaldía Municipal mediante correo electrónico el 17 de marzo del año 2021. Segundo: Que, revisados los archivos de la Secretaría del Concejo Municipal, no se evidencia atención o informe sobre el acuerdo adjunto anteriormente”. 4.- Por escrito incorporado al expediente digital el 21 de mayo de 2025, informa bajo juramento Silvia Gutiérrez Oviedo, en su condición de alcaldesa a.i. de Nicoya, en los siguientes términos: “PRIMERO: No me constan las negociaciones que se aluden ni los pormenores de ella, aunque se conoce que, desde hace varias décadas se construyó el Proyecto Americano en el distrito Nosara. Tampoco me consta que el INVU haya aprobado el “Mapa Oficial” en los términos que expone el recurrente. SEGUNDO: No me consta que la empresa indicada haya “oficializado” el diseño de sitio del Proyecto Americano”. TERCERO: No me consta que el “diseño de sitio del Proyecto Americano exista y que contenga las especificaciones que el recurrente alude. Tengo información informal que señala la posible existencia de causas penales contra algunas personas relacionadas con tal proyecto, ignorando el estado de tales causas. Lo que sí debo indicar es que existen varias fincas segregadas del proyecto original que algunos creían que eran para uso público común, no obstante, se pudo determinar que tales fincas están afectas a limitaciones forestales y se localizan en los bordes de las cuencas hidrográficas del área involucrada lo que impide de cualquier forma darles el uso que el recurrente sugiere, por la naturaleza dicha y por su ubicación. Además, debe tomar nota la Sala que todas las propiedades segregadas del proyecto original, cuentan con su escritura, plano de Catastro, permisos de construcción, licencias comerciales, cuando procede, y los atributos correspondientes a propiedad privada. También hay que resaltar que las personas desarrolladoras del proyecto original han fallecido o desaparecido del país. CUARTO: Debo indicar que “el alcalde en ejercicio” no está referido a este servidor, por cuanto no designé comisión ad-hoc para atender este asunto e ignoro los detalles que alude el recurrente. QUINTO: Cierto que se recibió el Oficio CCOP-050-2021 DE 10 DE MARZO 2021, el cual indica que se localizaron 23 planos con naturaleza para zonas verdes o parques, a raíz de un estudio que se inició en el año 2014. Estos planos con esa naturaleza, no fueron obstáculo para que el Registro Inmobiliario inscribiera como fincas hijas con otra naturaleza afín al desarrollo habitacional a nombre de terceras personas sin vínculo con el desarrollador original, sea [Nombre 006], empresa cuyos personeros han fallecido o no son localizables en el país. Debe hacerse notar que hace sesenta años aproximadamente, cuando se presume, inició el “Proyecto Americano”, para tramitar las segregaciones, no se requería del visado municipal de los planos, por lo que, la responsabilidad de esos trámites de segregación no es de los gobiernos locales. Las propiedades descritas por los 23 planos aludidos, no solo han generado título en favor de terceros, sino que se encuentran construidas y ocupadas por ellos. QUINTO (“BIS”). - Ciertamente se conoció el reporte de la Comisión de Obras Municipales, que emite el Dictamen D-COM-0103-2021, Sesión Número 03, de 29 de marzo 2021, “con la finalidad de reivindicar a nombre de esta Municipalidad las 80 hectáreas que actualmente están a nombre de privados, terrenos que deben ser públicos como lo indica el 05-3 artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana”. A raíz de lo anterior, fueron giradas instrucciones a la Comisión Técnica Urbanística para que actualizara datos y preparara un informe para ante el Concejo sobre la situación y naturaleza de esas “80 hectáreas. A raíz de eso, se produjo, con fecha 28 de febrero de 2023, el INFORME CTU 03-2023, ACTUALIZADO SOBRE ÁREAS COMUNES Y VERDES DEL PROYECTO AMERICANO, que en su acápite sexto señala: “SEXTO: De la lista de propiedades inscritas a nombre de la [Nombre 007] (ACN), tercero ajeno al desarrollo del Proyecto Americano, es importante señalar que todas aparecen gravadas por servidumbre ecológica y la gran mayoría no describe como naturaleza el destino para parques y resto de áreas comunes, por lo que no pueden ser objeto para el cumplimiento de los porcentajes derivados de la legislación dicha”. Adicionalmente, se tiene que tales fundos gravados registralmente como servidumbre ecológica, se localizan en los bordes de las cuencas hidrográficas o conforman bosques primarios imposibles de intervención urbana ninguna. SEXTO: Efectivamente la Dirección de Gestión Jurídica atendió lo ordenado por el Concejo, generando Oficio Nº: DGJ-041-09-2021 de fecha 29 de setiembre de 2021, solicitando los antecedentes del caso al departamento de Control Constructivo para cumplir lo instruido, pero, ante la falta de documentación idónea, se elevó el caso a la Comisión Técnica Urbanística, órgano colegiado que incorpora a los profesionales responsables de las áreas constructiva, planificación territorial, planificación urbana, gestión jurídica y catastral; para que continuaran atendiendo el asunto, dado el grado de complejidad que contiene. Los resultados de gestión de la Comisión Técnica Urbanística, se plasman en el informe aludido, descritos en el hecho inmediato anterior. SÉTIMO: Este hecho se repite y fue abordado al referirnos al punto tras anterior. OCTAVO: Lo indicado en este hecho es reiterativo de lo aludido en los tres hechos anteriores, acerca de lo cual ya se rindió la información pertinente. VIOLACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES: Alega el recurrente supuesta violación de derechos fundamentales, lo cual no se refleja en el cuadro fáctico existente. Más bien se puede constatar que están en juego valores ambientales de alta jerarquía, así como el derecho a la propiedad privada. Este es un asunto complejo que se discute en la vía penal y, de existir alguna inconformidad, esta debe dilucidarse en las vías legales correspondientes, no en la vía constitucional. En caso que la Sala decida continuar con el trámite del presente recurso de amparo, solicito se tenga como parte al MINAE por medio del Área de Conservación Tempisque (ACT), para que rinda informe acerca del estado actual de las zonas declaradas como servidumbre ecológica y áreas de parque o verdes, habida cuenta que estos terrenos se ubican en colindancia con el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Ostional y conforman zona de amortiguamiento”. Solicita que se declare sin lugar el recurso. 5.- Mediante resolución de las 12:22 horas de 6 de junio de 2025, el magistrado suplente Ronald Salazar Murillo, en calidad de instructor, dispuso: “Visto el memorial que consta en el expediente electrónico, téngase por ampliadas las partes consignadas en el recurso de amparo que se tramita bajo expediente número 25-011146-0007-CO y, en consecuencia, désele audiencia al DIRECTOR DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN TEMPISQUE DE SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC) DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA (MINAE), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, 44 y 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, informe la parte recurrida sobre los hechos alegados por la parte recurrente, en resumen: (…)”. 6.- Por escrito incorporado al expediente digital el 13 de junio de 2025, informa bajo juramento Nelson Marín Mora, en su condición de director regional del Área de Conservación Tempisque del SINAC, en los siguientes términos: “Que el Área de Conservación Tempisque no ha recibido por parte de la Municipalidad de Nicoya trámite de recuperación y traslado al Sistema Nacional de Áreas de Conservación/ Área de Conservación Tempisque, tierras que se encuentren ubicadas en el distrito de Nosara y que sean propiedad de la [Nombre 007]. Que en la Oficina Regional del Área de Conservación Tempisque consta expediente N.º ACT-OR-DR-363-2022, a nombre de la [Nombre 007], cédula N.º 3-002-056509, para someter a la creación de un refugio de vida silvestre categoría privado, según articulo 82 Ley de Conservación de Vida Silvestre N.º7317, un área de aproximadamente 70,16 ha en su primera etapa. Que dichas propiedades se encuentran en el distrito de Nosara y su ubicación corresponde a lo indicado en la “figura 21. Zonificación de las fincas de la [Nombre 007], Plan General de Manejo Refugio Nacional de Vida Silvestre Privado de Nosara, 2024-2033”, presentado para el análisis y evaluación del Área de Conservación Tempisque”. Solicita que se declare sin lugar el recurso. 7.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 12:00 horas de 17 de junio de 2025, el recurrente aporta prueba para mejor resolver. 8.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales. Redacta el magistrado Rueda Leal; y, CONSIDERANDO: I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente manifiesta que, desde hace 55 años, la Municipalidad de Nicoya ha autorizado irrestrictamente construcciones, visado de planos y usos de suelos, en perjuicio de bienes demaniales. Señala que, el 19 de marzo de 2021, el Concejo Municipal acordó de forma unánime que el alcalde procediera administrativa o judicialmente con la reivindicación de los bienes demaniales dentro del “Proyecto Americano”. Sostiene que los inmuebles se encuentran delimitados, entre ellos, vías públicas, parques, áreas verdes, calles, reservas para servicios comunales. Menciona que en 2020 se nombró una comisión especial, la cual determinó que tales áreas existen. Manifiesta que la Comisión de Obras Municipales emitió el dictamen D-COM-0103-2021 sobre las áreas demaniales no entregadas del “Proyecto Americano” en el distrito de Nosara y le recomendó al concejo: “Solicitarle a la Administración Municipal tome las medidas administrativas o judiciales necesarias a efecto de cumplir con lo acordado por el Concejo Municipal mediante acuerdo N.- 012-039-2021 de 26 de enero, con la finalidad de reivindicar a nombre de esta Municipalidad las 80 hectáreas que actualmente están a nombre de privados, terrenos que deben ser públicos como lo indica el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana”. Asevera que, en 2021, el concejo trasladó el dictamen de la comisión especial al departamento de Gestión Jurídica de la municipalidad; empero, no hubo respuesta. Añade que, el 9 de abril de 2021, tal órgano colegiado solicitó de nuevo al alcalde tomar las medidas administrativas o judiciales para la reivindicación de los bienes demaniales; sin embargo, no se ha actuado. II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos: a) La Alcaldía Municipal de Nicoya recibió el oficio CCOP-050-2021 de 10 de marzo 2021, en el cual se consignó que se localizaron 23 planos “con naturaleza para zonas verdes o parques, a raíz de un estudio que se inició en el año 2014”. (Informe de la alcaldesa de Nicoya). b) El Concejo Municipal de Nicoya, por acuerdo nro. 18-046-2021 tomado en la sesión ordinaria nro. 46 celebrada el martes 16 de marzo de 2021, dispuso: “Acuerdo Municipal No. 018-046-2021: EL CONCEJO MUNICIPAL DE NICOYA EN FORMA UNÁNIME APRUEBA TRASLADAR AL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN JURÍDICA DE LA MUNICIPALIDAD PARA QUE ATIENDA COMO CORRESPONDA Y EN UN PLAZO NO MAYOR A 10 DÍAZ (sic) HÁBILES A LO EXPUESTO EN EL OFICIO CCOP-050-2021 SUSCRITO POR EL ING. JOSUÉ RUIZ GUERRERO COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL CONSTRUCTIVO Y OBRA PÚBLICA, Y EL ING. BYRON ROSALES MORALES COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL, EN REFERENCIA A LAS ZONAS VERDES DEL PROYECTO AMERICANO UBICADO EN NOSARA, SIENDO QUE, RECOMIENDAN PROCEDER MEDIANTE EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD DE NICOYA PARA QUE VALOREN EL PROCEDER DEL CASO DESDE EL PUNTO DE VISTA LEGAL Y JURIDICO (sic), Y PARA DAR SEGUIMIENTO AL MISMO. NOTIFIQUESE (sic) PARA LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES. DEFINITIVAMENTE APROBADO CON FIRMEZA”. (Informe de la presidenta del Concejo Municipal de Nicoya y prueba aportada). c) El acuerdo nro. 18-046-2021 fue notificado a la Alcaldía Municipal de Nicoya el 17 de marzo de 2021 por correo electrónico. (Informe de la presidenta del Concejo Municipal de Nicoya). d) La Alcaldía Municipal de Nicoya conoció el reporte de la Comisión de Obras Municipales (dictamen D-COM-0103-2021, sesión nro. 3 de 29 de marzo 2021) emitido “con la finalidad de reivindicar a nombre de esta Municipalidad las 80 hectáreas que actualmente están a nombre de privados, terrenos que deben ser públicos como lo indica el 05-3 artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana”. (Informe de la alcaldesa de Nicoya). e) La Dirección de Gestión Jurídica de la Municipalidad de Nicoya, mediante oficio nro. DGJ-041-09-2021 de 29 de setiembre de 2021, solicitó los antecedentes del caso al departamento de Control Constructivo, pero ante la falta de documentación idónea se elevó el caso a la Comisión Técnica Urbanística, órgano colegiado que incorpora a los profesionales responsables de las áreas constructiva, planificación territorial, planificación urbana, gestión jurídica y catastral. (Informe de la alcaldesa de Nicoya). f) En el informe CTU 03-2023 del 28 de febrero de 2023, la Comisión Técnica Urbanística consignó lo siguiente: “CONSIDERACIONES DEL ANÁLISIS (…) Del análisis practicado sobre el estado actual de la entrega de zonas comunes en el denominado en algún momento como "Proyecto Americano", según lo ordena el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana (LPU), se desprenden las siguientes situaciones: PRIMERO: El Proyecto Americano inició en el año 1982, a partir de tener a la vista los planos catastrados más antiguos. SEGUNDO: Los desarrolladores físicos han fallecido o no son localizables en el país y la última persona jurídica, [Nombre 006], fue disuelta hace algunos años y no aparecen fincas o propiedades a su nombre pues fueron cedidas a la [Nombre 007] (ACN), adquirente de buena fe en este caso y ajena al desarrollo urbanístico aludido. TERCERO: Los desarrolladores nunca hicieron cesión de las áreas comunales según lo que dispone el artículo 40 supra citado. Conforme a ello, ese artículo menciona lo siguiente: (…) CUARTO: Uno de medios legales para tener por cedidos los terrenos para parques, áreas verdes, salones comunales y parques infantiles, es a través del visado de planos donde se indique la naturaleza de cada lote en los referidos términos del ordinal 40 LPU. Pues este requisito legal al no tenerse, resulta imposible la individualización de las áreas y clasificarlas como tal. QUINTO: A la fecha no ha sido posible localizar permiso de construcción, diseño de sitio visado por el INVU donde consten las áreas comunes a ceder, así como tampoco se localizan planos visados por la Municipalidad e INVU con naturaleza que sea compatible por lo dispuesto en el artículo 40 de citas. SEXTO: De la lista de propiedades inscritas a nombre de la [Nombre 007] (ACN), es importante señalar que todas aparecen gravadas por servidumbre ecológica y la gran mayoría no describe como naturaleza el destino para parques y resto de áreas comunes, por lo que no pueden ser objeto para el cumplimiento de los porcentajes derivados de la legislación dicha. SETIMO (sic): En los siguientes folios reales sí aparece como naturaleza "para zonas verdes", lo que podría interpretarse como posible cesión para complacer el porcentaje de Ley: Plano Descripción Folio Real A nombre de Naturaleza según asiento registral G-557689-84 Parque-Zona Verde 54236-000 [Nombre 007] Zona verde G-557689-84 Parque-Zona Verde 54240-000 [Nombre 007] Zona verde G-557689-84 Parque-Zona Verde parte de 7302-000 [Nombre 006] G-2181109-20 Parque-Zona Verde 238518-000 [Nombre 007] Parque G-546055-84 Parque-Zona Verde parte de 7302-000 [Nombre 006] G-557685-84 Parque-Zona Verde parte de 7302-000 [Nombre 006] OCTAVO: Sobre el tema bajo análisis, la Ley de Planificación Urbana dispone el artículo 44 de la analizada Ley de Planificación Urbana, indica expresamente lo siguiente: "El dominio municipal sobre las áreas de calles, plazas, jardines, parques u otros espacios abiertos de uso público general, se constituye por ese mismo uso y puede prescindirse de su inscripción en el Registro de la Propiedad, si consta en el Mapa Oficial. "El Registro citado pondrá último asiento a aquellas fincas, restos o lotes que el propietario, en concepto de fraccionador, ceda al municipio por mandato de esta ley, si en el documento inscribible consta el destino público que se le da al inmueble y el Notario da fe del acuerdo municipal en que aprueba la cesión y se dispone entregar dicho bien a ese mismo destino." (Artículo 44, Ley de Planificación Urbana). Al respecto, la Procuraduría General de la República ha señalado que, cuando planos catastrados que describan terrenos de naturaleza compatible con los elementos comunes del artículo 40 LPU, debidamente visados, forman parte del Mapa Oficial, y, lo procedente, es que las municipalidades soliciten al Registro Inmobiliario (RIM) la inscripción a nombre del respectivo ayuntamiento. RECOMENDACIONES PRIMERA: De previo a solicitar al Registro Inmobiliario la inscripción de los predios descritos en el punto 7 del presente informe, se comisione a los Departamentos de Planificación Urbana, Control Constructivo y Ambiental hacer inspección in situ para determinar las condiciones de tales terrenos, para que se determine técnicamente su aptitud para algunos de los fines establecidos en el ordinal 40 de citas, la posibilidad real que podría tener la Municipalidad para darle mantenimiento, asegurar el uso deseado y hacer un balance costo-beneficio de inscribir esos inmuebles a su nombre. SEGUNDA: Recibido el informe señalado, determinar si procede la gestión ante el RIM o más bien concertar con la ACN un plan conjunto de administración y explotación de tales áreas”. (Prueba aportada por la Municipalidad de Nicoya). III.- HECHO NO PROBADO. No se estima demostrado el siguiente hecho de relevancia para esta resolución: Único. Que, luego del 28 de febrero de 2023, la Municipalidad de Nicoya haya llevado a cabo acciones dirigidas a resolver la situación de la recuperación de bienes de dominio público. IV.- SOBRE EL FONDO. En el sub lite, el recurrente manifiesta que, desde hace 55 años, la Municipalidad de Nicoya ha autorizado irrestrictamente construcciones, visado de planos y usos de suelos, en perjuicio de bienes demaniales. Señala que, el 19 de marzo de 2021, el Concejo Municipal acordó de forma unánime que el alcalde procediera administrativa o judicialmente con la reivindicación de los bienes demaniales dentro del “Proyecto Americano”. Sostiene que los inmuebles se encuentran delimitados, entre ellos, vías públicas, parques, áreas verdes, calles, reservas para servicios comunales. Menciona que en 2020 se nombró una comisión especial, la cual determinó que tales áreas existen. Manifiesta que la Comisión de Obras Municipales emitió el dictamen D-COM-0103-2021 sobre las áreas demaniales no entregadas del “Proyecto Americano” en el distrito de Nosara y le recomendó al concejo: “Solicitarle a la Administración Municipal tome las medidas administrativas o judiciales necesarias a efecto de cumplir con lo acordado por el Concejo Municipal mediante acuerdo N.- 012-039-2021 de 26 de enero, con la finalidad de reivindicar a nombre de esta Municipalidad las 80 hectáreas que actualmente están a nombre de privados, terrenos que deben ser públicos como lo indica el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana”. Asevera que, en 2021, el concejo trasladó el dictamen de la comisión especial al departamento de Gestión Jurídica de la municipalidad; empero, no hubo respuesta. Añade que, el 9 de abril de 2021, tal órgano colegiado solicitó de nuevo al alcalde tomar las medidas administrativas o judiciales para la reivindicación de los bienes demaniales; sin embargo, no se ha actuado. Del estudio de los autos se tiene por demostrado, que la Alcaldía Municipal de Nicoya recibió el oficio CCOP-050-2021 de 10 de marzo 2021, en el cual se consignó que se localizaron 23 planos “con naturaleza para zonas verdes o parques, a raíz de un estudio que se inició en el año 2014”. El Concejo Municipal de Nicoya, por acuerdo nro. 18-046-2021 tomado en la sesión ordinaria nro. 46 celebrada el martes 16 de marzo de 2021, dispuso: “Acuerdo Municipal No. 018-046-2021: EL CONCEJO MUNICIPAL DE NICOYA EN FORMA UNÁNIME APRUEBA TRASLADAR AL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN JURÍDICA DE LA MUNICIPALIDAD PARA QUE ATIENDA COMO CORRESPONDA Y EN UN PLAZO NO MAYOR A 10 DÍAZ (sic) HÁBILES A LO EXPUESTO EN EL OFICIO CCOP-050-2021 SUSCRITO POR EL ING. JOSUÉ RUIZ GUERRERO COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL CONSTRUCTIVO Y OBRA PÚBLICA, Y EL ING. BYRON ROSALES MORALES COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL, EN REFERENCIA A LAS ZONAS VERDES DEL PROYECTO AMERICANO UBICADO EN NOSARA, SIENDO QUE, RECOMIENDAN PROCEDER MEDIANTE EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD DE NICOYA PARA QUE VALOREN EL PROCEDER DEL CASO DESDE EL PUNTO DE VISTA LEGAL Y JURIDICO (sic), Y PARA DAR SEGUIMIENTO AL MISMO. NOTIFIQUESE (sic) PARA LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES. DEFINITIVAMENTE APROBADO CON FIRMEZA”. El acuerdo nro. 18-046-2021 fue notificado a la Alcaldía Municipal de Nicoya el 17 de marzo de 2021 por correo electrónico. La Alcaldía Municipal de Nicoya conoció el reporte de la Comisión de Obras Municipales (dictamen D-COM-0103-2021, sesión nro. 3 de 29 de marzo 2021) emitido “con la finalidad de reivindicar a nombre de esta Municipalidad las 80 hectáreas que actualmente están a nombre de privados, terrenos que deben ser públicos como lo indica el 05-3 artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana”. La Dirección de Gestión Jurídica de la Municipalidad de Nicoya, mediante oficio nro. DGJ-041-09-2021 de 29 de setiembre de 2021, solicitó los antecedentes del caso al departamento de Control Constructivo, pero ante la falta de documentación idónea se elevó el caso a la Comisión Técnica Urbanística, órgano colegiado que incorpora a los profesionales responsables de las áreas constructiva, planificación territorial, planificación urbana, gestión jurídica y catastral. En el informe CTU 03-2023 del 28 de febrero de 2023, la Comisión Técnica Urbanística consignó lo siguiente: “CONSIDERACIONES DEL ANÁLISIS (…) Del análisis practicado sobre el estado actual de la entrega de zonas comunes en el denominado en algún momento como "Proyecto Americano", según lo ordena el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana (LPU), se desprenden las siguientes situaciones: PRIMERO: El Proyecto Americano inició en el año 1982, a partir de tener a la vista los planos catastrados más antiguos. SEGUNDO: Los desarrolladores físicos han fallecido o no son localizables en el país y la última persona jurídica, [Nombre 006], fue disuelta hace algunos años y no aparecen fincas o propiedades a su nombre pues fueron cedidas a la [Nombre 007] (ACN), adquirente de buena fe en este caso y ajena al desarrollo urbanístico aludido. TERCERO: Los desarrolladores nunca hicieron cesión de las áreas comunales según lo que dispone el artículo 40 supra citado. Conforme a ello, ese artículo menciona lo siguiente: (…) CUARTO: Uno de medios legales para tener por cedidos los terrenos para parques, áreas verdes, salones comunales y parques infantiles, es a través del visado de planos donde se indique la naturaleza de cada lote en los referidos términos del ordinal 40 LPU. Pues este requisito legal al no tenerse, resulta imposible la individualización de las áreas y clasificarlas como tal. QUINTO: A la fecha no ha sido posible localizar permiso de construcción, diseño de sitio visado por el INVU donde consten las áreas comunes a ceder, así como tampoco se localizan planos visados por la Municipalidad e INVU con naturaleza que sea compatible por lo dispuesto en el artículo 40 de citas. SEXTO: De la lista de propiedades inscritas a nombre de la [Nombre 007] (ACN), es importante señalar que todas aparecen gravadas por servidumbre ecológica y la gran mayoría no describe como naturaleza el destino para parques y resto de áreas comunes, por lo que no pueden ser objeto para el cumplimiento de los porcentajes derivados de la legislación dicha. SETIMO (sic): En los siguientes folios reales sí aparece como naturaleza "para zonas verdes", lo que podría interpretarse como posible cesión para complacer el porcentaje de Ley: Plano Descripción Folio Real A nombre de Naturaleza según asiento registral G-557689-84 Parque-Zona Verde 54236-000 [Nombre 007] Zona verde G-557689-84 Parque-Zona Verde 54240-000 [Nombre 007] Zona verde G-557689-84 Parque-Zona Verde parte de 7302-000 [Nombre 006] G-2181109-20 Parque-Zona Verde 238518-000 [Nombre 007] Parque G-546055-84 Parque-Zona Verde parte de 7302-000 [Nombre 006] G-557685-84 Parque-Zona Verde parte de 7302-000 [Nombre 006] OCTAVO: Sobre el tema bajo análisis, la Ley de Planificación Urbana dispone el artículo 44 de la analizada Ley de Planificación Urbana, indica expresamente lo siguiente: "El dominio municipal sobre las áreas de calles, plazas, jardines, parques u otros espacios abiertos de uso público general, se constituye por ese mismo uso y puede prescindirse de su inscripción en el Registro de la Propiedad, si consta en el Mapa Oficial. "El Registro citado pondrá último asiento a aquellas fincas, restos o lotes que el propietario, en concepto de fraccionador, ceda al municipio por mandato de esta ley, si en el documento inscribible consta el destino público que se le da al inmueble y el Notario da fe del acuerdo municipal en que aprueba la cesión y se dispone entregar dicho bien a ese mismo destino." (Artículo 44, Ley de Planificación Urbana). Al respecto, la Procuraduría General de la República ha señalado que, cuando planos catastrados que describan terrenos de naturaleza compatible con los elementos comunes del artículo 40 LPU, debidamente visados, forman parte del Mapa Oficial, y, lo procedente, es que las municipalidades soliciten al Registro Inmobiliario (RIM) la inscripción a nombre del respectivo ayuntamiento. RECOMENDACIONES PRIMERA: De previo a solicitar al Registro Inmobiliario la inscripción de los predios descritos en el punto 7 del presente informe, se comisione a los Departamentos de Planificación Urbana, Control Constructivo y Ambiental hacer inspección in situ para determinar las condiciones de tales terrenos, para que se determine técnicamente su aptitud para algunos de los fines establecidos en el ordinal 40 de citas, la posibilidad real que podría tener la Municipalidad para darle mantenimiento, asegurar el uso deseado y hacer un balance costo-beneficio de inscribir esos inmuebles a su nombre. SEGUNDA: Recibido el informe señalado, determinar si procede la gestión ante el RIM o más bien concertar con la ACN un plan conjunto de administración y explotación de tales áreas”. Sobre el particular, este Tribunal resalta que el objeto de este recurso versa sobre la omisión municipal de definir la situación (y eventual recuperación) de bienes que, según se indica son de dominio público, así como con la protección ambiental de tales zonas, por lo que constituye un tema de plena relevancia constitucional. Al respecto, el gobierno local tiene conocimiento de la situación denunciada al menos desde el 2021. Justamente, adviértase que, el 10 de marzo de 2021, la Alcaldía Municipal de Nicoya recibió el oficio CCOP-050-2021, en el cual se le comunicó la localización de veintitrés planos con naturaleza “zonas verdes o parques” como consecuencia de un estudio iniciado en 2014. Además, si bien la alcaldía municipal informó que la Comisión Técnica Urbanística emitió el “INFORME CTU 03-2023, ACTUALIZADO SOBRE ÁREAS COMUNES Y VERDES DEL PROYECTO AMERICANO”, con posterioridad a este no se aprecian acciones concretas dirigidas a atender la situación de forma íntegra. Lo anterior es relevante no solo por la presunta naturaleza pública de los terrenos, sino porque la propia alcaldesa a. i. de Nicoya mencionó en su informe que los terrenos de marras tienen zonas declaradas como servidumbres ecológicas y áreas de parque o verdes que están ubicadas “en colindancia con el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Ostional y conforman zona de amortiguamiento”. Ergo, la Municipalidad de Nicoya no se puede conformar con asumir una actitud pasiva al señalar de forma general y abstracta que se trata de un problema complejo que se discute en la vía penal. La Sala no observa algún argumento legítimo que justifique la inacción de más de dos años de las autoridades municipales, por lo que se declara con lugar el recurso a fin de que procedan a: 1) actualizar los estudios técnicos sobre los bienes que se reputan como demaniales; y 2) ejercer sus competencias a los efectos de que se gestionen los procedimientos internos correspondientes y se interpongan tanto en el ámbito administrativo como en el judicial (según corresponda) las acciones necesarias para garantizar el resguardo del interés público y ambiental de las propiedades que sean demaniales, así como la reivindicación de estas en los casos en los que se determine alguna irregularidad en la titularidad. Respecto al SINAC se desestima el amparo ya que, de acuerdo con los elementos aportados al expediente, no se observa algún reproche de acción u omisión que, desde el ámbito de sus competencias, le pueda ser atribuido en este momento con respecto a los hechos objeto de este recurso. V.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ.- La jurisprudencia de este Tribunal ha sido clara en el sentido de que no le corresponde ejecutar los acuerdos de las administraciones públicas. Ahora bien, en el Sub lite hay una particularidad, pues la omisión del órgano ejecutivo de la municipalidad podría estar afectando bienes demaniales y también el derecho a un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado, de ahí que resulta procedente entrar a conocer sobre el fondo y, al comprobarse la omisión, la consecuencia lógica es que se declare con lugar el recurso de amparo. No ignoro la doctrina de que la relación entre el concejo y el alcalde no es de jerarquía, sino de exclusión de competencias; sin embargo, de conformidad con el artículo 17, inciso 4, del Código Municipal, el segundo, como órgano ejecutivo de la corporación, le corresponde ejecutar los acuerdos del primero, excepto de que los haya votado, hecho que no se dio en este caso. VI.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, de que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, considero que su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando estén de por medio otros derechos fundamentales, tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente asegura que, la Municipalidad de Nicoya no ha realizado las acciones dirigidas a resolver la situación de la recuperación de bienes de dominio público. VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel u objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados en un plazo máximo de 30 días hábiles, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo material que no sea recogido dentro de ese lapso, con base en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial" (aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 de 22 de agosto de 2011 y publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012) y en el artículo LXXXI de la sesión del Consejo Superior del Poder Judicial nro. 43-12 de 3 de mayo de 2012. POR TANTO: Por mayoría, se declara con lugar el recurso, únicamente respecto a la Municipalidad de Nicoya. En consecuencia, se ordena a Silvia Gutiérrez Oviedo, en su condición de alcaldesa a.i., y a Sandra María Muñoz Ruiz, en su condición de presidenta del Concejo, ambas de la Municipalidad de Nicoya, o a quienes ocupen esos cargos, que dispongan lo necesario, coordinen lo pertinente y lleven a cabo todas las actuaciones dentro del ámbito de sus competencias, a fin de que, en el plazo de DIECIOCHO MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se proceda a: 1) definir desde el punto de vista técnico la situación jurídica de los bienes inmuebles que se reputan como demaniales en los oficios CCOP-050-2021, D-COM-0103-2021 y CTU 03-2023, así como actualizar el estado en el que se encuentran; y 2) interponer tanto en el ámbito administrativo como en el judicial (según corresponda) las acciones necesarias para garantizar el resguardo del interés público y ambiental de los bienes cuya demanialidad deba ser reconocida, así como la reivindicación de estos en los casos en los que se determine alguna irregularidad en cuanto a su titularidad. Se advierte que de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Nicoya al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En cuanto al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Castillo Víquez pone nota. El Magistrado Salazar Alvarado consigna nota. La magistrada Garro Vargas salva el voto y declara sin lugar el recurso en todos sus extremos. Notifíquese. Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Exp. 25-011146-0007-CO Res. Nº 2025-025307 VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS Con el respeto acostumbrado, me separo de la mayoría, salvo el voto y declaro sin lugar el recurso en atención a lo siguiente: Alegatos En el sub lite la parte recurrente manifiesta que desde hace cincuenta y cinco años la Municipalidad de Nicoya ha autorizado irrestrictamente construcciones, visado de planos y usos de suelos en perjuicio de bienes demaniales. Por tal motivo, el 19 de marzo de 2021 el Concejo de Nicoya acordó de forma unánime que el alcalde procediera administrativa o judicialmente con la reivindicación de los bienes demaniales dentro del “Proyecto Americano”. En ese sentido, sostiene que en el año 2020 se nombró una comisión especial, la cual determinó que tales áreas existen. Agrega que la Comisión de Obras Municipales emitió el dictamen D-COM-0103-2021 sobre las áreas demaniales no entregadas del “Proyecto Americano” en el distrito de Nosara y le recomendó al concejo lo siguiente: “…solicitarle a la Administración Municipal tome las medidas administrativas o judiciales necesarias a efecto de cumplir con lo acordado por el Concejo Municipal mediante acuerdo N.- 012-039-2021 de 26 de enero, con la finalidad de reivindicar a nombre de esta Municipalidad las 80 hectáreas que actualmente están a nombre de privados, terrenos que deben ser públicos como lo indica el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana”. Arguye que en el año 2021 el concejo trasladó el dictamen de la comisión especial al departamento de Gestión Jurídica de la municipalidad; sin embargo, acusa que no hubo respuesta alguna. Ante tal omisión, dice que el 09 de abril de 2021, el concejo solicitó nuevamente al alcalde tomar las medidas administrativas o judiciales para la reivindicación de los bienes demaniales; empero, reclama que no se ha actuado. Hechos probados Aunque en la sentencia se encuentra el elenco de los hechos probados, vale recordar que se tuvo por acreditado que la Alcaldía Municipal de Nicoya recibió el oficio CCOP-050-2021 de 10 de marzo 2021, en el cual se consignó que se localizaron veintitrés planos “con naturaleza para zonas verdes o parques, a raíz de un estudio que se inició en el año 2014”. Asimismo, el Concejo de Nicoya, por acuerdo nro. 18-046-2021 tomado en la sesión ordinaria nro. 46 celebrada el martes 16 de marzo de 2021, dispuso lo siguiente: “Acuerdo Municipal No. 018-046-2021: EL CONCEJO MUNICIPAL DE NICOYA EN FORMA UNÁNIME APRUEBA TRASLADAR AL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN JURÍDICA DE LA MUNICIPALIDAD PARA QUE ATIENDA COMO CORRESPONDA Y EN UN PLAZO NO MAYOR A 10 DÍAZ (sic) HÁBILES A LO EXPUESTO EN EL OFICIO CCOP-050-2021 SUSCRITO POR EL ING. JOSUÉ RUIZ GUERRERO COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL CONSTRUCTIVO Y OBRA PÚBLICA, Y EL ING. BYRON ROSALES MORALES COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL, EN REFERENCIA A LAS ZONAS VERDES DEL PROYECTO AMERICANO UBICADO EN NOSARA, SIENDO QUE, RECOMIENDAN PROCEDER MEDIANTE EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD DE NICOYA PARA QUE VALOREN EL PROCEDER DEL CASO DESDE EL PUNTO DE VISTA LEGAL Y JURIDICO (sic), Y PARA DAR SEGUIMIENTO AL MISMO. NOTIFIQUESE (sic) PARA LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES. DEFINITIVAMENTE APROBADO CON FIRMEZA”. Dicho acuerdo fue notificado a la Alcaldía Municipal de Nicoya el 17 de marzo de 2021 por correo electrónico. Consta que dicha alcaldía conoció el reporte de la Comisión de Obras Municipales (dictamen D-COM-0103-2021, sesión nro. 3 de 29 de marzo 2021) emitido “con la finalidad de reivindicar a nombre de esta Municipalidad las 80 hectáreas que actualmente están a nombre de privados, terrenos que deben ser públicos como lo indica el 05-3 artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana”. Además, mediante oficio nro. DGJ-041-09-2021 de 29 de setiembre de 2021 la Dirección de Gestión Jurídica de la Municipalidad de Nicoya solicitó los antecedentes del caso al departamento de Control Constructivo; empero, ante la falta de documentación idónea se elevó el caso a la Comisión Técnica Urbanística, órgano colegiado que incorpora a los profesionales responsables de las áreas constructiva, planificación territorial, planificación urbana, gestión jurídica y catastral. Finalmente, se demostró que en el informe CTU 03-2023 del 28 de febrero de 2023 la Comisión Técnica Urbanística consignó las siguientes recomendaciones: RECOMENDACIONES PRIMERA: De previo a solicitar al Registro Inmobiliario la inscripción de los predios descritos en el punto 7 del presente informe, se comisione a los Departamentos de Planificación Urbana, Control Constructivo y Ambiental hacer inspección in situ para determinar las condiciones de tales terrenos, para que se determine técnicamente su aptitud para algunos de los fines establecidos en el ordinal 40 de citas, la posibilidad real que podría tener la Municipalidad para darle mantenimiento, asegurar el uso deseado y hacer un balance costo-beneficio de inscribir esos inmuebles a su nombre. SEGUNDA: Recibido el informe señalado, determinar si procede la gestión ante el RIM o más bien concertar con la ACN un plan conjunto de administración y explotación de tales áreas”. Consideraciones En el presente asunto hay un elemento que no puede obviarse y es que, tal y como consta en el escrito de interposición y en la resolución de curso, la parte recurrente lo que acusa es una omisión por parte de la alcaldía recurrida en atender lo ordenado por el Concejo de Nicoya. Consecuentemente, lo que se pretende es que se ordene al alcalde municipal de Nicoya a ejecutar el acuerdo nro. 18-046-2021 tomado por el concejo en la sesión ordinaria nro. 46 celebrada el martes 16 de marzo de 2021 sobre las zonas verdes del “Proyecto Americano” ubicado en Nosara, así como lo dispuesto en el reporte de la Comisión de Obras Municipales (dictamen D-COM-0103-2021, sesión nro. 3 de 29 de marzo 2021) tendiente a reivindicar a nombre de la municipalidad las ochenta hectáreas que actualmente están a nombre de privados, y que indica que tales terrenos deben ser públicos. Del atento examen del escrito de interposición se puede advertir que el recurrente no explica en qué sentido dicha omisión lesiona algún derecho fundamental. Más bien parece venir en defensa de la legalidad. No obstante, invocando el principio iura novit curia, esta Sala podría afirmar que el tema incide en el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En esa línea de ideas, aunque comprendo la gravedad de los hechos denunciados por el accionante, y las posibles consecuencias nocivas que ello pudiese estar generando en la protección del medio ambiente del cantón de Nicoya, no puede dejarse de lado que esta Sala Constitucional no tiene competencia para ordenar la ejecución acuerdos municipales. Por ejemplo, en la sentencia 2021-5701 de las 09:15 horas del 19 de marzo de 2021 resolvió: “V.- Por otro lado, el promovente acusa que en el oficio No. DAUHTPCOSR-0409-2018 del 12 de diciembre de 2018, la Unidad Hidrológica Tárcoles-Pacífico Central-San Ramón- del Ministerio de Ambiente y Energía le concedió un plazo de 8 días hábiles a la Municipalidad de Grecia para que indicara si el Mercado Municipal contaba con servicio de alcantarillado sanitario y, de ser así, señalara las coordenadas de ubicación de la planta de tratamiento de esas aguas. Sobre el particular, el gobierno local recurrido informó que actualmente existe un Plan Maestro del Mercado denominado "Proyecto. REMODELACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL BAJO LOS PRINCIPIOS DEL DISEÑO SOSTENIBLE" con planos, especificaciones técnicas, presupuesto y etapas de ejecución, las dos primeras ya fueron ejecutadas con una inversión de 100 millones de colones, quedando pendiente la última etapa de intervención de las instalaciones mecánicas, en trámite para su formulación y materialización. No obstante, subrayaron que la Administración del mercado lleva años acumulando superávit que le permita llegar al monto requerido para poder ejecutar la última etapa del proyecto y dar una solución definitiva, siendo que, al día de rendido el informe, todavía no se cuenta con la totalidad de los montos requeridos y por eso no han iniciado. Al respecto, advierte la Sala que si el recurrente considera que el gobierno local recurrido ha omitido cumplir con lo dispuesto por la Unidad Hidrológica Tárcoles-Pacífico Central-San Ramón- del Ministerio de Ambiente y Energía, ello en el fondo constituye una queja que no compete ventilarse ante esta Jurisdicción, toda vez que la investigación y posterior amonestación -si fuera el caso- a una autoridad pública que no ha cumplido con las funciones que la propia ley le asigna, compete a otras instancias judiciales (la penal) o administrativas, por lo que deberán plantear su inconformidad ante la propia Municipalidad de Grecia, o bien, denunciar el hecho por incumplimiento de deberes”. (El destacado no es del original). Igualmente, en la sentencia 2025-4619 de las 09:20 horas del 14 de febrero de 2025 dijo, en lo medular, lo siguiente: “.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente manifiesta que la Junta Vial Cantonal, no transmite sus sesiones en vivo, pese que el Concejo Municipal les ordenó hacerlo. Considera lesionado el principio de publicidad. (...) III.- SOBRE EL FONDO. Sobre el particular, advierte la Sala que si el recurrente considera que la Junta Vial ha omitido cumplir con lo dispuesto por el Concejo Municipal en el acuerdo referido, ello en el fondo constituye una queja que no compete ventilarse ante esta Jurisdicción, toda vez que la investigación y posterior amonestación -si fuera el caso- a una autoridad pública que no ha cumplido con las funciones que la propia ley le asigna, compete a otras instancias judiciales (la penal) o administrativas, por lo que deberán plantear su inconformidad ante la propia Municipalidad de Los Chiles, o bien, denunciar el hecho por incumplimiento de deberes”. Aunado a lo anterior, considero que la omisión acusada por el recurrente constituye una queja que tampoco compete ventilarse ante esta jurisdicción constitucional, debido a que la investigación y posterior amonestación –si fuera el caso– a una autoridad pública que no ha cumplido con las funciones que la propia ley le asigna, compete a otras instancias judiciales (la penal) o administrativas, de manera que deberá plantear su inconformidad ante la propia Municipalidad de Nicoya o bien denunciar el hecho por incumplimiento de deberes. Así lo ha señalado la Sala, tal como consta en los precedentes recién transcritos. Además, sobre este apartado, adviértase que la alcaldesa a.i. de la Municipalidad de Nicoya subrayó lo siguiente: “Tengo información informal que señala la posible existencia de causas penales contra algunas personas relacionadas con tal proyecto, ignorando el estado de tales causas (…) Este es un asunto complejo que se discute en la vía penal y, de existir alguna inconformidad, esta debe dilucidarse en las vías legales correspondientes, no en la vía constitucional”. Es decir, que las presuntas omisiones acusadas ya están siendo conocidas en sede penal. Ahora bien, pese a que observo que en el presente recurso este Tribunal no está ordenando de manera expresa al gobierno local recurrido que ejecute los acuerdos en cuestión, no menos cierto es que está acogiendo la petición de la parte accionante de que se ejecuten esos acuerdos. Adviértase que en la parte dispositiva ordena definir desde el punto de vista técnico la situación jurídica de los bienes inmuebles que se reputan como demaniales, actualizar el estado en el que se encuentran dichos bienes, interponer tanto en el ámbito administrativo como en el judicial (según corresponda) las acciones necesarias para garantizar el resguardo del interés público y ambiental de los bienes cuya demanialidad deba ser reconocida, y ejecutar la reivindicación de esos bienes en los casos en los que se determine alguna irregularidad en cuanto a su titularidad. Sin embargo, estimo que todo eso es propio de ser conocido y ejecutado en la sede contencioso-administrativo, en virtud de la gran complejidad que entraña. En efecto, ciertamente la protección del ambiente es un tema que resulta de relevancia constitucional y, en principio, esta Sala es competente para conocer de lesiones contra el artículo 50 de la Constitución Política. Incluso, en concordancia con lo resuelto en este expediente, en reiterada jurisprudencia ha señalado que las municipalidades tienen la obligación de tutelar lo referente a la protección del ambiente –verbigracia la sentencia 2007-017552 de las 12:22 horas de 30 de noviembre de 2007–. Pero eso no significa que todo asunto relativo a un derecho fundamental –tampoco si se trata del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado– es per se susceptible de ser ventilado en un proceso sumario. Esto mucho menos cuando el conocimiento de las presuntas infracciones y de la ejecución de las órdenes exigirían la integración procesal de diversas instituciones, por ejemplo: Procuraduría General de la República, Instituto Costarricense de Turismo, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, Instituto Geográfico Nacional, Contraloría General de la República, etc. Lo que aquí sostengo –la pertinencia de que esto no sea residenciado en esta sede, mediante un proceso sumario como el recurso de amparo– resulta incluso más garantista para las partes intervinientes, pues en la jurisdicción ordinaria se contaría con una fase probatoria más amplia y con la posibilidad de echar mano de una robusta justicia cautelar, que en este caso podría ser especialmente útil. Esta línea de votación la he explicado en muchas ocasiones (por ejemplo, nota a la sentencia 2022-9857, sentencia 2022-17490, voto salvado a 2023-11233). A esto se le debe sumar que en la etapa de ejecución de sentencia aquella jurisdicción tiene mayores herramientas para fiscalizar apropiadamente la orden que se haya dictado, de conformidad con el art. 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso-Administrativo, lo que tendría evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Conclusión En síntesis, pese a que soy consciente de la seriedad de las denuncias relativas a las presuntas conductas por parte de la municipalidad recurrida, estimo que en el caso de marras estamos frente a un alegato sobre la falta de ejecución de unos acuerdos del Concejo de Nicoya, y el objeto mismo que subyace en esta litis –tanto para su conocimiento como para su ejecución– excede con mucho a lo que es lo propio de un recurso de amparo. Además, se informa que sobre esto ya hay investigaciones penales en curso. Por eso considero que lo correspondiente es que los distintos extremos se tramiten y resuelvan en otras sedes con la celeridad que amerita e, incluso, con la posibilidad de solicitar y aplicar medidas cautelares –tal y como lo requiere el propio recurrente–. En atención tales argumentaciones, salvo el voto y declaro sin lugar el recurso. Anamari Garro Vargas Magistrada 1 Exp. 25-011146-0007-CO Res. Nº 2025-025307 Observaciones de SALA CONSTITUCIONAL votado con boleta Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:10:11. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
IV.- ON THE MERITS. In the sub lite case, the petitioner states that, for 55 years, the Municipality of Nicoya has unrestrictedly authorized constructions, plan approvals (visado de planos), and land uses, to the detriment of public-domain assets (bienes demaniales). He points out that, on 19 March 2021, the Municipal Council unanimously agreed that the mayor should proceed administratively or judicially with the recovery (reivindicación) of the public-domain assets within the “Proyecto Americano.” He maintains that the properties are delimited, among them, public roads, parks, green areas, streets, and reserves for community services. He mentions that in 2020 a special commission was appointed, which determined that such areas exist. He states that the Municipal Works Commission issued opinion D-COM-0103-2021 on the undelivered public-domain areas of the “Proyecto Americano” in the district of Nosara and recommended to the council: “To request that the Municipal Administration take the necessary administrative or judicial measures in order to comply with what was agreed by the Municipal Council through Agreement No. 012-039-2021 of 26 January, with the purpose of recovering (reivindicar) on behalf of this Municipality the 80 hectares that are currently registered under private names, lands that must be public as indicated by Article 40 of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana).” He asserts that, in 2021, the council forwarded the special commission’s opinion to the municipality’s Legal Management department; however, there was no response. He adds that, on 9 April 2021, that collegiate body again requested the mayor to take administrative or judicial measures for the recovery of the public-domain assets; nevertheless, no action has been taken. From the study of the case file, it has been demonstrated that the Municipal Mayor’s Office of Nicoya received official letter CCOP-050-2021 of 10 March 2021, in which it was recorded that 23 plans were located “with a nature for green zones or parks, as a result of a study that began in 2014.” The Municipal Council of Nicoya, by agreement no. 18-046-2021 taken at ordinary session no. 46 held on Tuesday, 16 March 2021, ordered: “Municipal Agreement No. 018-046-2021: THE MUNICIPAL COUNCIL OF NICOYA UNANIMOUSLY APPROVES FORWARDING TO THE MUNICIPALITY’S LEGAL MANAGEMENT DEPARTMENT SO THAT IT ATTENDS AS APPROPRIATE AND WITHIN A PERIOD NOT EXCEEDING 10 BUSINNES (sic) DAYS WHAT IS SET FORTH IN OFFICIAL LETTER CCOP-050-2021 SIGNED BY ENGINEER JOSUÉ RUIZ GUERRERO, COORDINATOR OF THE CONSTRUCTION CONTROL AND PUBLIC WORKS DEPARTMENT, AND ENGINEER BYRON ROSALES MORALES, COORDINATOR OF THE MUNICIPAL CADASTRE DEPARTMENT, IN REFERENCE TO THE GREEN ZONES OF THE AMERICAN PROJECT LOCATED IN NOSARA, WHEREBY THEY RECOMMEND PROCEEDING THROUGH THE LEGAL DEPARTMENT OF THE MUNICIPALITY OF NICOYA SO THAT THEY ASSESS THE HANDLING OF THE CASE FROM A LEGAL AND JURIDICAL (sic) POINT OF VIEW, AND TO FOLLOW UP ON IT. NOTIFY (sic) FOR THE CORRESPONDING LEGAL AND ADMINISTRATIVE PURPOSES. DEFINITIVELY APPROVED WITH FINALITY.” Agreement no. 18-046-2021 was notified to the Municipal Mayor’s Office of Nicoya on 17 March 2021 via email. The Municipal Mayor’s Office of Nicoya became aware of the report from the Municipal Works Commission (opinion D-COM-0103-2021, session no. 3 of 29 March 2021) issued “with the purpose of recovering (reivindicar) on behalf of this Municipality the 80 hectares that are currently registered under private names, lands that must be public as indicated in Article 40 of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana).” The Legal Management Directorate of the Municipality of Nicoya, through official letter no. DGJ-041-09-2021 of 29 September 2021, requested the case background information from the Construction Control department, but due to the lack of suitable documentation, the case was elevated to the Urban Technical Commission (Comisión Técnica Urbanística), a collegiate body that incorporates the professionals responsible for the areas of construction, territorial planning, urban planning, legal management, and cadastre. In report CTU 03-2023 of 28 February 2023, the Urban Technical Commission recorded the following: “CONSIDERATIONS OF THE ANALYSIS (…) From the analysis carried out on the current state of the transfer (entrega) of common areas in what was at one time known as the 'American Project,' as ordered by Article 40 of the Urban Planning Law (LPU), the following situations emerge: FIRST: The American Project began in 1982, based on the oldest cadastral plans on view. SECOND: The physical developers have passed away or are not locatable in the country, and the last legal entity, [Name 006], was dissolved some years ago, and no properties or estates appear in its name as they were transferred to [Name 007] (ACN), a good-faith purchaser in this case and unrelated to the aforementioned urban development. THIRD: The developers never made a transfer (cesión) of the communal areas as provided for under Article 40 cited above. Accordingly, that article states the following: (…) FOURTH: One of the legal means for considering the lands for parks, green areas, community halls, and children's playgrounds as transferred is through the approval of plans (visado de planos) in which the nature of each lot is indicated in the referred terms of section 40 LPU. Because this legal requirement is not met, the individualization of the areas and their classification as such is impossible. FIFTH: To date, it has not been possible to locate a construction permit, a site plan (diseño de sitio) approved by INVU showing the common areas to be transferred, nor are there plans approved by the Municipality and INVU with a nature compatible with that established in Article 40 of citations. SIXTH: From the list of properties registered in the name of [Name 007] (ACN), it is important to point out that all appear encumbered by an ecological easement (servidumbre ecológica) and the vast majority do not describe as their nature the destination for parks and the rest of the common areas, so they cannot be the object for the fulfillment of the percentages derived from said legislation. SEVENTH: In the following registered parcels (folios reales), the nature does appear as 'for green zones,' which could be interpreted as a possible transfer to satisfy the legal percentage: | Plano | Descripción | Folio Real | A nombre de | Naturaleza según asiento registral | | --- | --- | --- | --- | --- | | G-557689-84 | Parque-Zona Verde | 54236-000 | [Name 007] | Zona verde | | G-557689-84 | Parque-Zona Verde | 54240-000 | [Name 007] | Zona verde | | G-557689-84 | Parque-Zona Verde | parte de 7302-000 | [Name 006] | | | G-2181109-20 | Parque-Zona Verde | 238518-000 | [Name 007] | Parque | | G-546055-84 | Parque-Zona Verde | parte de 7302-000 | [Name 006] | | | G-557685-84 | Parque-Zona Verde | parte de 7302-000 | [Name 006] | | EIGHTH: On the topic under analysis, the Urban Planning Law provides in Article 44 of the analyzed Urban Planning Law, which expressly states the following: 'Municipal ownership over areas of streets, squares, gardens, parks, or other open spaces for general public use is constituted by that same use, and its registration in the Property Registry may be dispensed with if it is recorded on the Official Map (Mapa Oficial).' 'The cited Registry shall place a final entry on those properties, remnants, or lots that the owner, in the capacity of subdivider (fraccionador), transfers to the municipality by mandate of this law, if the registrable document records the public destination given to the property and the Notary attests to the municipal agreement in which the transfer (cesión) is approved and it is ordered to deliver said property to that same destination.' (Article 44, Urban Planning Law). In this regard, the Office of the Attorney General (Procuraduría General de la República) has indicated that, when cadastral plans describing lands of a nature compatible with the common elements of Article 40 LPU, duly approved, form part of the Official Map, the appropriate course of action is for the municipalities to request the Real Estate Registry (Registro Inmobiliario, RIM) to register them in the name of the respective local government. RECOMMENDATIONS FIRST: Prior to requesting the Real Estate Registry to register the properties described in point 7 of this report, the Departments of Urban Planning, Construction Control, and Environmental are commissioned to conduct an on-site inspection (inspección in situ) to determine the conditions of such lands, so that their suitability for some of the purposes established in section 40 of citations can be technically determined, as well as the real possibility that the Municipality could have to maintain them, ensure the intended use, and make a cost-benefit analysis of registering those properties in its name. SECOND: Once the indicated report is received, determine whether proceeding with the action before the RIM is appropriate or rather to arrange a joint management and exploitation plan for such areas with the ACN.” In this regard, this Tribunal emphasizes that the object of this appeal concerns the municipal omission to define the situation (and eventual recovery) of assets that, as indicated, are of public domain (bienes de dominio público), as well as the environmental protection of such zones, making it a matter of full constitutional relevance. In this respect, the local government has been aware of the reported situation at least since 2021. Precisely, it should be noted that, on 10 March 2021, the Municipal Mayor’s Office of Nicoya received official letter CCOP-050-2021, in which it was informed of the location of twenty-three plans with the nature of “green zones or parks” as a result of a study initiated in 2014. Furthermore, although the municipal mayor’s office reported that the Urban Technical Commission issued “REPORT CTU 03-2023, UPDATED ON COMMON AND GREEN AREAS OF THE AMERICAN PROJECT,” subsequently, no concrete actions directed at comprehensively addressing the situation are observed. The foregoing is relevant not only because of the presumed public nature of the lands but also because the acting mayor (alcaldesa a. i.) of Nicoya herself mentioned in her report that the lands in question have areas declared as ecological easements (servidumbres ecológicas) and park or green areas that are located “adjacent to the Ostional National Wildlife Refuge (Refugio Nacional de Vida Silvestre de Ostional) and constitute a buffer zone (zona de amortiguamiento).” Ergo, the Municipality of Nicoya cannot settle for assuming a passive attitude by indicating in a general and abstract manner that this is a complex problem being debated in the criminal courts. The Chamber does not observe any legitimate argument justifying the inaction of more than two years by the municipal authorities; therefore, the appeal is upheld so that they proceed to: 1) update the technical studies on the assets that are deemed to be public-domain assets (bienes demaniales); and 2) exercise their powers to the effect that the corresponding internal procedures are managed and the necessary actions are brought both in the administrative and judicial spheres (as appropriate) to guarantee the safeguarding of the public and environmental interest of the properties that are public-domain, as well as the recovery (reivindicación) of these in cases where any irregularity in ownership is determined. Regarding SINAC, the amparo is dismissed because, according to the elements provided in the case file, no reproach of action or omission is observed that, within the scope of its powers, can be attributed to it at this time with respect to the facts that are the subject of this appeal. (…)” Location and Observations, consisting of 50 folios, shall be FAITHFULLY incorporated into the DOCUMENTARY part of this Amparo for a better reading of such documents. See document 02. FIFTH: The Municipal Works Commission issues Opinion D-COM-0103-2021, Session Number 03, of 29 March 2021, Item 02, regarding the Public Domain Areas not delivered on-site for the so-called Americano Project in the Nosara District, recommending to the Council that: "Request the Municipal Administration to take the necessary administrative or judicial measures in order to comply with what was agreed by the Municipal Council through agreement No.- 012-039-2021 of 26 January, with the purpose of recovering on behalf of this Municipality the 80 hectares that are currently in the name of private parties, lands that must be public as indicated by article 40 of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana)". The highlights are not from the original. SIXTH: Regarding Municipal Agreement No.- 018-04-2021 dated 17-03-2021. "The Municipal Council unanimously approves transferring the aforementioned Commission Opinion to the Municipality's Legal Management Department, so that it may address it as appropriate and within a period of no more than 10 business days address the matters set forth in Official Letter CCOP-050-2021 signed by Eng. José Ruiz Guerrero, Coordinator of the Construction and Works Control Department, and Eng. Byron Rosales Morales, Coordinator of the Municipal Cadastre Department, in reference to the green zones of the Americano Project located in Nosara, given that they recommend proceeding through the Legal Department of the Municipality of Nicoya, so that they may assess the procedure for the case from a legal and juridical point of view and to follow up on it. Notify for the corresponding Legal and Administrative purposes. Agreement definitively approved with firmness. There was no response whatsoever. Document 03. SEVENTH: Municipal Council Session of 09-04-2021. "The Municipal Council unanimously accepts the recommendations indicated in Opinion D-COM 01-03-2021 of the Municipal Works Commission, referring to two matters addressed, which are the following (See Point 2): 'The Municipal Administration is requested to take the necessary Administrative or Judicial measures in order to comply with what was agreed by this Municipal Council through Agreement No.- 012-039-2021 on Tuesday, 26 January of the current year, with the purpose of recovering on behalf of this Municipality the 80 hectares that are currently in the name of private parties, lands that must be public as indicated by Article 40 of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana).'" Document 04. EIGHTH: I will incorporate hereinbelow the binding Opinion of the Attorney General's Office C-321-2003 of 09 October 2003, which is extremely clear regarding the purpose of this AMPARO PETITION, transcribed faithfully: (...)". Thus, he recounts that on 19 July 2020, a Special Commission was appointed for the documentary and on-site compilation regarding the Public Domain Assets within the Americano Project of Nosara. On 19 March 2021, the Council adopted a unanimous and firm Agreement for the Mayor to proceed administratively or judicially with the recovery action (reivindicación) of the public domain assets within the Americano Project. The Council forwarded the Special Commission Report to the Municipal Legal Affairs Department for 10 days, so they could state their opinion, a report that was never rendered. On 9 April 2021, the Mayor was again requested to take the administrative or judicial measures for the recovery action of the State's Public Domain Assets. However, he accuses that at the time of filing of this petition, the respondent party has not proceeded accordingly. He adds that "Regarding the Special Commission Opinion, it is clear and provides reliable evidence, by demonstrating that both the Commercial Entity '[Name 006] S.A.', now deregistered, as well as [Name 007], are the same and have negotiated Assets of the Costa Rican State, without the CURRENT MAYOR having intervened in the least for their recovery action despite the multiple firm agreements of the Council to comply. From that report, I also provide in the Documentary Part a photograph that clearly reflects the streets of the Project. In my opinion, with the evidence provided, the Mayor as a Public Official in full exercise of his Mandate has illegally omitted, refused, delayed, and abstained from carrying out the pertinent procedures clearly and repeatedly ordered by firm Agreements of the Municipal Council". Based on the situation described, he considers that fundamental rights are being violated. He requests that the petition be granted. The report must be rendered only once, in any of the formats specified below, within THREE BUSINESS DAYS following notification of this resolution, WITH THE REMISSION OF THE CERTIFIED COPY, PROPERLY IDENTIFIED, FOLIATED, AND IN STRICT CHRONOLOGICAL ORDER OF THE DOCUMENTATION, AS WELL AS ANY TYPE OF ELECTRONIC, INFORMATIC, MAGNETIC, OPTICAL, TELEMATIC SUPPORT, OR SUPPORT PRODUCED BY NEW TECHNOLOGIES, STRICTLY RELATED TO THE SUBJECT MATTER OF THIS PETITION, WHOSE ORIGINALS SHALL ALWAYS REMAIN IN THE CUSTODY OF THE ADMINISTRATION. LIKEWISE, THE TELEPHONE NUMBER WHERE THE RESPONDENT PARTY CAN BE LOCATED MUST BE PROVIDED. The foregoing under the warning that, pursuant to the provisions of articles 44, paragraph 2, and 45 of the cited law, the reports shall be deemed given under oath, such that any inaccuracy or falsehood will cause the reporting party to incur the penalties for perjury or false testimony, depending on the nature of the facts contained therein, and that the omission to report will cause the facts to be considered true and the petition may be granted; for which purposes the reporting party must render it personally and not through an attorney-in-fact. The report and the pertinent evidence must be submitted by the respondent authority only once, using only one of the following means: physical documentation presented directly at the Secretariat of the Chamber; the fax system; electronic documentation through the ONLINE MANAGEMENT System; or, to the email address [email protected], which is an exclusive email dedicated to receiving reports. In any case, the report and other documents must expressly indicate the case file number to which they are directed. The report or reports rendered by electronic means must contain the signature of the official rendering it, either by digitizing the physical document containing their signature, or by means of a digital signature, according to the provisions established in the Law on Certificates, Digital Signatures, and Electronic Documents (Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos), No. 8454, in order to certify the authenticity of the filing. It is warned that electronically generated or digitized documents submitted through the Online Management System or the indicated email must not exceed 3 Megabytes. The respondent party is warned that disobedience to orders issued by the Constitutional Jurisdiction, as ordered by article 71 of the cited Law, is punishable by imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days, and that future resolutions will only be notified to them if they indicate a fax number if they have one, or, failing that, a house or office, within the judicial perimeter of this Chamber, in accordance with the provisions of articles 19 and 34 of the Law on Judicial Notifications (Ley de Notificaciones Judiciales), or, equally, the respondent party may indicate for such purposes an email address or any other technological means that allows the act of communication, provided they have previously requested the accreditation of those means for their notification to be carried out (articles 18, 34, and 39 of the aforementioned Judicial Notifications Law). To notify the MAYOR AND THE PRESIDENT OF THE MUNICIPAL COUNCIL, BOTH OF NICOYA, the JUDICIAL COMMUNICATIONS OFFICE OF THE SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF GUANACASTE (NICOYA) is commissioned, an office to which the commission will be sent via the fax system. This authority must carry out the corresponding notification within a period of FIVE DAYS counted from the receipt of the documents, under warning of incurring liability for disobedience to authority. The commissioned authority is warned that it must send a copy of the duly executed order to the fax numbers indicated at the foot of this resolution or to the email: [email protected], both of this Chamber, and the original documents by certified mail or any other means that guarantees their prompt receipt at this Office. Notify. Issue the corresponding commission. For the processing of this petition, Magistrate Anamari Garro Vargas, who corresponds by turn, is designated as Instructor." 3.- Through a written brief incorporated into the digital court file on 21 May 2025, Sandra María Muñoz Ruiz, in her capacity as president of the Council of Nicoya, reports under oath, in the following terms: "That, through Municipal Agreement No. 018-046-2021 of Ordinary Session No. 046 held on Tuesday, 16 March 2021, this Municipal Council ordered: Municipal Agreement No. 018-046-2021: THE MUNICIPAL COUNCIL OF NICOYA UNANIMOUSLY APPROVES TRANSFERRING TO THE MUNICIPALITY'S LEGAL MANAGEMENT DEPARTMENT SO THAT IT MAY ATTEND AS CORRESPONDS AND WITHIN A PERIOD OF NO MORE THAN 10 BUSINESS DAYS THE MATTERS SET FORTH IN OFFICIAL LETTER CCOP-050-2021 SIGNED BY ENG. JOSUÉ RUIZ GUERRERO COORDINATOR OF THE CONSTRUCTION CONTROL AND PUBLIC WORKS DEPARTMENT, AND ENG. BYRON ROSALES MORALES COORDINATOR OF THE MUNICIPAL CADASTRE DEPARTMENT, IN REFERENCE TO THE GREEN ZONES OF THE AMERICANO PROJECT LOCATED IN NOSARA, GIVEN THAT THEY RECOMMEND PROCEEDING THROUGH THE LEGAL DEPARTMENT OF THE MUNICIPALITY OF NICOYA SO THAT THEY MAY ASSESS THE PROCEDURE FOR THE CASE FROM A LEGAL AND JURIDICAL POINT OF VIEW, AND TO FOLLOW UP ON IT. NOTIFY FOR THE CORRESPONDING LEGAL AND ADMINISTRATIVE PURPOSES. DEFINITIVELY APPROVED WITH FIRMNESS The same was notified to the Mayor's Office via email on 17 March 2021. Second: That, upon reviewing the archives of the Municipal Council Secretariat, no attention or report concerning the previously attached agreement is evidenced." 4.- Through a written brief incorporated into the digital court file on 21 May 2025, Silvia Gutiérrez Oviedo, in her capacity as acting mayor of Nicoya, reports under oath, in the following terms: "FIRST: The negotiations alluded to and their details are not known to me, although it is known that the Americano Project was built in the Nosara district several decades ago. Nor is it known to me that the INVU approved the 'Official Map' (Mapa Oficial) in the terms the petitioner describes. SECOND: It is not known to me that the indicated company 'officialized' the site design of the Americano Project. THIRD: It is not known to me that the 'site design of the Americano Project' exists and contains the specifications the petitioner alludes to. I have informal information indicating the possible existence of criminal cases against some persons related to such project, the status of such cases being unknown. What I must indicate is that there are several properties (fincas) segregated from the original project that some believed were for common public use; however, it was possible to determine that such properties are subject to forest limitations and are located on the edges of the hydrographic basins of the involved area, which in any way prevents them from being given the use the petitioner suggests, due to said nature and their location. Furthermore, the Chamber must take note that all properties segregated from the original project have their deed, Cadastre map, construction permits, commercial licenses, when applicable, and the attributes corresponding to private property. It must also be emphasized that the developers of the original project have died or disappeared from the country. FOURTH: I must indicate that 'the current mayor' is not referred to this servant, as I did not designate an ad-hoc commission to address this matter and I am unaware of the details the petitioner alludes to. FIFTH: It is true that Official Letter CCOP-050-2021 OF 10 MARCH 2021 was received, which indicates that 23 maps with a nature for green zones or parks were located, as a result of a study that began in 2014. These maps with that nature were not an obstacle for the Real Estate Registry (Registro Inmobiliario) to register them as daughter properties with another nature related to housing development in the name of third persons unrelated to the original developer, that is, [Name 006], a company whose officers have died or are not locatable in the country. It should be noted that approximately sixty years ago, when the 'Americano Project' presumably began, municipal approval (visado) of maps was not required to process the segregations, so the responsibility for those segregation procedures does not lie with local governments. The properties described by the 23 aforementioned maps have not only generated title in favor of third parties but are built upon and occupied by them. FIFTH ('BIS'). - Certainly the report of the Municipal Works Commission, issuing Opinion D-COM-0103-2021, Session Number 03, of 29 March 2021, was known, 'with the purpose of recovering on behalf of this Municipality the 80 hectares that are currently in the name of private parties, lands that must be public as indicated by article 40 of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana)'. As a result of the foregoing, instructions were given to the Urban Technical Commission to update data and prepare a report for the Council on the situation and nature of those '80 hectares'. As a result of that, REPORT CTU 03-2023, UPDATED ON COMMON AND GREEN AREAS OF THE AMERICANO PROJECT, was produced on 28 February 2023, which in its sixth paragraph states: 'SIXTH: From the list of properties registered in the name of [Name 007] (ACN), a third party unrelated to the development of the Americano Project, it is important to note that all appear encumbered by an ecological easement (servidumbre ecológica) and the vast majority do not describe as nature the purpose for parks and other common areas, so they cannot be used to comply with the percentages derived from the said legislation.' Additionally, it is known that such properties, registered as an ecological easement, are located on the edges of the hydrographic basins or form primary forests impossible to undergo any urban intervention. SIXTH: Indeed, the Legal Management Directorate addressed the order of the Council, generating Official Letter No. DGJ-041-09-2021 dated 29 September 2021, requesting the background of the case from the Construction Control department to comply with the instructions, but, given the lack of suitable documentation, the case was elevated to the Urban Technical Commission, a collegial body that incorporates the professionals responsible for the construction, territorial planning, urban planning, legal management, and cadastre areas; so they could continue addressing the matter, given the degree of complexity it contains. The results of the Urban Technical Commission's work are reflected in the aforementioned report, described in the immediately preceding fact. SEVENTH: This fact is repetitive and was addressed when referring to the point three instances prior. EIGHTH: What is indicated in this fact is reiterative of what was alluded to in the three previous facts, about which the pertinent information has already been rendered. VIOLATION OF FUNDAMENTAL RIGHTS: The petitioner alleges a supposed violation of fundamental rights, which is not reflected in the existing factual picture. Rather, it can be verified that high-ranking environmental values are at stake, as well as the right to private property. This is a complex matter being discussed in the criminal courts, and, if any disagreement exists, it must be resolved in the corresponding legal channels, not through constitutional channels. In the event the Chamber decides to continue with the processing of this amparo petition, I request that MINAE, through the Tempisque Conservation Area (ACT), be included as a party, so that it may render a report on the current state of the zones declared as ecological easements and park or green areas, given that these lands are located adjacent to the Ostional National Wildlife Refuge and form a buffer zone." She requests that the petition be dismissed. 5.- Through a resolution issued at 12:22 on 6 June 2025, substitute magistrate Ronald Salazar Murillo, in his capacity as instructor, ordered: "Having seen the brief located in the electronic court file, the parties included in the amparo petition being processed under case file number 25-011146-0007-CO are hereby expanded and, consequently, a hearing is granted to the DIRECTOR OF THE TEMPISQUE CONSERVATION AREA OF THE NATIONAL SYSTEM OF CONSERVATION AREAS (SINAC) OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY (MINAE), in accordance with the provisions of articles 43, 44, and 45 of the Law of Constitutional Jurisdiction, so that the respondent party reports on the facts alleged by the petitioner, in summary: (...)". 6.- Through a written brief incorporated into the digital court file on 13 June 2025, Nelson Marín Mora, in his capacity as regional director of the Tempisque Conservation Area of SINAC, reports under oath, in the following terms: "That the Tempisque Conservation Area has not received from the Municipality of Nicoya any proceeding for the recovery and transfer to the National System of Conservation Areas / Tempisque Conservation Area of lands located in the district of Nosara and owned by [Name 007]. That in the Regional Office of the Tempisque Conservation Area, file No. ACT-OR-DR-363-2022 is on record, in the name of [Name 007], ID No. 3-002-056509, for submitting for the creation of a private-category wildlife refuge, according to article 82 of the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de Vida Silvestre) No. 7317, an area of approximately 70.16 ha in its first stage. That said properties are located in the district of Nosara and their location corresponds to what is indicated in 'figure 21. Zoning of the properties of [Name 007], General Management Plan for the Nosara Private National Wildlife Refuge, 2024-2033', presented for the analysis and evaluation of the Tempisque Conservation Area." He requests that the petition be dismissed. 7.- Through a written brief received at the Secretariat of the Chamber at 12:00 on 17 June 2025, the petitioner provides evidence for a better resolution. 8.- The legal prescriptions have been observed in the proceedings followed. Drafted by Magistrate Rueda Leal; and, WHEREAS: I.- SUBJECT MATTER OF THE PETITION. The petitioner states that, for 55 years, the Municipality of Nicoya has unrestrictedly authorized constructions, map approvals (visado de planos), and land uses, to the detriment of public domain assets (bienes demaniales). He indicates that, on 19 March 2021, the Municipal Council unanimously agreed that the mayor proceed administratively or judicially with the recovery action (reivindicación) of the public domain assets within the "Americano Project". He maintains that the real estate properties are delimited, including public roads, parks, green areas, streets, and reserves for community services. He mentions that a special commission was appointed in 2020, which determined that such areas exist. He states that the Municipal Works Commission issued opinion D-COM-0103-2021 regarding the undelivered public domain areas of the "Americano Project" in the district of Nosara and recommended to the council: "Request the Municipal Administration to take the necessary administrative or judicial measures in order to comply with what was agreed by the Municipal Council through agreement No.- 012-039-2021 of 26 January, with the purpose of recovering on behalf of this Municipality the 80 hectares that are currently in the name of private parties, lands that must be public as indicated by article 40 of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana)". He asserts that, in 2021, the council forwarded the special commission's opinion to the municipality's Legal Management department; however, there was no response. He adds that, on 9 April 2021, this collegial body again requested the mayor to take the administrative or judicial measures for the recovery action of the public domain assets; nevertheless, no action has been taken. II.- PROVEN FACTS. For the purposes of deciding this matter, the following facts are deemed duly proven: a) The Municipal Mayor's Office of Nicoya received official letter CCOP-050-2021 of 10 March 2021, in which it was stated that 23 maps "with a nature for green zones or parks were located, as a result of a study that began in 2014". (Report of the mayor of Nicoya). b) The Municipal Council of Nicoya, by agreement No. 18-046-2021 adopted in ordinary session No. 46 held on Tuesday, 16 March 2021, ordered: "Municipal Agreement No. 018-046-2021: THE MUNICIPAL COUNCIL OF NICOYA UNANIMOUSLY APPROVES TRANSFERRING TO THE MUNICIPALITY'S LEGAL MANAGEMENT DEPARTMENT SO THAT IT MAY ATTEND AS CORRESPONDS AND WITHIN A PERIOD OF NO MORE THAN 10 BUSINESS DAYS (sic) THE MATTERS SET FORTH IN OFFICIAL LETTER CCOP-050-2021 SIGNED BY ENG. JOSUÉ RUIZ GUERRERO COORDINATOR OF THE CONSTRUCTION CONTROL AND PUBLIC WORKS DEPARTMENT, AND ENG. BYRON ROSALES MORALES COORDINATOR OF THE MUNICIPAL CADASTRE DEPARTMENT, IN REFERENCE TO THE GREEN ZONES OF THE AMERICANO PROJECT LOCATED IN NOSARA, GIVEN THAT THEY RECOMMEND PROCEEDING THROUGH THE LEGAL DEPARTMENT OF THE MUNICIPALITY OF NICOYA SO THAT THEY MAY ASSESS THE PROCEDURE FOR THE CASE FROM A LEGAL AND JURIDICAL (sic) POINT OF VIEW, AND TO FOLLOW UP ON IT. NOTIFY (sic) FOR THE CORRESPONDING LEGAL AND ADMINISTRATIVE PURPOSES. DEFINITIVELY APPROVED WITH FIRMNESS". (Report of the president of the Municipal Council of Nicoya and evidence provided). c) Agreement No. 18-046-2021 was notified to the Municipal Mayor's Office of Nicoya on 17 March 2021 by email. (Report of the president of the Municipal Council of Nicoya). d) The Municipal Mayor's Office of Nicoya was aware of the report of the Municipal Works Commission (opinion D-COM-0103-2021, session No. 3 of 29 March 2021) issued "with the purpose of recovering on behalf of this Municipality the 80 hectares that are currently in the name of private parties, lands that must be public as indicated by article 40 of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana)". (Report of the mayor of Nicoya). e) The Legal Management Directorate of the Municipality of Nicoya, through official letter No. DGJ-041-09-2021 of 29 September 2021, requested the background of the case from the Construction Control department, but due to the lack of suitable documentation, the case was elevated to the Urban Technical Commission, a collegial body that incorporates the professionals responsible for the construction, territorial planning, urban planning, legal management, and cadastre areas. (Report of the mayor of Nicoya). f) In report CTU 03-2023 of 28 February 2023, the Urban Technical Commission stated the following: "ANALYSIS CONSIDERATIONS (…) From the analysis carried out on the current status of the delivery of common zones in what was at some time called the 'Americano Project', as ordered by article 40 of the Urban Planning Law (LPU), the following situations emerge: FIRST: The Americano Project began in 1982, based on the oldest cadastral maps in view. SECOND: The physical developers have died or are not locatable in the country, and the last legal entity, [Name 006], was dissolved some years ago, and no properties appear in its name since they were transferred to [Name 007] (ACN), a good faith acquirer in this case and unrelated to the aforementioned urban development. THIRD: The developers never made the transfer (cesión) of the communal areas as provided for in article 40 cited above. Accordingly, that article mentions the following: (…) FOURTH: One of the legal means to consider lands for parks, green areas, community halls, and playgrounds as transferred is through the approval of maps (visado de planos) where the nature of each lot is indicated in the referred terms of section 40 of the Urban Planning Law (LPU). Since this legal requirement is not met, individualization of the areas and their classification as such is impossible. FIFTH: To date, it has not been possible to locate a construction permit, site design approved by the INVU showing the common areas to be transferred, nor are maps approved by the Municipality and INVU located with a nature compatible with the provisions of article 40 of citations. SIXTH: From the list of properties registered in the name of [Name 007] (ACN), it is important to note that all appear encumbered by an ecological easement (servidumbre ecológica) and the vast majority do not describe as nature the purpose for parks and other common areas, so they cannot be used to comply with the percentages derived from the said legislation. SEVENTH (sic): In the following registered titles (folios reales), the nature 'for green zones' does appear, which could be interpreted as a possible transfer to satisfy the legal percentage: Map Description Registered Title (Folio Real) In the name of Nature according to registry entry G-557689-84 Park-Green Zone 54236-000 [Name 007] Green zone G-557689-84 Park-Green Zone 54240-000 [Name 007] Green zone G-557689-84 Park-Green Zone part of 7302-000 [Name 006] G-2181109-20 Park-Green Zone 238518-000 [Name 007] Park G-546055-84 Park-Green Zone part of 7302-000 [Name 006] G-557685-84 Park-Green Zone part of 7302-000 [Name 006] EIGHTH: On the topic under analysis, the Urban Planning Law provides in article 44 of the analyzed Urban Planning Law, which expressly states the following: 'Municipal domain over the areas of streets, squares, gardens, parks, or other open spaces for general public use is constituted by that same use, and their registration in the Property Registry may be dispensed with if they are recorded in the Official Map (Mapa Oficial).' 'The cited Registry shall place the last entry on those properties, remnants, or lots that the owner, in their capacity as subdivider (fraccionador), transfers to the municipality by mandate of this law, if the registrable document states the public purpose given to the real estate property and the Notary attests to the municipal agreement in which the transfer is approved and it is ordered to deliver said asset to that same purpose.' (Article 44, Urban Planning Law). In this regard, the Attorney General's Office has indicated that, when cadastral maps describing lands with a nature compatible with the common elements of article 40 of the Urban Planning Law (LPU), duly approved (visados), form part of the Official Map, it is appropriate for the municipalities to request the Real Estate Registry (RIM) to register them in the name of the respective municipal government. RECOMMENDATIONS FIRST: Prior to requesting the Real Estate Registry to register the properties described in point 7 of this report, commission the Urban Planning, Construction Control, and Environmental Departments to carry out an on-site inspection to determine the conditions of such lands, so that their suitability for some of the purposes established in section 40 of citations, the real possibility the Municipality could have to maintain them, ensure the desired use, and make a cost-benefit analysis of registering those properties in its name can be technically determined. SECOND: Upon receipt of the indicated report, determine whether to proceed with the filing before the RIM or rather to agree with ACN on a joint plan for the administration and exploitation of such areas." (Evidence provided by the Municipality of Nicoya). III.- UNPROVEN FACT. The following fact of relevance for this resolution is not deemed proven: Single. That, after 28 February 2023, the Municipality of Nicoya has carried out actions aimed at resolving the situation of the recovery of public domain assets. IV.- ON THE MERITS. In the case at hand, the petitioner states that, for 55 years, the Municipality of Nicoya has unrestrictedly authorized constructions, map approvals (visado de planos), and land uses, to the detriment of public domain assets (bienes demaniales). He indicates that, on 19 March 2021, the Municipal Council unanimously agreed that the mayor proceed administratively or judicially with the recovery action (reivindicación) of the public domain assets within the "Americano Project". He maintains that the real estate properties are delimited, including public roads, parks, green areas, streets, and reserves for community services. He mentions that a special commission was appointed in 2020, which determined that such areas exist. It states that the Municipal Works Commission issued opinion D-COM-0103-2021 regarding the undelivered public-domain areas (áreas demaniales) of the “Proyecto Americano” in the district of Nosara and recommended to the council: “Request that the Municipal Administration take the necessary administrative or judicial measures in order to comply with what was agreed by the Municipal Council through agreement No. 012-039-2021 of January 26, with the purpose of reclaiming (reivindicar) on behalf of this Municipality the 80 hectares that are currently in the name of private parties, lands that must be public as indicated in Article 40 of the Ley de Planificación Urbana”. It asserts that, in 2021, the council forwarded the special commission’s opinion to the municipality’s Legal Management department; however, there was no response. It adds that, on April 9, 2021, said collegiate body again requested the mayor to take administrative or judicial measures for the recovery (reivindicación) of the public-domain assets (bienes demaniales); nevertheless, no action has been taken. From the study of the case file, it has been demonstrated that the Municipal Mayor’s Office of Nicoya received official communication CCOP-050-2021 of March 10, 2021, in which it was recorded that 23 maps “with the nature (naturaleza) of green zones (zonas verdes) or parks were located, as a result of a study that began in 2014”. The Municipal Council of Nicoya, by agreement No. 18-046-2021 taken in ordinary session No. 46 held on Tuesday, March 16, 2021, ordered: “Municipal Agreement No. 018-046-2021: THE MUNICIPAL COUNCIL OF NICOYA UNANIMOUSLY APPROVES TRANSFERRING TO THE LEGAL MANAGEMENT DEPARTMENT OF THE MUNICIPALITY SO THAT IT ATTENDS AS APPROPRIATE AND WITHIN A PERIOD NOT EXCEEDING 10 WORKING DÍAZ (sic) TO WHAT IS SET FORTH IN OFFICIAL COMMUNICATION CCOP-050-2021 SIGNED BY ENG. JOSUÉ RUIZ GUERRERO COORDINATOR OF THE DEPARTMENT OF CONSTRUCTION CONTROL AND PUBLIC WORKS, AND ENG. BYRON ROSALES MORALES COORDINATOR OF THE DEPARTMENT OF MUNICIPAL CADASTRE, IN REFERENCE TO THE GREEN ZONES (ZONAS VERDES) OF THE PROYECTO AMERICANO LOCATED IN NOSARA, GIVEN THAT THEY RECOMMEND PROCEEDING THROUGH THE LEGAL DEPARTMENT OF THE MUNICIPALITY OF NICOYA TO ASSESS THE COURSE OF ACTION IN THE CASE FROM A LEGAL AND JURIDICO (sic) POINT OF VIEW, AND TO FOLLOW UP ON IT. NOTIFIQUESE (sic) FOR THE CORRESPONDING LEGAL AND ADMINISTRATIVE EFFECTS. DEFINITIVELY APPROVED WITH FINALITY”. Agreement No. 18-046-2021 was notified to the Municipal Mayor’s Office of Nicoya on March 17, 2021, by email. The Municipal Mayor’s Office of Nicoya learned of the report of the Municipal Works Commission (opinion D-COM-0103-2021, session No. 3 of March 29, 2021) issued “with the purpose of reclaiming (reivindicar) on behalf of this Municipality the 80 hectares that are currently in the name of private parties, lands that must be public as indicated in 05-3 Article 40 of the Ley de Planificación Urbana”. The Legal Management Directorate of the Municipality of Nicoya, through official communication No. DGJ-041-09-2021 of September 29, 2021, requested the case background from the Construction Control department, but due to the lack of suitable documentation, the case was elevated to the Technical Urban Planning Commission (Comisión Técnica Urbanística), a collegiate body that incorporates the professionals responsible for the construction, territorial planning, urban planning, legal management, and cadastral areas. In report CTU 03-2023 of February 28, 2023, the Technical Urban Planning Commission recorded the following: “CONSIDERATIONS OF THE ANALYSIS (…) From the analysis carried out on the current status of the delivery of common zones in what was at one time called the \"Proyecto Americano\", as ordered by Article 40 of the Ley de Planificación Urbana (LPU), the following situations emerge: FIRST: The Proyecto Americano began in 1982, based on the oldest cadastral maps (planos catastrados) available. SECOND: The physical developers have died or are unlocatable in the country and the last legal entity, [Nombre 006], was dissolved some years ago and no farms (fincas) or properties appear in its name as they were transferred to [Nombre 007] (ACN), a good-faith acquirer in this case and unrelated to the aforementioned urban development. THIRD: The developers never made a transfer (cesión) of the communal areas as provided for in Article 40 cited above. Accordingly, that article mentions the following: (…) FOURTH: One of the legal means to consider the lands for parks, green areas (áreas verdes), community halls, and children's playgrounds as transferred is through the approval (visado) of maps indicating the nature (naturaleza) of each lot in the terms referred to in section 40 LPU. Since this legal requirement is not met, the individualization of the areas and classifying them as such is impossible. FIFTH: To date, it has not been possible to locate a construction permit, site design approved (visado) by the INVU showing the common areas to be transferred, nor have maps been located that were approved (visados) by the Municipality and INVU with a nature (naturaleza) compatible with the provisions of Article 40 cited. SIXTH: From the list of properties registered in the name of [Nombre 007] (ACN), it is important to note that all appear encumbered by ecological easement (servidumbre ecológica) and the vast majority do not describe their nature (naturaleza) as destined for parks and other common areas, so they cannot be the subject of compliance with the percentages derived from said legislation. SETIMO (sic): In the following registered folios (folios reales), the nature (naturaleza) does appear as \"for green zones (zonas verdes)\", which could be interpreted as a possible transfer (cesión) to satisfy the legal percentage: Map Description Registered Folio (Folio Real) In the name of Nature (Naturaleza) according to registry entry | --- | --- | --- | --- | --- | | G-557689-84 | Park-Green Zone (Parque-Zona Verde) | 54236-000 | [Nombre 007] | Green zone (Zona verde) | | G-557689-84 | Park-Green Zone (Parque-Zona Verde) | 54240-000 | [Nombre 007] | Green zone (Zona verde) | | G-557689-84 | Park-Green Zone (Parque-Zona Verde) | part of 7302-000 | [Nombre 006] | | | G-2181109-20 | Park-Green Zone (Parque-Zona Verde) | 238518-000 | [Nombre 007] | Park (Parque) | | G-546055-84 | Park-Green Zone (Parque-Zona Verde) | part of 7302-000 | [Nombre 006] | | | G-557685-84 | Park-Green Zone (Parque-Zona Verde) | part of 7302-000 | [Nombre 006] | | EIGHTH: On the subject under analysis, the Ley de Planificación Urbana provides in Article 44 of the analyzed Ley de Planificación Urbana, expressly indicates the following: \"The municipal domain over the areas of streets, squares, gardens, parks or other open spaces for general public use, is constituted by that same use and its registration in the Property Registry may be dispensed with, if it is recorded on the Official Map (Mapa Oficial). \"The cited Registry shall make the final entry for those farms (fincas), remnants or lots that the owner, as developer (fraccionador), transfers (ceda) to the municipality by mandate of this law, if the registrable document records the public purpose (destino público) given to the property and the Notary certifies the municipal agreement approving the transfer (cesión) and ordering the delivery of said property for that same purpose.\" (Article 44, Ley de Planificación Urbana). In this regard, the Office of the Attorney General (Procuraduría General de la República) has indicated that, when cadastral maps (planos catastrados) describing lands with a nature (naturaleza) compatible with the common elements of Article 40 LPU, duly approved (visados), form part of the Official Map (Mapa Oficial), the appropriate course is for the municipalities to request the Real Estate Registry (Registro Inmobiliario, RIM) to register them in the name of the respective local government. RECOMMENDATIONS FIRST: Prior to requesting the Real Estate Registry (Registro Inmobiliario) to register the properties described in point 7 of this report, the Departments of Urban Planning, Construction and Environmental Control be commissioned to carry out an on-site inspection (inspección in situ) to determine the conditions of such lands, so that their suitability for some of the purposes established in section 40 cited can be technically determined, the real possibility that the Municipality might have to maintain them, ensure the desired use, and make a cost-benefit balance of registering these properties in its name. SECOND: Once the indicated report is received, determine whether the action before the RIM is appropriate or whether to instead agree with ACN on a joint plan for the administration and exploitation of such areas”. On this matter, this Court highlights that the purpose of this appeal deals with the municipal omission in defining the situation (and eventual recovery) of assets that, as indicated, are of public domain, as well as with the environmental protection of such zones, and therefore constitutes an issue of full constitutional relevance. In this regard, the local government has been aware of the denounced situation at least since 2021. Precisely, it should be noted that, on March 10, 2021, the Municipal Mayor’s Office of Nicoya received official communication CCOP-050-2021, in which it was informed of the location of twenty-three maps with the nature (naturaleza) of “green zones (zonas verdes) or parks” as a result of a study initiated in 2014. Furthermore, although the municipal mayor’s office reported that the Technical Urban Planning Commission issued “REPORT CTU 03-2023, UPDATED ON COMMON AND GREEN AREAS (ÁREAS COMUNES Y VERDES) OF THE PROYECTO AMERICANO”, subsequent to this, no concrete actions aimed at addressing the situation in a comprehensive manner are observed. The foregoing is relevant not only because of the presumed public nature of the lands, but because the acting mayoress (alcaldesa a. i.) of Nicoya herself mentioned in her report that the lands in question have zones declared as ecological easements (servidumbres ecológicas) and park or green areas (áreas de parque o verdes) that are located “adjacent to the Refugio Nacional de Vida Silvestre de Ostional and form a buffer zone (zona de amortiguamiento)”. Ergo, the Municipality of Nicoya cannot be satisfied with assuming a passive attitude by pointing out in a general and abstract manner that this is a complex problem being discussed in the criminal courts. This Chamber does not observe any legitimate argument that justifies the inaction of more than two years by the municipal authorities, and therefore the appeal is declared with merit (con lugar) so that they proceed to: 1) update the technical studies on the assets that are deemed public-domain (demaniales); and 2) exercise their competencies so that the corresponding internal procedures are managed and the necessary actions are filed both in the administrative and judicial spheres (as appropriate) to guarantee the protection of the public and environmental interest of the properties that are public-domain (demaniales), as well as the recovery (reivindicación) of these in cases where any irregularity in ownership is determined. Regarding SINAC, the amparo is dismissed since, according to the elements contributed to the file, no reproach of action or omission is observed that, within the scope of its competencies, can be attributed to it at this time with respect to the facts that are the subject of this appeal. V.- NOTE OF JUDGE CASTILLO VÍQUEZ.- The jurisprudence of this Court has been clear in the sense that it is not its responsibility to execute the agreements of public administrations. That said, in the Sub lite there is a particularity, because the omission of the executive body of the municipality could be affecting public-domain assets (bienes demaniales) and also the right to a healthy and ecologically balanced environment, hence it is appropriate to hear the merits and, upon verifying the omission, the logical consequence is that the amparo appeal be declared with merit. I do not ignore the doctrine that the relationship between the council and the mayor is not one of hierarchy, but of exclusion of competencies; however, in accordance with Article 17, subsection 4, of the Código Municipal, the latter, as the executive body of the corporation, is responsible for executing the agreements of the former, unless they voted against them, a fact that did not occur in this case. VI.- NOTE OF JUDGE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is the criterion of the undersigned that if the Public Administration has already intervened, I consider that its knowledge and resolution corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do hear the merits of the case when other fundamental rights are at stake, as is the case here, in which the appellant assures that the Municipality of Nicoya has not carried out the actions aimed at resolving the situation of the recovery of public domain assets. VII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that, if they have provided any document on paper or objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn within a maximum period of 30 working days, counted from the notification of this judgment. It is warned that all material not collected within that period will be destroyed, based on the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\" (approved by the Supreme Court in Article XXVI of session No. 27-11 of August 22, 2011, and published in the Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012) and in Article LXXXI of the session of the Superior Council of the Judiciary No. 43-12 of May 3, 2012. POR TANTO: By majority, the appeal is declared with merit, solely with respect to the Municipality of Nicoya. Consequently, Silvia Gutiérrez Oviedo, in her capacity as acting mayoress (alcaldesa a.i.), and Sandra María Muñoz Ruiz, in her capacity as council president, both of the Municipality of Nicoya, or whoever occupies those positions, are ordered to arrange whatever is necessary, coordinate what is pertinent, and carry out all actions within the scope of their competencies, so that, within a period of EIGHTEEN MONTHS, counted from the notification of this judgment, they proceed to: 1) define from a technical point of view the legal situation of the real estate properties that are deemed public-domain (demaniales) in official communications CCOP-050-2021, D-COM-0103-2021 and CTU 03-2023, as well as update the status in which they are found; and 2) file both in the administrative and judicial spheres (as appropriate) the necessary actions to guarantee the protection of the public and environmental interest of the assets whose public-domain nature (demanialidad) must be recognized, as well as the recovery (reivindicación) of these in cases where any irregularity regarding their ownership is determined. It is warned that in accordance with the provisions of Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and does not comply with it or enforce it, provided that the offense is not more severely punished. The Municipality of Nicoya is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of sentence of the contentious-administrative jurisdiction. As for the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, the appeal is declared without merit. Judge Castillo Víquez appends a note. Judge Salazar Alvarado records a note. Judge Garro Vargas dissents and declares the appeal without merit in all its aspects. Notifíquese. Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Exp. 25-011146-0007-CO Res. Nº 2025-025307 DISSENTING VOTE OF JUDGE GARRO VARGAS With the usual respect, I separate from the majority, dissent, and declare the appeal without merit based on the following: Allegations In the sub lite, the appellant states that for fifty-five years the Municipality of Nicoya has unrestrictedly authorized constructions, map approvals (visado de planos), and land uses to the detriment of public-domain assets (bienes demaniales). For this reason, on March 19, 2021, the Council of Nicoya unanimously agreed that the mayor should proceed administratively or judicially with the recovery (reivindicación) of the public-domain assets (bienes demaniales) within the “Proyecto Americano”. In that sense, it maintains that in 2020 a special commission was appointed, which determined that such areas exist. It adds that the Municipal Works Commission issued opinion D-COM-0103-2021 regarding the undelivered public-domain areas (áreas demaniales) of the “Proyecto Americano” in the district of Nosara and recommended the following to the council: “…request that the Municipal Administration take the necessary administrative or judicial measures in order to comply with what was agreed by the Municipal Council through agreement No. 012-039-2021 of January 26, with the purpose of reclaiming (reivindicar) on behalf of this Municipality the 80 hectares that are currently in the name of private parties, lands that must be public as indicated in Article 40 of the Ley de Planificación Urbana”. It argues that in 2021 the council forwarded the special commission’s opinion to the municipality’s Legal Management department; however, it alleges that there was no response at all. Given such omission, it says that on April 9, 2021, the council again requested the mayor to take administrative or judicial measures for the recovery (reivindicación) of the public-domain assets (bienes demaniales); nevertheless, it claims that no action has been taken. Proven Facts Although the judgment contains the list of proven facts, it is worth recalling that it was accredited that the Municipal Mayor’s Office of Nicoya received official communication CCOP-050-2021 of March 10, 2021, in which it was recorded that twenty-three maps were located “with the nature (naturaleza) of green zones (zonas verdes) or parks, as a result of a study that began in 2014”. Likewise, the Council of Nicoya, by agreement No. 18-046-2021 taken in ordinary session No. 46 held on Tuesday, March 16, 2021, ordered the following: “Municipal Agreement No. 018-046-2021: THE MUNICIPAL COUNCIL OF NICOYA UNANIMOUSLY APPROVES TRANSFERRING TO THE LEGAL MANAGEMENT DEPARTMENT OF THE MUNICIPALITY SO THAT IT ATTENDS AS APPROPRIATE AND WITHIN A PERIOD NOT EXCEEDING 10 WORKING DÍAZ (sic) TO WHAT IS SET FORTH IN OFFICIAL COMMUNICATION CCOP-050-2021 SIGNED BY ENG. JOSUÉ RUIZ GUERRERO COORDINATOR OF THE DEPARTMENT OF CONSTRUCTION CONTROL AND PUBLIC WORKS, AND ENG. BYRON ROSALES MORALES COORDINATOR OF THE DEPARTMENT OF MUNICIPAL CADASTRE, IN REFERENCE TO THE GREEN ZONES (ZONAS VERDES) OF THE PROYECTO AMERICANO LOCATED IN NOSARA, GIVEN THAT THEY RECOMMEND PROCEEDING THROUGH THE LEGAL DEPARTMENT OF THE MUNICIPALITY OF NICOYA TO ASSESS THE COURSE OF ACTION IN THE CASE FROM A LEGAL AND JURIDICO (sic) POINT OF VIEW, AND TO FOLLOW UP ON IT. NOTIFIQUESE (sic) FOR THE CORRESPONDING LEGAL AND ADMINISTRATIVE EFFECTS. DEFINITIVELY APPROVED WITH FINALITY”. Said agreement was notified to the Municipal Mayor’s Office of Nicoya on March 17, 2021, by email. It is recorded that said mayor’s office learned of the report of the Municipal Works Commission (opinion D-COM-0103-2021, session No. 3 of March 29, 2021) issued “with the purpose of reclaiming (reivindicar) on behalf of this Municipality the 80 hectares that are currently in the name of private parties, lands that must be public as indicated in 05-3 Article 40 of the Ley de Planificación Urbana”. Furthermore, through official communication No. DGJ-041-09-2021 of September 29, 2021, the Legal Management Directorate of the Municipality of Nicoya requested the case background from the Construction Control department; however, due to the lack of suitable documentation, the case was elevated to the Technical Urban Planning Commission, a collegiate body that incorporates the professionals responsible for the construction, territorial planning, urban planning, legal management, and cadastral areas. Finally, it was demonstrated that in report CTU 03-2023 of February 28, 2023, the Technical Urban Planning Commission recorded the following recommendations: RECOMMENDATIONS FIRST: Prior to requesting the Real Estate Registry to register the properties described in point 7 of this report, the Departments of Urban Planning, Construction and Environmental Control be commissioned to carry out an on-site inspection (inspección in situ) to determine the conditions of such lands, so that their suitability for some of the purposes established in section 40 cited can be technically determined, the real possibility that the Municipality might have to maintain them, ensure the desired use, and make a cost-benefit balance of registering these properties in its name. SECOND: Once the indicated report is received, determine whether the action before the RIM is appropriate or whether to instead agree with ACN on a joint plan for the administration and exploitation of such areas”. Considerations In the present matter, there is an element that cannot be overlooked, which is that, as recorded in the filing brief and the order accepting the case, what the appellant alleges is an omission on the part of the respondent mayor’s office in addressing what was ordered by the Council of Nicoya. Consequently, what is intended is to order the municipal mayor of Nicoya to execute agreement No. 18-046-2021 taken by the council in ordinary session No. 46 held on Tuesday, March 16, 2021, regarding the green zones (zonas verdes) of the “Proyecto Americano” located in Nosara, as well as what was ordered in the report of the Municipal Works Commission (opinion D-COM-0103-2021, session No. 3 of March 29, 2021) aimed at reclaiming on behalf of the municipality the eighty hectares that are currently in the name of private parties, and which indicates that such lands must be public. From a careful examination of the filing brief, it can be noted that the appellant does not explain in what sense said omission harms any fundamental right. Rather, it seems to come in defense of legality. However, invoking the principle iura novit curia, this Chamber could affirm that the issue affects the right to a healthy and ecologically balanced environment. In that line of thought, although I understand the seriousness of the facts denounced by the plaintiff, and the possible harmful consequences that this could be generating for the environmental protection of the canton of Nicoya, it cannot be ignored that this Constitutional Chamber does not have the competence to order the execution of municipal agreements. For example, in judgment 2021-5701 of 09:15 a.m. on March 19, 2021, it resolved: “V.- On the other hand, the petitioner alleges that in official communication No. DAUHTPCOSR-0409-2018 of December 12, 2018, the Tárcoles-Central Pacific-San Ramón Hydrological Unit of the Ministry of Environment and Energy granted the Municipality of Grecia a period of 8 working days to indicate whether the Municipal Market had a sanitary sewer system and, if so, to indicate the location coordinates of the treatment plant for those waters. On this matter, the respondent local government reported that there is currently a Master Plan for the Market called \"Project. REMODELACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL BAJO LOS PRINCIPIOS DEL DISEÑO SOSTENIBLE\" with maps, technical specifications, budget, and execution stages, the first two have already been executed with an investment of 100 million colones, pending the final stage of intervention of the mechanical installations, in process for its formulation and materialization. However, they emphasized that the Market administration has been accumulating a surplus for years to reach the required amount to be able to execute the last stage of the project and provide a definitive solution, and as of the date the report was submitted, they still do not have the entirety of the required amounts and that is why they have not started. In this regard, the Chamber notes that if the appellant considers that the respondent local government has omitted to comply with what was ordered by the Tárcoles-Central Pacific-San Ramón Hydrological Unit of the Ministry of Environment and Energy, this essentially constitutes a complaint that is not appropriate to be heard before this Jurisdiction, since the investigation and subsequent reprimand -if applicable- of a public authority that has not fulfilled the functions assigned to it by law itself, falls to other judicial (criminal) or administrative instances, so they must raise their disagreement before the Municipality of Grecia itself, or else, report the fact for breach of duties”. (Highlighting is not from the original). Similarly, in judgment 2025-4619 of 09:20 a.m. on February 14, 2025, it stated, in its core part, the following: “.- SUBJECT OF THE APPEAL. The appellant states that the Cantonal Road Board (Junta Vial Cantonal) does not broadcast its sessions live, despite the Municipal Council ordering them to do so. They consider the principle of publicity to be harmed. (...) III.- ON THE MERITS. On this matter, the Chamber notes that if the appellant considers that the Cantonal Road Board has omitted to comply with what was ordered by the Municipal Council in the referred agreement, this essentially constitutes a complaint that is not appropriate to be heard before this Jurisdiction, since the investigation and subsequent reprimand -if applicable- of a public authority that has not fulfilled the functions assigned to it by law itself, falls to other judicial (criminal) or administrative instances, so they must raise their disagreement before the Municipality of Los Chiles itself, or else, report the fact for breach of duties”. In addition to the above, I consider that the omission alleged by the appellant constitutes a complaint that is also not appropriate to be heard before this constitutional jurisdiction, because the investigation and subsequent reprimand –if applicable– of a public authority that has not fulfilled the functions assigned to it by law itself, falls to other judicial (criminal) or administrative instances, so they must raise their disagreement before the Municipality of Nicoya itself or report the fact for breach of duties. The Chamber has so indicated, as recorded in the precedents just transcribed. Furthermore, on this section, it should be noted that the acting mayoress of the Municipality of Nicoya underlined the following: “I have informal information indicating the possible existence of criminal cases against some persons related to such project, ignoring the status of such cases (…) This is a complex matter that is being discussed in the criminal courts and, if any disagreement exists, it must be resolved in the corresponding legal channels, not in the constitutional channel”. That is, the alleged omissions are already being heard in the criminal courts. Having said that, although I observe that in this appeal, this Court is not expressly ordering the respondent local government to execute the agreements in question, it is no less true that it is granting the petitioner's request that those agreements be executed. Note that the operative part orders to define from a technical point of view the legal situation of the real estate properties that are deemed public-domain (demaniales), update the status in which said assets are found, file both in the administrative and judicial spheres (as appropriate) the necessary actions to guarantee the protection of the public and environmental interest of the assets whose public-domain nature (demanialidad) must be recognized, and execute the recovery (reivindicación) of those assets in cases where any irregularity regarding their ownership is determined. However, I believe that all of this is appropriate to be heard and executed in the contentious-administrative jurisdiction, by virtue of the great complexity it entails. In effect, certainly the protection of the environment is an issue of constitutional relevance and, in principle, this Chamber is competent to hear violations against Article 50 of the Political Constitution. Indeed, in accordance with what was resolved in this case file, in reiterated jurisprudence it has indicated that municipalities have the obligation to guard over matters relating to environmental protection – for example, judgment 2007-017552 of 12:22 p.m. on November 30, 2007–. But that does not mean that every matter relating to a fundamental right – nor if it concerns the right to a healthy and ecologically balanced environment – is per se capable of being heard in a summary proceeding. This is even less the case when the knowledge of the alleged infractions and the execution of the orders would require the procedural integration of various institutions, for example: Procuraduría General de la República, Instituto Costarricense de Turismo, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, Instituto Geográfico Nacional, Contraloría General de la República, etc. What I maintain here – the appropriateness of this not being heard in this venue, through a summary proceeding like the amparo appeal – is even more protective of the intervening parties, because in the ordinary jurisdiction there would be a broader evidentiary phase and the possibility of making use of a robust precautionary justice system, which in this case could be especially useful. I have explained this line of voting on many occasions (for example, note to judgment 2022-9857, judgment 2022-17490, dissenting vote to 2023-11233). To this must be added that in the judgment execution stage, that jurisdiction has greater tools to appropriately supervise the order that has been issued, in accordance with art. 155 and following of the Code of Contentious-Administrative Procedure, which would have evident advantages, such as the possibility of requesting schedules, imposing fines, establishing responsibilities, supervising stages of compliance, etc. Conclusion In summary, although I am aware of the seriousness of the complaints regarding the alleged conduct on the part of the respondent municipality, I believe that in the instant case we are faced with an allegation about the failure to execute certain agreements of the Nicoya Council, and the very object underlying this dispute—both for its hearing and its execution—far exceeds what is proper for an amparo appeal. Furthermore, it is reported that there are already criminal investigations underway on this matter. Therefore, I consider that the appropriate course is for the various aspects to be processed and resolved in other fora with the celerity they merit and, even, with the possibility of requesting and applying interim measures—just as the appellant himself requires. In view of such reasoning, I dissent and declare the appeal without merit. Anamari Garro Vargas Magistrate 1 Exp. 25-011146-0007-CO Res. No. 2025-025307 Observations of the SALA CONSTITUCIONAL voted by ballot Classification prepared by the SALA CONSTITUCIONAL of the Judicial Branch. Its reproduction and/or distribution for profit is prohibited. It is a faithful copy of the original - Taken from the Nexus.PJ on: 08-05-2026 11:10:11. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República