Res. 30992-2025 Sala Constitucional — Municipality must connect water service to social-interest condominium despite lesividad processMunicipalidad debe interconectar agua potable a condominio de interés social pese a proceso de lesividad

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Sala Constitucional

Resolución Nº 30992 - 2025

Fecha de la Resolución: 26 de Setiembre del 2025 a las 09:25

Expediente: 25-023523-0007-CO

Redactado por: Fernando Cruz Castro

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Indicadores de Relevancia

Sentencia relevante

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Derecho a la salud,Der Económicos sociales culturales y ambientales

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: MUNICIPALIDAD

Subtemas:

INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.
QUEJA.

Tema: SERVICIOS PÚBLICOS

Subtemas:

AGUA POTABLE.

030992-25. MUNICIPALIDAD. SERVICIOS PÚBLICOS. SE LE ORDENA AL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE NARANJO, O A QUIEN OCUPE ESE CARGO, QUE GIRE LAS ÓRDENES PERTINENTES Y DISPONGA LO NECESARIO, PARA QUE, EN EL PLAZO MÁXIMO DE QUINCE DÍAS, EJECUTE LAS MEDIDAS QUE CORRESPONDAN PARA DOTAR DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE AL CONDOMINIO RESIDENCIAL VERTICAL LA ESPERANZA. VCG10/2025

“(…) IV.- SOBRE EL DERECHO AL AGUA Y LOS REQUISITOS EXIGIBLES EN LA SOLICITUD DE SERVICIOS DE AGUA. La jurisprudencia de la Sala es reiterada en reconocer el denominado derecho fundamental al agua, por el cual debe concederse a todas las personas la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad a los servicios de agua potable, toda vez que la misma resulta esencial para la vida y la salud humanas. No obstante, este carácter de derecho fundamental no implica un acceso irrestricto a los servicios de agua, ya que la administración válidamente puede establecer requisitos generales de necesario cumplimiento por cada solicitante para valorar su particular requerimiento. Así, en sentencia número 2006-1898, de las nueve horas cincuenta y tres minutos del 17 de febrero de 2006 – reiterada, entre otras, por sentencias números 2007-13310, de las diez horas cincuenta y siete minutos del 14 de setiembre de 2007, y 2008- 16311, de las diecisiete horas treinta minutos del 30 de octubre de 2008- estableció la Sala que:

“El recurrente alega (…) que pese a las solicitudes y esfuerzos hechos, el Instituto recurrido se ha negado a brindarles el servicio de agua potable aduciendo que se trata de un precario y que sus habitantes no cuentan con un plano de segregación que establezca que son propietarios de los inmuebles. Al respecto, se encuentra acreditado en autos, con base en el informe rendido bajo juramento por la autoridad recurrida, que existe una imposibilidad para instalar servicios de agua potable domiciliaria en la comunidad que habita el recurrente por dos motivos específicos: la falta de una infraestructura adecuada y de presentación de solicitudes con cumplimiento de requisitos legales por parte de los interesados (...). Esta Sala, en la sentencia No. 2004- 12185 de las 13:31 horas del 29 de octubre del 2004, en un caso similar al presente, señaló que no era posible obligar al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados a eludir lo dispuesto en su Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes ni en la Ley General de Agua Potable. De ahí que, en el tanto el amparado, no reúna las condiciones y requisitos ahí exigidos, aunque el servicio de agua potable debe estar al alcance de toda persona por tratarse de un servicio esencial, no se le puede proveer de manera regular. Dada la existencia de esos dos motivos objetivos por los cuales no es posible suministrar un servicio de agua potable regular al accionante: su falta de cumplimiento de requerimientos para la conexión de un servicio nuevo, empezando, por la presentación de la solicitud y la existencia de una infraestructura adecuada en la zona, no existe motivo alguno para entender que la denegatoria de la prestación del servicio regular por parte del Instituto recurrido se deba al hecho que el amparado y sus vecinos no cuentan con títulos de propiedad sobre los inmuebles que poseen. A lo anterior cabe agregar que con base en el artículo 33 del Reglamento referido, la falta de un título de propiedad no parece ser un obstáculo para solicitar la conexión de un servicio nuevo de agua potable, en tanto se cumplan los requerimientos que indica esa norma. En todo caso, se encuentra acreditado también que aunque no se ha suministrado el servicio regular de agua potable, el recurrente y demás vecinos cuentan con fuente pública que el Instituto instaló para que puedan abastecerse, para sus necesidades básicas. De ahí que considere este Tribunal que ha sido la propia omisión del recurrente y de los vecinos de la localidad, quienes no acreditan haber presentado las solicitudes para la instalación de un servicio nuevo de agua potable en la comunidad donde habitan, la que ha impedido que se valore su situación a efectos de determinar si, cumpliendo, sobre todo los requerimientos del artículo 33 del Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes, las limitaciones de infraestructura pueden ser superadas en su caso y se les puede proveer de un servicio regular de agua potable.”

Se entiende entonces, que si bien existe un derecho fundamental al agua que puede ser exigido a la administración correspondiente, la prestación del servicio bien puede sujetarse al cumplimiento de los requisitos establecidos para su otorgamiento y a que exista posibilidad material de suministro, esto es, que no existan situaciones técnicas que imposibiliten o desaconsejen a la administración a brindar el servicio de agua potable, situación que determina que la administración carece de la obligación de prestar el servicio de agua potable en caso de existir razones técnicas que lo desaconsejen o imposibiliten, debiendo informar adecuadamente al gestionante las razones por las cuales no puede atenderse su solicitud» (véase sentencia N° 2018-8650 de las 09:15 hrs. del 1° de junio de 2018, 2018-7369 de las 9:45 horas de 11 de mayo de 2018 y la N° 2016-18026 de las 9:05 horas del 7 de diciembre de 2016).

V.- RELATIVO AL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA. Esta Sala, en la resolución No. 2018-002910 de las 09:15 horas del 23 de febrero de dos 2018, dispuso lo que de seguido se transcribe:

 

“IV.- Sobre este principio, anteriormente se asumió de manera axiomática que, irremediablemente, todo acto ilegal de contenido favorable podía ser dejado sin efecto por parte de la Administración en cualquier tipo de situación, sin atender a ninguna circunstancia en particular. No obstante, desde mediados de los cincuentas, tanto la doctrina como la jurisprudencia empezaron a detectar que una aplicación ciega y rígida de la regla antedicha lesionaba seriamente la confianza depositada por los administrados en la Administración, así como la buena fe y la seguridad jurídica. De este modo, mediante sentencia de 14 de mayo de 1956, el Tribunal Contencioso- Administrativo de Berlín desarrolló el principio de confianza legítima, que luego fue adoptado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea en sus pronunciamientos de 22 de marzo de 1961 y 13 de julio de 1965 (Lemmerz-Werk), y que básicamente apuntala la confianza de los ciudadanos en la medida que, en ciertas circunstancias del caso concreto, razones de equidad y buena fe le impiden a la Administración tomar medidas contrarias a la esperanza inducida por la razonable estabilidad de sus decisiones, en función de las cuales los particulares han adoptado determinadas medidas. En nuestro continente, tan solo a manera de ejemplo, el Tribunal Constitucional de Colombia, por Sentencia T- 308/11 de 28 de abril de 2011, ha precisado: “El principio de confianza legítima propugna por la edificación de un ambiente de tranquilidad en las relaciones que construyen los asociados frente a las autoridades públicas o los particulares, de forma tal que puedan esperar, de buena fe, que sus actuaciones no sean variadas de manera abrupta a menos de que prime un fin constitucionalmente legítimo. Doctrinariamente se ha defendido que la confianza legítima implica que determinadas expectativas generadas por un sujeto de derecho frente a otro en razón a un comportamiento específico produzcan resultados uniformes en un ambiente de confianza que sólo puede ser quebrantada para dar paso al interés público. En el marco de la relaciones entre la administración y los administrados, la doctrina ha definido la confianza legítima como un valor ético que integra la buena fe y que comprende “la necesidad de una conducta leal, honesta, aquella conducta que, según la estimación de la gente, puede esperarse de una persona.” (…) “La aplicación del principio de la buena fe permitirá al administrado recobrar la confianza en que la administración no va a exigirle más de lo que estrictamente sea necesario para la realización de los fines públicos que en cada caso concreto persiga. Y en que no le va a ser exigido en su lugar, en el momento ni en la forma más inadecuados, en atención a sus circunstancias personales y sociales, y a las propias necesidades públicas.” Así las cosas, la confianza legítima ha de entenderse como la expectativa cierta de que una situación jurídica o material, abordada de cierta forma en el pasado, no sea tratada de modo extremadamente desigual en otro periodo, salvo que exista una causa constitucionalmente aceptable que legitime su variación. En este sentido, esta Corporación ha sostenido que “el administrado no es titular de un derecho adquirido sino que simplemente tiene una mera expectativa en que una determinada situación de hecho o regulación jurídica no serán modificadas intempestivamente, y en consecuencia su situación jurídica puede ser modificada por la Administración. Como elemento incorporado al de buena fe, la confianza legítima puede proyectarse en el hecho de que se espere la perpetuación de específicas condiciones regulativas de una situación, o la posibilidad de que no se apliquen exigencias más gravosas de las ya requeridas para la realización de un fin, salvo que existan razones constitucionalmente válidas para ello.”  En efecto, la ratio iuris del principio de protección a la confianza legítima consiste en que el desarrollo de las relaciones jurídicas requiere de un ambiente de confianza, en el que las reglas de juego, una vez dadas, se respetan. Lo anterior resulta de mayor relevancia en el caso de las relaciones para con la Administración, toda vez que, en este caso, el instrumento jurídico relacional es el acto administrativo, el cual no es sino una manifestación unilateral de voluntad del Estado. Ergo, el ciudadano necesita de instrumentos jurídicos para defenderse de la unilateralidad y superioridad de la Administración (ver Sentencia N° 2016-008000 de las 11:52 horas del 10 de junio de 2016)”.

VI.- ANTECEDENTE. En la resolución del presente caso, es de gran importancia tomar en cuenta lo resuelto por ésta Sala Constitucional en la sentencia nro. 2024010181 de las 9:20 horas del 19 de abril de 2024, donde se estableció:

“III.- SOBRE EL FONDO. Después de analizar los elementos probatorios aportados y el informe rendido bajo juramento por la autoridad recurrida, con oportuno apercibimiento de las consecuencias previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, este Tribunal tiene por acreditado que la recurrente es dueña de un inmueble ubicado en San Ramón de Alajuela, propiamente en Piedades Norte, inscrita en el folio real No. 571180-000. Se colige que el 26 de marzo de 2022 la accionante presentó ante la autoridad recurrida una solicitud de agua potable para un inmueble sin construir de vocación agrícola cuyo acceso es mediante servidumbre de naturaleza agrícola que se ubica hasta calle púbica a 159.09 metros; solicitud No. SIGDD-2022-00006761. No obstante, del estudio básico de la solicitud No. SIGDD-2022-00006761-1-AP se determinó que no resultaba congruente para el instituto aprobar la solicitud de disponibilidad de agua potable y alcantarillado sanitario para el eventual proyecto debido a que no cuenta con factibilidad técnica requerida para la aprobación de las solicitudes de disponibilidad ubicadas en el sistema CO-A-35-San Ramón. La factibilidad técnica se fundamentó en la Inspección de Factibilidad de Agua Potable SIGDD-2022-00006761-1-1-1 remitido por el Jefe técnico de Operación y Mant. Sist. de Agua Cantonal de San Ramón de la Región Central Oeste, donde se indica “Inexistencia de infraestructura de distribución y recolección frente al inmueble según criterio técnico”. Lo anterior fue notificado a la recurrente mediante resolución de Constancia de NO DISPONIBILIDAD del 04 de agosto del 2022. Ante el escenario descrito, se coteja que la tutelada interpuso un recurso de revocatoria y/o apelación en subsidio contra lo dispuesto por el ICAA; empero, mediante resolución de las 7: 00 horas del 12 doce de agosto del 2022 se declaró sin lugar el recurso de revocatoria. Asimismo, mediante resolución GG-R-2022-0727 de las 10:00 horas del 21 de septiembre del 2022 se rechazó el recurso de apelación.

Quedó demostrado que el 21 de setiembre de 2022 la accionante presentó ante la autoridad recurrida la nueva la solicitud de agua potable No. SIGDD- 2022-00020625. En ese sentido, se demostró que el ICAA generó el oficio No. SIGDD2022-0000625-1-1-1 de 16 de noviembre de 2023, en el cual indicó lo siguiente: "SI HAY DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE EN LA VÍA PÚBLICA, NO HAY DISPONIBILIDAD DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO”. Lo anterior fue notificado a la interesada en el oficio del 16 de noviembre de 2023 en las siguientes condiciones: “En atención a la solicitud de disponibilidad, me permito hacerle llegar adjunto la Constancia de Disponibilidad de Agua Potable Positivo y Alcantarillado Sanitario Negativo N°2022-00020625-1, el cuál en resumen señala lo siguiente: La red de Alcantarillado Sanitario no se encuentra en funcionamiento en la zona”. Se coteja que el 07 de febrero de 2024 la promovente gestionó la solicitud del nuevo servicio de agua potable No. P21112024020005, pero al recibir el trámite en cuestión la cantonal se percató de un error y procedió a  realizar una investigación; ello, tomando en cuenta la evidencia pasada, valorando nuevamente sí la condición de la solicitud realmente había cambiado y las condiciones por la que fue negada la solicitud de Disponibilidad SIGDD-2022-00006761-1-1-1. Finalmente, se confirmó que en oficio No. SG-GSP-RC-2024-00132 del 05 de marzo de 2024, la autoridad recurrida le notificó a la interesada que no podía dar trámite a la solicitud del nuevo servicio No. P21112024020005. En lo medular, se indicó: “En fecha 07 de febrero del 2024, se emite solicitud 21112024020005 a nombre de [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], para el proyecto de Construcción de vivienda, ante la solicitud de conexión de nuevo servicio de agua potable, el cual se ubicaría en la propiedad, matrícula da folio real 2-571180-000, cuya naturaleza señala TERRENO DE POTRERO, acceso a través de servidumbre agrícola localizada en Distrito Piedades Norte, Cantón de San Ramón, Provincia de Alajuela, según Plano Catastrado No. A-2032273-2018, con dirección 115 metros al NW y 260 metros W de las Cabinas del Bosque Lodge (…) según consulta en el Registro Nacional de la propiedad, la distancia de la vía pública al terreno por la servidumbre agrícola es de 190 metros aproximado (…) Para prestar servicios a lo interno de la servidumbre debe inscribirla a favor de AYA, así como cumplir con los criterios antes señalados. En conclusión, ante esta circunstancia la Institución se ve imposibilitada de otorgar lo pedido. Los documentos que contiene el expediente administrativo son concluyentes, en este sentido mal haría la Institución otorgando un nuevo servido, contraria al Principio de Legalidad, a la ciencia y la técnica que señalan los artículos 11 y 16 de la Ley General de la Administración Pública. Siendo entonces que AyA debe respetar la normativa que lo rige, en caso contrario estaría transgrediendo el ordenamiento jurídico (…) Finalmente, como se comprueba no se puede dar trámite a la solicitud de nuevo servicio No. P21112024020005”.

Esta Sala, mediante sentencia No. 2012-016181 de las 9:05 horas de 27 de noviembre de 2012, reiterado en la sentencia No. 2015002749 de las 09:05 horas del 27 de febrero de 2015, al conocer un asunto similar al de este expediente, se pronunció en los siguientes términos:

“V.- CASO CONCRETO. Queda acreditado que a la amparada se le había otorgado una primera carta de disponibilidad, extendida el 24 de octubre de 2011, a efecto de tramitar el visado del plano catastrado No. SJ-919550-0, documento que tenía de vigencia un plazo no mayor a seis meses que venció en abril de 2012. Con base en ese documento, entre otros permisos y autorizaciones, la recurrente construyó su  vivienda  y  solicitó  a  la  Asociación recurrida,  que  le  extendiera  la  carta  de disponibilidad para que se le otorgue el servicio de agua potable en el inmueble. No obstante, esto le fue rechazado pues, según el último aforo realizado por personeros del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, las nacientes captadas son insuficientes para abastecer  a  la  población  actual  —criterio recogido  en  el memorando  No. SUB-G-GSC-UEN-AP-EBD-2012-686 de 25 de mayo de 2012—; situación que le fue comunicada a la tutelada. Partiendo de este esquema fáctico, en criterio de este Tribunal, en el presente asunto se violentó el principio de confianza legítima en perjuicio de la amparada. En efecto, si bien, la primera carta de disponibilidad se le extendió en el 2011, la amparada confió legítimamente en la Asociación recurrida —la que, como se dijo supra, está ejerciendo potestades públicas— y construyó su casa de habitación, con el gasto importante de recursos que eso conlleva, con la expectativa que se le suministraría el servicio de agua potable.  Ciertamente, conforme el artículo 21, inciso 19), del  Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales, Decreto Ejecutivo No.32529, las ASADAS pueden otorgar  el  sello disponibilidad  hídrica  —con  vigencia  de  6  meses  para viviendas unifamiliares y de un año para otros desarrollos, prorrogable— “siempre que exista viabilidad  técnica, no vaya en detrimento de la calidad del servicio que se presta y exista infraestructura” (el énfasis es agregado). No obstante, en concordancia con el principio de confianza legítima y de buena fe, debe advertirse a la Asociación recurrida que antes de emitir una carta de disponibilidad de agua potable, deben realizarse las mediciones necesarias para verificar si existe agua disponible y así evitar hacer incurrir a los administrados en fuertes e inútiles inversiones si después de construidas sus viviendas o edificaciones, no se les puede dotar de agua potable.

VI.- CONCLUSIÓN. Como corolario de lo expuesto, se impone acoger el recurso planteado con las consecuencias que se detallan en la parte dispositiva de esta sentencia”.

En el sub lite del elenco de hechos probados se desprende que mediante oficio No. SIGDD2022-0000625-1-1-1 de 16 de noviembre de 2023 el ICAA emitió la constancia de disponibilidad de agua potable positivo para la propiedad inscrita en el folio real No. 571180-000 localizada en San Ramón de Alajuela, propiamente en Piedades Norte a nombre de la recurrente, en las siguientes condiciones: "SI HAY DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE EN LA VÍA PÚBLICA, NO HAY DISPONIBILIDAD DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO”. Esto fue notificado a la parte amparada en oficio del 16 de noviembre de 2023 en las siguientes condiciones: “En atención a la solicitud de disponibilidad, me permito hacerle llegar adjunto la Constancia de Disponibilidad de Agua Potable Positivo y Alcantarillado Sanitario Negativo N°2022-00020625-1, el cuál en resumen señala lo siguiente: La red de Alcantarillado Sanitario no se encuentra en funcionamiento en la zona”. Con base en ese documento, entre otros permisos y autorizaciones, tales como el uso de suelo y el permiso de construcción No. PC-079-2024 emitido por la Municipalidad de San Ramón, la tutelada inició el proceso de construcción de su vivienda.  Posteriormente, sea el 07 de febrero de 2024, gestionó ante la institución accionada la solicitud del nuevo servicio de agua potable No. P21112024020005; empero, le fue rechazada mediante el oficio No. SG-GSP-RC-2024-00132 del 05 de marzo de 2024; esto, debido a la existencia de una imposibilidad técnica, pues se determinó que no existe frente al lindero del inmueble disponibilidad de sistema de alcantarillado. En la especie, en criterio de este Tribunal, en el caso de marras el ICAA violó el principio de confianza legítima en perjuicio de la parte amparada. En esa línea de ideas, adviértase que del propio dicho de la recurrente se determina que confió legítimamente en la autoridad recurrida y construyó su casa de habitación con el gasto importante de recursos que eso conlleva y con la expectativa que se le suministraría el servicio de agua potable. No obstante, casi tres meses después de que se emitiera el oficio No. SIGDD2022-0000625-1-1-1 de 16 de noviembre de 2023, la solicitud de nuevo servicio le fue rechazada. Por lo expuesto, se considera que también lesionó el principio de seguridad jurídica de la tutelada, así como su derecho a obtener justicia pronta y cumplida. Nótese que la solicitud de agua potable conlleva un procedimiento administrativo, el cual debe ser analizado y resuelto por el instituto accionado. En este caso, resulta claro que la recurrida emitió la disponibilidad de agua potable positivo, pero luego denegó la solicitud del nuevo servicio de agua potable debido a un error. En ese sentido, es menester traer a colación lo subrayado por el ICAA en su informe, en lo conducente: “El 21 de setiembre de 2022, vuelve a presentar la solitud de disponibilidad como se demuestra en los folios 62 y 63 del expediente administrativo y su resolución en los folios del 68 al 69, la nueva gestión se inicia de nuevo con el numero SIGDD- 2022- 00020625, se informa, que, en esta ocasión, la oficina cantonal recibió colaboración para la resolución de disponibilidades en donde en esta ocasión resolvieran de manera positiva sin tomar en cuenta que la servidumbre era agrícola y todo lo que implica este caso. Ya que hasta ese momento no había cambiado la situación que se presentaba desde la resolución anterior. Dicha resolución de disponibilidad positiva se hizo efectiva el 16 de noviembre del año 2023. Esta última resolución al quedar fuera de la gestión de la oficina cantonal de San Ramón, fue resulta por otras oficina colaboradoras fuera de la Dirección Región Central y se gestiona de forma positiva hacia el usuario directamente, con una resolución incorrecta, debido a que la condición inicial no tuvo ningún cambio y el acceso por servidumbre agrícola se mantuvo y a la fecha de este informe, no se evidencia colocación de infraestructura, por medio de alguna solicitud adicional o carta de Capacidad Hídrica que lo autorice”. Agrega: “La cantonal al recibir este trámite, se percata del error, y realiza la investigación, tomando en cuenta la evidencia pasada y valorando nuevamente, la condición de la solicitud si realmente había cambiado, las condiciones por la que fue negada la solicitud de Disponibilidad SIGDD-2022-00006761-1-1-1; Por tal motivo se responde a la señora [Nombre 001], con el documento SG-GSP-RC-2024-00132 el 05 de marzo, explicando los argumentos del porque no se puede dar trámite a la solicitud del nuevo servicio”.

Ahora, esta Sala se ha pronunciado sobre el acceso al agua potable como un servicio que permite, a su vez, la realización y garantía de otros derechos fundamentales como a la calidad de vida y la salud (véase en similar sentido la sentencia No. 2017002404 de las 09:45 horas del 17 de febrero de 2017) pero también ha reconocido que cuando existen razones técnicas que imposibiliten, de forma absoluta, el suministro  de  agua potable,  no  se  presenta  una  lesión  a un derecho fundamental (véase en similar sentido la sentencia No. 07779-2019 de las 09:15 horas del 03 de mayo de 2019, entre otras). En el caso de marras, previo a que el ICAA emitiera la constancia de disponibilidad de agua potable positivo por error, ya había determinado que no resultaba congruente aprobar la solicitud de disponibilidad de agua potable y alcantarillado sanitario debido a que no se cuenta con la factibilidad técnica requerida para la aprobación de las solicitudes de disponibilidad ubicadas en el sistema CO-A-35-San Ramón. Bajo esta óptica, si bien es importante señalar que este Tribunal no cuenta con la competencia para determinar si procede o no otorgar la disponibilidad de agua que pretende la accionante, pues esto obedece a criterios técnicos emitidos por las autoridades del ICAA, institución con la potestad normativa para realizar tales actos, en el sub examine sí se estima violentado el principio de confianza legítima de la amparada, así como el principio de seguridad jurídica y su derecho a obtener justicia pronta y cumplida, por lo que se impone acoger el recurso con las consecuencias que se detallan en la parte dispositiva. (…)

VII.- SOBRE EL FONDO.  Del informe rendido bajo juramento por la autoridad recurrida, con las consecuencias incluso penales que prevé el numeral 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se acredita una infracción a los derechos fundamentales de la parte recurrente, con fundamento en las consideraciones que a continuación se exponen. Al respecto, se acredita que el Proyecto Condominio La Esperanza ubicado en localidad de Naranjo fue desarrollado mediante el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, con el objetivo de atender a 120 familias en situación de extrema necesidad, la cual esta solución habitacional está destinada a 95 mujeres jefas de hogar, 16 familias numerosas, 4 personas con discapacidad y 3 adultos mayores. El diseño contempló la construcción de aproximadamente 120 apartamentos distribuidos en 10 torres de tres niveles, cada una con 12 unidades habitacionales, además de áreas de juegos infantiles, cerramiento perimetral, aceras, calles asfaltadas, planta de tratamiento y servicios públicos. Coopenae R.L. es la entidad autorizada encargada de la supervisión del proyecto y que la desarrolladora es [Nombre 061]. El proyecto cuenta con los permisos respectivos en materia geológica, ambiental y constructiva, así como con el cumplimiento de la normativa técnica nacional

El 14 de abril del 2021, el señor [Nombre 060], portador de la cédula de identidad n°[Valor 060], en su calidad de representante legal de la persona jurídica [Nombre 061], número de personería jurídica [Valor 061], por medio de la boleta municipal n°170841, presentó en la plataforma de servicios de la Municipalidad de Naranjo, solicitud de disponibilidad de agua potable para 125 pajas de agua, en el terreno (finca) propiedad de su representada, folio real 600010-000, con plano A-2237210-2020, localizado en la provincia de Alajuela, cantón Naranjo, distrito San Miguel, sector Calle Muñoz. En oficio DSPM-MN-DA-088-2021 del 21 de abril de 2021, el funcionario Chacón Agüero del Acueducto de la Municipalidad de Naranjo le indicó a la [Nombre 061] S. A. cédula jurídica No. [Valor 061], lo siguiente: “La solicitud de disponibilidad de agua ubicada en Naranjo, sector Calle Muñoz, 500 metros sureste del puente sobre el río Pilas, propiedad inscrita en el Registro Nacional con número de finca 2-600010-000, GIS No. 02-008-003-02, con número de plano de catastro 2-2237210-2020, misma que se otorga de manera condicionada. Al no existir frente al predio líneas de distribución de diámetros adecuados, ni contar la Municipalidad de Naranjo con documentación idónea de factibilidad para el desarrollo urbanístico de forma responsable, donde se garantice la dotación del servicio de agua potable de manera adecuada tanto para los abonados actuales como para los futuros. Así las cosas, se determina lo siguiente: Se otorga la disponibilidad de agua condicionada a la presentación de un estudio de factibilidad para la dotación del servicio de agua potable para llevar a cabo el proyecto de 125 pajas de agua domiciliarias de 12.5. mm), donde se deberán incluir factores como balance hídrico, dotación, topografía, diseño, protección de crecimiento poblacional y demás aspectos necesarios para el desarrollo urbanístico, el proyecto a desarrollar, formaría para del sistema de acueducto de Naranjo Centro. Estudio que deberá de ser debidamente aprobado por parte de la Municipalidad de Naranjo. Se deberá de realizar las obras de infraestructura indicada en el estudio solicitado. Para el tema de hidrantes deberá de realizar la consulta a ingeniería de hidrantes de Bomberos de Costa Rica, ente regulador y fiscalizador en este tema, para la inclusión en el diseño. Deberán de cumplir con la normativa vigente del A y A para el diseño de las líneas de distribución según lo índice que estudio de factibilidad solicitado”. Posteriormente, en oficio MN-DAM-0175- 022 del 21 de junio del 2022, el Alcalde de la Municipalidad de Naranjo en relación al proyecto de 125 pajas de agua domiciliarias, en el terreno (finca) folio real 2-600010- 000, plano A-2237210-2020, localizado en la provincia de Alajuela, cantón Naranjo, distrito San Miguel, sector Calle Muñoz, a favor de [Nombre 061]. determinó: “(…) “La solicitud de disponibilidad de agua en la propiedad ubicada en Naranjo, Sector Calle Muñoz, 500 metros suroeste del puente sobre el río Pilas, propiedad inscrita en el Registro Nacional con el número de folio real 2-600010-000, GIS #02-008-003- 02, con número de plano de catastro A-2237210-2022, misma que califica se concede de manera conforme. Así las cosas, se determina lo siguiente: • Se otorga la disponibilidad de agua para llevar a cabo el proyecto de 125 pajas de agua domiciliarias de 1/2” (12.5mm). • Se prohíbe el uso para otro fin no especificado. La Municipalidad de Naranjo queda facultada para dar tiempo de respuesta necesario a la solicitud de instalación. Esta certificación tiene validez un año calendario a partir de la fecha de emisión.”. En virtud de lo anterior, el 12 de julio del 2022, según la Plataforma Administradora de Proyectos de Construcción (APC) del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA)-expediente digital; [Nombre 061]. en calidad de propietario registral del terreno (finca) folio real 2-600010-000, plano A-2237210-2020, localizado en la provincia de Alajuela, cantón Naranjo, distrito San Miguel, sector Calle Muñoz presentó el oficio MN-DAM-0175-2022, suscrito por el Alcalde de la Municipalidad de Naranjo, como parte de la documentación con la que se solicitó el permiso de construcción para la obra condominio, en dicho terreno, el cual fue autorizado. Posteriormente, el 13 de febrero del 2023, el señor Allan Calvo Muñoz, representante legal de [Nombre 061]., por medio del oficio DT-YE-019-2023, solicitó al Departamento de Acueducto Municipal la “…renovación del oficio MN-DAM-0175 2022 correspondiente a la disponibilidad de 125 pajas de agua para el proyecto de interés social Condominio Vertical La Esperanza, otorgado en la fecha 21 de junio del 2022,en la propiedad con plano catastro 2-9207-2022 y finca con folio real 2- 600010-000…”

En oficio MN-ALC-3924-2023 del 14 de febrero de 2023, el Alcalde de la Municipalidad de Naranjo informó a la [Nombre 061]. Cédula No: 3 101 332999, en lo que interesa: “En este documento hago constar la resolución a la solicitud realizada por su persona de Disponibilidad de Agua. De acuerdo al reglamento para la operación y Administración del Acueducto de la Municipalidad de Naranjo, se emite el siguiente reporte. La Solicitud de disponibilidad de agua en la propiedad ubicada en Naranjo, Sector Calle Muñoz, 500 metros suroeste del puente sobre el río Pilas, Propiedad inscrita en el registro Nacional con el Número de finca 2-600010-000, Gis N°02-008-003-02, con número de plano catastro 2-9207-2022, misma que califica se concede de manera conforme. Así las cosas, se determina lo siguiente: • Se otorga la disponibilidad de agua para llevar a cabo el proyecto de 125 pajas de agua domiciliarias de ½” (12.5mm) cada una. • Se prohíbe el uso para otro fin no especificado. La Municipalidad de Naranjo queda facultada para dar tiempo de respuesta necesario a la solicitud de instalación. Esta Certificación tiene validez un año calendario a partir de la fecha de emisión”.

Posteriormente, en oficio MN-ALCDAM- OF-168-2025 del 3 de julio de 2025, el Coordinador del Departamento de Acueducto, Gerardo Chacón Agüero, comunicó al ingeniero director de obra que [Nombre 061]. no tiene autorización para realizar la solicitud de interconexión. El 18 de julio de 2025, la desarrolladora volvió a presentar la solicitud de interconexión, esta vez adjuntando las autorizaciones pertinentes por parte del Banco Improsa S.A., en calidad de propietario registral del terreno y fiduciario. En oficio MN-ALC-DAM-OF-188-2025 del 29 de julio de 2025, el Gerardo Chacón Agüero del Departamento Acueducto de la Municipalidad de Naranjo le informó a la Representante Legal [Nombre 061]. que en relación Atención boleta municipal n°236944. Solicitud de Interconexión del Proyecto Condominio Residencial Vertical “La Esperanza”, en lo que interesa: “(…) QUINTO. Que como resultado del análisis técnico efectuado al estudio “Diseño de Interconexión Condominio Vertical La Esperanza-Calle Muñoz Acueducto Municipal de Naranjo”, aportado por [Nombre 061]., en relación con el estudio técnico y especializado denominado: “DISEÑO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES DE CALLE MUÑOZ Y LA RADIAL EN NARANJO CENTRO”, contratado por la Municipalidad de Naranjo, según procedimiento contractual 2024LD-000004-0023200001, se concluye que: Con las condiciones de crecimiento poblacionales típico, el Acueducto Municipal cuenta con el recurso hídrico para abastecer a la actual población usuaria (específicamente del subsistema de Naranjo Centro-Casco Central y sectores San Francisco, Calle Muñoz, La Radial, El Águila), a una proyección de diseño de 25 años, lo que resulta acorde con la Norma Técnica para Diseño y Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, de Saneamiento y Pluvial, punto 4.2.5 “Tubería de conducción”, del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado, el cual establece como obligación para líneas de tubería de conducción de agua tratada, el periodo es de 25 años. Lo anterior técnicamente implica que el servicio de agua potable, debe poder ofrecerse a una proyección de crecimiento poblacional a 25 años, sin presentarse déficit hídrico. Sin embargo, ambos estudios técnicos, de manera transparente también revelan que al realizarse el ejercicio matemático, valorando la interconexión del proyecto condominio residencial vertical La Esperanza, para brindarle el servicio de agua potable, a través del Acueducto Municipal, la memoria de cálculo hidráulico demuestra que se generaría déficit hídrico a partir del año 2034, es decir, 09 años después de la eventual conexión en el presente año 2025, acortando así el periodo de diseño en aproximadamente un 64%, tal y como se demuestra en el punto “4.5 Balance Hídrico. Tabla 4-6 Balance Hídrico Acueducto Naranjo”. Lo que afectaría aproximadamente a 11864 mil personas usuarias, vecinas de Alto El Sitio, San Francisco, Calle Muñoz, Candelaria y Casco Central (abonados actuales del sistema de acueducto municipal), quienes son abastecidas con el sistema de acueducto municipal de Naranjo Centro, que a su vez, sería el mismo que tendría que dotar de agua potable al proyecto de condominio. SEXTO. Que ante ese panorama objetivo, sustentado en los 2 estudios técnicos y especializados antes referenciados, la Alcaldía Municipal en el escrito de presentación del proceso de lesividad ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, con motivo de la declaratoria de lesividad del Acto Administrativo-Oficio MN-DAM-0175-2022, del 21 de junio de 2022, suscrito por el ex Alcalde, señor Juan Luis Chaves Vargas, por medio del cual la Municipalidad de Naranjo, como es de su conocimiento, le otorgó a su representada la disponibilidad de agua potable, para el proyecto de 125 pajas de agua, en el bien inmueble matrícula 600010-00, planteó solicitud de medida cautelar. SÉTIMO. Que a la fecha del presente oficio, la Municipalidad de Naranjo está a la espera de la resolución del requerimiento, lo cual, en principio y oportunamente debe ser notificado por el Tribunal a las partes procesales intervinientes; en ese sentido, con instrucción de la Alcaldía Municipal se informa que la solicitud de interconexión contenida en la boleta municipal n°236944, que la misma queda sujeta a la resolución judicial correspondiente, resolución que será atendida por la Municipalidad de Naranjo, como en derecho corresponda. NOVENO. Que así las cosas y para lo que corresponda, se comunica que el número de expediente judicial asignado, por el Tribunal al caso de marras es: 25-004998-1027-CA”.

Nótese que en el presente caso, en oficio DSPM-MN-DA-088-2021 del 21 de abril de 2021, el funcionario Chacón Agüero del Acueducto de la Municipalidad de Naranjo y en los oficios de MN-DAM-0175- 022 del 21 de junio del 2022 y MN-ALC-3924-2023 del 14 de febrero de 2023, el Alcalde de la Municipalidad de Naranjo emitieron la disponibilidad de agua para llevar a cabo el proyecto de 125 pajas de agua domiciliarias en relación al proyecto de 125 pajas de agua domiciliarias, en el terreno (finca) folio real 2-600010- 000, plano A-2237210-2020, localizado en la provincia de Alajuela, cantón Naranjo, distrito San Miguel, sector Calle Muñoz, a favor de [Nombre 061]. En virtud de lo anterior y la jurisprudencia supra citada, la negativa de la corporación municipal recurrida de realizar o rechazar la interconexión del servicio de agua en el proyecto en cuestión, provocó una lesión al derecho humano al agua, al principio de confianza legítima y seguridad jurídica en perjuicio de la parte recurrente, pues, justamente, en tres diferentes oportunidades, la corporación municipal otorgó desde el 2021 la disponibilidad de agua a un proyecto de interés social y no le corresponde al administrado soportar el abrupto cambio de criterio de la administración municipal recurrida cuando la obra está construida.  Por lo demás, todo lo referente al proceso de lesividad tramitado bajo expediente 25-004998-1027-CA donde se pretende la nulidad del Acto Administrativo-Oficio MN-DAM-0175-2022, del 21 de junio de 2022 por medio del cual la Municipalidad de Naranjo otorgó la disponibilidad de agua potable, constituye un tema de legalidad sobre el cual esta Sala omite pronunciamiento alguno. En consecuencia, corresponde acoger este amparo en los términos que se dirán en la parte dispositiva de este pronunciamiento. (…)”




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Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 6. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ANOTADA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 013- Carácter vinculante. Erga Omnes

Subtemas:

NO APLICA.

ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL

“(…) I.- CUESTIÓN PREVIA. En la sentencia número 2025026068 de las 9:20 horas del 14 de agosto de 2025, esta Sala resolvió un anterior recurso de amparo por hechos similares a los planteados en el presente recurso, y en esa oportunidad se determinó:

“I.-En el caso concreto, los recurrentes cuestionan que la Municipalidad de Naranjo se niegue a que la empresa desarrolladora del condominio La Esperanza, interconecte dicho proyecto con el acueducto municipal. Del estudio de los autos, se denota que en el cantón de Naranjo se pretende construir el condominio vertical residencial La Esperanza, como un proyecto de vivienda para personas de escasos recursos. A raíz de lo anterior, la empresa encargada del proyecto gestionó ante la Municipalidad de Naranjo los permisos respectivos, entre los que se encontraba la solicitud de agua potable. Dicha petición fue atendida mediante oficio MN-ALC-3924-2023 del 14 de febrero del 2023, en el que se otorgó la disponibilidad de agua para 125 pajas de agua domiciliaria. Posteriormente, el 30 de mayo de 2025 la compañía desarrolladora solicitó que iniciara el proceso de interconexión del condominio con el acueducto municipal, no obstante, dicha solicitud fue negada por la corporación accionada, bajo el argumento de que, tras realizar un nuevo estudio, se había determinado que el proceso de interconexión del condominio generaría un déficit hídrico a partir del año 2034, afectando a casi doce mil personas usuarias del acueducto. Ante ello, se dispuso iniciar un proceso de lesividad ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, suspendiendo el proceso de interconexión hasta que dicho procedimiento se resolviera. Ahora bien, con vista en lo expuesto anteriormente, se estima que el reclamo planteado constituye un tema que escapa del ámbito de competencias de esta jurisdicción, pues no corresponde a la Sala determinar la procedencia de la decisión adoptada por la autoridad recurrida, en el sentido de si existen o no condiciones para permitir la interconexión del condominio La Esperanza al acueducto municipal, pues para ello sería necesario realizar una serie de diligencias de carácter técnico que son ajenas a este Tribunal y que, en todo caso, exceden el carácter sumario del amparo. Ante dicha situación, lo procedente es que los recurrentes planteen los reclamos del caso en la vía ordinaria, con el fin de que se resuelva ahí lo que en derecho corresponda”.

No obstante lo anterior, este Tribunal considera bajo una mejor ponderación, que por los hechos denunciados el presente recurso resulta admisible y la situación denunciada amerita ser conocida nuevamente. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.  (…)” VCG10/2025

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Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 050- Ambiente

Subtemas:

NO APLICA.

ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

“(…) IV.- SOBRE EL DERECHO AL AGUA Y LOS REQUISITOS EXIGIBLES EN LA SOLICITUD DE SERVICIOS DE AGUA. La jurisprudencia de la Sala es reiterada en reconocer el denominado derecho fundamental al agua, por el cual debe concederse a todas las personas la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad a los servicios de agua potable, toda vez que la misma resulta esencial para la vida y la salud humanas. No obstante, este carácter de derecho fundamental no implica un acceso irrestricto a los servicios de agua, ya que la administración válidamente puede establecer requisitos generales de necesario cumplimiento por cada solicitante para valorar su particular requerimiento. Así, en sentencia número 2006-1898, de las nueve horas cincuenta y tres minutos del 17 de febrero de 2006 – reiterada, entre otras, por sentencias números 2007-13310, de las diez horas cincuenta y siete minutos del 14 de setiembre de 2007, y 2008- 16311, de las diecisiete horas treinta minutos del 30 de octubre de 2008- estableció la Sala que:

“El recurrente alega (…) que pese a las solicitudes y esfuerzos hechos, el Instituto recurrido se ha negado a brindarles el servicio de agua potable aduciendo que se trata de un precario y que sus habitantes no cuentan con un plano de segregación que establezca que son propietarios de los inmuebles. Al respecto, se encuentra acreditado en autos, con base en el informe rendido bajo juramento por la autoridad recurrida, que existe una imposibilidad para instalar servicios de agua potable domiciliaria en la comunidad que habita el recurrente por dos motivos específicos: la falta de una infraestructura adecuada y de presentación de solicitudes con cumplimiento de requisitos legales por parte de los interesados (...). Esta Sala, en la sentencia No. 2004- 12185 de las 13:31 horas del 29 de octubre del 2004, en un caso similar al presente, señaló que no era posible obligar al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados a eludir lo dispuesto en su Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes ni en la Ley General de Agua Potable. De ahí que, en el tanto el amparado, no reúna las condiciones y requisitos ahí exigidos, aunque el servicio de agua potable debe estar al alcance de toda persona por tratarse de un servicio esencial, no se le puede proveer de manera regular. Dada la existencia de esos dos motivos objetivos por los cuales no es posible suministrar un servicio de agua potable regular al accionante: su falta de cumplimiento de requerimientos para la conexión de un servicio nuevo, empezando, por la presentación de la solicitud y la existencia de una infraestructura adecuada en la zona, no existe motivo alguno para entender que la denegatoria de la prestación del servicio regular por parte del Instituto recurrido se deba al hecho que el amparado y sus vecinos no cuentan con títulos de propiedad sobre los inmuebles que poseen. A lo anterior cabe agregar que con base en el artículo 33 del Reglamento referido, la falta de un título de propiedad no parece ser un obstáculo para solicitar la conexión de un servicio nuevo de agua potable, en tanto se cumplan los requerimientos que indica esa norma. En todo caso, se encuentra acreditado también que aunque no se ha suministrado el servicio regular de agua potable, el recurrente y demás vecinos cuentan con fuente pública que el Instituto instaló para que puedan abastecerse, para sus necesidades básicas. De ahí que considere este Tribunal que ha sido la propia omisión del recurrente y de los vecinos de la localidad, quienes no acreditan haber presentado las solicitudes para la instalación de un servicio nuevo de agua potable en la comunidad donde habitan, la que ha impedido que se valore su situación a efectos de determinar si, cumpliendo, sobre todo los requerimientos del artículo 33 del Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes, las limitaciones de infraestructura pueden ser superadas en su caso y se les puede proveer de un servicio regular de agua potable.”

Se entiende entonces, que si bien existe un derecho fundamental al agua que puede ser exigido a la administración correspondiente, la prestación del servicio bien puede sujetarse al cumplimiento de los requisitos establecidos para su otorgamiento y a que exista posibilidad material de suministro, esto es, que no existan situaciones técnicas que imposibiliten o desaconsejen a la administración a brindar el servicio de agua potable, situación que determina que la administración carece de la obligación de prestar el servicio de agua potable en caso de existir razones técnicas que lo desaconsejen o imposibiliten, debiendo informar adecuadamente al gestionante las razones por las cuales no puede atenderse su solicitud» (véase sentencia N° 2018-8650 de las 09:15 hrs. del 1° de junio de 2018, 2018-7369 de las 9:45 horas de 11 de mayo de 2018 y la N° 2016-18026 de las 9:05 horas del 7 de diciembre de 2016). (…)” VCG10/2025

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Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 2. PRINCIPIOS CON JURISPRUDENCIA

Tema: Confianza legitima

Subtemas:

NO APLICA.

CONFIANZA LEGÍTIMA

“(…) V.- RELATIVO AL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA. Esta Sala, en la resolución No. 2018-002910 de las 09:15 horas del 23 de febrero de dos 2018, dispuso lo que de seguido se transcribe:

“IV.- Sobre este principio, anteriormente se asumió de manera axiomática que, irremediablemente, todo acto ilegal de contenido favorable podía ser dejado sin efecto por parte de la Administración en cualquier tipo de situación, sin atender a ninguna circunstancia en particular. No obstante, desde mediados de los cincuentas, tanto la doctrina como la jurisprudencia empezaron a detectar que una aplicación ciega y rígida de la regla antedicha lesionaba seriamente la confianza depositada por los administrados en la Administración, así como la buena fe y la seguridad jurídica. De este modo, mediante sentencia de 14 de mayo de 1956, el Tribunal Contencioso- Administrativo de Berlín desarrolló el principio de confianza legítima, que luego fue adoptado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea en sus pronunciamientos de 22 de marzo de 1961 y 13 de julio de 1965 (Lemmerz-Werk), y que básicamente apuntala la confianza de los ciudadanos en la medida que, en ciertas circunstancias del caso concreto, razones de equidad y buena fe le impiden a la Administración tomar medidas contrarias a la esperanza inducida por la razonable estabilidad de sus decisiones, en función de las cuales los particulares han adoptado determinadas medidas. En nuestro continente, tan solo a manera de ejemplo, el Tribunal Constitucional de Colombia, por Sentencia T- 308/11 de 28 de abril de 2011, ha precisado: “El principio de confianza legítima propugna por la edificación de un ambiente de tranquilidad en las relaciones que construyen los asociados frente a las autoridades públicas o los particulares, de forma tal que puedan esperar, de buena fe, que sus actuaciones no sean variadas de manera abrupta a menos de que prime un fin constitucionalmente legítimo. Doctrinariamente se ha defendido que la confianza legítima implica que determinadas expectativas generadas por un sujeto de derecho frente a otro en razón a un comportamiento específico produzcan resultados uniformes en un ambiente de confianza que sólo puede ser quebrantada para dar paso al interés público. En el marco de la relaciones entre la administración y los administrados, la doctrina ha definido la confianza legítima como un valor ético que integra la buena fe y que comprende “la necesidad de una conducta leal, honesta, aquella conducta que, según la estimación de la gente, puede esperarse de una persona.” (…) “La aplicación del principio de la buena fe permitirá al administrado recobrar la confianza en que la administración no va a exigirle más de lo que estrictamente sea necesario para la realización de los fines públicos que en cada caso concreto persiga. Y en que no le va a ser exigido en su lugar, en el momento ni en la forma más inadecuados, en atención a sus circunstancias personales y sociales, y a las propias necesidades públicas.” Así las cosas, la confianza legítima ha de entenderse como la expectativa cierta de que una situación jurídica o material, abordada de cierta forma en el pasado, no sea tratada de modo extremadamente desigual en otro periodo, salvo que exista una causa constitucionalmente aceptable que legitime su variación. En este sentido, esta Corporación ha sostenido que “el administrado no es titular de un derecho adquirido sino que simplemente tiene una mera expectativa en que una determinada situación de hecho o regulación jurídica no serán modificadas intempestivamente, y en consecuencia su situación jurídica puede ser modificada por la Administración. Como elemento incorporado al de buena fe, la confianza legítima puede proyectarse en el hecho de que se espere la perpetuación de específicas condiciones regulativas de una situación, o la posibilidad de que no se apliquen exigencias más gravosas de las ya requeridas para la realización de un fin, salvo que existan razones constitucionalmente válidas para ello.”  En efecto, la ratio iuris del principio de protección a la confianza legítima consiste en que el desarrollo de las relaciones jurídicas requiere de un ambiente de confianza, en el que las reglas de juego, una vez dadas, se respetan. Lo anterior resulta de mayor relevancia en el caso de las relaciones para con la Administración, toda vez que, en este caso, el instrumento jurídico relacional es el acto administrativo, el cual no es sino una manifestación unilateral de voluntad del Estado. Ergo, el ciudadano necesita de instrumentos jurídicos para defenderse de la unilateralidad y superioridad de la Administración (ver Sentencia N° 2016-008000 de las 11:52 horas del 10 de junio de 2016)”. (…)” VCG10/2025

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Texto de la resolución



Exp: 25-023523-0007-CO

Res. Nº 2025030992

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinticinco minutos del veintiseis de setiembre de dos mil veinticinco .

 Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], [Valor 001], en su condición de MINISTRA DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS a favor de [Nombre 062], [Valor 002], [Nombre 003], [Valor 003], [Nombre 004], [Valor 004], [Nombre 005], [Valor 005], [Nombre 006], [Valor 006], [Nombre 007], [Valor 007], [Nombre 008], [Valor 008], [Nombre 009], [Valor 009], [Nombre 010], [Valor 010], [Nombre 011], [Valor 011], [Nombre 012], [Valor 012], [Nombre 013], [Valor 013], [Nombre 014], [Valor 014], [Nombre 015], [Valor 015], [Nombre 016], [Valor 016], [Nombre 017], [Valor 017], [Nombre 018], [Valor 018], [Nombre 019], [Valor 019], [Nombre 020], [Valor 020], [Nombre 021], [Valor 021], [Nombre 022], [Valor 022], [Nombre 023], [Valor 023], [Nombre 024], [Valor 024], [Nombre 025], [Valor 025], [Nombre 026], [Valor 026], [Nombre 027], [Valor 027], [Nombre 028], [Valor 028], [Nombre 029], [Valor 029], [Nombre 030], [Valor 030], [Nombre 031], [Valor 031], [Nombre 032], [Valor 032], [Nombre 033], [Valor 033], [Nombre 034], [Valor 034], [Nombre 035], [Valor 035], [Nombre 036], [Valor 036], [Nombre 037], [Valor 037], [Nombre 038], [Valor 038], [Nombre 039], [Valor 039], [Nombre 040], [Valor 040], [Nombre 041], [Valor 041], [Nombre 042], [Valor 042], [Nombre 043], [Valor 043], [Nombre 044], [Valor 044], [Nombre 045], [Valor 045], [Nombre 046], [Valor 046], [Nombre 047], [Valor 047], [Nombre 048], [Valor 048], [Nombre 049], [Valor 049], [Nombre 050], [Valor 050], [Nombre 051], [Valor 051], [Nombre 052], [Valor 052], [Nombre 053], [Valor 053], [Nombre 054], [Valor 054], [Nombre 055], [Valor 055], [Nombre 056], [Valor 056], [Nombre 057], [Valor 057], [Nombre 058], [Valor 058], [Nombre 059], [Valor 059] contra la MUNICIPALIDAD DE NARANJO, contra la MUNICIPALIDAD DE NARANJO.

RESULTANDO:

1.- Por escrito aportado en la Secretaría de la Sala el 7 de agosto de 2025,  la parte recurrente interpone el presente recurso de amparo y manifiesta que el Proyecto Condominio La Esperanza fue desarrollado mediante el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, con el objetivo de atender a 120 familias en situación de extrema necesidad. Señala que el proyecto busca erradicar el asentamiento informal La Radial, ubicado a la entrada de Naranjo sobre la ruta 141, y representa una inversión de ¢4.741,9 millones. Expone que con estos recursos se adquirió el terreno en verde, se desarrollaron las obras de infraestructura y se construyeron las unidades de vivienda. Precisa que el diseño contempla 120 apartamentos distribuidos en 10 torres de tres niveles, cada una con 12 unidades habitacionales, además de áreas de juegos infantiles, cerramiento perimetral, aceras, calles asfaltadas, planta de tratamiento y servicios públicos. Dice que esta solución habitacional está destinada a 95 mujeres jefas de hogar, 16 familias numerosas, 4 personas con discapacidad y 3 adultos mayores. Afirma que Coopenae R.L. es la entidad autorizada encargada de la supervisión del proyecto y que la desarrolladora es [Nombre 061]. Expone que el proyecto cuenta con los permisos respectivos en materia geológica, ambiental y constructiva, así como con el cumplimiento de la normativa técnica nacional. Expone que  mediante oficio MN-ALC-3924-2023 del 14 de febrero de 2023, el entonces alcalde de Naranjo, Juan Luis Chaves Vargas, comunicó a la desarrolladora la disponibilidad de agua para el proyecto, autorizando 125 pajas domiciliarias de ½” (12.55mm) para la propiedad ubicada en Calle Muñoz, Naranjo. Señala que mediante oficio MN-ALC-4150-2023 del 4 de mayo de 2023, el mismo alcalde informó que el acueducto municipal frente a la propiedad cuenta con una presión de 100 psi, suficiente para el desarrollo del proyecto. Expone que mediante oficio MN-ALC-4405-2023 del 6 de julio de 2023, el alcalde comunicó a los vecinos del cantón y al público en general que el otorgamiento de la disponibilidad de agua se realizó dentro del marco de la legalidad y conforme a las competencias municipales. Indica que el Concejo de Naranjo, mediante certificación del acuerdo SO-28-0657-2023 del 10 de julio de 2023, declaró de interés municipal la solución al problema habitacional del asentamiento La Radial, por representar un riesgo constante para sus habitantes y haber sido declarado inhabitable por el Ministerio de Salud. Señala que el proyecto obtuvo el permiso de construcción N°1181-2023 el 29 de noviembre de 2023, otorgado por la Municipalidad de Naranjo. Informa que mediante acuerdo N°7 de la Junta Directiva del BANHVI del 31 de octubre de 2023, se aprobó el financiamiento para la compra del terreno, obras de infraestructura y construcción de las 120 soluciones habitacionales, por un monto total de ¢4.741.914.421,66, actuando Coopenae R.L. como entidad autorizada y [Nombre 061]. como desarrolladora. Dice que el 30 de mayo de 2025, la desarrolladora presentó ante la Municipalidad de Naranjo la solicitud de interconexión al sistema de agua potable. Señala que mediante oficio MN-ALCDAM- OF-168-2025 del 3 de julio de 2025, el coordinador del Departamento de Acueducto, Gerardo Chacón Agüero, comunicó al ingeniero director de obra que [Nombre 061]. no tiene autorización para realizar la solicitud de interconexión. Afirma que, no obstante, el estudio técnico denominado “Diseño de Interconexión Condominio Vertical La Esperanza-Calle Muñoz Acueducto Municipal de Naranjo” se encuentra en análisis, ya que el balance hídrico proyectado es deficitario al año 2034. Sostiene que el 18 de julio de 2025, la desarrolladora volvió a presentar la solicitud de interconexión, esta vez adjuntando las autorizaciones pertinentes por parte del Banco Improsa S.A., en calidad de propietario registral del terreno y fiduciario. Continúa diciendo que: 11.- Finalmente, mediante oficio MN-ALC-DAM-OF-188-2025 del 29 de julio del 2025, el Sr. Gerardo Chacón Agüero, Coordinador del Departamento de Acueducto de la Municipal de Naranjo, comunica a la representante legal de [Nombre 061]. que como resultado del análisis técnico efectuado al estudio “Diseño de Interconexión Condominio Vertical La Esperanza-Calle Muñoz Acueducto Municipal de Naranjo”, aportado por [Nombre 061]., en relación con el estudio técnico y especializado denominado: “DISEÑO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES DE CALLE MUÑOZ Y LA RADIAL EN NARANJO CENTRO”, contratado por la Municipalidad de Naranjo, según procedimiento contractual 2024LD-000004-0023200001, se concluye que: Con las condiciones de crecimiento poblacionales típico, el Acueducto Municipal cuenta con el recurso hídrico para abastecer a la actual población usuaria (específicamente del subsistema de Naranjo Centro-Casco Central y sectores San Francisco, Calle Muñoz, La Radial, El Águila), a una proyección de diseño de 25 años, lo que resulta acorde con la Norma Técnica para Diseño y Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, de Saneamiento y Pluvial, punto 4.2.5 “Tubería de conducción”, del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado, el cual establece como obligación para líneas de tubería de conducción de agua tratada, el periodo es de 25 años. Lo anterior técnicamente implica que el servicio de agua potable debe poder ofrecerse a una proyección de crecimiento poblacional a 25 años, sin presentarse déficit hídrico. Indica que ambos estudios técnicos revelan que al realizarse el ejercicio matemático, valorando la interconexión del Proyecto Condominio Residencial Vertical La Esperanza, para brindarle el servicio de agua potable, a través del Acueducto Municipal, la memoria de cálculo hidráulico demuestra que se generaría déficit hídrico a partir del año 2034, es decir, 09 años después de la eventual conexión en el presente año 2025, acortando así el periodo de diseño en aproximadamente un 64%, tal y como se demuestra en el punto “4.5 Balance Hídrico. Tabla 4-6 Balance Hídrico Acueducto Naranjo”. Lo que afectaría aproximadamente a 11864 mil personasusuarias, vecinas de Alto El Sitio, San Francisco, Calle Muñoz, Candelaria y Casco Central (abonados actuales del sistema de acueducto municipal), quienes son abastecidas con el sistema de acueducto municipal de Naranjo Centro, que a su vez, sería el mismo que tendría que dotar de agua potable al proyecto de condominio y agrega que el tema es objeto de un proceso de lesividad ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Manifiestan además que hasta que no se avance con el proceso de lesividad, el proceso de interconexión de agua potable que requieren las 120 familias beneficiarias del Proyecto de vivienda La Esperanza, que suspendido”. Aclara que la entidad autorizada ostenta de manera exclusiva la tramitación y calificación del bono ante el Banco Hipotecario de la Vivienda, así como la selección del desarrollador de la obra. Señala que, si bien el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) realiza una identificación de las comunidades que presentan perfiles sociales acordes con los parámetros de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad social, y brinda aval o recomendación formal de aquellos proyectos que cumplen con las prioridades del Estado en materia de vivienda, corresponde siempre al BANHVI y a la Entidad Autorizada seleccionada para tal fin, todo el proceso de tramitación, aprobación, ejecución y seguimiento de la contratación de la obra y su fase constructiva. Precisa que en dichas fases el MIVAH carece de competencias o intervención, por estar así establecido en la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Indica que lo anterior se realiza en atención al principio de legalidad al que están sometidos todos los actos de la Administración Pública, conforme lo disponen los artículos 11 de la Constitución y 11 de la Ley General de la Administración Pública. Alega que: “3.- Sobre la negativa y la inercia de la Municipalidad de Naranjo La Municipalidad de Naranjo no pueda alegar que ha actuado en beneficio de los intereses de las familias beneficiarias, cuando su negativa a efectuar la interconexión de agua potable ha contribuido a lesionar sus derechos fundamentales. La inercia de la Municipalidad también se refleja cuando no se han buscado las vías correctas de eficiencia y eficacia para lograr el fin público -otorgar actualmente el acceso al agua potable y asegurar a futuro el balance hídrico adecuado del acueducto que administra, mediante las acciones que resulten necesarias, en el marco de sus competencias legales, incluyendo la coordinación interinstitucional. Ejemplo de ello, lo vemos en la resolución Nº17407-2007 de las dieciséis horas con cuarenta y ocho minutos del veintiocho de noviembre del dos mil siete, en la que la Sala Constitucional ordena a los jerarcas de todas las instituciones recurridas adoptar las acciones pertinentes y coordinadas para que los beneficiarios del Proyecto Vista Hermosa reciban sus viviendas, con carácter provisional y mediante la forma contractual que se juzgue apropiada, indicando en su Considerando V lo siguiente: “V.- La inactividad administrativa que ha venido retrasando el cumplimiento de lo ordenado y la apremiante necesidad de los amparados, quienes se encuentran en el estado de extrema pobreza que los ha colocado como beneficiarios del proyecto, conducen a la adopción de una medida provisional de urgencia, dentro de la etapa de ejecución de la sentencia, a fin garantizar los derechos fundamentales del (sic) los amparados, consistente en la entrega provisional, cautelar, de las viviendas a sus beneficiarios, así como la instalación de los servicios de agua potable y electricidad. En vista de que el Ministro de Vivienda y el Gerente General del BANHVI atribuyen a la Municipalidad de Oreamuno el hecho de que al interponerse el amparo no se hubieran entregado las viviendas, la Municipalidad y estas instituciones deberán adoptar las acciones pertinentes, a fin de que los beneficiarios del Proyecto Vista Hermosa habiten sus viviendas dentro de las tres semanas posteriores al dictado de la presente resolución, al menos con carácter provisional, mediante la forma contractual que juzguen apropiada, y se les presten los servicios de agua potable y electricidad, a todos los beneficiarios. El carácter provisional de esta medida, dentro de la etapa de ejecución, quedará sin efecto, una vez que se entreguen las viviendas y se satisfagan los servicios públicos en forma definitiva.” (Resolución Nº17407-2007 de las dieciséis horas con cuarenta y ocho minutos del veintiocho de noviembre del dos mil siete, Sala Constitucional de fundamental al agua potable y vivienda digna El derecho fundamental al agua potable ha sido resuelto por la Sala Constitucional en numerables ocasiones, dando siempre la razón a las y los recurrentes y ordenando a las autoridades competentes brindar soluciones definitivas y efectuar las medidas correctivas necesarias para asegurar la cantidad y calidad de agua potable que satisfaga las necesidades básicas indispensables, así por ejemplo se indicó: “Se ordena a Eduardo Lezama Fernández, en su calidad de Sub Gerente General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y a WILLIAM CHAVES SOTO, en su condición de DIRECTOR DE LA REGIÓN PACÍFICO CENTRAL ambos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados o a quienes ejerzan ese cargo, que dentro del año siguiente a la notificación de esta resolución, den solución definitiva a los problemas de calidad de suministro de agua potable de las comunidades denominadas Kilómetro 81 y Cascajal y tomen las medidas correctivas necesarias para que los vecinos de esas comunidades, reciban el agua potable en la cantidad y calidad que les permita satisfacer sus necesidades básicas indispensables”. Concluye que en el caso del Proyecto de Condominio Vertical Residencial La Esperanza se considera que varios derechos fundamentales estarían siendo violados si no se toma una solución eficiente, eficaz y pronta por parte de la Municipalidad de Naranjo respecto al tema de interconexión de agua potable, antes de proceder con la entrega formal de las soluciones habitacionales. Señala que prevalece el derecho a una vivienda digna y adecuada, considerando la situación de vulnerabilidad y el riesgo inminente que enfrentan las familias beneficiarias del proyecto. Advierte que existe un posible riesgo para ese ministerio de ser recurrido por la vía contenciosa y/o constitucional, lo que podría derivar en una condenatoria por inercia administrativa y/o falta de coordinación entre las instituciones públicas encargadas de brindar una solución adecuada y oportuna. Indica que la negativa de la corporación recurrida a otorgar la interconexión de agua potable genera un gasto innecesario para el Estado. Precisa que dicho gasto se origina en la necesidad de continuar financiando el mantenimiento y la seguridad de un proyecto habitacional que ya se encuentra finalizado y que no ha podido ser entregado ni habitado por las razones previamente expuestas. En la petitoria la parte recurrente indicó expresamente: “Solicito con fundamento en los artículos 11, 48, 50, 51, 65, 169 y 173 de la Constitución Política, se declare con lugar en todos sus extremos el recurso de amparo presentado y se ordene a la Municipalidad de Naranjo gestionar de inmediato el proceso de interconexión de agua potable que requieren las 120 familias beneficiarias del Proyecto de Condominio Vertical, Residencial La Esperanza, en el cantón de Naranjo, a efecto de poder entregar las soluciones de vivienda que ya están terminadas”. Por otra parte, en el escrito de interposición la parte recurrente no solicitó el dictado de ninguna medida cautelar urgentísima para que se valorara u ordenara, una vez emitida la resolución de admisibilidad, la conexión provisional de agua en el Proyecto Condominio La Esperanza.

2.- Por resolución de las 14:15 horas del 22 de agosto de 2025, se le da curso al proceso y se requieren los informes a las autoridades recurridas.

 3.- En escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 28 de agosto de 2025, la recurrente solicita autorización a fin de que el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, como parte recurrente, pueda tener acceso en línea el presente expediente.

 4.- Por escrito recibido el 29 de agosto de 2025, informa bajo juramento Randall Vega Blanco, en su calidad de Alcalde de la Municipalidad de Naranjo que de conformidad con el ACUERDO n°07, adoptado por la Junta Directiva del BANHVI, en la sesión ordinaria n°50-2023, celebrada el 23 de octubre de 2023, se autorizó el proyecto: Condominio Residencial Vertical La Esperanza: 1 que incluye 120 soluciones habitacionales., el cual Es financiado por el Banco Hipotecario de la Vivienda (de ahora en adelante BANHVI), la empresa la [Nombre 061]., personería jurídica n°[Valor 061], es la constructora-desarrolladora responsable de la construcción del proyecto,  Coopenae R.L., es la entidad autorizada. El 14 de abril del 2021, el señor [Nombre 060], portador de la cédula de identidad n°[Valor 060], en su calidad de representante legal de la persona jurídica [Nombre 061], número de personería jurídica [Valor 061], por medio de la boleta municipal n°170841, presentó en la plataforma de servicios de la Municipalidad de Naranjo, solicitud de disponibilidad de agua potable para 125 pajas de agua, en el terreno (finca) propiedad de su representada, folio real 600010-000, con plano A-2237210-2020, localizado en la provincia de Alajuela, cantón Naranjo, distrito San Miguel, sector Calle Muñoz. El 21 de abril del 2021, el Lic. Gerardo Andrés Chacón Agüero, Encargado del Departamento de Acueducto Municipal, por medio del oficio DSPM-MN-DA-088- 2021, al respecto de la solicitud de disponibilidad de agua potable, presentada por [Nombre 061].; en los siguientes términos: (…) “En este documento hago constar la resolución a la solicitud realizada por su persona de disponibilidad de agua. De acuerdo al Reglamento para la Operación y Administración del Acueducto de la Municipalidad de Naranjo, se emite el siguiente criterio: La solicitud de Disponibilidad de agua en la propiedad ubicada en Naranjo, sector Calle Muñoz, 500 metros sureste del puente sobre el rio Pilas. Propiedad inscrita en el Registro Nacional con el número de Finca 2-600010-000, GIS # 02-008-003-02, con número de plano de catastro A-2237210-2022, misma que se otorga de manera CONDICIONADA: Al no existir frente al predio descrito líneas de distribución con diámetros adecuados, ni contar la Municipalidad de Naranjo con documentación idónea de factibilidad para el desarrollo urbanístico en esta zona de forma responsable, donde se garantice la dotación del servicio de agua potable de forma adecuada tanto para los abonados actuales como para los futuros. Así las cosas, se determina lo siguiente: • Se otorga la disponibilidad de agua CONDICIONADA a la presentación de un estudio de factibilidad, para la dotación de servicio de agua potable para llevar a cabo el proyecto de 125 paja de agua domiciliarias de 1/2” (12.5mm), donde se deberán incluir factores como, balance Hídrico, dotación, topografía, diseño, proyección de crecimiento poblacional y demás aspectos necesarios para el desarrollo urbanístico, el proyecto a desarrollar, formaría parte del sistema de Naranjo Centro. Estudio que deberá ser debidamente aprobado por la Municipalidad de Naranjo. • Se deberá realizar las obras de infraestructura indicada en el estudio solicitado. • Para el tema de Hidrantes deberán realizar la consulta a Ingeniería de Hidrantes de Bomberos de Costa Rica, ente regulador y fiscalizador en este tema, para la inclusión en el diseño. • Deberán cumplir con la normativa vigente del AyA para el diseño de las líneas de distribución según lo indique el estudio de factibilidad solicitado. Esta Certificación tiene validez de un año calendario a partir de la fecha de emisión. Que [Nombre 061]., NUNCA presentó al Departamento de Acueducto Municipal para su revisión, el cumplimiento de los requisitos técnicos condicionantes, dispuestos en el oficio DSPM-MN-DA-088-2021, ni tampoco interpuso recursos ordinarios en contra del oficio de marras. Razón por la cual, el Departamento de Acueducto Municipal, como la instancia técnica municipal competente, según el “Reglamento para la Operación y Administración del Acueducto de la Municipalidad de Naranjo”; NUNCA emitió ningún acto administrativo-oficio-resolución de aprobación conforme y por ende definitivo, al respecto de la solicitud de disponibilidad de agua potable, presentada por [Nombre 061]., para 125 pajas de agua, en el terreno (finca) folio real600010-000, con plano A-2237210-2020, localizado en la provincia de Alajuela, cantón Naranjo, distrito San Miguel, sector Calle Muñoz; es decir, NUNCA emitió disponibilidad de agua potable a favor de [Nombre 061].; para dicho terreno y el proyecto de 125 pajas de agua. El 21 de junio del 2022, el Alcalde de la Municipalidad de Naranjo de ese entonces, señor Juan Luis Chaves Vargas, por medio del oficio MN-DAM-0175- 2022, otorgó disponibilidad de agua potable, sin ningún condicionamiento técnico proyecto de 125 pajas de agua domiciliarias, en el terreno (finca) folio real 2-600010- 000, plano A-2237210-2020, localizado en la provincia de Alajuela, cantón Naranjo, distrito San Miguel, sector Calle Muñoz, a favor de [Nombre 061].; en los siguientes términos: “La Solicitud de disponibilidad de agua en la propiedad ubicada en Naranjo, Sector Calle Muñoz, 500 metros suroeste del puente sobre el río Pilas, propiedad inscrita en el Registro Nacional con el número de folio real 2-600010-000, GIS #02-008-003- 02, con número de plano de catastro A-2237210-2022, misma que califica se concede de manera conforme. Así las cosas, se determina lo siguiente: • Se otorga la disponibilidad de agua para llevar a cabo el proyecto de 125 pajas de agua domiciliarias de 1/2” (12.5mm). • Se prohíbe el uso para otro fin no especificado. La Municipalidad de Naranjo queda facultada para dar tiempo de respuesta necesario a la solicitud de instalación. Esta certificación tiene validez un año calendario a partir de la fecha de emisión.” El 12 de julio del 2022, según la Plataforma Administradora de Proyectos de Construcción (APC) del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA)-expediente digital; [Nombre 061]. en calidad de propietario registral del terreno (finca) folio real 2-600010-000, plano A-2237210-2020, localizado en la provincia de Alajuela, cantón Naranjo, distrito San Miguel, sector Calle Muñoz; presentó el oficio MN-DAM-0175-2022, suscrito por el ahora ex Alcalde de la Municipalidad de Naranjo, señor Juan Luis Chaves Vargas, como parte de la documentación con la que solicitó el permiso de construcción para la obra condominio, en dicho terreno. El 13 de febrero del 2023, el señor Allan Calvo Muñoz, representante legal de [Nombre 061]., por medio del oficio DT-YE-019-2023, solicitó al Departamento de Acueducto Municipal la “…renovación del oficio MN-DAM-0175 2022 correspondiente a la disponibilidad de 125 pajas de agua para el proyecto de interés social Condominio Vertical La Esperanza, otorgado en la fecha 21 de junio del 2022,en la propiedad con plano catastro 2-9207-2022 y finca con folio real 2- 600010-000…” El 14 de febrero del 2023, el señor Juan Luis Chaves Vargas, ahora ex Alcalde de la Municipalidad de Naranjo, atendió el oficio DT-YE-019-2023, a través del oficio MN-ALC-3924-2023, otorgando la disponibilidad de agua para llevar a cabo el proyecto de 125 pajas de agua domiciliarias de 1/2” (12.5mm), en la propiedad con plano catastro 2-9207-2022 y folio real 2-600010-000; en idénticos términos al oficio MN-DAM-0175-2022. Que fue el 21 de junio del 2022, cuando el entonces Alcalde de la Municipalidad de Naranjo, señor Juan Luis Chaves Vargas, mediante el oficio MN-DAM-0175-2022, en primera instancia otorgó la disponibilidad de agua potable, de modo que el oficio MN-ALC-3924-2023, se trata de una “renovación” del oficio MN-DAM-0175-2022. Se indica renovación entre comillado, debido a que de las regulaciones contenidas en el “Reglamento para la Operación y Administración del Acueducto de la Municipalidad de Naranjo”, no existe norma autorizante para que se emitan “renovaciones” del acto administrativo que brinda la disponibilidad de agua; más bien lo que dispone el numeral 06, inciso f) del mencionado Reglamento municipal, es: “f) Para otorgar el servicio de agua deberán contar con el visto bueno del Departamento de Planificación Urbana y de Acueductos de la Municipalidad, mediante la carta de disponibilidad de agua, la misma tendrá un periodo de vigencia de un año, si el interesado no ha iniciado con la construcción de dicho proyecto en este plazo, se da por finalizado este compromiso adquirido por la municipalidad, y el interesado deberá realizar de nuevo la solicitud.” Que con sustento en la declaratoria de lesividad  del acto administrativo-oficio MN-DAM-0175-2022, del 21 de junio de 2022, emitida por el Concejo Municipal de la Municipalidad de Naranjo, según los ACUERDOS SO-76-07-2025 y SO-86-33-2025, el 18 de julio del 2025, interpuso formal PROCESO DE LESIVIDAD, en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, el cual se tramita bajo el expediente judicial n°25-004998-1027-CA. La lesividad interpuesta en estrados judiciales, se fundamentó en la falta total de los elementos subjetivos (investidura-competencia) y de los elementos objetivos (motivo-contenido-fin) del acto administrativo-oficio MN-DAM-0175-2022, carencias que fueron debidamente expuestas y demostradas en el escrito de interposición del proceso de lesividad. Junto con el proceso, para asegurar la efectividad de la eventual declaratoria de nulidad del acto impugnado, el oficio MN-DAM-0175-2022 y proteger el interés público cantonal, se solicitó como medida cautelar, lo siguiente: “Autorizar a la Municipalidad de Naranjo para, de manera provisional y hasta que se dicte sentencia en firme, suspender el efecto del acto administrativo cuestionado en el proceso de lesividad que antecede esta medida cautelar, sea el oficio MN-DAM- 0175-2022, de fecha 21 de junio de 2022, por medio del cual este Gobierno Local otorgó a [Nombre 061]. y a Banco Improsa S.A., disponibilidad de agua potable para 125 pajas de agua domiciliarias, en el terreno (finca) folio real 600010- 00, localizado en la provincia de Alajuela, cantón de Naranjo, Distrito San Miguel, en el que se ubica físicamente la estructura del Proyecto: Condominio Residencial Vertical La Esperanza. La medida cautelar solicitada, implica que, se reitera, provisionalmente y hasta la sentencia en firme, expresamente se autorice a la Municipalidad de Naranjo a no realizar ninguna acción tendiente a autorizar, ejecutar y materializar la interconexión del Proyecto: Condominio Residencial Vertical La Esperanza, al sistema de acueducto de la Municipalidad de Naranjo, ubicado en Naranjo, San Miguel, Sector Calle Muñoz, para su abastecimiento de agua potable, por medio del Acueducto Municipal.” Lo anterior, sustentado en que como resultado del análisis técnico efectuado al estudio “Diseño de Interconexión Condominio Vertical La Esperanza-Calle Muñoz Acueducto Municipal de Naranjo”, aportado por [Nombre 061]., en relación con el estudio técnico y especializado denominado: “DISEÑO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES DE CALLE MUÑOZ Y LA RADIAL EN NARANJO CENTRO”, contratado por la Municipalidad de Naranjo, según procedimiento contractual 2024LD-000004-0023200001, se concluye que: Con las condiciones de crecimiento poblacionales típico, el Acueducto Municipal Cuenta con el recurso hídrico para abastecer a la actual población usuaria (específicamente del subsistema de Naranjo Centro-Casco Central y sectores San Francisco, Calle Muñoz, La Radial, El Águila), a una proyección de diseño de 25 años, lo que resulta acorde con la Norma Técnica para Diseño y Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, de Saneamiento y Pluvial, punto 4.2.5 “Tubería de conducción”, del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado, el cual establece como obligación para líneas de tubería de conducción de agua tratada, el periodo es de 25 años. Lo anterior técnicamente implica que el servicio de agua potable, debe poder ofrecerse a una proyección de crecimiento poblacional a 25 años, sin presentarse déficit hídrico. Sin embargo, ambos estudios técnicos, de manera transparente también revelan que al realizarse el ejercicio matemático, valorando la interconexión del proyecto condominio residencial vertical La Esperanza, para brindarle el servicio de agua potable, a través del Acueducto Municipal, la memoria de cálculo hidráulico demuestra que se generaría déficit hídrico a partir del año 2034, es decir, 09 años después de la eventual conexión en el presente año 2025, acortando así el periodo de diseño en aproximadamente un 64%, tal y como se demuestra en el punto “4.5 Balance Hídrico. Tabla 4-6 Balance Hídrico Acueducto Naranjo”. Y en la página 32, el estudio técnico y especializado, concluyó: “Analizados los datos de diseño del acueducto y analizando las variables de mejoras para el acueducto, que las fuentes de abastecimiento actuales del acueducto pueden absorber el crecimiento normal del sistema Naranjo HASTA EL AÑO 2035 donde se debe buscar una fuente con un caudal de 7 l/s para todo el periodo de diseño, actualmente tiene la capacidad de abastecer, Calle Muñoz, San Francisco y la influencia del proyecto de Calle Muñoz”. A la fecha de este informe, la Municipalidad de Naranjo está a la espera de la resolución correspondiente, por parte del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, para proceder como en derecho corresponde y respetuoso de lo que disponga este Tribunal. De la contestación a cada uno de los hechos, queda total y absolutamente evidenciado que en el caso en concreto, no estamos ante un tema que refiera a materia constitucional, SINO QUE EL ASUNTO ES PROPIO DE LA VÍA ORDINARIA, en la que en este preciso momento, bajo el expediente judicial n°25- 004998-1027-CA, se está ventilando lo referente a la nulidad absoluta del oficio MNDAM- 0175-2022-acto administrativo por medio del cual se otorgó la disponibilidad de agua al terreno donde se ubica el proyecto: Condominio Residencial Vertical La Esperanza y la solicitud de medida cautelar para de manera provisional y hasta que se dicte sentencia en firme, no se interconecte el proyecto al sistema de acueducto municipal, por las razones técnicas sustentadas en la medida cautelar y para el resguardo del interés público cantonal, al respecto de cumplir con la obligación garantizar que el servicio de agua potable, no se disminuya en calidad ni cantidad, para los abonados ya existentes, según lo dispone el artículo 4, párrafo segundo del “Reglamento para la Operación y Administración del Acueducto de la Municipalidad de Naranjo”. Asimismo, del escrito de la recurrente y producto del presente informe, podrán los señores Magistrados y las señoras Magistradas de la Sala Constitucional determinar que los hechos que sustentan el recurso de amparo en contra de mi representada, resultan idénticos a los que sustentaron el recurso de amparo tramitado en el expediente n°25-023744-0007-CO, el cual, según la resolución No. 2025026068.

5.- En constancia con fecha 3 de septiembre de 2025, suscrita por la Técnica Judicial 3 y la Secretaria a. i., ambos de la Sala Constitucional, se indica que revisado, a las diez horas tres minutos del tres de setiembre de dos mil veinticinco, en el SISTEMA COSTARRICENSE DE GESTIÓN DE DESPACHOS JUDICIALES el CONTROL DE DOCUMENTOS RECIBIDOS Y ESTE EXPEDIENTE, no apareció que del 28 de agosto al 02 de setiembre del 2025, el Encargado del Departamento de Acueducto de la Municipalidad de Naranjo haya presentado escrito o documento alguno, a fin de rendir el informe que se le solicitó en la resolución dictada a las catorce horas quince minutos del veintidós de agosto de dos mil veinticinco.

6.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones de ley.

 Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,

Considerando:

I.- CUESTIÓN PREVIA. En la sentencia número 2025026068 de las 9:20 horas del 14 de agosto de 2025, esta Sala resolvió un anterior recurso de amparo por hechos similares a los planteados en el presente recurso, y en esa oportunidad se determinó:

“I.-En el caso concreto, los recurrentes cuestionan que la Municipalidad de Naranjo se niegue a que la empresa desarrolladora del condominio La Esperanza, interconecte dicho proyecto con el acueducto municipal. Del estudio de los autos, se denota que en el cantón de Naranjo se pretende construir el condominio vertical residencial La Esperanza, como un proyecto de vivienda para personas de escasos recursos. A raíz de lo anterior, la empresa encargada del proyecto gestionó ante la Municipalidad de Naranjo los permisos respectivos, entre los que se encontraba la solicitud de agua potable. Dicha petición fue atendida mediante oficio MN-ALC-3924-2023 del 14 de febrero del 2023, en el que se otorgó la disponibilidad de agua para 125 pajas de agua domiciliaria. Posteriormente, el 30 de mayo de 2025 la compañía desarrolladora solicitó que iniciara el proceso de interconexión del condominio con el acueducto municipal, no obstante, dicha solicitud fue negada por la corporación accionada, bajo el argumento de que, tras realizar un nuevo estudio, se había determinado que el proceso de interconexión del condominio generaría un déficit hídrico a partir del año 2034, afectando a casi doce mil personas usuarias del acueducto. Ante ello, se dispuso iniciar un proceso de lesividad ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, suspendiendo el proceso de interconexión hasta que dicho procedimiento se resolviera. Ahora bien, con vista en lo expuesto anteriormente, se estima que el reclamo planteado constituye un tema que escapa del ámbito de competencias de esta jurisdicción, pues no corresponde a la Sala determinar la procedencia de la decisión adoptada por la autoridad recurrida, en el sentido de si existen o no condiciones para permitir la interconexión del condominio La Esperanza al acueducto municipal, pues para ello sería necesario realizar una serie de diligencias de carácter técnico que son ajenas a este Tribunal y que, en todo caso, exceden el carácter sumario del amparo. Ante dicha situación, lo procedente es que los recurrentes planteen los reclamos del caso en la vía ordinaria, con el fin de que se resuelva ahí lo que en derecho corresponda”.

 

No obstante lo anterior, este Tribunal considera bajo una mejor ponderación, que por los hechos denunciados el presente recurso resulta admisible y la situación denunciada amerita ser conocida nuevamente. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. 

II.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente en su condición de Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos manifiesta que el Proyecto Condominio La Esperanza fue desarrollado mediante el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, con el objetivo de atender a 120 familias en situación de extrema necesidad. Señala que el proyecto busca erradicar el asentamiento informal La Radial, ubicado a la entrada de Naranjo sobre la ruta 141, y representa una inversión de ¢4.741,9 millones. Expone que con estos recursos se adquirió el terreno en verde, se desarrollaron las obras de infraestructura y se construyeron las unidades de vivienda. Precisa que el diseño contempla 120 apartamentos distribuidos en 10 torres de tres niveles, cada una con 12 unidades habitacionales, además de áreas de juegos infantiles, cerramiento perimetral, aceras, calles asfaltadas, planta de tratamiento y servicios públicos. Dice que esta solución habitacional está destinada a 95 mujeres jefas de hogar, 16 familias numerosas, 4 personas con discapacidad y 3 adultos mayores. Afirma que Coopenae R.L. es la entidad autorizada encargada de la supervisión del proyecto y que la desarrolladora es [Nombre 061]. Expone que el proyecto cuenta con los permisos respectivos en materia geológica, ambiental y constructiva, así como con el cumplimiento de la normativa técnica nacional.

Expone que  mediante oficio MN-ALC-3924-2023 del 14 de febrero de 2023, el entonces alcalde de Naranjo, Juan Luis Chaves Vargas, comunicó a la desarrolladora la disponibilidad de agua para el proyecto, autorizando 125 pajas domiciliarias de ½” (12.55mm) para la propiedad ubicada en Calle Muñoz, Naranjo. Señala que mediante oficio MN-ALC-4150-2023 del 4 de mayo de 2023, el mismo alcalde informó que el acueducto municipal frente a la propiedad cuenta con una presión de 100 psi, suficiente para el desarrollo del proyecto. Expone que mediante oficio MN-ALC-4405-2023 del 6 de julio de 2023, el alcalde comunicó a los vecinos del cantón y al público en general que el otorgamiento de la disponibilidad de agua se realizó dentro del marco de la legalidad y conforme a las competencias municipales. Indica que el Concejo de Naranjo, mediante certificación del acuerdo SO-28-0657-2023 del 10 de julio de 2023, declaró de interés municipal la solución al problema habitacional del asentamiento La Radial, por representar un riesgo constante para sus habitantes y haber sido declarado inhabitable por el Ministerio de Salud. Señala que el proyecto obtuvo el permiso de construcción N°1181-2023 el 29 de noviembre de 2023, otorgado por la Municipalidad de Naranjo. Informa que mediante acuerdo N°7 de la Junta Directiva del BANHVI del 31 de octubre de 2023, se aprobó el financiamiento para la compra del terreno, obras de infraestructura y construcción de las 120 soluciones habitacionales, por un monto total de ¢4.741.914.421,66, actuando Coopenae R.L. como entidad autorizada y [Nombre 061]. como desarrolladora. Dice que el 30 de mayo de 2025, la desarrolladora presentó ante la Municipalidad de Naranjo la solicitud de interconexión al sistema de agua potable.

Señala que mediante oficio MN-ALCDAM- OF-168-2025 del 3 de julio de 2025, el Coordinador del Departamento de Acueducto, Gerardo Chacón Agüero, comunicó al ingeniero director de obra que [Nombre 061]. la no tiene autorización para realizar la solicitud de interconexión. Afirma que, no obstante, el estudio técnico denominado “Diseño de Interconexión Condominio Vertical La Esperanza-Calle Muñoz Acueducto Municipal de Naranjo” se encuentra en análisis, ya que el balance hídrico proyectado es deficitario al año 2034. Sostiene que el 18 de julio de 2025, la desarrolladora volvió a presentar la solicitud de interconexión, esta vez adjuntando las autorizaciones pertinentes por parte del Banco Improsa S.A., en calidad de propietario registral del terreno y fiduciario. Continúa diciendo que: 11.- Finalmente, mediante oficio MN-ALC-DAM-OF-188-2025 del 29 de julio del 2025, el Sr. Gerardo Chacón Agüero, Coordinador del Departamento de Acueducto de la Municipal de Naranjo, comunica a la representante legal de [Nombre 061]. que como resultado del análisis técnico efectuado al estudio “Diseño de Interconexión Condominio Vertical La Esperanza-Calle Muñoz Acueducto Municipal de Naranjo”, aportado por [Nombre 061]., en relación con el estudio técnico y especializado denominado: “DISEÑO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES DE CALLE MUÑOZ Y LA RADIAL EN NARANJO CENTRO”, contratado por la Municipalidad de Naranjo, según procedimiento contractual 2024LD-000004-0023200001, se concluye que: Con las condiciones de crecimiento poblacionales típico, el Acueducto Municipal cuenta con el recurso hídrico para abastecer a la actual población usuaria (específicamente del subsistema de Naranjo Centro-Casco Central y sectores San Francisco, Calle Muñoz, La Radial, El Águila), a una proyección de diseño de 25 años, lo que resulta acorde con la Norma Técnica para Diseño y Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, de Saneamiento y Pluvial, punto 4.2.5 “Tubería de conducción”, del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado, el cual establece como obligación para líneas de tubería de conducción de agua tratada, el periodo es de 25 años. Lo anterior técnicamente implica que el servicio de agua potable debe poder ofrecerse a una proyección de crecimiento poblacional a 25 años, sin presentarse déficit hídrico. Indica que ambos estudios técnicos revelan que al realizarse el ejercicio matemático, valorando la interconexión del Proyecto Condominio Residencial Vertical La Esperanza, para brindarle el servicio de agua potable, a través del Acueducto Municipal, la memoria de cálculo hidráulico demuestra que se generaría déficit hídrico a partir del año 2034, es decir, 09 años después de la eventual conexión en el presente año 2025, acortando así el periodo de diseño en aproximadamente un 64%, tal y como se demuestra en el punto “4.5 Balance Hídrico. Tabla 4-6 Balance Hídrico Acueducto Naranjo”. Lo que afectaría aproximadamente a 11864 mil personasusuarias, vecinas de Alto El Sitio, San Francisco, Calle Muñoz, Candelaria y Casco Central (abonados actuales del sistema de acueducto municipal), quienes son abastecidas con el sistema de acueducto municipal de Naranjo Centro, que a su vez, sería el mismo que tendría que dotar de agua potable al proyecto de condominio y agrega que el tema es objeto de un proceso de lesividad ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Manifiestan además que hasta que no se avance con el proceso de lesividad, el proceso de interconexión de agua potable que requieren las 120 familias beneficiarias del Proyecto de vivienda La Esperanza, que suspendido”.

Aclara que la entidad autorizada ostenta de manera exclusiva la tramitación y calificación del bono ante el Banco Hipotecario de la Vivienda, así como la selección del desarrollador de la obra. Señala que, si bien el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) realiza una identificación de las comunidades que presentan perfiles sociales acordes con los parámetros de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad social, y brinda aval o recomendación formal de aquellos proyectos que cumplen con las prioridades del Estado en materia de vivienda, corresponde siempre al BANHVI y a la Entidad Autorizada seleccionada para tal fin, todo el proceso de tramitación, aprobación, ejecución y seguimiento de la contratación de la obra y su fase constructiva. Precisa que en dichas fases el MIVAH carece de competencias o intervención, por estar así establecido en la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.

Acusa la inercia de la Municipalidad de Naranjo, pues la negativa a efectuar la interconexión de agua potable ha contribuido a lesionar sus derechos fundamentales de los amparados, pues es necesaria la interconexión de agua potable, antes de proceder con la entrega formal de las soluciones habitacionales. Considera que debe prevalecer el derecho a una vivienda digna y adecuada, considerando la situación de vulnerabilidad y el riesgo inminente que enfrentan las familias beneficiarias del proyecto.

III.- HECHOS PROBADOS. De relevancia para dirimir el presente recurso de amparo, se tienen por acreditados los siguientes:

a)    El Proyecto Condominio La Esperanza ubicado en localidad de Naranjo fue desarrollado mediante el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, con el objetivo de atender a 120 familias en situación de extrema necesidad, la cual esta solución habitacional está destinada a 95 mujeres jefas de hogar, 16 familias numerosas, 4 personas con discapacidad y 3 adultos mayores. El diseño contempló la construcción de aproximadamente 120 apartamentos distribuidos en 10 torres de tres niveles, cada una con 12 unidades habitacionales, además de áreas de juegos infantiles, cerramiento perimetral, aceras, calles asfaltadas, planta de tratamiento y servicios públicos. Coopenae R.L. es la entidad autorizada encargada de la supervisión del proyecto y que la desarrolladora es [Nombre 061]. El proyecto cuenta con los permisos respectivos en materia geológica, ambiental y constructiva, así como con el cumplimiento de la normativa técnica nacional (hecho incontrovertido).

b)    Que la Junta Directiva del BANHVI, en la sesión ordinaria n°50-2023, celebrada el 23 de octubre de 2023, ACUERDO n°07, autorizó el proyecto: Condominio Residencial Vertical La Esperanza:1 que incluye 120 soluciones habitacionales., el cual Es financiado por el Banco Hipotecario de la Vivienda (de ahora en adelante BANHVI), la empresa la [Nombre 061]., personería jurídica n°[Valor 061], es la constructora-desarrolladora responsable de la construcción del proyecto,  Coopenae R.L., es la entidad autorizada (informe de la autoridad recurrida).

c)     El 14 de abril del 2021, el señor [Nombre 060], portador de la cédula de identidad n°[Valor 060], en su calidad de representante legal de la persona jurídica [Nombre 061], número de personería jurídica [Valor 061], por medio de la boleta municipal n°170841, presentó en la plataforma de servicios de la Municipalidad de Naranjo, solicitud de disponibilidad de agua potable para 125 pajas de agua, en el terreno (finca) propiedad de su representada, folio real 600010-000, con plano A-2237210-2020, localizado en la provincia de Alajuela, cantón Naranjo, distrito San Miguel, sector Calle Muñoz  (informe de la autoridad recurrida).

d)    En oficio DSPM-MN-DA-088-2021 del 21 de abril de 2021, el funcionario Chacón Agüero del Acueducto de la Municipalidad de Naranjo le indicó a la [Nombre 061] S. A. cédula jurídica No. [Valor 061], lo siguiente: “La solicitud de disponibilidad de agua ubicada en Naranjo, sector Calle Muñoz, 500 metros sureste del puente sobre el río Pilas, propiedad inscrita en el Registro Nacional con número de finca 2-600010-000, GIS No. 02-008-003-02, con número de plano de catastro 2-2237210-2020, misma que se otorga de manera condicionada. Al no existir frente al predio líneas de distribución de diámetros adecuados, ni contar la Municipalidad de Naranjo con documentación idónea de factibilidad para el desarrollo urbanístico de forma responsable, donde se garantice la dotación del servicio de agua potable de manera adecuada tanto para los abonados actuales como para los futuros. Así las cosas, se determina lo siguiente: Se otorga la disponibilidad de agua condicionada a la presentación de un estudio de factibilidad para la dotación del servicio de agua potable para llevar a cabo el proyecto de 125 pajas de agua domiciliarias de 12.5. mm), donde se deberán incluir factores como balance hídrico, dotación, topografía, diseño, protección de crecimiento poblacional y demás aspectos necesarios para el desarrollo urbanístico, el proyecto a desarrollar, formaría para del sistema de acueducto de Naranjo Centro. Estudio que deberá de ser debidamente aprobado por parte de la Municipalidad de Naranjo. Se deberá de realizar las obras de infraestructura indicada en el estudio solicitado. Para el tema de hidrantes deberá de realizar la consulta a ingeniería de hidrantes de Bomberos de Costa Rica, ente regulador y fiscalizador en este tema, para la inclusión en el diseño. Deberán de cumplir con la normativa vigente del A y A para el diseño de las líneas de distribución según lo índice que estudio de factibilidad solicitado” (informe de la autoridad recurrida).

e)     En oficio MN-DAM-0175- 022 del 21 de junio del 2022, el Alcalde de la Municipalidad de Naranjo en relación al proyecto de 125 pajas de agua domiciliarias, en el terreno (finca) folio real 2-600010- 000, plano A-2237210-2020, localizado en la provincia de Alajuela, cantón Naranjo, distrito San Miguel, sector Calle Muñoz, a favor de [Nombre 061]. determinó: “(…) “La solicitud de disponibilidad de agua en la propiedad ubicada en Naranjo, Sector Calle Muñoz, 500 metros suroeste del puente sobre el río Pilas, propiedad inscrita en el Registro Nacional con el número de folio real 2-600010-000, GIS #02-008-003- 02, con número de plano de catastro A-2237210-2022, misma que califica se concede de manera conforme. Así las cosas, se determina lo siguiente: • Se otorga la disponibilidad de agua para llevar a cabo el proyecto de 125 pajas de agua domiciliarias de 1/2” (12.5mm). • Se prohíbe el uso para otro fin no especificado. La Municipalidad de Naranjo queda facultada para dar tiempo de respuesta necesario a la solicitud de instalación. Esta certificación tiene validez un año calendario a partir de la fecha de emisión.” (informe de la autoridad recurrida).

f)      El 12 de julio del 2022, según la Plataforma Administradora de Proyectos de Construcción (APC) del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA)-expediente digital; [Nombre 061]. en calidad de propietario registral del terreno (finca) folio real 2-600010-000, plano A-2237210-2020, localizado en la provincia de Alajuela, cantón Naranjo, distrito San Miguel, sector Calle Muñoz presentó el oficio MN-DAM-0175-2022, suscrito por el Alcalde de la Municipalidad de Naranjo, como parte de la documentación con la que solicitó el permiso de construcción para la obra condominio, en dicho terreno, el cual fue autorizado (hecho incontrovertido).

g)    El 13 de febrero del 2023, el señor Allan Calvo Muñoz, representante legal de [Nombre 061]., por medio del oficio DT-YE-019-2023, solicitó al Departamento de Acueducto Municipal la “…renovación del oficio MN-DAM-0175 2022 correspondiente a la disponibilidad de 125 pajas de agua para el proyecto de interés social Condominio Vertical La Esperanza, otorgado en la fecha 21 de junio del 2022,en la propiedad con plano catastro 2-9207-2022 y finca con folio real 2- 600010-000…” (informe de la autoridad recurrida).

h)    El oficio MN-ALC-3924-2023 del 14 de febrero de 2023, el Alcalde de la Municipalidad de Naranjo informó a la [Nombre 061]. Cédula No: 3 101 332999, en lo que interesa: “ En este documento hago constar la resolución a la solicitud realizada por su persona de Disponibilidad de Agua. De acuerdo al reglamento para la operación y Administración del Acueducto de la Municipalidad de Naranjo, se emite el siguiente reporte. La Solicitud de disponibilidad de agua en la propiedad ubicada en Naranjo, Sector Calle Muñoz, 500 metros suroeste del puente sobre el río Pilas, Propiedad inscrita en el registro Nacional con el Número de finca 2-600010-000, Gis N°02-008-003-02, con número de plano catastro 2-9207-2022, misma que califica se concede de manera conforme. Así las cosas, se determina lo siguiente: • Se otorga la disponibilidad de agua para llevar a cabo el proyecto de 125 pajas de agua domiciliarias de ½” (12.5mm) cada una. • Se prohíbe el uso para otro fin no especificado. La Municipalidad de Naranjo queda facultada para dar tiempo de respuesta necesario a la solicitud de instalación. Esta Certificación tiene validez un año calendario a partir de la fecha de emisión” (informe de la autoridad recurrida).

i)      En oficio MN-ALC-4405-2023 del 6 de julio de 2024, la Coordinadora Oficina de Gestión Jurídica de la Municipalidad de Naranjo realizó una serie de precisiones a los vecinos del cantón de Naranjo y población en general en donde indicó: “1. El proyecto habitaciones que se pretende realizar en la localidad de Calle Muños, San Miguel, Naranjo no es planteado, financiado, ni ejecutado por la Municipalidad de Naranjo. Su financiamiento y desarrollo copete al MIVAH, por medio del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y el Banco Hipotecario de la Vivienda como proyecto de bien social. 2. El proyecto habitacional gestionado por la persona jurídica [Nombre 061] S. A se pretende realizar en el cantón de Naranjo, por lo que la solicitud de disponibilidad de agua como cualquier otro trámite constructivo que le competa la Municipalidad, únicamente lo puede y debe hacer ante la Municipalidad de Naranjo. 3. El oficio MN-DAM-0175-2022 del 21 de junio de 2022, por medio del cual, la Municipalidad de Naranjo Atendió la solicitud de disponibilidad de agua planteada por la persona [Nombre 061]. fue emitida dentro del marco de la legalidad y con fundamento en las competencias que le corresponden por la materia y territorialmente. 4. El oficio MN-DAM-0175-2022 no implica el otorgamiento de ninguna paja de agua a favor de la persona jurídica [Nombre 061]. S. A., se limita a determina la existencia de disponibilidad de agua en la localidad que se plantea el proyecto habitacional. Por tanto. En el caso del oficio MN-DAM-0175-2022 y del proceso constructivo que la persona jurídica [Nombre 061] S. A. tramita ante la Municipalidad de Naranjo, la municipalidad como el suscrito han actuado conforme al ordenamiento jurídico por lo que no existe conflicto de intereses, ni favorecimiento indebido a la citada persona jurídica. Se rechaza categóricamente cualquier comentario o acusación infundada que tenga como finalidad generar confusión en la opinión pública naranjeña y del país en general, con miras a posiciones negativamente la gestión municipal al respecto de los temas expuestos en el presente oficio, ya que como quedó demostrado, el accionar del gobierno local, siempre ha sido y lo será finalizar su gestión el 30 de abril de 2024, orientada a garantizar la administración de los intereses y servicio del cantón de Naranjo, conforme a derecho (informe de la autoridad recurrida).

j)      En la sesión No. 28 del 10 de julio de 2023, el Concejo Municipal de la Municipalidad de Naranjo acordó: “La Municipalidad de Naranjo declara de interés institucional que se solucione la situación habitaciones que se vive en la zona de la Radial, respecto de las personas y familias que actualmente se ubica en dicha zona deben ser reubicadas de ese espacio físico, porque invaden el derecho de vía de la ruta nacional 141 e impactan el margen de protección del río Pilas y por consecuencia se encuentran en constante riesgo, debido a su ubicación y por esta misma razón, están declaradas como inhabitables por el Ministerio de Salud. 2. Se solicita a la administración municipal que, en el marco de la legislación vigente, en ejercicio de sus competencias legales y técnicas y posibilidades presupuestarias de la Municipalidad de Naranjo, realice las acciones necesarias que permitan a contribuir a la solución de la situación expuesta en el párrafo anterior del presente acuerdo (informe de la autoridad recurrida).

k)    Mediante oficio MN-ALCDAM- OF-168-2025 del 3 de julio de 2025, el Coordinador del Departamento de Acueducto, Gerardo Chacón Agüero, comunicó al ingeniero director de obra que [Nombre 061]. no tiene autorización para realizar la solicitud de interconexión (informe de la autoridad recurrida).

l)      El 18 de julio de 2025, la desarrolladora volvió a presentar la solicitud de interconexión, esta vez adjuntando las autorizaciones pertinentes por parte del Banco Improsa S.A., en calidad de propietario registral del terreno y fiduciario (informe de la autoridad recurrida).

m)  En oficio MN-ALC-DAM-OF-188-2025 del 29 de julio de 2025, el Gerardo Chacón Agüero del Departamento Acueducto de la Municipalidad de Naranjo le informó a la Representante Legal [Nombre 061]. que en relación Atención boleta municipal n°236944. Solicitud de Interconexión del Proyecto Condominio Residencial Vertical “La Esperanza”, en lo que interesa: “(…) QUINTO. Que como resultado del análisis técnico efectuado al estudio “Diseño de Interconexión Condominio Vertical La Esperanza-Calle Muñoz Acueducto Municipal de Naranjo”, aportado por [Nombre 061]., en relación con el estudio técnico y especializado denominado: “DISEÑO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES DE CALLE MUÑOZ Y LA RADIAL EN NARANJO CENTRO”, contratado por la Municipalidad de Naranjo, según procedimiento contractual 2024LD-000004-0023200001, se concluye que: Con las condiciones de crecimiento poblacionales típico, el Acueducto Municipal cuenta con el recurso hídrico para abastecer a la actual población usuaria (específicamente del subsistema de Naranjo Centro-Casco Central y sectores San Francisco, Calle Muñoz, La Radial, El Águila), a una proyección de diseño de 25 años, lo que resulta acorde con la Norma Técnica para Diseño y Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, de Saneamiento y Pluvial, punto 4.2.5 “Tubería de conducción”, del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado, el cual establece como obligación para líneas de tubería de conducción de agua tratada, el periodo es de 25 años. Lo anterior técnicamente implica que el servicio de agua potable, debe poder ofrecerse a una proyección de crecimiento poblacional a 25 años, sin presentarse déficit hídrico. Sin embargo, ambos estudios técnicos, de manera transparente también revelan que al realizarse el ejercicio matemático, valorando la interconexión del proyecto condominio residencial vertical La Esperanza, para brindarle el servicio de agua potable, a través del Acueducto Municipal, la memoria de cálculo hidráulico demuestra que se generaría déficit hídrico a partir del año 2034, es decir, 09 años después de la eventual conexión en el presente año 2025, acortando así el periodo de diseño en aproximadamente un 64%, tal y como se demuestra en el punto “4.5 Balance Hídrico. Tabla 4-6 Balance Hídrico Acueducto Naranjo”. Lo que afectaría aproximadamente a 11864 mil personas usuarias, vecinas de Alto El Sitio, San Francisco, Calle Muñoz, Candelaria y Casco Central (abonados actuales del sistema de acueducto municipal), quienes son abastecidas con el sistema de acueducto municipal de Naranjo Centro, que a su vez, sería el mismo que tendría que dotar de agua potable al proyecto de condominio. SEXTO. Que ante ese panorama objetivo, sustentado en los 2 estudios técnicos y especializados antes referenciados, la Alcaldía Municipal en el escrito de presentación del proceso de lesividad ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, con motivo de la declaratoria de lesividad del Acto Administrativo-Oficio MN-DAM-0175-2022, del 21 de junio de 2022, suscrito por el ex Alcalde, señor Juan Luis Chaves Vargas, por medio del cual la Municipalidad de Naranjo, como es de su conocimiento, le otorgó a su representada la disponibilidad de agua potable, para el proyecto de 125 pajas de agua, en el bien inmueble matrícula 600010-00, planteó solicitud de medida cautelar. SÉTIMO. Que a la fecha del presente oficio, la Municipalidad de Naranjo está a la espera de la resolución del requerimiento, lo cual, en principio y oportunamente debe ser notificado por el Tribunal a las partes procesales intervinientes; en ese sentido, con instrucción de la Alcaldía Municipal se informa que la solicitud de interconexión contenida en la boleta municipal n°236944, que la misma queda sujeta a la resolución judicial correspondiente, resolución que será atendida por la Municipalidad de Naranjo, como en derecho corresponda. NOVENO. Que así las cosas y para lo que corresponda, se comunica que el número de expediente judicial asignado, por el Tribunal al caso de marras es: 25-004998-1027-CA” (informe de la autoridad recurrida).

IV.- SOBRE EL DERECHO AL AGUA Y LOS REQUISITOS EXIGIBLES EN LA SOLICITUD DE SERVICIOS DE AGUA. La jurisprudencia de la Sala es reiterada en reconocer el denominado derecho fundamental al agua, por el cual debe concederse a todas las personas la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad a los servicios de agua potable, toda vez que la misma resulta esencial para la vida y la salud humanas. No obstante, este carácter de derecho fundamental no implica un acceso irrestricto a los servicios de agua, ya que la administración válidamente puede establecer requisitos generales de necesario cumplimiento por cada solicitante para valorar su particular requerimiento. Así, en sentencia número 2006-1898, de las nueve horas cincuenta y tres minutos del 17 de febrero de 2006 – reiterada, entre otras, por sentencias números 2007-13310, de las diez horas cincuenta y siete minutos del 14 de setiembre de 2007, y 2008- 16311, de las diecisiete horas treinta minutos del 30 de octubre de 2008- estableció la Sala que:

“El recurrente alega (…) que pese a las solicitudes y esfuerzos hechos, el Instituto recurrido se ha negado a brindarles el servicio de agua potable aduciendo que se trata de un precario y que sus habitantes no cuentan con un plano de segregación que establezca que son propietarios de los inmuebles. Al respecto, se encuentra acreditado en autos, con base en el informe rendido bajo juramento por la autoridad recurrida, que existe una imposibilidad para instalar servicios de agua potable domiciliaria en la comunidad que habita el recurrente por dos motivos específicos: la falta de una infraestructura adecuada y de presentación de solicitudes con cumplimiento de requisitos legales por parte de los interesados (...). Esta Sala, en la sentencia No. 2004- 12185 de las 13:31 horas del 29 de octubre del 2004, en un caso similar al presente, señaló que no era posible obligar al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados a eludir lo dispuesto en su Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes ni en la Ley General de Agua Potable. De ahí que, en el tanto el amparado, no reúna las condiciones y requisitos ahí exigidos, aunque el servicio de agua potable debe estar al alcance de toda persona por tratarse de un servicio esencial, no se le puede proveer de manera regular. Dada la existencia de esos dos motivos objetivos por los cuales no es posible suministrar un servicio de agua potable regular al accionante: su falta de cumplimiento de requerimientos para la conexión de un servicio nuevo, empezando, por la presentación de la solicitud y la existencia de una infraestructura adecuada en la zona, no existe motivo alguno para entender que la denegatoria de la prestación del servicio regular por parte del Instituto recurrido se deba al hecho que el amparado y sus vecinos no cuentan con títulos de propiedad sobre los inmuebles que poseen. A lo anterior cabe agregar que con base en el artículo 33 del Reglamento referido, la falta de un título de propiedad no parece ser un obstáculo para solicitar la conexión de un servicio nuevo de agua potable, en tanto se cumplan los requerimientos que indica esa norma. En todo caso, se encuentra acreditado también que aunque no se ha suministrado el servicio regular de agua potable, el recurrente y demás vecinos cuentan con fuente pública que el Instituto instaló para que puedan abastecerse, para sus necesidades básicas. De ahí que considere este Tribunal que ha sido la propia omisión del recurrente y de los vecinos de la localidad, quienes no acreditan haber presentado las solicitudes para la instalación de un servicio nuevo de agua potable en la comunidad donde habitan, la que ha impedido que se valore su situación a efectos de determinar si, cumpliendo, sobre todo los requerimientos del artículo 33 del Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes, las limitaciones de infraestructura pueden ser superadas en su caso y se les puede proveer de un servicio regular de agua potable.”

 

Se entiende entonces, que si bien existe un derecho fundamental al agua que puede ser exigido a la administración correspondiente, la prestación del servicio bien puede sujetarse al cumplimiento de los requisitos establecidos para su otorgamiento y a que exista posibilidad material de suministro, esto es, que no existan situaciones técnicas que imposibiliten o desaconsejen a la administración a brindar el servicio de agua potable, situación que determina que la administración carece de la obligación de prestar el servicio de agua potable en caso de existir razones técnicas que lo desaconsejen o imposibiliten, debiendo informar adecuadamente al gestionante las razones por las cuales no puede atenderse su solicitud» (véase sentencia N° 2018-8650 de las 09:15 hrs. del 1° de junio de 2018, 2018-7369 de las 9:45 horas de 11 de mayo de 2018 y la N° 2016-18026 de las 9:05 horas del 7 de diciembre de 2016).

 

V.- RELATIVO AL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA. Esta Sala, en la resolución No. 2018-002910 de las 09:15 horas del 23 de febrero de dos 2018, dispuso lo que de seguido se transcribe:

“IV.- Sobre este principio, anteriormente se asumió de manera axiomática que, irremediablemente, todo acto ilegal de contenido favorable podía ser dejado sin efecto por parte de la Administración en cualquier tipo de situación, sin atender a ninguna circunstancia en particular. No obstante, desde mediados de los cincuentas, tanto la doctrina como la jurisprudencia empezaron a detectar que una aplicación ciega y rígida de la regla antedicha lesionaba seriamente la confianza depositada por los administrados en la Administración, así como la buena fe y la seguridad jurídica. De este modo, mediante sentencia de 14 de mayo de 1956, el Tribunal Contencioso- Administrativo de Berlín desarrolló el principio de confianza legítima, que luego fue adoptado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea en sus pronunciamientos de 22 de marzo de 1961 y 13 de julio de 1965 (Lemmerz-Werk), y que básicamente apuntala la confianza de los ciudadanos en la medida que, en ciertas circunstancias del caso concreto, razones de equidad y buena fe le impiden a la Administración tomar medidas contrarias a la esperanza inducida por la razonable estabilidad de sus decisiones, en función de las cuales los particulares han adoptado determinadas medidas. En nuestro continente, tan solo a manera de ejemplo, el Tribunal Constitucional de Colombia, por Sentencia T- 308/11 de 28 de abril de 2011, ha precisado: “El principio de confianza legítima propugna por la edificación de un ambiente de tranquilidad en las relaciones que construyen los asociados frente a las autoridades públicas o los particulares, de forma tal que puedan esperar, de buena fe, que sus actuaciones no sean variadas de manera abrupta a menos de que prime un fin constitucionalmente legítimo. Doctrinariamente se ha defendido que la confianza legítima implica que determinadas expectativas generadas por un sujeto de derecho frente a otro en razón a un comportamiento específico produzcan resultados uniformes en un ambiente de confianza que sólo puede ser quebrantada para dar paso al interés público. En el marco de la relaciones entre la administración y los administrados, la doctrina ha definido la confianza legítima como un valor ético que integra la buena fe y que comprende “la necesidad de una conducta leal, honesta, aquella conducta que, según la estimación de la gente, puede esperarse de una persona.” (…) “La aplicación del principio de la buena fe permitirá al administrado recobrar la confianza en que la administración no va a exigirle más de lo que estrictamente sea necesario para la realización de los fines públicos que en cada caso concreto persiga. Y en que no le va a ser exigido en su lugar, en el momento ni en la forma más inadecuados, en atención a sus circunstancias personales y sociales, y a las propias necesidades públicas.” Así las cosas, la confianza legítima ha de entenderse como la expectativa cierta de que una situación jurídica o material, abordada de cierta forma en el pasado, no sea tratada de modo extremadamente desigual en otro periodo, salvo que exista una causa constitucionalmente aceptable que legitime su variación. En este sentido, esta Corporación ha sostenido que “el administrado no es titular de un derecho adquirido sino que simplemente tiene una mera expectativa en que una determinada situación de hecho o regulación jurídica no serán modificadas intempestivamente, y en consecuencia su situación jurídica puede ser modificada por la Administración. Como elemento incorporado al de buena fe, la confianza legítima puede proyectarse en el hecho de que se espere la perpetuación de específicas condiciones regulativas de una situación, o la posibilidad de que no se apliquen exigencias más gravosas de las ya requeridas para la realización de un fin, salvo que existan razones constitucionalmente válidas para ello.”  En efecto, la ratio iuris del principio de protección a la confianza legítima consiste en que el desarrollo de las relaciones jurídicas requiere de un ambiente de confianza, en el que las reglas de juego, una vez dadas, se respetan. Lo anterior resulta de mayor relevancia en el caso de las relaciones para con la Administración, toda vez que, en este caso, el instrumento jurídico relacional es el acto administrativo, el cual no es sino una manifestación unilateral de voluntad del Estado. Ergo, el ciudadano necesita de instrumentos jurídicos para defenderse de la unilateralidad y superioridad de la Administración (ver Sentencia N° 2016-008000 de las 11:52 horas del 10 de junio de 2016)”.

 

VI.- ANTECEDENTE. En la resolución del presente caso, es de gran importancia tomar en cuenta lo resuelto por ésta Sala Constitucional en la sentencia nro. 2024010181 de las 9:20 horas del 19 de abril de 2024, donde se estableció:

“III.- SOBRE EL FONDO. Después de analizar los elementos probatorios aportados y el informe rendido bajo juramento por la autoridad recurrida, con oportuno apercibimiento de las consecuencias previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, este Tribunal tiene por acreditado que la recurrente es dueña de un inmueble ubicado en San Ramón de Alajuela, propiamente en Piedades Norte, inscrita en el folio real No. 571180-000. Se colige que el 26 de marzo de 2022 la accionante presentó ante la autoridad recurrida una solicitud de agua potable para un inmueble sin construir de vocación agrícola cuyo acceso es mediante servidumbre de naturaleza agrícola que se ubica hasta calle púbica a 159.09 metros; solicitud No. SIGDD-2022-00006761. No obstante, del estudio básico de la solicitud No. SIGDD-2022-00006761-1-AP se determinó que no resultaba congruente para el instituto aprobar la solicitud de disponibilidad de agua potable y alcantarillado sanitario para el eventual proyecto debido a que no cuenta con factibilidad técnica requerida para la aprobación de las solicitudes de disponibilidad ubicadas en el sistema CO-A-35-San Ramón. La factibilidad técnica se fundamentó en la Inspección de Factibilidad de Agua Potable SIGDD-2022-00006761-1-1-1 remitido por el Jefe técnico de Operación y Mant. Sist. de Agua Cantonal de San Ramón de la Región Central Oeste, donde se indica “Inexistencia de infraestructura de distribución y recolección frente al inmueble según criterio técnico”. Lo anterior fue notificado a la recurrente mediante resolución de Constancia de NO DISPONIBILIDAD del 04 de agosto del 2022. Ante el escenario descrito, se coteja que la tutelada interpuso un recurso de revocatoria y/o apelación en subsidio contra lo dispuesto por el ICAA; empero, mediante resolución de las 7: 00 horas del 12 doce de agosto del 2022 se declaró sin lugar el recurso de revocatoria. Asimismo, mediante resolución GG-R-2022-0727 de las 10:00 horas del 21 de septiembre del 2022 se rechazó el recurso de apelación.

 Quedó demostrado que el 21 de setiembre de 2022 la accionante presentó ante la autoridad recurrida la nueva la solicitud de agua potable No. SIGDD- 2022-00020625. En ese sentido, se demostró que el ICAA generó el oficio No. SIGDD2022-0000625-1-1-1 de 16 de noviembre de 2023, en el cual indicó lo siguiente: "SI HAY DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE EN LA VÍA PÚBLICA, NO HAY DISPONIBILIDAD DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO”. Lo anterior fue notificado a la interesada en el oficio del 16 de noviembre de 2023 en las siguientes condiciones: “En atención a la solicitud de disponibilidad, me permito hacerle llegar adjunto la Constancia de Disponibilidad de Agua Potable Positivo y Alcantarillado Sanitario Negativo N°2022-00020625-1, el cuál en resumen señala lo siguiente: La red de Alcantarillado Sanitario no se encuentra en funcionamiento en la zona”. Se coteja que el 07 de febrero de 2024 la promovente gestionó la solicitud del nuevo servicio de agua potable No. P21112024020005, pero al recibir el trámite en cuestión la cantonal se percató de un error y procedió a  realizar una investigación; ello, tomando en cuenta la evidencia pasada, valorando nuevamente sí la condición de la solicitud realmente había cambiado y las condiciones por la que fue negada la solicitud de Disponibilidad SIGDD-2022-00006761-1-1-1. Finalmente, se confirmó que en oficio No. SG-GSP-RC-2024-00132 del 05 de marzo de 2024, la autoridad recurrida le notificó a la interesada que no podía dar trámite a la solicitud del nuevo servicio No. P21112024020005. En lo medular, se indicó: “En fecha 07 de febrero del 2024, se emite solicitud 21112024020005 a nombre de [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], para el proyecto de Construcción de vivienda, ante la solicitud de conexión de nuevo servicio de agua potable, el cual se ubicaría en la propiedad, matrícula da folio real 2-571180-000, cuya naturaleza señala TERRENO DE POTRERO, acceso a través de servidumbre agrícola localizada en Distrito Piedades Norte, Cantón de San Ramón, Provincia de Alajuela, según Plano Catastrado No. A-2032273-2018, con dirección 115 metros al NW y 260 metros W de las Cabinas del Bosque Lodge (…) según consulta en el Registro Nacional de la propiedad, la distancia de la vía pública al terreno por la servidumbre agrícola es de 190 metros aproximado (…) Para prestar servicios a lo interno de la servidumbre debe inscribirla a favor de AYA, así como cumplir con los criterios antes señalados. En conclusión, ante esta circunstancia la Institución se ve imposibilitada de otorgar lo pedido. Los documentos que contiene el expediente administrativo son concluyentes, en este sentido mal haría la Institución otorgando un nuevo servido, contraria al Principio de Legalidad, a la ciencia y la técnica que señalan los artículos 11 y 16 de la Ley General de la Administración Pública. Siendo entonces que AyA debe respetar la normativa que lo rige, en caso contrario estaría transgrediendo el ordenamiento jurídico (…) Finalmente, como se comprueba no se puede dar trámite a la solicitud de nuevo servicio No. P21112024020005”.

Esta Sala, mediante sentencia No. 2012-016181 de las 9:05 horas de 27 de noviembre de 2012, reiterado en la sentencia No. 2015002749 de las 09:05 horas del 27 de febrero de 2015, al conocer un asunto similar al de este expediente, se pronunció en los siguientes términos:

“V.- CASO CONCRETO. Queda acreditado que a la amparada se le había otorgado una primera carta de disponibilidad, extendida el 24 de octubre de 2011, a efecto de tramitar el visado del plano catastrado No. SJ-919550-0, documento que tenía de vigencia un plazo no mayor a seis meses que venció en abril de 2012. Con base en ese documento, entre otros permisos y autorizaciones, la recurrente construyó su  vivienda  y  solicitó  a  la  Asociación recurrida,  que  le  extendiera  la  carta  de disponibilidad para que se le otorgue el servicio de agua potable en el inmueble. No obstante, esto le fue rechazado pues, según el último aforo realizado por personeros del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, las nacientes captadas son insuficientes para abastecer  a  la  población  actual  —criterio recogido  en  el memorando  No. SUB-G-GSC-UEN-AP-EBD-2012-686 de 25 de mayo de 2012—; situación que le fue comunicada a la tutelada. Partiendo de este esquema fáctico, en criterio de este Tribunal, en el presente asunto se violentó el principio de confianza legítima en perjuicio de la amparada. En efecto, si bien, la primera carta de disponibilidad se le extendió en el 2011, la amparada confió legítimamente en la Asociación recurrida —la que, como se dijo supra, está ejerciendo potestades públicas— y construyó su casa de habitación, con el gasto importante de recursos que eso conlleva, con la expectativa que se le suministraría el servicio de agua potable.  Ciertamente, conforme el artículo 21, inciso 19), del  Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales, Decreto Ejecutivo No.32529, las ASADAS pueden otorgar  el  sello disponibilidad  hídrica  —con  vigencia  de  6  meses  para viviendas unifamiliares y de un año para otros desarrollos, prorrogable— “siempre que exista viabilidad  técnica, no vaya en detrimento de la calidad del servicio que se presta y exista infraestructura” (el énfasis es agregado). No obstante, en concordancia con el principio de confianza legítima y de buena fe, debe advertirse a la Asociación recurrida que antes de emitir una carta de disponibilidad de agua potable, deben realizarse las mediciones necesarias para verificar si existe agua disponible y así evitar hacer incurrir a los administrados en fuertes e inútiles inversiones si después de construidas sus viviendas o edificaciones, no se les puede dotar de agua potable.

VI.- CONCLUSIÓN. Como corolario de lo expuesto, se impone acoger el recurso planteado con las consecuencias que se detallan en la parte dispositiva de esta sentencia”. 

En el sub lite del elenco de hechos probados se desprende que mediante oficio No. SIGDD2022-0000625-1-1-1 de 16 de noviembre de 2023 el ICAA emitió la constancia de disponibilidad de agua potable positivo para la propiedad inscrita en el folio real No. 571180-000 localizada en San Ramón de Alajuela, propiamente en Piedades Norte a nombre de la recurrente, en las siguientes condiciones: "SI HAY DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE EN LA VÍA PÚBLICA, NO HAY DISPONIBILIDAD DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO”. Esto fue notificado a la parte amparada en oficio del 16 de noviembre de 2023 en las siguientes condiciones: “En atención a la solicitud de disponibilidad, me permito hacerle llegar adjunto la Constancia de Disponibilidad de Agua Potable Positivo y Alcantarillado Sanitario Negativo N°2022-00020625-1, el cuál en resumen señala lo siguiente: La red de Alcantarillado Sanitario no se encuentra en funcionamiento en la zona”. Con base en ese documento, entre otros permisos y autorizaciones, tales como el uso de suelo y el permiso de construcción No. PC-079-2024 emitido por la Municipalidad de San Ramón, la tutelada inició el proceso de construcción de su vivienda.  Posteriormente, sea el 07 de febrero de 2024, gestionó ante la institución accionada la solicitud del nuevo servicio de agua potable No. P21112024020005; empero, le fue rechazada mediante el oficio No. SG-GSP-RC-2024-00132 del 05 de marzo de 2024; esto, debido a la existencia de una imposibilidad técnica, pues se determinó que no existe frente al lindero del inmueble disponibilidad de sistema de alcantarillado. En la especie, en criterio de este Tribunal, en el caso de marras el ICAA violó el principio de confianza legítima en perjuicio de la parte amparada. En esa línea de ideas, adviértase que del propio dicho de la recurrente se determina que confió legítimamente en la autoridad recurrida y construyó su casa de habitación con el gasto importante de recursos que eso conlleva y con la expectativa que se le suministraría el servicio de agua potable. No obstante, casi tres meses después de que se emitiera el oficio No. SIGDD2022-0000625-1-1-1 de 16 de noviembre de 2023, la solicitud de nuevo servicio le fue rechazada. Por lo expuesto, se considera que también lesionó el principio de seguridad jurídica de la tutelada, así como su derecho a obtener justicia pronta y cumplida. Nótese que la solicitud de agua potable conlleva un procedimiento administrativo, el cual debe ser analizado y resuelto por el instituto accionado. En este caso, resulta claro que la recurrida emitió la disponibilidad de agua potable positivo, pero luego denegó la solicitud del nuevo servicio de agua potable debido a un error. En ese sentido, es menester traer a colación lo subrayado por el ICAA en su informe, en lo conducente: “El 21 de setiembre de 2022, vuelve a presentar la solitud de disponibilidad como se demuestra en los folios 62 y 63 del expediente administrativo y su resolución en los folios del 68 al 69, la nueva gestión se inicia de nuevo con el numero SIGDD- 2022- 00020625, se informa, que, en esta ocasión, la oficina cantonal recibió colaboración para la resolución de disponibilidades en donde en esta ocasión resolvieran de manera positiva sin tomar en cuenta que la servidumbre era agrícola y todo lo que implica este caso. Ya que hasta ese momento no había cambiado la situación que se presentaba desde la resolución anterior. Dicha resolución de disponibilidad positiva se hizo efectiva el 16 de noviembre del año 2023. Esta última resolución al quedar fuera de la gestión de la oficina cantonal de San Ramón, fue resulta por otras oficina colaboradoras fuera de la Dirección Región Central y se gestiona de forma positiva hacia el usuario directamente, con una resolución incorrecta, debido a que la condición inicial no tuvo ningún cambio y el acceso por servidumbre agrícola se mantuvo y a la fecha de este informe, no se evidencia colocación de infraestructura, por medio de alguna solicitud adicional o carta de Capacidad Hídrica que lo autorice”. Agrega: “La cantonal al recibir este trámite, se percata del error, y realiza la investigación, tomando en cuenta la evidencia pasada y valorando nuevamente, la condición de la solicitud si realmente había cambiado, las condiciones por la que fue negada la solicitud de Disponibilidad SIGDD-2022-00006761-1-1-1; Por tal motivo se responde a la señora [Nombre 001], con el documento SG-GSP-RC-2024-00132 el 05 de marzo, explicando los argumentos del porque no se puede dar trámite a la solicitud del nuevo servicio”.

Ahora, esta Sala se ha pronunciado sobre el acceso al agua potable como un servicio que permite, a su vez, la realización y garantía de otros derechos fundamentales como a la calidad de vida y la salud (véase en similar sentido la sentencia No. 2017002404 de las 09:45 horas del 17 de febrero de 2017) pero también ha reconocido que cuando existen razones técnicas que imposibiliten, de forma absoluta, el suministro  de  agua potable,  no  se  presenta  una  lesión  a un derecho fundamental (véase en similar sentido la sentencia No. 07779-2019 de las 09:15 horas del 03 de mayo de 2019, entre otras). En el caso de marras, previo a que el ICAA emitiera la constancia de disponibilidad de agua potable positivo por error, ya había determinado que no resultaba congruente aprobar la solicitud de disponibilidad de agua potable y alcantarillado sanitario debido a que no se cuenta con la factibilidad técnica requerida para la aprobación de las solicitudes de disponibilidad ubicadas en el sistema CO-A-35-San Ramón. Bajo esta óptica, si bien es importante señalar que este Tribunal no cuenta con la competencia para determinar si procede o no otorgar la disponibilidad de agua que pretende la accionante, pues esto obedece a criterios técnicos emitidos por las autoridades del ICAA, institución con la potestad normativa para realizar tales actos, en el sub examine sí se estima violentado el principio de confianza legítima de la amparada, así como el principio de seguridad jurídica y su derecho a obtener justicia pronta y cumplida, por lo que se impone acoger el recurso con las consecuencias que se detallan en la parte dispositiva. (…)

VII.- SOBRE EL FONDO.  Del informe rendido bajo juramento por la autoridad recurrida, con las consecuencias incluso penales que prevé el numeral 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se acredita una infracción a los derechos fundamentales de la parte recurrente, con fundamento en las consideraciones que a continuación se exponen. Al respecto, se acredita que el Proyecto Condominio La Esperanza ubicado en localidad de Naranjo fue desarrollado mediante el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, con el objetivo de atender a 120 familias en situación de extrema necesidad, la cual esta solución habitacional está destinada a 95 mujeres jefas de hogar, 16 familias numerosas, 4 personas con discapacidad y 3 adultos mayores. El diseño contempló la construcción de aproximadamente 120 apartamentos distribuidos en 10 torres de tres niveles, cada una con 12 unidades habitacionales, además de áreas de juegos infantiles, cerramiento perimetral, aceras, calles asfaltadas, planta de tratamiento y servicios públicos. Coopenae R.L. es la entidad autorizada encargada de la supervisión del proyecto y que la desarrolladora es [Nombre 061]. El proyecto cuenta con los permisos respectivos en materia geológica, ambiental y constructiva, así como con el cumplimiento de la normativa técnica nacional

El 14 de abril del 2021, el señor [Nombre 060], portador de la cédula de identidad n°[Valor 060], en su calidad de representante legal de la persona jurídica [Nombre 061], número de personería jurídica [Valor 061], por medio de la boleta municipal n°170841, presentó en la plataforma de servicios de la Municipalidad de Naranjo, solicitud de disponibilidad de agua potable para 125 pajas de agua, en el terreno (finca) propiedad de su representada, folio real 600010-000, con plano A-2237210-2020, localizado en la provincia de Alajuela, cantón Naranjo, distrito San Miguel, sector Calle Muñoz. En oficio DSPM-MN-DA-088-2021 del 21 de abril de 2021, el funcionario Chacón Agüero del Acueducto de la Municipalidad de Naranjo le indicó a la [Nombre 061] S. A. cédula jurídica No. [Valor 061], lo siguiente: “La solicitud de disponibilidad de agua ubicada en Naranjo, sector Calle Muñoz, 500 metros sureste del puente sobre el río Pilas, propiedad inscrita en el Registro Nacional con número de finca 2-600010-000, GIS No. 02-008-003-02, con número de plano de catastro 2-2237210-2020, misma que se otorga de manera condicionada. Al no existir frente al predio líneas de distribución de diámetros adecuados, ni contar la Municipalidad de Naranjo con documentación idónea de factibilidad para el desarrollo urbanístico de forma responsable, donde se garantice la dotación del servicio de agua potable de manera adecuada tanto para los abonados actuales como para los futuros. Así las cosas, se determina lo siguiente: Se otorga la disponibilidad de agua condicionada a la presentación de un estudio de factibilidad para la dotación del servicio de agua potable para llevar a cabo el proyecto de 125 pajas de agua domiciliarias de 12.5. mm), donde se deberán incluir factores como balance hídrico, dotación, topografía, diseño, protección de crecimiento poblacional y demás aspectos necesarios para el desarrollo urbanístico, el proyecto a desarrollar, formaría para del sistema de acueducto de Naranjo Centro. Estudio que deberá de ser debidamente aprobado por parte de la Municipalidad de Naranjo. Se deberá de realizar las obras de infraestructura indicada en el estudio solicitado. Para el tema de hidrantes deberá de realizar la consulta a ingeniería de hidrantes de Bomberos de Costa Rica, ente regulador y fiscalizador en este tema, para la inclusión en el diseño. Deberán de cumplir con la normativa vigente del A y A para el diseño de las líneas de distribución según lo índice que estudio de factibilidad solicitado”. Posteriormente, en oficio MN-DAM-0175- 022 del 21 de junio del 2022, el Alcalde de la Municipalidad de Naranjo en relación al proyecto de 125 pajas de agua domiciliarias, en el terreno (finca) folio real 2-600010- 000, plano A-2237210-2020, localizado en la provincia de Alajuela, cantón Naranjo, distrito San Miguel, sector Calle Muñoz, a favor de [Nombre 061]. determinó: “(…) “La solicitud de disponibilidad de agua en la propiedad ubicada en Naranjo, Sector Calle Muñoz, 500 metros suroeste del puente sobre el río Pilas, propiedad inscrita en el Registro Nacional con el número de folio real 2-600010-000, GIS #02-008-003- 02, con número de plano de catastro A-2237210-2022, misma que califica se concede de manera conforme. Así las cosas, se determina lo siguiente: • Se otorga la disponibilidad de agua para llevar a cabo el proyecto de 125 pajas de agua domiciliarias de 1/2” (12.5mm). • Se prohíbe el uso para otro fin no especificado. La Municipalidad de Naranjo queda facultada para dar tiempo de respuesta necesario a la solicitud de instalación. Esta certificación tiene validez un año calendario a partir de la fecha de emisión.”. En virtud de lo anterior, el 12 de julio del 2022, según la Plataforma Administradora de Proyectos de Construcción (APC) del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA)-expediente digital; [Nombre 061]. en calidad de propietario registral del terreno (finca) folio real 2-600010-000, plano A-2237210-2020, localizado en la provincia de Alajuela, cantón Naranjo, distrito San Miguel, sector Calle Muñoz presentó el oficio MN-DAM-0175-2022, suscrito por el Alcalde de la Municipalidad de Naranjo, como parte de la documentación con la que se solicitó el permiso de construcción para la obra condominio, en dicho terreno, el cual fue autorizado. Posteriormente, el 13 de febrero del 2023, el señor Allan Calvo Muñoz, representante legal de [Nombre 061]., por medio del oficio DT-YE-019-2023, solicitó al Departamento de Acueducto Municipal la “…renovación del oficio MN-DAM-0175 2022 correspondiente a la disponibilidad de 125 pajas de agua para el proyecto de interés social Condominio Vertical La Esperanza, otorgado en la fecha 21 de junio del 2022,en la propiedad con plano catastro 2-9207-2022 y finca con folio real 2- 600010-000…”

En oficio MN-ALC-3924-2023 del 14 de febrero de 2023, el Alcalde de la Municipalidad de Naranjo informó a la [Nombre 061]. Cédula No: 3 101 332999, en lo que interesa: “En este documento hago constar la resolución a la solicitud realizada por su persona de Disponibilidad de Agua. De acuerdo al reglamento para la operación y Administración del Acueducto de la Municipalidad de Naranjo, se emite el siguiente reporte. La Solicitud de disponibilidad de agua en la propiedad ubicada en Naranjo, Sector Calle Muñoz, 500 metros suroeste del puente sobre el río Pilas, Propiedad inscrita en el registro Nacional con el Número de finca 2-600010-000, Gis N°02-008-003-02, con número de plano catastro 2-9207-2022, misma que califica se concede de manera conforme. Así las cosas, se determina lo siguiente: • Se otorga la disponibilidad de agua para llevar a cabo el proyecto de 125 pajas de agua domiciliarias de ½” (12.5mm) cada una. • Se prohíbe el uso para otro fin no especificado. La Municipalidad de Naranjo queda facultada para dar tiempo de respuesta necesario a la solicitud de instalación. Esta Certificación tiene validez un año calendario a partir de la fecha de emisión”.

Posteriormente, en oficio MN-ALCDAM- OF-168-2025 del 3 de julio de 2025, el Coordinador del Departamento de Acueducto, Gerardo Chacón Agüero, comunicó al ingeniero director de obra que [Nombre 061]. no tiene autorización para realizar la solicitud de interconexión. El 18 de julio de 2025, la desarrolladora volvió a presentar la solicitud de interconexión, esta vez adjuntando las autorizaciones pertinentes por parte del Banco Improsa S.A., en calidad de propietario registral del terreno y fiduciario. En oficio MN-ALC-DAM-OF-188-2025 del 29 de julio de 2025, el Gerardo Chacón Agüero del Departamento Acueducto de la Municipalidad de Naranjo le informó a la Representante Legal [Nombre 061]. que en relación Atención boleta municipal n°236944. Solicitud de Interconexión del Proyecto Condominio Residencial Vertical “La Esperanza”, en lo que interesa: “(…) QUINTO. Que como resultado del análisis técnico efectuado al estudio “Diseño de Interconexión Condominio Vertical La Esperanza-Calle Muñoz Acueducto Municipal de Naranjo”, aportado por [Nombre 061]., en relación con el estudio técnico y especializado denominado: “DISEÑO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES DE CALLE MUÑOZ Y LA RADIAL EN NARANJO CENTRO”, contratado por la Municipalidad de Naranjo, según procedimiento contractual 2024LD-000004-0023200001, se concluye que: Con las condiciones de crecimiento poblacionales típico, el Acueducto Municipal cuenta con el recurso hídrico para abastecer a la actual población usuaria (específicamente del subsistema de Naranjo Centro-Casco Central y sectores San Francisco, Calle Muñoz, La Radial, El Águila), a una proyección de diseño de 25 años, lo que resulta acorde con la Norma Técnica para Diseño y Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, de Saneamiento y Pluvial, punto 4.2.5 “Tubería de conducción”, del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado, el cual establece como obligación para líneas de tubería de conducción de agua tratada, el periodo es de 25 años. Lo anterior técnicamente implica que el servicio de agua potable, debe poder ofrecerse a una proyección de crecimiento poblacional a 25 años, sin presentarse déficit hídrico. Sin embargo, ambos estudios técnicos, de manera transparente también revelan que al realizarse el ejercicio matemático, valorando la interconexión del proyecto condominio residencial vertical La Esperanza, para brindarle el servicio de agua potable, a través del Acueducto Municipal, la memoria de cálculo hidráulico demuestra que se generaría déficit hídrico a partir del año 2034, es decir, 09 años después de la eventual conexión en el presente año 2025, acortando así el periodo de diseño en aproximadamente un 64%, tal y como se demuestra en el punto “4.5 Balance Hídrico. Tabla 4-6 Balance Hídrico Acueducto Naranjo”. Lo que afectaría aproximadamente a 11864 mil personas usuarias, vecinas de Alto El Sitio, San Francisco, Calle Muñoz, Candelaria y Casco Central (abonados actuales del sistema de acueducto municipal), quienes son abastecidas con el sistema de acueducto municipal de Naranjo Centro, que a su vez, sería el mismo que tendría que dotar de agua potable al proyecto de condominio. SEXTO. Que ante ese panorama objetivo, sustentado en los 2 estudios técnicos y especializados antes referenciados, la Alcaldía Municipal en el escrito de presentación del proceso de lesividad ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, con motivo de la declaratoria de lesividad del Acto Administrativo-Oficio MN-DAM-0175-2022, del 21 de junio de 2022, suscrito por el ex Alcalde, señor Juan Luis Chaves Vargas, por medio del cual la Municipalidad de Naranjo, como es de su conocimiento, le otorgó a su representada la disponibilidad de agua potable, para el proyecto de 125 pajas de agua, en el bien inmueble matrícula 600010-00, planteó solicitud de medida cautelar. SÉTIMO. Que a la fecha del presente oficio, la Municipalidad de Naranjo está a la espera de la resolución del requerimiento, lo cual, en principio y oportunamente debe ser notificado por el Tribunal a las partes procesales intervinientes; en ese sentido, con instrucción de la Alcaldía Municipal se informa que la solicitud de interconexión contenida en la boleta municipal n°236944, que la misma queda sujeta a la resolución judicial correspondiente, resolución que será atendida por la Municipalidad de Naranjo, como en derecho corresponda. NOVENO. Que así las cosas y para lo que corresponda, se comunica que el número de expediente judicial asignado, por el Tribunal al caso de marras es: 25-004998-1027-CA”.

Nótese que en el presente caso, en oficio DSPM-MN-DA-088-2021 del 21 de abril de 2021, el funcionario Chacón Agüero del Acueducto de la Municipalidad de Naranjo y en los oficios de MN-DAM-0175- 022 del 21 de junio del 2022 y MN-ALC-3924-2023 del 14 de febrero de 2023, el Alcalde de la Municipalidad de Naranjo emitieron la disponibilidad de agua para llevar a cabo el proyecto de 125 pajas de agua domiciliarias en relación al proyecto de 125 pajas de agua domiciliarias, en el terreno (finca) folio real 2-600010- 000, plano A-2237210-2020, localizado en la provincia de Alajuela, cantón Naranjo, distrito San Miguel, sector Calle Muñoz, a favor de [Nombre 061]. En virtud de lo anterior y la jurisprudencia supra citada, la negativa de la corporación municipal recurrida de realizar o rechazar la interconexión del servicio de agua en el proyecto en cuestión, provocó una lesión al derecho humano al agua, al principio de confianza legítima y seguridad jurídica en perjuicio de la parte recurrente, pues, justamente, en tres diferentes oportunidades, la corporación municipal otorgó desde el 2021 la disponibilidad de agua a un proyecto de interés social y no le corresponde al administrado soportar el abrupto cambio de criterio de la administración municipal recurrida cuando la obra está construida.  Por lo demás, todo lo referente al proceso de lesividad tramitado bajo expediente 25-004998-1027-CA donde se pretende la nulidad del Acto Administrativo-Oficio MN-DAM-0175-2022, del 21 de junio de 2022 por medio del cual la Municipalidad de Naranjo otorgó la disponibilidad de agua potable, constituye un tema de legalidad sobre el cual esta Sala omite pronunciamiento alguno. En consecuencia, corresponde acoger este amparo en los términos que se dirán en la parte dispositiva de este pronunciamiento.

 VIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

 

Se declara con lugar el recurso. Se le ordena a Randall Vega Blanco, en su calidad de Alcalde de la Municipalidad de Naranjo, o a quien ocupe ese cargo, que gire las órdenes pertinentes y disponga lo necesario dentro del ámbito de sus competencias, para que, en el plazo máximo de QUINCE DÍAS, contados a partir de la notificación de este pronunciamiento, ejecute las medidas que correspondan para dotar del servicio de agua potable Al Condominio Residencial Vertical La Esperanza. Se advierte a la autoridad recurrida que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Naranjo al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de la jurisdicción contencioso-administrativa. Notifíquese.

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Luis Fdo. Salazar A.




Jorge Araya G.

	

 

	

Ingrid Hess H.




Ileana Sánchez N.

	

 

	

Fernando Enrique Lara G.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 9LGNIZI4NQ061

EXPEDIENTE N° 25-023523-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 08:59:36.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**Resolution No. 30992 - 2025**

**Date of Resolution:** September 26, 2025, at 09:25

**Case File:** 25-023523-0007-CO

**Drafted by:** Fernando Cruz Castro

**Type of Matter:** Amparo Action

**Analyzed by:** SALA CONSTITUCIONAL

**Relevance Indicators**

Relevant Judgment

Judgment with protected data, in accordance with current regulations

**Content of Interest:**

**Type of Content:** Majority Vote

**Branch of Law:** 4. GUARANTEE MATTERS

**Topic:** MUNICIPALITY

**Subtopics:**

INFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.
COMPLAINT.

**Topic:** PUBLIC SERVICES

**Subtopics:**

DRINKING WATER.

030992-25. MUNICIPALITY. PUBLIC SERVICES. THE MAYOR OF THE MUNICIPALITY OF NARANJO, OR WHOEVER HOLDS THAT POSITION, IS ORDERED TO ISSUE THE PERTINENT ORDERS AND ARRANGE WHAT IS NECESSARY, SO THAT, WITHIN A MAXIMUM PERIOD OF FIFTEEN DAYS, THEY EXECUTE THE CORRESPONDING MEASURES TO PROVIDE DRINKING WATER SERVICE TO THE LA ESPERANZA VERTICAL RESIDENTIAL CONDOMINIUM. VCG10/2025

"(…) IV.- ON THE RIGHT TO WATER AND THE REQUIREMENTS DEMANDABLE IN WATER SERVICE APPLICATIONS. This Chamber's jurisprudence is consistent in recognizing the so-called fundamental right to water, by which all persons must be granted the possibility of accessing drinking water services under equal conditions, given that it is essential for human life and health. However, this fundamental right status does not imply unrestricted access to water services, as the administration may validly establish general requirements that each applicant must necessarily fulfill for their particular request to be evaluated. Thus, in judgment number 2006-1898, dated February 17, 2006, at nine hours fifty-three minutes – reiterated, among others, by judgments numbers 2007-13310, dated September 14, 2007, at ten hours fifty-seven minutes, and 2008-16311, dated October 30, 2008, at seventeen hours thirty minutes – the Chamber established that:

"The appellant alleges (...) that despite the requests and efforts made, the respondent Institute has refused to provide them with drinking water service, arguing that it is a squatter settlement (precario) and that its inhabitants do not have a segregation plan establishing that they are the owners of the properties. In this regard, it is proven in the record, based on the sworn statement provided by the respondent authority, that there is an impossibility of installing residential drinking water services in the community where the appellant lives for two specific reasons: the lack of adequate infrastructure and the failure to submit applications meeting legal requirements by the interested parties (...). This Chamber, in judgment No. 2004-12185 of October 29, 2004, at 13:31 hours, in a case similar to this one, noted that it was not possible to compel the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers to circumvent the provisions of its Customer Service Provision Regulations nor the General Drinking Water Law. Hence, as long as the protected party does not meet the conditions and requirements demanded therein, although drinking water service must be available to every person because it is an essential service, it cannot be provided on a regular basis. Given the existence of these two objective reasons why it is not possible to supply regular drinking water service to the claimant: his failure to comply with requirements for connecting a new service, starting with the submission of the application and the existence of adequate infrastructure in the area, there is no reason to understand that the denial of the regular service provision by the respondent Institute is due to the fact that the protected party and his neighbors do not have property titles for the properties they possess. To the above, it should be added that based on Article 33 of the referred Regulation, the lack of a property title does not appear to be an obstacle to requesting the connection of a new drinking water service, provided the requirements indicated in that rule are met. In any event, it is also proven that although regular drinking water service has not been provided, the appellant and other neighbors have a public fountain that the Institute installed so they could supply themselves for their basic needs. Hence, this Court considers that it has been the omission of the appellant and the residents of the locality themselves, who do not demonstrate having submitted applications for the installation of a new drinking water service in the community where they live, that has prevented their situation from being evaluated to determine whether, by meeting, above all, the requirements of Article 33 of the Customer Service Provision Regulations, the infrastructure limitations can be overcome in their case and they can be provided with regular drinking water service."

It is understood, then, that although there is a fundamental right to water that can be demanded from the corresponding administration, the provision of the service may well be subject to compliance with the requirements established for its granting and to the existence of a material possibility of supply, that is, that there are no technical situations that make it impossible or inadvisable for the administration to provide the drinking water service, a situation which determines that the administration lacks the obligation to provide the drinking water service if there are technical reasons that advise against it or make it impossible, and it must adequately inform the applicant of the reasons why their request cannot be addressed" (see judgment No. 2018-8650 of June 1, 2018, at 09:15 hrs., 2018-7369 of May 11, 2018, at 9:45 hrs., and No. 2016-18026 of December 7, 2016, at 9:05 hrs.).

V.- REGARDING THE PRINCIPLE OF LEGITIMATE EXPECTATIONS (PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA). This Chamber, in resolution No. 2018-002910 of February 23, 2018, at 09:15 hours, ordered the following, which is transcribed below:

"IV.- On this principle, it was previously assumed axiomatically that, inevitably, any illegal act with favorable content could be annulled by the Administration in any type of situation, without attending to any particular circumstance. However, since the mid-fifties, both doctrine and jurisprudence began to detect that a blind and rigid application of the aforementioned rule seriously harmed the trust placed by citizens in the Administration, as well as good faith and legal certainty. Thus, by judgment of May 14, 1956, the Berlin Administrative Litigation Court developed the principle of legitimate expectations (principio de confianza legítima), which was later adopted by the Court of Justice of the European Community in its rulings of March 22, 1961, and July 13, 1965 (Lemmerz-Werk), and which basically underpins the trust of citizens insofar as, in certain circumstances of the specific case, reasons of equity and good faith prevent the Administration from taking measures contrary to the hope induced by the reasonable stability of its decisions, based on which individuals have adopted certain measures. In our continent, merely by way of example, the Constitutional Court of Colombia, in Judgment T-308/11 of April 28, 2011, has specified: "The principle of legitimate expectations advocates for the building of an environment of tranquility in the relationships that associates build with public authorities or private parties, so that they can expect, in good faith, that their actions will not be varied abruptly unless a constitutionally legitimate purpose prevails. Doctrinally, it has been defended that legitimate expectations imply that certain expectations generated by a legal subject towards another due to a specific behavior produce uniform results in an environment of trust that can only be broken to give way to the public interest. Within the framework of relations between the administration and the administered, doctrine has defined legitimate expectations as an ethical value that integrates good faith and comprises 'the need for loyal, honest conduct, that conduct which, according to people's estimation, can be expected from a person.' (...) 'The application of the principle of good faith will allow the administered person to regain confidence that the administration will not demand more than what is strictly necessary for the realization of the public purposes it pursues in each specific case. And that it will not be demanded in the most inadequate place, time, or manner, considering their personal and social circumstances, and the public needs themselves.' Thus, legitimate expectations must be understood as the certain expectation that a legal or material situation, approached in a certain way in the past, will not be treated in an extremely unequal manner in another period, unless there is a constitutionally acceptable cause that legitimizes its variation. In this sense, this Corporation has held that 'the administered person is not the holder of a vested right but rather simply has a mere expectation that a certain factual situation or legal regulation will not be modified untimely, and consequently, their legal situation can be modified by the Administration. As an element incorporated into good faith, legitimate expectations can be projected in the fact that the perpetuation of specific regulatory conditions of a situation is expected, or the possibility that more burdensome requirements than those already required for the realization of a purpose will not be applied, unless there are constitutionally valid reasons for it.' Indeed, the ratio iuris of the principle of protection of legitimate expectations consists in the fact that the development of legal relationships requires an environment of trust, in which the rules of the game, once given, are respected. The foregoing is of greater relevance in the case of relations with the Administration, since, in this case, the relational legal instrument is the administrative act, which is nothing but a unilateral manifestation of the will of the State. Ergo, the citizen needs legal instruments to defend himself against the unilaterality and superiority of the Administration (see Judgment No. 2016-008000 of June 10, 2016, at 11:52 hours)."

VI.- BACKGROUND. In the resolution of this case, it is of great importance to take into account what was resolved by this Constitutional Chamber in judgment no. 2024010181 of April 19, 2024, at 9:20 hours, where it was established:

"III.- ON THE MERITS. After analyzing the evidentiary elements provided and the sworn statement given by the respondent authority, with timely warning of the consequences provided for in Article 44 of the Law of Constitutional Jurisdiction, this Court holds as proven that the appellant is the owner of a property located in San Ramón de Alajuela, specifically in Piedades Norte, registered in real estate folio No. 571180-000. It is inferred that on March 26, 2022, the claimant filed before the respondent authority a request for drinking water for an unbuilt property of agricultural purpose whose access is via an easement (servidumbre) of agricultural nature located up to the public street at 159.09 meters; request No. SIGDD-2022-00006761. However, the basic study of request No. SIGDD-2022-00006761-1-AP determined that it was not consistent for the institute to approve the request for availability of drinking water and sanitary sewerage for the eventual project because it lacks the required technical feasibility for the approval of availability requests located in the CO-A-35-San Ramón system. The technical feasibility was based on the Drinking Water Feasibility Inspection SIGDD-2022-00006761-1-1-1 sent by the Technical Chief of Operation and Maint. Cantonal Water Systems of San Ramón of the West Central Region, indicating 'Non-existence of distribution and collection infrastructure in front of the property according to technical criteria.' The foregoing was notified to the appellant by resolution of Certificate of NON-AVAILABILITY dated August 4, 2022. Given the described scenario, it is verified that the protected party filed a motion for reversal and/or subsidiary appeal against what was ordered by the ICAA; however, by resolution of August 12, 2022, at 7:00 hours, the motion for reversal was dismissed. Likewise, by resolution GG-R-2022-0727 of September 21, 2022, at 10:00 hours, the appeal was rejected.

It was demonstrated that on September 21, 2022, the claimant filed before the respondent authority the new drinking water request No. SIGDD- 2022-00020625. In that sense, it was demonstrated that the ICAA generated official letter No. SIGDD2022-0000625-1-1-1 of November 16, 2023, in which it indicated the following: \"THERE IS DRINKING WATER AVAILABILITY ON THE PUBLIC ROAD, THERE IS NO SEWER SYSTEM AVAILABILITY\". The foregoing was notified to the interested party in the official letter of November 16, 2023, under the following conditions: \"In response to the availability request, I am pleased to send you attached the Certificate of Positive Drinking Water Availability and Negative Sanitary Sewerage No. 2022-00020625-1, which in summary states the following: The Sanitary Sewerage network is not in operation in the area.\" It is verified that on February 7, 2024, the petitioner managed the request for the new drinking water service No. P21112024020005, but upon receiving the process in question, the cantonal office noticed an error and proceeded to carry out an investigation; this, taking into account past evidence, reassessing whether the condition of the request had really changed and the conditions for which the Availability request SIGDD-2022-00006761-1-1-1 was denied. Finally, it was confirmed that in official letter No. SG-GSP-RC-2024-00132 of March 5, 2024, the respondent authority notified the interested party that it could not process the request for the new service No. P21112024020005. At its core, it was indicated: \"On February 7, 2024, request 21112024020005 is issued in the name of [Name 001], identity card [Value 001], for the Housing construction project, regarding the connection request for a new drinking water service, which would be located on the property, registration of real estate folio 2-571180-000, whose nature indicates PASTURE LAND, access through an agricultural easement (servidumbre agrícola) located in Piedades Norte District, Canton of San Ramón, Province of Alajuela, according to Cadastral Plan No. A-2032273-2018, with address 115 meters NW and 260 meters W from the Bosque Lodge Cabins (...) according to a query in the National Property Registry, the distance from the public road to the land via the agricultural easement (servidumbre agrícola) is approximately 190 meters (...) To provide services within the easement, you must register it in favor of AYA, as well as comply with the aforementioned criteria. In conclusion, given this circumstance, the Institution is unable to grant what has been requested. The documents contained in the administrative file are conclusive; in this sense, the Institution would be wrong to grant a new service, contrary to the Principle of Legality, the science and technique indicated in Articles 11 and 16 of the General Law of Public Administration. Since AyA must respect the regulations that govern it, otherwise it would be violating the legal order (...) Finally, as it is verified, the request for new service No. P21112024020005 cannot be processed.\"

This Chamber, through judgment No. 2012-016181 of November 27, 2012, at 9:05 hours, reiterated in judgment No. 2015002749 of February 27, 2015, at 09:05 hours, when hearing a matter similar to this case file, ruled in the following terms:

\"V.- SPECIFIC CASE. It is proven that the protected party had been granted a first availability letter, issued on October 24, 2011, in order to process the approval of cadastral plan No. SJ-919550-0, a document whose validity period was no longer than six months and which expired in April 2012. Based on that document, among other permits and authorizations, the appellant built her home and requested the respondent Association to issue the availability letter so that she could be granted the drinking water service on the property. However, this was rejected because, according to the latest capacity test carried out by personnel of the Institute of Aqueducts and Sewers, the captured springs (nacientes) are insufficient to supply the current population —a criterion gathered in memorandum No. SUB-G-GSC-UEN-AP-EBD-2012-686 of May 25, 2012—; a situation that was communicated to the protected party. Based on this factual scheme, in the opinion of this Court, in this matter, the principle of legitimate expectations (principio de confianza legítima) was violated to the detriment of the protected party. Indeed, although the first availability letter was issued to her in 2011, the protected party legitimately trusted the respondent Association —which, as stated supra, is exercising public powers— and built her dwelling house, with the significant expenditure of resources that this entails, with the expectation that she would be supplied with the drinking water service. Certainly, pursuant to Article 21, subsection 19), of the Regulations for the Associations Administering Community Aqueduct and Sewer Systems, Executive Decree No. 32529, the ASADAS may grant the water availability seal —with a validity of 6 months for single-family homes and one year for other developments, extendable— 'provided there is technical viability, it does not harm the quality of the service provided, and infrastructure exists' (emphasis added). However, in accordance with the principle of legitimate expectations and good faith, the respondent Association must be warned that before issuing a drinking water availability letter, the necessary measurements must be taken to verify if water is available, thus avoiding causing the citizens to incur heavy and useless investments if, after their houses or buildings are constructed, they cannot be provided with drinking water.

\"VI.- CONCLUSION. As a corollary to the foregoing, granting the filed action is warranted, with the consequences detailed in the operative part of this judgment.\"

In the sub lite, from the set of proven facts, it emerges that through official letter No. SIGDD2022-0000625-1-1-1 of November 16, 2023, the ICAA issued the certificate of positive drinking water availability for the property registered in real estate folio No. 571180-000 located in San Ramón de Alajuela, specifically in Piedades Norte, in the name of the appellant, under the following conditions: \"THERE IS DRINKING WATER AVAILABILITY ON THE PUBLIC ROAD, THERE IS NO SEWER SYSTEM AVAILABILITY\". This was notified to the protected party in the official letter of November 16, 2023, under the following conditions: \"In response to the availability request, I am pleased to send you attached the Certificate of Positive Drinking Water Availability and Negative Sanitary Sewerage No. 2022-00020625-1, which in summary states the following: The Sanitary Sewerage network is not in operation in the area.\" Based on that document, among other permits and authorizations, such as the land use and the construction permit No. PC-079-2024 issued by the Municipality of San Ramón, the protected party began the construction process of her home. Subsequently, on February 7, 2024, she managed before the respondent institution the request for the new drinking water service No. P21112024020005; however, it was rejected through official letter No. SG-GSP-RC-2024-00132 of March 5, 2024; this, due to the existence of a technical impossibility, as it was determined that there is no sewer system availability in front of the property boundary. In the case at hand, in the opinion of this Court, in the matter before us, the ICAA violated the principle of legitimate expectations (principio de confianza legítima) to the detriment of the protected party. Along these lines, note that from the appellant's own statement, it is determined that she legitimately trusted the respondent authority and built her dwelling house with the significant expenditure of resources that this entails and with the expectation that she would be supplied with the drinking water service. However, nearly three months after the official letter No. SIGDD2022-0000625-1-1-1 of November 16, 2023, was issued, the request for the new service was rejected. Therefore, it is considered that it also harmed the principle of legal certainty of the protected party, as well as her right to obtain prompt and complete justice. Note that the drinking water request entails an administrative procedure, which must be analyzed and resolved by the respondent institute. In this case, it is clear that the respondent issued positive drinking water availability, but then denied the request for the new drinking water service due to an error. In that sense, it is necessary to bring up what was highlighted by the ICAA in its report, as pertinent: \"On September 21, 2022, she again submits the availability request as demonstrated on folios 62 and 63 of the administrative file, and its resolution on folios 68 to 69, the new proceeding begins again with number SIGDD- 2022- 00020625, it is reported that, on this occasion, the cantonal office received collaboration for the resolution of availabilities where, on this occasion, they resolved positively without taking into account that the easement was agricultural and everything that this case implies. Since up to that moment, the situation that existed since the previous resolution had not changed. This positive availability resolution became effective on November 16, 2023. This last resolution, being outside the management of the cantonal office of San Ramón, was resolved by other collaborating offices outside the Central Region Directorate and was processed positively directly to the user, with an incorrect resolution, because the initial condition had no change and the access by agricultural easement (servidumbre agrícola) was maintained and as of the date of this report, there is no evidence of infrastructure placement, through any additional request or Water Capacity letter that authorizes it.\" It adds: \"The cantonal office, upon receiving this process, notices the error, and carries out the investigation, taking into account the past evidence and reassessing again whether the condition of the request had really changed, the conditions for which the Availability request SIGDD-2022-00006761-1-1-1 was denied; For this reason, a response is given to Mrs. [Name 001], with document SG-GSP-RC-2024-00132 on March 5, explaining the arguments for why the request for the new service cannot be processed.\"

Now, this Chamber has ruled on access to drinking water as a service that allows, in turn, the realization and guarantee of other fundamental rights such as quality of life and health (see in a similar sense judgment No. 2017002404 of February 17, 2017, at 09:45 hours) but has also recognized that when there are technical reasons that absolutely make the supply of drinking water impossible, there is no harm to a fundamental right (see in a similar sense judgment No. 07779-2019 of May 3, 2019, at 09:15 hours, among others). In the matter before us, prior to the ICAA issuing the certificate of positive drinking water availability by mistake, it had already determined that it was not consistent to approve the request for drinking water and sanitary sewerage availability because the technical feasibility required for the approval of availability requests located in the CO-A-35-San Ramón system was lacking. From this perspective, although it is important to point out that this Court lacks the competence to determine whether or not the water availability sought by the claimant is appropriate, since this obeys technical criteria issued by the authorities of the ICAA, an institution with the normative power to carry out such acts, in the sub examine, the protected party's principle of legitimate expectations (principio de confianza legítima) is considered violated, as well as the principle of legal certainty and her right to obtain prompt and complete justice, therefore, granting the action is warranted with the consequences detailed in the operative part. (...)

VII.- ON THE MERITS. From the sworn statement provided by the respondent authority, with the consequences, even criminal, provided in numeral 44 of the Law of Constitutional Jurisdiction, an infringement of the fundamental rights of the appellant is proven, based on the considerations set forth below. In this regard, it is proven that the La Esperanza Condominium Project located in the locality of Naranjo was developed through the National Financial System for Housing, with the objective of serving 120 families in a situation of extreme need, this housing solution being destined for 95 women heads of household, 16 large families, 4 persons with disabilities, and 3 elderly adults. The design contemplated the construction of approximately 120 apartments distributed in 10 three-level towers, each with 12 housing units, in addition to children's play areas, perimeter fencing, sidewalks, paved streets, treatment plant, and public services. Coopenae R.L. is the authorized entity in charge of supervising the project, and the developer is [Name 061]. The project has the respective geological, environmental, and construction permits, as well as compliance with national technical regulations.

On April 14, 2021, Mr. [Name 060], bearer of identity card No. [Value 060], in his capacity as legal representative of the legal entity [Name 061], legal entity number [Value 061], through municipal form No. 170841, submitted on the service platform of the Municipality of Naranjo, a request for drinking water availability for 125 water connections (pajas de agua), on the land (property) owned by his represented entity, real estate folio 600010-000, with plan A-2237210-2020, located in the province of Alajuela, canton Naranjo, district San Miguel, sector Calle Muñoz. In official letter DSPM-MN-DA-088-2021 of April 21, 2021, the official Chacón Agüero of the Aqueduct of the Municipality of Naranjo indicated to [Name 061] S. A. legal identification No. [Value 061], the following: \"The request for water availability located in Naranjo, sector Calle Muñoz, 500 meters southeast of the bridge over the Pilas River, property registered in the National Registry with property number 2-600010-000, GIS No. 02-008-003-02, with cadastral plan number 2-2237210-2020, is hereby granted conditionally. Since there are no distribution lines of adequate diameters in front of the property, nor does the Municipality of Naranjo have suitable documentation of feasibility for urban development responsibly, where the provision of drinking water service is guaranteed adequately for both current and future subscribers. Thus, the following is determined: Water availability is granted conditional upon the submission of a feasibility study for the provision of drinking water service to carry out the project of 125 residential water connections (pajas de agua) of 12.5 mm, which must include factors such as water balance, supply, topography, design, population growth protection, and other aspects necessary for urban development; the project to be developed would become part of the Naranjo Centro aqueduct system. A study that must be duly approved by the Municipality of Naranjo. The infrastructure works indicated in the requested study must be carried out. For the topic of hydrants, a consultation must be made to the Fire Department hydrant engineering of Bomberos de Costa Rica, the regulatory and supervisory entity on this topic, for inclusion in the design. They must comply with the current regulations of AyA for the design of distribution lines as indicated by the requested feasibility study.\" Subsequently, in official letter MN-DAM-0175-022 of June 21, 2022, the Mayor of the Municipality of Naranjo, in relation to the project for 125 residential water connections (pajas de agua), on the land (property) real estate folio 2-600010-000, plan A-2237210-2020, located in the province of Alajuela, canton Naranjo, district San Miguel, sector Calle Muñoz, in favor of [Name 061].

determined: “(…) ‘The application for water availability on the property located in Naranjo, Sector Calle Muñoz, 500 meters southwest of the bridge over the Pilas River, property registered in the National Registry under folio real number 2-600010-000, GIS #02-008-003-02, with cadastral plan number A-2237210-2022, qualifies and is granted in accordance. Therefore, the following is determined: • Water availability is granted to carry out the project for 125 1/2” (12.5mm) domestic water connections (pajas de agua). • Use for any other unspecified purpose is prohibited. The Municipality of Naranjo is empowered to provide the necessary response time for the installation request. This certification is valid for one calendar year from the date of issuance.’ By virtue of the foregoing, on July 12, 2022, according to the Construction Project Management Platform (APC) of the Federated College of Engineers and Architects of Costa Rica (CFIA)—digital file; [Name 061], in its capacity as registered owner of the land (property) folio real 2-600010-000, plan A-2237210-2020, located in the province of Alajuela, canton of Naranjo, district of San Miguel, sector Calle Muñoz, submitted official letter MN-DAM-0175-2022, signed by the Mayor of the Municipality of Naranjo, as part of the documentation with which the construction permit was requested for the condominium project on said land, which was authorized. Subsequently, on February 13, 2023, Mr. Allan Calvo Muñoz, legal representative of [Name 061], by means of official letter DT-YE-019-2023, requested the Municipal Aqueduct Department the “…renewal of official letter MN-DAM-0175 2022 corresponding to the availability of 125 water connections (pajas de agua) for the social interest project Condominio Vertical La Esperanza, granted on June 21, 2022, on the property with cadastral plan 2-9207-2022 and property with folio real 2-600010-000…”

In official letter MN-ALC-3924-2023 of February 14, 2023, the Mayor of the Municipality of Naranjo informed [Name 061], ID No: 3 101 332999, of the following relevant information: “In this document, I certify the resolution to the request made by you for Water Availability. According to the regulation for the operation and Administration of the Aqueduct of the Municipality of Naranjo, the following report is issued. The Application for water availability on the property located in Naranjo, Sector Calle Muñoz, 500 meters southwest of the bridge over the Pilas River, Property registered in the National Registry under Property number 2-600010-000, GIS No. 02-008-003-02, with cadastral plan number 2-9207-2022, qualifies and is granted in accordance. Therefore, the following is determined: • Water availability is granted to carry out the project for 125 ½” (12.5mm) domestic water connections (pajas de agua) each. • Use for any other unspecified purpose is prohibited. The Municipality of Naranjo is empowered to provide the necessary response time for the installation request. This Certification is valid for one calendar year from the date of issuance.”

Subsequently, in official letter MN-ALCDAM-OF-168-2025 of July 3, 2025, the Coordinator of the Aqueduct Department, Gerardo Chacón Agüero, notified the project’s chief engineer that [Name 061] is not authorized to make the interconnection request. On July 18, 2025, the developer resubmitted the interconnection request, this time attaching the pertinent authorizations from Banco Improsa S.A., in its capacity as registered owner of the land and trustee. In official letter MN-ALC-DAM-OF-188-2025 of July 29, 2025, Gerardo Chacón Agüero of the Aqueduct Department of the Municipality of Naranjo informed the Legal Representative [Name 061] that, regarding Municipal Request No. 236944, the Interconnection Request for the Project Condominio Residencial Vertical “La Esperanza,” of the following relevant information: “(…) FIFTH. That as a result of the technical analysis carried out on the study ‘Interconnection Design Condominio Vertical La Esperanza-Calle Muñoz Municipal Aqueduct of Naranjo’, provided by [Name 061], in relation to the specialized technical study called: ‘DESIGN OF THE POTABLE WATER DISTRIBUTION AND CONDUCTION NETWORK IN THE SECTORS OF CALLE MUÑOZ AND LA RADIAL IN NARANJO CENTRO’, contracted by the Municipality of Naranjo, according to contractual procedure 2024LD-000004-0023200001, it is concluded that: Under typical population growth conditions, the Municipal Aqueduct has sufficient water resources to supply the current user population (specifically of the Naranjo Centro-Casco Central subsystem and the sectors of San Francisco, Calle Muñoz, La Radial, El Águila), for a 25-year design projection, which is consistent with the Technical Standard for Design and Construction of Potable Water Supply, Sanitation and Storm Drainage Systems, point 4.2.5 ‘Conduction Pipe’, of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, which establishes as an obligation for treated water conduction pipelines a period of 25 years. The foregoing technically implies that the potable water service must be able to be offered for a 25-year population growth projection, without presenting a water deficit. However, both technical studies also transparently reveal that when carrying out the mathematical exercise, assessing the interconnection of the Condominio Residencial Vertical La Esperanza project to provide it with potable water service through the Municipal Aqueduct, the hydraulic calculation report demonstrates that a water deficit would be generated starting in the year 2034, that is, 09 years after the eventual connection in the current year 2025, thus shortening the design period by approximately 64%, as demonstrated in point ‘4.5 Water Balance. Table 4-6 Water Balance Naranjo Aqueduct’. This would affect approximately 11,864 thousand users, residents of Alto El Sitio, San Francisco, Calle Muñoz, Candelaria, and Casco Central (current subscribers of the municipal aqueduct system), who are supplied by the Naranjo Centro municipal aqueduct system, which, in turn, would be the same system that would have to provide potable water to the condominium project. SIXTH. That in view of this objective panorama, supported by the 2 aforementioned technical and specialized studies, the Municipal Mayor’s Office, in the submission document for the lesivity process before the Administrative and Civil Treasury Court, regarding the declaration of lesivity of Administrative Act-Official Letter MN-DAM-0175-2022, of June 21, 2022, signed by the former Mayor, Mr. Juan Luis Chaves Vargas, through which the Municipality of Naranjo, as you are aware, granted your represented entity potable water availability for the project of 125 water connections (pajas de agua), on the real property registration number 600010-00, filed a request for a precautionary measure. SEVENTH. That as of the date of this official letter, the Municipality of Naranjo is awaiting the resolution of the request, which, in principle and in due course, must be notified by the Court to the intervening procedural parties; in that regard, with instruction from the Municipal Mayor’s Office, it is reported that the interconnection request contained in municipal request No. 236944 is subject to the corresponding judicial resolution, a resolution that will be addressed by the Municipality of Naranjo, as appropriate by law. NINTH. That therefore, and for all pertinent purposes, it is communicated that the judicial case file number assigned by the Court to the case at hand is: 25-004998-1027-CA.”

Note that in the present case, in official letter DSPM-MN-DA-088-2021 of April 21, 2021, the official Chacón Agüero of the Aqueduct of the Municipality of Naranjo, and in official letters MN-DAM-0175-022 of June 21, 2022, and MN-ALC-3924-2023 of February 14, 2023, the Mayor of the Municipality of Naranjo issued the water availability to carry out the project for 125 domestic water connections (pajas de agua) in relation to the project of 125 domestic water connections, on the land (property) folio real 2-600010-000, plan A-2237210-2020, located in the province of Alajuela, canton of Naranjo, district of San Miguel, sector Calle Muñoz, in favor of [Name 061]. By virtue of the foregoing and the jurisprudence cited above, the refusal of the respondent municipal corporation to perform or reject the interconnection of the water service for the project in question caused a violation of the human right to water, the principle of legitimate expectations (confianza legítima), and legal certainty to the detriment of the appellant, since, precisely, on three different occasions, the municipal corporation granted water availability, starting in 2021, to a social interest project, and the administered party should not have to bear the abrupt change of criteria of the respondent municipal administration when the construction is completed. Furthermore, everything related to the lesivity process processed under case file 25-004998-1027-CA, which seeks the nullity of Administrative Act-Official Letter MN-DAM-0175-2022, of June 21, 2022, through which the Municipality of Naranjo granted potable water availability, constitutes a matter of legality on which this Chamber refrains from making any pronouncement. Consequently, this amparo must be granted in the terms set forth in the operative part of this ruling. (…)”









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Type of content: Majority Vote

Branch of Law: 6. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ANOTADA CON JURISPRUDENCIA

Topic: 013- Binding nature. Erga Omnes

Subtopics:

NOT APPLICABLE.

ARTICLE 13 OF THE LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL

“(…) I.- PRELIMINARY ISSUE. In judgment number 2025026068 of 9:20 a.m. on August 14, 2025, this Chamber decided a prior amparo appeal for facts similar to those raised in the present appeal, and on that occasion it was determined:

“I.- In the specific case, the appellants question the Municipality of Naranjo’s refusal to allow the developer company of the La Esperanza condominium to interconnect said project with the municipal aqueduct. From the study of the case file, it is evident that the construction of the Condominio Vertical Residencial La Esperanza is intended in the canton of Naranjo, as a housing project for low-income people. As a result of this, the company in charge of the project processed the respective permits before the Municipality of Naranjo, among which was the request for potable water. Said request was addressed through official letter MN-ALC-3924-2023 of February 14, 2023, in which water availability was granted for 125 domestic water connections (pajas de agua). Subsequently, on May 30, 2025, the developer company requested that the interconnection process of the condominium with the municipal aqueduct begin; however, said request was denied by the respondent corporation, under the argument that, after conducting a new study, it had been determined that the interconnection process of the condominium would generate a water deficit starting in 2034, affecting nearly twelve thousand users of the aqueduct. Consequently, it was decided to initiate a lesivity process before the Administrative and Civil Treasury Court, suspending the interconnection process until said procedure was resolved. Now, in view of the foregoing, it is deemed that the claim raised constitutes an issue that falls outside the scope of jurisdiction of this court, as it is not for the Chamber to determine the appropriateness of the decision adopted by the respondent authority, in the sense of whether or not conditions exist to permit the interconnection of the La Esperanza condominium to the municipal aqueduct, as this would require conducting a series of technical proceedings that are alien to this Court and which, in any case, exceed the summary nature of the amparo. In view of this situation, the appropriate course of action is for the appellants to raise the relevant claims through ordinary channels, so that what is legally appropriate can be resolved there.”

Notwithstanding the foregoing, upon better consideration, this Court deems that, due to the reported facts, the present appeal is admissible and the reported situation merits being reviewed again. The foregoing, in accordance with the provisions of Article 13 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. (…)” VCG10/2025

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Type of content: Majority Vote

Branch of Law: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Topic: 050- Environment

Subtopics:

NOT APPLICABLE.

ARTICLE 50 OF THE CONSTITUCIÓN POLÍTICA

“(…) IV.- ON THE RIGHT TO WATER AND THE REQUIREMENTS DEMANDABLE IN THE REQUEST FOR WATER SERVICES. The jurisprudence of this Chamber is consistent in recognizing the so-called fundamental right to water, by which all persons must be granted the possibility of accessing potable water services under conditions of equality, given that it is essential for human life and health. However, this fundamental right nature does not imply unrestricted access to water services, as the administration may validly establish general requirements that must be met by each applicant to evaluate their particular request. Thus, in judgment number 2006-1898, of nine fifty-three in the morning on February 17, 2006 – reiterated, among others, by judgments numbers 2007-13310, of ten fifty-seven in the morning on September 14, 2007, and 2008-16311, of seventeen thirty hours on October 30, 2008 – the Chamber established that:

“The appellant alleges (…) that despite the requests and efforts made, the respondent Institute has refused to provide them with potable water service, arguing that it involves a precarious settlement (precario) and that its inhabitants do not have a segregation plan (plano de segregación) establishing that they are owners of the properties. In this regard, it is accredited in the case file, based on the report rendered under oath by the respondent authority, that there is an impossibility to install domestic potable water services in the community where the appellant lives for two specific reasons: the lack of adequate infrastructure and the failure to submit applications meeting legal requirements by the interested parties (...). This Chamber, in judgment No. 2004-12185 of 1:31 p.m. on October 29, 2004, in a case similar to the present one, indicated that it was not possible to force the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers to circumvent the provisions of its Regulation for the Provision of Services to Clients or the General Law of Potable Water. Hence, as long as the protected party does not meet the conditions and requirements therein demanded, even though potable water service should be available to every person as it is an essential service, it cannot be provided to him on a regular basis. Given the existence of those two objective reasons why it is not possible to supply a regular potable water service to the petitioner: his failure to comply with the requirements for connecting a new service, starting with the submission of the application and the existence of adequate infrastructure in the area, there is no reason whatsoever to understand that the denial of the provision of regular service by the respondent Institute is due to the fact that the protected party and his neighbors do not have property titles for the properties they possess. To the foregoing, it should be added that based on Article 33 of the referred Regulation, the lack of a property title does not seem to be an obstacle to requesting the connection of a new potable water service, as long as the requirements indicated in that rule are met. In any case, it is also accredited that, although regular potable water service has not been supplied, the appellant and other neighbors have a public fountain that the Institute installed so they can supply themselves for their basic needs. Hence, this Court considers that it has been the very omission of the appellant and the residents of the locality, who do not prove having submitted the applications for the installation of a new potable water service in the community where they live, that has prevented an assessment of their situation to determine if, by complying with, above all, the requirements of Article 33 of the Regulation for the Provision of Services to Clients, the infrastructure limitations can be overcome in their case and they can be provided with a regular potable water service.”

It is understood, then, that although there is a fundamental right to water that can be demanded from the corresponding administration, the provision of the service may well be subject to compliance with the requirements established for its granting and to the material possibility of supply, that is, that there are no technical situations that make it impossible or inadvisable for the administration to provide the potable water service, a situation that determines that the administration lacks the obligation to provide the potable water service if there are technical reasons that discourage or make it impossible, and it must adequately inform the applicant of the reasons why their request cannot be addressed» (see judgment No. 2018-8650 of 09:15 hrs. on June 1, 2018, 2018-7369 of 9:45 a.m. on May 11, 2018, and No. 2016-18026 of 9:05 a.m. on December 7, 2016). (…)” VCG10/2025

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Type of content: Majority Vote

Branch of Law: 2. PRINCIPIOS CON JURISPRUDENCIA

Topic: Legitimate Expectations (Confianza legítima)

Subtopics:

NOT APPLICABLE.

LEGITIMATE EXPECTATIONS (CONFIANZA LEGÍTIMA)

“(…) V.- REGARDING THE PRINCIPLE OF LEGITIMATE EXPECTATIONS (CONFIANZA LEGÍTIMA). This Chamber, in resolution No. 2018-002910 of 09:15 hours on February 23, two thousand eighteen, stated the following:

“IV.- On this principle, it was previously assumed axiomatically that, inevitably, any illegal act of favorable content could be set aside by the Administration in any type of situation, without considering any particular circumstance. However, since the mid-fifties, both doctrine and jurisprudence began to detect that a blind and rigid application of the aforementioned rule seriously injured the trust placed by the administered parties in the Administration, as well as good faith and legal certainty. Thus, by judgment of May 14, 1956, the Administrative Court of Berlin developed the principle of legitimate expectations (confianza legítima), which was later adopted by the Court of Justice of the European Community in its rulings of March 22, 1961, and July 13, 1965 (Lemmerz-Werk), and which basically underpins the trust of citizens to the extent that, in certain circumstances of the specific case, reasons of equity and good faith prevent the Administration from taking measures contrary to the expectation induced by the reasonable stability of its decisions, based on which individuals have adopted certain measures. In our continent, solely by way of example, the Constitutional Court of Colombia, by Judgment T-308/11 of April 28, 2011, has stated: “The principle of legitimate expectations advocates for the building of an atmosphere of tranquility in the relationships that associates build with public authorities or individuals, so that they can expect, in good faith, that their actions will not be abruptly changed unless a constitutionally legitimate purpose prevails. Doctrinally, it has been defended that legitimate expectations imply that certain expectations generated by a legal subject towards another due to a specific behavior produce uniform results in an environment of trust that can only be broken to give way to public interest. Within the framework of relations between the administration and the administered parties, the doctrine has defined legitimate expectations as an ethical value that integrates good faith and encompasses ‘the need for loyal, honest conduct, that conduct that, according to people’s estimation, can be expected from a person.’ (…) ‘The application of the principle of good faith will allow the administered party to regain confidence that the administration will not demand more than what is strictly necessary for the realization of the public purposes pursued in each specific case. And that it will not be demanded in the most inappropriate place, time, or manner, considering their personal and social circumstances, and the public needs themselves.’ Therefore, legitimate expectations must be understood as the certain expectation that a legal or material situation, addressed in a certain way in the past, will not be treated in an extremely unequal manner in another period, unless there is a constitutionally acceptable cause that legitimizes its variation. In this sense, this Corporation has held that ‘the administered party is not the holder of an acquired right but rather simply has a mere expectation that a certain de facto situation or legal regulation will not be modified suddenly, and consequently their legal situation can be modified by the Administration. As an element incorporated into good faith, legitimate expectations can be projected in the expectation that specific regulatory conditions of a situation will be perpetuated, or the possibility that more burdensome requirements will not be applied than those already required for the realization of a purpose, unless there are constitutionally valid reasons for it.’ Indeed, the ratio iuris of the principle of protection of legitimate expectations is that the development of legal relations requires an atmosphere of trust, in which the rules of the game, once established, are respected. The foregoing is of greater relevance in the case of relations with the Administration, given that, in this case, the relational legal instrument is the administrative act, which is nothing more than a unilateral manifestation of the will of the State. Ergo, the citizen needs legal instruments to defend against the unilaterality and superiority of the Administration (see Judgment No. 2016-008000 of 11:52 a.m. on June 10, 2016)”. (…)” VCG10/2025

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Text of the Resolution



Exp: 25-023523-0007-CO

Res. No. 2025030992

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine twenty-five in the morning on September twenty-six, two thousand twenty-five.

 Amparo appeal filed by [Name 001], [Value 001], in her capacity as MINISTER OF HOUSING AND HUMAN SETTLEMENTS on behalf of [Name 062], [Value 002], [Name 003], [Value 003], [Name 004], [Value 004], [Name 005], [Value 005], [Name 006], [Value 006], [Name 007], [Value 007], [Name 008], [Value 008], [Name 009], [Value 009], [Name 010], [Value 010], [Name 011], [Value 011], [Name 012], [Value 012], [Name 013], [Value 013], [Name 014], [Value 014], [Name 015], [Value 015], [Name 016], [Value 016], [Name 017], [Value 017], [Name 018], [Value 018], [Name 019], [Value 019], [Name 020], [Value 020], [Name 021], [Value 021], [Name 022], [Value 022], [Name 023], [Value 023], [Name 024], [Value 024], [Name 025], [Value 025], [Name 026], [Value 026], [Name 027], [Value 027], [Name 028], [Value 028], [Name 029], [Value 029], [Name 030], [Value 030], [Name 031], [Value 031], [Name 032], [Value 032], [Name 033], [Value 033], [Name 034], [Value 034], [Name 035], [Value 035], [Name 036], [Value 036], [Name 037], [Value 037], [Name 038], [Value 038], [Name 039], [Value 039], [Name 040], [Value 040], [Name 041], [Value 041], [Name 042], [Value 042], [Name 043], [Value 043], [Name 044], [Value 044], [Name 045], [Value 045], [Name 046], [Value 046], [Name 047], [Value 047], [Name 048], [Value 048], [Name 049], [Value 049], [Name 050], [Value 050], [Name 051], [Value 051], [Name 052], [Value 052], [Name 053], [Value 053], [Name 054], [Value 054], [Name 055], [Value 055], [Name 056], [Value 056], [Name 057], [Value 057], [Name 058], [Value 058], [Name 059], [Value 059] against the MUNICIPALITY OF NARANJO, against the MUNICIPALITY OF NARANJO.

WHEREAS:

1.- By document submitted to the Secretariat of the Chamber on August 7, 2025, the appellant files this amparo appeal and states that the Condominio La Esperanza Project was developed through the National Financial System for Housing, with the goal of serving 120 families in a situation of extreme need. It indicates that the project seeks to eradicate the informal settlement La Radial, located at the entrance to Naranjo on Route 141, and represents an investment of ₡4,741.9 million. It explains that with these resources, the undeveloped land (terreno en verde) was acquired, the infrastructure works were developed, and the housing units were built. It specifies that the design includes 120 apartments distributed across 10 three-story towers, each with 12 housing units, in addition to children’s play areas, perimeter fencing, sidewalks, asphalted streets, a treatment plant, and public services. It says that this housing solution is intended for 95 female heads of household, 16 large families, 4 people with disabilities, and 3 older adults. It affirms that Coopenae R.L. is the authorized entity in charge of supervising the project and that the developer is [Name 061]. It explains that the project has the respective geological, environmental, and construction permits, as well as compliance with national technical regulations. It explains that by official letter MN-ALC-3924-2023 of February 14, 2023, the then mayor of Naranjo, Juan Luis Chaves Vargas, notified the developer of water availability for the project, authorizing 125 domestic ½” (12.55mm) water connections (pajas) for the property located on Calle Muñoz, Naranjo. It indicates that by official letter MN-ALC-4150-2023 of May 4, 2023, the same mayor reported that the municipal aqueduct in front of the property has a pressure of 100 psi, sufficient for the development of the project. It explains that by official letter MN-ALC-4405-2023 of July 6, 2023, the mayor informed the residents of the canton and the general public that the granting of water availability was carried out within the framework of legality and in accordance with municipal powers. It indicates that the Council of Naranjo, by certification of agreement SO-28-0657-2023 of July 10, 2023, declared the solution to the housing problem of the La Radial settlement to be of municipal interest, as it represents a constant risk to its inhabitants and was declared uninhabitable by the Ministry of Health. It indicates that the project obtained construction permit No. 1181-2023 on November 29, 2023, granted by the Municipality of Naranjo. It reports that by agreement No. 7 of the Board of Directors of BANHVI of October 31, 2023, financing was approved for the purchase of land, infrastructure works, and construction of the 120 housing solutions, for a total amount of ₡4,741,914,421.66, with Coopenae R.L. acting as the authorized entity and [Name 061] as the developer. It says that on May 30, 2025, the developer submitted to the Municipality of Naranjo the request for interconnection to the potable water system. It indicates that by official letter MN-ALCDAM-OF-168-2025 of July 3, 2025, the coordinator of the Aqueduct Department, Gerardo Chacón Agüero, notified the project’s chief engineer that [Name 061] is not authorized to make the interconnection request. It affirms that, nevertheless, the technical study called “Interconnection Design Condominio Vertical La Esperanza-Calle Muñoz Municipal Aqueduct of Naranjo” is under analysis, since the projected water balance is deficient by the year 2034. It maintains that on July 18, 2025, the developer resubmitted the interconnection request, this time attaching the pertinent authorizations from Banco Improsa S.A., in its capacity as registered owner of the land and trustee. It continues stating that: 11.- Finally, by official letter MN-ALC-DAM-OF-188-2025 of July 29, 2025, Mr. Gerardo Chacón Agüero, Coordinator of the Aqueduct Department of the Municipality of Naranjo, notified the legal representative of [Name 061].

that as a result of the technical analysis performed on the study “Interconnection Design for the La Esperanza Vertical Condominium–Calle Muñoz Naranjo Municipal Aqueduct,” provided by [Name 061]., in relation to the technical and specialized study called: “DESIGN OF THE DRINKING WATER DISTRIBUTION AND CONDUCTION NETWORK IN THE SECTORS OF CALLE MUÑOZ AND LA RADIAL IN NARANJO CENTRO,” contracted by the Municipality of Naranjo, under contractual procedure 2024LD-000004-0023200001, it is concluded that: Under typical population growth conditions, the Municipal Aqueduct has the water resources to supply the current user population (specifically the Naranjo Centro-Casco Central subsystem and the San Francisco, Calle Muñoz, La Radial, El Águila sectors), under a 25-year design projection, which is consistent with the Technical Standard for the Design and Construction of Drinking Water Supply, Sanitation, and Stormwater Systems, point 4.2.5 “Conduction pipeline,” of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, which establishes as an obligation for treated water conduction pipeline lines a period of 25 years. The foregoing technically implies that the potable water service must be able to be offered under a 25-year population growth projection, without presenting a water deficit. It indicates that both technical studies reveal that when performing the mathematical exercise, assessing the interconnection of the La Esperanza Vertical Residential Condominium Project to provide it with potable water service through the Municipal Aqueduct, the hydraulic calculation report demonstrates that a water deficit would be generated starting in the year 2034, that is, 09 years after the eventual connection in the current year 2025, thus shortening the design period by approximately 64%, as demonstrated in point “4.5 Water Balance. Table 4-6 Water Balance Naranjo Aqueduct.” This would affect approximately 11,864 users, residents of Alto El Sitio, San Francisco, Calle Muñoz, Candelaria, and Casco Central (current subscribers of the municipal aqueduct system), who are supplied by the Naranjo Centro municipal aqueduct system, which, in turn, would be the same system that would have to provide potable water to the condominium project, and adds that the matter is the subject of a lesivity (lesividad) proceeding before the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. They also state that until the lesivity (lesividad) proceeding advances, the potable water interconnection process required by the 120 beneficiary families of the La Esperanza Housing Project is suspended. It clarifies that the authorized entity exclusively holds the processing and qualification of the voucher before the Banco Hipotecario de la Vivienda, as well as the selection of the project developer. It points out that, although the Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) identifies communities that present social profiles in line with parameters of poverty, extreme poverty, and social vulnerability, and provides formal endorsement or recommendation for those projects that meet the State's housing priorities, the entire process of processing, approval, execution, and monitoring of the work contracting and its construction phase always corresponds to BANHVI and the Authorized Entity selected for that purpose. It specifies that in said phases, MIVAH lacks competencies or intervention, as established in the Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. It indicates that the foregoing is carried out in accordance with the principle of legality to which all acts of the Public Administration are subject, as provided in articles 11 of the Constitution and 11 of the Ley General de la Administración Pública. It alleges that: “3.- Regarding the refusal and inertia of the Municipality of Naranjo: The Municipality of Naranjo cannot claim that it has acted in the best interests of the beneficiary families when its refusal to perform the potable water interconnection has contributed to injuring their fundamental rights. The Municipality's inertia is also reflected when the correct means of efficiency and effectiveness have not been sought to achieve the public purpose – currently granting access to potable water and ensuring an adequate future water balance for the aqueduct it administers, through the necessary actions, within the framework of its legal competencies, including inter-institutional coordination. An example of this is seen in resolution No. 17407-2007 of sixteen hours forty-eight minutes on November twenty-eighth, two thousand seven, in which the Sala Constitucional orders the heads of all the respondent institutions to adopt the pertinent and coordinated actions so that the beneficiaries of the Vista Hermosa Project receive their homes, on a provisional basis and through the contractual form deemed appropriate, stating in its Considerando V the following: “V.- The administrative inactivity that has been delaying compliance with what has been ordered and the pressing need of the amparo petitioners, who are in the state of extreme poverty that has placed them as beneficiaries of the project, lead to the adoption of a provisional emergency measure, within the execution phase of the judgment, in order to guarantee the fundamental rights of the amparo petitioners, consisting of the provisional, precautionary delivery of the homes to their beneficiaries, as well as the installation of potable water and electricity services. In view of the fact that the Minister of Housing and the General Manager of BANHVI attribute to the Municipality of Oreamuno the fact that the homes had not been delivered when the amparo was filed, the Municipality and these institutions must adopt the pertinent actions, so that the beneficiaries of the Vista Hermosa Project inhabit their homes within three weeks following the issuance of this resolution, at least on a provisional basis, through the contractual form they deem appropriate, and are provided with potable water and electricity services, to all beneficiaries. The provisional nature of this measure, within the execution phase, will cease to have effect once the homes are delivered and public services are satisfied definitively.” (Resolution No. 17407-2007 of sixteen hours forty-eight minutes on November twenty-eighth, two thousand seven, Sala Constitucional on the fundamental right to potable water and decent housing. The fundamental right to potable water has been resolved by the Sala Constitucional on numerous occasions, always ruling in favor of the appellants and ordering the competent authorities to provide definitive solutions and take the necessary corrective measures to ensure the quantity and quality of potable water that satisfies indispensable basic needs, for example, it was stated: “It is ordered to Eduardo Lezama Fernández, in his capacity as Deputy General Manager of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and to WILLIAM CHAVES SOTO, in his capacity as DIRECTOR OF THE CENTRAL PACIFIC REGION, both of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, or to whoever holds that position, that within one year following notification of this resolution, they provide a definitive solution to the potable water supply quality problems of the communities called Kilómetro 81 and Cascajal and take the necessary corrective measures so that the residents of those communities receive potable water in the quantity and quality that allows them to satisfy their indispensable basic needs.” It concludes that in the case of the La Esperanza Vertical Residential Condominium Project, it is considered that several fundamental rights would be violated if an efficient, effective, and prompt solution is not taken by the Municipality of Naranjo regarding the issue of potable water interconnection, before proceeding with the formal delivery of the housing solutions. It points out that the right to decent and adequate housing prevails, considering the situation of vulnerability and the imminent risk faced by the beneficiary families of the project. It warns that there is a possible risk for that ministry of being challenged through the administrative litigation (contenciosa) and/or constitutional channels, which could result in a conviction for administrative inertia and/or lack of coordination among the public institutions responsible for providing an adequate and timely solution. It indicates that the refusal of the respondent corporation to grant the potable water interconnection generates unnecessary expense for the State. It specifies that said expense originates from the need to continue financing the maintenance and security of a housing project that is already completed and that has been unable to be delivered or inhabited for the reasons previously stated. In the prayer for relief, the appellant party expressly stated: “I request, based on articles 11, 48, 50, 51, 65, 169, and 173 of the Political Constitution, that the amparo petition (recurso de amparo) be declared with merit in all its extremes and that the Municipality of Naranjo be ordered to immediately manage the potable water interconnection process required by the 120 beneficiary families of the La Esperanza Vertical Condominium, Residential Project, in the canton of Naranjo, in order to deliver the housing solutions that are already completed.” On the other hand, in the filing brief, the appellant party did not request the issuance of any extremely urgent precautionary measure to be assessed or ordered, once the admissibility resolution was issued, for the provisional water connection in the La Esperanza Condominium Project.

2.- By resolution of 2:15 p.m. on August 22, 2025, the proceeding is set in motion and reports are requested from the respondent authorities.

 3.- In a brief received at the Secretariat of the Court on August 28, 2025, the appellant requests authorization so that the Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, as the appellant party, may have online access to this file (expediente).

 4.- By brief received on August 29, 2025, Randall Vega Blanco, in his capacity as Mayor of the Municipality of Naranjo, reports under oath that in accordance with AGREEMENT No. 07, adopted by the Board of Directors of BANHVI, in ordinary session No. 50-2023, held on October 23, 2023, the project: La Esperanza Vertical Residential Condominium: 1 was authorized, which includes 120 housing solutions. It is financed by the Banco Hipotecario de la Vivienda (hereinafter BANHVI); the company [Name 061]., legal entity ID No. [Value 061], is the construction company-developer responsible for building the project; Coopenae R.L. is the authorized entity. On April 14, 2021, Mr. [Name 060], bearer of identity card No. [Value 060], in his capacity as legal representative of the legal entity [Name 061], legal entity number [Value 061], through municipal form No. 170841, submitted to the services platform of the Municipality of Naranjo a request for potable water availability (disponibilidad de agua potable) for 125 water connections (pajas de agua), on the land (property) owned by his represented entity, folio real 600010-000, with map A-2237210-2020, located in the province of Alajuela, canton of Naranjo, San Miguel district, Calle Muñoz sector. On April 21, 2021, Mr. Gerardo Andrés Chacón Agüero, Head of the Municipal Aqueduct Department, through official letter DSPM-MN-DA-088-2021, regarding the request for potable water availability (disponibilidad de agua potable), submitted by [Name 061]., in the following terms: (…) “In this document I record the resolution to the request made by you for water availability (disponibilidad de agua). According to the Reglamento para la Operación y Administración del Acueducto de la Municipalidad de Naranjo, the following opinion is issued: The request for Water Availability on the property located in Naranjo, Calle Muñoz sector, 500 meters southeast of the bridge over the Rio Pilas. Property registered in the National Registry with Farm number 2-600010-000, GIS # 02-008-003-02, with cadastral map number A-2237210-2022, which is granted CONDITIONALLY: Since there are no distribution lines with adequate diameters in front of the described property, nor does the Municipality of Naranjo have suitable feasibility documentation for urban development in this area responsibly, where the provision of potable water service can be guaranteed adequately for both current and future subscribers. Consequently, the following is determined: • Water availability (disponibilidad de agua) is granted CONDITIONED upon the presentation of a feasibility study for the provision of potable water service to carry out the project of 125 1/2” (12.5mm) domestic water connections (pajas de agua), which must include factors such as water balance (balance hídrico), allotment, topography, design, population growth projection, and other necessary aspects for urban development; the project to be developed would form part of the Naranjo Centro system. A study that must be duly approved by the Municipality of Naranjo. • The infrastructure works indicated in the requested study must be carried out. • For the issue of Hydrants, you must consult the Fire Hydrant Engineering Department of the Bomberos de Costa Rica, the regulatory and oversight body on this matter, for inclusion in the design. • You must comply with current AyA regulations for the design of distribution lines as indicated by the requested feasibility study. This Certification is valid for one calendar year from the date of issuance. That [Name 061]., NEVER submitted to the Municipal Aqueduct Department for its review, the compliance with the conditioning technical requirements set forth in official letter DSPM-MN-DA-088-2021, nor did it file ordinary appeals against the aforementioned official letter. Reason for which, the Municipal Aqueduct Department, as the competent municipal technical body, according to the “Reglamento para la Operación y Administración del Acueducto de la Municipalidad de Naranjo”; NEVER issued any compliant and therefore definitive administrative act-official letter-resolution regarding the request for potable water availability (disponibilidad de agua potable) presented by [Name 061]., for 125 water connections (pajas de agua), on the land (property) folio real 600010-000, with map A-2237210-2020, located in the province of Alajuela, canton of Naranjo, San Miguel district, Calle Muñoz sector; that is, it NEVER issued potable water availability (disponibilidad de agua potable) in favor of [Name 061]., for said land and the project of 125 water connections (pajas de agua). On June 21, 2022, the then Mayor of the Municipality of Naranjo, Mr. Juan Luis Chaves Vargas, through official letter MN-DAM-0175-2022, granted potable water availability (disponibilidad de agua potable), without any technical conditioning, for the project of 125 domestic water connections (pajas de agua), on the land (property) folio real 2-600010-000, map A-2237210-2020, located in the province of Alajuela, canton of Naranjo, San Miguel district, Calle Muñoz sector, in favor of [Name 061]., in the following terms: “The Request for water availability on the property located in Naranjo, Calle Muñoz Sector, 500 meters southeast of the bridge over the Río Pilas, property registered in the National Registry under folio real number 2-600010-000, GIS #02-008-003-02, with cadastral map number A-2237210-2022, qualifies and is granted compliantly. Consequently, the following is determined: • Water availability is granted to carry out the project of 125 1/2” (12.5mm) domestic water connections (pajas de agua). • Use for any other unspecified purpose is prohibited. The Municipality of Naranjo is empowered to take the necessary response time for the installation request. This certification is valid for one calendar year from the date of issuance.” On July 12, 2022, according to the Construction Project Management Platform (APC) of the Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA)-digital file (expediente); [Name 061]., in its capacity as registered owner of the land (property) folio real 2-600010-000, map A-2237210-2020, located in the province of Alajuela, canton of Naranjo, San Miguel district, Calle Muñoz sector; submitted official letter MN-DAM-0175-2022, signed by the now former Mayor of the Municipality of Naranjo, Mr. Juan Luis Chaves Vargas, as part of the documentation with which it requested the construction permit for the condominium work on said land. On February 13, 2023, Mr. Allan Calvo Muñoz, legal representative of [Name 061]., through official letter DT-YE-019-2023, requested the Municipal Aqueduct Department the “…renewal of official letter MN-DAM-0175-2022 corresponding to the availability of 125 water connections (pajas de agua) for the social interest project La Esperanza Vertical Condominium, granted on June 21, 2022, on the property with cadastral map 2-9207-2022 and farm with folio real 2-600010-000…” On February 14, 2023, Mr. Juan Luis Chaves Vargas, now former Mayor of the Municipality of Naranjo, addressed official letter DT-YE-019-2023, through official letter MN-ALC-3924-2023, granting water availability to carry out the project of 125 1/2” (12.5mm) domestic water connections (pajas de agua) on the property with cadastral map 2-9207-2022 and folio real 2-600010-000, in identical terms to official letter MN-DAM-0175-2022. That it was on June 21, 2022, when the then Mayor of the Municipality of Naranjo, Mr. Juan Luis Chaves Vargas, through official letter MN-DAM-0175-2022, initially granted potable water availability (disponibilidad de agua potable), so that official letter MN-ALC-3924-2023 constitutes a “renewal” of official letter MN-DAM-0175-2022. Renewal is indicated in quotation marks because, under the regulations contained in the “Reglamento para la Operación y Administración del Acueducto de la Municipalidad de Naranjo,” there is no authorizing norm for the issuance of “renewals” of the administrative act granting water availability (disponibilidad de agua); rather, what numeral 06, subsection f) of the aforementioned Municipal Regulation provides is: “f) To grant water service, they must have the approval of the Urban Planning and Aqueducts Department of the Municipality, through the water availability letter, which shall have a validity period of one year; if the interested party has not started the construction of said project within this period, this commitment acquired by the municipality is terminated, and the interested party must submit the request again.” That based on the declaration of lesivity (lesividad) of the administrative act-official letter MN-DAM-0175-2022, dated June 21, 2022, issued by the Municipal Council of the Municipality of Naranjo, according to AGREEMENTS SO-76-07-2025 and SO-86-33-2025, on July 18, 2025, a formal LESIVITY PROCEEDING (PROCESO DE LESIVIDAD) was filed before the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, which is being processed under judicial file (expediente) No. 25-004998-1027-CA. The lesivity (lesividad) filed in judicial court was based on the total lack of subjective elements (investiture-competence) and objective elements (motive-content-purpose) of the administrative act-official letter MN-DAM-0175-2022, deficiencies that were duly set forth and demonstrated in the brief filing the lesivity (lesividad) proceeding. Together with the proceeding, to ensure the effectiveness of the eventual declaration of nullity of the challenged act, official letter MN-DAM-0175-2022, and to protect the cantonal public interest, the following was requested as a precautionary measure (medida cautelar): “To authorize the Municipality of Naranjo to, provisionally and until a final and binding judgment (sentencia en firme) is issued, suspend the effect of the administrative act challenged in the lesivity (lesividad) proceeding that precedes this precautionary measure (medida cautelar), namely official letter MN-DAM-0175-2022, dated June 21, 2022, through which this Local Government granted [Name 061]. and Banco Improsa S.A. potable water availability (disponibilidad de agua potable) for 125 domestic water connections (pajas de agua), on the land (property) folio real 600010-00, located in the province of Alajuela, canton of Naranjo, San Miguel District, on which the structure of the Project: La Esperanza Vertical Residential Condominium is physically located. The requested precautionary measure (medida cautelar) implies that, it is reiterated, provisionally and until the final and binding judgment (sentencia en firme), the Municipality of Naranjo is expressly authorized not to take any action aimed at authorizing, executing, and materializing the interconnection of the Project: La Esperanza Vertical Residential Condominium to the aqueduct system of the Municipality of Naranjo, located in Naranjo, San Miguel, Calle Muñoz Sector, for its potable water supply, through the Municipal Aqueduct.” The foregoing, supported by the fact that as a result of the technical analysis performed on the study “Interconnection Design for the La Esperanza Vertical Condominium–Calle Muñoz Naranjo Municipal Aqueduct,” provided by [Name 061]., in relation to the technical and specialized study called: “DESIGN OF THE DRINKING WATER DISTRIBUTION AND CONDUCTION NETWORK IN THE SECTORS OF CALLE MUÑOZ AND LA RADIAL IN NARANJO CENTRO,” contracted by the Municipality of Naranjo, under contractual procedure 2024LD-000004-0023200001, it is concluded that: Under typical population growth conditions, the Municipal Aqueduct has the water resources to supply the current user population (specifically the Naranjo Centro-Casco Central subsystem and the San Francisco, Calle Muñoz, La Radial, El Águila sectors), under a 25-year design projection, which is consistent with the Technical Standard for the Design and Construction of Drinking Water Supply, Sanitation, and Stormwater Systems, point 4.2.5 “Conduction pipeline,” of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, which establishes as an obligation for treated water conduction pipeline lines a period of 25 years. The foregoing technically implies that the potable water service must be able to be offered under a 25-year population growth projection, without presenting a water deficit. However, both technical studies also transparently reveal that when performing the mathematical exercise, assessing the interconnection of the La Esperanza vertical residential condominium project to provide it with potable water service through the Municipal Aqueduct, the hydraulic calculation report demonstrates that a water deficit would be generated starting in the year 2034, that is, 09 years after the eventual connection in the current year 2025, thus shortening the design period by approximately 64%, as demonstrated in point “4.5 Water Balance (Balance Hídrico). Table 4-6 Water Balance (Balance Hídrico) Naranjo Aqueduct.” And on page 32, the technical and specialized study concluded: “Having analyzed the aqueduct design data and analyzing the improvement variables for the aqueduct, the aqueduct's current supply sources can absorb normal growth of the Naranjo system UNTIL THE YEAR 2035, where a source with a flow of 7 l/s must be sought for the entire design period; it currently has the capacity to supply Calle Muñoz, San Francisco, and the influence of the Calle Muñoz project.” As of the date of this report, the Municipality of Naranjo is awaiting the corresponding resolution from the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, to proceed as legally appropriate and respectful of what this Court orders. From the response to each of the facts, it is totally and absolutely evident that in this specific case, we are not dealing with a matter relating to constitutional law, BUT RATHER THE MATTER IS PROPER TO THE ORDINARY COURTS, in which, at this very moment, under judicial file (expediente) No. 25-004998-1027-CA, the matter concerning the absolute nullity of official letter MN-DAM-0175-2022—the administrative act through which water availability was granted to the land where the project: La Esperanza Vertical Residential Condominium is located—and the request for a precautionary measure (medida cautelar) to, provisionally and until a final and binding judgment is issued, not interconnect the project to the municipal aqueduct system, are being heard, for the technical reasons supported in the precautionary measure (medida cautelar) and for the safeguarding of the cantonal public interest, regarding compliance with the obligation to ensure that the potable water service is not diminished in quality or quantity for the already existing subscribers, as provided in article 4, second paragraph of the “Reglamento para la Operación y Administración del Acueducto de la Municipalidad de Naranjo.” Likewise, from the appellant's brief and as a result of this report, the Justices of the Sala Constitucional may determine that the facts supporting the amparo petition (recurso de amparo) against my represented entity are identical to those that supported the amparo petition (recurso de amparo) processed in file (expediente) No. 25-023744-0007-CO, which, according to resolution No. 2025026068.

5.- In a certification dated September 3, 2025, signed by the Judicial Technician 3 and the Acting Secretary, both of the Sala Constitucional, it is indicated that upon review, at ten hours three minutes on September third, two thousand twenty-five, in the SISTEMA COSTARRICENSE DE GESTIÓN DE DESPACHOS JUDICIALES of the CONTROL OF DOCUMENTS RECEIVED AND THIS FILE (EXPEDIENTE), it did not appear that from August 28 to September 2, 2025, the Head of the Aqueduct Department of the Municipality of Naranjo had filed any brief or document, in order to render the report requested in the resolution issued at fourteen hours fifteen minutes on August twenty-second, two thousand twenty-five.

6.- In the substantiation of the proceeding, the legal requirements have been observed.

 Drafted by Justice Cruz Castro; and,

Considering:

I.- PRELIMINARY MATTER. In judgment number 2025026068 of 9:20 a.m. on August 14, 2025, this Court resolved a previous amparo petition (recurso de amparo) for facts similar to those raised in the present petition, and on that occasion it was determined:

“I.- In the specific case, the petitioners question that the Municipality of Naranjo refuses to allow the developer company of the La Esperanza condominium to interconnect said project to the municipal aqueduct. From the study of the case file, it is noted that the construction of the La Esperanza vertical residential condominium is intended in the canton of Naranjo, as a housing project for people with scarce resources. As a result, the company in charge of the project processed the respective permits before the Municipality of Naranjo, among which was the request for potable water. Said petition was addressed through official letter MN-ALC-3924-2023 of February 14, 2023, in which water availability was granted for 125 domestic water connections (pajas de agua). Subsequently, on May 30, 2025, the developer company requested the start of the condominium's interconnection process to the municipal aqueduct; however, said request was denied by the respondent corporation, under the argument that, after conducting a new study, it had been determined that the condominium interconnection process would generate a water deficit starting in 2034, affecting almost twelve thousand users of the aqueduct. In view of this, it was decided to initiate a lesivity (lesividad) proceeding before the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, suspending the interconnection process until said proceeding was resolved. Now, in view of the foregoing, it is considered that the claim raised constitutes an issue that falls outside the scope of competence of this jurisdiction, since it is not for this Court to determine the appropriateness of the decision adopted by the respondent authority, in the sense of whether or not conditions exist to allow the interconnection of the La Esperanza condominium to the municipal aqueduct, because this would require conducting a series of technical proceedings that are foreign to this Court and that, in any case, exceed the summary nature of the amparo. Faced with this situation, it is appropriate for the petitioners to raise the relevant claims in the ordinary courts, so that what is legally appropriate can be resolved there.”

 

Notwithstanding the foregoing, under a better consideration, this Court considers that, due to the facts denounced, the present petition is admissible and the denounced situation merits being heard again. The foregoing, in accordance with the provisions of article 13 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional.

II.- PURPOSE OF THE PETITION. The appellant, in her capacity as Minister of Vivienda y Asentamientos Humanos, states that the La Esperanza Condominium Project was developed through the Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, with the objective of serving 120 families in situations of extreme need. She indicates that the project seeks to eradicate the informal settlement La Radial, located at the entrance to Naranjo on Route 141, and represents an investment of ₡4,741.9 million. She explains that with these resources, the greenfield land was acquired, infrastructure works were developed, and the housing units were built. She specifies that the design contemplates 120 apartments distributed in 10 three-level towers, each with 12 housing units, in addition to children's play areas, perimeter enclosure, sidewalks, paved streets, a treatment plant, and public services.

It states that this housing solution is intended for 95 women heads of household, 16 large families, 4 persons with disabilities, and 3 older adults. It affirms that Coopenae R.L. is the authorized entity responsible for supervising the project and that the developer is [Name 061]. It explains that the project has the respective permits in geological, environmental, and construction matters, as well as compliance with national technical regulations.

It explains that by official letter MN-ALC-3924-2023 of February 14, 2023, the then mayor of Naranjo, Juan Luis Chaves Vargas, notified the developer of the availability of water for the project, authorizing 125 ½" (12.55mm) domestic water connections (pajas domiciliarias) for the property located in Calle Muñoz, Naranjo. It indicates that by official letter MN-ALC-4150-2023 of May 4, 2023, the same mayor reported that the municipal aqueduct in front of the property has a pressure of 100 psi, sufficient for the development of the project. It explains that by official letter MN-ALC-4405-2023 of July 6, 2023, the mayor communicated to the residents of the canton and the general public that the granting of water availability was carried out within the framework of legality and in accordance with municipal powers. It indicates that the Naranjo Municipal Council, through certification of agreement SO-28-0657-2023 of July 10, 2023, declared the solution to the housing problem of the La Radial settlement to be of municipal interest, as it represents a constant risk to its inhabitants and has been declared uninhabitable by the Ministry of Health. It points out that the project obtained construction permit No. 1181-2023 on November 29, 2023, granted by the Municipality of Naranjo. It reports that through Agreement No. 7 of the BANHVI Board of Directors of October 31, 2023, financing was approved for the purchase of the land, infrastructure works, and construction of the 120 housing solutions, for a total amount of ¢4,741,914,421.66, with Coopenae R.L. acting as the authorized entity and [Name 061] as the developer. It says that on May 30, 2025, the developer submitted the application for interconnection (interconexión) to the drinking water system before the Municipality of Naranjo.

It indicates that by official letter MN-ALCDAM- OF-168-2025 of July 3, 2025, the Coordinator of the Aqueduct Department, Gerardo Chacón Agüero, notified the project engineer that [Name 061] does not have authorization to make the interconnection application. It affirms that, nevertheless, the technical study called "Interconnection Design Vertical Condominium La Esperanza-Calle Muñoz Municipal Aqueduct of Naranjo" is under analysis, since the projected water balance is in deficit by the year 2034. It maintains that on July 18, 2025, the developer again submitted the interconnection application, this time attaching the pertinent authorizations from Banco Improsa S.A., in its capacity as registered owner of the land and trustee. It continues saying that: 11.- Finally, by official letter MN-ALC-DAM-OF-188-2025 of July 29, 2025, Mr. Gerardo Chacón Agüero, Coordinator of the Aqueduct Department of the Municipality of Naranjo, notifies the legal representative of [Name 061] that as a result of the technical analysis carried out on the study "Interconnection Design Vertical Condominium La Esperanza-Calle Muñoz Municipal Aqueduct of Naranjo", provided by [Name 061], in relation to the technical and specialized study called: "DESIGN OF THE DRINKING WATER DISTRIBUTION AND CONDUCTION NETWORK IN THE SECTORS OF CALLE MUÑOZ AND LA RADIAL IN NARANJO CENTRO", contracted by the Municipality of Naranjo, according to contractual procedure 2024LD-000004-0023200001, it is concluded that: Under typical population growth conditions, the Municipal Aqueduct has the water resources to supply the current user population (specifically of the Naranjo Centro-Casco Central subsystem and the San Francisco, Calle Muñoz, La Radial, El Águila sectors), at a 25-year design projection, which is consistent with the Technical Standard for the Design and Construction of Drinking Water Supply, Sanitation, and Stormwater Systems, point 4.2.5 "Conduction pipe", of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado, which establishes as an obligation for treated water conduction pipe lines, a period of 25 years. The foregoing technically implies that the drinking water service must be able to be offered at a 25-year population growth projection, without a water deficit occurring. It indicates that both technical studies reveal that when performing the mathematical exercise, assessing the interconnection of the La Esperanza Vertical Residential Condominium Project to provide drinking water service through the Municipal Aqueduct, the hydraulic calculation report demonstrates that a water deficit would be generated starting in the year 2034, that is, 09 years after the eventual connection in this year 2025, thus shortening the design period by approximately 64%, as demonstrated in point "4.5 Water Balance. Table 4-6 Water Balance Naranjo Aqueduct". This would affect approximately 11,864 thousand user persons, residents of Alto El Sitio, San Francisco, Calle Muñoz, Candelaria, and Casco Central (current subscribers of the municipal aqueduct system), who are supplied by the Naranjo Centro municipal aqueduct system, which, in turn, would be the same one that would have to provide drinking water to the condominium project, and adds that the matter is the subject of a lesivity proceeding (proceso de lesividad) before the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. They also state that until progress is made with the lesivity proceeding, the drinking water interconnection process required by the 120 beneficiary families of the La Esperanza Housing Project "is suspended".

It clarifies that the authorized entity exclusively holds the processing and qualification of the voucher before the Banco Hipotecario de la Vivienda, as well as the selection of the project developer. It points out that, although the Ministry of Housing and Human Settlements (MIVAH) identifies communities that present social profiles consistent with parameters of poverty, extreme poverty, and social vulnerability, and provides endorsement or formal recommendation for those projects that meet the State's priorities in housing matters, it always corresponds to BANHVI and the Authorized Entity selected for that purpose, the entire process of processing, approval, execution, and monitoring of the contracting of the work and its construction phase. It specifies that in these phases, MIVAH lacks powers or intervention, as established in the Law of the National Financial System for Housing.

It accuses the Municipality of Naranjo of inertia, since the refusal to carry out the drinking water interconnection has contributed to injuring the fundamental rights of the amparados, since the drinking water interconnection is necessary before proceeding with the formal delivery of the housing solutions. It considers that the right to decent and adequate housing must prevail, considering the situation of vulnerability and the imminent risk faced by the beneficiary families of the project.

III.- PROVEN FACTS. Of relevance for resolving this amparo appeal, the following are deemed accredited:

a) The La Esperanza Condominium Project located in the locality of Naranjo was developed through the National Financial System for Housing, with the objective of assisting 120 families in a situation of extreme need, which housing solution is intended for 95 women heads of household, 16 large families, 4 persons with disabilities, and 3 older adults. The design contemplated the construction of approximately 120 apartments distributed in 10 three-story towers, each with 12 housing units, in addition to children's play areas, perimeter fencing, sidewalks, paved streets, a treatment plant, and public services. Coopenae R.L. is the authorized entity responsible for supervising the project and the developer is [Name 061]. The project has the respective permits in geological, environmental, and construction matters, as well as compliance with national technical regulations (undisputed fact).

b) That the BANHVI Board of Directors, in ordinary session No. 50-2023, held on October 23, 2023, AGREEMENT No. 07, authorized the project: La Esperanza Vertical Residential Condominium: 1 which includes 120 housing solutions., which is financed by the Banco Hipotecario de la Vivienda (hereinafter BANHVI), the company [Name 061]., legal ID No. [Value 061], is the builder-developer responsible for the construction of the project, Coopenae R.L., is the authorized entity (report of the respondent authority).

c) On April 14, 2021, Mr. [Name 060], bearer of ID card No. [Value 060], in his capacity as legal representative of the legal entity [Name 061], legal entity number [Value 061], through municipal form No. 170841, submitted on the service platform of the Municipality of Naranjo, an application for drinking water availability for 125 water connections (pajas de agua), on the land (property) owned by his represented entity, real folio 600010-000, with plan A-2237210-2020, located in the province of Alajuela, canton of Naranjo, district of San Miguel, Calle Muñoz sector (report of the respondent authority).

d) In official letter DSPM-MN-DA-088-2021 of April 21, 2021, official Chacón Agüero of the Naranjo Municipality Aqueduct indicated to [Name 061] S. A., legal ID No. [Value 061], the following: "The application for water availability located in Naranjo, Calle Muñoz sector, 500 meters southeast of the bridge over the Pilas River, property registered in the National Registry under property number 2-600010-000, GIS No. 02-008-003-02, with cadastral plan number 2-2237210-2020, is hereby granted conditionally. Since there are no distribution lines of adequate diameters in front of the property, nor does the Municipality of Naranjo have suitable feasibility documentation for urban development responsibly, guaranteeing the adequate provision of drinking water service for both current and future subscribers. Thus, the following is determined: Water availability is granted conditioned upon the submission of a feasibility study for the provision of drinking water service to carry out the project of 125 12.5 mm domestic water connections, which must include factors such as water balance, allocation, topography, design, population growth protection, and other aspects necessary for urban development; the project to be developed would form part of the Naranjo Centro aqueduct system. This study must be duly approved by the Municipality of Naranjo. The infrastructure works indicated in the requested study must be carried out. For the issue of hydrants, a consultation must be made with the Hydrant Engineering Department of the Bomberos de Costa Rica, the regulatory and oversight body on this matter, for inclusion in the design. They must comply with the current A y A regulations for the design of distribution lines as indicated in the requested feasibility study" (report of the respondent authority).

e) In official letter MN-DAM-0175-022 of June 21, 2022, the Mayor of the Municipality of Naranjo, regarding the project of 125 domestic water connections, on the land (property) real folio 2-600010-000, plan A-2237210-2020, located in the province of Alajuela, canton of Naranjo, district of San Miguel, Calle Muñoz sector, in favor of [Name 061], determined: "(…) 'The application for water availability on the property located in Naranjo, Calle Muñoz Sector, 500 meters southwest of the bridge over the Pilas River, property registered in the National Registry under real folio number 2-600010-000, GIS #02-008-003-02, with cadastral plan number A-2237210-2022, is qualified and granted conformingly. Thus, the following is determined: • Water availability is granted to carry out the project of 125 ½” (12.5mm) domestic water connections. • Use for any other unspecified purpose is prohibited. The Municipality of Naranjo is empowered to provide the necessary response time to the installation application. This certification is valid for one calendar year from the date of issuance.'" (report of the respondent authority).

f) On July 12, 2022, according to the Construction Project Management Platform (APC) of the Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA)-digital file; [Name 061], in its capacity as registered owner of the land (property) real folio 2-600010-000, plan A-2237210-2020, located in the province of Alajuela, canton of Naranjo, district of San Miguel, Calle Muñoz sector, submitted official letter MN-DAM-0175-2022, signed by the Mayor of the Municipality of Naranjo, as part of the documentation with which it applied for the construction permit for the condominium work on said land, which was authorized (undisputed fact).

g) On February 13, 2023, Mr. Allan Calvo Muñoz, legal representative of [Name 061]., through official letter DT-YE-019-2023, requested from the Municipal Aqueduct Department the "…renewal of official letter MN-DAM-0175 2022 corresponding to the availability of 125 water connections for the social interest project La Esperanza Vertical Condominium, granted on June 21, 2022, on the property with cadastral plan 2-9207-2022 and property with real folio 2- 600010-000…" (report of the respondent authority).

h) Official letter MN-ALC-3924-2023 of February 14, 2023, the Mayor of the Municipality of Naranjo informed [Name 061], ID No: 3 101 332999, stating in relevant part: "In this document, I attest to the resolution of the request made by you for Water Availability. In accordance with the regulations for the operation and Administration of the Naranjo Municipality Aqueduct, the following report is issued. The Application for water availability on the property located in Naranjo, Calle Muñoz Sector, 500 meters southwest of the bridge over the Pilas River, Property registered in the National Registry under Property number 2-600010-000, Gis N°02-008-003-02, with cadastral plan number 2-9207-2022, is qualified and granted conformingly. Thus, the following is determined: • Water availability is granted to carry out the project of 125 ½” (12.5mm) domestic water connections each. • Use for any other unspecified purpose is prohibited. The Municipality of Naranjo is empowered to provide the necessary response time to the installation application. This Certification is valid for one calendar year from the date of issuance" (report of the respondent authority).

i) In official letter MN-ALC-4405-2023 of July 6, 2024, the Coordinator of the Legal Management Office of the Municipality of Naranjo issued a series of clarifications to the residents of the canton of Naranjo and the general population, stating: "1. The housing project intended to be carried out in the locality of Calle Muños, San Miguel, Naranjo, is not proposed, financed, or executed by the Municipality of Naranjo. Its financing and development correspond to MIVAH, through the National Financial System for Housing and the Banco Hipotecario de la Vivienda as a social welfare project. 2. The housing project managed by the legal entity [Name 061] S. A. is intended to be carried out in the canton of Naranjo, so the application for water availability, like any other construction procedure within the Municipality's competence, can and must only be made before the Municipality of Naranjo. 3. Official letter MN-DAM-0175-2022 of June 21, 2022, by means of which the Municipality of Naranjo addressed the application for water availability made by the person [Name 061], was issued within the framework of legality and based on the powers corresponding to it by subject matter and territory. 4. Official letter MN-DAM-0175-2022 does not imply the granting of any water connection in favor of the legal entity [Name 061] S. A.; it is limited to determining the existence of water availability in the locality where the housing project is proposed. Therefore. In the case of official letter MN-DAM-0175-2022 and the construction process that the legal entity [Name 061] S. A. is processing before the Municipality of Naranjo, the municipality and the undersigned have acted in accordance with the legal system, so there is no conflict of interest or undue favoritism toward the cited legal entity. Any comment or unfounded accusation aimed at generating confusion in Naranjo and national public opinion, with a view to negatively portraying the municipal management regarding the issues set forth in this official letter, is categorically rejected, since, as has been demonstrated, the action of the local government has always been, and will be until the end of its term on April 30, 2024, oriented toward guaranteeing the administration of the interests and service of the canton of Naranjo, in accordance with the law" (report of the respondent authority).

j) In Session No. 28 of July 10, 2023, the Municipal Council of the Municipality of Naranjo agreed: "The Municipality of Naranjo declares it of institutional interest that the housing situation experienced in the La Radial zone be resolved, regarding the persons and families currently located in said zone who must be relocated from that physical space, because they encroach on the right-of-way of national route 141 and impact the protection margin of the Pilas River, and consequently are at constant risk, due to their location, and for this same reason, are declared uninhabitable by the Ministry of Health. 2. The municipal administration is requested that, within the framework of current legislation, in the exercise of its legal and technical powers and budgetary possibilities of the Municipality of Naranjo, carry out the necessary actions that allow contributing to the solution of the situation set forth in the preceding paragraph of this agreement" (report of the respondent authority).

k) By official letter MN-ALCDAM- OF-168-2025 of July 3, 2025, the Coordinator of the Aqueduct Department, Gerardo Chacón Agüero, notified the project engineer that [Name 061] does not have authorization to make the interconnection application (report of the respondent authority).

l) On July 18, 2025, the developer again submitted the interconnection application, this time attaching the pertinent authorizations from Banco Improsa S.A., in its capacity as registered owner of the land and trustee (report of the respondent authority).

m) In official letter MN-ALC-DAM-OF-188-2025 of July 29, 2025, Gerardo Chacón Agüero of the Aqueduct Department of the Municipality of Naranjo informed the Legal Representative of [Name 061] regarding Attention to municipal form No. 236944, Interconnection Application for the "La Esperanza" Vertical Residential Condominium Project, in relevant part: "(…) FIFTH. That as a result of the technical analysis carried out on the study 'Interconnection Design Vertical Condominium La Esperanza-Calle Muñoz Municipal Aqueduct of Naranjo', provided by [Name 061], in relation to the technical and specialized study called: 'DESIGN OF THE DRINKING WATER DISTRIBUTION AND CONDUCTION NETWORK IN THE SECTORS OF CALLE MUÑOZ AND LA RADIAL IN NARANJO CENTRO', contracted by the Municipality of Naranjo, according to contractual procedure 2024LD-000004-0023200001, it is concluded that: Under typical population growth conditions, the Municipal Aqueduct has the water resources to supply the current user population (specifically of the Naranjo Centro-Casco Central subsystem and the San Francisco, Calle Muñoz, La Radial, El Águila sectors), at a 25-year design projection, which is consistent with the Technical Standard for the Design and Construction of Drinking Water Supply, Sanitation, and Stormwater Systems, point 4.2.5 'Conduction pipe', of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado, which establishes as an obligation for treated water conduction pipe lines, a period of 25 years. The foregoing technically implies that the drinking water service must be able to be offered at a 25-year population growth projection, without a water deficit occurring. However, both technical studies transparently also reveal that when performing the mathematical exercise, assessing the interconnection of the La Esperanza vertical residential condominium project to provide drinking water service through the Municipal Aqueduct, the hydraulic calculation report demonstrates that a water deficit would be generated starting in the year 2034, that is, 09 years after the eventual connection in this year 2025, thus shortening the design period by approximately 64%, as demonstrated in point '4.5 Water Balance. Table 4-6 Water Balance Naranjo Aqueduct'. This would affect approximately 11,864 thousand user persons, residents of Alto El Sitio, San Francisco, Calle Muñoz, Candelaria, and Casco Central (current subscribers of the municipal aqueduct system), who are supplied by the Naranjo Centro municipal aqueduct system, which, in turn, would be the same one that would have to provide drinking water to the condominium project. SIXTH. That given this objective panorama, supported by the 2 technical and specialized studies referenced above, the Municipal Mayor's Office, in the submission brief for the lesivity proceeding before the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, on the occasion of the declaration of lesivity of the Administrative Act-Official Letter MN-DAM-0175-2022, of June 21, 2022, signed by the former Mayor, Mr. Juan Luis Chaves Vargas, by means of which the Municipality of Naranjo, as you are aware, granted your represented entity drinking water availability for the project of 125 water connections, on the real property registration number 600010-00, filed a request for a precautionary measure. SEVENTH. That as of the date of this official letter, the Municipality of Naranjo is awaiting the resolution of the request, which, in principle and timely, must be notified by the Court to the intervening procedural parties; in that sense, with instruction from the Municipal Mayor's Office, it is reported that the interconnection application contained in municipal form No. 236944 is subject to the corresponding judicial resolution, a resolution that will be addressed by the Municipality of Naranjo, as legally appropriate. NINTH. That thus, and for the appropriate purposes, it is communicated that the judicial case file number assigned by the Court to the case at hand is: 25-004998-1027-CA" (report of the respondent authority).

IV.- ON THE RIGHT TO WATER AND THE REQUIREMENTS DEMANDABLE IN THE APPLICATION FOR WATER SERVICES. The jurisprudence of this Chamber is reiterated in recognizing the so-called fundamental right to water, by which all persons must be granted the possibility of accessing, under conditions of equality, drinking water services, since it is essential for human life and health. However, this character of a fundamental right does not imply unrestricted access to water services, since the administration can validly establish general requirements that must necessarily be fulfilled by each applicant to assess their particular request. Thus, in judgment number 2006-1898, of nine hours fifty-three minutes of February 17, 2006 – reiterated, among others, by judgments numbers 2007-13310, of ten hours fifty-seven minutes of September 14, 2007, and 2008-16311, of seventeen hours thirty minutes of October 30, 2008 – the Chamber established that:

"The appellant alleges (…) that despite the requests and efforts made, the respondent Institute has refused to provide them with drinking water service, arguing that it is a precarious settlement and that its inhabitants do not have a segregation plan establishing that they are property owners. In this regard, it is accredited in the record, based on the report rendered under oath by the respondent authority, that there is an impossibility to install domestic drinking water services in the community where the appellant lives for two specific reasons: the lack of adequate infrastructure and the lack of submission of applications complying with legal requirements by the interested parties (...). This Chamber, in judgment No. 2004-12185 of 13:31 hours of October 29, 2004, in a case similar to the present one, noted that it was not possible to compel the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados to circumvent the provisions of its Customer Service Provision Regulations or the General Drinking Water Law. Hence, as long as the amparado does not meet the conditions and requirements demanded therein, even though drinking water service must be available to every person as it is an essential service, it cannot be provided on a regular basis. Given the existence of those two objective reasons why it is not possible to supply regular drinking water service to the claimant: his failure to comply with requirements for the connection of a new service, starting with the submission of the application and the existence of adequate infrastructure in the area, there is no reason whatsoever to understand that the denial of the provision of the regular service by the respondent Institute is due to the fact that the amparado and his neighbors do not have property titles over the properties they possess. To the foregoing, it should be added that based on Article 33 of the referenced Regulations, the lack of a property title does not appear to be an obstacle to applying for the connection of a new drinking water service, provided the requirements indicated in that rule are met. In any case, it is also accredited that even though the regular drinking water service has not been provided, the appellant and other neighbors have a public fountain that the Institute installed so they can supply themselves for their basic needs. Hence, this Court considers that it has been the appellant's own omission and that of the locality's neighbors, who do not prove having submitted applications for the installation of a new drinking water service in the community where they live, which has prevented their situation from being assessed to determine if, by complying, above all, with the requirements of Article 33 of the Customer Service Provision Regulations, the infrastructure limitations can be overcome in their case and they can be provided with regular drinking water service."

It is understood then, that although there is a fundamental right to water that can be demanded from the corresponding administration, the provision of the service can well be subject to compliance with the requirements established for its granting and to the material possibility of supply, that is, that there are no technical situations that make it impossible or inadvisable for the administration to provide the drinking water service, a situation that determines that the administration lacks the obligation to provide the drinking water service in the event that there are technical reasons that advise against or make it impossible, and it must adequately inform the applicant of the reasons why their application cannot be addressed» (see judgment No. 2018-8650 of 09:15 hrs. of June 1, 2018, 2018-7369 of 9:45 hrs. of May 11, 2018, and No. 2016-18026 of 9:05 hrs. of December 7, 2016).

V.- REGARDING THE PRINCIPLE OF LEGITIMATE EXPECTATIONS (PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA). This Chamber, in resolution No. 2018-002910 of 09:15 hours of February 23, 2018, ordered the following transcribed below:

"IV.- On this principle, it was previously assumed axiomatically that, irremediably, any illegal act of favorable content could be annulled by the Administration in any type of situation, without attending to any particular circumstance. However, since the mid-fifties, both doctrine and jurisprudence began to detect that a blind and rigid application of the aforementioned rule seriously injured the confidence deposited by the administered in the Administration, as well as good faith and legal certainty. Thus, by judgment of May 14, 1956, the Berlin Administrative Court developed the principle of legitimate expectations (principio de confianza legítima), which was later adopted by the Court of Justice of the European Community in its rulings of March 22, 1961, and July 13, 1965 (Lemmerz-Werk), and which basically underpins the confidence of citizens to the extent that, in certain circumstances of the specific case, reasons of equity and good faith prevent the Administration from taking measures contrary to the hope induced by the reasonable stability of its decisions, based on which individuals have adopted certain measures.

In our continent, merely by way of example, the Constitutional Court of Colombia, in Judgment T-308/11 of April 28, 2011, has stated: “The principle of legitimate expectations (confianza legítima) advocates for the building of an atmosphere of tranquility in the relationships that associates build with public authorities or private individuals, so that they may expect, in good faith, that their actions will not be abruptly altered unless a constitutionally legitimate purpose prevails. Doctrinally, it has been argued that legitimate expectations implies that certain expectations generated by one legal subject towards another due to a specific behavior produce uniform results in an atmosphere of trust that can only be broken to give way to the public interest. Within the framework of relations between the administration and the administered, the doctrine has defined legitimate expectations as an ethical value that integrates good faith and comprises “the need for loyal, honest conduct, that conduct which, according to people's estimation, can be expected of a person.” (…) “The application of the principle of good faith will allow the administered party to regain confidence that the administration will not demand more than what is strictly necessary for the fulfillment of the public purposes pursued in each specific case. And that it will not be demanded in the most inappropriate place, time, or manner, considering their personal and social circumstances, and the public needs themselves.” Thus, legitimate expectations must be understood as the certain expectation that a legal or material situation, approached in a certain way in the past, will not be treated in an extremely unequal manner in another period, unless there is a constitutionally acceptable cause that legitimizes its variation. In this sense, this Corporation has held that “the administered party is not the holder of an acquired right but simply has a mere expectation that a certain de facto situation or legal regulation will not be modified untimely, and consequently their legal situation may be modified by the Administration. As an element incorporated into good faith, legitimate expectations can be projected in the fact that the perpetuation of specific regulatory conditions of a situation is expected, or the possibility that more burdensome requirements than those already required for the fulfillment of a purpose will not be applied, unless there are constitutionally valid reasons for doing so.” In effect, the ratio iuris of the principle of protection of legitimate expectations lies in the fact that the development of legal relationships requires an atmosphere of trust, in which the rules of the game, once established, are respected. The foregoing is of greater relevance in the case of relations with the Administration, since, in this case, the relational legal instrument is the administrative act, which is nothing other than a unilateral expression of will by the State. Ergo, the citizen needs legal instruments to defend against the unilateral nature and superiority of the Administration (see Judgment No. 2016-008000 of 11:52 a.m. on June 10, 2016).”


VI.- BACKGROUND. In resolving the present case, it is of great importance to take into account what was resolved by this Constitutional Chamber in judgment no. 2024010181 of 9:20 a.m. on April 19, 2024, where it was established:

“III.- ON THE MERITS. After analyzing the evidentiary elements provided and the report rendered under oath by the appealed authority, with timely warning of the consequences provided for in Article 44 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, this Court has accredited that the appellant is the owner of a property located in San Ramón de Alajuela, specifically in Piedades Norte, registered in real folio No. 571180-000. It is inferred that on March 26, 2022, the plaintiff filed a request for potable water with the appealed authority for an unbuilt property of agricultural purpose, access to which is via an agricultural easement (servidumbre de naturaleza agrícola) located 159.09 meters from the public road; request No. SIGDD-2022-00006761. However, from the basic study of request No. SIGDD-2022-00006761-1-AP, it was determined that it was not consistent for the institute to approve the request for potable water and sanitary sewer availability for the eventual project because it does not have the required technical feasibility for the approval of availability requests located in the CO-A-35-San Ramón system. The technical feasibility was based on the Potable Water Feasibility Inspection SIGDD-2022-00006761-1-1-1 submitted by the Technical Chief of Operation and Maint. of the Cantonal Water System of San Ramón of the West Central Region, which indicates “Inexistence of distribution and collection infrastructure in front of the property according to technical criteria.” The foregoing was notified to the appellant via a resolution of Certificate of NON-AVAILABILITY (Constancia de NO DISPONIBILIDAD) dated August 4, 2022. Given the described scenario, it is verified that the protected party filed a motion for revocation and/or subsidiary appeal against what was ordered by the ICAA; however, by resolution of 7:00 a.m. on August 12, 2022, the motion for revocation was declared without merit. Likewise, by resolution GG-R-2022-0727 of 10:00 a.m. on September 21, 2022, the appeal was rejected.

 It was demonstrated that on September 21, 2022, the plaintiff filed a new request for potable water, No. SIGDD-2022-00020625, with the appealed authority. In that sense, it was demonstrated that the ICAA generated official letter No. SIGDD2022-0000625-1-1-1 of November 16, 2023, in which it indicated the following: “THERE IS POTABLE WATER AVAILABILITY IN THE PUBLIC ROAD, THERE IS NO SANITARY SEWER SYSTEM AVAILABILITY.” The foregoing was notified to the interested party in official letter of November 16, 2023, under the following conditions: “In response to the availability request, I am sending you the attached Certificate of Positive Potable Water Availability and Negative Sanitary Sewer No. 2022-00020625-1, which in summary states the following: The Sanitary Sewer network is not in operation in the area.” It is verified that on February 7, 2024, the petitioner processed the request for new potable water service No. P21112024020005, but upon receiving the procedure, the cantonal office noticed an error and proceeded to conduct an investigation; this, taking into account past evidence, reassessing whether the condition of the request had really changed and the conditions under which the Availability request SIGDD-2022-00006761-1-1-1 was denied. Finally, it was confirmed that in official letter No. SG-GSP-RC-2024-00132 of March 5, 2024, the appealed authority notified the interested party that it could not process the request for new service No. P21112024020005. In its core, it indicated: “On February 7, 2024, request 21112024020005 was issued in the name of [Name 001], identity card [Value 001], for the Housing construction project, regarding the connection request for new potable water service, which would be located on the property, real folio registration 2-571180-000, whose nature indicates PASTURE LAND, access through agricultural easement located in Piedades Norte District, San Ramón Canton, Alajuela Province, according to Cadastral Map No. A-2032273-2018, with an address 115 meters NW and 260 meters W of the Cabinas del Bosque Lodge (…) according to a consultation in the National Property Registry, the distance from the public road to the land via the agricultural easement is approximately 190 meters (…) To provide services within the easement, it must be registered in favor of AyA, as well as comply with the criteria indicated above. In conclusion, under these circumstances the Institution finds it impossible to grant what was requested. The documents contained in the administrative file are conclusive; in this sense, the Institution would be wrong to grant a new service, contrary to the Principle of Legality, science, and technique indicated in articles 11 and 16 of the Ley General de la Administración Pública. Therefore, AyA must respect the regulations that govern it; otherwise it would be transgressing the legal system (…) Finally, as verified, the request for new service No. P21112024020005 cannot be processed.”

This Chamber, through judgment No. 2012-016181 of 9:05 a.m. on November 27, 2012, reiterated in judgment No. 2015002749 of 9:05 a.m. on February 27, 2015, when hearing a matter similar to that of this file, ruled in the following terms:

“V.- SPECIFIC CASE. It is accredited that the protected party had been granted a first letter of availability, issued on October 24, 2011, for the purpose of processing the approval of cadastral map No. SJ-919550-0, a document valid for a period not exceeding six months that expired in April 2012. Based on that document, among other permits and authorizations, the appellant built her dwelling and requested the appealed Association to issue the letter of availability so that potable water service would be granted to the property. However, this was rejected because, according to the last capacity measurement carried out by personnel of the Instituto de Acueductos y Alcantarillados, the captured springs (nacientes) are insufficient to supply the current population —criterion collected in memorandum No. SUB-G-GSC-UEN-AP-EBD-2012-686 of May 25, 2012—; a situation that was communicated to the protected party. Based on this factual scheme, in the opinion of this Tribunal, in the present matter the principle of legitimate expectations was violated to the detriment of the protected party. Indeed, while the first letter of availability was issued in 2011, the protected party legitimately trusted the appealed Association —which, as stated supra, is exercising public powers— and built her dwelling, with the significant expenditure of resources that this entails, with the expectation that potable water service would be provided. Certainly, according to Article 21, subsection 19), of the Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales, Decreto Ejecutivo No. 32529, the ASADAS may grant the water availability seal —valid for 6 months for single-family homes and one year for other developments, extendable— “provided that there is technical feasibility, it does not harm the quality of the service provided, and infrastructure exists” (emphasis added). However, in accordance with the principle of legitimate expectations and good faith, the appealed Association must be warned that before issuing a potable water availability letter, the necessary measurements must be taken to verify if available water exists and thus avoid causing the administered to incur heavy and useless investments if, after building their houses or buildings, they cannot be provided with potable water.

VI.- CONCLUSION. As a corollary to the foregoing, it is necessary to uphold the appeal filed with the consequences detailed in the operative part of this judgment.”

In the sub lite, from the list of proven facts, it is clear that through official letter No. SIGDD2022-0000625-1-1-1 of November 16, 2023, the ICAA issued the positive potable water availability certificate for the property registered in real folio No. 571180-000 located in San Ramón de Alajuela, specifically in Piedades Norte in the name of the appellant, under the following conditions: “THERE IS POTABLE WATER AVAILABILITY IN THE PUBLIC ROAD, THERE IS NO SANITARY SEWER SYSTEM AVAILABILITY.” This was notified to the protected party in official letter of November 16, 2023, under the following conditions: “In response to the availability request, I am sending you the attached Certificate of Positive Potable Water Availability and Negative Sanitary Sewer No. 2022-00020625-1, which in summary states the following: The Sanitary Sewer network is not in operation in the area.” Based on that document, among other permits and authorizations, such as the land use (uso de suelo) and the construction permit (permiso de construcción) No. PC-079-2024 issued by the Municipality of San Ramón, the protected party began the construction process of her dwelling. Subsequently, that is, on February 7, 2024, she processed before the respondent institution the request for new potable water service No. P21112024020005; however, it was rejected via official letter No. SG-GSP-RC-2024-00132 of March 5, 2024; this, due to the existence of a technical impossibility, as it was determined that there is no sanitary sewer system availability in front of the property boundary. In the species, in the opinion of this Court, in the case at hand the ICAA violated the principle of legitimate expectations to the detriment of the protected party. In that line of thought, note that from the appellant's own statement it is determined that she legitimately trusted the appealed authority and built her dwelling with the significant expenditure of resources that this entails and with the expectation that potable water service would be provided. However, almost three months after official letter No. SIGDD2022-0000625-1-1-1 of November 16, 2023, was issued, the request for new service was rejected. Based on the foregoing, it is considered that it also injured the protected party’s principle of legal certainty, as well as her right to obtain prompt and complete justice. Note that the potable water request entails an administrative procedure, which must be analyzed and resolved by the respondent institute. In this case, it is clear that the respondent issued the positive potable water availability, but then denied the request for new potable water service due to an error. In that sense, it is necessary to bring up what was highlighted by the ICAA in its report, as relevant: “On September 21, 2022, the availability request is presented again as demonstrated on pages 62 and 63 of the administrative file and its resolution on pages 68 to 69, the new procedure begins again with number SIGDD-2022-00020625, it is reported that, on this occasion, the cantonal office received collaboration for the resolution of availabilities where on this occasion they resolved positively without taking into account that the easement was agricultural and everything this case implies. Given that up to that moment the situation presented since the previous resolution had not changed. Said positive availability resolution became effective on November 16, 2023. This last resolution, being outside the management of the San Ramón cantonal office, was resolved by other collaborating offices outside the Central Region Directorate and is processed positively towards the user directly, with an incorrect resolution, because the initial condition did not undergo any change and the access by agricultural easement was maintained and, as of the date of this report, there is no evidence of infrastructure placement, through any additional request or Hydric Capacity letter authorizing it.” It adds: “Upon receiving this procedure, the cantonal office notices the error, and conducts the investigation, taking into account past evidence and reassessing again whether the condition of the request had really changed, the conditions under which the Availability request SIGDD-2022-00006761-1-1-1 was denied; For this reason, Mrs. [Name 001] is answered with document SG-GSP-RC-2024-00132 on March 5, explaining the arguments why the request for new service cannot be processed.”

Now, this Chamber has ruled on access to potable water as a service that allows, in turn, the realization and guarantee of other fundamental rights such as quality of life and health (see in a similar sense judgment No. 2017002404 of 9:45 a.m. on February 17, 2017) but has also recognized that when there are technical reasons that absolutely make the supply of potable water impossible, a violation of a fundamental right does not occur (see in a similar sense judgment No. 07779-2019 of 9:15 a.m. on May 3, 2019, among others). In the case at hand, prior to the ICAA issuing the positive potable water availability certificate by mistake, it had already determined that approving the request for potable water and sanitary sewer availability was not consistent because the technical feasibility required for the approval of availability requests located in the CO-A-35-San Ramón system is not available. From this perspective, while it is important to note that this Court does not have the competence to determine whether or not it is appropriate to grant the water availability sought by the plaintiff, as this is governed by technical criteria issued by the ICAA authorities, an institution with the regulatory power to carry out such acts, in the sub examine, it is deemed that the protected party’s principle of legitimate expectations was violated, as well as the principle of legal certainty and her right to obtain prompt and complete justice, therefore it is necessary to uphold the appeal with the consequences detailed in the operative part. (…)

VII.- ON THE MERITS. From the report rendered under oath by the appealed authority, with the consequences, including criminal ones, provided for in numeral 44 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, an infringement of the fundamental rights of the appellant is accredited, based on the considerations set forth below. In this regard, it is accredited that the Project Condominio La Esperanza located in the locality of Naranjo was developed through the Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, with the objective of serving 120 families in a situation of extreme need, where this housing solution is intended for 95 women heads of household, 16 large families, 4 persons with disabilities, and 3 older adults. The design included the construction of approximately 120 apartments distributed in 10 three-story towers, each with 12 housing units, in addition to children's play areas, perimeter fencing, sidewalks, paved roads, a treatment plant, and public services. Coopenae R.L. is the authorized entity in charge of project supervision and the developer is [Name 061]. The project has the respective permits in geological, environmental, and construction matters, as well as compliance with national technical regulations.

On April 14, 2021, Mr. [Name 060], bearer of identity card number [Value 060], in his capacity as legal representative of the legal entity [Name 061], legal entity number [Value 061], through municipal form number 170841, submitted on the service platform of the Municipality of Naranjo a request for potable water availability for 125 water connections, on the land (property) owned by his represented entity, real folio 600010-000, with map A-2237210-2020, located in the province of Alajuela, Naranjo canton, San Miguel district, Calle Muñoz sector. In official letter DSPM-MN-DA-088-2021 of April 21, 2021, official Chacón Agüero of the Aqueduct of the Municipality of Naranjo indicated to [Name 061] S.A., legal ID No. [Value 061], the following: “The water availability request located in Naranjo, Calle Muñoz sector, 500 meters southeast of the bridge over the Pilas River, property registered in the National Registry with property number 2-600010-000, GIS No. 02-008-003-02, with cadastral map number 2-2237210-2020, which is granted conditionally. As there are no distribution lines of adequate diameters in front of the property, nor does the Municipality of Naranjo have suitable feasibility documentation for urban development in a responsible manner, where the provision of potable water service is guaranteed adequately both for current and future subscribers. Therefore, it is determined as follows: Water availability is granted conditioned on the presentation of a feasibility study for the provision of potable water service to carry out the project of 125 domestic water connections of 12.5 mm), which must include factors such as hydric balance, supply, topography, design, population growth protection, and other aspects necessary for urban development; the project to be developed would form part of the Naranjo Centro aqueduct system. This study must be duly approved by the Municipality of Naranjo. The infrastructure works indicated in the requested study must be carried out. Regarding the issue of hydrants, a consultation must be made to the Hydrant Engineering department of Bomberos de Costa Rica, the regulatory and supervisory body on this matter, for inclusion in the design. They must comply with the current regulations of AyA for the design of distribution lines as indicated by the requested feasibility study.” Subsequently, in official letter MN-DAM-0175-022 of June 21, 2022, the Mayor of the Municipality of Naranjo, in relation to the project for 125 domestic water connections, on the land (property) real folio 2-600010-000, map A-2237210-2020, located in the province of Alajuela, Naranjo canton, San Miguel district, Calle Muñoz sector, in favor of [Name 061], determined: “(…) “The water availability request on the property located in Naranjo, Calle Muñoz Sector, 500 meters southwest of the bridge over the Pilas River, property registered in the National Registry with real folio number 2-600010-000, GIS #02-008-003-02, with cadastral map number A-2237210-2022, which qualifies and is granted conformably. Therefore, it is determined as follows: • Water availability is granted to carry out the project of 125 domestic water connections of 1/2” (12.5mm) each. • Use for any other unspecified purpose is prohibited. The Municipality of Naranjo is empowered to provide the necessary response time for the installation request. This Certification is valid for one calendar year from the date of issuance.” By virtue of the foregoing, on July 12, 2022, according to the Construction Project Management Platform (APC) of the Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA)-digital file; [Name 061], as the registered owner of the land (property) real folio 2-600010-000, map A-2237210-2020, located in the province of Alajuela, Naranjo canton, San Miguel district, Calle Muñoz sector, submitted official letter MN-DAM-0175-2022, signed by the Mayor of the Municipality of Naranjo, as part of the documentation with which the construction permit for the condominium project on said land was requested, which was authorized. Subsequently, on February 13, 2023, Mr. Allan Calvo Muñoz, legal representative of [Name 061], through official letter DT-YE-019-2023, requested the Municipal Aqueduct Department for the “…renewal of official letter MN-DAM-0175 2022 corresponding to the availability of 125 water connections for the social interest project Condominio Vertical La Esperanza, granted on June 21, 2022, on the property with cadastral map 2-9207-2022 and property with real folio 2-600010-000…”

In official letter MN-ALC-3924-2023 of February 14, 2023, the Mayor of the Municipality of Naranjo informed [Name 061], ID No: 3 101 332999, as relevant: “In this document, I hereby certify the resolution to the request made by you for Water Availability. According to the regulation for the operation and Administration of the Aqueduct of the Municipality of Naranjo, the following report is issued. The Water availability request on the property located in Naranjo, Calle Muñoz Sector, 500 meters southwest of the bridge over the Pilas River, Property registered in the National Registry with Property number 2-600010-000, Gis No. 02-008-003-02, with cadastral map number 2-9207-2022, which qualifies and is granted conformably. Therefore, it is determined as follows: • Water availability is granted to carry out the project of 125 domestic water connections of ½” (12.5mm) each. • Use for any other unspecified purpose is prohibited. The Municipality of Naranjo is empowered to provide the necessary response time for the installation request. This Certification is valid for one calendar year from the date of issuance.”

Subsequently, in official letter MN-ALCDAM-OF-168-2025 of July 3, 2025, the Coordinator of the Aqueduct Department, Gerardo Chacón Agüero, informed the project director engineer that [Name 061] is not authorized to submit the interconnection request. On July 18, 2025, the developer resubmitted the interconnection request, this time attaching the pertinent authorizations from Banco Improsa S.A., in its capacity as registered owner of the land and fiduciary. In official letter MN-ALC-DAM-OF-188-2025 of July 29, 2025, Gerardo Chacón Agüero of the Aqueduct Department of the Municipality of Naranjo informed the Legal Representative [Name 061] that regarding Attention to municipal form number 236944, Interconnection Request for the Project Condominio Residencial Vertical “La Esperanza”, as relevant: “(…) FIFTH. That as a result of the technical analysis performed on the study “Interconnection Design Condominio Vertical La Esperanza-Calle Muñoz Acueducto Municipal de Naranjo”, provided by [Name 061], in relation to the technical and specialized study called: “DESIGN OF THE POTABLE WATER DISTRIBUTION AND CONDUCTION NETWORK IN THE SECTORS OF CALLE MUÑOZ AND LA RADIAL IN NARANJO CENTRO”, contracted by the Municipality of Naranjo, according to contractual procedure 2024LD-000004-0023200001, it is concluded that: Under typical population growth conditions, the Municipal Aqueduct has the water resource to supply the current user population (specifically of the Naranjo Centro-Casco Central sub-system and San Francisco, Calle Muñoz, La Radial, El Águila sectors), under a 25-year design projection, which is in accordance with the Norma Técnica for Design and Construction of Potable Water Supply, Sanitation, and Stormwater Systems, point 4.2.5 “Conduction Pipe”, of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado, which establishes as an obligation for treated water conduction pipe lines, a period of 25 years. The foregoing technically implies that the potable water service must be able to be offered under a 25-year population growth projection, without presenting a water deficit. However, both technical studies also transparently reveal that when performing the mathematical exercise, assessing the interconnection of the Condominio Residencial Vertical La Esperanza project, to provide it with potable water service through the Municipal Aqueduct, the hydraulic calculation memory demonstrates that a water deficit would be generated starting in the year 2034, that is, 09 years after the eventual connection in this current year 2025, thus shortening the design period by approximately 64%, as demonstrated in point “4.5 Hydric Balance. Table 4-6 Hydric Balance Acueducto Naranjo”. This would affect approximately 11,864 thousand user residents, neighbors of Alto El Sitio, San Francisco, Calle Muñoz, Candelaria, and Casco Central (current subscribers of the municipal aqueduct system), who are supplied with the Naranjo Centro municipal aqueduct system, which, in turn, would be the same one that would have to supply potable water to the condominium project. SIXTH. That given this objective panorama, supported by the 2 technical and specialized studies referenced above, the Municipal Mayor's Office, in the document presenting the lesivity proceeding before the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, on the occasion of the declaration of lesivity of the Administrative Act-Official letter MN-DAM-0175-2022, of June 21, 2022, signed by the former Mayor, Mr. Juan Luis Chaves Vargas, through which the Municipality of Naranjo, as you are aware, granted your represented entity potable water availability, for the project of 125 water connections, on the real estate property registration 600010-00, filed a request for a precautionary measure. SEVENTH. That as of the date of this official letter, the Municipality of Naranjo is awaiting the resolution of the request, which, in principle and in due course, must be notified by the Court to the intervening procedural parties; in that sense, upon instruction from the Municipal Mayor’s Office, it is reported that the interconnection request contained in municipal form number 236944 is subject to the corresponding judicial resolution, a resolution that will be addressed by the Municipality of Naranjo, as legally appropriate. NINTH.

Thus, and for whatever it may correspond, it is hereby communicated that the judicial case file number assigned by the Court to the case at hand is: 25-004998-1027-CA.

Note that in the present case, in official communication DSPM-MN-DA-088-2021 of 21 April 2021, the official Chacón Agüero of the Naranjo Municipal Aqueduct, and in official communications MN-DAM-0175-022 of 21 June 2022 and MN-ALC-3924-2023 of 14 February 2023, the Mayor of the Municipality of Naranjo issued the water availability to carry out the project of 125 residential water connections (pajas de agua domiciliarias) in relation to the project of 125 residential water connections, on the property (finca) real folio 2-600010-000, plan A-2237210-2020, located in the province of Alajuela, canton Naranjo, district San Miguel, Calle Muñoz sector, in favor of [Name 061]. By virtue of the foregoing and the jurisprudence cited above, the refusal of the respondent municipal corporation to carry out or reject the interconnection of the water service in the project in question caused an injury to the human right to water, the principle of legitimate expectations (principio de confianza legítima), and legal certainty to the detriment of the appealing party, since, precisely on three different occasions, the municipal corporation granted, beginning in 2021, the water availability for a social-interest project, and it is not for the administered party to bear the abrupt change of criteria of the respondent municipal administration when the work has been built. Moreover, everything related to the declaration of injuriousness (lesividad) proceeding processed under case file 25-004998-1027-CA, wherein the nullity of Administrative Act-Official Communication MN-DAM-0175-2022 of 21 June 2022, by means of which the Municipality of Naranjo granted the drinking water availability, is sought, constitutes a matter of legality on which this Chamber refrains from making any pronouncement. Consequently, this amparo must be granted in the terms that will be stated in the operative part of this pronouncement.

VIII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are cautioned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer-based, magnetic, optical, telematic, or new-technology-generated device, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session number 27-11 of 22 August 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of 26 January 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session number 43-12 held on 3 May 2012, article LXXXI.

POR TANTO:

The appeal is granted. Randall Vega Blanco, in his capacity as Mayor of the Municipality of Naranjo, or whoever holds that position, is ordered to issue the pertinent orders and arrange whatever is necessary within the scope of his powers, so that, within a maximum period of FIFTEEN DAYS, counted from the notification of this pronouncement, he executes the corresponding measures to provide drinking water service to the La Esperanza Vertical Residential Condominium. The respondent authority is warned that, in accordance with article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days will be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo proceeding, and does not comply with it or does not cause it to be complied with, provided that the offense is not more severely punished. The Municipality of Naranjo is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the sentence enforcement phase (ejecución de sentencia) of the contentious-administrative jurisdiction. Let it be notified.

Fernando Castillo V.

Presidente

Fernando Cruz C.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Ingrid Hess H.

Ileana Sánchez N.

Fernando Enrique Lara G.

Digitally Signed Document

-- Verification code --

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 9LGNIZI4NQ061

EXPEDIENTE N° 25-023523-0007-CO

Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church).

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