Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Al respecto, cabe advertir que no le compete a esta Sala, en esta vía sumaria, determinar si se cumplen o no los requisitos infraconstitucionales para el otorgamiento de la disponibilidad pretendida, ni tampoco definir en concreto si, contrario al criterio del gobierno local, es posible validar el servicio a través de un pozo artesanal o algún otro mecanismo propuesto por el accionante. Tal aspecto constituye un diferendo de legalidad ordinaria que deberá ser ventilado en la vía común correspondiente. De tal manera, si el accionante no comparte el criterio de la autoridad recurrida relativo a la denegación de “visado de planos basados en pozos artesanales” y considera que la municipalidad accionada debe implementar alguna otra vía o solución para conceder la disponibilidad solicitada, deberá plantear los alegatos pertinentes ante las instancias administrativas o jurisdiccionales ordinarias, sedes en las que podrá discutir de forma amplia el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones.
English (translation)In this regard, it must be noted that it is not for this Chamber, in this summary proceeding, to determine whether or not the infra-constitutional requirements for granting the requested availability are met, nor to specifically define whether, contrary to the local government's opinion, it is possible to validate the service through an artesian well or any other mechanism proposed by the petitioner. That aspect constitutes a dispute of ordinary legality that must be aired in the appropriate ordinary channels. Therefore, if the petitioner disagrees with the respondent authority's criterion regarding the denial of “plan approval based on artesian wells” and believes that the respondent municipality must implement some other path or solution to grant the requested availability, he must raise the relevant arguments before the ordinary administrative or judicial bodies, venues where he may broadly discuss the merits of the matter and assert his claims.
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Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 27448 - 2025 Fecha de la Resolución: 29 de Agosto del 2025 a las 10:10 Expediente: 25-015505-0007-CO Redactado por: Jorge Isaac De Jesus Solano Aguilar Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Texto de la resolución Exp: 25-015505-0007-CO Res. Nº 2025027448 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas diez minutos del veintinueve de agosto de dos mil veinticinco . Recurso de amparo que se tramita en el expediente nro. 25-015505-0007-CO, interpuesto por Nombre69674 , cédula de identidad CED51766, a favor de Nombre69675 , cédula de identidad CED51767, contra la MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS. Resultando: 1.-Por escrito incorporado al expediente el 30 de mayo de 2025, el accionante interpone recurso de amparo. Manifiesta que el amparado gestionó ante el Ingeniero Topógrafo Lidier Villalobos Rodríguez, el levantamiento de cinco planos de fraccionamiento de su inmueble. Menciona que dichos planos se encuentran ingresados al sistema catastral el 21 de junio de 2024, bajo las citas 2024-50895-C, 2024-50897-C, 2024- 50898-C, 2024-50900-C y el 1 de julio de 2024 bajo las citas 2024-54141-C. Indica que en razón de la solicitud de visado municipal por parte del Catastro Nacional, su representado gestionó ante la Oficina de Catastro de la Municipalidad de San Carlos, los respectivos visados municipales de los planos referidos, para lo cual el procedimiento municipal es solicitar la existencia de la disponibilidad de agua en cada uno de los lotes a segregar. Afirma que, debido a que en la localidad donde están ubicados los lotes a segregar no existe acueducto municipal y la Asada de la Fortuna de San Carlos no cuenta con injerencia, esto en virtud de que no posee tuberías en la zona, su representado comunicó a la municipalidad recurrida sobre la existencia de una concesión de agua que posee en una de sus propiedades, que se encuentra contigua a los lotes a segregar. Agrega que el amparado gestionó tal solución con el fin de obtener el respectivo visado municipal. Sin embargo, acusa que la autoridad recurrida denegó su solución indicando que, según las nuevas directrices internas, las cartas de disponibilidad de agua ya no serían tramitadas ni resueltas por el funcionario Alberto Truman (que era el juez de aguas de la municipalidad) y que no tenían solución para ese conflicto. Alega que, a la fecha, la municipalidad no ha solucionado el problema; además, que en el presente año el amparado ha enviado múltiples correos electrónicos a la municipalidad recurrida a fin de tener información sobre lo gestionado, pero no ha obtenido respuesta. Solicita que se ordene a la municipalidad accionada resolver la situación y otorgar la disponibilidad de agua al tutelado. 2.- Mediante resolución de las 16:33 horas de 2 de julio de 2025, la Presidencia de la Sala le dio curso al proceso y le solicitó informe al alcalde, al presidente del Concejo y al director jurídico, todos de la Municipalidad de San Carlos. 3.- Por escrito incorporado al expediente el 10 de julio de 2025, Raquel Tatiana Marín Cerdas, presidenta del Concejo Municipal de San Carlos, informa: “Se hace constar que los hechos denunciados por el señor Nombre69674 , en favor del señor Nombre69675 , no han sido conocidos por este Concejo Municipal, toda vez que las gestiones referidas por el recurrente fueron tramitadas ante la Administración Municipal y no ante este Órgano Colegiado, al cual me corresponde presidir.”. 4.- Por escrito incorporado al expediente el 11 de julio de 2025, Pilar Porras Zúñiga y María Gabriela González Gutiérrez, por su orden, alcaldesa a. i. y directora del Departamento de Servicios Jurídicos, ambas de la Municipalidad de San Carlos, rinden informe. Citan el oficio nro. MSCAM-H-AT-CAT-301-2025, suscrito por el jefe del Departamento de Catastro y Censos de ese gobierno local. Agregan: “SEGUNDO. Al amparo de la normativa legal vigente y el informe rendido por parte del Ingeniero Topógrafo Andrés Castillo, con relación a los planos de agrimensura, el proceso de inscripción y vencimiento de la anotación correspondiente, es importante hacer la aclaración que dichos planos no corresponden a planos catastrados por cuanto los mismo no han sido inscritos al haber sido devuelta la gestión por parte de la Municipalidad de San Carlos, al no cumplir con los requisitos legales que establece la ley “ disponibilidad de agua” conforme lo establece la normativa legal vigente. Establece el artículo 82 del Reglamento General del Registro Inmobiliario, en cuanto a la vigencia de los asientos de la presentación de los planos de agrimensura cuyos defectos no hayan sido subsanados en el plazo de un año, contado a partir de su recibido, se considerarán caducos de conformidad con lo regulado en el artículo 468, inciso 5), del Código Civil. Así mismo señala textualmente la norma: “… Los aranceles utilizados en planos de agrimensura cuya presentación se solicita cancelar o aquellos a los que se le aplicó caducidad, podrán ser utilizados nuevamente siempre y cuando, se trate del mismo documento…” (lo subrayado no es del original) Es claro entonces que siendo que se cumpliera con el plazo del año que establece la ley con relación a los planos se encuentran ingresados al sistema catastral el 21 de junio de 2024, bajo las citas 2024-50895-C, 2024-50897-C, 2024-50898-C, 2024-50900-C y el 1 de julio de 2024 bajo las citas 2024-54141-C, y no habiéndose hecho constar afectación alguna para el recurrente la cancelación de la citas de presentación que se pudiera generar, se solventaría como lo establece la ley con la utilización de los mismo planos con una nueva presentación, sin que se genere con ello gasto adicional o afectación alguna reitero así demostrada en la gestión interpuesta por el recurrente ante ese honorable Tribunal. TERCERO. Continuando con el hecho de la cancelación del plazo de las presentaciones realizadas por el topógrafo responsable, contratado por el recurrente Ingeniero Lidier Villalobos Rodríguez, es parte de sus responsabilidades previas de carácter profesional, conforme lo establece el artículo 73 y 104 del mismo Reglamento General del Registro Inmobiliario, la verificación de una serie de requerimientos y condiciones técnicas necesarias para el levantamiento e inscripción del plano que se le estaría contratando, como lo son los servicios públicos, siendo una obligación profesional el actuar con responsabilidad y diligencia, lo que implica considerar todos los factores relevantes para el proyecto, incluyendo la disponibilidad de servicios básicos del terreno donde se habrá de contratar para el levantamiento topógrafo del mismo, no siendo de recibo con todo respeto para los suscritos, que la omisión realizada por el profesional contratado en cuanto a la verificación de la condición de la disponibilidad de agua o no, venga ahora a pretender delegar tal responsabilidad en esta corporación municipal, la cual como se habrá de demostrar con el presente informe y la prueba documental, su actuación ha sido diligente, responsable y apegada a derecho. CUARTO. La Municipalidad de San Carlos, como una entidad del Estado y sus personal funcionarios de la Administración Pública, entre muchas de sus obligaciones y responsabilidades legales, se encuentra el deber de actuación en apego al Principio de Legalidad, razón por la cual conforme a lo que establece la normativa legal vigente, el artículo 117 del Reglamento de Construcciones del Instituto de Vivienda y Urbanismo en cuanto a la disponibilidad de agua establece “…Toda edificación debe contar con disponibilidad de servicio de agua, por lo que el interesado debe tramitar el documento que lo compruebe…” y hace referencia a los siguientes: “(…) 1) Certificación de disponibilidad de servicios de agua potable: Otorgada por el AyA o el operador encargado de brindar el servicio. 2) Constancia de capacidad hídrica: Otorgada por el AYA, con respaldo técnico para casos donde exista disponibilidad de recursos, pero no exista infraestructura. 3) Carta de servicio de disponibilidad de agua o constancia de capacidad hídrica: Otorgada por la ASADA, inscrita como tal en el AyA. Para urbanizaciones, condominios y fraccionamientos, se debe adjuntar criterio técnico de la Dirección de Acueductos Rurales; de igual forma para aumentar la cantidad del número de fincas filiales, predios o unidades habitacionales para modificaciones a urbanizaciones, condominios, conjuntos residenciales y transformaciones. 4) Disponibilidad de agua o concesión de aprovechamiento de aguas para el abastecimiento por pozos, nacientes o manantiales: Otorgada por el Departamento de Aguas del MINAE; se deben aportar pruebas físico químicas y bacteriológicas de la calidad del agua, que demuestran la potabilidad de la misma. Las entidades competentes en verificar la anterior documentación, deben cumplir con los principios de coordinación institucional e interinstitucional…” Partiendo de lo establecido por la norma y señalado por el AyA, la emisión de cartas disponibilidad de agua es una potestad según la norma transcrita que corresponde únicamente a los entes autorizados Acueductos y Alcantarillados; las ASADAS; las municipalidades; y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, incisos 1,2 y 3 articulo 117 supracitado, dejando fuera de todo contexto la figura del Juez de Aguas o Juez Cantonal de Aguas, funcionario que según el Decreto N° 26624- MINAE, Nombramiento de Inspectores de Aguas del MINAE, a quien conforme lo establece el artículo 1, le corresponde conocer y resolver en forma sumaria y preventiva los conflictos o situaciones que se presenten en sus áreas de competencia con ocasión de la utilización del recurso hídrico y sus causes, es importante señalar que la Ley de Aguas de igual manera contempla la figura del Inspector Cantonal de Aguas, y a través del artículo 198 determina que será responsabilidad de dicha figura será: “… a) Formar, con el auxilio de las demás autoridades y escuelas, un censo de los aprovechamientos de aguas privadas y públicas determinando los ríos, arroyos o acequias, así como los nombres de los propietarios de fincas servidos por esas fuentes de abastecimiento, e indicando si éstos tienen o no concesión, de lo cual deben dar cuenta al Ministerio del Ambiente y Energía; (…)” Siendo en resumen claro, conforme lo señala la normativa legal vigente, que la figura del Juez de Aguas no se encuentra autorizado para emitir ningún tipo de disponibilidad de agua, conforme lo dispuso la Municipalidad de San Carlos. En fecha 23 de setiembre del 2024, mediante circular MSCAM-H-AT-CAT-458-2024 el Ingeniero Topógrafo Andrés Castillo Leitón, Jefe del Departamento de Catastro y Censos, emite criterio técnico dirigido a “Usuarios y contribuyentes de trámites municipales, catálogo de trámites Catastro y Censos” lo siguiente: “… En cumplimiento del articulo 13 del Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones, se establece, que, para la aprobación de nuevos fraccionamientos y la emisión de permisos de construcción, es indispensable presentar la constancia de disponibilidad de servicios. Este documento deberá ser obtenido del operador de servicios correspondientes y debe demostrar la viabilidad del recurso hídrico para todos los lotes del fraccionamiento. Esta directriz deja sin efecto comunicación MSCAM-H-AT-CAT-334-2024, emitida previamente y relacionada con la constancia de disponibilidad de servicios en el contexto de fraccionamientos…” El requisito de la disponibilidad de agua y la improcedencia de que sea emitida por parte del juez de aguas viene a ser ratificada por parte del Licenciado Juan Carlos Camacho mediante el oficio MSCAM-SJ-0084-2025 del 22 de enero del 2025. QUINTO. Mediante oficio MSCAM-SJ-0162-2025 emitido por la Licenciada Ma. Gabriela González Gutiérrez, con fundamento en los oficios MSCAM-SJ-0747-2024 Licda. Julia Latino Obregon, y MSCAM-SJ-0084-2025 del Lic. Juan Carlos Camacho Arroyo. Mediante oficio MSCAM-0960-2025 del 14 de mayo del presente año, el alcalde Municipal Juan Diego Gonzalez Picado solicita a la Licda. Ma. Gabriela González Gutiérrez, el análisis y criterio jurídico del oficio MSCAM-GA-0026-2025 rendido por la Msc. Mirna Sabillon García, jefe del departamento de Gestión Ambiental, a través del cual nuevamente solicita la reconsideración de la figura del inspector cantonal de agua y la disponibilidad de agua mediante el abastecimiento artesanal, siendo a partir de ese momento que la Licda. González Gutiérrez, solicita en el mes de marzo a los departamentos de Desarrollo y Control Urbano, así como al Departamento de Catastro y Censos los respectivos criterios técnicos en relación a la situación que se ha venido presentando en cuanto a la intervención del Juez Cantonal de Aguas, las cartas de disponibilidad de agua y la situación especial de aquellos terrenos que disponen del servicio de agua potable a través de los pozos artesanales. SEXTO. El Departamento de Control Urbano, Arquitecto Erwin Castillo Arauz mediante oficio MSCAM-DCU-196-2025 del 04 de junio del presente año, responde el informe solicitado señalando de manera puntual “… la carta de disponibilidad de agua no es un requisito de este departamento para otorgar permisos de construcción. Así pues, cuando los proyectos ingresan a solicitud de revisión municipal, estos ya vienen revisados y autorizados por CFIA y Ministerio de Salud y este departamento procede a revisar los que le compete…” siendo importante destacar que este si es un requisito que verifica el mismo CFIA al momento de ingresar la solicitud del permiso de construcción, según lo expuesto por el Arquitecto Castillo Arauz. En cuanto al informe rendido por parte del Ingeniero Topógrafo Andres Castillo jefe del Departamento de Catastro y Censos de la Municipalidad de San Carlos, rendido el día 06 de junio del 2025, dicho informe es claro al concluir para el caso de los visados municipales y el requisito de servicios públicos, en este caso particular la disponibilidad de agua (…) En cuanto al requerimiento de la disponibilidad de agua, como un requisito necesario para el visado municipal de planos, conforme lo establece la normativa legal vigente expuesto por el Ingeniero Topógrafo Andres Castillo mediante oficio MSCAM-H-AT-CAT-219-2025 donde de manera clara y precisa cita y expone lo establecido por las diferentes leyes que tutelan el tema de aguas y urbanístico a nivel nacional, aplica el bien conocido principio de que “Nadie puede alegar ignorancia de la ley”, y es aquí donde viene a resulta contrario a derecho y al deber ético del ejercicio de la profesión pretender justificar una omisión de previsión y revisión conjugando con el deber de conocer la normativa vigente que afecta el ejercicio de su profesión, con la intervención y participación dentro del proceso de visado de planos por esta Municipalidad y el incumplimiento de la norma y lo peor la existencia de vacíos legales y de aplicación que finalmente como lo señala el mismo Topógrafo Andres Castillo, pueden ser subsanado a través de la implementación de Planes Reguladores. Es más que evidente que la actuación de la Municipalidad de San Carlos y de la Licda. Ma. Gabriela González Gutiérrez como director del departamento de Servicios Jurídicos, dentro del ámbito de sus competencias a realizado las actuaciones requeridas en tiempo y forma, en completo apego al Principio de Legalidad tanto en el tema del Juez Cantonal de Aguas y su imposibilidad para rendir las cartas o certificaciones de disponibilidad de agua necesarias para lo concernientes al tramite de visado de planos catastrados, y con ello también en cuanto al otorgamiento de visado de planos catastrales para fraccionamientos, conforme a la normativa legal vigente emitida por las entidades responsables, sobre las cuales esta corporación municipal no podría actuar contrario a derechos o por encima de sus directrices y reglamentos. Pretender culpar e incluso hacer responsable a la Municipalidad de San Carlos o cualquier otro funcionario por la imprevisión o la ignorancia de la ley al momento de ejercer la profesión, respecto al levantamiento de los planos de agrimensura y que estos fueran rechazados por incumplir con los requisitos y condiciones legales, vendría a establecer un precedente contrario a derecho y violatorio del Principio de Legalidad, por cuanto reiteramos, esta corporación municipal, no ha hecho otra cosa que actuar en apego a la normativa legal vigente y al Principio de Legalidad. 5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales. Redacta el Magistrado Solano Aguilar; y, Considerando: I.-OBJETO DEL RECURSO. El recurrente manifiesta que el amparado gestionó ante el Ingeniero Topógrafo Lidier Villalobos Rodríguez, el levantamiento de cinco planos de fraccionamiento de su inmueble. Menciona que dichos planos se encuentran ingresados al sistema catastral el 21 de junio de 2024, bajo las citas 2024-50895-C, 2024-50897-C, 2024- 50898-C, 2024-50900-C y el 1 de julio de 2024 bajo las citas 2024-54141-C. Indica que en razón de la solicitud de visado municipal por parte del Catastro Nacional, su representado gestionó ante la Oficina de Catastro de la Municipalidad de San Carlos, los respectivos visados municipales de los planos referidos, para lo cual el procedimiento municipal es solicitar la existencia de la disponibilidad de agua en cada uno de los lotes a segregar. Afirma que, debido a que en la localidad donde están ubicados los lotes a segregar no existe acueducto municipal y la Asada de la Fortuna de San Carlos no cuenta con injerencia, esto en virtud de que no posee tuberías en la zona, su representado comunicó a la municipalidad recurrida sobre la existencia de una concesión de agua que posee en una de sus propiedades, que se encuentra contigua a los lotes a segregar. Agrega que el amparado gestionó tal solución con el fin de obtener el respectivo visado municipal. Sin embargo, acusa que la autoridad recurrida denegó su solución indicando que, según las nuevas directrices internas, las cartas de disponibilidad de agua ya no serían tramitadas ni resueltas por el funcionario Alberto Truman (que era el juez de aguas de la municipalidad) y que no tenían solución para ese conflicto. Alega que, a la fecha, la municipalidad no ha solucionado el problema; además, que en el presente año el amparado ha enviado múltiples correos electrónicos a la municipalidad recurrida a fin de tener información sobre lo gestionado, pero no ha obtenido respuesta. Solicita que se ordene a la municipalidad accionada resolver la situación y otorgar la disponibilidad de agua al tutelado. II.-HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial: a) En fecha indeterminada, pero en el año 2024, el tutelado realizó una solicitud de visado ante la municipalidad recurrida, de planos referentes al fraccionamiento que efectuó en su inmueble. (Hecho incontrovertido). b) En la zona en la que se encuentran los lotes que se pretenden segregar no existe acueducto municipal, ni tampoco infraestructura de la Asada de la Fortuna de San Carlos. (Hecho incontrovertido). c) En fecha indeterminada, el amparado le indicó a la municipalidad recurrida que existe una “concesión de Agua que posee en una de sus propiedades que se encuentra contigua a los lotes a segregar”, por lo que solicitó que se aprobara tal solución para obtener el visado. (Hecho incontrovertido). d) La solicitud de visado fue rechazada por la autoridad recurrida, pues se consignó que: “Se rechaza visado. Basado en documento DA-1952-2022 de Dirección de Aguas, Ministerio de Ambiente y Energía “no se puede homologar que un pozo artesanal sea el equivalente a una carta de disponibilidad de agua”. (Prueba documental). e) Mediante el oficio nro. MSCAM-H-AT-CAT-219-2025 de 6 de junio de 2025, el Departamento de Catastro y Censos de la municipalidad accionada consignó: “Se recomienda enfáticamente incorporar en el nuevo Plan Regulador Cantonal una sección específica que regule el "fraccionamiento mediante agua de pozo artesanal", basada en un análisis técnico profundo y diseñada para equilibrar desarrollo y protección del recurso hídrico. 6.2. Adopción de Procedimientos Internos Transitorios en la Municipalidad Mientras se aprueba el Plan Regulador, la Municipalidad debe adoptar procedimientos internos transitorios (directriz o manual): • Para Fraccionamientos: Mantener la denegación del visado de planos basados en pozos artesanales, según RFU y directrices MINAE/AyA, hasta que entre en vigor la nueva figura en el Plan Regulador o algún criterio por parte de la entidad competente.”. (Prueba documental). f) En las fechas de 20, 24 y 31 de marzo, 8 de abril, así como 5, 8, 12 y 19 de mayo (todos de 2025); quien se identifica como “Nombre69676 ”, desde la cuenta ...2691”, remitió distintos correos electrónicos a la municipalidad accionada bajo el asunto “consulta trámite disponibilidad de agua” y “ayuda disponibilidad de agua sobre concesión agua”. (Prueba documental). III.- HECHO NO PROBADO. De importancia para la decisión de este asunto, se estima como no demostrado que la municipalidad haya omitido atender alguna gestión formulada directamente, o a nombre del tutelado. IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, el recurrente manifiesta que el amparado gestionó ante el Ingeniero Topógrafo Lidier Villalobos Rodríguez, el levantamiento de cinco planos de fraccionamiento de su inmueble. Menciona que dichos planos se encuentran ingresados al sistema catastral el 21 de junio de 2024, bajo las citas 2024-50895-C, 2024-50897-C, 2024- 50898-C, 2024-50900-C y el 1 de julio de 2024 bajo las citas 2024-54141-C. Indica que en razón de la solicitud de visado municipal por parte del Catastro Nacional, su representado gestionó ante la Oficina de Catastro de la Municipalidad de San Carlos, los respectivos visados municipales de los planos referidos, para lo cual el procedimiento municipal es solicitar la existencia de la disponibilidad de agua en cada uno de los lotes a segregar. Afirma que, debido a que en la localidad donde están ubicados los lotes a segregar no existe acueducto municipal y la Asada de la Fortuna de San Carlos no cuenta con injerencia, esto en virtud de que no posee tuberías en la zona, su representado comunicó a la municipalidad recurrida sobre la existencia de una concesión de agua que posee en una de sus propiedades, que se encuentra contigua a los lotes a segregar. Agrega que el amparado gestionó tal solución con el fin de obtener el respectivo visado municipal. Sin embargo, acusa que la autoridad recurrida denegó su solución indicando que, según las nuevas directrices internas, las cartas de disponibilidad de agua ya no serían tramitadas ni resueltas por el funcionario Alberto Truman (que era el juez de aguas de la municipalidad) y que no tenían solución para ese conflicto. Alega que, a la fecha, la municipalidad no ha solucionado el problema; además, que en el presente año el amparado ha enviado múltiples correos electrónicos a la municipalidad recurrida a fin de tener información sobre lo gestionado, pero no ha obtenido respuesta. Solicita que se ordene a la municipalidad accionada resolver la situación y otorgar la disponibilidad de agua al tutelado. Del estudio de los autos se tiene por demostrado, que, en fecha indeterminada, pero en el año 2024, el tutelado realizó una solicitud de visado ante la municipalidad recurrida, de planos referentes al fraccionamiento que efectuó en su inmueble. En la zona en la que se encuentran los lotes que se pretenden segregar no existe acueducto municipal, ni tampoco infraestructura de la Asada de la Fortuna de San Carlos. En fecha indeterminada, el amparado le indicó a la municipalidad recurrida que existe una “concesión de Agua que posee en una de sus propiedades que se encuentra contigua a los lotes a segregar”, por lo que solicitó que se aprobara tal solución para obtener el visado. La solicitud de visado fue rechazada por la autoridad recurrida, pues se consignó que: “Se rechaza visado. Basado en documento DA-1952-2022 de Dirección de Aguas, Ministerio de Ambiente y Energía “no se puede homologar que un pozo artesanal sea el equivalente a una carta de disponibilidad de agua”. Mediante el oficio nro. MSCAM-H-AT-CAT-219-2025 de 6 de junio de 2025, el Departamento de Catastro y Censos de la municipalidad accionada consignó: “Se recomienda enfáticamente incorporar en el nuevo Plan Regulador Cantonal una sección específica que regule el "fraccionamiento mediante agua de pozo artesanal", basada en un análisis técnico profundo y diseñada para equilibrar desarrollo y protección del recurso hídrico. 6.2. Adopción de Procedimientos Internos Transitorios en la Municipalidad Mientras se aprueba el Plan Regulador, la Municipalidad debe adoptar procedimientos internos transitorios (directriz o manual): • Para Fraccionamientos: Mantener la denegación del visado de planos basados en pozos artesanales, según RFU y directrices MINAE/AyA, hasta que entre en vigor la nueva figura en el Plan Regulador o algún criterio por parte de la entidad competente.”. En las fechas de 20, 24 y 31 de marzo, 8 de abril, así como 5, 8, 12 y 19 de mayo (todos de 2025); quien se identifica como “Nombre69676 ”, desde la cuenta ...2691”, remitió distintos correos electrónicos a la municipalidad accionada bajo el asunto “consulta trámite disponibilidad de agua” y “ayuda disponibilidad de agua sobre concesión agua”. Desde este panorama, a priori se descarta alguna situación que en este momento amerite la intervención de esta jurisdicción constitucional. Sobre el particular, cabe señalar que, en reiteradas ocasiones, esta Sala ha dispuesto que el carácter de derecho fundamental al agua potable no implica un acceso irrestricto a tal servicio público, por cuanto pueden presentarse imposibilidades técnicas o incumplimiento de requisitos infraconstitucionales con base en los cuales la Administración, válidamente, puede denegar el servicio. En este contexto, conviene citar lo resuelto por la Sala en la sentencia nro. 2018-12838 de las 9:30 horas del 10 de agosto de 2018, donde se indicó lo siguiente: “IV.- Sobre el caso concreto. En el sub lite, la recurrente estima lesionado su derecho fundamental de acceso al agua potable. Indica que es propietaria, junto con su esposo, del inmueble matrícula folio real Placa1055° del Partido de San José, plano catastrado N° SJ-1843630-2015. Señala que mediante gestión realizada por su esposo ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, se solicitó la disponibilidad de agua para el terreno citado; empero, por medio del oficio N° UNDGAM-0583-2018-1803 del 21 de febrero de 2018, el instituto recurrido denegó la petición, bajo el argumento que no existe disponibilidad. (…) En el sector indicado por la recurrente, la infraestructura de agua potable existente frente a la propiedad no tiene capacidad suficiente para abastecer el inmueble. La producción de agua potable que existe actualmente y abastece la infraestructura que se ubica frente a la propiedad no tiene capacidad suficiente para abastecer el inmueble. La población en la zona ha ido aumentando y ello ha generado mucha demanda que ha provocado que, en la actualidad, el sistema que abastece el sector sea insuficiente. La situación se ve agravada por la elevación topográfica de la zona, las limitadas fuentes de captación en el sector y la falta de control catastral en la zona por parte de la municipalidad competente. Así las cosas, lo correspondiente es declarar sin lugar el recurso de amparo. Este Tribunal Constitucional ha indicado en reiteradas sentencias sobre el tema que el suministro de agua potable es considerado dentro del ordenamiento jurídico costarricense como un servicio público, y que como tal, todo prestador de servicios públicos -sea sujeto público o sujeto privado- está obligado a prestar el servicio de forma continua, eficiente, en condiciones de igualdad y debiendo adaptarse a los cambios tecnológicos (véase Sentencia N° 2001-09676 y N° 2004-08161). Resulta claro entonces concluir que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al ser uno de los entes estatales encargados de la prestación del servicio público de agua potable, está obligado también a prestar este servicio de forma continua, adaptable, eficiente y por igual a todos los habitantes. Ahora bien, también la jurisprudencia de este Tribunal ha indicado que, frente a la imposibilidad jurídica (que es la falta de cumplimiento de requisitos establecidos en la reglamentación respectiva) o frente a la imposibilidad formal (que es la falta de una red de distribución de aguas), es razonable no atender las solicitudes de servicio o solicitar que el interesado asuma los costos de instalación cuando no exista red de distribución de agua potable y se necesite la construcción de infraestructura. Así, en estos casos se ha tenido claro que no es que se trate de una negativa al acceso al servicio de agua potable, sino de la imposibilidad para brindarlo o de la necesaria participación del interesado en el levantamiento de una imposibilidad técnica, cual es, la falta de infraestructura. En otras palabras, siempre que la falta de dotación del servicio de agua potable no sea una actuación antojadiza, arbitraria o sin fundamento, sino que esté justificada en la imposibilidad jurídica o material no estamos frente a la violación de derechos fundamentales. (…) es posible denegar el suministro de agua potable cuando se determina la existente de una imposibilidad jurídica y/o formal técnica, como ocurre en la especie, de modo que no se estarían infringiendo los derechos fundamentales de la parte promovente. Si la recurrente lo que se encuentra es disconforme con la negatoria en sí, y con los motivos que la sustentan, ello corresponde a un extremo de legalidad que no puede ser ventilado en esta vía.”. Así las cosas, en el sub iudice se observa que la inconformidad del accionante radica en la denegatoria de la autoridad accionada para otorgar la disponibilidad el servicio de agua (y el consecuente visado al fraccionamiento efectuado en su inmueble). En ese tanto, como apunta el propio accionante, en la zona no existe infraestructura municipal (acueducto municipal), ni de la Asada de la Fortuna de San Carlos, por lo que, concretamente, lo pretendido es que la municipalidad recurrida valide la disponibilidad a través de “una concesión de Agua que posee en una de sus propiedades que se encuentra contigua a los lotes a segregar”, lo cual no ha sido aceptado por el gobierno local. Al respecto, cabe advertir que no le compete a esta Sala, en esta vía sumaria, determinar si se cumplen o no los requisitos infraconstitucionales para el otorgamiento de la disponibilidad pretendida, ni tampoco definir en concreto si, contrario al criterio del gobierno local, es posible validar el servicio a través de un pozo artesanal o algún otro mecanismo propuesto por el accionante. Tal aspecto constituye un diferendo de legalidad ordinaria que deberá ser ventilado en la vía común correspondiente. De tal manera, si el accionante no comparte el criterio de la autoridad recurrida relativo a la denegación de “visado de planos basados en pozos artesanales” y considera que la municipalidad accionada debe implementar alguna otra vía o solución para conceder la disponibilidad solicitada, deberá plantear los alegatos pertinentes ante las instancias administrativas o jurisdiccionales ordinarias, sedes en las que podrá discutir de forma amplia el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. Por otra parte, si bien el accionante señala que la autoridad recurrida no ha atendido gestiones remitidas por correo electrónico, no menos cierto es que no se observa que alguna de estas comunicaciones que aporta a los autos hayan sido formuladas por el tutelado, ni a su nombre. En ese tanto, lo que se agregan son correos electrónicos remitidos a la municipalidad por parte de “Nombre69676 ” y del correo ...2691, sin que de tales comunicaciones pueda desprenderse de manera clara y explícita que se trata de gestiones formuladas a favor del amparado de este proceso. De tal manera, prima facie esta Sala descarta alguna situación lesiva de los derechos fundamentales del tutelado Nombre69675 . Ergo, se declara sin lugar el recurso. V.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel u objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados en un plazo máximo de 30 días hábiles, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo material que no sea recogido dentro de ese lapso, con base en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial" (aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 de 22 de agosto de 2011 y publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012) y en el artículo LXXXI de la sesión del Consejo Superior del Poder Judicial nro. 43-12 de 3 de mayo de 2012. Por tanto: Se declara sin lugar el recurso. Nombre137 V. Presidente Nombre9290 . Nombre138 . Nombre139 V. Nombre5268 . Hubert Fernández A. Jorge Isaac Solano A. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- H3ILYF1NEU861 EXPEDIENTE N° 25-015505-0007-CO Teléfonos: Telf46 / (). Fax: Telf47 / Telf48. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección12 , Dirección13 , 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:09:47. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Small Normal Large Constitutional Chamber Resolution No. 27448 - 2025 Date of Resolution: August 29, 2025 at 10:10 Case File: 25-015505-0007-CO Drafted by: Jorge Isaac De Jesus Solano Aguilar Type of matter: Amparo remedy Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER Resolution text Exp: 25-015505-0007-CO Res. No. 2025027448 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at ten hours ten minutes on August twenty-ninth, two thousand twenty-five. Amparo remedy processed under case file no. 25-015505-0007-CO, filed by Nombre69674 , identity card CED51766, on behalf of Nombre69675 , identity card CED51767, against the MUNICIPALITY OF SAN CARLOS. Whereas: 1.- By writing incorporated into the case file on May 30, 2025, the claimant filed an amparo remedy. He states that the protected party arranged with the Topographer Engineer Lidier Villalobos Rodríguez for the survey of five subdivision (fraccionamiento) plans for his property. He mentions that said plans were entered into the cadastral system on June 21, 2024, under citations 2024-50895-C, 2024-50897-C, 2024-50898-C, 2024-50900-C and on July 1, 2024, under citations 2024-54141-C. He indicates that due to the municipal approval (visado municipal) request by the National Cadastre, his represented party managed the respective municipal approvals of the referenced plans before the Cadastre Office of the Municipality of San Carlos, for which the municipal procedure is to request evidence of water availability (disponibilidad de agua) on each of the lots to be segregated. He affirms that, because in the locality where the lots to be segregated are located there is no municipal aqueduct and the ASADA of La Fortuna de San Carlos has no jurisdiction, by virtue of having no pipelines in the area, his represented party informed the respondent municipality of the existence of a water concession he holds on one of his properties, which is adjacent to the lots to be segregated. He adds that the protected party sought this solution in order to obtain the respective municipal approval. However, he accuses that the respondent authority denied his solution, indicating that, according to new internal guidelines, letters of water availability (cartas de disponibilidad de agua) would no longer be processed or decided by the official Alberto Truman (who was the water judge of the municipality) and that they had no solution for that conflict. He alleges that, to date, the municipality has not resolved the problem; furthermore, that this year the protected party has sent multiple emails to the respondent municipality in order to obtain information on what was processed, but has received no response. He requests that the respondent municipality be ordered to resolve the situation and grant water availability to the protected party. 2.- By resolution at 4:33 p.m. on July 2, 2025, the Presidency of the Chamber admitted the process and requested a report from the mayor, the president of the Council, and the legal director, all of the Municipality of San Carlos. 3.- By writing incorporated into the case file on July 10, 2025, Raquel Tatiana Marín Cerdas, president of the Municipal Council of San Carlos, reports: "It is hereby stated that the facts denounced by Mr. Nombre69674 , on behalf of Mr. Nombre69675 , have not been known by this Municipal Council, since the procedures referred to by the claimant were processed before the Municipal Administration and not before this Collegiate Body, which I have the honor to preside over.". 4.- By writing incorporated into the case file on July 11, 2025, Pilar Porras Zúñiga and María Gabriela González Gutiérrez, in their order, acting mayor and director of the Department of Legal Services, both of the Municipality of San Carlos, rendered a report. They cite official letter no. MSCAM-H-AT-CAT-301-2025, signed by the head of the Department of Cadastre and Censuses of that local government. They add: "SECOND. Under the protection of the current legal regulations and the report rendered by the Topographer Engineer Andrés Castillo, regarding the survey plans, the process of registration and expiration of the corresponding annotation, it is important to clarify that said plans do not correspond to filed cadastral plans since they have not been registered, as the application was returned by the Municipality of San Carlos, for failing to comply with the legal requirements established by law, 'water availability' as established by current legal regulations. Article 82 of the General Regulation of the Real Property Registry, regarding the validity of the registration entries for the presentation of survey plans whose defects have not been corrected within a period of one year, counted from their receipt, shall be considered expired in accordance with the provisions of article 468, subsection 5), of the Civil Code. Likewise, the norm textually states: '… The fees used for survey plans whose presentation is requested to be canceled or those to which expiration was applied, may be used again provided that it is the same document…' (the underlining is not from the original). It is clear then that if the one-year term established by law regarding the plans were met, they were entered into the cadastral system on June 21, 2024, under citations 2024-50895-C, 2024-50897-C, 2024-50898-C, 2024-50900-C and on July 1, 2024, under citations 2024-54141-C, and no affectation for the claimant having been noted regarding the cancellation of the presentation citations that may arise, this would be resolved as established by law by using the same plans with a new presentation, without generating any additional cost or affectation, I reiterate, thus demonstrated in the proceeding filed by the claimant before this honorable Court. THIRD. Continuing with the matter of the expiration of the term of the presentations made by the responsible topographer, hired by the claimant, Engineer Lidier Villalobos Rodríguez, it is part of his prior professional responsibilities, as established by articles 73 and 104 of the same General Regulation of the Real Property Registry, to verify a series of technical requirements and conditions necessary for the survey and registration of the plan he was hired to perform, such as public services, being a professional obligation to act with responsibility and diligence, which implies considering all the relevant factors for the project, including the availability of basic services on the land for which his topographical survey was to be contracted, and it is not receivable, with all due respect to the undersigned, that the omission made by the contracted professional regarding the verification of the condition of water availability or lack thereof, should now come to attempt to delegate such responsibility to this municipal corporation, which, as shall be demonstrated with this report and documentary evidence, has acted diligently, responsibly, and in accordance with the law. FOURTH. The Municipality of San Carlos, as an entity of the State and its personnel, officials of the Public Administration, among many of its obligations and legal responsibilities, has the duty to act in adherence to the Principle of Legality, for which reason, in accordance with what is established by current legal regulations, article 117 of the Construction Regulation of the Institute of Housing and Urbanism regarding water availability establishes '…All buildings must have water service availability, so the interested party must process the document that proves it…' and refers to the following: '(…) 1) Certification of potable water service availability: Granted by the AyA or the operator in charge of providing the service. 2) Certificate of water capacity: Granted by the AYA, with technical backing for cases where resource availability exists but no infrastructure. 3) Letter of water availability service or certificate of water capacity: Granted by the ASADA, registered as such with the AyA. For urbanizations, condominiums, and subdivisions, a technical opinion from the Directorate of Rural Aqueducts must be attached; likewise to increase the number of subsidiary properties, lots, or housing units for modifications to urbanizations, condominiums, residential complexes, and transformations. 4) Water availability or water use concession for supply by wells, springs, or waterholes: Granted by the Water Department of MINAE; physical-chemical and bacteriological tests of water quality must be provided, demonstrating its potability. The competent entities in verifying the foregoing documentation must comply with the principles of institutional and inter-institutional coordination…' Based on what is established by the norm and indicated by the AyA, the issuance of letters of water availability is a power, according to the transcribed norm, that corresponds solely to the authorized entities: Acueductos y Alcantarillados; the ASADAs; the municipalities; and the Empresa de Servicios Públicos de Heredia, subsections 1, 2, and 3 of the aforementioned article 117, leaving completely outside any context the figure of the Water Judge or Cantonal Water Judge, an official who, according to Decreto N° 26624-MINAE, Appointment of Water Inspectors of MINAE, to whom, as established by article 1, corresponds the authority to hear and resolve, in a summary and preventive manner, the conflicts or situations that arise in their areas of competence regarding the use of water resources and their channels. It is important to point out that the Ley de Aguas equally contemplates the figure of the Cantonal Water Inspector, and through article 198 determines that the responsibility of said figure shall be: '… a) To form, with the assistance of other authorities and schools, a census of the uses of private and public waters, determining the rivers, streams, or ditches, as well as the names of the owners of farms served by those supply sources, and indicating whether or not they have a concession, of which they must report to the Ministerio del Ambiente y Energía; (…)' Being clearly summarized, as stated by current legal norms, that the figure of the Water Judge is not authorized to issue any type of water availability, as ordered by the Municipality of San Carlos. On September 23, 2024, by circular MSCAM-H-AT-CAT-458-2024, the Topographer Engineer Andrés Castillo Leitón, Head of the Department of Cadastre and Censuses, issued a technical opinion addressed to 'Users and contributors of municipal procedures, catalog of Cadastre and Censuses procedures' as follows: '… In compliance with article 13 of the Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones, it is established that to approve new subdivisions and issue construction permits, it is essential to present proof of service availability. This document must be obtained from the corresponding service operator and must demonstrate the viability of the water resource for all the lots in the subdivision. This directive renders void communication MSCAM-H-AT-CAT-334-2024, previously issued and related to the proof of service availability in the context of subdivisions…' The requirement of water availability and the impropriety of it being issued by the water judge is ratified by Licenciado Juan Carlos Camacho through official letter MSCAM-SJ-0084-2025 of January 22, 2025. FIFTH. By official letter MSCAM-SJ-0162-2025 issued by Licenciada Ma. Gabriela González Gutiérrez, based on official letters MSCAM-SJ-0747-2024 by Licda. Julia Latino Obregon, and MSCAM-SJ-0084-2025 by Lic. Juan Carlos Camacho Arroyo. By official letter MSCAM-0960-2025 of May 14 of this year, the Municipal Mayor Juan Diego Gonzalez Picado requests from Licda. Ma. Gabriela González Gutiérrez, the analysis and legal opinion of the official letter MSCAM-GA-0026-2025 rendered by Msc. Mirna Sabillon García, head of the Department of Environmental Management, through which she again requests the reconsideration of the figure of the cantonal water inspector and water availability through artisanal supply. It is from that moment that Licda. González Gutiérrez requests, in March, from the departments of Development and Urban Control, as well as from the Department of Cadastre and Censuses, the respective technical opinions in relation to the situation that has been occurring regarding the intervention of the Cantonal Water Judge, the letters of water availability, and the special situation of those lands that have potable water service through artisanal wells. SIXTH. The Department of Urban Control, Architect Erwin Castillo Arauz, by official letter MSCAM-DCU-196-2025 of June 4 of this year, responds to the requested report stating punctually '… the letter of water availability is not a requirement of this department to grant construction permits. Thus, when projects enter for municipal review, they are already reviewed and authorized by the CFIA and Ministry of Health, and this department proceeds to review what pertains to it…' It is important to highlight that this is indeed a requirement that the CFIA itself verifies at the time of filing the construction permit application, as stated by Architect Castillo Arauz. Regarding the report rendered by the Topographer Engineer Andres Castillo, head of the Department of Cadastre and Censuses of the Municipality of San Carlos, rendered on June 6, 2025, said report is clear in concluding for the case of municipal approvals and the requirement of public services, in this particular case water availability (…) Regarding the requirement of water availability, as a necessary requisite for municipal plan approval, as established by current legal regulations exposed by the Topographer Engineer Andres Castillo through official letter MSCAM-H-AT-CAT-219-2025, where he clearly and precisely cites and exposes what is established by the different laws that govern water and urban issues at the national level, the well-known principle applies that 'No one may plead ignorance of the law'. It is here where it becomes contrary to law and the ethical duty of the exercise of the profession to try to justify an omission of foresight and review, combining the duty to know the current regulations that affect the exercise of the profession, with the intervention and participation within the plan approval process by this Municipality, and the non-compliance with the norm and worse, the existence of legal and application gaps that finally, as stated by the same Topógrafo Andres Castillo, can be corrected through the implementation of Regulatory Plans. It is more than evident that the conduct of the Municipality of San Carlos and of Licda. Ma. Gabriela González Gutiérrez as director of the department of Legal Services, within the scope of their competencies, has carried out the required actions in a timely manner, in complete accordance with the Principle of Legality, both on the matter of the Cantonal Water Judge and his impossibility to render the letters or certifications of water availability necessary for procedures concerning the approval of filed cadastral plans, and thereby also regarding the granting of approval for cadastral plans for subdivisions, in accordance with the current legal regulations issued by the responsible entities, over which this municipal corporation could not act contrary to rights or above their directives and regulations. Attempting to blame and even hold the Municipality of San Carlos or any other official responsible for the lack of foresight or ignorance of the law at the time of exercising the profession, regarding the survey of the cadastral plans and that these were rejected for failing to meet the legal requirements and conditions, would establish a precedent contrary to law and violating the Principle of Legality, as we reiterate, this municipal corporation has done nothing but act in accordance with current legal regulations and the Principle of Legality. 5.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed. Drafted by Magistrate Solano Aguilar; and, Considering: I.- PURPOSE OF THE REMEDY. The claimant states that the protected party arranged with Topographer Engineer Lidier Villalobos Rodríguez for the survey of five subdivision (fraccionamiento) plans for his property. He mentions that said plans were entered into the cadastral system on June 21, 2024, under citations 2024-50895-C, 2024-50897-C, 2024-50898-C, 2024-50900-C and on July 1, 2024, under citations 2024-54141-C. He indicates that due to the municipal approval (visado municipal) request by the National Cadastre, his represented party managed the respective municipal approvals of the referenced plans before the Cadastre Office of the Municipality of San Carlos, for which the municipal procedure is to request evidence of water availability (disponibilidad de agua) on each of the lots to be segregated. He affirms that, because in the locality where the lots to be segregated are located there is no municipal aqueduct and the ASADA of La Fortuna de San Carlos has no jurisdiction, by virtue of having no pipelines in the area, his represented party informed the respondent municipality of the existence of a water concession he holds on one of his properties, which is adjacent to the lots to be segregated. He adds that the protected party sought this solution in order to obtain the respective municipal approval. However, he accuses that the respondent authority denied his solution, indicating that, according to new internal guidelines, letters of water availability (cartas de disponibilidad de agua) would no longer be processed or decided by the official Alberto Truman (who was the water judge of the municipality) and that they had no solution for that conflict. He alleges that, to date, the municipality has not resolved the problem; furthermore, that this year the protected party has sent multiple emails to the respondent municipality in order to obtain information on what was processed, but has received no response. He requests that the respondent municipality be ordered to resolve the situation and grant water availability to the protected party. II.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent authority has omitted to refer to them, as provided in the initial ruling: a) On an undetermined date, but in the year 2024, the protected party made an approval request before the respondent municipality, for plans relating to the subdivision (fraccionamiento) he carried out on his property. (Uncontroverted fact). b) In the area where the lots intended to be segregated are located, there is no municipal aqueduct, nor infrastructure of the ASADA of La Fortuna de San Carlos. (Uncontroverted fact). c) On an undetermined date, the protected party indicated to the respondent municipality that there is a "Water Concession that he holds on one of his properties that is adjacent to the lots to be segregated", for which reason he requested that such solution be approved to obtain the approval. (Uncontroverted fact). d) The approval request was rejected by the respondent authority, as it was recorded that: "Approval rejected. Based on document DA-1952-2022 of the Water Directorate, Ministerio de Ambiente y Energía, 'it cannot be made equivalent that an artisanal well is the same as a letter of water availability'." (Documentary evidence). e) By official letter no. MSCAM-H-AT-CAT-219-2025 of June 6, 2025, the Department of Cadastre and Censuses of the respondent municipality recorded: "It is emphatically recommended to incorporate into the new Cantonal Regulatory Plan a specific section that regulates 'subdivision by artisanal well water', based on a deep technical analysis and designed to balance development and protection of the water resource. 6.2. Adoption of Transitory Internal Procedures in the Municipality While the Regulatory Plan is approved, the Municipality must adopt transitory internal procedures (directive or manual): • For Subdivisions: Maintain the denial of plan approval based on artisanal wells, according to RFU and MINAE/AyA directives, until the new figure in the Regulatory Plan or some criterion from the competent entity comes into force." (Documentary evidence). f) On the dates of March 20, 24, and 31, April 8, as well as May 5, 8, 12, and 19 (all of 2025); a person identifying as "Nombre69676 ", from the account "...2691", sent various emails to the respondent municipality under the subject heading "inquiry procedure water availability" and "help water availability regarding water concession". (Documentary evidence). III.- UNPROVEN FACT. Of importance for the decision of this matter, it is deemed unproven that the municipality has failed to attend to any procedure filed directly by, or on behalf of, the protected party. IV.- ON THE SPECIFIC CASE. In the sub lite, the claimant states that the protected party arranged with Topographer Engineer Lidier Villalobos Rodríguez for the survey of five subdivision (fraccionamiento) plans for his property. He mentions that said plans were entered into the cadastral system on June 21, 2024, under citations 2024-50895-C, 2024-50897-C, 2024-50898-C, 2024-50900-C and on July 1, 2024, under citations 2024-54141-C. He indicates that due to the municipal approval (visado municipal) request by the National Cadastre, his represented party managed the respective municipal approvals of the referenced plans before the Cadastre Office of the Municipality of San Carlos, for which the municipal procedure is to request evidence of water availability (disponibilidad de agua) on each of the lots to be segregated. He affirms that, because in the locality where the lots to be segregated are located there is no municipal aqueduct and the ASADA of La Fortuna de San Carlos has no jurisdiction, by virtue of having no pipelines in the area, his represented party informed the respondent municipality of the existence of a water concession he holds on one of his properties, which is adjacent to the lots to be segregated. He adds that the protected party sought this solution in order to obtain the respective municipal approval. However, he accuses that the respondent authority denied his solution, indicating that, according to new internal guidelines, letters of water availability (cartas de disponibilidad de agua) would no longer be processed or decided by the official Alberto Truman (who was the water judge of the municipality) and that they had no solution for that conflict. He alleges that, to date, the municipality has not resolved the problem; furthermore, that this year the protected party has sent multiple emails to the respondent municipality in order to obtain information on what was processed, but has received no response. He requests that the respondent municipality be ordered to resolve the situation and grant water availability to the protected party. From the study of the case file records, it is proven that, on an undetermined date, but in the year 2024, the protected party made an approval request before the respondent municipality, for plans relating to the subdivision (fraccionamiento) he carried out on his property. In the area where the lots intended to be segregated are located, there is no municipal aqueduct, nor infrastructure of the ASADA of La Fortuna de San Carlos. On an undetermined date, the protected party indicated to the respondent municipality that there is a "Water Concession that he holds on one of his properties that is adjacent to the lots to be segregated", for which reason he requested that such solution be approved to obtain the approval. The approval request was rejected by the respondent authority, as it was recorded that: "Approval rejected. Based on document DA-1952-2022 of the Water Directorate, Ministerio de Ambiente y Energía, 'it cannot be made equivalent that an artisanal well is the same as a letter of water availability'." By official letter no. MSCAM-H-AT-CAT-219-2025 of June 6, 2025, the Department of Cadastre and Censuses of the respondent municipality recorded: "It is emphatically recommended to incorporate into the new Cantonal Regulatory Plan a specific section that regulates 'subdivision by artisanal well water', based on a deep technical analysis and designed to balance development and protection of the water resource. 6.2. Adoption of Transitory Internal Procedures in the Municipality While the Regulatory Plan is approved, the Municipality must adopt transitory internal procedures (directive or manual): • For Subdivisions: Maintain the denial of plan approval based on artisanal wells, according to RFU and MINAE/AyA directives, until the new figure in the Regulatory Plan or some criterion from the competent entity comes into force." On the dates of March 20, 24, and 31, April 8, as well as May 5, 8, 12, and 19 (all of 2025); a person identifying as "Nombre69676 ", from the account "...2691", sent various emails to the respondent municipality under the subject heading "inquiry procedure water availability" and "help water availability regarding water concession". From this panorama, any situation that at this time merits the intervention of this constitutional jurisdiction is a priori ruled out. On the matter, it is worth noting that, on repeated occasions, this Chamber has held that the character of a fundamental right to potable water does not imply unrestricted access to such public service, as technical impossibilities or non-compliance with infra-constitutional requirements may arise based on which the Administration can, validly, deny the service. In this context, it is appropriate to cite what was resolved by the Chamber in judgment no. 2018-12838 of 9:30 a.m. on August 10, 2018, where the following was indicated: "IV.- On the specific case. In the sub lite, the claimant considers her fundamental right of access to potable water to be harmed. She indicates that she is the owner, together with her spouse, of the property with real estate folio registration number Placa1055° of the Party of San José, filed cadastral plan No. SJ-1843630-2015. She points out that through a procedure carried out by her spouse before the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, water availability was requested for the cited land; however, through official letter No. UNDGAM-0583-2018-1803 of February 21, 2018, the respondent institute denied the request, under the argument that there is no availability. (...) In the sector indicated by the claimant, the existing potable water infrastructure in front of the property does not have sufficient capacity to supply the property. The potable water production that currently exists and supplies the infrastructure located in front of the property does not have sufficient capacity to supply the property. The population in the area has been increasing, and this has generated high demand that has meant that, at present, the system that supplies the sector is insufficient. The situation is aggravated by the topographical elevation of the area, the limited catchment sources in the sector, and the lack of cadastral control in the area by the competent municipality. This being the case, the appropriate course is to dismiss the amparo remedy. This Constitutional Court has indicated in repeated judgments on the subject that the supply of potable water is considered within the Costa Rican legal system as a public service, and that as such, every public service provider - whether a public subject or a private subject - is obliged to provide the service continuously, efficiently, under conditions of equality, and must adapt to technological changes (see Judgment No. 2001-09676 and No. 2004-08161). It is then clearly concluded that the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, being one of the state entities responsible for the provision of the public service of potable water, is also obliged to provide this service continuously, adaptably, efficiently, and equally to all inhabitants. Nevertheless, the jurisprudence of this Court has also indicated that, in the face of legal impossibility (which is the lack of compliance with requirements established in the respective regulations) or in the face of formal impossibility (which is the lack of a water distribution network), it is reasonable not to attend to requests for service or to request that the interested party assume the installation costs when no potable water distribution network exists and the construction of infrastructure is needed. Thus, in these cases it has been clear that it is not a denial of access to potable water service, but rather the impossibility of providing it or the necessary participation of the interested party in overcoming a technical impossibility, which is, the lack of infrastructure." In other words, whenever the failure to provide potable water service is not a capricious, arbitrary, or unfounded act but is justified by legal or material impossibility, we are not facing a violation of fundamental rights. (…) it is possible to deny the supply of potable water when an existing legal and/or formal technical impossibility is determined, as occurs in this case, such that the fundamental rights of the moving party would not be infringed. If the appellant is merely in disagreement with the denial itself and with the reasons supporting it, that corresponds to a matter of legality that cannot be aired in this venue.”. Thus, in the sub iudice matter, it is observed that the claimant’s disagreement lies in the respondent authority’s denial to grant water service availability (and the consequent approval of the subdivision carried out on his property). In that regard, as the claimant himself points out, there is no municipal infrastructure (municipal aqueduct) in the area, nor from the Asada of La Fortuna de San Carlos, so that, specifically, what is sought is for the respondent municipality to validate availability through “a water concession that he holds on one of his properties adjacent to the lots to be segregated,” which has not been accepted by the local government. In this regard, it should be noted that it is not for this Chamber, in this summary proceeding, to determine whether or not the infra-constitutional requirements for granting the sought availability are met, nor to define specifically whether, contrary to the local government’s criteria, it is possible to validate the service through an artisanal well or some other mechanism proposed by the claimant. That aspect constitutes an ordinary legality dispute that must be aired in the corresponding ordinary venue. Thus, if the claimant does not share the respondent authority’s criterion regarding the denial of “approval of plans based on artisanal wells” and considers that the respondent municipality must implement some other avenue or solution to grant the requested availability, he must raise the pertinent arguments before the ordinary administrative or jurisdictional instances, venues where he may broadly discuss the merits of the matter and assert his claims. Furthermore, while the claimant indicates that the respondent authority has not addressed requests sent by email, it is no less true that it is not observed that any of these communications submitted to the record were made by the protected party, or in his name. In that regard, what are added are emails sent to the municipality by “Nombre69676” and from the email …2691, without it being possible to deduce clearly and explicitly from those communications that they are requests made on behalf of the petitioner in this proceeding. Accordingly, prima facie, this Chamber dismisses any situation injurious to the fundamental rights of the protected party Nombre69675. Ergo, the recourse is declared without merit. V.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are cautioned that, should they have provided any paper document, objects, or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn within a maximum period of 30 business days, counted from the notification of this judgment. It is warned that all material not collected within that timeframe will be destroyed, pursuant to the “Regulation on the Electronic Case File before the Judicial Branch” (approved by the Full Court in article XXVI of session no. 27-11 of August 22, 2011 and published in Judicial Bulletin no. 19 of January 26, 2012) and article LXXXI of the session of the Superior Council of the Judicial Branch no. 43-12 of May 3, 2012. Therefore: The recourse is declared without merit. Nombre137 V. President Nombre9290 . Nombre138 . Nombre139 V. Nombre5268 . Hubert Fernández A. Jorge Isaac Solano A. Digitally Signed Document -- Verification code -- H3ILYF1NEU861 CASE FILE N° 25-015505-0007-CO Telephones: Telf46 / (). Fax: Telf47 / Telf48. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección12 , Dirección13 , 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 11:09:47. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República