Res. 29125-2025 Sala Constitucional — Standing to challenge Decree 25902-MIVAH-MP-MINAE via unconstitutionality actionLegitimación para impugnar el Decreto 25902-MIVAH-MP-MINAE mediante acción de inconstitucionalidad

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Sala Constitucional

Resolución Nº 29125 - 2025

Fecha de la Resolución: 10 de Setiembre del 2025 a las 09:45

Expediente: 25-024803-0007-CO

Redactado por: Fernando Castillo Víquez

Clase de asunto: Acción de inconstitucionalidad

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Texto de la resolución

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Exp: 25-024803-0007-CO

Res. Nº 2025029125

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del diez de setiembre de dos mil veinticinco .

 Acción de inconstitucionalidad promovida por [Nombre 001], con cédula de identidad número [Valor 001], contra el decreto nro. 25902-MIVAH-MP-MINAE de 12 de febrero de 1997. 

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 19 de agosto de 2025, se solicita que se declare inconstitucional el el decreto nro. 25902-MIVAH-MP-MINAE de 12 de febrero de 1997. Manifiesta que ese decreto tiene por objeto: "Artículo 1-Modificar la tercera parte del Plan Regional de Desarrollo Urbano, o Instrumentos Legales, publicado en "La Gaceta" número 119 del veintidós de junio de mil novecientos ochenta y dos y que fuera decretado por medio del Decreto Ejecutivo No. 13583-VAH-OFIPLAN, del tres de mayo de mil novecientos ochenta y dos, publicado en "La Gaceta" número 95 del dieciocho de mayo de 1982, para que en lo sucesivo se lean así …". Denota que este decreto 25902, es de una enorme e importante transcendencia, para el país y sus ciudadanos, ya que con esta sola promulgación se afecta "la tercera parte del Plan Regional de Desarrollo Urbano, o instrumentos Legales", en el campo social, económico, y ambiental. Por esta razón, dada la magnitud de la influencia de este decreto 25902, es que debe asegurarse que la promulgación del mismo estuvo a acorde con lo que la legislación costarricense estipula para un acto administrativo de estas proporciones y afectaciones a la sociedad costarricense. Afirma que el primer punto que objeta de la promulgación del decreto nro. 25902-MIVAH-MP-MINAE, es que, la propia Sala conoció la acción de inconstitucionalidad número 01-004119-0007-CO, la cual fue resuelta mediante sentencia número nro. 2003-11397, de las 14:43 horas del 8 de octubre de dos 2003, donde en lo conducente se dispuso: "a- De la autonomía municipal en materia urbanística. Sobre este extremo resulta relevante citar lo que la Sala en la sentencia No. 4205-96, consideró: B. DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LA PLANIFICACIÓN URBANA. XIV. DE LOS ÓRGANOS COMPETENTES PARA LLEVAR A CABO LA PLANIFICACIÓN URBANA: MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA, INVU Y MUNICIPALIDADES.".  Como se puede apreciar, en dicho voto la Sala definió quiénes son por ley los órganos encargados de regular todo lo que tenga que ver con planificación urbana, y resulta que en la promulgación del decreto 25902, no participa como sujetos activos ni el MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA, INVU Y MUNICIPALIDADES, como sí lo hacen el MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS, MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA, quienes no están legitimados por ley a actuar en el campo de la planificación urbana, por lo cual lo decretado resulta en clara nulidad, al no estar firmado por el ministro de Planificación, como lo exige la Ley de Planificación Urbana y así lo ha confirmado la Sala mediante el voto citado, que el decreto 25902 deviene en nulidad absoluta. La Sala en múltiples votos ha sido totalmente clara que los actos administrativos deben cumplir con lo estipulado en la Ley General de Administración Pública y sobre todo dictados a la luz del artículo 45 de la Constitución Política que tiene reserva de ley, bajo estos preceptos la promulgación del decreto 25902, el cual vino a afectar una tercera parte del Plan Regional de Desarrollo Urbano, y conlleva la afectación de 4 provincias, 15 cantones y 49 distritos, por lo que debió cumplir con los siguientes requisitos previos, según consta en sentencia constitucional 12054-2002, dictamen C-148-2014, donde la nulidad absoluta, evidente y manifiesta tiene lugar cuando falten uno o varios elementos constitutivos del acto: sujeto, fin, contenido y motivo; o si están imperfectamente constituidos e impiden la realización del fin del acto (Ley 6227, artículos 129, 133 y 166, 167): 1-Elaboración de los estudios ambientales correspondientes, que definieran mediante los estudios científicos aplicables, cuáles áreas eran factibles al desarrollo humano y cuáles por el contrario eran susceptibles y por lo tanto requerían de ser protegidas, según lo indica uno de los objetivos del decreto 25902, que indica: "para lograr así un mejor desarrollo planificado y eficiente; de conformidad con los lineamientos que establece el nuevo artículo cincuenta de nuestra Constitución Política." y en ese mismo sentido, los siguientes estudios: 2-Estudio de tenencia de la tierra, para determinar su uso, vocación y distribución. 3-Estudios poblacionales para determinar la densidad y composición de la población. 4-Estudios de los recursos hídricos que incluyeran fuentes superficiales y subterráneas y sus áreas de recarga acequiera. 5-Estudios de vulnerabilidad, deslizamientos, fallas volcánicas o tectónicas, para determinar áreas no susceptibles al desarrollo humano. 6-Estudios forestales, para determinar cobertura boscosa y áreas de protección. De todos los mencionados, que tampoco constituye el universo de los estudios que un decreto de la envergadura y las consecuencias para la población tiene el decreto 25902 debería haber realizado, ninguno se realizó, es decir, ni uno solo de estos estudios fue aportado como respaldo para la promulgación del decreto 25902; por lo que se incumple lo resuelto por la Sala en cuanto al requisito de realizar estudios técnicos que sustenten el acto administrativo, como lo indicó en sentencia número 6706-98, de las 15:21 horas del 21 de diciembre de 1993: "II).- La Sala estima que la potestad atribuida a los gobiernos locales para planificar el desarrollo urbano dentro de los límites de su territorio sí integra el concepto constitucional de "intereses y servicios locales" a que hace referencia el artículo 169 de la Constitución, competencia que fue reconocida por la Ley de Planificación Urbana (# 4240 del 15 de noviembre de 1968, reformada por Leyes # 6575 de 27 de abril de 1981 y # 6595 de 6 de agosto de ese mismo año), específicamente en los artículos 15 y 19 aquí impugnados, que literalmente establecen: «Artículo 19.- Cada Municipalidad emitirá y promulgará las reglas procesales necesarias para el debido acatamiento del plan regulador y para la protección de los intereses de la salud, seguridad, comodidad y bienestar de la comunidad.» III).- Dentro de lo que puede denominarse la organización administrativa del urbanismo en nuestro país, la Dirección de Urbanismo -adscrita al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo- y la Oficina de Planificación (hoy día Ministerio de Planificación y Política Económica) son los órganos encargados de elaborar!! Plan Nacional de Desarrollo Urbano, a través del cual se fijan las políticas generales sobre el crecimiento y desarrollo de las áreas urbanas.- Dicho Plan -que concretamente es elaborado por la Dirección y propuesto por la Junta Directiva del Instituto- debe incluir estudios técnicos sobre el factor de población con proyecciones de crecimiento a nivel nacional, regional y urbano, sobre el Uso de la Tierra con planes sobre la extensión y formas de aprovechamiento de las porciones requeridas para desarrollo urbano, el desarrollo industrial, vivienda y renovación urbana, servicios públicos y ubicación en general de los proyectos sobre transportes, entre otros.". Ante la total ausencia de cualquier estudio técnico, como lo estipula la ley y lo confirma la Sala en la sentencia número 5305-93, de las 10:06 horas del 22 de octubre de 2003, que en lo referente resolvió: "... la limitación a la propiedad impuesta por un plan regulador es constitucionalmente posible, debido a que el derecho de propiedad no es ilimitado, antes bien, existe un marco general dentro del que puede actuar el propietario y que debe ser compatible con el contenido constitucional de ese derecho. Por lo expresado, a juicio de este Tribunal, la limitación impuesta, en tanto ajustada a un plan regulador vigente, no violenta como se sugiere en el recurso el artículo 45 de la Constitución Política, en tanto ese plan regulador no desconstitucionalice la propiedad privada que se vea afectada por ese instrumento. A contrario sensu, si las limitaciones exceden los parámetros mínimos de razonabilidad y proporcionalidad resultarían contrarias a la Constitución Política.". En ese sentido, es correcto decir que al no existir estudios técnicos que justifiquen la limitación impuesta a 49 distritos del país, el decreto 25902 es un acto administrativo nulo y arbitrario, ya que viene a imponer limitaciones a la propiedad privada, que exceden por mucho cualquier parámetro de razonabilidad y proporcionalidad, y así debe ser declarado por la Sala por adolecer de falta de fundamentación. Previo a dictar restricciones como las contenidas en el decreto 25902 impugnado, era necesario haber sometido a una consulta popular de los habitantes de cada uno de los 49 distritos afectados, lo cual no se hizo, por lo cual ante esta falta de divulgación también incumplió con los requisitos de ley y hace nulo el acto administrativo. Al no existir los estudios técnicos que justifiquen la limitación impuesta a todas las propiedades privadas que se encuentran dentro de los 49 distritos afectados y al no haber sido divulgado dicho decreto ejecutivo con el propósito de consultar a los habitantes de esos mismos distritos, el decreto 25902 violó el principio de Reserva de Ley del numeral 45 de la Constitución Política de Costa Rica, lo que lo vicia de nulidad absoluta, sobre el cual la Sala, en sentencia número 5305-93, indicó: "a juicio de este Tribunal, la limitación impuesta, en tanto ajustada a un plan regulador vigente, no violenta como se sugiere en el recurso el artículo 45 de la Constitución Política, en tanto ese plan regulador no desconstitucionalice la propiedad privada que se vea afectada por ese instrumento. A contrario sensu, si las limitaciones exceden los parámetros mínimos de razonabilidad y proporcionalidad, resultarían contrarias a la Constitución Política.". También, de conformidad con lo previsto en el artículo 166 de la Ley General de Administración Pública (LGAP), que indica: "Artículo 166.- Habrá nulidad absoluta del acto cuando falten totalmente uno o varios de sus elementos constitutivos, real o jurídicamente.". Conforme lo expuesto, estima que, ante la falta de estudios técnicos y consulta popular, existe una clara violación de la LGAP, que hace que el decreto 25902 sea un acto absolutamente nulo y, conforme al artículo 169 de la misma LGAP ibídem, no puede presumirse legítimo ni ordenarse su ejecución, así como también lo estipula el artículo 158 de la misma Ley. Dicho decreto es un acto inválido por ser disconforme con el ordenamiento jurídico, por lo que es inconstitucional al violar la reserva de ley mediante un decreto que incumplió con toda la legislación aplicable, pertinente y relevante. La Sala, mediante resolución nro. 2004-14404, de las 10:43 horas del 17 de diciembre de 2004, señala que la emisión del Decreto Ejecutivo 25902-MIVAH-MP-MINAE, tiene su fundamento jurídico en lo siguiente: "Mediante Decretos Ejecutivos No. 11313-P en 1980 y No. 12590-P de 1981 se emitió el primer Plan Regulador del Gran Área Metropolitana, conocido como GAM, que tiene fundamento en la Ley de Planificación Urbana NO. 4240 del 15 de noviembre de 1968 y sus reformas. A estos decretos les siguió el Decreto Ejecutivo No. 13583-VAH-OFIPLAN del 3 de mayo de 1982, que tenía como fin adicionar el Plan Regional de Desarrollo Urbano nuevos instrumentos jurídicos para regular el desarrollo urbano del sistema de ciudades y centros de población del Valle Central del país. Normativa que lógicamente también tiene asidero legal en la Ley de Planificación Urbana. El 7 de abril de 1997 se publica el Decreto Ejecutivo 25902-MIVAH-MP-MINAE, que modifica la tercera parte de este Plan Regional de Desarrollo Urbano, para establecer el "Área de Control Urbanístico", la "Zona Especial de Protección", las "Zonas Especiales de Protección Forestal" y las Zonas Especiales de Protección en Ríos". Todos los decretos que antecedieron al decreto 25902, tienen su respaldo en el plano(s) del Gran Área Metropolitana o Límite de Contención Urbana, conocido como el plano G.A.M, elaborado por la dirección de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) en el año de 1978; dicho plano está compuesto por varias láminas en papel cebolla, en la cual se dibujó o más bien se plasmó mediante fotografía aérea el gran área metropolitana con escala 1:50,000 y en ella se trazó mediante una línea divisoria, un polígono que delimitaba lo que en dichos decretos se denominó "el primer Plan Regulador del Gran Área Metropolitana, conocido como GAM" dentro del polígono que se trazó, se ubica lo que se conoce como área urbana y fuera del polígono se ubica lo que se denomina área rural para uso agrícola, donde según el INVU se esperaba que diera un desarrollo lineal y vegetativo acorde con las proyecciones hechas, como efectivamente sucedió. Este plano constituye todo el estudio técnico que respalda la línea divisoria entre el uso urbano y el uso agrícola; no hay nada más, no existe otro estudio más que este; de hecho el plano fue "levantado" o dibujado desde un escritorio con base en fotografías áreas de la época donde se podía distinguir el Valle Central y su infraestructura vial, habitacional, industrial y agrícola y, dadas esas condiciones y las proyecciones de la época, fue que el INVU trazó o dibujó la línea divisoria que definía lo que sería en adelante el G.A.M. y es ese único documento en el que se basa toda la planificación urbana del país, una simple delimitación sin más respaldo técnico que la apreciación subjetiva de quienes trazaron en aquella época tan importante la delimitación entre el uso urbano y el uso agrícola, sin ningún estudio técnico de tipo de suelos, donde por ejemplo es para todos claros que muchas de las áreas que el INVU definió como uso urbano dentro del G.A.M. son tierras muy fértiles y de evidente uso agrícola, pero que se convirtieron en residenciales o fábricas, tampoco existen estudios de uso y posesión de tierras, hidrología, geología, antropología, ni existe una delimitación espacial dictada por coordenadas, calles, accidentes geográficos, etc. que pudiera facilitar la ubicación real de por donde discurre dicho límite GAM y por esta base sin fundamento científico ni jurídico es que existe tanta problemática, discordia y hasta discriminación, según también lo resolvió la Sala en el Voto 5141-94: "En conclusión, en estos casos de especial severidad, la limitación produce tres efectos Identificables a) Produce un daño especial, pues afecta a un determinado número de fincas, b) Es anormal, en tanto la afectación es tan grave en relación con el goce pleno del derecho y opera desigualmente frente a todos los propietarios fuera de la zona afectada, y c) el daño es evaluable económicamente. En consecuencia, si la limitación es de tal grado que detrae el bien de su valor económico y lo detrae del comercio de bienes inmuebles, el Estado debe indemnizar el perjuicio causado. (En sentido Similar. 796-91)". Por lo anterior, desde un inicio, el decreto nro. 12590-P de 1981 que se emitió el primer Plan Regulador del Gran Área Metropolitana, conocido como GAM, estaba viciado de nulidad y demostrará esta tesis con casos reales, donde el INVU acepta que el plano que define el G.A.M. contiene un error de fondo que permite la subjetividad, de modo que, al no estar las reglas claras y bien definidas, se presta para la corrupción y el compadrazgo político, también el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos se pronunció al respecto, aceptando errores de fondo en ese plano que se prestan para irregularidades o interpretaciones antojadizas, según la ocasión o según la persona, para lo cual indica presentará pruebas contundentes donde las municipalidades han violado el decreto 25902, sin reparo alguno, pero eso sí muy selectivamente, según su conveniencia; también presentará pronunciamientos del ministerio de Agricultura y Ganadería, donde indicó en muchos casos que las tierras que el INVU definió como agrícolas, no tienen vocación agrícola, pruebas donde el Tribunal Ambiental resuelve que si las áreas denominadas por el decreto 25902, son áreas intervenidas y; por ende sin valor ambiental, no se comete ninguna infracción ambiental en desarrollarlas urbanísticamente, en fin demostrará que el decreto 25902, nació viciado desde su promulgación y solo ha servido para enriquecer a unos y discriminar a otros. Por supuesto que esto conlleva un daño que es perfectamente evaluable económicamente, según lo determinó la Sala en el voto ya citado: "la limitación produce tres efectos Identificables a) Produce un daño especial, pues afecta a un determinado número de fincas, b) Es anormal, en tanto la afectación es tan grave en relación con el goce pleno del derecho y opera desigualmente frente a todos los propietarios fuera de la zona afectada, y c) el daño es evaluable económicamente.". Todo esto porque el decreto 25902, es un acto administrativo sin el debido fundamento jurídico que deviene en todas estas irregularidades, por todas las razones expuestas la Sala debe declarar inconstitucional dicho decreto. Como se puede apreciar, en la promulgación del decreto 25902, la administración ha incumplido con el ordenamiento jurídico, que vino a afectar la tercera parte del Plan Regional de Desarrollo Urbano, que afecta a 4 provincias, a 15 cantones y 49 distritos, para lo cual no se hicieron ninguno de los estudios técnicos que se requerían y que ya se mencionaron, ni se hizo un estudio de tenencia de la tierra, ni se consultó ni a la población ni a las municipalidades, que también viola el principio de Reserva de Ley del numeral 145 de la Constitución Política de Costa Rica, que al haber incumplido con los requisitos de la LGAP en sus artículos 158, 166, 169 y concordantes, el citado decreto adolece de falta de fundamentación, por lo que el decreto impugnado es un acto absolutamente nulo y por ser de efectos continuados conforme al artículo 173 de la misma LGAP, en su inciso: "4) La potestad de revisión oficiosa consagrada en este artículo, caducará en un año, a partir de la adopción del acto, salvo que sus efectos perduren.". Así las cosas, se comprueba que, a pesar de la ausencia de estos estudios y demás principios incluidos el de reserva de ley, se promulgó el decreto 25902 mediante el cual se creó una ZEP; la cual, en realidad no cumple con los requisitos de ley, ya que en muchos casos no son suelos de vocación agrícola ni tampoco tiene ningún atributo ambiental que sea necesario proteger, además, que, según se ha demostrado ha servido para beneficiar por clientelismo o incluso por corrupción a unos pocos que han desarrollado grandes urbanizaciones de más de 170 lotes comerciales y residenciales y a otros se les niega el mismo trato igualitario, lo cual es evidentemente inconstitucional desde su promulgación y aplicación de manera discriminatoria a unos si y a otros no. Fundamenta la presente acción de inconstitucionalidad en un interés personal, porque en unas ocasiones se le ha indicado que su propiedad inscrita con Folio Real nro. 4-274714-000 y con plano catastrado nro. H-36764-2022 en algunas resoluciones oficiales del INVU están dentro del Anillo de Contención Urbana, por lo que tiene uso urbano y en otras, indican que esta fuera, lo que lo convierte en un asunto de interpretación, lo cual no es de recibo, ya que las reglas deben ser claras y tal como lo indicaron basadas en los estudios que exige la ley y, a la vez difuso; tal como lo ha interpretado la Sala Constitucional y otras, cuando han indicado: “IV.- Sobre el particular, esta Cámara ha indicado: “… el interés difuso es aquella situación procesal en la cual: “…la legitimación original del interesado legítimo o aún del simple interesado, se difunde entre todos los miembros de una determinada categoría de personas que resultan así igualmente afectadas por los actos ilegales que los vulneran”. (Voto no. 119 de las 14 horas 50 minutos del 3 de marzo de 2005). Se trata por ello, en tesis de esta Cámara, de un interés de titularidad indefinida que legitima al sujeto para accionar, el cual se transforma, en virtud de su incorporación al elenco de los derechos de la persona humana, en una especie de "derecho reaccional", dispuesto a fin de que su titular se oponga a la violación originada en actos u omisiones ilegítimas, causados a una globalidad. En esencia, este mecanismo, permite al titular del derecho, (usualmente de difícil identificación por diluirse en la generalidad), hacer valer un valor o principio inmerso en la Carta Magna, como parámetro de constitucionalidad de las conductas desplegadas por la Administración. Al tratarse de un derecho de esta naturaleza, sus criterios de legitimación resultan más amplios y flexibles”. (Sentencia no. 547-2012, de las 8 horas 55 minutos del 10 de mayo de 2012). Asimismo, los intereses difusos participan de una doble naturaleza, ya que son a la vez colectivos -por ser comunes a una generalidad- e individuales, por lo que pueden ser reclamados en tal carácter”. (Fallo no. 861 de las 16 horas 10 minutos del 3 de julio de 2014).”. Así como lo estipulado en la Ley General de Administración Pública (LGAP) nro. 6227, en sus artículos 169, 170, 171, 172, 173, 174 y 175 siguientes y concordantes, así como los numerales 9, 11, 28, 33, 39, 45, 49, 153 y concordantes de la Constitución Política de Costa Rica, en relación a la nulidad solicitada por violar los principios de constitucionalidad, legalidad, publicidad; así como el principio de igualdad violado por el INVU y demás instituciones firmantes de dicho decreto. Por todo lo expuesto, solicita que se declare con lugar esta acción de inconstitucionalidad, y se declare el decreto 25902 como inconstitucional y se restablezca el objetivo inicial de la Ley de Planificación Urbana de que se continúe con el crecimiento controlado por medio de planes reguladores cantonales, lo cual resultará en mayor y mejor disponibilidad de predios para construcción de viviendas a precios razonables, ya que la máxima es que a mayor oferta los precios tienden irremediablemente a bajar y no como ahora que el deseo de los costarricenses de poseer una casa propia se ven frustrados y son condenados a que pagar alquiler hasta el fin de sus días, todo por un ilegal e inconstitucional decreto ejecutivo que como está demostrado no ha impedido el desarrollo de grandes urbanizaciones, como la que el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) mediante Resolución nro. 347-2014 de las 15:25 horas del 31 de julio de 2014, como jerarca impropio resolvió: "Es claro que la decisión de encomendar a la Administración Municipal el inicio de los procesos requeridos para anular los permisos otorgados a Urbanización Bello Verde y formular la denuncia respecto de los funcionarios involucrados, implica y comprende tan sólo la realización de todas las tareas previas que dichos tramites exigen, pues es claro, que tal instauración y la decisión final del procedimiento administrativo requerido al efecto, descansa en el órgano Superior del ente corporativo. En razón de lo expuesto, el acuerdo objeto de veto interpuesto por el alcalde de San Rafael de Heredia que aquí se resuelve, constituye un acto de mero trámite y en consecuencia el veto debe ser rechazado de conformidad con lo dispuesto en el inciso fi del artículo 160 del Código Municipal”. El mismo Tribunal Administrativo Ambiental (TAA) indicó en relación a esa misma urbanización de 172 lotes comerciales y residenciales la mayoría ubicados dentro dela ZEP del GAM; que “al no tener ninguna importancia ambiental no se incurre en ningún delito o daño ambiental” tal como lo expreso en su Resolución No. 757-15-TAA del Tribunal Administrativo Ambiental donde indican que no tiene importancia el que un área este dentro de la Zona Especial de Protección del GAM, porque independientemente de esa condición “si él ya fue intervenida para agricultura, ganadería u otros no hay ningún impacto ambiental por lo tanto nada que proteger.” y por lo tanto lo único que ha traído este decreto es anarquía y corrupción, en lugar de control urbano, el cual debe ejercerse mediante los estudios sociales y científicos pertinentes, con lo cual se obtiene un producto objetivo y no desde un escritorio trazando antojadizamente una línea divisoria, la cual cambian discrecionalmente una y otra vez, como lo demuestra la documentación que se adjunta; a saber con qué interés, lo que si está claro es que no es por un interés público.

 2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

 Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,

Considerando:

 I.- Sobre los presupuestos formales de admisibilidad de la acción. La acción de inconstitucionalidad es un proceso con determinadas formalidades, que deben ser satisfechas a los efectos de que la Sala pueda válidamente conocer el fondo de la impugnación. En ese sentido, el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, establece los presupuestos de admisibilidad de la acción de inconstitucionalidad. En primer término, se exige la existencia de un asunto previo pendiente de resolver, sea en vía judicial, o bien, en el procedimiento para agotar la vía administrativa, en que se haya invocado la inconstitucionalidad como medio razonable para amparar el derecho o interés que se considera lesionado. En el párrafo segundo y tercero, la ley establece de manera excepcional, presupuestos en los que no se exige el asunto previo, cuando por la naturaleza del asunto, no exista una lesión individual y directa, o se trate de la defensa de intereses difusos o colectivos, o bien cuando es formulada en forma directa por el Contralor General de la República, el Procurador General de la República, el Fiscal General de la República y el Defensor de los Habitantes.

II.- Ahora bien, en cuanto a la exigencia de un asunto pendiente de resolver, esta Sala por medio de la sentencia nro. 1995-4190, de las 11:33 horas del 28 de julio de 1995, señaló lo siguiente:

“En primer término, se trata de un proceso de naturaleza incidental, y no de una acción directa o popular, con lo que se quiere decir que se requiere de la existencia de un asunto pendiente de resolver -sea ante los tribunales de justicia o en el procedimiento para agotar la vía administrativa- para poder acceder a la vía constitucional, pero de tal manera que, la acción constituya un medio razonable para amparar el derecho considerado lesionado en el asunto principal, de manera que lo resuelto por el Tribunal Constitucional repercuta positiva o negativamente en dicho proceso pendiente de resolver, por cuanto se manifiesta sobre la constitucionalidad de las normas que deberán ser aplicadas en dicho asunto; y únicamente por excepción es que la legislación permite el acceso directo a esta vía -presupuestos de los párrafos segundo y tercero del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.”

Así las cosas, la exigencia de un asunto previo pendiente de resolver, no constituye un requisito meramente formal, toda vez, que no basta con la sola existencia de un asunto base, ni con la simple invocación de la inconstitucionalidad, pues se requiere además, que la acción sea un medio razonable para amparar el derecho o interés que se considera lesionado. Esto quiere decir, que es necesario que se verifique la existencia de un asunto en el que estén de por medio los derechos fundamentales de las personas y en el cual las normas impugnadas tengan una incidencia directa para la resolución del caso (ver en igual sentido las sentencias números 1668-90, 4085-93, 798-94, 3615-94, 409-I-95, 851-95, 4190-95 y 791-96). Asimismo, existen otras formalidades que deben ser cumplidas, a saber, la determinación explícita de la normativa impugnada, debidamente fundamentada, con cita concreta de las normas y principios constitucionales que se consideren infringidos, la autenticación por abogado del escrito en el que se plantea la acción, la acreditación de las condiciones de legitimación (poderes y certificaciones), así como la certificación literal del escrito en el que se invocó la inconstitucionalidad de las normas en el asunto base, requisitos todos que en caso de no ser cumplidos por el accionante, dan lugar a la inadmisión de la acción.

III.- De la inadmisibilidad de la presente acción de inconstitucionalidad. En la especie, el accionante justifica su legitimación para interponer este proceso, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Fundamenta la presente acción de inconstitucionalidad en un interés personal, porque aduce que, en unas ocasiones se le ha indicado que su propiedad inscrita con Folio Real nro. 4-274714-000 y con plano catastrado nro. H-36764-2022, en algunas resoluciones oficiales del INVU está dentro del Anillo de Contención Urbana, por lo que tiene uso urbano y en otras, indican que está fuera, lo que lo convierte en un asunto de interpretación. También aduce la existencia de un interés difuso, sin especificar a cuál se refiere. A partir de lo anterior, resulta pertinente citar lo que este Tribunal ha considerado como interés difuso:

““(…) II.- Sobre los intereses difusos y la legitimación de los accionantes en el caso bajo estudio. Las accionantes señalan que su legitimación proviene de la defensa de los intereses difusos respecto de la protección al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Al respecto, cabe indicar que, como ya se mencionó, los supuestos del párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional constituyen excepciones a la regla contenida en el párrafo primero del mismo artículo, que deben ser analizados cuidadosamente en cada caso concreto. El interés difuso ha sido entendido como aquel interés relacionado con un derecho o situación jurídica de naturaleza especial y particular, que puede ser compartido por otras personas, formando todos los interesados un grupo o categoría determinada. Así, la vulneración de ese derecho puede afectar a todos en general o a cada uno en particular, de ahí que cualquier miembro de la colectividad puede interponer la acción para proteger el derecho que se estima lesionado. Sobre el particular, la reiterada jurisprudencia de la Sala indica que:

"Se ha señalado que se trata un tipo especial de interés, cuya manifestación es menos concreta e individualizable que la del colectivo recién definido en el considerando anterior, pero que no puede llegar a ser tan amplio y genérico que se confunda con el reconocido a todos los miembros de la sociedad de velar por la legalidad constitucional, ya que éste último -como se ha dicho reiteradamente- está excluido del actual sistema de revisión constitucional. Se trata pues de un interés distribuido en cada uno de los administrados, mediato si se quiere, y diluido, pero no por ello menos constatable, para la defensa, en esta Sala, de ciertos derechos constitucionales de una singular relevancia para el adecuado y armónico desarrollo de la sociedad. Son las especiales características de éstos derechos por sí mismas y no la particular situación frente a ellos de los sujetos que puedan ostentarlos, la clave para la distinción y determinación de la presencia de los llamados intereses difusos tal y como se manifestado en distintas resoluciones como la 03705-93 de las quince horas del treinta de julio para el derecho al ambiente, la número 05753-93 de las catorce horas cuarenta y cinco del nueve de noviembre de ese mismo año para la defensa del patrimonio histórico y la número 00980-91 de las trece y treinta del veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y uno para la materia electoral." –ver sentencia número 360-90-

De esta definición es posible estimar que el interés difuso está conformado por un elemento eminentemente subjetivo, relativo a su pertenencia o titularidad del interés, y otro objetivo, relacionado con la incidencia del bien en la sociedad, que lo distingue de otras situaciones jurídicas. En relación con el primero -el subjetivo-, es claro que la misma se encuentra difuminada en un grupo humano no individualizado, que coparticipa en el disfrute del bien jurídico objeto del interés, pero cuya conformación no resulta de un conjunto de sujetos identificable, abarcable y de contornos relativamente nítidos, como sí ocurre en el interés colectivo. Y desde la perspectiva objetiva, debe aclararse que no todo interés "difuminado" adquiere la categoría jurídica de "interés difuso", sino únicamente aquellos impregnados de una profunda relevancia social, cuya valoración resulta de las circunstancias de cada caso –ver, entre otras, sentencias números 2006-15960 y 2014-4904-. En este sentido, así como se ha dicho que ese interés no puede ser tan amplio y genérico que se confunda con el derecho a velar por la legalidad constitucional -lo que supondría la instauración tácita de una acción popular no contemplada por la Ley de la Jurisdicción Constitucional-, tampoco puede ser tan concreto que permita el reclamo individual, pues en tal caso, la legitimación derivaría de ese reclamo –ver, entre otras, sentencias números 2008-13442, 2009-300 y 2009-9201-. Así, ejemplos de tales intereses son el derecho a un ambiente sano y armonioso, la defensa del patrimonio histórico, la materia electoral, la defensa del derecho a la salud y la fiscalización de los fondos públicos. De tal forma, en el caso bajo estudio, donde las accionantes refieren su legitimación respecto de la defensa de intereses difusos en materia de protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, lo que corresponde es pronunciarse conforme se indica en los considerandos siguientes.

(…)

En la acción que ahora se conoce, los mismos accionantes cuestionan las mismas normas de los artículos 50 y 51 del Reglamento en cuestión, así como el artículo 52 del mismo instrumento, y si bien, más allá de la sostenibilidad de los zoocriaderos, en esta acción se centran sobre temas de conservación ex situ y educación ambiental -que también fue señalado en aquella acción-, lo cierto es que la misma definición de esta Sala sobre la legitimación, tal como se dispuso en la sentencia de cita, resulta de plena aplicación en esta nueva acción. Nótese que, ciertamente, tal como lo señala claramente la Procuraduría General de la República y de manera enfática lo refiere el Ministro de Ambiente y Energía, la normativa que se cuestiona sí es totalmente susceptible de aplicación individual y de incidir directamente en la esfera jurídica de personas singulares e identificables, que ejercen una determinada actividad, sujeta a la regulación señalada en la Ley de Conservación de la Vida Silvestre y su reglamento. De tal manera, es claro que contrario a la aducida defensa de intereses difusos, lo que se encuentra de por medio es algún grado de inconformidad con la sujeción a que deben someterse para la regulación de la actividad que ejercen o pretenden ejercer; véase que como bien refiere el informe del Ministro de Ambiente y Energía, los accionantes se encuentran directamente relacionados como fundadores, gerentes o servidores de diversas empresas relacionadas con la exhibición de fauna silvestre o su promoción turística. Así, resulta inviable aducir presuntos problemas de conservación y de educación ambiental, para utilizar la figura de los intereses difusos y promover con ello una acción de inconstitucionalidad directa obviando los estrictos requisitos de admisibilidad señalados en la Ley de la Jurisdicción Constitucional, tal como se indicó en los considerandos II y III de esta resolución.

 Bajo esta inteligencia, y tomando en consideración la identidad de accionantes y de la normativa cuestionada, es claro que el precedente de la sentencia 2018-18563 resulta plenamente aplicable a esta acción que ahora se conoce, de donde debe necesariamente concluirse que al igual que en aquella anterior ocasión, los accionantes carecen de legitimación para la interposición de este proceso, por lo que resulta improcedente conocer y pronunciarse sobre los aspectos planteados. De tal manera, lo procedente es declarar sin lugar esta acción” (Sentencia nro. 2021-002185 de las 12:51 horas del 3 de febrero de 2021).

 En similar sentido, en la sentencia nro. 2021-011994 de las 16:30 horas del 26 de mayo de 2021 esta Sala dispuso que:

“(…) Se reitera que el interés difuso no puede ser tan amplio y genérico que se confunda con el derecho a velar por la legalidad constitucional (lo que supondría la instauración tácita de acción popular no contemplada por la Ley de la Jurisdicción Constitucional); pero tampoco puede ser tan concreto que permita el reclamo individual, pues, en tal caso, la legitimación derivaría de ese reclamo (…)”.

En este caso, el accionante no justifica cuál ese interés difuso que invoca, y, aunque refiere que el decreto impugnado carece de estudios ambientales, es claro, a partir de la fundamentación del escrito de interposición y de su pretensión, que su objeto no es tutelar el derecho al ambiente, sino el derecho de propiedad frente a este, respecto de lo cual no se advierte la existencia de interés difuso alguno. El accionante considera que el decreto nro. 25902-MIVAH-MP-MINAE de 12 de febrero de 1997, es un acto administrativo nulo y arbitrario, al no existir varios estudios técnicos que justifiquen la limitación impuesta por este a 49 distritos del país. Aduce que el decreto impugnado impone limitaciones a la propiedad privada, que exceden cualquier parámetro de razonabilidad y proporcionalidad, por falta de fundamentación, lo que lesiona, además, el principio de reserva de ley y de igualdad, pues unos pueden comerciar y tener viviendas y otros no. Señala que todos los decretos que antecedieron al decreto nro. 25902 MIVAH-MP-MINAE, tienen su respaldo en el plano(s) del Gran Área Metropolitana o Límite de Contención Urbana, conocido como el plano G.A.M, elaborado por la dirección de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) en el año de 1978; cuyo plano fue diseñado sin más respaldo técnico que la apreciación subjetiva de quienes trazaron en aquella época tan importante, la delimitación entre el uso urbano y el uso agrícola, sin ningún estudio técnico de tipo de suelos. Por ello, aduce que con ese decreto se creó una zona especial de protección, la cual, en realidad no cumple con los requisitos de ley, ya que en muchos casos no son suelos de vocación agrícola ni tampoco tienen algún atributo ambiental que sea necesario proteger. Señala que se trata de una línea divisoria antojadiza, que cambia discrecionalmente una y otra vez. Incluso el accionante denota que tiene un interés directo que se plasma de forma concreta en el uso de una de sus propiedades, pues refiere que, en unas ocasiones se le ha indicado que su propiedad inscrita con Folio Real nro. 4-274714-000, con plano catastrado nro. H-36764-2022, en algunas resoluciones oficiales del INVU está dentro del Anillo de Contención Urbana, por lo que tiene uso urbano y en otras, indican que está fuera, lo que lo convierte en un asunto de interpretación. De ahí que la pretensión de este proceso es que “se restablezca el objetivo inicial de la Ley de Planificación Urbana de que se continúe con el crecimiento controlado por medio de planes reguladores cantonales, lo cual resultará en mayor y mejor disponibilidad de predios para construcción de viviendas a precios razonables, ya que la máxima es que a mayor oferta los precios tienden irremediablemente a bajar y no como ahora que el deseo de los costarricenses de poseer una casa propia se ven frustrados y son condenados a que pagar alquiler hasta el fin de sus días, todo por un ilegal e inconstitucional decreto ejecutivo que como está demostrado no ha impedido el desarrollo de grandes urbanizaciones”.

Lo anterior denota claramente, primero, que el accionante no se encuentra legitimado en la existencia de un interés difuso, pues el propósito de la acción no es la defensa del ambiente, ni de ningún otro derecho que este Tribunal haya catalogado así, sino, en esencia, del derecho de propiedad. Y, segundo, que el interés personal denotado por el accionante confirma que la normativa impugnada es susceptible de tener un asunto base, tal como lo dispone el párrafo primero del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, pues su reclamo se concreta respecto a la propiedad que este menciona. Sin embargo, el gestionante no menciona que exista proceso judicial pendiente alguno respecto de esa propiedad o un procedimiento administrativo donde se discuta la aplicación del decreto impugnado y que se encuentre en fase de agotamiento de la vía administrativa.  En virtud de lo dispuesto es claro que el accionante carece de legitimación directa para interponer este proceso. Aunado a lo anterior, tampoco se autenticó debidamente el escrito de interposición, pues no fue firmado por la profesional en derecho, ni pagó el respectivo timbre del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Sin embargo, se omitió la prevención de su cumplimiento por innecesaria, ante la denotada falta de legitimación del accionante. Por consiguiente, lo procedente es rechazar de plano la acción.

IV.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO RUEDA. Me separo del criterio de la mayoría de este Tribunal y salvo el voto en este asunto, porque considero prematuro el rechazo de plano del sub lite. Ciertamente, la acción de inconstitucionalidad es un proceso “instaurado con el propósito de garantizar la supremacía de la Constitución Política frente a normas u otras disposiciones de carácter general y que por esa misma razón deben cumplirse un conjunto de formalidades, a efecto de que la Sala pueda válidamente conocer el fondo de la impugnación” como reiteradamente ha señalado amplia jurisprudencia de esta Sala. Sin embargo, precisamente, la propia ley que rige esta jurisdicción establece el tratamiento que debe darse a las distintas formalidades y su eventual incumplimiento. En tal sentido, de forma expresa estatuye el numeral 80 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional:

“Artículo 80.- Si no se llenaren las formalidades a que se refieren los dos artículos anteriores, el Presidente de la Sala señalará por resolución, cuáles son los requisitos omitidos y ordenará cumplirlos dentro de tercero día (…)”

En el sub examine, entre otros requisitos, justamente se echa de menos una fundamentación adecuada y suficiente, tal como exige el ordinal 78 eiusdem, por lo que resulta inexorable la prevención al accionante con miras a que remedie la omisión detectada. En adición, subrayo que, con base en el principio pro homine, la literalidad de los cánones 78, 79 y 80 de la ley de cita vuelve plausible una hermenéutica de tal índole en beneficio de quienes acuden a esta Sala, de modo que el acceso a la justicia constitucional no resulte limitado de modo innecesario.

 V.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS. Me separo del criterio de la mayoría de este Tribunal y salvo el voto en este asunto, por considerar que la decisión de rechazar de plano esta acción de inconstitucionalidad es prematura. Es sabido, la acción de inconstitucionalidad es un proceso “instaurado con el propósito de garantizar la supremacía de la Constitución Política frente a normas u otras disposiciones de carácter general y que por esa misma razón deben cumplirse un conjunto de formalidades, a efecto de que la Sala pueda válidamente conocer el fondo de la impugnación”, como ha señalado de manera reiterada esta Sala. Sin embargo, es precisamente el artículo 80 de la propia Ley de la Jurisdicción Constitucional la que ordena el tratamiento que debe darse a las distintas formalidades y a su eventual incumplimiento:

“Artículo 80.- Si no se llenaren las formalidades a que se refieren los dos artículos anteriores, el Presidente de la Sala señalará por resolución, cuáles son los requisitos omitidos y ordenará cumplirlos dentro de tercero día (…)”.

En este asunto, entre otros requisitos, se echa de menos una fundamentación adecuada y suficiente de la legitimación que invoca, tal como lo exige el artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, por lo que estimo que procede prevenir al accionante para que remedie la omisión detectada. De igual forma –en mi criterio– tanto la interpretación de los artículos 78 y 79 como la del propio artículo 80 de la mencionada ley debe ser amplia en beneficio de quienes acuden a esta Sala, de modo que el acceso a la justicia constitucional no resulte innecesariamente limitado.

 VI.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

 Se rechaza de plano la acción. Los magistrados Rueda Leal y Garro Vargas salvan el voto y ordenan hacer la prevención del artículo 80 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, de forma separada.

 

 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Paul Rueda L.

	

 

	

Luis Fdo. Salazar A.




Jorge Araya G.

	

 

	

Anamari Garro V.




Ingrid Hess H.

	

 

	

Alexandra Alvarado P.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 IZ8MMFQLXCI61

EXPEDIENTE N° 25-024803-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:10:54.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**Constitutional Chamber**

**Resolution No. 29125 - 2025**

**Date of Resolution:** September 10, 2025 at 09:45

**Expediente:** 25-024803-0007-CO

**Drafted by:** Fernando Castillo Víquez

**Type of matter:** Unconstitutionality action

**Analyzed by:** CONSTITUTIONAL CHAMBER

**Judgment with protected data, in accordance with current regulations**

**Text of the resolution**

Exp: 25-024803-0007-CO

Res. No. 2025029125

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours forty-five minutes on September tenth, two thousand twenty-five.

Unconstitutionality action brought by [Name 001], with identity card number [Value 001], against Decree No. 25902-MIVAH-MP-MINAE of February 12, 1997.

**Whereas:**

1.- By written submission received at the Secretariat of the Chamber on August 19, 2025, a request is made to declare Decree No. 25902-MIVAH-MP-MINAE of February 12, 1997 unconstitutional. The petitioner states that this decree aims to: "Article 1-Modify the third part of the Regional Urban Development Plan, or Legal Instruments, published in 'La Gaceta' number 119 of June twenty-second, nineteen eighty-two and which was decreed by means of Executive Decree No. 13583-VAH-OFIPLAN, of May third, nineteen eighty-two, published in 'La Gaceta' number 95 of May eighteenth, 1982, so that henceforth it reads as follows …". He notes that this Decree 25902 is of enormous and important transcendence for the country and its citizens, since with this single enactment, "the third part of the Regional Urban Development Plan, or Legal Instruments" is affected in the social, economic, and environmental fields. For this reason, given the magnitude of the influence of this Decree 25902, it must be ensured that its enactment was in accordance with what Costa Rican legislation stipulates for an administrative act of these proportions and effects on Costa Rican society. He affirms that the first point he objects to in the enactment of Decree No. 25902-MIVAH-MP-MINAE is that the Chamber itself heard unconstitutionality action number 01-004119-0007-CO, which was resolved by judgment number No. 2003-11397, at 14:43 hours on October 8, two thousand three 2003, where, in the pertinent part, it was ordered: "a- Regarding municipal autonomy in urban planning matters. On this point, it is relevant to cite what the Chamber in judgment No. 4205-96 considered: B. THE BODY RESPONSIBLE FOR URBAN PLANNING. XIV. THE COMPETENT BODIES TO CARRY OUT URBAN PLANNING: MINISTRY OF NATIONAL PLANNING AND ECONOMIC POLICY, INVU AND MUNICIPALITIES." As can be appreciated, in said vote, the Chamber defined who are by law the bodies responsible for regulating everything related to urban planning, and it turns out that in the enactment of Decree 25902, neither the MINISTRY OF NATIONAL PLANNING AND ECONOMIC POLICY nor INVU nor MUNICIPALITIES participate as active subjects, as do the MINISTRY OF HOUSING AND HUMAN SETTLEMENTS, MINISTRY OF THE PRESIDENCY, MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY, who are not legally empowered to act in the field of urban planning, thus what was decreed results in clear nullity, not being signed by the Minister of Planning, as required by the Urban Planning Law and thus confirmed by the Chamber through the cited vote, that Decree 25902 becomes absolutely null and void. The Chamber, in multiple votes, has been completely clear that administrative acts must comply with what is stipulated in the General Public Administration Law and above all issued in light of Article 45 of the Political Constitution, which has a legal reserve, under these precepts, the enactment of Decree 25902, which came to affect a third part of the Regional Urban Development Plan, and entails the affectation of 4 provinces, 15 cantons, and 49 districts, should have complied with the following prior requirements, as stated in constitutional judgment 12054-2002, opinion C-148-2014, where absolute, evident, and manifest nullity occurs when one or several constitutive elements of the act are completely missing: subject, purpose, content, and motive; or if they are imperfectly constituted and prevent the realization of the purpose of the act (Law 6227, articles 129, 133 and 166, 167): 1- Preparation of the corresponding environmental studies, which would define through applicable scientific studies, which areas were feasible for human development and which, on the contrary, were susceptible and therefore required protection, as indicated by one of the objectives of Decree 25902, which states: "to thus achieve better planned and efficient development; in accordance with the guidelines established by the new article fifty of our Political Constitution." and in the same sense, the following studies: 2- Land tenure study, to determine its use, vocation, and distribution. 3- Population studies to determine the density and composition of the population. 4- Studies of water resources that include surface and groundwater sources and their aquifer recharge areas. 5- Studies on vulnerability, landslides, volcanic or tectonic faults, to determine areas not susceptible to human development. 6- Forest studies, to determine forest cover (cobertura boscosa) and protection areas. Of all those mentioned, which also does not constitute the universe of studies that a decree of the magnitude and consequences for the population that Decree 25902 has should have been carried out, none were carried out, that is, not a single one of these studies was provided as support for the enactment of Decree 25902; therefore, what was resolved by the Chamber regarding the requirement to carry out technical studies that support the administrative act is not complied with, as indicated in judgment number 6706-98, at 15:21 hours on December 21, 1993: "II).- The Chamber considers that the power attributed to local governments to plan urban development within the limits of their territory does integrate the constitutional concept of 'local interests and services' referred to in Article 169 of the Constitution, a competence that was recognized by the Urban Planning Law (No. 4240 of November 15, 1968, amended by Laws No. 6575 of April 27, 1981 and No. 6595 of August 6 of that same year), specifically in articles 15 and 19 challenged here, which literally establish: «Article 19.- Each Municipality shall issue and enact the procedural rules necessary for due compliance with the regulatory plan and for the protection of the interests of health, safety, comfort, and well-being of the community.» III).- Within what can be called the administrative organization of urbanism in our country, the Urbanism Directorate - attached to the National Institute of Housing and Urbanism - and the Planning Office (now the Ministry of Planning and Economic Policy) are the bodies responsible for drafting the National Urban Development Plan, through which the general policies on the growth and development of urban areas are set. The Plan - which is specifically drafted by the Directorate and proposed by the Institute's Board of Directors - must include technical studies on the population factor with growth projections at the national, regional, and urban levels, on Land Use with plans on the extension and forms of use of the portions required for urban development, industrial development, housing and urban renewal, public services and general location of transportation projects, among others." Given the total absence of any technical study, as stipulated by law and confirmed by the Chamber in judgment number 5305-93, at 10:06 hours on October 22, 2003, which in the relevant part resolved: "... the limitation on property imposed by a regulatory plan is constitutionally possible, because the right to property is not unlimited; rather, there is a general framework within which the owner can act and which must be compatible with the constitutional content of that right. For what is expressed, in the judgment of this Court, the limitation imposed, as long as it conforms to a current regulatory plan, does not violate, as suggested in the appeal, Article 45 of the Political Constitution, as long as that regulatory plan does not deconstitutionalize the private property that is affected by that instrument. Conversely, if the limitations exceed the minimum parameters of reasonableness and proportionality, they would be contrary to the Political Constitution." In this sense, it is correct to say that since there are no technical studies that justify the limitation imposed on 49 districts of the country, Decree 25902 is a null and arbitrary administrative act, since it comes to impose limitations on private property, which greatly exceed any parameter of reasonableness and proportionality, and it must be declared so by the Chamber for lacking justification. Prior to imposing restrictions such as those contained in the challenged Decree 25902, it was necessary to have subjected it to a popular consultation of the inhabitants of each of the 49 affected districts, which was not done; therefore, due to this lack of disclosure, it also failed to comply with legal requirements and renders the administrative act null and void. Since there are no technical studies that justify the limitation imposed on all private properties within the 49 affected districts and since said executive decree was not disclosed for the purpose of consulting the inhabitants of those same districts, Decree 25902 violated the Principle of Legal Reserve of Article 45 of the Political Constitution of Costa Rica, which renders it absolutely null and void, on which the Chamber, in judgment number 5305-93, indicated: "in the judgment of this Court, the limitation imposed, as long as it conforms to a current regulatory plan, does not violate, as suggested in the appeal, Article 45 of the Political Constitution, as long as that regulatory plan does not deconstitutionalize the private property that is affected by that instrument. Conversely, if the limitations exceed the minimum parameters of reasonableness and proportionality, they would be contrary to the Political Constitution." Also, in accordance with the provisions of Article 166 of the General Public Administration Law (LGAP), which states: "Article 166.- There shall be absolute nullity of the act when one or more of its constitutive elements are totally missing, in fact or in law." As stated, he considers that, given the lack of technical studies and popular consultation, there is a clear violation of the LGAP, which makes Decree 25902 an absolutely null act and, in accordance with Article 169 of the same LGAP ibidem, it cannot be presumed legitimate nor can its execution be ordered, as also stipulated by Article 158 of the same Law. Said decree is an invalid act for being inconsistent with the legal system, and it is therefore unconstitutional by violating the legal reserve through a decree that failed to comply with all applicable, pertinent, and relevant legislation. The Chamber, through resolution No. 2004-14404, at 10:43 hours on December 17, 2004, points out that the issuance of Executive Decree 25902-MIVAH-MP-MINAE has its legal basis in the following: "By means of Executive Decrees No. 11313-P in 1980 and No. 12590-P in 1981, the first Regulatory Plan of the Greater Metropolitan Area, known as GAM, was issued, which is based on the Urban Planning Law No. 4240 of November 15, 1968 and its amendments. These decrees were followed by Executive Decree No. 13583-VAH-OFIPLAN of May 3, 1982, which aimed to add new legal instruments to the Regional Urban Development Plan to regulate the urban development of the system of cities and population centers of the Central Valley of the country. Regulations that logically also have legal support in the Urban Planning Law. On April 7, 1997, Executive Decree 25902-MIVAH-MP-MINAE was published, which modifies the third part of this Regional Urban Development Plan, to establish the 'Urban Control Area', the 'Special Protection Zone', the 'Special Forest Protection Zones', and the 'Special River Protection Zones'." All the decrees that preceded Decree 25902 have their support in the map(s) of the Greater Metropolitan Area or Urban Containment Limit, known as the G.A.M. map, prepared by the Urbanism Directorate of the National Institute of Housing and Urbanism (INVU) in 1978; said map is composed of several sheets on onion paper, on which the greater metropolitan area was drawn or rather captured by aerial photography at a scale of 1:50,000 and on it, a dividing line was drawn, a polygon that delimited what in said decrees was called "the first Regulatory Plan of the Greater Metropolitan Area, known as GAM" within the polygon that was drawn, is located what is known as the urban area and outside the polygon is located what is called the rural area for agricultural use, where according to INVU, linear and vegetative development was expected to occur in accordance with the projections made, as indeed happened. This map constitutes all the technical study that supports the dividing line between urban use and agricultural use; there is nothing else, there is no other study than this; in fact, the map was "drafted" or drawn from a desk based on aerial photographs of the time where the Central Valley and its road, housing, industrial, and agricultural infrastructure could be distinguished, and, given those conditions and the projections of the time, it was that INVU drew or delineated the dividing line that defined what would henceforth be the G.A.M. and it is that single document on which all the country's urban planning is based, a simple delimitation without more technical support than the subjective assessment of those who, at that time, traced such an important delimitation between urban use and agricultural use, without any technical study of soil types, where for example it is clear to everyone that many of the areas that INVU defined as urban use within the G.A.M. are very fertile lands of evident agricultural use, but which became residential or factories, nor are there studies of land use and possession, hydrology, geology, anthropology, nor is there a spatial delimitation dictated by coordinates, streets, geographical features, etc. that could facilitate the actual location of where said GAM limit runs and due to this base without scientific or legal foundation is that there is so much problematic, discord and even discrimination, as also resolved by the Chamber in Vote 5141-94: "In conclusion, in these cases of special severity, the limitation produces three identifiable effects a) It produces a special damage, as it affects a certain number of properties, b) It is abnormal, as the affectation is so serious in relation to the full enjoyment of the right and operates unequally against all the owners outside the affected zone, and c) the damage is economically evaluable. Consequently, if the limitation is of such a degree that it detracts the property from its economic value and detracts it from the commerce of real estate, the State must compensate the damage caused. (Similarly, 796-91)." Therefore, from the beginning, decree No. 12590-P of 1981, which issued the first Regulatory Plan of the Greater Metropolitan Area, known as GAM, was vitiated by nullity and he will prove this thesis with real cases, where INVU accepts that the map defining the G.A.M. contains a fundamental error that allows subjectivity, so that, since the rules are not clear and well defined, it lends itself to corruption and political cronyism, also the Federated College of Engineers and Architects pronounced itself in this regard, accepting fundamental errors in that map that lend themselves to irregularities or arbitrary interpretations, depending on the occasion or the person, for which he indicates he will present conclusive evidence where municipalities have violated Decree 25902, without any scruple, but very selectively, according to their convenience; he will also present pronouncements from the Ministry of Agriculture and Livestock, where it indicated in many cases that the lands that INVU defined as agricultural do not have agricultural vocation, evidence where the Environmental Tribunal resolves that if the areas designated by Decree 25902 are intervened areas and, therefore, without environmental value, no environmental infraction is committed by developing them urbanistically, in short, he will demonstrate that Decree 25902 was born flawed from its enactment and has only served to enrich some and discriminate against others. Of course, this entails damage that is perfectly economically evaluable, as determined by the Chamber in the already cited vote: "the limitation produces three identifiable effects a) It produces special damage, as it affects a certain number of properties, b) It is abnormal, as the affectation is so serious in relation to the full enjoyment of the right and operates unequally against all the owners outside the affected zone, and c) the damage is economically evaluable." All this because Decree 25902 is an administrative act without due legal foundation that results in all these irregularities; for all the reasons stated, the Chamber must declare said decree unconstitutional. As can be seen, in the enactment of Decree 25902, the administration has failed to comply with the legal system, which came to affect the third part of the Regional Urban Development Plan, affecting 4 provinces, 15 cantons, and 49 districts, for which none of the technical studies that were required and that have already been mentioned were carried out, nor was a land tenure study carried out, nor was the population or the municipalities consulted, which also violates the Principle of Legal Reserve of Article 145 of the Political Constitution of Costa Rica, that by having failed to comply with the requirements of the LGAP in its articles 158, 166, 169 and concordant, the cited decree lacks justification, therefore the challenged decree is an absolutely null act and, its effects being continuous in accordance with Article 173 of the same LGAP, in its subsection: "4) The power of official review enshrined in this article shall expire within one year, from the adoption of the act, unless its effects endure." Thus, it is proven that, despite the absence of these studies and other principles including the legal reserve, Decree 25902 was enacted, thereby creating a Special Protection Zone (Zona Especial de Protección, ZEP); which, in reality, does not comply with legal requirements, since in many cases they are not soils with agricultural vocation nor do they have any environmental attribute that needs protection, furthermore, it has been shown to have served to benefit through clientelism or even corruption a few who have developed large residential developments of more than 170 commercial and residential lots and others are denied the same equal treatment, which is evidently unconstitutional from its enactment and its discriminatory application to some and not to others. He bases this unconstitutionality action on a personal interest, because on some occasions he has been told that his property registered with Real Folio No. 4-274714-000 and with cadastral map No. H-36764-2022 in some official resolutions of INVU are within the Urban Containment Ring, so it has urban use, and in others, they indicate it is outside, which makes it a matter of interpretation, which is unacceptable, since the rules must be clear and, as indicated, based on the studies required by law and, at the same time, diffuse; as interpreted by the Constitutional Chamber and others, when they have indicated: “IV.- On the matter, this Chamber has indicated: “… diffuse interest is that procedural situation in which: ‘…the original standing of the legitimate interested party or even of the simple interested party, is diffused among all the members of a certain category of persons who are thus equally affected by the illegal acts that violate them’. (Vote No. 119 of 14 hours 50 minutes on March 3, 2005). It is therefore, in the thesis of this Chamber, an interest of indefinite ownership that legitimizes the subject to sue, which is transformed, by virtue of its incorporation into the list of human rights, into a kind of 'reaction right', established so that its holder opposes the violation caused by illegitimate acts or omissions, caused to a generality. In essence, this mechanism allows the holder of the right, (usually difficult to identify because it is diluted in generality), to assert a value or principle embedded in the Magna Carta, as a parameter of constitutionality of the conduct displayed by the Administration. As it is a right of this nature, its criteria for standing are broader and more flexible.” (Judgment No. 547-2012, at 8 hours 55 minutes on May 10, 2012). Likewise, diffuse interests participate in a double nature, as they are simultaneously collective – because they are common to a generality – and individual, so they can be claimed in that capacity.” (Ruling No. 861 of 16 hours 10 minutes on July 3, 2014).”. As well as what is stipulated in the General Public Administration Law (LGAP) No. 6227, in its articles 169, 170, 171, 172, 173, 174 and 175 and following and concordant, as well as numerals 9, 11, 28, 33, 39, 45, 49, 153 and concordant of the Political Constitution of Costa Rica, in relation to the nullity requested for violating the principles of constitutionality, legality, publicity; as well as the principle of equality violated by INVU and other institutions signing said decree. For all the foregoing, he requests that this unconstitutionality action be granted, and Decree 25902 be declared unconstitutional and the initial objective of the Urban Planning Law be restored, so that orderly growth continues through cantonal regulatory plans, which will result in greater and better availability of land for housing construction at reasonable prices, since the maxim is that the greater the supply, prices inevitably tend to fall, and not as now when Costa Ricans' desire to own their own home is frustrated and they are condemned to pay rent until the end of their days, all because of an illegal and unconstitutional executive decree that, as has been shown, has not prevented the development of large residential developments, such as the one that the Contentious Administrative Tribunal (TCA) through Resolution No. 347-2014 at 15:25 hours on July 31, 2014, as improper hierarch resolved: "It is clear that the decision to entrust the Municipal Administration with the initiation of the processes required to annul the permits granted to Urbanización Bello Verde and to formulate the complaint regarding the officials involved, implies and comprises only the performance of all the prior tasks that such procedures require, as it is clear that such initiation and the final decision of the administrative procedure required for the purpose rests with the Superior Body of the corporate entity. Due to what has been stated, the agreement subject to veto filed by the mayor of San Rafael de Heredia, which is resolved here, constitutes a mere procedural act and consequently the veto must be rejected in accordance with the provisions of subsection fi of Article 160 of the Municipal Code.” The same Environmental Administrative Tribunal (Tribunal Administrativo Ambiental, TAA) indicated in relation to that same development of 172 commercial and residential lots, the majority located within the GAM's ZEP; that "since it has no environmental importance, no environmental crime or damage is incurred" as expressed in its Resolution No. 757-15-TAA of the Environmental Administrative Tribunal where they indicate that it is not important that an area is within the GAM's Special Protection Zone, because regardless of that condition "if it has already been intervened for agriculture, livestock or others, there is no environmental impact, therefore nothing to protect." and therefore the only thing this decree has brought is anarchy and corruption, instead of urban control, which must be exercised through pertinent social and scientific studies, thus obtaining an objective product and not from a desk arbitrarily drawing a dividing line, which they change discretionally time and again, as demonstrated by the documentation attached; to know for what interest, what is clear is that it is not for a public interest.

2.- Article 9 of the Constitutional Jurisdiction Law empowers the Chamber to reject outright or on the merits, at any time, even from its presentation, any action presented to its knowledge that turns out to be manifestly improper, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is a simple reiteration or reproduction of a previous equal or similar action rejected.

Drafted by Magistrate Castillo Víquez; and,

**Considering:**

I.- Regarding the formal requirements for the admissibility of the action. The unconstitutionality action is a process with certain formalities, which must be satisfied so that the Chamber can validly hear the merits of the challenge. In this regard, Article 75 of the Constitutional Jurisdiction Law establishes the requirements for the admissibility of the unconstitutionality action. In the first place, the existence of a prior matter pending resolution is required, either in judicial proceedings, or in the procedure to exhaust the administrative channel, in which unconstitutionality has been invoked as a reasonable means to protect the right or interest that is considered violated. In the second and third paragraphs, the law exceptionally establishes requirements in which the prior matter is not required, when due to the nature of the matter, there is no individual and direct injury, or it concerns the defense of diffuse or collective interests, or when it is formulated directly by the Comptroller General of the Republic, the Attorney General of the Republic, the Prosecutor General of the Republic, and the Ombudsman.

II.- Now, regarding the requirement of a matter pending resolution, this Chamber, by means of judgment No. 1995-4190, at 11:33 hours on July 28, 1995, stated the following:

"In the first place, it is a process of an incidental nature, and not a direct or popular action, meaning that the existence of a matter pending resolution is required - either before the courts of justice or in the procedure to exhaust the administrative channel - to be able to access the constitutional channel, but in such a way that the action constitutes a reasonable means to protect the right considered violated in the main matter, so that what is resolved by the Constitutional Court impacts positively or negatively on said process pending resolution, as it expresses on the constitutionality of the norms that must be applied in said matter; and it is only by exception that the legislation allows direct access to this channel - requirements of the second and third paragraphs of Article 75 of the Constitutional Jurisdiction Law."

Thus, the requirement of a prior matter pending resolution does not constitute a merely formal requirement, since it is not enough with the mere existence of a base matter, nor with the simple invocation of unconstitutionality, as it is also required that the action be a reasonable means to protect the right or interest that is considered violated. This means that it is necessary to verify the existence of a matter in which the fundamental rights of persons are at stake and in which the challenged norms have a direct impact on the resolution of the case (see in the same sense judgments numbers 1668-90, 4085-93, 798-94, 3615-94, 409-I-95, 851-95, 4190-95 and 791-96). Likewise, there are other formalities that must be complied with, namely, the explicit determination of the challenged regulations, duly substantiated, with specific citation of the constitutional norms and principles that are considered infringed, the authentication by a lawyer of the document in which the action is filed, the accreditation of the conditions of standing (powers of attorney and certifications), as well as the literal certification of the document in which the unconstitutionality of the norms was invoked in the base matter, all requirements that, in the event of not being complied with by the plaintiff, lead to the inadmissibility of the action.

III.- Regarding the inadmissibility of this unconstitutionality action. In the present case, the plaintiff justifies his standing to file this process, in accordance with the second paragraph of Article 75 of the Constitutional Jurisdiction Law.

He bases the present acción de inconstitucionalidad on a personal interest, because he alleges that, on some occasions he has been told that his property registered under Folio Real no. 4-274714-000 and with cadastral map no. H-36764-2022, in some official rulings of the INVU is within the Urban Containment Ring (Anillo de Contención Urbana), and therefore has urban use, and on other occasions, they indicate that it is outside, which makes it a matter of interpretation. He also alleges the existence of a diffuse interest (interés difuso), without specifying which one he refers to. Based on the foregoing, it is pertinent to cite what this Court has considered as a diffuse interest:

“(…) II.- On diffuse interests and the standing of the plaintiffs in the case under study. The plaintiffs state that their standing comes from the defense of diffuse interests regarding the protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment. In this regard, it should be noted that, as already mentioned, the cases in the second paragraph of Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional constitute exceptions to the rule contained in the first paragraph of the same article, which must be carefully analyzed in each specific case. The diffuse interest has been understood as that interest related to a right or legal situation of a special and particular nature, which may be shared by other persons, with all the interested parties forming a specific group or category. Thus, the violation of that right may affect everyone in general or each one in particular, hence any member of the community may file the action to protect the right deemed to have been injured. On this matter, the reiterated jurisprudence of this Chamber indicates that:

\"It has been pointed out that it is a special type of interest, whose manifestation is less concrete and individualizable than that of the collective interest just defined in the preceding considerando, but which cannot become so broad and generic that it is confused with the right recognized to all members of society to ensure constitutional legality, since the latter -as has been repeatedly stated- is excluded from the current constitutional review system. It is therefore an interest distributed among each of the administered persons, mediate if you will, and diluted, but no less verifiable for that reason, for the defense, before this Chamber, of certain constitutional rights of singular relevance for the adequate and harmonious development of society. It is the special characteristics of these rights in themselves, and not the particular situation of the subjects who may hold them, that is the key to distinguishing and determining the presence of so-called diffuse interests, as has been stated in various rulings such as 03705-93 at fifteen hours on July thirtieth for the right to the environment, number 05753-93 at fourteen forty-five hours on November ninth of that same year for the defense of historical heritage, and number 00980-91 at thirteen thirty hours on May twenty-fourth, nineteen ninety-one for electoral matters.\" –see judgment number 360-90-

From this definition, it is possible to estimate that the diffuse interest is composed of an eminently subjective element, relating to its ownership or entitlement to the interest, and another objective element, related to the impact of the good on society, which distinguishes it from other legal situations. In relation to the first -the subjective one-, it is clear that it is diffused within a non-individualized human group, which co-participates in the enjoyment of the legal good that is the object of the interest, but whose composition does not result from an identifiable, encompassable set of subjects with relatively clear contours, as does occur with the collective interest. And from the objective perspective, it must be clarified that not every \"diffused\" interest acquires the legal category of \"diffuse interest,\" but only those imbued with a deep social relevance, whose assessment results from the circumstances of each case –see, among others, judgments numbers 2006-15960 and 2014-4904-. In this sense, just as it has been said that this interest cannot be so broad and generic that it is confused with the right to ensure constitutional legality -which would imply the tacit establishment of an actio popularis not contemplated by the Ley de la Jurisdicción Constitucional-, neither can it be so concrete that it allows an individual claim, since in such a case, standing would derive from that claim –see, among others, judgments numbers 2008-13442, 2009-300 and 2009-9201-. Thus, examples of such interests are the right to a healthy and harmonious environment, the defense of historical heritage, electoral matters, the defense of the right to health, and the oversight of public funds. In this way, in the case under study, where the plaintiffs refer their standing to the defense of diffuse interests in matters of protecting a healthy and ecologically balanced environment, what is applicable is to rule as indicated in the following considerandos.

(…)

In the action now being heard, the same plaintiffs question the same provisions of Articles 50 and 51 of the Regulation in question, as well as Article 52 of the same instrument, and although, beyond the sustainability of captive breeding centers (zoocriaderos), in this action they focus on topics of ex situ conservation and environmental education -which was also pointed out in that previous action-, the truth is that this Chamber's own definition of standing, as established in the cited judgment, is fully applicable in this new action. It should be noted that, indeed, as the Procuraduría General de la República clearly points out and the Minister of Environment and Energy emphatically states, the questioned regulations are indeed totally susceptible to individual application and to directly affecting the legal sphere of singular and identifiable persons, who carry out a specific activity, subject to the regulation indicated in the Ley de Conservación de la Vida Silvestre and its regulation. Thus, it is clear that contrary to the alleged defense of diffuse interests, what is at stake is some degree of disagreement with the subjection they must submit to for the regulation of the activity they carry out or intend to carry out; see that as the report of the Minister of Environment and Energy well states, the plaintiffs are directly related as founders, managers, or employees of various companies related to the exhibition of wildlife or its tourism promotion. Thus, it is unfeasible to allege supposed conservation and environmental education problems to use the figure of diffuse interests and thereby promote a direct acción de inconstitucionalidad, disregarding the strict admissibility requirements set forth in the Ley de la Jurisdicción Constitucional, as indicated in considerandos II and III of this resolution.

Under this understanding, and taking into consideration the identity of the plaintiffs and the questioned regulations, it is clear that the precedent of judgment 2018-18563 is fully applicable to this action now being heard, from which it must necessarily be concluded that, as on that previous occasion, the plaintiffs lack standing to file this process, and therefore it is improper to hear and rule on the aspects raised. Consequently, the appropriate course is to dismiss this action” (Judgment no. 2021-002185 at 12:51 hours on February 3, 2021).

In a similar vein, in judgment no. 2021-011994 at 16:30 hours on May 26, 2021, this Chamber ruled that:

“(…) It is reiterated that the diffuse interest cannot be so broad and generic that it is confused with the right to ensure constitutional legality (which would imply the tacit establishment of actio popularis not contemplated by the Ley de la Jurisdicción Constitucional); but neither can it be so concrete that it allows an individual claim, since, in such a case, standing would derive from that claim (…)”.

In this case, the plaintiff does not justify what that diffuse interest he invokes is, and, although he states that the challenged decree lacks environmental studies, it is clear, from the foundation of the filing brief and his claim, that his objective is not to protect the right to the environment, but the right to property against it, regarding which no existence of any diffuse interest is apparent. The plaintiff considers that decree no. 25902-MIVAH-MP-MINAE of February 12, 1997, is a null and arbitrary administrative act, as several technical studies that justify the limitation imposed by it on 49 districts of the country do not exist. He alleges that the challenged decree imposes limitations on private property that exceed any parameter of reasonableness and proportionality, due to lack of substantiation, which also injures the principle of legal reservation (principio de reserva de ley) and equality, since some can trade and have homes and others cannot. He points out that all the decrees that preceded decree no. 25902 MIVAH-MP-MINAE have their backing in the map(s) of the Greater Metropolitan Area or Urban Containment Limit (Gran Área Metropolitana or Límite de Contención Urbana), known as the G.A.M map, prepared by the Urban Planning Directorate of the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) in 1978; whose map was designed without any technical backing other than the subjective appreciation of those who drew, at that important time, the delimitation between urban use and agricultural use, without any technical study of soil types. For this reason, he alleges that with that decree a special protection zone was created, which, in reality, does not meet the legal requirements, since in many cases they are not soils with agricultural vocation nor do they have any environmental attribute that needs to be protected. He points out that it is a whimsical dividing line, which changes discretionally over and over again. Even the plaintiff denotes that he has a direct interest that is concretely manifested in the use of one of his properties, as he states that, on some occasions he has been told that his property registered under Folio Real no. 4-274714-000, with cadastral map no. H-36764-2022, in some official rulings of the INVU is within the Urban Containment Ring (Anillo de Contención Urbana), and therefore has urban use, and on other occasions, they indicate that it is outside, which makes it a matter of interpretation. Hence, the claim of this process is that “the initial objective of the Ley de Planificación Urbana be reestablished, so that controlled growth continues through cantonal regulatory plans (planes reguladores cantonales), which will result in greater and better availability of land for housing construction at reasonable prices, since the maxim is that with greater supply, prices tend inevitably to fall, and not as now where the desire of Costa Ricans to own their own home is frustrated and they are condemned to pay rent until the end of their days, all because of an illegal and unconstitutional executive decree that, as demonstrated, has not prevented the development of large residential developments.”

The foregoing clearly denotes, first, that the plaintiff is not legitimized by the existence of a diffuse interest, since the purpose of the action is not the defense of the environment, nor of any other right that this Court has catalogued as such, but, in essence, of the right to property. And, second, that the personal interest denoted by the plaintiff confirms that the challenged regulation is susceptible to having an underlying matter (asunto base), as provided in the first paragraph of Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, since his claim is materialized with respect to the property he mentions. However, the petitioner does not mention that there is any pending judicial process regarding that property or an administrative procedure where the application of the challenged decree is being discussed and that is in the phase of exhaustion of administrative remedies. By virtue of the foregoing, it is clear that the plaintiff lacks direct standing to file this process. In addition to the above, the filing brief was not duly authenticated either, as it was not signed by the legal professional, nor was the corresponding stamp of the Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica paid. However, the order to comply was omitted as unnecessary, given the denoted lack of standing of the plaintiff. Consequently, the appropriate course is to reject the action outright.

IV.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE RUEDA. I separate myself from the criterion of the majority of this Court and dissent in this matter, because I consider the outright rejection of the sub lite premature. Certainly, the acción de inconstitucionalidad is a process “established for the purpose of guaranteeing the supremacy of the Political Constitution against norms or other provisions of a general nature and for that very reason a set of formalities must be fulfilled, so that this Chamber can validly hear the merits of the challenge” as the ample jurisprudence of this Chamber has repeatedly stated. However, precisely, the very law that governs this jurisdiction establishes the treatment that should be given to the different formalities and their eventual non-compliance. In this sense, numeral 80 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional expressly provides:

“Article 80.- If the formalities referred to in the two previous articles are not fulfilled, the President of the Chamber shall specify by resolution which requirements have been omitted and shall order their fulfillment within three days (…)”

In the sub examine, among other requirements, precisely an adequate and sufficient substantiation is lacking, as required by section 78 eiusdem, so that a warning to the plaintiff to remedy the detected omission is inexorable. In addition, I emphasize that, based on the pro homine principle, the literal wording of canons 78, 79, and 80 of the cited law makes plausible a hermeneutics of such a nature for the benefit of those who come before this Chamber, so that access to constitutional justice is not unnecessarily limited.

V.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE GARRO VARGAS. I separate myself from the criterion of the majority of this Court and dissent in this matter, considering that the decision to reject this acción de inconstitucionalidad outright is premature. It is known that the acción de inconstitucionalidad is a process “established for the purpose of guaranteeing the supremacy of the Political Constitution against norms or other provisions of a general nature and for that very reason a set of formalities must be fulfilled, so that this Chamber can validly hear the merits of the challenge,” as this Chamber has repeatedly stated. However, it is precisely Article 80 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional itself that orders the treatment to be given to the different formalities and their eventual non-compliance:

“Article 80.- If the formalities referred to in the two previous articles are not fulfilled, the President of the Chamber shall specify by resolution which requirements have been omitted and shall order their fulfillment within three days (…)”.

In this matter, among other requirements, an adequate and sufficient substantiation of the standing invoked is lacking, as required by Article 78 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, so I consider that it is appropriate to warn the plaintiff to remedy the detected omission. Likewise –in my opinion– the interpretation of Articles 78 and 79, as well as that of Article 80 itself of the aforementioned law, should be broad for the benefit of those who come before this Chamber, so that access to constitutional justice is not unnecessarily limited.

VI.- Documentation provided to the case file. The parties are warned that if they have provided any document on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new technology-produced device, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 working days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", approved by the Corte Plena in session N° 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session N° 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Por tanto:

The action is rejected outright. Magistrates Rueda Leal and Garro Vargas dissent and order that the warning under Article 80 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional be made, separately.

 

 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 





Paul Rueda L.

	

 

	

Luis Fdo. Salazar A.




Jorge Araya G.

	

 

	

Anamari Garro V.




Ingrid Hess H.

	

 

	

Alexandra Alvarado P.

 

 

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