Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Bajo tal estado de las cosas, no se evidencia incumplimiento actual por parte del Tribunal Ambiental Administrativo y no se encuentra mérito alguno para acoger la desobediencia de lo ordenado en la sentencia No. 2024-012481 de las 09:20 horas del 10 de mayo de 2024.
Por tanto:
No ha lugar a la gestión formulada.
English (translation)Under these circumstances, there is no evidence of current noncompliance by the Environmental Administrative Tribunal, and there are no grounds to uphold the claim of disobedience of the order in judgment No. 2024-012481 of 09:20 hours on May 10, 2024.
Therefore:
The claim is dismissed.
Denied
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 27986 - 2025 Fecha de la Resolución: 02 de Setiembre del 2025 a las 09:30 Expediente: 24-002386-0007-CO Redactado por: Anamari Garro Vargas Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Texto de la resolución Exp: 24-002386-0007-CO Res. Nº 2025027986 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del dos de setiembre de dos mil veinticinco . Gestión posterior promovida por Nombre96356 , cédula de identidad CED94803, contra el TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO. Resultando: 1.- Por escrito incorporado al expediente digital el 04 de agosto de 2025, la parte recurrente acusa la desobediencia de lo ordenado en la sentencia No. 2024-012481 de las 09:20 horas del 10 de mayo de 2024. Agrega que se encuentra pendiente de resolver el recurso de revocatoria planteado por el representante de Nombre120095 . 2.- En resolución de las 17:18 horas del 06 de agosto de 2025, se concede audiencia sobre lo alegado por la parte gestionante a Adriana Bejarano Alfaro y a Ana María de Montserrat Gómez de la Fuente Quiñonez, en sus respectivas condiciones de presidenta y jueza, ambas del Tribunal Ambiental Administrativo, o a quienes en sus lugares ocupen tales cargos, para que se refieran y aporten las pruebas correspondientes respecto a los hechos y omisiones que se les atribuyen. 3.- Informa bajo juramento Mauren Solís Retana y Ana María de Montserrat Gómez de la Fuente Quiñonez, en sus respectivas condiciones de jueza presidenta y jueza secretaria, ambas del Tribunal Ambiental Administrativo, lo siguiente: “PRIMERO: Que el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) por disposición del artículo 103 de la Ley Orgánica del Ambiente (publicada en La Gaceta N° 215 del 13 de noviembre de 1995), establece que es un órgano desconcentrado del Ministerio de Ambiente y Energía, con competencia exclusiva e independencia funcional en el desempeño de sus atribuciones. Acorde con las potestades del Tribunal Ambiental Administrativo, de conformidad con la Ley Orgánica del Ambiente, esta institución actúa a partir de ser presentada la denuncia a instancia de parte o de oficio, realizándose una investigación preliminar, y si procede, la apertura de un procedimiento ordinario administrativo ambiental (214 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública), dándose el debido proceso, y señalándose una audiencia oral y publica, en el que se recibe prueba y testigos, con las posteriores conclusiones, finalizando el proceso con un acto final administrativo, declarándose sin lugar la denuncia o si se declara con lugar, imponiendo una sanción de no hacer, de hacer una serie de medidas restauradoras o compensatorias del ambiente, así como cuando proceda, el pago de un monto por daño ambiental. (artículos 99. 108 y111 de LOA). Sus fallos agotan la vía administrativa. Además del Procedimiento indicado en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Ambiente N°7554, y en el Reglamento de Procedimientos del Tribunal Ambiental Administrativo, las partes en cualquier momento del procedimiento, sea desde el momento de la presentación de la denuncia hasta antes de la resolución final, podrán someter las controversias a conciliación de conformidad con lo establecido en la Ley N° 7727 de Resolución Alterna de Conflictos y Resolución de la Paz Social RAC, para que el Tribunal Ambiental Administrativo analice la procedencia de la respectiva Homologación. (Artículo 30 bis Decreto número 34136). SEGUNDO: En atención a la resolución de traslado en la que se confiere audiencia, en la que se acusa desobediencia del Tribunal Ambiental Administrativo a lo ordenado por Sala mediante la sentencia No. 2024-012481 de las 09:20 horas del 10 de mayo de 2024, en la cual se dispuso lo siguiente: “Se declara con lugar el recurso, únicamente, contra el Tribunal Ambiental Administrativo. Se ordena a Adriana Bejarano Alfaro y a Ana María de Montserrat Gómez de la Fuente Quiñonez, en sus respectivas condiciones de presidenta y jueza, ambas del Tribunal Ambiental Administrativo, o a quienes en sus lugares ocupen tales cargos, que, en un plazo no mayor a TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se resuelva de forma definitiva la denuncia ambiental tramitada bajo el expediente No. 286-04-03-TAA y se notifique lo resuelto. Se advierte a las recurridas, o a quienes ocupen su cargo, que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo, y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a la presente declaratoria, los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En cuanto al Ministerio de Ambiente y Energía y la Municipalidad de Heredia, se declara sin lugar el recurso. El magistrado Castillo Víquez consigna nota. El magistrado Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese”. Se informa a la Sala Constitucional, que no lleva razón el amparado de acusar desobediencia de lo ordenado por la Sala, toda vez que el Procedimiento Ordinario Administrativo Sancionatorio ambiental instaurado por denuncia ambiental tramitado en el expediente No. 286-04-03-TAA, se EMITIÓ ACTO FINAL mediante la resolución No. 3372025-TAA de las doce horas veinte minutos del nueve de abril de dos mil veinticinco, visible a folios 723 a 759 del expediente administrativo, en el que se intimó por primera vez su cumplimiento; determinándose, en lo conducente al caso: “Primero: Declarar con lugar la denuncia en contra de la Persona Jurídica BUSETAS HEREDIANAS SOCIEDAD ANÓNIMA, portadora de la cédula jurídica No. CED94804, representada actualmente por el señor Juan Diego Víquez Araya, portador de la cédula de identidad No. CED19997 es presidente con representación judicial y extra judicial en su condición de propietaria de la Finca Folio Real No. 157180-000, Plano Catastro No. H-948705-2004 y solidariamente al señor. Oscar Gerardo Ramírez Jiménez, portador de la cédula de identidad CED94802° , en su condición personal de conformidad con lo establecido en el artículo 101 de la Ley Orgánica del Ambiente, por lo cual se los amonesta. Segundo: Se condena a la Persona Jurídica BUSETAS HEREDIANAS SOCIEDAD ANÓNIMA, portadora de la cédula jurídica No. CED94804, representada actualmente por el señor. Juan Diego Víquez Araya, portador de la cédula de identidad No. CED19997 es presidente con representación judicial y extra judicial en su condición de propietaria de la Finca Folio Real No. 157180-000, Plano Catastro No. H-948705-2004 realizar las medidas de mitigación indicados en el Considerando Quinto de la presente resolución. Tercero: Levantar la medida cautelar dictada mediante Resolución No. 284-10-TAA de las nueve horas con cincuenta y siete minutos del día nueve de marzo de dos mil diez, misma que consta a folios 254 a 258 del expediente administrativo. Cuarto: De conformidad con el artículo 150 de la Ley General de la Administración Pública por este medio se realiza la primera intimación de ley. Quinto: Se proceda con la apertura de un nuevo expediente administrativo, en contra de la Persona Jurídica BUSETAS HEREDIANAS SOCIEDAD ANÓNIMA, portadora de la cédula jurídica No. Telf1722, representada actualmente por el señor Juan Diego Víquez Araya, cédula de identidad No. CED19997 presidente con representación judicial y extra judicial, a los efectos de investigar lo referente a la construcción de una tapia o muro prefabricado en el área de protección de la Quebrada Granada así como en su cauce, hechos ocurridos en el Distrito de San Francisco, Cantón de Heredia de la Provincia de Heredia, en la finca folio real No. 157180-000, Plano Catastro No. H-948705-2004, situado de Dirección14703 , Sexto: De conformidad con el artículo 345 y 346 de la Ley General de la Administración Pública contra la presente resolución cabe interponer el Recurso ordinario de Revocatorio en el plazo de tres días, los cuales comenzaran a correr el día hábil posterior a la notificación de la presente resolución. Notifíquese.” De esta forma, el Tribunal Ambiental Administrativo, conforme a las competencias y funciones dada por Ley, emitió el acto final del procedimiento ordinario administrativo seguido en el expediente número 286-04-03-TAA, cumpliéndose con lo ordenado por la Honorable Sala Constitucional en la resolución No. 2024-012481 de las 09:20 horas del 10 de mayo de 2024, que hoy se acusa desobediencia y que por esta razón se rechaza. En este sentido, se confirma en el Reglamento de Procedimientos del Tribunal Ambiental Administrativo, Decreto número 34136, señalando en el artículo 27: “Dictado de la resolución final. Una vez que finalice la audiencia y recabadas las probanzas necesarias o declaradas inevacuables las que se consideren como tal, en un plazo máximo de 30 días se dictará la resolución final del procedimiento, los cuales podrán ser aumentados en treinta días más de conformidad con lo establecido en el artículo 110 de la Ley Orgánica del Ambiente, para lo cual podrá aplicar alguna de las sanciones administrativas establecidas en el artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente o Leyes Tutelares del Ambiente y los Recursos Naturales.” (La cursiva no es del original) TERCERO: Como se informó líneas arriba, los fallos del Tribunal Ambiental Administrativo agotan la vía administrativa, permitiendo únicamente el interponerse el recurso ordinario de revocatoria contra la resolución final, en el plazo de tres días de conformidad con lo establecido en el artículo 345 de la Ley General de la Administración Pública y 111 de la Ley Orgánica del Ambiente. Así como el recurso de revisión de conformidad con lo establecido en la Ley General de la Administración Pública. Todo lo anterior, en el entendido, que la presentación de los recursos administrativos no tendrá efecto suspensivo de la ejecución del acto recurrido (artículo 148 de la Ley General de la Administración Pública). De esta forma, toda persona que es parte en el proceso ordinario administrativo tiene el derecho, en plena igualdad, a la garantía de recurrir los fallos finales del Tribunal Ambiental Administrativo. Es así, como visible a folios 776 a 778 del expediente administrativo, consta escrito presentado por el Sr. Juan Diego Víquez Araya, en su condición de representante de Busetas Heredianas S.A. de fecha 21 de abril de 2025 mediante el cual interpone recurso de revocatoria contra el acto final No. 337-2025-TAA de las doce horas veinte minutos del nueve de abril de dos mil veinticinco. Y que este órgano colegiado, mediante la resolución número 948-2025-TAA once horas con veinte minutos del día doce de agosto de dos mil veinticinco, resolvió: PRIMERO: Que de conformidad con las razones de hecho y derecho expuestas en los considerandos de esta resolución, SE DECLARA SIN LUGAR EL RECURSO DE REVOCATORIA ORDINARIO ADMINISTRATIVO CONTRA LA RESOLUCIÓN No. 337-2025-TAA de las doce horas veinte minutos del nueve de abril de dos mil veinticinco, presentado por el Señor Juan Diego Víquez Araya, en su condición de representante de Busetas Heredianas S.A. visible en 776 a 778 del expediente administrativo, manteniendo incólume lo resuelto. SEGUNDO: Visto que no se ha dado el cumplimiento de lo ordenado en la resolución No. 337-2025-TAA de las doce horas veinte minutos del nueve de abril de dos mil veinticinco, de conformidad con el artículo 150 de la Ley General de la Administración Pública, SE INTIMA POR SEGUNDA VEZ a la Persona Jurídica BUSETAS HEREDIANAS SOCIEDAD ANÓNIMA, portadora de la cédula jurídica No. CED94804, representada actualmente por el señor Juan Diego Víquez Araya, portador de la cédula de identidad No. CED19997 a realizar las medidas de mitigación indicados en el Considerando Quinto de la resolución de marras-Acto final. Se les advierte que en caso de incumplir total o parcialmente la presente resolución, o de incurrir en retraso en la presentación de la información solicitada, podrían incurrir en los delitos de desobediencia a la autoridad (artículo 314 del Código Penal) o de Incumplimiento de deberes (artículo 339 del Código Penal), además de incurrir en responsabilidad civil personal y en responsabilidad disciplinaria. Se previene a las personas mencionadas en la presente resolución que al momento de referirse a esta se indique el número de resolución y el número de expediente y que la información solicitada podrán aportarla mediante el correo electrónico ...3503 habilitado para ello según indicaciones y restricciones establecidas en el oficio O-212-2020-TAA emitido por este Tribunal. NOTIFÍQUESE.” (La cursiva no es del original) Así las cosas, mediante la resolución número 948-2025-TAA de las once horas con veinte minutos del día doce de agosto de dos mil veinticinco, se confirmó la decisión final adoptada, manteniendo incólume lo resuelto, realizando conforme al artículo 150 la Ley General de la Administración Pública una segunda intimación, con la advertencia de que en caso de incumplir total o parcialmente la resolución final, podrían incurrir en los delitos de desobediencia a la autoridad (artículo 314 del Código Penal). (Denuncia penal). CUARTO: En mérito de lo expuesto, téngase por cumplida la sentencia N° 2024-012481 de las 9:20 horas de fecha 10 de mayo de 2024, de la Sala Constitucional, acorde con la información de los argumentos presentados. FUNDAMENTO DE DERECHO El presente se fundamenta en los artículos 43, 44 y 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional; 41 y 49 de la Constitución Política; 1, 2, 103, 108, 109, 111 de la Ley Orgánica del Ambiente; artículos 1, 10, 11, 22, 24 a 27 del Reglamento de Procedimientos del Tribunal Ambiental Administrativo Decreto Nº 34136; artículos 214, 282 y 308 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública. (…) PETITORIA Con fundamento en las razones de hecho y de derecho señaladas, solicitamos que se tenga por atendida la gestión y rendido el informe, y consecuentemente se tenga por demostrado el cumplimiento por parte de este Tribunal Ambiental Administrativo, de lo dispuesto por la Honorable Sala Constitucional en la sentencia N° 2024-012481 de las 9:20 horas de fecha 10 de mayo de 2024, correspondiente al recurso de amparo interpuesto por Sr. Nombre96356 , que se tramita bajo expediente número 24-02386-0007-CO, expediente administrativo número 286-04-03-TAA, y se desestime la gestión de desobediencia”. 4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales. Redacta la Magistrada Garro Vargas; y, Considerando: I.- Sobre lo dispuesto en el presente proceso. Por medio de la sentencia No. 2024-012481 de las 09:20 horas del 10 de mayo de 2024, este Tribunal resolvió lo siguiente: “Se declara con lugar el recurso, únicamente, contra el Tribunal Ambiental Administrativo. Se ordena a Adriana Bejarano Alfaro y a Ana María de Montserrat Gómez de la Fuente Quiñonez, en sus respectivas condiciones de presidenta y jueza, ambas del Tribunal Ambiental Administrativo, o a quienes en sus lugares ocupen tales cargos, que en un plazo no mayor a TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se resuelva de forma definitiva la denuncia ambiental tramitada bajo el expediente No. 286-04-03-TAA y se notifique lo resuelto. Se advierte a las recurridas, o a quienes ocupen su cargo, que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo, y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a la presente declaratoria, los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En cuanto al Ministerio de Ambiente y Energía y la Municipalidad de Heredia, se declara sin lugar el recurso. El magistrado Castillo Víquez consigna nota. El magistrado Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese”. Posteriormente, ante la inejecución planteada por la parte recurrente a lo ordenado en la sentencia supra citada, por resolución No. 2025-009940 de las 09:30 horas del 01 de abril de 2025, se resolvió lo siguiente: “II.- Sobre la gestión planteada. Esta Sala mediante la sentencia citada se ordenó al Tribunal Ambiental Administrativo —por medio de sus autoridades Adriana Bejarano Alfaro y Ana María de Montserrat Gómez de la Fuente Quiñonez, o a quienes ostentaran sus cargos— emitir resolución definitiva en el expediente administrativo No. 286-04-03-TAA, dentro del plazo improrrogable de tres meses contado desde la notificación de dicha sentencia. Dicho mandato se fundamentó en la constatación de la vulneración al derecho fundamental a la justicia pronta y cumplida, consagrado en el artículo 41 de la Constitución Política, ante la prolongada inactividad administrativa sobre denuncias ambientales acumuladas desde el año 2004 y que, pese a múltiples actos procesales, aún no han concluido con una decisión definitiva. Esta obligación fue impuesta con carácter vinculante y bajo apercibimiento de las consecuencias penales y administrativas previstas en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. No obstante, con ocasión del escrito de la parte accionante del 13 de febrero de 2025, mediante el cual acusa el incumplimiento de lo ordenado en el presente proceso, y los elementos aportados por las autoridades requeridas en audiencia, ha sido posible verificar que al vencimiento del plazo otorgado en la sentencia constitucional —el cual, a efectos de cómputo el 14 de agosto de 2024, se tiene por notificado el voto—, el Tribunal Ambiental Administrativo no había cumplido con el dictado del acto final requerido. Si bien se alegan circunstancias que afectaron el funcionamiento del órgano —como la desconformación del Tribunal por varios meses durante el año 2024, la complejidad técnica del expediente, y la licencia por maternidad de una de las juezas responsables—, tales factores no resultan por sí solos suficientes para justificar el incumplimiento del plazo establecido, máxime tratándose de una materia de especial tutela como lo es la protección del ambiente. Debe recordarse que, conforme al artículo 50 de la Constitución Política y al principio de celeridad administrativa consagrado en el artículo 110 de la Ley Orgánica del Ambiente, las autoridades administrativas tienen la obligación de impulsar y resolver con diligencia las denuncias ambientales. La argumentación del Tribunal Administrativo Ambiental sobre la necesidad de una prórroga adicional de dos meses, no se justifica jurídicamente. El deber de resolver en el plazo establecido no puede quedar supeditado a dificultades internas de organización o gestión que, en todo caso, deben ser previstas y superadas diligentemente. En razón de lo anterior, no se acoge la solicitud de prórroga formulada. Así las cosas, se colige que el Tribunal Ambiental Administrativo no dio cumplimiento a lo ordenado por esta Sala en la sentencia No. 2024-012481, dentro del plazo de tres meses conferido para resolver en definitiva el expediente administrativo No. 286-04-03-TAA. En consecuencia, procede tener por acreditado el incumplimiento denunciado, en los términos que se precisan en la parte dispositiva de esta resolución. (…) Por tanto: Se reitera a Adriana Bejarano Alfaro y a Ana María de Montserrat Gómez de la Fuente Quiñonez, en sus respectivas condiciones de presidenta y jueza, ambas del Tribunal Ambiental Administrativo, o a quienes en sus lugares ocupen tales cargos, el cumplimiento de lo dispuesto la sentencia No. 2024-012481 de las 09:20 horas del 10 de mayo de 2024. Lo anterior, bajo la advertencia de ordenarse el testimonio de piezas ante el Ministerio Público si no hiciere (artículos 53 y 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). Notifíquese esta sentencia en forma personal a Adriana Bejarano Alfaro y a Ana María de Montserrat Gómez de la Fuente Quiñonez, en sus respectivas condiciones de presidenta y jueza, ambas del Tribunal Ambiental Administrativo, o a quienes en sus lugares ocupen tales cargos”. II.- Sobre la gestión planteada. En el presente asunto, se analiza la gestión planteada por la parte recurrente, en la que se alega el incumplimiento de lo ordenado en la sentencia No. 2024-012481 de las 09:20 horas del 10 de mayo de 2024. En dicha resolución se ordenó al Tribunal Ambiental Administrativo resolver de forma definitiva, dentro de un plazo de tres meses contados desde la notificación de la sentencia, la denuncia ambiental tramitada bajo el expediente administrativo No. 286-04-03-TAA. Del informe rendido bajo juramento por parte de las autoridades del Tribunal Ambiental Administrativo, y de los documentos incorporados al expediente, se tiene por demostrado que, mediante resolución No. 337-2025-TAA, de las 12:20 horas del 09 de abril de 2025, se dictó el acto final del procedimiento administrativo, cumpliendo así lo ordenado en el presente proceso de amparo. Dicha resolución resolvió de manera definitiva la denuncia ambiental en cuestión, disponiendo medidas sancionatorias y restauradoras en contra de Busetas Heredianas Sociedad Anónima y su representante legal. Se constata, además, que el Tribunal Ambiental Administrativo dio curso al recurso ordinario de revocatoria interpuesto contra esa resolución por parte del demandado, y lo resolvió mediante el acto No. 948-2025-TAA de las 11:20 horas del 12 de agosto de 2025, en la cual se confirmó en todos sus extremos la decisión final dictada, sin que se suspendiera la ejecución de la resolución final impugnada, en atención a lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley General de la Administración Pública. En esa misma resolución, se ordenó una segunda intimación de cumplimiento de las medidas ambientales impuestas. Bajo tal estado de las cosas, no se evidencia incumplimiento actual por parte del Tribunal Ambiental Administrativo y no se encuentra mérito alguno para acoger la desobediencia de lo ordenado en la sentencia No. 2024-012481 de las 09:20 horas del 10 de mayo de 2024. III.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. Por tanto: No ha lugar a la gestión formulada. Paul Rueda L. Presidente a.i Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Nombre5659 H. Alexandra Alvarado P. Nombre5274 N. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- AJB43RHHQLC061 EXPEDIENTE N° 24-002386-0007-CO Teléfonos: Telf46 / (). Fax: Telf47 / Telf48. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección12 , Dirección13 , 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:17:18. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours thirty minutes on the second of September of two thousand twenty-five. Subsequent proceeding brought by Nombre96356, identity card CED94803, against the ADMINISTRATIVE ENVIRONMENTAL TRIBUNAL. Whereas: 1.- By brief incorporated into the digital case file on August 4, 2025, the appellant alleges disobedience of what was ordered in judgment No. 2024-012481 of 09:20 hours on May 10, 2024. He adds that the appeal for revocation (recurso de revocatoria) filed by the representative of Nombre120095 is pending resolution. 2.- In a resolution at 17:18 hours on August 6, 2025, a hearing is granted regarding the allegations made by the moving party to Adriana Bejarano Alfaro and Ana María de Montserrat Gómez de la Fuente Quiñonez, in their respective capacities as president and judge, both of the Administrative Environmental Tribunal, or whoever occupies those positions in their stead, so that they may respond and provide the corresponding evidence regarding the acts and omissions attributed to them. 3.- Mauren Solís Retana and Ana María de Montserrat Gómez de la Fuente Quiñonez, in their respective capacities as presiding judge and secretary judge, both of the Administrative Environmental Tribunal, report under oath as follows: "FIRST: That the Administrative Environmental Tribunal (TAA), by provision of Article 103 of the Organic Law of the Environment (published in La Gaceta No. 215 of November 13, 1995), establishes that it is a deconcentrated body of the Ministry of Environment and Energy, with exclusive competence and functional independence in the performance of its duties. In accordance with the powers of the Administrative Environmental Tribunal, pursuant to the Organic Law of the Environment, this institution acts upon the filing of a complaint by a party or ex officio, carrying out a preliminary investigation, and, if applicable, the opening of an ordinary administrative environmental procedure (214 et seq. of the General Law of Public Administration), granting due process, and scheduling an oral and public hearing, in which evidence and witnesses are received, with subsequent conclusions, ending the process with a final administrative act, dismissing the complaint or, if it is upheld, imposing a sanction to cease and desist, to carry out a series of restorative or compensatory environmental measures, as well as, when applicable, the payment of an amount for environmental damage (Articles 99, 108 and 111 of LOA). Its rulings exhaust the administrative channel. In addition to the Procedure indicated in Article 108 of the Organic Law of the Environment No. 7554, and in the Regulations of Procedures of the Administrative Environmental Tribunal, the parties at any time during the procedure, from the moment the complaint is filed until before the final resolution, may submit the disputes to conciliation in accordance with the provisions of Law No. 7727 on Alternative Dispute Resolution and Resolution for Social Peace RAC, so that the Administrative Environmental Tribunal may analyze the appropriateness of the respective Approval (Homologación) (Article 30 bis Decree No. 34136). SECOND: In response to the transfer resolution granting a hearing, in which the Administrative Environmental Tribunal is accused of disobeying what was ordered by the Chamber through judgment No. 2024-012481 of 09:20 hours on May 10, 2024, in which the following was ordered: "The appeal is granted, solely, against the Administrative Environmental Tribunal. Adriana Bejarano Alfaro and Ana María de Montserrat Gómez de la Fuente Quiñonez, in their respective capacities as president and judge, both of the Administrative Environmental Tribunal, or whoever occupies those positions in their stead, are ordered to, within a period NOT EXCEEDING THREE MONTHS, counted from the notification of this judgment, definitively resolve the environmental complaint processed under case file No. 286-04-03-TAA and notify the resolution. The respondents, or whoever occupies their position, are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, a penalty of three months to two years of imprisonment or twenty to sixty days' fine shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo proceeding, and does not comply with it or does not enforce it, provided the crime is not more severely punished. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of judgment of the contentious-administrative proceeding. Regarding the Ministry of Environment and Energy and the Municipality of Heredia, the appeal is dismissed. Magistrate Castillo Víquez adds a note. Magistrate Salazar Alvarado adds a note. Notify." The Constitutional Chamber is informed that the amparo petitioner is incorrect in accusing disobedience of what was ordered by the Chamber, given that the Administrative Environmental Sanctioning Ordinary Procedure established by environmental complaint processed in case file No. 286-04-03-TAA, a FINAL ACT WAS ISSUED through resolution No. 3372025-TAA at twelve hours twenty minutes on the ninth of April two thousand twenty-five, visible at folios 723 to 759 of the administrative case file, in which compliance was ordered (se intimó) for the first time; determining, in what is relevant to the case: "First: To uphold the complaint against the Legal Entity BUSETAS HEREDIANAS SOCIEDAD ANÓNIMA, holder of legal identification card No. CED94804, currently represented by Mr. Juan Diego Víquez Araya, bearer of identity card No. CED19997, who is president with judicial and extra-judicial representation, in his capacity as owner of Property Folio Real No. 157180-000, Cadastre Plan No. H-948705-2004, and jointly and severally against Mr. Oscar Gerardo Ramírez Jiménez, bearer of identity card CED94802 , in his personal capacity, in accordance with the provisions of Article 101 of the Organic Law of the Environment, for which they are admonished. Second: The Legal Entity BUSETAS HEREDIANAS SOCIEDAD ANÓNIMA, holder of legal identification card No. CED94804, currently represented by Mr. Juan Diego Víquez Araya, bearer of identity card No. CED19997, who is president with judicial and extra-judicial representation, in his capacity as owner of Property Folio Real No. 157180-000, Cadastre Plan No. H-948705-2004, is ordered to carry out the mitigation measures indicated in Considering Clause Fifth of this resolution. Third: To lift the precautionary measure issued by Resolution No. 284-10-TAA at nine hours fifty-seven minutes on the ninth day of March two thousand ten, which appears at folios 254 to 258 of the administrative case file. Fourth: In accordance with Article 150 of the General Law of Public Administration, the first legal notice to perform (intimación) is hereby given. Fifth: Proceed with the opening of a new administrative case file, against the Legal Entity BUSETAS HEREDIANAS SOCIEDAD ANÓNIMA, holder of legal identification card No. Telf1722, currently represented by Mr. Juan Diego Víquez Araya, identity card No. CED19997, president with judicial and extra-judicial representation, for the purposes of investigating the construction of a wall or prefabricated barrier in the protection area of the Quebrada Granada as well as in its channel, events that occurred in the District of San Francisco, Canton of Heredia of the Province of Heredia, on the property Folio Real No. 157180-000, Cadastre Plan No. H-948705-2004, located at Dirección14703 , Sixth: In accordance with Articles 345 and 346 of the General Law of Public Administration, the Ordinary Appeal for Revocation (Recurso ordinario de Revocatorio) may be filed against this resolution within a period of three days, which shall begin to run on the business day following notification of this resolution. Notify." In this way, the Administrative Environmental Tribunal, in accordance with the competences and functions granted by Law, issued the final act of the ordinary administrative procedure followed in case file number 286-04-03-TAA, thereby complying with the order of the Honorable Constitutional Chamber in resolution No. 2024-012481 of 09:20 hours on May 10, 2024, whose disobedience is now claimed and for this reason is rejected. In this regard, it is confirmed in the Regulations of Procedures of the Administrative Environmental Tribunal, Decree No. 34136, stating in Article 27: "Issuance of the final resolution. Once the hearing is concluded and the necessary evidence has been gathered or those considered inevitable have been declared as such, the final resolution of the procedure shall be issued within a maximum period of 30 days, which may be increased by thirty more days in accordance with the provisions of Article 110 of the Organic Law of the Environment, for which it may apply any of the administrative sanctions established in Article 99 of the Organic Law of the Environment or Protective Environmental and Natural Resources Laws." (Italics are not in the original) THIRD: As reported above, the rulings of the Administrative Environmental Tribunal exhaust the administrative channel, only permitting the filing of the ordinary appeal for revocation against the final resolution, within a period of three days in accordance with the provisions of Article 345 of the General Law of Public Administration and 111 of the Organic Law of the Environment. As well as the review appeal in accordance with the provisions of the General Law of Public Administration. All the foregoing, on the understanding that the filing of administrative appeals shall not have suspensive effect on the execution of the appealed act (Article 148 of the General Law of Public Administration). In this way, every person who is a party to the ordinary administrative proceeding has the right, in full equality, to the guarantee of appealing the final rulings of the Administrative Environmental Tribunal. Thus, as visible at folios 776 to 778 of the administrative case file, a brief is recorded, filed by Mr. Juan Diego Víquez Araya, in his capacity as representative of Busetas Heredianas S.A., dated April 21, 2025, through which he files an appeal for revocation against the final act No. 337-2025-TAA at twelve hours twenty minutes on the ninth of April two thousand twenty-five. And this collegiate body, through resolution number 948-2025-TAA at eleven hours twenty minutes on the twelfth day of August two thousand twenty-five, resolved: FIRST: That in accordance with the reasons of fact and law set forth in the considering clauses of this resolution, THE ORDINARY ADMINISTRATIVE APPEAL FOR REVOCATION AGAINST RESOLUTION No. 337-2025-TAA at twelve hours twenty minutes on the ninth of April two thousand twenty-five, FILED BY Mr. Juan Diego Víquez Araya, in his capacity as representative of Busetas Heredianas S.A., visible at 776 to 778 of the administrative case file, IS DISMISSED, maintaining what was resolved unchanged. SECOND: Given that compliance with what was ordered in resolution No. 337-2025-TAA at twelve hours twenty minutes on the ninth of April two thousand twenty-five has not been achieved, in accordance with Article 150 of the General Law of Public Administration, THE LEGAL ENTITY BUSETAS HEREDIANAS SOCIEDAD ANÓNIMA, holder of legal identification card No. CED94804, currently represented by Mr. Juan Diego Víquez Araya, bearer of identity card No. CED19997, IS ORDERED A SECOND TIME (SE INTIMA POR SEGUNDA VEZ) to carry out the mitigation measures indicated in Considering Clause Fifth of the resolution in question - Final act. They are warned that in the event of total or partial non-compliance with this resolution, or of incurring delays in submitting the requested information, they could incur the crimes of disobedience to authority (Article 314 of the Penal Code) or Failure to Fulfill Duties (Article 339 of the Penal Code), in addition to incurring personal civil liability and disciplinary liability. The persons mentioned in this resolution are cautioned that when referring to it, the resolution number and the case file number must be indicated, and that the requested information may be submitted via email ...3503 enabled for this purpose according to the indications and restrictions established in official letter O-212-2020-TAA issued by this Tribunal. NOTIFY." (Italics are not in the original) Thus, through resolution number 948-2025-TAA at eleven hours twenty minutes on the twelfth day of August two thousand twenty-five, the final decision adopted was confirmed, maintaining what was resolved unchanged, carrying out a second legal notice to perform pursuant to Article 150 of the General Law of Public Administration, with the warning that in case of total or partial non-compliance with the final resolution, they could incur the crimes of disobedience to authority (Article 314 of the Penal Code). (Criminal complaint). FOURTH: In view of the foregoing, let judgment No. 2024-012481 of 9:20 hours on May 10, 2024, of the Constitutional Chamber, be deemed complied with, in accordance with the information of the arguments presented. LEGAL BASIS This is based on Articles 43, 44 and 45 of the Law of Constitutional Jurisdiction; 41 and 49 of the Political Constitution; 1, 2, 103, 108, 109, 111 of the Organic Law of the Environment; Articles 1, 10, 11, 22, 24 to 27 of the Regulations of Procedures of the Administrative Environmental Tribunal Decree No. 34136; Articles 214, 282 and 308 et seq. of the General Law of Public Administration. (...) PRAYER FOR RELIEF Based on the reasons of fact and law indicated, we request that the proceeding be considered attended and the report rendered, and consequently, that compliance by this Administrative Environmental Tribunal with the provisions of the Honorable Constitutional Chamber in judgment No. 2024-012481 of 9:20 hours on May 10, 2024, corresponding to the amparo appeal filed by Mr. Nombre96356, processed under case file number 24-02386-0007-CO, administrative case file number 286-04-03-TAA, be deemed demonstrated, and that the claim of disobedience be dismissed." 4.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed. Drafted by Magistrate Garro Vargas; and, Considering: I.- Regarding what was ordered in this proceeding. By means of judgment No. 2024-012481 of 09:20 hours on May 10, 2024, this Tribunal resolved as follows: "The appeal is granted, solely, against the Administrative Environmental Tribunal. Adriana Bejarano Alfaro and Ana María de Montserrat Gómez de la Fuente Quiñonez, in their respective capacities as president and judge, both of the Administrative Environmental Tribunal, or whoever occupies those positions in their stead, are ordered to, within a period NOT EXCEEDING THREE MONTHS, counted from the notification of this judgment, definitively resolve the environmental complaint processed under case file No. 286-04-03-TAA and notify the resolution. The respondents, or whoever occupies their position, are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, a penalty of three months to two years of imprisonment or twenty to sixty days' fine shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo proceeding, and does not comply with it or does not enforce it, provided the crime is not more severely punished. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of judgment of the contentious-administrative proceeding. Regarding the Ministry of Environment and Energy and the Municipality of Heredia, the appeal is dismissed. Magistrate Castillo Víquez adds a note. Magistrate Salazar Alvarado adds a note. Notify." Subsequently, in view of the non-execution raised by the appellant regarding what was ordered in the aforementioned judgment, by resolution No. 2025-009940 of 09:30 hours on April 1, 2025, the following was resolved: "II.- Regarding the claim filed. This Chamber, through the cited judgment, ordered the Administrative Environmental Tribunal — through its authorities Adriana Bejarano Alfaro and Ana María de Montserrat Gómez de la Fuente Quiñonez, or whoever held their positions — to issue a definitive resolution in administrative case file No. 286-04-03-TAA, within the non-extendable period of three months counted from the notification of said judgment. Said mandate was based on the finding of a violation of the fundamental right to prompt and complete justice, enshrined in Article 41 of the Political Constitution, in the face of prolonged administrative inactivity regarding environmental complaints accumulated since 2004 and which, despite multiple procedural acts, have not yet concluded with a final decision. This obligation was imposed with binding character and under warning of the penal and administrative consequences provided for in Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction. However, on the occasion of the brief from the petitioner dated February 13, 2025, through which he accuses non-compliance with what was ordered in this proceeding, and the elements provided by the authorities required at the hearing, it has been possible to verify that at the expiration of the period granted in the constitutional judgment — which, for computation purposes is August 14, 2024, the vote being deemed notified — the Administrative Environmental Tribunal had not complied with the issuance of the required final act. Although circumstances are alleged that affected the functioning of the body — such as the incomplete composition of the Tribunal for several months during 2024, the technical complexity of the case file, and the maternity leave of one of the responsible judges — such factors are not, in and of themselves, sufficient to justify the non-compliance with the established period, especially as it concerns a matter of special protection such as environmental protection. It must be remembered that, according to Article 50 of the Political Constitution and the principle of administrative speed enshrined in Article 110 of the Organic Law of the Environment, administrative authorities have the obligation to diligently pursue and resolve environmental complaints. The argument of the Administrative Environmental Tribunal regarding the need for an additional extension of two months is not legally justified. The duty to resolve within the established period cannot be subordinated to internal organizational or management difficulties which, in any case, must be foreseen and diligently overcome. For this reason, the extension request is not granted. Thus, it is inferred that the Administrative Environmental Tribunal did not comply with what was ordered by this Chamber in judgment No. 2024-012481, within the period of three months granted to definitively resolve administrative case file No. 286-04-03-TAA. Consequently, the reported non-compliance is hereby deemed proven, in the terms specified in the operative part of this resolution. (...) Therefore: Adriana Bejarano Alfaro and Ana María de Montserrat Gómez de la Fuente Quiñonez, in their respective capacities as president and judge, both of the Administrative Environmental Tribunal, or whoever occupies those positions in their stead, are reiterated the compliance with the provisions of judgment No. 2024-012481 of 09:20 hours on May 10, 2024. The foregoing, under the warning that testimony of the filings will be ordered to be sent before the Public Prosecutor's Office if compliance is not achieved (Articles 53 and 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction). Notify this judgment personally to Adriana Bejarano Alfaro and Ana María de Montserrat Gómez de la Fuente Quiñonez, in their respective capacities as president and judge, both of the Administrative Environmental Tribunal, or whoever occupies those positions in their stead." II.- Regarding the claim filed. In the present matter, the claim filed by the appellant is analyzed, in which non-compliance with what was ordered in judgment No. 2024-012481 of 09:20 hours on May 10, 2024 is alleged. In said resolution, the Administrative Environmental Tribunal was ordered to definitively resolve, within a period of three months counted from the notification of the judgment, the environmental complaint processed under administrative case file No. 286-04-03-TAA. From the report rendered under oath by the authorities of the Administrative Environmental Tribunal, and from the documents incorporated into the case file, it has been demonstrated that, through resolution No. 337-2025-TAA, of 12:20 hours on April 9, 2025, the final act of the administrative procedure was issued, thus complying with what was ordered in this amparo proceeding. Said resolution definitively resolved the environmental complaint in question, ordering sanctions and restorative measures against Busetas Heredianas Sociedad Anónima and its legal representative. Furthermore, it is verified that the Administrative Environmental Tribunal processed the ordinary appeal for revocation filed against that resolution by the defendant, and resolved it through act No. 948-2025-TAA of 11:20 hours on August 12, 2025, in which the final decision issued was confirmed in all its aspects, without suspending the execution of the challenged final resolution, in accordance with the provisions of Article 148 of the General Law of Public Administration. In that same resolution, a second legal notice to perform the imposed environmental measures was ordered. Under this state of affairs, no current non-compliance on the part of the Administrative Environmental Tribunal is evident, and no merit whatsoever is found to uphold the disobedience of what was ordered in judgment No. 2024-012481 of 09:20 hours on May 10, 2024. III.- Documentation provided to the case file. The parties are warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the "Regulations on Electronic Case Files before the Judicial Branch" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI. Therefore: The claim filed is dismissed.