Res. 28362-2025 Sala Constitucional — Right to water does not justify amparo if service exists, even through precarious connectionsDerecho al agua no justifica amparo si el servicio existe, aunque sea mediante conexiones precarias

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Sala Constitucional

Resolución Nº 28362 - 2025

Fecha de la Resolución: 05 de Setiembre del 2025 a las 09:20

Expediente: 25-019032-0007-CO

Redactado por: Anamari Garro Vargas

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 25-019032-0007-CO

Res. Nº 2025028362

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del cinco de setiembre de dos mil veinticinco .

   Recurso de amparo que se tramita en expediente número 25-019032-0007-CO, interpuesto por Nombre119969  , cédula de identidad CED94694, a favor de COMITE DE VECINOS CALLE MORERA, contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS -ICAA- y la MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA.

 Resultando:

 1.- Por escrito presentado ante esta Sala a las 19:53 horas del 30 de junio de 2025, la parte recurrente interpone recurso de amparo en contra del ICAA y la Municipalidad de Alajuela. Manifiesta que desde el año 2014, la comunidad de Dirección14689  en San Antonio de Alajuela ha gestionado el acceso al servicio de agua potable. El 7 de octubre de ese año, la Municipalidad de Alajuela declaró Calle Morera como vía pública. En octubre de 2015, el ICAA respondió positivamente a la solicitud del Comité de Desarrollo de Calle Morera para extender el ramal de agua potable a 40 viviendas, condicionando la aprobación al cumplimiento de requisitos técnicos y al financiamiento por parte de los interesados. En enero de 2017, el ICAA renovó la constancia de capacidad hídrica, reiterando los requisitos y costos a cargo de los solicitantes. En julio de 2018, el Comité notificó haber cumplido con los requisitos para iniciar el proyecto, pero en septiembre de ese año, la Municipalidad rechazó el sellado del proyecto. En diciembre, el Comité informó nuevamente haber cumplido con los requisitos. En febrero de 2019, el ICAA emitió dos documentos contradictorios: uno indicando la no disponibilidad de servicios y otro confirmando la capacidad hídrica para el proyecto. En abril del mismo año, el ICAA aprobó los planos constructivos y confirmó la capacidad hídrica y el desfogue pluvial. En noviembre, la Municipalidad asignó 20 millones de colones para mejorar Dirección14689 , condicionando el uso de la partida a la instalación del ramal, lo cual no se concretó por los obstáculos impuestos por el ICAA. En octubre de 2021, el ICAA condicionó la recepción de obras a que el área del proyecto estuviera inscrita como propiedad municipal, a pesar de que Calle Morera ya había sido declarada vía pública desde el 2015. En noviembre, la Municipalidad ratificó que no era necesaria la donación de terrenos colindantes, desmintiendo al ICAA. En julio de 2022, el Comité solicitó al ICAA actualizar las especificaciones técnicas y notificó la asignación de una nueva partida presupuestaria de 30 millones de colones para el proyecto, que tampoco pudo ejecutarse por las trabas del ICAA. En noviembre de 2023, el Comité reiteró la solicitud de actualización técnica y coordinación para ejecutar el proyecto, sin recibir respuesta. Ante esta situación, la comunidad afectada, constituida por más de 30 madres, 15 personas adultas mayores, 37 menores de edad, personas con discapacidad y en riesgo social, solicitan la intervención de la Sala Constitucional, para que se declare con lugar el presente recurso, se ordene al ICAA garantizar el acceso al agua potable y, a la municipalidad recurrida disponer la partida presupuestaria para ejecutar el proyecto de extensión del ramal de agua potable, cumpliendo con lo dispuesto en los artículos 50 y 51 de la Constitución y la Ley nro. 8220.

2.- Por resolución de las 10:16 horas del 14 de agosto de 2025, la Presidencia de la Sala dio curso a este proceso constitucional y se le solicitó informe al alcalde, al presidente del Concejo y al coordinador de Subproceso Gestión Vial, todos de la Municipalidad de Alajuela; así como, al presidente ejecutivo ICAA, sobre los hechos alegados por la parte recurrente.

3.- Mediante escrito incorporado al expediente digital a las 14:10 horas del 21 de agosto de 2025, informa bajo juramento María Alejandra Mora Segura, en su condición de gerente general del ICAA, lo siguiente:

“CONSIDERACIÓN PREVIA En la resolución citada, su Autoridad ordena que el presente informe lo rinda la Presidencia Ejecutiva, no obstante, se encuentra pendiente de inscripción en el Registro Nacional el Poder Generalísimo de la actual presidente ejecutiva, razón por la cual la suscrita María Alejandra Mora Segura en mi condición de Gerente General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, comparezco a rendir el informe solicitado por su autoridad. I. EN CUANTO A LOS HECHOS ALEGADOS POR LA RECURRENTE Con fundamento en el informe N°GSP-RCO-A-2025-00874, elaborado por el Lic. Johnny Rodríguez Alvarado, encargado de la oficina cantonal de Alajuela perteneciente a la Región Central Oeste y Expediente Administrativo, los cuales se adjuntan como prueba en el libelo que se presenta en este acto, queda demostrado que: Los vecinos de Dirección14689 , ubicado en la provincia de Alajuela, distrito San Antonio, son usuarios del ICAA, los cuales se abastecen por medio de la red de tubería institucional, pero en una modalidad, que en algún momento se denominó “pajas jaladas”; para poder conceptualizar este término es menester resaltar qué, de conformidad con lo establecido en la normativa Institucional vigente, el AyA otorga los servicios de agua potable frente a calle pública, que es por donde pasa la tubería de distribución; ahora bien, los inmuebles de los aquí amparados se encuentran a una mayor distancia de la vía pública por donde pasa la tubería principal, razón por la cual cada uno de los usuarios colocó una tubería desde el hidrómetro que instaló el AyA hasta sus inmuebles, esto con el fin de poder abastecerse del preciado líquido; a este tipo de conexión refiere el término “pajas jaladas”. Así mismo, los vecinos de Dirección14689 , gestionan la extensión de ramal con el fin de que la tubería madre pase frente a la calle pública donde se ubican los inmuebles de los amparados, esto para que los hidrómetros se instalen en el lindero del inmueble frente a vía pública, esta acotación se efectúa para aclarar que los vecinos de Dirección14689  siempre han tenido y tienen acceso al servicio de agua potable, por ende, nunca se ha vulnerado el derecho constitucional de acceso al agua potable para ninguno de los habitantes de dicha calle. (ver informe N°GSP-RCO-A-2025-00874) Una vez aclarada la situación del suministro de agua potable de los vecinos de Dirección14689 , se procede a ahondar con relación a lo esbozado por la señora Molina en el texto recursivo presentado ante este Honorable Tribunal Constitucional, como ha quedado ampliamente demostrado, en el año 2014 la Municipalidad de Alajuela declara calle Morera como vía pública, en año 2015 el señor Juan Carlos Morera Vargas, efectúa ante el AyA la solicitud de extensión de ramal, posteriormente en el año 2018, el Consejo Municipal manifiesta que designará una partida específica para financiar los materiales así como la extensión del ramal y cumplirá a cabalidad los requisitos establecidos en la normativa interna del AyA, con el fin de concretar el trabajo requerido por los habitantes de Dirección14689 , sea la instalación del ramal. No obstante, es menester aclarar varios puntos indicados por la recurrente en su texto recursivo, inicialmente los documentos emitidos por el AyA en el 2019 N°SG-GSP-RC-2019-00110 Constancia de no disponibilidad de agua potable, no disponibilidad de sistema de alcantarillado, para el proyecto denominado extensión de ramal Dirección14689  y N°SG-GSP-RC-2019-00111 Constancia de capacidad hídrica para el proyecto denominado extensión de ramal calle Morera, no son contradictorios sino más bien complementarios, para que el administrado pueda efectuar el trámite de extensión de ramal, debe existir un documento que certifique que no existe disponibilidad de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario por falta de capacidad hidráulica y/o infraestructura; de igual manera es indispensable que se cuente con la constancia de capacidad hídrica, por cuanto este documento respalda la mejora de infraestructura hidráulica y garantiza la dotación del recurso hídrico una vez concluida la extensión del ramal. (ver informe N°GSP-RCO-A-2025-00874) En el mismo orden de ideas, a partir del folio 82 y hasta el 92 del expediente administrativo, se verifica la constancia de capacidad hídrica, la vigencia de esta,12 meses y podrá renovarse por dos periodos iguales consecutivos 36 meses en total, en el mismo documento se indica la lista de materiales requeridos para efectuar la extensión de ramal, de igual manera se encuentra el documento denominado “Verificación de Documentación y Resolución de Aprobación de Proyectos FRACC-AYA-2019-220” el cual en resumen expone que: …. El proyecto corresponde a una extensión de ramal, al tratarse de más de 6 servicios se pidió obras de infraestructura pluvial y sanitaria para 40 servicios presentados en planos, el proyecto si cuenta con constancia de capacidad hídrica para 40 soluciones habitacionales de acuerdo con oficio SG-GSP-RC-2019-00111, que el proyecto cuenta con red prevista y no en uso de la red sanitaria la cual deberá ser construida, y que el proyecto cuenta con solicitud de desfogue pluvial aprobada con descarga hacia la vía, de acuerdo con oficio MA-AAP-1067-2017. (ver informe N°GSP-RCO-A-2025-00874) Se señala de manera puntual esta información, pues es importante tomar en consideración que, la vigencia de la constancia de disponibilidad de agua es por 12 meses, prorrogable por periodos iguales en total 36 meses, adicionalmente, la constancia de capacidad hídrica se realizó para 40 soluciones habitacionales y según la información contenida en la página del Registro Público, existen 46 derechos inscritos en la finca folio real matrícula Placa22217 y aproximadamente 56 viviendas construidas; por último, el proyecto presentado en la plataforma APC del CFIA y aprobado por el AyA, incluye la extensión del ramal, obras de infraestructura pluvial, y la red sanitaria en prevista no en uso para 40 servicios presentados en planos. En el mismo sentido, se puede cotejar en el folio108 del expediente administrativo, la minuta de una reunión llevada a cabo el 07 de abril del 2022 a las11:00 a.m. entre el Arq. Rodolfo Herrera y el Ing. Juan Carlos Vindas (AyA), quien en ese momento ejerciera el cargo de director de la Región Central Oeste, misma que transcribo textualmente: “El Arq Herrera solicita se le aclare que debe hacer para que el proyecto pueda continuar. Se le indica que para poder AyA recibir la obra, la misma debe construirse tal y como se aprobó por las Instituciones. El proyecto los tres sistemas: agua, pluvial y alcantarillado previsto. Se le indica contactar a Max Abello en Urbanizaciones y proceder a tramitar solicitud de exoneración del sistema de alcantarillado. “ Se hace referencia a esta reunión y lo indicado en el anterior acápite anterior, porque en el instante que se efectúa alguna variación en las condiciones iniciales pactadas entre las instituciones y respaldadas en los respectivos planos presentados ante el CFIA, evidentemente se debe modificar la documentación, como es el caso de no realizar la red de aguas residuales pactada e incluida en los planos aprobados por el CFIA, de no realizarse se debe hacer un trámite distinto ante el departamento de Urbanizaciones para solicitar la exoneración del sistema de alcantarillado sanitario y dilatar más la concreción del proyecto.(ver informe N°GSP-RCO-A-2025-00874-N°GSP-RCO-A-2025-00875-expediente administrativo) Se adiciona que, al AyA le corresponde verificar y/o supervisar tanto el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa institucional como la correcta ejecución de los trabajos realizados en el campo, todas las obras deben ser aprobadas, construidas y recibidas de acuerdo con las indicaciones del AyA, conforme a la Norma Técnica para el Diseño y Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, de Saneamiento y Pluvial. II. NORMATIVA APLICABLE En respaldo de lo anteriormente señalado, es menester indicar lo que al respecto establecen el Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°27, Alcance N°29 del 9 de febrero de 2021 y la Ley General de la Administración Pública, artículos 11 y 13. Reglamento para la Prestación de los Servicios de de AyA Artículo 7- Definiciones. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: (…) 12. Análisis de factibilidad técnica para el otorgamiento de los servicios: Proceso de verificación de la existencia real y actual de los recursos hídricos, hidráulicos, materiales, técnicos, legales y ambientales suficientes para otorgar la disponibilidad y eventual conexión del servicio. Para tales efectos se deberán de observar las siguientes condiciones: a. Que las redes de distribución y de recolección pasan frente a linderos del inmueble o tenga acceso directo por vía pública o servidumbre de paso del inmueble para el cual se solicita un servicio. b. Que los sistemas cuenten con capacidad hídrica, hidráulica, de potabilización y de tratamiento, suficientes para otorgar nuevos servicios. c. Que el sistema cumple con los atributos de calidad establecidos. d. Que cumple con la normativa ambiental correspondiente. 54. Extensión de ramal: Ampliación a la tubería existente de distribución o de recolección del acueducto y del alcantarillado sanitario respectivamente, a partir del aumento de longitud de un segmento de la red hasta un punto determinado. Artículo 39. —De la emisión de la constancia de capacidad hídrica y/o de tratamiento de aguas residuales. Cuando AyA emita una Constancia de Disponibilidad de Servicios de forma negativa, por carencia de capacidad hidráulica o de recolección de aguas residuales, se reservará el caudal respectivo y/o la capacidad de tratamiento de aguas residuales a favor del proyecto inmobiliario indicado en la solicitud y se adjuntarán los siguientes documentos, según corresponda: 1. Una constancia de capacidad hídrica, y/o 2. Una constancia de tratamiento de aguas residuales. En los dos primeros supuestos AyA especificará los requerimientos técnicos, para la construcción, a cargo del interesado o solicitante, de las obras de infraestructura primarias de agua potable y/o alcantarillado sanitario, requeridas para cubrir la demanda del proyecto inmobiliario. Para los casos estipulados donde las obras sean desarrolladas por particulares u otros operadores delegados (ASADAS), las obras de infraestructura primaria de agua potable y/o alcantarillado sanitario deberán ser aprobadas, construidas y recibidas de acuerdo con las indicaciones del AyA, conforme a la Norma Técnica para el Diseño y Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, de Saneamiento y Pluvial y sus eventuales reformas a fin de habilitar la disponibilidad del o de los servicios requeridos. Cualquiera de estas constancias será emitidas y formalizadas por las Unidades de las Subgerencias Operativas de Gestión de Sistemas o por la Subgerencia de Gestión de Sistemas delegados, que por función y competencia corresponda, según lo dicte el procedimiento interno. Artículo 40. —De los objetivos y alcances de las constancias de capacidad hídrica y/o de tratamiento. Los supuestos normados en el artículo 39 del presente reglamento, tendrá los siguientes alcances, efectos y objetivos: 1. Gestionar ante las distintas instancias competentes los permisos, visados y autorizaciones relacionados con los actos previos a la etapa constructiva del proyecto inmobiliario referido. 2. Tramitar ante las distintas instancias competentes la aprobación de la construcción de las obras primarias de acueducto y/o recolección solicitadas por AyA. 3. Este documento no surte los efectos de una constancia de disponibilidad de servicios. Cuando el desarrollador y el propietario solicitantes opten por tramitar los permisos, visados y autorizaciones para la aprobación del proyecto inmobiliario, en conjunto con las obras de infraestructura primaria de agua potable y/o alcantarillado sanitario, cuya anuencia a construir manifestó formalmente mediante la carta de consentimiento ante AyA, deberán suscribir el Compromiso para la Construcción de Infraestructura y Obras Primarias establecido en el artículo 42 del presente reglamento. Artículo 41- De la vigencia de la constancia de capacidad hídrica y/o de recolección y tratamiento, de la anuencia unilateral del propietario o del desarrollador en construir las obras primarias y del seguimiento por parte de AyA. El plazo de vigencia de esta constancia será de 12 meses, prorrogables por 12 meses más, previa solicitud expresa por parte del propietario o desarrollador del proyecto. Para los proyectos de interés social, se otorgará una prórroga máxima de 24 meses. La solicitud de la prórroga deberá ser presentada ante AyA dentro del último trimestre de su vigencia; cumplido ese plazo sin que se haya gestionado la prórroga, opera la caducidad. Para la emisión de esta prórroga AyA tendrá un plazo de hasta 15 días hábiles, tanto para casos individuales como para proyectos de desarrollos urbanísticos, una vez recibidos a satisfacción los requisitos establecidos. Durante la vigencia del plazo de 12 meses, más la prórroga de 12 o 24 meses respectivamente; el propietario, el desarrollador o ambos deberán de manifestar formalmente ante AyA su anuencia de construir las obras primarias públicas detalladas en la constancia de capacidad hídrica y/o de recolección y tratamiento, mediante una carta de consentimiento. Fenecido el plazo de los 12 meses, más la prórroga; sin que el propietario o el desarrollador hayan manifestado su anuencia unilateral ante AyA de construir las obras primarias, se aplicará la caducidad y se procederá a inventariar de nuevo el caudal que se había reservado y quedará disponible para atender las demandas de los usuarios que así lo requieran. Razón por la cual el desarrollador, antes de ese vencimiento, deberá de demostrar ante AyA, el estado en que se encuentra el proyecto en alguna de las instancias indicadas en el artículo 40 del presente reglamento. El plazo de esta constancia se mantendrá actualizado hasta el momento en se reciban formalmente las obras construidas, lo que incluye la inscripción de la servidumbre, cuando así corresponda; conforme al plazo de ejecución que se establezca en el cronograma de construcción de las obras primarias, que presente el desarrollador, el cual deberá estar acorde a la complejidad y tamaño de la obra a construir. AyA conforme a su potestad de fiscalización, se reserva la posibilidad de solicitar en cualquier momento al desarrollador, informes sobre los avances realizados. Si dentro del plazo actualizado mediante el cronograma de ejecución de las obras, AyA evidencia negligencia o abandono en el avance del trámite o la construcción por parte de los responsables de la ejecución, se procederá con la revocación del acto, de conformidad con el procedimiento legal que corresponda, en cumplimiento del debido proceso. Artículo 47- Condiciones generales sobre la exoneración de la construcción de la red de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento. Podrán ser exonerados de la construcción de la red de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento los proyectos de desarrollos urbanísticos cuyo uso sea exclusivamente habitacional, localizados en las zonas en las que no exista red de alcantarillado sanitario público a la que pueda conectarse el desarrollo, ni tampoco mapas de ampliación de cobertura de redes de recolección existentes, según la condición establecida en la Constancia de disponibilidad de servicios emitida por el prestador público. Artículo 48- De la solicitud de la exoneración de la construcción de la red de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento. La solicitud de exoneración de la construcción de la red de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento debe ser realizada por el propietario del inmueble o su representante legal. Para tales efectos se deben presentar de forma física o digital, los siguientes requisitos deben presentar de manera obligatoria: a) Solicitud firmada por el propietario o su representante legal, indicando claramente el plano catastrado, el número de propiedad que corresponde y el nombre del operador encargado del brindar el servicio de agua potable donde se ubica el proyecto. b) El diseño de sitio en escala legible, que permita leer el número y nombre de los componentes del proyecto. En el caso de condominios obligatoriamente se debe indicar la cantidad de fincas filiales con edificaciones e indicar los diferentes pisos. c) La declaratoria indicando claramente si se trata de una segregación de lote o reunión de fincas. d) La Certificación de Personería Jurídica. En caso de personas físicas, de conformidad con la Directriz Presidencial N°52-MP publicada en la Gaceta Nº 167 el 31 de agosto del 2016 presentación de la cédula de identidad ante el funcionario público, que recibe la documentación de la solicitud. En caso de que no sea el propietario el que realiza la solicitud, deberá presentarse poder o autorización para realizar dicho trámite. e) Dos (2) copias del plano catastrado certificado en tamaño real (planos a escala) conforme a la vigencia legal respectiva. Tratándose de certificaciones digitales, ello consiste en la imagen del plano sin comprimir y en el mismo formato en el que originalmente se digitalizó el documento en el Registro Nacional. f) Resultados de las pruebas de infiltración que se realizaron en el terreno en que se pretende realizar el proyecto (tres pruebas de infiltración por hectárea de terreno) en las siguientes unidades: min/cm. Las pruebas de infiltración deberán llevarse a cabo de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones (CIHSE), publicado por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. g) El Criterio técnico hidrogeológico y sanitario, con el aval respectivo del SENARA, de conformidad con el decreto ejecutivo 42015-MP-MAG-MINAE-S-MIVAH y sus reformas, publicado en el Alcance No. 237 a la Gaceta No. 203 del 25-10-2019. h) Indicar el lugar o medio para atender notificaciones ante la UEN de Programación y Control del AyA. Artículo 49- De la admisibilidad, estudio y correcciones de la documentación para la exoneración de la construcción de la red de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento para unidades habitacionales. La UEN Programación y Control del AyA determinará la admisibilidad de la solicitud sin entrar a analizar el fondo, de manera que, si faltare alguno de los requisitos, se prevendrá a la parte interesada para que lo presente en un plazo máximo de 10 días hábiles. Posterior a la prevención, si el administrado no cumpliere la misma, deberá declararse sin derecho al correspondiente trámite según lo establecido por el artículo 264 inciso 2 de la Ley General de la Administración Pública y sus eventuales reformas. Cuando los requisitos se encuentren completos, se trasladarán a la Comisión de Exoneración de Redes de Alcantarillado Sanitario del AyA, para el análisis de fondo conforme a su competencia y emitirán los criterios técnicos sobre la exoneración de la red de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales en un plazo de 7 días hábiles, contados a partir de decretada la admisibilidad de la petición. Bajo esta línea analítica, es importante destacar lo dispuesto por los artículos 11 y 13 de la Ley General de la Administración Pública, incisos 1, que en observancia al principio de legalidad disponen respectivamente: “1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes. “1. La Administración estará sujeta, en general, a todas las normas escritas y no escritas del ordenamiento administrativo, y al derecho privado supletorio del mismo, sin poder derogarlos ni desaplicarlos para casos concretos. III. CONCLUSIONES En el presente caso, se constata que no se ha violentado ningún derecho Constitucional, ya que como ha quedado evidenciado en el informe técnico que forma parte integral del libelo que se presenta en este acto, los habitantes de Dirección14689  siempre han sido usuarios del AyA, teniendo el servicio de agua potable en calidad, cantidad y continuidad de conformidad con lo establecido en la normativa interna Institucional, el trámite de extensión de ramal es para reubicar los hidrómetros actuales de donde se abastecen del recurso y que estos, queden instalados frente al lindero de sus respectivos inmuebles que colindan sobre calle pública. Es menester recalcar que, por parte del AyA, se aprobaron los planos con el diseño realizado por el profesional designado por el Municipio y/o los vecinos de Dirección14689 ; en este momento los retrasos no obedecen al ICAA, por el contrario, en la última reunión sostenida en abril del 2022, entre el director de la Región Central Oeste y el Arq. Rodolfo Herrera, el último desea saber cómo puede continuar con el proyecto y se le indica expresamente que AyA sólo puede recibir la obra si está en los mismos términos en los que se aprobó, con la construcción de los tres sistemas: agua, pluvial y alcantarillado previsto, si no desea o se dificulta ejecutar la red de residuales, debe contactar a Max Abello en Urbanizaciones y proceder a tramitar la solicitud de exoneración del sistema de alcantarillado, por ende, si existen variaciones en las condiciones que se pactaron inicialmente, los cuales se encuentran plasmados en los planos presentados ante el CFIA y aprobados por el AyA evidentemente teniendo el ICAA un papel fiscalizador en la ejecución de los trabajos, estos van a sufrir retrasos, no obstante, no son provocados por el Instituto. Se resalta que ninguna de las actuaciones de la Institución ha sido antojadiza, arbitraria o infundada. De conformidad con los hechos anteriormente expuestos, mi representada ha ejecutado y realizado todas las acciones. que corresponden al ámbito de sus competencias y dentro del marco de legalidad que nos rige, por lo que se concluye que AyA cumplió con todas las obligaciones impuestas por imperio de ley, en el marco constitucional y legal conforme al principio de legalidad. Por ende, no se ha violentado ninguno de los derechos fundamentales de la recurrente.”

4.- Mediante escrito incorporado al expediente digital a las 12:54 horas del 25 de agosto de 2025, informa bajo juramento Francisco Javier Sánchez Gómez, en su condición de presidente del Concejo Municipal de Alajuela, lo siguiente:

“Tal y como se desprende de los argumentos de la recurrente, el problema que aquejan lleva relación con el servicio de agua potable, tome en cuenta esa noble Sala que tal y como lo describe la señora Nombre119970 , la Municipalidad “…ha sido aliada de dicho Comité, destinando partidas de presupuesto extraordinario en procura de llevar a cabo este proyecto”; incluso, nótese que, conforme a la petitoria de la parte recurrente, sólo en el punto tres se nombra al municipio, únicamente para decir que se ordene a Acueductos y Alcantarillados a coordinar con la municipalidad. Ahora bien, conforme al tema del servicio propiamente dicho, tal y como lo expone el Ing. José Luis Chacón Ulate, coordinador del Proceso de Acueductos y Alcantarillados Municipales, bajo oficio MA-PAAM-347-2025, la Municipalidad de Alajuela no brinda el servicio de agua potable en ese sector. En ese sentido, dispone el artículo 3 del Reglamento para la operación y administración del acueducto de la Municipalidad de Alajuela: “Artículo 3.- Compromiso municipal. La Municipalidad satisfacerá oportuna y eficientemente las necesidades básicas de provisión de agua potable mediante la prestación directa del servicio y asegurando siempre por el uso sostenible de los recursos hídricos. La Municipalidad prestará el servicio de agua potable, tomando las medidas necesarias para asegurar la operación, mantenimiento, adecuada calidad del agua potable, mejoras, desarrollo, inversiones y servicio de la deuda. Está obligada a prestar dicho servicio a todos los propietarios y poseedores de inmuebles construidos, dedicados al trabajo o residencia de personas, ubicados dentro de la jurisdicción del Cantón Central de Alajuela, cuando las redes del sistema municipal pasen frente a las propiedades, y los inmuebles cumplan con todos los requisitos formales establecidos en las leyes nacionales y las disposiciones municipales.” Tal y como se muestra en la siguiente ilustración, las áreas sombreadas (azul) muestras las zonas donde el Acueducto municipal brinda servicio, pudiendo corroborarse que en Dirección14689 , no se presta el mismo por parte de nuestro Municipio, sino por parta de Acueductos y Alcantarillados. […] Señores Magistrados, desconoce el suscrito las razones por las cuales en el presente amparo se incluye la Municipalidad y sobre todo esta presidencia, ya que reitero, de la lectura de la interposición del mismo, los hechos acusados están relacionados con AyA, no con el municipio, por lo que interpongo en este acto las excepciones de falta de legitimación pasiva ya que se ha atendido las gestiones presentadas por los vecinos, dentro de la medida de sus posibilidades, pues es menester recordar que nadie está obligado a lo imposible y que, tal y como lo refiere el Ing. Palma Chavarría, se habilitó ese acceso, precisamente por cuanto al otro extremo de la alameda, las condiciones topográficas y la altura con que el INVU desarrolló dicho sector, hacen imposible lo pretendido por el recurrente, además como se establece en el articulo 17 del Código Municipal, la administración y organización de los servicios municipales corresponde al Alcalde Municipal.”

5.- Mediante escrito incorporado al expediente digital a las 16:09 horas del Dirección14690    , informa bajo juramento Roberto Hernán Thompson Chacón, en su condición de alcalde de Alajuela, lo siguiente:

“Mediante el oficio N° MA-PAAM-347-2025 de fecha 22 de agosto de 2025, suscrito por el Ing. José Luis Chacón Ugalde Director Proceso de Acueductos y Alcantarillados Municipales, el mismo indicó que: “En respuesta a su solicitud para presentar informe para responder el Recurso de Amparo, en lo que corresponde al Proceso de Acueductos y Alcantarillado Municipal, debemos aclarar que en la zona a que se refiere la persona recurrente es el distrito de San Antonio, más específicamente Dirección14689 , en el cual se puede observar en el GIS institucional del Acueducto (ANEXO 1), el cual esta oficializado en la MUNINET, en la imagen se puede observar las áreas sombreadas es donde este Acueducto tiene sistemas de agua potable para brindar el servicio, por lo tanto podrá observar que en ese distrito NO brindamos el servicio, por lo que debemos informar que no existe responsabilidad de esta dependencia. Todo ello es congruente con lo establecido en el REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA, artículo 3, que establece: “Artículo 3.- Compromiso municipal. La Municipalidad satisfacerá oportuna y eficientemente las necesidades básicas de provisión de agua potable mediante la prestación directa del servicio y asegurando siempre por el uso sostenible de los recursos hídricos. La Municipalidad prestará el servicio de agua potable, tomando las medidas necesarias para asegurar la operación, mantenimiento, adecuada calidad del agua potable, mejoras, desarrollo, inversiones y servicio de la deuda. Está obligada a prestar dicho servicio a todos los propietarios y poseedores de inmuebles construidos, dedicados al trabajo o residencia de personas, ubicados dentro de la jurisdicción del Cantón Central de Alajuela, cuando las redes del sistema municipal pasen frente a las propiedades, y los inmuebles cumplan con todos los requisitos formales establecidos en las leyes nacionales y las disposiciones municipales.(…)” […] Se comprueba con el criterio técnico emitido por el profesional a cargo, que la Municipalidad de Alajuela no brinda el servicio de agua potable en ese sector, por lo tanto no es competencia municipal, lo esgrimido en los argumentos dados por el recurrente. Además, se denota de la imagen adjunta, que las áreas sombreadas (azul) muestra las zonas donde el Acueducto municipal si brinda servicio, pudiendo corroborarse que en Dirección14689 , no se presta el mismo por parte de nuestro Municipio, sino por parta de Acueductos y Alcantarillados. Además, mediante el oficio N° MA-SGV-0743-2025 de fecha 26 de agosto de 2025, suscrito por el Ing. Juan José Moya Argüello, Coordinador del Subproceso de Gestión Vial, se manifestó lo siguiente: “Le comunico que efectivamente de acuerdo con nuestros registros estipulados en el Decreto No. 40137-MOPT, publicado en la Gaceta No.39 del jueves 23 de febrero del 2017, Reglamento: A la Primera Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal, le indico que, sobre lo manifestado por la señora Nombre119969  , en cuanto a la calidad de Dirección14689  en San Antonio de Alajuela, con el fin de tener acceso al servicio de agua potable, ya que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados condiciono la recepción de obras a que el área del proyecto estuviera inscrita como propiedad municipal, a pesar de que “Dirección14689 ” ya había sido declarada vía pública de hecho, le detallo lo siguiente: En cuanto a las calidades de la vía conforme a la norma jurídica (Decreto Ejecutivo No.38578- MOPT “Manual de Especificaciones Técnicas para Realizar el Inventario y Evaluación de la Red Vial Cantonal”), sin embargo, existen otros elementos a evaluar que son necesarios analizar para responder en forma adecuada la necesidad de información que solicitan. 1. En cumplimiento al artículo 1 de la Ley General de Caminos Públicos No.5060 de 22 de agosto de 1972, la administración de la red vial cantonal corresponde a las municipalidades, en tanto establece: “Artículo 1°, - Para los efectos de la presente ley, los caminos públicos, según su función -con su correspondiente órgano competente de administración- se clasificarán de la siguiente manera: RED VIAL NACIONAL: Corresponde su administración al Ministerio de Obras Públicas y Transporte (…) RED VIAL CANTONAL: Corresponde su administración a las municipalidades (…)” 2. Según Decreto Ejecutivo No.40137-MOPT, Art.5. Funciones Municipales para la Gestión Vial, establece en el inciso q) Elaborar los estudios previos, así como la resolución administrativa que, conforme a la Ley de Construcciones No.833, deberá someterse a conocimiento del Concejo Municipal, para la declaratoria oficial de caminos públicos en la red vial cantonal. Según acuerdo fue reconocida o ratificada como tal en la Sesión Ordinaria 07-2014 del 20 de Agosto del 2014, ante la Junta Vial Cantonal. Además, dicha vía fue aprobada y recibida por el Concejo Municipal en el oficio DR-2074-SM- 2014, el cual transcribo: “Se resuelve eximir de trámite de comisión. Se aprueba la moción, obtiene once votos positivos, definitivamente aprobado.” 3. Directriz oficio No. MA-PPCI-0815-2014, donde se establece con claridad meridiana que: “si el inmueble objeto de consulta colinda con alguna calle o camino que no estuviera publicitada por el Departamento de Catastro municipal como vía pública, deberá consultar la naturaleza jurídica al Departamento de Gestión Vial municipal”. 4. Con la aprobación de la Ley No.8114 y No.9329, cuya finalidad de transferir a los Gobiernos locales los recursos correspondientes al inciso b) del artículo 5 de la Ley No.8114 y articulo 12 de la Ley No.9329, para la atención plena y exclusiva de la red vial cantonal regulada en Ley General de Caminos Públicos, para que se inviertan en la conservación y mejoramiento en la red vial cantonal, por lo tanto los reglamentos establecidos para estas leyes se confeccionan para supervisar que los recursos que invierta el gobierno local en ellas, no recaiga en vías privadas. De lo anterior se colige que existen vías públicas de hecho (véase el dictamen C-256 del 21-10- 2011) en la red vial cantonal que todavía el gobierno local no las ha codificado por diferentes motivos; (véase el dictamen C-287 del 07-12-2017) lo cual no las descalifica como vías públicas, entendiéndose la codificación como un requisito indispensable para usar fondos provenientes de las Leyes No.8114 y No.9329. 5. Analizando las necesidades institucionales de A y A para proveer el servicio de agua potable a sus abonados, requiere certeza jurídica de la vía en cuestión, a la vez contar con una descripción grafica disponiendo de planos o croquis que garanticen la demaniabilidad de la vía y el respectivo reconocimiento municipal. Existen en este municipio croquis representativo del diseño de sitio de la vía en estudio. Para efectos de concluir que el camino en mención conocido como “Calle Morera” se trata de una vía pública de hecho (véase dictamen C-256 del 21-10-2011) que es parte de la red vial cantonal, para lo cual se tomó en cuenta el concepto de inmatriculación registral del camino en concordancia con el Art. 44 Ley de Planificación Urbana No.4240 En cuanto a los anterior, el Voto No.3145-96 de la Sala Constitucional es conteste en cuanto al concepto de: -Dominio público y los medios jurídicos para integrarlo. -Régimen jurídico de las vías públicas. -La presunción demanial de los bienes “La afectación de un bien al uso público puede darse mediante ley o mediante el uso, (denominadas como prescripción adquisitiva y afectación por posesión “desde tiempo inmemorial”). La demarcación del dominio público es competencia de la autoridad administrativa, sin que ello excluya la impugnación de lo hecho por la Administración ante u órgano jurisdiccional. Lo que se ha dicho hasta ahora, está dirigido a señalar que, a juicio de la Sala, el privilegio que protege la demanialidad, puede debe ser utilizado por la Administración cuando no existe ninguna duda sobre el carácter público del bien involucrado. Esto significa que ese mecanismo de exclusión debe ser razonable y proporcionado: razonable en el uso que debe hacer la Administración de él, para que no sea excesivo, arbitrario o que resulte en un instrumento que ampare el abuso del poder; proporcionado entre los fines que cumple el bien que se pretende sea demanial y los medios utilizados por la Administración para incorporarlo a ese régimen. Se presume que un bien es demanial, cuando la Administración lo ha adquirido válidamente para incorporarlo al servicio público por cualquier medio jurídico, incluyendo la sola tolerancia del anterior propietario, aunque esos terrenos no se hayan inscrito con tal naturaleza, en el registro inmobiliario, pero a reserva que exista prueba fehaciente de que así ha sido. No es posible interpretar que el dominio público se crea por decisión unilateral de la Administración, con prescindencia de la voluntad del propietario y menos cuando el inmueble está inscrito en el Registro Público de la Propiedad inmueble, si no ha mediado de previo, un acto de entrega voluntaria, que se pueda ser aprobado por la Administración por cualquier medio; o si no ha mediado previa indemnización, si se trata de adquirir el inmueble por la vía forzosa, tal y como lo señala el artículo 45 constitucional.” En concordancia con el Plan Regulador de la Municipalidad de Alajuela publicado en La Gaceta No.182, el 17 de setiembre del 2004, sobre el ancho de la vía en estudio: “El Reglamento de Espacios Públicos y Transporte aprobado con el Plan Regulador del cantón de Alajuela en el año 2004, establece un derecho de vía para calles locales entre 10 y 14 metros, esta disposición se refiere para cualquier CALLE NUEVA que se pretenda abrir posteriormente a esa fecha, el mismo reglamento lo aclara en su artículo No. 15ª definiendo que “Articulo No. 15ª: Los derechos de vía actuales se conservan independientemente de la jerarquía señalada en el presente Plan, en la vialidad propuesta.” La Alcaldia, mediante el oficio N° MA-A-3773-2025 de fecha 26 de agosto de 2025, suscrito por el Lic. Luis Alonso Villalobos Molina, Asesor Alcaldía, indicó que: “(…): En relación con lo denunciado y contemplado en el presente recurso de amparo la Alcaldía Municipal ha tenido conocimiento general de los siguientes extremos: Partiendo de que efectivamente la calle de interés ha sido declarada y reconocida como pública por la Municipalidad de Alajuela (según se ratifica en el actual informe integral del oficio MA-SGV 0743-2025 del Sub Proceso de Gestión Vial) con todas sus implicaciones y consecuencias, para los efectos de interés de la recurrentes y los amparados, en la secuencia de marras a la fecha se requiere que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) reconozca definitivamente dicha condición pública de la calle, y, de forma consecuente, autorice y realice lo respectivo para que -bajo el mecanismo que resulte pertinente- se haga posible la instalación del ramal para el servicio de agua potable, lo cual incluye al efecto, por ejemplo, la emisión de las especificaciones técnicas actualizadas. Como parte de lo descrito, se adjuntan antecedentes que reportan gestiones de años anteriores para realizar mejoras en dicha calle, todas las cuales a la fecha se entienden supeditadas a que el ICAA cumpla con lo señalado en cuanto al reconocimiento de la condición jurídica de la calle y lo concerniente a las especificaciones para la instalación del ramal y otros extremos técnicos. Y a partir de lo anterior se pueda dilucidar, en su momento y con los medios respectivos, lo relativo a las mejoras por realizar. Por lo que desde la Alcaldía se estima que cualquier avance en los extremos acusados por la recurrente depende de que el ICAA adecúe o ajuste -en lo que corresponda- sus actuaciones a lo reseñado (…)”. *La negrita y el subrayado no corresponden al texto original. Con lo indicado líneas atrás, se comprueba que los argumentos dados por la recurrente, son subjetivos y desconoce el Municipio, el porqué de la interposición del presente recurso en los términos dados, tomando en consideración que los hechos mencionados en el recurso llevan relación con AyA y no con esta Municipalidad. Recordemos que, si bien el numeral 27 de la Constitución Política, hace referencia a la facultad que posee todo ciudadano para dirigirse, por escrito, a cualquier funcionario público o entidad oficial, con el fin de exponer un asunto de su interés. No obstante, esa garantía se complementa con el derecho a obtener respuesta, pero esto último no significa una contestación favorable; en otras palabras, lo que se garantiza es el derecho a pedir y no el derecho a obtener lo que se pide, aun cuando el funcionario público deba resolver con estricta sujeción a la ley, pues la libertad de petición se funda en otro principio, esto es, en que no puede coartarse por la administración el derecho de los gobernados para dirigirse a los órganos públicos. Este Municipio debe de indicar que, aun cuando la recurrente no esté de acuerdo con las respuesta dadas por las instituciones involucradas, lo cierto es que, con sus afirmaciones, lo que evidencia es, su descontento, incomodidad, e incluso desconocimiento total, de la forma en que funciona este ente municipal y sus respectivas competencias. Consideramos, que la Municipalidad de Alajuela, ha actuado en apego a lo dispuesto en la normativa vigente, por lo que no existe violación alguna a los derechos fundamentales ni al régimen constitucional. No obstante, consideramos que la recurrente, interpone el presente Recurso, para tratar de desvirtuar la información suministrada en su escrito de interposición, empero este Municipio, actúa bajo las competencias de este. Queda demostrado que la Municipalidad de Alajuela, ha sido diligente y ha realizado las labores propias atinentes a su competencia, sin embargo, reiteramos, la recurrente interpone el recurso de amparo para causar confusión y con ello que se condene a la Municipalidad aun cuando ésta, ha realizado y continuara realizando las labores que sean de exclusiva competencia municipal. Bajo lo indicado, consideramos que existe una mala fe por parte de la recurrente, al interponer un Recurso de Amparo en los términos expuestos, además, este Municipio considera que la interposición del presente Recurso de Amparo es improcedente, en razón de que, la Administración HA REALIZADO LAS LABORES PROPIAS ATINENTES A SU COMPETENCIA, por lo que solicitamos que el Recurso de Amparo sea declarado sin lugar, y se condene a la recurrente, al pago de las costas, toda vez que es evidente la mala fe en sus argumentos”.

 6.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.             

 Redacta la Magistrada Garro Vargas; y,

 Considerando:

 I.- Objeto del recurso. La recurrente señala que, desde el año 2014, la comunidad de Dirección14689  en San Antonio de Alajuela ha gestionado infructuosamente el acceso al servicio de agua potable, a pesar de haber cumplido con los requisitos técnicos y de contar con capacidad hídrica confirmada por el ICAA. Reclama que, a pesar de que desde el 2015 la vía fue declarada de dominio público y de que el Comité de Desarrollo ha aportado financiamiento y solicitado reiteradamente la actualización técnica para ejecutar el proyecto, tanto el ICAA como la Municipalidad de Alajuela han generado obstáculos administrativos que impiden concretar la instalación del ramal. Indica que esta situación ha afectado por años a una comunidad compuesta por madres jefas de hogar, adultos mayores, menores de edad y personas en condición de vulnerabilidad, quienes carecen de acceso regular a un derecho esencial como lo es el agua potable. Estima que tales hechos lesionan derechos fundamentales, por lo que solicita que se declare con lugar el recurso y se ordene a las autoridades recurridas adoptar las medidas necesarias para ejecutar el proyecto en cuestión.

II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la parte recurrida haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

a)   Los vecinos de Dirección14689 , ubicada en el distrito de San Antonio, Alajuela, son usuarios del ICAA, quienes se abastecen de agua potable mediante conexiones individuales desde la red pública (modalidad conocida como "pajas jaladas"). Estas conexiones implican que cada usuario tendió su propia tubería desde el hidrómetro, instalado en la vía pública, hasta su inmueble, debido a que sus propiedades no colindan directamente con la calle por donde pasa la red de distribución institucional (véase el informe del instituto recurrido y la prueba aportada al expediente digital).

b)   En el año 2014, la Municipalidad de Alajuela aprobó y reconoció oficialmente como vía pública la Dirección14689 , según consta en la Sesión Ordinaria 07-2014 del 20 de agosto de 2014 (véanse los informes de las autoridades municipales recurridas y la prueba aportada al expediente digital).

c)    En el año 2015, el señor Juan Carlos Morera Vargas presentó ante el ICAA una solicitud de extensión de ramal para llevar la red de distribución frente a los linderos de los inmuebles en Dirección14689  (véase el informe del instituto recurrido y la prueba aportada al expediente digital).

d)   En el año 2018, el Concejo Municipal de Alajuela manifestó su intención de destinar una partida presupuestaria específica para financiar los materiales requeridos y cumplir con los requisitos técnicos del ICAA con el fin de ejecutar la extensión del ramal en Dirección14689  (véanse los informes de las autoridades municipales recurridas y la prueba aportada al expediente digital).

e)    En el año 2019, el ICAA emitió dos documentos relacionados con el proyecto de extensión del ramal para Dirección14689 : La constancia N° SG-GSP-RC-2019-00110 de no disponibilidad de servicios de agua potable y alcantarillado y la constancia N° SG-GSP-RC-2019-00111 de capacidad hídrica para 40 soluciones habitacionales. Ambos documentos son complementarios y requeridos para iniciar trámites ante el ICAA, según su normativa (véase el informe del instituto recurrido y la prueba aportada al expediente digital).

f)     El proyecto fue aprobado por el ICAA bajo el expediente FRACC-AYA-2019-220, el cual incluía obras para 40 servicios, contemplando red de agua potable, sistema de alcantarillado sanitario (en condición prevista, no en uso) y obras pluviales, respaldado con planos visados por el CFIA. En ese expediente también consta que se había aprobado una solicitud de desfogue pluvial (véase el informe del instituto recurrido y la prueba aportada al expediente digital).

g)   En reunión celebrada el 7 de abril de 2022 a las 11:00 a.m., entre el Arq. Rodolfo Herrera y el Ing. Juan Carlos Vindas (entonces director de la Región Central Oeste del ICAA), se informó al arquitecto que, para que el ICAA pudiera recibir la obra, esta debía construirse conforme fue aprobada (con los tres sistemas: agua, pluvial y alcantarillado previsto). En caso de no ejecutarse la red de residuales, debía gestionarse ante Urbanizaciones del ICAA la solicitud de exoneración del sistema de alcantarillado sanitario (véase el informe del instituto recurrido y la prueba aportada al expediente digital).

III.- Hecho no probado. No se estima debidamente demostrado el siguiente hecho de relevancia para esta resolución:

Único: Que los vecinos de Dirección14689 , en el distrito de San Antonio de la provincia de Alajuela, carezcan de acceso al servicio de agua potable, dado que, según el informe de la autoridad recurrida, los inmuebles de esa zona se abastecen del líquido mediante la red de distribución del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, a través de conexiones conocidas como “pajas jaladas”, instaladas desde los hidrómetros colocados por dicha institución en la vía pública hasta los respectivos inmuebles.

IV.- Análisis por el fondo. La parte recurrente sostiene que desde 2014, la comunidad de Dirección14689  en San Antonio de Alajuela ha gestionado sin éxito el acceso al servicio de agua potable, a pesar de cumplir con los requisitos técnicos y contar con capacidad hídrica. Alega que tanto el ICAA como la Municipalidad de Alajuela han impuesto obstáculos administrativos que impiden la instalación del ramal, afectando a personas en condición de vulnerabilidad. Estima que esta situación vulnera derechos fundamentales.

Sobre este particular, conviene indicar que, este Tribunal ha reconocido, en su jurisprudencia, que el derecho a la salud y a la vida, son derechos fundamentales del ser humano que dependen del acceso al agua potable y que los órganos competentes tienen la responsabilidad ineludible de velar para que la sociedad, como un todo, no los vea mermados. En efecto, la Sala ha dispuesto anteriormente que, como parte del Derecho de la Constitución, existe un derecho fundamental al suministro de agua potable. Así, en la Sentencia N°03-004654 de las 15:44 horas del 27 de mayo de 2003, se dispuso lo siguiente:

“V.- La Sala reconoce, como parte del Derecho de la Constitución, un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida, al medio ambiente sano, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros, tal como ha sido reconocido también en instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos aplicables en Costa Rica: así, figura explícitamente en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (art. 14) y la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 24); además, se enuncia en la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo de El Cairo (principio 2), y se declara en otros numerosos del Derecho Internacional Humanitario. En nuestro Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el país se encuentra particularmente obligado en esta materia por lo dispuesto en el artículo 11.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ("Protocolo de San Salvador" de 1988), el cual dispone que:

‘Artículo 11. Derecho a un medio ambiente sano 1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos’.

Además, recientemente, el Comité de Derechos Económicos, Culturales y Sociales de la ONU reiteró que disponer de agua es un derecho humano que, además de ser imprescindible para llevar una vida saludable, es un requisito para la realización de todos los demás derechos humanos.

VI.- Del anterior marco normativo se deriva una serie de derechos fundamentales ligados a la obligación del Estado de brindar los servicios públicos básicos, que implican, por una parte, que no puede privarse ilegítimamente de ellos a las personas, pero que, como en el caso del agua potable, no puede sostenerse la titularidad de un derecho exigible por cualquier individuo para que el Estado le suministre el servicio público de agua potable, en forma inmediata y dondequiera que sea, sino que, en la forma prevista en el mismo Protocolo de San Salvador, esta clase de derechos obligan a los Estados a adoptar medidas, conforme lo dispone el artículo primero del mismo Protocolo:

Los Estados Partes en el presente Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos se comprometen a adoptar las medidas necesarias tanto de orden interno como mediante la cooperación entre los Estados, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo’ .

De esto tampoco puede interpretarse que ese derecho fundamental a los servicios públicos no tenga exigibilidad concreta; por el contrario, cuando razonablemente el Estado deba brindarlos, los titulares del derecho pueden exigirlo y no pueden las administraciones públicas o, en su caso, los particulares que los presten en su lugar, escudarse en presuntas carencias de recursos, que ha sido la secular excusa pública para justificar el incumplimiento de sus cometidos”.

 

De lo anterior, se colige que el denominado derecho fundamental al agua, debe concederse a todas las personas, lo que implica que todos los individuos tengan la posibilidad de acceder, en condiciones de igualdad, a los servicios de agua potable, toda vez que la misma resulta esencial para la vida y la salud humana.

En el presente asunto, esta Sala no verifica la violación de los derechos fundamentales de los amparados, dado que, conforme al informe rendido bajo juramento por el ICAA, los inmuebles ubicados en Dirección14689 , distrito de San Antonio de Alajuela, se encuentran actualmente abastecidos del servicio de agua potable mediante conexiones individuales, conocidas institucionalmente como “pajas jaladas”. Según lo explicado por la autoridad recurrida, esta modalidad implica que, si bien la red principal de distribución se encuentra ubicada en una calle pública cercana, los usuarios instalaron una tubería desde los hidrómetros colocados por el ICAA hasta sus respectivos inmuebles, lo que les permite contar con el suministro de agua desde hace años.

Desde esta perspectiva, se constata que el servicio se encuentra disponible y en funcionamiento para las personas residentes en la zona, lo cual excluye, en principio, una afectación al contenido esencial del derecho fundamental al agua potable. De hecho, nótese que la alegación principal de la parte amparada no refiere a la inexistencia del servicio, sino a las dificultades administrativas que han impedido concretar el proyecto de extensión del ramal solicitado desde el año 2015. Por consiguiente, la discusión planteada no versa sobre una privación actual del recurso, sino sobre los trámites institucionales necesarios para modificar la infraestructura mediante la ejecución de obras que permitan instalar los hidrómetros directamente frente a cada inmueble.

Bajo este entendido, el extremo discutido no puede analizarse como una cuestión de tutela urgente del derecho fundamental al agua, pues no existe una amenaza cierta e inminente de su afectación. Por el contrario, lo que se debate es la legalidad de las actuaciones administrativas del ICAA y la Municipalidad de Alajuela en relación con la viabilidad del proyecto propuesto, lo cual exige valorar elementos técnicos, presupuestarios y normativos que deben ser conocidos por las vías administrativas o jurisdiccionales ordinarias competentes. Así, lo que corresponde a esta jurisdicción constitucional es constatar si existe una lesión actual y efectiva de los derechos fundamentales invocados, lo que no ocurre en este caso, al mantenerse el acceso al servicio de agua potable bajo la modalidad descrita.

En consecuencia, no se acredita una transgresión a los derechos fundamentales alegados por la parte amparada, por lo que el recurso debe ser desestimado, como en efecto se hace.

V.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara sin lugar el recurso.

 

 

 

 

	

Nombre137  V.

Presidente

	

 




Paul Rueda L.

	

 

	

Luis Fdo. Salazar A.




Jorge Araya G.

	

 

	

Anamari Garro V.




Ingrid Hess H.

	

 

	

Alexandra Alvarado P.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 BHNQMMQVWTC61

EXPEDIENTE N° 25-019032-0007-CO

 

Teléfonos: Telf46 /  (). Fax: Telf47 / Telf48. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección12 , Dirección13 , 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:17:03.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**Constitutional Chamber**

**Resolution No. 28362 - 2025**

**Resolution Date:** September 5, 2025 at 9:20 a.m.
**Case File:** 25-019032-0007-CO
**Drafted by:** Anamari Garro Vargas
**Type of Matter:** Amparo Action
**Analyzed by:** CONSTITUTIONAL CHAMBER

**Text of the resolution**

Exp: 25-019032-0007-CO
Res. No. 2025028362

 

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and twenty minutes on the fifth of September of two thousand twenty-five.

   An amparo action processed under case file number 25-019032-0007-CO, filed by Nombre119969, identity card CED94694, on behalf of the CALLE MORERA NEIGHBORHOOD COMMITTEE, against the COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS -ICAA- and the MUNICIPALITY OF ALAJUELA.

**Whereas:**

**1.-** By a brief filed before this Chamber at 7:53 p.m. on June 30, 2025, the petitioner files an amparo action against the ICAA and the Municipality of Alajuela. They state that since 2014, the community of Dirección14689 in San Antonio de Alajuela has managed access to potable water service. On October 7 of that year, the Municipality of Alajuela declared Calle Morera a public road. In October 2015, the ICAA responded positively to the request of the Calle Morera Development Committee to extend the potable water branch line to 40 homes, conditioning approval on the fulfillment of technical requirements and funding by the interested parties. In January 2017, the ICAA renewed the water capacity certificate, reiterating the requirements and costs to be borne by the applicants. In July 2018, the Committee notified that it had fulfilled the requirements to begin the project, but in September of that year, the Municipality rejected the sealing of the project. In December, the Committee again reported having fulfilled the requirements. In February 2019, the ICAA issued two contradictory documents: one indicating the non-availability of services and another confirming the water capacity for the project. In April of the same year, the ICAA approved the construction plans and confirmed the water capacity and stormwater drainage (desfogue pluvial). In November, the Municipality allocated 20 million colones to improve Dirección14689, conditioning the use of the budget item on the installation of the branch line, which did not materialize due to obstacles imposed by the ICAA. In October 2021, the ICAA conditioned the acceptance of works on the project area being registered as municipal property, despite Calle Morera having already been declared a public road since 2015. In November, the Municipality ratified that the donation of adjoining lands was not necessary, contradicting the ICAA. In July 2022, the Committee asked the ICAA to update the technical specifications and notified the allocation of a new budget item of 30 million colones for the project, which also could not be executed due to ICAA's obstacles. In November 2023, the Committee reiterated the request for a technical update and coordination to execute the project, without receiving a response. Given this situation, the affected community, consisting of more than 30 mothers, 15 older adults, 37 minors, persons with disabilities, and persons at social risk, requests the intervention of the Constitutional Chamber, so that this action be granted, the ICAA be ordered to guarantee access to potable water, and the respondent municipality be ordered to make the budget item available to execute the potable water branch line extension project, complying with the provisions of Articles 50 and 51 of the Constitution and Law No. 8220.

**2.-** By resolution at 10:16 a.m. on August 14, 2025, the Presidency of the Chamber gave course to this constitutional process and requested a report from the mayor, the president of the Council, and the coordinator of the Road Management Subprocess, all of the Municipality of Alajuela; as well as from the executive president of the ICAA, regarding the facts alleged by the petitioner.

**3.-** Through a brief incorporated into the digital file at 2:10 p.m. on August 21, 2025, María Alejandra Mora Segura, in her capacity as general manager of the ICAA, reports under oath the following:

“PRELIMINARY CONSIDERATION In the cited resolution, your Authority orders that this report be rendered by the Executive Presidency; however, the General Power of Attorney of the current executive president is pending registration in the National Registry, which is why the undersigned, María Alejandra Mora Segura, in my capacity as General Manager of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, appears to render the report requested by your authority. I. REGARDING THE FACTS ALLEGED BY THE PETITIONER Based on report No. GSP-RCO-A-2025-00874, prepared by Lic. Johnny Rodríguez Alvarado, head of the Alajuela cantonal office belonging to the Central West Region, and the Administrative File, which are attached as evidence in the brief presented in this act, it is demonstrated that: The residents of Dirección14689, located in the province of Alajuela, San Antonio district, are users of the ICAA, who are supplied through the institutional pipe network, but in a modality that at some point was called 'pajas jaladas'; in order to conceptualize this term, it is necessary to highlight that, in accordance with the provisions of the current Institutional regulations, the AyA provides potable water services in front of a public street, which is where the distribution pipe runs; however, the properties of those protected here are at a greater distance from the public road where the main pipe runs, which is why each of the users placed a pipe from the water meter (hidrómetro) installed by AyA to their properties, in order to be able to supply themselves with the precious liquid; this type of connection is referred to by the term 'pajas jaladas'. Likewise, the residents of Dirección14689 are managing the branch line extension (extensión de ramal) so that the main pipe runs in front of the public street where the properties of the protected parties are located, so that the water meters are installed on the property boundary (lindero) facing a public road; this remark is made to clarify that the residents of Dirección14689 have always had and have access to potable water service, therefore, the constitutional right of access to potable water has never been violated for any of the inhabitants of said street. (see report No. GSP-RCO-A-2025-00874) Once the situation of the potable water supply for the residents of Dirección14689 is clarified, we proceed to delve deeper into what was outlined by Mrs. Molina in the petition text filed before this Honorable Constitutional Court; as has been amply demonstrated, in 2014 the Municipality of Alajuela declared Calle Morera a public road; in 2015, Mr. Juan Carlos Morera Vargas made the branch line extension request before the AyA; subsequently, in 2018, the Municipal Council stated that it would designate a specific budget item to finance the materials as well as the branch line extension and would fully comply with the requirements established in the internal regulations of AyA, in order to complete the work required by the inhabitants of Dirección14689, that is, the installation of the branch line. However, it is necessary to clarify several points indicated by the petitioner in their action text. Initially, the documents issued by AyA in 2019, No. SG-GSP-RC-2019-00110 Certificate of Non-Availability of Potable Water, Non-Availability of Sewer System, for the project called branch line extension Dirección14689, and No. SG-GSP-RC-2019-00111 Certificate of Water Capacity for the project called branch line extension Calle Morera, are not contradictory but rather complementary. For the administered party to carry out the branch line extension procedure, there must be a document certifying that there is no availability of potable water and sanitary sewerage services due to lack of hydraulic capacity and/or infrastructure; likewise, it is essential to have the water capacity certificate (constancia de capacidad hídrica), as this document supports the improvement of hydraulic infrastructure and guarantees the provision of the water resource once the branch line extension is completed. (see report No. GSP-RCO-A-2025-00874) In the same vein, from folio 82 to 92 of the administrative file, the water capacity certificate is verified, its validity of 12 months and may be renewed for two consecutive equal periods totaling 36 months; the same document indicates the list of materials required to carry out the branch line extension; likewise, there is the document called 'Verification of Documentation and Approval Resolution for Projects FRACC-AYA-2019-220' which in summary states that: …. The project corresponds to a branch line extension; since it involves more than 6 services, stormwater and sanitary infrastructure works were requested for 40 services submitted in plans; the project does have a water capacity certificate for 40 housing solutions (soluciones habitacionales) in accordance with official letter SG-GSP-RC-2019-00111; the project has a planned, not yet in-use, sanitary network which must be built; and the project has an approved stormwater drainage request with discharge towards the road, in accordance with official letter MA-AAP-1067-2017. (see report No. GSP-RCO-A-2025-00874) This information is pointed out specifically, as it is important to consider that the validity of the water availability certificate is for 12 months, extendable for equal periods totaling 36 months; additionally, the water capacity certificate was made for 40 housing solutions, and according to the information contained on the Public Registry page, there are 46 registered rights in the real estate folio real folio number Placa22217 and approximately 56 built homes; finally, the project submitted on the CFIA's APC platform and approved by AyA includes the branch line extension, stormwater infrastructure works, and the planned, not in-use, sanitary network for 40 services submitted in plans. In the same sense, it can be verified in folio 108 of the administrative file, the minutes of a meeting held on April 7, 2022, at 11:00 a.m. between Arch. Rodolfo Herrera and Eng. Juan Carlos Vindas (AyA), who at that time held the position of director of the Central West Region, which I transcribe verbatim: "Arch. Herrera requests clarification on what he must do so that the project can continue. He is told that in order for AyA to receive the work, it must be built exactly as approved by the Institutions. The project includes the three systems: water, stormwater, and planned sewerage. He was instructed to contact Max Abello in Urbanizations and proceed to process the request for exoneration from the sewer system." Reference is made to this meeting and what was indicated in the previous section, because at the moment any variation is made to the initial conditions agreed upon between the institutions and supported in the respective plans submitted to the CFIA, obviously the documentation must be modified, as is the case if the agreed-upon wastewater network included in the CFIA-approved plans is not built; if it is not built, a different procedure must be carried out before the Urbanizations department to request the exoneration from the sanitary sewer system, further delaying the completion of the project. (see report No. GSP-RCO-A-2025-00874-No. GSP-RCO-A-2025-00875-administrative file) It is added that it is the responsibility of AyA to verify and/or supervise both the fulfillment of the requirements established in the institutional regulations and the correct execution of the work performed in the field; all works must be approved, built, and received in accordance with the indications of AyA, in conformity with the Technical Standard for the Design and Construction of Potable Water Supply, Sanitation, and Stormwater Systems. II. APPLICABLE REGULATIONS In support of the foregoing, it is necessary to indicate what is established in this regard by the Regulation for the Provision of AyA Services published in the Official Gazette La Gaceta No. 27, Scope No. 29 of February 9, 2021, and the General Law of Public Administration, Articles 11 and 13. Regulation for the Provision of AyA Services Article 7- Definitions. For the purposes of this Regulation, the following shall be understood by: (…) 12. Technical feasibility analysis for granting services: Verification process of the real and current existence of sufficient water, hydraulic, material, technical, legal, and environmental resources to grant the availability and eventual connection of the service. For such purposes, the following conditions must be observed: a. That the distribution and collection networks pass in front of the property boundaries (linderos) or have direct access via a public road or easement (servidumbre) of passage to the property for which a service is requested. b. That the systems have sufficient water, hydraulic, potabilization, and treatment capacity to grant new services. c. That the system complies with the established quality attributes. d. That it complies with the corresponding environmental regulations. 54. Branch line extension (Extensión de ramal): Expansion of the existing distribution or collection pipe of the aqueduct and sanitary sewerage, respectively, from an increase in the length of a segment of the network to a specific point. Article 39. —Of the issuance of the water capacity and/or wastewater treatment certificate. When AyA issues a Service Availability Certificate in a negative form, due to lack of hydraulic or wastewater collection capacity, it shall reserve the respective flow and/or wastewater treatment capacity in favor of the real estate project indicated in the request, and the following documents shall be attached, as applicable: 1. A water capacity certificate, and/or 2. A wastewater treatment certificate. In the first two scenarios, AyA shall specify the technical requirements for the construction, at the expense of the interested party or applicant, of the primary potable water and/or sanitary sewerage infrastructure works required to cover the demand of the real estate project. For cases stipulated where the works are developed by private parties or other delegated operators (ASADAS), the primary potable water and/or sanitary sewerage infrastructure works must be approved, built, and received in accordance with AyA's indications, in conformity with the Technical Standard for the Design and Construction of Potable Water Supply, Sanitation, and Stormwater Systems and its eventual reforms in order to enable the availability of the required service(s). Any of these certificates will be issued and formalized by the Units of the Operational Sub-Managements for Systems Management or by the Sub-Management for Delegated Systems Management, which by function and competence corresponds, as dictated by the internal procedure. Article 40. —Of the objectives and scope of the water capacity and/or treatment certificates. The scenarios regulated in Article 39 of this regulation shall have the following scope, effects, and objectives: 1. To process before the various competent instances the permits, approvals, and authorizations related to the acts prior to the construction stage of the referred real estate project. 2. To process before the various competent instances the approval of the construction of the primary aqueduct and/or collection works requested by AyA. 3. This document does not produce the effects of a service availability certificate. When the applicant developer and owner choose to process the permits, approvals, and authorizations for the approval of the real estate project, together with the primary potable water and/or sanitary sewerage infrastructure works, whose consent to build was formally expressed through the letter of consent before AyA, they must sign the Commitment for the Construction of Infrastructure and Primary Works established in Article 42 of this regulation. Article 41- Of the validity of the water capacity and/or collection and treatment certificate, the unilateral consent of the owner or developer to build the primary works, and the follow-up by AyA. The validity period of this certificate shall be 12 months, extendable for another 12 months, upon express prior request by the owner or developer of the project. For social interest projects, a maximum extension of 24 months shall be granted. The extension request must be filed before AyA within the last quarter of its validity; if this period expires without the extension having been processed, expiration shall apply. For the issuance of this extension, AyA shall have a period of up to 15 business days, both for individual cases and for urban development projects, once the established requirements have been satisfactorily received. During the validity of the 12-month period, plus the 12 or 24-month extension respectively, the owner, the developer, or both must formally express before AyA their consent to build the public primary works detailed in the water capacity and/or collection and treatment certificate, by means of a letter of consent. Once the 12-month period plus the extension has expired, without the owner or developer having expressed their unilateral consent before AyA to build the primary works, expiration shall apply, and the flow that had been reserved shall be re-inventoried and made available to meet the demands of users who so require it. For this reason, the developer, before that expiration, must demonstrate to AyA the status of the project before any of the instances indicated in Article 40 of this regulation. The term of this certificate shall remain updated until the moment the constructed works are formally received, which includes the registration of the easement (servidumbre), when applicable; in accordance with the execution period established in the construction schedule for the primary works submitted by the developer, which must be consistent with the complexity and size of the work to be built. AyA, in accordance with its oversight power, reserves the possibility of requesting reports from the developer at any time on the progress made. If within the term updated through the works execution schedule, AyA demonstrates negligence or abandonment in the progress of the procedure or construction by those responsible for execution, the act shall be revoked, in accordance with the corresponding legal procedure, in compliance with due process. Article 47- General conditions on the exoneration from the construction of the sanitary sewer system and treatment plant. Real estate development projects whose use is exclusively residential, located in areas where there is no public sanitary sewer system to which the development can be connected, nor existing collection network coverage expansion maps, according to the condition established in the Service Availability Certificate issued by the public provider, may be exonerated from the construction of the sanitary sewer system and treatment plant. Article 48- Of the request for exoneration from the construction of the sanitary sewer system and treatment plant. The request for exoneration from the construction of the sanitary sewer system and treatment plant must be made by the property owner or their legal representative. For such purposes, the following mandatory requirements must be submitted physically or digitally: a) Request signed by the owner or their legal representative, clearly indicating the cadastral map (plano catastrado), the corresponding property number, and the name of the operator in charge of providing the potable water service where the project is located. b) The site design at a legible scale, allowing the number and name of the project components to be read. In the case of condominiums, the number of subsidiary properties (fincas filiales) with buildings must be indicated, along with the different floors. c) The declaration clearly indicating whether it involves a lot segregation (segregación) or reunificação of properties. d) Certification of Legal Status. In the case of individuals, in accordance with Presidential Directive No. 52-MP published in Gazette No. 167 on August 31, 2016, presentation of the identity card to the public official receiving the request documentation. If the owner is not the one making the request, a power of attorney or authorization must be presented to carry out said procedure. e) Two (2) copies of the certified cadastral map in actual size (to-scale planos) in accordance with the respective legal validity. In the case of digital certifications, this consists of the uncompressed image of the map in the same format in which the document was originally digitized in the National Registry. f) Results of the infiltration tests carried out on the land on which the project is intended (three infiltration tests per hectare of land) in the following units: min/cm. Infiltration tests must be carried out in accordance with the procedure established in the Manual of Hydraulic and Sanitary Installations in Buildings (CIHSE), published by the Federated College of Engineers and Architects of Costa Rica. g) The technical hydrogeological and sanitary criterion, with the respective endorsement of SENARA, in accordance with Executive Decree 42015-MP-MAG-MINAE-S-MIVAH and its reforms, published in Scope No. 237 to Gazette No. 203 of 10-25-2019. h) Indicate the place or means for receiving notifications before the UEN of Programming and Control of AyA. Article 49- Of the admissibility, study, and corrections of the documentation for the exoneration from the construction of the sanitary sewer system and treatment plant for housing units. The UEN Programming and Control of AyA shall determine the admissibility of the request without entering into the merits, so that, if any of the requirements are missing, the interested party shall be warned to present them within a maximum period of 10 business days. After the warning, if the administered party did not comply with it, the corresponding procedure must be declared without merit according to the provisions of Article 264, paragraph 2, of the General Law of Public Administration and its eventual reforms. When the requirements are complete, they shall be forwarded to the AyA Sanitary Sewer System Exoneration Commission for analysis of the merits according to its competence, and they shall issue the technical criteria on the exoneration from the sanitary sewer system and wastewater treatment plant within a period of 7 business days, counted from the declaration of admissibility of the request. Under this analytical line, it is important to highlight the provisions of Articles 11 and 13 of the General Law of Public Administration, paragraphs 1, which, in observance of the principle of legality, respectively state: "1. The Public Administration shall act subject to the legal system and may only carry out those acts or provide those public services that said system authorizes, according to the hierarchical scale of its sources." "1. The Administration shall be subject, in general, to all written and unwritten norms of the administrative system, and to the supplementary private law thereof, without being able to derogate or disapply them for specific cases." III. CONCLUSIONS In the present case, it is verified that no constitutional right has been violated, since, as has been evidenced in the technical report that forms an integral part of the brief presented in this act, the inhabitants of Dirección14689 have always been users of AyA, having the potable water service in quality, quantity, and continuity in accordance with the provisions of the internal institutional regulations; the branch line extension procedure is to relocate the current water meters from where they are supplied with the resource and so that these are installed in front of the boundary (lindero) of their respective properties that border a public street. It is necessary to emphasize that, on behalf of AyA, the plans were approved with the design made by the professional designated by the Municipality and/or the residents of Dirección14689; at this time, the delays are not attributable to the ICAA; on the contrary, in the last meeting held in April 2022, between the director of the Central West Region and Arch. Rodolfo Herrera, the latter wished to know how he could continue with the project, and it was expressly indicated to him that AyA can only receive the work if it is under the same terms in which it was approved, with the construction of the three systems: water, stormwater, and planned sewerage; if he does not wish to or it is difficult to execute the wastewater network, he must contact Max Abello in Urbanizations and proceed to process the request for exoneration from the sewer system; therefore, if there are variations in the conditions that were initially agreed upon, which are reflected in the plans submitted to the CFIA and approved by AyA, obviously with the ICAA having an oversight role in the execution of the works, these will suffer delays; however, they are not caused by the Institute. It is highlighted that none of the Institution's actions have been capricious, arbitrary, or unfounded. In accordance with the facts set forth above, my represented party has executed and carried out all the actions that correspond to the scope of its competencies and within the framework of legality that governs us; therefore, it is concluded that AyA fulfilled all the obligations imposed by rule of law, within the constitutional and legal framework in accordance with the principle of legality. Therefore, none of the fundamental rights of the petitioner have been violated.”

**4.-** Through a brief incorporated into the digital file at 12:54 p.m. on August 25, 2025, Francisco Javier Sánchez Gómez, in his capacity as president of the Municipal Council of Alajuela, reports under oath the following:

“As can be deduced from the petitioner's arguments, the problem that afflicts them is related to the potable water service. This noble Chamber should take into account that, as Mrs. Nombre119970 describes, the Municipality '...has been an ally of said Committee, allocating extraordinary budget items in an effort to carry out this project'; even, note that, according to the petitioner's prayer, only in point three is the municipality named, solely to say that Acueductos y Alcantarillados be ordered to coordinate with the municipality. Now, regarding the service issue itself, as stated by Eng. José Luis Chacón Ulate, coordinator of the Municipal Aqueducts and Sewers Process, under official letter MA-PAAM-347-2025, the Municipality of Alajuela does not provide potable water service in that sector. In that sense, Article 3 of the Regulation for the operation and administration of the aqueduct of the Municipality of Alajuela stipulates: 'Article 3.- Municipal commitment. The Municipality shall satisfy the basic needs for potable water provision in a timely and efficient manner through the direct provision of the service and always ensuring the sustainable use of water resources. The Municipality shall provide the potable water service, taking the necessary measures to ensure the operation, maintenance, adequate quality of the potable water, improvements, development, investments, and debt service. It is obligated to provide said service to all owners and possessors of built properties, dedicated to the work or residence of persons, located within the jurisdiction of the Central Canton of Alajuela, when the municipal system networks pass in front of the properties, and the properties comply with all the formal requirements established in national laws and municipal provisions.' As shown in the following illustration, the shaded areas (blue) show the zones where the municipal aqueduct provides service, and it can be corroborated that in Dirección14689, this service is not provided by our Municipality, but rather by Acueductos y Alcantarillados.

Honorable Magistrates, the undersigned does not know the reasons why the Municipality and, above all, this presidency, are included in the present amparo action, given that, I reiterate, from a reading of the filing thereof, the alleged facts are related to AyA, not to the municipality, and therefore I hereby raise the objections of lack of passive standing since the petitions submitted by the residents have been attended to, within the measure of its possibilities, for it is necessary to recall that no one is obliged to the impossible and that, as stated by Engineer Palma Chavarría, that access was enabled precisely because at the other end of the public walkway (alameda), the topographical conditions and the height at which INVU developed said sector make what the petitioner seeks impossible; furthermore, as established in Article 17 of the Municipal Code, the administration and organization of municipal services corresponds to the Municipal Mayor."

5.- By means of a writing incorporated into the digital case file at 16:09 hours on Dirección14690    , Roberto Hernán Thompson Chacón, in his capacity as Mayor of Alajuela, reports under oath the following:

"Through official communication No. MA-PAAM-347-2025 dated August 22, 2025, signed by Engineer José Luis Chacón Ugalde, Director of the Municipal Aqueducts and Sewers Process, he indicated that: 'In response to your request to submit a report to answer the Amparo Action, regarding what corresponds to the Municipal Aqueduct and Sewer Process, we must clarify that the area referred to by the petitioner is the district of San Antonio, more specifically Dirección14689 , in which it can be observed in the institutional GIS of the Aqueduct (ANNEX 1), which is formalized in MUNINET; in the image, the shaded areas can be seen where this Aqueduct has potable water systems to provide the service, therefore you will be able to observe that in that district we DO NOT provide the service, for which we must report that there is no responsibility of this unit. All of this is consistent with the provisions of the REGULATION FOR THE OPERATION AND ADMINISTRATION OF THE AQUEDUCT OF THE MUNICIPALITY OF ALAJUELA, Article 3, which establishes: "Article 3.- Municipal commitment. The Municipality shall timely and efficiently satisfy the basic needs for potable water provision through the direct provision of the service and always ensuring the sustainable use of water resources. The Municipality shall provide the potable water service, taking the necessary measures to ensure the operation, maintenance, adequate quality of potable water, improvements, development, investments, and debt service. It is obliged to provide said service to all owners and possessors of built properties, dedicated to work or residence of persons, located within the jurisdiction of the Central Canton of Alajuela, when the municipal system networks pass in front of the properties, and the properties comply with all the formal requirements established in national laws and municipal provisions.(...)" [...] It is confirmed with the technical criteria issued by the professional in charge that the Municipality of Alajuela does not provide the potable water service in that sector, therefore it is not a municipal competence, as argued in the reasons given by the petitioner. Furthermore, it is evident from the attached image that the shaded areas (blue) show the areas where the Municipal Aqueduct does provide service, and it can be corroborated that in Dirección14689 , the service is not provided by our Municipality, but rather by Acueductos y Alcantarillados. Additionally, through official communication No. MA-SGV-0743-2025 dated August 26, 2025, signed by Engineer Juan José Moya Argüello, Coordinator of the Road Management Sub-process, the following was stated: "I inform you that, effectively according to our records stipulated in Decree No. 40137-MOPT, published in Gazette No. 39 of Thursday, February 23, 2017, Regulation: To the First Special Law for the Transfer of Competencies: Full and Exclusive Attention of the Cantonal Road Network, I indicate to you that, regarding what was stated by Mrs. Nombre119969 , in terms of the quality of Dirección14689 in San Antonio de Alajuela, in order to have access to the potable water service, since the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados conditioned the reception of works on the project area being registered as municipal property, even though 'Dirección14689 ' had already been declared a de facto public road, I detail the following: Regarding the qualities of the road according to the legal norm (Executive Decree No. 38578-MOPT 'Manual of Technical Specifications for Carrying out the Inventory and Evaluation of the Cantonal Road Network'), however, there are other elements to evaluate that are necessary to analyze in order to adequately respond to the information needs requested. 1. In compliance with Article 1 of the General Law of Public Roads No. 5060 of August 22, 1972, the administration of the cantonal road network corresponds to the municipalities, insofar as it establishes: 'Article 1.- For the purposes of this law, public roads, according to their function -with their corresponding competent administration body- shall be classified as follows: NATIONAL ROAD NETWORK: Its administration corresponds to the Ministry of Public Works and Transport (...) CANTONAL ROAD NETWORK: Its administration corresponds to the municipalities (...)' 2. According to Executive Decree No. 40137-MOPT, Art.5. Municipal Functions for Road Management, subsection q) establishes: 'Prepare the preliminary studies, as well as the administrative resolution that, according to Construction Law No.833, must be submitted to the Municipal Council for the official declaration of public roads in the cantonal road network.' According to agreement, it was recognized or ratified as such in Ordinary Session 07-2014 of August 20, 2014, before the Cantonal Road Board. Furthermore, said road was approved and received by the Municipal Council in official communication DR-2074-SM-2014, which I transcribe: 'It is resolved to exempt from committee processing. The motion is approved, obtaining eleven positive votes, definitively approved.' 3. Directive official communication No. MA-PPCI-0815-2014, where it is established with absolute clarity that: 'if the property subject to consultation adjoins any street or road that has not been publicized by the municipal Cadastre Department as a public road, the legal nature must be consulted with the municipal Road Management Department.' 4. With the approval of Law No.8114 and No.9329, whose purpose is to transfer to local governments the resources corresponding to subsection b) of Article 5 of Law No.8114 and Article 12 of Law No.9329, for the full and exclusive attention of the cantonal road network regulated in the General Law of Public Roads, so that they are invested in the conservation and improvement of the cantonal road network, therefore the regulations established for these laws are designed to supervise that the resources invested by the local government in them do not fall on private roads. From the foregoing, it is inferred that there are de facto public roads (see opinion C-256 of 10-21-2011) in the cantonal road network that the local government has not yet codified for various reasons; (see opinion C-287 of 12-07-2017) which does not disqualify them as public roads, understanding codification as an indispensable requirement to use funds from Laws No.8114 and No.9329. 5. Analyzing the institutional needs of A y A to provide potable water service to its subscribers, it requires legal certainty of the road in question, as well as having a graphic description with plans or sketches that guarantee the public domain status (demaniabilidad) of the road and the respective municipal recognition. Representative sketch of the site design of the road under study exists in this municipality. For the purpose of concluding that the road in question known as 'Calle Morera' is a de facto public road (see opinion C-256 of 10-21-2011) that is part of the cantonal road network, the concept of registral immatriculation of the road was taken into account in accordance with Art. 44 of the Urban Planning Law No.4240. Regarding the above, Vote No. 3145-96 of the Constitutional Chamber is consistent with the concept of: -Public domain and the legal means to integrate it. -Legal regime of public roads. -The public domain presumption of assets. 'The allocation of an asset to public use can occur by law or by use, (referred to as acquisitive prescription and allocation by possession 'since time immemorial'). The demarcation of the public domain is the competence of the administrative authority, without this excluding the challenge of what is done by the Administration before a jurisdictional body. What has been said so far is aimed at pointing out that, in the Chamber's judgment, the privilege that protects public domain status (demanialidad) can and must be used by the Administration when there is no doubt about the public character of the asset involved. This means that this mechanism of exclusion must be reasonable and proportionate: reasonable in the use that the Administration must make of it, so that it is not excessive, arbitrary, or resulting in an instrument that protects the abuse of power; proportionate between the purposes fulfilled by the asset intended to be public domain and the means used by the Administration to incorporate it into that regime. An asset is presumed to be public domain when the Administration has validly acquired it to incorporate it into public service by any legal means, including the mere tolerance of the previous owner, even if said land has not been registered with such nature in the real estate registry, but subject to the existence of reliable proof that this has been the case. It is not possible to interpret that the public domain is created by unilateral decision of the Administration, regardless of the will of the owner, and even less so when the property is registered in the Public Registry of Real Property, if a prior act of voluntary conveyance, which can be approved by the Administration by any means, has not intervened; or if prior compensation has not intervened, if the property is to be acquired by compulsory means, as indicated in Article 45 of the Constitution.' In accordance with the Regulatory Plan of the Municipality of Alajuela published in La Gaceta No. 182, on September 17, 2004, regarding the width of the road under study: 'The Regulation of Public Spaces and Transportation approved with the Regulatory Plan of the canton of Alajuela in 2004 establishes a right-of-way for local streets between 10 and 14 meters; this provision refers to any NEW STREET intended to be opened after that date; the same regulation clarifies it in its Article No. 15a defining that 'Article No. 15a: Current rights-of-way are preserved independently of the hierarchy indicated in this Plan, in the proposed road system.'' The Mayor's Office, through official communication No. MA-A-3773-2025 dated August 26, 2025, signed by Lic. Luis Alonso Villalobos Molina, Advisor to the Mayor's Office, indicated that: '(...): In relation to what is denounced and contemplated in this amparo action, the Municipal Mayor's Office has had general knowledge of the following points: Starting from the fact that the street of interest has indeed been declared and recognized as public by the Municipality of Alajuela (as ratified in the current comprehensive report of official communication MA-SGV 0743-2025 from the Road Management Sub-process) with all its implications and consequences, for the purposes of interest to the petitioners and the protected parties, in the sequence of events to date, it is required that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) definitively recognize said public condition of the street, and, consequently, authorize and carry out what is necessary so that - under the pertinent mechanism - the installation of the branch for potable water service is possible, which includes, for this purpose, for example, the issuance of updated technical specifications. As part of what is described, background documents are attached reporting efforts from previous years to make improvements to said street, all of which are currently understood to be contingent upon the ICAA complying with what is indicated regarding the recognition of the legal condition of the street and concerning the specifications for the installation of the branch and other technical aspects. And based on the foregoing, in due course and with the respective means, it will be possible to elucidate matters relating to the improvements to be made. Therefore, the Mayor's Office estimates that any progress on the points raised by the petitioner depends on the ICAA adapting or adjusting - in what corresponds - its actions to what is outlined (...)'. *The bold and underlining do not correspond to the original text. With what has been indicated above, it is proven that the arguments given by the petitioner are subjective, and the Municipality does not know the reason for filing this appeal in the terms given, taking into consideration that the facts mentioned in the appeal are related to AyA and not to this Municipality. Let us remember that, although Article 27 of the Political Constitution refers to the power of every citizen to address, in writing, any public official or official entity, in order to present a matter of interest. However, that guarantee is complemented by the right to obtain a response, but the latter does not mean a favorable answer; in other words, what is guaranteed is the right to petition and not the right to obtain what is requested, even though the public official must resolve with strict adherence to the law, because the freedom of petition is based on another principle, that is, that the Administration cannot restrict the right of the governed to address public bodies. This Municipality must indicate that, even though the petitioner does not agree with the responses given by the institutions involved, the truth is that, with her statements, what she demonstrates is her discontent, discomfort, and even complete ignorance of the way this municipal entity and its respective competences function. We consider that the Municipality of Alajuela has acted in accordance with the provisions of current regulations, so there is no violation of fundamental rights or the constitutional regime. However, we consider that the petitioner files this Appeal to try to distort the information provided in her filing, but this Municipality acts under its own competences. It is demonstrated that the Municipality of Alajuela has been diligent and has carried out its own tasks pertaining to its competence; however, we reiterate, the petitioner files the amparo action to cause confusion and thereby have the Municipality condemned even though it has carried out and will continue to carry out the tasks that are of exclusive municipal competence. Under what is indicated, we consider that there is bad faith on the part of the petitioner in filing an Amparo Action in the terms set forth; furthermore, this Municipality considers that the filing of this Amparo Action is inadmissible, because the Administration HAS CARRIED OUT ITS OWN TASKS PERTAINING TO ITS COMPETENCE, for which we request that the Amparo Action be declared without merit, and that the petitioner be ordered to pay costs, since bad faith in her arguments is evident."

6.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.

Drafted by Magistrate Garro Vargas; and,

Considering:

I.- Purpose of the action. The petitioner states that, since 2014, the community of Dirección14689 in San Antonio de Alajuela has unsuccessfully sought access to the potable water service, despite having met the technical requirements and having hydrological capacity confirmed by ICAA. She claims that, even though since 2015 the road was declared public domain and the Development Committee has provided financing and repeatedly requested a technical update to execute the project, both ICAA and the Municipality of Alajuela have generated administrative obstacles that prevent the installation of the branch. She indicates that this situation has affected for years a community composed of female heads of household, older adults, minors, and persons in vulnerable conditions, who lack regular access to an essential right such as potable water. She deems that such facts violate fundamental rights, and therefore requests that the action be declared with merit and that the respondent authorities be ordered to adopt the necessary measures to execute the project in question.

II.- Proven facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent parties have omitted to refer to them as provided in the initial order:

a)   The residents of Dirección14689 , located in the district of San Antonio, Alajuela, are users of ICAA, who supply themselves with potable water through individual connections from the public network (modality known as "pajas jaladas"). These connections imply that each user laid their own pipeline from the water meter, installed on the public road, to their property, because their properties do not directly adjoin the street where the institutional distribution network runs (see the report of the respondent institute and the evidence provided to the digital case file).

b)   In 2014, the Municipality of Alajuela approved and officially recognized Dirección14689 as a public road, as recorded in Ordinary Session 07-2014 of August 20, 2014 (see the reports of the respondent municipal authorities and the evidence provided to the digital case file).

c)   In 2015, Mr. Juan Carlos Morera Vargas submitted to ICAA a request for branch extension to bring the distribution network in front of the property boundaries in Dirección14689 (see the report of the respondent institute and the evidence provided to the digital case file).

d)   In 2018, the Municipal Council of Alajuela expressed its intention to allocate a specific budget item to finance the materials required and fulfill the technical requirements of ICAA in order to execute the branch extension in Dirección14689 (see the reports of the respondent municipal authorities and the evidence provided to the digital case file).

e)   In 2019, ICAA issued two documents related to the branch extension project for Dirección14689 : Certificate No. SG-GSP-RC-2019-00110 of non-availability of potable water and sewerage services and Certificate No. SG-GSP-RC-2019-00111 of hydrological capacity for 40 housing units. Both documents are complementary and required to initiate proceedings before ICAA, according to its regulations (see the report of the respondent institute and the evidence provided to the digital case file).

f)    The project was approved by ICAA under case file FRACC-AYA-2019-220, which included works for 40 services, contemplating a potable water network, a sanitary sewerage system (in a planned condition, not in use), and stormwater works, supported by plans endorsed by CFIA. In that case file, it is also recorded that a stormwater drainage request had been approved (see the report of the respondent institute and the evidence provided to the digital case file).

g)   In a meeting held on April 7, 2022, at 11:00 a.m., between Architect Rodolfo Herrera and Engineer Juan Carlos Vindas (then director of the Central West Region of ICAA), the architect was informed that, for ICAA to be able to receive the work, it had to be built as approved (with the three systems: water, stormwater, and planned sewerage). In the event that the wastewater network was not executed, a request for exemption from the sanitary sewerage system had to be processed with the Urbanizations department of ICAA (see the report of the respondent institute and the evidence provided to the digital case file).

III.- Unproven fact. The following fact of relevance for this resolution is not deemed duly proven:

Single: That the residents of Dirección14689 , in the district of San Antonio, province of Alajuela, lack access to the potable water service, given that, according to the report of the respondent authority, the properties in that area are supplied with the liquid through the distribution network of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, via connections known as "pajas jaladas", installed from the water meters placed by said institution on the public road up to the respective properties.

IV.- Analysis on the merits. The petitioner maintains that since 2014, the community of Dirección14689 in San Antonio de Alajuela has unsuccessfully sought access to potable water service, despite meeting technical requirements and having hydrological capacity. She alleges that both ICAA and the Municipality of Alajuela have imposed administrative obstacles that prevent the installation of the branch, affecting persons in vulnerable conditions. She deems that this situation violates fundamental rights.

In this regard, it is pertinent to indicate that this Court has recognized, in its jurisprudence, that the right to health and to life are fundamental rights of the human being that depend on access to potable water, and that the competent bodies have the unavoidable responsibility to ensure that society, as a whole, does not see them diminished. Indeed, the Chamber has previously established that, as part of Constitutional Law, there is a fundamental right to the supply of potable water. Thus, in Judgment No. 03-004654 of 15:44 hours on May 27, 2003, the following was established:

"V.- The Chamber recognizes, as part of Constitutional Law, a fundamental right to potable water, derived from the fundamental rights to health, life, a healthy environment, food, and decent housing, among others, as has also been recognized in international instruments on Human Rights applicable in Costa Rica: thus, it figures explicitly in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (Art. 14) and the Convention on the Rights of the Child (Art. 24); furthermore, it is enunciated in the Cairo International Conference on Population and Development (Principle 2), and is declared in numerous other instruments of International Humanitarian Law. In our Inter-American System of Human Rights, the country is particularly obligated in this matter by the provisions of Article 11.1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights ("Protocol of San Salvador" of 1988), which establishes that:

'Article 11. Right to a healthy environment 1. Everyone shall have the right to live in a healthy environment and to have access to basic public services.'

Furthermore, recently, the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights reiterated that having water is a human right that, in addition to being essential for leading a healthy life, is a prerequisite for the realization of all other human rights.

VI.- From the above normative framework, a series of fundamental rights linked to the State's obligation to provide basic public services are derived, which imply, on the one hand, that persons cannot be illegitimately deprived of them, but that, as in the case of potable water, the ownership of a right enforceable by any individual for the State to supply them with the public service of potable water, immediately and wherever they may be, cannot be sustained; rather, in the manner provided in the Protocol of San Salvador itself, this class of rights obligates States to adopt measures, as provided in Article 1 of the same Protocol:

'The States Parties to this Additional Protocol to the American Convention on Human Rights undertake to adopt the necessary measures, both domestically and through international cooperation, especially economic and technical, to the maximum extent of their available resources and taking into account their degree of development, in order to achieve progressively, and in accordance with their domestic legislation, the full effectiveness of the rights recognized in this Protocol.'

This should also not be interpreted to mean that this fundamental right to public services lacks concrete enforceability; on the contrary, when the State must reasonably provide them, the holders of the right can demand it, and public administrations or, where appropriate, private parties that provide them in their stead, cannot shield themselves behind alleged resource shortages, which has been the secular public excuse to justify the non-fulfillment of their duties."

From the foregoing, it is inferred that the so-called fundamental right to water must be granted to all persons, which implies that all individuals have the possibility to access, under conditions of equality, potable water services, since this is essential for human life and health.

In the present matter, this Chamber does not verify the violation of the fundamental rights of the protected parties, given that, according to the report rendered under oath by ICAA, the properties located in Dirección14689 , district of San Antonio de Alajuela, are currently supplied with potable water service through individual connections, known institutionally as "pajas jaladas." As explained by the respondent authority, this modality implies that, although the main distribution network is located on a nearby public street, the users installed a pipeline from the water meters placed by ICAA to their respective properties, which has allowed them to have a water supply for years.

From this perspective, it is confirmed that the service is available and operational for the persons residing in the area, which, in principle, excludes an impact on the essential content of the fundamental right to potable water. In fact, it should be noted that the main allegation of the protected party does not refer to the non-existence of the service, but rather to the administrative difficulties that have prevented the realization of the branch extension project requested since 2015. Consequently, the discussion raised does not concern a current deprivation of the resource, but rather the institutional procedures necessary to modify the infrastructure through the execution of works that would allow the water meters to be installed directly in front of each property.

Under this understanding, the point under discussion cannot be analyzed as a matter of urgent protection of the fundamental right to water, since there is no certain and imminent threat of its impairment. On the contrary, what is debated is the legality of the administrative actions of ICAA and the Municipality of Alajuela in relation to the viability of the proposed project, which requires evaluating technical, budgetary, and normative elements that must be heard through the competent ordinary administrative or jurisdictional channels. Thus, what corresponds to this constitutional jurisdiction is to verify whether there is a current and effective violation of the fundamental rights invoked, which does not occur in this case, as access to the potable water service is maintained under the described modality.

Consequently, no transgression of the fundamental rights alleged by the protected party is accredited, for which reason the action must be dismissed, as is hereby done.

V.- Documentation provided to the case file. The parties are warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of thirty business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the "Regulation on the Electronic Case File before the Judiciary," approved by the Full Court in Session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Therefore:

The action is declared without merit.

 

 

 

 

	

Nombre137 V.

President

	

 





Paul Rueda L.

	

 

	

Luis Fdo. Salazar A.




Jorge Araya G.

	

 

	

Anamari Garro V.




Ingrid Hess H.

	

 

	

Alexandra Alvarado P.

 

 

Digitally Signed Document

-- Verification code --

[BHNQMMQVWTC61]

EXPEDIENTE N° 25-019032-0007-CO

 

Telephones: Telf46 /  (). Fax: Telf47 / Telf48. Email: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección12 , Dirección13 , 100 meters south)

South of the Perpetuo Socorro church).

 

 

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 11:17:03.

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