Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)No toda actividad, obra o proyecto tiene que ser sometida al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, sino sólo aquella que, por las características y grado de significancia de impacto ambiental, lo requiera, previa realización de un estudio técnico que lo fundamente -emitido por la autoridad competente-, en atención precisamente al principio de objetivación según el cual, las decisiones que se adopten en la materia ambiental, deben contar con la necesaria acreditación de estudios técnicos, tanto en relación con actos administrativos como en cuanto a las disposiciones de carácter general. Entonces, es la Secretaría Técnica el órgano encargado de realizar y evaluar la significancia del impacto ambiental de las actividades humanas y, por ende, es la autoridad que tendría la competencia a fin de establecer en qué casos se han de realizar los estudios técnicos necesarios para determinar qué tipo de infraestructura de soporte de telecomunicaciones -que es a la que se refiere esta acción- requiere sujetarse a la viabilidad ambiental, con lo cual tiene la atribución para evaluar los diferentes métodos de valoración del impacto ambiental que se derive de la instalación, la ampliación, la renovación y la operación de las redes públicas de telecomunicaciones o de cualquiera de sus elementos, así como la necesidad del otorgamiento de la viabilidad ambiental en aquellos casos que así lo requieran.
English (translation)Not every activity, work, or project must be subjected to the environmental impact assessment procedure, but only those that, due to their characteristics and degree of environmental significance, require it, upon prior completion of a supporting technical study issued by the competent authority, precisely in accordance with the principle of objectification according to which environmental decisions must be based on the necessary accreditation of technical studies, both regarding administrative acts and general provisions. Thus, the Technical Secretariat is the body in charge of carrying out and evaluating the significance of the environmental impact of human activities, and therefore is the authority that has the competence to establish in which cases the necessary technical studies must be carried out to determine which type of telecommunications support infrastructure—which is the subject of this action—requires environmental viability, thus having the power to evaluate the different methods for assessing the environmental impact arising from the installation, expansion, renovation, and operation of public telecommunications networks or any of their elements, as well as the need to grant environmental viability in those cases that so require.
Denied
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 06916 - 2025 Fecha de la Resolución: 05 de Marzo del 2025 a las 13:06 Expediente: 21-003977-0007-CO Redactado por: Fernando Cruz Castro Clase de asunto: Acción de inconstitucionalidad Control constitucional: Sentencia desestimatoria Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con nota separada Sentencias del mismo expediente Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Tema: AMBIENTE Subtemas: NO APLICA. AMBIENTE. INSTALACIÓN DESREGULARIZADA AMBIENTALMENTE DE POSTES DE TELECOMUNICACIONES EN COSTA RICA Expediente: 21-003977-0007-CO Sentencia: 006916-25 del 05 de marzo del 2025 Tipo de asunto: Acción de inconstitucionalidad Norma impugnada: Decreto Ejecutivo No. 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT y Directriz de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), contenida en el Acuerdo de la Comisión Plenaria. No. ACO-30-2017 de 24 de marzo de 2017. Parte dispositiva: Se declara SIN lugar la acción. El magistrado Cruz Castro consigna nota. CO09/25 ... Ver más Texto de la resolución *CO* Exp: 21-003977-0007-CO Res. Nº 2025-006916 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las trece horas seis minutos del cinco de marzo de dos mil veinticinco. Acción de inconstitucionalidad promovida por Nombre18435, mayor, con cédula CED29119, abogado, vecino de Palmares de Alajuela, para que se declare inconstitucional el Decreto Ejecutivo No. 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT, publicado en el Alcance No. 36 de La Gaceta No. 35 de 17 de febrero de 2017, mediante el cual se modificó el artículo 8 inciso 1) del Decreto Ejecutivo No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT de 10 de mayo de 2010, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 175 de 08 de septiembre de 2010, y el acuerdo de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental No. ACP 20-2017 de 24 de marzo de 2017, contemplado en el artículo 02 según acta de la sesión ordinaria No. 033-2017-SETENA de la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental; por estimarlos contrarios a los artículos 7, 21, 50 y 89 de la Constitución Política, así como también al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y a los principios de no regresión, objetivación, precautorio y de progresividad. Intervinieron también en el proceso los representantes de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, del Ministerio de la Presidencia, del Ministerio de Ambiente y Energía, del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, del Ministerio de Economía, Industria y Comercio y del Ministerio de Salud. Resultando: 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 14 horas 42 minutos de 26 de febrero de 2021, el accionante solicita que se declare la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo No. 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT, publicado en el Alcance No. 36 de La Gaceta No. 35 de 17 de febrero de 2017 mediante el cual se modificó el artículo 8 inciso 1) del Decreto Ejecutivo No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT de 10 de mayo de 2010, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 175 de 08 de septiembre de 2010, denominado “Normas, estándares y competencias de las entidades públicas para la aprobación coordinada y expedita requerida para la instalación o ampliación de redes de telecomunicaciones”, así como también del Acuerdo de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental No. ACP 20-2017 (sic) de 24 de marzo de 2017, contemplado en el artículo 02 según acta de la sesión ordinaria No. 033-2017-SETENA de la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental; por estimarlos contrarios a los artículos 7, 21, 50 y 89 de la Constitución Política, así como también al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y a los principios de no regresión, objetivación, precautorio y de progresividad. Manifiesta que, con la modificación reglamentaria que se hizo a través del decreto No. 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT que se impugna en esta acción y con la emisión del acuerdo cuestionado, el Estado permite, sin justificación técnica, la instalación desregularizada ambientalmente de postes de telecomunicaciones en Costa Rica, con lo cual el país llega a una libertad abusiva para edificar en todo sitio público los postes sin que se permita ponderar el impacto y el daño visual acumulado en el paisaje rural o urbano de esa infraestructura que suple la función que habían tenido las torres de telecomunicaciones. Explica que la normativa cuestionada, está totalmente relacionada porque con la modificación de la norma prevista en el artículo 8 inciso 1) del Decreto Ejecutivo No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT denominado “Normas, estándares y competencias de las entidades públicas para la aprobación coordinada y expedita requerida para la instalación o ampliación de redes de telecomunicaciones”, se buscó relajar el ordenamiento jurídico para excluir de todas las valoraciones ambientales de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, a los postes de telecomunicaciones, así como otras infraestructuras de telecomunicaciones diferentes a las torres, sin razón alguna, sin estudios que justificaran la desregulación, en franca violación a los principios de no regresión, progresividad, precautorio y de objetivación. Indica que los postes son, en realidad, torres al soportar ambos equipos de telecomunicaciones; es decir, los postes actualmente cumplen los mismos objetivos y fines que las torres pues soportan equipos como antenas de transmisión y equipos adicionales para el funcionamiento de las redes de telecomunicaciones. Añade que, además, por la altura de los postes de telecomunicaciones, éstos no son iguales que los postes eléctricos tradicionales, de manera que los postes son antenas en otra presentación. Agrega que para las empresas que alquilan o venden estas infraestructuras, instalar postes resulta más económico que hacer torres puesto que los postes se colocan en las aceras y en orillas de calles sin tener que pagar arrendamientos y sin cubrir el costo de consultores ante la Secretaría Técnica para presentar los formularios D2 o D1 correspondientes a las evaluaciones. Agrega que, incluso, los postes no requieren trámites ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos pues no son una infraestructura regulada por ese colegio profesional. Manifiesta que, por estas razones, existe gran proliferación de postes de telecomunicaciones que son la nueva modalidad que se ve en los barrios y comunidades, afectando el paisaje dado que no hay regulaciones de distancia entre éstos, ni tampoco entre éstos y las torres, sin ninguna justificación técnica, científica, ambiental ni social. Considera que los postes sin licencia ambiental han servido para promocionar al Estado como desregularizado, lo que facilita el comercio entre empresas de telecomunicaciones. Acusa que el Poder Ejecutivo eliminó una frase al articulado del Decreto Ejecutivo No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT para excluir y sentar las bases de la eliminación de todo tipo de evaluación de impacto ambiental a varias formas o clases de infraestructura de telecomunicaciones en donde destacan los postes. Indica que como esto no era claro del todo, se emitió por parte de la Secretaría Técnica, la directriz para así interpretar y culminar expresamente un “relajamiento” que a todas luces es inconstitucional por violar los principios precautorio, de objetivación, la razonabilidad y la proporcionalidad. Considera que mediante reforma reglamentaria y con la directriz, se estaría promoviendo el comercio o la inversión extranjera mediante el debilitamiento o reducción de las protecciones contempladas en el ordenamiento jurídico costarricense. Aduce que los postes de telecomunicaciones ponen en riesgo la vida de las personas pues al chocar un vehículo contra uno de estos, la caída podría ser aparatosa sobre un vehículo, transeúntes o casas, dado que no tienen cables eléctricos que los unen a otros postes ni anclajes, por lo que se vulnera el artículo 21 constitucional. Manifiesta que con la modificación y la directriz -acá impugnadas- también se da una violación al principio de progresividad puesto que se eliminó toda opción de valorar el efecto acumulado en el paisaje y esto, incluso, genera daños por contaminación visual, la que se regula en la Ley Orgánica del Ambiente, artículo 71. Señala que en los considerandos del decreto impugnado se aplicó la simple discrecionalidad del Poder Ejecutivo pues nunca existió una justificación técnica ni científica que motivara ese relajamiento, en contra de los artículos 17 y 71 de la Ley Orgánica del Ambiente en relación con los numerales 16 y el 160 de la Ley General de la Administración Pública que, a su vez, por conexidad se vinculan con los numerales 21, 50 y 89 de la Constitución Política ya que se permite un ambiente no equilibrado y contaminado visualmente. Aclara que no fue que disminuyeron requisitos en las evaluaciones ambientales para postes de telecomunicaciones y otras infraestructuras, sino que se eliminó totalmente la injerencia que la Secretaría Técnica tenía con todo tipo de infraestructura de telecomunicaciones aunque luego esa Secretaría interpretó que solo se refería a los postes, a pesar de que por vía reglamentaria no es viable excluir las valoraciones ambientales de la infraestructura de telecomunicaciones como lo ha hecho pues esto violenta el Derecho de la Constitución en los términos indicados. Con base en lo anterior, solicita que se declare la inconstitucionalidad de las disposiciones aquí impugnadas. 2.- A efecto de fundamentar la legitimación para promover esta acción de inconstitucionalidad, la parte accionante señala que proviene del artículo 75, párrafo 2° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, toda vez que alega la defensa de intereses difusos respecto al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 3.- Por resolución de las 15 horas 19 minutos de 12 de marzo de 2021, se le dio curso a la acción, confiriéndole audiencia a la Procuraduría General de la República, a la Secretaria General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), a la ministra de la Presidencia, a la ministra de Ambiente y Energía, a la ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, al ministro de Obras Públicas y Transportes, a la ministra de Economía, Industria y Comercio y al ministro de Salud. 4.- Los edictos a los que se refiere el párrafo segundo del artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional fueron publicados en los números 056, 057 y 058 del Boletín Judicial, de los días 22, 23 y 24 de marzo de 2021. 5.- Informa Daniel Salas Peraza, en su condición de Ministro de Salud, en documento presentado el 25 de marzo de 2021, que mediante informe técnico rendido por el Director de Protección Radiológica y Salud Ambiental y el Jefe de la Unidad de Salud Ambiental, se indicó que según Decreto Ejecutivo No 36577-MINAET, se creó la “Comisión de Coordinación para la Instalación o Ampliación de Infraestructura de Telecomunicaciones” en la que el Ministerio de Salud no participa pero, en el tema de salud pública, colabora brindando asesoría y charlas a las Municipalidades así como a las comunidades cuando se le solicite, aunque también participa en las mediciones que piden las diferentes comunidades. Indica que en ese informe se señala que en diciembre de 2010, el Ministerio de Salud suscribió el Decreto Ejecutivo No. 36324-S, “Reglamento para Regular la Exposición a Campos Electromagnéticos de Radiaciones no Ionizantes, emitidos por Sistemas Inalámbricos con frecuencia hasta 300 GHZ”, con el fin de establecer requisitos y criterios tendientes a proteger la salud del personal técnico y de la población en general, de los potenciales riesgos y efectos nocivos a la exposición de los campos electromagnéticos de radiaciones no ionizantes, que puedan derivarse de la explotación y uso de los sistemas inalámbricos; decreto en el que no se contempla regulación alguna del tema de infraestructura de telecomunicaciones pues los postes o torres de telecomunicaciones no son de interés sanitario, con lo cual, no es necesario que cuenten con un permiso sanitario de funcionamiento, siendo que lo que se debe cumplir es que todo establecimiento que brinde servicios a través de sistemas inalámbricos o los utilice, debe de solicitar y obtener el permiso sanitario de funcionamiento ante el Área Rectora de Salud respectiva, no así las torres o postes. Manifiesta que, de acuerdo con ese informe técnico, los postes o torres de telecomunicaciones no son de interés sanitario, razón por la cual esa cartera ministerial no tiene competencia en dicho tema ni participación en la comisión creada según Decreto Ejecutivo No 36577-MINAET, mencionada supra. Agrega que, en cuanto al sistema inalámbrico, lo que interesa resaltar es que en diciembre del 2010, ese ministerio suscribió el Decreto Ejecutivo No. 36324-S indicado. 6.- Se apersona Cynthia Barzuna Gutiérrez en su condición de Secretaria General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), mediante documento entregado en la Secretaría de la Sala Constitucional el 9 de abril de 2021, y se pronuncia en los siguientes términos: Sobre el Decreto Ejecutivo No.40075-MICIT-S-MEIC-MINAE-MOPT: Indica que entró en vigencia desde su publicación en el Diario Oficial La Gaceta No. 35 del 17 de febrero de 2017, en el Alcance 36 y modificó el artículo 8 del Reglamento que es Decreto Ejecutivo N°36159-MINAET-S-MEIC-MOPT denominado “Normas Estándares y Competencias de las Entidades Públicas para la aprobación coordinada y expedita requerida para la Instalación o Ampliación de Redes de Telecomunicaciones”, para eliminar la frase que se resalta de seguido en negrita: “Artículo 8°- Competencias de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía. Según lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley Orgánica del Ambiente N° 7554, publicada en La Gaceta N° 215 del 13 de noviembre de 1995, en materia de instalación y ampliación de redes de telecomunicaciones le corresponde a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Los tipos de infraestructura sometidos a la tramitación de la viabilidad ambiental serán los establecidos en el artículo 3 del presente decreto”. Indica que la propuesta del decreto cuestionado fue liderada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, siendo que en el proceso participaron también el ministro de Salud, el ministro de Economía, Industria y Comercio, el ministro de Ambiente y Energía y el ministro de Obras Públicas y Transportes, quienes son los que lo suscriben, pero además se contó con el aval de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Aclara que ese decreto no lo elaboró la Secretaría que representa, sino el Ministerio de Ciencia y Tecnología que solicitó criterio y aval al Ministerio de Ambiente y Energía, por lo que de ahí se generó consulta a su representada; sin embargo, las observaciones que se efectuaron a la propuesta, no se tomaron en cuenta para hacer cambios, como por ejemplo la recomendación de modificar el artículo 8 con un texto distinto proponiendo que la Secretaría Técnica -bajo su competencia y en aplicación del Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC- determinara cuáles actividades, obras y proyectos requerían de evaluación en el tema de telecomunicaciones, lo cual no fue atendido pues el Secretario General de aquél momento, quien en su lugar envió un correo electrónico al Director de Despacho del Ministro del Ministerio de Ambiente y Energía y a la Directora Jurídica a.i. de ese ministerio con fecha 14 de julio, indicando que “En atención a lo solicitado, cuenta con nuestro aval la propuesta enviada”. Sobre el Acuerdo ACP-30-2017-SETENA: Indica que es cierto que la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental emitió el acuerdo ACP-30-2017-SETENA y que en la Sesión No. 33-2017-SETENA celebrada el 24 de marzo del 2017 con la presencia de representantes del Ministerio de Ambiente y Energía, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, del Instituto Costarricense de Electricidad, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y del Ministerio de Salud, se aprobó el Acta No.032-2017 mediante la cual se aprobó el Acuerdo ACP-30-2017 que, en lo que interesa, señala: “PRIMERO: Comunicar tanto al público como a funcionarios de SETENA, que el tipo de infraestructura de telecomunicaciones que deberá ser sometida a análisis de EIA, ante esta Secretaría Técnica, serán aquellas que tipifiquen como “Torre de Telecomunicaciones”, de acuerdo con lo expuesto en el Considerando C) punto 3, de este acuerdo, a fin de que no haya confusiones en cuanto a la redacción actual del artículo 8, ítem 1 del Decreto 40075- MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT. Y que el procedimiento para la evaluación de las mismas se encuentran normadas en el Decreto 37803-MINAE-S- MOPT-MAG-MEIC. SEGUNDO: Ordenar al Departamento de Tecnologías de la Información, incluir este acuerdo en la página web de SETENA”. Indica que, según se desprende de ese acuerdo, la base para la toma de la decisión fue el oficio SG-DEA-0713-2017-SETENA y no se localizó un estudio técnico al respecto sino que, la interpretación que se realiza es la del punto C que señala: “C) Sobre la interpretación de la modificación del Decreto 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT según Decreto 40075- MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT”, el cual determina que solo las Torres de Telecomunicaciones son objeto de evaluación. Agrega que, en el estudio del asunto, la Dirección Técnica de esa Secretaría, se manifestó mediante el oficio SETENA-DT-DEA-0030-2021 en cuanto al argumento 2 de esta acción de inconstitucionalidad según el cual “Los postes son en realidad torres, al soportar ambos equipos de telecomunicaciones”, en los siguientes términos: 1) Poste de Telecomunicaciones: soporte único vertical de madera, concreto, acero u otro material, con un extremo dispuesto en el suelo, ya sea directamente o a través de cimientos. Estas estructuras generalmente se utilizan para el soporte de tendidos eléctricos y cableado de telecomunicaciones como cable coaxial, par de cobre y fibra óptica, entre otros (según Decreto Ejecutivo No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT). 2) Torre de telecomunicaciones: soporte que puede estar construido en materiales como madera, acero y concreto, y que suele constituirse de una estructura de cuatro lados entrecruzados o de un único soporte. Puede soportar varios elementos, como antenas de transmisión y equipos adicionales para el funcionamiento de las redes de telecomunicaciones (según Decreto Ejecutivo No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT). 3) Las especificaciones técnicas que definen una torre y un poste de telecomunicación son más diversas que su fin, o sea, “soportar equipos de telecomunicaciones”, que es el fin general de esas estructuras, pero no las distinguen o unifican en una misma clasificación. Utilizando solo esa definición, se obvia lo que sí es diferente entre esas estructuras: • Dimensiones de la estructura y su peso. • Dimensiones y tipo de la infraestructura soportante (cimentaciones). • Tipo y cantidad de los equipos a soportar. • Zona de cobertura que se ocupa para que el (los) equipo (s) soportado (s) cumpla (s) con su función (es) de telecomunicación. • Potencia necesaria para que el (los) equipo (s) soportado (s) cumpla (s) con su función (es) de telecomunicación. • Soporte de energía necesario para que el (los) equipo (s) soportado (s) cumpla (s) con su función (es) de telecomunicación. • Otras especificaciones técnicas. Lo anterior definirá la ubicación óptima necesaria para que la estructura de telecomunicación cumpla con su fin último, sea una zona rural, sub urbana o urbana. Consecuentemente, el impacto ambiental causado por la ejecución del proyecto de instalación de una estructura de telecomunicación (Torre/Poste), también será diferente, dependiendo del tipo de estructura utilizado y su ubicación. De acuerdo a investigación hecha por el Departamento de Evaluación Ambiental de la SETENA, las estructuras de telecomunicación más usadas en Costa Rica son las Torres y los Postes. 4) Torres de telecomunicaciones: Torres Neutrales: Son desarrolladas por empresas que construyen las torres en puntos estratégicos, lo negocia cada operador que instala sus equipos (microondas, parabólicas, paneles celulares, transmisores, entre muchos otros). Provee alimentación de electricidad y seguridad y se trata de un bien inmobiliario. Las hay auto soportadas y monopolo. Auto soportadas: se trata de una estructura diseñada para mantener su propio peso sin necesidad de soportes adicionales, son muy resistentes a la torsión que genera el viento por lo que son mayormente usadas cuando la cantidad de antenas que se colocarán sobre ésta, requieren una gran superficie. Este tipo de torres se fabrican en planta y se instalan o montan en el sitio. Por lo general, se usan en terreno natural y de difícil acceso en donde resulta complicado el uso de grúa. Su geometría en elevación es de forma piramidal y su base tiene forma triangular. Debido a que estas estructuras están sobre terrenos, se deben construir con una cimentación adecuada para soportar su propio peso más el de las antenas requeridas y el peso de 3 operadores con su respectivo equipo de seguridad y montajes para labores de mantenimiento. Características Técnicas: Altura: de 6 hasta 85 m Ancho: de 2 m2 hasta en relación con la altura de la torre Base: el armado de la cimentación será en relación con el tipo y altura de la torre peso de 50 kg a los 12.000 kg Acceso: escalerilla ubicada de un lado de la torre Capacidad de carga: de 200 kg hasta 1.600 kg En Costa Rica los proyectos más comunes son para la construcción y operación de torre de telecomunicación celular que consiste en un sitio de radio base para telefonía celular del tipo “Green Field Arriostrada”, el cual contempla el cimiento en concreto armado para la estructura, montaje de una torre de sección triangular. La torre generalmente alcanza una altura total de entre 35 y 60 metros, donde 35/60 metros corresponden a la torre, 3 metros son del soporte de pararrayos y 2 metros de pararrayos y luces de seguridad aérea. Generalmente se necesitará una placa de cimentación de 4x4m con 0,50m de espesor y sobre ésta existirán pedestales de 0,75m x 1,70m de altura, de donde se fijara la estructura de acero a colocar, además contempla una caseta o área para la colocación de equipos de las operadoras de 2,30 m2. El perímetro de AP estará resguardado con pared de concreto o malla ciclón, dependiendo de su ubicación urbana o rural y las condiciones de seguridad del sector; adicionalmente se instalará 0.5 m de alambre navaja en la parte superior y contará con un portón de hierro de doble hoja para el acceso al área de trabajo, todo lo anterior se desarrolla en un área de entre 120/250 m2. Infraestructura a desarrollar: instalación de torre autosoportada, placa de fundación, caseta para la instalación de los equipos de las operadoras, huella de acceso de vehículos, rampa de acceso al AP, tapia de confinamiento (en losas prefabricadas o mallas ciclónicas). Las torres de telecomunicación de este tipo, tienen un doble propósito: a) recibir la señal celular y distribuirla localmente; b) servir de enlace entre otras torres para retransmitir la señal. Las torres auto soportadas sustentan equipos los cuales cumplen las siguientes funciones: enlaces y retransmisión de señal celular (señal inalámbrica de ondas 3G, 4G, 5G), recibe la señal y envía a otro punto o torre. Los equipos llevan de un punto a otro la señal de telecomunicación, llevan de Torre-a-Torre la señal a través de paneles para telefonía móvil, enlaces y antenas de microondas (antenas parabólicas), siendo el propósito más importante el sostener los enlaces que unen una o más torres para retransmitir la señal. En esos enlaces la señal (ondas de telecomunicación) va en línea recta por lo que la existencia de obstáculos como árboles, edificios, cerros, montañas, volcanes, impiden que se efectúe, de modo que la señal o transmisión se corta y esa es la razón por la cual generalmente la transmisión se inicia en lugares altos, por ejemplo, el volcán Irazú y de ahí se cubren zonas como San José, Alajuela, Heredia donde la señal llega sin problemas. Ahora bien, para poder servir de enlace y crear la red, además de distribuir localmente la señal de celular, cada torre debe definir su zona de cobertura, la que dependerá de la posición de los paneles, de la potencia del equipo de transmisión y de las alturas de las torres: cuanto más alta la torre, más grande la zona de cobertura, por lo que esa es la razón para que un gran porcentaje de las torres de telecomunicaciones se ubiquen en zonas rurales. Monopolo: estas estructuras son visualmente discretas, instaladas normalmente en lugares en donde se requiere conservar la estética, ocupan menos espacio que otras torres de telecomunicaciones, se pintan de algún color o se adornan para permitir que la estructura se mimetice, lo cual reduce su impacto en la imagen urbana y las convierte en una excelente opción para zonas residenciales, corporativas y comerciales. Estas estructuras consisten en tubos de sección circular o poligonal y en elevación, puede ser de sección constante o cónica, se pueden instalar sobre terrenos y se deben construir con una cimentación adecuada, aseguradas por medio de pernos para soportar su propio peso más el de las antenas que se requieran. En ocasiones, este tipo de torres, cuentan con una plataforma de trabajo superior para un máximo de 4 operadores con su respectivo equipo de seguridad y montaje. Características Técnicas: Altura: de 18 a 45 m Ancho: de 0.60 a 1.5 m Peso: a partir de los 200 kg Base: de 3 a 9 m2 Acceso: escalerilla ubicada de un lado de la torre con capacidad de carga de hasta 800 kg. El uso de estas es diferente que la torre tipo Greenfield y que atinge menores alturas. 5) Postes de telecomunicaciones: Es una estructura visualmente discreta se conforma de un poste metálico poligonal seccionado en 2 o 3 partes fabricado con placa de acero al carbón. Son instalados normalmente en lugares en donde se requiere conservar la estética y son utilizados como luminarias; su cimentación se basa en una pila circular de 1 metro de diámetro por 5 metros de profundidad, armadas con acero de refuerzo y concreto. Ocupan espacios menores a las torres monopolos debido a que el equipo de transmisión y antenas se encuentran colocados en la misma estructura. Generalmente se pintan del color de las luminarias del entorno por lo que su impacto en la imagen urbana se pierde y las convierte en una excelente opción para zonas residenciales, corporativas y comerciales. En este tipo de estructura solo se puede ubicar a un operador y su instalación y montaje requieren del uso de grúa debido a que están armadas desde taller. Una vez izados solo es necesario colocar el medidor de energía eléctrica para comenzar su funcionamiento. Características técnicas altura: de 18m Ancho: de 0.60 a 1.5 m Peso: 1,739 kg Base: 1 m de diámetro Acceso: mediante grúa con canastilla capacidad de carga: ce 200kg hasta 1.600 6) No se puede calificar igualmente a postes y torres de telecomunicación porque son estructuras con funciones diferentes que sustentan equipos diversos: uno para distribución local y enlaces con poca zona de cobertura (postes), y otros direccionados a formar parte de una red de telecomunicación a nivel regional, con estructura de dimensiones mucho más grandes, cargas más pesadas, con cimentaciones más profundas, exigiendo ocupar más espacio y altitud (torres). El acuerdo impugnado -ACP-030-2017- tipifica que tipo de infraestructura de telecomunicación se deberá someter al análisis de EIA ante esta secretaria, de acuerdo con lo expuesto en el Considerando C) punto 3, de este acuerdo. Continúa señalando que el criterio anterior -expuesto por la Dirección Técnica de esa Secretaría mediante el oficio SETENA-DT-DEA-0030-2021, hace una diferenciación entre los postes y las torres de telecomunicaciones, reconociendo que con base en el Acuerdo de la Comisión Plenaria acá impugnado, lo que se somete a evaluación son las torres de telecomunicaciones. Manifiesta que, en este sentido, lo único que históricamente se ha evaluado en la SETENA son las torres de telecomunicaciones, reguladas inicialmente por medio las resoluciones No. 2031-2009-SETENA del 26 de agosto del 2010 y 123-2010-SETENA del 20 de enero del 2010 y luego reglamentadas en el artículo 9 bis del Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC que se incorporó con la emisión del Decreto Ejecutivo No. 37803-MINAE del 25 de junio de 2013, publicado en La Gaceta No 137 de 17 de julio de 2013, teniéndose en consideración dos motivaciones insertas que interesan: 1) que el Decreto Ejecutivo No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT, dispuso en su artículo 8 que en materia de instalación y ampliación de redes de telecomunicaciones, la Secretaría Técnica deberá dar trámite a las solicitudes en concordancia con los artículos 1, 2, 12 y 13 del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). 2) que para la evaluación ambiental de instalación de torres de telecomunicaciones, la Secretaría Técnica emitió las resoluciones No. 2031-2009-SETENA de 26 de agosto de 2010 y No. 123-2010-SETENA de 20 de enero de 2010, bajo el siguiente fundamento: a) en las actividades a realizar en la instalación de radio bases de telecomunicaciones, tanto en la fase constructiva como en la fase operativa, se generarán impactos ambientales negativos de baja significancia y mitigables por medio de medidas ambientales de implementación sencilla que serán puntuales, temporales y de baja intensidad. b) las empresas desarrolladoras visualizan el sistema de torres compartidas como un mecanismo para reducir el impacto visual en todo Costa Rica. Los impactos ambientales con el modelo de sitio compartido se minimizan al requerirse menos torres. c) el área que abarcará cada uno de los sitios donde se ubicarán las torres es muy reducida y ahí no se generarán aguas residuales ni desechos sólidos. d) dado que la proliferación de torres de telecomunicaciones será masiva, es preciso que un regente ambiental debidamente inscrito en la base de consultores de la Secretaría Técnica, se encargue de velar, informar y controlar que el desarrollo de todas las torres se realice siguiendo las recomendaciones ambientales pertinentes, buscando de esta forma minimizar los posibles impactos ambientales y, particularmente, los efectos en el paisaje; además le corresponde a dicho regente ambiental garantizar la fidelidad y calidad de los estudios adicionales presentados en el formulario correspondiente, siendo éste solidariamente responsable ante cualquier eventualidad. e) en igual sentido, para fomentar una mejor participación ciudadana, se le debe solicitar al desarrollador -de previo al otorgamiento de la viabilidad ambiental- los resultados del plan de comunicación. Manifiesta que el acuerdo impugnado se adoptó de conformidad con lo que la Secretaría Técnica tenía normado sobre el tema según el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental contenido en el Decreto No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG- MEIC, ello por cuanto se había eliminado del artículo 8 la frase que incluía los tipos de infraestructura de telecomunicaciones a evaluar, incluidos los postes reclamados por el accionante y que disponía: “Los tipos de infraestructura sometidos a la tramitación de la viabilidad ambiental serán los establecidos en el artículo 3 del presente decreto”. 7.- La Procuraduría General de la República rindió su informe mediante documento presentado en la Secretaría de la Sala Constitucional el 12 de abril de 2021 y, para ello, Julio Alberto Jurado Fernández en su condición de Procurador General de la República manifiesta, en primer lugar, que al alegarse la defensa de intereses difusos respecto al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 75 párrafo 2º de la Ley de la Jurisdicción Constitucional por lo que, en consecuencia, la Procuraduría no tiene reparos que hacer en relación con la legitimación de la parte accionante. 1) Sobre la evaluación de impacto ambiental: Recuerda que el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554, dispone que las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental cuya aprobación previa será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos, siendo la ley y los reglamentos los que indicarán cuáles actividades, obras o proyectos requerirán someterse a esa valoración. Por su parte, indica que esa evaluación es un concepto general que hace referencia al procedimiento administrativo técnico científico que lleva a cabo la Secretaría Técnica para identificar y predecir cuáles efectos ejercerá sobre el ambiente una actividad, obra o proyecto, cuantificándolos y ponderándolos para conducir a la toma de decisiones (ver artículo 3 inciso 39 del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental que es Decreto Ejecutivo No. 31849 de 24 de mayo de 2004). Señala que la evaluación de impacto ambiental es una medida acorde con el principio preventivo en el tanto permite evaluar y determinar cuáles serán los efectos negativos que una actividad, obra o proyecto causará en el ambiente de previo a su ejecución, así como también permite establecer las acciones tendentes a mitigar o compensar esos efectos adversos haciendo que la actividad, obra o proyecto se ejecuten de manera controlada, evitando la generación de daños al ambiente. Advierte que para que el Poder Ejecutivo pueda determinar mediante un decreto ejecutivo que ciertas obras o actividades no requieren someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, debe contarse con criterios técnicos que fundamenten esa decisión y, en tal sentido, una exclusión de evaluación implicaría que se determine que la actividad o proyecto, por sus particularidades, no altera ni destruye elementos del ambiente y no genera residuos, materiales tóxicos o peligrosos y que por lo tanto no resulta necesario someterlos a la evaluación de impacto ambiental previa. Aclara que la justificación técnica para excluir una evaluación de ese tipo se ve reforzada con la aplicación de los principios constitucionales de objetivación de la tutela ambiental, progresividad y no regresión y razonabilidad. 2) Antecedentes normativos sobre la sujeción de la infraestructura de telecomunicaciones a la evaluación de impacto ambiental: Manifiesta que la Ley General de Telecomunicaciones No. 8642 de 4 de junio de 2008 dispuso en su artículo 3 que uno de los principios rectores es la sostenibilidad ambiental según el cual, debe armonizarse el uso y la explotación de las redes y la prestación de los servicios de telecomunicaciones con la garantía constitucional de contar con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; principio que se reiteró en el artículo 3 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones No. 8660 de 8 de agosto de 2008. Indica que posteriormente la Secretaría Técnica Nacional Ambiental emitió las resoluciones No. 2031-2009 de 26 de agosto de 2009 y No. 123-2010 de 20 de enero de 2010 en las que se indicó que, en virtud de la baja significancia de los impactos ambientales generados por la instalación y operación de las torres de telecomunicaciones, la evaluación de impacto ambiental de éstas se tramitaría por medio de la presentación del documento de evaluación ambiental D2 y se establecieron el resto de requisitos que debían cumplirse. Advierte que, sobre el particular, la Sala Constitucional en la sentencia No. 2012-014111 de las 16 horas de 9 de octubre de 2012, https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-641132, dispuso que en atención a lo que dispone el artículo 16 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, las telecomunicaciones dejaron de conceptualizarse como un servicio público, con lo cual, si no existe una disposición legal que exija un estudio de impacto ambiental, el mecanismo a utilizar para evaluarlo en las radio bases de telecomunicaciones queda a criterio de la Secretaría Técnica. Manifiesta que luego se emitió el Decreto Ejecutivo No. 36159 de 10 de mayo de 2010 denominado “Normas estándares y competencias de las Entidades Públicas para la aprobación coordinada y expedita requerida para la instalación o ampliación de redes de telecomunicaciones” con el fin de identificar y agrupar cada una de las competencias de las entidades públicas del sector de telecomunicaciones que intervienen en los trámites y requisitos para que se atienda la tramitación requerida para la instalación de infraestructura de manera coordinada y expedita, así como la ampliación de redes de telecomunicaciones y su estructura (artículo 2). Manifiesta que según el artículo 8 de ese decreto -No. 36159-, debían someterse a la evaluación de impacto ambiental de la Secretaría Técnica mediante el formulario D2, los tipos de infraestructura señalados en el artículo 3 de ese mismo decreto, que dispone: “Artículo 3º-Tipos de infraestructura de telecomunicaciones. Las disposiciones del presente Decreto aplican para cualquiera de las siguientes modalidades de infraestructura definidas en la Norma Internacional 60050 de la Comisión Internacional Electrotécnica de acuerdo a la recomendación UIT-R V.662-3 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones: a. Antena de Telecomunicaciones: corresponde a la parte del sistema de transmisión o recepción de radio diseñado para proveer el emparejamiento entre el transmisor o el receptor y el medio en el cual se propagan las ondas de radio. Puede ubicarse en una torre de telecomunicaciones o puede ser auto-soportada. b. Ductos de Telecomunicaciones: conjunto de tuberías de diversos materiales destinadas a transportar cableado para servicios de telecomunicaciones a nivel subterráneo. c. Infraestructura de Telecomunicaciones: es toda estructura que se fije o se incorpore a un terreno, en el subsuelo o sobre él, que estará destinada a la instalación y soporte de una red o un servicio de telecomunicaciones. La infraestructura de telecomunicaciones puede estar constituida, por canalizaciones, ductos, postes, torres, estaciones de control y demás estructuras requeridas para la instalación y operación de las redes públicas para la provisión de servicios de telecomunicaciones. Este tipo de infraestructura no representa un fin como unidad habitacional. d. Poste de Telecomunicaciones: soporte único vertical de madera, concreto, acero u otro material, con un extremo dispuesto en el suelo, ya sea directamente o a través de cimientos. Estas estructuras generalmente se utilizan para el soporte de tendidos eléctricos y cableado de telecomunicaciones como cable coaxial, par de cobre y fibra óptica, entre otros. e. Red de telecomunicaciones: según el artículo 6, inciso 19), de la Ley General de Telecomunicaciones, corresponde a los sistemas de transmisión y demás recursos que permiten la transmisión de señales entre puntos de terminación definidos mediante cables, ondas hertzianas, medios ópticos u otros medios radioeléctricos, con inclusión de las redes satelitales, redes terrestres fijas (de conmutación de circuitos o de paquetes, incluida Internet) y móviles, sistemas de tendido eléctrico, utilizadas para la transmisión de señales, redes utilizadas para la radiodifusión sonora y televisiva y redes de televisión por cable, con independencia del tipo de información transportada. f. Telecomunicaciones: según el artículo 6, inciso 29), de la Ley General de Telecomunicaciones, corresponde a toda transmisión, emisión y/o recepción de signos, señales, escritos, datos, imágenes, sonidos o información de cualquier naturaleza por hilo, conductores, ondas radioeléctricas, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos. g. Torre de telecomunicaciones: soporte que puede estar construido en materiales como madera, acero y concreto, y que suele constituirse de una estructura de cuatro lados entrecruzados o de un único soporte. Puede soportar varios elementos, como antenas de transmisión y equipos adicionales para el funcionamiento de las redes de telecomunicaciones. Igualmente, el presente decreto aplicará para todos aquellas modalidades de infraestructura de telecomunicaciones que sean determinados por la Superintendencia de Telecomunicaciones o el Rector del Sector de Telecomunicaciones”. Indica que luego, mediante Decreto Ejecutivo No. 37803 de 25 de junio de 2013, se modificó el Reglamento general sobre los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y se incluyó el artículo 9 bis con el cual se adopta -en gran medida- el trámite que ya había sido fijado por la Secretaría Técnica mediante las resoluciones No. 2031-2009 y No. 123-2010. Señala que en este artículo se dispuso que los proyectos de instalación de torres de telecomunicaciones deben presentar un documento de evaluación ambiental D2 y cumplir una serie de requisitos ahí establecidos, regulándose además el trámite específico para este tipo de proyectos. Manifiesta que ese artículo señala: “Artículo 8°-Adiciónese un artículo 9° bis, al decreto ejecutivo Nº 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC del 24 de mayo de 2004 y sus reformas "Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)", el cual se leerá de la siguiente manera: "Artículo 9º bis-Documentos de Evaluación Ambiental para proyectos de instalación de torres de telecomunicaciones: El Documento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de los proyectos de instalación de torres de telecomunicaciones se tramitará a través del formulario D2, con la presentación de la información que dicho formulario solicita. Asimismo, debe ser complementado con la siguiente información adicional firmada por el profesional competente y debidamente inscrito en la base de consultores de SETENA: 1. Descripción del proyecto. 2. Certificación de Riesgo Antrópico. 3. Estudio de Geotecnia. 4. Estudio Rápido de Arqueología. 5. Archivo en formato digital Shape File (*.shp), con su respectiva base de datos y con el correspondiente polígono de localización del área del proyecto (AP); archivo en formato *.kml, con los mismos atributos del Shape File (nombre del proyecto, tipo del proyecto, número de plano catastrado, y número de finca, provincia, cantón, distrito, nombre del desarrollador, número de la cédula persona física o en su caso también el número de la cédula jurídica, fax o correo electrónico para atender notificaciones). 6. Archivo en formato digital Shape File (*.shp), con el correspondiente punto de localización de la torre dentro del área del proyecto (AP); archivo en formato *.kml, con los mismos atributos del Shape File (nombre del proyecto, tipo del proyecto, número de plano catastrado, y número de finca, provincia, cantón, distrito, nombre del desarrollador, número de la cédula persona física o en su caso también el número de la cédula jurídica, fax o correo electrónico para atender notificaciones).Los archivos Shape File deberán elaborarse bajo el Sistema de Proyección Cartográfica CRTM05. Los archivos digitales de georeferenciación deben venir en forma individual para cada torre. 7. Registro fotográfico de las condiciones actuales. 8. Los resultados del Plan de Comunicación a las comunidades cuyo contenido mínimo es el siguiente: - Objetivo (Debe indicar en qué consistirá el proyecto y que implicaciones posee). - Grupo meta (comunidades debe ser indicado cuál es el AID y justificarse). - Estrategia o mecanismo de divulgación a emplear en las comunidades ubicadas en el Área de Influencia Directa (AID) (incluir impactos) con el fin de informar sobre el proyecto a desarrollar, que incluya como mínimo los siguientes aspectos: - Periodo de divulgación. - Mensaje a transmitir (debe brindarse una descripción del proyecto explicando los impactos que generará). - Cronograma de actividades a llevar a cabo en el plan de comunicación. - Formato de respuesta a las comunidades sobre inquietudes relacionadas con la divulgación del proyecto. - Costos de la divulgación. El formulario D2 para Torres de Telecomunicaciones deberá ser firmado por el desarrollador y un Consultor Ambiental debidamente inscrito en la base de consultores de la SETENA, y autenticado por un abogado, o bien, ambos interesados deberán presentarse a SETENA y firmar personalmente ante el funcionario para efectos de autenticidad. Cuando se determine que el proyecto, de conformidad con los mapas hidrogeológicos y de vulnerabilidad aprobados por SENARA, se ubique en una zona vulnerable la SETENA podrá solicitar un estudio Hidrogeológico del área de interés. SETENA analizará los documentos presentados y de cumplirse con todos los requisitos, en un plazo de hasta 15 días hábiles se otorgará la viabilidad (licencia) ambiental. De existir observaciones o aclaraciones, la SETENA realizará una prevención al desarrollador, por una única vez y por escrito para su cumplimiento, para lo cual le dará un plazo no mayor de diez días hábiles para que complete la información; en caso de no subsanar en el plazo indicado se archivará el expediente. La prevención indicada suspende el plazo de resolución de la Administración; una vez transcurrido éste, continuará el cómputo del plazo restante previsto para resolver. De manera excepcional, si en el transcurso del estudio del caso, la SETENA necesita que se amplíe o se aclare la información de un requisito, y mediante resolución técnicamente justificada solicitará que se amplíe o se aclare dicho requisito, antes de los 15 días hábiles, y el administrado tendrá un plazo máximo de hasta 10 días para contestar. Los estudios correspondientes a los puntos 3 y 4 del artículo 9 bis deberán ser elaborados por profesionales en el campo. En caso de considerarse que la elaboración de dichos estudios no es necesaria, se deberá presentar una certificación en forma impresa emitida por el profesional facultado según su formación para emitir criterio al respecto, fundamentando técnicamente las razones por las cuales no se requiere de su presentación. En aquellos casos en que el proyecto se pretenda realizar en un área calificada como ambientalmente frágil conforme al anexo 3 del Decreto 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC o en aquellos que basado en criterio técnico justificado de la SETENA, se requerirá de una Evaluación Ambiental por medio del Documento de Evaluación de Impacto Ambiental D1”. Manifiesta que si bien es cierto esa norma hace referencia únicamente a “torres de telecomunicaciones”, también es lo cierto que el artículo 8 del decreto ejecutivo No. 36159 antes de ser reformado por el decreto impugnado en esta acción, disponía que toda la infraestructura de telecomunicaciones debía someterse a la evaluación de impacto ambiental y, por tanto, con sujeción a ambas normas, debe entenderse que el trámite dispuesto en el artículo 9 bis del decreto No. 31849 resultaba aplicable a todos los tipos de infraestructura de telecomunicaciones. Manifiesta que en abono a lo anterior, hay que tomar en cuenta que la Sala Constitucional en la sentencia No. 2012-013391 de las 14 horas 30 minutos de 25 de septiembre de 2012, https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-559982, estimó que las resoluciones de la Secretaría Técnica No. 2031-2009 y No. 123-2010 cuyo contenido es muy similar a lo dispuesto en el artículo 9 bis del decreto No. 31849, no solo resultaban aplicables a las torres de telecomunicaciones, sino también a los postes pues declaró con lugar un recurso de amparo en el cual se reclamaba que la municipalidad correspondiente autorizó la instalación de un poste de telecomunicaciones sin contar con el trámite de evaluación ambiental que fijaban esas resoluciones, por lo que estimó que lo actuado violentaba el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Argumenta que con el decreto ejecutivo No. 40075 impugnado se reformó el artículo 8.1 del decreto No. 36159, eliminándose la frase final que disponía: “Los tipos de infraestructura sometidos a la tramitación de la viabilidad ambiental serán los establecidos en el artículo 3 del presente decreto”. Señala que en los considerandos de ese decreto se dispuso que dicha reforma resultaba necesaria porque la redacción del artículo 8 era confusa en cuanto al órgano competente para determinar cuáles actividades, obras o proyectos deben someterse a la evaluación de impacto ambiental y dado el interés público de las redes públicas de telecomunicaciones, resultaba necesario limitar el trámite de viabilidad ambiental a aquellas modalidades de infraestructura que, en razón de sus características físicas y técnicas, cumplen con el presupuesto del artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, siendo competencia de la Secretaría Técnica -mediante sus distintos instrumentos legales-, definir los requisitos y procedimientos generales por los cuales se determinará la viabilidad (licencia) ambiental a las actividades, obras o proyectos nuevos que por ley o reglamento, se ha determinado que pueden alterar o destruir elementos del ambiente o generar residuos, materiales tóxicos o peligrosos así como las medidas de prevención, mitigación y compensación que, dependiendo de su impacto en el ambiente, deben ser implementadas por el desarrollador. Indica que igualmente se señaló que la apertura del mercado de telecomunicaciones requiere una mayor capacidad de respuesta a la heterogeneidad de las demandas planteadas por el sector a causa de la existencia de nuevos actores en el mercado. Manifiesta que, posteriormente, la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica emitió el acuerdo No. ACP-30-2017 acá impugnado a raíz de la modificación hecha mediante el decreto No. 40075 también cuestionado en este proceso; acuerdo en el que se estimó que al haberse modificado el artículo 8 del decreto No. 36159 y eliminarse la frase que indicaba que toda la infraestructura dispuesta en el artículo 3 debía someterse a la evaluación de impacto ambiental, se le dio la oportunidad a la Secretaría Técnica de ejercer ampliamente lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente y por ello se dispuso que “haciendo una lectura minuciosa del artículo 3, Tipos de infraestructura de telecomunicación, D.E. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT, y analizando ésta con la normativa de la SETENA en cuanto a las AOP, que deben ser sometidas a proceso de EIA, se tiene que el único tipo de infraestructura que debe someterse a análisis serán las Torres de Telecomunicaciones”. Añade que se acordó comunicar al público y a los funcionarios de la Secretaría Técnica que el tipo de infraestructura de telecomunicaciones que deberá ser sometida a análisis de estudio de impacto ambiental (EIA) ante esa Secretaría, serán aquellas que tipifiquen como “Torre de Telecomunicaciones”, de acuerdo con lo expuesto en el Considerado C) punto 3 de ese acuerdo a fin de que no haya confusiones en cuanto a la redacción actual del artículo 8, ítem 1 del decreto No. 40075, además de que el procedimiento para su evaluación se encuentra normado en el decreto No. 37803. 3) Análisis de los alegatos de inconstitucionalidad: Manifiesta que es criterio de la Procuraduría que el decreto ejecutivo No. 40075 sí implicó una modificación en cuanto a los tipos de infraestructura de telecomunicaciones que quedan sujetos a la evaluación de impacto ambiental. Aduce que con el texto que tenía el artículo 8 del decreto No. 36159 antes de su reforma, quedaba claro que todos los tipos de infraestructura señalados en el artículo 3 requerían la viabilidad ambiental de la Secretaría Técnica pero, con la eliminación de la frase final del punto 1 de ese artículo, únicamente queda vigente lo dispuesto en el artículo 9 bis del decreto ejecutivo No. 31849 que establece el trámite al que deben sujetarse las torres de telecomunicaciones para la obtención de la viabilidad ambiental y al hacer referencia únicamente a torres, quedan excluidas las demás obras de telecomunicaciones. Advierte que lo anterior queda aún más claro con el acuerdo de la Comisión Plenaria No. ACP-30-2017 acá impugnado pues en este se dispuso expresamente que de toda la infraestructura de telecomunicaciones, solo las torres deben someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Añade que como lo ha señalado la Sala Constitucional, es posible que mediante un decreto ejecutivo se indique que determinadas obras y proyectos no requieren viabilidad ambiental previa, pero para que esa exclusión resulte válida y conforme con el artículo 50 constitucional y los principios que de éste se derivan, es necesario que esa medida cuente con un respaldo técnico que la justifique. Argumenta que, para la Procuraduría, la constitucionalidad de las normas impugnadas depende de que se constate la existencia del sustento técnico que llevó al Poder Ejecutivo y a la Comisión Plenaria a determinar que la demás infraestructura de telecomunicaciones, aparte de las torres, no requieren obtener una viabilidad ambiental previa a su instalación y operación. Manifiesta que del texto de las normas impugnadas no es posible inferir cuál es el criterio técnico que las justifica por lo que, si de los informes que sobre esta acción remitan las otras instituciones a las que se les otorgó audiencia, no se acredita la existencia de ese sustento técnico, la Procuraduría considera que debe declararse con lugar la acción por violentarse los principios de progresividad y no regresión, razonabilidad, proporcionalidad y objetivación de la tutela ambiental, preventivo y del artículo 50 constitucional. Señala que, además, las normas impugnadas resultarían contrarias a lo dispuesto en el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos y demás instrumentos internacionales a partir de los cuales la jurisprudencia de la Sala Constitucional ha decantado el principio de progresividad y no regresión. Advierte que de no existir el fundamento técnico señalado, no existiría certeza de que la instalación de postes y el resto de infraestructura de telecomunicaciones, no esté causando afectaciones al paisaje ni daños a la salud de las personas, por lo que la normativa cuestionada también sería contraria al principio precautorio y eventualmente a los artículos 21 y 89 de la Constitución Política. Señala que el accionante pide que se declare que el impacto de los postes de telecomunicaciones no solo debe medirse individualmente sino en bloque, como efecto acumulativo y que se disponga que esos efectos deben ser regulados por la Secretaría Técnica y estudiados con una periodicidad mínima de 3 meses por zonas. Sobre el particular, advierte que, de declararse con lugar esta acción, el procedimiento a través del cual se evaluaría el impacto ambiental de los postes de telecomunicaciones y del resto de infraestructura de telecomunicaciones, es el previsto en el reglamento general sobre los procedimientos de evaluación de impacto ambiental del decreto ejecutivo No. 31849, pero esa norma no está siendo impugnada en esta acción. Aduce que el accionante no detalla cuáles son los aspectos por los cuales estima que el procedimiento allí fijado no es suficiente ni las razones por las que éste resultaría contrario a la Constitución Política indicando además que no se está discutiendo el tipo de procedimiento que debe aplicarse a la infraestructura de telecomunicaciones. En consecuencia, la Procuraduría estima improcedente acoger la solicitud del accionante de declarar que el impacto de los postes de telecomunicaciones no solo debe medirse individualmente sino en bloque como efecto acumulativo, ello por cuanto esa solicitud del gestionante no guarda relación con el objeto de la acción de inconstitucionalidad y, por tanto, no podría estimarse que sea una consecuencia directa y necesaria que deba dictarse en caso de declararse con lugar la acción. Añade que la Procuraduría no puede entrar a valorar técnicamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental previsto en el decreto ejecutivo No. 31849 para determinar si es correcto o suficiente para los fines que reclama el accionante. Recuerda que la Sala Constitucional también ha señalado que no es un órgano técnico y que por ello carece de competencia para analizar por el fondo los criterios técnicos y científicos y para determinar si los requisitos técnicos que contienen una norma, son correctos o no (ver sentencia No. 2017-018360 de las 10 horas 40 minutos de 15 de noviembre de 2017, https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-748547); en consecuencia, la Sala resultaría incompetente para determinar cuál sería el procedimiento técnico necesario para garantizar una adecuada valoración del impacto paisajístico que eventualmente genere la instalación de la infraestructura de telecomunicaciones. Aduce que en el eventual caso de que en aplicación del artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se estime que debe entrar a valorar ese aspecto y que la información técnica en el expediente permita constatar que la normativa actual no permite valorar adecuadamente el impacto paisajístico de la infraestructura de telecomunicaciones por lo que se estime inconstitucional no incluir este tipo de previsiones, se podría ordenar al Poder Ejecutivo la subsanación de esa omisión mediante las modificaciones normativas que correspondan. 4) Conclusiones: a) el decreto ejecutivo No. 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT acá impugnado, sí implicó una modificación en cuanto a los tipos de infraestructura de telecomunicaciones que quedan sujetos a la evaluación de impacto ambiental pues con la normativa vigente, ese procedimiento previo solo resulta exigible a las torres de telecomunicaciones. b) lo anterior se reiteró en el acuerdo de la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica No. ACP-30-2017 impugnado en esta acción, que dispuso expresamente que, de toda la infraestructura de telecomunicaciones, solo las torres deben someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. c) si bien es posible que mediante un decreto ejecutivo se indique que determinadas obras o proyectos no requieren obtener una viabilidad ambiental previa, también es lo cierto que para que esa exclusión resulte válida y conforme con el artículo 50 constitucional y los principios que de él se derivan, es necesario que la medida cuente con un respaldo técnico que la justifique; en consecuencia, la constitucionalidad de las normas impugnadas depende de que se constate la existencia del sustento técnico que llevó al Poder Ejecutivo y a la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica, a determinar que la demás infraestructura de telecomunicaciones, aparte de las torres, no requieren obtener una viabilidad ambiental previa a su instalación y operación. d) del texto de las normas impugnadas no es posible inferir cuál es el criterio técnico que las justifica por lo que, si de los informes que se remitan a esta acción, no se acredita la existencia de ese sustento técnico, debe declararse con lugar la acción por violarse los principios de progresividad y no regresión, razonabilidad y proporcionalidad y objetivación de la tutela ambiental, preventivo y del artículo 50 de la Constitución Política; además las normas impugnadas resultarían contrarias a lo dispuesto en el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos y demás instrumentos internacionales a partir de los cuales la Sala Constitucional ha decantado el principio de progresividad y no regresión. e) de no existir el fundamento técnico señalado, no existiría certeza de que la instalación de postes y el resto de infraestructura de telecomunicaciones no esté causando afectaciones al paisaje ni daños a la salud de las personas, por lo que, a la vez, la normativa cuestionada resultaría contraria al principio precautorio y eventualmente a los artículos 21 y 89 de la Constitución Política. f) resulta improcedente acoger la solicitud del accionante de declarar que el impacto de los postes de telecomunicaciones no solo debe medirse individualmente sino en bloque como efecto acumulativo y que eso debe ser regulado por la Secretaría Técnica así como estudiados con una periodicidad mínima de 3 meses por zonas, toda vez que esa solicitud no tiene relación con el objeto de la acción pues el decreto ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC que establece el procedimiento a través del cual se evaluaría el impacto ambiental de los postes de telecomunicaciones y del resto de infraestructura de telecomunicaciones, no está siendo impugnado ni se detallan las razones por las cuales se estima que es contrario a la Constitución Política, con lo cual no es una consecuencia directa y necesaria que deba dictarse en caso de declararse con lugar la acción. g) en caso de que la Sala Constitucional, en aplicación del artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, estimare que debe entrar a valorar ese aspecto y que con la información técnica que se haga llegar al expediente, se constate que la normativa actual no permite valorar adecuadamente el impacto paisajístico de la infraestructura de telecomunicaciones por lo que se estime que resulta inconstitucional al no incluirse ese tipo de previsiones, podría ordenar al Poder Ejecutivo la subsanación de esa omisión mediante las modificaciones normativas pertinentes. 8.- Rinde su informe Andrea Meza Murillo en su calidad de Ministra de Ambiente y Energía, mediante documento presentado en la Secretaría de la Sala Constitucional el 13 de abril de 2021 y señala que la naturaleza jurídica de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental es la de un órgano administrativo de desconcentración máxima adscrito al Ministerio de Ambiente y Energía, ello de acuerdo con el artículo 83 de la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554, cuyo propósito fundamental es el de armonizar el impacto ambiental con los procesos productivos -según el artículo 17 de dicha Ley-, cuyas funciones están dadas en el numeral 84 siguiente y ha sido creada como un órgano especial en la materia técnica de evaluación ambiental. Argumenta que, con base en la desconcentración máxima en la materia que ostenta esa Secretaría Técnica, su representado le requirió el informe respectivo para brindar respuesta a esta Sala; informe que se emitió mediante el oficio SETENA-SG-0401-2021, indicando en lo que interesa: “…por consiguiente, el criterio expuesto hace una diferenciación entre los postes y las torres de telecomunicaciones reconociendo que con base en el Acuerdo de la Comisión Plenaria, lo que se somete a evaluación son las Torres de Telecomunicaciones. En este sentido, lo único que históricamente se ha evaluado en la SETENA son las Torres de Telecomunicaciones, reguladas inicialmente por medio las resoluciones Nº2031-2009-SETENA del 26 de agosto del 2010 y 123-2010-SETENA del 20 de enero del 2010 y luego reglamentadas en el artículo 9 bis del Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-SMOPT-MAG-MEIC que se incorporó con la emisión del Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-SMOPT-MAG-MEIC que se incorporó con la emisión del Decreto Ejecutivo No. 37803- MINAE del 25 de junio de 2013, publicado en La Gaceta Nº 137 del: 17 de julio del 2013”. Manifiesta que dichas reglamentaciones están vigentes al momento de rendir este informe. Solicita que se tenga por atendida la solicitud de informe requerido a su representado. 9.- En atención a la audiencia conferida se apersona Victoria Hernández Mora, en su condición de Ministra de Economía, Industria y Comercio, mediante documento presentado en la Secretaría de la Sala el 13 de abril de 2021 e indica que de acuerdo con la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554, la armonización del impacto ambiental con los procesos productivos están confiadas al Ministerio de Ambiente y Energía, a través de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, tal y como lo disponen los artículos 83, 84, siguientes y concordantes del cuerpo normativo en mención. Recuerda que, como lo ha dicho la Sala Constitucional, el Estado tiene una obligación ineludible, constitucional y legal de garantizar, defender y preservar el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y dar a todas las personas los instrumentos para defender este derecho fundamental (ver sentencias No. 2011-000452 y No. 2011-002098). Sobre las competencias legales del ministerio que representa: Indica que, a través de la rectoría de ese ministerio en la mejora regulatoria, procedió a la firma del Decreto Ejecutivo No. 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT -acá impugnado- publicado en La Gaceta No. 35 de 17 de febrero de 2017, Alcance 36, cuya razón de ser se desprende de sus considerandos, entre lo que se puede destacar: a) que conforme con el artículo 74 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, el establecimiento, la instalación, la ampliación, la renovación y la operación de las redes públicas de telecomunicaciones o de cualquiera de sus elementos son actividades de interés público y en esa condición constituyen un tema prioritario para impulsar el desarrollo de las telecomunicaciones en Costa Rica. b) que el Decreto Ejecutivo No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT, denominado "Normas Estándares y Competencias de las Entidades Públicas para la aprobación coordinada y expedita requerida para la Instalación o Ampliación de Redes de Telecomunicaciones", no creó nuevas competencias administrativas o autoridades, sino que sistematizó las preexistentes de rango legal con el objeto de garantizar la atención coordinada y expedita a la tramitación requerida para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones. c) que la redacción actual del artículo 8 del mencionado decreto ejecutivo puede llevar a una interpretación errónea sobre cual institución es la competente, para determinar las actividades, obras o proyectos sujetos al cumplimiento de la exigencia de viabilidad ambiental. d) que el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554, dispone que requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos. e) que el decreto impugnado dispone una reforma parcial al artículo 8 inciso 1) del Decreto Ejecutivo No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT, denominado "Normas Estándares y Competencias de las Entidades Públicas para la aprobación coordinada y expedita requerida para la instalación o Ampliación de Redes de Telecomunicaciones", teniendo como condiciones adicionales que motivan su modificación las siguientes: 1. La apertura del mercado de telecomunicaciones implica una mayor capacidad de respuesta del Viceministerio a la heterogeneidad de las demandas planteadas por el sector como producto de la presencia de nuevos actores en el mercado, distintos a los estatales. 2. que es la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, como órgano de desconcentración máxima del Ministerio del Ambiente y Energía, quien tiene como su propósito fundamental, entre otros, armonizar el impacto ambiental en las actividades, obras o proyectos que se desarrollen en el país. 3. es competencia de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, mediante sus distintos instrumentos legales, definir los requisitos y procedimientos generales por los cuales se determinará la viabilidad (licencia) ambiental a las actividades, obras o proyectos nuevos que por ley o reglamento, se han determinado que pueden alterar o destruir elementos del ambiente o generar residuos, materiales tóxicos o peligrosos; así como, las medidas de prevención, mitigación y compensación que, dependiendo de su impacto en el ambiente, deben ser implementadas por el desarrollador. f) que el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, establece que las leyes y los reglamentos indicarán cuáles actividades, obras o proyectos requerirán la evaluación de impacto ambiental, de forma que, en aplicación del principio de legalidad, no es sino por la vía de ley en sentido estricto o por la vía del decreto ejecutivo que se debe necesariamente definir la infraestructura de telecomunicaciones que estará sujeta a viabilidad ambiental. Añade que el artículo 2 inciso e) de la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554, establece que el daño al ambiente es un delito de carácter social, económico, cultural y ético. Manifiesta que, en la definición, propia de daño ambiental, el Poder Ejecutivo valoró los principios ambientales, entre ellos: a) Principio precautorio: cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no debe ser utilizada como razón para postergar la decisión. b) Principio preventivo: se analizan los efectos, de manera que toda actividad debe anticipar, prevenir y atacar las causas que puedan afectarlo o amenazar el ambiente.De conformidad con lo expuesto, el Despacho que representa considera que la reforma reglamentaria no menoscaba los principios precautorio, de objetivación, la razonabilidad y la proporcionalidad y estima que más bien, lejos de eso, la reforma busca la satisfacción del interés público en el establecimiento, la instalación, la ampliación, la renovación y la operación de las redes públicas de telecomunicaciones conforme con el principio de legalidad, así como la no afectación del ambiente, sin dejar de lado la labor que ostenta la Secretaría Técnica en esta materia. Advierte que la versión original del decreto en comentario disponía, en su artículo 8 inciso 1 que “…Los tipos de infraestructura sometidos a la tramitación de la viabilidad ambiental serán los establecidos en el artículo 3 del presente decreto”, mientras que el artículo tercero hace alusión a conceptos como telecomunicaciones que no están haciendo referencia -en sentido estricto- a una infraestructura como tal, por lo que la reforma realizada, permitió una mayor precisión a tono con los principios que rigen la mejora regulatoria al remitir propiamente a los artículos correspondientes del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental -decreto ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC de 24 de mayo de 2004-; reglamento que contiener los procedimientos de evaluación ambiental y que contiene normas específicas sobre la evaluación de actividades, obras o proyecto, según su riesgo. Añade que esta reforma se enfocó en simplificar un trámite que permite coadyuvar con los esfuerzos del país en materia de telecomunicaciones y conectividad, reservando una vez más la evaluación ambiental a lo que establece el decreto No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC y los principios que tutela la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554. Finaliza solicitando a la Sala que se declare sin lugar la presente acción de inconstitucionalidad al considerar que la normativa impugnada, no resulta contraria a la Constitución Política. 10.- Informa Paola Vega Castillo en su condición de Ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, a través de documento presentado en la Secretaría de la Sala el 14 de abril de 2021, que rechaza el argumento del accionante en el sentido de que el objetivo del decreto impugnado haya sido relajar el ordenamiento jurídico para excluir a la Secretaría Técnica de todas las valoraciones ambientales a los postes de telecomunicaciones así como a otra infraestructura de telecomunicaciones diferente a torres, sin razón alguna y sin estudios que justificaran las desregulación en franca violación a los principios de no regresión, progresividad, precautorio y de objetivación. Indica que, por el contrario, tal y como consta en sus considerandos, la intención fue confirmar la competencia legal de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental dispuesta por Ley Orgánica del Ambiente No. 7554, tomando en cuenta que el objetivo del decreto ejecutivo No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT es compilar las atribuciones relacionadas con la instalación requerida para la instalación o ampliación de infraestructura de telecomunicaciones establecidas en el marco jurídico vigente. Manifiesta que, de la fundamentación del citado decreto, se desprenden 3 puntos relevantes que sustentan la posición de la Rectoría de Telecomunicaciones según la cual, la emisión del decreto ejecutivo impugnado no tiene por objeto relajar y excluir las regulaciones ambientales de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental a los postes de telecomunicaciones: 1) que el decreto ejecutivo No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT denominado “Normas Estándares y Competencias de las Entidades Públicas para la aprobación coordinada y expedita requerida para la Instalación o Ampliación de Redes de Telecomunicaciones”, no persigue crear o regular las competencias de órganos de la Administración Pública como lo sería la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, sino que tiene por objeto “(…) identificar y agrupar cada una de las competencias de las entidades públicas del Sector de Telecomunicaciones que intervienen en los trámites y requisitos para que de manera coordinada y expedita se atienda la tramitación requerida para la instalación de infraestructura, así como la ampliación de redes de telecomunicaciones y su estructura correspondiente(…)” (ver artículo 2). 2) que el citado decreto ejecutivo No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT no tiene el carácter de ser una norma técnica en materia ambiental y, por ende, tampoco constituye una fuente normativa que regula una actividad, obra o proyecto que estén sujetos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental; por el contrario, tal naturaleza sí la ostenta el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental contenido en el decreto ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC. 3) de los considerandos del decreto ejecutivo No. 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPTacá impugnado se desprende que su propósito ha sido evitar interpretaciones erróneas con respecto a cuál institución del Estado tiene la competencia para determinar las actividades, obras o proyectos que se encuentran sujetos al cumplimiento del requerimiento de otorgamiento de viabilidad ambiental esto por cuanto la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 establece que es la Secretaría Técnica el Órgano encargado de realizar y evaluar la significancia del impacto ambiental de las actividades humanas y, por ende, es la autoridad que tendría la competencia para realizar los estudios técnicos necesarios a fin de determinar qué tipo de infraestructura de soporte de telecomunicaciones requiere sujetarse a la viabilidad ambiental. Indica que, en razón de lo dicho, rechaza el criterio del accionante según el cual, la modificación realizada al decreto ejecutivo No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT, produjo un relajamiento del ordenamiento jurídico ambiental y desregularizó la instalación de postes de telecomunicaciones, ello porque la modificación realizada por el Poder Ejecutivo mediante el decreto ejecutivo No. 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT acá impugnado, persigue confirmar la competencia legal y reglamentaria de la Secretaría Técnica como órgano técnico especializado para la determinación de la significancia de impacto ambiental de las actividades, obras o proyectos, y su atribución para evaluar los diferentes métodos para la valoración del impacto ambiental que se derive de la instalación, la ampliación, la renovación y la operación de las redes públicas de telecomunicaciones o de cualquiera de sus elementos, así como la necesidad del otorgamiento de la viabilidad ambiental en aquellos casos que así lo requieran. Considera que el accionante está confundiendo la naturaleza, alcances y objeto del decreto ejecutivo No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT y del decreto ejecutivo No. 40075- MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT, pues ninguna de las dos normativas tienen la naturaleza de ser normas técnicas que regulen las competencias de la Secretaría Técnica, como lo pretende hacer ver el accionante, sino que su pretensión ha sido la de recopilar las regulaciones legales vigentes y, de esta forma, facilitar a los interesados el conocer cuáles son las entidades competentes y los procesos que deben cumplirse para la instalación o ampliación de infraestructura de telecomunicaciones; en consecuencia, rechaza la presunta violación a los principios de no regresión, objetivación de la tutela ambiental, precautorio y de progresividad, así como al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y a los artículos 7, 21, 50 y 89 de la Constitución Política por parte del decreto ejecutivo No. 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE- MOPT, denominado “Reforma Normas Estándares y Competencias de las Entidades Públicas para la aprobación coordinada y expedita requerida para la Instalación o Ampliación de Redes de Telecomunicaciones” publicado en el Alcance No. 36 al Diario Oficial La Gaceta No. 35 del 17 de febrero de 2017 mediante el cual se modificó el inciso 1) del artículo 8 del decreto ejecutivo No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT denominado “Normas Estándares y Competencias de las Entidades Públicas para la aprobación coordinada y expedita requerida para la Instalación o Ampliación de Redes de Telecomunicaciones”, emitido el 10 de mayo del 2010 y sus reformas, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 175 de 08 de septiembre de 2010, ya que la modificación realizada no implicó violación alguna a los principios y derechos constitucionales alegados por el accionante. Agrega que es inexacto afirmar, como lo hace el accionante, que exista una relación directa entre la modificación del artículo 8 inciso 1) del decreto ejecutivo No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT, la emisión del Acuerdo No. ACP-30-2017 adoptado en la sesión ordinaria No. 033-2017-SETENA celebrada el 24 de marzo de 2017 por la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica y la violación a los principios de no regresión, objetivación, precautorio y de progresividad, el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como lo dispuesto en los artículos 7, 21, 50 y 89 de la Constitución Política. Reitera que la modificación del artículo 8 inciso 1) del decreto ejecutivo N° 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT de cita, estaba dirigida a subsanar un error de redacción que generaba una interpretación contraria al ordenamiento jurídico particularmente los numerales 11 de la Constitución Política así como 11 y 16 inciso 1) de la Ley General de la Administración Pública, en el sentido que podría llevar a confusión que, mediante la citada norma se pretendiera regular, sin contar con un dictamen técnico ambiental por el órgano competente -Secretaría Técnica- sobre cuáles eran las actividades, obras y proyectos en materia de telecomunicaciones que requerían de sujetarse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental; o peor aún, que pudiera interpretarse que dicho numeral creara o restringiera las competencias legalmente conferidas a la Secretaría Técnica. Manifiesta que el artículo 84 de la Ley Orgánica del Ambiente, le establece a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, una serie de funciones que dan marco a su facultad legal para realizar los estudios técnicos requeridos y determinar cuáles son las actividades, obras o proyectos que, según su incidencia en el ambiente -significancia ambiental-, deban ser sometidas al procedimiento de evaluación de impacto ambiental pues no toda actividad, obra o proyecto debe ser sometida al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, sino sólo aquella que por las características y grado de significancia de impacto ambiental lo requiera, en atención al principio de objetivación en materia ambiental que postula que las decisiones que se adopten deben contar con la necesaria acreditación de estudios técnicos, tanto en relación con actos administrativos como de las disposiciones de carácter general, a fin de asegurar un balance entre el resguardo de los elementos ambientales y su utilización racional, frente al derecho de los habitantes de contar con un desarrollo económico sostenible -conforme al artículo 2 inciso c) de la Ley Orgánica del Ambiente-. Agrega que tampoco es exacto vincular la modificación del inciso 1) artículo 8 del decreto ejecutivo No. 36159 MINAET-S-MEIC-MOPT con la emisión del Acuerdo No. ACP- 30-2017 acá impugnado y, en ese sentido, señala que, si bien es cierto, al haberse ajustado la redacción del inciso citado, se reiteró la competencia de la Secretaría Técnica para ejercer su competencia, también es lo cierto es que la decisión de la Secretaría Técnica de establecer que las torres de telecomunicaciones debían cumplir con dicho procedimiento -excluyendo otro tipo de infraestructura o actividades-, no es inconstitucional per se, ni menos es una violación a los principios de regresión ambiental, precautorio y objetivación en materia ambiental, como lo alude el accionante. Argumenta que la potestad de la Secretaría Técnica de identificar cuáles son las actividades, obras o proyectos que deben cumplir con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental viene dada por ley, pero también ha sido reconocida por la Sala Constitucional. Señala que, como parte de dicha atribución legal de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental se encuentra la posibilidad de fijar parámetros que vayan ajustándose a la realidad nacional, enfocando sus recursos escasos e interviniendo sólo en aquellas actividades, obras o proyectos que son relevantes desde la perspectiva ambiental. Agrega que, a partir de las argumentaciones del accionante, pareciera derivarse que cualquier tipo de obra constructiva, por estar ligada a los servicios de telecomunicaciones, debe estar sujeta a la evaluación del impacto ambiental, lo cual no es exacto ya que depende de si esta obra, actividad o proyecto tiene un grado de significancia en el ambiente que lo exija. Analiza que el que la Secretaría Técnica, en ejercicio de sus funciones legalmente atribuidas, haya aprobado el Acuerdo No. ACP-30-2017 acá impugnado y que sólo las torres de telecomunicaciones se tangan que sujetar a dicho procedimiento, no implica una violación a los principios de regresión ambiental, precautorio y objetivación ambiental, sino todo lo contrario, tiene su asidero en el ejercicio de potestades legales, según los artículos 11 de la Constitución Política, y artículos 11 y 59 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, que conceden la posibilidad que la Secretaría Técnica defina bajo criterios técnicos, la ciencia y la lógica cuáles son esas actividades, obras o proyectos que están sujetos a la evaluación del impacto ambiental; criterio confirmado por la Sala Constitucional en la sentencia No. 2017-005994 de las 11:00 horas de 26 de abril de 2017, https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-711352. Aclara que el acuerdo acá impugnado, reitera lo definido por la Secretaría Técnica en el año 2013 cuando, en ejercicio de esa potestad y previa realización de estudios técnicos efectuados en ese momento, en el artículo 9 bis del decreto ejecutivo No. 31849 modificado por el decreto ejecutivo No. 37803, se dispuso que las infraestructuras de telecomunicaciones sujetas a evaluación de impacto ambiental eran las torres de telecomunicaciones y no todas las actividades, obras o proyectos dentro de ese sector; es decir, el acuerdo impugnado no se configura como un acto nuevo, con efectos propios, sino que es una reiteración de lo ya definido por la Secretaría Técnica en el año 2013, lo que considera que es un aspecto confundido por el accionante en sus argumentos. Indica que esta confusión sobre el carácter del acuerdo impugnado y los alcances de la modificación del decreto ejecutivo No. 36159-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT, conllevan al accionante a argumentar que, en la especie, hay una violación de los principios de regresión ambiental, precautorio y objetivación en materia ambiental cuando, en realidad, lo que existe es el ejercicio de una competencia legal de la Secretaría Técnica que, bajo criterios técnicos efectuados en el año 2013, determinó que la construcción de torres de telecomunicaciones deben ajustarse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Añade que en razón de lo anterior, a criterio de esa Rectoría de Telecomunicaciones que representa, el fondo de lo aducido por el accionante radica en su disconformidad con los criterios técnicos establecidos por la Secretaría Técnica para identificar que, de las actividades, obras y proyectos en telecomunicaciones, lo que está sujeto a la evaluación de impacto ambiental, por su significancia de impacto en el ambiente, son las torres de telecomunicaciones, lo cual es un aspecto de legalidad que debe ser discutido y analizado por los tribunales ordinarios y no por la vía de la acción de inconstitucionalidad. Añade que, de esta manera, no existe una conexidad “per se” entre la modificación del inciso 1) del artículo 8 del decreto ejecutivo No. 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT y el Acuerdo No. ACP-30-2017 adoptado en la sesión No. 033-2017-SETENA celebrada el 24 de marzo de 2017 por parte la Comisión Plenaria, como lo hace ver el accionante, que es la vinculación que, para el accionante, fundamenta la supuesta inconstitucionalidad del decreto ejecutivo No. 40075 por cuanto, la modificación está dirigida a confirmar las competencias legales de la Secretaría Técnica, por lo que aún y cuando no existiera el decreto ejecutivo No. 36159-MICITT-S-MEIC- MINAE-MOPT, dicha Secretaría Técnica Nacional Ambiental mantiene su competencia para determinar las actividades, obras o proyectos que requieren la evaluación de impacto ambiental, previa determinación del grado de significancia ambiental de éstas y que fue ejercida desde el año 2013 con la inclusión del artículo 9 bis en el decreto ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC. Alegato de que los postes son en realidad torres porque ambos soportan equipos de telecomunicaciones: Rechaza este argumento por cuanto, en su criterio, dicha afirmación no cuenta con ningún respaldo de índole técnico y/o jurídico y, más bien, es contraria a lo establecido en diversas normas del ordenamiento jurídico nacional. Señala que el accionante pretende equiparar la estructura de una torre de telecomunicaciones con la de un poste por la función que cumple, lo que sería equivalente a considerar que son iguales la estructura de un edificio de quince pisos (65 metros de altura aproximadamente), la de una valla publicitaria o la de un poste de 24 metros de altura o menos, solo por el hecho de que pueden ser estructuras soportantes de equipo radiante de telecomunicaciones. Indica que lo anterior cobra relevancia porque para esa Rectoría de Telecomunicaciones que representa, el fondo de la disconformidad del accionante se basa en la equiparación entre un poste y una torre por estar dispuestas ambas infraestructuras para soportar los equipos radiantes de telecomunicaciones, dejando por fuera que usualmente para desplegar una red de telecomunicaciones se utilizan no sólo esos dos tipos de estructuras soportantes, sino también los edificios, vallas publicitarias, casas de habitaciones, o cualquier otra edificación que se haya definido como técnicamente apta para la colocación de elementos radiantes. Aclara que tanto las torres de telecomunicaciones, como los postes, se pueden configurar como estructuras soportantes del equipo activo requerido para que funcionen las redes de telecomunicaciones pero, estructuralmente son diferentes, cumplen funciones específicas diferenciadas en el diseño de una red de telecomunicaciones y, por ende, se regulan de forma distinta, según las características y particularidades estructurales que tienen; es decir, desde la perspectiva civil y constructiva son distintas y, de hecho, pueden incidir en el ambiente de forma distinta. Considera que el accionante incurre en un error técnico básico cuando equipara una estructura soportante de telecomunicaciones como una torre o un poste, a una antena y, en ese sentido, se debe recordar que la antena es el elemento activo irradiante que lleva a cabo la transmisión de las ondas electromagnéticas que permiten establecer el canal de comunicación; por su parte, las torres o postes son los elementos que permiten dar soporte a las antenas en un sistema de telecomunicaciones para darles la altura y orientación necesaria a fin de que el servicio se pueda prestar de forma efectiva y eficiente. Aduce que existen algunos casos en que la estructura metálica de una torre constituye en sí misma el elemento radiante, como en sistemas de ondas hectométricas y/o decamétricas -como en el caso de las transmisiones de radiodifusión en FM o de onda corta-, pero está claro que el enfoque de esta acción está referido a los servicios de telecomunicaciones disponibles al público mediante redes móviles para brindar conectividad inalámbrica a internet, por lo que es importante hacer la aclaración. Añade que, según el accionante, el poste de servicio de telecomunicaciones es diferente al poste que soporta redes eléctricas y, por ende, solo los postes de telecomunicaciones, mas no así los postes eléctricos, deben estar sujetos al estudio de impacto ambiental; sin embargo, esa afirmación es inexacta y generalizada por varios aspectos: a) el primero de ellos es que deja de lado que los postes eléctricos usualmente en Costa Rica son utilizados también para soportar equipos o cables de servicios de telecomunicaciones, como lo son televisión por suscripción, fibra óptica, cable coaxial, entre otros, por lo que siguiendo el argumento del accionante, la mayoría de los postes eléctricos en el país, también lo serían por su función postes de telecomunicaciones; b) el segundo de ellos es que el sometimiento de evaluación de impacto ambiental no deviene en cuanto al tipo de servicios que soportan, ya sea electricidad, agua, telecomunicaciones o televisión por suscripción, sino por el grado de impacto que se genere sobre el ambiente y la determinación de la significación ambiental de la actividad, obra o proyecto que se trate. Si se sigue la fundamentación del impugnante respecto a que, por la función de ciertas infraestructuras, deben cumplir la evaluación de impacto ambiental, sería llegar a decir que los postes de distribución eléctrica y las torres eléctricas de alta tensión son iguales -porque comparten la función general de soportar redes eléctricas- y, por ende, deben estar sometidos a las mismas regulaciones, lo cual es totalmente inexacto. Además señala que es preciso tener en cuenta que la utilización de postes o torres en diferentes tipos de edificaciones, no se fundamenta en un tema meramente de costos económicos de las empresas, sino de aspectos técnicos propios del diseño de las redes de telecomunicaciones, por lo que es inexacto aducir que la decisión de incorporar un poste dentro del diseño de una red, obedece a un factor económico, como lo aduce el accionante. Indica que para el despliegue de redes de telecomunicaciones, resulta necesaria la instalación de infraestructura en un área determinada conocida como sitio, el cual forma parte de los sistemas que proporcionan cobertura para la prestación de servicios de telecomunicaciones y estos sitios consisten en espacios físicos en los cuales se instalan diversos elementos de la red, entre ellos, la infraestructura activa que es la que procesa las señales tales como las antenas, portadoras, agregadores, así como la infraestructura pasiva como torres, postes o mástiles sobre la cual se colocan las antenas que son las que emiten y reciben las señales. Añade que las características de los elementos a instalar en el sitio dependen de diversos factores tales como la tecnología, la frecuencia que se vaya a utilizar -incide en la propagación de las ondas electromagnéticas-, el área de cobertura que se requiere atender, el tipo de servicio a prestar, la calidad de servicio con la que se debe cumplir, la cantidad de usuarios que se espera atender y el diseño técnico de la red, los cuales determinan las características de las antenas que serán instaladas. Advierte que el diseño de la red de telecomunicaciones es tarea del concesionario o prestatario del servicio de telecomunicaciones, como lo reconoció el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Sexta del Segundo Circuito Judicial de San José bajo el expediente No.14-005558-1027-CA, al analizar la emisión del “Reglamento para el otorgamiento de Licencias municipales en materia de telecomunicaciones”, el cual indicó en lo que interesa: “(…) no compete a los Municipios la regulación del diseño de las redes públicas, pues es tarea de los operadores y proveedores de telecomunicaciones habilitados, con base en los requerimientos técnicos que la Superintendencia de Telecomunicaciones establezca. (...) Quiere decir entonces, que conforme a esa norma, las redes públicas deben ser diseñadas por cada operador, contemplando aspectos como las condiciones geográficas del terreno y cantidad de usuarios, así como conforme a las condiciones técnicas, jurídicas y económicas que permitan su interoperabilidad. Incluso, sujeta el diseño a los planes técnicos fundamentales de numeración, señalización, transmisión, sincronización e interconexión. (...)”. Argumenta que también es inexacto aducir que los postes de telecomunicaciones están excluidos de cualquier tipo de regulación o de pago de los emolumentos a nivel nacional, ya que si bien no requieren del visado de planos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y la Evaluación Ambiental de la Secretaría Técnica pues no hay construcción sino que es la colocación de un elemento ya construido, también es lo cierto que están sometidos a permisos municipales, así como al cumplimiento de requisitos para la instalación de un medidor eléctrico y a los alineamientos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes e igualmente, deben cancelar el pago de canon de uso de bienes de dominio público establecido por la Dirección General de Tributación mediante el “Procedimiento para la Fijación del Canon del Arrendamiento por la Construcción y Operación de Redes Públicas de Telecomunicaciones y del Canon por el Uso de Bienes de Dominio Público para la Instalación de la Infraestructura de Telecomunicaciones”, publicado en el Alcance No. 339 del Diario Oficial La Gaceta No. 300 de 24 de diciembre de 2020, esto de conformidad con el artículo 79 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos No. 7593. Manifiesta que, técnicamente, la infraestructura de una torre o de un poste no son iguales y no es factible equipararlas desde su perspectiva estructural y técnica, lo que no excluye que la Secretaría Técnica en ejercicio de sus competencias legalmente atribuidas, determine que las torres de telecomunicaciones deban estar sometidas a su verificación ambiental por cuanto su significancia de impacto ambiental lo amerita; identificación que no se basa únicamente en la función o en el tipo de servicios que soportan, sino en virtud de la ponderación de los efectos de la actividad de construcción que conlleva la instalación de las torres sobre el ambiente, tal y como está regulado en el numeral 37 del Reglamento del Proceso General de Evaluación de Impacto Ambiental sus reformas. Considera que la divergencia del accionante no está circunscrita a un tema de análisis constitucional de la norma, sino al contrario, está enfocado en los análisis técnicos que conllevaron a la Secretaría Técnica a determinar, dentro de los tipos de actividades, obras o proyectos en telecomunicaciones que únicamente las torres iban a ser las que requerían de la evaluación del impacto ambiental, lo cual es un extremo que, por su naturaleza, debe ser sometido a los tribunales ordinarios. Sobre el reclamo de que la desregularización en postes violenta la obligación de no regresión: Rechaza que el decreto ejecutivo No. 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT haya producido una desregularización en la instalación de postes de telecomunicaciones que violente el principio de no regresión en materia ambiental y estima que a partir del artículo 2 del decreto ejecutivo No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT, el accionante confunde los conceptos de coordinación y simplificación con la eliminación de las regulaciones nacionales a las que debe sujetarse cualquier actividad de despliegue de infraestructura y en ese sentido aclara que su representado -en ningún momento- ha promovido la desregularización o el incumplimiento de las normativas nacionales pues ello sería debilitar la institucionalidad de esa misma cartera ministerial. Aduce que, por el contrario, dentro del ejercicio de la Rectoría de Telecomunicaciones, su representado ha promovido la coordinación y la interrelación con las diferentes instancias administrativas, incluyendo las municipalidades, con el fin de homogeneizar y promover regulaciones ajustadas a la ciencia y a la técnica y que sean óptimas para cumplir con los objetivos y los principios sectoriales en telecomunicaciones contemplados en los numerales 2 y 3 de la Ley, Ley General de Telecomunicaciones No. 8642. Recuerda que según los Considerandos V y VI del decreto ejecutivo No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT, la intención de compilar las atribuciones institucionales en materia de instalación y ampliación de infraestructura en telecomunicaciones a través de la citada norma es para promover la coordinación interinstitucional, no para debilitar o desregularizar los trámites y requerimientos nacionales en dicha materia. Manifiesta que ante una evidencia de dispersión y debilidades en el proceso de aprobación de trámites para la instalación de infraestructura e incluso de lagunas en el ordenamiento jurídico vigente sobre la materia, pero con miras a fortalecer la institucionalidad coordinada de las entidades involucradas en el proceso, fue que se emitió el decreto ejecutivo No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT de cita. Considera que no es exacto que a partir de la frase “aprobación coordinada y expedita” del artículo 2 del decreto No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT en relación con el Considerando VI del decreto No. 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT acá impugnado, el accionante concluya que la intención final del Poder Ejecutivo al reformar el decreto ejecutivo No. 36159, haya sido flexibilizar y debilitar el Estado así como las regulaciones ambientales para favorecer a empresas extranjeras. Manifiesta que es evidente que la apertura del sector de telecomunicaciones a la inversión del sector privado implicó una serie de desafíos, no sólo para los proveedores y operadores de telecomunicaciones existentes en el mercado, sino también para el Estado por cuanto debió fortalecer sus mecanismos de coordinación y de gestión a fin de establecer un marco habilitador que promoviera que los beneficios de las tecnologías de telecomunicaciones, fueran disfrutados por todos los usuarios; sin embargo, esos retos que se traducen en fortalecer los instrumentos institucionales para contar con mayor capacidad de respuesta, no son sinónimos de eliminación o flexibilización de regulaciones, y debe tenerse en cuenta que la coordinación interinstitucional así como la búsqueda de eficiencia y eficacia en la prestación del interés público, son propios de la Administración Pública, es más, resultan ser su fundamento. Reitera que la modificación efectuada mediante el decreto ejecutivo impugnado no fue con el objeto de eliminar un requisito o un trámite que deben cumplir las personas físicas o jurídicas, sino que se hizo con miras a ajustar la redacción del inciso 1) del artículo 8 del decreto ejecutivo No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT para confirmar las atribuciones legales de la Secretaría Técnica a fin de identificar y definir cuáles son las actividades, obras o proyectos que están sujetos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Insiste en que el acuerdo No. ACP-30-2017 adoptado en la sesión No. 033-2017-SETENA celebrada el 24 de marzo de 2017 por parte la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica acá impugnado, reiteró lo regulado en el artículo 9 bis del decreto ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC que es el “Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)”, y que fue adicionado por el artículo 8 del decreto ejecutivo No. 37803-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC denominado “Adición y modificación al Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), Decreto Ejecutivo No 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC del 24 de mayo de 2004 y sus Reformas” de 25 de junio de 2013, el cual a partir de los estudios técnicos efectuados en su momento por la Secretaría Técnica, definió que de las actividades, obras y proyectos en telecomunicaciones, las torres de telecomunicaciones estarían sujetas a la evaluación de impacto ambiental; en consecuencia, el acuerdo objeto de impugnación en este proceso, no constituyó un acto nuevo sino una confirmación y reiteración de la normativa técnica emitida anteriormente por la Secretaría. Añade que, paralelo a lo expuesto, debe notarse que la incorporación del artículo 9 bis en el decreto ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC mencionado, fue efectuada el 25 de junio de 2013 y la modificación del decreto ejecutivo No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT realizada por el decreto ejecutivo No. 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT acá impugnado en el cual se eliminó la frase “Los tipos de infraestructura sometidos a la tramitación de la viabilidad ambiental serán los establecidos en el artículo 3 del presente decreto”, objeto de la supuesta desregularización invocada por el accionante, se realizó el 15 de julio de 2016, lo que quiere decir que, para los efectos del presente análisis, la norma marco -decreto ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC “Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)-, regulaba desde antes de la modificación del artículo 8 del decreto ejecutivo impugnado, la necesidad del requisito de viabilidad (licencia) ambiental por parte de la Secretaría Técnica para la construcción e instalación de torres de telecomunicaciones, excluyendo otros tipos de infraestructura de telecomunicaciones entre ellos, los postes. Manifiesta que, por esto, no puede aducirse una supuesta violación al principio de no regresión ambiental por cuanto nunca existió una regresión, así como tampoco una transgresión al principio de objetivación ambiental ya que, como se manifestó, los estudios técnicos de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental que sustentaron la inclusión del numeral 9 bis en la normativa técnica marco y especializada en materia ambiental, son precisamente la base del acuerdo No. ACP-30-2017 que se impugna en esta acción de inconstitucionalidad. Reitera que no es exacto equiparar estructuralmente los postes a las torres de telecomunicaciones, así como tampoco es factible determinar que únicamente por la función general que cumple una obra, proyecto o actividad, deba sujetarse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental pues, de hecho, cualquier actividad, incluso respirar, incide sobre el ambiente de una u otra forma. Recuerda que, tal y como está dispuesto en la Ley Orgánica del Ambiente y en el Reglamento del Proceso General de Evaluación de Impacto Ambiental, parte medular para determinar si una obra, proyecto o actividad debe sujetarse a tal requerimiento es si ésta tiene algún grado de efecto o significancia de impacto ambiental como para que se amerite la intervención de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. En cuanto al alegato de exoneración de las valoraciones ambientales sin justificación técnica, ni científica y daños por contaminación visual: Indica que el accionante menciona que, en el artículo 387 del Reglamento de Construcciones del Instituto Costarricense de Vivienda y Urbanismo, no se realiza ninguna diferencia entre postes y torres pues contempla ambas figuras; sin embargo, manifiesta que ello no es cierto porque dicha regulación tiene claramente identificados ambos tipos de infraestructura y, en ese sentido, señala que dicho reglamento contempla las definiciones de lo que corresponde a postes y torres en el artículo 3, estableciendo: “(...) 135) Postes de telecomunicaciones: Elemento largo troncocónico, sujeto por el terreno, colocado verticalmente para servir de soporte a las antenas u otros elementos de telecomunicaciones, que puede estar ubicado en terrenos dominio público. (…) 175) Torre de telecomunicaciones: Estructura vertical soportante que sirve para satisfacer los requerimientos de instalación de antenas y soporte de cableado de demás equipos requeridos, para la operación de redes públicas de telecomunicaciones. El soporte de antenas o equipo de telecomunicaciones puede ser de tipo arriostrado, auto soportado y monopolo”. Añade que el artículo 386 de ese reglamento lo que identifica es que ambas infraestructuras son de carácter soportante (función general) ya que comparten esta característica, pero el hecho que sean de ese tipo de infraestructura, no las hace idénticas como lo manifiesta el accionante e incluso debe verse que la misma norma reglamentaria regula condiciones de forma separada, según se trate de torre o de poste de telecomunicaciones (ver artículos 394 y 397 de aquel reglamento). Indica que la normativa conceptualiza ambas infraestructuras, distinguiéndolas entre sí, estableciendo para cada uno de ellos regulaciones que deben ser consideradas, por lo que no lleva razón el accionante en cuanto a que dicho reglamento de construcciones establece que ambas infraestructuras son idénticas o similares. Agrega que el decreto No. 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT acá impugnado, no produjo un relajamiento de la normativa ambiental que conllevara a una disminución de la protección del interés público ambiental o violación alguna a los principios de no regresión,objetivación de la tutela ambiental, precautorio y de progresividad, ni tampoco de los derechos establecidos en la Constitución Política. Por el contrario, reitera que ese decreto tiene como objeto confirmar la competencia legal y reglamentaria de la Secretaría Técnica como órgano técnico especializado para identificar las actividades, obras o proyectos que, por su significancia de impacto ambiental, deben someterse a la evaluación del impacto ambiental, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente y según los postulados del artículo 50 constitucional. Añade que, contrario de lo indicado por el accionante, al eliminar la frase que generaba confusión, el decreto ejecutivo que se cuestiona, reiteró lo que ya estaba establecido a nivel legal, de ahí que la modificación realizada no desmejoró ninguna condición pues existe normativa que contempla cómo proceder cuando se está ante uno u otro tipo de infraestructura, sin que todas deban tratarse de igual manera ya que tanto los postes como las torres de telecomunicaciones son infraestructuras con condiciones funcionales y estructurales diferentes por lo que, el tratar de equipararlas sin fundamentación técnica adecuada, sí puede implicar la aplicación desproporcionada e irracional de la normativa, estimando además su representado que el objeto de lo accionado debe ser dilucidado por la vía ordinaria. Señala que, si bien, el Poder Ejecutivo puede, vía reglamentaria, determinar con fundamento en estudios técnicos precisos que una determinada actividad o proyecto no requiera los estudios de impacto ambiental, también es lo cierto que ello supone que tal definición esté debidamente motivada y justificada, de manera que, si la determinación se realiza sin contar con dichos estudios, resultaría desproporcionada e irracional. Indica que para el caso de las actividades, obras o proyecto de telecomunicaciones, la Secretaría Técnica ha realizado los análisis correspondientes y, a partir de estos estudios, se dispuso necesario incluir el artículo 9 bis en el decreto ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC en donde identificó que las torres de telecomunicaciones debían ser sujetas a regulación ambiental, lo que pone en evidencia que la normativa actualmente vigente sobre la materia, ha sido emitida por la Secretaría Técnica de forma progresiva y ajustándose a la realidad de las situaciones que son objeto de estudio, por lo que no lleva razón el accionante al indicar que no existen regulaciones al respecto. Considera que lo que no es técnicamente perspectiva legal, es pretender que cualquier tipo de infraestructura, por su función general, debe regularse de la misma forma sin considerar sus particularidades estructurales y el impacto de éstas al ambiente, como lo pretende el denunciante toda vez que los postes y las torres de telecomunicaciones son tipos diferentes de infraestructura y en virtud de su naturaleza distinta, deben regularse de forma diferente. Rechaza categóricamente el argumento del accionante de que la modificación realizada tuviera como fin de beneficiar a empresas transnacionales pues no se establece un régimen de excepción para éstas, ni tampoco tiene como objeto o alcance regular la materia de fondo de las competencias de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Aduce que también se rechaza la afirmación dada por el accionante al indicar que “se eliminó totalmente la injerencia que la SETENA tenía con todo tipo de infraestructura de telecomunicaciones”, dado que el decreto ejecutivo impugnado no tuvo como objeto suprimir o eliminar la competencia legal que la Secretaría Técnica tiene otorgada por la Ley Orgánica del Ambiente -lo que sería violatorio del principio de legalidad-, sino que su finalidad es confirmar la competencia de dicho órgano para que defina cuáles actividades, obras o proyectos están sujetos al procedimiento de evaluación ambiental y, en este asunto en particular, ya ha quedado definido que son únicamente las torres de telecomunicaciones, el tipo de infraestructura que, por su impacto, estarán sujetas al trámite de viabilidad ambiental ante la Secretaría Técnica. Sobre el fondo de la acción: Manifiesta que el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2009-2014 “Costa Rica: un país en la senda digital” vigente al momento de la emisión del decreto No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT, es el instrumento que plantea las políticas públicas, objetivos, acciones estratégicas y metas que guían el desarrollo de las telecomunicaciones, la cual es una competencia otorgada por los artículos 39 y 40 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones No. 8660, así como la Ley General de Telecomunicaciones No. 8642. Indica que el Poder Ejecutivo al establecer el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2009-2014 (PNDT) “Costa Rica: un país en la senda digital”, definió en su visión “hacer de las telecomunicaciones una fuerza motora que potencie el desarrollo humano basado en la sociedad de la información con una visión inclusiva, universal, solidaria, sostenible y competitiva” y estableció las principales líneas de políticas públicas, objetivos, acciones estratégicas y metas que guiarían el desarrollo de las telecomunicaciones en Costa Rica como elemento estratégico para promover e impulsar la sociedad de la información y el conocimiento en Costa Rica. Añade que dicho plan también tomó en cuenta las políticas y planes ambientales nacionales para la protección del medio ambiente y los recursos naturales así como los principios contenidos en la normativa nacional e internacional referente a estos temas. Agrega que, adicionalmente, ese plan nacional incluyó una serie de líneas de acción o ejes dirigidos a lograr que el potencial del conocimiento y las tecnologías de la información y las comunicaciones, coadyuvaran al desarrollo del país, impulsando la utilización de la información y del conocimiento para la consecución de los objetivos de desarrollo a nivel país y hacer frente a los nuevos desafíos que plantea la sociedad de la información, incluyendo en su eje de telecomunicaciones la importancia de hacer un esfuerzo de inversión para el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones en el país en aras de contar con más y mejores servicios en esa área para todos los sectores de la población, pero también a fin de crear las condiciones de una efectiva competencia en el mercado de las telecomunicaciones que asegure a los usuarios finales la atención de sus necesidades y demandas en términos de cobertura y calidad de servicios. Argumenta que, con el fin de asegurar la atención expedita de la tramitología para la operación efectiva de los proveedores de servicios en el mercado de telecomunicaciones y en aras de que éstas se conviertan en un motor fundamental del desarrollo económico nacional, el Poder Ejecutivo procedió a emitir el decreto ejecutivo No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT como respuesta al diagnóstico efectuado sobre los trámites a realizar por parte de los operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones y en el que se encontraron situaciones como la dispersión legal y reglamentaria, el vacío legal relacionado con la instalación de infraestructura de telecomunicaciones, así como la gran cantidad de trámites existentes y la escasa organización y coordinación entre las instituciones encargadas de gestionarlos y aprobarlos. Señala que el origen de ese decreto era identificar y agrupar las competencias para efectos de tramitología con el propósito de dar una mayor claridad a las instituciones responsables y usuarios de los trámites relacionados con el sector de telecomunicaciones, sin crear nuevos requisitos o competencias reglamentarias adicionales para las instituciones involucradas distintas a las que estaban previamente establecidas. Reitera que el Poder Ejecutivo estableció en el decreto ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, los parámetros que deberá valorar la Secretaría Técnica para categorizar las actividades, obras y proyectos que, por su muy bajo impacto ambiental, no se sujetan al procedimiento de evaluación de impacto ambiental y, por tanto, están exentas del otorgamiento de la viabilidad ambiental; sin embargo, aclara que el mismo reglamento dispone que dichas actividades, obras y proyectos sí estarán sujetas a los controles ambientales que ejerzan las Municipalidades, así como otras dependencias del Poder Ejecutivo y la Administración Descentralizada, según sus potestades legales y reglamentarias, por lo que aun y cuando se consideran actividades con un impacto ambiental tan bajo, esto no las exime de cumplir con la regulación y control ambiental que ejerzan otras instituciones del Estado como lo resultaría para el caso de los postes de telecomunicaciones. Indica que por tal razón rechaza que la modificación realizada en el decreto impugnado, hubiera producido la eliminación de todo tipo de evaluación ambiental para la instalación de postes de telecomunicaciones dado que dicha actividad se encuentra sujeta a las valoraciones y controles ambientales, incluyendo la mitigación ambiental por impacto visual, a nivel municipal, además de aquellos que ejerzan las distintas entidades y órganos de la Administración Pública de acuerdo con sus competencias. Considera que es inexistente la violación a los principios y derechos fundamentales invocados por el accionante, siendo que, además no consta en la acción presentada evidencia alguna de que se haya producido una lesión o amenaza al medio ambiente o a los principios invocados por la modificación realizada por el decreto impugnado. Recuerda que la importancia de la infraestructura de telecomunicaciones consiste en permitir la instalación y darle soporte a los elementos activos de las redes de telecomunicaciones, las cuales se encuentran claramente definidas por la Ley General de Telecomunicaciones No. 8642, y que define como los sistemas de transmisión y demás recursos que permiten la transmisión de señales entre puntos de terminación definidos mediante cables, ondas hertzianas, medios ópticos u otros medios radioeléctricos, con inclusión de las redes satelitales, redes terrestres fijas (de conmutación de circuitos o de paquetes, incluida internet) y móviles, sistemas de tendido eléctrico, utilizadas para la transmisión de señales, redes utilizadas para la radiodifusión sonora y televisiva y redes de televisión por cable, con independencia del tipo de información transportada. Añade que el soporte e instalación de dichas redes se obtiene al momento de que varias de estas estructuras se complementan entre sí, logrando la funcionalidad necesaria para brindar la cobertura de servicios requeridos; razón por la cual una estructura no sustituye a la otra, sino que se trata de dos elementos que son complementarios y diferentes que, por sus características técnicas propias, no podrían ser regulados del mismo modo. Recuerda que la elección del tipo de infraestructura a utilizar (poste, torre u otros), depende de la frecuencia de operación de las antenas, la potencia de radiación, el área de cobertura deseada, la densidad de usuarios de la zona geográfica por atender, las condiciones orográficas y climáticas de la zona, entre otros. Manifiesta que estudios técnicos han demostrado cómo cambia la cobertura de la señal de una red móvil inalámbrica cuando se modifica alguno de los parámetros, por ejemplo, la altura, de ahí que la utilidad de una estructura soportante que sea de menor altura pero que pueda desplegarse en mayor cantidad y densidad como puede ser un poste, cumple con un objetivo de diseño de red móvil distinto que el que puede tener una estructura soportante de mayor altura, como una torre, por lo que éstas se enfocan en lograr mayor cobertura en zonas donde exista menos demanda de datos dada una menor densidad de usuarios, mientras que los postes que se enfocan en brindar coberturas menores pero con mucha mayor demanda de datos y densidad de usuarios, lo que, a su vez, puede verse influenciado en el diseño de una red móvil a partir de la frecuencia que se utilice, ya que las mayores frecuencias pueden brindar más ancho de banda para los usuarios, pero tienen una menor propagación. A partir de lo anterior indica que existen sitios donde los criterios de diseño técnicos van a requerir de una torre y sitios donde los criterios técnicos de diseño van a requerir uno o varios postes, pero eso se determina a partir de un diseño técnico de una red que tiene una finalidad para la zona que se desea servir, y para lo cual además se debe considerar que es una red dinámica (dado que con el paso del tiempo pueden cambiar las necesidades de comunicación de la zona); por lo tanto, las torres y los postes son técnicamente estructuras soportantes que, si bien es cierto tienen una función general similar (soportar los elementos activos de las redes de telecomunicaciones), cumplen funciones técnicas específicas muy distintas, lo que las hace soluciones complementarias y no sustitutivas “uno a uno” desde la perspectiva de la ingeniería de telecomunicaciones, con lo cual, no lleva razón el accionante en cuanto a que la determinación de la instalación de postes en lugar de torres de telecomunicaciones se basa en un factor económico, dado que en realidad son los análisis técnicos efectuados por parte del operador o proveedor del servicio de telecomunicaciones, los que lo determinan. Específicamente en cuanto a las torres manifiesta que se construyen y se instalan con alturas mínimas de 30 metros, con el propósito de contar con al menos 3 emplazamientos para la colocación de las antenas a fin de brindar los servicios de telecomunicaciones disponibles al público. Señala que estos tres emplazamientos significan que una torre debe poder dar soporte al menos a tres juegos de antenas, uno para cada una de tres posibles redes distintas, ya sea que estas redes pertenecen a distintos operadores o de un mismo operador pero para redes de distintas tecnologías (por ejemplo, una red 2G, otra 3G y otra 4G o LTE) y por la carga que deben soportar estas torres (considerando que albergan típicamente macro celdas con capacidad para al menos tres sistemas radiantes) así como por sus características de altura y otras como resistencia al viento, sismicidad, etc., requieren cimientos o estructuras de anclaje importantes, que son parte del diseño de ingeniería civil de cada una, además de que se construyen con franjas de amortiguamiento alrededor de la torre para brindar seguridad al personal de mantenimiento de ésta. Indica que hay tres tipos de torres: monopolo de 100 a 200 pies de altura; autoportante de 100 a 400 pies de altura y arriostrada (tirante) de 100 a 2150 pies de altura. Añade que se debe atender a lo establecido en el documento “Recomendaciones y buenas prácticas para el diseño, construcción y uso compartido de torres de telecomunicaciones” elaborado por la Superintendencia de Telecomunicaciones, lo cual se debe complementar con la viabilidad o licencia ambiental otorgada por la Secretaría Técnica según el artículo 9 bis del decreto ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC ya mencionado, lo cual es un requisito indispensable para la instalación de torres de telecomunicaciones en el país. Agrega que para su trámite es necesaria la presentación del Documento de Evaluación Ambiental -D2 (Registro Ambiental)- mediante el cual se tramitan aquellas actividades, obras o proyectos categorizados como de bajo Impacto Ambiental Potencial (IAP), es decir categoría C dentro de la “Categorización general de las actividades, obras o proyectos”, así como la presentación de los requisitos complementarios que se citan en el artículo 9 bis citado. En otro orden de cosas, señala que, por sus características constructivas, los postes cuentan con alturas máximas de 24 metros para albergar 2 emplazamientos de antenas y se instalan en espacios de dominio público como parques públicos y aceras entre otros. Aduce que por la carga que deben soportar (considerando que albergan típicamente celdas pequeñas -micro celdas o pico celdas-), así como por sus características de menor altura, requieren cimientos significativamente menores que en el caso de las torres. Aduce que el accionante estima que el país llega a una libertad abusiva para edificar en todo sitio público los postes sin que se permita ponderar el impacto y el daño visual acumulado en el paisaje rural o urbano de esa infraestructura que suple la función que habían tenido las torres de telecomunicaciones; sin embargo, en contra de esa posición del accionante, afirma que en realidad no se instalan sin razón, sino que son parte de una red de telecomunicaciones que, en su conjunto, se emplean para proveer servicios a los usuarios finales en atención al interés público que reviste esa actividad. Señala que el ordenamiento jurídico incorpora medidas que priorizan el uso compartido de postería, previo a contemplar la instalación de nuevas infraestructuras, y prueba de ello es el “Reglamento sobre el uso Compartido de Infraestructura para Redes de Telecomunicaciones” que fue redactado por la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) y aprobado por la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos que en su artículo 33 dispone en lo que interesa: “Artículo 33. Sobre la utilización de postes existentes Previo a instalar nueva postería para soportar redes públicas de telecomunicaciones, se deberá considerar el uso compartido de los postes de tendido eléctrico u otras estructuras públicas existentes como primera opción (...)”. A partir de ese numeral considera que es claro que, compartir infraestructura, provoca un menor impacto en el paisaje urbano en congruencia con el principio de equilibrio ambiental, al requerirse menos infraestructura nueva para los operadores. Argumenta que los postes corresponden a recursos escasos según la definición contemplada en el artículo 6 inciso 18) de la Ley General de Telecomunicaciones y su ubicación -ya sea en un sitio público o privado, urbano o rural- obedece a criterios técnicos tales como las frecuencias utilizadas, la demanda de datos y la densidad de los usuarios de la zona geográfica por atender, la cobertura deseada o la altura de las antenas y son utilizados por los operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones para cumplir con los parámetros de calidad de servicio establecidos por diversas autoridades, así como las obligaciones establecidas en el Plan de Desarrollo de la Red para los operadores de redes públicas de telecomunicaciones que tienen esa obligación contractual producto de una concesión otorgada por el Poder Ejecutivo. Manifiesta que, contrario a lo indicado por el accionante, al ser una obra con elementos eléctricos se requiere su registro ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), por lo que no se encuentran desregularizados, sino que por sus características técnicas están sujetas a una regulación distinta de otro tipo de infraestructura de telecomunicaciones. Indica que los postes de telecomunicaciones tienen un medidor eléctrico que debe ser solicitado mediante una empresa de distribución eléctrica y como requisito fundamental para obtener el medidor eléctrico, se solicita los planos visados por el citado Colegio Federado, acompañado de una declaración jurada por parte del ingeniero electricista encargado de la obra, en apego al decreto ejecutivo No. 36979-MEIC denominado “Reglamento de Oficialización del Código Eléctrico de Costa Rica para la Seguridad de la Vida y de la Propiedad”, por lo que tampoco lleva razón el accionante al indicar que en caso de postes no se hacen trámites ante ese colegio profesional. Por otra parte, señala que tampoco es cierto que los postes no pagan arrendamientos a sus propietarios pues los operadores de red y proveedores de servicios, deben pagar un monto de arrendamiento cuyo valor es fijado por la Dirección General de Tributación mediante el “Procedimiento para la Fijación del Canon del Arrendamiento por la Construcción y Operación de Redes Públicas de Telecomunicaciones y del Canon por el Uso de Bienes de Dominio Público para la Instalación de la Infraestructura de Telecomunicaciones”, publicado en el Alcance No. 339 del Diario Oficial La Gaceta No. 300 de 24 de diciembre de 2020, y de conformidad con el artículo 79 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos No. 7593. Añade que la instalación de postes de telecomunicaciones no obedece a criterios meramente económicos sino, como se ha dicho, al diseño óptimo de la red para cada operador, según el lugar y las condiciones necesarias para brindar el mejor servicio a los habitantes de una zona geográfica y, en ese sentido, según parámetros técnicos como la frecuencia, ancho de banda disponible de las portadoras de espectro del operador y densidad de usuarios, existen escenarios donde instalar una torre en lugar de un poste o viceversa, puede resultar perjudicial para la calidad de los servicios que brinde la red e incluso para minimizar el impacto ambiental que defiende el accionante. Argumenta que si la densidad de usuarios y la demanda de datos es muy elevada, se busca contar con anchos de banda mayores y la frecuencia disponible es muy alta, y por tanto con baja propagación (por ejemplo, bandas milimétricas para redes 5G, donde se cuenta con mayores anchos de banda), va a resultar óptimo instalar estaciones base del tipo micro celdas en postes que permiten coberturas menores y más focalizadas y aplicar una mayor reutilización de frecuencias; si en este escenario se quisiera forzar a instalar torres, al ser éstas más altas, se propiciaría un escenario de eventuales mayores interferencias perjudiciales entre las frecuencias portadoras que se deben reutilizar, por lo que, para evitar ese escenario de eventuales interferencias, se debe ajustar el diseño de esa red aplicando una mayor inclinación de las antenas hacia el suelo, lo que, sumado a que la propagación sigue siendo baja por el alto valor de la frecuencia de transmisión, hace que siempre se deba instalar una cantidad importante de torres con el impacto ambiental correspondiente. Alternativamente, indica que si se intenta utilizar menos torres en ese ejemplo para reducir el impacto ambiental, la consecuencia estaría del lado de los usuarios ya que se estaría diluyendo la capacidad de tasa de transferencia de datos disponible por cada portadora de frecuencias entre una mayor zona de acción por cada torre y podrían además generarse zonas sin cobertura entre torre y torre, afectando la calidad del servicio y la experiencia de usuario final; si por el contrario se tiene una zona con menor densidad de usuarios y de demanda de datos, no se requieren anchos de banda tan significativos como los señalados en el escenario anterior, y adicionalmente se considera una frecuencia de mayor propagación (por ejemplo en bandas medias entre 1 GHz y 6 GHz, como el caso de una radio base típica de 3G), va a resultar óptimo implementarla mediante una macro celda en una torre que permita abarcar un área mayor y si en este escenario se quisiera forzar la instalación de postes, al ser más bajos, no permitirían el aprovechamiento de la frecuencia con una mejor propagación y por ende se reduciría su cobertura, lo cual podría implicar un uso ineficiente de la frecuencia y el ancho de banda disponible, además de requerir una mayor cantidad de postes para abarcar el área equivalente a una única macro celda. Advierte que el accionante no presentó dictámenes técnicos, estudios ambientales o de significancia de impacto ambiental sobre los que esté soportando sus argumentaciones respecto a las supuestas violaciones a los principios de no regresión ambiental, progresividad, objetivación, razonabilidad y proporcionalidad; no aporta específicamente en qué basa su posición en cuanto a que la instalación de los postes de telecomunicaciones deba ser catalogada como una actividad que genera un impacto negativo al ambiente y cuál es ese grado de afectación para determinar la idoneidad del instrumento de evaluación de impacto ambiental. Manifiesta que la Superintendencia de Telecomunicaciones no presenta una comparación de costos entre el despliegue de torres, postes y de otros tipos de infraestructura pasiva, pero es cierto que puede representar un costo significativo para los operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones; sin embargo, este costo debe ser asumido por los operadores y proveedores de telecomunicaciones como parte de sus obligaciones -tanto legales como prestacionales- derivado de los títulos habilitantes que se les ha sido conferidos (autorizaciones, permisos de uso y concesiones de espectro radioeléctrico), y en procura de la protección de los derechos de acceso y calidad de los servicios de telecomunicaciones a favor de los usuarios finales. Recuerda que la construcción, desarrollo, mejoramiento y ampliación de la infraestructura de telecomunicaciones, constituye una obligación adquirida por Costa Rica en distintos instrumentos del Derecho Internacional Público, por lo que un deficiente o inadecuado desarrollo de las telecomunicaciones disponibles a los habitantes, podría devenir en serios perjuicios para el país, al impedirse el acceso y los beneficios de la sociedad de la información y de las nuevas tecnologías de la información y del conocimiento (TIC), así como el ensanchamiento de la brecha digital, por lo que es indudable el carácter de interés público que reviste la instalación, construcción, desarrollo, mejoramiento y ampliación de la infraestructura de telecomunicaciones, dentro de la cual la instalación de postes de telecomunicaciones, en conjunto con las torres, complementan la infraestructura de telecomunicaciones de una zona determinada para brindar la cobertura de servicios de telecomunicaciones. Finaliza solicitando que se declare sin lugar esta acción de inconstitucionalidad al considerar que no se ha dado ninguna vulneración del Derecho de la Constitución. 11.- Rinde informe Geannina Dinarte Romero en su condición de Ministra de la Presidencia, mediante documento presentado en la Secretaría de la Sala Constitucional el 14 de abril de 2021, e indica que el Ministerio de la Presidencia solicitó a los demás ministerios involucrados en el presente asunto, aportar los aspectos técnicos dentro del ámbito de sus competencias en el tema que engloba el decreto en cuestión, lo cual ha sido de referencia en la presente contestación. Añade que es importante tomar en cuenta que, como parte de las obligaciones asumidas por Costa Rica en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos (CAFTA), el país se comprometió a realizar un proceso de apertura del mercado de las telecomunicaciones; proceso que implicó necesariamente que el país procurara el desarrollo de redes, la ampliación de la cobertura del servicio por parte de los concesionarios, así como aumentar las posibilidades y opciones de elección de servicios de telecomunicaciones disponibles para los habitantes. Agrega que en concordancia con esa obligaciones, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley General de Telecomunicaciones No. 8642 así como la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones No. 8660 y esta normativa, a su vez, creó la Rectoría de ese sector así como la Superintendencia de Telecomunicaciones, declaró de interés público el establecimiento, la instalación, la ampliación, la renovación y la operación de las redes públicas de telecomunicaciones o de cualquiera de sus elementos. Aduce que en esa misma línea es que el Poder Ejecutivo, en el marco de la búsqueda de un clima de negocios favorables en donde se potenciará la productividad y el crecimiento económico del país y con el fin de asegurar la atención expedita de la tramitología para la operación efectiva de los proveedores de servicios en el mercado de telecomunicaciones, emitió la Directriz No. 037-MINAET de 21 de octubre de 2009 con el fin de establecer “Lineamientos Generales de la Tramitología en el Sector de Telecomunicaciones” y posteriormente, mediante decreto ejecutivo No. 36577-MINAET, se “Crea Comisión de Coordinación para la Instalación o Ampliación de Infraestructura de Telecomunicaciones” con el propósito de asesorar técnicamente al Poder Ejecutivo sobre los trámites en infraestructura de telecomunicaciones como son la viabilidad ambiental, el visado de altura y lo relacionado con el tema de salud. Indica que se le asignó al rector en la materia -Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones-, el deber de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en cuanto a los procedimientos para la instalación y ampliación de la infraestructura de telecomunicaciones y coordinar las políticas de desarrollo de las telecomunicaciones con otras políticas públicas destinadas a promover la sociedad digital. Manifiesta que la construcción, desarrollo, mejoramiento y ampliación de la infraestructura de telecomunicaciones constituye una obligación adquirida por Costa Rica en distintos instrumentos del Derecho Internacional Público, por lo que un deficiente o inadecuado desarrollo de las telecomunicaciones disponibles a los habitantes, podría devenir en serios perjuicios para el país, al impedirse el acceso y los beneficios de la sociedad de la información y de las nuevas tecnologías de la información y del conocimiento (TIC), así como el ensanchamiento de la brecha digital. Indica que, por estas razones, es indudable el carácter de interés público que reviste la instalación, construcción, desarrollo, mejoramiento y ampliación de la infraestructura de telecomunicaciones dentro de la cual se ubica la instalación de postes de telecomunicaciones que, en conjunto con las torres, complementan la infraestructura de telecomunicaciones de una zona determinada para brindar la cobertura de estos servicios. Sobre la normativa cuestionada: Aduce que en cumplimiento de la Directriz No. 037-MINAET supra indicada, el Poder Ejecutivo emitió el decreto ejecutivo No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT cuyo objetivo era abarcar aspectos de tramitología así como sentar claridad de las instituciones responsables de los trámites relacionados con el mercado de telecomunicaciones. Argumenta que dicho decreto estableció en el numeral 8 que, en materia de instalación y ampliación de redes de telecomunicaciones, le corresponde a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental: “(…) 1. Dar trámite a la solicitud de viabilidad ambiental en concordancia con los artículos 1, 2 y 12 y 13 del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Ejecutivo Nº 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC del 24 de mayo del 2004, publicado en La Gaceta N° 125 de 28 de junio del 2004. Los tipos de infraestructura sometidos a la tramitación de la viabilidad ambiental serán los establecidos en el artículo 3 del presente decreto”. Agrega que luego, el poder Ejecutivo emitió el decreto No. 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE- MOPT -acá impugnado- mediante el cual realizó la modificación del inciso 1) del artículo 8 del decreto ejecutivo No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT, la cual implicó solamente la eliminación de la siguiente frase: “...Los tipos de infraestructura sometidos a la tramitación de la viabilidad ambiental serán los establecidos en el artículo 3 del presente decreto”. Aclara que dicha modificación tenía como único propósito evitar interpretaciones erróneas respecto a cuál institución del Estado tiene la competencia para determinar las actividades, obras o proyectos que se encuentran sujetos al cumplimiento de la exigencia de obtener la viabilidad ambiental dado que, el artículo tercero al que hacía referencia la frase eliminada, no sólo abarca definiciones de infraestructura soportante de redes de telecomunicaciones -infraestructura de índole constructiva-, sino también regula el concepto de términos asociados a la actividad de telecomunicaciones en general como lo son los vocablos de "red de telecomunicaciones" y "telecomunicaciones", además de que incluye la definición de equipos radiantes como lo son las "antenas", los cuales tampoco son elementos constructivos. Aunado a lo anterior, considera que su redacción resultaba confusa al ser tautológica dado que incluía la definición de "infraestructura de telecomunicaciones" como un tipo de infraestructura. Manifiesta que, con sustento en esas razones, la reforma realizada permitió una mayor precisión al remitir propiamente a los artículos correspondientes del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental que es decreto ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, el cual rige los procedimientos de evaluación ambiental y contiene normas específicas sobre la evaluación de actividades, obras o proyectos, según su riesgo. Advierte que esta norma fue emitida con anterioridad a la modificación del artículo 8 del decreto ejecutivo No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT en la cual se dispone expresamente el requisito de viabilidad o licencia ambiental a otorgar por parte de la Secretaría Técnica para la construcción e instalación de torres de telecomunicaciones. Manifiesta que, por esta razón, en el informe emitido por el Ministerio de Ambiente y Energía, se cita lo mencionado por la Secretaría Técnica al indicar que “en el Acuerdo de la Comisión Plenaria, lo que se somete a evaluación son las Torres de Telecomunicaciones. En este sentido, lo único que históricamente se ha evaluado en la SETENA son las Torres de Telecomunicaciones, reguladas inicialmente por medio las resoluciones No2031-2009-SETENA del 26 de agosto del 2010 y 123-2010-SETENA del 20 de enero del 2010 y luego reglamentadas en el artículo 9 bis del Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC que se incorporó con la emisión del Decreto Ejecutivo No. 37803-MINAE del 25 de junio de 2013, publicado en La Gaceta No 137 del 17 de julio del 2013”; reglamentaciones que están vigentes a la fecha de rendir este informe a la Sala Constitucional. Considera que hay un aspecto importante que debe ser aclarado, tal y como lo recalcan los informes del Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental referente a que, la regulación que se establece en el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones, es específica para las torres de telecomunicaciones, dejando por fuera otros tipos de infraestructura, como el caso de los postes de telecomunicaciones, esto por cuanto se trata de tipos de infraestructura distintos entre sí, contrario a lo alegado por el accionante al indicar en su escrito que: “los postes son en realidad torres al soportar ambos equipo de telecomunicaciones”, de ahí la importancia de hacer énfasis en cuanto a que las torres y los postes constituyen diferentes tipos de infraestructura de telecomunicaciones, lo cual fue un aspecto que se aclaró por el Ministerio de Ciencia y Tecnología al indicar que, “si bien es cierto soportan redes de telecomunicaciones, sus características técnicas son distintas, lo que las hace complementarias para el despliegue de la red; por lo tanto, aplicar regulaciones de instalación de torres a los postes, como lo son la altura, cercamiento, dimensionamiento del lote donde se instalará el poste, entre otras, podría atentar contra los principios de la ciencia y la técnica, pues debido a sus características no podrían ser aplicadas por igual, por este motivo es criterio de éste órgano Rector de Telecomunicaciones que los alegatos presentados por el accionante no versan sobre mera constitucionalidad sino que refieren aspectos de legalidad que deben ser discutidos en la sede ordinaria judicial”. Añade importante mencionar que la elección del tipo de infraestructura por utilizar (poste, torre u otros), depende de la frecuencia de operación de las antenas, la potencia de radiación, las condiciones orográficas y climáticas de la zona, entre otros, aunado al hecho de que los postes no se instalan sin razón, sino que, por el contrario, son parte de una red de telecomunicaciones que en su conjunto se pueden emplear para proveer servicios a los usuarios en atención al interés público que reviste esa actividad. Manifiesta que la instalación de postes de telecomunicaciones no obedece a criterios meramente económicos sino más bien, al diseño óptimo de la red para cada operador según el lugar y las condiciones necesarias para brindar los servicios de telecomunicaciones a los habitantes de esa zona geográfica, en protección de los derechos de los usuarios finales y en cumplimiento de los tratados internacionales así como del marco jurídico sectorial de las telecomunicaciones. Por último indica que teniendo claro que, tanto las torres como los postes de telecomunicaciones son distintos tipos de infraestructura de telecomunicaciones, es necesario señalar que el decreto ejecutivo No. 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT acusado de inconstitucional, no vino a desregularizar la instalación de ningún tipo de infraestructura de telecomunicaciones, sino que, por el contrario, hizo una modificación del decreto ejecutivo No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT con el propósito de evitar interpretaciones inexactas sobre cuál institución del Estado tiene la competencia para determinar las actividades, obras o proyectos que se encuentran sujetos al cumplimiento de la viabilidad ambiental; es decir, quedó a criterio de la Secretaría Técnica, de conformidad con sus competencias legales y reglamentarias, la determinación de los tipos de infraestructura de telecomunicaciones que estarán sujetos al cumplimiento de los requisitos necesarios para obtener la viabilidad ambiental, por lo que no se produjo ninguna violación a los principios y derechos constitucionales que alega el accionante. Advierte que los alegatos técnicos expresados en este expediente, pueden ser analizados con mayor detalle a partir de los informes remitidos por los demás ministerios a los cuales se les otorgó audiencia dado que cada uno expuso su postura de acuerdo a sus competencias y a la materia de conocimiento en el tema discutido. Conclusiones: 1) La instalación, la ampliación, la renovación y la operación de las redes públicas de telecomunicaciones o de cualquiera de sus elementos son actividades de interés público y, en esa condición, constituyen un tema prioritario para impulsar el desarrollo de las telecomunicaciones en Costa Rica. 2) La reforma reglamentaria cuestionada no menoscaba los principios de objetivación, precautorio, la razonabilidad y la proporcionalidad y más bien, lejos de eso, busca la satisfacción del interés público en el establecimiento, la instalación, la ampliación, la renovación y la operación de las redes públicas de telecomunicaciones conforme al principio de legalidad así como la no afectación del ambiente, sin dejar de lado la labor que ostenta la Secretaría Técnica Nacional Ambiental en esta materia. 3) Existe una diferenciación entre los postes y las torres de telecomunicaciones reconociendo que, con base en el decreto ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG- MEIC de 24 de mayo de 2004, se emite el Acuerdo de la Comisión Plenaria que se impugna y que somete a evaluación ambiental solo a las torres de telecomunicaciones. 4) No existe una desregularización ni un relajamiento en la reglamentación en cuanto a la instalación de postes de telecomunicaciones debido a la modificación reglamentaria que se hizo del decreto ejecutivo No. 36159- MINAET-S-MEIC-MOPT ya que el artículo 17 Ley Orgánica del Ambiente señala que las leyes y los reglamentos indicarán cuáles actividades, obras o proyectos requerirán la evaluación de impacto ambiental y la Secretaría Técnica, previa realización de estudios técnicos, definió en el artículo 9 bis del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), que únicamente las torres de telecomunicaciones son las que estarán sujetas al trámite de viabilidad ambiental. 5) Para su representado, no hay razón alguna que permita considerar que la normativa y el acuerdo cuestionados por el accionante, violenten la Constitución Política y los principios que de ella emanan, por lo que solicita declarar sin lugar esta acción de inconstitucionalidad, en todos sus extremos. 12.- En escrito presentado en la Secretaría de la Sala el 14 de abril de 2021 se apersona Rodolfo Méndez Mata en su condición de Ministro de Obras Públicas y Transportes y manifiesta que los temas que atañen a la protección ambiental están impregnados de evidente sensibilidad pues lo que se persigue -a través de dicha protección- es garantizar la calidad de vida de los habitantes del planeta, sin que sea menos cierto que ello también se garantiza y se mejora con la provisión de los servicios esenciales a favor de los usuarios, reflejándose tal escenario en mejoras en los índices de competitividad del país como producto precisamente de avances en el desarrollo y la producción, lo que conduce a la figura del desarrollo sostenible. Recuerda que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental es el órgano competente en materia de evaluación de impacto ambiental para aquellas actividades humanas que “alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos”. Indica que con ocasión de esta acción de inconstitucionalidad, se consultó a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental en su condición de órgano competente, la que informó a su representado, los basamentos de orden jurídico y técnico en relación con los alcances de la evaluación ambiental sobre proyectos de telecomunicaciones; información a partir de la cual se desprende que esa Secretaría es la única que cuenta con el conocimiento técnico especializado y la que, a partir de la normativa existente, puede señalar cuáles proyectos que desarrollen infraestructura, necesitan o no la evaluación de impacto ambiental. Indica que, si bien es cierto, en el decreto ejecutivo No. 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT, no se señala de modo puntual que los postes de telecomunicaciones deberán contar con la evaluación ambiental, se interpreta que se cuenta con una serie de normativa para regular las actividades de muy bajo impacto ambiental, por lo que dichas obras deberán estar sujetas a los diferentes controles establecidos por las municipalidades, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Ministerio de Ambiente y Energía, entre otras con competencias legales para mejorar el desempeño ambiental; es decir, los casos en los cuales procede o no una evaluación ambiental se encuentran determinado por las diferentes normas vigentes en el ordenamiento jurídico. Añade que la Secretaría Técnica ha emitido diversos criterios en los que señala la diferencia entre postes y torres de telecomunicaciones por lo que históricamente, la evaluación ambiental se ha implementado para la instalación de torres de telecomunicaciones, siendo que en la fase constructiva y operativa se podrían generar impactos ambientales de baja significancia, no así en el caso de postes de telecomunicaciones. Manifiesta que la intervención realizada por su representado para el proyecto del decreto ejecutivo No. 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT, se centró en realizar observaciones de forma sobre la propuesta de reforma del inciso 1) del artículo 8 del decreto ejecutivo No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT de 10 de mayo de 2010 pero no por el fondo, y recuerda que su representado no ostenta la competencia a fin de emitir un criterio acerca de la modificación reglamentaria para la instalación de postes de telecomunicaciones en cuanto al impacto ambiental que podría acarrear su construcción, dado que esa es una competencia que reside en la Secretaría Técnica. Señala que su representado se acoge al criterio técnico indicado por el órgano competente en la materia a partir del cual se determina que las instituciones involucradas en este asunto en particular, cuentan con herramientas legales para atender la construcción de infraestructuras de telecomunicaciones y para ello se han visto en el compromiso de adoptar las medidas necesarias en aras de asumir nuevos roles de cara a garantizar el cumplimiento de las funciones encomendadas en franca protección al ambiente. Interpreta que el artículo 50 constitucional promueve el desarrollo sostenible al establecer la obligación del Estado de desarrollar y producir en armonía con el ambiente. Añade que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes que representa, en franca observancia de su misión, garantizará la coordinación y expedita tramitación que sea requerida desde el ámbito de competencia que le corresponde para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones. Finaliza solicitando que se declare sin lugar esta acción de inconstitucionalidad. 13.- Mediante documento presentado en la Secretaría de la Sala Constitucional el 19 de abril de 2021, se apersonan José Daniel Gómez Pérez en su condición de vicepresidente y en representación de la Asociación Cámara de Infocomunicación y Tecnología (INFOCOM) y José Álvaro Jenkins Rodríguez en su calidad de presidente y representando a la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), para presentar coadyuvancia pasiva en esta acción de inconstitucionalidad por cuanto sus representadas mantienen un interés indirecto en relación con la vigencia de la normativa impugnada. Señalan que ambas agrupan empresas privadas y públicas del sector telecomunicaciones y del sector empresarial en general que, en su actividad ordinaria, están sujetas a lo dispuesto por las normas impugnadas y cuya actividad sería negativamente afectada si se acoge esta acción, lo que sin duda incidirá también en el cierre de la brecha digital mediante el oportuno despliegue de las redes de telecomunicaciones a lo largo de la geografía nacional, lo que es una actividad declarada de interés público que encuentra su fundamento en la vocación y habilidad de esas redes de constituirse en un vehículo para el aseguramiento y la concreción de los derechos constitucionales al acceso a la información, la educación, la libertad de expresión y hasta la vida en democracia, razón por la que las redes crecen continuamente y alcanzan con sus servicios cada vez a más personas en el territorio costarricense, teniendo como dato relevante que, para el 2019, se calculó una penetración de un 92,2%, es decir, 92 de cada 100 habitantes ingresaron a internet por medio de la red móvil la cual se provee acudiendo a las redes de telecomunicaciones dentro de las cuales, entre sus componentes, se encuentran los postes. Manifiesta que para la propagación de las tecnologías de comunicaciones y la satisfacción de los derechos fundamentales a la información, educación, libertad de expresión, entre otros, se debe disponer de la infraestructura adecuada para ese fin, de ahí la declaratoria de interés público que promueve el despliegue de las redes de telecomunicaciones. Advierte que el decreto impugnado no creó competencias adicionales a la Secretaría Técnica y lo único que hizo fue eliminar la frase “Los tipos de infraestructura sometidos a la tramitación de la viabilidad ambiental serán los establecidos en el artículo 3 del presente decreto”. Aclara que ni el decreto ejecutivo No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT ni su reforma, tuvieron nunca por objeto crear nuevas competencias o nuevas regulaciones, ni ambientales ni de otra materia, de ahí que la modificación realizada por el decreto ejecutivo No. 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT acá impugnado, es totalmente conforme con la regulación vigente toda vez que no crea nueva regulación en materia de competencias ambientales sino que deposita en la Secretaría Técnica, la responsabilidad de ejecutar las valoraciones ambientales conforme lo dispone la regulación específica del ramo. Añade que, por lo anterior, el Acuerdo de la Comisión Plenaria No. ACP-30-2017 -acá impugnado-, reiteró que la supresión del texto original del decreto ejecutivo No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT le permitió a la Secretaría Técnica, ejercer ampliamente la competencia que establece el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente a partir de lo cual se insistió en que los proyectos de instalación de torres de telecomunicación, deben presentar una evaluación de impacto ambiental mediante el formulario D2, la cual es una obligación que excede lo razonable y proporcionado en relación con los postes de telecomunicaciones, toda vez que su despliegue comprende una actividad de bajo impacto ambiental. Manifiesta que fue el Departamento de Estudios Ambientales de la Secretaría Técnica el que emitió el dictamen técnico a partir del cual la Comisión Plenaria se sustentó y estableció que la actividad de los postes es de bajísimo impacto ambiental, por lo que se estima razonable y proporcionado que los postes de telecomunicaciones no sean sometidos a la presentación del formulario D2. Por otra parte, señalan que no le corresponde a la Secretaría Técnica, imponer requisitos ambientales adicionales a una actividad que no lo requiere como lo pretende el accionante al someter los postes de telecomunicaciones al requisito del formulario D2. Añaden que el propio Tribunal Contencioso Administrativo Sección I en la sentencia No. 00040-2015 reconoció que el impacto de una torre y un poste son distintos, por lo que es razonable y proporcionado que las torres sí estén sujetas al formulario D2 en tanto los postes no, reiterándose ahí el interés público en el despliegue de las redes de telecomunicaciones. Considera que la discusión que plantea el accionante es de legalidad ordinaria, no de constitucionalidad pues, sin duda alguna, la valoración puntual de si un poste y una torre de telecomunicaciones son iguales y por consiguiente, si deben someterse o no a determinadas regulaciones ambientales, no pueden realizarse en esta sede en la que no se cuenta con la prueba pertinente para dilucidar si lo afirmado por el accionante es de recibo o no, de modo que tales valoraciones exceden las propias de la jurisdicción constitucional. Advierte que la competencia para garantizar un ambiente sano y equilibrado recae tanto en la Secretaría Técnica como en el Ministerio de Salud, así como también que toda infraestructura de telecomunicaciones inalámbricas está sometida al decreto ejecutivo No. 36324-S de 14 de diciembre de 2010 que es el “Reglamento para regular la exposición a campos electromagnéticos de radiaciones no ionizantes, emitidos por sistemas inalámbricos con frecuencias de hasta 300 GHZ”; norma que está vigente y es de aplicación obligatoria para las personas físicas y jurídicas que se encuentren habilitadas para la explotación y uso de los sistemas inalámbricos, lo cual no fue afectado por el decreto ejecutivo impugnado. Recuerda que el Ministro de Salud ha señalado en el informe rendido al Tribunal para esta acción de inconstitucionalidad que los postes o torres de telecomunicaciones no son de interés sanitario por lo que esa cartera ministerial no tiene competencia en dicho tema ni participación en la comisión que se creó mediante decreto ejecutivo No. 36577-MINAET denominado “Crea Comisión de Coordinación para la Instalación o Ampliación de Infraestructura de Telecomunicaciones”, pero recuerda que ese ministerio si participó en la creación del decreto No. 36324-S relativo a campos electromagnéticos con el fin de establecer requisitos y criterios tendientes a proteger la salud del personal técnico y de la población en general de los potenciales riesgos y efectos nocivos a la exposición de los campos electromagnéticos de radiaciones no ionizantes que puedan derivarse de la explotación y uso de los sistemas inalámbricos. Por otra parte, señalan que el decreto ejecutivo No. 41129-MINAE-MICITT-MH de 21 de febrero de 2018 titulado “Regulación del permiso de uso para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones en áreas silvestres protegidas y patrimonio natural del Estado administradas por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación”, constituye una medida más que facilita el despliegue de las redes de telecomunicaciones en un entorno de eficiencia en el uso de los recursos y de minimización del impacto ambiental de las redes de telecomunicaciones y que, en sus artículos 14, 15 y 16, establece las condiciones que promueven el uso compartido de infraestructura de varios operadores de telecomunicaciones así como también fija las condiciones para el reconocimiento de una contraprestación pecuniaria por el uso de bienes de dominio público que permiten la instalación de la infraestructura de telecomunicaciones, lo cual se permite en el artículo 79 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Indica que a partir del citado decreto ejecutivo No. 41129-MINAE-MICITT-MH y aquel numeral 79, la Dirección General de Tributación emitió la resolución DGT-R-45-2020 de 21 de diciembre de 2020 denominada “Procedimiento para la fijación del canon del arrendamiento por la construcción y operación de redes públicas de telecomunicaciones y del canon por el uso de bienes de dominio público para la instalación de la infraestructura de telecomunicaciones”, por lo que no es cierto lo afirmado por el accionante en el sentido de que la instalación de postes de telecomunicaciones se realiza exclusivamente por motivos de conveniencia económica de los operadores de red que despliegan redes de telecomunicaciones. Agregan que la realidad es que el despliegue de redes de telecomunicaciones, incluyendo la instalación de postes de telecomunicaciones, en nada pone en peligro la vida de las personas como lo hace ver el accionante sin ningún sustento probatorio, estimando que no le asiste el derecho de exigir un tipo específico de actividad prestacional por parte del Estado por el sencillo motivo de que, bajo ninguna forma, los postes de telecomunicaciones ponen en peligro la vida, la salud o el derecho al ambiente sano de los habitantes del país. Argumentan que, en síntesis, no se encuentran roces constitucionales en la reforma contenida en el decreto ejecutivo No. 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT acá impugnado, sino que, más bien, la reforma aclara cómo se debe dar trámite a los estudios predictivos en esa actividad y los supuestos en que se debe dar. Señalan que el acuerdo de la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica ACP-030-2017 de 24 de marzo de 2017 es conforme con el bloque de constitucionalidad pues los postes de telecomunicaciones se enmarcan dentro de una actividad de bajo impacto ambiental, de ahí que su regulación es distinta a la aplicable a las torres de telecomunicaciones por lo que no es de recibo la afirmación que hace el accionante en el sentido de que se trata de una desregulación; por el contrario, estiman que es la sujeción a reglas ambientales distintas en función del impacto de las actividades y estructuras, con lo cual, pretender lo contrario a fin de aplicar la misma regulación en condiciones de impacto ambiental distinto, sería irrazonable y desproporcionado. Manifiestan que existieron razonamientos que aclararon que el impacto de los postes es distinto al de las torres, lo que consta en el oficio SG-DEA-0713-2017-SETENA y que llevaron a la conclusión de que el tipo de infraestructura de telecomunicaciones que deberá ser sometida a análisis de evaluación de impacto ambiental ante la Secretaría Técnica, son aquellas que tipifiquen como “Torre de Telecomunicaciones” por cuanto son de bajo impacto ambiental. Recuerdan que la Sala Constitucional, en la sentencia No. 2012-0014111 de las 16 horas de 9 de octubre de 2012, https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-641132, manifestó: “(…) entre mayor peligrosidad exista en una actividad, más estrictas deben ser las exigencias; por el contrario, si se trata de una determinada práctica o actividades de bajo impacto ambiental, las exigencias políticas y jurídicas pueden relajarse (…)”. Agregan que no existe afectación alguna al principio de objetivación entendido como la obligación de acreditar, mediante estudios técnicos y científicos, las decisiones en materia ambiental y, en ese sentido, los postes de telecomunicaciones se enmarcan dentro de una actividad de bajo impacto ambiental, como lo pudo constatar el Departamento de Viabilidad Ambiental de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental por lo que el asidero jurídico del acuerdo No. 030-2017 impugnado, está apegado a los artículos 16 y 160 de la Ley General de Administración Pública. Además de lo anterior, señalan que se está ante un hecho cierto en cuanto a que los postes de telecomunicaciones entrañan un bajo impacto ambiental y, por ese motivo, no se someten a la misma regulación ambiental aplicable a las torres de telecomunicaciones, con lo cual tampoco se aprecia lesión alguna al principio precautorio. Estiman que el accionante confunde la desregularización -que reclama-, con los supuestos de no sujeción de los postes de telecomunicaciones al Formulario D2 por tratarse de una actividad de bajo impacto, lo cual se hace al amparo de razones técnicas. Añaden que el accionante pasa por alto que el desarrollo de las redes implica la instalación tanto de torres como de postes de telecomunicaciones, cada cual con un impacto ambiental distinto, lo cual es el medio para cumplir con las obligaciones de cobertura y acceso a los servicios de telecomunicaciones que exige el ordenamiento jurídico, así como también una garantía de los derechos fundamentales de comunicación, educación y de acceso a la información, siendo que la utilización de postes de telecomunicaciones obedece precisamente a que son acciones que provocan un bajo impacto ambiental. Señala que entre los principios rectores del sector telecomunicaciones consagrados en la Ley General de Telecomunicaciones, se encuentra la sostenibilidad ambiental que comprende la armonización del uso, la explotación de las redes y la prestación de los servicios de telecomunicaciones, con la garantía constitucional de contar con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, de modo que, al margen de que los postes de telecomunicaciones no estén sujetos al Formulario D2, lo cierto es que ello no solo no releva a las empresas de telecomunicaciones del cumplimiento de ese principio en todo momento, así como tampoco impide el control y vigilancia, en cualquier momento, del cumplimiento del principio de sostenibilidad ambiental en el curso del despliegue de las redes de telecomunicaciones. Consideran que la pretensión del accionante pone en peligro el desarrollo de las redes inalámbricas móviles de quinta generación y lo que ello implica en forma directa en la posibilidad de concretar los derechos fundamentales a la educación, información y libertad de expresión, así como el derecho democrático y, en ese sentido, señalan que los usos de las redes de quinta generación son múltiples y todos ellos enmarcados dentro del continuo desarrollo de la sociedad del conocimiento, motivo por el cual es vital que la Sala tome en cuenta que el despliegue futuro de las redes de quinta generación podría ponerse en jaque si se accede a la pretensión del accionante de someter toda infraestructura de telecomunicaciones a la presentación del Formulario D2, ello por cuanto se trata de una pretensión totalmente desproporcional toda vez que los postes de telecomunicaciones, que constituirán un elemento importante de esas redes, no requieren completar el Formulario D2 habida cuenta de su bajo impacto ambiental. Finalizan solicitando que se admita la coadyuvancia pasiva que gestionan y que se declare sin lugar esta acción de inconstitucionalidad. 14.- Mediante resolución de las 16 horas 52 minutos de 21 de abril de 2021, se tuvo por contestadas las audiencias conferidas al Procurador General de la República, a la Secretaria General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), a la Ministra de la Presidencia, a la Ministra de Ambiente y Energía, a la Ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, al Ministro de Obras Públicas y Transportes, a la Ministra de Economía, Industria y Comercio y al Ministro de Salud. De igual manera, se admitió la coadyuvancia presentada por José Daniel Gómez Pérez en su condición de vicepresidente de la Asociación Cámara de Infocomunicación y Tecnología (IFOCOM), y por José Álvaro Jenkins Rodríguez en su calidad de presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP). Además de lo anterior, se trasladó la acción para estudio del Magistrado Ponente a quien por turno corresponde. 15.- Se prescinde de la vista señalada en los artículos 10 y 85 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, con base en la potestad que otorga a la Sala el numeral 9 ibídem, al estimar suficientemente fundada esta resolución en principios y normas evidentes, así como en la jurisprudencia de este Tribunal. 16.- En los procedimientos se ha cumplido las prescripciones de ley. Redacta el Magistrado Cruz Castro; y, Considerando: Cuestiones de trámite: I.- Sobre la gestión de coadyuvancia admitida.- El artículo 83 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece que, en los 15 días posteriores a la primera publicación del aviso al que alude el párrafo segundo del numeral 81 de esa Ley, las partes que figuren con asuntos pendientes a la fecha de interposición de la acción, o aquéllos que cuenten con un interés legítimo en la definición del objeto en disputa, podrán apersonarse para coadyuvar con cualquiera de las dos posiciones objeto de la discusión; en el caso de las acciones de inconstitucionalidad, básicamente el coadyuvante acude a defender la pretensión anulatoria del actor o a respaldar la validez del acto impugnado. Obsérvese que el citado numeral es expreso al disponer: “Artículo 83. (…) o aquellos con interés legítimo, podrán apersonarse dentro de ésta, a fin de coadyuvar en las alegaciones que pudieren justificar su procedencia o improcedencia (…)”. Lo anterior significa que el coadyuvante es aquél que, con interés legítimo, se apersona para coadyuvar en los alegatos que pudieren justificar la procedencia o no de la acción planteada y, en tal sentido, este Tribunal ha señalado que: “la coadyuvancia activa equivale a una acción que apoya a otra, originalmente presentada, sobre la misma materia” (ver sentencia No. 1372-92 de las 14 horas 50 minutos de 26 de mayo de 1992, https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-80397). En este asunto en particular, mediante resolución de la Presidencia de este Tribunal de las 16 horas 52 minutos de 21 de abril de 2021, se dispuso que, en vista de que la primera publicación del aviso se dio el 22 de marzo de 2021, lo procedente era tener como coadyuvantes de este proceso a los gestionantes José Daniel Gómez Pérez en su condición de vicepresidente de la Asociación Cámara de Infocomunicación y Tecnología (IFOCOM), y por José Álvaro Jenkins Rodríguez en su calidad de presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), quienes plantearon su escrito el 19 de abril de 2021 y que han sido registrados en este expediente. En vista de esa decisión, se les tiene como admitidos para tales efectos. Sobre la Admisibilidad: II.- Las reglas de legitimación en las acciones de inconstitucionalidad.- El artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional regula los presupuestos que determinan la admisibilidad de las acciones de inconstitucionalidad, exigiendo la existencia de un asunto pendiente de resolver en sede administrativa o judicial en el que se invoque la inconstitucionalidad; requisito que no es necesario en los casos previstos en los párrafos segundo y tercero de ese artículo, es decir, cuando por la naturaleza de la norma no haya lesión individual o directa; cuando se fundamente en la defensa de intereses difusos o que atañen a la colectividad en su conjunto; o cuando sea presentada por el Procurador General de la República, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la República o el Defensor de los Habitantes, en estos últimos casos dentro de sus respectivas esferas competenciales. De acuerdo con el primero de los supuestos previstos por el párrafo 2° del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la norma cuestionada no debe ser susceptible de aplicación concreta que permita luego la impugnación del acto aplicativo y su consecuente empleo como asunto base. En segundo lugar, se prevé la posibilidad de acudir en defensa de "intereses difusos", que son aquellos cuya titularidad pertenece a grupos de personas no organizadas formalmente, pero unidas a partir de una determinada necesidad social, una característica física, su origen étnico, una determinada orientación personal o ideológica, el consumo de un cierto producto, etc. El interés, en estos casos, se encuentra difuminado, diluido (difuso) entre una pluralidad no identificada de sujetos. Esta Sala ha enumerado diversos derechos a los que les ha dado el calificativo de "difusos", tales como el medio ambiente, el patrimonio cultural, la defensa de la integridad territorial del país, el buen manejo del gasto público, y el derecho a la salud, entre otros. Por otra parte, la enumeración que ha hecho la Sala Constitucional no es taxativa. Finalmente, cuando el párrafo 2° del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional habla de “intereses que atañen a la colectividad en su conjunto”, esta Sala ha venido precisando –en diversos votos- que, a través de dicha expresión, el “legislador quiso referirse a la legitimación que ostenta una entidad corporativa, cuando actúa por intermedio de sus representantes en defensa de los derechos e intereses de las personas que conforman su base asociativa y siempre y cuando se trate del cuestionamiento de normas o disposiciones que incidan en aquel núcleo de derechos o intereses que constituye la razón de ser y el factor aglutinante de la agrupación” (sentencia nro. 2014-20446 de las 09:30 horas del 17 de diciembre de 2014 -el destacado no corresponde al original-; en igual sentido -entre varios- votos nro. 2017-000152 de las 9:05 horas del 11 de enero de 2017 y nro. 2020-020839 de las 9:20 horas del 28 de octubre de 2020). III.- La legitimación de la parte accionante en este caso.- En atención a lo dicho en el Considerando anterior, se observa que el accionante ha manifestado a este Tribunal que la legitimación para interponer este proceso proviene de lo dispuesto en el artículo 75, párrafo 2º de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, toda vez que alega la defensa de intereses difusos respecto al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; argumento que fue admitido por la Presidencia de la Sala Constitucional en la resolución de las 15 horas 19 minutos de 12 de marzo de 2021 que le dio curso a la acción. Sobre el particular, la Sala Constitucional en su sentencia No. 2001-008239 de las 16 horas 07 minutos de 14 de agosto de 2001, https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-162969, se refirió a los intereses difusos, bajo los siguientes términos: “De acuerdo con el primero de los supuestos previstos por el párrafo 2° del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la norma cuestionada no debe ser susceptible de aplicación concreta, que permita luego la impugnación del acto aplicativo y su consecuente empleo como asunto base. (...) En segundo lugar, se prevé la posibilidad de acudir en defensa de intereses difusos (...) Los intereses difusos, aunque de difícil definición y más difícil identificación, no pueden ser en nuestra ley -como ya lo ha dicho esta Sala- los intereses meramente colectivos; ni tan difusos que su titularidad se confunda con la de la comunidad nacional como un todo, ni tan concretos que frente a ellos resulten identificados o fácilmente identificables personas determinadas, o grupos personalizados, cuya legitimación derivaría, no de los intereses difusos, sino de los corporativos que atañen a una comunidad en su conjunto. Se trata entonces de intereses individuales, pero a la vez, diluidos en conjuntos más o menos extensos y amorfos de personas que comparten un interés y, por ende, reciben un perjuicio, actual o potencial, más o menos igual para todos, por lo que con acierto se dice que se trata de intereses iguales de los conjuntos que se encuentran en determinadas circunstancias y, a la vez, de cada una de ellas. Es decir, los intereses difusos participan de una doble naturaleza, ya que son a la vez colectivos -por ser comunes a una generalidad- e individuales, por lo que pueden ser reclamados en tal carácter. (...) En síntesis, los intereses difusos son aquellos cuya titularidad pertenece a grupos de personas no organizadas formalmente, pero unidas a partir de una determinada necesidad social, una característica física, su origen étnico, una determinada orientación personal o ideológica, el consumo de un cierto producto, etc.” En el presente asunto, el accionante argumenta que ostenta legitimación por vía del control abstracto de constitucionalidad e invoca la defensa de intereses difusos toda vez que acude en resguardo del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado en relación con la instalación de infraestructura de telecomunicaciones como lo son los postes y las torres, ello por cuanto considera que tanto en uno como en otro caso, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental debería intervenir con la correspondiente valoración de impacto ambiental y no así solo en el caso de las torres de telecomunicaciones; por consiguiente, tal circunstancia configura, a favor del gestionante, una legitimación directa para la interposición de este proceso por invocar la defensa de intereses difusos, entre ellos, la defensa del principio precautorio, de no regresividad, progresividad y derecho a un ambiente sano así como ecológicamente equilibrado. En consecuencia, la acción resulta admisible para su conocimiento y la parte accionante se encuentra legitimada por vía del control abstracto. Sobre el fondo: IV.- Objeto de la impugnación.- La parte accionante cuestiona, por un lado, la constitucionalidad del decreto ejecutivo No. 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT de 15 de julio de 2016, publicado en el Alcance No. 36 a La Gaceta No. 35 de 17 de febrero de 2017, que dispone en lo que interesa, lo siguiente: “MODIFICACIÓN AL ARTICULO 8, INCISO 1) DEL DECRETO EJECUTIVO N° 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT, DENOMINADO: LAS NORMAS, ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS PARA LA APROBACIÓN COORDINADA Y EXPEDITA REQUERIDA PARA LA INSTALACIÓN O AMPLIACIÓN DE REDES DE TELECOMUNICACIONES Artículo 1°- Modifiquese el inciso 1) del artículo 8 del Decreto Ejecutivo N° 36159- MINAET-S-MEIC-MOPT del 10 de mayo del 2010, publicado en el Diario Ofical La Gaceta N° 175 del 08 de setiembre del 2010, para que en lo sucesivo se lea de la siguiente manera; 'Artículo 8°-Competencias de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía. Según lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley Orgánica del Ambiente N° 7554, publicada en La Gaceta N° 215 del 13 de noviembre de 1995, en materia de instalación y ampliación de redes de telecomunicaciones le corresponde a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. 1. Dar trámite a la solicitud de viabilidad ambiental en concordancia con los artículos 1, 2, 12 y 13 del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Ejecutivo N 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC del 24 de mayo del 2004, publicado en La Gaceta N° 125 de 28 de junio del 2004. 2. (.) Artículo 2.- Rige a partir de su publicación”. Antes de que se promulgara el decreto ejecutivo No. 40075 que ahora se impugna, ese numeral 8 disponía: “Artículo 8º- Competencias de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. Según lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley Orgánica del Ambiente N° 7554, publicada en La Gaceta N° 215 del 13 de noviembre de 1995, en materia de instalación y ampliación de redes de telecomunicaciones le corresponde a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental: 1. Dar trámite a la solicitud de viabilidad ambiental en concordancia con los artículos 1, 2 y 12 y 13 del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Ejecutivo Nº 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC del 24 de mayo del 2004, publicado en La Gaceta N° 125 de 28 de junio del 2004. Los tipos de infraestructura sometidos a la tramitación de la viabilidad ambiental serán los establecidos en el artículo 3 del presente decreto. 2. En razón de lo dispuesto tanto en los incisos a), c), e), i), todos del artículo 39 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, Ley N° 8660, así como en el artículo 3 y en los incisos a), b) y c) del artículo 4 del Reglamento de Organización del Viceministerio de Telecomunicaciones", Decreto Ejecutivo N° DE-34997-MINAET, del 16 de enero de 2009, cualquier nuevo trámite, requisito o disposición normativa relacionada al Sector Telecomunicaciones deberá considerar previamente la política pública nacional establecida en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones basada en las disposiciones de acceso y uso universal, en los principios rectores, así como contar con el criterio técnico del Viceministerio de Telecomunicaciones. 3. Cuando por alguna razón relacionada con una solicitud por parte del administrado, se requiera del criterio técnico del Viceministerio de Telecomunicaciones, éste resolverá en un plazo no mayor a los 3 días hábiles, a partir de la fecha en que sea recibida la consulta por parte de la institución competente, salvo casos excepcionales que requieran de un estudio mayor sobre el tema, el Viceministerio dará respuesta en un plazo no mayor a 10 días hábiles” (la negrita y el subrayado se refiere a la parte eliminada). Conforme se puede observar, la reforma realizada mediante el decreto impugnado, consistió en eliminar la última frase del punto 1 de ese numeral -subrayada y en negrita- en la que se indicaba: “Los tipos de infraestructura sometidos a la tramitación de la viabilidad ambiental serán los establecidos en el artículo 3 del presente decreto”. Por otra parte, también considera el accionante que es contrario al Derecho de la Constitución el Acuerdo de la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental No. ACP-20-2017 (sic) adoptado en la Sesión Ordinaria No. 033-2017 celebrada el 24 de marzo de 2017, artículo 02 que, en lo que interesa, dispone: “POR TANTO LA COMISION PLENARIA ACUERDA PRIMERO: Comunicar tanto al público como a funcionarios de SETENA, que el tipo de infraestructura de telecomunicaciones que deberá ser sometida a análisis de EIA, ante esta Secretaría Técnica, serán aquellas que tipifiquen como “Torre de Telecomunicaciones”, de acuerdo con lo expuesto en el Considerando C) punto 3, de este acuerdo, a fin de que no haya confusiones en cuanto a la redacción actual del artículo 8, ítem 1 del Decreto 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT. El procedimiento para su evaluación de las mismas se encuentra normado en el Decreto 37803-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC. SEGUNDO: Ordenar al Departamento de Tecnologías de la Información, incluir este acuerdo en la página web de SETENA”. Interesa aclarar que aun cuando en el memorial de la acción de inconstitucionalidad, el accionante describe que el acuerdo que impugna es el No. ACP-20-2017, lo cierto del caso es que el número correcto es ACP-30-2017; error que se ha repetido en varios documentos e informes rendidos a este Tribunal, por lo que deberá partirse entonces de que el número correcto es ACP-30-2017, que efectivamente fue adoptado en la Sesión Ordinaria No. 033-2017 de la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, celebrada el 24 de marzo de 2017, artículo 02. En lo sucesivo entonces, se hará referencia a ese acuerdo con su número correcto: ACP-30-2017. Dicho lo anterior, debe señalarse que, según el accionante, el acuerdo impugnado y la reforma que se hizo en el decreto cuestionado No. 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT, implican que la evaluación de impacto ambiental resulta exigible únicamente a la instalación de torres de telecomunicaciones, con lo cual, la edificación del resto de infraestructura de ese tipo -como serían los postes de telecomunicaciones- ha sido eximida de ese control ambiental previo, lo que considera un relajamiento y regresión de la normativa y una modificación que, en su criterio, no cuenta con la justificación técnica que la respalde, lo que estima que es contrario a los principios de no regresión, objetivación, precautorio y de progresividad, al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como también a lo dispuesto en los artículos 7, 21, 50 y 89 de la Constitución Política y 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo que pide que se declare con lugar la acción de inconstitucionalidad. De seguido entonces, se valorarán los elementos con sustento en los cuales, finalmente, este Tribunal considera que la normativa impugnada no resulta lesiva del Derecho de la Constitución. V.- La competencia de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental en lo que se refiere a la edificación de infraestructura de telecomunicaciones.- El artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 dispone: “Artículo 17.- Evaluación de impacto ambiental. Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en esta ley. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. Las leyes y los reglamentos indicarán cuáles actividades, obras o proyectos requerirán la evaluación de impacto ambiental”. Conforme se desprende del artículo anterior, las actividades, obras o proyectos (AOP´s) que causen efectos negativos en el ambiente, son las que requieren la realización de evaluaciones ambientales previas de acuerdo con lo establecido en la normativa. En ese sentido, de acuerdo con el bloque de la legislación ambiental vigente, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental no aprueba ni reprueba proyectos, sino que, lo que realiza es una evaluación de los impactos ambientales de los diferentes proyectos de desarrollo del país y les otorga o rechaza la viabilidad desde un análisis ambiental. Ahora bien, en atención a lo dispuesto por los artículos 83 y 84 de la citada ley, el propósito de esa Secretaría Técnica es el de armonizar el impacto ambiental con los procesos productivos, otorgándosele una serie de funciones que dan marco a su facultad legal para realizar los estudios técnicos requeridos y determinar cuáles son las actividades, obras o proyectos que, según su incidencia en el ambiente -significancia ambiental-, deben ser sometidos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Recuérdese que la significancia ambiental es la valoración del impacto ambiental -potencial o real- de una actividad, obtenida a partir de criterios cuantitativos y cualitativos que, para determinarlo con precisión, requiere la realización de un procedimiento administrativo científico-técnico a partir del cual se puede identificar y predecir cuáles efectos ejercerá sobre el ambiente una actividad, obra o proyecto, cuantificándolos y ponderándolos en aras de conducir a la toma de decisiones: “Significancia del Impacto Ambiental (SIA): Valoración cualitativa y cuantitativa de un impacto ambiental dado, en el contexto de unproceso de valoración y armonización de criterios tales como el marco regulatorio ambiental vigente, la finalidad de uso -planeado- para el área a desarrollar, su condición de fragilidad ambiental, el potencial efecto social que pudiera darse y la relación de parámetros ambientales del proyecto” http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=99253&nValor3=135644&strTipM=TC Sobre el particular, este Tribunal ha señalado: “De conformidad con el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, número 7554, de dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, las actividades que requieren un estudio de impacto ambiental aprobado por SETENA son aquellas actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos materiales tóxicos o peligrosos. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. Es así como la protección del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado obliga al Estado a tomar las medidas de carácter preventivo a efecto de evitar su afectación; y dentro de las principales medidas dispuestas por el legislador en este sentido, se encuentran varios instrumentos técnicos entre los que destaca el Estudio de Impacto Ambiental, según lo dispuesto en el artículo citado, siendo la condición del proyecto o de la obra, la que determinará en cada caso, su necesidad. El legislador encomendó a la "Secretaría Técnica Nacional Ambiental", las evaluaciones a cargo de "un equipo interdisciplinario de profesionales, inscritos y autorizados por la Secretaría de conformidad con las guías elaboradas por ella. El costo de las evaluaciones de impacto ambiental correrá por cuenta del interesado". En el artículo 19 de la Ley Orgánica del Ambiente se estableció que "las resoluciones de la Secretaría Técnica Ambiental deberán ser fundamentadas y razonadas", con lo que se recoge en esta materia el principio general de fundamentación de los actos administrativos desarrollado también por la Ley General de la Administración Pública, que es a su vez una garantía que integra el debido proceso sustantivo” (ver sentencia No. 2005-015059 de las 15 horas 55 minutos de 1 de noviembre de 2005, https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-331288). Debe tenerse presente que no toda actividad, obra o proyecto tiene que ser sometida al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, sino sólo aquella que, por las características y grado de significancia de impacto ambiental, lo requiera, previa realización de un estudio técnico que lo fundamente -emitido por la autoridad competente-, en atención precisamente al principio de objetivación según el cual, las decisiones que se adopten en la materia ambiental, deben contar con la necesaria acreditación de estudios técnicos, tanto en relación con actos administrativos como en cuanto a las disposiciones de carácter general. Entonces, es la Secretaría Técnica el órgano encargado de realizar y evaluar la significancia del impacto ambiental de las actividades humanas y, por ende, es la autoridad que tendría la competencia a fin de establecer en qué casos se han de realizar los estudios técnicos necesarios para determinar qué tipo de infraestructura de soporte de telecomunicaciones -que es a la que se refiere esta acción- requiere sujetarse a la viabilidad ambiental, con lo cual tiene la atribución para evaluar los diferentes métodos de valoración del impacto ambiental que se derive de la instalación, la ampliación, la renovación y la operación de las redes públicas de telecomunicaciones o de cualquiera de sus elementos, así como la necesidad del otorgamiento de la viabilidad ambiental en aquellos casos que así lo requieran. Sobre el particular es preciso señalar que uno de los objetivos de la Ley General de Telecomunicaciones y de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, está dirigido a promover el desarrollo del país en esa área para lo cual es indispensable la construcción de la infraestructura necesaria que permita el uso y la explotación de las redes así como la prestación de los servicios de telecomunicaciones dentro del marco de la sociedad de la información y el conocimiento y como apoyo a sectores como salud, seguridad ciudadana, educación, cultura, comercio, gobierno electrónico, entre otros, todo lo cual, deberá enmarcarse dentro de la sostenibilidad ambiental que es uno de los principios rectores recogidos en el artículo 3 de la Ley General de Telecomunicaciones No. 8642 de 4 de junio de 2008, según el cual: “(…) k) Sostenibilidad ambiental: armonización del uso y la explotación de las redes y la prestación de los servicios de telecomunicaciones, con la garantía constitucional de contar con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Los operadores y proveedores deberán cumplir toda la legislación ambiental que les resulte aplicable”. Principio que luego fue reiterado también en el artículo 3 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones No. 8660 de 8 de agosto de 2008 y que, en los términos indicados, también le corresponde ser valorado y protegido por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental dentro del ámbito de su competencia. Desde esta perspectiva, cuando a esta Secretaría Técnica le corresponda realizar el trámite correspondiente que sea puesto en su conocimiento para la construcción e instalación de infraestructura de telecomunicaciones -que es aquélla destinada al montaje y soporte de una red de telecomunicaciones que puede estar constituida por canalizaciones, ductos, postes, torres, estaciones de control y demás estructuras requeridas para la instalación y operación de redes públicas o privadas-, se deberá valorar también la significancia ambiental por lo que le corresponderá a esa Secretaría Técnica determinar lo que sea procedente con atención al principio de sostenibilidad ambiental, la preservación así como la protección del derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Ciertamente, la importancia de esta infraestructura consiste en permitir la instalación y darle soporte a los elementos activos de las redes de telecomunicaciones que son los sistemas de transmisión y demás recursos que permiten la transmisión de señales entre puntos de terminación definidos mediante cables, ondas hertzianas, medios ópticos u otros medios radioeléctricos, con inclusión de las redes satelitales, redes terrestres fijas (de conmutación de circuitos o de paquetes, incluida internet) y móviles, sistemas de tendido eléctrico, utilizadas para la transmisión de señales, redes utilizadas para la radiodifusión sonora y televisiva y redes de televisión por cable con independencia del tipo de información transportada y que, de acuerdo con el artículo 74 de la Ley Reguladora de los Servicios Públicos, es considerada una actividad de interés público tanto en lo que se refiere al establecimiento, la instalación, la ampliación, la renovación y la operación de las redes públicas de telecomunicaciones o de cualquiera de sus elementos; sin embargo, no puede dejarse de lado que ello debe hacerse con estricta sujeción a la sostenibilidad y protección al ambiente. En este punto interesa entonces destacar que la construcción e instalación de infraestructura en telecomunicaciones, obligatoriamente debe estar en armonía con el ambiente, a fin de que Costa Rica pueda ser un país conectado para el beneficio de sus habitantes a partir de un despliegue de infraestructura de telecomunicaciones robusto, ordenado y solidario, en un escenario de libre competencia, que permita a los operadores desplegar infraestructura e inversiones de manera ágil y oportuna para adaptarse a las nuevas y cambiantes tendencias tecnológicas e independientemente del lugar del país en el que exista población, que se tenga acceso a servicios de telecomunicaciones de calidad, mediante el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones que soporte redes sostenibles, eficientes, seguras y robustas, pero eso sí, siempre en armonía con el medio ambiente y a través de soluciones óptimas y ambientalmente sostenibles a lo largo del tiempo. VI.- Sobre el Decreto Ejecutivo No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT denominado “Normas, Estándares y Competencias de las Entidades Públicas para la aprobación coordinada y expedita requerida para la Instalación o Ampliación de Redes de Telecomunicaciones” y su relación con otra normativa conexa.- De acuerdo con su parte considerativa, dado el vacío legal relacionado con la instalación de la infraestructura de telecomunicaciones, así como la dispersión legal y reglamentaria existente en la materia que, además, contiene una gran cantidad de trámites y escasa organización y coordinación entre las instituciones encargadas de gestionarlos y aprobarlos, se consideró necesaria la promulgación de un decreto que concentrara las normas, estándares y competencias de las entidades públicas a fin de que, de manera coordinada y expedita, se pueda atender la tramitación requerida para la instalación y ampliación de redes de telecomunicaciones así como de la estructura necesaria, ello por cuanto constituye un tema prioritario en aras de impulsar el desarrollo de las telecomunicaciones en Costa Rica. Según los Considerandos de ese decreto, tal fue la motivación que llevó a promulgarlo y a denominarlo “Normas, estándares y competencias de las entidades públicas para la aprobación coordinada y expedita requerida para la instalación o ampliación de redes de telecomunicaciones”, el cual fue dictado el 10 de mayo de 2010 con la participación de los Ministerios de Ambiente, Energía, Telecomunicaciones, Salud, Economía, Industria, Comercio, Obras Públicas y Transportes y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 175 de 8 de septiembre de 2010. Obsérvese lo que disponen sus artículos 1 y 2: “Artículo 1º- Ámbito de aplicación. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 38 y en los incisos a) y c) del artículo 39, todos de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, quedan sometidas al ámbito de aplicación de este Decreto todas las dependencias e instituciones que forman parte del Sector de Telecomunicaciones, tanto de la Administración Pública central como descentralizada, incluyendo las instituciones autónomas, las semiautónomas, las empresas públicas, privadas y todas aquellas municipalidades en cuyo espacio territorial se desarrollen funciones o actividades relacionadas con la autorización, permisos y licencias para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones. Artículo 2º-Objetivo. El presente Decreto tiene por objeto identificar y agrupar cada una de las competencias de las entidades públicas del Sector de Telecomunicaciones que intervienen en los trámites y requisitos para que de manera coordinada y expedita se atienda la tramitación requerida para la instalación de infraestructura, así como la ampliación de redes de telecomunicaciones y su estructura correspondiente”. Efectivamente, conforme se indicó supra en relación con la parte considerativa del decreto, de ambos numerales se desprende que su objetivo no fue crear nuevas competencias administrativas ni tampoco otorgarlas a otras autoridades, sino más bien, compilar las que ya tenía las diferentes instituciones relacionadas con los requerimientos para la instalación o ampliación de infraestructura de telecomunicaciones en el marco jurídico vigente, a fin de garantizar la atención coordinada y expedita en relación con la tramitología requerida para la instalación de esa infraestructura, supeditando a las dependencias e instituciones a las que se refiere ese decreto, al cumplimiento de lo ahí dispuesto. Además de lo anterior, es importante mencionar la relevancia del contenido de su artículo 3 toda vez que ahí es donde se dispone que ese cuerpo normativo aplica -en términos generales- para cualquiera de los tipos de infraestructura de telecomunicaciones ahí descritas: “Artículo 3º-Tipos de infraestructura de telecomunicaciones. Las disposiciones del presente Decreto aplican para cualquiera de las siguientes modalidades de infraestructura definidas en la Norma Internacional 60050 de la Comisión Internacional Electrotécnica de acuerdo a la recomendación UIT-R V.662-3 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones: a. Antena de Telecomunicaciones: corresponde a la parte del sistema de transmisión o recepción de radio diseñado para proveer el emparejamiento entre el transmisor o el receptor y el medio en el cual se propagan las ondas de radio. Puede ubicarse en una torre de telecomunicaciones o puede ser auto-soportada. b. Ductos de Telecomunicaciones: conjunto de tuberías de diversos materiales destinadas a transportar cableado para servicios de telecomunicaciones a nivel subterráneo. c. Infraestructura de Telecomunicaciones: es toda estructura que se fije o se incorpore a un terreno, en el subsuelo o sobre él, que estará destinada a la instalación y soporte de una red o un servicio de telecomunicaciones. La infraestructura de telecomunicaciones puede estar constituida, por canalizaciones, ductos, postes, torres, estaciones de control y demás estructuras requeridas para la instalación y operación de las redes públicas para la provisión de servicios de telecomunicaciones. Este tipo de infraestructura no representa un fin como unidad habitacional. d. Poste de Telecomunicaciones: soporte único vertical de madera, concreto, acero u otro material, con un extremo dispuesto en el suelo, ya sea directamente o a través de cimientos. Estas estructuras generalmente se utilizan para el soporte de tendidos eléctricos y cableado de telecomunicaciones como cable coaxial, par de cobre y fibra óptica, entre otros. e. Red de telecomunicaciones: según el artículo 6, inciso 19), de la Ley General de Telecomunicaciones, corresponde a los sistemas de transmisión y demás recursos que permiten la transmisión de señales entre puntos de terminación definidos mediante cables, ondas hertzianas, medios ópticos u otros medios radioeléctricos, con inclusión de las redes satelitales, redes terrestres fijas (de conmutación de circuitos o de paquetes, incluida Internet) y móviles, sistemas de tendido eléctrico, utilizadas para la transmisión de señales, redes utilizadas para la radiodifusión sonora y televisiva y redes de televisión por cable, con independencia del tipo de información transportada. f. Telecomunicaciones: según el artículo 6, inciso 29), de la Ley General de Telecomunicaciones, corresponde a toda transmisión, emisión y/o recepción de signos, señales, escritos, datos, imágenes, sonidos o información de cualquier naturaleza por hilo, conductores, ondas radioeléctricas, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos. g. Torre de telecomunicaciones: soporte que puede estar construido en materiales como madera, acero y concreto, y que suele constituirse de una estructura de cuatro lados entrecruzados o de un único soporte. Puede soportar varios elementos, como antenas de transmisión y equipos adicionales para el funcionamiento de las redes de telecomunicaciones. Igualmente, el presente decreto aplicará para todos aquellas modalidades de infraestructura de telecomunicaciones que sean determinados por la Superintendencia de Telecomunicaciones o el Rector del Sector de Telecomunicaciones”. Si bien es cierto, conforme lo indica ese numeral y en términos generales, su aplicación va dirigida a cualquiera de los tipos de infraestructura de telecomunicaciones ahí descritos: antenas, ductos, infraestructura, postes, redes y torres, todo referido al ámbito de las telecomunicaciones, también es lo cierto que, en atención a la normativa impugnada -tanto el decreto ejecutivo No. 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT como el Acuerdo No. ACP-30-2017 de la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica- posteriormente se hizo una modificación del tipo de infraestructura de telecomunicaciones a la que se le debe aplicar el decreto ejecutivo No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT para que fuera solo a las torres de telecomunicaciones, conforme se explicará más adelante, siendo que, si no existe una disposición legal que exija un estudio de impacto ambiental, el mecanismo a utilizar para evaluarlo respeto de las infraestructuras de telecomunicaciones que se vayan a instalar, queda a criterio de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, como órgano competente en la materia y en atención al caso concreto por la significancia ambiental que pudiere desligarse. Ahora bien, de igual manera, interesa mencionar el artículo 8 de este decreto ejecutivo No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT por cuanto, a partir de lo dispuesto en los numerales 17 y 18 de la Ley Orgánica del Ambiente, ahí se recuerdan otra vez las competencias de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones en materia de instalación y ampliación de redes de telecomunicaciones y, en ese sentido, ese numeral 8 reitera que es competencia de esa Secretaría Técnica, dar trámite a la solicitud de viabilidad ambiental, en términos generales a las actividades, obras o proyectos nuevos que, por ley o reglamento, se determine que puedan alterar o destruir elementos del ambiente, o generar residuos, materiales tóxicos o peligrosos, así como disponer las medidas de prevención, mitigación y compensación; actividades, obras o proyectos que pueden ser para telecomunicaciones de manera específica. Es justamente este numeral el que fue modificado mediante el decreto impugnado No. 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT, y antes de ello, disponía lo siguiente: “Artículo 8º-Competencias de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. Según lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley Orgánica del Ambiente N° 7554, publicada en La Gaceta N° 215 del 13 de noviembre de 1995, en materia de instalación y ampliación de redes de telecomunicaciones le corresponde a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental: 1. Dar trámite a la solicitud de viabilidad ambiental en concordancia con los artículos 1, 2 y 12 y 13 del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Ejecutivo Nº 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC del 24 de mayo del 2004, publicado en La Gaceta N° 125 de 28 de junio del 2004. Los tipos de infraestructura sometidos a la tramitación de la viabilidad ambiental serán los establecidos en el artículo 3 del presente decreto. 2. En razón de lo dispuesto tanto en los incisos a), c), e), i), todos del artículo 39 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, Ley N° 8660, así como en el artículo 3 y en los incisos a), b) y c) del artículo 4 del Reglamento de Organización del Viceministerio de Telecomunicaciones", Decreto Ejecutivo N° DE-34997-MINAET, del 16 de enero de 2009, cualquier nuevo trámite, requisito o disposición normativa relacionada al Sector Telecomunicaciones deberá considerar previamente la política pública nacional establecida en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones basada en las disposiciones de acceso y uso universal, en los principios rectores, así como contar con el criterio técnico del Viceministerio de Telecomunicaciones. 3. Cuando por alguna razón relacionada con una solicitud por parte del administrado, se requiera del criterio técnico del Viceministerio de Telecomunicaciones, éste resolverá en un plazo no mayor a los 3 días hábiles, a partir de la fecha en que sea recibida la consulta por parte de la institución competente, salvo casos excepcionales que requieran de un estudio mayor sobre el tema, el Viceministerio dará respuesta en un plazo no mayor a 10 días hábiles”. Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC de 24 de mayo del 2004: Para tener claridad en el abordaje que se está haciendo, es preciso entonces, en este punto, hacer referencia a este otro decreto No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC que es el “Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)”, ello por cuanto -conforme se observa- el anterior artículo 8 refiere directamente a ese decreto, el que, según se acredita en sus Considerandos, resultaba imperioso emitirlo en aras de unificar criterios así como establecer lineamientos técnicos y legales claros debido a que, como las actividades humanas producen impactos sobre el ambiente de tipos distintos y de índole diversa, era necesario reglamentar uno de los instrumentos de política ambiental preventiva como es la evaluación de impacto ambiental (EIA) toda vez que los problemas ambientales deben abordarse con políticas preventivas y correctivas: a) las preventivas incluyen la formación, sensibilización y educación de la población, la normativa sobre calidad ambiental, la investigación, experimentación y difusión tecnológica correctiva y preventiva, la información, el ordenamiento ambiental territorial o la planificación integral así como las evaluaciones de impacto ambiental; b) por su parte, las políticas correctivas comprenden la tecnología en materia de conservación, mejora, restauración, rehabilitación de los recursos, las auditorías ambientales, sellos o etiquetados ecológicos. Este decreto era muy claro en disponer que es política del gobierno de la República, lograr el desarrollo sostenible en todas las áreas del quehacer productivo nacional, tanto en el ámbito público como del sector privado, conservando y protegiendo el ambiente, los recursos naturales del país y fomentando el progreso económico y social mediante acciones armónicas, coordinadas, sistematizadas y uniformes; razones por las cuales se estimó preciso promulgarlo a fin de reglamentar un procedimiento ágil, moderno y confiable para la presentación de evaluaciones de impacto ambiental ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental -como órgano encargado de hacer tales valoraciones-, de definir los procedimientos a seguir y de otorgar la viabilidad ambiental pertinente en los casos en que así lo estime necesario de acuerdo con su competencia y los criterios técnicos que utilice. De este decreto interesa resaltar sus artículos 1 y 2 en tanto disponían los objetivos del decreto así como también que la evaluación de impacto ambiental era un requisito necesario y previo al inicio de las obras: “Artículo 1º-Objetivo y alcance. El presente reglamento tiene por objeto definir los requisitos y procedimientos generales por los cuales se determinará la viabilidad (licencia) ambiental a las actividades, obras o proyectos nuevos, que por ley o reglamento, se han determinado que pueden alterar o destruir elementos del ambiente o generar residuos, materiales tóxicos o peligrosos; así como, las medidas de prevención, mitigación y compensación, que dependiendo de su impacto en el ambiente, deben ser implementadas por el desarrollador. Artículo 2º-Trámite de EIA para actividades, obras o proyectos. Por su naturaleza y finalidad, el trámite de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) debe haberse completado y aprobado de previo al inicio de actividades del proyecto, obra o actividad. Esto es particularmente relevante cuando se trate de la aprobación de anteproyectos, proyectos y segregaciones con fines urbanísticos o industriales, trámites pertinentes al uso del suelo, permisos constructivos y aprovechamientos de recursos naturales”. De igual manera, interesa el artículo 3 en el que se establecían una serie de definiciones relacionadas con la materia como sería lo que debe entenderse por actividades, obras, proyectos nuevos, actividades de muy bajo impacto ambiental potencial, áreas ambientalmente frágiles, entre otras de gran relevancia para comprender los alcances de esa normativa. Aunado a lo anterior, es de interés lo que disponía en el artículo 4 en cuanto a las actividades, obras o proyectos sujetos a la evaluación de impacto ambiental y el 4 bis que se refería a las que no se les hace tal exigencia. Ahora bien, no obstante, es necesario hacer una advertencia en el sentido de que este decreto ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC de 24 de mayo del 2004, fue recientemente derogado en su totalidad por el artículo 101 del “Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental” aprobado mediante decreto ejecutivo No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC de 21 de diciembre de 2022, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 67 de 19 de abril de 2023 y que entró en vigencia a partir del 19 de agosto de 2023; reglamento que tiene por objeto regular los requisitos y procedimientos generales por los cuales se determina la viabilidad ambiental (licencia) de las actividades, obras o proyectos que puedan alterar o destruir elementos del ambiente o generar residuos, materiales tóxicos o peligrosos, pero que además establece las medidas de prevención, mitigación y compensación que deben ser implementadas por el desarrollador dependiendo del impacto en el ambiente. Más adelante se hará referencia a este nuevo reglamento. En relación con esta acción de inconstitucionalidad, la importancia que reviste este decreto No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC está estrechamente relacionada con otro posterior que lo reformó, el decreto ejecutivo No. 37803-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC de 25 de junio de 2013, del que se hará una breve referencia de seguido, en lo que interesa. Decreto Ejecutivo No. 37803-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC: Este nuevo decreto No. 37803-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC fue promulgado el 25 de junio de 2013 y se denomina “Adición y modificación al Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)” que es el decreto ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC que, como se dijo, se denomina “Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)” y, nuevamente, de acuerdo con el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, ahí se reafirma que le corresponde a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental la evaluación de impacto ambiental de todas las actividades humanas que alteren o destruyan los elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos para lo cual, por medio de sus reglamentos, establece las actividades, obras o proyectos que requieren, previamente a su inicio, la aprobación de la viabilidad ambiental. Conforme se indicó supra, la intención de ese decreto No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC era lograr una gestión más eficaz y eficiente de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental a través de una mejor asignación de los recursos y la implementación de procedimientos ágiles, modernos y confiables que permitan mejores sistemas de control y seguimiento de las actividades, obras o proyectos sometidos a evaluación; en consecuencia, se consideró necesario realizar adiciones y modificaciones a dicho “Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental” y, dentro de las reformas efectuadas, interesa la que se hizo en este nuevo decreto ejecutivo No. 37803-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC que, mediante su numeral 8, incorporó el artículo 9 bis, lo cual se hizo de esta manera: “Artículo 8°- Adiciónese un artículo 9° bis, al decreto ejecutivo Nº 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC del 24 de mayo de 2004 y sus reformas “Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)”, el cual se leerá de la siguiente manera: Artículo 9º bis—Documentos de Evaluación Ambiental para proyectos de instalación de torres de telecomunicaciones: El Documento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de los proyectos de instalación de torres de telecomunicaciones se tramitará a través del formulario D2, con la presentación de la información que dicho formulario solicita. Asimismo, debe ser complementado con la siguiente información adicional firmada por el profesional competente y debidamente inscrito en la base de consultores de SETENA: 1. Descripción del proyecto. 2. Certificación de Riesgo Antrópico. 3. Estudio de Geotecnia. 4. Estudio Rápido de Arqueología. 5. Archivo en formato digital Shape File (*.shp), con su respectiva base de datos y con el correspondiente polígono de localización del área del proyecto (AP); archivo en formato *.kml, con los mismos atributos del Shape File (nombre del proyecto, tipo del proyecto, número de plano catastrado, y número de finca, provincia, cantón, distrito, nombre del desarrollador, número de la cédula persona física o en su caso también el número de la cédula jurídica, fax o correo electrónico para atender notificaciones). 6. Archivo en formato digital Shape File (*.shp), con el correspondiente punto de localización de la torre dentro del área del proyecto (AP); archivo en formato *.kml, con los mismos atributos del Shape File (nombre del proyecto, tipo del proyecto, número de plano catastrado, y número de finca, provincia, cantón, distrito, nombre del desarrollador, número de la cédula persona física o en su caso también el número de la cédula jurídica, fax o correo electrónico para atender notificaciones). Los archivos Shape File deberán elaborarse bajo el Sistema de Proyección Cartográfica CRTM05. Los archivos digitales de georeferenciación deben venir en forma individual para cada torre. 7. Registro fotográfico de las condiciones actuales. 8. Los resultados del Plan de Comunicación a las comunidades cuyo contenido mínimo es el siguiente: - Objetivo (Debe indicar en qué consistirá el proyecto y que implicaciones posee). - Grupo meta (comunidades debe ser indicado cuál es el AID y justificarse). - Estrategia o mecanismo de divulgación a emplear en las comunidades ubicadas en el Área de Influencia Directa (AID) (incluir impactos) con el fin de informar sobre el proyecto a desarrollar, que incluya como mínimo los siguientes aspectos: - Periodo de divulgación. - Mensaje a transmitir (debe brindarse una descripción del proyecto explicando los impactos que generará). - Cronograma de actividades a llevar a cabo en el plan de comunicación. - Formato de respuesta a las comunidades sobre inquietudes relacionadas con la divulgación del proyecto. - Costos de la divulgación. El formulario D2 para Torres de Telecomunicaciones deberá ser firmado por el desarrollador y un Consultor Ambiental debidamente inscrito en la base de consultores de la SETENA, y autenticado por un abogado, o bien, ambos interesados deberán presentarse a SETENA y firmar personalmente ante el funcionario para efectos de autenticidad. Cuando se determine que el proyecto, de conformidad con los mapas hidrogeológicos y de vulnerabilidad aprobados por SENARA, se ubique en una zona vulnerable la SETENA podrá solicitar un estudio Hidrogeológico del área de interés. SETENA analizará los documentos presentados y de cumplirse con todos los requisitos, en un plazo de hasta 15 días hábiles se otorgará la viabilidad (licencia) ambiental. De existir observaciones o aclaraciones, la SETENA realizará una prevención al desarrollador, por una única vez y por escrito para su cumplimiento, para lo cual le dará un plazo no mayor de diez días hábiles para que complete la información; en caso de no subsanar en el plazo indicado se archivará el expediente. La prevención indicada suspende el plazo de resolución de la Administración; una vez transcurrido éste, continuará el cómputo del plazo restante previsto para resolver. De manera excepcional, si en el transcurso del estudio del caso, la SETENA necesita que se amplíe o se aclare la información de un requisito, y mediante resolución técnicamente justificada solicitará que se amplíe o se aclare dicho requisito, antes de los 15 días hábiles, y el administrado tendrá un plazo máximo de hasta 10 días para contestar. Los estudios correspondientes a los puntos 3 y 4 del artículo 9 bis deberán ser elaborados por profesionales en el campo. En caso de considerarse que la elaboración de dichos estudios no es necesaria, se deberá presentar una certificación en forma impresa emitida por el profesional facultado según su formación para emitir criterio al respecto, fundamentando técnicamente las razones por las cuales no se requiere de su presentación. En aquellos casos en que el proyecto se pretenda realizar en un área calificada como ambientalmente frágil conforme al anexo 3 del Decreto 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC o en aquellos que basado en criterio técnico justificado de la SETENA, se requerirá de una Evaluación Ambiental por medio del Documento de Evaluación de Impacto Ambiental D1”. Conforme se desprende de este decreto, nuevamente se reitera la competencia de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental en la materia y con el agregado que se hiciera de ese artículo 9 bis, queda claramente delimitado que, en materia de infraestructura de telecomunicaciones, el documento de evaluación de impacto ambiental (EIA) que se requiere, está dirigido a los proyectos de instalación de torres de telecomunicaciones, así como también que ese procedimiento se tramitaría a través del formulario D2 para lo cual se requiere presentar la información que se indica en ese artículo 9 bis. Debe indicarse que este decreto por ser una reforma del No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, también fue derogado por el reciente No. 43898-MINAE-MOPT-MAG-MEIC. Decreto Ejecutivo No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC: Conforme se indicó supra, este decreto ejecutivo de reciente entrada en vigencia, No. 43898-MINAE-MOPT-MAG-MEIC de 21 de diciembre de 2022, en su artículo 101, derogó en su totalidad al decreto No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC de 24 de mayo del 2004 y sus reformas que, durante su vigencia, fue el “Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)”. Así lo dispuso, en lo que interesa, ese artículo 101: “Artículo 101. - Derogaciones. I. Deróguese los Decretos Ejecutivos números 31849 -MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC del 24 de mayo del 2004 "Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y sus reformas", publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°125 del 28 de junio de 2004 y 34536-MINAE del 25 de marzo de 2008 (…)” Este nuevo decreto ejecutivo ha sido denominado “Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental” y entró en vigencia el 19 de agosto de 2023. En su parte considerativa se consignó que en el país existe una cantidad importante de normas sobre el proceso de evaluación y seguimiento ambiental dispersas en varios reglamentos por lo que la regulación en ese campo es compleja y alambicada, lo que se hacía necesario simplificar y concentrar la normativa para facilitar su entendimiento y aplicación. En ese sentido, se señaló en tales Considerandos que el “Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)” -decreto ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT- MAG-MEIC- cuya entrada en vigor se dio en junio del 2004, contaba con más de 18 dieciocho años de vigencia al momento de promulgarse este nuevo decreto y durante ese plazo había sufrido una serie de modificaciones para su implementación. Sobre el particular, conforme se manifestó líneas arriba y para los efectos de esta acción, una de esas reformas fue precisamente la inclusión del artículo 9 bis a través del numeral 8 del decreto ejecutivo No. 37803-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC; artículo 9 bis mediante el cual se clarificó que los proyectos de instalación de torres de telecomunicaciones requerían ser evaluados a través del formulario D2, puntualizándose además los requisitos así como la documentación que se debía presentar. Ahora bien, volviendo a la parte considerativa de este nuevo decreto No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, debe decirse que ahí se hizo mención a la evolución y transformación que han ido sufriendo los procesos de evaluación de impacto ambiental tanto a nivel mundial como a lo interno del país y, a partir de los cuales, se han ideado nuevas variables ambientales a contemplar dentro de los procesos de valoración, las cuales se apoyan en la nueva tecnología disponible y van dirigidas hacia políticas basadas en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, para lo cual se han establecido requisitos de carácter técnico y legal, propios y específicos de los procesos de evaluación de impacto ambiental, generando seguridad jurídica y disminución de plazos de revisión, todo ello en total apego a la Ley de protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos No. 8220 de 4 de marzo de 2002 y sus reformas, según la cual, es necesario establecer requisitos claros y específicos que aporten valor al proceso de evaluación ambiental para cada uno de los instrumentos que se utilizan pero también para adelgazar su contenido sin desmejorar la valoración ni caer en regresión ambiental. Interesa señalar que este nuevo “Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental” (decreto No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC) al igual que su predecesor, tiene por objeto regular los requisitos y procedimientos generales por los cuales se determina la viabilidad ambiental (licencia) de las actividades, obras o proyectos que puedan alterar o destruir elementos del ambiente o generar residuos, materiales tóxicos o peligrosos, estableciendo además las medidas de prevención, mitigación y compensación que deben ser implementadas por el desarrollador, dependiendo del impacto en el ambiente. Dispone textualmente el artículo 1, lo siguiente: “Artículo 1.- Objetivo y alcance. El presente reglamento tiene por objeto regular los requisitos y procedimientos generales por los cuales se determinará la Viabilidad (Licencia) Ambiental (VLA), de las actividades, obras o proyectos (AOP), que por ley o reglamento, se han determinado que pueden alterar o destruir elementos del ambiente o generar residuos, materiales tóxicos o peligrosos; así como, las medidas de prevención, mitigación y compensación, que dependiendo de su impacto en el ambiente, deben ser implementadas por el desarrollador. Es requisito indispensable para que las autoridades competentes otorguen los permisos, concesiones, patentes y licencias, para realizar las actividades, obras o proyectos determinados por este reglamento, cumplir el proceso de obtención de una viabilidad ambiental, ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) se deberá completar con la Matriz de Significancia de Impactos Ambientales (SIA). El resultado de este análisis por parte del consultor ambiental, deberá permitir determinar el trámite a seguir para la obtención de la viabilidad ambiental, salvo para aquellos casos que por ley especial exijan realizar un Estudio de Impacto Ambiental. Este reglamento contempla la Evaluación de Impacto Ambiental para actividades, obras y proyectos, a través de distintos formularios, según la especificación de cada AOP, así como el seguimiento y control ambiental de los proyectos. La Evaluación Ambiental Estratégica, está regulada en forma específica por el Decreto Ejecutivo N° 32967-MINAE del 20 de febrero de 2006, y sus reformas o normativas que al respecto se generen a futuro”. Este nuevo reglamento contiene una categorización detallada de las actividades, obras o proyectos de acuerdo con el impacto ambiental potencial (IAP) que podrían producir y, precisamente en función de ello, el reglamento establece el tipo de instrumento con el cual deberán ser evaluadas, siendo que, además de referirse a las torres de telecomunicaciones como el tipo de infraestructura en esa área que debe ser evaluada ambientalmente, también las ha clasificado con la “Categoría D: Muy bajo impacto ambiental”. Obsérvese que, además, a las torres se les ha otorgado la Sección VI del reglamento con normativa específica para ellas que dispone: “SECCIÓN VI D1 - Torres de Telecomunicaciones Artículo 28.- La Evaluación Ambiental para proyectos de instalación de torres de telecomunicaciones. La Evaluación de Impacto Ambiental, para las Torres de Telecomunicación deberán ingresar con el formulario D1, y completar los requisitos establecidos en el artículo 29. Como parte de la evaluación de impacto ambiental el consultor ambiental deberá identificar las condiciones de fragilidad de los sitios o del AP donde se pretende desarrollar la actividad, obra o proyecto, y aportar las medidas ambientales respectivas. Artículo 29.- Requisitos y procedimientos para el D1-Torres. Para la realización de la Evaluación de Impacto Ambiental del D1-Torres, se deberá cumplir con los siguientes requisitos: El formulario de Evaluación Ambiental D1, que se ubica en el Anexo 3 del presente reglamento. Nombre de la actividad, obra o proyecto. Descripción del proyecto. Archivos en formato digital, uno en formato Shape File (*.shp) y otro en formato *.kml, para cada uno de los siguientes elementos: polígono de localización de la propiedad o de cada una de las propiedades (según lo amerite el caso) donde se llevará a cabo el proyecto. En los casos de proyectos con componentes puntuales, además del polígono de la finca, se deberá presentar un archivo shape y otro archivo kml del punto exacto de ubicación del área del proyecto (AP). Para proyectos lineales, además del polígono de la finca, se deberá presentar un archivo shape y otro archivo kml de la(s) poli-línea(s) que se pretenden desarrollar, de igual forma para este tipo de proyectos se deberá también de presentar otro archivo shape y kml con los puntos extremos, o bien con los puntos de inicio y de final del trazo de la poli-línea, con sus respectivas coordenadas. En los casos en los que el proyecto no contemple su cobertura constructiva sobre la totalidad de la finca y se desarrolle solo en un sector o en varios sectores dispersos de la misma, además del polígono de la propiedad, deberá presentarse un archivo shape y otro archivo kml con el polígono del contorno del área del proyecto (AP) para identificar la ubicación del mismo dentro de la(s) propiedad(es). La base de datos de todos los archivos en formato *.shp y en formato *.kml deberán contener los siguientes atributos: nombre del proyecto, tipo del proyecto, número de plano catastrado, número de finca, provincia, cantón, distrito, nombre del desarrollador, número de cédula de persona física o según sea el caso el número de cédula jurídica, correo electrónico para atender notificaciones. Todos los archivos *.shp deberán elaborarse bajo el Sistema de Proyección Cartográfica oficial de Costa Rica: CRTM05/CR05 y/o CRTM05/CRSIRGAS (según lo establecido por el IGN). Los archivos digitales de georreferenciación deben venir en forma individual para cada torre. 5. En caso de persona Física: Nombre completo del desarrollador, calidades, domicilio personal y lugar y correo electrónico para atender notificaciones. 6. En caso de persona jurídica: Nombre de la sociedad legalmente constituida en el país, número de cédula jurídica, domicilio fiscal, correo electrónico para atender notificaciones, nombre y calidades completas del representante o apoderados. 7.Número del plano catastrado de la propiedad. 8. Indicar número de finca de acuerdo con el Registro Público de la Propiedad. 9. Ingresar en el sistema el número del depósito, transferencia electrónica u otro mecanismo de pago, por concepto de adquisición del Código de Buenas Prácticas Ambientales. 10. Una certificación sobre el monto total de inversión de la actividad, obra o proyecto, incluyendo el costo del AP, emitida por un Contador Público Autorizado (CPA). Cuando la actividad, obra o proyecto, involucre obras constructivas, se faculta al desarrollador para presentar en lugar de la certificación del CPA, una que contenga la tasación, ya sea del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), la cual debe estar firmada por el profesional responsable, o una declaración jurada emitida por el profesional atinente. 11. Diseño preliminar del proyecto de la actividad, obra o proyecto, según ejemplo presentado en el Anexo 3 del presente reglamento. 12. Estudio Geotecnia, o justificación técnica para su no presentación. 13. Estudio Rápido de Arqueología, o justificación técnica para su no presentación. 14. Registro fotográfico georreferenciado de las condiciones actuales. 15. Los resultados del Plan de Comunicación a las comunidades cuyo contenido es el siguiente: a. Objetivo (Debe indicar en qué consistirá el proyecto y que implicaciones posee). b. Grupo meta (comunidades debe ser indicado cuál es el AID y justificarse). c. Estrategia o mecanismo de divulgación a emplear en las comunidades ubicadas en el AID, (incluir impactos) con el fin de informar sobre el proyecto a desarrollar, que incluya como mínimo los siguientes aspectos: i. Período de divulgación ii. Mensaje por transmitir (debe brindarse una descripción del proyecto explicando los impactos que generará). iii. Cronograma de actividades a llevar a cabo en el plan de comunicación. iv. Formato de respuesta a las comunidades sobre inquietudes relacionadas con la divulgación del proyecto. v. Costos de la divulgación. 16. Información literal de la propiedad. Exceptúese de este requisito a los Proyectos de Desarrollo de Infraestructura de Telecomunicaciones que atienden los objetivos de Acceso Universal, Servicio Universal y Solidaridad incluidos en el Plan Anual de Programas y Proyectos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones en concordancia con las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que se implementen en áreas de fincas que no se han inscrito en el Registro de Bienes Inmuebles del Registro Nacional, pero sus poseedores se encuentran en el supuesto contenido en el artículo 307 del Código Civil, Ley N° 63 de fecha 28 de setiembre de 1887. Esta excepción no aplica para propiedades debidamente inscritas en el Registro Inmobiliario. La documentación que se deberá presentar para los inmuebles en los que se desarrollará la actividad, obra o proyecto que se encuentren en la condición citada será la siguiente: ? Para estos casos, la SETENA solicitará la Certificación a la Superintendencia de Telecomunicaciones de que la infraestructura a ubicar, es parte de un Proyecto que atiende los objetivos de Acceso Universal, Servicio Universal y Solidaridad, incluido en el Plan Anual de Programas y Proyectos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones. ? Estudio técnico avalado por la Superintendencia de Telecomunicaciones que respalden que el sitio del proyecto de infraestructura de telecomunicaciones, es la única alternativa técnica o económicamente viable para el operador de la red y, por ende, es una ubicación necesaria para el cumplimiento de los objetivos del Proyecto a desarrollar y que es el punto óptimo en términos de cobertura y/o interferencias. ? En caso de que el inmueble no sea propiedad del desarrollador debe presentar el contrato de arrendamiento, carta de autorización del poseedor, o el acuerdo de las condiciones de uso suscrito por las partes, certificados por un Notario Público. ? Una declaración jurada emitida ante un Notario Público por el poseedor del inmueble donde haga constar: a. Causa y fecha de adquisición del inmueble y que el poseedor se encuentra en el supuesto contenido en el artículo 307 del Código Civil, que no existe contención sobre el inmueble o tercero de mejor derecho y que el inmueble no está inscrito en el Registro Inmobiliario. b. Descripción del inmueble con base al plano catastrado o cualquier otro medio de constatación que deberá adjuntar y establecer la ubicación del área del proyecto. c. Manifestación expresa de que se libera a la Secretaria Técnica Nacional Ambiental de toda responsabilidad por la inexactitud o falsedad de lo declarado. 17. En caso de que el desarrollador no sea el dueño de la propiedad deberá aportar el permiso correspondiente del dueño. Toda la información que el desarrollador indique debe declararse bajo fe de juramento de que es actual y verdadera; en caso contrario podrán derivarse las consecuencias correspondientes. Asimismo, deberá ser firmado mediante firma digital por el desarrollador de la actividad, obra o proyecto. Artículo 30.- Trámite para el D1-Torres. El trámite de Evaluación de Impacto Ambiental se realizará por medio de la plataforma digital o el medio que SETENA establezca, para lo cual deberá: 1. Ingresar los requisitos indicados en el artículo 29, del presente reglamento. 2. Presentar la información y estudios establecidos en el artículo 29, o justificación técnica para su no presentación. 3. El ingreso a la plataforma digital se realizará con Firma Digital. 4. En la Plataforma Digital se debe elegir el trámite a realizar. 5. Se deben seguir los pasos que indique el sistema para el trámite escogido, según los requisitos de su actividad, obra o proyecto. 6. Una vez finalizado el proceso, debe firmar digitalmente el formulario y se le generará el número de expediente administrativo oficial. En caso de no contar con firma digital, podrá: I. Imprimir el formulario, firmarlo físicamente y autenticar la firma por medio de Notario Público mediante su firma digital e ingresarlo a la plataforma con la inclusión de un manifiesto por parte del Notario haciendo constar que efectivamente emitió el documento, lo anterior, según el Reglamento de documentos notariales extraprotocolares en soporte electrónico. II. Emitir un poder a nombre de una persona que si posea firma digital. 7. El departamento respectivo de la SETENA deberá realizar la verificación técnica del expediente D1-Torres, en el plazo máximo de 14 días naturales, y al final del cual deberá emitir el resultado de la revisión, ya sea informe técnico o solicitud de información faltante. Una vez emitido el informe técnico, la SETENA en un plazo máximo de 7 días naturales emitirá la resolución administrativa. 8. En el caso de que las condiciones no sean cumplidas, los departamentos técnicos comunicaran al desarrollador la situación y solicitará mediante oficio y por una única vez, que la información faltante sea subsanada en un plazo que no podrá ser menor de 20 días hábiles y que podrá prorrogarse en caso necesario. Esta prevención suspende el plazo de revisión. 9. Para la revisión y notificación de la información solicitada en el punto anterior, la SETENA dispondrá de un plazo de 3 días hábiles. 10. En caso de que la información solicitada no se presente en el plazo establecido, el expediente será archivado. La resolución será notificada al desarrollador o su representante conforme a los procedimientos indicados en el presente reglamento y la normativa vigente. Artículo 31.- Control de la gestión ambiental ante la SETENA, posterior al otorgamiento de la Viabilidad Ambiental del D1-Torres, mediante la Bitácora Digital Ambiental. El control de la gestión ambiental ante la SETENA, se presentará mediante informes de responsabilidad ambiental y a través de la Bitácora Digital Ambiental. La activación de la Bitácora desarrollador”. Conforme se desprende de las anteriores transcripciones, queda en evidencia que, a partir de la promulgación de ese nuevo decreto No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, el proceso de evaluación de impacto ambiental de las torres de telecomunicaciones así como sus requisitos, parece estar más estructurado, conforme se lo ha propuesto ese decreto. En lo que a esta acción de inconstitucionalidad se refiere, era indispensable hacer referencia a dicha reforma a pesar de que no ha tenido incidencia en los puntos concretos que se están cuestionando, conforme se verá más adelante. Ahora bien, a partir del recorrido que se ha hecho por estos 4 decretos, se puede concluir lo siguiente: 1) El decreto ejecutivo No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT de 10 de mayo de 2010 denominado “Normas, Estándares y Competencias de las Entidades Públicas para la aprobación coordinada y expedita requerida para la Instalación o Ampliación de Redes de Telecomunicaciones” establece el marco normativo general para la instalación de la infraestructura de telecomunicaciones que se requiere en el país, así como las competencias que ostentan las instituciones públicas involucradas en la materia como es el caso de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental que es la encargada de dar trámite a las solicitudes de viabilidad ambiental de las actividades, obras o proyectos con los cuales se pretende la instalación y construcción de aquélla infraestructura. 2) El Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC de 24 de mayo del 2004, denominado “Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)”, lo que hizo fue definir los requisitos y procedimientos generales por los cuales se determinará la viabilidad (licencia) ambiental a las actividades, obras o proyectos nuevos que, por ley o reglamento, se han determinado que pueden alterar o destruir elementos del ambiente o generar residuos, materiales tóxicos o peligrosos, así como las medidas de prevención, mitigación y compensación que, dependiendo de su impacto en el ambiente, deben ser implementadas por el desarrollador; obras, actividades o proyectos dentro de las cuales podrían estar la instalación o construcción de infraestructura de telecomunicaciones, entre otras. De igual manera, su importancia se observa en las definiciones que se brindaban en su artículo 3 relacionadas con la materia como sería lo que debe entenderse por actividades, obras, proyectos nuevos, actividades de muy bajo impacto ambiental potencial, áreas ambientalmente frágiles, entre otras de gran relevancia para comprender los alcances de esa normativa, así como la diferenciación que se hace en sus numerales 4 y 4 bis sobre las actividades que no requieren evaluación ambiental por ser de bajo impacto y las que sí la necesitarían. El mayor interés de este decreto vendría posteriormente con la reforma que se le hiciera a través del decreto ejecutivo No. 37803-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC; no obstante lo anterior, debe tenerse presente que este reglamento ya no se encuentra vigente pues fue derogado en su totalidad junto con sus reformas, por el decreto ejecutivo No.43898-MINAE-MOPT-MAG-MEIC de 21 de diciembre de 2022. 3) El decreto No. 37803-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC de 25 de junio de 2013, publicado en La Gaceta No. 137 del 17 de julio del 2013, denominado “Adición y modificación al Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), Decreto Ejecutivo Nº 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC del 24 de mayo de 2004”, incluyó a éste el artículo 9 bis en donde se hablaba específicamente de las torres de telecomunicaciones y disponía que el documento de evaluación de impacto ambiental (EIA) de los proyectos de instalación de torres de telecomunicaciones, se tramitaría a través del formulario D2, con la presentación de la información que dicho formulario solicitaba. Obsérvese que, con el nuevo decreto No. 43898-MINAE-MOPT-MAG-MEIC mencionado, se remozó el contenido de ese artículo 9 bis y se especificaron mejor los requisitos y procedimientos exigidos para la evaluación ambiental de las torres de telecomunicaciones, unificándose todo en un solo documento. 4) En el artículo 101 del decreto ejecutivo No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC de 21 de diciembre de 2022, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 67 de 19 de abril de 2023 y que entró en vigencia el 19 de agosto de 2023, se derogó en su totalidad el decreto ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC de 24 de mayo del 2004 y sus reformas; sin embargo, su objetivo está dirigido en el mismo sentido que su predecesor: regular los requisitos y procedimientos generales por los cuales se determina la viabilidad ambiental (licencia) de las actividades, obras o proyectos que puedan alterar o destruir elementos del ambiente o generar residuos, materiales tóxicos o peligrosos y establece las medidas de prevención, mitigación y compensación que deben ser implementadas por el desarrollador dependiendo del impacto en el ambiente. Lo novedoso de este decreto es que, de manera más ordenada y estructurada, se hace referencia a los requisitos, documentación y proceso de evaluación de impacto ambiental para el caso específico de las torres de telecomunicaciones. Así las cosas, es menester concluir que, independientemente del recorrido normativo que se ha dado en la materia, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental es el órgano técnico competente en la materia para realizar la evaluación de impacto ambiental de las actividades, obras o proyectos a edificar en el territorio nacional y específicamente, en lo que a telecomunicaciones se refiere, ha determinado que solo las torres de telecomunicaciones requerirán el otorgamiento de una viabilidad ambiental de su parte, no así los postes de telecomunicaciones, salvo que, en su momento y con sustento en estudios técnicos debidamente acreditados, ese órgano pueda disponer algo diferente precisamente en atención a esa competencia específica que ostenta en esta materia. Sobre las resoluciones No. 2031-2009-SETENA de 26 de agosto de 2010 y No. 123-2010-SETENA de 20 de enero de 2010: Aunado a los anteriores decretos ejecutivos, no puede dejar de mencionarse las resoluciones emitidas por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental No. 2031-2009 y No. 123-2010 relativas a la evaluación ambiental de la instalación de torres de telecomunicaciones y, según las cuales, las actividades a realizar en la instalación de radio bases de telecomunicaciones, tanto en la fase constructiva como en la fase operativa, generarán impactos ambientales negativos de baja significancia y mitigables por medio de medidas ambientales de implementación sencilla porque se trata de efectos puntuales, temporales y de baja intensidad, debiendo tomarse en cuenta que las empresas desarrolladoras visualizan el sistema de torres compartidas como un mecanismo para reducir el impacto visual en todo Costa Rica, además de que los impactos ambientales con el modelo de sitio compartido se minimizan al requerirse menos torres. De igual manera, se señaló en tales resoluciones que el área que abarcaría cada uno de los sitios donde se ubicarían las torres es muy reducida, sin que ahí se generen aguas residuales ni desechos sólidos. Además se indicó que en vista de que la proliferación de torres de telecomunicaciones podrá ser masiva, sería preciso que un regente ambiental debidamente inscrito en la base de consultores de la Secretaría Técnica, se encargue de velar, informar y controlar que el desarrollo de todas las torres se realice siguiendo las recomendaciones ambientales pertinentes, buscando de esta forma minimizar los posibles impactos ambientales y, particularmente, los efectos sinergísticos en el paisaje; regente ambiental que además deberá garantizar la fidelidad y calidad de los estudios adicionales presentados en el formulario correspondiente, siendo éste solidariamente responsable ante cualquier eventualidad. Finalmente, tales resoluciones también han anotado que para fomentar una mejor participación ciudadana de previo al otorgamiento de la viabilidad ambiental, se le debe solicitar al desarrollador los resultados del plan de comunicación. Es importante aclarar que varios de los informantes en esta acción de inconstitucionalidad como la Ministra de Ambiente y Energía, la Ministra de la Presidencia y la propia representante de la Secretaría Técnica, han manifestado a este Tribunal que lo único que históricamente se ha evaluado en esa Secretaría, son las torres de telecomunicaciones, reguladas inicialmente por medio de estas resoluciones No. 2031-2009-SETENA de 26 de agosto de 2010 y No. 123-2010-SETENA de 20 de enero de 2010 y, luego, reglamentadas en el artículo 9 bis del decreto ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC que se incorporó con la emisión del decreto ejecutivo No. 37803-MINAE del 25 de junio de 2013, para finalmente ser normadas en el decreto ejecutivo No. 43898 que es el que se encuentra vigente desde el 19 de agosto de 2023 al derogar los 2 anteriores decretos mediante su numeral 101, conforme se mencionó líneas atrás. De autos también se desprende que tales resoluciones fueron emitidas en virtud de la baja significancia de los impactos ambientales generados por la instalación y operación de las torres de telecomunicaciones, lo que de acuerdo con los criterios técnicos, llevó a la Secretaría Técnica a la conclusión de que requerían de una evaluación de impacto ambiental, la cual se tramitaría por medio de la presentación del documento de evaluación ambiental D2 y que ahora, en aplicación del nuevo decreto No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC vigente, será el documento D1. VII.- Decreto Ejecutivo No. 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT denominado “Reforma Normas Estándares y Competencias de las Entidades Públicas para la aprobación coordinada y expedita requerida para la Instalación o Ampliación de Redes de Telecomunicaciones”.- Conforme se ha venido indicando y lo señala el accionante en su reclamo, a través de este decreto se modificó el artículo 8 inciso 1 del decreto ejecutivo No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT que fue la versión original de las “Normas, Estándares y Competencias de las Entidades Públicas para la aprobación coordinada y expedita requerida para la Instalación o Ampliación de Redes de Telecomunicaciones”; reforma que consistió en eliminar la última frase del inciso 1 de aquél numeral y que se puede observar fácilmente en el siguiente cuadro mediante el subrayado y la negrita que la destacan: Decreto Ejecutivo No. 36159-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT Decreto Ejecutivo No. 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT “Artículo 8º- Competencias de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. Según lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley Orgánica del Ambiente N° 7554, publicada en La Gaceta N° 215 del 13 de noviembre de 1995, en materia de instalación y ampliación de redes de telecomunicaciones le corresponde a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental: 1. Dar trámite a la solicitud de viabilidad ambiental en concordancia con los artículos 1, 2 y 12 y 13 del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Ejecutivo Nº 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC del 24 de mayo del 2004, publicado en La Gaceta N° 125 de 28 de junio del 2004. Los tipos de infraestructura sometidos a la tramitación de la viabilidad ambiental serán los establecidos en el artículo 3 del presente decreto” (negrita y subrayado adicionado para destacar la frase eliminada con el decreto impugnado). 2. (…)” “Artículo 1°-Modifiquese el inciso 1) del artículo 8 del Decreto Ejecutivo N° 36159- MINAET-S-MEIC-MOPT del 10 de mayo del 2010, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 175 del 08 de setiembre del 2010, para que en lo sucesivo se lea de la siguiente manera; Artículo 8°- Competencias de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía. Según lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley Orgánica del Ambiente N° 7554, publicada en La Gaceta N° 215 del 13 de noviembre de 1995, en materia de instalación y ampliación de redes de telecomunicaciones le corresponde a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. 1. Dar trámite a la solicitud de viabilidad ambiental en concordancia con los artículos 1, 2, 12 y 13 del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Ejecutivo N 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC del 24 de mayo del 2004, publicado en La Gaceta N° 125 de 28 de junio del 2004. 2. (…)”. Interesa señalar que, de acuerdo con la parte considerativa de este decreto ejecutivo No. 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT, el establecimiento, la instalación, la ampliación, la renovación y la operación de las redes públicas de telecomunicaciones o de cualquiera de sus elementos, son actividades de interés público y constituyen un tema prioritario para impulsar el desarrollo de las telecomunicaciones en Costa Rica. De igual manera, en esos Considerandos se dispuso que en aras de evitar que el artículo 8 original del decreto No. 36159 pudiera provocar interpretaciones erróneas en relación con cual institución sería la competente para determinar las actividades, obras o proyectos que se encuentran sujetos al cumplimiento de los requisitos necesarios para que se otorgue la viabilidad ambiental, se consideró necesario reformarlo, por lo cual se eliminó la última frase que contenía el inciso 1 del artículo 8 de ese decreto ejecutivo No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT y que señalaba: “Los tipos de infraestructura sometidos a la tramitación de la viabilidad ambiental serán los establecidos en el artículo 3 del presente decreto”. En tales consideraciones se reitera una vez más que es competencia de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, mediante sus distintos instrumentos legales, definir los requisitos y procedimientos generales por los cuales se determinará la viabilidad (licencia) ambiental a las actividades, obras o proyectos nuevos que, por ley o reglamento, se han determinado que pueden alterar o destruir elementos del ambiente o generar residuos, materiales tóxicos o peligrosos, así como las medidas de prevención, mitigación y compensación que, dependiendo de su impacto en el ambiente, deben ser implementadas por el desarrollador. Obsérvese que la reforma realizada no solo reitera aquéllas potestades de la Secretaría Técnica, sino que, además, al eliminar la frase señalada, lo que hizo fue eliminar el listado de infraestructura que se mencionaba en el artículo 3 del decreto ejecutivo No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT de cita, a saber: antena de telecomunicaciones, ductos de telecomunicaciones, infraestructura de telecomunicaciones, poste de telecomunicaciones, red de telecomunicaciones, telecomunicaciones, torre de telecomunicaciones y todas aquellas modalidades de infraestructura de telecomunicaciones que sean determinados por la Superintendencia de Telecomunicaciones o el Rector del Sector de Telecomunicaciones. En consecuencia y como hipótesis general de partida, se podría afirmar entonces que con la eliminación de aquélla frase, ninguna infraestructura de telecomunicaciones estaría sujeta a la tramitación de la viabilidad ambiental; no obstante, luego se podrá concluir que ello no es cierto porque, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo de la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental No. ACP-30-2017, sí existe un tipo de infraestructura de telecomunicaciones que deberá ser sometida a análisis de evaluación de impacto ambiental y es toda aquella que tipifique como torre de telecomunicaciones. Tal conclusión se mantiene vigente en el decreto ejecutivo No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC que es el nuevo “Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental” en donde se reconoce que la infraestructura de telecomunicaciones que será evaluada por la Secretaría Técnica, son las torres de telecomunicaciones. Ahora bien, de seguido se hará referencia a las manifestaciones que hicieron los representantes de las instituciones a las que se les otorgó audiencia en esta acción de inconstitucionalidad en relación con este decreto, para luego definir la posición de este Tribunal al respecto. La parte accionante señala que, a partir de la reforma que se realiza en ese decreto, el Estado permite la instalación desregularizada ambientalmente, sin la intervención de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, de postes de telecomunicaciones, con lo cual se da una libertad abusiva para edificarlos en todo sitio público sin que se permita ponderar el impacto ambiental y el daño visual acumulado en el paisaje rural o urbano de esa infraestructura que suple la función que habían tenido las torres de telecomunicaciones pues cumplen los mismos fines y objetivos ya que también soportan equipos de comunicaciones como antenas de transmisión y otros adicionales para el funcionamiento de las redes de telecomunicaciones. Manifiesta que, sin razón alguna y sin estudios técnicos que lo justifiquen, se excluyen todas las valoraciones ambientales a realizar por parte de la Secretaría Técnica a postes y otras infraestructuras de telecomunicaciones diferentes a las torres, por lo que se aplicó la simple discrecionalidad del Poder Ejecutivo y con ello se ocasiona una lesión a los principios de no regresión, progresividad, precautorio y de objetivación. Considera que, por su altura, los postes telecomunicaciones no son iguales a los postes eléctricos tradicionales; en su criterio, en realidad son antenas en otra presentación, sin cables eléctricos que los unan a otros postes o anclajes, con lo que ponen en riesgo la vida de las personas pues esos postes pueden caer fácilmente, además de que resultan más económicos que instalar torres porque se colocan en las aceras y orillas de calles, no pagan arrendamientos, no deben hacer trámites ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y no se cubren costos de consultores ante la Secretaría Técnica para presentar el formulario correspondiente, lo que promueve el comercio y la inversión extranjera mediante el debilitamiento o reducción de las protecciones contempladas en el ordenamiento jurídico. Estima que al eliminarse totalmente la injerencia de la Secretaría Técnica en todo tipo de infraestructura de telecomunicaciones por vía de decreto ejecutivo, se vulnera el principio de progresividad, el principio precautorio y el interés público ambiental, así como lo dispuesto en los artículos 17 y 71 de la Ley Orgánica del Ambiente y los artículos 21, 50 y 89 de la Constitución Política, por lo que pide que se declare con lugar esta acción de inconstitucionalidad. El representante de la Procuraduría considera que el decreto ejecutivo No. 40075 acá impugnado sí implicó una modificación en cuanto a los tipos de infraestructura de telecomunicaciones que quedan sujetos a la evaluación del impacto ambiental pues, con la normativa vigente, ese procedimiento previo solo resulta exigible a las torres de telecomunicaciones. Estima la Procuraduría que, con el texto original del artículo 8 del decreto No. 36159, quedaba claro que todos los tipos de infraestructura señalados en su artículo 3 requerían la viabilidad ambiental de la Secretaría Técnica, a saber: antenas, ductos, postes, redes y torres, todo atinente a la infraestructura de telecomunicaciones; sin embargo, con la eliminación de la frase final del punto 1 del artículo 8 del decreto ejecutivo No. 3615l, únicamente quedó vigente lo dispuesto en el artículo 9 bis del decreto ejecutivo No. 31849 que establece el trámite al que deben sujetarse las torres de telecomunicaciones para la obtención de la viabilidad ambiental, con lo cual, al hacerse ahí referencia única y exclusivamente a “torres”, quedan excluidas las demás obras de infraestructura de telecomunicaciones, como serían los postes. En consecuencia, para la Procuraduría, la constitucionalidad de la normativa impugnada depende de que se constate la existencia del sustento técnico que llevó al Poder Ejecutivo a determinar que la demás infraestructura de telecomunicaciones, aparte de las torres, no requiere obtener una viabilidad ambiental previo a su instalación y operación. La representante de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental manifiesta que lo único que históricamente se ha evaluado en su representada, son las torres de telecomunicaciones que fueron reguladas inicialmente por medio las resoluciones de esa Secretaría No. 2031-2009- SETENA de 26 de agosto de 2010 y No. 123-2010-SETENA de 20 de enero de 2010 y luego reglamentadas en el artículo 9 bis del decreto ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC; artículo que se agregó con la promulgación del decreto ejecutivo No. 37803-MINAE de 25 de junio de 2013, publicado en La Gaceta No. 137 de 17 de julio de 2013. Argumenta que este decreto impugnado contó con el aval de su representada, ello a pesar de que previamente, en un texto diferente, se había recomendado la modificación del artículo 8 con la propuesta de que esa Secretaría Técnica, bajo su competencia y en aplicación del decreto ejecutivo No. 31849, determinara cuáles actividades, obras y proyectos requerían de evaluación en el tema de telecomunicaciones. La Ministra de la Presidencia ha manifestado a este Tribunal que la instalación, la ampliación, la renovación y la operación de las redes públicas de telecomunicaciones o de cualquiera de sus elementos, son actividades de interés público y, en esa condición, constituyen un tema prioritario para impulsar el desarrollo de las telecomunicaciones en Costa Rica. De igual manera, considera que la reforma reglamentaria cuestionada no menoscaba los principios de objetivación, precautorio, la razonabilidad y la proporcionalidad, sino que más bien, busca la satisfacción del interés público en el establecimiento, la instalación, la ampliación, la renovación y la operación de las redes públicas de telecomunicaciones conforme al principio de legalidad y la no afectación del ambiente, sin dejar de lado la labor que ostenta la Secretaría Técnica en esta materia. Añade que existe una diferenciación entre los postes y las torres de telecomunicaciones por lo que, con base en el decreto ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC de 24 de mayo de 2004, la Secretaría Técnica ha dispuesto que solamente se somete a evaluación ambiental las torres de telecomunicaciones, por lo que no existe una desregularización ni un relajamiento en la regulación en cuanto a la instalación de postes de telecomunicaciones debido a la modificación reglamentaria que se hizo al decreto ejecutivo No. 36159- MINAET-S-MEIC-MOPT mediante el decreto impugnado, para lo cual debe tomarse en cuenta que el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente señala que las leyes y los reglamentos indicarán cuáles actividades, obras o proyectos requerirán la evaluación de impacto ambiental. Aduce que, en todo caso, le correspondió a la Secretaría Técnica, previa realización de estudios técnicos, definir en el artículo 9 bis del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), que el tipo de infraestructura que, por su impacto, estará sujeta al trámite de viabilidad ambiental, será únicamente las torres de telecomunicaciones. La Ministra de Ambiente y Energía señaló a la Sala que existe una diferenciación entre los postes y las torres de telecomunicaciones por lo que, para la Secretaría Técnica, lo que se somete a evaluación son las torres de telecomunicaciones que históricamente se han evaluado y que fueron reguladas inicialmente por medio de las resoluciones No. 2031-2009-SETENA de 26 de agosto de 2010 y la No. 123-2010-SETENA de 20 de enero de 2010, y luego reglamentadas en el artículo 9 bis del decreto ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC que se incorporó con la emisión del decreto ejecutivo No. 37803 de 25 de junio de 2013; normativa que está vigente a la fecha. La Ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones ha manifestado a este Tribunal que la conformación anterior del artículo 8 del decreto ejecutivo No. 36159, podía generar una interpretación errónea sobre cuáles pueden ser las actividades, obras o proyectos que se encuentran sujetos al cumplimiento de requisitos para que se les otorgue la viabilidad ambiental o bien, de cuál sería la institución competente para determinarlo, lo cual podría hacer incurrir al administrado en confusión, ello a pesar de ya existía normativa que establecía la viabilidad ambiental como requisito únicamente para la construcción e instalación de torres de telecomunicaciones que, por sus características técnicas y estructurales, podría ir en detrimento de los principios de seguridad jurídica, legalidad y reserva de ley (en cuanto a que se requiere de una norma de rango legal para la asignación de competencias). En razón de lo anterior, se consideró necesario hacer la modificación efectuada en el decreto impugnado partiendo de que la Secretaría Técnica, previa realización de estudios técnicos, definió en el artículo 9 bis del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que, por su impacto en el ambiente, serían únicamente las torres de telecomunicaciones el tipo de infraestructura que estará sujeta al trámite de viabilidad ambiental. Afirma que no se produjo un relajamiento de la normativa ambiental que conllevara a una disminución de la protección del interés público ambiental o vulneración alguna del Derecho de la Constitucion, sino más bien, se confirmó la competencia legal y reglamentaria de la Secretaría Técnica como órgano técnico especializado para la determinación de la significancia de impacto ambiental, así como su potestad para evaluar los diferentes métodos de valoración del impacto ambiental que se derive de la instalación, la ampliación, la renovación y la operación de las redes públicas de telecomunicaciones o de cualquiera de sus elementos, así como la necesidad del otorgamiento de la viabilidad ambiental en aquellos casos que así lo requieran. Advierte que la instalación de infraestructura de telecomunicaciones que no requiera ser valorada por impacto ambiental, continúa sujeta a las valoraciones y controles ambientales a nivel municipal, además de aquellos que ejerzan las distintas entidades y órganos de la Administración Pública, de conformidad con sus competencias, conforme lo establece el decreto ejecutivo No. 31849 que es el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Como representante del órgano rector de telecomunicaciones estima que los alegatos del accionante no versan sobre constitucionalidad sino que se refieren a aspectos de legalidad que deben ser discutidos en la sede ordinaria judicial. El Ministro de Obras Públicas y Transportes afirma que la Secretaría Técnica es la única que cuenta con el conocimiento técnico en la materia, especializada en amparo a las diferentes normas, con la competencia necesaria para señalar cuales proyectos que desarrollen infraestructura, necesitan o no la evaluación de impacto ambiental. Indica que si bien es cierto, en el decreto ejecutivo impugnado No. 40075- MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT, no se señala puntualmente que los postes de telecomunicaciones deberán contar con la evaluación ambiental, se logra interpretar que se cuenta con una serie de normativa para regular las actividades de muy bajo impacto ambiental por lo que dichas obras deberán estar sujetas a los diferentes controles establecidos por las Municipalidades, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Ministerio de Ambiente y Energía, así como cualquier otra institución con competencias legales o cualquier otro mecanismo voluntario para mejorar el desempeño ambiental; es decir, los casos en los cuales procede o no una evaluación ambiental se encuentran determinados por las diferentes normas vigentes en el ordenamiento jurídico. Añade que la Secretaría Técnica, como ente especializado en la materia, ha establecido diversos criterios en los que señala la diferencia entre postes y torres de telecomunicaciones por lo que, históricamente, la evaluación ambiental se ha implementado para la instalación de torres de telecomunicaciones siendo que, en la fase constructiva y operativa, se podrían generar impactos ambientales de baja significancia, no así en el caso de postes de telecomunicaciones. Señala que la intervención realizada por parte de ese ministerio para el proyecto del decreto ejecutivo No. 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT acá impugnado, se centró en realizar observaciones de forma sobre la propuesta de reforma del inciso 1) del artículo 8 del decreto ejecutivo No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT, no así de fondo, toda vez que su representado no ostenta la competencia para emitir un criterio acerca de la modificación reglamentaria sobre la instalación de postes de telecomunicaciones en cuanto al impacto ambiental que podría acarrear su construcción, dado que esa es una competencia que reside en la Secretaría Técnica. Finaliza indicando que su representado se acoge al criterio técnico indicado por el competente en la materia a partir del cual se logra determinar que las instituciones involucradas en el caso particular, cuentan con herramientas legales para atender la construcción de infraestructuras de telecomunicaciones y adoptar las medidas necesarias para asumir nuevos roles a fin de garantizar el cumplimiento de las funciones encomendadas, en franca protección del medio ambiente, por lo que su representado, garantizará la coordinación y expedita tramitación requerida desde el ámbito de competencia que le corresponde, para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones. La Ministra de Economía, Industria y Comercio manifestó que su representado, a través de su rectoría en la mejora regulatoria, procedió a la firma del decreto impugnado No. 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT, considerando que la reforma realizada no menoscaba los principios precautorio, de objetivación, ni la razonabilidad ni la proporcionalidad, sino que más bien busca la satisfacción del interés público en el establecimiento, instalación, ampliación, renovación y operación de las redes públicas de telecomunicaciones, conforme al principio de legalidad y la no afectación del ambiente, sin dejar de lado la labor que ostenta la Secretaría Técnica en esta materia. Considera que la reforma realizada permitió una mayor precisión a tono con los principios que rigen la mejora regulatoria al remitir propiamente a los artículos correspondientes del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental -decreto No. 31849- que rige los procedimientos de evaluación ambiental y que contiene normas específicas sobre la evaluación de actividades, obras o proyectos según su riesgo. Añade que esta reforma se enfocó en simplificar un trámite que permite coadyuvar con los esfuerzos del país en materia de telecomunicaciones y conectividad, reservando una vez más la evaluación ambiental a lo que establece el decreto de cita -No. 31849- y los principios que tutela la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554, por lo que estima que la acción debe ser declarada sin lugar. Por su parte, el Ministro de Salud manifiesta que los postes o torres de telecomunicaciones no son de interés sanitario por lo que su representada no tiene competencia en ese tema ni participación en la “Comisión de Coordinación para la Instalación o Ampliación de Infraestructura de Telecomunicaciones” creada por decreto ejecutivo No. 36577-MINAET, pero sí colabora brindando asesoría y charlas a las municipalidades y a las comunidades o participa en las mediciones, todo ello cuando así se solicite o se requiera en el tema de la salud pública. Manifiesta que en relación con la materia, su representado suscribió el decreto ejecutivo No. 36324-S que es el “Reglamento para regular la exposición a campos electromagnéticos de radiaciones no ionizantes emitidos por sistemas inalámbricos con frecuencia hasta 300 GHZ”, con el fin de establecer requisitos y criterios tendientes a proteger la salud del personal técnico y de la población en general, de los potenciales riesgos y efectos nocivos a la exposición de los campos electromagnéticos de radiaciones no ionizantes que puedan derivarse de la explotación y uso de los sistemas inalámbricos; decreto en el que no se contempla regulación alguna del tema de infraestructura de telecomunicaciones, pero que si regula la necesidad de que todo establecimiento que brinde servicios a través de sistemas inalámbricos o los utilice, debe solicitar y obtener el permiso sanitario de funcionamiento ante el Área de Salud respectiva, no así los postes ni las torres. Para este Tribunal el decreto impugnado no resulta inconstitucional por las razones que se analizarán de seguido, debiendo tenerse presente, como se ha afirmado en otras ocasiones, que no cualquier modificación de la normativa ambiental implica -necesariamente- una disminución de protección del derecho al ambiente, sino que debe sustentarse; de igual forma, no toda modificación que no sea lo suficientemente amplia, debe interpretarse como una inconstitucionalidad por omisión, lo deseable no torna en inconstitucional a la norma que no se acerque a ello, todas las normas jurídicas son perfectibles, pero el que se acerquen o alejen de un criterio de perfecto o deseable no las hace inconstitucionales (ver en ese sentido sentencia No. 2017-005994 de las 11 horas de 26 de abril de 2017, https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-711352). En este asunto en particular, obsérvese que el decreto impugnado No. 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT -que reformó el reglamento contenido en el No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT, no está creando ninguna regulación novedosa ni modificando o creando competencias; por el contrario, refuerza a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental en cuanto a la responsabilidad que le ha sido conferida para ejecutar las valoraciones ambientales de las diferentes actividades, obras o proyectos, entre ellos lo que tenga que ver con infraestructura de telecomunicaciones que así lo requieran que, para el caso concreto serían las torres, no así los postes como lo reclama el accionante. La Sala ha manifestado en relación con aquel decreto No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT, lo siguiente: “Así, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto No. 36159 de 10 de mayo de 2010, denominado “Normas Estándares y Competencias de las Entidades Públicas para la aprobación coordinada y expedita requerida para la Instalación y Ampliación de Redes de Telecomunicaciones”, cuyo fin fue uniformar los trámites para obtener autorizaciones para construir e instalar infraestructura de telecomunicaciones ante la dispersión normativa imperante y colmar las lagunas existentes en la materia”(ver sentencia No. 2011-015763 de las 9 horas 46 minutos de 16 de noviembre de 2011, https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-530701). A partir de las competencias otorgadas a la Secretaría Técnica y lo dispuesto en la normativa que rige la materia, ese órgano técnico especializado determinó que las actividades de muy bajo impacto ambiental, que son aquellas que no provocan destrucción o alteración de significancia negativa en el ambiente, ni generan residuos o materiales tóxicos o peligrosos, que además no representan una desmejora significativa de la calidad ambiental del entorno en general o de alguno de sus componentes en particular -como los postes-, no requieren someterse a la evaluación de impacto ambiental y, por tanto, no debían presentar el formulario D2 o cualquiera otro establecido para tales efectos. Lo anterior es de interés toda vez que, conforme ha quedado acreditado en autos, el despliegue de postes de telecomunicaciones es una actividad de bajo impacto ambiental y, por ende, no requiere someterse a la valoración de la Secretaría Técnica. En relación con lo dicho, en el pasado se ha manifestado, lo siguiente: “En este sentido, debe señalarse que en forma unánime, la Sala ha sido enfática en establecer en reiterados pronunciamientos, que no es una instancia técnica a la que competa determinar si el estudio de impacto ambiental se ajusta o no a los requerimientos profesionales (sentencias No. 2004-9927 y No. 2005-5790). En consecuencia, debe señalarse que lo relevante a efectos de esta jurisdicción, es que se hayan realizado los estudios establecidos por nuestra legislación y que una vez revisados por los profesionales técnicos oficiales correspondientes se determine la viabilidad o no del proyecto, contemplando a priori los impactos que puedan producirse en el ambiente, su valoración, mitigación y compensación” (ver sentencia No. 2011-001888 de las 14 horas 37 minutos de 15 de febrero de 2011, https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-508191). Obsérvese que de autos se desprende que se hizo una investigación por parte del Departamento de Evaluación Ambiental de la Secretaría Técnica a partir del cual se determinó que las estructuras de telecomunicaciones más usadas en Costa Rica son las torres y los postes, así como también que la instalación de éstos es una actividad de muy bajo impacto ambiental potencial toda vez que no provoca alteración negativa del ambiente, no desmejora la calidad ambiental del entorno o de alguno de sus componentes, no utilizan productos peligrosos y no generan residuos peligrosos, no afecta la salud de la población pues las emisiones atmosféricas, de ruido, vertidos de aguas residuales y manejo de residuos ordinarios y especiales, se ajustan a las disposiciones establecidas en la regulación vigente, y por tanto, con sustento en tales estudios técnicos que esta Sala no puede rebatir, se concluyó que se trata de una infraestructura cuya instalación no requiere la evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica, aunque sí queda sujeta al cumplimiento de lo dispuesto en la legislación de otras instituciones del Estado como serían las municipalidades, Acueductos y Alcantarillados, entre otros. También en un asunto similar, este Tribunal manifestó que “(…) la determinación de en qué casos procede o no una evaluación ambiental es una cuestión determinada por las leyes y los reglamentos, correspondiéndole a la vía ordinaria –y no a esta Jurisdicción-, examinar el sustento técnico y científico que el decreto impugnado utilizó para proceder con dichas modificaciones” (ver sentencia No. 2017-005994 de 26 de abril de 2017, https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-711352). En consecuencia es criterio de esta Sala Constitucional que el decreto impugnado no resulta contrario al Derecho de la Constitución y por ello se declara sin lugar la acción en cuanto a este extremo. Ahora bien, se hace indispensable advertir y tener presente que el cuestionamiento del accionante en cuanto a este decreto ejecutivo No. 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT estaba dirigido única y exclusivamente a la eliminación de la frase “Los tipos de infraestructura sometidos a la tramitación de la viabilidad ambiental serán los establecidos en el artículo 3 del presente decreto” del artículo 8 del decreto ejecutivo No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT, por lo tanto, ese reclamo no tiene ninguna vinculación con la reforma operada a través del reciente decreto ejecutivo No. 43898-MINAE-S- MOPT-MAG-MEIC que, conforme se dijo, lo que hizo fue crear un nuevo y remozado“Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental” en sustitución del anterior “Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)” contenido en el decreto ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC y sus reformas, que fue derogado en su totalidad por este novedoso decreto. VIII.- Valoración del Acuerdo de la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica No. ACP-30-2017, Artículo 02, celebrada el 24 de marzo de 2017, Acta de la Sesión Ordinaria No. 033-2017-SETENA.- Conforme se desprende de autos, mediante oficio SG-DEA-0713-2017 de 20 de marzo de 2017, el Coordinador del Departamento de Evaluación Ambiental de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, sometió a conocimiento de los miembros de la Comisión Plenaria de esa Secretaría, la situación que se estaba presentando en cuanto al fundamento para someter al proceso de evaluación de impacto ambiental, actividades, obras o proyectos de telecomunicaciones en relación con la modificación que se hizo del decreto ejecutivo No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT a través del decreto No. 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT y la interpretación que debía darse a esa modificación, ello con el objetivo de que esa Comisión Plenaria aclarara que el tipo de infraestructura de telecomunicación que debería ser sometida a análisis de impacto ambiental ante esa Secretaría Técnica, sería aquella que tipifique como “torres de telecomunicaciones”, lo anterior con la intención de que no hayan confusiones en cuanto a la redacción del artículo 8:1) del mencionado decreto No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT. Así las cosas, en sesión ordinaria No. 033-2017 de la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, celebrada el 24 de marzo de 2017, Artículo 02, Acuerdo No. ACP-30-2017, se conoció tal oficio y se dispuso, en lo que interesa, lo siguiente: “PRIMERO: Comunicar tanto al público como a funcionarios de SETENA, que el tipo de infraestructura de telecomunicaciones que deberá ser sometida a análisis de EIA, ante esta Secretaría Técnica, serán aquellas que tipifiquen como “Torre de Telecomunicaciones”, de acuerdo con lo expuesto en el Considerando C) punto 3, de este acuerdo, a fin de que no haya confusiones en cuanto a la redacción actual del artículo 8, ítem 1 del Decreto 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT. El procedimiento para su evaluación de las mismas se encuentra normado en el Decreto 37803-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC”. Este acuerdo también se impugna en esta acción de inconstitucionalidad por cuanto, según el accionante, la interpretación que ahí se hace, es parte del relajamiento de la legislación para excluir a los postes de telecomunicaciones de todas las valoraciones ambientales que le corresponde efectuar a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, con lo cual estima que no solo se da una regresión sino que además se lesionan los principios precautorio, de objetivación, progresividad, razonabilidad y proporcionalidad, así como el derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, todo ello sin que se cuente con justificación técnica y objetiva. Para la Procuraduría General de la República el acuerdo de la Comisión Plenaria que se impugna, deja muy clara la modificación que hizo el decreto ejecutivo No. 40075 -también cuestionado- en cuanto a los tipos de infraestructura de telecomunicaciones que quedan sujeto a la evaluación de impacto ambiental, ello por cuanto, en dicho acuerdo, se dispuso expresamente que de toda la infraestructura de telecomunicaciones que se contenía en el artículo 3 del decreto ejecutivo No. 36159, solo las torres de telecomunicaciones deberían someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. No obstante lo anterior, la Procuraduría considera que la constitucionalidad de las normas impugnadas depende de que se constate la existencia del sustento técnico que llevó a la Comisión Plenaria -en el caso del acuerdo- a determinar que la demás infraestructura de telecomunicaciones, aparte de las torres, no requiere obtener una viabilidad ambiental previa a su instalación y operación. Advierte la Procuraduría que no logró inferir cuál es el criterio técnico que justificó ese acuerdo por lo que, si a partir de los informes rendidos a la Sala no se logra acreditar, su opinión sería que la acción debe ser estimada por vulneración de los principios de progresividad y no regresión, razonabilidad y proporcionalidad, objetivación de la tutela ambiental, preventivo y de los artículos 21, 50 y 89 de la Constitución Política. La Secretaría Técnica Nacional Ambiental ha manifestado que, de acuerdo con la investigación hecha por el Departamento de Evaluación Ambiental de esa Secretaría, las estructuras de telecomunicación más usadas en Costa Rica son las torres y los postes; sin embargo, con sustento en la normativa existente, se han cambiado los umbrales delimitando cuáles actividades, obras y proyectos deben ingresar a la Secretaría Técnica y cuáles no por su bajo impacto, pero que, aún así, deben cumplir con la legislación de las otras instituciones del Estado como son el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, las municipalidades, entre otros. Señala que no se puede calificar igualmente a postes y torres de telecomunicaciones pues son estructuras con funciones diferentes que sustentan equipos diversos: uno para distribución local y enlaces con poca zona de cobertura -postes- y otros direccionados a formar parte de una red de telecomunicación a nivel regional, con estructura de dimensiones mucho más grandes, cargas más pesadas, con cimentaciones más profundas, que exigen ocupar más espacio y altitud -torres-, de manera que el acuerdo ACP-30-2017 tipifica qué tipo de infraestructura de telecomunicación se deberá someter al análisis de impacto ambiental ante esa Secretaría, lo que le corresponderá a las torres de telecomunicaciones que es lo único que históricamente ahí se ha evaluado, con lo cual, ese acuerdo se adoptó con sustento en lo que se tenía normado sobre el tema y con base en el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental contenido en el decreto ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC. La Ministra de la Presidencia señala que en el acuerdo de la Comisión Plenaria que se impugna, lo que se somete a evaluación son las torres de telecomunicaciones pues es lo único que históricamente se ha evaluado en la Secretaría Técnica; torres que se regulaban inicialmente por medio las resoluciones No. 2031-2009-SETENA de 26 de agosto de 2010 y No. 123-2010-SETENA de 20 de enero de 2010 y que luego fueron reglamentadas en el artículo 9 bis del decreto ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC; normativa que está vigente. Aduce que quedó a criterio de la Secretaría Técnica, de conformidad con sus competencias legales y reglamentarias, la determinación de los tipos de infraestructura de telecomunicaciones que estarán sujetas al cumplimiento de los requisitos que sean necesarios para el otorgamiento de viabilidad ambiental, por lo que no se produjo ninguna violación a los principios y derechos constitucionales que alega el accionante. La Ministra de Ambiente y Energía indica que la Secretaría Técnica ha hecho una diferenciación entre los postes y las torres de telecomunicaciones reconociendo que, con base en el acuerdo de la Comisión Plenaria, lo que se somete a evaluación son las torres de telecomunicaciones porque son las únicas que, históricamente, se han evaluado en esa Secretaría Técnica. La Ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones manifestó que, el hecho de que la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica, en ejercicio de sus funciones legalmente atribuidas, haya aprobado el Acuerdo No. ACP-30-2017 en el que reiteró que sólo las torres de telecomunicaciones se sujetan al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, no implica una violación a los principios de regresión ambiental, precautorio y objetivación ambiental, sino todo lo contrario, tiene su asidero en el ejercicio de potestades legales que conceden la posibilidad a ese órgano para que, con sustento en criterios técnicos y bajo la ciencia y la lógica, defina cuáles son las actividades, obras o proyectos que están sujetos a la evaluación del impacto ambiental. Argumenta que ese acuerdo viene a reiterar lo definido por esa Secretaría en el año 2013 cuando, en ejercicio de esa potestad y previa realización de los estudios técnicos efectuados en ese momento, se incorporó el artículo 9 bis en el decreto ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, lo que se hizo a través del decreto ejecutivo No. 37803 de 25 de junio de 2013, y mediante el cual se identificó que las infraestructuras de telecomunicaciones sujetas a evaluación de impacto ambiental eran las torres de telecomunicaciones y no todas las actividades, obras o proyectos dentro de ese sector; es decir, el Acuerdo No. ACP-030-2017 no se configura como un acto nuevo con efectos propios sino que es una reiteración de lo ya definido por la Secretaría Técnica en el año 2013 en el ejercicio de una competencia legal ese órgano que, bajo criterios técnicos efectuados en ese año, determinó que la construcción de torres de telecomunicaciones se debe ajustar al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Estima que el fondo de lo aducido por el accionante radica en su disconformidad con los criterios técnicos establecidos por la Secretaría Técnica para identificar que, de las actividades, obras y proyectos en telecomunicaciones, lo que está sujeto a la evaluación de impacto ambiental, por su significancia de impacto en el ambiente, son las torres de telecomunicaciones, lo cual es un aspecto de legalidad que debe ser discutido y analizado por los tribunales ordinarios, y no por la vía de la acción de inconstitucionalidad. Señala que aún y cuando no existiera el decreto ejecutivo No. 36159-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT, dicha Secretaría Técnica mantiene su competencia para hacer tal determinación, la que fue ejercida desde el año 2013 con la inclusión del artículo 9 bis en el Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC. El Ministro de Obras Públicas y Transportes aduce que la Secretaría Técnica es la única que cuenta con el conocimiento técnico en la materia especializada, en amparo a las diferentes normas en las que se señala taxativamente cuales proyectos que desarrollen infraestructura de telecomunicaciones, necesitan o no la evaluación de impacto ambiental, como el acuerdo impugnado y, para ello, como ente especializado en la materia, ha dictado criterios en los que señala la diferencia entre postes y torres de telecomunicaciones, por lo que históricamente, la evaluación ambiental se ha implementado para la instalación de torres puesto que, en la fase constructiva y operativa se podrían generar impactos ambientales de baja significancia, no así en el caso de postes de telecomunicaciones. La Ministra de Economía, Industria y Comercio señala que la armonización del impacto ambiental con los procesos productivos, están confiadas al Ministerio de Ambiente y Energía a través de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, tal y como lo disponen los artículos 83, 84, siguientes y concordantes de la Ley Orgánica del Ambiente. De igual manera aduce que el establecimiento, la instalación, la ampliación, la renovación y la operación de las redes públicas de telecomunicaciones o de cualquiera de sus elementos, son actividades de interés público y en esa condición constituyen un tema prioritario para impulsar el desarrollo de las telecomunicaciones en Costa Rica, debiendo tenerse en cuenta que, de acuerdo con el artículo 17 de la citada ley, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, por lo que es competencia de ese órgano, mediante sus distintos instrumentos legales, definir los requisitos y procedimientos generales por los cuales se determinará la viabilidad (licencia) ambiental a las actividades, obras o proyectos nuevos, que por ley o reglamento, se han determinado que pueden alterar o destruir elementos del ambiente o generar residuos, materiales tóxicos o peligrosos; así como adoptar las medidas de prevención, mitigación y compensación que, dependiendo de su impacto en el ambiente, deben ser implementadas por el desarrollador. Considera que el acuerdo impugnado es parte del marco jurídico con el que cuenta la Secretaría Técnica para su actuación y no resulta contrario a la Constitución Política, por lo que solicita declarar sin lugar la acción de inconstitucionalidad promovida en contra de ese acuerdo. El Ministro de Salud argumenta que los postes o torres de telecomunicaciones no son de interés sanitario por lo que ese ministerio no tiene competencia en dicho tema. Conforme se ha venido indicando, para la Sala Constitucional es un hecho incuestionable la competencia que ostenta la Secretaría Técnica Nacional Ambiental para determinar cuáles son las actividades, obras o proyectos nuevos que, por ley o reglamento, y con sustento en criterios técnicos, deban ser sometidos a evaluación ambiental por ese órgano, ello por cuanto puedan alterar o destruir elementos del ambiente, generar residuos, o derivar materiales tóxicos o peligrosos; de igual manera, a partir de tal valoración le corresponde decretar las medidas de prevención, mitigación y compensación que, dependiendo de su impacto en el ambiente, deben ser implementadas por el desarrollador, todo lo cual aplica también para la construcción e instalación de infraestructura de telecomunicaciones. Es justamente con sustento en tales competencias que se ha emitido el acuerdo No. ACP-30-2017 acá impugnado en el que se delimita el tipo de infraestructura de telecomunicaciones que debe ser sometida a análisis de impacto ambiental por parte de esa Secretaría Técnica: aquellas que tipifiquen como “torre de telecomunicaciones” y que, a partir del 19 de agosto de 2023, la normativa que le rige se ha ordenado mejor con la entrada en vigencia del nuevo y remozado“Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental” que es decreto ejecutivo No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC. Desde esta perspectiva entonces, no se considera que el acuerdo impugnado sea contrario al Derecho de la Constitución como lo alega el accionante, sino que está enmarcado dentro del ámbito de competencias de la Secretaría Técnica, además de que, en definitiva, resulta ser un tema propio de legalidad pues, si con sustento en estudios técnicos efectuados por el Departamento de Evaluación Ambiental de aquella Secretaría, se ha determinado que los postes de telecomunicaciones son de bajo impacto ambiental y, por ende, no deben ser sometidos a una evaluación de carácter ambiental por parte de esa Secretaría, ni le corresponde a este Tribunal contradecir ese criterio técnico porque ello escapa de su ámbito de conocimiento. Ahora bien, como ya se indicó, el hecho de que la instalación de postes no estén sujetos a la evaluación ambiental de la Secretaría Técnica, no implica que estén desregularizados del todo pues su edificación siempre estará sujeta a los controles ambientales establecidos por las Municipalidades, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Ministerio de Ambiente y Energía y otras con competencias legales, así como también deben sujetarse a cualquier otro mecanismo legal o voluntario existente para mejorar el desempeño ambiental. Por el contrario, en el caso específico de las torres de telecomunicaciones, de conformidad con la normativa vigente en la materia, ese tipo de proyecto sí está sujeto a la presentación del documento de evaluación ambiental establecido en la normativa, toda vez que los criterios técnicos han determinado que, aunque se trata de proyectos de bajo impacto ambiental potencial, sí requieren someterse a tal evaluación porque así lo ha establecido el órgano competente en la materia, para lo cual también se debe tener presente que esa Secretaría Técnica no aprueba ni reprueba proyectos sino que lo que realiza es una evaluación de los impactos ambientales de los diferentes proyectos y les otorga o rechaza la viabilidad desde un análisis ambiental. En relación con las torres de telecomunicaciones, obsérvese que en autos consta que, tanto en fase constructiva como operativa, generaran impactos ambientales negativos pero que son de baja significancia y mitigables por medio de medidas ambientales de sencilla implementación que serán puntuales, temporales y de baja intensidad. En este punto interesa destacar que la propia Secretaría Técnica también ha advertido que a pesar del impacto ambiental de baja significancia de las torres de telecomunicaciones, también es lo cierto que cuando la construcción o edificación se debe dar en un área ambientalmente frágil, la evaluación ambiental a la que deben someterse los diferentes proyectos, deberá estar sujeta a instrumentos de evaluación ambiental más específicos, también determinados por esa Secretaría para tales efectos y que además, precisamente en función de aquélla significancia ambiental, sería viable la exigencia de requisitos adicionales en aras de la protección al ambiente; procedimientos que ahora se encuentran unificados y regulados en el decreto ejecutivo No. 43898-MINAE-S- MOPT-MAG-MEIC que, conforme se dijo, lo que hizo fue crear un nuevo y remozado“Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental” en sustitución del anterior “Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)” contenido en el decreto ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC y sus reformas, que fue derogado en su totalidad por aquél. En mérito de lo dicho, este Tribunal concluye que el acuerdo impugnado, tampoco resulta lesivo del Derecho de la Constitución y, por tanto, la acción debe desestimarse igualmente en cuanto a este extremo. IX.- Conclusión.- Este Tribunal considera que ni el decreto ni el acuerdo acá cuestionados, tienen la virtud de vulnerar el Derecho de la Constitución en los términos reclamados por el accionante, sino que más bien están enmarcados dentro del ámbito de competencia que le corresponde a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, por lo que, lejos de contener aspectos de constitucionalidad que pudieren ser de interés para la Sala, en realidad los reclamos que se les hacen en este proceso, están referidos a aspectos de legalidad ordinaria que no son objeto de conocimiento de la vía de control de la acción de inconstitucionalidad y por ello, debe ser declarada sin lugar, como en efecto se ordena. X.- Nota del Magistrado Cruz Castro.- Reforzamiento de competencias de SETENA y criterio técnico actual.- He considerado oportuno consignar esta nota para resaltar ciertos aspectos que me parecen relevantes. Luego del análisis realizado concuerdo con este voto y considero que el decreto cuestionado resulta constitucional porque refuerza las competencias de SETENA, y porque ésta ya emitió su criterio técnico en este caso, indicando que se someten a evaluación ambiental únicamente las torres de telecomunicaciones y no los postes. Lo anterior no cambia lo que he considerado antes, en el sentido de que, la realización de una evaluación de impacto ambiental, para cuando corresponda, no constituye solo una obligación legal, sino también, una obligación constitucional (ver voto no. 6322-2003 de las 14 horas 14 minutos de 3 de julio de 2003 https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-239147). Por ello, en voto salvado anterior indiqué que, relativizar el estudio de impacto ambiental en ciertas actividades que tendrán efecto negativo en el ambiente resulta inconstitucional (ver voto n°2024-3227). Además, si bien reitero lo que he remarcado antes, cada vez que haya regresión en la normativa ambiental es imprescindible que se sustente en un estudio técnico, pues de lo contrario se trataría de una evidente violación al principio constitucional de no regresión. Ahora bien, en este caso, esta Sala consideró que corresponderá a la SETENA determinar lo que sea procedente respecto la construcción e instalación de infraestructura de telecomunicaciones, según se indica en el artículo 17 y 18 de la Ley Orgánica del Ambiente y el artículo 8 del decreto impugnado No. 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT. También indica la Sala que, la SETENA “en lo que a telecomunicaciones se refiere, ha determinado que solo las torres de telecomunicaciones requerirán el otorgamiento de una viabilidad ambiental de su parte, no así los postes de telecomunicaciones, salvo que, en su momento y con sustento en estudios técnicos debidamente acreditados, ese órgano pueda disponer algo diferente precisamente en atención a esa competencia específica que ostenta en esta materia.” Así entonces, se concluye que el decreto cuestionado en realidad refuerza las competencias de SETENA, pues la reforma realizada no solo reitera aquéllas potestades de la Secretaría Técnica, sino que además, deja en dicho órgano la determinación de cual infraestructura de telecomunicaciones estaría sujeta a la tramitación de la viabilidad ambiental. Razón por la cual estimo que SETENA se ve fortalecida, y con ello, fortalecidas sus competencias y la protección al ambiente. Si bien es cierto la PGR indica en su informe que con el cambio realizado, al hacerse referencia única y exclusivamente a “torres”, quedan excluidas las demás obras de infraestructura de telecomunicaciones, como serían los postes. En este sentido y bajo tales competencias, la SETENA determinó que lo único que históricamente se ha evaluado son las Torres de Telecomunicaciones, haciendo la diferenciación entre postes y torres. Estimo entonces que el criterio técnico para no aplicar el estudio de impacto ambiental a los postes viene dado por la misma SETENA, cuando indica que se hizo una investigación por parte del Departamento de Evaluación Ambiental de la Secretaría Técnica a partir del cual se determinó que las estructuras de telecomunicaciones más usadas en Costa Rica son las torres y los postes, así como también que la instalación de éstos es una actividad de muy bajo impacto ambiental potencial toda vez que no provoca alteración negativa del ambiente, no desmejora la calidad ambiental del entorno o de alguno de sus componentes, no utilizan productos peligrosos y no generan residuos peligrosos, no afecta la salud de la población pues las emisiones atmosféricas, de ruido, vertidos de aguas residuales y manejo de residuos ordinarios y especiales, se ajustan a las disposiciones establecidas en la regulación vigente, y por tanto, con sustento en tales estudios técnicos se concluyó que se trata de una infraestructura cuya instalación no requiere la evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica. Por ello concluyo que no se evidenció regresión, ni se relativizaron los criterios de aplicación del estudio de impacto ambiental en estos casos, ni tampoco hubo carencia de sustento técnico, pues justamente los postes nunca estuvieron sometidos a evaluación ambiental. Claro está, lo anterior no significa que a futuro, de cambiar las circunstancias, o de cambiar el criterio técnico, no se pueda llegar a considerar que los postes de telecomunicaciones deban estar sometidos a nuevas exigencias o incluso a evaluación ambiental, en pro de la protección al ambiente. Lo anterior, especialmente tomando en cuenta que la vigilancia ambiental que realizan las distintas Municipalidades resultara insuficiente, como se evidencia en muchos otros casos, o que el ambiente o la colectividad estarían expuestos a impactos, daños o secuelas que ameriten nuevas regulaciones. XI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.- Por tanto: Se declara sin lugar la acción. El magistrado Cruz Castro consigna nota.- Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. EXPEDIENTE N° 21-003977-0007-CO Teléfonos: Telf7268/ (Telf10). Fax: Telf1209 / Telf7229. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Dirección6012, San José, Dirección2662, Dirección495, calles 19 y 21, Dirección1786 Observaciones de SALA CONSTITUCIONAL votado con boleta Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 08:57:18. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
**Sala Constitucional**
**Resolution No. 06916 - 2025**
**Date of Resolution:** March 5, 2025 at 13:06
**Case File:** 21-003977-0007-CO
**Drafted by:** Fernando Cruz Castro
**Type of Matter:** Action of unconstitutionality
**Constitutional Review:** Dismissive judgment
**Analyzed by:** SALA CONSTITUCIONAL
Judgment with separate note
Judgments from the same case file
Judgment with protected data, in accordance with current regulations
**Content of Interest:**
**Type of content:** Majority vote
**Branch of Law:** 3. CONSTITUTIONALITY REVIEW MATTERS
**Topic:** ENVIRONMENT
**Subtopics:**
NOT APPLICABLE.
ENVIRONMENT. ENVIRONMENTALLY DEREGULATED INSTALLATION OF TELECOMMUNICATIONS POLES IN COSTA RICA
Case File: 21-003977-0007-CO
Judgment: 006916-25 of March 5, 2025
Type of matter: Action of unconstitutionality
Challenged norm: Executive Decree No. 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT and Directive of the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), contained in the Agreement of the Plenary Commission. No. ACO-30-2017 of March 24, 2017.
Operative part: The action is declared WITHOUT merit. Magistrate Cruz Castro records a note.
CO09/25
... See more
**Text of the resolution**
*\*210039770007CO\**
Exp: 21-003977-0007-CO
Res. No. 2025-006916
**SALA CONSTITUCIONAL OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at thirteen hours and six minutes of March fifth, two thousand twenty-five.
Action of unconstitutionality brought by Nombre18435, of legal age, with identity card CED29119, attorney, resident of Palmares de Alajuela, to have declared unconstitutional Executive Decree No. 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT, published in Supplement No. 36 to La Gaceta No. 35 of February 17, 2017, by which paragraph 1) of Article 8 of Executive Decree No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT of May 10, 2010, published in the Official Gazette La Gaceta No. 175 of September 8, 2010, and the agreement of the National Environmental Technical Secretariat No. ACP 20-2017 of March 24, 2017, contemplated in Article 02 according to the minutes of ordinary session No. 033-2017-SETENA of the Plenary Commission of the National Environmental Technical Secretariat; for considering them contrary to Articles 7, 21, 50 and 89 of the Political Constitution, as well as to the right to a healthy and ecologically balanced environment and to the principles of non-regression, objectification, precautionary, and progressivity. Also participating in the proceedings were the representatives of the Office of the Attorney General of the Republic, the National Environmental Technical Secretariat, the Ministry of the Presidency, the Ministry of Environment and Energy, the Ministry of Science, Technology and Telecommunications, the Ministry of Public Works and Transport, the Ministry of Economy, Industry and Commerce, and the Ministry of Health.
**Whereas:**
1.- By document received in the Secretariat of the Chamber at 14 hours 42 minutes of February 26, 2021, the plaintiff requests that the unconstitutionality of Executive Decree No. 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT, published in Supplement No. 36 to La Gaceta No. 35 of February 17, 2017, by which paragraph 1) of Article 8 of Executive Decree No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT of May 10, 2010, published in the Official Gazette La Gaceta No. 175 of September 8, 2010, denominated "Norms, standards and competencies of public entities for the coordinated and expeditious approval required for the installation or expansion of telecommunications networks," as well as of the Agreement of the National Environmental Technical Secretariat No. ACP 20-2017 (sic) of March 24, 2017, contemplated in Article 02 according to the minutes of ordinary session No. 033-2017-SETENA of the Plenary Commission of the National Environmental Technical Secretariat, be declared unconstitutional; for considering them contrary to Articles 7, 21, 50 and 89 of the Political Constitution, as well as to the right to a healthy and ecologically balanced environment and to the principles of non-regression, objectification, precautionary, and progressivity. He states that, with the regulatory modification made through decree No. 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT challenged in this action and with the issuance of the questioned agreement, the State allows, without technical justification, the environmentally deregulated installation of telecommunications poles in Costa Rica, by which the country reaches an abusive freedom to build the poles on any public site without allowing the impact and cumulative visual damage on the rural or urban landscape of that infrastructure that fulfills the function that telecommunications towers had performed to be weighed. He explains that the challenged regulation is totally related because with the modification of the norm provided for in Article 8, paragraph 1) of Executive Decree No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT denominated "Norms, standards and competencies of public entities for the coordinated and expeditious approval required for the installation or expansion of telecommunications networks," the aim was to relax the legal order to exclude telecommunications poles, as well as other telecommunications infrastructure other than towers, from all environmental assessments by the National Environmental Technical Secretariat, without any reason, without studies that would justify the deregulation, in open violation of the principles of non-regression, progressivity, precautionary, and objectification. He indicates that poles are, in reality, towers as both support telecommunications equipment; that is, poles currently fulfill the same objectives and purposes as towers because they support equipment such as transmission antennas and additional equipment for the operation of telecommunications networks. He adds that, furthermore, due to the height of telecommunications poles, these are not the same as traditional electric poles, so the poles are antennas in another form. He adds that for companies that lease or sell these infrastructures, installing poles is more economical than building towers since the poles are placed on sidewalks and edges of streets without having to pay leases and without covering the cost of consultants before the Technical Secretariat to submit the D2 or D1 forms corresponding to the assessments. He adds that, even, poles do not require procedures before the Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos because they are not infrastructure regulated by that professional association. He states that, for these reasons, there is a great proliferation of telecommunications poles that are the new modality seen in neighborhoods and communities, affecting the landscape given that there are no regulations on distance between them, nor between them and the towers, without any technical, scientific, environmental, or social justification. He considers that poles without an environmental license have served to promote the State as deregulated, which facilitates commerce between telecommunications companies. He accuses that the Executive Branch eliminated a phrase from the articles of Executive Decree No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT to exclude and lay the groundwork for the elimination of all types of environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) for various forms or classes of telecommunications infrastructure where poles stand out. He indicates that, as this was not entirely clear, a directive was issued by the Technical Secretariat to thus interpret and expressly finalize a "relaxation" that is clearly unconstitutional for violating the precautionary, objectification, reasonableness, and proportionality principles. He considers that through regulatory reform and with the directive, commerce or foreign investment would be promoted through the weakening or reduction of the protections contemplated in the Costa Rican legal order. He argues that telecommunications poles put people's lives at risk because if a vehicle crashes into one of these, the fall could be spectacular onto a vehicle, passersby, or houses, given that they do not have electrical cables that link them to other poles or anchors, thus violating Article 21 of the Constitution. He states that with the modification and the directive—challenged here—a violation of the principle of progressivity also occurs since any option to assess the cumulative effect on the landscape was eliminated and this even generates damage from visual pollution, which is regulated in the Organic Environmental Law, Article 71. He points out that in the recitals (considerandos) of the challenged decree, the simple discretionary power of the Executive Branch was applied since there was never a technical or scientific justification to motivate that relaxation, against Articles 17 and 71 of the Organic Environmental Law in relation to Articles 16 and 160 of the General Law of Public Administration which, in turn, by connection are linked to Articles 21, 50 and 89 of the Political Constitution since an unbalanced and visually polluted environment is being allowed. He clarifies that it was not that requirements in environmental assessments for telecommunications poles and other infrastructure were reduced, but rather the influence that the Technical Secretariat had over all types of telecommunications infrastructure was completely eliminated, although later that Secretariat interpreted that it only referred to poles, even though by regulatory means it is not feasible to exclude environmental assessments of telecommunications infrastructure as has been done because this violates Constitutional Law in the indicated terms. Based on the above, he requests that the unconstitutionality of the provisions challenged here be declared.
2.- In order to substantiate the standing to bring this action of unconstitutionality, the plaintiff states that it derives from Article 75, paragraph 2 of the Law of Constitutional Jurisdiction, since he claims the defense of diffuse interests regarding the right to a healthy and ecologically balanced environment.
3.- By resolution at 15 hours 19 minutes of March 12, 2021, the action was admitted, granting a hearing to the Office of the Attorney General of the Republic, the General Secretary of the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), the Minister of the Presidency, the Minister of Environment and Energy, the Minister of Science, Technology and Telecommunications, the Minister of Public Works and Transport, the Minister of Economy, Industry and Commerce, and the Minister of Health.
4.- The edicts referred to in the second paragraph of Article 81 of the Law of Constitutional Jurisdiction were published in numbers 056, 057, and 058 of the Judicial Bulletin, of March 22, 23, and 24, 2021.
5.- Daniel Salas Peraza, in his capacity as Minister of Health, reports in a document presented on March 25, 2021, that through a technical report rendered by the Director of Radiological Protection and Environmental Health and the Head of the Environmental Health Unit, it was indicated that according to Executive Decree No. 36577-MINAET, the "Coordination Commission for the Installation or Expansion of Telecommunications Infrastructure" was created in which the Ministry of Health does not participate but, regarding public health, it collaborates by providing advice and talks to the Municipalities as well as to the communities when requested, although it also participates in the measurements requested by the different communities. He indicates that the report states that in December 2010, the Ministry of Health signed Executive Decree No. 36324-S, "Regulation to Regulate Exposure to Electromagnetic Fields of Non-Ionizing Radiations, emitted by Wireless Systems with a frequency up to 300 GHZ", in order to establish requirements and criteria aimed at protecting the health of technical personnel and the general population from the potential risks and harmful effects of exposure to electromagnetic fields from non-ionizing radiations, which may derive from the exploitation and use of wireless systems; a decree that does not contemplate any regulation of the telecommunications infrastructure issue because telecommunications poles or towers are not of sanitary interest, therefore, it is not necessary for them to have an operating sanitary permit, and what must be complied with is that any establishment that provides services through wireless systems or uses them, must request and obtain the operating sanitary permit before the respective Health Governing Area, but not so for towers or poles. He states that, according to that technical report, telecommunications poles or towers are not of sanitary interest, which is why that ministerial portfolio has no competence in said matter nor participation in the commission created under Executive Decree No. 36577-MINAET, mentioned supra. He adds that, regarding the wireless system, what is important to highlight is that in December 2010, that ministry signed the indicated Executive Decree No. 36324-S.
6.- Cynthia Barzuna Gutiérrez appears in her capacity as General Secretary of the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), through a document delivered to the Secretariat of the Constitutional Chamber on April 9, 2021, and pronounces in the following terms:
Regarding Executive Decree No. 40075-MICIT-S-MEIC-MINAE-MOPT:
She indicates that it came into force upon its publication in the Official Gazette La Gaceta No. 35 of February 17, 2017, in Supplement 36, and modified Article 8 of the Regulation which is Executive Decree No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT denominated "Standard Norms and Competencies of Public Entities for the coordinated and expeditious approval required for the Installation or Expansion of Telecommunications Networks," to eliminate the phrase highlighted below in bold:
"Article 8°- Competencies of the National Environmental Technical Secretariat of the Ministry of Environment and Energy. According to the provisions of Articles 17 and 18 of the Organic Environmental Law No. 7554, published in La Gaceta No. 215 of November 13, 1995, regarding the installation and expansion of telecommunications networks, it corresponds to the National Environmental Technical Secretariat. The types of infrastructure subject to the processing of environmental viability (viabilidad ambiental) shall be those established in Article 3 of this decree."
She indicates that the proposal for the questioned decree was led by the Ministry of Science, Technology and Telecommunications, and that the Minister of Health, the Minister of Economy, Industry and Commerce, the Minister of Environment and Energy, and the Minister of Public Works and Transport also participated in the process, being the ones who signed it, but also the endorsement of the National Environmental Technical Secretariat was obtained. She clarifies that the decree was not drafted by the Secretariat she represents, but by the Ministry of Science and Technology which requested criteria and endorsement from the Ministry of Environment and Energy, which is why a consultation was generated to her represented party; however, the observations made on the proposal were not taken into account to make changes, such as for example the recommendation to modify Article 8 with a different text proposing that the Technical Secretariat—under its competence and in application of Executive Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC—determine which activities, works, and projects required an environmental impact assessment (EIA) in the matter of telecommunications, which was not addressed as the General Secretary of that moment, who instead, sent an email to the Director of the Minister's Office of the Ministry of Environment and Energy and to the Acting Legal Director of that ministry dated July 14, stating that "In response to the request, the proposal sent has our endorsement."
Regarding Agreement ACP-30-2017-SETENA:
She indicates that it is true that the Plenary Commission of the National Environmental Technical Secretariat issued agreement ACP-30-2017-SETENA and that in Session No. 33-2017-SETENA held on March 24, 2017, with the presence of representatives from the Ministry of Environment and Energy, the Ministry of Agriculture and Livestock, the Instituto Costarricense de Electricidad, the Ministry of Public Works and Transport, and the Ministry of Health, Minute No. 032-2017 was approved, through which Agreement ACP-30-2017 was approved which, in what is relevant, states:
"FIRST: Communicate both to the public and to SETENA officials, that the type of telecommunications infrastructure that must be subjected to an EIA analysis before this Technical Secretariat, shall be those that qualify as "Telecommunications Tower", in accordance with what is stated in Recital (Considerando) C) point 3, of this agreement, so that there are no confusions regarding the current wording of Article 8, item 1 of Decree 40075- MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT. And that the procedure for the evaluation of the same is regulated in Decree 37803-MINAE-S- MOPT-MAG-MEIC.
SECOND: Order the Information Technologies Department to include this agreement on the SETENA website."
She indicates that, as is evident from that agreement, the basis for the decision was official letter SG-DEA-0713-2017-SETENA and a technical study in this regard was not located; rather, the interpretation made is that of point C which states: "C) Regarding the interpretation of the modification of Decree 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT according to Decree 40075- MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT", which determines that only Telecommunications Towers are subject to evaluation. She adds that, in the study of the matter, the Technical Directorate of that Secretariat expressed itself through official letter SETENA-DT-DEA-0030-2021 regarding argument 2 of this action of unconstitutionality according to which "Poles are in reality towers, since both support telecommunications equipment," in the following terms:
1) Telecommunications Pole: single vertical support made of wood, concrete, steel, or other material, with one end placed in the ground, either directly or through foundations. These structures are generally used for the support of electrical lines and telecommunications cabling such as coaxial cable, copper pair, and fiber optics, among others (according to Executive Decree No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT).
2) Telecommunications tower: support that can be constructed of materials such as wood, steel, and concrete, and which usually consists of a four-sided intertwined structure or a single support. It can support several elements, such as transmission antennas and additional equipment for the operation of telecommunications networks (according to Executive Decree No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT).
3) The technical specifications that define a telecommunications tower and a telecommunications pole are more diverse than their purpose, meaning, "supporting telecommunications equipment," which is the general purpose of these structures, but they do not distinguish or unify them in the same classification. Using only that definition overlooks what is different between these structures:
• Dimensions of the structure and its weight.
• Dimensions and type of the supporting infrastructure (foundations).
• Type and quantity of the equipment to be supported.
• Coverage zone needed for the supported equipment(s) to fulfill its/their telecommunications function(s).
• Power needed for the supported equipment(s) to fulfill its/their telecommunications function(s).
• Power supply needed for the supported equipment(s) to fulfill its/their telecommunications function(s).
• Other technical specifications.
The foregoing will define the optimal location necessary for the telecommunications structure to fulfill its ultimate purpose, whether in a rural, suburban, or urban zone. Consequently, the environmental impact caused by the execution of the project for the installation of a telecommunications structure (Tower/Pole), will also be different, depending on the type of structure used and its location. According to research conducted by the Department of Environmental Assessment of SETENA, the most used telecommunications structures in Costa Rica are Towers and Poles.
4) Telecommunications towers:
Neutral Towers:
They are developed by companies that build the towers at strategic points, each operator negotiates and installs their equipment (microwave, parabolic, cellular panels, transmitters, among many others). Provides electricity supply and security and is considered real estate. They come in self-supporting and monopole types.
Self-supporting: this is a structure designed to maintain its own weight without the need for additional supports. They are very resistant to the torsion generated by wind, so they are mostly used when the quantity of antennas to be placed on it requires a large surface area. This type of tower is manufactured at the plant and installed or mounted on site. Generally, they are used on natural terrain with difficult access where the use of a crane is complicated. Their geometry in elevation is pyramidal in shape and their base has a triangular shape. Because these structures are on land, they must be built with an adequate foundation to support their own weight plus that of the required antennas and the weight of 3 operators with their respective safety equipment and rigging for maintenance work.
Technical Characteristics:
Height: from 6 up to 85 m
Width: from 2 m2 up to in relation to the height of the tower
Base: the assembly of the foundation will be in relation to the type and height of the tower weight from 50 kg to 12,000 kg
Access: ladder located on one side of the tower
Load capacity: from 200 kg up to 1,600 kg
In Costa Rica, the most common projects are for the construction and operation of a cellular telecommunications tower consisting of a radio base site for cellular telephony of the "Green Field Guyed Tower" type, which includes the reinforced concrete foundation for the structure, assembly of a tower with a triangular section. The tower generally reaches a total height of between 35 and 60 meters, where 35/60 meters correspond to the tower, 3 meters are the lightning rod support, and 2 meters are the lightning rod and aerial safety lights. Generally, a foundation slab of 4x4m with 0.50m thickness will be needed and on top of this, there will be pedestals of 0.75m x 1.70m in height, from where the steel structure to be placed will be fixed. It also includes a shelter or area for the placement of the operators' equipment of 2.30 m2. The perimeter of the Work Area (AP) will be protected with a concrete wall or cyclone mesh, depending on its urban or rural location and the security conditions of the sector; additionally, 0.5 m of razor wire will be installed on the top and it will have a double-leaf iron gate for access to the work area, all the above is developed in an area of between 120/250 m2.
Infrastructure to be developed: installation of a self-supporting tower, foundation slab, shelter for the installation of the operators' equipment, vehicle access track, access ramp to the AP, confinement wall (in prefabricated slabs or cyclone meshes).
Telecommunications towers of this type have a dual purpose: a) to receive the cellular signal and distribute it locally; b) to serve as a link between other towers to retransmit the signal.
Self-supporting towers support equipment which fulfills the following functions: links and retransmission of cellular signal (wireless signal of 3G, 4G, 5G waves), receive the signal and send it to another point or tower. The equipment takes the telecommunications signal from one point to another, takes from Tower-to-Tower the signal through panels for mobile telephony, links, and microwave antennas (parabolic antennas), the most important purpose being to sustain the links that connect one or more towers to retransmit the signal. In these links, the signal (telecommunications waves) goes in a straight line so the existence of obstacles such as trees, buildings, hills, mountains, volcanoes, prevents it from being carried out, meaning the signal or transmission is cut and that is the reason why transmission generally originates from high places, for example, the Irazú volcano and from there zones such as San José, Alajuela, Heredia are covered, where the signal arrives without problems. Now, in order to serve as a link and create the network, as well as locally distributing the cellular signal, each tower must define its coverage zone, which will depend on the position of the panels, the power of the transmission equipment, and the heights of the towers: the higher the tower, the larger the coverage zone, which is the reason why a large percentage of telecommunications towers are located in rural zones.
Monopole: these structures are visually discreet, normally installed in places where aesthetics need to be preserved, they occupy less space than other telecommunications towers, they are painted a certain color or adorned to allow the structure to blend in, which reduces their impact on the urban image and makes them an excellent option for residential, corporate, and commercial zones. These structures consist of tubes with a circular or polygonal section and in elevation, can be of constant or conical section, they can be installed on land and must be built with an adequate foundation, secured by means of bolts to support their own weight plus that of the required antennas. Occasionally, this type of tower has an upper work platform for a maximum of 4 operators with their respective safety equipment and rigging. Technical Characteristics:
Height: from 18 to 45 m
Width: from 0.60 to 1.5 m
Weight: starting from 200 kg
Base: from 3 to 9 m2
Access: ladder located on one side of the tower with a load capacity of up to 800 kg.
The use of these is different from the Greenfield type tower and it reaches lower heights.
5) Telecommunications poles:
It is a visually discreet structure made up of a polygonal metal pole sectioned in 2 or 3 parts manufactured with carbon steel plate. They are normally installed in places where it is required to preserve aesthetics and are used as streetlights; their foundation is based on a circular pile 1 meter in diameter by 5 meters deep, reinforced with steel rebar and concrete. They occupy smaller spaces than monopole towers because the transmission equipment and antennas are located on the same structure. They are generally painted the color of the surrounding streetlights so their impact on the urban image is lost and makes them an excellent option for residential, corporate, and commercial zones. In this type of structure, only one operator can be located and its installation and assembly require the use of a crane because they are assembled from the workshop. Once hoisted, it is only necessary to place the electrical energy meter to begin its operation.
Technical characteristics: Height: 18m
Width: from 0.60 to 1.5 m
Weight: 1,739 kg
Base: 1 m diameter
Access: by crane with basket Load capacity: from 200kg up to 1,600
6) Telecommunications poles and towers cannot be qualified equally because they are structures with different functions that support diverse equipment: one for local distribution and links with a small coverage zone (poles), and others aimed at forming part of a telecommunications network at a regional level, with a structure of much larger dimensions, heavier loads, with deeper foundations, requiring to occupy more space and altitude (towers). The challenged agreement -ACP-030-2017- typifies which type of telecommunications infrastructure shall be subjected to EIA analysis before this secretariat, in accordance with what is stated in Recital (Considerando) C) point 3, of this agreement.
She continues stating that the previous criterion—expressed by the Technical Directorate of that Secretariat through official letter SETENA-DT-DEA-0030-2021, makes a differentiation between telecommunications poles and towers, recognizing that based on the Agreement of the Plenary Commission challenged here, what is subjected to evaluation are telecommunications towers. She states that, in this sense, the only thing that has historically been evaluated at SETENA are telecommunications towers, initially regulated through resolutions No. 2031-2009-SETENA of August 26, 2010 and 123-2010-SETENA of January 20, 2010, and later regulated in Article 9 bis of Executive Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC which was incorporated with the issuance of Executive Decree No. 37803-MINAE of June 25, 2013, published in La Gaceta No. 137 of July 17, 2013, taking into consideration two inserted motivations that are of interest:
1) that Executive Decree No.
36159-MINAET-S-MEIC-MOPT, provided in its Article 8 that for the installation and expansion of telecommunications networks, the Technical Secretariat must process applications in accordance with Articles 1, 2, 12, and 13 of the General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures.
2) that for the environmental assessment of the installation of telecommunications towers, the Technical Secretariat issued Resolutions No. 2031-2009-SETENA of August 26, 2010, and No. 123-2010-SETENA of January 20, 2010, on the following grounds:
a) in the activities to be carried out for the installation of telecommunications base stations, both in the construction phase and the operational phase, negative environmental impacts of low significance will be generated, which are mitigable through simple-to-implement environmental measures that will be specific, temporary, and of low intensity.
b) the developing companies view the shared tower system as a mechanism to reduce visual impact throughout Costa Rica. Environmental impacts with the shared site model are minimized as fewer towers are required.
c) the area that each of the sites where the towers will be located will cover is very small, and no wastewater or solid waste will be generated there.
d) given that the proliferation of telecommunications towers will be massive, it is necessary that an environmental supervisor (regente ambiental), duly registered in the Technical Secretariat's consultant database, be responsible for ensuring, reporting, and controlling that the development of all towers is carried out following the pertinent environmental recommendations, thereby seeking to minimize possible environmental impacts and, particularly, effects on the landscape; furthermore, it is the responsibility of said environmental supervisor to guarantee the accuracy and quality of the additional studies submitted on the corresponding form, with said supervisor being jointly and severally liable for any eventuality.
e) in the same vein, to promote better citizen participation, the developer must be asked for the results of the communication plan prior to the granting of environmental feasibility (viabilidad ambiental).
It states that the challenged agreement was adopted in accordance with what the Technical Secretariat had regulated on the subject according to the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures contained in Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, since the phrase that included the types of telecommunications infrastructure to be assessed, including the poles claimed by the plaintiff, had been removed from Article 8, which stated: “The types of infrastructure subject to the environmental feasibility processing shall be those established in Article 3 of this decree.”
7.- The Office of the Attorney General (Procuraduría General de la República) submitted its report via a document filed with the Secretariat of the Constitutional Chamber on April 12, 2021, and for this, Julio Alberto Jurado Fernández, in his capacity as Attorney General, states, first of all, that when the defense of diffuse interests is alleged regarding the right to a healthy and ecologically balanced environment, the provisions of Article 75, paragraph 2 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional) are applicable; therefore, consequently, the Attorney General's Office has no objections to raise regarding the legal standing of the plaintiff.
1) On environmental impact assessment:
It recalls that Article 17 of Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente) No. 7554, provides that human activities that alter or destroy elements of the environment or generate waste, toxic, or hazardous materials will require an environmental impact assessment by the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental), whose prior approval will be an indispensable requirement to begin the activities, works, or projects, with the law and regulations indicating which activities, works, or projects will require undergoing that assessment. For its part, it indicates that this assessment is a general concept that refers to the scientific-technical administrative procedure carried out by the Technical Secretariat to identify and predict what effects an activity, work, or project will have on the environment, quantifying and weighing them to lead to decision-making (see Article 3, subsection 39 of the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures, which is Executive Decree No. 31849 of May 24, 2004). It points out that the environmental impact assessment is a measure consistent with the preventive principle in that it allows for evaluating and determining what negative effects an activity, work, or project will cause on the environment prior to its execution, as well as allowing for the establishment of actions aimed at mitigating or compensating for those adverse effects, causing the activity, work, or project to be executed in a controlled manner, avoiding the generation of damage to the environment. It warns that for the Executive Branch to be able to determine, through an executive decree, that certain works or activities do not need to undergo the environmental impact assessment procedure, there must be technical criteria that support that decision and, in this sense, an exclusion from assessment would imply a determination that the activity or project, due to its particularities, does not alter or destroy elements of the environment and does not generate waste, toxic, or hazardous materials, and that, therefore, it is not necessary to subject them to a prior environmental impact assessment. It clarifies that the technical justification for excluding an assessment of this type is reinforced by the application of the constitutional principles of objectification of environmental protection, progressiveness and non-regression, and reasonableness.
2) Regulatory background on the subjection of telecommunications infrastructure to environmental impact assessment:
It states that the General Telecommunications Law (Ley General de Telecomunicaciones) No. 8642 of June 4, 2008, provided in its Article 3 that one of the guiding principles is environmental sustainability, according to which the use and exploitation of networks and the provision of telecommunications services must be harmonized with the constitutional guarantee of a healthy and ecologically balanced environment; a principle that was reiterated in Article 3 of the Law for the Strengthening and Modernization of Public Entities of the Telecommunications Sector (Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones) No. 8660 of August 8, 2008. It indicates that subsequently, the National Environmental Technical Secretariat issued Resolutions No. 2031-2009 of August 26, 2009, and No. 123-2010 of January 20, 2010, which stated that, by virtue of the low significance of the environmental impacts generated by the installation and operation of telecommunications towers, their environmental impact assessment would be processed through the submission of the D2 environmental assessment document, and the rest of the requirements to be met were established. It warns that, on this matter, the Constitutional Chamber, in Ruling No. 2012-014111 of 4:00 p.m. on October 9, 2012, https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-641132, held that in consideration of the provisions of Article 16 of the Law of the Regulatory Authority for Public Services, telecommunications ceased to be conceptualized as a public service, whereby, if there is no legal provision requiring an environmental impact study, the mechanism to be used to assess it in telecommunications base stations remains at the discretion of the Technical Secretariat. It states that Executive Decree No. 36159 of May 10, 2010, was later issued, called “Standard Norms and Competencies of Public Entities for the Coordinated and Expedited Approval Required for the Installation or Expansion of Telecommunications Networks,” with the purpose of identifying and grouping each of the competencies of the public entities of the telecommunications sector that intervene in the procedures and requirements so that the processing required for the installation of infrastructure is handled in a coordinated and expedited manner, as well as the expansion of telecommunications networks and their structure (Article 2). It states that according to Article 8 of that decree -No. 36159-, the types of infrastructure indicated in Article 3 of that same decree were to be submitted to the Technical Secretariat's environmental impact assessment using form D2, which provides:
“Article 3-Types of telecommunications infrastructure. The provisions of this Decree apply to any of the following infrastructure modalities defined in International Standard 60050 of the International Electrotechnical Commission according to ITU-R Recommendation V.662-3 of the International Telecommunication Union:
a. Telecommunications Antenna: corresponds to the part of the radio transmission or reception system designed to provide the coupling between the transmitter or receiver and the medium in which radio waves propagate. It may be located on a telecommunications tower or may be self-supporting.
b. Telecommunications Ducts: set of pipes made of various materials intended to carry cabling for telecommunications services at the underground level.
c. Telecommunications Infrastructure: is any structure that is fixed or incorporated into land, in the subsoil, or on it, which will be intended for the installation and support of a telecommunications network or service. Telecommunications infrastructure may be constituted by channeling, ducts, poles, towers, control stations, and other structures required for the installation and operation of public networks for the provision of telecommunications services. This type of infrastructure does not represent an end as a housing unit.
d. Telecommunications Pole: single vertical support made of wood, concrete, steel, or other material, with one end placed in the ground, either directly or through foundations. These structures are generally used for supporting power lines and telecommunications cabling such as coaxial cable, copper pair, and optical fiber, among others.
e. Telecommunications Network: according to Article 6, subsection 19), of the General Telecommunications Law, corresponds to the transmission systems and other resources that allow the transmission of signals between defined termination points via cables, hertzian waves, optical media, or other radio-electrical means, including satellite networks, fixed terrestrial networks (circuit-switched or packet-switched, including the Internet) and mobile networks, power line systems used for signal transmission, networks used for sound and television broadcasting, and cable television networks, regardless of the type of information transported.
f. Telecommunications: according to Article 6, subsection 29), of the General Telecommunications Law, corresponds to any transmission, emission, and/or reception of signs, signals, writings, data, images, sounds, or information of any nature by wire, conductors, radio waves, optical means, or other electromagnetic systems.
g. Telecommunications Tower: support that may be constructed of materials such as wood, steel, and concrete, and which usually consists of a four-sided cross-braced structure or a single support. It can support several elements, such as transmission antennas and additional equipment for the operation of telecommunications networks.
Likewise, this decree will apply to all those telecommunications infrastructure modalities that are determined by the Superintendency of Telecommunications (Superintendencia de Telecomunicaciones) or the Head of the Telecommunications Sector.”
It indicates that later, through Executive Decree No. 37803 of June 25, 2013, the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures was modified, and Article 9 bis was included, which adopts - to a large extent - the procedure that had already been established by the Technical Secretariat through Resolutions No. 2031-2009 and No. 123-2010. It points out that this article provided that telecommunications tower installation projects must submit a D2 environmental assessment document and comply with a series of requirements established therein, also regulating the specific procedure for this type of project. It states that this article indicates:
“Article 8-Add an article 9 bis to Executive Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC of May 24, 2004, and its reforms 'General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures,' which shall read as follows:
"Article 9 bis-Environmental Assessment Documents for telecommunications tower installation projects:
The Environmental Impact Assessment (EIA) Document for telecommunications tower installation projects shall be processed through form D2, with the submission of the information requested by said form. Likewise, it must be supplemented with the following additional information signed by the competent professional duly registered in the SETENA consultant database:
1. Project description.
2. Anthropic Risk Certification.
3. Geotechnical Study.
4. Rapid Archaeological Study.
5. Digital file in Shape File (*.shp) format, with its respective database and with the corresponding polygon of the location of the project area (AP); file in *.kml format, with the same attributes as the Shape File (project name, project type, cadastral plan number, and property number, province, canton, district, developer name, individual identification number or, where applicable, also the legal identification number, fax, or email for receiving notifications).
6. Digital file in Shape File (*.shp) format, with the corresponding point of location of the tower within the project area (AP); file in *.kml format, with the same attributes as the Shape File (project name, project type, cadastral plan number, and property number, province, canton, district, developer name, individual identification number or, where applicable, also the legal identification number, fax, or email for receiving notifications). The Shape Files must be prepared under the CRTM05 Cartographic Projection System. The digital georeferencing files must come individually for each tower.
7. Photographic record of the current conditions.
8. The results of the Communication Plan to the communities, whose minimum content is as follows:
- Objective (Must indicate what the project will consist of and what implications it has).
- Target group (communities must indicate what the AID is and justify it).
- Dissemination strategy or mechanism to be used in the communities located in the Direct Influence Area (AID) (include impacts) in order to inform about the project to be developed, which includes at least the following aspects:
- Dissemination period.
- Message to be transmitted (a description of the project must be provided, explaining the impacts it will generate).
- Schedule of activities to be carried out in the communication plan.
- Format for responding to communities on concerns related to the project's dissemination.
- Dissemination costs.
The D2 form for Telecommunications Towers must be signed by the developer and an Environmental Consultant duly registered in the SETENA consultant database, and authenticated by a lawyer, or both interested parties must appear before SETENA and sign personally before the official for authenticity purposes.
When it is determined that the project, in accordance with the hydrogeological and vulnerability maps approved by SENARA, is located in a vulnerable zone, SETENA may request a Hydrogeological study of the area of interest.
SETENA will analyze the documents submitted, and if all requirements are met, within a period of up to 15 business days, the environmental feasibility (license) will be granted. If there are observations or clarifications, SETENA will issue a single warning to the developer, in writing, for compliance, for which it will grant a maximum period of ten business days to complete the information; should they fail to remedy within the indicated period, the expediente will be archived. The indicated warning suspends the Administration's resolution period; once it has elapsed, the computation of the remaining period provided to resolve will continue.
On an exceptional basis, if during the course of the case study, SETENA needs the information for a requirement to be expanded or clarified, it will, by means of a technically justified resolution, request that said requirement be expanded or clarified before the 15 business days, and the administered party will have a maximum period of up to 10 days to respond.
The studies corresponding to points 3 and 4 of Article 9 bis must be prepared by professionals in the field. Should it be considered that the preparation of such studies is not necessary, a certification must be submitted in printed form issued by a professional qualified, according to their training, to issue a criterion in this regard, technically justifying the reasons why its presentation is not required.
In those cases where the project is intended to be carried out in an area classified as environmentally fragile according to Annex 3 of Decree 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, or in those where, based on justified technical criteria from SETENA, an Environmental Assessment by means of the D1 Environmental Impact Assessment Document will be required.”
It states that while it is true that this regulation refers only to "telecommunications towers," it is also true that Article 8 of Executive Decree No. 36159, before being reformed by the decree challenged in this action, provided that all telecommunications infrastructure had to undergo an environmental impact assessment, and therefore, subject to both regulations, it must be understood that the procedure set forth in Article 9 bis of Decree No. 31849 was applicable to all types of telecommunications infrastructure. It argues that in support of the foregoing, it must be taken into account that the Constitutional Chamber in Ruling No. 2012-013391 of 2:30 p.m. on September 25, 2012, https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-559982, considered that the Technical Secretariat's Resolutions No. 2031-2009 and No. 123-2010, whose content is very similar to that provided in Article 9 bis of Decree No. 31849, were not only applicable to telecommunications towers but also to poles, as it granted an amparo appeal (recurso de amparo) in which the corresponding municipality was accused of authorizing the installation of a telecommunications pole without the environmental assessment procedure established by those resolutions, and thus it considered that the actions taken violated the right to a healthy and ecologically balanced environment. It argues that the challenged Executive Decree No. 40075 reformed Article 8.1 of Decree No. 36159, eliminating the final phrase that provided: "The types of infrastructure subject to the environmental feasibility processing shall be those established in Article 3 of this decree." It points out that the recitals (considerandos) of that decree stated that said reform was necessary because the wording of Article 8 was confusing regarding the competent body to determine which activities, works, or projects must undergo an environmental impact assessment, and given the public interest of public telecommunications networks, it was necessary to limit the environmental feasibility procedure to those infrastructure modalities which, due to their physical and technical characteristics, meet the premise of Article 17 of the Organic Environmental Law, with the Technical Secretariat having the authority - through its various legal instruments - to define the general requirements and procedures by which environmental feasibility (license) will be determined for new activities, works, or projects that, by law or regulation, have been determined to be able to alter or destroy elements of the environment or generate waste, toxic, or hazardous materials, as well as the prevention, mitigation, and compensation measures that, depending on their impact on the environment, must be implemented by the developer. It indicates that it was also noted that the opening of the telecommunications market requires a greater response capacity to the heterogeneity of demands raised by the sector due to the existence of new actors in the market. It states that, subsequently, the Plenary Commission of the Technical Secretariat issued Agreement No. ACP-30-2017, challenged here, as a result of the modification made through Decree No. 40075, also questioned in this proceeding; an agreement in which it was considered that by having modified Article 8 of Decree No. 36159 and eliminating the phrase that indicated that all the infrastructure provided in Article 3 had to undergo an environmental impact assessment, the Technical Secretariat was given the opportunity to broadly exercise the provisions of Article 17 of the Organic Environmental Law, and therefore it was provided that "making a thorough reading of Article 3, Types of Telecommunication Infrastructure, D.E. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT, and analyzing it with the SETENA regulations regarding AOPs that must be subjected to an EIA process, it follows that the only type of infrastructure that must be subjected to analysis will be Telecommunications Towers." It adds that it was agreed to communicate to the public and to the officials of the Technical Secretariat that the type of telecommunications infrastructure that must be subjected to an environmental impact study (EIA) analysis before said Secretariat will be those classified as a "Telecommunications Tower," in accordance with the provisions set forth in Recital C) point 3 of that agreement, so that there is no confusion regarding the current wording of Article 8, item 1 of Decree No. 40075, in addition to the fact that the procedure for its assessment is regulated in Decree No. 37803.
3) Analysis of the unconstitutionality claims:
It states that it is the Attorney General's Office's opinion that Executive Decree No. 40075 did imply a modification regarding the types of telecommunications infrastructure that are subject to environmental impact assessment. It argues that with the text that Article 8 of Decree No. 36159 had before its reform, it was clear that all types of infrastructure indicated in Article 3 required environmental feasibility from the Technical Secretariat, but with the elimination of the final phrase of point 1 of that article, only the provisions of Article 9 bis of Executive Decree No. 31849 remain in force, which establishes the procedure to which telecommunications towers must be subject to obtain environmental feasibility, and by referring solely to towers, the other telecommunications works are excluded. It warns that the foregoing becomes even clearer with Agreement of the Plenary Commission No. ACP-30-2017, challenged here, since it expressly provided that of all telecommunications infrastructure, only towers must undergo the environmental impact assessment procedure. It adds that, as the Constitutional Chamber has indicated, it is possible for an executive decree to state that certain works and projects do not require prior environmental feasibility, but for that exclusion to be valid and consistent with Article 50 of the Constitution and the principles derived therefrom, this measure must have technical support that justifies it. It argues that, for the Attorney General's Office, the constitutionality of the challenged norms depends on confirming the existence of the technical basis that led the Executive Branch and the Plenary Commission to determine that the other telecommunications infrastructure, apart from towers, does not require obtaining prior environmental feasibility for its installation and operation. It states that from the text of the challenged norms, it is not possible to infer what technical criterion justifies them; therefore, if the reports on this action submitted by the other institutions that were granted a hearing do not prove the existence of this technical support, the Attorney General's Office considers that the action must be granted for violating the principles of progressiveness and non-regression, reasonableness, proportionality, and objectification of environmental protection, the preventive principle, and Article 50 of the Constitution. It points out that, furthermore, the challenged norms would be contrary to the provisions of Article 26 of the American Convention on Human Rights and other international instruments from which the jurisprudence of the Constitutional Chamber has distilled the principle of progressiveness and non-regression. It warns that if the indicated technical foundation does not exist, there would be no certainty that the installation of poles and the rest of the telecommunications infrastructure is not causing impacts on the landscape or damage to people's health, so the questioned regulations would also be contrary to the precautionary principle and eventually to Articles 21 and 89 of the Political Constitution. It points out that the plaintiff asks for it to be declared that the impact of telecommunications poles must not only be measured individually but as a whole, as a cumulative effect, and for it to be ordered that these effects must be regulated by the Technical Secretariat and studied with a minimum frequency of 3 months by zones. On this matter, it warns that, if this action is granted, the procedure through which the environmental impact of telecommunications poles and the rest of the telecommunications infrastructure would be evaluated is that provided in the general regulation on environmental impact assessment procedures of Executive Decree No. 31849, but that regulation is not being challenged in this action. It argues that the plaintiff does not detail the aspects by which they consider that the procedure established there is insufficient, nor the reasons why it would be contrary to the Political Constitution, further indicating that the type of procedure to be applied to telecommunications infrastructure is not under discussion. Consequently, the Attorney General's Office deems it inadmissible to accept the plaintiff's request to declare that the impact of telecommunications poles must not only be measured individually but as a whole as a cumulative effect, because this request by the petitioner is not related to the object of the unconstitutionality action and, therefore, it could not be considered a direct and necessary consequence that must be ordered if the action is granted. It adds that the Attorney General's Office cannot technically assess the environmental impact assessment procedure provided in Executive Decree No. 31849 to determine if it is correct or sufficient for the purposes claimed by the plaintiff. It recalls that the Constitutional Chamber has also indicated that it is not a technical body and that, therefore, it lacks jurisdiction to analyze the merits of technical and scientific criteria and to determine whether the technical requirements contained in a regulation are correct or not (see Ruling No. 2017-018360 of 10:40 a.m. on November 15, 2017, https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-748547); consequently, the Chamber would lack jurisdiction to determine what the necessary technical procedure would be to guarantee an adequate assessment of the landscape impact that the installation of telecommunications infrastructure might eventually generate. It argues that in the eventual case that, in application of Article 89 of the Constitutional Jurisdiction Law, it is deemed necessary to assess that aspect and the technical information in the case file allows verification that the current regulations do not allow for an adequate assessment of the landscape impact of telecommunications infrastructure, and therefore, the failure to include this type of provisions is considered unconstitutional, the Executive Branch could be ordered to remedy that omission through the corresponding regulatory modifications.
4) Conclusions:
a) The challenged Executive Decree No. 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT did imply a modification regarding the types of telecommunications infrastructure that are subject to environmental impact assessment, since under the current regulations, this prior procedure is only required for telecommunications towers.
b) The foregoing was reiterated in the Agreement of the Plenary Commission of the Technical Secretariat No.
ACP-30-2017 challenged in this action, which expressly provided that, of all telecommunications infrastructure, only towers must undergo the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) procedure.
c) while it is possible for an executive decree to indicate that certain works or projects do not require prior environmental feasibility (viabilidad ambiental) approval, it is also true that for such exclusion to be valid and consistent with Article 50 of the Constitution and the principles derived from it, the measure must be supported by technical justification; consequently, the constitutionality of the challenged norms depends on verifying the existence of the technical basis that led the Executive Branch and the Plenary Commission of the Technical Secretariat to determine that telecommunications infrastructure other than towers does not require prior environmental feasibility approval for its installation and operation.
d) from the text of the challenged norms it is not possible to infer what technical criterion justifies them; therefore, if the reports submitted in this action fail to demonstrate the existence of such technical basis, the action must be granted for violation of the principles of progressivity and non-regression, reasonableness and proportionality, and objectivization of environmental protection, the preventive principle, and Article 50 of the Political Constitution; furthermore, the challenged norms would be contrary to the provisions of Article 26 of the American Convention on Human Rights and other international instruments from which the Constitutional Chamber has distilled the principle of progressivity and non-regression.
e) if the indicated technical basis does not exist, there would be no certainty that the installation of poles and the rest of the telecommunications infrastructure is not causing impacts to the landscape or harm to people's health; therefore, at the same time, the questioned regulations would be contrary to the precautionary principle and potentially to Articles 21 and 89 of the Political Constitution.
f) it is inappropriate to grant the claimant's request to declare that the impact of telecommunications poles must be measured not only individually but also cumulatively as a block and that this must be regulated by the Technical Secretariat and studied with a minimum periodicity of 3 months by zones, since this request bears no relation to the object of the action, given that Executive Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, which establishes the procedure through which the environmental impact of telecommunications poles and the rest of the telecommunications infrastructure would be evaluated, is not being challenged, nor are the reasons detailed as to why it is considered contrary to the Political Constitution; thus, it is not a direct and necessary consequence that must be ordered in the event the action is granted.
g) in the event that the Constitutional Chamber, applying Article 89 of the Law of Constitutional Jurisdiction, considers it should assess that aspect and, with the technical information sent to the case file, confirms that current regulations do not adequately allow the assessment of the landscape impact of telecommunications infrastructure, and therefore deems it unconstitutional for not including such provisions, it could order the Executive Branch to remedy that omission through the pertinent regulatory modifications.
8.- Andrea Meza Murillo submits her report in her capacity as Minister of Environment and Energy, through a document filed with the Secretariat of the Constitutional Chamber on April 13, 2021, and states that the legal nature of the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA) is that of an administrative body of maximum deconcentration attached to the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía, MINAE), pursuant to Article 83 of the Organic Environmental Law No. 7554, whose fundamental purpose is to harmonize environmental impact with productive processes —according to Article 17 of said Law—, whose functions are set forth in section 84 following, and which was created as a specialized body in the technical area of environmental evaluation. She argues that, based on the maximum deconcentration in the matter held by that Technical Secretariat, her represented entity requested the respective report from it to provide a response to this Chamber; a report that was issued through official letter SETENA-SG-0401-2021, stating in relevant part:
“…therefore, the criterion presented differentiates between telecommunications poles and towers, acknowledging that, based on the Agreement of the Plenary Commission, what is submitted for evaluation are Telecommunications Towers. In this regard, the only thing historically evaluated at SETENA are Telecommunications Towers, initially regulated through resolutions No. 2031-2009-SETENA of August 26, 2010, and No. 123-2010-SETENA of January 20, 2010, and subsequently regulated in Article 9 bis of Executive Decree No. 31849-MINAE-SMOPT-MAG-MEIC, which was incorporated with the issuance of Executive Decree No. 37803-MINAE of June 25, 2013, published in La Gaceta No. 137 of: July 17, 2013.”
She states that said regulations are in force at the time of rendering this report. She requests that the request for the report required from her represented entity be deemed attended to.
9.- In response to the hearing granted, Victoria Hernández Mora appears in her capacity as Minister of Economy, Industry and Commerce, through a document filed with the Secretariat of the Chamber on April 13, 2021, and indicates that, according to the Organic Environmental Law No. 7554, the harmonization of environmental impact with productive processes is entrusted to the Ministry of Environment and Energy, through the National Environmental Technical Secretariat, as provided by Articles 83, 84, following, and concordant of the aforementioned regulatory body. She recalls that, as stated by the Constitutional Chamber, the State has an unavoidable, constitutional, and legal obligation to guarantee, defend, and preserve the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment and to give all persons the instruments to defend this fundamental right (see judgments No. 2011-000452 and No. 2011-002098).
Regarding the legal competencies of the ministry she represents:
She indicates that, through the stewardship of that ministry in regulatory improvement, it proceeded to sign Executive Decree No. 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT —challenged here— published in La Gaceta No. 35 of February 17, 2017, Scope 36, whose reason for being is evident from its recitals (considerandos), among which the following can be highlighted:
a) that pursuant to Article 74 of the Law of the Regulatory Authority of Public Services, the establishment, installation, expansion, renovation, and operation of public telecommunications networks or any of their elements are activities of public interest and, in that capacity, constitute a priority issue to promote the development of telecommunications in Costa Rica.
b) that Executive Decree No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT, called "Standard Norms and Competencies of Public Entities for the coordinated and expeditious approval required for the Installation or Expansion of Telecommunications Networks," did not create new administrative competencies or authorities but rather systematized the pre-existing ones of legal rank with the aim of guaranteeing the coordinated and expeditious handling of the processing required for the installation of telecommunications infrastructure.
c) that the current wording of Article 8 of the aforementioned executive decree may lead to an erroneous interpretation regarding which institution is competent to determine the activities, works, or projects subject to compliance with the environmental feasibility requirement.
d) that Article 17 of the Organic Environmental Law No. 7554 provides that human activities that alter or destroy elements of the environment or generate toxic or hazardous waste or materials shall require an environmental impact assessment by the National Environmental Technical Secretariat.
e) that the challenged decree provides for a partial amendment to Article 8, subsection 1) of Executive Decree No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT, called "Standard Norms and Competencies of Public Entities for the coordinated and expeditious approval required for the Installation or Expansion of Telecommunications Networks," having as additional conditions motivating its modification the following:
1. The opening of the telecommunications market implies a greater response capacity of the Vice Ministry to the heterogeneity of the demands raised by the sector due to the presence of new actors in the market, other than state entities.
2. that it is the National Environmental Technical Secretariat, as a body of maximum deconcentration of the Ministry of Environment and Energy, whose fundamental purpose is, among others, to harmonize the environmental impact of activities, works, or projects developed in the country.
3. it is the competence of the National Environmental Technical Secretariat, through its various legal instruments, to define the general requirements and procedures by which environmental feasibility (license) will be determined for new activities, works, or projects that by law or regulation have been determined to potentially alter or destroy elements of the environment or generate toxic or hazardous waste or materials; as well as the prevention, mitigation, and compensation measures that, depending on their impact on the environment, must be implemented by the developer.
f) that Article 17 of the Organic Environmental Law establishes that laws and regulations shall indicate which activities, works, or projects will require the environmental impact assessment, so that, in application of the principle of legality, it is only through a law in the strict sense or through an executive decree that the telecommunications infrastructure subject to environmental feasibility must necessarily be defined.
She adds that Article 2, subsection e) of the Organic Environmental Law No. 7554 establishes that damage to the environment is a crime of a social, economic, cultural, and ethical nature. She states that, in the definition of environmental damage itself, the Executive Branch weighed environmental principles, including:
a) Precautionary principle: when there is danger of serious and irreversible damage, the lack of absolute scientific certainty shall not be used as a reason to postpone the decision.
b) Preventive principle: effects are analyzed so that any activity must anticipate, prevent, and attack the causes that may affect or threaten the environment. Pursuant to the foregoing, the Office she represents considers that the regulatory reform does not undermine the precautionary, objectivization, reasonableness, and proportionality principles and considers that, far from it, the reform seeks the satisfaction of the public interest in the establishment, installation, expansion, renovation, and operation of public telecommunications networks in accordance with the principle of legality, as well as non-impact to the environment, without disregarding the role held by the Technical Secretariat in this matter. She notes that the original version of the decree in question provided, in its Article 8, subsection 1, that "...The types of infrastructure subject to the processing of environmental feasibility shall be those established in Article 3 of this decree," while Article three refers to concepts such as telecommunications that are not referring —in the strict sense— to infrastructure as such; therefore, the reform carried out allowed for greater precision in line with the principles governing regulatory improvement by properly referring to the corresponding articles of the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures —Executive Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC of May 24, 2004—; a regulation that contains the environmental evaluation procedures and specific rules on the evaluation of activities, works, or projects, according to their risk. She adds that this reform focused on simplifying a procedure that helps contribute to the country's efforts in the field of telecommunications and connectivity, once again reserving the environmental evaluation to what is established by Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC and the principles protected by the Organic Environmental Law No. 7554. She concludes by requesting the Chamber to dismiss this unconstitutionality action, considering that the challenged regulation is not contrary to the Political Constitution.
10.- Paola Vega Castillo reports in her capacity as Minister of Science, Technology and Telecommunications, through a document filed with the Secretariat of the Chamber on April 14, 2021, rejecting the claimant's argument that the objective of the challenged decree was to relax the legal framework to exclude the Technical Secretariat from all environmental assessments of telecommunications poles as well as other telecommunications infrastructure different from towers, without any reason and without studies justifying the deregulation in frank violation of the principles of non-regression, progressivity, precaution, and objectivization. She indicates that, on the contrary, as stated in its recitals, the intention was to confirm the legal competence of the National Environmental Technical Secretariat provided for by the Organic Environmental Law No. 7554, taking into account that the objective of Executive Decree No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT is to compile the attributions related to the installation required for the installation or expansion of telecommunications infrastructure established in the current legal framework. She states that, from the grounds of the cited decree, 3 relevant points emerge that support the position of the Telecommunications Stewardship Office according to which the issuance of the challenged executive decree does not aim to relax and exclude the environmental regulations of the National Environmental Technical Secretariat for telecommunications poles:
1) that Executive Decree No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT, called "Standard Norms and Competencies of Public Entities for the coordinated and expeditious approval required for the Installation or Expansion of Telecommunications Networks," does not seek to create or regulate the competencies of Public Administration bodies such as the National Environmental Technical Secretariat, but rather aims to "(...) identify and group each of the competencies of the public entities of the Telecommunications Sector involved in the procedures and requirements so that the processing required for the installation of infrastructure, as well as the expansion of telecommunications networks and their corresponding structure, is handled in a coordinated and expeditious manner (...)" (see Article 2).
2) that the cited Executive Decree No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT does not have the character of being a technical norm in environmental matters and, therefore, neither does it constitute a normative source that regulates an activity, work, or project subject to the environmental impact assessment procedure; on the contrary, such nature is held by the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures contained in Executive Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC.
3) from the recitals of Executive Decree No. 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT challenged here, it is clear that its purpose was to avoid erroneous interpretations regarding which State institution has the competence to determine the activities, works, or projects that are subject to compliance with the requirement for granting environmental feasibility, this because the Organic Environmental Law No. 7554 establishes that the Technical Secretariat is the Body responsible for carrying out and evaluating the significance of the environmental impact of human activities and, therefore, is the authority that would have the competence to carry out the necessary technical studies in order to determine what type of telecommunications support infrastructure requires being subject to environmental feasibility.
She indicates that, for this reason, she rejects the claimant's criterion that the modification made to Executive Decree No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT produced a relaxation of the environmental legal framework and deregulated the installation of telecommunications poles, because the modification made by the Executive Branch through Executive Decree No. 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT challenged here seeks to confirm the legal and regulatory competence of the Technical Secretariat as a specialized technical body for determining the significance of the environmental impact of activities, works, or projects, and its attribution to evaluate the different methods for assessing the environmental impact derived from the installation, expansion, renovation, and operation of public telecommunications networks or any of their elements, as well as the need for granting environmental feasibility in those cases that so require. She considers that the claimant is confusing the nature, scope, and object of Executive Decree No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT and Executive Decree No. 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT, since neither of the two regulations has the nature of being technical norms that regulate the competencies of the Technical Secretariat, as the claimant tries to make it seem; rather, their intention has been to compile the current legal regulations and, in this way, make it easier for interested parties to know which are the competent entities and the processes that must be fulfilled for the installation or expansion of telecommunications infrastructure; consequently, she rejects the alleged violation of the principles of non-regression, objectivization of environmental protection, precaution, and progressivity, as well as the right to a healthy and ecologically balanced environment, and Articles 7, 21, 50, and 89 of the Political Constitution by Executive Decree No. 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT, called "Reform of Standard Norms and Competencies of Public Entities for the coordinated and expeditious approval required for the Installation or Expansion of Telecommunications Networks" published in Scope No. 36 to the Official Journal La Gaceta No. 35 of February 17, 2017, by which subsection 1) of Article 8 of Executive Decree No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT called "Standard Norms and Competencies of Public Entities for the coordinated and expeditious approval required for the Installation or Expansion of Telecommunications Networks," issued on May 10, 2010, and its reforms, published in the Official Journal La Gaceta No. 175 of September 8, 2010, was modified, since the modification made did not imply any violation of the constitutional principles and rights alleged by the claimant. She adds that it is inaccurate to assert, as the claimant does, that there is a direct relationship between the modification of Article 8, subsection 1) of Executive Decree No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT, the issuance of Agreement No. ACP-30-2017 adopted in ordinary session No. 033-2017-SETENA held on March 24, 2017, by the Plenary Commission of the Technical Secretariat, and the violation of the principles of non-regression, objectivization, precaution, and progressivity, the right to a healthy and ecologically balanced environment, as well as the provisions of Articles 7, 21, 50, and 89 of the Political Constitution. She reiterates that the modification of Article 8, subsection 1) of Executive Decree No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT cited was aimed at correcting a drafting error that generated an interpretation contrary to the legal framework, particularly sections 11 of the Political Constitution as well as 11 and 16, subsection 1) of the General Law of Public Administration, in the sense that it could lead to confusion that, through the cited norm, there was an attempt to regulate, without having a technical environmental opinion from the competent body —Technical Secretariat— on which activities, works, and projects in the field of telecommunications required undergoing the environmental impact assessment procedure; or even worse, that it could be interpreted that said section created or restricted the competencies legally conferred upon the Technical Secretariat. She states that Article 84 of the Organic Environmental Law establishes a series of functions for the National Environmental Technical Secretariat that frame its legal power to carry out the required technical studies and determine which activities, works, or projects, according to their impact on the environment —environmental significance—, must be subjected to the environmental impact assessment procedure, since not every activity, work, or project must be subjected to the environmental impact assessment procedure, but only those that, due to the characteristics and degree of significance of environmental impact, require it, in consideration of the principle of objectivization in environmental matters, which postulates that the decisions adopted must be based on the necessary accreditation of technical studies, both in relation to administrative acts and general provisions, in order to ensure a balance between the safeguarding of environmental elements and their rational use, against the right of inhabitants to have sustainable economic development —pursuant to Article 2, subsection c) of the Organic Environmental Law—. She adds that it is also not accurate to link the modification of subsection 1), Article 8 of Executive Decree No. 36159 MINAET-S-MEIC-MOPT with the issuance of Agreement No. ACP-30-2017 challenged here and, in that sense, she points out that, while it is true that by having adjusted the wording of the cited subsection, the competence of the Technical Secretariat to exercise its competence was reiterated, it is also true that the decision of the Technical Secretariat to establish that telecommunications towers must comply with said procedure —excluding other types of infrastructure or activities—, is not unconstitutional per se, nor is it a violation of the principles of environmental regression, precaution, and objectivization in environmental matters, as the claimant alludes. She argues that the power of the Technical Secretariat to identify which activities, works, or projects must comply with the environmental impact assessment procedure is granted by law but has also been recognized by the Constitutional Chamber. She points out that, as part of said legal attribution of the National Environmental Technical Secretariat, there is the possibility of setting parameters that adjust to the national reality, focusing its scarce resources and intervening only in those activities, works, or projects that are relevant from an environmental perspective. She adds that, based on the claimant's arguments, it would seem to follow that any type of construction work, being linked to telecommunications services, must be subject to the environmental impact assessment, which is not accurate since it depends on whether this work, activity, or project has a degree of significance on the environment that requires it. She analyzes that the fact that the Technical Secretariat, in the exercise of its legally attributed functions, approved Agreement No. ACP-30-2017 challenged here and that only telecommunications towers must be subject to said procedure, does not imply a violation of the principles of environmental regression, precaution, and environmental objectivization, but quite the opposite; it is grounded in the exercise of legal powers, according to Articles 11 of the Political Constitution, and Articles 11 and 59 and following of the General Law of Public Administration, which grant the possibility for the Technical Secretariat to define, under technical criteria, science, and logic, which are those activities, works, or projects that are subject to the environmental impact assessment; a criterion confirmed by the Constitutional Chamber in judgment No. 2017-005994 of 11:00 a.m. on April 26, 2017, https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-711352. She clarifies that the agreement challenged here reiterates what was defined by the Technical Secretariat in 2013 when, in exercise of that power and after carrying out technical studies conducted at that time, Article 9 bis of Executive Decree No. 31849, modified by Executive Decree No. 37803, provided that the telecommunications infrastructure subject to environmental impact assessment were telecommunications towers and not all activities, works, or projects within that sector; that is, the challenged agreement does not constitute a new act, with its own effects, but is a reiteration of what was already defined by the Technical Secretariat in 2013, which she considers is an aspect confused by the claimant in his arguments. She indicates that this confusion regarding the nature of the challenged agreement and the scope of the modification of Executive Decree No. 36159-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT leads the claimant to argue that, in the instant case, there is a violation of the principles of environmental regression, precaution, and objectivization in environmental matters when, in reality, what exists is the exercise of a legal competence of the Technical Secretariat that, under technical criteria carried out in 2013, determined that the construction of telecommunications towers must adhere to the environmental impact assessment procedure. She adds that, for the foregoing reason, in the opinion of that Telecommunications Stewardship Office she represents, the substance of the claimant's argument lies in his disagreement with the technical criteria established by the Technical Secretariat to identify that, of the activities, works, and projects in telecommunications, what is subject to the environmental impact assessment, due to its significance of impact on the environment, are telecommunications towers, which is a matter of legality that must be discussed and analyzed by the ordinary courts and not through the unconstitutionality action. She adds that, in this way, there is no connection "per se" between the modification of subsection 1) of Article 8 of Executive Decree No. 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT and Agreement No. ACP-30-2017 adopted in session No. 033-2017-SETENA held on March 24, 2017, by the Plenary Commission, as the claimant makes it seem, which is the link that, for the claimant, grounds the alleged unconstitutionality of Executive Decree No. 40075, in that the modification is aimed at confirming the legal competencies of the Technical Secretariat; therefore, even if Executive Decree No. 36159-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT did not exist, said National Environmental Technical Secretariat maintains its competence to determine the activities, works, or projects that require the environmental impact assessment, after prior determination of their degree of environmental significance, and which was exercised since 2013 with the inclusion of Article 9 bis in Executive Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC.
Allegation that poles are actually towers because both support telecommunications equipment:
She rejects this argument because, in her view, said statement lacks any technical and/or legal support and, rather, is contrary to what is established in various norms of the national legal system. She points out that the claimant intends to equate the structure of a telecommunications tower with that of a pole based on the function it performs, which would be equivalent to considering that the structure of a fifteen-story building (approximately 65 meters high), that of a billboard, or that of a pole 24 meters high or less are the same, just because they can be structures supporting radiating telecommunications equipment. She indicates that the foregoing is relevant because, for that Telecommunications Stewardship Office she represents, the substance of the claimant's disagreement is based on the equation of a pole and a tower because both infrastructures are arranged to support radiating telecommunications equipment, leaving out that, usually, to deploy a telecommunications network, not only those two types of support structures are used, but also buildings, billboards, residential houses, or any other building that has been defined as technically suitable for the placement of radiating elements. She clarifies that both telecommunications towers and poles can be configured as support structures for the active equipment required for the operation of telecommunications networks, but they are structurally different, fulfill different specific functions in the design of a telecommunications network, and, therefore, are regulated differently, according to the structural characteristics and particularities they possess; that is, from a civil and construction perspective, they are different and, in fact, may impact the environment differently.
It considers that the plaintiff incurs in a basic technical error when equating a telecommunications supporting structure such as a tower or a pole with an antenna and, in that sense, it must be remembered that the antenna is the active radiating element that carries out the transmission of the electromagnetic waves that make it possible to establish the communication channel; meanwhile, towers or poles are the elements that support the antennas in a telecommunications system to give them the necessary height and orientation so that the service can be provided effectively and efficiently. It argues that there are some cases where the metallic structure of a tower itself constitutes the radiating element, as in hectometric and/or decametric wave systems—such as in the case of FM radio broadcasting or shortwave transmissions—but it is clear that the focus of this action refers to telecommunications services available to the public through mobile networks to provide wireless internet connectivity, so it is important to make this clarification. It adds that, according to the plaintiff, the telecommunications service pole is different from the pole that supports electrical networks and, therefore, only telecommunications poles, but not electrical poles, should be subject to the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental); however, this assertion is inaccurate and generalized for several reasons: a) the first is that it overlooks that electrical poles in Costa Rica are usually also used to support telecommunications service equipment or cables, such as subscription television, fiber optics, coaxial cable, among others, so following the plaintiff's argument, most electrical poles in the country would also be telecommunications poles by function; b) the second is that the submission to an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) does not arise from the type of services they support, be it electricity, water, telecommunications, or subscription television, but rather from the degree of impact generated on the environment and the determination of the environmental significance of the activity, work, or project in question. If the challenger's reasoning were followed—that because of the function of certain infrastructures, they must undergo the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental)—it would amount to saying that electrical distribution poles and high-voltage electrical towers are the same—because they share the general function of supporting electrical networks—and, therefore, must be subject to the same regulations, which is entirely inaccurate. It also points out that it is necessary to keep in mind that the use of poles or towers in different types of buildings is not based merely on a matter of companies' economic costs, but on technical aspects inherent to the design of telecommunications networks, so it is inaccurate to claim that the decision to incorporate a pole within a network design is due to an economic factor, as the plaintiff alleges. It indicates that for the deployment of telecommunications networks, the installation of infrastructure in a specific area known as a site is necessary, which is part of the systems that provide coverage for the provision of telecommunications services, and these sites consist of physical spaces in which various network elements are installed, among them, active infrastructure, which processes signals such as antennas, carriers, aggregators, as well as passive infrastructure such as towers, poles, or masts on which the antennas that emit and receive signals are placed. It adds that the characteristics of the elements to be installed at the site depend on various factors such as the technology, the frequency to be used—it affects the propagation of electromagnetic waves—the coverage area required, the type of service to be provided, the quality of service to be met, the number of users expected to be served, and the technical design of the network, which determine the characteristics of the antennas to be installed. It warns that the design of the telecommunications network is the task of the concessionaire or provider of the telecommunications service, as recognized by the Contentious-Administrative and Civil Court of the Treasury, Sixth Section of the Second Judicial Circuit of San José under case file No. 14-005558-1027-CA, when analyzing the issuance of the "Reglamento para el otorgamiento de Licencias municipales en materia de telecomunicaciones," which stated in the relevant part:
"(…) it is not the responsibility of Municipalities to regulate the design of public networks, as it is the task of the authorized operators and telecommunications providers, based on the technical requirements established by the Superintendencia de Telecomunicaciones. (...) This means then, that according to that regulation, public networks must be designed by each operator, contemplating aspects such as the geographic conditions of the terrain and the number of users, as well as in accordance with the technical, legal, and economic conditions that allow their interoperability. It even subjects the design to the fundamental technical plans for numbering, signaling, transmission, synchronization, and interconnection. (...)".
It argues that it is also inaccurate to claim that telecommunications poles are excluded from any type of regulation or payment of fees at the national level, since although they do not require the plan approval (visado de planos) of the Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos and the Environmental Assessment of the Secretaría Técnica because there is no construction but rather the placement of an already-built element, it is also true that they are subject to municipal permits, as well as compliance with requirements for the installation of an electrical meter and the alignments of the Ministerio de Obras Públicas y Transportes, and likewise, they must pay the fee (canon) for the use of public domain assets established by the Dirección General de Tributación through the "Procedimiento para la Fijación del Canon del Arrendamiento por la Construcción y Operación de Redes Públicas de Telecomunicaciones y del Canon por el Uso de Bienes de Dominio Público para la Instalación de la Infraestructura de Telecomunicaciones", published in Alcance No. 339 of La Gaceta No. 300 of December 24, 2020, this in accordance with Article 79 of the Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos No. 7593. It states that, technically, the infrastructure of a tower or a pole is not the same and it is not feasible to equate them from their structural and technical perspective, which does not preclude the Secretaría Técnica, in the exercise of its legally attributed powers, from determining that telecommunications towers must be subject to its environmental verification because their environmental impact significance warrants it; an identification that is not based solely on the function or on the type of services they support, but by virtue of weighing the effects of the construction activity that the installation of towers entails on the environment, as regulated in numeral 37 of the Reglamento del Proceso General de Evaluación de Impacto Ambiental and its amendments. It considers that the plaintiff's disagreement is not limited to a matter of constitutional analysis of the regulation, but on the contrary, is focused on the technical analyses that led the Secretaría Técnica to determine, within the types of telecommunications activities, works, or projects, that only towers would be the ones requiring the environmental impact assessment (evaluación del impacto ambiental), which is an aspect that, by its nature, must be submitted to the ordinary courts.
Regarding the claim that deregulation regarding poles violates the obligation of non-regression:
It rejects that executive decree No. 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT has produced a deregulation in the installation of telecommunications poles that violates the principle of non-regression in environmental matters and considers that based on Article 2 of executive decree No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT, the plaintiff confuses the concepts of coordination and simplification with the elimination of national regulations to which any infrastructure deployment activity must be subject, and in that sense, it clarifies that its represented party—at no time—has promoted deregulation or non-compliance with national regulations because that would weaken the institutional framework of that same ministry. It argues that, on the contrary, within the exercise of the Rectoría de Telecomunicaciones, its represented party has promoted coordination and interrelation with different administrative bodies, including municipalities, in order to standardize and promote regulations adjusted to science and technique and that are optimal to fulfill the sectoral objectives and principles in telecommunications contemplated in numerals 2 and 3 of the Ley, Ley General de Telecomunicaciones No. 8642. It recalls that according to Considering clauses V and VI of executive decree No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT, the intention of compiling institutional attributions regarding the installation and expansion of telecommunications infrastructure through the cited regulation is to promote inter-institutional coordination, not to weaken or deregulate the national procedures and requirements in this matter. It states that in the face of evidence of dispersion and weaknesses in the approval process for infrastructure installation procedures and even gaps in the current legal system on the matter, but with the aim of strengthening the coordinated institutional framework of the entities involved in the process, the cited executive decree No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT was issued. It considers that it is not accurate for the plaintiff to conclude, based on the phrase "aprobación coordinada y expedita" from Article 2 of decree No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT in relation to Considering clause VI of decree No. 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT challenged here, that the final intention of the Poder Ejecutivo in amending executive decree No. 36159 was to make the State more flexible and weaker, as well as environmental regulations, to favor foreign companies. It states that it is evident that the opening of the telecommunications sector to private sector investment implied a series of challenges, not only for existing telecommunications providers and operators in the market, but also for the State, since it had to strengthen its coordination and management mechanisms in order to establish an enabling framework that would promote that the benefits of telecommunications technologies be enjoyed by all users; however, these challenges, which translate into strengthening institutional instruments to have a greater response capacity, are not synonymous with the elimination or flexibilization of regulations, and it must be taken into account that inter-institutional coordination, as well as the search for efficiency and effectiveness in the provision of public interest, are inherent to the Public Administration, and indeed, are its foundation. It reiterates that the modification made through the challenged executive decree was not for the purpose of eliminating a requirement or a procedure that natural or legal persons must comply with, but was made with a view to adjusting the wording of subsection 1) of Article 8 of executive decree No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT to confirm the legal attributions of the Secretaría Técnica to identify and define which activities, works, or projects are subject to the environmental impact assessment procedure (procedimiento de evaluación de impacto ambiental). It insists that the agreement No. ACP-30-2017 adopted in session No. 033-2017-SETENA held on March 24, 2017, by the Comisión Plenaria of the Secretaría Técnica challenged here, reiterated what was regulated in Article 9 bis of executive decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, which is the "Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)", and which was added by Article 8 of executive decree No. 37803-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC called "Adición y modificación al Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), Decreto Ejecutivo No 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC del 24 de mayo de 2004 y sus Reformas" of June 25, 2013, which, based on the technical studies carried out at the time by the Secretaría Técnica, defined that, of the telecommunications activities, works, and projects, telecommunications towers would be subject to the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental); consequently, the agreement challenged in this proceeding did not constitute a new act but rather a confirmation and reiteration of the technical regulation previously issued by the Secretaría. It adds that, parallel to the above, it should be noted that the incorporation of Article 9 bis into the aforementioned executive decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC was carried out on June 25, 2013, and the modification of executive decree No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT made by executive decree No. 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT challenged here, in which the phrase "Los tipos de infraestructura sometidos a la tramitación de la viabilidad ambiental serán los establecidos en el artículo 3 del presente decreto"—the object of the alleged deregulation invoked by the plaintiff—was eliminated, was carried out on July 15, 2016, which means that, for the purposes of this analysis, the framework regulation—executive decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC "Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)"—regulated, since before the modification of Article 8 of the challenged executive decree, the need for the environmental feasibility (viabilidad ambiental) requirement (license) from the Secretaría Técnica for the construction and installation of telecommunications towers, excluding other types of telecommunications infrastructure, among them, poles. It states that, therefore, an alleged violation of the principle of environmental non-regression cannot be argued because there never was a regression, nor a violation of the principle of environmental objectification since, as stated, the technical studies of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental that supported the inclusion of numeral 9 bis in the framework and specialized technical regulation on environmental matters are precisely the basis for agreement No. ACP-30-2017 challenged in this action of unconstitutionality. It reiterates that it is not accurate to structurally equate poles with telecommunications towers, nor is it feasible to determine that solely because of the general function an activity, work, or project fulfills, it must be subject to the environmental impact assessment procedure (procedimiento de evaluación de impacto ambiental), since, in fact, any activity, even breathing, impacts the environment in one way or another. It recalls that, as established in the Ley Orgánica del Ambiente and the Reglamento del Proceso General de Evaluación de Impacto Ambiental, a core part of determining whether a work, project, or activity must be subject to such a requirement is whether it has some degree of effect or environmental impact significance that warrants the intervention of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental.
Regarding the allegation of exemption from environmental assessments without technical or scientific justification and damages from visual pollution:
It indicates that the plaintiff mentions that Article 387 of the Reglamento de Construcciones of the Instituto Costarricense de Vivienda y Urbanismo makes no distinction between poles and towers as it includes both categories; however, it states that this is not true because said regulation has both types of infrastructure clearly identified and, in that sense, it points out that said regulation includes the definitions of what corresponds to poles and towers in Article 3, establishing:
"(…)
135) Telecommunications poles: A long frustoconical element, attached to the ground, placed vertically to serve as support for antennas or other telecommunications elements, which may be located on public domain land.
(…)
175) Telecommunications tower: A vertical supporting structure that serves to satisfy the installation requirements of antennas and support cabling for other equipment required for the operation of public telecommunications networks. The support for antennas or telecommunications equipment may be of the guyed, self-supporting, and monopole type".
It adds that Article 386 of that regulation identifies that both infrastructures are of a supporting nature (general function) since they share this characteristic, but the fact that they are this type of infrastructure does not make them identical as the plaintiff states, and it should even be seen that the same regulatory rule regulates conditions separately, depending on whether it is a telecommunications tower or pole (see Articles 394 and 397 of that regulation). It indicates that the regulation conceptualizes both infrastructures, distinguishing them from each other, establishing regulations for each that must be considered, therefore the plaintiff is not correct in stating that said construction regulation establishes that both infrastructures are identical or similar. It adds that decree No. 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT challenged here did not produce a relaxation of environmental regulations leading to a decrease in the protection of environmental public interest or any violation of the principles of non-regression, objectification of environmental protection, precautionary, and progressiveness, nor of the rights established in the Constitución Política. On the contrary, it reiterates that this decree aims to confirm the legal and regulatory competence of the Secretaría Técnica as a specialized technical body to identify the activities, works, or projects that, due to their significance of environmental impact, must undergo the environmental impact assessment (evaluación del impacto ambiental), in compliance with the provisions of Article 17 of the Ley Orgánica del Ambiente and according to the postulates of Article 50 of the Constitution. It adds that, contrary to what the plaintiff indicated, by eliminating the phrase that generated confusion, the questioned executive decree reiterated what was already established at the legal level, hence the modification made did not worsen any condition since there is a regulation that contemplates how to proceed when dealing with one type of infrastructure or another, without all having to be treated the same way, since both poles and telecommunications towers are infrastructures with different functional and structural conditions, therefore, trying to equate them without adequate technical justification can indeed imply the disproportionate and irrational application of the regulations, with its represented party also considering that the object of what is challenged must be elucidated through ordinary channels. It points out that, although the Poder Ejecutivo may, via regulation, determine with the basis of precise technical studies that a given activity or project does not require environmental impact studies (estudios de impacto ambiental), it is also true that this presupposes that such a definition is duly reasoned and justified, so that if the determination is made without such studies, it would be disproportionate and irrational. It indicates that for the case of telecommunications activities, works, or projects, the Secretaría Técnica has carried out the corresponding analyses and, based on these studies, it was deemed necessary to include Article 9 bis in executive decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC where it identified that telecommunications towers must be subject to environmental regulation, which demonstrates that the regulations currently in force on the matter have been issued by the Secretaría Técnica progressively and in accordance with the reality of the situations under study, so the plaintiff is incorrect in stating that there are no regulations in this regard. It considers that what is not legally sound from a technical perspective is to claim that any type of infrastructure, due to its general function, must be regulated in the same way without considering its structural particularities and their impact on the environment, as the complainant intends, since poles and telecommunications towers are different types of infrastructure and, by virtue of their distinct nature, must be regulated differently. It categorically rejects the plaintiff's argument that the modification made had the purpose of benefiting transnational companies since it does not establish an exception regime for them, nor does it have the purpose or scope of regulating the substantive matter of the powers of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental. It argues that the statement made by the plaintiff indicating that "se eliminó totalmente la injerencia que la SETENA tenía con todo tipo de infraestructura de telecomunicaciones" is also rejected, given that the challenged executive decree did not have the purpose of suppressing or eliminating the legal competence that the Secretaría Técnica has been granted by the Ley Orgánica del Ambiente—which would violate the principle of legality—but rather its purpose is to confirm the competence of said body to define which activities, works, or projects are subject to the environmental assessment procedure (procedimiento de evaluación ambiental) and, in this particular matter, it has already been defined that only telecommunications towers are the type of infrastructure that, due to their impact, will be subject to the environmental feasibility (viabilidad ambiental) process before the Secretaría Técnica.
Regarding the merits of the action:
It states that the Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2009-2014 "Costa Rica: un país en la senda digital", in force at the time of the issuance of decree No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT, is the instrument that sets out the public policies, objectives, strategic actions, and goals that guide the development of telecommunications, which is a competence granted by Articles 39 and 40 of the Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones No. 8660, as well as the Ley General de Telecomunicaciones No. 8642. It indicates that the Poder Ejecutivo, when establishing the Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2009-2014 (PNDT) "Costa Rica: un país en la senda digital", defined in its vision "to make telecommunications a driving force that enhances human development based on the information society with an inclusive, universal, supportive, sustainable, and competitive vision" and established the main lines of public policies, objectives, strategic actions, and goals that would guide the development of telecommunications in Costa Rica as a strategic element to promote and boost the information and knowledge society in Costa Rica. It adds that said plan also took into account national environmental policies and plans for the protection of the environment and natural resources, as well as the principles contained in national and international regulations regarding these issues. It adds that, additionally, that national plan included a series of lines of action or axes aimed at ensuring that the potential of knowledge and information and communication technologies would contribute to the country's development, promoting the use of information and knowledge for the achievement of development objectives at the country level and to face the new challenges posed by the information society, including in its telecommunications axis the importance of making an investment effort for the development of telecommunications infrastructure in the country in order to have more and better services in that area for all sectors of the population, but also to create the conditions for effective competition in the telecommunications market that ensures that end users have their needs and demands met in terms of service coverage and quality. It argues that, in order to ensure the expeditious handling of procedures for the effective operation of service providers in the telecommunications market and so that these become a fundamental engine of national economic development, the Poder Ejecutivo proceeded to issue executive decree No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT in response to the diagnosis made regarding the procedures to be carried out by telecommunications service operators and providers for the installation of telecommunications infrastructure, in which situations such as legal and regulatory dispersion, legal gaps related to the installation of telecommunications infrastructure, as well as the large number of existing procedures and the scarce organization and coordination among the institutions responsible for managing and approving them were found. It points out that the origin of that decree was to identify and group competencies for procedural purposes with the aim of providing greater clarity to the responsible institutions and users of the procedures related to the telecommunications sector, without creating new requirements or additional regulatory competencies for the involved institutions distinct from those previously established. It reiterates that the Poder Ejecutivo established in executive decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC the parameters that the Secretaría Técnica must assess to categorize activities, works, and projects that, due to their very low environmental impact, are not subject to the environmental impact assessment procedure (procedimiento de evaluación de impacto ambiental) and, therefore, are exempt from the granting of environmental feasibility (viabilidad ambiental); however, it clarifies that the same regulation provides that said activities, works, and projects will be subject to environmental controls exercised by the Municipalities, as well as other agencies of the Poder Ejecutivo and the Decentralized Administration, according to their legal and regulatory powers, so even when they are considered activities with such a low environmental impact, this does not exempt them from complying with the environmental regulation and control exercised by other State institutions, as would be the case for telecommunications poles. It indicates that for this reason it rejects that the modification made in the challenged decree produced the elimination of any type of environmental assessment for the installation of telecommunications poles, given that said activity is subject to environmental assessments and controls, including environmental mitigation for visual impact, at the municipal level, in addition to those exercised by the various entities and bodies of the Public Administration according to their competencies. It considers that the violation of the fundamental principles and rights invoked by the plaintiff is non-existent, as, moreover, there is no evidence in the filed action that any harm or threat to the environment or to the invoked principles has occurred due to the modification made by the challenged decree. It recalls that the importance of telecommunications infrastructure lies in allowing the installation and providing support to the active elements of telecommunications networks, which are clearly defined by the Ley General de Telecomunicaciones No. 8642, and which it defines as transmission systems and other resources that allow the transmission of signals between defined termination points by means of cables, hertzian waves, optical media, or other radioelectric media, including satellite networks, fixed terrestrial networks (circuit-switched or packet-switched, including internet) and mobile networks, power line systems, used for signal transmission, networks used for sound and television broadcasting, and cable television networks, regardless of the type of information transported. It adds that the support and installation of these networks are achieved when several of these structures complement each other, achieving the necessary functionality to provide the required service coverage; which is why one structure does not substitute for the other, but rather they are two elements that are complementary and different, which, due to their own technical characteristics, could not be regulated in the same way. It recalls that the choice of the type of infrastructure to use (pole, tower, or others) depends on the operating frequency of the antennas, the radiation power, the desired coverage area, the density of users in the geographic area to be served, the orographic and climatic conditions of the area, among others.
It states that technical studies have demonstrated how the coverage of a wireless mobile network signal changes when any of the parameters, for example height, is modified; hence, the utility of a supporting structure that is of lesser height but can be deployed in greater quantity and density, such as a pole, fulfills a different mobile network design objective than that of a taller supporting structure, such as a tower. Therefore, towers are focused on achieving greater coverage in areas with less data demand due to lower user density, while poles are focused on providing smaller coverage areas but with much higher data demand and user density. This, in turn, can be influenced in the design of a mobile network by the frequency used, since higher frequencies can provide more bandwidth to users but have less propagation. Based on the foregoing, it indicates that there are sites where technical design criteria will require a tower and sites where technical design criteria will require one or more poles, but this is determined based on a technical design of a network that has a purpose for the area to be served, and for which it must also be considered that it is a dynamic network (since the communication needs of the area may change over time); therefore, towers and poles are technically supporting structures that, although it is true they have a similar general function (supporting the active elements of telecommunications networks), fulfill very different specific technical functions, which makes them complementary solutions and not "one-to-one" substitutes from a telecommunications engineering perspective. Thus, the petitioner is incorrect in stating that the determination to install poles instead of telecommunications towers is based on an economic factor, given that in reality, it is the technical analyses carried out by the telecommunications operator or service provider that determine this. Specifically regarding towers, it states that they are built and installed with minimum heights of 30 meters, with the purpose of having at least 3 mounting positions (emplazamientos) for placing antennas in order to provide the telecommunications services available to the public. It points out that these three mounting positions mean that a tower must be able to support at least three sets of antennas, one for each of three possible different networks, whether these networks belong to different operators or to the same operator but for networks of different technologies (for example, a 2G network, another 3G network, and another 4G or LTE network). Due to the load these towers must support (considering they typically house macro cells with capacity for at least three radiating systems) as well as their characteristics of height and others such as wind resistance, seismicity, etc., they require significant foundations or anchoring structures, which are part of the civil engineering design of each one, in addition to being built with buffer strips (franjas de amortiguamiento) around the tower to provide safety for its maintenance personnel. It indicates that there are three types of towers: monopole from 100 to 200 feet in height; self-supporting from 100 to 400 feet in height; and guyed (arriostrada) from 100 to 2150 feet in height. It adds that the provisions established in the document "Recommendations and Good Practices for the Design, Construction, and Shared Use of Telecommunications Towers" prepared by the Superintendencia de Telecomunicaciones must be observed, which must be complemented by the environmental feasibility or license (viabilidad o licencia ambiental) granted by the Secretaría Técnica according to Article 9 bis of Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC already mentioned, which is an indispensable requirement for the installation of telecommunications towers in the country. It adds that for this process, the presentation of the Documento de Evaluación Ambiental -D2 (Registro Ambiental) is necessary, through which those activities, works, or projects categorized as having low Potential Environmental Impact (IAP) are processed, meaning category C within the "General categorization of activities, works, or projects," as well as the presentation of the complementary requirements cited in Article 9 bis cited. In another vein, it points out that, due to their construction characteristics, poles have maximum heights of 24 meters to house 2 antenna mounting positions and are installed in public domain spaces such as public parks and sidewalks, among others. It argues that due to the load they must support (considering they typically house small cells - micro cells or pico cells -), as well as their characteristics of lesser height, they require significantly smaller foundations than in the case of towers. It argues that the petitioner believes the country is reaching an abusive freedom to build poles on every public site without allowing the weighing of the impact and accumulated visual damage on the rural or urban landscape from this infrastructure that supplies the function previously held by telecommunications towers; however, against the petitioner's position, it affirms that in reality, they are not installed without reason, but rather are part of a telecommunications network that, as a whole, is used to provide services to end users in consideration of the public interest that this activity entails. It points out that the legal system incorporates measures that prioritize the shared use of pole infrastructure, before contemplating the installation of new infrastructure, and proof of this is the "Reglamento sobre el uso Compartido de Infraestructura para Redes de Telecomunicaciones" that was drafted by the Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) and approved by the Junta Directiva of the Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, which in its Article 33 provides, as relevant:
"Article 33. On the use of existing poles
Prior to installing new poles to support public telecommunications networks, the shared use of existing electrical grid poles or other existing public structures must be considered as the first option (...)".
Based on that provision, it considers it is clear that sharing infrastructure causes a lesser impact on the urban landscape in congruence with the principle of environmental balance, by requiring less new infrastructure for operators. It argues that poles correspond to scarce resources according to the definition contemplated in Article 6, subsection 18) of the Ley General de Telecomunicaciones, and their location - whether on a public or private, urban or rural site - obeys technical criteria such as the frequencies used, data demand and user density in the geographic area to be served, the desired coverage, or the height of the antennas, and are used by operators and telecommunications service providers to comply with the quality-of-service parameters established by various authorities, as well as the obligations established in the Plan de Desarrollo de la Red for operators of public telecommunications networks that have this contractual obligation resulting from a concession granted by the Poder Ejecutivo. It states that, contrary to what was indicated by the petitioner, being a work with electrical elements requires its registration before the Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), so they are not deregulated, but rather due to their technical characteristics are subject to different regulation than other types of telecommunications infrastructure. It indicates that telecommunications poles have an electrical meter that must be requested through an electrical distribution company, and as a fundamental requirement to obtain the electrical meter, the plans approved by the said Colegio Federado are requested, accompanied by a sworn statement by the electrical engineer in charge of the work, in accordance with Decreto Ejecutivo No. 36979-MEIC denominated "Reglamento de Oficialización del Código Eléctrico de Costa Rica para la Seguridad de la Vida y de la Propiedad," therefore the petitioner is also incorrect in stating that in the case of poles, processes are not carried out before that professional association. On the other hand, it points out that it is also not true that poles do not pay lease payments (arrendamientos) to their owners, since network operators and service providers must pay a lease amount whose value is set by the Dirección General de Tributación through the "Procedimiento para la Fijación del Canon del Arrendamiento por la Construcción y Operación de Redes Públicas de Telecomunicaciones y del Canon por el Uso de Bienes de Dominio Público para la Instalación de la Infraestructura de Telecomunicaciones," published in Alcance No. 339 of Diario Oficial La Gaceta No. 300 of December 24, 2020, and in accordance with Article 79 of the Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos No. 7593. It adds that the installation of telecommunications poles does not obey purely economic criteria but, as has been said, the optimal design of the network for each operator, according to the location and the conditions necessary to provide the best service to the inhabitants of a geographic area. In that sense, according to technical parameters such as frequency, available bandwidth of the operator's spectrum carriers, and user density, there are scenarios where installing a tower instead of a pole, or vice versa, could be detrimental to the quality of services provided by the network and even to minimizing the environmental impact that the petitioner defends. It argues that if user density and data demand are very high, one seeks to have greater bandwidths and the available frequency is very high, and therefore with low propagation (for example, millimeter-wave bands for 5G networks, where greater bandwidths are available), it will be optimal to install base stations of the micro cell type on poles that allow smaller and more focused coverage and apply greater frequency reuse; if in this scenario one tried to force the installation of towers, as these are taller, it would lead to a scenario of potentially greater harmful interference among the carrier frequencies that must be reused. Therefore, to avoid this scenario of potential interference, the design of that network must be adjusted by applying a greater tilt of the antennas toward the ground, which, added to the fact that propagation remains low due to the high value of the transmission frequency, means that a significant number of towers must still be installed with the corresponding environmental impact. Alternatively, it indicates that if one tries to use fewer towers in that example to reduce the environmental impact, the consequence would fall on the users' side, since the available data transfer rate capacity per frequency carrier would be diluted over a larger area of action per tower, and areas without coverage between towers could also be generated, affecting service quality and the end-user experience. If, on the contrary, one has an area with lower user density and data demand, such significant bandwidths as those mentioned in the previous scenario are not required, and additionally, a frequency with greater propagation is considered (for example, in mid-bands between 1 GHz and 6 GHz, as in the case of a typical 3G base station), it will be optimal to implement it via a macro cell on a tower that allows covering a larger area. If in this scenario one tried to force the installation of poles, being shorter, they would not allow the use of the frequency with better propagation, and therefore its coverage would be reduced, which could imply an inefficient use of the frequency and available bandwidth, besides requiring a greater number of poles to cover the area equivalent to a single macro cell. It warns that the petitioner did not present technical opinions, environmental studies, or environmental impact significance studies on which he is supporting his arguments regarding the alleged violations of the principles of environmental non-regression, progressivity, objectification, reasonableness, and proportionality; he does not specifically provide the basis for his position that the installation of telecommunications poles should be classified as an activity that generates a negative impact on the environment and what that degree of impact is to determine the suitability of the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) instrument. It states that the Superintendencia de Telecomunicaciones does not present a cost comparison between the deployment of towers, poles, and other types of passive infrastructure, but it is true that it can represent a significant cost for operators and telecommunications service providers; however, this cost must be assumed by the telecommunications operators and providers as part of their obligations - both legal and performance-based - derived from the enabling titles granted to them (authorizations, use permits, and radio spectrum concessions), and in pursuit of protecting the rights of access and quality of telecommunications services in favor of end users. It recalls that the construction, development, improvement, and expansion of telecommunications infrastructure constitutes an obligation acquired by Costa Rica in various instruments of Public International Law. Therefore, deficient or inadequate development of the telecommunications available to the inhabitants could result in serious harm to the country, by impeding access to and the benefits of the information society and new information and knowledge technologies (TIC), as well as the widening of the digital divide. Thus, the public interest nature is undeniable in the installation, construction, development, improvement, and expansion of telecommunications infrastructure, within which the installation of telecommunications poles, together with towers, complements the telecommunications infrastructure of a given area to provide telecommunications service coverage. It concludes by requesting that this unconstitutionality action be dismissed, considering that no violation of Constitutional Law has occurred.
11.- Geannina Dinarte Romero renders a report in her capacity as Ministra de la Presidencia, through a document filed with the Secretaría of the Sala Constitucional on April 14, 2021, and indicates that the Ministerio de la Presidencia requested the other ministries involved in this matter to provide the technical aspects within the scope of their competencies on the topic encompassed by the decree in question, which has been referenced in this response. She adds that it is important to consider that, as part of the obligations assumed by Costa Rica in the Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos (CAFTA), the country committed to carrying out a process of opening the telecommunications market; a process that necessarily implied that the country sought the development of networks, the expansion of service coverage by concessionaires, as well as increasing the possibilities and options for choosing telecommunications services available to the inhabitants. She adds that in accordance with these obligations, the Asamblea Legislativa approved the Ley General de Telecomunicaciones No. 8642 as well as the Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones No. 8660, and this regulation, in turn, created the Rectoría for that sector as well as the Superintendencia de Telecomunicaciones, declared of public interest the establishment, installation, expansion, renovation, and operation of public telecommunications networks or any of their elements. She argues that it is along these same lines that the Poder Ejecutivo, within the framework of seeking a favorable business climate where the country's productivity and economic growth would be enhanced and with the aim of ensuring expeditious handling of procedures for the effective operation of service providers in the telecommunications market, issued Directriz No. 037-MINAET of October 21, 2009, in order to establish "Lineamientos Generales de la Tramitología en el Sector de Telecomunicaciones" and subsequently, through Decreto Ejecutivo No. 36577-MINAET, "Creates the Comisión de Coordinación para la Instalación o Ampliación de Infraestructura de Telecomunicaciones" with the purpose of technically advising the Poder Ejecutivo on telecommunications infrastructure procedures such as environmental feasibility (viabilidad ambiental), height approval, and matters related to health. She indicates that the sector steward - Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones - was assigned the duty to ensure compliance with current regulations regarding procedures for the installation and expansion of telecommunications infrastructure and to coordinate telecommunications development policies with other public policies aimed at promoting the digital society. She states that the construction, development, improvement, and expansion of telecommunications infrastructure constitutes an obligation acquired by Costa Rica in various instruments of Public International Law. Therefore, deficient or inadequate development of the telecommunications available to the inhabitants could result in serious harm to the country, by impeding access to and the benefits of the information society and new information and knowledge technologies (TIC), as well as the widening of the digital divide. She indicates that, for these reasons, the public interest nature is undeniable in the installation, construction, development, improvement, and expansion of telecommunications infrastructure, within which the installation of telecommunications poles is located, which, together with towers, complement the telecommunications infrastructure of a given area to provide coverage for these services.
Regarding the challenged regulation:
She argues that in compliance with Directriz No. 037-MINAET indicated above, the Poder Ejecutivo issued Decreto Ejecutivo No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT, whose objective was to cover procedural aspects as well as establish clarity on the institutions responsible for procedures related to the telecommunications market. She argues that said decree established in provision 8 that, regarding the installation and expansion of telecommunications networks, it corresponds to the Secretaría Técnica Nacional Ambiental:
"(...)
1. To process the request for environmental feasibility (viabilidad ambiental) in accordance with Articles 1, 2, and 12 and 13 of the Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Ejecutivo Nº 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC of May 24, 2004, published in La Gaceta N° 125 of June 28, 2004. The types of infrastructure subject to the processing of environmental feasibility shall be those established in Article 3 of this decree."
She adds that later, the Poder Ejecutivo issued Decreto No. 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE- MOPT -here challenged- through which it modified subsection 1) of Article 8 of Decreto Ejecutivo No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT, which only implied the elimination of the following phrase:
"...The types of infrastructure subject to the processing of environmental feasibility shall be those established in Article 3 of this decree."
She clarifies that said modification had the sole purpose of avoiding erroneous interpretations regarding which State institution has the competence to determine the activities, works, or projects that are subject to the requirement of obtaining environmental feasibility, given that Article three, to which the eliminated phrase referred, not only covers definitions of supporting infrastructure for telecommunications networks - infrastructure of a constructive nature - but also regulates the concept of terms associated with telecommunications activity in general, such as the terms "telecommunications network" and "telecommunications," in addition to including the definition of radiating equipment such as "antennas," which are also not constructive elements. Added to the above, she considers that its wording was confusing by being tautological since it included the definition of "telecommunications infrastructure" as a type of infrastructure. She states that, based on these reasons, the reform carried out allowed greater precision by properly referring to the corresponding articles of the Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, which is Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, which governs environmental evaluation procedures and contains specific rules on the evaluation of activities, works, or projects, according to their risk. She warns that this regulation was issued prior to the modification of Article 8 of Decreto Ejecutivo No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT, in which the requirement of environmental feasibility or license (viabilidad o licencia ambiental) to be granted by the Secretaría Técnica for the construction and installation of telecommunications towers is expressly established. She states that, for this reason, in the report issued by the Ministerio de Ambiente y Energía, what was mentioned by the Secretaría Técnica is cited, indicating that "in the Acuerdo de la Comisión Plenaria, what is subjected to evaluation are the Telecommunications Towers. In this sense, the only thing that has historically been evaluated at SETENA are Telecommunications Towers, initially regulated through resolutions No. 2031-2009-SETENA of August 26, 2010, and 123-2010-SETENA of January 20, 2010, and later regulated in Article 9 bis of Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, which was incorporated with the issuance of Decreto Ejecutivo No. 37803-MINAE of June 25, 2013, published in La Gaceta No. 137 of July 17, 2013"; regulations that are in force as of the date of rendering this report to the Sala Constitucional. She considers that there is an important aspect that must be clarified, as emphasized by the reports from the Ministerio de Ambiente y Energía, the Ministerio de Ciencia y Tecnología, and the Secretaría Técnica Nacional Ambiental regarding that the regulation established in the Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) for the installation of telecommunications infrastructure is specific to telecommunications towers, leaving out other types of infrastructure, such as telecommunications poles, this because they are different types of infrastructure from each other, contrary to what was alleged by the petitioner when indicating in his brief that: "poles are actually towers since both support telecommunications equipment," hence the importance of emphasizing that towers and poles constitute different types of telecommunications infrastructure, which was an aspect clarified by the Ministerio de Ciencia y Tecnología when indicating that, "although it is true they support telecommunications networks, their technical characteristics are different, which makes them complementary for network deployment; therefore, applying tower installation regulations to poles, such as height, fencing, dimensioning of the lot where the pole will be installed, among others, could violate the principles of science and technique, because due to their characteristics they could not be applied equally. For this reason, it is the criterion of this Telecommunications Rectoría that the allegations presented by the petitioner do not pertain to mere constitutionality but refer to aspects of legality that must be discussed in the ordinary judicial venue." She adds that it is important to mention that the choice of the type of infrastructure to be used (pole, tower, or others) depends on the operating frequency of the antennas, the radiation power, the orographic and climatic conditions of the area, among others, coupled with the fact that poles are not installed without reason, but rather, on the contrary, are part of a telecommunications network that as a whole can be used to provide services to users in consideration of the public interest that this activity entails. She states that the installation of telecommunications poles does not obey purely economic criteria but rather the optimal design of the network for each operator according to the location and the conditions necessary to provide telecommunications services to the inhabitants of that geographic area, in protection of the rights of end users and in compliance with international treaties as well as the sectoral legal framework for telecommunications. Finally, she indicates that having clear that both telecommunications towers and poles are different types of telecommunications infrastructure, it is necessary to point out that Decreto Ejecutivo No. 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT, accused of unconstitutionality, did not come to deregulate the installation of any type of telecommunications infrastructure, but rather, on the contrary, made a modification to Decreto Ejecutivo No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT with the purpose of avoiding inaccurate interpretations about which State institution has the competence to determine the activities, works, or projects that are subject to compliance with environmental feasibility; that is, it remained at the discretion of the Secretaría Técnica, in accordance with its legal and regulatory competencies, to determine the types of telecommunications infrastructure that will be subject to compliance with the necessary requirements to obtain environmental feasibility, therefore no violation occurred of the constitutional principles and rights alleged by the petitioner. She warns that the technical allegations expressed in this file can be analyzed in greater detail from the reports submitted by the other ministries that were granted a hearing, given that each one presented its position according to its competencies and area of knowledge on the subject discussed.
Conclusions:
1) The installation, expansion, renovation, and operation of public telecommunications networks or any of their elements are activities of public interest and, in that capacity, constitute a priority topic to drive the development of telecommunications in Costa Rica.
2) The challenged regulatory reform does not undermine the principles of objectification, precaution, reasonableness, and proportionality, and rather, far from it, seeks the satisfaction of the public interest in the establishment, installation, expansion, renovation, and operation of public telecommunications networks in accordance with the principle of legality as well as the non-impact on the environment, without neglecting the work held by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental in this matter.
3) There is a differentiation between poles and telecommunications towers, recognizing that, based on Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC of May 24, 2004, the Acuerdo de la Comisión Plenaria is issued that is challenged and which subjects only telecommunications towers to environmental evaluation.
4) There is no deregulation or relaxation in the regulation regarding the installation of telecommunications poles due to the regulatory modification made to Decreto Ejecutivo No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT, since Article 17 of the Ley Orgánica del Ambiente states that laws and regulations shall indicate which activities, works, or projects will require environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA), and the Secretaría Técnica, after conducting technical studies, defined in Article 9 bis of the Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), that only telecommunications towers are those that will be subject to the environmental feasibility process.
5) For its representative, there is no reason whatsoever to consider that the regulation and the agreement challenged by the petitioner violate the Constitución Política and the principles emanating from it, therefore it requests that this unconstitutionality action be dismissed in its entirety.
12.- In a brief filed with the Secretaría of the Sala on April 14, 2021, Rodolfo Méndez Mata appears in his capacity as Ministro de Obras Públicas y Transportes and states that the issues concerning environmental protection are imbued with obvious sensitivity because what is pursued - through said protection - is to guarantee the quality of life of the planet's inhabitants, while it is no less true that this is also guaranteed and improved by the provision of essential services in favor of users, such a scenario being reflected in improvements in the country's competitiveness indices precisely as a product of advances in development and production, which leads to the concept of sustainable development.
Remember that the National Environmental Technical Secretariat (SETENA) is the competent body in matters of environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) for those human activities that "alter or destroy elements of the environment or generate toxic or hazardous waste or materials." It indicates that on the occasion of this unconstitutionality action, SETENA was consulted in its capacity as the competent body, and it informed its represented party of the legal and technical foundations regarding the scope of environmental assessment (evaluación ambiental) for telecommunications projects; information from which it follows that this Secretariat is the only body with the specialized technical knowledge and which, based on existing regulations, can indicate which infrastructure development projects require or do not require an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental). It indicates that, although it is true that Executive Decree No. 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT does not specifically state that telecommunications poles must have an environmental assessment (evaluación ambiental), the interpretation is that a series of regulations exists to regulate activities with very low environmental impact, so these works must be subject to the different controls established by municipalities, the Ministry of Health (Ministerio de Salud), the Ministry of Agriculture and Livestock (Ministerio de Agricultura y Ganadería), the Ministry of Public Works and Transport (Ministerio de Obras Públicas y Transportes), the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía), among others with legal authority to improve environmental performance; that is, the cases in which an environmental assessment (evaluación ambiental) is appropriate or not are determined by the different norms in force in the legal system. It adds that the Technical Secretariat has issued various opinions indicating the difference between telecommunications poles and towers, so historically, the environmental assessment (evaluación ambiental) has been implemented for the installation of telecommunications towers, given that environmental impacts of low significance could be generated in the construction and operational phases, but this is not the case for telecommunications poles. It states that the intervention carried out by its represented party for the draft of Executive Decree No. 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT focused on making formal observations on the proposed amendment of subsection 1) of Article 8 of Executive Decree No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT of May 10, 2010, but not on the merits, and it recalls that its represented party does not hold the authority to issue an opinion on the regulatory modification for the installation of telecommunications poles regarding the environmental impact their construction could entail, given that this authority resides in SETENA. It indicates that its represented party defers to the technical opinion indicated by the competent body on the matter, from which it is determined that the institutions involved in this particular matter have legal tools to address the construction of telecommunications infrastructures and, to this end, have found themselves committed to adopting the necessary measures to assume new roles to ensure compliance with the functions entrusted to them in clear protection of the environment. It interprets that Article 50 of the Constitution promotes sustainable development by establishing the State's obligation to develop and produce in harmony with the environment. It adds that the Ministry of Public Works and Transport (Ministerio de Obras Públicas y Transportes), which it represents, in clear observance of its mission, will guarantee the coordination and expeditious processing required within the scope of its corresponding authority for the installation of telecommunications infrastructure. It concludes by requesting that this unconstitutionality action be dismissed.
13.- By means of a document filed with the Secretariat of the Constitutional Chamber on April 19, 2021, José Daniel Gómez Pérez appears in his capacity as vice president and representing the Chamber of Infocommunication and Technology Association (Asociación Cámara de Infocomunicación y Tecnología, INFOCOM), and José Álvaro Jenkins Rodríguez appears in his capacity as president and representing the Costa Rican Union of Chambers and Associations of the Private Business Sector (Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, UCCAEP), to present passive joinder in this unconstitutionality action, as their represented entities maintain an indirect interest concerning the validity of the challenged regulations. They indicate that both group together private and public companies from the telecommunications sector and the business sector in general that, in their ordinary activity, are subject to the provisions of the challenged rules and whose activity would be negatively affected if this action is upheld, which will undoubtedly also affect the closing of the digital divide through the timely deployment of telecommunications networks throughout the national geography, an activity declared of public interest that finds its foundation in the vocation and ability of these networks to become a vehicle for ensuring and realizing the constitutional rights to access information, education, freedom of expression, and even democratic life. For this reason, the networks continually grow and extend their services to more people in Costa Rican territory, with the relevant fact that, by 2019, a penetration rate of 92.2% was estimated, meaning 92 out of every 100 inhabitants accessed the internet via the mobile network, which is provided using telecommunications networks, among whose components are poles. They state that for the propagation of communication technologies and the satisfaction of fundamental rights to information, education, freedom of expression, among others, adequate infrastructure must be available for this purpose, hence the declaration of public interest that promotes the deployment of telecommunications networks. They warn that the challenged decree did not create additional authorities for the Technical Secretariat and only eliminated the phrase "The types of infrastructure subject to the processing of environmental feasibility (viabilidad ambiental) shall be those established in Article 3 of this decree." They clarify that neither Executive Decree No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT nor its amendment ever had the objective of creating new authorities or new regulations, neither environmental nor of any other subject matter, and thus the modification made by Executive Decree No. 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT challenged here is entirely in conformity with current regulations, given that it does not create new regulations regarding environmental authorities but rather places in SETENA the responsibility to execute environmental assessments as provided by the specific regulations of the field. They add that, for this reason, the Agreement of the Plenary Commission No. ACP-30-2017 —challenged here— reiterated that the removal of the original text of Executive Decree No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT allowed SETENA to broadly exercise the authority established in Article 17 of the Organic Law of the Environment, based on which it was insisted that telecommunications tower installation projects must submit an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) using Form D2, an obligation that is excessive and disproportionate in relation to telecommunications poles, as their deployment involves an activity with low environmental impact. They state that it was the Department of Environmental Studies of the Technical Secretariat that issued the technical opinion on which the Plenary Commission was supported and established that the activity of poles has a very low environmental impact, so it is deemed reasonable and proportionate that telecommunications poles not be subject to the submission of Form D2. On the other hand, they indicate that it is not the responsibility of SETENA to impose additional environmental requirements on an activity that does not require them, as the plaintiff intends by subjecting telecommunications poles to the requirement of Form D2. They add that the Contentious-Administrative Court, Section I, itself, in judgment No. 00040-2015, recognized that the impact of a tower and a pole is different, so it is reasonable and proportionate that towers be subject to Form D2 while poles are not, reiterating there the public interest in the deployment of telecommunications networks. They consider that the discussion raised by the plaintiff is one of ordinary legality, not constitutionality, since, without any doubt, the specific assessment of whether a telecommunications pole and a tower are the same and, consequently, whether they should or should not be subject to certain environmental regulations, cannot be carried out in this venue, which does not have the relevant evidence to determine whether the plaintiff's assertions are valid or not, such that these assessments exceed those of the constitutional jurisdiction. They warn that the authority to guarantee a healthy and balanced environment rests with both SETENA and the Ministry of Health, and also that all wireless telecommunications infrastructure is subject to Executive Decree No. 36324-S of December 14, 2010, which is the "Regulation to regulate exposure to non-ionizing radiation electromagnetic fields emitted by wireless systems with frequencies up to 300 GHZ" (Reglamento para regular la exposición a campos electromagnéticos de radiaciones no ionizantes, emitidos por sistemas inalámbricos con frecuencias de hasta 300 GHZ); a rule that is in force and mandatory for natural and legal persons authorized to exploit and use wireless systems, which was not affected by the challenged executive decree. They recall that the Minister of Health has indicated in the report submitted to the Court for this unconstitutionality action that telecommunications poles or towers are not of sanitary interest, so that ministry has no authority on this issue nor participation in the commission created by Executive Decree No. 36577-MINAET called "Creates Coordination Commission for the Installation or Expansion of Telecommunications Infrastructure" (Crea Comisión de Coordinación para la Instalación o Ampliación de Infraestructura de Telecomunicaciones), but remember that this ministry did participate in the creation of Decree No. 36324-S regarding electromagnetic fields for the purpose of establishing requirements and criteria aimed at protecting the health of technical personnel and the general population from the potential risks and harmful effects of exposure to non-ionizing radiation electromagnetic fields that may arise from the exploitation and use of wireless systems. On the other hand, they indicate that Executive Decree No. 41129-MINAE-MICITT-MH of February 21, 2018, titled "Regulation of the use permit for the installation of telecommunications infrastructure in protected wild areas and the State's natural heritage administered by the National System of Conservation Areas" (Regulación del permiso de uso para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones en áreas silvestres protegidas y patrimonio natural del Estado administradas por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación), constitutes another measure that facilitates the deployment of telecommunications networks in an environment of resource efficiency and minimization of the environmental impact of telecommunications networks. They note that, in its Articles 14, 15, and 16, it establishes conditions promoting the shared use of infrastructure by various telecommunications operators, and also sets conditions for the recognition of a pecuniary consideration for the use of public domain assets that allow the installation of telecommunications infrastructure, which is permitted in Article 79 of the Law of the Regulatory Authority for Public Services. They indicate that based on the aforementioned Executive Decree No. 41129-MINAE-MICITT-MH and that Article 79, the General Directorate of Taxation issued resolution DGT-R-45-2020 of December 21, 2020, called "Procedure for setting the lease fee for the construction and operation of public telecommunications networks and the fee for the use of public domain assets for the installation of telecommunications infrastructure" (Procedimiento para la fijación del canon del arrendamiento por la construcción y operación de redes públicas de telecomunicaciones y del canon por el uso de bienes de dominio público para la instalación de la infraestructura de telecomunicaciones), so the plaintiff's claim that the installation of telecommunications poles is carried out exclusively for reasons of economic convenience of the network operators deploying telecommunications networks is not true. They add that the reality is that the deployment of telecommunications networks, including the installation of telecommunications poles, in no way endangers people's lives as the plaintiff suggests without any evidentiary support, deeming that the plaintiff does not have the right to demand a specific type of service activity from the State for the simple reason that, under no circumstances, do telecommunications poles endanger the life, health, or right to a healthy environment of the country's inhabitants. They argue that, in summary, there are no constitutional frictions in the amendment contained in the challenged Executive Decree No. 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT here; rather, the amendment clarifies how the predictive studies in this activity and the cases in which they must be submitted should be processed. They indicate that the agreement of the Plenary Commission of the Technical Secretariat ACP-030-2017 of March 24, 2017, is in accordance with the constitutional framework because telecommunications poles are framed within a low environmental impact activity, and therefore its regulation is different from that applicable to telecommunications towers, so the plaintiff's claim that this constitutes deregulation is not acceptable; on the contrary, they consider it to be subjection to different environmental rules depending on the impact of the activities and structures, such that seeking the opposite—applying the same regulation under different environmental impact conditions—would be unreasonable and disproportionate. They state that there were reasonings clarifying that the impact of poles is different from that of towers, which is recorded in official communication SG-DEA-0713-2017-SETENA, and which led to the conclusion that the type of telecommunications infrastructure that must be subjected to an environmental impact assessment analysis before SETENA are those that classify as "Telecommunications Towers" since they are of low environmental impact. They recall that the Constitutional Chamber, in judgment No. 2012-0014111 of 4:00 p.m. on October 9, 2012, https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-641132, stated:
"(...) the greater the danger in an activity, the stricter the requirements must be; conversely, if it is a certain practice or activity of low environmental impact, the political and legal requirements can be relaxed (...)".
They add that there is no violation whatsoever of the principle of objectivation, understood as the obligation to support environmental decisions through technical and scientific studies, and in this sense, telecommunications poles are framed within a low environmental impact activity, as the Department of Environmental Feasibility of the National Environmental Technical Secretariat was able to verify, so the legal basis of the challenged Agreement No. 030-2017 adheres to Articles 16 and 160 of the General Law of Public Administration. In addition to the above, they indicate that it is an established fact that telecommunications poles entail a low environmental impact and, for that reason, are not subject to the same environmental regulation applicable to telecommunications towers, so no violation of the precautionary principle is discerned either. They consider that the plaintiff confuses the deregulation—which he claims—with the cases of non-subjection of telecommunications poles to Form D2 because it is a low-impact activity, which is done based on technical reasons. They add that the plaintiff overlooks the fact that network development involves the installation of both telecommunications towers and poles, each with a different environmental impact, which is the means to comply with the coverage and access obligations for telecommunications services required by the legal system, as well as a guarantee of the fundamental rights of communication, education, and access to information, and the use of telecommunications poles is precisely due to the fact that they are actions causing a low environmental impact. They indicate that among the guiding principles of the telecommunications sector enshrined in the General Telecommunications Law is environmental sustainability, which includes harmonizing the use, exploitation of networks, and provision of telecommunications services with the constitutional guarantee of a healthy and ecologically balanced environment, so regardless of whether telecommunications poles are not subject to Form D2, the truth is that this not only does not relieve telecommunications companies from complying with this principle at all times but also does not prevent control and surveillance, at any time, of compliance with the principle of environmental sustainability during the deployment of telecommunications networks. They consider that the plaintiff's claim endangers the development of fifth-generation mobile wireless networks and what this directly implies for the possibility of realizing the fundamental rights to education, information, and freedom of expression, as well as democratic rights, and in this sense, they indicate that the uses of fifth-generation networks are multiple, all framed within the continuous development of the knowledge society, which is why it is vital that the Chamber consider that the future deployment of fifth-generation networks could be jeopardized if the plaintiff's claim to subject all telecommunications infrastructure to the submission of Form D2 is granted, because it is a totally disproportionate claim, given that telecommunications poles, which will constitute an important element of these networks, do not need to complete Form D2 due to their low environmental impact. They conclude by requesting that the passive joinder they are requesting be admitted and that this unconstitutionality action be dismissed.
14.- By resolution of 4:52 p.m. on April 21, 2021, the hearings granted to the Attorney General of the Republic, the Secretary General of the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), the Minister of the Presidency, the Minister of Environment and Energy, the Minister of Science, Technology and Telecommunications, the Minister of Public Works and Transport, the Minister of Economy, Industry and Commerce, and the Minister of Health were considered answered. Likewise, the joinder filed by José Daniel Gómez Pérez, in his capacity as vice president of the Chamber of Infocommunication and Technology Association (INFOCOM), and by José Álvaro Jenkins Rodríguez, in his capacity as president of the Costa Rican Union of Chambers and Associations of the Private Business Sector (UCCAEP), was admitted. In addition to the above, the action was forwarded for the study of the Reporting Magistrate to whom it corresponds by rotation.
15.- The hearing indicated in Articles 10 and 85 of the Law of Constitutional Jurisdiction is dispensed with, based on the power granted to the Chamber by Article 9 ibidem, deeming this resolution sufficiently grounded in evident principles and norms, as well as in the jurisprudence of this Court.
16.- In the proceedings, the prescriptions of law have been complied with.
Drafted by Magistrate Cruz Castro; and,
Considering:
Procedural Matters:
I.- Regarding the admitted joinder request.- Article 83 of the Law of Constitutional Jurisdiction establishes that, within 15 days following the first publication of the notice referred to in the second paragraph of Article 81 of that Law, the parties appearing with pending matters as of the date the action was filed, or those with a legitimate interest in defining the object under dispute, may appear to coadjuvate with either of the two positions under discussion; in the case of unconstitutionality actions, the joinder essentially intervenes to defend the plaintiff's annulment claim or to support the validity of the challenged act. Note that the cited article is explicit in providing:
"Article 83. (...) or those with a legitimate interest, may appear within it, in order to coadjuvate in the allegations that might justify its appropriateness or inappropriateness (...)".
The foregoing means that the joinder is the person who, with a legitimate interest, appears to coadjuvate in the arguments that might justify whether the filed action is appropriate or not, and in this sense, this Court has stated that:
"active joinder is equivalent to an action that supports another, originally filed, on the same matter" (see judgment No. 1372-92 of 2:50 p.m. on May 26, 1992, https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-80397).
In this particular matter, by resolution of the Presidency of this Court at 4:52 p.m. on April 21, 2021, it was ordered that, given that the first publication of the notice occurred on March 22, 2021, it was appropriate to consider the managers José Daniel Gómez Pérez, in his capacity as vice president of the Chamber of Infocommunication and Technology Association (INFOCOM), and José Álvaro Jenkins Rodríguez, in his capacity as president of the Costa Rican Union of Chambers and Associations of the Private Business Sector (UCCAEP), who filed their brief on April 19, 2021, and who have been registered in this file, as coadjuvants in this process. In view of that decision, they are deemed admitted for such purposes.
Regarding Admissibility:
II.- The standing rules in unconstitutionality actions.- Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction regulates the prerequisites that determine the admissibility of unconstitutionality actions, requiring the existence of a pending matter to be resolved in administrative or judicial proceedings in which unconstitutionality is invoked; a requirement that is not necessary in the cases provided for in the second and third paragraphs of that article, that is, when, due to the nature of the norm, there is no individual or direct harm; when it is based on the defense of diffuse interests or those that concern the community as a whole; or when it is filed by the Attorney General of the Republic, the Comptroller General of the Republic, the Prosecutor General of the Republic, or the Defender of the Inhabitants, in these latter cases within their respective spheres of competence. According to the first of the cases provided for in paragraph 2 of Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction, the questioned norm must not be susceptible to concrete application that would later allow the challenge of the applicative act and its consequent use as a base matter. Secondly, the possibility of recourse in defense of "diffuse interests" is provided for, which are those whose ownership belongs to groups of people not formally organized, but united around a specific social need, a physical characteristic, their ethnic origin, a specific personal or ideological orientation, the consumption of a certain product, etc. In these cases, the interest is blurred, diluted (diffuse) among an unidentified plurality of subjects. This Chamber has enumerated various rights that it has qualified as "diffuse," such as the environment, cultural heritage, the defense of the country's territorial integrity, the proper management of public spending, and the right to health, among others. On the other hand, the enumeration made by the Constitutional Chamber is not exhaustive. Finally, when paragraph 2 of Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction speaks of "interests that concern the community as a whole," this Chamber has been specifying —in various decisions— that, through that expression, the "legislator intended to refer to the standing held by a corporate entity, when it acts through its representatives in defense of the rights and interests of the persons who make up its associative base, and provided it involves the questioning of norms or provisions that affect that core of rights or interests that constitutes the raison d'être and the unifying factor of the group" (judgment no. 2014-20446 of 9:30 a.m. on December 17, 2014 —the emphasis is not in the original—; in the same sense —among several— decisions no. 2017-000152 of 9:05 a.m. on January 11, 2017, and no. 2020-020839 of 9:20 a.m. on October 28, 2020).
III.- The standing of the plaintiff in this case.- In consideration of what was stated in the preceding Considering, it is observed that the plaintiff has stated to this Court that the standing to file this process arises from the provisions of Article 75, paragraph 2 of the Law of Constitutional Jurisdiction, given that he alleges the defense of diffuse interests regarding the right to a healthy and ecologically balanced environment; an argument that was admitted by the Presidency of the Constitutional Chamber in the resolution of 3:19 p.m. on March 12, 2021, which gave course to the action. On this point, the Constitutional Chamber, in its judgment No. 2001-008239 of 4:07 p.m. on August 14, 2001, https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-162969, referred to diffuse interests under the following terms:
"According to the first of the cases provided for in paragraph 2 of Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction, the questioned norm must not be susceptible to concrete application, which would later allow the challenge of the applicative act and its consequent use as a base matter. (...) Secondly, the possibility of recourse in defense of diffuse interests is provided for (...) Diffuse interests, although difficult to define and even more difficult to identify, cannot be under our law —as this Chamber has already stated— purely collective interests; nor so diffuse that their ownership is confused with that of the national community as a whole; nor so concrete that determined persons, or personalized groups, are identified or easily identifiable in relation to them, whose standing would derive not from diffuse interests, but from corporate interests that concern a community as a whole. These are, therefore, individual interests, but at the same time, diluted in more or less extensive and amorphous groups of people who share an interest and, therefore, receive a harm, actual or potential, more or less equal for all, which is why it is rightly said that they are equal interests of the groups that find themselves in certain circumstances and, at the same time, of each one of them. That is, diffuse interests partake of a double nature, since they are at once collective —because they are common to a generality— and individual, which is why they can be claimed in such character. (...) In summary, diffuse interests are those whose ownership belongs to groups of people not formally organized, but united around a specific social need, a physical characteristic, their ethnic origin, a specific personal or ideological orientation, the consumption of a certain product, etc."
In the present matter, the plaintiff argues that he has standing via abstract constitutional review and invokes the defense of diffuse interests as he acts in protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment in relation to the installation of telecommunications infrastructure such as poles and towers, this because he considers that in both cases, SETENA should intervene with the corresponding environmental impact assessment, and not only in the case of telecommunications towers; consequently, such circumstance confers upon the plaintiff direct standing to file this process for invoking the defense of diffuse interests, among them, the defense of the precautionary principle, the principle of non-regression, the principle of progressivity, and the right to a healthy and ecologically balanced environment. Consequently, the action is admissible for consideration and the plaintiff has standing via abstract review.
On the merits:
IV.- Object of the challenge.- The plaintiff questions, on the one hand, the constitutionality of Executive Decree No. 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT of July 15, 2016, published in Supplement No. 36 to La Gaceta No.
35 of February 17, 2017, which provides, in pertinent part, the following:
“AMENDMENT TO ARTICLE 8, SUBSECTION 1) OF EXECUTIVE DECREE No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT,
DENOMINATED: THE NORMS, STANDARDS
AND COMPETENCIES OF PUBLIC ENTITIES FOR THE COORDINATED
AND EXPEDITIOUS APPROVAL REQUIRED FOR THE INSTALLATION OR
EXPANSION OF TELECOMMUNICATIONS NETWORKS
Article 1.- Amend subsection 1) of article 8 of Executive Decree No. 36159- MINAET-S-MEIC-MOPT of May 10, 2010, published in the Official Gazette La Gaceta No. 175 of September 8, 2010, so that henceforth it reads as follows:
'Article 8.- Competencies of the National Environmental Technical Secretariat of the Ministry of Environment and Energy. According to the provisions of articles 17 and 18 of the Organic Environmental Law No. 7554, published in La Gaceta No. 215 of November 13, 1995, in matters of installation and expansion of telecommunications networks, the National Environmental Technical Secretariat is responsible for:
1. Processing the request for environmental feasibility (viabilidad ambiental) in accordance with articles 1, 2, 12 and 13 of the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures, Executive Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC of May 24, 2004, published in La Gaceta No. 125 of June 28, 2004.
2. (.)
Article 2.- It shall become effective upon its publication.”
Before Executive Decree No. 40075, now being challenged, was enacted, that provision 8 stated:
“Article 8.- Competencies of the National Environmental Technical Secretariat of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications. According to the provisions of articles 17 and 18 of the Organic Environmental Law No. 7554, published in La Gaceta No. 215 of November 13, 1995, in matters of installation and expansion of telecommunications networks, the National Environmental Technical Secretariat is responsible for:
1. Processing the request for environmental feasibility (viabilidad ambiental) in accordance with articles 1, 2, and 12 and 13 of the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures, Executive Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC of May 24, 2004, published in La Gaceta No. 125 of June 28, 2004. The types of infrastructure subject to the environmental feasibility (viabilidad ambiental) procedure shall be those established in article 3 of this decree.
2. By reason of the provisions in subsections a), c), e), i), all of article 39 of the Law for the Strengthening and Modernization of Public Entities of the Telecommunications Sector, Law No. 8660, as well as in article 3 and subsections a), b) and c) of article 4 of the Organization Regulation of the Vice-Ministry of Telecommunications", Executive Decree No. DE-34997-MINAET, of January 16, 2009, any new procedure, requirement or regulatory provision related to the Telecommunications Sector must previously consider the national public policy established in the National Telecommunications Development Plan based on the provisions of universal access and use, on the guiding principles, as well as have the technical opinion of the Vice-Ministry of Telecommunications.
3. When for any reason related to a request by the administered party, the technical opinion of the Vice-Ministry of Telecommunications is required, it shall resolve within a period not exceeding 3 business days, from the date the consultation is received by the competent institution, except for exceptional cases that require a more extensive study on the matter, the Vice-Ministry shall respond within a period not exceeding 10 business days” (the bold and underline refer to the eliminated part).
As can be observed, the reform carried out by the challenged decree consisted of eliminating the last sentence of point 1 of that provision -underlined and in bold- which stated:
“The types of infrastructure subject to the environmental feasibility (viabilidad ambiental) procedure shall be those established in article 3 of this decree.”
On the other hand, the claimant also considers that the Agreement of the Plenary Commission of the National Environmental Technical Secretariat No. ACP-20-2017 (sic) adopted in Ordinary Session No. 033-2017 held on March 24, 2017, article 02, which, in pertinent part, provides:
“THEREFORE
THE PLENARY COMMISSION AGREES
FIRST: To communicate both to the public and to SETENA officials, that the type of telecommunications infrastructure that must be submitted to an EIA analysis, before this Technical Secretariat, shall be those classified as “Telecommunications Tower” (Torre de Telecomunicaciones), in accordance with what is stated in Considering C) point 3, of this agreement, so that there is no confusion regarding the current wording of article 8, item 1 of Decree 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT. The procedure for their evaluation is regulated in Decree 37803-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC.
SECOND: To order the Department of Information Technologies to include this agreement on the SETENA website.”
It is pertinent to clarify that even though in the brief of the unconstitutionality action, the claimant describes the agreement challenged as No. ACP-20-2017, the truth of the matter is that the correct number is ACP-30-2017; an error that has been repeated in several documents and reports submitted to this Court, therefore it must be assumed then that the correct number is ACP-30-2017, which was effectively adopted in Ordinary Session No. 033-2017 of the Plenary Commission of the National Environmental Technical Secretariat, held on March 24, 2017, article 02. Henceforth then, reference will be made to that agreement with its correct number: ACP-30-2017.
That said, it must be noted that, according to the claimant, the challenged agreement and the reform made in the questioned Decree No. 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT imply that the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) is only required for the installation of telecommunications towers, with which, the construction of the rest of that type of infrastructure -such as telecommunications poles (postes de telecomunicaciones)- has been exempted from this prior environmental control, which he considers a relaxation and regression of the regulations and a modification that, in his opinion, lacks the technical justification to support it, which he deems contrary to the principles of non-regression, objectification, precautionary and progressivity, to the right to a healthy and ecologically balanced environment, as well as to the provisions of articles 7, 21, 50 and 89 of the Political Constitution and 26 of the American Convention on Human Rights, for which he requests that the unconstitutionality action be declared with merit. Consequently then, the elements will be assessed based on which, finally, this Court considers that the challenged regulations are not harmful to the Law of the Constitution.
V.- The competence of the National Environmental Technical Secretariat regarding the construction of telecommunications infrastructure.- Article 17 of the Organic Environmental Law No. 7554 provides:
“Article 17.- Environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental). Human activities that alter or destroy elements of the environment or generate waste, toxic or hazardous materials, shall require an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) by the National Environmental Technical Secretariat created in this law. Its prior approval, by this body, shall be an indispensable requirement to initiate the activities, works or projects. The laws and regulations shall indicate which activities, works or projects shall require the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental).”
As can be inferred from the previous article, activities, works or projects (AOP's) that cause negative effects on the environment are those that require prior environmental assessments in accordance with what is established in the regulations. In that sense, in accordance with the block of current environmental legislation, the National Environmental Technical Secretariat does not approve or reject projects, but rather, what it carries out is an assessment of the environmental impacts of the country's different development projects and grants or denies them environmental feasibility (viabilidad ambiental) from an environmental analysis. However, in accordance with the provisions of articles 83 and 84 of the cited law, the purpose of that Technical Secretariat is to harmonize the environmental impact with the productive processes, granting it a series of functions that frame its legal power to carry out the required technical studies and determine which activities, works or projects, according to their incidence on the environment -environmental significance (significancia ambiental)-, must be submitted to the environmental impact assessment procedure. Recall that environmental significance (significancia ambiental) is the assessment of the environmental impact -potential or real- of an activity, obtained from quantitative and qualitative criteria that, to determine it precisely, requires carrying out a scientific-technical administrative procedure from which it is possible to identify and predict what effects an activity, work or project will have on the environment, quantifying and weighing them in order to lead to decision-making:
| “Significancia del Impacto Ambiental (SIA): Valoración cualitativa y cuantitativa de un |
| --- |
| impacto ambiental dado, en el contexto de unproceso de valoración y armonización de criterios |
| tales como el marco regulatorio ambiental vigente, la finalidad de uso -planeado- |
| para el área a desarrollar, su condición de fragilidad ambiental, el potencial efecto social |
| que pudiera darse y la relación de parámetros ambientales del proyecto” |
| http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=99253&nValor3=135644&strTipM=TC |
On this matter, this Court has stated:
“In accordance with article 17 of the Organic Environmental Law, number 7554, of September eighteen, nineteen ninety-five, the activities that require an environmental impact study approved by SETENA are those human activities that alter or destroy elements of the environment or generate toxic or hazardous waste materials. Its prior approval, by this body, shall be an indispensable requirement to initiate the activities, works or projects. This is how the protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment obliges the State to take preventive measures to avoid its affectation; and among the main measures provided by the legislator in this regard, there are several technical instruments among which the Environmental Impact Study stands out, according to the provisions of the cited article, with the condition of the project or work being what will determine, in each case, its necessity. The legislator entrusted the 'National Environmental Technical Secretariat' with the assessments by 'an interdisciplinary team of professionals, registered and authorized by the Secretariat in accordance with the guidelines developed by it. The cost of the environmental impact assessments shall be borne by the interested party'. Article 19 of the Organic Environmental Law established that 'the resolutions of the Environmental Technical Secretariat must be substantiated and reasoned', thereby incorporating in this matter the general principle of substantiation of administrative acts also developed by the General Law of Public Administration, which is in turn a guarantee that integrates substantive due process” (see judgment No. 2005-015059 of 15 hours 55 minutes of November 1, 2005, https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-331288).
It must be kept in mind that not every activity, work or project must be submitted to the environmental impact assessment procedure, but only that which, due to the characteristics and degree of environmental significance (significancia ambiental) of impact, requires it, after carrying out a technical study that supports it -issued by the competent authority-, precisely in accordance with the principle of objectification according to which, the decisions adopted in environmental matters must have the necessary accreditation of technical studies, both in relation to administrative acts and regarding provisions of a general nature. Therefore, the Technical Secretariat is the body responsible for carrying out and assessing the environmental significance (significancia ambiental) of human activities and, consequently, it is the authority that would have the competence to establish in which cases the necessary technical studies must be carried out to determine what type of telecommunications support infrastructure -which is what this action refers to- needs to be subject to environmental feasibility (viabilidad ambiental), with which it has the authority to evaluate the different methods of assessing the environmental impact derived from the installation, expansion, renovation and operation of public telecommunications networks or any of their elements, as well as the need for granting environmental feasibility (viabilidad ambiental) in those cases that require it. On this matter, it is necessary to point out that one of the objectives of the General Telecommunications Law and the Law for the Strengthening and Modernization of Public Entities of the Telecommunications Sector is aimed at promoting the country's development in that area, for which the construction of the necessary infrastructure is indispensable to allow the use and exploitation of networks as well as the provision of telecommunications services within the framework of the information and knowledge society and as support for sectors such as health, citizen security, education, culture, commerce, electronic government, among others, all of which must be framed within environmental sustainability which is one of the guiding principles set out in article 3 of the General Telecommunications Law No. 8642 of June 4, 2008, according to which:
“(…)
k) Environmental sustainability: harmonization of the use and exploitation of networks and the provision of telecommunications services, with the constitutional guarantee of having a healthy and ecologically balanced environment. Operators and providers must comply with all applicable environmental legislation”.
A principle that was later reiterated also in article 3 of the Law for the Strengthening and Modernization of Public Entities of the Telecommunications Sector No. 8660 of August 8, 2008 and that, in the terms indicated, must also be assessed and protected by the National Environmental Technical Secretariat within the scope of its competence. From this perspective, when this Technical Secretariat is responsible for carrying out the corresponding procedure that is brought to its attention for the construction and installation of telecommunications infrastructure -which is that intended for the assembly and support of a telecommunications network that may consist of channels, ducts, poles (postes), towers, control stations and other structures required for the installation and operation of public or private networks-, the environmental significance (significancia ambiental) must also be assessed, so it will be up to that Technical Secretariat to determine what is appropriate in accordance with the principle of environmental sustainability, the preservation as well as the protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment. Certainly, the importance of this infrastructure consists of allowing the installation and supporting the active elements of telecommunications networks, which are the transmission systems and other resources that allow the transmission of signals between defined termination points by means of cables, Hertzian waves, optical media or other radioelectric media, including satellite networks, fixed terrestrial networks (circuit-switched or packet-switched, including internet) and mobile networks, power line systems, used for signal transmission, networks used for sound and television broadcasting and cable television networks regardless of the type of information transported and that, in accordance with article 74 of the Regulatory Law of Public Services, is considered an activity of public interest both regarding the establishment, installation, expansion, renovation and operation of public telecommunications networks or any of their elements; however, it cannot be ignored that this must be done in strict compliance with sustainability and environmental protection. At this point, it is then pertinent to highlight that the construction and installation of infrastructure in telecommunications must necessarily be in harmony with the environment, so that Costa Rica can be a connected country for the benefit of its inhabitants based on a robust, orderly and supportive deployment of telecommunications infrastructure, in a scenario of free competition, allowing operators to deploy infrastructure and investments in an agile and timely manner to adapt to new and changing technological trends and regardless of the place in the country where there is population, that there is access to quality telecommunications services, through the development of telecommunications infrastructure that supports sustainable, efficient, secure and robust networks, but always in harmony with the environment and through optimal and environmentally sustainable solutions over time.
VI.- Regarding Executive Decree No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT denominated “Norms, Standards and Competencies of Public Entities for the coordinated and expeditious approval required for the Installation or Expansion of Telecommunications Networks” and its relationship with other related regulations.- According to its "considering" part, given the legal vacuum related to the installation of telecommunications infrastructure, as well as the existing legal and regulatory dispersion on the matter that, moreover, contains a large number of procedures and scarce organization and coordination among the institutions responsible for managing and approving them, the enactment of a decree was considered necessary to concentrate the norms, standards and competencies of public entities so that, in a coordinated and expeditious manner, the procedure required for the installation and expansion of telecommunications networks as well as the necessary structure could be attended to, as this constitutes a priority issue in order to promote the development of telecommunications in Costa Rica. According to the "Considering" clauses of that decree, such was the motivation that led to its enactment and to its denomination as “Norms, standards and competencies of public entities for the coordinated and expeditious approval required for the installation or expansion of telecommunications networks”, which was issued on May 10, 2010 with the participation of the Ministries of Environment, Energy, Telecommunications, Health, Economy, Industry, Commerce, Public Works and Transport and published in the Official Gazette La Gaceta No. 175 of September 8, 2010. Observe what its articles 1 and 2 provide:
“Article 1.- Scope of application. According to the provisions of article 38 and subsections a) and c) of article 39, all of the Law for the Strengthening and Modernization of Public Entities of the Telecommunications Sector, all dependencies and institutions that are part of the Telecommunications Sector are subject to the scope of application of this Decree, both from the central and decentralized Public Administration, including autonomous institutions, semi-autonomous institutions, public and private companies and all those municipalities in whose territorial space functions or activities related to the authorization, permits and licenses for the installation of telecommunications infrastructure are carried out.
Article 2.- Objective. This Decree aims to identify and group each of the competencies of the public entities of the Telecommunications Sector that intervene in the procedures and requirements so that, in a coordinated and expeditious manner, the procedure required for the installation of infrastructure, as well as the expansion of telecommunications networks and their corresponding structure, is attended to.”
Effectively, as indicated supra in relation to the "considering" part of the decree, it can be inferred from both provisions that its objective was not to create new administrative competencies, nor to grant them to other authorities, but rather to compile those that the different institutions already had related to the requirements for the installation or expansion of telecommunications infrastructure within the current legal framework, in order to guarantee coordinated and expeditious attention regarding the red tape required for the installation of that infrastructure, subjecting the dependencies and institutions referred to in that decree to compliance with the provisions therein. In addition to the above, it is important to mention the relevance of the content of its article 3 since that is where it provides that this normative body applies -in general terms- to any of the types of telecommunications infrastructure described therein:
“Article 3.- Types of telecommunications infrastructure. The provisions of this Decree apply to any of the following infrastructure modalities defined in the International Standard 60050 of the International Electrotechnical Commission according to the ITU-R recommendation V.662-3 of the International Telecommunication Union:
a. Telecommunications Antenna: corresponds to the part of the radio transmission or reception system designed to provide the coupling between the transmitter or the receiver and the medium in which radio waves propagate. It can be located on a telecommunications tower or can be self-supporting.
b. Telecommunications Ducts: set of pipes of various materials intended to transport cabling for telecommunications services at an underground level.
c. Telecommunications Infrastructure: is any structure that is fixed or incorporated into a piece of land, in the subsoil or on it, which will be intended for the installation and support of a network or a telecommunications service. The telecommunications infrastructure may consist of channels, ducts, poles (postes), towers, control stations and other structures required for the installation and operation of public networks for the provision of telecommunications services. This type of infrastructure does not represent a purpose as a housing unit.
d. Telecommunications Pole (Poste de Telecomunicaciones): single vertical support made of wood, concrete, steel or other material, with one end placed in the ground, either directly or through foundations. These structures are generally used to support power lines and telecommunications cabling such as coaxial cable, copper pair and fiber optics, among others.
e. Telecommunications network: according to article 6, subsection 19), of the General Telecommunications Law, corresponds to the transmission systems and other resources that allow the transmission of signals between defined termination points by means of cables, Hertzian waves, optical media or other radioelectric media, including satellite networks, fixed terrestrial networks (circuit-switched or packet-switched, including Internet) and mobile networks, power line systems, used for signal transmission, networks used for sound and television broadcasting and cable television networks, regardless of the type of information transported.
f. Telecommunications: according to article 6, subsection 29), of the General Telecommunications Law, corresponds to any transmission, emission and/or reception of signs, signals, writings, data, images, sounds or information of any nature by wire, conductors, radioelectric waves, optical media or other electromagnetic systems.
g. Telecommunications tower (torre de telecomunicaciones): support that may be constructed of materials such as wood, steel and concrete, and which usually consists of a four-sided interlocking structure or a single support. It can support various elements, such as transmission antennas and additional equipment for the operation of telecommunications networks.
Likewise, this decree will apply to all those modalities of telecommunications infrastructure that are determined by the Superintendency of Telecommunications or the Rector of the Telecommunications Sector.”
While it is true, as indicated by that provision and in general terms, its application is directed at any of the types of telecommunications infrastructure described therein: antennas, ducts, infrastructure, poles (postes), networks and towers, all referring to the field of telecommunications, it is also true that, in accordance with the challenged regulations -both Executive Decree No. 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT and Agreement No. ACP-30-2017 of the Plenary Commission of the Technical Secretariat- a modification was subsequently made to the type of telecommunications infrastructure to which Executive Decree No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT must be applied, so that it was only for telecommunications towers (torres de telecomunicaciones), as will be explained later, with the understanding that, if there is no legal provision that requires an environmental impact study, the mechanism to be used to evaluate it regarding the telecommunications infrastructures to be installed is left to the discretion of the National Environmental Technical Secretariat, as the competent body on the matter and in accordance with the specific case due to the environmental significance (significancia ambiental) that may arise.
Now then, in the same manner, it is pertinent to mention article 8 of this Executive Decree No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT because, based on the provisions of numerals 17 and 18 of the Organic Environmental Law, the competencies of the National Environmental Technical Secretariat of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications in matters of installation and expansion of telecommunications networks are once again recalled there and, in that sense, that provision 8 reiterates that it is the competence of that Technical Secretariat to process the request for environmental feasibility (viabilidad ambiental), in general terms, for new activities, works or projects that, by law or regulation, are determined to be able to alter or destroy elements of the environment, or generate waste, toxic or hazardous materials, as well as to order prevention, mitigation and compensation measures; activities, works or projects that may be specifically for telecommunications. It is precisely this provision that was modified by the challenged Decree No. 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT, and before that, it provided the following:
“Article 8.- Competencies of the National Environmental Technical Secretariat of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications. According to the provisions of articles 17 and 18 of the Organic Environmental Law No. 7554, published in La Gaceta No. 215 of November 13, 1995, in matters of installation and expansion of telecommunications networks, the National Environmental Technical Secretariat is responsible for:
1. Processing the request for environmental feasibility (viabilidad ambiental) in accordance with articles 1, 2, and 12 and 13 of the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures, Executive Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC of May 24, 2004, published in La Gaceta No. 125 of June 28, 2004. The types of infrastructure subject to the environmental feasibility (viabilidad ambiental) procedure shall be those established in article 3 of this decree.
2. By reason of the provisions in subsections a), c), e), i), all of article 39 of the Law for the Strengthening and Modernization of Public Entities of the Telecommunications Sector, Law No. 8660, as well as in article 3 and subsections a), b) and c) of article 4 of the Organization Regulation of the Vice-Ministry of Telecommunications", Executive Decree No. DE-34997-MINAET, of January 16, 2009, any new procedure, requirement or regulatory provision related to the Telecommunications Sector must previously consider the national public policy established in the National Telecommunications Development Plan based on the provisions of universal access and use, on the guiding principles, as well as have the technical opinion of the Vice-Ministry of Telecommunications.
3. When for any reason related to a request by the administered party, the technical opinion of the Vice-Ministry of Telecommunications is required, it shall resolve within a period not exceeding 3 business days, from the date the consultation is received by the competent institution, except for exceptional cases that require a more extensive study on the matter, the Vice-Ministry shall respond within a period not exceeding 10 business days.”
Executive Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC of May 24, 2004:
To have clarity in the approach being taken, it is necessary, at this point, to refer to this other decree No.
31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, which is the "General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures," this is because —as can be observed— the former Article 8 refers directly to that decree, which, as evidenced in its Considerandos, was imperative to issue in order to unify criteria and establish clear technical and legal guidelines because, since human activities produce impacts on the environment of different types and diverse natures, it was necessary to regulate one of the preventive environmental policy instruments, which is the environmental impact assessment (EIA), given that environmental problems must be addressed with preventive and corrective policies: a) preventive policies include the training, sensitization, and education of the population, regulations on environmental quality, research, experimentation, and dissemination of corrective and preventive technology, information, territorial environmental planning or comprehensive planning, as well as environmental impact assessments; b) for its part, corrective policies comprise technology for conservation, improvement, restoration, and rehabilitation of resources, environmental audits, and ecological seals or labels. This decree was very clear in stipulating that it is the policy of the Government of the Republic to achieve sustainable development in all areas of national productive activity, both in the public and private sectors, conserving and protecting the environment and the country's natural resources, and fostering economic and social progress through harmonious, coordinated, systematized, and uniform actions; reasons for which it was deemed necessary to enact it in order to regulate an agile, modern, and reliable procedure for the submission of environmental impact assessments to the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) —as the body responsible for making such assessments—, to define the procedures to follow, and to grant the pertinent environmental viability (viabilidad ambiental) in cases where it deems necessary according to its competence and the technical criteria it uses. From this decree, it is worth highlighting its Articles 1 and 2, as they stipulated the objectives of the decree and also that the environmental impact assessment was a necessary prerequisite prior to the start of works:
"Article 1—Objective and scope. The purpose of this regulation is to define the general requirements and procedures by which the environmental viability (license) will be determined for new activities, works, or projects, which by law or regulation, have been determined to be capable of altering or destroying elements of the environment or generating waste, toxic or hazardous materials; as well as the prevention, mitigation, and compensation measures, which, depending on their impact on the environment, must be implemented by the developer.
Article 2—EIA procedure for activities, works, or projects. By its nature and purpose, the Environmental Impact Assessment (EIA) procedure must have been completed and approved prior to the start of project, work, or activity activities. This is particularly relevant when it involves the approval of preliminary projects (anteproyectos), projects, and segregations for urban or industrial purposes, procedures pertinent to land use, construction permits, and the use of natural resources."
Similarly, Article 3 is of interest, in which a series of definitions related to the subject matter were established, such as what should be understood by activities, works, new projects, activities with very low potential environmental impact, environmentally fragile areas, among others of great relevance for understanding the scope of that regulation. In addition to the foregoing, what it stipulated in Article 4 regarding the activities, works, or projects subject to environmental impact assessment, and Article 4 bis, which referred to those for which such a requirement is not made, is of interest.
Now, however, a warning must be made in the sense that this Executive Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC of May 24, 2004, was recently repealed in its entirety by Article 101 of the "Regulation for Environmental Assessment, Control, and Follow-up" (Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental) approved through Executive Decree No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC of December 21, 2022, published in the Official Gazette La Gaceta No. 67 of April 19, 2023, and which entered into force as of August 19, 2023; a regulation whose purpose is to regulate the general requirements and procedures by which the environmental viability (license) is determined for activities, works, or projects that may alter or destroy elements of the environment or generate waste, toxic or hazardous materials, but which also establishes the prevention, mitigation, and compensation measures that must be implemented by the developer depending on the impact on the environment. Reference will be made to this new regulation later.
Regarding this acción de inconstitucionalidad, the importance of this Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC is closely related to a subsequent one that reformed it, Executive Decree No. 37803-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC of June 25, 2013, to which a brief reference will be made below, as relevant.
Executive Decree No. 37803-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC:
This new Decree No. 37803-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC was enacted on June 25, 2013, and is called "Addition and Modification to the General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures," which is Executive Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, which, as stated, is called "General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures," and, again, in accordance with Article 17 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), it reaffirms that the National Environmental Technical Secretariat is responsible for the environmental impact assessment of all human activities that alter or destroy elements of the environment or generate waste, toxic or hazardous materials, for which, through its regulations, it establishes the activities, works, or projects that require, prior to their start, the approval of environmental viability. As indicated supra, the intention of that Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC was to achieve more effective and efficient management by the National Environmental Technical Secretariat through better resource allocation and the implementation of agile, modern, and reliable procedures that allow for better control and follow-up systems for the activities, works, or projects submitted for assessment; consequently, it was considered necessary to make additions and modifications to said "General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures," and, among the reforms made, the one made in this new Executive Decree No. 37803-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC is of interest, which, through its numeral 8, incorporated Article 9 bis, which was done in this manner:
"Article 8— An Article 9 bis is added to Executive Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC of May 24, 2004, and its reforms, 'General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures,' which shall read as follows:
Article 9 bis—Environmental Assessment Documents for telecommunications tower installation projects:
The Environmental Impact Assessment (EIA) Document for telecommunications tower installation projects shall be processed through form D2, with the submission of the information that said form requests. Likewise, it must be supplemented with the following additional information signed by the competent professional duly registered in the SETENA consultant database:
1. Project description.
2. Anthropic Risk Certification (Certificación de Riesgo Antrópico).
3. Geotechnical Study.
4. Rapid Archaeological Study.
5. Digital file in Shape File format (*.shp), with its respective database and the corresponding polygon of location of the project area (AP); file in *.kml format, with the same attributes as the Shape File (project name, project type, cadastral map number, and farm (finca) number, province, canton, district, developer name, individual ID number (cédula persona física) or, if applicable, also the legal entity ID number (cédula jurídica), fax or email address for receiving notifications).
6. Digital file in Shape File format (*.shp), with the corresponding location point of the tower within the project area (AP); file in *.kml format, with the same attributes as the Shape File (project name, project type, cadastral map number, and farm (finca) number, province, canton, district, developer name, individual ID number (cédula persona física) or, if applicable, also the legal entity ID number (cédula jurídica), fax or email address for receiving notifications). The Shape File files must be prepared under the CRTM05 Cartographic Projection System. The digital georeferencing files must come individually for each tower.
7. Photographic record of current conditions.
8. The results of the Communication Plan to the communities, whose minimum content is as follows:
- Objective (Must indicate what the project will consist of and what implications it has).
- Target group (communities, the AID must be indicated and justified).
- Dissemination strategy or mechanism to be used in the communities located in the Direct Influence Area (Área de Influencia Directa, AID) (include impacts) in order to inform about the project to be developed, which includes at least the following aspects:
- Dissemination period.
- Message to be transmitted (a description of the project must be provided, explaining the impacts it will generate).
- Schedule of activities to be carried out in the communication plan.
- Response format for the communities regarding concerns related to the project's dissemination.
- Dissemination costs.
The D2 form for Telecommunications Towers must be signed by the developer and an Environmental Consultant duly registered in the SETENA consultant database, and authenticated by a lawyer, or both interested parties must appear before SETENA and sign personally before the official for authentication purposes.
When it is determined that the project, in accordance with the hydrogeological and vulnerability maps approved by SENARA, is located in a vulnerable zone, SETENA may request a Hydrogeological study of the area of interest.
SETENA will analyze the documents submitted and, if all requirements are met, the environmental viability (license) will be granted within a maximum period of 15 business days. If there are observations or clarifications, SETENA will issue a single written notification (prevención) to the developer for compliance, for which it will grant a period of no more than ten business days to complete the information; if not corrected within the indicated period, the expediente will be archived. The indicated notification suspends the Administration's resolution period; once this has elapsed, the computation of the remaining period provided for resolution will continue.
Exceptionally, if during the study of the case, SETENA needs information on a requirement to be expanded or clarified, and through a technically justified resolution, it will request that said requirement be expanded or clarified, before the 15 business days, and the administered party will have a maximum period of up to 10 days to respond.
The studies corresponding to points 3 and 4 of Article 9 bis must be prepared by professionals in the field. If it is considered that the preparation of said studies is not necessary, a certification must be submitted in printed form issued by the professional authorized according to their training to issue an opinion on the matter, technically substantiating the reasons why its submission is not required.
In those cases where the project is intended to be carried out in an area classified as environmentally fragile according to Annex 3 of Decree 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, or in those cases where, based on justified technical criteria from SETENA, an Environmental Assessment through the D1 Environmental Impact Assessment Document will be required."
As can be inferred from this decree, the competence of the National Environmental Technical Secretariat in the matter is reiterated, and with the addition made by that Article 9 bis, it is clearly delimited that, regarding telecommunications infrastructure, the required environmental impact assessment (EIA) document is aimed at telecommunications tower installation projects, as well as that this procedure would be processed through form D2, for which the information indicated in that Article 9 bis must be submitted. It should be noted that this decree, being a reform of No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, was also repealed by the recent No. 43898-MINAE-MOPT-MAG-MEIC.
Executive Decree No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC:
As indicated supra, this recently entered-into-force Executive Decree No. 43898-MINAE-MOPT-MAG-MEIC of December 21, 2022, in its Article 101, repealed in its entirety Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC of May 24, 2004, and its reforms, which, during its validity, was the "General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures." That Article 101 stipulated, as relevant:
"Article 101. - Repeals.
I. Executive Decrees numbers 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC of May 24, 2004, 'General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures and its reforms,' published in the Official Gazette La Gaceta No. 125 of June 28, 2004, and 34536-MINAE of March 25, 2008, are repealed (…)"
This new executive decree has been called "Regulation for Environmental Assessment, Control, and Follow-up" and entered into force on August 19, 2023. In its recitals (parte considerativa), it was recorded that in the country there is a significant number of rules on the environmental assessment and follow-up process scattered across various regulations, making regulation in that field complex and convoluted, which made it necessary to simplify and concentrate the regulations to facilitate their understanding and application. In that sense, it was pointed out in those Considerandos that the "General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures" –Executive Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC– whose entry into force occurred in June 2004, had more than 18 eighteen years of validity at the time of enacting this new decree and during that period had undergone a series of modifications for its implementation. In this regard, as stated above and for the purposes of this acción, one of those reforms was precisely the inclusion of Article 9 bis through numeral 8 of Executive Decree No. 37803-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC; Article 9 bis through which it was clarified that telecommunications tower installation projects required evaluation through form D2, also specifying the requirements as well as the documentation that had to be submitted. Now, returning to the recitals of this new Decree No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, it must be said that mention was made of the evolution and transformation that environmental impact assessment processes have been undergoing both worldwide and within the country, and from which new environmental variables have been devised to be contemplated within the assessment processes, which are supported by new available technology and are directed towards policies based on the fulfillment of sustainable development objectives, for which technical and legal requirements have been established, specific and particular to the environmental impact assessment processes, generating legal certainty and reducing review times, all in full adherence to the Law for the Protection of Citizens from Excessive Requirements and Administrative Procedures No. 8220 of March 4, 2002, and its reforms, according to which, it is necessary to establish clear and specific requirements that add value to the environmental assessment process for each of the instruments used but also to streamline its content without diminishing the assessment or falling into environmental regression. It is worth noting that this new "Regulation for Environmental Assessment, Control, and Follow-up" (Decree No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC), like its predecessor, aims to regulate the general requirements and procedures by which the environmental viability (license) is determined for activities, works, or projects that may alter or destroy elements of the environment or generate waste, toxic or hazardous materials, also establishing the prevention, mitigation, and compensation measures that must be implemented by the developer, depending on the impact on the environment. Article 1 textually stipulates the following:
"Article 1.- Objective and scope. The purpose of this regulation is to regulate the general requirements and procedures by which the Environmental Viability (License) (Viabilidad (Licencia) Ambiental, VLA) will be determined for activities, works, or projects (AOP), which by law or regulation, have been determined to be capable of altering or destroying elements of the environment or generating waste, toxic or hazardous materials; as well as the prevention, mitigation, and compensation measures, which, depending on their impact on the environment, must be implemented by the developer.
It is an indispensable requirement for the competent authorities to grant permits, concessions, patents, and licenses to carry out the activities, works, or projects determined by this regulation, to complete the process of obtaining an environmental viability before the National Environmental Technical Secretariat.
The Environmental Impact Assessment (EIA) must be completed with the Environmental Impact Significance Matrix (Matriz de Significancia de Impactos Ambientales, SIA). The result of this analysis by the environmental consultant must allow determining the procedure to follow for obtaining the environmental viability, except for those cases where a special law requires an Environmental Impact Study.
This regulation contemplates the Environmental Impact Assessment for activities, works, and projects through different forms, according to the specification of each AOP, as well as the environmental follow-up and control of the projects.
The Strategic Environmental Assessment is specifically regulated by Executive Decree No. 32967-MINAE of February 20, 2006, and its reforms or regulations that may be generated in the future."
This new regulation contains a detailed categorization of activities, works, or projects according to the potential environmental impact (IAP) they could produce, and precisely based on that, the regulation establishes the type of instrument with which they must be evaluated, such that, in addition to referring to telecommunications towers as the type of infrastructure in that area that must be environmentally evaluated, it has also classified them under "Category D: Very low environmental impact." Note that, furthermore, towers have been granted Section VI of the regulation with specific rules for them, which stipulate:
"SECTION VI
D1 - Telecommunications Towers
Article 28.- The Environmental Assessment for telecommunications tower installation projects.
The Environmental Impact Assessment for Telecommunications Towers must be submitted with form D1, and complete the requirements established in Article 29. As part of the environmental impact assessment, the environmental consultant must identify the fragility conditions of the sites or the AP where the activity, work, or project is intended to be developed, and provide the respective environmental measures.
Article 29.- Requirements and procedures for the D1-Towers.
To carry out the Environmental Impact Assessment for the D1-Towers, the following requirements must be met:
The Environmental Assessment Form D1, located in Annex 3 of this regulation.
Name of the activity, work, or project.
Project description.
Digital files, one in Shape File format (*.shp) and another in *.kml format, for each of the following elements: polygon of the location of the property or each of the properties (as the case warrants) where the project will be carried out. In cases of projects with specific point components, in addition to the farm polygon, a shape file and another kml file of the exact location point of the project area (AP) must be submitted. For linear projects, in addition to the farm polygon, a shape file and another kml file of the poly-line(s) to be developed must be submitted; likewise, for this type of project, another shape file and kml file must also be submitted with the extreme points, or with the start and end points of the poly-line layout, with their respective coordinates. In cases where the project does not contemplate its construction coverage over the entire farm and is developed only in one sector or in several dispersed sectors of the same, in addition to the property polygon, a shape file and another kml file must be submitted with the contour polygon of the project area (AP) to identify its location within the property(ies). The database of all files in *.shp format and *.kml format must contain the following attributes: project name, project type, cadastral map number, farm number, province, canton, district, developer name, individual ID number (número de cédula de persona física) or, as the case may be, the legal entity ID number (número de cédula jurídica), email address for receiving notifications. All *.shp files must be prepared under the official Cartographic Projection System of Costa Rica: CRTM05/CR05 and/or CRTM05/CRSIRGAS (as established by the IGN). The digital georeferencing files must come individually for each tower.
5. In the case of an Individual: Full name of the developer, qualifications, personal domicile, and address and email for receiving notifications.
6. In the case of a Legal Entity: Name of the legally constituted company in the country, legal entity ID number, tax domicile, email for receiving notifications, full name and qualifications of the representative or legal proxies.
7. Cadastral map number of the property.
8. Indicate the farm number according to the Public Property Registry (Registro Público de la Propiedad).
9. Enter into the system the deposit number, electronic transfer, or other payment mechanism, for the acquisition of the Code of Good Environmental Practices (Código de Buenas Prácticas Ambientales).
10. A certification of the total investment amount for the activity, work, or project, including the cost of the AP, issued by a Certified Public Accountant (CPA). When the activity, work, or project involves construction works, the developer is authorized to submit, instead of the CPA certification, one containing the appraisal, either from the Federated College of Engineers and Architects (Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, CFIA), which must be signed by the responsible professional, or a sworn statement issued by the pertinent professional.
11. Preliminary design of the activity, work, or project, according to the example presented in Annex 3 of this regulation.
12. Geotechnical Study, or technical justification for its non-submission.
13. Rapid Archaeological Study, or technical justification for its non-submission.
14. Georeferenced photographic record of current conditions.
15. The results of the Communication Plan to the communities, whose content is as follows:
a. Objective (Must indicate what the project will consist of and what implications it has).
b. Target group (communities, the AID must be indicated and justified).
c. Dissemination strategy or mechanism to be used in the communities located in the AID (include impacts) in order to inform about the project to be developed, which includes at least the following aspects:
i. Dissemination period.
ii. Message to be transmitted (a description of the project must be provided, explaining the impacts it will generate).
iii. Schedule of activities to be carried out in the communication plan.
iv. Response format for the communities regarding concerns related to the project's dissemination.
v. Dissemination costs.
16. Literal information of the property. Exempted from this requirement are the Telecommunications Infrastructure Development Projects that serve the objectives of Universal Access, Universal Service, and Solidarity included in the Annual Plan of Programs and Projects of the National Telecommunications Fund (Fondo Nacional de Telecomunicaciones) in accordance with the goals established in the National Telecommunications Development Plan, which are implemented in areas of farms that have not been registered in the Real Estate Registry (Registro de Bienes Inmuebles) of the National Registry, but whose possessors fall under the assumption contained in Article 307 of the Civil Code, Law No. 63 of September 28, 1887. This exception does not apply to properties duly registered in the Real Estate Registry.
The documentation that must be submitted for the properties where the activity, work, or project will be developed that are in the cited condition shall be the following:
? For these cases, SETENA will request Certification from the Superintendency of Telecommunications (Superintendencia de Telecomunicaciones) that the infrastructure to be located is part of a Project that serves the objectives of Universal Access, Universal Service, and Solidarity, included in the Annual Plan of Programs and Projects of the National Telecommunications Fund.
? A technical study endorsed by the Superintendency of Telecommunications supporting that the site for the telecommunications infrastructure project is the only technically or economically viable alternative for the network operator, and, therefore, is a necessary location for fulfilling the objectives of the Project to be developed and is the optimal point in terms of coverage and/or interference.
? If the property is not owned by the developer, they must submit the lease agreement, letter of authorization from the possessor, or the agreement on the conditions of use signed by the parties, certified by a Notary Public.
? A sworn statement issued before a Notary Public by the possessor of the property, stating:
a. Cause and date of acquisition of the property, and that the possessor falls under the assumption contained in Article 307 of the Civil Code, that there is no contention over the property or third party with better right, and that the property is not registered in the Real Estate Registry.
b. Description of the property based on the cadastral map or any other means of verification that must be attached, and establish the location of the project area.
c. Express declaration releasing the National Environmental Technical Secretariat from all liability for the inaccuracy or falsity of what is declared.
17. If the developer is not the property owner, they must provide the corresponding permission from the owner.
All information indicated by the developer must be declared under oath to be current and true; otherwise, the corresponding consequences may arise.
Likewise, it must be signed using a digital signature by the developer of the activity, work, or project.
Article 30.- Procedure for the D1-Towers.
The Environmental Impact Assessment procedure will be carried out through the digital platform or the means that SETENA establishes, for which it must:
1. Enter the requirements indicated in Article 29 of this regulation.
2. Submit the information and studies established in Article 29, or technical justification for their non-submission.
3. Access to the digital platform will be done with a Digital Signature.
4. On the Digital Platform, the procedure to be carried out must be chosen.
5. The steps indicated by the system for the chosen procedure must be followed, according to the requirements of your activity, work, or project.
6. Once the process is finalized, the form must be digitally signed, and the official administrative expediente number will be generated.
If you do not have a digital signature, you may:
I. Print the form, physically sign it, and authenticate the signature through a Notary Public using their digital signature and upload it to the platform with the inclusion of a statement by the Notary confirming that they indeed issued the document, in accordance with the Regulation on extra-protocol notarial documents in electronic format.
II. Grant a power of attorney in the name of a person who does have a digital signature.
7.
The respective department of SETENA must carry out the technical verification of the D1-Towers file, within a maximum period of 14 calendar days, at the end of which it must issue the result of the review, either a technical report or a request for missing information. Once the technical report is issued, SETENA, within a maximum period of 7 calendar days, will issue the administrative resolution.
8. In the event that the conditions are not met, the technical departments will notify the developer of the situation and will request, by official letter and on a single occasion, that the missing information be corrected within a period that may not be less than 20 business days and that may be extended if necessary. This request for correction suspends the review period.
9. For the review and notification of the information requested in the previous point, SETENA will have a period of 3 business days.
10. In the event that the requested information is not submitted within the established period, the file will be archived.
The resolution will be notified to the developer or their representative in accordance with the procedures indicated in these regulations and the current legislation.
Article 31.- Control of environmental management before SETENA, after the granting of the Environmental Viability for the D1-Towers, by means of the Digital Environmental Logbook (Bitácora Digital Ambiental).
The control of environmental management before SETENA will be submitted through environmental responsibility reports and through
the Digital Environmental Logbook (Bitácora Digital Ambiental). The activation of the Logbook developer".
As can be seen from the above transcriptions, it is evident that, following the enactment of this new decree No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, the environmental impact assessment process for telecommunications towers, as well as its requirements, appears to be more structured, as the decree has proposed. As far as this action of unconstitutionality is concerned, it was essential to refer to this reform despite the fact that it has not had an impact on the specific points being questioned, as will be seen later.
Now, from the review that has been made of these 4 decrees, the following can be concluded:
1) Executive Decree No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT of May 10, 2010, entitled "Standards, Norms, and Competencies of Public Entities for the Coordinated and Expedited Approval Required for the Installation or Expansion of Telecommunications Networks" establishes the general regulatory framework for the installation of telecommunications infrastructure required in the country, as well as the competencies held by the public institutions involved in the matter, such as the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), which is responsible for processing applications for environmental viability for the activities, works, or projects intended for the installation and construction of such infrastructure.
2) Executive Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC of May 24, 2004, entitled "General Regulations on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures", defined the general requirements and procedures by which the environmental viability (license) is determined for new activities, works, or projects that, by law or regulation, have been determined to potentially alter or destroy elements of the environment or generate waste, toxic or hazardous materials, as well as the prevention, mitigation, and compensation measures that, depending on their impact on the environment, must be implemented by the developer; works, activities, or projects which could include the installation or construction of telecommunications infrastructure, among others. Likewise, its importance is observed in the definitions provided in its Article 3 related to the matter, such as what should be understood by activities, works, new projects, activities with very low potential environmental impact, environmentally fragile areas, among others of great relevance to understanding the scope of that regulation, as well as the differentiation made in its numbers 4 and 4 bis regarding activities that do not require environmental assessment because they are of low impact and those that would require it. The greatest interest of this decree would come later with the reform made through executive decree No. 37803-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC; however, it must be kept in mind that this regulation is no longer in force as it was repealed in its entirety along with its reforms by executive decree No. 43898-MINAE-MOPT-MAG-MEIC of December 21, 2022.
3) Decree No. 37803-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC of June 25, 2013, published in La Gaceta No. 137 of July 17, 2013, entitled "Addition and Modification to the General Regulations on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures, Executive Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC of May 24, 2004", included in it Article 9 bis, which specifically addressed telecommunications towers and provided that the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) document for telecommunications tower installation projects would be processed through form D2, with the submission of the information requested by said form. It should be noted that, with the new decree No. 43898-MINAE-MOPT-MAG-MEIC mentioned, the content of that Article 9 bis was revamped and the requirements and procedures required for the environmental assessment of telecommunications towers were better specified, unifying everything into a single document.
4) In Article 101 of executive decree No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC of December 21, 2022, published in the Official Gazette La Gaceta No. 67 of April 19, 2023, and which entered into force on August 19, 2023, executive decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC of May 24, 2004, and its reforms were repealed in their entirety; however, its objective is directed in the same sense as its predecessor: to regulate the general requirements and procedures by which the environmental viability (license) is determined for activities, works, or projects that may alter or destroy elements of the environment or generate waste, toxic or hazardous materials, and establishes the prevention, mitigation, and compensation measures that must be implemented by the developer depending on the impact on the environment. The novelty of this decree is that, in a more orderly and structured manner, reference is made to the requirements, documentation, and environmental impact assessment process specifically for telecommunications towers.
Thus, it is necessary to conclude that, regardless of the regulatory path taken in the matter, the National Environmental Technical Secretariat is the competent technical body to carry out the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) of activities, works, or projects to be built in the national territory and, specifically, with regard to telecommunications, it has determined that only telecommunications towers will require the granting of environmental viability, not telecommunications poles, unless, at the time and based on duly accredited technical studies, that body may provide something different, precisely in consideration of that specific competence it holds in this matter.
Regarding resolutions No. 2031-2009-SETENA of August 26, 2010, and No. 123-2010-SETENA of January 20, 2010:
In addition to the previous executive decrees, mention must be made of the resolutions issued by the National Environmental Technical Secretariat No. 2031-2009 and No. 123-2010 concerning the environmental assessment of telecommunications tower installations. According to these resolutions, the activities to be carried out in the installation of telecommunications radio bases, both in the construction phase and in the operational phase, will generate negative environmental impacts of low significance that can be mitigated through simple environmental measures because they are punctual, temporary, and low-intensity effects. It must be considered that the developing companies view the system of shared towers as a mechanism to reduce the visual impact throughout Costa Rica, in addition to the fact that environmental impacts with the shared site model are minimized by requiring fewer towers. Likewise, it was indicated in these resolutions that the area covered by each of the sites where the towers would be located is very small, with no generation of wastewater or solid waste. Furthermore, it was indicated that given that the proliferation of telecommunications towers could be massive, it would be necessary for an environmental monitor (regente ambiental), duly registered in the consultant database of the Technical Secretariat, to be responsible for ensuring, reporting, and controlling that the development of all towers is carried out following the pertinent environmental recommendations, thereby seeking to minimize possible environmental impacts and, particularly, the synergistic effects on the landscape; an environmental monitor (regente ambiental) who must also guarantee the fidelity and quality of the additional studies submitted in the corresponding form, being jointly and severally liable for any eventuality. Finally, these resolutions have also noted that to foster better citizen participation prior to granting environmental viability, the developer must be asked for the results of the communication plan. It is important to clarify that several of the informants in this action of unconstitutionality, such as the Minister of Environment and Energy, the Minister of the Presidency, and the representative of the Technical Secretariat herself, have informed this Court that the only things historically evaluated by that Secretariat are telecommunications towers, initially regulated through these resolutions No. 2031-2009-SETENA of August 26, 2010, and No. 123-2010-SETENA of January 20, 2010, and later regulated in Article 9 bis of executive decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, which was incorporated with the issuance of executive decree No. 37803-MINAE of June 25, 2013, to finally be regulated in executive decree No. 43898, which is currently in force since August 19, 2023, by repealing the 2 previous decrees through its number 101, as mentioned earlier. The case file also shows that these resolutions were issued due to the low significance of the environmental impacts generated by the installation and operation of telecommunications towers, which, according to technical criteria, led the Technical Secretariat to the conclusion that they required an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA), which would be processed through the submission of the D2 environmental assessment document and that now, in application of the new decree No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC in force, it will be the D1 document.
VII.- Executive Decree No. 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT entitled "Reform of Standards, Norms, and Competencies of Public Entities for the Coordinated and Expedited Approval Required for the Installation or Expansion of Telecommunications Networks".- As has been indicated and as the claimant points out in their complaint, this decree modified Article 8, subsection 1, of executive decree No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT, which was the original version of the "Standards, Norms, and Competencies of Public Entities for the Coordinated and Expedited Approval Required for the Installation or Expansion of Telecommunications Networks"; a reform that consisted of eliminating the last phrase of subsection 1 of that number, which can be easily observed in the following table highlighted by underlining and bold text:
| Executive Decree No. 36159-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT | Executive Decree No. 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT |
| :--- | :--- |
| | |
| “Article 8°- Competencies of the National Environmental Technical Secretariat of the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications. According to the provisions of Articles 17 and 18 of the Organic Environmental Law No. 7554, published in La Gaceta No. 215 of November 13, 1995, regarding the installation and expansion of telecommunications networks, the National Environmental Technical Secretariat is responsible for: | “Article 1°- Modify subsection 1) of Article 8 of Executive Decree No. 36159- MINAET-S-MEIC-MOPT of May 10, 2010, published in the Official Gazette La Gaceta No. 175 of September 8, 2010, so that it shall henceforth read as follows; |
| | |
| 1. Processing the application for environmental viability in accordance with Articles 1, 2, and 12 and 13 of the General Regulations on Environmental Impact Assessment Procedures, Executive Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC of May 24, 2004, published in La Gaceta No. 125 of June 28, 2004. The types of infrastructure subject to the environmental viability process shall be those established in Article 3 of this decree” (bold and underlining added to highlight the phrase eliminated by the challenged decree). | **Article 8°-** Competencies of the National Environmental Technical Secretariat of the Ministry of Environment **and** Energy. According to the provisions of Articles 17 and 18 of the Organic Environmental Law No. 7554, published in La Gaceta No. 215 of November 13, 1995, regarding the installation and expansion of telecommunications networks, the National Environmental Technical Secretariat is responsible for. |
| | |
| 2. (…)” | 1. Processing the application for environmental viability in accordance with Articles 1, 2, 12, and 13 of the General Regulations on Environmental Impact Assessment Procedures, Executive Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC of May 24, 2004, published in La Gaceta No. 125 of June 28, 2004. |
| | |
| | 2. (…)”. |
| | |
It is important to note that, according to the recital (considerando) section of this executive decree No. 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT, the establishment, installation, expansion, renovation, and operation of public telecommunications networks or any of their elements are activities of public interest and constitute a priority issue to promote the development of telecommunications in Costa Rica. Likewise, in those Recitals, it was provided that, in order to prevent the original Article 8 of decree No. 36159 from causing erroneous interpretations regarding which institution would be competent to determine the activities, works, or projects subject to meeting the necessary requirements for granting environmental viability, it was considered necessary to reform it, eliminating the last phrase contained in subsection 1 of Article 8 of that executive decree No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT, which stated: "The types of infrastructure subject to the environmental viability process shall be those established in Article 3 of this decree". In such considerations, it is reiterated once again that it is the competence of the National Environmental Technical Secretariat, through its various legal instruments, to define the general requirements and procedures by which environmental viability (license) will be determined for new activities, works, or projects that, by law or regulation, have been determined to potentially alter or destroy elements of the environment or generate waste, toxic or hazardous materials, as well as the prevention, mitigation, and compensation measures that, depending on their impact on the environment, must be implemented by the developer. It should be noted that the reform made not only reiterates those powers of the Technical Secretariat but also, by eliminating the indicated phrase, eliminated the list of infrastructure mentioned in Article 3 of the cited executive decree No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT, namely: telecommunications antenna, telecommunications ducts, telecommunications infrastructure, telecommunications pole, telecommunications network, telecommunications, telecommunications tower, and all those modalities of telecommunications infrastructure determined by the Superintendency of Telecommunications (SUTEL) or the Rector of the Telecommunications Sector. Consequently, and as a general starting hypothesis, it could be stated that with the elimination of that phrase, no telecommunications infrastructure would be subject to the environmental viability process; however, it can later be concluded that this is not true because, in accordance with Plenary Commission Agreement of the National Environmental Technical Secretariat No. ACP-30-2017, there is one type of telecommunications infrastructure that must be subjected to environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) analysis, which is any that is classified as a telecommunications tower. This conclusion remains in force in executive decree No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, which is the new "Regulation for Environmental Assessment, Control, and Monitoring" (Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental), where it is recognized that the telecommunications infrastructure to be evaluated by the Technical Secretariat is the telecommunications towers.
Now, reference will be made below to the statements made by the representatives of the institutions granted a hearing in this action of unconstitutionality regarding this decree, in order to then define this Court's position on the matter.
The claimant argues that, following the reform made in that decree, the State allows the environmentally deregulated installation of telecommunications poles, without the intervention of the National Environmental Technical Secretariat, thereby granting abusive freedom to erect them in any public place without allowing the weighing of the environmental impact and the accumulated visual damage to the rural or urban landscape of that infrastructure that fulfills the function previously held by telecommunications towers, as they serve the same purposes and objectives because they also support communications equipment such as transmission antennas and other additional equipment for the operation of telecommunications networks. The claimant states that, without any reason and without technical studies to justify it, all environmental assessments to be carried out by the Technical Secretariat are excluded for poles and other telecommunications infrastructure other than towers, therefore applying the simple discretion of the Executive Branch, causing injury to the principles of non-regression, progressivity, precaution, and objectification. The claimant considers that, due to their height, telecommunications poles are not the same as traditional electrical poles; in their view, they are actually antennas in another presentation, without electrical cables connecting them to other poles or anchors, thereby putting people's lives at risk because these poles can easily fall. Furthermore, they are cheaper than installing towers because they are placed on sidewalks and roadsides, do not pay leases, do not have to process paperwork with the Federated College of Engineers and Architects (CFIA), and do not cover consultant costs before the Technical Secretariat to submit the corresponding form, which promotes commerce and foreign investment through the weakening or reduction of protections contemplated in the legal system. The claimant estimates that by completely eliminating the interference of the Technical Secretariat in all types of telecommunications infrastructure via executive decree, the principle of progressivity, the precautionary principle, and the environmental public interest are violated, as well as the provisions of Articles 17 and 71 of the Organic Environmental Law and Articles 21, 50, and 89 of the Political Constitution, thereby requesting that this action of unconstitutionality be granted.
The representative of the Attorney General's Office (Procuraduría) considers that the challenged executive decree No. 40075 did imply a modification regarding the types of telecommunications infrastructure subject to environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) since, under the current regulations, this prior procedure is only required for telecommunications towers. The Attorney General's Office (Procuraduría) estimates that, with the original text of Article 8 of decree No. 36159, it was clear that all types of infrastructure indicated in its Article 3 required environmental viability from the Technical Secretariat, namely: antennas, ducts, poles, networks, and towers, all pertaining to telecommunications infrastructure; however, with the elimination of the final phrase of point 1 of Article 8 of executive decree No. 36159, only the provision of Article 9 bis of executive decree No. 31849 remained in force, which establishes the process to which telecommunications towers must submit to obtain environmental viability, whereby, by making reference there only and exclusively to "towers", the other telecommunications infrastructure works, such as poles, are excluded. Consequently, for the Attorney General's Office (Procuraduría), the constitutionality of the challenged regulation depends on verifying the existence of the technical support that led the Executive Branch to determine that other telecommunications infrastructure, apart from towers, does not require obtaining environmental viability prior to its installation and operation.
The representative of the National Environmental Technical Secretariat states that the only things historically evaluated by her represented agency are telecommunications towers, which were initially regulated through Resolutions of that Secretariat No. 2031-2009-SETENA of August 26, 2010, and No. 123-2010-SETENA of January 20, 2010, and later regulated in Article 9 bis of executive decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC; an article that was added with the enactment of executive decree No. 37803-MINAE of June 25, 2013, published in La Gaceta No. 137 of July 17, 2013. She argues that this challenged decree had the endorsement of her represented agency, even though previously, in a different text, the modification of Article 8 had been recommended with the proposal that the Technical Secretariat, under its competence and in application of executive decree No. 31849, determine which activities, works, and projects required evaluation in the field of telecommunications.
The Minister of the Presidency has informed this Court that the installation, expansion, renovation, and operation of public telecommunications networks or any of their elements are activities of public interest and, in that capacity, constitute a priority issue to promote the development of telecommunications in Costa Rica. Likewise, she considers that the questioned regulatory reform does not undermine the principles of objectification, precaution, reasonableness, and proportionality but rather seeks the satisfaction of the public interest in the establishment, installation, expansion, renovation, and operation of public telecommunications networks in accordance with the principle of legality and non-affectation of the environment, without disregarding the role held by the Technical Secretariat in this matter. She adds that there is a differentiation between poles and telecommunications towers. Thus, based on executive decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC of May 24, 2004, the Technical Secretariat has provided that only telecommunications towers are subject to environmental assessment, meaning there is no deregulation or relaxation of regulation regarding the installation of telecommunications poles due to the regulatory modification made to executive decree No. 36159- MINAET-S-MEIC-MOPT by the challenged decree. For this, it must be considered that Article 17 of the Organic Environmental Law indicates that laws and regulations will specify which activities, works, or projects will require an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA). She argues that, in any case, it was the responsibility of the Technical Secretariat, after conducting technical studies, to define in Article 9 bis of the General Regulations on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures that the type of infrastructure subject to the environmental viability process, due to its impact, would be solely telecommunications towers.
The Minister of Environment and Energy pointed out to the Court that there is a differentiation between poles and telecommunications towers. Therefore, for the Technical Secretariat, what is subject to evaluation are the telecommunications towers, which have historically been evaluated and were initially regulated through Resolutions No. 2031-2009-SETENA of August 26, 2010, and No. 123-2010-SETENA of January 20, 2010, and later regulated in Article 9 bis of executive decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, which was incorporated with the issuance of executive decree No. 37803 of June 25, 2013; regulations that are currently in force.
The Minister of Science, Technology, and Telecommunications has informed this Court that the previous structure of Article 8 of executive decree No. 36159 could generate an erroneous interpretation regarding which activities, works, or projects are subject to meeting the requirements for granting environmental viability or which institution is competent to determine this, which could cause confusion for the administered party. This is despite the fact that there were already regulations establishing environmental viability as a requirement only for the construction and installation of telecommunications towers which, due to their technical and structural characteristics, could be detrimental to the principles of legal certainty, legality, and legal reserve (regarding the requirement of a legal-rank norm for the allocation of competencies). For this reason, it was considered necessary to make the modification carried out in the challenged decree, based on the fact that the Technical Secretariat, after conducting technical studies, defined in Article 9 bis of the General Regulations on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures that, due to their impact on the environment, only telecommunications towers would be the type of infrastructure subject to the environmental viability process. She affirms that there was no relaxation of environmental regulations leading to a decrease in the protection of the environmental public interest or any violation of Constitutional Law, but rather, the legal and regulatory competence of the Technical Secretariat was confirmed as a specialized technical body for determining the significance of environmental impact, as well as its power to evaluate different methods for assessing the environmental impact derived from the installation, expansion, renovation, and operation of public telecommunications networks or any of their elements, as well as the need to grant environmental viability in those cases that require it. She warns that the installation of telecommunications infrastructure that does not require environmental impact assessment remains subject to environmental assessments and controls at the municipal level, in addition to those exercised by the various entities and bodies of the Public Administration, in accordance with their competencies, as established by executive decree No. 31849, which is the General Regulations on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures. As a representative of the telecommunications governing body, she believes that the claimant's allegations do not concern constitutionality but refer to legality aspects that must be discussed in the ordinary judicial venue.
The Minister of Public Works and Transport (MOPT) affirms that the Technical Secretariat is the only body with the specialized technical knowledge in the matter, supported by various norms, with the necessary competence to indicate which infrastructure development projects need or do not need an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA). He indicates that, although it is true that the challenged executive decree No. 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT does not specifically point out that telecommunications poles must have an environmental assessment, it can be interpreted that there is a series of regulations to govern activities with very low environmental impact. Therefore, such works must be subject to the different controls established by the Municipalities, the Ministry of Health, the Ministry of Agriculture and Livestock (MAG), the Ministry of Public Works and Transport (MOPT), and the Ministry of Environment and Energy (MINAE), as well as any other institution with legal competencies or any other voluntary mechanism to improve environmental performance; that is, the cases in which an environmental assessment is required or not are determined by the different norms in force in the legal system.
It adds that the Technical Secretariat (Secretaría Técnica), as the entity specialized in the matter, has established various criteria indicating the difference between telecommunications poles and towers, which is why, historically, environmental assessment has been implemented for the installation of telecommunications towers, given that during the construction and operational phases, low-significance environmental impacts could be generated, unlike in the case of telecommunications poles. It notes that the intervention made by that ministry on the draft of executive decree No. 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT challenged here focused on making formal observations on the proposed reform of subsection 1) of article 8 of executive decree No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT, but not substantive ones, since its represented entity does not possess the competence to issue an opinion on the regulatory modification regarding the installation of telecommunications poles concerning the environmental impact their construction could entail, given that this competence resides with the Technical Secretariat (Secretaría Técnica). It concludes by indicating that its represented entity adheres to the technical criterion indicated by the competent authority in the matter, from which it can be determined that the institutions involved in the particular case have legal tools to address the construction of telecommunications infrastructure and adopt the necessary measures to assume new roles to guarantee compliance with the entrusted functions, in clear protection of the environment, so its represented entity will guarantee the coordination and expeditious processing required within its corresponding sphere of competence for the installation of telecommunications infrastructure.
The Minister of Economy, Industry and Commerce stated that her represented entity, through its stewardship in regulatory improvement, proceeded to sign the challenged decree No. 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT, considering that the reform made does not undermine the precautionary, objectification, reasonableness, or proportionality principles, but rather seeks to satisfy the public interest in the establishment, installation, expansion, renovation, and operation of public telecommunications networks, in accordance with the principle of legality and non-affectation of the environment, without neglecting the role held by the Technical Secretariat (Secretaría Técnica) in this matter. She considers that the reform made allowed for greater precision in line with the principles governing regulatory improvement by properly referring to the corresponding articles of the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures (Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental) - decree No. 31849 - which governs environmental assessment procedures and contains specific rules on the assessment of activities, works, or projects according to their risk. She adds that this reform focused on simplifying a procedure that helps contribute to the country's efforts in telecommunications and connectivity, once again reserving environmental assessment to what is established in the cited decree - No. 31849 - and the principles protected by the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente) No. 7554, for which reason she considers that the action must be dismissed.
For his part, the Minister of Health states that telecommunications poles or towers are not of health interest, so his represented entity has no competence on that subject nor participation in the "Coordination Commission for the Installation or Expansion of Telecommunications Infrastructure" created by executive decree No. 36577-MINAET, but it does collaborate by providing advice and talks to municipalities and communities or participates in measurements, all when requested or required on the subject of public health. He states that in relation to the matter, his represented entity signed executive decree No. 36324-S, which is the "Regulation to regulate exposure to non-ionizing radiation electromagnetic fields emitted by wireless systems with frequencies up to 300 GHZ" (Reglamento para regular la exposición a campos electromagnéticos de radiaciones no ionizantes emitidos por sistemas inalámbricos con frecuencia hasta 300 GHZ), in order to establish requirements and criteria aimed at protecting the health of technical personnel and the general population from the potential risks and harmful effects of exposure to non-ionizing radiation electromagnetic fields that may arise from the exploitation and use of wireless systems; a decree that does not contemplate any regulation of the telecommunications infrastructure issue, but does regulate the need for any establishment that provides services through wireless systems or uses them, to request and obtain the sanitary operating permit from the respective Health Area, but not poles or towers.
For this Court, the challenged decree is not unconstitutional for the reasons that will be analyzed below, keeping in mind, as has been affirmed on other occasions, that not any modification of environmental regulations necessarily implies a decrease in the protection of the right to the environment, but rather must be substantiated; likewise, not any modification that is not sufficiently broad must be interpreted as an unconstitutionality by omission; the desirable does not make a rule that does not approach it unconstitutional. All legal norms are perfectible, but approaching or distancing themselves from a criterion of perfect or desirable does not make them unconstitutional (see in that sense judgment No. 2017-005994 of 11:00 a.m. on April 26, 2017, https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-711352). In this particular matter, observe that the challenged decree No. 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT - which reformed the regulation contained in No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT, is not creating any novel regulation nor modifying or creating competencies; on the contrary, it reinforces the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) regarding the responsibility conferred upon it to execute environmental assessments of different activities, works, or projects, including those related to telecommunications infrastructure that require it, which for the specific case would be towers, not poles, as the petitioner claims. The Chamber has stated in relation to that decree No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT, the following:
"As such, the Executive Branch issued Decree No. 36159 of May 10, 2010, called 'Standard Norms and Competencies of Public Entities for the coordinated and expeditious approval required for the Installation and Expansion of Telecommunications Networks' (Normas Estándares y Competencias de las Entidades Públicas para la aprobación coordinada y expedita requerida para la Instalación y Ampliación de Redes de Telecomunicaciones), the purpose of which was to standardize the procedures for obtaining authorizations to build and install telecommunications infrastructure in the face of prevailing regulatory dispersion and to fill existing gaps in the matter" (see judgment No. 2011-015763 of 9:46 a.m. on November 16, 2011, https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-530701).
Based on the competencies granted to the Technical Secretariat (Secretaría Técnica) and the provisions of the regulations governing the matter, that specialized technical body determined that activities with very low environmental impact, which are those that do not cause destruction or negative significant alteration to the environment, nor generate toxic or hazardous waste or materials, and furthermore do not represent a significant deterioration of the environmental quality of the surroundings in general or of any of its components in particular - such as poles - do not require undergoing an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) and, therefore, did not have to submit the D2 form or any other established for such purposes. The foregoing is of interest given that, as has been accredited in the case file, the deployment of telecommunications poles is a low environmental impact activity and, therefore, does not require being submitted to the assessment of the Technical Secretariat (Secretaría Técnica). In relation to the above, the following has been stated in the past:
"In this sense, it must be noted that unanimously, the Chamber has been emphatic in establishing in repeated pronouncements that it is not a technical instance competent to determine whether the environmental impact study conforms or not to professional requirements (judgments No. 2004-9927 and No. 2005-5790). Consequently, it must be noted that what is relevant for the purposes of this jurisdiction is that the studies established by our legislation have been carried out and that once reviewed by the corresponding official technical professionals, the viability or not of the project is determined, contemplating a priori the impacts that may occur on the environment, their assessment, mitigation, and compensation" (see judgment No. 2011-001888 of 2:37 p.m. on February 15, 2011, https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-508191).
Observe that it is clear from the case file that an investigation was conducted by the Department of Environmental Assessment (Departamento de Evaluación Ambiental) of the Technical Secretariat (Secretaría Técnica) from which it was determined that the most used telecommunications structures in Costa Rica are towers and poles, and also that the installation of these is an activity with very low potential environmental impact since it does not cause negative alteration to the environment, does not deteriorate the environmental quality of the surroundings or any of its components, does not use hazardous products and does not generate hazardous waste, does not affect the health of the population because atmospheric emissions, noise, wastewater discharges, and management of ordinary and special waste conform to the provisions established in current regulations, and therefore, based on such technical studies that this Chamber cannot refute, it was concluded that it is an infrastructure whose installation does not require an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) by the Technical Secretariat (Secretaría Técnica), although it remains subject to compliance with the provisions of the legislation of other State institutions such as municipalities, the Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto de Acueductos y Alcantarillados), among others. Also in a similar matter, this Court stated that
"(...) the determination of in which cases an environmental assessment is appropriate or not is a matter determined by laws and regulations, corresponding to the ordinary jurisdiction - and not to this Jurisdiction - to examine the technical and scientific basis that the challenged decree used to proceed with such modifications" (see judgment No. 2017-005994 of April 26, 2017, https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-711352).
Consequently, it is the criterion of this Constitutional Chamber that the challenged decree is not contrary to the Law of the Constitution and therefore the action is dismissed regarding this point. Now, it is essential to warn and bear in mind that the petitioner's challenge regarding this executive decree No. 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT was directed solely and exclusively at the elimination of the phrase "The types of infrastructure subject to the environmental viability processing shall be those established in article 3 of this decree" from article 8 of executive decree No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT, therefore, that claim has no link whatsoever with the reform operated through the recent executive decree No. 43898-MINAE-S- MOPT-MAG-MEIC which, as stated, created a new and revamped "Regulation for Environmental Assessment, Control and Monitoring" (Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental) replacing the previous "General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures" (Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)) contained in executive decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC and its reforms, which was entirely repealed by this new decree.
VIII.- Assessment of the Agreement of the Plenary Commission of the Technical Secretariat (Secretaría Técnica) No. ACP-30-2017, Article 02, held on March 24, 2017, Minutes of Ordinary Session No. 033-2017-SETENA.- As evidenced in the case file, through official communication SG-DEA-0713-2017 of March 20, 2017, the Coordinator of the Department of Environmental Assessment (Departamento de Evaluación Ambiental) of the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental), submitted to the knowledge of the members of the Plenary Commission of that Secretariat, the situation that was arising regarding the basis for submitting telecommunications activities, works, or projects to the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) process in relation to the modification made to executive decree No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT through decree No. 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT and the interpretation that should be given to that modification, with the objective that said Plenary Commission clarify that the type of telecommunications infrastructure that should be submitted to environmental impact analysis before that Technical Secretariat (Secretaría Técnica) would be that which typifies as "telecommunications towers", the foregoing with the intention that there be no confusion regarding the wording of article 8:1) of the aforementioned decree No. 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT. Thus, in ordinary session No. 033-2017 of the Plenary Commission of the National Environmental Technical Secretariat, held on March 24, 2017, Article 02, Agreement No. ACP-30-2017, said official communication was considered and it was ordered, in what is relevant:
"FIRST: Communicate to both the public and SETENA officials, that the type of telecommunications infrastructure that must be submitted to EIA analysis before this Technical Secretariat (Secretaría Técnica) will be those typifying as 'Telecommunications Tower', in accordance with what is stated in Considerando C) point 3 of this agreement, so that there is no confusion regarding the current wording of article 8, item 1 of Decree 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT. The procedure for their assessment is regulated in Decree 37803-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC."
This agreement is also challenged in this unconstitutionality action because, according to the petitioner, the interpretation made therein is part of the relaxation of legislation to exclude telecommunications poles from all the environmental assessments that the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) must carry out, whereby he considers that not only is there a regression but also that the precautionary, objectification, progressivity, reasonableness, and proportionality principles are violated, as well as the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment, all without having technical and objective justification.
For the Office of the Attorney General (Procuraduría General de la República), the challenged agreement of the Plenary Commission makes very clear the modification made by executive decree No. 40075 - also challenged - regarding the types of telecommunications infrastructure that are subject to environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA), given that in said agreement, it was expressly provided that of all the telecommunications infrastructure contained in article 3 of executive decree No. 36159, only telecommunications towers must undergo the environmental impact assessment procedure. Notwithstanding the foregoing, the Office of the Attorney General considers that the constitutionality of the challenged norms depends on verifying the existence of the technical basis that led the Plenary Commission - in the case of the agreement - to determine that other telecommunications infrastructure, apart from towers, does not require obtaining prior environmental viability for its installation and operation. The Office of the Attorney General warns that it was unable to infer what the technical criterion was that justified that agreement, so if from the reports rendered to the Chamber it cannot be accredited, its opinion would be that the action should be granted for violation of the principles of progressivity and non-regression, reasonableness and proportionality, objectification of environmental protection, precautionary, and articles 21, 50, and 89 of the Political Constitution.
The National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) has stated that, according to the investigation conducted by the Department of Environmental Assessment (Departamento de Evaluación Ambiental) of that Secretariat, the most used telecommunication structures in Costa Rica are towers and poles; however, based on existing regulations, the thresholds have been changed, delimiting which activities, works, and projects must be submitted to the Technical Secretariat (Secretaría Técnica) and which do not due to their low impact, but which, even so, must comply with the legislation of other State institutions such as the Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto de Acueductos y Alcantarillados), the municipalities, among others. It points out that poles and telecommunications towers cannot be rated equally because they are structures with different functions supporting diverse equipment: one for local distribution and links with little coverage area - poles - and others aimed at forming part of a regional telecommunications network, with much larger dimensions, heavier loads, deeper foundations, requiring more space and altitude - towers -, so agreement ACP-30-2017 typifies what type of telecommunications infrastructure must be submitted to environmental impact analysis before that Secretariat, which will correspond to telecommunications towers, which is the only thing that has historically been assessed there, whereby that agreement was adopted based on what was regulated on the subject and based on the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures (Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental) contained in executive decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC.
The Minister of the Presidency points out that in the challenged agreement of the Plenary Commission, what is submitted to assessment are telecommunications towers, as this is the only thing that has historically been assessed at the Technical Secretariat (Secretaría Técnica); towers that were initially regulated through resolutions No. 2031-2009-SETENA of August 26, 2010, and No. 123-2010-SETENA of January 20, 2010, and which were later regulated in article 9 bis of executive decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC; regulations that are in force. She argues that it was left to the criterion of the Technical Secretariat (Secretaría Técnica), in accordance with its legal and regulatory competencies, to determine the types of telecommunications infrastructure that will be subject to fulfilling the requirements necessary for granting environmental viability, so no violation of the constitutional principles and rights alleged by the petitioner occurred.
The Minister of Environment and Energy indicates that the Technical Secretariat (Secretaría Técnica) has differentiated between poles and telecommunications towers, recognizing that, based on the agreement of the Plenary Commission, what is submitted to assessment are telecommunications towers because they are the only ones that, historically, have been assessed in that Technical Secretariat.
The Minister of Science, Technology and Telecommunications stated that the fact that the Plenary Commission of the Technical Secretariat (Secretaría Técnica), in exercise of its legally attributed functions, approved Agreement No. ACP-30-2017 in which it reiterated that only telecommunications towers are subject to the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) procedure does not imply a violation of the principles of environmental non-regression, precautionary, and environmental objectification, but quite the contrary, it is anchored in the exercise of legal powers that grant the possibility to that body so that, based on technical criteria and under science and logic, it defines which activities, works, or projects are subject to environmental impact assessment. She argues that this agreement reiterates what was defined by that Secretariat in 2013 when, in exercise of that power and after carrying out the technical studies conducted at that time, article 9 bis was incorporated into executive decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, which was done through executive decree No. 37803 of June 25, 2013, and through which it was identified that the telecommunications infrastructures subject to environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) were telecommunications towers and not all activities, works, or projects within that sector; that is, Agreement No. ACP-030-2017 does not constitute a new act with its own effects but is a reiteration of what was already defined by the Technical Secretariat (Secretaría Técnica) in 2013 in the exercise of a legal competence of that body which, under technical criteria carried out that year, determined that the construction of telecommunications towers must conform to the environmental impact assessment procedure. She considers that the substance of what is argued by the petitioner lies in his disagreement with the technical criteria established by the Technical Secretariat (Secretaría Técnica) to identify that, of the activities, works, and projects in telecommunications, what is subject to environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA), due to its significance of impact on the environment, are telecommunications towers, which is an aspect of legality that must be discussed and analyzed by ordinary courts, and not through the unconstitutionality action channel. She points out that even if executive decree No. 36159-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT did not exist, said Technical Secretariat (Secretaría Técnica) maintains its competence to make such a determination, which was exercised since 2013 with the inclusion of article 9 bis in Executive Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC.
The Minister of Public Works and Transport argues that the Technical Secretariat (Secretaría Técnica) is the only entity with the technical knowledge in the specialized matter, under the protection of the different norms that exhaustively indicate which projects developing telecommunications infrastructure need or do not need the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA), such as the challenged agreement, and for this, as the entity specialized in the matter, it has issued criteria indicating the difference between telecommunications poles and towers, which is why historically, environmental assessment has been implemented for the installation of towers since, in the construction and operational phase, low-significance environmental impacts could be generated, unlike in the case of telecommunications poles.
The Minister of Economy, Industry and Commerce points out that the harmonization of environmental impact with productive processes is entrusted to the Ministry of Environment and Energy through the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental), as provided in articles 83, 84, following and concordant of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente). Likewise, she argues that the establishment, installation, expansion, renovation, and operation of public telecommunications networks or any of their elements are activities of public interest and in that condition constitute a priority issue to promote the development of telecommunications in Costa Rica, bearing in mind that, according to article 17 of the cited law, human activities that alter or destroy elements of the environment or generate waste, toxic or hazardous materials will require an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) by the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental), so it is the competence of that body, through its various legal instruments, to define the general requirements and procedures by which the environmental viability (license) will be determined for new activities, works, or projects that, by law or regulation, have been determined to be able to alter or destroy elements of the environment or generate waste, toxic or hazardous materials; as well as to adopt the prevention, mitigation, and compensation measures that, depending on their impact on the environment, must be implemented by the developer. She considers that the challenged agreement is part of the legal framework that the Technical Secretariat (Secretaría Técnica) has for its action and is not contrary to the Political Constitution, so she requests that the unconstitutionality action filed against that agreement be dismissed.
The Minister of Health argues that telecommunications poles or towers are not of health interest, so that ministry has no competence in said subject.
As has been indicated, for the Constitutional Chamber, it is an unquestionable fact the competence held by the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) to determine which new activities, works, or projects must, by law or regulation, and based on technical criteria, be submitted to environmental assessment by that body, because they could alter or destroy elements of the environment, generate waste, or derive toxic or hazardous materials; similarly, based on such assessment, it corresponds to decree the prevention, mitigation, and compensation measures that, depending on their impact on the environment, must be implemented by the developer, all of which also applies to the construction and installation of telecommunications infrastructure. It is precisely based on such competencies that agreement No. ACP-30-2017 challenged here has been issued, in which the type of telecommunications infrastructure that must be submitted to an environmental impact analysis by that Technical Secretariat (Secretaría Técnica) is delimited: those typifying as "telecommunications tower" and that, as of August 19, 2023, the regulations governing it have been better ordered with the entry into force of the new and revamped "Regulation for Environmental Assessment, Control and Monitoring" (Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental) which is executive decree No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC. From this perspective, then, it is not considered that the challenged agreement is contrary to the Law of the Constitution as alleged by the petitioner, but rather is framed within the scope of competencies of the Technical Secretariat (Secretaría Técnica), in addition to the fact that, ultimately, it turns out to be a matter of legality, since if, based on technical studies carried out by the Department of Environmental Assessment (Departamento de Evaluación Ambiental) of that Secretariat, it has been determined that telecommunications poles are of low environmental impact and, therefore, should not be submitted to an environmental assessment by that Secretariat, it is not up to this Court to contradict that technical criterion because it escapes its scope of knowledge. Now, as already indicated, the fact that the installation of poles is not subject to the environmental assessment of the Technical Secretariat (Secretaría Técnica) does not imply that they are completely deregulated, as their construction will always be subject to the environmental controls established by the Municipalities, the Ministry of Health, the Ministry of Agriculture and Livestock (Ministerio de Agricultura y Ganadería), the Ministry of Public Works and Transport (Ministerio de Obras Públicas y Transportes), and the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía) and others with legal competencies, as well as must be subject to any other existing legal or voluntary mechanism to improve environmental performance. On the contrary, in the specific case of telecommunications towers, in accordance with the regulations in force on the matter, that type of project is subject to the submission of the environmental assessment document established in the regulations, given that the technical criteria have determined that, although they are projects of low potential environmental impact, they do require undergoing such assessment because the competent body in the matter has so established, for which it must also be kept in mind that said Technical Secretariat (Secretaría Técnica) does not approve or reject projects but rather carries out an assessment of the environmental impacts of the different projects and grants or denies them viability from an environmental analysis. In relation to telecommunications towers, observe that the case file shows that, both in the construction and operational phases, they will generate negative environmental impacts, but these are of low significance and mitigable through easily implemented environmental measures that will be specific, temporary, and of low intensity. At this point, it is important to highlight that the Technical Secretariat (Secretaría Técnica) itself has also warned that despite the low-significance environmental impact of telecommunications towers, it is also true that when construction or building must occur in an environmentally fragile area, the environmental assessment to which the different projects must be submitted must be subject to more specific environmental assessment instruments, also determined by that Secretariat for such purposes, and that furthermore, precisely based on that environmental significance, the requirement of additional requisites for the sake of environmental protection would be viable; procedures that are now unified and regulated in executive decree No. 43898-MINAE-S- MOPT-MAG-MEIC which, as stated, created a new and revamped "Regulation for Environmental Assessment, Control and Monitoring" (Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental) replacing the previous "General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures" (Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)) contained in executive decree No.
…and its amendments, which was repealed in its entirety by the former.
In view of the foregoing, this Court concludes that the challenged agreement likewise does not violate the Law of the Constitution and, therefore, the claim must also be dismissed on this point.
IX.- Conclusion.- This Court considers that neither the decree nor the agreement challenged here have the effect of violating the Law of the Constitution in the terms claimed by the petitioner; rather, they are framed within the scope of authority corresponding to the Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Therefore, far from containing constitutional issues that might be of interest to this Chamber, the grievances raised against them in this proceeding actually refer to matters of ordinary legality, which are not subject to review through an unconstitutionality claim, and for that reason, the claim must be declared without merit, as is hereby ordered.
X.- Note by Judge Cruz Castro.- Reinforcement of SETENA’s powers and current technical criteria.- I have deemed it appropriate to record this note to highlight certain aspects that seem relevant to me.
Following the analysis conducted, I concur with this vote and consider that the questioned decree is constitutional because it reinforces SETENA's powers, and because SETENA has already issued its technical criteria in this case, indicating that only telecommunications towers, and not poles, are subject to environmental assessment (evaluación ambiental).
The foregoing does not alter what I have previously considered, namely, that conducting an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental), when applicable, constitutes not only a legal obligation but also a constitutional obligation (see vote no. 6322-2003 of 2:14 p.m. on July 3, 2003 https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-239147). For that reason, in a prior dissenting vote, I indicated that relativizing the environmental impact assessment for certain activities that will have a negative effect on the environment is unconstitutional (see vote no. 2024-3227). Furthermore, while I reiterate what I have emphasized before, whenever there is a regression in environmental regulations, it is essential that it be supported by a technical study; otherwise, it would constitute an evident violation of the constitutional principle of non-regression.
Now, in this case, this Chamber considered that it will fall to SETENA to determine what is appropriate regarding the construction and installation of telecommunications infrastructure, as indicated in Articles 17 and 18 of the Ley Orgánica del Ambiente and Article 8 of the challenged Decree No. 40075-MICITT-S-MEIC-MINAE-MOPT. The Chamber also indicates that SETENA, "as far as telecommunications are concerned, has determined that only telecommunications towers will require the granting of an environmental feasibility (viabilidad ambiental) on its part, but not telecommunications poles, unless, at the appropriate time and based on duly accredited technical studies, that body may decide something different, precisely in light of the specific authority it holds in this matter." Thus, it is concluded that the challenged decree actually reinforces SETENA’s powers, since the reform effected not only reiterates those powers of the Secretaría Técnica, but also leaves to that body the determination of which telecommunications infrastructure would be subject to the processing of environmental feasibility (viabilidad ambiental). For this reason, I believe that SETENA is strengthened, and with it, its powers and environmental protection are strengthened. While it is true that the PGR indicates in its report that with the change made, by referring solely and exclusively to "towers," other telecommunications infrastructure works, such as poles, are excluded. In this sense, and under those powers, SETENA determined that the only thing historically evaluated has been telecommunications towers, distinguishing between poles and towers. I believe, then, that the technical criteria for not applying the environmental impact assessment to poles is provided by SETENA itself, when it indicates that an investigation was conducted by the Environmental Assessment Department of the Secretaría Técnica, from which it was determined that the most used telecommunications structures in Costa Rica are towers and poles, and also that the installation of the latter is an activity of very low environmental impact potential, as it does not cause negative alteration to the environment, does not deteriorate the environmental quality of the surroundings or any of its components, does not use hazardous products and does not generate hazardous waste, does not affect the health of the population because atmospheric emissions, noise, wastewater discharges, and ordinary and special waste management comply with the provisions established in current regulations, and therefore, supported by such technical studies, it was concluded that this is an infrastructure whose installation does not require an environmental impact assessment by the Secretaría Técnica.
Therefore, I conclude that no regression was evidenced, nor were the criteria for applying the environmental impact assessment relativized in these cases, nor was there a lack of technical support, since poles were never subject to environmental assessment.
Of course, the foregoing does not mean that in the future, should circumstances change, or the technical criteria change, it might not be considered that telecommunications poles should be subject to new requirements or even to environmental assessment, in favor of environmental protection. The above, especially taking into account that the environmental monitoring carried out by the various Municipalities would prove insufficient, as is evident in many other cases, or that the environment or the community would be exposed to impacts, damages, or consequences that warrant new regulations.
XI.- DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or device produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not removed within this period will be destroyed, as provided in the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.-
Por tanto:
The claim is declared without merit. Judge Cruz Castro records a note.-
Fernando Castillo V.
Presidente
Fernando Cruz C. Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G.
Anamari Garro V. Ingrid Hess H.
EXPEDIENTE N° 21-003977-0007-CO
Teléfonos: Telf7268/ (Telf10). Fax: Telf1209 / Telf7229. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Dirección6012, San José, Dirección2662, Dirección495, calles 19 y 21, Dirección1786
Observaciones de SALA CONSTITUCIONAL
votado con boleta
Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 08:57:18.
SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República