Res. 29991-2025 Sala Constitucional — Illegal construction in environmentally protected zone — Municipality must actConstrucción ilegal en zona ambientalmente protegida — Municipalidad debe resolver

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Sala Constitucional

Resolución Nº 29991 - 2025

Fecha de la Resolución: 19 de Setiembre del 2025 a las 09:30

Expediente: 25-009503-0007-CO

Redactado por: Jorge Araya Garcia

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con nota separada

Indicadores de Relevancia

Sentencia relevante

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Der Económicos sociales culturales y ambientales

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: MUNICIPALIDAD

Subtemas:

PERMISOS.

029991-25. MUNICIPALIDAD. VECINOS DE CALLE CIÉNAGA EN SAN RAFAEL DE HEREDIA, MANIFIESTAN SU PREOCUPACIÓN, POR UNA CONSTRUCCIÓN DE GRAN TAMAÑO, PRESUNTAMENTE ILEGAL, EN DONDE ESTÁN REMOVIENDO GRAN CANTIDAD DE VEGETACIÓN. SE DECLARA CON LUGAR EL RECURSO. SE ORDENA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA, ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS, EFECTIVAS Y OPORTUNAS QUE SE REQUIEREN PARA GARANTIZAR LA SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DENUNCIADA, EN EL PLAZO DE SEIS MESES. VCG09/2025

“(…) III.- Sobre el fondo. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal verifica la violación a los derechos fundamentales de los recurrentes. Lo anterior, porque en el informe rendido por el representante de la autoridad recurrida -que se tiene por dado bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto, ha sido debidamente acreditado que la finca registrada con el folio real 4- 118401-000, en el distrito de Concepción, se realiza una construcción fuera de legalidad en la zona del decreto N° 25902-MIVAH-MP-MINAE y parcialmente dentro de la zona inalienable establecida por la Ley 65 de 1888. Por ende, de forma anónima se presentó una denuncia ante la Municipalidad de San Rafael de Heredia. Así, el 11 de noviembre de 2024, el inspector de la zona de la Municipalidad de San Rafael de Heredia realizó una inspección en la finca registrada con el folio real 4- 118401-000, en el distrito de Concepción, en donde, según oficio IPUT-779-2024, se indicó lo siguiente: “(…) me permito informarle que se realizó la inspección realizada a la afinca 118401, a nombre de Rafael Humberto Sánchez Campos por denuncia recibida por aparente Construcción sin PC. Al momento de la inspección se detecta una bodega tipo galerón en perling que se realiza la cual no cuenta con los permisos correspondientes, por lo que se proceda a colocar sellos de clausura y se entrega al propietario el Acta 5782, como se muestra en el siguiente registro fotográfico (…)”. Además, el 13 de noviembre de 2024, mediante el acta de notificación Nº-5776, el inspector de la zona de la Municipalidad de San Rafael de Heredia indica “Galerón sin permiso de construcción”. Por lo tanto, se procede a volver a clausurar la obra por no contar con los permisos de correspondientes. Por consiguiente, el 19 de noviembre del 2024, mediante el oficio IPUT-779-2024, el inspector de la zona de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, indicó lo siguiente: “(…) me permito informarle sobre la solicitud de inspección a la finca 118401, ubicada en el Ángeles calle Lobo, 250 mts este del Rio Turales, a nombre de Corporación Ferofra S.A, por denuncia recibida vía telefónica y correo electrónico donde se indica una aparente construcción que se realiza en dicha finca "aparentemente galerón para taller". Al asistir al lugar se detecta la Construcción denunciada donde se colocó las bases de la estructura en perling, se llamó a las personas que estaban construyendo y se nos indicó que el propietario no se encontraba por lo que se procedió a dejar el acta Nº 5776, donde se le indica que se clausura la obra por no contar con los permisos correspondientes, y se colocan sellos de clausura en evidencia de lo anteriormente mencionada”. Así, el 19 de noviembre del 2024, en la Municipalidad de San Rafael de Heredia se genera la Resolución de Apercibimiento N° 797-IPUT-2024 a la finca 118401, entregada a un trabajador de la finca con nombre de Víctor González Alfaro (chofer de tractor), al que se indica que debe abstenerse de continuar con la obra clausurada por la Municipalidad y se le previenen las consecuencias judiciales en caso de continuar con dicho actuar ilícito. Igualmente, el 20 de noviembre de 2024, mediante el oficio IPUT-797-2024, el inspector de la zona de la Municipalidad de San Rafael de Heredia procede a indicar lo siguiente: “(…) me permito informarle que, en compañía de los inspectores Hugo Vargas y Andrea Vindas, se ha visitado la finca inscrita bajo el folio Real 4 204488-000 a nombre de Corporación Ferofra S.A, ubicada en Concepción, 120m norte del cruce de calle Lobo con calle Ciénega, debido a la llamada vía telefónica de un contribuyente que ha decidido no identificarse informando la continuación de las obras clausuradas, por lo que se ha lo coordinado la visita con la policía municipal y al llegar al sitio efectivamente se observa que han continuado las obras clausuradas conforme al registro fotográfico anterior presentado en el IPUT-779-2024, por lo que se ha obtenido nuevamente el siguiente registro fotográfico... (…) ...Adicionalmente, se informa que al momento de la visita iba saliendo un tractor de la propiedad indicada por lo que el chofer ha sido abordado por el policía Municipal Mainor Calderón Briceño, quien le ha solicitado la identificación y se ha indicado en al acta de apercibimiento adjunta a este oficio la cual ha firmado haciéndole saber que no debe continuar contribuyendo al proceso constructivo de las obras clausuradas hasta que se cuente con el trámite que corresponda. Además, se encontraba en sitio la misma persona quien ha recibido el acta de notificación No.0005776 en la visita anterior mencionada en el IPUT-779-2024, pero no fue posible abordar por parte de la policía para obtener los datos personales, sin embargo, el Inspector Hugo Vargas, también le ha hecho saber la obligación de no continuar las obras ya clausuradas (…)”. Además, se aclara que la finca a la que se refiere IPUT-797-2024 es la N°-118401 y no la N° 204488, como erróneamente describe el informe. Además, el 21 de noviembre de 2024, con el IPUT 808-2024 se informa acerca de la corrección de la prevención generada en finca Nº 204488 y se rectifica por la finca N°1 18401 como la finca correcta en la que se han ejecutado las obra sin los permisos correspondientes. Posteriormente, el 06 de enero del 2025, en la Municipalidad de San Rafael de Heredia se hace nuevo informe de inspección número IPUT-011-2025 con información actualizada donde se constata que durante el periodo de vacaciones de fin de año del 2024 se continuó con desacato a la autoridad y en inspecciones de rutina de final de año se constata la continuación de las obras. Igualmente, se indica lo siguiente: “(…) me permito informarle que, se ha visitado la finca inscrita bajo el folio Real 4 118401-000 a nombre de Corporación Ferofra S.A, ubicada en Concepción, 120m norte del cruce de calle Lobo con calle Ciénega, la cual se encuentra clausurada conforme al IPUT-808-2024, al llegar al sitio se observa que han continuado las obras clausuradas conforme al registro fotográfico anterior presentado en el IPUT-779-2024 y el IPUT-797-2024, por lo que se ha obtenido nuevamente el siguiente registro fotográfico (…) Además, se ha coordinado la colaboración de la policía municipal, llegando al sitio los oficiales Jonathan Solís y Jairo Carvajal para hacerle saber a los constructores presentes que se encuentran irrespetando la Clausura. Sin embargo, no han querido abrir los portones ni se han identificado, pero aun así se ha logrado conversar con uno de los trabajadores y se le ha indicado nuevamente que no debe continuar contribuyendo al proceso constructivo de las obras clausuradas hasta que se cuente con el trámite que corresponda. Posteriormente se han vuelto a colocar los sellos a los portones como se muestra en el siguiente registro fotográfico”. De ese modo, el 08 de enero de 2025, se notificó la Resolución IU-001-2025, indicándole al propietario de la finca 4-118401-000 entre otros lo siguiente: “(…) se le concede un plazo de 30 días para proceda a poner a derecho su situación mediante lo que corresponda conforme el ordenamiento jurídico vigente, es decir realizar por su cuenta las demoliciones de las obras que no se apegan a cabalidad con la ley, misma que NO tiene licencia y que el Uso de Suelo existente no es un permiso y el mismo tampoco es vigente, y que, de esta forma dé cumplimiento a lo estatuido en el ordenamiento jurídico vigente”. Ante esa situación, en fecha indeterminada, el representante de la empresa presentó un recurso de Revocatoria con Apelación Subsidiaria en contra de la Resolución IU-001-2025. Por lo tanto, el 23 de enero de 2025, con el oficio IU-009-2025, se traslada copia certificada del expediente administrativo D-1865 correspondiente a la finca 118401, para ser entregado al Consejo Municipal. El mismo es entregado por la Alcaldía Municipal con el oficio AM-072-2025 del 23 de enero del 2025. Posteriormente, el 07 de marzo del 2025, se notifica desde la Unidad de Gestión Urbana Territorial a la Alcaldía Municipal, la Resolución IU-016-2025 con el rechazo ante el Recurso de Revocatoria con apelación subsidiaria en contra de la Resolución IU-001-2025, para que ésta a su vez atienda la Apelación en Subsidio. Además, el 21 de marzo, la Alcaldía Municipal resuelve con rechazo mediante la Resolución AM-020-2025, la Revocatoria con Apelación Subsidiaria en contra de la Resolución IU-001-2025. Por último, mediante informe IU-120-2025 del 3 de setiembre de 2025, el representante de la Unidad de Gestión Urbana Territorial de la Municipalidad de San Rafael de Heredia estableció lo siguiente: “En primera instancia, con respecto a la orden de derribo de las obras generadas sin licencia municipal, debo indicar que no se han ejecutado en vista de que el proceso de notificaciones que se llevó a cabo fue sometido a una evaluación legal, ante la cual basado en el principio de legalidad se ha emitido un criterio mediante el oficio N° AL-486-2025, que invalida el proceso de notificaciones, obligando así a reiniciar el proceso, ya que de acuerdo a lo indicado por dicha asesoría la primera resolución (IU-001-2025) tuvo que haberse notificado de forma personal, a pesar de que la misma fue recurrida por el representante legal de la sociedad propietaria de la finca folio real 4-118401-000. Actualmente, la Alcaldía Municipal solicitó un dictamen días atrás a la Asesoría Legal Interna para analizar la posibilidad de aplicar un procedimiento más expedito al encontrarse la propiedad parcialmente en la zona inalienable establecida por el Decreto N° LXV de julio de 1888. La información solicitada acerca del cumplimiento de la Resolución IU-001-2025, correspondiente a la primera resolución del proceso de notificaciones efectuado en este caso y si esta fue notificada, le indico que tal y como se expuso en el segundo párrafo, la misma fue invalidada por la asesoría legal interna, señalando: “cualquier procedimiento administrativo debe realizarse de forma personal al propietario registral del bien inmueble”, obligando a esta Unidad a iniciar el debido proceso nuevamente, esto a la espera de la solicitud del criterio legal, por parte de la alcaldía. En cuanto a la notificación a los recurrentes o denunciantes de este caso, le externo que se ha comunicado en repetidas ocasiones la información del seguimiento y proceder con este caso a denunciantes e interesados que han brindado sus datos para obtener esta información. Sin embargo, del caso anteriormente asociado a este expediente (N°25-009503-0007-CO), no se han recibido denuncias o solicitudes de información por parte de los recurrentes que interpusieron el recurso en cuestión, por lo que no se ha trasladado información a ellos”.

En este sentido, se constata que desde hace más de 10 meses la Municipalidad recurrida constató que en la finca registrada con el folio real 4- 118401-000, en el distrito de Concepción, se realiza una construcción fuera de legalidad en la zona del decreto N° 25902-MIVAH-MP-MINAE y parcialmente dentro de la zona inalienable establecida por la Ley 65 de 1888, lo anterior ante una denuncia anónima. De ese modo, ante dicha situación, se verifica que la Municipalidad ha realizado varias inspecciones en el lugar, en donde constató la construcción ilegal sin los permisos respectivos (“Galerón sin permiso de construcción”), por lo que ha procedido a colocar los sellos de clausura, los cuales en múltiples ocasiones han sido incumplidos, en total desacato a la autoridad, por lo que se ha constatado la continuación de las obras. Así, se reitera que el 08 de enero de 2025, se notificó la Resolución IU-001-2025, indicándole al propietario de la finca 4-118401-000 entre otros lo siguiente: “(…) se le concede un plazo de 30 días para proceda a poner a derecho su situación mediante lo que corresponda conforme el ordenamiento jurídico vigente, es decir realizar por su cuenta las demoliciones de las obras que no se apegan a cabalidad con la ley, misma que NO tiene licencia y que el Uso de Suelo existente no es un permiso y el mismo tampoco es vigente, y que, de esta forma dé cumplimiento a lo estatuido en el ordenamiento jurídico vigente”. Ante esa situación, se interpusieron los recursos respectivos, los cuales han sido rechazados. No obstante, lo anterior, a la fecha se tiene por demostrado que la orden de derribo de las obras generadas sin licencia municipal no se ha ejecutado en vista de que el proceso de notificaciones que se llevó a cabo fue sometido a una evaluación legal, invalidándose el proceso de notificaciones, obligando así a reiniciar el proceso.

De ese modo, se denota que si bien es cierto la Municipalidad de San Rafael de Heredia ha realizado acciones para solucionar la problemática denunciada, lo cierto es que a la fecha no se ha terminado con el procedimiento respectivo, por lo que no se ha ejecutado la orden de derribo de las obras generadas sin licencia municipal, manteniéndose hasta la fecha una construcción fuera de legalidad (sin permisos) en la zona del decreto N° 25902-MIVAH-MP-MINAE y parcialmente dentro de la zona inalienable establecida por la Ley 65 de 1888. Por lo anterior, se verifica una lesión a los derechos fundamentales de los recurrentes, así como a los vecinos del lugar.

En virtud de lo expuesto, lo que corresponde es declarar con lugar el recurso. (…)”




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Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida

Subtemas:

NO APLICA.

ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

“(…) I.- Previo a analizar el fondo del asunto —por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido— debe aclararse que a partir del voto No. 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha estimado que deben remitirse a la jurisdicción contencioso administrativa —con algunas excepciones— aquellos asuntos en los que se discute si la Administración Pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –incoado de oficio o a instancia de parte— o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues, se está ante una denuncia presentada en contra de una construcción fuera de legalidad en la zona del decreto N° 25902-MIVAH-MP-MINAE y parcialmente dentro de la zona inalienable establecida por la Ley 65 de 1888, que provocan problemas ambientales. (…)” VCG09/2025

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Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Nota separada

Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida

Subtemas:

NO APLICA.

IV. Nota del magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

VCG09/2025

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Texto de la resolución

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Exp: 25-009503-0007-CO

Res. Nº 2025029991

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del diecinueve de setiembre de dos mil veinticinco .

 

Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], [Nombre 002], cédula de identidad [Valor 002], [Nombre 003], cédula de identidad [Valor 003], [Nombre 004], cédula de identidad [Valor 004], [Nombre 005], cédula de identidad [Valor 005], [Nombre 006], [Nombre 007], cédula de identidad [Valor 006], [Nombre 008], [Nombre 009], cédula de residencia [Valor 007], [Nombre 010], cédula de identidad [Valor 008], [Nombre 011], cédula de identidad [Valor 009], [Nombre 012], cédula de identidad [Valor 010], [Nombre 013], cédula de identidad [Valor 011], [Nombre 014], cédula de identidad [Valor 012], [Nombre 015], cédula de identidad [Valor 013], [Nombre 016], [Nombre 017], cédula de identidad [Valor 014], [Nombre 018], cédula de identidad [Valor 015], contra la MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 02 de abril de 2025, los recurrentes interponen recurso de amparo contra la MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA y manifiestan que son vecinos de Los Ángeles de San Rafael de Heredia. Señalan su preocupación ante la construcción de una edificación de gran tamaño, presuntamente ilegal, en calle Ciénaga, propiedad de la corporación Ferofra S.A. Indican que se han observado trabajos con maquinaria pesada, movimientos de tierra y remoción de vegetación. Señalan que esas actividades se desarrollan en una zona en la que se encuentran prohibidas construcciones destinadas a talleres o deshuesaderos, por tratarse de un área de recarga acuífera y de protección ambiental. Agregan que la mencionada construcción, de grandes dimensiones y aparentemente orientada a actividades de taller, pone en riesgo el medio ambiente, la fragilidad del ecosistema, los mantos acuíferos protegidos, así como los derechos ambientales de todos los costarricenses. Detallan que en el sitio se observan zanjas de más de dos metros de profundidad, las cuales suponen que están destinadas a labores de mantenimiento, reparación y desarme de vehículos. Consideran que en esas zanjas podrían ir a parar gran cantidad de materiales contaminantes como aceites, pinturas y otras aguas residuales. Asimismo, aseguran que en el lugar se llevan a cabo actividades propias de un taller mecánico, lo que estiman confirma la ilegalidad de esa construcción. Reclaman que, aunque esos hechos fueron denunciados ante la Municipalidad de San Rafael en el año 2024 y ordenó la suspensión temporal de la obra por un día, al día siguiente las labores constructivas se reanudaron con normalidad. Manifiestan que en cuestión de unas semanas y pese a la aparente ilegalidad, levantaron la bodega, construyeron una tapia para ocultar las actividades y continúan trabajando con vehículos chocados y maquinaria pesada en movimiento. Finalmente, señalan que, al momento de la interposición de este recurso, la municipalidad no ha detenido ni la construcción ni las actividades prohibidas que allí se realizan, las cuales han provocado daños ambientales, violando el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Asimismo, denuncian la tala de árboles, movimientos de tierra y afectación al ecosistema, flora, fauna, mantos acuíferos y zonas de protección boscosa. Por los motivos expuestos, solicitan la intervención de la Sala en el presente asunto.

2.- Mediante resolución de las 11:13 horas del 08 de abril de 2025, este Tribunal dictó la resolución del curso del presente asunto.

3.- Informa bajo juramento Jorge Eduardo Arias Santamaría, en su condición de alcalde de la Municipalidad de San Rafael de Heredia (informe rendido el 23 de abril de 2025), en los siguientes términos: “TERCERO. La finca 4-118401-000, propiedad CORPORACIÓN FEROFRA S.A, cédula jurídica 3- 101-790625, sujeta de este proceso se encuentra ubicada en el cantón de San Rafael, distrito Concepción, siendo que la misma tiene un porcentaje de su terreno en la zona establecida dentro del Decreto 25902-MIVAH-MINAE y otra porción dentro de lo contemplado en zona inalienable establecida por la Ley 65 de 1888. CUARTO. La Ley de Construcciones establece en el artículo 89, que el construir obras sin la debida Licencia Municipal es una infracción, por ende, hay que aplicar las sanciones que estipulan esta ley y su reglamento. Así mismo el artículo 93 de la Ley de Construcciones indica claramente que “Cuando un edificio o construcción o instalación ha sido terminado sin licencia ni proyecto aprobado por la Municipalidad y sin que se haya dado aviso ésta de la terminación de la obra, se levantará una información, fijando el propietario un plazo improrrogable de treinta (30) días, para que dé cumplimiento a lo estatuido en esta Ley y Reglamento, presentando el proyecto, solicitud de licencia, etc.” QUINTO. En este caso en marras como se desprende del informe IU-045-2025, elaborado por la Unidad de Gestión Urbana Territorial, el Municipio ha intervenido en dicho inmueble, realizando múltiples clausuras a las construcciones ilegales que son detectadas en dicha finca, como se logra desprender del Expediente Administrativo denominado: “Expediente D-1865 Construcciones sin permiso de Construcción”, aportado por esta representación al efecto; denotándose las múltiples intervenciones municipales en fechas 11 de noviembre de 2024, 13 de noviembre de 2024, 19 de noviembre de 2024, 20 de noviembre de 2024, 25 de diciembre de 2024, 6 de enero del 2025, y a su vez consta que se ha procedido a notificar a las personas presentes en el sitio, sobre la ilegalidad de las construcciones que realizan. Hemos de rescatar que la Policía Municipal en apoyo al proceso seguido ha estado presente en el sitio con los funcionarios municipales en diversas diligencias concernientes al caso. SEXTO. En este proceso el representante legal, de la dueña registral de la finca en marras el señor Felipe Bravo Chavarría, a accionado todas las fases recursivas que le permite el ordenamiento jurídico, aun así la postura municipal, es de total rechazo y oposición a las construcciones en dicha finca como se desprende del expediente administrativo aportado; ya que ninguna de las construcciones se ajustan a derecho y ni cuentan con los permisos respectivos de ley. SETIMO. La Municipalidad tiene a su cargo la vigilancia sobre las obras que se ejecuten en su jurisdicción en concordancia con el apego a los preceptos establecidos en la Ley de Construcciones (…) OCTAVO. Este Municipio notificó en fecha 8 de enero del 2025, a la sociedad anónima propietaria de la finca en marras, la resolución IU-001-2025, emitida por la Unidad de Gestión Urbana y Territorial donde se le previene: “…se le concede un plazo de 30 días para proceda a poner a derecho su situación mediante lo que corresponda conforme el ordenamiento jurídico vigente, es decir realizar por su cuenta las demoliciones de las obras que no se apegan a cabalidad con la ley, misma que NO tiene licencia y que el Uso de Suelo existente no es un permiso y el mismo tampoco es vigente, y que, de esta forma dé cumplimiento a lo estatuido en el ordenamiento jurídico vigente.” NOVENO. Ante esta resolución supra citada el representante legal de la sociedad propietaria de la finca en cuestión, Luis Felipe Bravo Chavarría, presenta los recursos de ley correspondientes al acto administrativo señalado, siendo, que el 21 de marzo del 2025, la Alcaldía Municipal en alzada mediante la resolución AM-020-2025, rechaza en todos los extremos los alegatos en el recurso de apelación planteado. El acto administrativo impugnado es rechazado por parte de la Alcaldía dándose así por agotada la vía administrativa, confirmándose la resolución IU-001-2025. DECIMO. La contravención a lo dispuesto en la Ley de Construcciones, a saber, como es en este caso la edificación de obras sin licencia constructiva previa, provoca como consecuencia la habilitación para el Gobierno Local de dictar la paralización de obras, así como la clausura y posterior demolición, una vez culminado el procedimiento previsto en los artículos 93 y siguientes de la Ley de Construcciones. UNDECIMO. Este Municipio ante los incumplimientos y desacatos está tramitando de conformidad a los principios de legalidad y del debido proceso, las acciones necesarias para ejecutar las demoliciones y derribos de las construcciones irregulares realizadas en la finca 4-118401-000, como se desprende del expediente administrativo aportado. DOUDECIMO. Por lo tanto, no llevan razón los recurrentes al indicar que el Municipio ha sido omiso en dar atención a las solicitudes y denuncias interpuestas, ya que como se desprende del expediente administrativo aportado, esta Municipalidad ha atendido todas las consultas y denuncias que han girado en torno a la finca 4-118401-000 sujeta de este proceso. El actuar Municipal nunca ha ido en detrimento del ambiente y tampoco hemos sido participe de patrocinar o tolerar construcciones ilegales en el cantón y en este caso particular se desprende que el municipio a accionado todos los recursos para frenar los hechos acaecidos en la finca en marras”. Solicita que se declare sin lugar el recurso planteado.

4.- Informa bajo juramento Esteban Arce Camacho, en su condición de jefe de la Unidad de Gestión Urbana Territorial de la Municipalidad de San Rafael de Heredia (informe rendido el 23 de abril de 2025), en los siguientes términos: “1) En principio se aclara que el caso que nos compete por construcción fuera de legalidad en la zona del decreto N°25902-MIVAH-MP-MINAE y parcialmente dentro de la zona inalienable establecida por la Ley 65 de 1888, en el distrito de Concepción, se presenta sobre la finca registrada con el folio real 4- 118401-000 y no sobre la finca 204488, que erróneamente se había consignado en el acta de clausura. 2) Con respecto a la orden de derribo de la construcción irregular realizada en la finca 118401, le indico que aún nos encontramos realizando el debido proceso, razón por la cual aún no ha sido posible emitir la orden de derribo. Dentro de las principales gestiones realizadas en atención a dicho caso, podemos encontrar: 3) Que el día 11 de noviembre del 2024, mediante el oficio IPUT-779-2024, el inspector de la zona procede a indicar que: "... Mediante el presente me permito informarle que se realizó la inspección realizada a la afinca 118401, a nombre de Rafael Humberto Sánchez Campos por denuncia recibida por aparente Construcción sin PC. Al momento de la inspección se detecta una bodega tipo galerón en perling que se realiza la cual no cuenta con los permisos correspondientes, por lo que se proceda a colocar sellos de clausura y se entrega al propietario el Acta 5782, como se muestra en el siguiente registro fotográfico…. (…) 4) Que el día 13 de noviembre del 2024 mediante el acta de notificación Nº-5776, el inspector de la zona procede a indicar: "...Galerón sin permiso de construcción..." Por lo tanto, se procede a volver a clausurar la obra por no contar con los permisos de correspondientes. 5) Que el día 19 de noviembre del 2024, mediante el oficio IPUT-779-2024, el inspector de la zona procede a indicar que: "...Mediante el presente me permito informarle sobre la solicitud de inspección a la finca 118401, ubicada en el Ángeles calle Lobo, 250 mts este del Rio Turales, a nombre de Corporación Ferofra S.A, por denuncia recibida vía telefónica y correo electrónico donde se indica una aparente construcción que se realiza en dicha finca "aparentemente galerón para taller". Al asistir al lugar se detecta la Construcción denunciada donde se colocó las bases de la estructura en perling, se llamó a las personas que estaban construyendo sì se nos indicó que el propietario no se encontraba por lo que se procedió a dejar el acta Nº5776, donde se le indica que se clausura la obra por no contar con los permisos correspondientes, y se colocan sellos de clausura en evidencia de lo anteriormente mencionada. Como se indica en el registro fotográfico adjunto... (…) 6) Que el día 19 de noviembre del 2024 se genera la Resolución de Apercibimiento N° 797-IPUT-2024 a la finca 118401, entregada a un trabajador de la finca con nombre de Víctor González Alfaro (chofer de tractor), al que se indica que debe abstenerse de continuar con la obra clausurada por la Municipalidad y se le previenen las consecuencias judiciales en caso de continuar con dicho actuar ilícito. 7) Que el día 20 de noviembre del 2024, mediante el oficio IPUT-797-2024, el inspector de la zona procede a indicar que: "...Mediante el presente me permito informarle que, en compañía de los inspectores Hugo Vargas y Andrea Vindas, se ha visitado la finca inscrita bajo el folio Real 4 204488-000 a nombre de Corporación Ferofra S.A, ubicada en Concepción, 120m norte del cruce de calle Lobo con calle Ciénega, debido a la llamada vía telefónica de un contribuyente que ha decidido no identificarse informando la continuación de las obras clausuradas, por lo que se ha lo coordinado la visita con la policía municipal y al llegar al sitio efectivamente se observa que han continuado las obras clausuradas conforme al registro fotográfico anterior presentado en el IPUT-779-2024, por lo que se ha obtenido nuevamente el siguiente registro fotográfico... (…) ...Adicionalmente, se informa que al momento de la visita iba saliendo un tractor de la propiedad indicada por lo que el chofer ha sido abordado por el policía Municipal Mainor Calderón Briceño, quien le ha solicitado la identificación y se ha indicado en al acta de apercibimiento adjunta a este oficio la cual ha firmado haciéndole saber que no debe continuar contribuyendo al proceso constructivo de las obras clausuradas hasta que se cuente con el trámite que corresponda. Además, se encontraba en sitio la misma persona quien ha recibido el acta de notificación No.0005776 en la visita anterior mencionada en el IPUT-779-2024, pero no fue posible abordar por parte de la policía para obtener los datos personales, sin embargo, el Inspector Hugo Vargas, también le ha hecho saber la obligación de no continuar las obras ya clausuradas..."; (se aclara que la finca a la que se refiere IPUT-797-2024 es la N°-118401 y no la N°204488, como describe el informe. 8) Que el día 21 de noviembre del 2024 con el IPUT 808-2024 se informa acerca de la corrección de la prevención generada en finca Nº204488 y se rectifica por la finca N°1 18401 como la finca correcta en la que se han ejecutado las obra sin los permisos correspondientes. 9) Que el día 06 de enero del 2025 se hace nuevo informe de inspección número IPUT-011-2025 con información actualizada donde se constata que durante el periodo de vacaciones de fin de año del 2024 se continuó con desacato a la autoridad y en inspecciones de rutina de final de año se constata la continuación de las obras; se indica entre otros lo siguiente (fotos tomadas el 25 de diciembre del 2024): “....Mediante el presente me permito informarle que, se ha visitado la finca inscrita bajo el folio Real 4 118401-000 a nombre de Corporación Ferofra S.A, ubicada en Concepción, 120m norte del cruce de calle Lobo con calle Ciénega, la cual se encuentra clausurada conforme al IPUT-808-2024, al llegar al sitio se observa que han continuado las obras clausuradas conforme al registro fotográfico anterior presentado en el IPUT-779-2024 y el IPUT-797-2024, por lo que se ha obtenido nuevamente el siguiente registro fotográfico... (…) Adicionalmente se indicó: "...Además, se ha coordinado la colaboración de la policía municipal, llegando al sitio los oficiales Jonathan Solís y Jairo Carvajal para hacerle saber a los constructores presentes que se encuentran irrespetando la Clausura. Sin embargo, no han querido abrir los portones ni se han identificado, pero aun así se ha logrado conversar con uno de los trabajadores y se le ha indicado nuevamente que no debe continuar contribuyendo al proceso constructivo de las obras clausuradas hasta que se cuente con el trámite que corresponda Posteriormente se han vuelto a colocar los sellos a los portones como se muestra en el siguiente registro fotográfico ..." (…) 10) Que el día 08 de enero del 2025 se notifica la Resolución IU-001-2025, indicándole al propietario de la finca 4-118401-000 entre otros lo siguiente: "...se le concede un plazo de 30 días para proceda a poner a derecho su situación mediante lo que corresponda conforme el ordenamiento jurídico vigente, es decir realizar por su cuenta las demoliciones de las obras que no se apegan a cabalidad con la ley, misma que NO tiene licencia y que el Uso de Suelo existente no es un permiso y el mismo tampoco es vigente, y que, de esta forma dé cumplimiento a lo estatuido en el ordenamiento jurídico vigente. 11) Que se presentó el recurso de Revocatoria con Apelación Subsidiaria en contra de la Resolución IU-001-2025 por parte de Luis Felipe Bravo Chavarría. 12) Que el 23 de enero del 2025 con el oficio IU-009-2025 se traslada copia certificada del expediente administrativo D-1865 correspondiente a la finca 118401, para ser entregado al Consejo Municipal. El mismo es entregado por la Alcaldía Municipal con el oficio AM-072-2025 del 23 de enero del 2025. 13) Que el 7 de marzo del 2025 se notifica desde la Unidad de Gestión Urbana Territorial a la Alcaldía Municipal, la Resolución IU-016-2025 con el rechazo ante el Recurso de Revocatoria con apelación subsidiaria en contra de la Resolución IU-001-2025, para que ésta a su vez atienda la Apelación en Subsidio. 14) Que el 21 de marzo la Alcaldía Municipal resuelve con rechazo mediante la Resolución AM-020-2025, la Revocatoria con Apelación Subsidiaria en contra de la Resolución IU-001-2025 por parte de Luis Felipe Bravo Chavarría. Por lo tanto, de parte de este departamento se han rechazado todas las acciones y fases recursivas que ha presentado el señor Luis Felipe Bravo Chavarría, representante de la Corporación Ferofra S.A., siendo que la postura municipal es ante el total rechazo sobre la construcción, la cual a la fecha no cuenta con los permisos respectivos y no se ajusta a la ley”.

5.- Mediante resolución de las 15:09 horas del 28 de agosto de 2025, este Tribunal solicitó una prueba para mejor resolver.

6.- Informa bajo juramento Jorge Eduardo Arias Santamaría, en su condición de alcalde de la Municipalidad de San Rafael de Heredia (informe rendido el 04 de setiembre de 2025), en los siguientes términos: “Primero: Se aporta informe IU-120-2025 del 3 de setiembre de 2025, elaborado por la Unidad de Gestión Urbana Territorial, el cual aborda lo solicitado por su autoridad en cuanto a la finca 4-118401-000, y lo relacionado con resolución IU-001-2025”. Asimismo, el informe IU-120-2025 del 3 de setiembre de 2025 indica lo siguiente: “En primera instancia, con respecto a la orden de derribo de las obras generadas sin licencia municipal, debo indicar que no se han ejecutado en vista de que el proceso de notificaciones que se llevó a cabo fue sometido a una evaluación legal, ante la cual basado en el principio de legalidad se ha emitido un criterio mediante el oficio N° AL-486-2025, que invalida el proceso de notificaciones, obligando así a reiniciar el proceso, ya que de acuerdo a lo indicado por dicha asesoría la primera resolución (IU-001-2025) tuvo que haberse notificado de forma personal, a pesar de que la misma fue recurrida por el representante legal de la sociedad propietaria de la finca folio real 4-118401-000. Actualmente, la Alcaldía Municipal solicitó un dictamen días atrás a la Asesoría Legal Interna para analizar la posibilidad de aplicar un procedimiento más expedito al encontrarse la propiedad parcialmente en la zona inalienable establecida por el Decreto N° LXV de julio de 1888. La información solicitada acerca del cumplimiento de la Resolución IU-001-2025, correspondiente a la primera resolución del proceso de notificaciones efectuado en este caso y si esta fue notificada, le indico que tal y como se expuso en el segundo párrafo, la misma fue invalidada por la asesoría legal interna, señalando: “cualquier procedimiento administrativo debe realizarse de forma personal al propietario registral del bien inmueble”, obligando a esta Unidad a iniciar el debido proceso nuevamente, esto a la espera de la solicitud del criterio legal, por parte de la alcaldía. En cuanto a la notificación a los recurrentes o denunciantes de este caso, le externo que se ha comunicado en repetidas ocasiones la información del seguimiento y proceder con este caso a denunciantes e interesados que han brindado sus datos para obtener esta información. Sin embargo, del caso anteriormente asociado a este expediente (N°25-009503-0007-CO), no se han recibido denuncias o solicitudes de información por parte de los recurrentes que interpusieron el recurso en cuestión, por lo que no se ha trasladado información a ellos”. 

7.- De acuerdo con la constancia emitida el 09 de setiembre de 2025, se constató lo siguiente: “El suscrito, Técnico Judicial 3 a.i. y la suscrita secretaria a.i., ambos de la Sala Constitucional, HACEMOS CONSTAR QUE: revisado, a las cuatro horas trece minutos del nueve de setiembre de dos mil veinticinco, en el SISTEMA COSTARRICENSE DE GESTIÓN DE DESPACHOS JUDICIALES el CONTROL DE DOCUMENTOS RECIBIDOS Y ESTE EXPEDIENTE, no apareció que del 29 de agosto al 08 de setiembre de 2025, el jefe de la Unidad de Gestión Urbana Territorial de la Municipalidad de San Rafael de Heredia haya presentado escrito o documento alguno, a fin de rendir el informe que se le solicitó en la resolución dictada a las quince horas nueve minutos del veintiocho de agosto de dos mil veinticinco, en el expediente número 25-009503-0007-CO que es RECURSO DE AMPARO promovido por [Nombre 001] Y OTROS”.

8.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Araya García; y,

Considerando:

I.- Previo a analizar el fondo del asunto —por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido— debe aclararse que a partir del voto No. 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha estimado que deben remitirse a la jurisdicción contencioso administrativa —con algunas excepciones— aquellos asuntos en los que se discute si la Administración Pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –incoado de oficio o a instancia de parte— o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues, se está ante una denuncia presentada en contra de una construcción fuera de legalidad en la zona del decreto N° 25902-MIVAH-MP-MINAE y parcialmente dentro de la zona inalienable establecida por la Ley 65 de 1888, que provocan problemas ambientales.

II.- Objeto del recurso. Los recurrentes reclaman violación a sus derechos fundamentales, pues señalan que son vecinos de Los Ángeles de San Rafael de Heredia, en donde se está construyendo una edificación de gran tamaño, presuntamente ilegal, en calle Ciénaga, propiedad de la corporación Ferofra S.A. Indican que se han observado trabajos con maquinaria pesada, movimientos de tierra y remoción de vegetación. Mencionan que esas actividades se desarrollan en una zona en la que se encuentran prohibidas construcciones destinadas a talleres o deshuesaderos, por tratarse de un área de recarga acuífera y de protección ambiental. Así, dicha construcción pone en riesgo el medio ambiente, la fragilidad del ecosistema, los mantos acuíferos protegidos, así como los derechos ambientales de todos los costarricenses. Reclaman que a la fecha no se ha solucionado el problema.

II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

a)       En la finca registrada con el folio real 4- 118401-000, en el distrito de Concepción, se realiza una construcción fuera de legalidad en la zona del decreto N° 25902-MIVAH-MP-MINAE y parcialmente dentro de la zona inalienable establecida por la Ley 65 de 1888. Por ende, de forma anónima se presentó una denuncia ante la Municipalidad de San Rafael de Heredia (ver los informes rendidos y la prueba aportada).

b)       El 11 de noviembre de 2024, el inspector de la zona de la Municipalidad de San Rafael de Heredia realizó una inspección en la finca registrada con el folio real 4- 118401-000, en el distrito de Concepción, en donde, según oficio IPUT-779-2024, se indicó lo siguiente: “(…) me permito informarle que se realizó la inspección realizada a la afinca 118401, a nombre de Rafael Humberto Sánchez Campos por denuncia recibida por aparente Construcción sin PC. Al momento de la inspección se detecta una bodega tipo galerón en perling que se realiza la cual no cuenta con los permisos correspondientes, por lo que se proceda a colocar sellos de clausura y se entrega al propietario el Acta 5782, como se muestra en el siguiente registro fotográfico (…)” (ver los informes rendidos y la prueba aportada).

c)       El 13 de noviembre de 2024, mediante el acta de notificación Nº-5776, el inspector de la zona de la Municipalidad de San Rafael de Heredia indica “Galerón sin permiso de construcción”. Por lo tanto, se procede a volver a clausurar la obra por no contar con los permisos de correspondientes (ver los informes rendidos y la prueba aportada).

d)       El 19 de noviembre del 2024, mediante el oficio IPUT-779-2024, el inspector de la zona de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, indicó lo siguiente: “(…) me permito informarle sobre la solicitud de inspección a la finca 118401, ubicada en el Ángeles calle Lobo, 250 mts este del Rio Turales, a nombre de Corporación Ferofra S.A, por denuncia recibida vía telefónica y correo electrónico donde se indica una aparente construcción que se realiza en dicha finca "aparentemente galerón para taller". Al asistir al lugar se detecta la Construcción denunciada donde se colocó las bases de la estructura en perling, se llamó a las personas que estaban construyendo y se nos indicó que el propietario no se encontraba por lo que se procedió a dejar el acta Nº 5776, donde se le indica que se clausura la obra por no contar con los permisos correspondientes, y se colocan sellos de clausura en evidencia de lo anteriormente mencionada” (ver los informes rendidos y la prueba aportada).

e)       El 19 de noviembre del 2024, en la Municipalidad de San Rafael de Heredia se genera la Resolución de Apercibimiento N° 797-IPUT-2024 a la finca 118401, entregada a un trabajador de la finca con nombre de Víctor González Alfaro (chofer de tractor), al que se indica que debe abstenerse de continuar con la obra clausurada por la Municipalidad y se le previenen las consecuencias judiciales en caso de continuar con dicho actuar ilícito (ver los informes rendidos y la prueba aportada).

f)        El 20 de noviembre de 2024, mediante el oficio IPUT-797-2024, el inspector de la zona de la Municipalidad de San Rafael de Heredia procede a indicar lo siguiente: “(…) me permito informarle que, en compañía de los inspectores Hugo Vargas y Andrea Vindas, se ha visitado la finca inscrita bajo el folio Real 4 204488-000 a nombre de Corporación Ferofra S.A, ubicada en Concepción, 120m norte del cruce de calle Lobo con calle Ciénega, debido a la llamada vía telefónica de un contribuyente que ha decidido no identificarse informando la continuación de las obras clausuradas, por lo que se ha lo coordinado la visita con la policía municipal y al llegar al sitio efectivamente se observa que han continuado las obras clausuradas conforme al registro fotográfico anterior presentado en el IPUT-779-2024, por lo que se ha obtenido nuevamente el siguiente registro fotográfico... (…) ...Adicionalmente, se informa que al momento de la visita iba saliendo un tractor de la propiedad indicada por lo que el chofer ha sido abordado por el policía Municipal Mainor Calderón Briceño, quien le ha solicitado la identificación y se ha indicado en al acta de apercibimiento adjunta a este oficio la cual ha firmado haciéndole saber que no debe continuar contribuyendo al proceso constructivo de las obras clausuradas hasta que se cuente con el trámite que corresponda. Además, se encontraba en sitio la misma persona quien ha recibido el acta de notificación No.0005776 en la visita anterior mencionada en el IPUT-779-2024, pero no fue posible abordar por parte de la policía para obtener los datos personales, sin embargo, el Inspector Hugo Vargas, también le ha hecho saber la obligación de no continuar las obras ya clausuradas (…)”. Además, se aclara que la finca a la que se refiere IPUT-797-2024 es la N°-118401 y no la N° 204488, como erróneamente describe el informe (ver los informes rendidos y la prueba aportada).

g)       El 21 de noviembre de 2024, con el IPUT 808-2024 se informa acerca de la corrección de la prevención generada en finca Nº 204488 y se rectifica por la finca N°1 18401 como la finca correcta en la que se han ejecutado las obra sin los permisos correspondientes (ver los informes rendidos y la prueba aportada).

h)       El 06 de enero del 2025, en la Municipalidad de San Rafael de Heredia se hace nuevo informe de inspección número IPUT-011-2025 con información actualizada donde se constata que durante el periodo de vacaciones de fin de año del 2024 se continuó con desacato a la autoridad y en inspecciones de rutina de final de año se constata la continuación de las obras. Igualmente, se indica lo siguiente: “(…) me permito informarle que, se ha visitado la finca inscrita bajo el folio Real 4 118401-000 a nombre de Corporación Ferofra S.A, ubicada en Concepción, 120m norte del cruce de calle Lobo con calle Ciénega, la cual se encuentra clausurada conforme al IPUT-808-2024, al llegar al sitio se observa que han continuado las obras clausuradas conforme al registro fotográfico anterior presentado en el IPUT-779-2024 y el IPUT-797-2024, por lo que se ha obtenido nuevamente el siguiente registro fotográfico (…) Además, se ha coordinado la colaboración de la policía municipal, llegando al sitio los oficiales Jonathan Solís y Jairo Carvajal para hacerle saber a los constructores presentes que se encuentran irrespetando la Clausura. Sin embargo, no han querido abrir los portones ni se han identificado, pero aun así se ha logrado conversar con uno de los trabajadores y se le ha indicado nuevamente que no debe continuar contribuyendo al proceso constructivo de las obras clausuradas hasta que se cuente con el trámite que corresponda. Posteriormente se han vuelto a colocar los sellos a los portones como se muestra en el siguiente registro fotográfico” (ver los informes rendidos y la prueba aportada).

i)         El 08 de enero de 2025, se notificó la Resolución IU-001-2025, indicándole al propietario de la finca 4-118401-000 entre otros lo siguiente: “(…) se le concede un plazo de 30 días para proceda a poner a derecho su situación mediante lo que corresponda conforme el ordenamiento jurídico vigente, es decir realizar por su cuenta las demoliciones de las obras que no se apegan a cabalidad con la ley, misma que NO tiene licencia y que el Uso de Suelo existente no es un permiso y el mismo tampoco es vigente, y que, de esta forma dé cumplimiento a lo estatuido en el ordenamiento jurídico vigente” (ver los informes rendidos y la prueba aportada).

j)         En fecha indeterminada, el representante de la empresa presentó un recurso de Revocatoria con Apelación Subsidiaria en contra de la Resolución IU-001-2025 (ver los informes rendidos y la prueba aportada).

k)       El 23 de enero de 2025, con el oficio IU-009-2025, se traslada copia certificada del expediente administrativo D-1865 correspondiente a la finca 118401, para ser entregado al Consejo Municipal. El mismo es entregado por la Alcaldía Municipal con el oficio AM-072-2025 del 23 de enero del 2025 (ver los informes rendidos y la prueba aportada).

l)         El 07 de marzo del 2025, se notifica desde la Unidad de Gestión Urbana Territorial a la Alcaldía Municipal, la Resolución IU-016-2025 con el rechazo ante el Recurso de Revocatoria con apelación subsidiaria en contra de la Resolución IU-001-2025, para que ésta a su vez atienda la Apelación en Subsidio (ver los informes rendidos y la prueba aportada).

m)    El 21 de marzo, la Alcaldía Municipal resuelve con rechazo mediante la Resolución AM-020-2025, la Revocatoria con Apelación Subsidiaria en contra de la Resolución IU-001-2025 (ver los informes rendidos y la prueba aportada).

n)       Mediante informe IU-120-2025 del 3 de setiembre de 2025, el representante de la Unidad de Gestión Urbana Territorial de la Municipalidad de San Rafael de Heredia estableció lo siguiente: “En primera instancia, con respecto a la orden de derribo de las obras generadas sin licencia municipal, debo indicar que no se han ejecutado en vista de que el proceso de notificaciones que se llevó a cabo fue sometido a una evaluación legal, ante la cual basado en el principio de legalidad se ha emitido un criterio mediante el oficio N° AL-486-2025, que invalida el proceso de notificaciones, obligando así a reiniciar el proceso, ya que de acuerdo a lo indicado por dicha asesoría la primera resolución (IU-001-2025) tuvo que haberse notificado de forma personal, a pesar de que la misma fue recurrida por el representante legal de la sociedad propietaria de la finca folio real 4-118401-000. Actualmente, la Alcaldía Municipal solicitó un dictamen días atrás a la Asesoría Legal Interna para analizar la posibilidad de aplicar un procedimiento más expedito al encontrarse la propiedad parcialmente en la zona inalienable establecida por el Decreto N° LXV de julio de 1888. La información solicitada acerca del cumplimiento de la Resolución IU-001-2025, correspondiente a la primera resolución del proceso de notificaciones efectuado en este caso y si esta fue notificada, le indico que tal y como se expuso en el segundo párrafo, la misma fue invalidada por la asesoría legal interna, señalando: “cualquier procedimiento administrativo debe realizarse de forma personal al propietario registral del bien inmueble”, obligando a esta Unidad a iniciar el debido proceso nuevamente, esto a la espera de la solicitud del criterio legal, por parte de la alcaldía. En cuanto a la notificación a los recurrentes o denunciantes de este caso, le externo que se ha comunicado en repetidas ocasiones la información del seguimiento y proceder con este caso a denunciantes e interesados que han brindado sus datos para obtener esta información. Sin embargo, del caso anteriormente asociado a este expediente (N°25-009503-0007-CO), no se han recibido denuncias o solicitudes de información por parte de los recurrentes que interpusieron el recurso en cuestión, por lo que no se ha trasladado información a ellos” (ver los informes rendidos y la prueba aportada).

III.- Sobre el fondo. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal verifica la violación a los derechos fundamentales de los recurrentes. Lo anterior, porque en el informe rendido por el representante de la autoridad recurrida -que se tiene por dado bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto, ha sido debidamente acreditado que la finca registrada con el folio real 4- 118401-000, en el distrito de Concepción, se realiza una construcción fuera de legalidad en la zona del decreto N° 25902-MIVAH-MP-MINAE y parcialmente dentro de la zona inalienable establecida por la Ley 65 de 1888. Por ende, de forma anónima se presentó una denuncia ante la Municipalidad de San Rafael de Heredia. Así, el 11 de noviembre de 2024, el inspector de la zona de la Municipalidad de San Rafael de Heredia realizó una inspección en la finca registrada con el folio real 4- 118401-000, en el distrito de Concepción, en donde, según oficio IPUT-779-2024, se indicó lo siguiente: “(…) me permito informarle que se realizó la inspección realizada a la afinca 118401, a nombre de Rafael Humberto Sánchez Campos por denuncia recibida por aparente Construcción sin PC. Al momento de la inspección se detecta una bodega tipo galerón en perling que se realiza la cual no cuenta con los permisos correspondientes, por lo que se proceda a colocar sellos de clausura y se entrega al propietario el Acta 5782, como se muestra en el siguiente registro fotográfico (…)”. Además, el 13 de noviembre de 2024, mediante el acta de notificación Nº-5776, el inspector de la zona de la Municipalidad de San Rafael de Heredia indica “Galerón sin permiso de construcción”. Por lo tanto, se procede a volver a clausurar la obra por no contar con los permisos de correspondientes. Por consiguiente, el 19 de noviembre del 2024, mediante el oficio IPUT-779-2024, el inspector de la zona de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, indicó lo siguiente: “(…) me permito informarle sobre la solicitud de inspección a la finca 118401, ubicada en el Ángeles calle Lobo, 250 mts este del Rio Turales, a nombre de Corporación Ferofra S.A, por denuncia recibida vía telefónica y correo electrónico donde se indica una aparente construcción que se realiza en dicha finca "aparentemente galerón para taller". Al asistir al lugar se detecta la Construcción denunciada donde se colocó las bases de la estructura en perling, se llamó a las personas que estaban construyendo y se nos indicó que el propietario no se encontraba por lo que se procedió a dejar el acta Nº 5776, donde se le indica que se clausura la obra por no contar con los permisos correspondientes, y se colocan sellos de clausura en evidencia de lo anteriormente mencionada”. Así, el 19 de noviembre del 2024, en la Municipalidad de San Rafael de Heredia se genera la Resolución de Apercibimiento N° 797-IPUT-2024 a la finca 118401, entregada a un trabajador de la finca con nombre de Víctor González Alfaro (chofer de tractor), al que se indica que debe abstenerse de continuar con la obra clausurada por la Municipalidad y se le previenen las consecuencias judiciales en caso de continuar con dicho actuar ilícito. Igualmente, el 20 de noviembre de 2024, mediante el oficio IPUT-797-2024, el inspector de la zona de la Municipalidad de San Rafael de Heredia procede a indicar lo siguiente: “(…) me permito informarle que, en compañía de los inspectores Hugo Vargas y Andrea Vindas, se ha visitado la finca inscrita bajo el folio Real 4 204488-000 a nombre de Corporación Ferofra S.A, ubicada en Concepción, 120m norte del cruce de calle Lobo con calle Ciénega, debido a la llamada vía telefónica de un contribuyente que ha decidido no identificarse informando la continuación de las obras clausuradas, por lo que se ha lo coordinado la visita con la policía municipal y al llegar al sitio efectivamente se observa que han continuado las obras clausuradas conforme al registro fotográfico anterior presentado en el IPUT-779-2024, por lo que se ha obtenido nuevamente el siguiente registro fotográfico... (…) ...Adicionalmente, se informa que al momento de la visita iba saliendo un tractor de la propiedad indicada por lo que el chofer ha sido abordado por el policía Municipal Mainor Calderón Briceño, quien le ha solicitado la identificación y se ha indicado en al acta de apercibimiento adjunta a este oficio la cual ha firmado haciéndole saber que no debe continuar contribuyendo al proceso constructivo de las obras clausuradas hasta que se cuente con el trámite que corresponda. Además, se encontraba en sitio la misma persona quien ha recibido el acta de notificación No.0005776 en la visita anterior mencionada en el IPUT-779-2024, pero no fue posible abordar por parte de la policía para obtener los datos personales, sin embargo, el Inspector Hugo Vargas, también le ha hecho saber la obligación de no continuar las obras ya clausuradas (…)”. Además, se aclara que la finca a la que se refiere IPUT-797-2024 es la N°-118401 y no la N° 204488, como erróneamente describe el informe. Además, el 21 de noviembre de 2024, con el IPUT 808-2024 se informa acerca de la corrección de la prevención generada en finca Nº 204488 y se rectifica por la finca N°1 18401 como la finca correcta en la que se han ejecutado las obra sin los permisos correspondientes. Posteriormente, el 06 de enero del 2025, en la Municipalidad de San Rafael de Heredia se hace nuevo informe de inspección número IPUT-011-2025 con información actualizada donde se constata que durante el periodo de vacaciones de fin de año del 2024 se continuó con desacato a la autoridad y en inspecciones de rutina de final de año se constata la continuación de las obras. Igualmente, se indica lo siguiente: “(…) me permito informarle que, se ha visitado la finca inscrita bajo el folio Real 4 118401-000 a nombre de Corporación Ferofra S.A, ubicada en Concepción, 120m norte del cruce de calle Lobo con calle Ciénega, la cual se encuentra clausurada conforme al IPUT-808-2024, al llegar al sitio se observa que han continuado las obras clausuradas conforme al registro fotográfico anterior presentado en el IPUT-779-2024 y el IPUT-797-2024, por lo que se ha obtenido nuevamente el siguiente registro fotográfico (…) Además, se ha coordinado la colaboración de la policía municipal, llegando al sitio los oficiales Jonathan Solís y Jairo Carvajal para hacerle saber a los constructores presentes que se encuentran irrespetando la Clausura. Sin embargo, no han querido abrir los portones ni se han identificado, pero aun así se ha logrado conversar con uno de los trabajadores y se le ha indicado nuevamente que no debe continuar contribuyendo al proceso constructivo de las obras clausuradas hasta que se cuente con el trámite que corresponda. Posteriormente se han vuelto a colocar los sellos a los portones como se muestra en el siguiente registro fotográfico”. De ese modo, el 08 de enero de 2025, se notificó la Resolución IU-001-2025, indicándole al propietario de la finca 4-118401-000 entre otros lo siguiente: “(…) se le concede un plazo de 30 días para proceda a poner a derecho su situación mediante lo que corresponda conforme el ordenamiento jurídico vigente, es decir realizar por su cuenta las demoliciones de las obras que no se apegan a cabalidad con la ley, misma que NO tiene licencia y que el Uso de Suelo existente no es un permiso y el mismo tampoco es vigente, y que, de esta forma dé cumplimiento a lo estatuido en el ordenamiento jurídico vigente”. Ante esa situación, en fecha indeterminada, el representante de la empresa presentó un recurso de Revocatoria con Apelación Subsidiaria en contra de la Resolución IU-001-2025. Por lo tanto, el 23 de enero de 2025, con el oficio IU-009-2025, se traslada copia certificada del expediente administrativo D-1865 correspondiente a la finca 118401, para ser entregado al Consejo Municipal. El mismo es entregado por la Alcaldía Municipal con el oficio AM-072-2025 del 23 de enero del 2025. Posteriormente, el 07 de marzo del 2025, se notifica desde la Unidad de Gestión Urbana Territorial a la Alcaldía Municipal, la Resolución IU-016-2025 con el rechazo ante el Recurso de Revocatoria con apelación subsidiaria en contra de la Resolución IU-001-2025, para que ésta a su vez atienda la Apelación en Subsidio. Además, el 21 de marzo, la Alcaldía Municipal resuelve con rechazo mediante la Resolución AM-020-2025, la Revocatoria con Apelación Subsidiaria en contra de la Resolución IU-001-2025. Por último, mediante informe IU-120-2025 del 3 de setiembre de 2025, el representante de la Unidad de Gestión Urbana Territorial de la Municipalidad de San Rafael de Heredia estableció lo siguiente: “En primera instancia, con respecto a la orden de derribo de las obras generadas sin licencia municipal, debo indicar que no se han ejecutado en vista de que el proceso de notificaciones que se llevó a cabo fue sometido a una evaluación legal, ante la cual basado en el principio de legalidad se ha emitido un criterio mediante el oficio N° AL-486-2025, que invalida el proceso de notificaciones, obligando así a reiniciar el proceso, ya que de acuerdo a lo indicado por dicha asesoría la primera resolución (IU-001-2025) tuvo que haberse notificado de forma personal, a pesar de que la misma fue recurrida por el representante legal de la sociedad propietaria de la finca folio real 4-118401-000. Actualmente, la Alcaldía Municipal solicitó un dictamen días atrás a la Asesoría Legal Interna para analizar la posibilidad de aplicar un procedimiento más expedito al encontrarse la propiedad parcialmente en la zona inalienable establecida por el Decreto N° LXV de julio de 1888. La información solicitada acerca del cumplimiento de la Resolución IU-001-2025, correspondiente a la primera resolución del proceso de notificaciones efectuado en este caso y si esta fue notificada, le indico que tal y como se expuso en el segundo párrafo, la misma fue invalidada por la asesoría legal interna, señalando: “cualquier procedimiento administrativo debe realizarse de forma personal al propietario registral del bien inmueble”, obligando a esta Unidad a iniciar el debido proceso nuevamente, esto a la espera de la solicitud del criterio legal, por parte de la alcaldía. En cuanto a la notificación a los recurrentes o denunciantes de este caso, le externo que se ha comunicado en repetidas ocasiones la información del seguimiento y proceder con este caso a denunciantes e interesados que han brindado sus datos para obtener esta información. Sin embargo, del caso anteriormente asociado a este expediente (N°25-009503-0007-CO), no se han recibido denuncias o solicitudes de información por parte de los recurrentes que interpusieron el recurso en cuestión, por lo que no se ha trasladado información a ellos”.

En este sentido, se constata que desde hace más de 10 meses la Municipalidad recurrida constató que en la finca registrada con el folio real 4- 118401-000, en el distrito de Concepción, se realiza una construcción fuera de legalidad en la zona del decreto N° 25902-MIVAH-MP-MINAE y parcialmente dentro de la zona inalienable establecida por la Ley 65 de 1888, lo anterior ante una denuncia anónima. De ese modo, ante dicha situación, se verifica que la Municipalidad ha realizado varias inspecciones en el lugar, en donde constató la construcción ilegal sin los permisos respectivos (“Galerón sin permiso de construcción”), por lo que ha procedido a colocar los sellos de clausura, los cuales en múltiples ocasiones han sido incumplidos, en total desacato a la autoridad, por lo que se ha constatado la continuación de las obras. Así, se reitera que el 08 de enero de 2025, se notificó la Resolución IU-001-2025, indicándole al propietario de la finca 4-118401-000 entre otros lo siguiente: “(…) se le concede un plazo de 30 días para proceda a poner a derecho su situación mediante lo que corresponda conforme el ordenamiento jurídico vigente, es decir realizar por su cuenta las demoliciones de las obras que no se apegan a cabalidad con la ley, misma que NO tiene licencia y que el Uso de Suelo existente no es un permiso y el mismo tampoco es vigente, y que, de esta forma dé cumplimiento a lo estatuido en el ordenamiento jurídico vigente”. Ante esa situación, se interpusieron los recursos respectivos, los cuales han sido rechazados. No obstante, lo anterior, a la fecha se tiene por demostrado que la orden de derribo de las obras generadas sin licencia municipal no se ha ejecutado en vista de que el proceso de notificaciones que se llevó a cabo fue sometido a una evaluación legal, invalidándose el proceso de notificaciones, obligando así a reiniciar el proceso.

De ese modo, se denota que si bien es cierto la Municipalidad de San Rafael de Heredia ha realizado acciones para solucionar la problemática denunciada, lo cierto es que a la fecha no se ha terminado con el procedimiento respectivo, por lo que no se ha ejecutado la orden de derribo de las obras generadas sin licencia municipal, manteniéndose hasta la fecha una construcción fuera de legalidad (sin permisos) en la zona del decreto N° 25902-MIVAH-MP-MINAE y parcialmente dentro de la zona inalienable establecida por la Ley 65 de 1888. Por lo anterior, se verifica una lesión a los derechos fundamentales de los recurrentes, así como a los vecinos del lugar.

En virtud de lo expuesto, lo que corresponde es declarar con lugar el recurso.

IV. Nota del magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

V.-- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

 

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Jorge Eduardo Arias Santamaría, en su condición de alcalde, y a Esteban Arce Camacho, en su condición de jefe de la Unidad de Gestión Urbana Territorial, ambos de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, o a quienes ocupen los cargos, adoptar las medidas necesarias, efectivas y oportunas que se requieren para garantizar la solución a la problemática denunciada, lo anterior se deberá realizar en el plazo de SEIS MESES, contados a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte a la autoridad recurrida que de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiera una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciera cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Municipalidad de San Rafael de Heredia al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. E l Magistrado Castillo Víquez consigna nota. Notifíquese.

 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Jorge Araya G.




Ingrid Hess H.

	

 

	

Ileana Sánchez N.




Jorge Isaac Solano A.

	

 

	

Alexandra Alvarado P.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 19ZKF47Q43QIA61

EXPEDIENTE N° 25-009503-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:11:53.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

“(…) III.- On the merits. After analyzing the evidentiary elements submitted, this Court verifies a violation of the fundamental rights of the petitioners. The foregoing, because in the report rendered by the representative of the respondent authority—which is taken as given under oath with the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction—and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly accredited that on the property registered under folio real 4-118401-000, in the district of Concepción, a construction outside of legality is being carried out in the area covered by decree N° 25902-MIVAH-MP-MINAE and partially within the inalienable zone established by Ley 65 of 1888. Therefore, an anonymous complaint was filed with the Municipalidad de San Rafael de Heredia. Thus, on November 11, 2024, the zone inspector of the Municipalidad de San Rafael de Heredia conducted an inspection on the property registered under folio real 4-118401-000, in the district of Concepción, where, according to official communication IPUT-779-2024, the following was indicated: “(…) I hereby inform you that the inspection was conducted on property 118401, in the name of Rafael Humberto Sánchez Campos due to a complaint received for an apparent construction without a construction permit. At the time of the inspection, a warehouse-type shed made of angle iron is detected, which does not have the corresponding permits, for which reason closure seals are placed and Notice 5782 is delivered to the owner, as shown in the following photographic record (…)”. Furthermore, on November 13, 2024, through notification notice Nº-5776, the zone inspector of the Municipalidad de San Rafael de Heredia indicates: “Shed without a construction permit”. Therefore, the work is once again shut down for not having the corresponding permits. Consequently, on November 19, 2024, through official communication IPUT-779-2024, the zone inspector of the Municipalidad de San Rafael de Heredia stated the following: “(…) I hereby inform you regarding the inspection request for property 118401, located in Ángeles, Calle Lobo, 250 meters east of the Turales River, in the name of Corporación Ferofra S.A, due to a complaint received by telephone and email indicating an apparent construction being carried out on said property \"apparently a shed for a workshop\". Upon attending the site, the reported construction is detected where the bases of the angle-iron structure were placed; the people who were building were called and we were told that the owner was not present, so we proceeded to leave notice Nº 5776, indicating that the work is shut down for not having the corresponding permits, and closure seals are placed as evidence of the aforementioned”. Thus, on November 19, 2024, the Municipalidad de San Rafael de Heredia issues Warning Resolution (Resolución de Apercibimiento) N° 797-IPUT-2024 for property 118401, delivered to a worker on the property named Víctor González Alfaro (tractor driver), who is told that he must refrain from continuing the work shut down by the Municipality and he is warned of the judicial consequences should he continue with said unlawful act. Likewise, on November 20, 2024, through official communication IPUT-797-2024, the zone inspector of the Municipalidad de San Rafael de Heredia proceeds to state the following: “(…) I hereby inform you that, accompanied by inspectors Hugo Vargas and Andrea Vindas, the property registered under Folio Real 4 204488-000 in the name of Corporación Ferofra S.A, located in Concepción, 120m north of the intersection of Calle Lobo and Calle Ciénega, has been visited, due to a telephone call from a taxpayer who decided not to identify themselves reporting the continuation of the shut-down works, for which reason the visit was coordinated with the municipal police and upon arriving at the site it is effectively observed that the shut-down works have continued pursuant to the previous photographic record presented in IPUT-779-2024, for which reason the following photographic record has been obtained again... (…) ...Additionally, it is reported that at the time of the visit a tractor was leaving the indicated property, for which reason the driver was approached by Municipal Police Officer Mainor Calderón Briceño, who requested his identification and he was indicated in the warning notice attached to this official communication, which he signed, making him aware that he must not continue contributing to the construction process of the shut-down works until the corresponding procedure is completed. Furthermore, the same person who received notification notice No. 0005776 in the previous visit mentioned in IPUT-779-2024 was at the site, but it was not possible for the police to approach him to obtain his personal data; however, Inspector Hugo Vargas also made him aware of the obligation not to continue the already shut-down works (…)”. Moreover, it is clarified that the property referred to in IPUT-797-2024 is N°-118401 and not N° 204488, as the report erroneously describes. Furthermore, on November 21, 2024, with IPUT 808-2024, information is provided regarding the correction of the warning generated for property Nº 204488 and it is rectified to property N° 118401 as the correct property on which works have been executed without the corresponding permits. Subsequently, on January 6, 2025, a new inspection report number IPUT-011-2025 is made at the Municipalidad de San Rafael de Heredia with updated information, where it is verified that during the year-end 2024 vacation period, the disregard for authority continued and in routine end-of-year inspections, the continuation of the works is verified. Likewise, the following is stated: “(…) I hereby inform you that the property registered under Folio Real 4 118401-000 in the name of Corporación Ferofra S.A, located in Concepción, 120m north of the intersection of Calle Lobo and Calle Ciénega, which is shut down pursuant to IPUT-808-2024, has been visited. Upon arriving at the site, it is observed that the shut-down works have continued pursuant to the previous photographic record presented in IPUT-779-2024 and IPUT-797-2024, for which reason the following photographic record has been obtained again (…). Furthermore, the collaboration of the municipal police has been coordinated, with officers Jonathan Solís and Jairo Carvajal arriving at the site to inform the builders present that they are disrespecting the Closure Order. However, they have refused to open the gates or identify themselves, but even so, we managed to speak with one of the workers and he was again told that he must not continue contributing to the construction process of the shut-down works until the corresponding procedure is completed. Subsequently, the seals have been placed again on the gates as shown in the following photographic record”. In this manner, on January 8, 2025, Resolution IU-001-2025 was notified, indicating to the owner of property 4-118401-000, among other things, the following: “(…) a period of 30 days is granted for you to proceed to legalize your situation through the appropriate means in accordance with the current legal system, that is, to carry out on your own account the demolitions of the works that do not fully comply with the law, which does NOT have a license and for which the existing Land Use is not a permit and is also not valid, and that, in this way, you comply with what is established in the current legal system”. Faced with this situation, on an undetermined date, the representative of the company filed a Recurso de Revocatoria with Subsidiary Appeal against Resolution IU-001-2025. Therefore, on January 23, 2025, with official communication IU-009-2025, a certified copy of administrative file D-1865 corresponding to property 118401 was forwarded to be delivered to the Consejo Municipal. It was delivered by the Alcaldía Municipal with official communication AM-072-2025 of January 23, 2025. Subsequently, on March 7, 2025, Resolution IU-016-2025 was notified from the Unidad de Gestión Urbana Territorial to the Alcaldía Municipal, rejecting the Recurso de Revocatoria with subsidiary appeal against Resolution IU-001-2025, so that the latter may in turn address the Subsidized Appeal. Furthermore, on March 21, the Alcaldía Municipal resolves with rejection by means of Resolution AM-020-2025 the Recurso de Revocatoria with Subsidiary Appeal against Resolution IU-001-2025. Finally, through report IU-120-2025 of September 3, 2025, the representative of the Unidad de Gestión Urbana Territorial of the Municipalidad de San Rafael de Heredia established the following: “In the first instance, with respect to the demolition order for works generated without a municipal license, I must state that they have not been executed in view of the fact that the notification process that was carried out was subjected to a legal evaluation, before which, based on the principle of legality, a criterion has been issued through official communication N° AL-486-2025, invalidating the notification process, thus forcing the process to be restarted, since according to what was indicated by said advisory, the first resolution (IU-001-2025) should have been notified personally, even though it was appealed by the legal representative of the corporation that owns the property folio real 4-118401-000. Currently, the Alcaldía Municipal requested an opinion days ago from the Internal Legal Advisory to analyze the possibility of applying a more expedited procedure since the property is partially located in the inalienable zone established by Decree N° LXV of July 1888. Regarding the information requested about compliance with Resolution IU-001-2025, corresponding to the first resolution of the notification process carried out in this case and whether it was notified, I inform you that as stated in the second paragraph, it was invalidated by the internal legal advisory, stating: ‘any administrative procedure must be conducted personally to the registered owner of the real estate,’ forcing this Unit to restart the due process, this pending the request for the legal criterion from the alcaldía. As for notification to the petitioners or complainants in this case, I state that information on the follow-up and procedure for this case has been communicated on repeated occasions to the complainants and interested parties who have provided their data to obtain this information. However, from the case previously associated with this file (N°25-009503-0007-CO), no complaints or requests for information have been received from the petitioners who filed the appeal in question, so no information has been transferred to them”.

In this sense, it is verified that more than 10 months ago, the respondent Municipality verified that on the property registered under folio real 4-118401-000, in the district of Concepción, a construction is being carried out outside of legality in the area covered by decree N° 25902-MIVAH-MP-MINAE and partially within the inalienable zone established by Ley 65 of 1888, the foregoing following an anonymous complaint. Therefore, in view of this situation, it is verified that the Municipality has conducted several inspections at the site, where it verified the illegal construction without the respective permits (“Shed without a construction permit”), for which reason it has proceeded to place closure seals, which on multiple occasions have been violated, in total disregard for authority, and the continuation of the works has been verified. Thus, it is reiterated that on January 8, 2025, Resolution IU-001-2025 was notified, indicating to the owner of property 4-118401-000, among other things, the following: “(…) a period of 30 days is granted for you to proceed to legalize your situation through the appropriate means in accordance with the current legal system, that is, to carry out on your own account the demolitions of the works that do not fully comply with the law, which does NOT have a license and for which the existing Land Use is not a permit and is also not valid, and that, in this way, you comply with what is established in the current legal system”. Faced with this situation, the respective appeals were filed, which have been rejected. However, notwithstanding the foregoing, to date it has been demonstrated that the demolition order for the works generated without a municipal license has not been executed in view of the fact that the notification process that was carried out was subjected to a legal evaluation, invalidating the notification process, thus forcing the process to be restarted.

In this manner, it is noted that while it is true that the Municipalidad de San Rafael de Heredia has taken actions to solve the problem reported, the fact is that to date the respective procedure has not been completed, so the demolition order for the works generated without a municipal license has not been executed, with an illegal construction (without permits) persisting to date in the area covered by decree N° 25902-MIVAH-MP-MINAE and partially within the inalienable zone established by Ley 65 of 1888. For the foregoing reasons, a violation of the fundamental rights of the petitioners, as well as the residents of the area, is verified.

By virtue of the foregoing, the appropriate course is to declare the appeal with merit. (…)”

5) That on November 19, 2024, by means of official letter IPUT-779-2024, the zone inspector proceeded to state that: "...By means of this letter, I hereby inform you regarding the inspection request for property 118401, located in Ángeles, calle Lobo, 250 mts east of Rio Turales, in the name of Corporación Ferofra S.A, due to a complaint received via telephone and email indicating an apparent construction being carried out on said property, 'apparently a workshop shed.' Upon attending the location, the reported construction was detected, where the bases of the structure had been placed in perling; the people who were building were called, and we were told that the owner was not present, so we proceeded to leave act No. 5776, indicating that the work is closed down for not having the corresponding permits, and closure seals are placed as evidence of the aforementioned. As indicated in the attached photographic record... (...) 6) That on November 19, 2024, Warning Resolution No. 797-IPUT-2024 was issued to property 118401, delivered to a worker on the property named Víctor González Alfaro (tractor driver), who was told that he must refrain from continuing with the work closed down by the Municipality, and he was warned of the judicial consequences should he continue with said illegal act. 7) That on November 20, 2024, by means of official letter IPUT-797-2024, the zone inspector proceeded to state that: "...By means of this letter, I hereby inform you that, in the company of inspectors Hugo Vargas and Andrea Vindas, the property registered under Folio Real 4 204488-000 in the name of Corporación Ferofra S.A, located in Concepción, 120m north of the intersection of calle Lobo and calle Ciénega, has been visited, due to a telephone call from a taxpayer who decided not to identify themselves, reporting the continuation of the closed-down works. Therefore, the visit was coordinated with the municipal police, and upon arriving at the site, it was effectively observed that the closed-down works have continued, as per the previous photographic record presented in IPUT-779-2024, for which the following photographic record has again been obtained... (...) ...Additionally, it is reported that at the time of the visit, a tractor was leaving the indicated property, so the driver was approached by Municipal Police officer Mainor Calderón Briceño, who asked for his identification and it was indicated in the warning act attached to this official letter, which he signed, making him aware that he must not continue contributing to the construction process of the closed-down works until the corresponding procedure is followed. Furthermore, the same person who received notification act No. 0005776 in the previous visit mentioned in IPUT-779-2024 was at the site, but it was not possible for the police to approach him to obtain his personal data; however, Inspector Hugo Vargas also made him aware of the obligation not to continue the already closed-down works..."; (it is clarified that the property referred to in IPUT-797-2024 is No. 118401 and not No. 204488, as described in the report). 8) That on November 21, 2024, with IPUT 808-2024, information was provided about the correction of the warning issued on property No. 204488, and it was rectified to property No. 1 18401 as the correct property on which the works have been executed without the corresponding permits. 9) That on January 6, 2025, a new inspection report number IPUT-011-2025 was made with updated information, confirming that during the 2024 year-end holiday period, contempt of authority continued, and in routine end-of-year inspections, the continuation of the works was confirmed; among other things, the following was indicated (photos taken on December 25, 2024): "....By means of this letter, I hereby inform you that the property registered under Folio Real 4 118401-000 in the name of Corporación Ferofra S.A, located in Concepción, 120m north of the intersection of calle Lobo and calle Ciénega, which is closed down in accordance with IPUT-808-2024, has been visited. Upon arriving at the site, it was observed that the closed-down works have continued, as per the previous photographic record presented in IPUT-779-2024 and IPUT-797-2024, for which the following photographic record has again been obtained... (...) Additionally, it was indicated: "...Furthermore, the collaboration of the municipal police was coordinated, with officers Jonathan Solís and Jairo Carvajal arriving at the site to make the builders present aware that they are violating the Closure Order. However, they refused to open the gates and did not identify themselves, but even so, it was possible to speak with one of the workers and he was told again that he must not continue contributing to the construction process of the closed-down works until the corresponding procedure is followed. Subsequently, the seals were placed on the gates again, as shown in the following photographic record..." (...) 10) That on January 8, 2025, Resolution IU-001-2025 was notified, indicating to the owner of property 4-118401-000, among other things, the following: "...a period of 30 days is granted for you to proceed to bring your situation into compliance through whatever corresponds in accordance with the current legal system, that is, to carry out at your own expense the demolitions of the works that do not fully comply with the law, which does NOT have a license and for which the existing Land Use designation is not a permit and is also not valid, and that in this way you comply with what is established in the current legal system." 11) That an appeal for Reversal with a subsidiary Appeal (Recurso de Revocatoria con Apelación Subsidiaria) was filed against Resolution IU-001-2025 by Luis Felipe Bravo Chavarría. 12) That on January 23, 2025, by official letter IU-009-2025, a certified copy of administrative file D-1865 corresponding to property 118401 was transferred for delivery to the Municipal Council. It was delivered by the Municipal Mayor's Office by official letter AM-072-2025 of January 23, 2025. 13) That on March 7, 2025, Resolution IU-016-2025 was notified from the Unidad de Gestión Urbana Territorial to the Municipal Mayor's Office, rejecting the appeal for Reversal with a subsidiary appeal against Resolution IU-001-2025, so that the latter may in turn address the subsidiary Appeal. 14) That on March 21, the Municipal Mayor's Office resolved by rejection, through Resolution AM-020-2025, the appeal for Reversal with a subsidiary Appeal filed against Resolution IU-001-2025 by Luis Felipe Bravo Chavarría. Therefore, on the part of this department, all actions and appeal phases presented by Mr. Luis Felipe Bravo Chavarría, representative of Corporación Ferofra S.A., have been rejected, with the municipal position being one of total rejection of the construction, which to date does not have the respective permits and does not conform to the law."

5.- By means of a resolution at 3:09 p.m. on August 28, 2025, this Court requested evidence for a better resolution of the matter.

6.- Jorge Eduardo Arias Santamaría, in his capacity as mayor of the Municipality of San Rafael de Heredia, reports under oath (report rendered on September 4, 2025), in the following terms: "First: Report IU-120-2025 of September 3, 2025, prepared by the Unidad de Gestión Urbana Territorial, is provided, which addresses what was requested by your authority regarding property 4-118401-000 and matters related to resolution IU-001-2025." Likewise, report IU-120-2025 of September 3, 2025, indicates the following: "In the first instance, regarding the demolition order for the works generated without a municipal license, I must indicate that they have not been executed given that the notification process that was carried out was subjected to a legal evaluation, before which, based on the principle of legality, a criterion was issued by official letter No. AL-486-2025, which invalidates the notification process, thus requiring the process to be restarted, since according to what was indicated by said legal advisory, the first resolution (IU-001-2025) had to have been notified personally, even though it was appealed by the legal representative of the company that owns the property on folio real 4-118401-000. Currently, the Municipal Mayor's Office requested a legal opinion days ago from the Internal Legal Advisory to analyze the possibility of applying a more expeditious procedure since the property is partially located in the inalienable zone established by Decree No. LXV of July 1888. The information requested regarding compliance with Resolution IU-001-2025, corresponding to the first resolution of the notification process carried out in this case and whether it was notified, I inform you that, as stated in the second paragraph, it was invalidated by the internal legal advisory, noting: 'any administrative procedure must be carried out personally to the registered owner of the real estate,' forcing this Unit to begin due process again, pending the request for legal criteria by the mayor's office. Regarding notification to the appellants or complainants in this case, I inform you that information on the follow-up and procedure with this case has been communicated repeatedly to complainants and interested parties who have provided their data to obtain this information. However, regarding the case previously associated with this file (No. 25-009503-0007-CO), no complaints or requests for information have been received from the appellants who filed the appeal in question, so no information has been transferred to them."

7.- According to the certification issued on September 9, 2025, the following was confirmed: "The undersigned, acting Judicial Technician 3 and the undersigned acting secretary, both of the Constitutional Chamber, HEREBY CERTIFY THAT: reviewed, at four hours thirteen minutes on September ninth, two thousand twenty-five, in the COSTA RICAN SYSTEM FOR MANAGEMENT OF JUDICIAL OFFICES, the CONTROL OF RECEIVED DOCUMENTS AND THIS FILE, it did not appear that from August 29 to September 8, 2025, the head of the Unidad de Gestión Urbana Territorial of the Municipality of San Rafael de Heredia had filed any brief or document in order to render the report requested in the resolution issued at three hours nine minutes on August twenty-eighth, two thousand twenty-five, in file number 25-009503-0007-CO, which is an AMPARO APPEAL filed by [Name 001] AND OTHERS."

8.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

Drafted by Judge Araya García; and,

Considering:

I.- Prior to analyzing the merits of the matter —due to the alleged violation of the right to a prompt and completed procedure— it must be clarified that, based on Vote No. 2008-02545 at 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has considered that those matters in which it is disputed whether the Public Administration has complied or not with the deadlines set by the General Law of Public Administration (Law No. 6227) (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure –initiated ex officio or at the request of a party— or to hear the appropriate administrative appeals, must be referred to the contentious-administrative jurisdiction —with some exceptions. Precisely, in the sub lite case, an exception is raised, as it involves a complaint filed against an illegal construction in the zone of decree No. 25902-MIVAH-MP-MINAE and partially within the inalienable zone established by Law 65 of 1888, which cause environmental problems.

II.- Object of the appeal. The appellants claim a violation of their fundamental rights, stating that they are residents of Los Ángeles de San Rafael de Heredia, where a large building is being constructed, allegedly illegally, on calle Ciénaga, on the property of the corporation Ferofra S.A. They indicate that work with heavy machinery, earthworks (movimientos de tierra), and vegetation removal have been observed. They mention that these activities are carried out in an area where constructions intended for workshops or junkyards are prohibited, as it is an area of aquifer recharge and environmental protection. Thus, said construction puts at risk the environment, the fragility of the ecosystem, the protected aquifers, as well as the environmental rights of all Costa Ricans. They claim that to date the problem has not been solved.

II.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are considered duly demonstrated, either because they have been accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order:

a) On the property registered under folio real 4- 118401-000, in the district of Concepción, an illegal construction is being carried out in the zone of decree No. 25902-MIVAH-MP-MINAE and partially within the inalienable zone established by Law 65 of 1888. Therefore, a complaint was anonymously filed with the Municipality of San Rafael de Heredia (see the reports rendered and the evidence provided).

b) On November 11, 2024, the zone inspector of the Municipality of San Rafael de Heredia carried out an inspection on the property registered under folio real 4- 118401-000, in the district of Concepción, where, according to official letter IPUT-779-2024, the following was indicated: "(…) I hereby inform you that the inspection was carried out on property 118401, in the name of Rafael Humberto Sánchez Campos, due to a complaint received for an apparent Construction without a building permit. At the time of the inspection, a warehouse-type shed in perling was detected which is being built and does not have the corresponding permits, so closure seals were placed and Act 5782 was delivered to the owner, as shown in the following photographic record (…)" (see the reports rendered and the evidence provided).

c) On November 13, 2024, by means of notification act No. 5776, the zone inspector of the Municipality of San Rafael de Heredia indicates "Shed without a building permit." Therefore, the work was closed down again for not having the corresponding permits (see the reports rendered and the evidence provided).

d) On November 19, 2024, by means of official letter IPUT-779-2024, the zone inspector of the Municipality of San Rafael de Heredia indicated the following: "(…) I hereby inform you regarding the inspection request for property 118401, located in Ángeles, calle Lobo, 250 mts east of Rio Turales, in the name of Corporación Ferofra S.A, due to a complaint received via telephone and email indicating an apparent construction being carried out on said property, 'apparently a workshop shed.' Upon attending the location, the reported construction was detected, where the bases of the structure had been placed in perling; the people who were building were called, and we were told that the owner was not present, so we proceeded to leave act No. 5776, indicating that the work is closed down for not having the corresponding permits, and closure seals are placed as evidence of the aforementioned" (see the reports rendered and the evidence provided).

e) On November 19, 2024, at the Municipality of San Rafael de Heredia, Warning Resolution No. 797-IPUT-2024 was issued for property 118401, delivered to a worker on the property named Víctor González Alfaro (tractor driver), who was told that he must refrain from continuing with the work closed down by the Municipality, and he was warned of the judicial consequences should he continue with said illegal act (see the reports rendered and the evidence provided).

f) On November 20, 2024, by means of official letter IPUT-797-2024, the zone inspector of the Municipality of San Rafael de Heredia proceeded to indicate the following: "(…) I hereby inform you that, in the company of inspectors Hugo Vargas and Andrea Vindas, the property registered under Folio Real 4 204488-000 in the name of Corporación Ferofra S.A, located in Concepción, 120m north of the intersection of calle Lobo and calle Ciénega, has been visited, due to a telephone call from a taxpayer who decided not to identify themselves, reporting the continuation of the closed-down works. Therefore, the visit was coordinated with the municipal police, and upon arriving at the site, it was effectively observed that the closed-down works have continued, as per the previous photographic record presented in IPUT-779-2024, for which the following photographic record has again been obtained... (...) ...Additionally, it is reported that at the time of the visit, a tractor was leaving the indicated property, so the driver was approached by Municipal Police officer Mainor Calderón Briceño, who asked for his identification and it was indicated in the warning act attached to this official letter, which he signed, making him aware that he must not continue contributing to the construction process of the closed-down works until the corresponding procedure is followed. Furthermore, the same person who received notification act No. 0005776 in the previous visit mentioned in IPUT-779-2024 was at the site, but it was not possible for the police to approach him to obtain his personal data; however, Inspector Hugo Vargas also made him aware of the obligation not to continue the already closed-down works (…)" In addition, it is clarified that the property referred to in IPUT-797-2024 is No. 118401 and not No. 204488, as the report erroneously describes it (see the reports rendered and the evidence provided).

g) On November 21, 2024, with IPUT 808-2024, information was provided about the correction of the warning issued on property No. 204488, and it was rectified to property No. 1 18401 as the correct property on which the works have been executed without the corresponding permits (see the reports rendered and the evidence provided).

h) On January 6, 2025, at the Municipality of San Rafael de Heredia, a new inspection report number IPUT-011-2025 was made with updated information, confirming that during the 2024 year-end holiday period, contempt of authority continued, and in routine end-of-year inspections, the continuation of the works was confirmed. Likewise, the following was indicated: "(…) I hereby inform you that the property registered under Folio Real 4 118401-000 in the name of Corporación Ferofra S.A, located in Concepción, 120m north of the intersection of calle Lobo and calle Ciénega, which is closed down in accordance with IPUT-808-2024, has been visited. Upon arriving at the site, it was observed that the closed-down works have continued, as per the previous photographic record presented in IPUT-779-2024 and IPUT-797-2024, for which the following photographic record has again been obtained (…) Furthermore, the collaboration of the municipal police was coordinated, with officers Jonathan Solís and Jairo Carvajal arriving at the site to make the builders present aware that they are violating the Closure Order. However, they refused to open the gates and did not identify themselves, but even so, it was possible to speak with one of the workers and he was told again that he must not continue contributing to the construction process of the closed-down works until the corresponding procedure is followed. Subsequently, the seals were placed on the gates again, as shown in the following photographic record" (see the reports rendered and the evidence provided).

i) On January 8, 2025, Resolution IU-001-2025 was notified, indicating to the owner of property 4-118401-000, among other things, the following: "(…) a period of 30 days is granted for you to proceed to bring your situation into compliance through whatever corresponds in accordance with the current legal system, that is, to carry out at your own expense the demolitions of the works that do not fully comply with the law, which does NOT have a license and for which the existing Land Use designation is not a permit and is also not valid, and that in this way you comply with what is established in the current legal system" (see the reports rendered and the evidence provided).

j) On an undetermined date, the representative of the company filed an appeal for Reversal with a subsidiary Appeal against Resolution IU-001-2025 (see the reports rendered and the evidence provided).

k) On January 23, 2025, by official letter IU-009-2025, a certified copy of administrative file D-1865 corresponding to property 118401 was transferred for delivery to the Municipal Council. It was delivered by the Municipal Mayor's Office by official letter AM-072-2025 of January 23, 2025 (see the reports rendered and the evidence provided).

l) On March 7, 2025, Resolution IU-016-2025 was notified from the Unidad de Gestión Urbana Territorial to the Municipal Mayor's Office, rejecting the appeal for Reversal with a subsidiary appeal against Resolution IU-001-2025, so that the latter may in turn address the subsidiary Appeal (see the reports rendered and the evidence provided).

m) On March 21, the Municipal Mayor's Office resolved by rejection, through Resolution AM-020-2025, the appeal for Reversal with a subsidiary Appeal against Resolution IU-001-2025 (see the reports rendered and the evidence provided).

n) By means of report IU-120-2025 of September 3, 2025, the representative of the Unidad de Gestión Urbana Territorial of the Municipality of San Rafael de Heredia established the following: "In the first instance, regarding the demolition order for the works generated without a municipal license, I must indicate that they have not been executed given that the notification process that was carried out was subjected to a legal evaluation, before which, based on the principle of legality, a criterion was issued by official letter No. AL-486-2025, which invalidates the notification process, thus requiring the process to be restarted, since according to what was indicated by said legal advisory, the first resolution (IU-001-2025) had to have been notified personally, even though it was appealed by the legal representative of the company that owns the property on folio real 4-118401-000. Currently, the Municipal Mayor's Office requested a legal opinion days ago from the Internal Legal Advisory to analyze the possibility of applying a more expeditious procedure since the property is partially located in the inalienable zone established by Decree No. LXV of July 1888. The information requested regarding compliance with Resolution IU-001-2025, corresponding to the first resolution of the notification process carried out in this case and whether it was notified, I inform you that, as stated in the second paragraph, it was invalidated by the internal legal advisory, noting: 'any administrative procedure must be carried out personally to the registered owner of the real estate,' forcing this Unit to begin due process again, pending the request for legal criteria by the mayor's office. Regarding notification to the appellants or complainants in this case, I inform you that information on the follow-up and procedure with this case has been communicated repeatedly to complainants and interested parties who have provided their data to obtain this information. However, regarding the case previously associated with this file (No. 25-009503-0007-CO), no complaints or requests for information have been received from the appellants who filed the appeal in question, so no information has been transferred to them" (see the reports rendered and the evidence provided).

III.- On the merits. After analyzing the evidentiary elements provided, this Court verifies the violation of the fundamental rights of the appellants. This is because, in the report rendered by the representative of the respondent authority—which is taken as given under oath with the consequences, including criminal ones, provided in article 44 of the Law that governs this Jurisdiction—and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly accredited that on the property registered under folio real 4- 118401-000, in the district of Concepción, an illegal construction is being carried out in the zone of decree No. 25902-MIVAH-MP-MINAE and partially within the inalienable zone established by Law 65 of 1888. Therefore, a complaint was anonymously filed with the Municipality of San Rafael de Heredia. Thus, on November 11, 2024, the zone inspector of the Municipality of San Rafael de Heredia carried out an inspection on the property registered under folio real 4- 118401-000, in the district of Concepción, where, according to official letter IPUT-779-2024, the following was indicated: "(…) I hereby inform you that the inspection was carried out on property 118401, in the name of Rafael Humberto Sánchez Campos, due to a complaint received for an apparent Construction without a building permit. At the time of the inspection, a warehouse-type shed in perling was detected which is being built and does not have the corresponding permits, so closure seals were placed and Act 5782 was delivered to the owner, as shown in the following photographic record (…)" Additionally, on November 13, 2024, by means of notification act No. 5776, the zone inspector of the Municipality of San Rafael de Heredia indicates "Shed without a building permit." Therefore, the work was closed down again for not having the corresponding permits. Consequently, on November 19, 2024, by means of official letter IPUT-779-2024, the zone inspector of the Municipality of San Rafael de Heredia indicated the following: "(…) I hereby inform you regarding the inspection request for property 118401, located in Ángeles, calle Lobo, 250 mts east of Rio Turales, in the name of Corporación Ferofra S.A, due to a complaint received via telephone and email indicating an apparent construction being carried out on said property, 'apparently a workshop shed.' Upon attending the location, the reported construction was detected, where the bases of the structure had been placed in perling; the people who were building were called, and we were told that the owner was not present, so we proceeded to leave act No. 5776, indicating that the work is closed down for not having the corresponding permits, and closure seals are placed as evidence of the aforementioned." Thus, on November 19, 2024, at the Municipality of San Rafael de Heredia, Warning Resolution No. 797-IPUT-2024 was issued for property 118401, delivered to a worker on the property named Víctor González Alfaro (tractor driver), who was told that he must refrain from continuing with the work closed down by the Municipality, and he was warned of the judicial consequences should he continue with said illegal act. Likewise, on November 20, 2024, by means of official letter IPUT-797-2024, the zone inspector of the Municipality of San Rafael de Heredia proceeded to indicate the following: "(…) I hereby inform you that, in the company of inspectors Hugo Vargas and Andrea Vindas, the property registered under Folio Real 4 204488-000 in the name of Corporación Ferofra S.A, located in Concepción, 120m north of the intersection of calle Lobo and calle Ciénega, has been visited, due to a telephone call from a taxpayer who decided not to identify themselves, reporting the continuation of the closed-down works. Therefore, the visit was coordinated with the municipal police, and upon arriving at the site, it was effectively observed that the closed-down works have continued, as per the previous photographic record presented in IPUT-779-2024, for which the following photographic record has again been obtained... (...) ...Additionally, it is reported that at the time of the visit, a tractor was leaving the indicated property, so the driver was approached by Municipal Police officer Mainor Calderón Briceño, who asked for his identification and it was indicated in the warning act attached to this official letter, which he signed, making him aware that he must not continue contributing to the construction process of the closed-down works until the corresponding procedure is followed. Furthermore, the same person who received notification act No. 0005776 in the previous visit mentioned in IPUT-779-2024 was at the site, but it was not possible for the police to approach him to obtain his personal data; however, Inspector Hugo Vargas also made him aware of the obligation not to continue the already closed-down works (…)" In addition, it is clarified that the property referred to in IPUT-797-2024 is No. 118401 and not No. 204488, as the report erroneously describes it. Moreover, on November 21, 2024, with IPUT 808-2024, information was provided about the correction of the warning issued on property No. 204488, and it was rectified to property No. 1 18401 as the correct property on which the works have been executed without the corresponding permits. Subsequently, on January 6, 2025, at the Municipality of San Rafael de Heredia, a new inspection report number IPUT-011-2025 was made with updated information, confirming that during the 2024 year-end holiday period, contempt of authority continued, and in routine end-of-year inspections, the continuation of the works was confirmed.

Likewise, the following is indicated: “(…) I inform you that the property registered under Real Folio 4 118401-000 in the name of Corporación Ferofra S.A, located in Concepción, 120m north of the intersection of Calle Lobo and Calle Ciénega, has been visited, and it is under a closure order pursuant to IPUT-808-2024. Upon arriving at the site, it is observed that the works that were ordered closed have continued, as shown in the previous photographic record presented in IPUT-779-2024 and IPUT-797-2024, and therefore the following photographic record has been obtained again (…). In addition, the collaboration of the municipal police has been coordinated, and officers Jonathan Solís and Jairo Carvajal arrived at the site to inform the builders present that they are in violation of the closure order. However, they refused to open the gates or to identify themselves, but it was still possible to speak with one of the workers and he was again informed that he must not continue contributing to the construction process of the closed works until the corresponding procedure is completed. Subsequently, the seals were once again placed on the gates, as shown in the following photographic record.” In this manner, on January 8, 2025, Resolution IU-001-2025 was notified, indicating to the owner of property 4-118401-000, among other things, the following: “(…) you are granted a period of 30 days to regularize your situation through the appropriate means in accordance with the current legal system, that is, to carry out on your own the demolitions of the works that do not fully comply with the law, which do NOT have a license and for which the existing Land-Use (Uso de Suelo) designation is not a permit and is also no longer valid, and to thus comply with the provisions of the current legal system.” Faced with this situation, on an unspecified date, the representative of the company filed a Motion for Reconsideration with Subsidiary Appeal (Recurso de Revocatoria con Apelación Subsidiaria) against Resolution IU-001-2025. Therefore, on January 23, 2025, via official letter IU-009-2025, a certified copy of administrative file D-1865, corresponding to property 118401, was forwarded to be delivered to the Municipal Council. It was delivered by the Municipal Mayor's Office (Alcaldía Municipal) under official letter AM-072-2025 of January 23, 2025. Subsequently, on March 7, 2025, Resolution IU-016-2025 was notified from the Territorial Urban Management Unit (Unidad de Gestión Urbana Territorial) to the Municipal Mayor's Office, rejecting the Motion for Reconsideration with subsidiary appeal against Resolution IU-001-2025, so that the latter could in turn hear the Subsidiary Appeal. Furthermore, on March 21, the Municipal Mayor's Office resolved by rejecting, through Resolution AM-020-2025, the Motion for Reconsideration with Subsidiary Appeal against Resolution IU-001-2025. Finally, through report IU-120-2025 of September 3, 2025, the representative of the Territorial Urban Management Unit of the Municipality of San Rafael de Heredia stated the following: “In the first instance, regarding the demolition order for the works built without a municipal license, I must indicate that they have not been executed, given that the notification process that was carried out was subjected to a legal evaluation, based on which, and grounded in the principle of legality, a criterion was issued through official letter No. AL-486-2025, invalidating the notification process, thus requiring the process to be restarted, since, according to that legal advisory office, the first resolution (IU-001-2025) should have been notified personally, even though it was appealed by the legal representative of the company that owns the property registered under Real Folio 4-118401-000. Currently, the Municipal Mayor's Office requested an opinion from the Internal Legal Advisory Office days ago to analyze the possibility of applying a more expeditious procedure, given that the property is partially located within the inalienable zone (zona inalienable) established by Decree No. LXV of July 1888. Regarding the information requested about compliance with Resolution IU-001-2025, corresponding to the first resolution in the notification process carried out in this case, and whether it was notified, I inform you that, as stated in the second paragraph, it was invalidated by the internal legal advisory office, which indicated: ‘any administrative procedure must be carried out personally with the registered owner of the real estate,’ obliging this Unit to start the due process again, pending the request for a legal opinion by the mayor's office. As for the notification to the appellants or complainants in this case, I state that information regarding the follow-up and proceedings in this case has been communicated on repeated occasions to complainants and interested parties who have provided their data to obtain this information. However, regarding the case previously associated with this file (No. 25-009503-0007-CO), no complaints or requests for information have been received from the appellants who filed the appeal in question, so no information has been sent to them.”

In this regard, it is verified that for more than 10 months, the respondent Municipality verified that on the property registered under Real Folio 4-118401-000, in the district of Concepción, construction is being carried out outside the law within the zone governed by Decree No. 25902-MIVAH-MP-MINAE and partially within the inalienable zone established by Law 65 of 1888, as a result of an anonymous complaint. Thus, in the face of this situation, it is verified that the Municipality has carried out several inspections at the site, where it verified the illegal construction without the respective permits (“Warehouse without a construction permit”), and it has proceeded to place closure seals, which have been violated on multiple occasions, in total contempt of authority, and the continuation of the works has been confirmed. Thus, it is reiterated that on January 8, 2025, Resolution IU-001-2025 was notified, indicating to the owner of property 4-118401-000, among other things, the following: “(…) you are granted a period of 30 days to regularize your situation through the appropriate means in accordance with the current legal system, that is, to carry out on your own the demolitions of the works that do not fully comply with the law, which do NOT have a license and for which the existing Land-Use designation is not a permit and is also no longer valid, and to thus comply with the provisions of the current legal system.” Faced with this situation, the respective appeals were filed, which have been rejected. However, despite the foregoing, to date it has been demonstrated that the demolition order for the works built without a municipal license has not been executed, given that the notification process that was carried out was subjected to a legal evaluation, and the notification process was invalidated, thus requiring the process to be restarted.

Thus, it is noted that although it is true that the Municipality of San Rafael de Heredia has taken actions to resolve the denounced problem, the truth is that to date the respective procedure has not been completed, and therefore the demolition order for the works built without a municipal license has not been executed, and an unauthorized construction (without permits) remains to this day within the zone governed by Decree No. 25902-MIVAH-MP-MINAE and partially within the inalienable zone established by Law 65 of 1888. For the foregoing reasons, an injury to the fundamental rights of the appellants, as well as to the neighbors of the area, is verified.

By virtue of the foregoing, the appropriate course is to grant the appeal.

IV. Note from Magistrate Castillo Víquez, regarding prompt and complete administrative justice. I have supported the thesis of this Court that when a party alleges a violation of the right to prompt and complete justice in administrative proceedings, the competent bodies to hear the legal dispute are the Administrative-Contentious Courts and not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, the Law Regulating the Right of Petition (Ley de Regulación del Derecho de Petición), it has been established that this right is subject to judicial protection by means of the amparo remedy established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the Administration’s material actions, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, since, based on numeral 7 of its Law, it is exclusively responsible for defining its own jurisdiction. Therefore, except for those legal-constitutional disputes that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which may be heard in this jurisdiction through the constitutional process of amparo protection, in all other cases, and for the reasons given by this Court (judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent judges are those of the administrative-contentious jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms, based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.

V.-- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days from the notification of this judgment. Otherwise, any material not removed within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

 

Therefore:

The appeal is granted. Jorge Eduardo Arias Santamaría, in his capacity as mayor, and Esteban Arce Camacho, in his capacity as head of the Territorial Urban Management Unit, both of the Municipality of San Rafael de Heredia, or whomever holds those positions, are ordered to adopt the necessary, effective, and timely measures required to guarantee a solution to the denounced problem, which must be done within a period of SIX MONTHS, from the notification of this judgment. The respondent authority is warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be fulfilled or enforced, issued in an amparo appeal, and fails to fulfill it or have it fulfilled, provided that the offense is not more severely punished. The Municipality of San Rafael de Heredia is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment in the administrative-contentious jurisdiction. Magistrate Castillo Víquez records a note. Notify.

 

 

 

 

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Fernando Castillo V.

President

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Fernando Cruz C.

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\t

Jorge Araya G.



Ingrid Hess H.

\t

 

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Ileana Sánchez N.



Jorge Isaac Solano A.

\t

 

\t

Alexandra Alvarado P.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

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