Res. 27464-2025 Sala Constitucional — Amparo on water pipe destruction and SETENA omissionAmparo por corte de tubería de agua y omisión de SETENA

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Sala Constitucional

Resolución Nº 27464 - 2025

Fecha de la Resolución: 29 de Agosto del 2025 a las 10:10

Expediente: 25-017924-0007-CO

Redactado por: Jorge Isaac De Jesus Solano Aguilar

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Texto de la resolución

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Exp: 25-017924-0007-CO

Res. Nº 2025027464

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas diez minutos del veintinueve de agosto de dos mil veinticinco .

 

Recurso de amparo que se tramita en el expediente nro. 25-017924-0007 CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], a favor de [Nombre 002], cédula de identidad [Valor 002]; [Nombre 003], cédula de identidad [Valor 003], [Nombre 004], cédula de identidad [Valor 004]; [Nombre 005], cédula de identidad [Valor 005]; [Nombre 006], cédula de identidad [Valor 006]; [Nombre 007], cédula de identidad [Valor 007]; [Nombre 008], cédula de identidad [Valor 008]; [Nombre 009], cédula de identidad [Valor 009]; [Nombre 010], cédula de identidad [Valor 010]; [Nombre 011], cédula de identidad [Valor 011]; [Nombre 012], cédula de identidad [Valor 012]; [Nombre 013], cédula de identidad [Valor 013]; [Nombre 014], cédula de identidad [Valor 014]; [Nombre 015], cédula de identidad [Valor 015], cédula de identidad [Valor 016]; [Nombre 016], [Nombre 017], todos es una persona menor de edad y [Nombre 018], cédula de identidad [Valor 017]; [Nombre 019], cédula de identidad [Valor 018]; [Nombre 020], cédula de identidad [Valor 019]; [Nombre 021], cédula de identidad [Valor 020]; [Nombre 022], cédula de identidad [Valor 021] y [Nombre 023], cédula de identidad [Valor 022], todas personas adultas mayores; contra MARIO FERNANDO GONZÁLEZ ROTHE Y LA SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA).

 

Resultando:

 

1.-Por escrito incorporado al expediente el 20 de junio de 2025, los accionantes interponen recurso de amparo. Manifiestan que son un grupo de 14 familias que desde hace aproximadamente 20 años, se abastecen del servicio de agua potable para uso doméstico proveniente de una naciente, ubicada en la coordenada proyección CRTM05 Latitud 1150487, Longitud 479993, que se encuentra dentro de la finca inscrita en el Partido de Alajuela bajo el Folio Real 94315 y plano catastrado A-912042-2004, a nombre de Mario Fernando González Rothe, quien permitió ese uso en calidad de derecho precario conforme a la autorización otorgada originalmente por el anterior dueño, el señor Ramón Brenes Solano, cédula 6-0077-0570. Que esa finca se encuentra actualmente sujeta a una demanda ejecutiva hipotecaria bajo las Citas 800-36225701-0001-001, lo que genera un clima de incertidumbre entre las familias sobre el futuro acceso a la fuente de abastecimiento, dado el desconocimiento del resultado del proceso judicial en curso. Que el 19 de junio de 2025 el señor Mario Fernando González Rothe, acompañado por oficiales de policía, se apersonaron al lugar y procedieron a cortar el suministro de agua para todas las familias, mediante la destrucción de las tuberías que conducían el líquido hasta las viviendas. Que dentro de las 14 familias se encuentran las personas menores de edad y adultas mayores amparadas.

2.- Mediante resolución de las 7:22 horas de 26 de junio de 2025, la Presidencia de la Sala le previno a los accionantes indicar “• Si ha planteado de manera formal y por escrito alguna gestión a efecto de denunciar ante las autoridades correspondientes la situación que expone en el memorial de interposición de este recurso en relación con la corta del servicio de agua, o la problemática con el pozo de abastecimiento; • De ser afirmativa su respuesta, deberá aportar copia completa, legible de la denuncia que formuló, con el respectivo comprobante de recibido o de remisión de correo electrónico; • De haber recibido alguna resolución, deberá indicar claramente cuál fue el resultado obtenido y aportar la documentación generada con ocasión de tales diligencias; • Si esa denuncia se encuentran pendiente de resolución a la fecha de interposición de este recurso, también deberá indicarlo expresamente a esta Sala; • Igualmente si no ha planteado por escrito y de manera formal su denuncia, así deberá aclararlo. • además deberá aportar la DIRECCIÓN EXACTA del sujeto de derecho privado aquí recurrido Mario Fernando González Rothe, ello para efectos de notificación.”.

3.- Por escrito incorporado al expediente el 30 de junio de 2025, la accionante [Nombre 001] aporta la documentación requerida.

4.- Mediante resolución de las 14:21 horas de 3 de julio de 2025, la Presidencia de la Sala le dio curso al proceso. Asimismo, le dio traslado a Mario Fernando González Rothe y le solicitó informe al secretario nacional Ambiental, en relación con los siguientes hechos: “que son un grupo de 14 familias que desde hace aproximadamente 20 años, se abastecen del servicio de agua potable para uso doméstico proveniente de una naciente, ubicada en la coordenada proyección CRTM05 Latitud 1150487, Longitud 479993, que se encuentra dentro de la finca inscrita en el Partido de Alajuela bajo el Folio Real 94315 y plano catastrado A-912042-2004, a nombre de Mario Fernando González Rothe, quien permitió ese uso en calidad de derecho precario conforme a la autorización otorgada originalmente por el anterior dueño, el señor Ramón Brenes Solano, cédula 6-0077-0570. Que esa finca se encuentra actualmente sujeta a una demanda ejecutiva hipotecaria bajo las Citas 800-36225701-0001-001, lo que genera un clima de incertidumbre entre las familias sobre el futuro acceso a la fuente de abastecimiento, dado el desconocimiento del resultado del proceso judicial en curso. Que el 19 de junio de 2025 el señor Mario Fernando González Rothe, acompañado por oficiales de policía, se apersonaron al lugar y procedieron a cortar el suministro de agua para todas las familias, mediante la destrucción de las tuberías que conducían el líquido hasta las viviendas. Que dentro de las 14 familias se encuentran las personas menores de edad y adultas mayores amparadas. Agrega que no han planteado ninguna gestión en relación con la corta de agua ante ninguna autoridad, debido que el pequeño acueducto es administrado los propios vecinos beneficiados con el servicio de agua. Quienes le dan mantenimiento y de ser necesario recolectan dinero para las reparaciones urgentes, sin que participe ninguna institución pública, ni privada. Agrega que se inició el proceso de solicitud de creación de una sociedad de usuarios de agua ante el SETENA, la cual se planteó el 30-05-2025 para que SETENA emitiera criterio sobre requerimiento del trámite D1 para obtener viabilidad ambiental para una solicitud de concesión para el aprovechamiento de agua ante la Dirección de Agua, pero no han obtenido respuesta alguna. Posterior a esa respuesta continuará la solicitud ante la Dirección de Aguas.”.

5.- Por escrito incorporado al expediente el 14 de julio de 2025, Andrés Cortés Orozco, secretario general de Setena, informa: “Respecto al trámite de información solicitado se tiene que mediante portal de correspondencia número de secuencia 5207-2025, con fecha 02 de junio a las 11:57:29, ingresó la referida solicitud de información firmado por Miguel Ángel Zamora Araya (…) A dicha gestión se le dio respuesta por medio del oficio SG- SETENA-DT-EducA-0315-2025, de fecha 02 de junio del 2025, y notificada el día 06 de junio del 2025, al correo, [email protected] , que fue el correo electrónico que se incluyó en el portal de correspondencia como el principal para recibo de notificaciones y al cual el departamento Educación Ambiental, procedió notificar (…) Ahora bien, en el escrito en el cual se solicita la información se aportaron otros dos correos electrónicos, [email protected] el cual se estableció como correo alternativo en el portal de correspondencia por el usuario que subió la solicitud y el correo [email protected]. En este caso, siendo que si bien es cierto la SETENA procedió a responder la solicitud de información, y notificar al correo indicado en el portal de correspondencia, como medio principal, al parecer la información no le llegó al solicitante, razón por la cual se procedió a realizar un renvió de la respuesta a los demás correos aportados según de demuestra en la siguiente imagen el día 11 de julio del 2025 (…) En este caso se estima que la SETENA, actuó de buena fe, realizando la referida respuesta, y notificándola al correo aportado por el usuario a la hora de ingresar la gestión en los plazos legales establecidos, por lo que, desde esta Secretaría, se ha actuado de conformidad a sus competencias y en respeto del debido proceso en materia administrativa.”.

6.- Por escrito incorporado al expediente el 17 de julio de 2025, Mario Fernando González Rothe contesta audiencia en los siguientes términos: “(…) Yerra totalmente la recurrente en afirmar que es un servicio de agua potable para uso doméstico, lo cual claramente se indica en informe técnico adjunto MS-DRRSCN-DARSG-IT-2643-2024 que: “se desconoce la calidad de agua de estas ya que no existen análisis de laboratorio que garanticen su potabilidad para consumo humano.”, y mucho menos que exista tal y como lo indica la recurrente: “…autorización de uso como derecho precario” lo cual se rechaza en razón de que no existe ningún tipo de prueba que lo respalde, lo cierto del caso es que las familias vecinas del suscrito poseen acceso al agua POTABLE por medio de la ASADA DE SANTA RITA DE RIO CUARTO, por lo que desde ya se solicita que se envíe ATENTO OFICIO a dicha ASADA, con el fin de que indique a cuales de las personas que se mencionan en el presente recurso (…) son susceptibles de que se les otorgue el servicio, se encuentran en trámite o se les otorga el servicio de agua y/o son abonados de dicha ASADA, ya que a contrario sensu el suscrito por medio de mi hijo Jose Ignacio González León ha tenido que denunciar por Usurpación y la toma ilegal de agua la naciente que se encuentra en mi finca, denuncia que consta bajo el expediente 25-1400-065-PE (…) presentada el 16 de Junio de 2025, es decir PREVIO a la interposición y previo a la notificación del presente recurso de amparo (…) Asimismo, no me consta ni es obligación del suscrito si en antecedente existiese autorización o no de ingreso a la finca por parte de dueños anteriores lo cierto del caso es que mediante solicitud de denuncia 2017-2024 en expediente de trámite 1777-R-C-D-F-D se realizó denuncia ante el MINISTERIO DE SALUD, de tomas ilegales de agua para consumo en finca privada y bajo el informe técnico MS-DRRSCN.DARSG-IT-2643-2024, se indicó que: “Desconocemos si estas nacientes se encuentran a derecho con permisos y concesiones para el aprovechamiento declaraciones o sociedades de usuarios para el aprovechamiento respectivo de las aguas públicas emitido por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) por lo que se recomendó hacer del conocimiento de ese informe Técnico a la Dirección Nacional de Aguas del MINAE y a la Gestión de AyA y Asada Santa Rita de Río Cuarto” (…) TERCERO: Se rechaza de manera enfática que la recurrente presente hechos que da por ciertos sin realizar una previa investigación, lo cierto del caso es que el suscrito junto con mi hijo Ignacio González León Páez, hemos operado de buena fe y bajo tanto es así que también se realizó consulta a SETENA (…) el día 19 de junio del 2025 ingresé a mi propiedad NO PARA CORTAR EL SUMINISTRO, si no (sic) para verificar la usurpación que fue denunciada por el peón cuidador de la finca, asimismo, es cierto que solicité apoyo policial en razón de que temí por mi vida, en razón de amenazas que he recibido de vecino y dado que tengo derecho a protección de ayuda policía publica (sic) dado que soy un adulto mayor de 71 años (…)”.

7.- Por escrito incorporado al expediente el 25 de agosto de 2025, la accionante [Nombre 001] plantea pronto despacho y solicita que se resuelva el recurso.

8.- En los procedimientos se han observado los términos y prescripciones de ley.

 Redacta el Magistrado Solano Aguilar; y,

Considerando:

 

I.- Sobre la admisibilidad del recurso de amparo contra sujeto de derecho privado. La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en su artículo 57, estipula bajo qué supuestos es admisible el amparo contra las acciones u omisiones de sujetos de derecho privado, y señala que resulta admisible este tipo de demanda cuando éstos actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas, o, se encuentren, de hecho o de derecho, en una posición de poder frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes resulten claramente insuficientes  o  tardíos  para  garantizar  los  derechos  o  libertades fundamentales a que se refiere el artículo 2° inciso a) de la misma Ley. En el caso concreto, se cumplen esos presupuestos, pues se acusa que el recurrido está en una posición de poder respecto a la parte recurrente.

II.- Objeto del Recurso. La accionante afirma que son un grupo de 14 familias que desde hace aproximadamente 20 años se abastecen de agua potable para uso doméstico a través de una naciente, ubicada dentro de la finca inscrita en el Partido de Alajuela bajo el folio real 94315 y plano catastrado A-912042-2004, a nombre de Mario Fernando González Rothe, quien permitió ese uso en calidad de derecho precario conforme a la autorización otorgada originalmente por el anterior dueño. Alega que el 19 de junio de 2025, el señor Mario Fernando González Rothe, acompañado por oficiales de policía, se apersonó al lugar y cortó el suministro de agua para todas las familias, mediante la destrucción de las tuberías que conducían el líquido hasta las viviendas. Agrega que no han planteado ninguna gestión en relación con el servicio agua ante ninguna autoridad, debido que el pequeño acueducto es administrado por los propios vecinos beneficiados, quienes le dan mantenimiento y de ser necesario recolectan dinero para las reparaciones urgentes, sin que participe ninguna institución pública, ni privada. Agrega que se inició el proceso de solicitud de creación de una sociedad de usuarios de agua ante el Setena, la cual se planteó el 30 de mayo de 2025, para que Setena emitiera criterio sobre el requerimiento para obtener viabilidad ambiental para una solicitud de concesión para el aprovechamiento de agua ante la Dirección de Aguas, pero no han obtenido respuesta alguna.

III.-Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:

En cuanto a Setena:

a)     El 30 de mayo de 2025, el señor Miguel Zamora Araya, formuló una gestión ante Setena, en la que indicó: “siendo de vital importancia contar con la concesión de agua otorgada por al Dirección de Agua; por lo que, para el trámite de solicitud de la concesión es necesario contar con la correspondiente viabilidad ambiental o en su defecto el criterio de SETENA sobre el NO requerimiento de dicho trámite de acuerdo y exclusivamente a las condiciones antes expuestas (…)”. Para recibir notificaciones se indicó el correo electrónico [email protected]. (Prueba documental).

b)    Mediante el oficio nro. SETENA-DT-EducA-0315-2025 de 2 de junio de 2025, Setena señaló: “En respuesta a su petición remitida a esta Secretaría, me complace indicarle que, nuestra Institución, tiene la función de evaluar y otorgar licencias ambientales cuando el cumplimiento cabal con los procesos establecidos así lo determinen; tal y como lo dispone en primer lugar, el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente promulgada en el año 1995 y su posterior reglamentación a partir del año 2004. Es decir, cumplir dicho proceso, es requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos nuevos en este país. Por consiguiente, un primer paso al respecto, debe ser, determinar la necesidad del requerimiento según los procedimientos y el instrumento apropiado, en concordancia con lo dispuesto en el Reglamento General de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Que desde el punto de vista técnico de la nueva normativa Decreto N° 43898-MINAE-S-MOPTMAG-MEIC Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, considera la evolución y transformación en cuanto a los procesos de evaluación de impacto ambiental que se han determinado a nivel mundial y del país, donde existen nuevas variables ambientales a contemplar dentro de los procesos de EIA, hacia políticas basadas en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, y con nueva tecnología disponible, estableciéndose requisitos de carácter técnico y legal, propios y específicos de los procesos de EIA, delimitando las competencias institucionales, y concordantes al momento en que se aplica la EIA para la formalización de una actividad, obra o proyecto en Costa Rica, generando seguridad jurídica y disminución de plazos de revisión en total apego a la Ley Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos N° 8220 del 4 de marzo del 2002 y sus reformas. Que, en aras de la seguridad jurídica, se determina el instrumento de evaluación ambiental de acuerdo con el resultado de la Significancia de Impacto Ambiental (SIA), estableciendo una ruta clara que defina el instrumento de evaluación ambiental, para los diferentes sectores proponentes (…) El Decreto N°43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC Reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental, señala lo siguiente para este tipo de proyecto: “Artículo 2.- Viabilidad (Licencia) Ambiental (VLA). Todas las actividades, obras o proyectos nuevos, requieren una Viabilidad (Licencia) Ambiental (VLA), dicho otorgamiento estará sujeto al cumplimiento de la aprobación del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental.” Por lo tanto, y de acuerdo a la información suministrada en la consulta, se tiene que, el aprovechamiento de agua superficial no se trata de actividad nueva, cuya continuidad operativa técnica y legal dependa del cumplimiento con el proceso de la EIA por parte de la SETENA. En el Decreto N° 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC se establece: “Artículo 3.- Actividades, obras o proyectos que por su naturaleza no requieren Evaluación de Impacto Ambiental ante la SETENA. Las actividades, obras o proyectos de muy bajo impacto ambiental potencial, indicados en este artículo, no deberán tramitar ante la SETENA una Evaluación de Impacto Ambiental. Sin embargo, estarán sujetas a los controles ambientales establecidos por las Municipalidades, el Ministerio de Salud (MINSA), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y otras entidades con competencias legales; así como con lo establecido en el Código de Buenas Prácticas Ambientales, Decreto Ejecutivo N° 32079 del 14 de setiembre de 2004, o con cualquier mecanismo voluntario para mejorar el desempeño ambiental: Las actividades en operación que requieran renovar sus permisos ante otras autoridades de la administración pública, como el Ministerio de Salud (MINSA), el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) y las Municipalidades o cualquier otra autoridad de la administración pública.” Lo anterior, siempre y cuando, las pretensiones para efectuar los trámites no cumplidos ante otras entidades y con ello alcanzar el estatus de legalidad que debe poseer, mantenga como línea base las características ambientales bajo las cuales viene operando; lo cual, representa un supuesto estado de equilibrio actual del espacio o medio involucrado, que no va requerir nuevas intervenciones. Pues obviamente se trata de un sistema de autoabastecimiento hídrico con obras civiles básicas de captación y conducción; como también, otros factores de potenciales impactos al medio, específicos de estos proyectos que, por ejemplo, involucran área de proyecto y de influencia, caudales, usos, etc. Adicionalmente, debe indicarse que, esta disposición no representa exoneración del requerimiento por parte de la SETENA, pues no está dentro de las potestades de la Institución una decisión de tal naturaleza. También, debe considerarse que, en cuanto a proyectos o actividades en operación como es en este caso, la ausencia de VLA desde que se empezó a utilizar el agua, en sí misma no es indicador del incumplimiento de la normativa ambiental. Además, está dispuesto que, para la renovación de trámites en otras entidades -sin variación de las condiciones bajo las que ha estado operando- no se puede tramitar la Viabilidad (Licencia) Ambiental. ● Ahora bien, le corresponde al ente competente verificar la información, que el usuario brinda y la ubicación de la extracción del agua, si es zona de reserva indígena, Patrimonio Natural del Estado, existe un Régimen Especial. • Se recuerda, con todo respeto que todo aprovechamiento del agua requiere el respectivo trámite ante la Dirección de Agua del MINAE para optar por la “Concesión”. Si el proyecto requiere aumento de caudal debe tramitar la Licencia Ambiental. Se realizó revisión de las coordenadas indicadas en la consulta para verificar ubicación según capas disponibles en Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), de acuerdo a la consulta realizada el nacimiento se ubica fuera de Área Silvestre Protegida (ASP), el ente competente deberá verificar esta información (…) Así mismo se advierte que cualquier dato inexacto proporcionado, y que haga incurrir a la SETENA en error a la hora de pronunciarse, acarrea responsabilidades administrativas e incluso penales en caso de violentar la normativa ambiental, de manera que esta información no está por encima de la ley ni del reglamento de EIA, ni sustituye el proceso de Evaluación Ambiental en caso de que el mismo sea obligatorio. Esta Secretaría no realiza evaluaciones preliminares de proyectos. El presente criterio se basa estrictamente sobre las condiciones y descripciones bajo las cuales se realizó la consulta por parte del usuario. Cualquier modificación o ampliación de las mismas, requerirán de un nuevo pronunciamiento por parte de esta Secretaría, así mismo no está por encima de la normativa que al respecto rige la EIA. Cualquier instancia que deba otorgar un permiso final debe verificar que la actividad, encuadre dentro de dicha descripción. No omitimos manifestar que la función de este Departamento es la de comunicar los alcances de la legislación vigente y las funciones de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Esta información se encuentra a disposición de las entidades estatales y de los usuarios en nuestra plataforma digital www.setena.go.cr, con el fin de que no se le exija al usuario consulta previa por parte de la Institución.”. (Prueba documental).

c)     Las autoridades de Setena fueron notificadas de la resolución de curso de este proceso el 10 de julio de 2025. (Actas de notificación agregadas al expediente).

d)    El 11 de julio de 2025, Setena remitió el oficio nro. SETENA-DT-EducA-0315-2025 al correo electrónico [email protected]. (Informe de la autoridad recurrida y prueba documental).

En cuanto al recurrido Mario Fernando González Rothe:

e)     El recurrido González Rothe es propietario del inmueble nro. 94315 de la provincia de Alajuela. (Prueba documental).

f)      En fecha indeterminada, el recurrido denunció ante el Ministerio de Salud por el abastecimiento de agua que vecinos estaban realizando por medio de una naciente ubicada en su propiedad. En el informe nro. 2643-2024 de 3 de diciembre de 2024, el Área Rectora de Salud de Grecia indicó: “Que existe una cañería de vecinos que se abastecen de varias nacientes ubicadas en la finca (…) Que se debe establecer la situación legal de estas nacientes y se tomen medidas correspondientes ya que existe un riesgo para la salud de las personas que se suministran de esta agua ya que se desconoce su estado de potabilidad.”. (Prueba documental).

g)    El 16 de junio de 2025, el recurrido interpuso una denuncia ante el OIJ en contra varios vecinos por “tomas ilegales de agua en una naciente que está dentro de mi propiedad”, y otros hechos. (Prueba documental)

IV.- Sobre el caso concreto. En el sub lite, la accionante afirma que son un grupo de 14 familias que desde hace aproximadamente 20 años se abastecen de agua potable para uso doméstico a través de una naciente, ubicada dentro de la finca inscrita en el Partido de Alajuela bajo el folio real 94315 y plano catastrado A-912042-2004, a nombre de Mario Fernando González Rothe, quien permitió ese uso en calidad de derecho precario conforme a la autorización otorgada originalmente por el anterior dueño. Alega que el 19 de junio de 2025, el señor Mario Fernando González Rothe, acompañado por oficiales de policía, se apersonó al lugar y cortó el suministro de agua para todas las familias, mediante la destrucción de las tuberías que conducían el líquido hasta las viviendas. Agrega que no han planteado ninguna gestión en relación con el servicio agua ante ninguna autoridad, debido que el pequeño acueducto es administrado por los propios vecinos beneficiados, quienes le dan mantenimiento y de ser necesario recolectan dinero para las reparaciones urgentes, sin que participe ninguna institución pública, ni privada. Agrega que se inició el proceso de solicitud de creación de una sociedad de usuarios de agua ante el Setena, la cual se planteó el 30 de mayo de 2025, para que Setena emitiera criterio sobre el requerimiento para obtener viabilidad ambiental para una solicitud de concesión para el aprovechamiento de agua ante la Dirección de Aguas, pero no han obtenido respuesta alguna.

Del estudio de los autos se tiene por demostrado, que, el 30 de mayo de 2025, el señor Miguel Zamora Araya, formuló una gestión ante Setena, en la que indicó: “siendo de vital importancia contar con la concesión de agua otorgada por al Dirección de Agua; por lo que, para el trámite de solicitud de la concesión es necesario contar con la correspondiente viabilidad ambiental o en su defecto el criterio de SETENA sobre el NO requerimiento de dicho trámite de acuerdo y exclusivamente a las condiciones antes expuestas (…)”. Para recibir notificaciones se indicó el correo electrónico [email protected]. Mediante el oficio nro. SETENA-DT-EducA-0315-2025 de 2 de junio de 2025, Setena señaló: “En respuesta a su petición remitida a esta Secretaría, me complace indicarle que, nuestra Institución, tiene la función de evaluar y otorgar licencias ambientales cuando el cumplimiento cabal con los procesos establecidos así lo determinen; tal y como lo dispone en primer lugar, el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente promulgada en el año 1995 y su posterior reglamentación a partir del año 2004. Es decir, cumplir dicho proceso, es requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos nuevos en este país. Por consiguiente, un primer paso al respecto, debe ser, determinar la necesidad del requerimiento según los procedimientos y el instrumento apropiado, en concordancia con lo dispuesto en el Reglamento General de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Que desde el punto de vista técnico de la nueva normativa Decreto N° 43898-MINAE-S-MOPTMAG-MEIC Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, considera la evolución y transformación en cuanto a los procesos de evaluación de impacto ambiental que se han determinado a nivel mundial y del país, donde existen nuevas variables ambientales a contemplar dentro de los procesos de EIA, hacia políticas basadas en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, y con nueva tecnología disponible, estableciéndose requisitos de carácter técnico y legal, propios y específicos de los procesos de EIA, delimitando las competencias institucionales, y concordantes al momento en que se aplica la EIA para la formalización de una actividad, obra o proyecto en Costa Rica, generando seguridad jurídica y disminución de plazos de revisión en total apego a la Ley Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos N° 8220 del 4 de marzo del 2002 y sus reformas. Que, en aras de la seguridad jurídica, se determina el instrumento de evaluación ambiental de acuerdo con el resultado de la Significancia de Impacto Ambiental (SIA), estableciendo una ruta clara que defina el instrumento de evaluación ambiental, para los diferentes sectores proponentes (…) El Decreto N°43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC Reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental, señala lo siguiente para este tipo de proyecto: “Artículo 2.- Viabilidad (Licencia) Ambiental (VLA). Todas las actividades, obras o proyectos nuevos, requieren una Viabilidad (Licencia) Ambiental (VLA), dicho otorgamiento estará sujeto al cumplimiento de la aprobación del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental.” Por lo tanto, y de acuerdo a la información suministrada en la consulta, se tiene que, el aprovechamiento de agua superficial no se trata de actividad nueva, cuya continuidad operativa técnica y legal dependa del cumplimiento con el proceso de la EIA por parte de la SETENA. En el Decreto N° 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC se establece: “Artículo 3.- Actividades, obras o proyectos que por su naturaleza no requieren Evaluación de Impacto Ambiental ante la SETENA. Las actividades, obras o proyectos de muy bajo impacto ambiental potencial, indicados en este artículo, no deberán tramitar ante la SETENA una Evaluación de Impacto Ambiental. Sin embargo, estarán sujetas a los controles ambientales establecidos por las Municipalidades, el Ministerio de Salud (MINSA), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y otras entidades con competencias legales; así como con lo establecido en el Código de Buenas Prácticas Ambientales, Decreto Ejecutivo N° 32079 del 14 de setiembre de 2004, o con cualquier mecanismo voluntario para mejorar el desempeño ambiental: Las actividades en operación que requieran renovar sus permisos ante otras autoridades de la administración pública, como el Ministerio de Salud (MINSA), el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) y las Municipalidades o cualquier otra autoridad de la administración pública.” Lo anterior, siempre y cuando, las pretensiones para efectuar los trámites no cumplidos ante otras entidades y con ello alcanzar el estatus de legalidad que debe poseer, mantenga como línea base las características ambientales bajo las cuales viene operando; lo cual, representa un supuesto estado de equilibrio actual del espacio o medio involucrado, que no va requerir nuevas intervenciones. Pues obviamente se trata de un sistema de autoabastecimiento hídrico con obras civiles básicas de captación y conducción; como también, otros factores de potenciales impactos al medio, específicos de estos proyectos que, por ejemplo, involucran área de proyecto y de influencia, caudales, usos, etc. Adicionalmente, debe indicarse que, esta disposición no representa exoneración del requerimiento por parte de la SETENA, pues no está dentro de las potestades de la Institución una decisión de tal naturaleza. También, debe considerarse que, en cuanto a proyectos o actividades en operación como es en este caso, la ausencia de VLA desde que se empezó a utilizar el agua, en sí misma no es indicador del incumplimiento de la normativa ambiental. Además, está dispuesto que, para la renovación de trámites en otras entidades -sin variación de las condiciones bajo las que ha estado operando- no se puede tramitar la Viabilidad (Licencia) Ambiental. ● Ahora bien, le corresponde al ente competente verificar la información, que el usuario brinda y la ubicación de la extracción del agua, si es zona de reserva indígena, Patrimonio Natural del Estado, existe un Régimen Especial. • Se recuerda, con todo respeto que todo aprovechamiento del agua requiere el respectivo trámite ante la Dirección de Agua del MINAE para optar por la “Concesión”. Si el proyecto requiere aumento de caudal debe tramitar la Licencia Ambiental. Se realizó revisión de las coordenadas indicadas en la consulta para verificar ubicación según capas disponibles en Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), de acuerdo a la consulta realizada el nacimiento se ubica fuera de Área Silvestre Protegida (ASP), el ente competente deberá verificar esta información (…) Así mismo se advierte que cualquier dato inexacto proporcionado, y que haga incurrir a la SETENA en error a la hora de pronunciarse, acarrea responsabilidades administrativas e incluso penales en caso de violentar la normativa ambiental, de manera que esta información no está por encima de la ley ni del reglamento de EIA, ni sustituye el proceso de Evaluación Ambiental en caso de que el mismo sea obligatorio. Esta Secretaría no realiza evaluaciones preliminares de proyectos. El presente criterio se basa estrictamente sobre las condiciones y descripciones bajo las cuales se realizó la consulta por parte del usuario. Cualquier modificación o ampliación de las mismas, requerirán de un nuevo pronunciamiento por parte de esta Secretaría, así mismo no está por encima de la normativa que al respecto rige la EIA. Cualquier instancia que deba otorgar un permiso final debe verificar que la actividad, encuadre dentro de dicha descripción. No omitimos manifestar que la función de este Departamento es la de comunicar los alcances de la legislación vigente y las funciones de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Esta información se encuentra a disposición de las entidades estatales y de los usuarios en nuestra plataforma digital www.setena.go.cr, con el fin de que no se le exija al usuario consulta previa por parte de la Institución.”. Las autoridades de Setena fueron notificadas de la resolución de curso de este proceso el 10 de julio de 2025. El 11 de julio de 2025, Setena remitió el oficio nro. SETENA-DT-EducA-0315-2025 al correo electrónico [email protected]. El recurrido González Rothe es propietario del inmueble nro. 94315 de la provincia de Alajuela. En fecha indeterminada, el recurrido denunció ante el Ministerio de Salud por el abastecimiento de agua que vecinos estaban realizando por medio de una naciente ubicada en su propiedad. En el informe nro. 2643-2024 de 3 de diciembre de 2024, el Área Rectora de Salud de Grecia indicó: “Que existe una cañería de vecinos que se abastecen de varias nacientes ubicadas en la finca (…) Que se debe establecer la situación legal de estas nacientes y se tomen medidas correspondientes ya que existe un riesgo para la salud de las personas que se suministran de esta agua ya que se desconoce su estado de potabilidad.”. El 16 de junio de 2025, el recurrido interpuso una denuncia ante el OIJ en contra varios vecinos por “tomas ilegales de agua en una naciente que está dentro de mi propiedad”, y otros hechos.

En primer lugar, respecto de Setena, a priori se descarta alguna situación lesiva de los derechos fundamentales de los accionantes, al momento de interposición del recurso.

Al respecto, se observa que la gestión incoada el 30 de mayo de 2025, no constituye una petición pura y simple ni una solicitud de simple de información (artículos 27 y 30 de la Constitución Política), sino que lo requerido es que la autoridad accionada analice un caso particular a fin de que pueda determinar si resulta procedente, o no, solicitar la viabilidad ambiental ante una solicitud concesión de agua.

Así las cosas, al momento en que se acude en amparo (20 de junio de 2025), ni siquiera había transcurrido un mes desde la interposición de la gestión, de manera que no considera esta Sala que la autoridad accionada hubiese incurrido en alguna dilación susceptible de ser declarada en esta vía sumaria. En todo caso, finalmente el pronunciamiento de fondo fue comunicado al accionante el 11 de julio anterior.

Ergo, se desestima el recurso en cuanto a este punto.

V.- Por otra parte, la recurrente acusa que el accionado Mario Fernando González Rothe destruyó las tuberías que suministraban el servicio de agua a los vecinos tutelados.

Por su lado, el accionado González Rothe, al contestar la audiencia concedida en el sub lite, niega haber efectuado los actos que se le acusan. Más bien, aduce que ha interpuesto denuncias ante el OIJ y el Ministerio de Salud por lo que estima constituye un abastecimiento irregular, a través de tomas ilegales que realizaron los vecinos a través de su propiedad.

Al respecto, excede la naturaleza sumaria de este proceso sumario de amparo determinar la causa y la persona que presuntamente realizó daños en la tubería de marras, pues ello amerita un proceso plenario, con amplitud probatoria. Tampoco es posible en esta vía constitucional establecer la legalidad o irregularidad de la instalación de la tubería de marras, y en general del abastecimiento de agua a través de la propiedad del accionado. Justamente, se observa que la situación ya es objeto de conocimiento de instancias ordinarias (Ministerio de Salud y autoridades penales), de manera que tal diferendo deberá ventilarse ante las sedes comunes competentes, a través de un proceso amplio.

En consecuencia, se declara sin lugar el recurso en cuanto a este extremo.

VI.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel u objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados en un plazo máximo de 30 días hábiles, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo material que no sea recogido dentro de ese lapso, con base en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial" (aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 de 22 de agosto de 2011 y publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012) y en el artículo LXXXI de la sesión del Consejo Superior del Poder Judicial nro. 43-12 de 3 de mayo de 2012.

 

Por tanto:

 

 Se declara sin lugar el recurso.

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Alejandro Delgado F.




Hubert Fernández A.

	

 

	

Jorge Isaac Solano A.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 947CIFSSKDJW61

EXPEDIENTE N° 25-017924-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:10:41.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Sala Constitucional

Resolution No. 27464 - 2025

Date of Resolution: August 29, 2025 at 10:10 a.m.

Expediente: 25-017924-0007-CO

Drafted by: Jorge Isaac De Jesus Solano Aguilar

Type of matter: Amparo action

Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL

Ruling with protected data, in accordance with current regulations

Text of the resolution

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Exp: 25-017924-0007-CO

Res. No. 2025027464

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at ten hours and ten minutes of the twenty-ninth of August of two thousand twenty-five.

Amparo action processed under expediente no. 25-017924-0007 CO, filed by [Name 001], identity card [Value 001], on behalf of [Name 002], identity card [Value 002]; [Name 003], identity card [Value 003], [Name 004], identity card [Value 004]; [Name 005], identity card [Value 005]; [Name 006], identity card [Value 006]; [Name 007], identity card [Value 007]; [Name 008], identity card [Value 008]; [Name 009], identity card [Value 009]; [Name 010], identity card [Value 010]; [Name 011], identity card [Value 011]; [Name 012], identity card [Value 012]; [Name 013], identity card [Value 013]; [Name 014], identity card [Value 014]; [Name 015], identity card [Value 015], identity card [Value 016]; [Name 016], [Name 017], all minors, and [Name 018], identity card [Value 017]; [Name 019], identity card [Value 018]; [Name 020], identity card [Value 019]; [Name 021], identity card [Value 020]; [Name 022], identity card [Value 021] and [Name 023], identity card [Value 022], all older adults; against MARIO FERNANDO GONZÁLEZ ROTHE AND THE SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA).

Resultando:

1.- By a document added to the expediente on June 20, 2025, the petitioners file an amparo action. They state that they are a group of 14 families who, for approximately 20 years, have been supplied with domestic-use drinking water from a spring (naciente), located at the CRTM05 projection coordinate Latitude 1150487, Longitude 479993, which is within the property registered in the Partido de Alajuela under Folio Real 94315 and surveyed plan A-912042-2004, in the name of Mario Fernando González Rothe, who permitted that use as a precarious right (derecho precario) in accordance with the authorization originally granted by the previous owner, Mr. Ramón Brenes Solano, identity card 6-0077-0570. That this property is currently subject to a mortgage enforcement lawsuit under Citations 800-36225701-0001-001, which creates a climate of uncertainty among the families regarding future access to the supply source, given the lack of knowledge about the outcome of the ongoing judicial process. That on June 19, 2025, Mr. Mario Fernando González Rothe, accompanied by police officers, appeared at the place and proceeded to cut the water supply to all the families, by destroying the pipes that conducted the liquid to the dwellings. That among the 14 families are the protected minors and older adults.

2.- By a resolution of 7:22 a.m. on June 26, 2025, the Presidency of the Chamber cautioned the petitioners to state “• Whether you have formally and in writing filed any petition for the purpose of reporting to the corresponding authorities the situation described in the filing brief of this action in relation to the cutting off of the water service, or the problem with the supply well; • If your answer is affirmative, you must provide a complete, legible copy of the complaint you filed, with the respective receipt or email submission confirmation; • If you have received any resolution, you must clearly indicate what the result was and provide the documentation generated on the occasion of such proceedings; • If that complaint is pending resolution as of the filing date of this action, you must also expressly state this to this Chamber; • Likewise, if you have not filed your complaint in writing and formally, you must clarify this. • in addition, you must provide the EXACT ADDRESS of the private-law respondent here, Mario Fernando González Rothe, for notification purposes.”.

3.- By a document added to the expediente on June 30, 2025, the petitioner [Name 001] provides the required documentation.

4.- By a resolution of 2:21 p.m. on July 3, 2025, the Presidency of the Chamber admitted the process. Likewise, it gave notice to Mario Fernando González Rothe and requested a report from the National Environmental Secretary, in relation to the following facts: “that they are a group of 14 families who, for approximately 20 years, have been supplied with domestic-use drinking water from a spring (naciente), located at the CRTM05 projection coordinate Latitude 1150487, Longitude 479993, which is within the property registered in the Partido de Alajuela under Folio Real 94315 and surveyed plan A-912042-2004, in the name of Mario Fernando González Rothe, who permitted that use as a precarious right (derecho precario) in accordance with the authorization originally granted by the previous owner, Mr. Ramón Brenes Solano, identity card 6-0077-0570. That this property is currently subject to a mortgage enforcement lawsuit under Citations 800-36225701-0001-001, which creates a climate of uncertainty among the families regarding future access to the supply source, given the lack of knowledge about the outcome of the ongoing judicial process. That on June 19, 2025, Mr. Mario Fernando González Rothe, accompanied by police officers, appeared at the place and proceeded to cut the water supply to all the families, by destroying the pipes that conducted the liquid to the dwellings. That among the 14 families are the protected minors and older adults. He adds that they have not filed any petition in relation to the water cut with any authority, because the small aqueduct is managed by the neighboring beneficiaries of the water service themselves. Who maintain it and, if necessary, collect money for urgent repairs, without any public or private institution participating. He adds that the process of requesting the creation of a water users' society was initiated before SETENA, which was submitted on 05-30-2025 so that SETENA would issue a criterion on the requirement of the D1 procedure to obtain environmental viability (viabilidad ambiental) for a concession application for the utilization of water before the Dirección de Agua, but they have not received any response. After that response, the application before the Dirección de Aguas will continue.”.

5.- By a document added to the expediente on July 14, 2025, Andrés Cortés Orozco, general secretary of Setena, reports: “Regarding the requested information procedure, it is noted that through the correspondence portal sequence number 5207-2025, dated June 2 at 11:57:29, the referred request for information was submitted signed by Miguel Ángel Zamora Araya (…) This petition was responded to by means of official letter SG- SETENA-DT-EducA-0315-2025, dated June 2, 2025, and notified on June 6, 2025, to the email, [email protected] , which was the email address included in the correspondence portal as the primary one for receiving notifications and to which the Environmental Education Department proceeded to notify (…) Now, in the document in which the information is requested, two other email addresses were provided, [email protected] which was established as an alternative email in the correspondence portal by the user who uploaded the request and the email [email protected]. In this case, given that while it is true SETENA proceeded to respond to the request for information, and notify to the email indicated in the correspondence portal, as the primary means, it appears the information did not reach the petitioner, which is why a re-forwarding of the response was carried out to the other emails provided as shown in the following image on July 11, 2025 (…) In this case, it is considered that SETENA, acted in good faith, issuing the referred response, and notifying it to the email provided by the user at the time of submitting the petition within the established legal deadlines, therefore, this Secretariat has acted in accordance with its competencies and in respect of due process in administrative matters.”.

6.- By a document added to the expediente on July 17, 2025, Mario Fernando González Rothe responds to the hearing in the following terms: “(…) The petitioner completely errs in stating that it is a domestic-use drinking water service, which is clearly indicated in the attached technical report MS-DRRSCN-DARSG-IT-2643-2024 that: ‘the water quality of these is unknown since there are no laboratory analyses that guarantee its potability for human consumption.’, and much less that there exists as indicated by the petitioner: ‘…authorization of use as a precarious right (derecho precario)’ which is rejected because no type of evidence supports it, the truth of the matter is that the neighboring families of the undersigned have access to POTABLE water through the ASADA DE SANTA RITA DE RIO CUARTO, therefore it is hereby requested that a COURTEOUS OFFICIAL LETTER be sent to said ASADA, so that it indicates to which of the persons mentioned in this action (…) are eligible to be granted the service, are in process or are granted the water service and/or are subscribers of said ASADA, since conversely the undersigned through my son Jose Ignacio González León has had to report for Usurpation and the illegal taking of water from the spring (naciente) located on my property, a complaint filed under expediente 25-1400-065-PE (…) filed on June 16, 2025, that is, PRIOR to the filing and prior to the notification of this amparo action (…) Likewise, it is not known to me nor is it the undersigned's obligation whether in the past authorization existed or not from previous owners to enter the property, the truth of the matter is that by means of complaint request 2017-2024 in processing expediente 1777-R-C-D-F-D, a complaint was filed with the MINISTERIO DE SALUD, regarding illegal water intakes for consumption on private property and under technical report MS-DRRSCN.DARSG-IT-2643-2024, it was stated that: ‘We do not know if these springs (nacientes) are legally compliant with permits and concessions for the utilization, declarations or user societies for the respective utilization of public waters issued by the Ministry of Environment and Energy (MINAE) therefore it was recommended to make this Technical report known to the National Water Directorate (Dirección Nacional de Aguas) of MINAE and to the Management of AyA and Asada Santa Rita de Río Cuarto’ (…) THIRD: It is emphatically rejected that the petitioner presents facts she takes as true without carrying out a prior investigation, the truth of the matter is that the undersigned along with my son Ignacio González León Páez, have acted in good faith and accordingly a query was also made to SETENA (…) on June 19, 2025, I entered my property NOT TO CUT THE SUPPLY, but rather to verify the usurpation that was reported by the caretaker of the property, likewise, it is true that I requested police support because I feared for my life, due to threats I have received from a neighbor and given that I have the right to protection from the public police (sic) given that I am a 71-year-old older adult (…)”.

7.- By a document added to the expediente on August 25, 2025, the petitioner [Name 001] files a motion for prompt dispatch and requests that the action be resolved.

8.- The terms and prescriptions of law have been observed in the proceedings.

Drafted by Magistrate Solano Aguilar; and,

Considerando:

I.- On the admissibility of the amparo action against a private-law respondent. The Law of Constitutional Jurisdiction, in its Article 57, stipulates under which assumptions the amparo is admissible against actions or omissions of private-law subjects, and states that this type of claim is admissible when they act or must act in the exercise of public functions or powers, or are, de facto or de jure, in a position of power against which ordinary judicial remedies are clearly insufficient or too slow to guarantee the fundamental rights or freedoms referred to in Article 2, subsection a) of the same Law. In the specific case, these assumptions are met, since it is accused that the respondent is in a position of power with respect to the petitioner.

II.- Object of the Action. The petitioner states that they are a group of 14 families who for approximately 20 years have been supplied with domestic-use drinking water through a spring (naciente), located within the property registered in the Partido de Alajuela under folio real 94315 and surveyed plan A-912042-2004, in the name of Mario Fernando González Rothe, who permitted that use as a precarious right (derecho precario) in accordance with the authorization originally granted by the previous owner. She alleges that on June 19, 2025, Mr. Mario Fernando González Rothe, accompanied by police officers, appeared at the place and cut the water supply to all the families, by destroying the pipes that conducted the liquid to the dwellings. She adds that they have not filed any petition in relation to the water service with any authority, because the small aqueduct is managed by the benefiting neighbors themselves, who maintain it and, if necessary, collect money for urgent repairs, without any public or private institution participating. She adds that the process of requesting the creation of a water users' society was initiated before Setena, which was submitted on May 30, 2025, so that Setena would issue a criterion on the requirement to obtain environmental viability (viabilidad ambiental) for a concession application for the utilization of water before the Dirección de Aguas, but they have not received any response.

III.- Proven Facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent authority has omitted to refer to them, as provided in the initial order:

Regarding Setena:

a) On May 30, 2025, Mr. Miguel Zamora Araya, formulated a petition before Setena, in which he stated: “it being of vital importance to have the water concession granted by the Dirección de Agua; therefore, for the concession application procedure it is necessary to have the corresponding environmental viability (viabilidad ambiental) or, failing that, SETENA's criterion on the NON-requirement of said procedure according to and exclusively under the conditions set forth above (…)”. For receiving notifications, the email [email protected] was indicated. (Documentary evidence).

b) Through official letter no. SETENA-DT-EducA-0315-2025 of June 2, 2025, Setena stated: “In response to your petition sent to this Secretariat, I am pleased to indicate that our Institution has the function of evaluating and granting environmental licenses when full compliance with the established processes so determines; as provided in the first place by Article 17 of the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente) enacted in 1995 and its subsequent regulation starting in 2004. That is to say, fulfilling this process is an indispensable requirement to start activities, works, or new projects in this country. Consequently, a first step in this regard must be to determine the need for the requirement according to the procedures and the appropriate instrument, in accordance with the provisions of the General Regulation on Environmental Impact Assessment (Reglamento General de Evaluación de Impacto Ambiental, EIA). That from the technical point of view of the new regulation Decreto N° 43898-MINAE-S-MOPTMAG-MEIC Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, it considers the evolution and transformation regarding the processes of environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) that have been determined globally and nationally, where there are new environmental variables to consider within the EIA processes, towards policies based on compliance with sustainable development objectives, and with new available technology, establishing technical and legal requirements, specific to the EIA processes, delimiting institutional competencies, and consistent with the moment in which the EIA is applied for the formalization of an activity, work, or project in Costa Rica, generating legal certainty and reducing review times in full adherence to the Citizen Protection from Excess Requirements and Administrative Procedures Law (Ley Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos) No. 8220 of March 4, 2002, and its reforms. That, in the interest of legal certainty, the environmental assessment instrument is determined according to the result of the Environmental Impact Significance (Significancia de Impacto Ambiental, SIA), establishing a clear route that defines the environmental assessment instrument for the different proposing sectors (…) Decreto N°43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC Reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental, indicates the following for this type of project: ‘Article 2.- Environmental Viability (License) (Viabilidad (Licencia) Ambiental, VLA). All new activities, works, or projects require an Environmental Viability (License) (VLA), such granting shall be subject to compliance with the approval of the Environmental Impact Assessment process.’ Therefore, and according to the information provided in the query, it is understood that the utilization of surface water is not a new activity, whose technical and legal operational continuity depends on compliance with the EIA process before SETENA. Decreto N° 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC establishes: ‘Article 3.- Activities, works, or projects that by their nature do not require Environmental Impact Assessment before SETENA. Activities, works, or projects of very low potential environmental impact, indicated in this article, shall not process an Environmental Impact Assessment before SETENA. However, they will be subject to the environmental controls established by the Municipalities, the Ministry of Health (MINSA), the Ministry of Agriculture and Livestock (MAG), State Phytosanitary Service (SFE), National Animal Health Service (SENASA), the Ministry of Public Works and Transport (MOPT), the Ministry of Environment and Energy (MINAE) and other entities with legal competencies; as well as with the provisions of the Code of Good Environmental Practices, Ejecutivo Decree No. 32079 of September 14, 2004, or with any voluntary mechanism to improve environmental performance: Activities in operation that require renewing their permits before other public administration authorities, such as the Ministry of Health (MINSA), the National Animal Health Service (SENASA), the State Phytosanitary Service (SFE) and the Municipalities or any other public administration authority.’ The above, as long as the intentions to carry out non-complied procedures before other entities and thereby achieve the legal status it must possess, maintain as a baseline the environmental characteristics under which it has been operating; which represents a supposed current state of equilibrium of the involved space or environment, which will not require new interventions. For it is obviously a water self-supply system with basic civil capture and conduction works; as well as other factors of potential impacts to the environment, specific to these projects that, for example, involve project and influence area, flow rates, uses, etc. Additionally, it must be indicated that this provision does not represent an exemption from the requirement by SETENA, since a decision of such nature is not within the Institution's powers. Also, it must be considered that, regarding projects or activities in operation as is the case here, the absence of VLA since the water began to be used is not in itself an indicator of non-compliance with environmental regulations. Furthermore, it is provided that, for the renewal of procedures in other entities - without variation of the conditions under which it has been operating - Environmental Viability (License) (VLA) cannot be processed. ● Now, it corresponds to the competent entity to verify the information provided by the user and the location of the water extraction, if it is an indigenous reserve zone, Natural Heritage of the State, there is a Special Regime. • It is reminded, with all due respect, that any utilization of water requires the respective procedure before the Dirección de Agua of MINAE to apply for the ‘Concession’. If the project requires an increase in flow, it must process the Environmental License. A review of the coordinates indicated in the query was carried out to verify location according to layers available in the National Territorial Information System (SNIT), according to the query made, the spring (nacimiento) is located outside a Protected Wild Area (Área Silvestre Protegida, ASP), the competent entity must verify this information (…) Likewise, it is warned that any inaccurate data provided, and that causes SETENA to make an error when issuing a pronouncement, entails administrative and even criminal responsibilities in case of violating environmental regulations, therefore this information is not above the law or the EIA regulation, nor does it substitute the Environmental Assessment process in case it is mandatory. This Secretariat does not carry out preliminary project evaluations. The present criterion is based strictly on the conditions and descriptions under which the query was made by the user. Any modification or expansion of the same will require a new pronouncement from this Secretariat, likewise it is not above the regulations governing EIA. Any instance that must grant a final permit must verify that the activity fits within said description. We do not omit to state that the function of this Department is to communicate the scope of current legislation and the functions of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental. This information is available to state entities and users on our digital platform www.setena.go.cr, so that the user is not required to have a prior consultation by the Institution.” (Documentary evidence).

c) The authorities of Setena were notified of the admission resolution of this process on July 10, 2025. (Notification certificates added to the expediente).

d) On July 11, 2025, Setena forwarded official letter no. SETENA-DT-EducA-0315-2025 to the email [email protected]. (Report of the respondent authority and documentary evidence).

Regarding the respondent Mario Fernando González Rothe:

e) The respondent González Rothe is the owner of property no. 94315 of the province of Alajuela. (Documentary evidence).

f) On an unknown date, the respondent filed a complaint with the Ministry of Health about the water supply that neighbors were obtaining through a spring (naciente) located on his property. In report no. 2643-2024 of December 3, 2024, the Área Rectora de Salud de Grecia indicated: “That there is a pipeline of neighbors who are supplied from several springs (nacientes) located on the property (…) That the legal situation of these springs (nacientes) must be established and corresponding measures taken since there is a risk to the health of the people who are supplied with this water as its potability status is unknown.”. (Documentary evidence).

g) On June 16, 2025, the respondent filed a complaint with the OIJ against several neighbors for “illegal intakes of water from a spring (naciente) that is within my property”, and other events. (Documentary evidence).

IV.- On the specific case. In the sub lite, the petitioner states that they are a group of 14 families who for approximately 20 years have been supplied with domestic-use drinking water through a spring (naciente), located within the property registered in the Partido de Alajuela under folio real 94315 and surveyed plan A-912042-2004, in the name of Mario Fernando González Rothe, who permitted that use as a precarious right (derecho precario) in accordance with the authorization originally granted by the previous owner. She alleges that on June 19, 2025, Mr. Mario Fernando González Rothe, accompanied by police officers, appeared at the place and cut the water supply to all the families, by destroying the pipes that conducted the liquid to the dwellings. She adds that they have not filed any petition in relation to the water service with any authority, because the small aqueduct is managed by the benefiting neighbors themselves, who maintain it and, if necessary, collect money for urgent repairs, without any public or private institution participating. She adds that the process of requesting the creation of a water users' society was initiated before Setena, which was submitted on May 30, 2025, so that Setena would issue a criterion on the requirement to obtain environmental viability (viabilidad ambiental) for a concession application for the utilization of water before the Dirección de Aguas, but they have not received any response.

From the study of the case records, it is proven that, on May 30, 2025, Mr. Miguel Zamora Araya, formulated a petition before Setena, in which he stated: “it being of vital importance to have the water concession granted by the Dirección de Agua; therefore, for the concession application procedure it is necessary to have the corresponding environmental viability (viabilidad ambiental) or, failing that, SETENA's criterion on the NON-requirement of said procedure according to and exclusively under the conditions set forth above (…)”. For receiving notifications, the email [email protected] was indicated. Through official letter no. SETENA-DT-EducA-0315-2025 of June 2, 2025, Setena stated: “In response to your petition sent to this Secretariat, I am pleased to indicate that our Institution has the function of evaluating and granting environmental licenses when full compliance with the established processes so determines; as provided in the first place by Article 17 of the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente) enacted in 1995 and its subsequent regulation starting in 2004. That is to say, fulfilling this process is an indispensable requirement to start activities, works, or new projects in this country. Consequently, a first step in this regard must be to determine the need for the requirement according to the procedures and the appropriate instrument, in accordance with the provisions of the General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA). That from the technical point of view of the new regulation Decreto N° 43898-MINAE-S-MOPTMAG-MEIC Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, it considers the evolution and transformation regarding the processes of environmental impact assessment (EIA) that have been determined globally and nationally, where there are new environmental variables to consider within the EIA processes, towards policies based on compliance with sustainable development objectives, and with new available technology, establishing technical and legal requirements, specific to the EIA processes, delimiting institutional competencies, and consistent with the moment in which the EIA is applied for the formalization of an activity, work, or project in Costa Rica, generating legal certainty and reducing review times in full adherence to the Citizen Protection from Excess Requirements and Administrative Procedures Law No. 8220 of March 4, 2002, and its reforms. That, in the interest of legal certainty, the environmental assessment instrument is determined according to the result of the Environmental Impact Significance (SIA), establishing a clear route that defines the environmental assessment instrument for the different proposing sectors (…) Decreto N°43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC Reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental, indicates the following for this type of project: ‘Article 2.- Environmental Viability (License) (VLA). All new activities, works, or projects require an Environmental Viability (License) (VLA), such granting shall be subject to compliance with the approval of the Environmental Impact Assessment process.’ Therefore, and according to the information provided in the query, it is understood that the utilization of surface water is not a new activity, whose technical and legal operational continuity depends on compliance with the EIA process before SETENA.

Decreto N° 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC establishes: "Article 3.- Activities, works or projects that by their nature do not require an Environmental Impact Assessment (Evaluación de Impacto Ambiental) before SETENA. The activities, works or projects of very low potential environmental impact, indicated in this article, shall not process an Environmental Impact Assessment before SETENA. However, they shall be subject to the environmental controls established by the Municipalities, the Ministry of Health (Ministerio de Salud, MINSA), the Ministry of Agriculture and Livestock (Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG), the State Phytosanitary Service (Servicio Fitosanitario del Estado, SFE), the National Animal Health Service (Servicio Nacional de Salud Animal, SENASA), the Ministry of Public Works and Transport (Ministerio de Obras Públicas y Transportes, MOPT), the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía, MINAE) and other entities with legal competences; as well as with the provisions of the Code of Good Environmental Practices (Código de Buenas Prácticas Ambientales), Decreto Ejecutivo N° 32079 of September 14, 2004, or any voluntary mechanism to improve environmental performance: Operating activities that require renewing their permits before other public administration authorities, such as the Ministry of Health (MINSA), the National Animal Health Service (SENASA), the State Phytosanitary Service (SFE) and the Municipalities or any other public administration authority." The foregoing, provided that the claims to carry out unfulfilled procedures before other entities and thereby achieve the legal status it must possess, maintain as a baseline the environmental characteristics under which it has been operating; which represents a supposed current state of equilibrium of the space or environment involved, which will not require new interventions. For it is obviously a self-supply water system with basic civil works for catchment (captación) and conveyance (conducción); as well as other factors of potential environmental impacts, specific to these projects that, for example, involve project and influence areas, flow rates (caudales), uses, etc. Additionally, it should be noted that this provision does not represent an exoneration from the requirement by SETENA, since a decision of such nature is not within the Institution's powers. It should also be considered that, regarding projects or activities in operation as in this case, the absence of an Environmental Viability (Viabilidad (Licencia) Ambiental, VLA) since the water began to be used, in itself is not an indicator of non-compliance with environmental regulations. Furthermore, it is stipulated that, for the renewal of procedures in other entities -without variation of the conditions under which it has been operating- the Environmental Viability (License) cannot be processed. ● Now, it is the responsibility of the competent entity to verify the information that the user provides and the location of the water extraction, whether it is an indigenous reserve zone, State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), or if a Special Regime exists. • It is respectfully recalled that any water use (aprovechamiento del agua) requires the respective procedure before the Water Directorate (Dirección de Agua) of MINAE to apply for the "Concession" (Concesión). If the project requires an increase in flow rate (caudal), it must process the Environmental License (Licencia Ambiental). A review was conducted of the coordinates indicated in the inquiry to verify the location according to layers available in the National Territorial Information System (Sistema Nacional de Información Territorial, SNIT); according to the inquiry made, the spring (naciente) is located outside a Protected Wild Area (Área Silvestre Protegida, ASP); the competent entity must verify this information (...) Likewise, it is warned that any inaccurate data provided, and that causes SETENA to err when issuing a decision, entails administrative and even criminal liabilities in case of violating environmental regulations, so this information is not above the law or the EIA (Evaluación de Impacto Ambiental) regulation, nor does it substitute the Environmental Assessment (Evaluación Ambiental) process in the event that it is mandatory. This Secretariat does not perform preliminary project assessments. This opinion is based strictly on the conditions and descriptions under which the inquiry was made by the user. Any modification or extension thereof will require a new ruling by this Secretariat, nor is it above the regulations governing EIA. Any body that must grant a final permit must verify that the activity fits within said description. We do not fail to state that the function of this Department is to communicate the scope of current legislation and the functions of the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental). This information is available to state entities and users on our digital platform www.setena.go.cr, so that the user is not required to make a prior inquiry with the Institution." The authorities of Setena were notified of the resolution of course of this process on July 10, 2025. On July 11, 2025, Setena sent official letter no. SETENA-DT-EducA-0315-2025 to the email address [email protected]. The respondent González Rothe is the owner of property no. 94315 of the province of Alajuela. On an undetermined date, the respondent filed a complaint with the Ministry of Health regarding the water supply that neighbors were carrying out by means of a spring (naciente) located on his property. In report no. 2643-2024 of December 3, 2024, the Grecia Health Governing Area (Área Rectora de Salud de Grecia) indicated: "That there is a pipe from neighbors who are supplied from several springs (nacientes) located on the farm (...) That the legal situation of these springs must be established and corresponding measures taken since there is a health risk for the people who are supplied with this water since its potability status is unknown." On June 16, 2025, the respondent filed a complaint with the OIJ against several neighbors for "illegal water taps (tomas ilegales de agua) in a spring (naciente) that is within my property," and other facts.

In the first place, regarding Setena, any situation harmful to the fundamental rights of the plaintiffs is dismissed a priori, at the time the appeal was filed.

In this regard, it is observed that the action initiated on May 30, 2025, does not constitute a pure and simple petition nor a simple request for information (articles 27 and 30 of the Political Constitution), but rather what is required is that the respondent authority analyze a specific case in order to determine whether it is appropriate, or not, to request the environmental viability (viabilidad ambiental) before a water concession (concesión de agua) application.

Thus, at the time the amparo appeal was filed (June 20, 2025), less than a month had elapsed since the filing of the action, so this Chamber does not consider that the respondent authority had incurred any delay capable of being declared in this summary proceeding. In any case, the substantive ruling was finally communicated to the plaintiff on July 11 last.

Ergo, the appeal is dismissed on this point.

V.- On the other hand, the appellant alleges that the respondent Mario Fernando González Rothe destroyed the pipes that supplied water service to the protected neighbors.

For his part, the respondent González Rothe, when answering the hearing granted in the sub lite, denies having carried out the acts he is accused of. Rather, he argues that he has filed complaints with the OIJ and the Ministry of Health for what he considers constitutes an irregular supply, through illegal taps (tomas ilegales) that the neighbors made through his property.

In this regard, it exceeds the summary nature of this amparo proceeding to determine the cause and the person who presumably caused damage to the pipe in question, since that merits a plenary proceeding, with ample evidentiary scope. It is also not possible in this constitutional proceeding to establish the legality or irregularity of the installation of the pipe in question, and in general of the water supply through the respondent's property. Precisely, it is observed that the situation is already the subject of knowledge of ordinary bodies (Ministry of Health and criminal authorities), so such a dispute must be ventilated before the competent ordinary venues, through a broader proceeding.

Consequently, the appeal is dismissed on this point.

VI.- Documentation provided to the file. The parties are warned that, if they have provided any paper document or objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn within a maximum period of 30 business days, counted from the notification of this judgment. It is warned that all material not collected within that period will be destroyed, based on the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial" (approved by the Corte Plena in article XXVI of session no. 27-11 of August 22, 2011 and published in the Boletín Judicial no. 19 of January 26, 2012) and in article LXXXI of the session of the Consejo Superior del Poder Judicial no. 43-12 of May 3, 2012.

 

Therefore:

 

The appeal is dismissed.

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

President

	

 





Fernando Cruz C.

	

 

	

Jorge Araya G.





Anamari Garro V.

	

 

	

Alejandro Delgado F.





Hubert Fernández A.

	

 

	

Jorge Isaac Solano A.

 

 

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