Res. 20640-2025 Sala Constitucional — Amparo against Municipality of Heredia for floods in BorucaAmparo contra Municipalidad de Heredia por inundaciones en Boruca

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Sala Constitucional

Resolución Nº 20640 - 2025

Fecha de la Resolución: 04 de Julio del 2025 a las 09:20

Expediente: 25-016097-0007-CO

Redactado por: Anamari Garro Vargas

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Texto de la resolución

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Exp: 25-016097-0007-CO

Res. Nº 2025020640

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del cuatro de julio de dos mil veinticinco .

Recurso de amparo promovido por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], en su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de [Nombre 002]., cédula jurídica [Valor 002], a favor de [Nombre 003], cédula de residencia [Valor 003] y [Nombre 004], cédula de identidad [Valor 004], contra la MUNICIPALIDAD DE HEREDIA.

Resultando:

1.- Por escrito incorporado al expediente digital el 05 de junio de 2025, el recurrente interpone recurso de amparo y manifiesta que su representada es propietaria de un complejo de apartamentos ubicados en Heredia, Mercedes Norte, del restaurante Mc Donald's carretera a Barva, 300 metros oeste, los cuales se encuentran ubicados en Fincas: 4- 141132 - y 4-141133 cuyos planos catastrados son H-0138561-1993 y H-0141910-1993. Indica que las personas amparadas habitan en dichos apartamentos, Nos. 1 y 5 construidos en el primer nivel o planta baja. Acusa que, desde el año 2019 las propiedades descritas enfrentan un problema de inundaciones por aguas pluviales provenientes del alcantarillado público municipal de la zona, especialmente, en época lluviosa. Relata que en el 2025 al haber iniciado el invierno de manera tan fuerte, ya se han presentado inundaciones en dichos apartamentos y en propiedades vecinas. Acusa que el problema de inundaciones se debe a que la municipalidad recurrida aprobó permisos de construcción en la zona, como por ejemplo el condominio Cedro Real en el 2022, sin que se hayan realizado por parte de ese municipio, trabajos adecuados en los desfogues de las aguas pluviales hacia el río Quebrada Seca o ampliación de la red de alcantarillado público. Indica que, desde el 15 de mayo de 2020, un grupo de vecinos y arrendatarios de los apartamentos, plantearon formal denuncia ante la municipalidad recurrida por las inundaciones y daños ocasionados a sus propiedades, debido al mal manejo de las aguas pluviales, alcantarillado público y cañerías de la zona, a la cual se le asignó caso número 4815402. Agrega que el 20 de mayo de 2020, el ingeniero Luis Méndez, de la Municipalidad de Heredia, informó a la señora Jenny Chavarría encargada de la denuncia, que había realizado una inspección completa en la zona, con el fin de detectar la causa del problema, informando en esa oportunidad, que: “En la ubicación de los Apartamentos Angelina en Boruca lo encontrado en el sistema pluvial es que bajando hacia los apartamentos desde el este hasta el pozo pluvial del final de calle tenemos tubería limpia de 60 cm de diámetro y cruza al norte con un aumento de 80cm hacia Boruca 2. al final de la calle tenemos dos tragantes a ambos lados de la calle con tubos pequeños de no más de 10" que conectan con el pozo los cuales se pueden mejorar su capacidad a 15" ambos tragantes para realizar este trabajo es necesario eliminar cuatro tubos de tres a cuatro pulgadas conectados al tragante izquierdo que como se ve en las fotos siguientes están aportando aguas de otra procedencia a las pluviales (parece aguas negras y residuales). Adicionalmente se podrá mejorar los tragantes en la calle paralela a esta al lado sur la cual tiene dos tragantes que tienen tubos también muy pequeños que podrían mejorar su diámetro y pendiente. También revisamos toda la tubería que va a Boruca 2 hasta la salida del rio y esta tiene varios cambios de diámetro con problemas de reducciones y ampliación inconclusas que estamos documentando para un informe mayor y que el podria tener un efecto indirecto en lluvias promedio, pero en las lluvias pico si podría generar retención de aguas superficiales o en la misma tubería”. Alega que, a pesar de que queda en evidencia, según el informe del Ingeniero Municipal, que las inundaciones que se producen en la zona de Boruca y especialmente los apartamentos Angelina, son consecuencia de diámetros de tubería insuficientes y de que en la zona se requiere la realización de trabajos por parte del ente municipal, a la fecha de interposición del presente recurso, no se ha dado solución definitiva al problema denunciado.

2.- En resolución de las 08:56 horas del 13 de junio de 2025, se da curso al proceso y solicita informe al alcalde de Heredia, sobre los hechos alegados por la parte recurrente.

3.- Mediante incorporado al expediente digital el 24 de junio de 2025, informa bajo juramento Ángela Ileana Aguilar Vargas, en su condición de alcaldesa de Heredia, lo siguiente:

“PRIMERO. Es menester indicar que la zona en cuestión señalada por el señor [Nombre 001], es el Residencial Boruca Etapa II en Heredia, Mercedes Norte; tal como se plasma en el Sistema de Información Geográfica Municipal (UBICA), vemos señalas en amarillo las fincas en cuestión.

SEGUNDO. Con el oficio MH-DIP-DGV-367-2025, emitido por el señor Luis Méndez López de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Heredia, informó acerca de las gestiones realizadas en el sector del Residencial Boruca ubicado en Mercedes Norte de Heredia.

“En residencial Boruca se han atendido problemas de inundaciones con diversos trabajos desde el año 2020.

Para el año 2020 se realizaron dos intervenciones con construcción de cajas de registro de la tubería existente. Además, se construyó 54 metros de tubería pluvial para dar mayor soporte a la tubería existente. “

Lo anterior se puede confirmar mediante los oficios DIP-DGV-123-2020, de fecha 8 de julio del 2020 y DIP-DGV-180-2020 de fecha 16 de octubre del 2020, en el cual personeros de la sección de Mantenimiento y Obras del Departamento de Gestión Vial realizaron las siguientes obras, para mitigar la problemática de inundaciones en la zona.

- Construcción de 3 cajas de registro de 0.80 mts x 0.60 mts x0.50 mts.

- Se entubaron 54 metros de tubería pluvial

- Construcción de 54 ml de cordón de caño

La finalidad de esos trabajos fue para atender los problemas de inundaciones y mejorar la forma de captación de agua en el Residencial Boruca. (se adjunta imágenes que verifican las reparaciones realizadas.

TERCERO. Tal como lo indica el amparado en la prueba que adjunta, para el 2020 se recibió una denuncia por el amparado señalando “en las fincas 4-141132 y 4-141133 … daños ocasionados producto de inundaciones por mal manejo de aguas pluviales que corren por alcantarillado público y cañerías” ante la Contraloría de Servicios de la Municipalidad de Heredia generando el tiquete 4815402 y mediante el correo [...] señalado por el señor [Nombre 001] y se procedió a informarle la situación de forma concreta, por parte del Funcionario Luis Méndez López de la Unidad Técnica de Gestión Vial :

“Se realizo una inspección completa y en la ubicación de los Apartamentos Angelina en Boruca lo encontrado en el sistema pluvial es que bajando hacia los apartamentos desde el este hasta el pozo pluvial del final de la calle tenemos tubería limpia de 60 cm de diámetro y cruza al norte con un aumento de 80 cm hacia boruca , al final de la calle tenemos dos fragantes a ambos lados de la calle con tubos pequeños de no más de 10” que conectan con el pozo los cuales se pueden mejorar su capacidad a 15” ambos fragantes para realizar este trabajo es necesario eliminar cuatro tubos de tres a cuatro pulgadas conectados al tragante izquierdo que como se ve en las fotos siguientes están aportando aguas de otra procedencia a las pluviales (parece aguas negras y residuales) …” (lo subrayado no es del original)

Durante la toma de la foto, se puede ver que los mismos estaban con presencia de aguas, por tal razón el color y el material el color y el material (sic) que se ve en la caja del tragante. Por este tipo de aguas es necesario la corrección de estos tubos ya que por salud del personal y por cumplimiento con las normativas (sic) no podremos entubar esas aguas al pluvial del residencial, porque si no estas aguas viajarían por el resto de la tubería lo cual dificultaría del todo su revisión y limpieza adelante, además de la contaminación a la quebrada seca” (lo subrayado no es del original)

Lo anterior, es de conocimiento del amparado por cuanto esta situación data del 2020, aquí vemos que fue informado de una situación propiamente que recae en la propia responsabilidad de los dueños de los apartamentos en cuestión y los inquilinos tienen obligación informar de las reparaciones que deben realizar en la caja de registro de las fincas señaladas.

Aunado a lo anterior, tenemos que como ampliación de la respuesta a la denuncia interpuesta se señala: “… se eliminen sus aguas de jabón y principalmente las aguas negras claramente visible ahí en el tragante y que las aguas de esos tubos grises vienen de los apartamentos según se observa, claramente si necesitan de visita en conjunto los podemos realizar para dejarlo definitivo.

Lo necesario por parte de los apartamentos nos colaboren con eliminar el depósito de aguas y que las depositen en el tanque séptico correspondiente y en los drenajes adecuados. Ejecutando esos trabajos nosotros (municipalidad) podríamos trabajar en la mejora para poder terminar de solucionarles el tema, insisto es muy necesario eliminar esas aguas sucias por la gente mía no puede trabajar con esa agua sucia, solamente con agua de lluvia.

Lo del resto de tubería de Boruca ya lo estamos trabajando, pero por lo tanto si realizan lo solicitado podremos aprovechar el ingreso de la cuadrilla.

En conclusión, queda comprobado que la Municipalidad realizó obras para mitigar la problemática presentada en el residencial y no se pudo continuar en las zona de los apartamentos por el impedimento señalado en líneas atrás, que por omisión de los amparados no se ha solventado.

CUARTO. Conforme el oficio MH-DIP-DGV-367-2025, emitido por el señor Luis Méndez López de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Heredia, fue claro en indicar “para el 6 de junio del 2025 la eliminación de estas tuberías esta ejecutada de forma parcial y de manera deficiente ya que lo que se realizo es la colocación de tapones a los tubos los cuales están deteriorados y pueden provocar mayores daños en los apartamentos …. Se debe eliminar las conexiones al tragante, esto evitaría que si el tragante se rebalsa las aguas no se metan en los apartamentos ya sea por las cajas de registros internas pluviales y sanitaria, así como por baños o sanitarios. Con esto ejecutado se podrán hacer mejoras en los tragantes y tuberías cercanas sin presencia de aguas negras requisito para poder trabajar sin contaminación y riesgos de salud en el personal”.

Entonces es necesario que los dueños de los apartamentos Angelina procedan a “eliminar el ingreso de aguas desde la parte interna de la construcción y además colocar bajantes y desfogues que den a la cuneta y no al tragante. También que las aguas negras y residuales se traten en el sistema de drenaje ya que en sitio no existe disponible en funcionamiento red de alcantarillado sanitario.” Se adjunta imagen que demuestra el estado actual del tragante.

De lo anterior, es menester resaltar y note su autoridad que existen impedimentos jurídicos y materiales que inciden en la solución integral para terminar con las obras del resto de tubería del Residencial Boruca por cuanto queda constatado, que existe culpabilidad de la víctima (en este caso de los dueños del apartamento Angelica) ya que primero deben realizar las reparaciones que a nivel interno de la propiedad impiden que la Municipalidad pueda continuar y realizar las obras de tubería pluvial en ese sector específicamente, es importante resaltar que en la zona existe un quebrada seca aspecto que la municipalidad debe velar para que no exista contaminación ambiental .

Por otra parte, es de señalar la anuencia en resolver en definitiva el problema por parte de esta Municipalidad por cuanto se evidencia que se les indicó en el 2020 a los amparados “claramente si necesitan de visita en conjunto los podemos realizar para dejarlo definitivo” dejando por escrito que una vez y se realizaran las reparaciones; las mismas fueran reportadas a la Municipalidad para realizar la visita e inspección pertinente y continuar con las obras de tubería en esa zona específicamente, visible en la prueba que adjunto el amparado.

QUINTO. Conforme las observaciones de Luis Méndez López funcionario municipal, en el caso concreto tenemos que la ley 7789, Ley de Transformación de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia ESPH, es clara en su numeral 5, los servicios que prestan y que los amparados deberían denunciar ante esta empresa la ausencia de alcantarillado sanitario.

Articulo 5.- La Empresa gozará de plenas facultades para prestar servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y evacuación de aguas pluviales; así como para la generación, distribución, transmisión y comercialización de energía eléctrica y alumbrado público, en convenio con las municipalidades de la provincia de Heredia incorporadas, dentro de la jurisdicción de estas. (…)

Entonces, los amparados deben gestionar y denunciar ante la ESPH la alta de un sistema adecuado de gestión de aguas residuales por cuanto, puede provocar la proliferación de enfermedades transmitidas por el agua, contaminación de fuentes hídricas y deterioro del entorno.

SOBRE EL OBJETO DEL RECURSO

Sobre la Responsabilidad Objetiva de la Administración y Causas Eximentes. Finalmente, es imperante referirse al alegato del amparado que “pese a la evidencia según informe del Ingeniero Municipal que las inundaciones que se producen e la zona de Boruca y especialmente los apartamentos Angelina, son consecuencia de diámetros de tubería insuficientes y de que en la zona se requiere la realización de trabajos”

Vemos que actuando de muy mala fe el amparado señala un informe del 21 de mayo 2020 mediante correo en atención a la denuncia presentada en la Contraloría, por que si bien es cierto que el funcionario municipal realizo informe explicándole al amparado la situación general de la zona en el residencial Boruca, también es cierto que se realzaron obras para mitigar el problema y que las mismas no pudieron finalizarse por responsabilidad de los dueños del apartamento que debían realizar las reparaciones de la caja de registro de la propiedad en cuestión, señalado en líneas atrás.

En el Derecho Administrativo se establece la responsabilidad objetiva de la administración, que implica que no hay que acreditar el dolo, la culpa, ni la responsabilidad de alguna persona funcionaria especifico, sino que hubo un daño y que el administrado no está en la responsabilidad de soportar, daño que en todo caso debe ser atribuible a la administración sea por accionar legítimo o ilegítimo, normal o anormal. Al respecto, el artículo 190.1 de la Ley General de la Administración Pública, N° 6227, establece:

“Artículo 190.-

1. La Administración responderá por todos los daños que cause su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero. (…)”. El subrayado es nuestro.

Sobre este particular, la legitimidad o ilegitimidad refiere a la conducta formal de la administración al ordenamiento jurídico y la normalidad o anormalidad principalmente a la conducta material o técnica por la actividad prestacional de la administración. Al respecto, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en sentencia número 584-F-2005 de las 10:40 horas del 11 de agosto de 2005 señaló:

“(…) la anormalidad atiende a aquellas conductas administrativas, que en sí mismas, se apartan de la buena administración (conforme al concepto utilizado por la propia Ley General en el artículo 102 inciso d., que entre otras cosas incluye la eficacia y la eficiencia) o de la organización, de las reglas técnicas o de la pericia y el prudente quehacer en el despliegue de sus actuaciones, con efecto lesivo para la persona. Esto permite señalar que la anormalidad puede manifestarse a través de un mal funcionamiento; un funcionamiento tardío, o una ausencia total de funcionamiento. Anormalidad e ilicitud, no deben por tanto adoptarse como conceptos equivalentes, ni siquiera en lo que corresponde a la hipótesis de aquel funcionamiento que siendo debido o conforme con las reglas antedichas, produce un resultado dañoso (denominado por algún sector doctrinal como “funcionamiento anormal por resultado”), pues en tal caso, lo que opera es una responsabilidad por funcionamiento normal con efecto o resultado lesivo, indemnizable, claro está, siempre que se cubran los requisitos preestablecidos expresamente por el propio Ordenamiento Jurídico (véase el mismo artículo 194 de la Ley General de la Administración Pública). Tampoco debe confundirse esta “anormalidad” del funcionamiento y la “ilegitimidad” de éste, con la antijuricidad genérica y de base, imprescindible en toda reparación civil. En efecto, l a responsabilidad civil nace de la antijuricidad, que a su vez se constituye en su fundamento (derivado algunas veces de una norma positiva, mientras que, en otras, del principio básico traducido en el deber de no dañar a otro), y que para esta materia particular se concreta en la inexistencia de ese deber para soportar el daño. Siempre que la víctima no tenga ese deber de soportar la lesión, se convierte en antijurídica, por menoscabo a un tercero a contrapelo del ordenamiento. (…)”. (Los destacados son del original).

Ahora bien, a pesar de que en la responsabilidad objetiva basta con la existencia de un daño, su determinación está sujeta a la existencia de un nexo de causalidad entre la conducta administrativa y el daño producido, que debe ser cierto, efectivo, evaluable e indemnizable (artículo 196 LGAP) y demostrado por quien reclama; por cuanto, como lo ha indicado la Sala Primera “(…) no puede interpretarse como un deber resarcitorio, irrestricto y permanente, aplicable siempre y para todas las hipótesis de lesión. Sería inaudito un régimen de tal naturaleza y materialmente insoportable para cualquier Estado con recursos financieros limitados (…)”. (Sentencia 308-F-2006 a 10:30 horas del 25 de mayo de 2006).

Lo anterior nos lleva a señalar que debe existir un nexo causal o relación de causalidad que constituye uno de los presupuestos esenciales que debe existir entre el hecho dañoso y los efectos del mismo, en ese sentido, no se ha evidenciado a través de la carga dinámica que le asiste al reclamante, por cuanto no presento prueba que confirme el menoscabo o daños de la propiedad -si existieran- producto de las inundaciones.

En ese orden de ideas, tenemos entonces que los daños indemnizables han de ser aquellos que se ocasionaron y que provienen de aquel actuar de la Administración y no otros, por lo que en este caso era fundamental acreditar tal circunstancia. Así las cosas, la existencia de un nexo causal entre la función o disfunción administrativa y la consecuencia lesiva a los derechos o intereses legítimos de las personas es fundamental evidenciarla. Ergo, esa relación de causalidad es impostergable e incumbe demostrarla a quien reclama. Así lo ha entendido la Sala entre otros muchos, en el fallo 211 del 2005. Esto implica que la supuesta víctima debe señalar la conducta que en su tesis produjo el daño, demostrar la ocurrencia de esta lesión y vincular aquella con esta última. Sobre lo indicado ha dicho lo siguiente el Tribunal Contencioso Administrativo1 , haciendo eco de los precedentes judiciales de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia:

Del Nexo Causal: Sobre este tema y partiendo de lo anterior, el nexo causal constituye un requisito indispensable para imputar la responsabilidad a la Administración Pública al tenor del artículo 190 inciso 1) de la Ley General Pública, entendiendo que el nexo causal es el vínculo (relación de causa-efecto) entre el daño y la conducta (acción u omisión de la Administración Pública), que permite deducir con un alto grado de probabilidad que el daño fue producto directa o indirectamente- de la conducta, en tal caso se genera la responsabilidad objetiva de la Administración.

Entonces mediante el oficio CARTA-MH-AMH-DIP-GRD-076-2025, de fecha 23 de junio del 2025, nos remite la Encargada de Gestión del Riesgo, Licda Cheiling Venegas Villalobos se realizó un búsqueda a través del sistema de emergencias 911 en la que se solicita información detallada sobre los nombres de las personas o informes que se hayan levantado para atender una situación de emergencia por inundaciones en la zona de Boruca, los mismos no existen y no se encuentra en reportes que arrojen alguna problemática de emergencia de la zona en cuestión.

Así las cosas, queda evidenciado que no se le ha vulnerado derecho alguno al amparado por parte de la Municipalidad, sin embargo, se reitera nuevamente, es necesario que por parte de los dueños de los apartamentos Angelina se realicen las reparaciones de la caja de registro y además se denuncie ante la ESPH la ausencia de la red de funcionamiento de alcantarillado sanitario en la localidad, por cuanto se advirtió por parte de la Municipalidad la posibilidad que en el futuro si exista problemas en la captación de aguas de la zona donde están los apartamentos Angelina en residencial Boruca en Mercedes Norte Heredia.

Así las cosas, queda evidenciado que no se le ha vulnerado derecho alguno al amparado por parte de la Municipalidad, sin embargo, se reitera nuevamente, es necesario que por parte de los dueños de los apartamentos Angelina se realicen las reparaciones de la caja de registro y además se denuncie ante la ESPH la ausencia de la red de funcionamiento de alcantarillado sanitario en la localidad, por cuanto se advirtió por parte de la Municipalidad la posibilidad que en el futuro si exista problemas en la captación de aguas de la zona donde están los apartamentos Angelina en residencial Boruca en Mercedes Norte Heredia.

Petitoria.

Bajo el análisis plasmado en este informe y una vez analizado las causas eximentes de responsabilidad de la Administración, además de que no existe prueba pertinente que evidencie el nexo de causalidad entre el daño alegado por el amparado en relación con la Municipalidad, Se le solicita a la Sala se declare sin lugar el recurso de amparo interpuesto contra la Municipalidad de Heredia sin condenatoria de costas”.

 4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.             

 Redacta la Magistrada Garro Vargas; y,

 Considerando:

 I.- Objeto del recurso. El recurrente alega que su representada es propietaria de un complejo de apartamentos en Mercedes Norte de Heredia, los cuales, desde el año 2019, enfrentan constantes inundaciones durante la época lluviosa debido al inadecuado manejo de aguas pluviales provenientes del alcantarillado público municipal. Sostiene que esta situación se ha agravado por la aprobación de nuevos proyectos urbanísticos sin la correspondiente mejora en la red pluvial. Señala que, pese a una denuncia formal presentada ante la Municipalidad de Heredia en el año 2020 y a un informe técnico municipal que identificó deficiencias en los diámetros de las tuberías y otras fallas del sistema, no ha ejecutado las obras necesarias para corregir el problema, en perjuicio de los derechos fundamentales de los amparados.

 II.- Aclaración. El reclamo de recurrente atinente a la Municipalidad de Heredia podría configurar una lesión al derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida. Al respecto, debe aclararse que, a partir del voto número 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones- aquellos asuntos en los que se discute si la autoridad pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, a fin de resolver por acto final un procedimiento administrativo -incoado de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este recurso se plantea un supuesto de excepción, pues este caso está relacionado con una gestión que –según se acusa– no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable y pone en peligro la integridad de los amparados. En virtud de lo anterior, la Sala entrará a resolver el recurso.

III.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

a)    El 15 de mayo de 2020, un grupo de vecinos del Residencial Boruca presentó una denuncia ante la Contraloría de Servicios de la Municipalidad de Heredia, la cual fue registrada bajo el número de caso 4815402, señalando afectaciones por mal manejo de aguas pluviales (véase informe de la autoridad recurrida y prueba documental aportada, agregada al expediente digital).

b)    El 20 de mayo de 2020, la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Heredia, realizó una inspección técnica en el lugar y emitió informe en el cual señala, entre otros aspectos, que la tubería pluvial existente presenta diámetros reducidos y cambios de sección que podrían generar retención de aguas durante lluvias intensas. Además, identificó la presencia de conexiones irregulares de aguas residuales a los tragantes pluviales, provenientes de los apartamentos en cuestión (véase informe de la autoridad recurrida y prueba documental aportada, agregada al expediente digital).

c)     El 08 de julio y 16 de octubre de 2020, se realizaron obras de mitigación en el sector, consistentes en la construcción de tres cajas de registro, entubamiento de 54 metros de tubería pluvial y ejecución de cordón de caño, con el objetivo de mejorar la capacidad de captación de aguas en el Residencial Boruca (véase informe de la autoridad recurrida y prueba documental aportada, agregada al expediente digital).

d)    Mediante informe técnico No. MH-DIP-DGV-367-2025, se reiteró que, para el 06 de junio de 2025, las conexiones irregulares de aguas residuales desde los apartamentos afectados no habían sido eliminadas completamente, lo cual impide ejecutar obras adicionales, en virtud del riesgo de contaminación y los impedimentos sanitarios que ello representa (véase informe de la autoridad recurrida y prueba documental aportada, agregada al expediente digital).

e)     La ejecución de las obras solicitadas por el recurrente depende de que los propietarios de los apartamentos procedan a eliminar las conexiones indebidas de aguas negras y jabonosas hacia el sistema pluvial, y realicen las adecuaciones necesarias dentro de la propiedad (véase informe de la autoridad recurrida y prueba documental aportada, agregada al expediente digital).

IV.- Sobre el caso concreto. Después de analizar los elementos probatorios aportados y los informes rendidos bajo juramento por las autoridades recurridas, con oportuno apercibimiento de las consecuencias previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se tiene acreditado que, efectivamente, existen documentos oficiales emitidos por la propia Municipalidad de Heredia, donde se reconocen falencias en el sistema de evacuación de aguas pluviales, particularmente en los diámetros y continuidad de las tuberías, así como en la capacidad de captación de los tragantes. No obstante, también queda demostrado que la municipalidad ha ejecutado obras parciales para mitigar la situación denunciada y que la continuación de las labores correctivas se ha visto condicionada por la presencia de conexiones irregulares de aguas residuales provenientes del interior de los apartamentos afectados, lo cual constituye un obstáculo técnico y legal para la intervención del sistema pluvial, tal como lo establece el informe de la Unidad Técnica de Gestión Vial de esa entidad.

En esta línea, si bien la inacción administrativa frente a condiciones de riesgo puede generar responsabilidad en materia de protección de derechos fundamentales, en este caso concreto no se ha acreditado que la conducta de la Municipalidad de Heredia haya provocado por sí misma una lesión directa y actual a los derechos fundamentales de las personas amparadas. Por el contrario, el impedimento para continuar con las obras requeridas surge de una situación fáctica atribuible a los propietarios de los apartamentos, quienes no han ejecutado las reparaciones necesarias dentro de su propiedad, lo que imposibilita la conexión segura del sistema pluvial y sanitaria.

Asimismo, el expediente carece de prueba directa o documental que demuestre que, como resultado de las inundaciones denunciadas, se haya producido una afectación concreta y actual a derechos fundamentales tales como la integridad personal o la salud. Tampoco se acredita que el estado actual de la infraestructura municipal represente una amenaza real e inminente a dichos derechos. Esta falta de demostración impide a esta Sala declarar una vulneración efectiva a los derechos invocados.

En virtud de lo expuesto y al constatarse la existencia de causas objetivas que han impedido la ejecución de obras por parte de la municipalidad, imputables a terceros no recurridos –en este caso, los propietarios del inmueble–, lo procedente es desestimatoria del recurso, como en efecto se dispone.

V.- Nota del magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

VI.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión No. 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión No. 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara sin lugar el recurso.

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ana Cristina Fernandez A.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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EXPEDIENTE N° 25-016097-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:13:44.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Sala Constitucional

Resolution No. 20640 - 2025

Date of Resolution: July 4, 2025 at 09:20

Expediente: 25-016097-0007-CO

Drafted by: Anamari Garro Vargas

Type of matter: Amparo appeal

Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL



Ruling with protected data, in accordance with current regulations



Text of the resolution



Exp: 25-016097-0007-CO

Res. No. 2025020640

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours twenty minutes on July fourth, two thousand twenty-five.

Amparo appeal filed by [Name 001], identity card [Value 001], in his capacity as president with powers of general unrestricted attorney-in-fact of [Name 002]., legal ID [Value 002], on behalf of [Name 003], residence card [Value 003] and [Name 004], identity card [Value 004], against the MUNICIPALIDAD DE HEREDIA.

Considering:

1.- By document added to the digital expediente on June 5, 2025, the appellant files an amparo appeal and states that his represented company is the owner of an apartment complex located in Heredia, Mercedes Norte, from the Mc Donald's restaurant on the road to Barva, 300 meters west, which are located on Properties: 4- 141132 - and 4-141133 whose cadastral plans are H-0138561-1993 and H-0141910-1993. He indicates that the protected persons live in said apartments, Nos. 1 and 5, built on the first level or ground floor. He accuses that, since 2019, the described properties have faced a problem of flooding from rainwater (aguas pluviales) coming from the municipal public storm sewer system (alcantarillado público) in the area, especially during the rainy season. He relates that in 2025, as winter has started so strongly, flooding has already occurred in said apartments and neighboring properties. He accuses that the flooding problem is due to the respondent municipality having approved construction permits in the area, such as the Cedro Real condominium in 2022, without the municipality having carried out adequate works in the rainwater drainage outlets (desfogues de las aguas pluviales) toward the Quebrada Seca river or expansion of the public storm sewer network. He indicates that, since May 15, 2020, a group of neighbors and tenants of the apartments filed a formal complaint before the respondent municipality for the floods and damage caused to their properties, due to the poor management of rainwater, public storm sewer, and pipes in the area, which was assigned case number 4815402. He adds that on May 20, 2020, engineer Luis Méndez, from the Municipalidad de Heredia, informed Mrs. Jenny Chavarría, the person in charge of the complaint, that he had conducted a complete inspection in the area in order to detect the cause of the problem, reporting at that time that: "At the location of the Angelina Apartments in Boruca, what was found in the stormwater system (sistema pluvial) is that going down toward the apartments from the east up to the stormwater manhole (pozo pluvial) at the end of the street, we have a clean 60 cm diameter pipe and it crosses to the north with an increase to 80 cm toward Boruca 2. At the end of the street, we have two catch basins (tragantes) on both sides of the street with small pipes of no more than 10\" that connect to the manhole, the capacity of which can be improved to 15\" for both catch basins. To carry out this work, it is necessary to eliminate four pipes of three to four inches connected to the left catch basin which, as seen in the following photos, are contributing waters from another source to the rainwater (it seems like black and residual waters). Additionally, the catch basins on the street parallel to this one on the south side could be improved, which has two catch basins that also have very small pipes whose diameter and slope could be improved. We also reviewed all the piping that goes to Boruca 2 up to the river outlet, and it has several diameter changes with problems of unfinished reductions and expansions that we are documenting for a larger report and that could have an indirect effect during average rainfall, but during peak rainfall it could generate surface water retention or in the pipe itself." He alleges that, although it is evident, according to the Municipal Engineer's report, that the floods occurring in the Boruca area and especially the Angelina apartments are a consequence of insufficient pipe diameters and that work by the municipal entity is required in the area, as of the date of filing this appeal, a definitive solution to the reported problem has not been provided.

2.- In a resolution at 08:56 hours on June 13, 2025, the process is commenced and a report is requested from the mayor of Heredia regarding the facts alleged by the appellant.

3.- Through a document added to the digital expediente on June 24, 2025, Ángela Ileana Aguilar Vargas, in her capacity as mayor of Heredia, reports under oath the following:

"FIRST. It is necessary to indicate that the area in question pointed out by Mr. [Name 001] is Residencial Boruca Phase II in Heredia, Mercedes Norte; as shown in the Municipal Geographic Information System (UBICA), we see the properties in question highlighted in yellow.

SECOND. By official letter MH-DIP-DGV-367-2025, issued by Mr. Luis Méndez López of the Unidad Técnica de Gestión Vial of the Municipalidad de Heredia, he reported on the efforts carried out in the sector of Residencial Boruca located in Mercedes Norte, Heredia.

"In Residencial Boruca, flooding problems have been addressed with various works since 2020.

In 2020, two interventions were carried out with the construction of manholes (cajas de registro) for the existing piping. Additionally, 54 meters of stormwater piping (tubería pluvial) were built to provide greater support to the existing piping."

The foregoing can be confirmed through official letters DIP-DGV-123-2020, dated July 8, 2020, and DIP-DGV-180-2020 dated October 16, 2020, in which personnel from the Maintenance and Works section of the Departamento de Gestión Vial carried out the following works to mitigate the flooding problems in the area.

- Construction of 3 manholes measuring 0.80 m x 0.60 m x 0.50 m.

- 54 meters of stormwater piping were installed.

- Construction of 54 ml of curb and gutter (cordón de caño)

The purpose of these works was to address the flooding problems and improve the water collection method in Residencial Boruca. (images verifying the repairs carried out are attached).

THIRD. As indicated by the protected party in the evidence provided, in 2020 a complaint was received by the amparado stating "in properties 4-141132 and 4-141133 … damage caused as a result of floods due to poor management of rainwater running through the public storm sewer and pipes" before the Contraloría de Servicios of the Municipalidad de Heredia, generating ticket 4815402, and via the email [...] indicated by Mr. [Name 001], they proceeded to inform him of the situation specifically, by Official Luis Méndez López of the Unidad Técnica de Gestión Vial:

"A complete inspection was carried out and at the location of the Angelina Apartments in Boruca, what was found in the stormwater system is that going down toward the apartments from the east up to the stormwater manhole at the end of the street, we have a clean pipe 60 cm in diameter and it crosses to the north with an increase to 80 cm toward Boruca. At the end of the street, we have two catch basins on both sides of the street with small pipes of no more than 10" that connect to the manhole, the capacity of which can be improved to 15" for both catch basins. To carry out this work, it is necessary to eliminate four pipes of three to four inches connected to the left catch basin which, as seen in the following photos, are contributing waters from another source to the rainwater (it seems like black and residual waters) …" (underlining not in original)

When taking the photo, it can be seen that they had water present, hence the color and the material seen in the catch basin box. Because of this type of water, correction of these pipes is necessary since, for staff health and compliance with regulations, we will not be able to pipe these waters into the residential stormwater system, because otherwise these waters would travel through the rest of the piping, which would make its review and cleaning ahead completely difficult, in addition to the contamination of the Quebrada Seca" (underlining not in original)

The foregoing is known to the protected party since this situation dates back to 2020. Here we see that he was informed of a situation that properly lies within the responsibility of the owners of the apartments in question, and the tenants have an obligation to report the repairs they must make in the manhole (caja de registro) of the indicated properties.

In addition to the foregoing, we have that, as an expansion of the response to the filed complaint, it is stated: "… eliminate their soapy waters and mainly the black waters clearly visible there in the catch basin, and that the waters from those gray pipes come from the apartments, as observed. Clearly, if a joint visit is needed, we can carry it out to make it definitive.

What is necessary on the part of the apartments is that they collaborate by eliminating the water discharge and depositing it in the corresponding septic tank and appropriate drainage systems. By executing those works, we (municipality) could work on the improvement to be able to finish solving the issue for them. I insist, it is very necessary to eliminate those dirty waters because my people cannot work with that dirty water, only with rainwater.

Regarding the rest of the Boruca piping, we are already working on it, but therefore, if they perform what is requested, we can take advantage of the crew's entry.

In conclusion, it is proven that the Municipality carried out works to mitigate the problems presented in the residential area and could not continue in the apartment area due to the impediment indicated in the preceding lines, which, due to the omission of the protected persons, has not been resolved.

FOURTH. According to official letter MH-DIP-DGV-367-2025, issued by Mr. Luis Méndez López of the Unidad Técnica de Gestión Vial of the Municipalidad de Heredia, he was clear in indicating "as of June 6, 2025, the elimination of these pipes has been partially executed and in a deficient manner, since what was done is the placement of caps on the pipes, which are deteriorated and could cause greater damage in the apartments … The connections to the catch basin must be eliminated. This would prevent, if the catch basin overflows, water from entering the apartments whether through the internal stormwater and sanitary manholes, or through bathrooms or toilets. Once this is executed, improvements can be made to the catch basins and nearby pipes without the presence of black waters, a requirement to be able to work without contamination and health risks to the staff."

Therefore, it is necessary for the owners of the Angelina apartments to proceed to "eliminate the entry of water from the internal part of the building and also place downspouts and drainage outlets that go to the gutter (cuneta) and not the catch basin. Also, that black and residual waters be treated in the drainage system, since a working sanitary sewer network is not available on site." An image demonstrating the current state of the catch basin is attached.

From the foregoing, it is necessary to highlight and note, Your Honor, that there are legal and material impediments that affect the comprehensive solution to finish the works on the rest of the piping in Residencial Boruca, because it is verified that there is contributory fault on the part of the victim (in this case, the owners of the Angelina apartment), since they must first carry out the repairs internally to the property that prevent the Municipality from continuing and performing the stormwater piping works in that specific sector. It is important to highlight that there is a Quebrada Seca in the area, an aspect that the municipality must ensure against environmental contamination.

On the other hand, it worth noting the willingness of this Municipality to definitively resolve the problem, given that it is evident that the protected persons were told in 2020 "clearly, if a joint visit is needed, we can carry it out to make it definitive," leaving in writing that once the repairs were carried out, they be reported to the Municipality to conduct the pertinent visit and inspection and continue with the piping works in that specific area, as visible in the evidence provided by the appellant.

FIFTH. According to the observations of Luis Méndez López, a municipal official, in the specific case, Law 7789, Ley de Transformación de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia ESPH, is clear in its Article 5 regarding the services they provide, and that the protected persons should report the absence of a sanitary sewer system to this company.

Article 5.- The Company shall have full powers to provide drinking water, sanitary sewer, and rainwater evacuation services; as well as for the generation, distribution, transmission, and commercialization of electric energy and public lighting, in agreement with the incorporated municipalities of the province of Heredia, within their jurisdiction. (…)

Therefore, the protected persons must manage and report to the ESPH the lack of an adequate wastewater management system, as it can cause the proliferation of water-borne diseases, contamination of water sources, and deterioration of the environment.

ON THE OBJECT OF THE APPEAL

Regarding the Objective Responsibility of the Administration and Exempting Causes. Finally, it is imperative to refer to the appellant's allegation "that despite the evidence according to the Municipal Engineer's report that the floods occurring in the Boruca area and especially the Angelina apartments are a consequence of insufficient pipe diameters and that work is required in the area"

We see that acting in very bad faith, the appellant cites a report from May 21, 2020, via email in response to the complaint filed with the Contraloría, because while it is true that the municipal official made a report explaining to the appellant the general situation of the area in Residencial Boruca, it is also true that works were carried out to mitigate the problem and that these could not be finished due to the responsibility of the apartment owners, who needed to carry out the repairs to the manhole (caja de registro) of the property in question, as indicated above.

In Administrative Law, the objective responsibility of the administration is established, which implies that there is no need to prove intent, fault, or the responsibility of any specific official, but rather that there was damage and that the administrado is not obligated to bear it, damage that in any case must be attributable to the administration whether by legitimate or illegitimate, normal or abnormal action. In this regard, Article 190.1 of the Ley General de la Administración Pública, No. 6227, establishes:

"Article 190.-

1. The Administration shall be liable for all damages caused by its legitimate or illegitimate, normal or abnormal functioning, except for force majeure (fuerza mayor), fault of the victim, or act of a third party. (…)". The underlining is ours.

In this regard, legitimacy or illegitimacy refers to the formal conduct of the administration according to the legal system, and normality or abnormality mainly to the material or technical conduct of the administration's service-providing activity. Regarding this, the Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, in judgment number 584-F-2005 at 10:40 hours on August 11, 2005, stated:

"(…) abnormality refers to those administrative behaviors that, in themselves, deviate from good administration (according to the concept used by the Ley General itself in article 102 subsection d., which among other things includes effectiveness and efficiency) or from the organization, from the technical rules, or from the expertise and prudent conduct in the deployment of its actions, with harmful effect on the person. This allows us to point out that abnormality can manifest through malfunctioning; delayed functioning, or a total absence of functioning. Abnormality and unlawfulness should therefore not be adopted as equivalent concepts, not even regarding the hypothesis of that functioning which, being due or in accordance with the aforementioned rules, produces a harmful result (called by some doctrinal sector "abnormal functioning by result"), since in such case, what operates is a liability for normal functioning with harmful effect or result, indemnifiable, of course, provided that the requirements pre-established expressly by the Legal System itself are met (see Article 194 of the Ley General de la Administración Pública itself). Nor should this 'abnormality' of functioning and the 'illegitimacy' thereof be confused with the generic and basic unlawfulness essential in any civil reparation. Indeed, civil liability arises from unlawfulness, which in turn constitutes its foundation (derived sometimes from a positive norm, while, in others, from the basic principle translated into the duty not to harm another), and which for this particular matter is concretized in the non-existence of that duty to bear the damage. Whenever the victim does not have that duty to bear the injury, it becomes unlawful, due to impairment to a third party contrary to the legal system. (…)". (Highlights are from the original).

Now, although under objective liability the mere existence of damage is sufficient, its determination is subject to the existence of a causal link between the administrative conduct and the damage produced, which must be certain, effective, assessable, and indemnifiable (article 196 LGAP) and demonstrated by the claimant; since, as the Sala Primera has indicated "(…) it cannot be interpreted as an unrestricted and permanent duty to compensate, applicable always and for all injury hypotheses. A regime of such nature would be unheard of and materially unbearable for any State with limited financial resources (…)". (Judgment 308-F-2006 at 10:30 hours on May 25, 2006).

The foregoing leads us to point out that there must be a causal link or relationship of causality, which constitutes one of the essential presuppositions that must exist between the harmful event and its effects. In that sense, it has not been evidenced through the dynamic burden of proof that assists the claimant, since he did not present proof confirming the impairment or damages to the property —if any— resulting from the floods.

In that line of reasoning, we have then that indemnifiable damages must be those that were caused and that derive from that action of the Administration and not others, so in this case it was fundamental to prove such circumstance. Thus, the existence of a causal link between the administrative function or dysfunction and the harmful consequence to the rights or legitimate interests of persons is fundamental to evidence. Ergo, that relationship of causality is non-deferrable and it is incumbent upon the claimant to prove it. This is how the Sala has understood it, among many others, in ruling 211 of 2005. This implies that the alleged victim must indicate the conduct that, in his thesis, produced the damage, demonstrate the occurrence of this injury, and link the former with the latter. Regarding what has been indicated, the Tribunal Contencioso Administrativo1 has said the following, echoing the judicial precedents of the Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia:

On the Causal Link: On this topic and based on the foregoing, the causal link constitutes an indispensable requirement to impute liability to the Public Administration under the terms of Article 190 subsection 1) of the Ley General Pública, understanding that the causal link is the link (cause-effect relationship) between the damage and the conduct (action or omission of the Public Administration), which allows deducing with a high degree of probability that the damage was the direct or indirect product of the conduct. In such case, the objective liability of the Administration is generated.

Therefore, through official letter CARTA-MH-AMH-DIP-GRD-076-2025, dated June 23, 2025, the Risk Management Officer, Licda. Cheiling Venegas Villalobos, sent us a search conducted through the 911 emergency system requesting detailed information on the names of people or reports that may have been filed to address an emergency situation due to flooding in the Boruca area. These do not exist and no reports are found that show any emergency problem in the area in question.

Thus, it is evidenced that no right of the protected party has been violated by the Municipality. However, it is reiterated once again that it is necessary for the owners of the Angelina apartments to carry out the repairs to the manhole (caja de registro) and also to report to the ESPH the absence of a functioning sanitary sewer network (alcantarillado sanitario) in the locality, since the Municipality warned of the possibility that in the future there may be problems in water collection in the area where the Angelina apartments are located in Residencial Boruca in Mercedes Norte, Heredia.

Thus, it is evidenced that no right of the protected party has been violated by the Municipality. However, it is reiterated once again that it is necessary for the owners of the Angelina apartments to carry out the repairs to the manhole (caja de registro) and also to report to the ESPH the absence of a functioning sanitary sewer network in the locality, since the Municipality warned of the possibility that in the future there may be problems in water collection in the area where the Angelina apartments are located in Residencial Boruca in Mercedes Norte, Heredia.

Request.

Under the analysis set forth in this report and having analyzed the causes that exempt the Administration from liability, in addition to the fact that there is no relevant evidence demonstrating the causal link between the damage alleged by the appellant in relation to the Municipality, the Sala is requested to declare the amparo appeal filed against the Municipalidad de Heredia without merit, with no award of costs."

 4.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.

 Drafted by Judge Garro Vargas; and,

 Considering:

 I.- Object of the appeal. The appellant alleges that his represented company is the owner of an apartment complex in Mercedes Norte, Heredia, which, since 2019, has faced constant flooding during the rainy season due to the inadequate management of rainwater (aguas pluviales) from the municipal public storm sewer system (alcantarillado público). He maintains that this situation has worsened due to the approval of new urban development projects without the corresponding improvement to the stormwater network (red pluvial). He points out that, despite a formal complaint filed before the Municipalidad de Heredia in 2020 and a municipal technical report that identified deficiencies in pipe diameters and other system failures, the necessary works to correct the problem have not been executed, to the detriment of the fundamental rights of the protected persons.

 II.- Clarification. The appellant's claim regarding the Municipalidad de Heredia could constitute a violation of the right to prompt and complete administrative justice. In this regard, it must be clarified that, as of vote number 2008-02545 at 8:55 hours on February 22, 2008, this Sala has referred to the contentious-administrative jurisdiction —with some exceptions— those matters in which it is disputed whether the public authority has complied with the deadlines set by the Ley General de la Administración Pública (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, in order to resolve by final act an administrative procedure —initiated ex officio or at the request of a party— or to hear the pertinent administrative appeals. Precisely, in this appeal, an exception is raised, because this case is related to a proceeding that —according to the accusation— has not been resolved within a reasonable time and endangers the integrity of the protected persons. By virtue of the foregoing, the Sala will proceed to resolve the appeal.

III.- Proven facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven, whether because they have been accredited or because the respondent has omitted referring to them as provided in the initial order:

a)    On May 15, 2020, a group of neighbors from Residencial Boruca filed a complaint before the Contraloría de Servicios of the Municipalidad de Heredia, which was registered under case number 4815402, pointing out effects due to poor management of rainwater (see report from the respondent authority and documentary evidence provided, added to the digital expediente).

b)    On May 20, 2020, the Unidad Técnica de Gestión Vial of the Municipalidad de Heredia conducted a technical inspection on site and issued a report stating, among other aspects, that the existing stormwater piping has reduced diameters and section changes that could generate water retention during intense rainfall. Additionally, it identified the presence of irregular connections of residual waters to the stormwater catch basins, originating from the apartments in question (see report from the respondent authority and documentary evidence provided, added to the digital expediente).

c)     On July 8 and October 16, 2020, mitigation works were carried out in the sector, consisting of the construction of three manholes (cajas de registro), the piping of 54 meters of stormwater pipe, and the execution of curb and gutter (cordón de caño), with the objective of improving the water collection capacity in Residencial Boruca (see report from the respondent authority and documentary evidence provided, added to the digital expediente).

d)    Through technical report No. MH-DIP-DGV-367-2025, it was reiterated that, as of June 6, 2025, the irregular connections of residual waters from the affected apartments had not been completely eliminated, which prevents executing additional works, due to the risk of contamination and the sanitary impediments this represents (see report from the respondent authority and documentary evidence provided, added to the digital expediente).

e)     The execution of the works requested by the appellant depends on the apartment owners proceeding to eliminate the improper connections of black and soapy waters into the stormwater system, and carrying out the necessary adjustments within the property (see report from the respondent authority and documentary evidence provided, added to the digital expediente).

IV.- On the specific case. After analyzing the evidentiary elements provided and the reports rendered under oath by the respondent authorities, with timely warning of the consequences provided for in Article 44 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, it is proven that, indeed, there are official documents issued by the Municipalidad de Heredia itself, which recognize shortcomings in the rainwater evacuation system, particularly in the diameters and continuity of the pipes, as well as in the collection capacity of the catch basins. However, it is also demonstrated that the municipality has executed partial works to mitigate the reported situation and that the continuation of the corrective work has been conditioned by the presence of irregular connections of residual waters originating from the interior of the affected apartments, which constitutes a technical and legal obstacle for the intervention of the stormwater system, as established by the report from the Unidad Técnica de Gestión Vial of that entity.

In this line, while administrative inaction against risk conditions can generate liability in terms of protecting fundamental rights, in this specific case, it has not been proven that the conduct of the Municipalidad de Heredia has by itself caused a direct and current injury to the fundamental rights of the protected persons. On the contrary, the impediment to continue with the required works arises from a factual situation attributable to the apartment owners, who have not carried out the necessary repairs within their property, which makes the safe connection of the stormwater and sanitary systems impossible.

Likewise, the expediente lacks direct or documentary evidence demonstrating that, as a result of the reported floods, a concrete and current impact on fundamental rights such as personal integrity or health has occurred. Nor is it proven that the current state of the municipal infrastructure represents a real and imminent threat to said rights.

This failure to demonstrate prevents this Chamber from declaring an effective violation of the rights invoked.

By virtue of the foregoing and upon confirming the existence of objective causes that have prevented the execution of works by the municipality, attributable to third parties not sued—in this case, the property owners—the appropriate course is to dismiss the appeal (recurso), as is hereby ordered.

V.- Note by Magistrate Castillo Víquez, regarding prompt and complete administrative justice. I have supported this Court's thesis that when a petitioner alleges a violation of the right to prompt and complete justice in the administrative venue (sede administrativa), the courts that must hear the legal dispute are the Administrative-Contentious Courts (Tribunales de lo Contencioso-Administrativo) and not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, the Law Regulating the Right to Petition (Ley de Regulación del Derecho de Petición), it has been established that this right is susceptible to judicial protection by means of the amparo appeal (recurso de amparo) established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, which, based on numeral 7 of its Law, corresponds exclusively to defining its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional disputes that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which do proceed to be heard in this jurisdiction through the constitutional process of guarantee of amparo, in all other cases, and for the reasons this Court has given (judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent bodies are the Judges of the administrative-contentious jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.

VI.- Documentation provided to the case file. The parties are warned that, if they have provided any paper documents, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology device, these must be withdrawn from the office within a maximum period of thirty business days, counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the "Regulation on the Electronic Case File before the Judicial Branch" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in Session No. 27-11, of August 22, 2011, article XXVI and published in the Judicial Bulletin No. 19, of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in Session No. 43-12, held on May 3, 2012, article LXXXI.

Therefore:

The appeal (recurso) is declared without merit.

 

 

 

    

Fernando Castillo V.

Presidente

    

 




Fernando Cruz C.

    

 

    

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

    

 

    

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

    

 

    

Ana Cristina Fernandez A.

 

 

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