Res. 30070-2025 Sala Constitucional — Scrapyard next to educational center causes pollution and state inactionChatarrera contigua a centro educativo genera contaminación e inacción estatal

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Sala Constitucional

Resolución Nº 30070 - 2025

Fecha de la Resolución: 19 de Setiembre del 2025 a las 09:30

Expediente: 25-023199-0007-CO

Redactado por: Ingrid Hess Herrera

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con nota separada

Indicadores de Relevancia

Sentencia relevante

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Ambiental,Derecho a la salud,Der Económicos sociales culturales y ambientales

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: AMBIENTE

Subtemas:

CONTAMINACION.
BASURA.
CONTAMINACION SONICA.

Tema: MUNICIPALIDAD

Subtemas:

INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.

Tema: PODER EJECUTIVO

Subtemas:

ORDEN SANITARIA..
INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.

030070-25. AMBIENTE. MUNICIPALIDAD. PODER EJECUTIVO. REPRESENTANTES DE UN CENTRO EDUCATIVO, ACUSAN QUE A LA PAR DEL LUGAR, HAY UNA CHATARRERA QUE GENERA UN RUIDO EXCESIVO, OLORES TÓXICOS Y OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA PÚBLICA, SIN QUE LAS AUTORIDADES HAGAN NADA, PESE A LAS GESTIONES DE LOS VECINOS. SE DECLARA CON LUGAR EL RECURSO. SE LE ORDENA A LA MUNICIPALIDAD DE ATENAS Y A LA DIRECTORA DEL ÁREA RECTORA DE SALUD ATENAS DEL MINISTERIO DE SALUD, QUE DISPONGAN TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS Y COORDINEN LO PERTINENTE, DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, PARA QUE DE INMEDIATO: (I) EJERZAN DE FORMA CONJUNTA SUS COMPETENCIAS DE CONTROL; (II) GARANTICEN QUE LA ACTIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DENUNCIADO NO LESIONE EL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO; (III) DISPONGAN LA ELIMINACIÓN DE CHATARRA, ACEITES, QUEMAS Y DESECHOS ACUMULADOS EN LA VÍA PÚBLICA O EN COLINDANCIA CON LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y (IV). VCG09/2025

“(…) IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. De los hechos probados se acredita que el establecimiento [Nombre 007] cuenta con una patente comercial otorgada por la Municipalidad de Atenas exclusivamente para la venta de repuestos de vehículos, así como con un permiso sanitario de funcionamiento concedido por el Ministerio de Salud. De la abundante prueba aportada por la parte recurrente, particularmente fotografías e imágenes que obran en autos, se constata de manera directa y objetiva: (i) la existencia de vehículos totalmente desmantelados, convertidos en chatarra, ubicados sobre el derecho de vía pública en colindancia inmediata con las instalaciones de la [Nombre 002]; (ii) un espacio dentro del inmueble destinado al almacenamiento indiscriminado de grandes cantidades de partes automotrices y desechos metálicos; (iii) rastros de quemas recientes de materiales contaminantes en plena vía pública, con emisiones de humo; y (iv) la recolección de aceites usados en estañones, después de ser drenados de los automotores. Estas condiciones, verificables en la prueba fotográfica contrastan con los informes rendidos por las autoridades accionadas, quienes aducen que la actividad, consiste solamente en venta de repuestos, sin ningún impacto ambiental.

De esta forma, queda demostrado que la actividad desplegada por el establecimiento no se limita a la venta de repuestos, sino que abarca operaciones de desarme de vehículos, manejo de desechos peligrosos y prácticas contaminantes que rebasan por completo lo permitido. La existencia de chatarra y residuos en colindancia directa con una institución educativa refuerza la afectación al derecho fundamental del recurrente y su representada, pues compromete no solo el ambiente sino también la salud, seguridad y calidad de vida de una comunidad.

El artículo 50 de la Constitución Política reconoce el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, imponiendo al Estado el deber de tutelarlo y garantizarlo. Dicho derecho no es meramente programático, sino plenamente exigible a través del recurso de amparo, por su vinculación directa con la salud, la dignidad humana y el derecho a la vida. A ello se suma el artículo 21 constitucional, que protege la vida en todas sus manifestaciones, y el artículo 46, que resguarda a los consumidores y usuarios frente a riesgos para su salud y seguridad.

Desde el plano legal, la Ley Orgánica del Ambiente (n.º 7554) establece en su artículo 2 que la protección del ambiente es de orden público y de interés social y en su artículo 11 impone a las municipalidades y al Ministerio de Salud la obligación de prevenir, vigilar y sancionar conductas contaminantes. Asimismo, el Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruido (Decreto Ejecutivo n.º 39433-S) designa al Ministerio de Salud como autoridad competente para fiscalizar y corregir emisiones sonoras que sobrepasen los límites permitidos, obligación que en este caso no fue ejercida de manera diligente y efectiva.

Ahora bien, tanto la Municipalidad de Atenas como el Ministerio de Salud incurrieron en falencias significativas. La Municipalidad otorgó la patente y realizó inspecciones, pero sin un control estricto ni seguimiento oportuno que asegurara la corrección de las anomalías constatadas. Por su parte, el Ministerio de Salud, si bien otorgó el permiso sanitario e hizo visitas iniciales, no desplegó una fiscalización suficiente: retrasó las mediciones sónicas necesarias, no constató de forma integral las quemas y la disposición de aceites, y trasladó al habitante la carga de presentar una y otra vez denuncias, incumpliendo con su deber de garante del interés público en materia sanitaria.

Debe recordarse que la jurisprudencia constitucional ha establecido reiteradamente que la fragmentación de competencias entre instituciones públicas no puede traducirse en excusas para la inacción ni en un vacío de tutela efectiva. Por el contrario, los principios de eficacia, coordinación y buena administración (artículos 11 y 50 de la Constitución y artículos 3, 4 y 8 de la Ley General de la Administración Pública) imponen a las autoridades recurridas el deber de articular esfuerzos para garantizar que las actividades comerciales se desarrollen dentro de los márgenes legales y sin menoscabar derechos fundamentales.

En este caso, el contraste entre lo documentado por los recurrentes en las fotografías —vehículos totalmente desarmados en vía pública, acumulación de chatarra, quemas y almacenamiento de aceites en estañones— y lo reportado en los informes rendidos bajo juramento por los recurridos, revela una discordancia grave que no puede ser soslayada. La Sala ha sostenido que, ante prueba directa y verificable de afectación ambiental y sanitaria, corresponde aplicar el principio precautorio reconocido en el derecho ambiental, según el cual, en caso de duda sobre la magnitud del daño, debe prevalecer la prevención sobre la inacción.

De particular relevancia resulta el oficio MAT-PAT-0204-2025, de fecha 20 de junio de 2025, suscrito por el señor Jimmy Rojas del Departamento de Patentes de la Municipalidad de Atenas, en el cual se da respuesta a la denuncia planteada por los recurrentes. En dicho oficio, la autoridad municipal se limita a señalar que la competencia para atender las denuncias sobre ruido corresponde al Ministerio de Salud y que la obstaculización de la vía pública debe ser conocida por la Unidad Técnica de Gestión Vial (UTGV) o el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). Asimismo, se advierte que “no todas las respuestas tienen carácter de solución” y que, en algunos casos, la persona afectada debe acudir directamente ante los entes correspondientes. Esta respuesta, lejos de constituir un acto de tutela efectiva, refleja un traslado indebido de la carga al recurrente, en abierta contradicción con la naturaleza del derecho fundamental al ambiente sano y a la salud, que exige de la Administración un actuar diligente, coordinado y eficaz.

Esta Sala ha sido enfática en señalar que la fragmentación de competencias entre instituciones no puede traducirse en excusas para la inacción ni en un vacío de tutela efectiva, todo lo contrario, adquiere especial relevancia el principio de coordinación administrativa, en tanto expresión concreta del deber de colaboración entre los entes públicos que concurren en la satisfacción de un derecho fundamental.

Es decir, que en virtud del principio de coordinación interinstitucional corresponde a las autoridades públicas articular sus competencias de manera tal que se brinden soluciones reales y se evite trasladar al administrado una carga que el ordenamiento no le impone. En este caso, la Municipalidad de Atenas no podía limitarse a derivar la denuncia al MOPT, sino que estaba obligada a gestionar activamente la coordinación interinstitucional necesaria para resolver la problemática denunciada, particularmente en lo relativo al retiro de vehículos desmantelados en la vía pública y a la fiscalización de las actividades contaminantes.

Este deber de actuación encuentra respaldo expreso en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Ambiente, que establece que el Estado, las municipalidades y los particulares están obligados a prevenir la contaminación y a procurar el mejoramiento del ambiente, debiendo dictar medidas necesarias para evitar daños y adoptar correctivos cuando estos se produzcan. La omisión en el ejercicio de estas potestades por parte de la Municipalidad de Atenas y del Ministerio de Salud constituye, en consecuencia, una infracción directa al mandato constitucional del artículo 50 y al deber legal de tutela ambiental.

En consecuencia, la falta de vigilancia sostenida y coordinada por parte de ambas instituciones ha generado un desfase institucional que compromete el derecho fundamental de los recurrentes a un ambiente sano y a la salud, permitiendo que se desarrollen actividades riesgosas y contaminantes. No se trata de simples irregularidades administrativas, sino de omisiones graves que lesionan derechos constitucionales, frente a las cuales esta Sala debe intervenir mediante la presente vía de amparo.

Ergo, este Tribunal estima que la omisión de una supervisión adecuada por parte de la Municipalidad de Atenas y del Ministerio de Salud compromete directamente el derecho fundamental de la parte recurrente y su representada a un ambiente sano y a la salud. No se trata de una simple deficiencia administrativa, sino de una vulneración constitucional que exige medidas inmediatas, coordinadas y sostenidas de fiscalización y corrección.

Por tanto, procede declarar con lugar el recurso de amparo y ordenar a la Municipalidad de Atenas y al Ministerio de Salud: (i) ejercer de forma conjunta e inmediata sus competencias de control y sanción; (ii) garantizar que la actividad del establecimiento denunciado no lesione el derecho a un medio ambiente sano; (iii) disponer la eliminación de chatarra, aceites, quemas y desechos acumulados en la vía pública o en colindancia con la institución educativa; y (iv) implementar medidas preventivas y correctivas que aseguren la no repetición de estas prácticas.

V.- CONCLUSIÓN. Bajo este orden de circunstancias se impone declarar con lugar el recurso de amparo, según lo dispuesto en la parte dispositiva de esta sentencia. (…)”




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Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida

Subtemas:

NO APLICA.

ARTICULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

“(…) I.- ACLARACIÓN PREVIA. Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la Sentencia Nº 2008-02545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones- aquellos asuntos en los que se discute si la Administración Pública ha cumplido o no los plazos razonablemente pautados para resolver las solicitudes planteadas por los administrados a la luz de lo dispuesto por el artículo 41, de la Constitución Política. En el caso concreto, se plantea un supuesto de excepción, pues se plantea la falta de resolución de denuncias relacionadas con contaminación y riesgos sanitarios cuya situación expone a la comunidad. Atendiendo a lo expuesto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este recurso. (…)” VCG09/2025

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Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 050- Ambiente

Subtemas:

NO APLICA.

ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

“(…) El artículo 50 de la Constitución Política reconoce el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, imponiendo al Estado el deber de tutelarlo y garantizarlo. Dicho derecho no es meramente programático, sino plenamente exigible a través del recurso de amparo, por su vinculación directa con la salud, la dignidad humana y el derecho a la vida. A ello se suma el artículo 21 constitucional, que protege la vida en todas sus manifestaciones, y el artículo 46, que resguarda a los consumidores y usuarios frente a riesgos para su salud y seguridad.

Desde el plano legal, la Ley Orgánica del Ambiente (n.º 7554) establece en su artículo 2 que la protección del ambiente es de orden público y de interés social y en su artículo 11 impone a las municipalidades y al Ministerio de Salud la obligación de prevenir, vigilar y sancionar conductas contaminantes. Asimismo, el Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruido (Decreto Ejecutivo n.º 39433-S) designa al Ministerio de Salud como autoridad competente para fiscalizar y corregir emisiones sonoras que sobrepasen los límites permitidos, obligación que en este caso no fue ejercida de manera diligente y efectiva. (…)” VCG09/2025

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Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Nota separada

Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida

Subtemas:

NO APLICA.

VI.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley N° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

VCG09/2025

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Texto de la resolución

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Exp: 25-023199-0007-CO

Res. Nº 2025030070

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del diecinueve de setiembre de dos mil veinticinco .

  Recurso de amparo que se tramita en expediente número 25-023199-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], a favor de [Nombre 002]., contra EL MINISTERIO DE SALUD Y LA MUNICIPALIDAD DE ATENAS.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la secretaría de esta Sala el 05 de agosto de 2025, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra EL MINISTERIO DE SALUD Y LA MUNICIPALIDAD DE ATENAS. Manifiesta que la academia amparada fue fundada el 16 de junio de 2006 y opera en una finca ubicada en Sabana Larga de Atenas, ofreciendo enseñanza del idioma español y programas de voluntariado para estudiantes extranjeros en un entorno residencial. El 18 y 19 de mayo de 2023 enviaron al Ministerio de Salud y la Municipalidad de Atenas una alerta sobre la instalación de un taller de venta de chatarra y deshuese de vehículos contiguo a la academia, operado por [Nombre 003]. A pesar de las advertencias, el 21 de setiembre de 2023 se otorgó a [Nombre 007] una patente comercial para venta de partes de vehículos. En setiembre de 2023, la Auditoría Interna de la Municipalidad de Atenas emitió un informe que reveló deficiencias en los controles del Departamento de Patentes, incluyendo falta de personal, procedimientos incompletos y expedientes mal organizados. El 26 de marzo de 2025, se reiteraron las denuncias sobre ruido excesivo, olores tóxicos, obstrucción de la vía pública, presencia de chatarra y aumento de casos de dengue por criaderos de mosquitos. Se plantearon consultas a la municipalidad sobre la legalidad de esas actividades en un área residencial y educativa. El 22 de abril de 2025 se envió un correo al coordinador del Departamento de Patentes, solicitando respuesta. El 20 de mayo y el 13 de junio se insistió mediante correos y una visita personal; no obstante, la autoridad recurrida municipal alegó falta de tiempo y gestiones con otras instituciones, sin ofrecer soluciones concretas. El 20 de junio de 2025, mediante oficio MAT-PAT-0204-2025, el Departamento de Patentes respondió con lenguaje ambiguo, sin atender las denuncias y derivó la responsabilidad al Ministerio de Salud y al Ministerio de Transportes (véase el oficio aportado como prueba). El 07 de abril de 2025 se realizó la primera inspección al taller, constatando la presencia de partes de vehículos en la vía pública, sin evidencia de acciones correctivas. La patente otorgada al taller MAT-PAT-328-2023 autoriza únicamente la venta de partes de vehículos, sin incluir actividades de deshuese ni acumulación de chatarra, lo que exige controles periódicos por parte de las autoridades. Por lo expuesto, solicita a la Sala Constitucional que declare con lugar el recurso de amparo, restituya los derechos vulnerados, ordene a la Municipalidad de Atenas y al Ministerio de Salud ejercer vigilancia efectiva sobre el cumplimiento de las patentes y permisos otorgados.

2.- Por resolución de las 09:06 horas del 29 de agosto de 2025, la presidencia de esta Sala dio curso al presente proceso.

3.- Informa bajo juramento Maricruz Arce Delgado, en su condición de auditora interna de la Municipalidad de Atenas, quien manifiesta lo siguiente: “… Primero, es fundamental clarificar que la función de la Auditoría Interna es de fiscalización y control posterior, por lo que la labor del auditor se limita a la evaluación de la gestión y los controles internos de las dependencias municipales, como lo es en este caso el Departamento de Patentes. La responsabilidad de atender las denuncias sobre el taller de venta de chatarra, el otorgamiento de su patente, así como la verificación del cumplimiento de los términos de la misma, corresponde exclusivamente a la Administración Activa. Es necesario reiterar que como Auditora interna no me compete la gestión activa ni la toma de decisiones administrativas, como lo es el otorgamiento de patentes, ya que estas responsabilidades recaen exclusivamente en la Administración Activa. Por lo que, respecto a mi participación de los hechos alegados cabe recalcar que la Auditoría interna emitió un Informe final del Estudio realizado en Patentes, el cual fue debidamente remitido a las autoridades correspondientes, y en donde, se indicaron una serie de recomendaciones. Asimismo, al remitir el informe final, mediante el Oficio MAT-AUI-118-2023 se reiteró que las recomendaciones generadas en los informes de auditoría son de acatamiento obligatorio y deben ser cumplidas dentro de los plazos que se han previsto por mutuo acuerdo. En la misma línea, se indica que el informe se emitió con el objetivo de dar cumplimiento con el deber de alertar sobre las vulnerabilidades detectadas por el sistema de control interno, de manera que la Administración Activa tome las acciones correctivas necesarias. Por tanto, la Auditoría Interna, siendo la suscrita parte de la misma; no otorga permisos, no realiza inspecciones operativas ni tiene la autoridad para ordenar acciones directas sobre una patente o un negocio en particular. Ahora bien, cabe aclarar que el proceso de seguimiento de las recomendaciones del Informe Final de 2023 se encuentra en curso, muestra de esto son los correos electrónicos emitido por la suscrita Auditora, con fechas del 23 de febrero de 2024 y en enero 2025; en donde le solicita al Departamento de Patentes de la Municipalidad de Atenas que comuniquen sobre el seguimiento del Informe rendido por Auditoría, y los correos electrónicos de respuesta emitido por el coordinador de patentes de la Municipalidad de Atenas Jimmy Rojas Chavarría, con fecha del 4 de marzo de 2024, el 26 de junio 2024 y en fecha 7 de marzo 2025, en donde se remite tres seguimientos de recomendaciones. De conformidad con los hechos anteriormente expuestos, se reafirma que la suscrita, en su calidad de Auditora Interna, ha cumplido con su función al identificar y reportar las deficiencias en el Departamento de Patentes y dar el seguimiento a la implementación en la medida de las posibilidades, considerando que es un departamento de auditoría unipersonal con poco tiempo para atender todo el universo auditable; todo esto contenido en el Informe Final que fue remitido a las autoridades competentes. Sin embargo, la gestión operativa, la atención de denuncias y el control de las patentes otorgadas son responsabilidades inherentes a la Administración Activa. Por lo tanto, le solicito a esta honorable Sala Constitucional que tenga por rendido el informe solicitado y que se considere el alcance limitado de mis funciones como auditora interna y redirija la solicitud de documentación y pruebas a las dependencias directamente implicadas en los hechos; siendo la correspondiente Administración Activa.”.

4.- Informan bajo juramento Máximo Chaves Ovares y Jimmy Reinier Rojas, por su orden alcalde y encargado del Departamento de Patentes, ambos de la Municipalidad de Atenas, quienes señalan lo siguiente: “… El señor [Nombre 003] solicitó patente comercial el 5 de septiembre de 2023 para la actividad de Venta de partes de vehículos para lo que cumplió con los requisitos normativos como el permiso de uso de suelo (MAT-CATAST-0864-2023), permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud (04/08/2023), y constancia de inscripción ante Hacienda. La patente fue otorgada mediante resolución MAT-PAT-328-2023. Por su parte la [Nombre 002], solicitó patente el 7 de septiembre de 2023, otorgada mediante resolución MAT-PAT-340-2023, como su autoridad puede notar la existencia de ambas actividades económicas coinciden desde el momento en que ambas iniciaron labores de manera ajustada al derecho tributario municipal, pese a ello desde mayo de 2023, la recurrente comunicó informalmente la instalación de una actividad comercial contigua a la academia, posteriormente en marzo de 2025 reitera la denuncia de manera formal indicando que se trata de molestias a causa del ruido, malos olores, obstrucción de vía pública, acumulación de chatarra y criaderos de mosquitos, situaciones que son competencia del Ministerio de Salud Pública. Para atender la denuncia de la recurrente se realizaron inspecciones el 7 de abril de 2025, constatando la presencia de partes de vehículos en la vía pública, pero no se observó actividad de deshuese ni quema activa en ese momento, por lo que se realizaron las advertencias correspondientes al patentado sobre la necesidad de corregir las anomalías. Según el Reglamento para el Control de la Contaminación el ente competente para fiscalizar ruidos, olores y condiciones sanitarias es el Ministerio de Salud Pública. La patente otorgada a [Nombre 007] es para la venta de partes de vehículos, no incluye actividades de deshuese ni acumulación de chatarra, por lo que se ha advertido al patentado que debe operar conforme a los alcances autorizados. Como se desprende del análisis del expediente, se ha informado a la recurrente que las denuncias deben ser canalizadas ante el Ministerio de Salud conforme corresponde.”.

5- Informa bajo juramento Maryorie Campos Segura, en su condición de directora del Área Rectora de Salud Atenas del Ministerio de Salud, quien indica lo siguiente: “… PRIMERO: Para una mejor comprensión de la Sala Constitucional, en virtud de lo señalado por la señora [Nombre 001] a favor de [Nombre 002]., la cual indica que este Ministerio no ha ejercido la vigilancia efectiva vinculada a denuncias por ruido excesivo, olores tóxicos, obstrucción de la vía pública, presencia de chatarra y aumento de casos de dengue por criaderos de mosquitos, resulta procedente manifestar que esta Cartera bajo el deber de probidad con el cual debe actuar la Administración Pública y el objetivo de satisfacer el interés público en conjunto con las necesidades colectivas prioritarias en resguardo de la salud, ha recibido y tramitado UNA DENUNCIA vinculada a la operación de la venta de partes usadas de vehículos, [Nombre 007] ubicados en Sabana Larga, calle El tanque, situación que devenga en la correcta aplicación de la Ley Orgánica del Ministerio de Salud y la Ley General de Salud, así como la normativa conexa y verificación en el sitio del cumplimiento de las normas arriba citadas. SEGUNDO: Que específicamente sobre las gestiones que manifiesta la recurrente no han sido atendidas por esta Dirección, se procederá a detallar las diligencias efectuadas: 1) En fecha 19 de mayo del 2023, se recibe en el Área Rectora de Salud Atenas, UNA denuncia, asignándosele el consecutivo 488-A, interpuesta contra el establecimiento de venta de partes usadas de vehículos, [Nombre 007], por contaminación sónica y ambiental que esta actividad genera, indicando que es una zona residencial y escolar, dentro de esta denuncia figura la señora [Nombre 001] y el señor [Nombre 006]. 2) Que el día 06 de julio del 2023, se efectúa visita a la casa de habitación de la denunciante [Nombre 001], por parte de funcionarios de esta Área Rectora, con el objetivo de atender la denuncia presentada por esta, dicha acción queda plasmada a través del acta de inspección AIO-MBC-52-2023. 3) Que el día 10 de julio del 2023, se efectúa visita al establecimiento de venta de partes usadas de vehículos, [Nombre 007], por parte de funcionarios de esta Área Rectora, con el objetivo de atender la denuncia ya citada, dicha acción queda plasmada a través del acta de inspección AIO-MBC-54-2023 determinándose: “(…) en caso de que la molestia por ruido persista se llevara a cabo la respectiva medición de ruido (…) (…) no se evidencia ningún tipo de almacenamiento de combustible (…) (…) el establecimiento actualmente no cuenta con PSF” 4) Que mediante oficio DRRSCN-ARSA-0133-2023 de fecha 11 de julio del 2023 emitido por la señora Marjorie Campos Segura, Directora de esta Área, se le otorgan 03 días hábiles al establecimiento de venta de partes usadas de vehículos, [Nombre 007], para tramitar el respectivo Permiso Sanitario de Funcionamiento. Dicho oficio fue notificado el 17 de julio del 2023. 5) Que mediante la presentación del Formulario Unificado de Solicitud de Permiso por parte del señor [Nombre 003], se otorga el Permiso Sanitario de Funcionamiento desde el 04 de agosto del 2023 hasta el 04 de agosto del 2028 al establecimiento de venta de partes usadas de vehículos, [Nombre 007]. 6) Que el día 26 de julio del 2023, se efectúa visita a la casa de habitación de la denunciante [Nombre 001], por parte de funcionarios de esta Área Rectora, con el objetivo de programar medición sónica al establecimiento ya citado, sin embargo, pese a constantes llamados, no atienden a la autoridad sanitaria, dicha acción queda plasmada a través del acta de inspección AIO-MBC-61-2023. 7) Que el día 24 de agosto del 2023, se efectúa visita a la casa de habitación de la denunciante [Nombre 001], por parte de funcionarios de esta Área Rectora, con el objetivo de programar medición sónica al establecimiento ya citado; sin embargo, pese a constantes llamados, no atienden a la autoridad sanitaria, dicha acción queda plasmada a través del acta de inspección AIO-MBC-85-2023. 8) Para efectuar las respectivas mediciones sónicas, se necesita ejecutarlas desde inmueble que indicara la denunciante, previa coordinación de las horas, los días y el contacto de las personas que atenderán para realizar dicho procedimiento. Además, según lo establecido en el Procedimiento para la Medición de Ruido N.º 32692 (vigente al momento de la denuncia de cita del año 2023), artículo 6, señala que se debía asegurar que las mediciones se efectúen dentro de las edificaciones (no contempla las áreas abiertas patio, jardín o línea de propiedad, entre otras áreas externas) y debe ser realizada con las puertas cerradas y las ventanas abiertas. 9) Siendo que desde el día 24 de agosto del 2023, no se presentaron nuevos reportes de molestia y el establecimiento se encontraba con el Permiso Sanitario de Funcionamiento, el caso fue dado como atendido satisfactoriamente. 10) Que el día 02 de setiembre del 2025, se efectúa visita al establecimiento de venta de partes usadas de vehículos, [Nombre 007], por parte de los inspectores de control de vectores, Rafael Alvarado Carranza, Alexander Chaves Blanco y la gestora ambienta, Ingeniera Meylin Balladares Centeno. Se realizaron inspecciones dentro y fuera del local. No se encontraron criaderos positivos de dengue, pero de forma preventiva se aplicó abate que es un larvicida. Durante la visita se encontraron algunas oportunidades de mejora, en el tema de organización de los residuos materiales en el establecimiento, por lo que en días posteriores le serán notificadas. Así mismo, no estaban trabajando con maquinaria que generara ruido, no se encontró presencia de sustancias peligrosas. No había ni chatarra ni vehículos propiedad de la venta de repuestos, en la vía pública, la misma se encontraba libre. Todo lo anterior queda plasmado en el acta de inspección AIO-MBC-268-2025 de fecha 02 de setiembre del 2025. 11) Que el día 02 de setiembre del 2025, se efectúa visita a las instalaciones [Nombre 002]., atiende la recurrente [Nombre 001], con el objetivo de conocer sobre posibles afectaciones a la normativa sanitaria. Manifiesta sobre quemas, pero al momento de la inspección, tampoco se visualizaron evidencias de quemas. En virtud de lo señalado por la recurrente, se procede a coordinar una fecha de medición sónica, la cual se realizará en la segunda quincena de setiembre del 2025. Todo lo anterior queda plasmado en el acta de inspección de fecha 02 de setiembre del 2025. PARA QUE DICHA SALA RESPETUOSAMENTE CONSIDERE Según lo arriba indicado, sobre la problemática denunciada, se ha evidenciado en los antecedentes citados la atención efectiva y oportuna de la ÚNICA denuncia presentada ante esta Área Rectora de Salud y de las inspecciones realizadas se desprende el siguiente panorama de atención: A. El aparente problema denunciado es generado por ruido excesivo, olores tóxicos, obstrucción de vía pública, presencia de chatarra y casos de dengue, entre otros. B. El establecimiento de venta de partes usadas de vehículos, [Nombre 007], cuenta con su respectivo permiso sanitario de funcionamiento vigente. C. A la fecha actual se han realizado 02 inspecciones, donde NO se han logrado comprobar incumplimientos. D. Se comprueba de que las actividades realizadas por las empresas involucradas se encuentran facultadas en cuanto a la normativa de competencia de esta dependencia, la problemática de ruido denunciada debe ser comprobada mediante el proceso técnico dispuesto en el Reglamento para el control del ruido ambiental, Decreto Ejecutivo N.º 44486 (vigente desde el 20 de diciembre del 2024), donde de demostrarse el incumplimiento de los limites permisibles de ruido generado se deberá proceder a notificar al responsable del inmueble que realiza el incumplimiento que suspenda de inmediato la actividad y que presente e implemente un plan de confinamiento de ruido en caso de que se requiera reactivar la actividad que genera la problemática. E. Que desde el día 24 de agosto del 2023, no se presentaron nuevos reportes de molestia y el establecimiento se encontraba con el Permiso Sanitario de Funcionamiento, el caso fue dado como atendido satisfactoriamente. TERCERO: Que este Ministerio y la Dirección de Área Rectora de Salud Atenas ha actuado de forma diligente en gestionar de forma oportuna y según el trámite interno administrativo correspondiente en esta Unidad Organizativa, así mismo por el deber de probidad presente en la Administración Pública y con el objetivo de satisfacer el interés público en conjunto con las necesidades colectivas prioritarias en resguardo de la salud, se han realizado DOS inspecciones vinculadas a la problemática indicada por la recurrente para corroborar el cumplimiento de Ley Orgánica del Ministerio de Salud, la Ley General de Salud y conexas, por lo cual se evidencia que no nos hemos extralimitado en plazos irrazonables, que se han ejecutado las acciones correspondientes según la competencia de nuestro Ministerio, o en una duración excesiva e injustificada. Que según lo indicado en el acta de inspección de fecha 02 de setiembre del 2025, se ha coordinado con la recurrente una fecha de medición sónica, la cual se realizará en la segunda quincena de setiembre del 2025, en virtud de lo señalado durante la visita efectuada durante el mes en curso. Por todo lo señalado, rechaza esta Dirección de Área Rectora de Salud, una supuesta violación de derechos constitucionales, por cuanto se ha actuado de forma diligente, según nuestras competencias para la atender las denunciadas presentadas sobre la problemática de fondo.”.

6.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

 Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,

Considerando:

I.- ACLARACIÓN PREVIA. Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la Sentencia Nº 2008-02545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones- aquellos asuntos en los que se discute si la Administración Pública ha cumplido o no los plazos razonablemente pautados para resolver las solicitudes planteadas por los administrados a la luz de lo dispuesto por el artículo 41, de la Constitución Política. En el caso concreto, se plantea un supuesto de excepción, pues se plantea la falta de resolución de denuncias relacionadas con contaminación y riesgos sanitarios cuya situación expone a la comunidad. Atendiendo a lo expuesto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este recurso.

II.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente solicita que se declare con lugar el amparo y se ordene a la Municipalidad de Atenas y al Ministerio de Salud ejercer control y vigilancia efectivos sobre el taller vecino, al considerar que su operación en zona residencial y educativa provoca contaminación, riesgos sanitarios y excede lo autorizado en la patente otorgada.

III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:

En cuanto a la Municipalidad de Atenas:

a)    El 05 de setiembre de 2023, el señor [Nombre 003] solicitó patente comercial para la actividad de venta de partes de vehículos, aportando permiso de uso de suelo, permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud y constancia de inscripción ante Hacienda (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).

b)    La patente fue otorgada mediante la resolución MAT-PAT-328-2023, autorizando exclusivamente la venta de repuestos de vehículos (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).

c)     El 07 de setiembre de 2023, la empresa [Nombre 002]. solicitó patente comercial, otorgada mediante resolución MAT-PAT-340-2023 (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).

d)    En setiembre de 2023, la Auditoría Interna de la Municipalidad de Atenas emitió un informe sobre deficiencias en el Departamento de Patentes, señalando falta de personal, procedimientos incompletos y expedientes mal organizados. Dicho informe incluyó recomendaciones obligatorias comunicadas mediante el oficio MAT-AUI-118-2023 (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).

e)     El 23 de febrero y el 26 de junio de 2024, así como el 07 de marzo de 2025, la auditora interna solicitó y recibió del Departamento de Patentes reportes de seguimiento sobre la implementación de dichas recomendaciones (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).

f)      El 26 de marzo de 2025, la parte recurrente presentó ante la Sección de Patentes de la Municipalidad de Atenas la siguiente nota: “… l. EXPOSICIÓN: Somos [Nombre 002] ([Nombre 010]), una institución educativa con cédula jurídica [Valor 002]. Es una Academia de lengua y voluntariado, fundada desde hace 20 años, por dos profesores atenienses. En esta institución se imparte español como segunda lengua y se facilita el trabajo comunitario, para estudiantes extranjeros que vienen al país con la finalidad de servir, en diferentes instituciones del cantón y lugares circunvecinos. Nos ubicamos 150 metros oeste y 50 metros sur, de la antigua escuela de Sabana Larga, frente a la vía pública registrada como Calle Los tanques, la cual conduce hacia Guácimos Contiguo a [Nombre 010], hace aproximadamente un año y medio, se instaló una venta de repuestos inscrita como MCR Parts. Con base en información brindada por la Municipalidad en ventanilla, el propietario se llama [Nombre 003], con cédula de identidad número 2-531-928. Y nos han indicado también que la patente que se le otorgó a esa empresa es exclusivamente para la VENTA DE REPUESTOS. [Nombre 010] como institución educativa, y todos nosotros como personal docente y administrativo, hemos tenido desde entonces, una afectación bastante amplia y seria por varias razones: 1. A pesar de tener patente exclusiva para venta de repuestos, algunos días desguazan motores ocasionando tal ruido, que se nos hace imposible desempeñar nuestra labor de enseñanza (audio 1). Además, debemos respirar el fuerte olor de las partículas tóxicas que se liberan al trabajar el metal. 2. Casi a diario, mantienen carros estacionados simultáneamente, en ambos lados de la calle pública y aun en mitad de la calle (imágenes 1, 2, 3, 4). Algunos de estos carros son vehículos que están en uso, pero también colocan carros chatarra, pedazos de carros y más ... (imágenes 5 y 6 y video 1). Esta mala práctica obstruye la libre y fluida circulación de los vehículos de profesores, estudiantes y de todo vehículo que transite desde o hacia Guácimos. Pero también nos pone en riesgo a todos, en caso de que se requiriera el ingreso de vehículos de atención de emergencias. Es importante que se tome en cuenta que enseñamos español a una población extranjera conformada por niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Y algunos de nuestros profesores son adultos mayores también. 3. La empresa en cuestión quema también diversos materiales contaminantes en plena vía pública (imagen s 7 y 8). 4. AL pasar al frente, nos hemos encontrado con materiales de desecho propios de La actividad, tirados en La vía pública, como vidrios, pedazos de carros, Las trazas de Las quemas y otros (imágenes 9 y 10 y videos 2 y 3). Asimismo, son muy comunes Los derrames de aceite. 5. Tememos que La chatarra ubicada dentro y fuera del negocio en calle pública, permita Los criaderos de mosquitos, porque en La sala de profesores y alrededores, han aumentado considerablemente Los zancudos. Y hemos tenido casos de dengue recurrente en el personal. 6. EL olor fuerte y profundo a gasolina se mantiene prácticamente de forma permanente, porque La edificación está justo al Lado de nosotros. 7. La empresa tiene también un hueco a cielo abierto, para tirar recipientes o materiales de desecho que es otro foco de contaminación y toxicidad (imágenes 11 y 12). Este hueco se ubica en La esquina sureste del campo de chatarra. Según Lo recomendado por La Municipalidad, hemos documentado algunas de estas situaciones, Las cuales se Las estamos adjuntando a este escrito en dispositivo electrónico. 11. CONSULTAS. 1. ¿Una patente de venta de repuestos permite el desguace de carros y partes de carros in situ, con La consabida contaminación sónica, el fuerte olor a gasolina y el peligro de respirar metales pesados en una área residencial y educativa? 2. ¿Una patente de venta de repuestos permite obstruir simultáneamente una calle pública a ambos lados y en el mismo centro de la vía, con carros en uso y pedazos de carros chatarra? 3. ¿Se puede con esa patente o con cualquier otra, tomar la vía pública como una extensión del espacio privado para la actividad de un negocio, sea cual sea? 4. ¿Se pueden quemar materiales tóxicos como hule y otros, en la vía pública? Según entendemos, ni siquiera se puede hacer quemas en las propiedades privadas. 5. ¿Se puede con una patente de venta de repuestos, tirar y mantener materiales de desecho como vidrio y otros en la vía pública, y tener huecos a cielo abierto para basura con contenido contaminante? 6. ¿Se puede mantener chatarra destapada o tapada con plásticos que obviamente son criaderos de zancudos? De antemano, les agradecemos la revisión del documento, la inspección del área, el análisis y la solución que se sirvan prestarnos, ante esta difícil circunstancia. La vía del diálogo no ha surtido efecto. Atentamente y por [Nombre 010]: *Prof. [Nombre 001] Cédula: [Valor 003]. Fundadora y Directora Académica. *Prof. [Nombre 006]. Fundador y Sub-Director Académico y Administrativo” (ver prueba adjunta).

g)    El 07 de abril de 2025, se realizó una inspección municipal al taller [Nombre 007], constatándose la presencia de partes de vehículos en la vía pública, pero sin evidenciarse actividad de desarme o desmantelamiento, ni quemas, se advirtió al patentado sobre la necesidad de corregir esas anomalías (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).

h)    Mediante correo electrónico de las 12:08 horas del 22 de abril de 2025, el señor [Nombre 006] envió a la dirección de correo electrónico: [email protected], dirigido al señor Jimmy Rojas del Departamento de Patentes de la Municipalidad de Atenas lo siguiente: “… En nombre de [Nombre 010] y su personal, con todo respeto le solicitamos una pronta respuesta, a la denuncia que le presentamos al Departamento de patentes de la Municipalidad de Atenas, contra la empresa [Nombre 007], por supuesto incumplimiento a la patente otorgada. Dado el riesgo físico que las actividades de esa empresa representan para nosotros, requerimos una pronta solución. La denuncia fue presentada hace el 26 de marzo. Le agradecemos su ayuda. [Nombre 001] Directora Académica [Nombre 006] Director Administrativo ([Nombre 002])” (ver prueba adjunta).

i)      A las 10:44 horas del 20 de mayo de 2025, la recurrente y el señor [Nombre 011], envían correo electrónico al señor Jimmy Rojas del Departamento de Patentes del gobierno local recurrido, indicando lo siguiente: “Un saludo. Con todo respeto le solicitamos la respuesta por escrito, a este correo que le enviamos hace unas semanas. Conversamos en su oficina pero requerimos llevar registro del proceso, con respecto de la denuncia que presentamos. Y si hubiese algún avance, por favor agregarlo al correo. Muy amable. Muchas gracias. Prof. ([Nombre 006]) Prof. [Nombre 001] Directores [Nombre 010] ” (ver prueba adjunta).

j)      El 20 de junio de 2025, mediante oficio: MAT-PAT-0204-2025, el señor Jimmy Rojas del Departamento de Patentes del ayuntamiento recurrido digirió a los señores [Nombre 001] y ([Nombre 006]) Director de ([Nombre 002]), lo siguiente: “… ASUNTO: Consulta DENUNCIA de fecha 26 de marzo 2025. Sirva la presente para saludarles, de conformidad con la consulta nuevamente planteada mediante correo electrónico de fecha 20 de junio del año 2025, y en vista de que la anterior respuesta vista en oficio MAT-PAT-0198-2025 se informa que se realiza visita al lugar establecido mediante la denuncia en fecha 07/04/2025 a las 9:30am, y se determina que el lugar cuenta hoy en día con una Patente Comercial de Venta de Repuestos o partes de Vehículos y afines a nombre de [Nombre 003] cédula [Valor 004], OTORGADA en fecha 21/09/2023, y con Permiso de Funcionamiento por parte del Ministerio de Salud. No obstante, al no quedar claro procedo de la manera más atenta a responder cada una de las preguntas realizadas vía correo y así lograr satisfacer, más se aclara que las respuestas van a ser basadas conforme a la Normativa Vigente o Criterios existentes, puede ser de ayuda o no, o pueden resolver o no cada una de las respuestas. Ya que las consultas pueden solicitarse desconociendo normativas actuales o regulaciones propias municipales, o bien que no son competencia nuestra. Primero: Vamos a partir del hecho de que en el tiempo existen dos actividades comerciales; la del señor [Nombre 003] de fecha 21/09/2023 y la de la sociedad [Nombre 002] 27/09/2023. Ambas con una cercanía de trámite muy cercana por lo que al momento de la entrega de la carta del 19/05/2023 ninguna actividad estaba regulada municipalmente hablando o no contaban con Patente, dejando claro por qué mi comentario de que no tenía solicitud de ese tipo de actividad, y sobre el comentario de la “Municipalidad que solo le interesa recoger plata” no entiendo por qué utilizar una frase que supuestamente utilicé en la confidencialidad de una reunión en la oficina de Patentes, no obstante aclaro que efectivamente la Municipalidad recauda dinero y desconozco en cuál contexto entendieron o quieren dar a entender. 1- Cuando existen situaciones específicas por ruido o alguna otra anomalía, es la persona afectada quien debe acudir ante el ente correspondiente a presentar la denuncia pertinente. El patentado se acerca al Ministerio de Salud a solicitar el permiso para funcionar. 2- Se vuelve a recordar que el Ministerio de Salud es quien debe fiscalizar si en el otorgamiento del permiso para funcionar se está redireccionando otra actividad y por medio de las denuncias que existan el mismo ministerio pedir subsanarlas. La Palabra Afines se utiliza a nivel técnico para dar a entender que se deriva de una actividad con fines vehiculares, que se entiende de forma lógica, que la palabra afines no determina un permiso o un visto bueno para extender una actividad, eso es competencia del Ministerio de Salud. 3- Se adjunta formulario genérico, para obtener una patente comercial en el cantón de Atenas, mismos requisitos se aplican tanto para un restaurante como para un taller, por eso uno de los requisitos es el permiso de Funcionamiento del Ministerio de salud, siendo este quien determine que alcances tiene la actividad. 4- Esta respuesta es competencia del Ministerio de Salud, si actualmente otros locales comerciales con venta de repuestos o partes de vehículos no tienen denuncias por ruido o malos olores, es porque simplemente no tienen esas faltas, y de ser así los afectados tendrían que apersonarse al Ministerio de Salud y presentar la denuncia correspondiente. 5- Como lo mencioné al principio no todas las respuestas tienen carácter de solución, muchas van a ser muy técnicas o sin carácter positivo al denunciante, es por ellos que vuelvo a recalcar conforme al oficio anterior que la denuncia para lo que respecta al ruido se debe presentar antes el Ministerio de Salud y lo de obstaculización de las calles cantonales a la UTGV o bien al MOPT, eso no quiere decir que no se le dé solución, todo lo contrario la respuesta ayuda a dirigir una posible solución. 6- Efectivamente hoy en día el patentado se encuentra cumpliendo con los requisitos y por eso se le otorgó la patente o se le hace cobro del impuesto de Patente. 7- Se tienen claros los artículos 11 y 27 de Nuestra Constitución Política y se vuelve a aportar y explicar que el ente llamado a solventar la buena ejecución de los comercios o las actividades comerciales es el Ministerio de Salud. REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN POR RUIDO 8- Artículo 3º—Definiciones: Para efectos del presente Reglamento se entenderá por 9- a)- Autoridad competente: Ministerio de Salud 10- Artículo 5º—Límites aplicables en zonas que carezcan de Plan Regulador: En cantones sin un Plan Regulador, el Ministerio determinará los límites aplicables con base en la fuente y el receptor, de conformidad con la Tabla 1 del artículo 14º del presente reglamento. 11- Artículo 8º—Institución encargada del control. Para comprobar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento, así como de aquellas que del mismo se derive, el Ministerio de Salud, a través de las Áreas Rectoras de Salud, realizará visitas de inspección a las fuentes emisoras de ruido, para la medición de ruido en el interior de los inmuebles afectados 12- Dado en la Presidencia de la República. —San José, a los veinticuatro días del mes de julio del dos mil quince. LUIS GUILLERMO SOLIS RIVERA. —El Ministro de Salud, Dr. Fernando Llorca Castro. —1 vez.—O. C. Nº 24154.— Solicitud Nº 7794.—(D39200 - IN2015062945). 8- Se vuelve a comentar que en el lugar se les indica a los propietarios de la actividad que deben corregir las posibles anomalías existentes referentes a ruido y contaminación, más se aclara que este tema es competencia del Ministerio de Salud, por lo que se insta a dar seguimiento sobre el proceso ante este ente. No obstante, también se procederá a trasladar copia al Ministerio de Salud, para dar apoyo al proceso, y se recomienda coordinar con los patentados y así establecer horarios donde no choquen actividades y una conciliación constante. Atentamente, y quedando atento para cualquier consulta o aclaración. Se adjunta Acta de Inspección” (ver prueba adjunta)

En cuanto al Área Rectora de Salud Atenas:

a)    El 19 de mayo de 2023, el Área Rectora de Salud de Atenas recibió la denuncia No. 488-A contra el establecimiento [Nombre 007] por contaminación sónica y ambiental en zona residencial y educativa, presentada por [Nombre 001] y [Nombre 006] (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).

b)    El 06 de julio de 2023, funcionarios del Área Rectora visitaron la vivienda de la denunciante para atender la gestión, levantando el acta AIO-MBC-52-2023 (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).

c)     El 10 de julio de 2023, se efectuó visita al establecimiento denunciado, levantándose el acta AIO-MBC-54-2023. Se constató que, en caso de persistir el ruido debía realizarse medición, no se evidenció almacenamiento de combustible, pero se determinó que el negocio carecía de Permiso Sanitario de Funcionamiento (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).

d)    El 11 de julio de 2023, mediante oficio DRRSCN-ARSA-0133-2023 se otorgó al establecimiento un plazo de tres días para gestionar el Permiso Sanitario de Funcionamiento. Dicho permiso fue finalmente concedido el 04 de agosto de 2023, con vigencia hasta el 04 de agosto de 2028 (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).

e)     El 26 de julio y el 24 de agosto de 2023, funcionarios del Área Rectora visitaron nuevamente la vivienda de la denunciante para coordinar mediciones sónicas, pero la autoridad sanitaria no fue atendida en esas ocasiones (actas AIO-MBC-61-2023 y AIO-MBC-85-2023).

f)      Desde agosto de 2023 no se presentaron nuevas denuncias formales, motivo por el cual el caso fue dado como atendido satisfactoriamente (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).

g)    El 02 de setiembre de 2025, inspectores de control de vectores y gestión ambiental realizaron una nueva inspección en [Nombre 007] (acta AIO-MBC-268-2025) constatando la inexistencia de criaderos de mosquitos, sustancias peligrosas, vehículos o chatarra en la vía pública, y sin observar actividades ruidosas o quemas. Preventivamente, se aplicó larvicida y se señalaron oportunidades de mejora en la organización de residuos (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).

h)    Ese mismo 02 de setiembre de 2025, funcionarios de Salud visitaron las instalaciones de [Nombre 002]., donde la recurrente reiteró molestias por quemas; sin embargo, no se observaron evidencias en el momento de la inspección. Se coordinó la realización de una medición sónica en la segunda quincena de setiembre de 2025, conforme al reglamento vigente (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).

IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. De los hechos probados se acredita que el establecimiento [Nombre 007] cuenta con una patente comercial otorgada por la Municipalidad de Atenas exclusivamente para la venta de repuestos de vehículos, así como con un permiso sanitario de funcionamiento concedido por el Ministerio de Salud. De la abundante prueba aportada por la parte recurrente, particularmente fotografías e imágenes que obran en autos, se constata de manera directa y objetiva: (i) la existencia de vehículos totalmente desmantelados, convertidos en chatarra, ubicados sobre el derecho de vía pública en colindancia inmediata con las instalaciones de la [Nombre 002]; (ii) un espacio dentro del inmueble destinado al almacenamiento indiscriminado de grandes cantidades de partes automotrices y desechos metálicos; (iii) rastros de quemas recientes de materiales contaminantes en plena vía pública, con emisiones de humo; y (iv) la recolección de aceites usados en estañones, después de ser drenados de los automotores. Estas condiciones, verificables en la prueba fotográfica contrastan con los informes rendidos por las autoridades accionadas, quienes aducen que la actividad, consiste solamente en venta de repuestos, sin ningún impacto ambiental.

De esta forma, queda demostrado que la actividad desplegada por el establecimiento no se limita a la venta de repuestos, sino que abarca operaciones de desarme de vehículos, manejo de desechos peligrosos y prácticas contaminantes que rebasan por completo lo permitido. La existencia de chatarra y residuos en colindancia directa con una institución educativa refuerza la afectación al derecho fundamental del recurrente y su representada, pues compromete no solo el ambiente sino también la salud, seguridad y calidad de vida de una comunidad.

El artículo 50 de la Constitución Política reconoce el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, imponiendo al Estado el deber de tutelarlo y garantizarlo. Dicho derecho no es meramente programático, sino plenamente exigible a través del recurso de amparo, por su vinculación directa con la salud, la dignidad humana y el derecho a la vida. A ello se suma el artículo 21 constitucional, que protege la vida en todas sus manifestaciones, y el artículo 46, que resguarda a los consumidores y usuarios frente a riesgos para su salud y seguridad.

Desde el plano legal, la Ley Orgánica del Ambiente (n.º 7554) establece en su artículo 2 que la protección del ambiente es de orden público y de interés social y en su artículo 11 impone a las municipalidades y al Ministerio de Salud la obligación de prevenir, vigilar y sancionar conductas contaminantes. Asimismo, el Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruido (Decreto Ejecutivo n.º 39433-S) designa al Ministerio de Salud como autoridad competente para fiscalizar y corregir emisiones sonoras que sobrepasen los límites permitidos, obligación que en este caso no fue ejercida de manera diligente y efectiva.

Ahora bien, tanto la Municipalidad de Atenas como el Ministerio de Salud incurrieron en falencias significativas. La Municipalidad otorgó la patente y realizó inspecciones, pero sin un control estricto ni seguimiento oportuno que asegurara la corrección de las anomalías constatadas. Por su parte, el Ministerio de Salud, si bien otorgó el permiso sanitario e hizo visitas iniciales, no desplegó una fiscalización suficiente: retrasó las mediciones sónicas necesarias, no constató de forma integral las quemas y la disposición de aceites, y trasladó al habitante la carga de presentar una y otra vez denuncias, incumpliendo con su deber de garante del interés público en materia sanitaria.

Debe recordarse que la jurisprudencia constitucional ha establecido reiteradamente que la fragmentación de competencias entre instituciones públicas no puede traducirse en excusas para la inacción ni en un vacío de tutela efectiva. Por el contrario, los principios de eficacia, coordinación y buena administración (artículos 11 y 50 de la Constitución y artículos 3, 4 y 8 de la Ley General de la Administración Pública) imponen a las autoridades recurridas el deber de articular esfuerzos para garantizar que las actividades comerciales se desarrollen dentro de los márgenes legales y sin menoscabar derechos fundamentales.

En este caso, el contraste entre lo documentado por los recurrentes en las fotografías —vehículos totalmente desarmados en vía pública, acumulación de chatarra, quemas y almacenamiento de aceites en estañones— y lo reportado en los informes rendidos bajo juramento por los recurridos, revela una discordancia grave que no puede ser soslayada. La Sala ha sostenido que, ante prueba directa y verificable de afectación ambiental y sanitaria, corresponde aplicar el principio precautorio reconocido en el derecho ambiental, según el cual, en caso de duda sobre la magnitud del daño, debe prevalecer la prevención sobre la inacción.

De particular relevancia resulta el oficio MAT-PAT-0204-2025, de fecha 20 de junio de 2025, suscrito por el señor Jimmy Rojas del Departamento de Patentes de la Municipalidad de Atenas, en el cual se da respuesta a la denuncia planteada por los recurrentes. En dicho oficio, la autoridad municipal se limita a señalar que la competencia para atender las denuncias sobre ruido corresponde al Ministerio de Salud y que la obstaculización de la vía pública debe ser conocida por la Unidad Técnica de Gestión Vial (UTGV) o el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). Asimismo, se advierte que “no todas las respuestas tienen carácter de solución” y que, en algunos casos, la persona afectada debe acudir directamente ante los entes correspondientes. Esta respuesta, lejos de constituir un acto de tutela efectiva, refleja un traslado indebido de la carga al recurrente, en abierta contradicción con la naturaleza del derecho fundamental al ambiente sano y a la salud, que exige de la Administración un actuar diligente, coordinado y eficaz.

Esta Sala ha sido enfática en señalar que la fragmentación de competencias entre instituciones no puede traducirse en excusas para la inacción ni en un vacío de tutela efectiva, todo lo contrario, adquiere especial relevancia el principio de coordinación administrativa, en tanto expresión concreta del deber de colaboración entre los entes públicos que concurren en la satisfacción de un derecho fundamental.

Es decir, que en virtud del principio de coordinación interinstitucional corresponde a las autoridades públicas articular sus competencias de manera tal que se brinden soluciones reales y se evite trasladar al administrado una carga que el ordenamiento no le impone. En este caso, la Municipalidad de Atenas no podía limitarse a derivar la denuncia al MOPT, sino que estaba obligada a gestionar activamente la coordinación interinstitucional necesaria para resolver la problemática denunciada, particularmente en lo relativo al retiro de vehículos desmantelados en la vía pública y a la fiscalización de las actividades contaminantes.

Este deber de actuación encuentra respaldo expreso en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Ambiente, que establece que el Estado, las municipalidades y los particulares están obligados a prevenir la contaminación y a procurar el mejoramiento del ambiente, debiendo dictar medidas necesarias para evitar daños y adoptar correctivos cuando estos se produzcan. La omisión en el ejercicio de estas potestades por parte de la Municipalidad de Atenas y del Ministerio de Salud constituye, en consecuencia, una infracción directa al mandato constitucional del artículo 50 y al deber legal de tutela ambiental.

En consecuencia, la falta de vigilancia sostenida y coordinada por parte de ambas instituciones ha generado un desfase institucional que compromete el derecho fundamental de los recurrentes a un ambiente sano y a la salud, permitiendo que se desarrollen actividades riesgosas y contaminantes. No se trata de simples irregularidades administrativas, sino de omisiones graves que lesionan derechos constitucionales, frente a las cuales esta Sala debe intervenir mediante la presente vía de amparo.

Ergo, este Tribunal estima que la omisión de una supervisión adecuada por parte de la Municipalidad de Atenas y del Ministerio de Salud compromete directamente el derecho fundamental de la parte recurrente y su representada a un ambiente sano y a la salud. No se trata de una simple deficiencia administrativa, sino de una vulneración constitucional que exige medidas inmediatas, coordinadas y sostenidas de fiscalización y corrección.

Por tanto, procede declarar con lugar el recurso de amparo y ordenar a la Municipalidad de Atenas y al Ministerio de Salud: (i) ejercer de forma conjunta e inmediata sus competencias de control y sanción; (ii) garantizar que la actividad del establecimiento denunciado no lesione el derecho a un medio ambiente sano; (iii) disponer la eliminación de chatarra, aceites, quemas y desechos acumulados en la vía pública o en colindancia con la institución educativa; y (iv) implementar medidas preventivas y correctivas que aseguren la no repetición de estas prácticas.

V.- CONCLUSIÓN. Bajo este orden de circunstancias se impone declarar con lugar el recurso de amparo, según lo dispuesto en la parte dispositiva de esta sentencia.

VI.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley N° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

 Se declara con lugar el recurso. Se le ordena a Máximo Chaves Ovares y Jimmy Reinier Rojas, por su orden alcalde y encargado del Departamento de Patentes, ambos de la Municipalidad de Atenas. Así como, a Maryorie Campos Segura, en su condición de directora del Área Rectora de Salud Atenas del Ministerio de Salud, o a quienes desempeñen esos puestos, que dispongan todas las medidas necesarias y coordinen lo pertinente, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, para que de INMEDIATO: (i) ejerzan de forma conjunta sus competencias de control; (ii) garanticen que la actividad del establecimiento denunciado no lesione el derecho a un medio ambiente sano; (iii) dispongan la eliminación de chatarra, aceites, quemas y desechos acumulados en la vía pública o en colindancia con la institución educativa y (iv) adoptar de manera inmediata medidas preventivas y correctivas eficaces que garanticen la erradicación de las prácticas constatadas y aseguren su no repetición. Se advierte a la autoridad recurrida, que de acuerdo con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Atenas y al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Castillo Víquez consigna nota. Notifíquese. -

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Jorge Araya G.




Ingrid Hess H.

	

 

	

Ileana Sánchez N.




Jorge Isaac Solano A.

	

 

	

Alexandra Alvarado P.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

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EXPEDIENTE N° 25-023199-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 08:57:28.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Large
Normal
Small
Constitutional Chamber

Resolution No. 30070 - 2025

Date of Resolution: September 19, 2025 at 09:30

Expediente: 25-023199-0007-CO

Drafted by: Ingrid Hess Herrera

Type of matter: Amparo appeal

Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER



Judgment with separate note

Relevance Indicators

Relevant judgment

Judgment with protected data, in accordance with current regulations


Content of Interest:

Strategic Themes: Environmental, Right to health, Economic social cultural and environmental rights

Type of content: Majority vote

Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS

Topic: ENVIRONMENT

Subtopics:

POLLUTION.
GARBAGE.
NOISE POLLUTION.

Topic: MUNICIPALITY

Subtopics:

INFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.

Topic: EXECUTIVE BRANCH

Subtopics:

SANITARY ORDER..
INFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.

030070-25. ENVIRONMENT. MUNICIPALITY. EXECUTIVE BRANCH. REPRESENTATIVES OF AN EDUCATIONAL CENTER ACCUSE THAT NEXT TO THE LOCATION, THERE IS A SCRAP YARD THAT GENERATES EXCESSIVE NOISE, TOXIC ODORS, AND OBSTRUCTION OF THE PUBLIC ROAD, WITHOUT THE AUTHORITIES DOING ANYTHING, DESPITE THE EFFORTS OF THE NEIGHBORS. THE APPEAL IS GRANTED. THE MUNICIPALITY OF ATENAS AND THE DIRECTOR OF THE ATENAS GOVERNING HEALTH AREA (ÁREA RECTORA DE SALUD ATENAS) OF THE MINISTRY OF HEALTH ARE ORDERED TO TAKE ALL NECESSARY MEASURES AND COORDINATE AS PERTINENT, WITHIN THE SCOPE OF THEIR RESPECTIVE COMPETENCIES, SO THAT IMMEDIATELY: (I) THEY JOINTLY EXERCISE THEIR CONTROL COMPETENCIES; (II) THEY GUARANTEE THAT THE ACTIVITY OF THE REPORTED ESTABLISHMENT DOES NOT HARM THE RIGHT TO A HEALTHY ENVIRONMENT; (III) THEY ORDER THE REMOVAL OF SCRAP, OILS, BURNING, AND WASTE ACCUMULATED ON THE PUBLIC ROAD OR ADJOINING THE EDUCATIONAL INSTITUTION AND (IV). VCG09/2025

“(…) IV.- ON THE SPECIFIC CASE. From the proven facts, it is established that the establishment [Name 007] holds a commercial license (patente comercial) granted by the Municipality of Atenas exclusively for the sale of vehicle spare parts, as well as a sanitary operating permit (permiso sanitario de funcionamiento) granted by the Ministry of Health. From the abundant evidence provided by the appellant, particularly photographs and images in the case file, it is directly and objectively verified: (i) the existence of completely dismantled vehicles, turned into scrap, located on the public right-of-way immediately adjoining the facilities of [Name 002]; (ii) a space within the property used for the indiscriminate storage of large quantities of automotive parts and metal waste; (iii) traces of recent burning of polluting materials in the middle of the public road, with smoke emissions; and (iv) the collection of used oils in drums, after being drained from the automobiles. These conditions, verifiable in the photographic evidence, contrast with the reports rendered by the respondent authorities, who claim that the activity consists only of the sale of spare parts, without any environmental impact (impacto ambiental).

Thus, it is demonstrated that the activity deployed by the establishment is not limited to the sale of spare parts, but rather encompasses vehicle dismantling operations, management of hazardous waste, and polluting practices that completely exceed what is permitted. The existence of scrap and waste directly adjoining an educational institution reinforces the impact on the fundamental right of the appellant and their represented party, as it compromises not only the environment but also the health, safety, and quality of life of a community.

Article 50 of the Political Constitution recognizes the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, imposing on the State the duty to protect and guarantee it. This right is not merely programmatic but fully enforceable through the amparo appeal (recurso de amparo), due to its direct link with health, human dignity, and the right to life. This is supplemented by constitutional Article 21, which protects life in all its manifestations, and Article 46, which protects consumers and users against risks to their health and safety.

From a legal standpoint, the Organic Law of the Environment (n.º 7554) establishes in its Article 2 that the protection of the environment is a matter of public order and social interest, and in its Article 11, it imposes on municipalities and the Ministry of Health the obligation to prevent, monitor, and sanction polluting conduct. Likewise, the Regulation for the Control of Noise Pollution (Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruido) (Executive Decree n.º 39433-S) designates the Ministry of Health as the competent authority to inspect and correct sound emissions that exceed permitted limits, an obligation that in this case was not exercised diligently and effectively.

Now, both the Municipality of Atenas and the Ministry of Health incurred significant deficiencies. The Municipality granted the license and conducted inspections, but without strict control or timely follow-up to ensure the correction of the verified anomalies. For its part, the Ministry of Health, although it granted the sanitary permit and made initial visits, did not deploy sufficient oversight: it delayed the necessary sound measurements, did not comprehensively verify the burning and the disposal of oils, and transferred the burden of presenting complaints again and again to the resident, breaching its duty as guarantor of the public interest in sanitary matters.

It must be remembered that constitutional jurisprudence has repeatedly established that the fragmentation of competencies among public institutions cannot translate into excuses for inaction or a vacuum of effective protection. On the contrary, the principles of effectiveness, coordination, and good administration (Articles 11 and 50 of the Constitution and Articles 3, 4, and 8 of the General Law of Public Administration) impose on the respondent authorities the duty to coordinate efforts to guarantee that commercial activities are carried out within legal margins and without undermining fundamental rights.

In this case, the contrast between what was documented by the appellants in the photographs—vehicles completely dismantled on the public road, accumulation of scrap, burning, and storage of oils in drums—and what was reported in the reports given under oath by the respondents reveals a serious discordance that cannot be overlooked. The Chamber has held that, in the face of direct and verifiable evidence of environmental and sanitary impact, the precautionary principle (principio precautorio) recognized in environmental law must be applied, according to which, in case of doubt about the magnitude of the damage, prevention must prevail over inaction.

Of particular relevance is official letter MAT-PAT-0204-2025, dated June 20, 2025, signed by Mr. Jimmy Rojas of the Licensing Department (Departamento de Patentes) of the Municipality of Atenas, in which a response is given to the complaint filed by the appellants. In said official letter, the municipal authority merely points out that the competence to address noise complaints corresponds to the Ministry of Health and that the obstruction of the public road must be heard by the Technical Unit for Road Management (UTGV) or the Ministry of Public Works and Transportation (MOPT). Likewise, it warns that "not all responses have the nature of a solution" and that, in some cases, the affected person must go directly to the corresponding entities. This response, far from constituting an act of effective protection, reflects an improper transfer of the burden to the appellant, in open contradiction with the nature of the fundamental right to a healthy environment and health, which demands diligent, coordinated, and effective action from the Administration.

This Chamber has been emphatic in pointing out that the fragmentation of competencies among institutions cannot translate into excuses for inaction or a vacuum of effective protection; quite the opposite, the principle of administrative coordination acquires special relevance, as a concrete expression of the duty of collaboration among public entities that concur in the satisfaction of a fundamental right.

That is, by virtue of the principle of inter-institutional coordination, it is the responsibility of public authorities to coordinate their competencies in such a way that real solutions are provided and the transfer to the citizen of a burden that the legal system does not impose on them is avoided. In this case, the Municipality of Atenas could not limit itself to forwarding the complaint to the MOPT, but was obliged to actively manage the necessary inter-institutional coordination to resolve the reported problems, particularly regarding the removal of dismantled vehicles on the public road and the oversight of polluting activities.

This duty to act finds express support in Article 11 of the Organic Law of the Environment, which establishes that the State, municipalities, and private parties are obliged to prevent pollution and to seek the improvement of the environment, and must dictate necessary measures to avoid damage and adopt corrective measures when these occur. The omission in the exercise of these powers by the Municipality of Atenas and the Ministry of Health constitutes, consequently, a direct infringement of the constitutional mandate of Article 50 and the legal duty of environmental protection.

Consequently, the lack of sustained and coordinated vigilance by both institutions has generated an institutional gap that compromises the fundamental right of the appellants to a healthy environment and health, allowing risky and polluting activities to develop. These are not simple administrative irregularities, but serious omissions that harm constitutional rights, in the face of which this Chamber must intervene through this amparo appeal.

Ergo, this Court considers that the omission of adequate supervision by the Municipality of Atenas and the Ministry of Health directly compromises the fundamental right of the appellant and their represented party to a healthy environment and health. It is not a simple administrative deficiency but a constitutional violation that demands immediate, coordinated, and sustained measures of inspection and correction.

Therefore, it is appropriate to grant the amparo appeal and order the Municipality of Atenas and the Ministry of Health: (i) to jointly and immediately exercise their control and sanctioning competencies; (ii) to guarantee that the activity of the reported establishment does not harm the right to a healthy environment; (iii) to order the removal of scrap, oils, burning, and waste accumulated on the public road or adjoining the educational institution; and (iv) to implement preventive and corrective measures to ensure the non-repetition of these practices.

V.- CONCLUSION. Under this order of circumstances, it is imperative to grant the amparo appeal, as provided in the operative part of this judgment. (…)”




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Content of Interest:

Type of content: Majority vote

Branch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE

Topic: 041- Effective judicial protection. Prompt and complete justice

Subtopics:

NOT APPLICABLE.

ARTICLE 41 OF THE POLITICAL CONSTITUTION

“(…) I.- PRELIMINARY CLARIFICATION. Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, as of Judgment No. 2008-02545 of 08:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is discussed whether the Public Administration has complied or not with the reasonably established deadlines to resolve the requests made by citizens in light of the provisions of Article 41 of the Political Constitution. In the specific case, an exception is presented, as it concerns the lack of resolution of complaints related to pollution and sanitary risks whose situation exposes the community. In light of the foregoing, we proceed to resolve the specific situation raised in this appeal. (…)” VCG09/2025

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Type of content: Majority vote

Branch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE

Topic: 050- Environment

Subtopics:

NOT APPLICABLE.

ARTICLE 50 OF THE POLITICAL CONSTITUTION

“(…) Article 50 of the Political Constitution recognizes the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, imposing on the State the duty to protect and guarantee it. This right is not merely programmatic but fully enforceable through the amparo appeal, due to its direct link with health, human dignity, and the right to life. This is supplemented by constitutional Article 21, which protects life in all its manifestations, and Article 46, which protects consumers and users against risks to their health and safety.

From a legal standpoint, the Organic Law of the Environment (n.º 7554) establishes in its Article 2 that the protection of the environment is a matter of public order and social interest, and in its Article 11, it imposes on municipalities and the Ministry of Health the obligation to prevent, monitor, and sanction polluting conduct. Likewise, the Regulation for the Control of Noise Pollution (Executive Decree n.º 39433-S) designates the Ministry of Health as the competent authority to inspect and correct sound emissions that exceed permitted limits, an obligation that in this case was not exercised diligently and effectively. (…)” VCG09/2025

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Content of Interest:

Type of content: Separate note

Branch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE

Topic: 041- Effective judicial protection. Prompt and complete justice

Subtopics:

NOT APPLICABLE.

VI.- NOTE BY MAGISTRATE CASTILLO VÍQUEZ REGARDING PROMPT AND COMPLETE ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported the thesis of this Court that when the citizen alleges a violation of the right to prompt and complete justice in administrative proceedings, those who must hear the legal controversy are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. Now, with the recent enactment of Law No. 9097, Law on the Regulation of the Right of Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection through the amparo appeal established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, which, based on numeral 7 of its Law, is exclusively responsible for defining its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional controversies that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which are appropriate to be heard in this jurisdiction through the constitutional guarantee process of amparo, in other cases, and for the reasons given by this Court (Judgment No. 2008-02545 of 8:55 hours on February 22, 2008), the competent ones are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.

VCG09/2025

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Text of the resolution

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Exp: 25-023199-0007-CO

Res. No. 2025030070


CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours thirty minutes on September nineteenth, two thousand twenty-five.

Amparo appeal processed under expediente number 25-023199-0007-CO, filed by [Name 001], identity card [Value 001], on behalf of [Name 002], against THE MINISTRY OF HEALTH AND THE MUNICIPALITY OF ATENAS.

Whereas:

1.- By document received in the secretariat of this Chamber on August 5, 2025, the appellant files an amparo appeal against THE MINISTRY OF HEALTH AND THE MUNICIPALITY OF ATENAS. They state that the protected academy was founded on June 16, 2006, and operates on a property located in Sabana Larga de Atenas, offering Spanish language instruction and volunteer programs for foreign students in a residential setting. On May 18 and 19, 2023, they sent an alert to the Ministry of Health and the Municipality of Atenas about the installation of a scrap metal sales and vehicle dismantling workshop adjacent to the academy, operated by [Name 003]. Despite the warnings, on September 21, 2023, a commercial license for the sale of vehicle parts was granted to [Name 007]. In September 2023, the Internal Audit Office (Auditoría Interna) of the Municipality of Atenas issued a report revealing deficiencies in the controls of the Licensing Department (Departamento de Patentes), including lack of personnel, incomplete procedures, and poorly organized files. On March 26, 2025, the complaints were reiterated about excessive noise, toxic odors, obstruction of the public road, presence of scrap metal, and an increase in dengue cases due to mosquito breeding sites. Inquiries were made to the municipality regarding the legality of those activities in a residential and educational area. On April 22, 2025, an email was sent to the coordinator of the Licensing Department, requesting a response. On May 20 and June 13, follow-up was made through emails and a personal visit; however, the respondent municipal authority alleged lack of time and processing with other institutions, without offering concrete solutions. On June 20, 2025, through official letter MAT-PAT-0204-2025, the Licensing Department responded with ambiguous language, without addressing the complaints, and transferred responsibility to the Ministry of Health and the Ministry of Transportation (see the official letter provided as evidence). On April 7, 2025, the first inspection of the workshop was conducted, confirming the presence of vehicle parts on the public road, with no evidence of corrective actions. The license granted to the workshop MAT-PAT-328-2023 authorizes only the sale of vehicle parts, not including dismantling activities or scrap accumulation, which requires periodic controls by the authorities. Based on the foregoing, they request the Constitutional Chamber to grant the amparo appeal, restore the violated rights, and order the Municipality of Atenas and the Ministry of Health to exercise effective oversight over compliance with the licenses and permits granted.

2.- By resolution of 09:06 hours on August 29, 2025, the presidency of this Chamber admitted the present process.

3.- Under oath, Maricruz Arce Delgado, in her capacity as Internal Auditor (auditora interna) of the Municipality of Atenas, reports the following: “… First, it is essential to clarify that the function of the Internal Audit Office is one of subsequent oversight and control, so the auditor's work is limited to the evaluation of the management and internal controls of the municipal units, as is the case here with the Licensing Department. The responsibility for addressing the complaints about the scrap sales workshop, the granting of its license, as well as verifying compliance with its terms, corresponds exclusively to the Active Administration (Administración Activa). It is necessary to reiterate that as Internal Auditor, I am not responsible for active management or administrative decision-making, such as the granting of licenses, as these responsibilities fall exclusively on the Active Administration. Therefore, regarding my participation in the alleged facts, it is worth emphasizing that the Internal Audit Office issued a Final Report on the Study conducted in the Licensing Department, which was duly sent to the corresponding authorities, and in which a series of recommendations were indicated. Likewise, when sending the final report, through Official Letter MAT-AUI-118-2023, it was reiterated that the recommendations generated in the audit reports are mandatory and must be complied with within the deadlines that have been set by mutual agreement. In the same vein, it is noted that the report was issued with the objective of complying with the duty to alert about the vulnerabilities detected by the internal control system, so that the Active Administration takes the necessary corrective actions. Therefore, the Internal Audit Office, of which the undersigned is a part, does not grant permits, does not perform operational inspections, and does not have the authority to order direct actions regarding a specific license or business. Now, it should be clarified that the process of following up on the recommendations of the 2023 Final Report is underway, evidence of this are the emails sent by the undersigned Auditor, dated February 23, 2024, and January 2025, in which she asks the Licensing Department of the Municipality of Atenas to report on the follow-up of the Report issued by the Audit Office, and the response emails sent by the licensing coordinator of the Municipality of Atenas, Jimmy Rojas Chavarría, dated March 4, 2024, June 26, 2024, and March 7, 2025, in which three follow-ups to recommendations are submitted. In accordance with the facts set forth above, it is reaffirmed that the undersigned, in her capacity as Internal Auditor, has fulfilled her function by identifying and reporting the deficiencies in the Licensing Department and following up on their implementation to the extent possible, considering that it is a single-person audit department with little time to address the entire auditable universe; all of this is contained in the Final Report that was sent to the competent authorities. However, the operational management, the handling of complaints, and the control of granted licenses are inherent responsibilities of the Active Administration. Therefore, I respectfully request this Constitutional Chamber to accept the requested report as rendered and to consider the limited scope of my functions as Internal Auditor and redirect the request for documentation and evidence to the units directly involved in the facts; that being the corresponding Active Administration.”.

4.- Under oath, Máximo Chaves Ovares and Jimmy Reinier Rojas, in their respective capacities as Mayor and head of the Licensing Department, both of the Municipality of Atenas, report the following: “… Mr. [Name 003] applied for a commercial license on September 5, 2023, for the activity of Sale of vehicle parts, for which he met the regulatory requirements such as the land-use permit (permiso de uso de suelo) (MAT-CATAST-0864-2023), operating permit from the Ministry of Health (08/04/2023), and proof of registration with the Tax Authority. The license was granted through resolution MAT-PAT-328-2023. For its part, [Name 002] applied for a license on September 7, 2023, granted through resolution MAT-PAT-340-2023, as your authority can note, the existence of both economic activities coincide from the moment both began operations in accordance with municipal tax law. Despite this, since May 2023, the appellant informally communicated the installation of a commercial activity adjacent to the academy; later, in March 2025, they formally reiterated the complaint indicating that it concerns nuisances due to noise, bad odors, obstruction of the public road, accumulation of scrap metal, and mosquito breeding sites, situations that are the competence of the Ministry of Public Health. To address the appellant's complaint, inspections were conducted on April 7, 2025, confirming the presence of vehicle parts on the public road, but no dismantling activity or active burning was observed at that time, so the corresponding warnings were given to the licensee about the need to correct the anomalies. According to the Regulation for the Control of Pollution, the competent entity to inspect noise, odors, and sanitary conditions is the Ministry of Public Health. The license granted to [Name 007] is for the sale of vehicle parts, and does not include dismantling activities or scrap accumulation, so the licensee has been warned that they must operate in accordance with the authorized scopes. As can be seen from the analysis of the file, the appellant has been informed that the complaints must be channeled to the Ministry of Health as appropriate.”.

5- Under oath, Maryorie Campos Segura, in her capacity as Director of the Atenas Governing Health Area (Área Rectora de Salud Atenas) of the Ministry of Health, reports the following: “… FIRST: For a better understanding of the Constitutional Chamber, by virtue of what was indicated by Ms. [Name 001] on behalf of [Name 002], which indicates that this Ministry has not exercised effective oversight related to complaints of excessive noise, toxic odors, obstruction of the public road, presence of scrap metal, and increase in dengue cases due to mosquito breeding sites, it is appropriate to state that this Ministry, under the duty of probity with which the Public Administration must act and the objective of satisfying the public interest together with the priority collective needs in protection of health, has received and processed ONE COMPLAINT related to the operation of the sale of used vehicle parts, [Name 007] located in Sabana Larga, El Tanque street, a situation that results in the correct application of the Organic Law of the Ministry of Health and the General Health Law, as well as related regulations and on-site verification of compliance with the aforementioned rules. SECOND: Regarding specifically the processes that the appellant claims have not been addressed by this Directorate, we will proceed to detail the steps taken: 1) On May 19, 2023, the Atenas Governing Health Area received ONE complaint, assigned consecutive number 488-A, filed against the establishment selling used vehicle parts, [Name 007], for noise pollution (contaminación sónica) and environmental pollution that this activity generates, indicating that it is a residential and school zone; among the complainants are Ms. [Name 001] and Mr. [Name 006]. 2) That on July 6, 2023, a visit was made to the home of the complainant [Name 001], by officials of this Governing Health Area, with the objective of addressing the complaint filed by her; this action is recorded in inspection report AIO-MBC-52-2023. 3) That on July 10, 2023, a visit was made to the establishment selling used vehicle parts, [Name 007], by officials of this Governing Health Area, with the objective of addressing the aforementioned complaint; this action is recorded in inspection report AIO-MBC-54-2023, determining: “(…) in the event that the noise disturbance persists, the respective noise measurement will be carried out (…) (…) no type of fuel storage is evident (…) (…) the establishment currently does not have a PSF” 4) That through official letter DRRSCN-ARSA-0133-2023 dated July 11, 2023, issued by Ms. Marjorie Campos Segura, Director of this Area, the establishment selling used vehicle parts, [Name 007], was granted 03 business days to process the respective Sanitary Operating Permit (Permiso Sanitario de Funcionamiento). Said official letter was notified on July 17, 2023. 5) That through the presentation of the Unified Permit Application Form by Mr. [Name 003], the Sanitary Operating Permit was granted from August 4, 2023, until August 4, 2028, to the establishment selling used vehicle parts, [Name 007]. 6) That on July 26, 2023, a visit was made to the home of the complainant [Name 001], by officials of this Governing Health Area, with the objective of scheduling a sound measurement (medición sónica) at the aforementioned establishment; however, despite constant calls, they did not answer the sanitary authority; this action is recorded in inspection report AIO-MBC-61-2023. 7) That on August 24, 2023, a visit was made to the home of the complainant [Name 001], by officials of this Governing Health Area, with the objective of scheduling a sound measurement at the aforementioned establishment; however, despite constant calls, they did not answer the sanitary authority; this action is recorded in inspection report AIO-MBC-85-2023. 8) To perform the respective sound measurements, it is necessary to execute them from the property indicated by the complainant, with prior coordination of the hours, days, and the contact of the persons who will attend to carry out said procedure.

Furthermore, as established in the Procedure for Noise Measurement No. 32692 (in force at the time of the complaint referenced in the year 2023), article 6, it states that it was necessary to ensure that measurements are taken inside buildings (it does not contemplate open areas such as patios, gardens, or property lines, among other external areas) and must be performed with doors closed and windows open. 9) Given that from August 24, 2023, no new nuisance reports were filed and the establishment had its Sanitary Operating Permit, the case was considered satisfactorily addressed. 10) That on September 2, 2025, a visit was conducted to the used vehicle parts sales establishment, [Name 007], by vector control inspectors, Rafael Alvarado Carranza, Alexander Chaves Blanco, and the environmental manager, Engineer Meylin Balladares Centeno. Inspections were carried out inside and outside the premises. No positive dengue breeding sites were found, but abate, a larvicide, was preventively applied. During the visit, some opportunities for improvement were identified regarding the organization of material waste at the establishment, which will be notified in the coming days. Likewise, they were not working with noise-generating machinery, and no presence of hazardous substances was found. There was no scrap or vehicles belonging to the spare parts business on the public road, which was clear. All the foregoing is recorded in inspection report AIO-MBC-268-2025 dated September 2, 2025. 11) That on September 2, 2025, a visit was conducted to the facilities of [Name 002]. The complainant [Name 001] was present, with the objective of learning about possible violations of sanitary regulations. She mentioned burnings, but at the time of the inspection, no evidence of burnings was observed either. By virtue of what was stated by the complainant, a date for a sonic measurement was coordinated, which will be carried out in the second half of September 2025. All the foregoing is recorded in the inspection report dated September 2, 2025. SO THAT THIS CHAMBER RESPECTFULLY CONSIDERS According to what is indicated above, regarding the problem denounced, the cited background information demonstrates the effective and timely attention to the ONLY complaint filed before this Rectorate Health Area, and from the inspections conducted, the following attention overview emerges: A. The apparent problem denounced is caused by excessive noise, toxic odors, obstruction of the public road, presence of scrap and dengue cases, among others. B. The used vehicle parts sales establishment, [Name 007], has its respective current sanitary operating permit. C. To date, 02 inspections have been carried out, where NO non-compliances have been verified. D. It is verified that the activities carried out by the involved companies are authorized under the regulations within the competence of this office; the noise problem denounced must be verified through the technical process established in the Regulation for the control of environmental noise, Executive Decree No. 44486 (in force since December 20, 2024), where, if non-compliance with the permissible limits of generated noise is demonstrated, the responsible party for the property engaging in the non-compliance must be notified to immediately suspend the activity and to present and implement a noise containment plan if the activity generating the problem needs to be reactivated. E. That since August 24, 2023, no new nuisance reports were filed and the establishment had its Sanitary Operating Permit; the case was considered satisfactorily addressed. THIRD: That this Ministry and the Directorate of the Rectorate Health Area Atenas have acted diligently in managing the matter in a timely manner and according to the corresponding internal administrative procedure in this Organizational Unit. Likewise, due to the duty of probity present in the Public Administration and with the objective of satisfying the public interest together with the priority collective needs in protecting health, TWO inspections linked to the problem indicated by the complainant have been carried out to corroborate compliance with the Organic Law of the Ministry of Health, the General Health Law and related regulations. Therefore, it is evidenced that we have not exceeded unreasonable deadlines, that the corresponding actions have been executed according to the competence of our Ministry, or incurred in an excessive and unjustified duration. That according to what is stated in the inspection report dated September 2, 2025, a date for a sonic measurement has been coordinated with the complainant, which will be carried out in the second half of September 2025, by virtue of what was indicated during the visit made during the current month. For all the foregoing, this Directorate of the Rectorate Health Area rejects an alleged violation of constitutional rights, since we have acted diligently, according to our competencies, to address the complaints filed regarding the underlying problem.".

6.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

Drafted by Magistrate Hess Herrera; and,

Considering:

I.- PRELIMINARY CLARIFICATION. Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, based on Judgment No. 2008-02545 of 08:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred —with some exceptions— those matters to the Administrative Contentious Jurisdiction where it is disputed whether the Public Administration has complied or not with the reasonably established deadlines to resolve the requests made by the administered parties in light of the provisions of article 41 of the Political Constitution. In the specific case, an exception is raised, as the lack of resolution of complaints related to contamination and health risks, whose situation exposes the community, is alleged. Based on the foregoing, the specific situation raised in this appeal is addressed.

II.- OBJECT OF THE APPEAL. The appellant requests that the amparo be granted and that the Municipality of Atenas and the Ministry of Health be ordered to exercise effective control and surveillance over the neighboring workshop, considering that its operation in a residential and educational zone causes contamination, health risks, and exceeds what is authorized in the granted license.

III.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision on this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been so accredited or because the respondent has omitted to refer to them, according to what is stipulated in the initial order:

Regarding the Municipality of Atenas:

a) On September 5, 2023, Mr. [Name 003] applied for a commercial license for the activity of selling vehicle parts, providing a land-use permit, an operating permit from the Ministry of Health, and proof of registration with the Treasury (see report rendered under oath and attached evidence).

b) The license was granted through resolution MAT-PAT-328-2023, exclusively authorizing the sale of vehicle spare parts (see report rendered under oath and attached evidence).

c) On September 7, 2023, the company [Name 002]. applied for a commercial license, granted through resolution MAT-PAT-340-2023 (see report rendered under oath and attached evidence).

d) In September 2023, the Internal Audit of the Municipality of Atenas issued a report on deficiencies in the Licensing Department, noting a lack of personnel, incomplete procedures, and poorly organized files. Said report included mandatory recommendations communicated through official letter MAT-AUI-118-2023 (see report rendered under oath and attached evidence).

e) On February 23 and June 26, 2024, as well as on March 7, 2025, the internal auditor requested and received from the Licensing Department follow-up reports on the implementation of said recommendations (see report rendered under oath and attached evidence).

f) On March 26, 2025, the appellant filed the following note with the Licensing Section of the Municipality of Atenas: "… I. PRESENTATION: We are [Name 002] ([Name 010]), an educational institution with legal ID [Value 002]. It is a Language and Volunteer Academy, founded 20 years ago by two Atenas professors. This institution teaches Spanish as a second language and facilitates community work for foreign students who come to the country with the purpose of serving in various institutions of the canton and surrounding areas. We are located 150 meters west and 50 meters south of the old Sabana Larga school, facing the public road registered as Calle Los Tanques, which leads towards Guácimos Adjacent to [Name 010], about a year and a half ago, a spare parts sales business registered as MCR Parts was installed. Based on information provided by the Municipality over the counter, the owner's name is [Name 003], with identity card number 2-531-928. And they have also indicated that the license granted to that company is exclusively for the SALE OF SPARE PARTS. [Name 010] as an educational institution, and all of us as teaching and administrative staff, have since then experienced a fairly extensive and serious impact for several reasons: 1. Despite having an exclusive license for the sale of spare parts, some days they dismantle engines causing such noise that it becomes impossible for us to carry out our teaching work (audio 1). Furthermore, we must breathe the strong odor of toxic particles released when working metal. 2. Almost daily, they keep cars parked simultaneously on both sides of the public street and even in the middle of the street (images 1, 2, 3, 4). Some of these cars are vehicles in use, but they also place scrap cars, car parts, and more... (images 5 and 6 and video 1). This bad practice obstructs the free and fluid circulation of vehicles of teachers, students, and any vehicle traveling from or to Guácimos. But it also puts us all at risk, should the entry of emergency vehicles be required. It is important to consider that we teach Spanish to a foreign population made up of children, adolescents, adults, and older adults. And some of our teachers are older adults as well. 3. The company in question also burns various contaminating materials right on the public road (images 7 and 8). 4. When passing by, we have encountered waste materials typical of the activity, thrown on the public road, such as glass, car parts, traces of burnings, and others (images 9 and 10 and videos 2 and 3). Likewise, oil spills are very common. 5. We fear that the scrap located inside and outside the business on the public road allows mosquito breeding sites, because in the teachers' lounge and surroundings, mosquitoes have increased considerably. And we have had cases of recurring dengue among the staff. 6. The strong, deep smell of gasoline remains almost permanently, because the building is right next to us. 7. The company also has an open-air hole to throw containers or waste materials, which is another source of contamination and toxicity (images 11 and 12). This hole is located in the southeast corner of the scrapyard. As recommended by the Municipality, we have documented some of these situations, which we are attaching to this document on an electronic device. II. INQUIRIES. 1. Does a spare parts sales license allow the dismantling of cars and car parts in situ, with the consequent noise pollution, the strong smell of gasoline, and the danger of breathing heavy metals in a residential and educational area? 2. Does a spare parts sales license allow obstructing a public street simultaneously on both sides and in the very center of the road, with cars in use and scrap car parts? 3. Can anyone, with that license or any other, take the public road as an extension of the private space for the activity of a business, whatever it may be? 4. Can toxic materials such as rubber and others be burned on the public road? As we understand it, burnings cannot even be done on private properties. 5. Can one, with a spare parts sales license, throw and keep waste materials like glass and others on the public road, and have open-air holes for garbage with contaminating content? 6. Can scrap be kept uncovered or covered with plastics that are obviously mosquito breeding sites? In advance, we thank you for the review of the document, the inspection of the area, the analysis, and the solution you may provide us with, given this difficult circumstance. The path of dialogue has not been effective. Sincerely and on behalf of [Name 010]: *Prof. [Name 001] ID: [Value 003]. Founder and Academic Director. *Prof. [Name 006]. Founder and Deputy Academic and Administrative Director" (see attached evidence).

g) On April 7, 2025, a municipal inspection was conducted at the workshop [Name 007], confirming the presence of vehicle parts on the public road, but without evidence of dismantling activity or burnings; the licensee was warned about the need to correct these anomalies (see report rendered under oath and attached evidence).

h) By email at 12:08 hours on April 22, 2025, Mr. [Name 006] sent to the email address: [email protected], addressed to Mr. Jimmy Rojas of the Licensing Department of the Municipality of Atenas, the following: "… On behalf of [Name 010] and its staff, with all due respect we request a prompt response to the complaint we filed with the Licensing Department of the Municipality of Atenas against the company [Name 007], for alleged non-compliance with the granted license. Given the physical risk that the activities of that company pose to us, we require a prompt solution. The complaint was filed on March 26. We appreciate your help. [Name 001] Academic Director [Name 006] Administrative Director ([Name 002])" (see attached evidence).

i) At 10:44 hours on May 20, 2025, the appellant and Mr. [Name 011] sent an email to Mr. Jimmy Rojas of the Licensing Department of the respondent local government, stating the following: "A greeting. With all due respect, we request a written response to this email we sent a few weeks ago. We spoke in your office but we need to keep a record of the process regarding the complaint we filed. And if there is any progress, please include it in the email. Very kind. Thank you very much. Prof. ([Name 006]) Prof. [Name 001] Directors [Name 010]" (see attached evidence).

j) On June 20, 2025, through official letter: MAT-PAT-0204-2025, Mr. Jimmy Rojas of the Licensing Department of the respondent town council addressed Messrs. [Name 001] and ([Name 006]) Director of ([Name 002]), the following: "… SUBJECT: Inquiry COMPLAINT dated March 26, 2025. I extend this greeting to you, in accordance with the inquiry again raised via email dated June 20, 2025, and given that the previous response provided in official letter MAT-PAT-0198-2025 informed that a visit was made to the location established in the complaint on 04/07/2025 at 9:30 a.m., and it was determined that the place currently holds a Commercial License for the Sale of Spare Parts or Vehicle Parts and related matters in the name of [Name 003] ID [Value 004], GRANTED on 09/21/2023, and with an Operating Permit from the Ministry of Health. However, as it was not clear, I proceed most attentively to answer each of the questions sent via email to achieve satisfaction, but it is clarified that the answers will be based on Current Regulations or existing Criteria, which may or may not be helpful, or may or may not resolve each of the questions. Since inquiries can be made unaware of current regulations or specific municipal regulations, or that are not our jurisdiction. First: We will start from the fact that over time there are two commercial activities; that of Mr. [Name 003] dated 09/21/2023 and that of the company [Name 002] 09/27/2023. Both with a very close processing proximity, so at the time of delivering the letter of 05/19/2023, neither activity was regulated municipally speaking or had a License, clarifying why my comment that there was no application for that type of activity, and regarding the comment that the 'Municipality is only interested in collecting money,' I do not understand why a phrase that I supposedly used in the confidentiality of a meeting in the Licensing office is used. However, I clarify that the Municipality does indeed collect money, and I am unaware of the context in which you understood or intend to imply. 1- When specific noise situations or any other anomaly exist, it is the affected person who must go to the corresponding entity to file the pertinent complaint. The licensee approaches the Ministry of Health to request the permit to operate. 2- It is recalled again that the Ministry of Health is the one that must oversee whether, in the granting of the operating permit, another activity is being redirected and, through existing complaints, the same ministry must request corrections. The Word 'Related' is used at a technical level to imply that it derives from an activity for vehicular purposes, which is logically understood; the word 'related' does not determine a permit or an endorsement to extend an activity; that is the Ministry of Health's jurisdiction. 3- A generic form is attached for obtaining a commercial license in the canton of Atenas; the same requirements apply for a restaurant as for a workshop; that is why one of the requirements is the Ministry of Health Operating Permit, with the latter determining the scope of the activity. 4- This answer is the Ministry of Health's jurisdiction; if currently other commercial premises selling spare parts or vehicle parts do not have complaints about noise or bad odors, it is simply because they do not have these faults, and if so, those affected would need to appear before the Ministry of Health and file the corresponding complaint. 5- As I mentioned at the beginning, not all answers are of a solution nature; many will be very technical or non-positive for the complainant; that is why I reiterate, as per the previous official letter, that the complaint regarding noise must be filed with the Ministry of Health, and matters of obstruction of cantonal roads with the UTGV or the MOPT. This does not mean that a solution will not be given; on the contrary, the response helps direct a possible solution. 6- Indeed, today the licensee is complying with the requirements and that is why the license was granted and the license tax is charged. 7- Articles 11 and 27 of Our Political Constitution are clear, and it is again provided and explained that the entity called upon to ensure the proper execution of businesses or commercial activities is the Ministry of Health. REGULATION FOR THE CONTROL OF NOISE POLLUTION 8- Article 3—Definitions: For the purposes of this Regulation, it shall be understood as 9- a) Competent authority: Ministry of Health 10- Article 5—Applicable limits in zones lacking a Regulatory Plan: In cantons without a Regulatory Plan, the Ministry shall determine the applicable limits based on the source and the receptor, in accordance with Table 1 of Article 14 of this regulation. 11- Article 8—Institution responsible for control. To verify compliance with the provisions contained in this Regulation, as well as those derived from it, the Ministry of Health, through the Rectorate Health Areas, shall carry out inspection visits to noise-emitting sources for noise measurement inside the affected properties 12- Given at the Presidency of the Republic. —San José, on the twenty-fourth day of July, two thousand fifteen. LUIS GUILLERMO SOLIS RIVERA. —The Minister of Health, Dr. Fernando Llorca Castro. —1 time.—O. C. No. 24154.— Request No. 7794.—(D39200 - IN2015062945). 8- It is again commented that at the site, the owners of the activity were told they must correct the possible anomalies existing regarding noise and contamination, but it is clarified that this matter is the jurisdiction of the Ministry of Health, so they are urged to follow up on the process before this entity. Nevertheless, a copy will also be forwarded to the Ministry of Health to support the process, and it is recommended to coordinate with the licensees to establish schedules where activities do not conflict and ensure constant conciliation. Sincerely, and remaining available for any inquiry or clarification. Inspection Report is attached" (see attached evidence).

Regarding the Rectorate Health Area Atenas:

a) On May 19, 2023, the Rectorate Health Area of Atenas received complaint No. 488-A against the establishment [Name 007] for noise and environmental contamination in a residential and educational zone, filed by [Name 001] and [Name 006] (see report rendered under oath and attached evidence).

b) On July 6, 2023, officials from the Rectorate Area visited the complainant's home to address the matter, recording it in report AIO-MBC-52-2023 (see report rendered under oath and attached evidence).

c) On July 10, 2023, a visit was made to the denounced establishment, recording it in report AIO-MBC-54-2023. It was verified that, in case the noise persisted, a measurement had to be carried out; no fuel storage was evidenced, but it was determined that the business lacked a Sanitary Operating Permit (see report rendered under oath and attached evidence).

d) On July 11, 2023, through official letter DRRSCN-ARSA-0133-2023, the establishment was granted a period of three days to process the Sanitary Operating Permit. Said permit was finally granted on August 4, 2023, valid until August 4, 2028 (see report rendered under oath and attached evidence).

e) On July 26 and August 24, 2023, officials from the Rectorate Area visited the complainant's home again to coordinate sonic measurements, but the health authority was not received on those occasions (reports AIO-MBC-61-2023 and AIO-MBC-85-2023).

f) Since August 2023, no new formal complaints were filed, which is why the case was considered satisfactorily addressed (see report rendered under oath and attached evidence).

g) On September 2, 2025, vector control and environmental management inspectors conducted a new inspection at [Name 007] (report AIO-MBC-268-2025), verifying the absence of mosquito breeding sites, hazardous substances, vehicles or scrap on the public road, and without observing noisy activities or burnings. Preventively, larvicide was applied, and opportunities for improvement in waste organization were noted (see report rendered under oath and attached evidence).

h) That same September 2, 2025, Health officials visited the facilities of [Name 002]., where the complainant reiterated nuisances from burnings; however, no evidence was observed at the time of the inspection. The performance of a sonic measurement was coordinated for the second half of September 2025, in accordance with current regulations (see report rendered under oath and attached evidence).

IV.- REGARDING THE SPECIFIC CASE. From the proven facts, it is accredited that the establishment [Name 007] holds a commercial license granted by the Municipality of Atenas exclusively for the sale of vehicle spare parts, as well as a sanitary operating permit granted by the Ministry of Health. From the abundant evidence provided by the appellant, particularly photographs and images in the case file, the following is directly and objectively verified: (i) the existence of totally dismantled vehicles, turned into scrap, located on the public right-of-way in immediate adjacency to the facilities of the [Name 002]; (ii) a space within the property intended for the indiscriminate storage of large quantities of automotive parts and metallic waste; (iii) traces of recent burnings of contaminating materials right on the public road, with smoke emissions; and (iv) the collection of used oils in drums, after being drained from motor vehicles. These conditions, verifiable in the photographic evidence, contrast with the reports rendered by the respondent authorities, who claim that the activity consists solely of the sale of spare parts, without any environmental impact.

In this way, it is demonstrated that the activity carried out by the establishment is not limited to the sale of spare parts, but rather encompasses vehicle dismantling operations, hazardous waste management, and polluting practices that completely exceed what is permitted. The existence of scrap and waste in direct adjacency to an educational institution reinforces the impact on the fundamental right of the appellant and the represented party, as it compromises not only the environment but also the health, safety, and quality of life of a community.

Article 50 of the Political Constitution recognizes the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, imposing on the State the duty to protect and guarantee it. This right is not merely programmatic but is fully enforceable through the amparo remedy, due to its direct link with health, human dignity, and the right to life. Added to this is Article 21 of the Constitution, which protects life in all its manifestations, and Article 46, which safeguards consumers and users against risks to their health and safety.

From the legal standpoint, the Organic Law of the Environment (No. 7554) establishes in its Article 2 that environmental protection is a matter of public order and social interest, and in its Article 11, it imposes on municipalities and the Ministry of Health the obligation to prevent, monitor, and sanction polluting behaviors. Likewise, the Regulation for the Control of Noise Pollution (Executive Decree No. 39433-S) designates the Ministry of Health as the competent authority to oversee and correct sonic emissions that exceed permitted limits, an obligation that in this case was not exercised diligently and effectively.

Now, both the Municipality of Atenas and the Ministry of Health incurred in significant shortcomings. The Municipality granted the license and conducted inspections, but without strict control or timely follow-up to ensure the correction of the verified anomalies. For its part, the Ministry of Health, although it granted the sanitary permit and made initial visits, did not deploy sufficient oversight: it delayed the necessary sonic measurements, did not comprehensively verify the burnings and oil disposal, and shifted the burden to the resident to file complaints repeatedly, failing in its duty as guarantor of the public interest in sanitary matters.

It must be remembered that constitutional jurisprudence has repeatedly established that the fragmentation of competencies among public institutions cannot translate into excuses for inaction or a void in effective protection. On the contrary, the principles of efficacy, coordination, and good administration (Articles 11 and 50 of the Constitution and Articles 3, 4, and 8 of the General Law of Public Administration) impose on the respondent authorities the duty to coordinate efforts to guarantee that commercial activities are developed within legal margins and without undermining fundamental rights.

In this case, the contrast between what was documented by the appellants in the photographs —totally dismantled vehicles on the public road, accumulation of scrap, burnings, and storage of oils in drums— and what was reported in the reports rendered under oath by the respondents reveals a serious discrepancy that cannot be ignored. The Chamber has held that, in the face of direct and verifiable evidence of environmental and sanitary harm, the precautionary principle recognized in environmental law shall apply, according to which, in case of doubt about the magnitude of the damage, prevention must prevail over inaction.

Of particular relevance is official letter MAT-PAT-0204-2025, dated June 20, 2025, signed by Mr. Jimmy Rojas of the Licensing Department of the Municipality of Atenas, in which a response is given to the complaint raised by the appellants. In said official letter, the municipal authority limits itself to indicating that the jurisdiction to address complaints regarding noise corresponds to the Ministry of Health and that the obstruction of the public road must be heard by the Technical Unit for Road Management (Unidad Técnica de Gestión Vial, UTGV) or the Ministry of Public Works and Transport (MOPT). Likewise, it warns that "not all answers are of a solution nature" and that, in some cases, the affected person must go directly to the corresponding entities.

This response, far from constituting an act of effective protection, reflects an improper transfer of the burden to the petitioner (recurrente), in open contradiction with the nature of the fundamental right to a healthy environment (ambiente sano) and to health, which demands diligent, coordinated, and effective action from the Administration.

This Chamber has been emphatic in pointing out that the fragmentation of competencies among institutions cannot translate into excuses for inaction or a vacuum of effective protection; quite the contrary, the principle of administrative coordination acquires special relevance, as a concrete expression of the duty of collaboration among public entities that work together to satisfy a fundamental right.

That is, by virtue of the principle of inter-institutional coordination, public authorities must articulate their competencies in such a way as to provide real solutions and avoid transferring to the citizen (administrado) a burden that the legal system does not impose. In this case, the Municipality of Atenas could not limit itself to referring the complaint to the MOPT but was obligated to actively manage the inter-institutional coordination necessary to resolve the reported problem, particularly with regard to the removal of dismantled vehicles from public roads and the supervision of polluting activities.

This duty to act finds express support in Article 11 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), which establishes that the State, municipalities, and private parties are obligated to prevent pollution and to seek the improvement of the environment, and must issue the necessary measures to avoid damages and adopt corrective measures when they occur. The omission in the exercise of these powers by the Municipality of Atenas and the Ministry of Health (Ministerio de Salud) constitutes, consequently, a direct violation of the constitutional mandate of Article 50 and the legal duty of environmental protection.

Consequently, the lack of sustained and coordinated oversight by both institutions has generated an institutional mismatch that compromises the fundamental right of the petitioners to a healthy environment and to health, allowing risky and polluting activities to develop. These are not mere administrative irregularities, but grave omissions that injure constitutional rights, in the face of which this Chamber must intervene through this amparo action (recurso de amparo).

Ergo, this Court finds that the omission of adequate supervision by the Municipality of Atenas and the Ministry of Health (Ministerio de Salud) directly compromises the fundamental right of the petitioner and the party they represent to a healthy environment and to health. This is not a simple administrative deficiency, but a constitutional violation that demands immediate, coordinated, and sustained measures of supervision and correction.

Therefore, it is proper to grant the amparo action (recurso de amparo) and order the Municipality of Atenas and the Ministry of Health (Ministerio de Salud): (i) to jointly and immediately exercise their control and sanctioning powers; (ii) to guarantee that the activity of the denounced establishment does not injure the right to a healthy environment; (iii) to order the elimination of scrap, oils, burnings, and accumulated waste on public roads or adjacent to the educational institution; and (iv) to implement preventive and corrective measures that ensure the non-repetition of these practices.

V.- CONCLUSION. Under this set of circumstances, granting the amparo action (recurso de amparo) is imperative, as set forth in the operative part of this judgment.

VI.- NOTE BY JUDGE CASTILLO VÍQUEZ REGARDING PROMPT AND COMPLETE ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported the thesis of this Court that when a litigant alleges a violation of the right to prompt and complete justice in administrative proceedings, those who must hear the legal dispute are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition (Ley de Regulación del Derecho de Petición), it has been established that this right is subject to judicial protection through the amparo action (recurso de amparo) established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, which, based on Article 7 of its Law, is responsible for defining exclusively its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional disputes that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which may properly be heard in this jurisdiction through the constitutional amparo process, in all other cases, and for the reasons this Court has given (judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent judges are those of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with Article 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.

VII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The petitioner is warned that if any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies has been provided, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 working days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the "Regulation on the Electronic Case File before the Judiciary" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin (Boletín Judicial) number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary (Consejo Superior del Poder Judicial), in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Therefore:

The amparo action (recurso) is granted. Máximo Chaves Ovares and Jimmy Reinier Rojas, respectively, mayor (alcalde) and head of the Licensing Department (Departamento de Patentes), both of the Municipality of Atenas, are ordered. As well as, Maryorie Campos Segura, in her capacity as director of the Atenas Health Governing Area (Área Rectora de Salud Atenas) of the Ministry of Health (Ministerio de Salud), or whoever holds those positions, to order all necessary measures and coordinate what is pertinent, within the scope of their respective competencies, so that IMMEDIATELY: (i) they jointly exercise their control powers; (ii) they guarantee that the activity of the denounced establishment does not injure the right to a healthy environment; (iii) they order the elimination of scrap, oils, burnings, and accumulated waste on public roads or adjacent to the educational institution; and (iv) they immediately adopt effective preventive and corrective measures that guarantee the eradication of the verified practices and ensure their non-repetition. The respondent authority is warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo action and does not comply with it or does not enforce it, provided that the crime is not more severely punished. The Municipality of Atenas and the State are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which shall be settled in the execution of the contentious-administrative judgment. Judge Castillo Víquez registers a note. Notify. -

Fernando Castillo V.

Presidente

Fernando Cruz C.

Jorge Araya G.

Ingrid Hess H.

Ileana Sánchez N.

Jorge Isaac Solano A.

Alexandra Alvarado P.

Digitally Signed Document

-- Verification Code --

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YTCO7GX3SQW61

CASE FILE N° 25-023199-0007-CO

Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church).

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