Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)II. INADMISIBILIDAD DEL RECURSO. La jurisprudencia de esta Sala ha resuelto que la Administración Pública no es sujeto de derechos fundamentales, sino de obligaciones constitucionales o legales, motivo por el cual el recurrente no está legitimado para accionar en esta vía a favor de la Municipalidad de Belén. Sobre el particular, esta Sala se ha pronunciado y en sentencia No. 2003015150 de las 10:52 horas del 19 de diciembre de 2003, se dispuso en los siguientes términos:
“Único: El recurrente interpone el recurso a favor de la Municipalidad de Goicoechea por cuanto el Ministro de Hacienda no gira a favor de ese gobierno local la totalidad de los fondos provenientes del impuesto único por tipo de combustible, tanto de producción nacional como importado, establecido en la Ley N° 8114 del dos de julio del dos mil dos, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias. Como ya lo ha expresado esta Sala en otras ocasiones, la Administración Pública no es sujeto de derechos fundamentales sino de obligaciones constitucionales, motivo por el cual el recurrente no está legitimado para accionar en esta vía a favor de la municipalidad que representa. Así, el hecho de que el recurrido no haya girado los fondos en cuestión a la Municipalidad de Goicoechea, no constituye violación a derecho fundamental alguno, pues la el recurrente en su carácter de funcionario público no puede considerarse titular de los derechos fundamentales que tiene un ciudadano común y corriente frente a la Administración. Se trata, entonces, de un conflicto surgido entre dos órganos públicos, ninguno de los cuales es titular de derechos fundamentales, pues, según se dijo, el Estado y sus administraciones, así como los gobiernos locales, no son titulares de derechos fundamentales, sino de obligaciones constitucionales, motivo por el cual no pueden accionar en esta vía. En consecuencia, el recurso es improcedente y así se declara”.
English (translation)II. INADMISSIBILITY OF THE APPEAL. The jurisprudence of this Chamber has established that the Public Administration is not the holder of fundamental rights but of constitutional or legal obligations, and therefore the petitioner lacks standing to bring this action on behalf of the Municipality of Belén. On this matter, this Chamber has ruled, in judgment No. 2003015150 of 10:52 a.m. on December 19, 2003, as follows:
“Sole: The petitioner brings the appeal on behalf of the Municipality of Goicoechea because the Minister of Finance does not transfer to that local government the full amount of funds from the single tax by type of fuel, both domestic and imported, established in Law No. 8114 of July 2, 2002, the Tax Simplification and Efficiency Law. As this Chamber has previously stated, the Public Administration is not the holder of fundamental rights but of constitutional obligations, and therefore the petitioner lacks standing to bring this action on behalf of the municipality he represents. Thus, the fact that the respondent has not transferred the funds in question to the Municipality of Goicoechea does not constitute a violation of any fundamental right, since the petitioner, in his capacity as a public official, cannot be considered the holder of the fundamental rights that an ordinary citizen holds against the Administration. This is, then, a conflict between two public bodies, neither of which holds fundamental rights, since, as stated, the State and its administrative bodies, as well as local governments, are not holders of fundamental rights but of constitutional obligations, and therefore they cannot bring actions under this procedure. Consequently, the appeal is unfounded and is hereby declared so.”
Inadmissible
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 29061 - 2025 Fecha de la Resolución: 09 de Setiembre del 2025 a las 09:35 Expediente: 25-026855-0007-CO Redactado por: Jorge Araya Garcia Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Texto de la resolución Exp: 25-026855-0007-CO Res. Nº 2025029061 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta y cinco minutos del nueve de setiembre de dos mil veinticinco . Recurso de amparo que se tramita en expediente número 25-026855-0007-CO, interpuesto por Nombre121009 , cédula de identidad No. CED95770, en su condición de ALCALDESA DE BELÉN contra el MINISTERIO DE SALUD. RESULTANDO 1. Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 4 de septiembre de 2025, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra el MINISTERIO DE SALUD y manifiesta que con ocasión de la emisión del Decreto Ejecutivo N.° 44974-S, la Alcaldía acudió de buena fe al despacho del señor Ricardo Morales Vargas, director interino de la Unidad Ambiental del Ministerio de Salud, con el fin de realizar mesas de trabajo los días 11 y 13 de junio de 2023. Solicita que, como autoridad rectora, resolviera de manera prioritaria en sede administrativa las dudas planteadas por la Municipalidad de Belén respecto a la aplicación de la vía de excepción del mencionado reglamento. Afirma que se planteó en fechas posteriores, por escrito, al recurrido la situación que enfrenta el gobierno local en relación con la imposibilidad material de cumplimiento del indicado decreto, en particular lo referente a la distancia máxima permitida para la disposición final de residuos sólidos. Explica que envió el oficio AMB-C-256-2025 por correo electrónico el 15 de mayo de 2025 a las 07:36 a.m., al director interino de la Unidad Ambiental. Afirma que expuso en dicho oficio la situación que enfrenta el gobierno local respecto al cumplimiento del Decreto Ejecutivo N.° 44974-S, especialmente en lo que concierne a la distancia máxima permitida para la disposición final de residuos sólidos y solicitó su pronta atención a las consultas formuladas o, en su defecto, la indicación de una fecha estimada para su debida respuesta, en virtud de que la continuidad del servicio de recolección y disposición final de residuos representa un tema de interés público y esencial para la salud de la población. Sostiene que reiteró la situación descrita mediante oficio AMB-C-272-2025, enviado por correo electrónico el 22 de mayo de 2025 a las 12:58 m.d. al señor Ricardo Morales Vargas en su condición dicha. Añade que envió el oficio AMB-C-309-2025 por correo electrónico el 12 de junio de 2025 a las 17:52 p.m., una vez conocida la anuencia del funcionario indicado para establecer una mesa de diálogo y consulta. Informa que la Municipalidad de Belén mantiene vigente el contrato adjudicado mediante el procedimiento 2021LN-000001-0002600001, denominado “Servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos del cantón de Belén”, cuya última prórroga permitida vence el 15 de diciembre de 2025 (Partida 1) y el 14 de febrero de 2026 (Partida 2), según consta en el expediente electrónico de la plataforma SICOP. Informa adicionalmente que, con el fin de garantizar la continuidad del servicio, la Municipalidad promovió el procedimiento 2025LY-000001-0002600001 en SICOP, titulado “Servicio de recolección, transporte, tratamiento, valorización y disposición final de los residuos sólidos del Cantón de Belén”, cuyo trámite se inició el 6 de marzo de 2025. Señala que la adjudicación fue acordada por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N.° 29-2025 del 20 de mayo de 2025, siendo notificada el 30 de mayo siguiente. Indica que el contrato adjudicado contempla como fecha de inicio del servicio el 15 de diciembre de 2025. Pide al accionado que se aclare la posición del Ministerio de Salud respecto a la aplicabilidad del Decreto Ejecutivo N.° 44974-S sobre este procedimiento específico, considerando que dicho decreto fue publicado con posterioridad al inicio formal del procedimiento de contratación. Señala que, en criterio de la Administración, aplicar retroactivamente nuevas disposiciones podría vulnerar la seguridad jurídica y afectar la equidad del proceso licitatorio. Indica en el citado oficio AMB-C-309-2025 que, en el marco de este proceso licitatorio, la empresa Empresas BERTHIER EBI de Costa Rica S.A. presentó su oferta indicando que utilizará como primera etapa de disposición su estación de transferencia ubicada en el Parque de Tecnología Ambiental URUKA, a 13,2 km de Belén, para posteriormente trasladar los residuos al Parque Tecnológico Ambiental El Tomatal, ubicado en Santa Rosa, Finca El Tomatal, provincia de Limón. Señala que, en su comunicación oficial del 3 de junio de 2025, la empresa indicó que su sitio en Limón cumple con todos los requisitos técnicos, ambientales y legales para la gestión de residuos sólidos. No obstante, advierte que, dado que dicho sitio supera el límite de 80 km establecido por el reciente reglamento del Ministerio de Salud, para la firma del contrato adjudicado resulta indispensable que la Municipalidad obtenga una autorización expresa de ese Ministerio que habilite dicho traslado. Continúa diciendo que: “puntualmente en el tema de la solicitud de autorización de excepción previsto en mencionado cuerpo normativo esta Alcaldía le expreso a recurrido lo siguiente: “3. Argumentos a favor de la autorización de excepción Ante este contexto, la Municipalidad de Belén expone respetuosamente los siguientes argumentos para obtener la autorización expresa de excepción a los 80km: Emergencia en materia de salubridad pública: La gestión de los residuos sólidos constituye una obligación esencial en materia de salubridad y salud pública. La actual situación plantea un conflicto entre dos bienes jurídicos: el derecho a un ambiente sano y equilibrado consagrado en el artículo 50 de la Constitución Política y el cumplimiento de un decreto reglamentario, de rango inferior, que en su aplicación estricta podría interrumpir el servicio esencial de recolección y disposición de residuos. En consecuencia, la Municipalidad se encuentra en un estado de necesidad que exige soluciones excepcionales y pragmáticas que garanticen la tutela del interés público de recolección de residuos. 3 Principio de legalidad y continuidad del proceso contractual: La Municipalidad está jurídicamente obligada a respetar y ejecutar el procedimiento de contratación pública 2025LY000001-0002600001 iniciado y adjudicado con anterioridad a la publicación del Decreto Ejecutivo N° 44974-S. Modificar las condiciones contractuales ya adjudicadas o anular el contrato implicaría una vulneración a los principios de legalidad y seguridad jurídica, que comprometerían el procedimiento administrativo y conllevaría riesgos legales para la administración al no cumplir con sus obligaciones contractuales. Imposibilidad material de cumplimiento: Es importante destacar que el cantón de Belén, situado en el centro del país, rodeado de zonas con densidad urbanística, carece actualmente de acceso a sitios de disposición final locales o perimetrales habilitados dentro del radio de 80 km. Resulta un principio de justicia fundamental que nadie está obligado a lo imposible, y en el contexto actual no existen alternativas viables que permitan dar cumplimiento al reglamento sin interrumpir la prestación del servicio esencial. Salvaguarda de la seguridad jurídica: Este Gobierno Local considera imperativo hacer valer el principio de seguridad jurídica, conforme al artículo 34 de la Constitución Política, que prohíbe la aplicación retroactiva de normas en perjuicio de derechos adquiridos. La aplicación del nuevo reglamento a un proceso ya en curso podría vulnerar no solo los derechos de la Administración, sino también los de los oferentes participantes, generando contingencias legales y administrativas. Repercutiendo a los administrados y en bienes jurídicos superiores. 4. Solicitud formal urgente Dado que el procedimiento 2025LY-000001-0002600001 solo recibió dos ofertas viables para disposición final, y que el contrato fue adjudicado a la oferta ubicada en la provincia de Limón, solicitamos se nos indique el procedimiento formal y el formato oficial del Ministerio para tramitar la solicitud de excepción por distancia y región, de conformidad con el Decreto Ejecutivo N° 44974-S. En caso de que la excepción no se pueda aplicar para el cantón de Belén por la necesidad de trasladar los residuos al Parque Tecnológico Ambiental El Tomatal, ubicado en Santa Rosa, Finca El Tomatal, provincia de Limón, en mi calidad de Alcaldesa del Cantón de Belén, y ante la evidente necesidad de contar con directrices claras, le solicitamos un pronunciamiento técnico respecto a cómo debe abordarse la aplicación del Decreto Ejecutivo N° 44974-S en este contexto, especialmente considerando que su emisión no contó con una consulta previa a los gobiernos locales y que, a la fecha, no existen las condiciones técnicas ni logísticas necesarias para su implementación, al no haber centros de disposición final dentro del radio de 80 kilómetros establecido. Ante esta situación, es fundamental contar con el acompañamiento y respaldo técnico del Ministerio de Salud, a fin de garantizar el cumplimiento de la normativa nacional sin comprometer la continuidad del servicio ni generar incumplimientos legales o contractuales. Agradeciendo de antemano su valiosa atención, quedamos atentos a su pronta respuesta” SETIMO: De nueva cuenta esta Alcaldía le realiza un nuevo recordatorio al recurrido esta vez mediante oficio AMB-C-378-2025 remitido por correo electrónico de 17 de julio de 2025 a las 8:29 a.m., denominado “Solicitud de pronto despacho” 4 Con base en lo expuesto se tiene por acreditado por parte de esta Alcaldía Municipal que el señor Ricardo Morales Vargas Director Interino de la Unidad Ambiental del Ministerio de Salud, ha lesionado el derecho de petición y acceso a la información establecido en el artículo 27 de la Constitución Política; por cuanto han transcurrido dos meses sin que se haya obtenido una respuesta oportuna a un tema de sobrado interés público”. 2. El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada. Redacta el Magistrado Araya García; y, CONSIDERANDO I. OBJETO DEL RECURSO. En el escrito de interposición, la parte accionante pretende lo siguiente: “se ordene en forma inmediata la atención de los oficios AMB-C-256-2025 de 14 de mayo, AMB-C-272-2025 de 22 de mayo, AMB-C-309-2025 de 12 de junio, AMB-C-378-2025 de 17 de julio todos del año 2025”. II. INADMISIBILIDAD DEL RECURSO. La jurisprudencia de esta Sala ha resuelto que la Administración Pública no es sujeto de derechos fundamentales, sino de obligaciones constitucionales o legales, motivo por el cual el recurrente no está legitimado para accionar en esta vía a favor de la Municipalidad de Belén. Sobre el particular, esta Sala se ha pronunciado y en sentencia No. 2003015150 de las 10:52 horas del 19 de diciembre de 2003, se dispuso en los siguientes términos: “Único: El recurrente interpone el recurso a favor de la Municipalidad de Goicoechea por cuanto el Ministro de Hacienda no gira a favor de ese gobierno local la totalidad de los fondos provenientes del impuesto único por tipo de combustible, tanto de producción nacional como importado, establecido en la Ley N° 8114 del dos de julio del dos mil dos, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias. Como ya lo ha expresado esta Sala en otras ocasiones, la Administración Pública no es sujeto de derechos fundamentales sino de obligaciones constitucionales, motivo por el cual el recurrente no está legitimado para accionar en esta vía a favor de la municipalidad que representa. Así, el hecho de que el recurrido no haya girado los fondos en cuestión a la Municipalidad de Goicoechea, no constituye violación a derecho fundamental alguno, pues la el recurrente en su carácter de funcionario público no puede considerarse titular de los derechos fundamentales que tiene un ciudadano común y corriente frente a la Administración. Se trata, entonces, de un conflicto surgido entre dos órganos públicos, ninguno de los cuales es titular de derechos fundamentales, pues, según se dijo, el Estado y sus administraciones, así como los gobiernos locales, no son titulares de derechos fundamentales, sino de obligaciones constitucionales, motivo por el cual no pueden accionar en esta vía. En consecuencia, el recurso es improcedente y así se declara”. En consecuencia, el recurso de amparo debe ser rechazado de plano, sin demérito que la parte accionante cuestione en las vías ordinarias lo que aquí acusa. III. Voto salvado del magistrado Rueda Leal. En el sub lite, de la lectura del escrito de interposición se desprende que la alcaldesa de Belén acude en amparo a favor de los munícipes de su comunidad y por un tema ambiental. En ese sentido, apunta que: “comparece en defensa de sus derechos fundamentales y los del interés general, dado que: • El uso de fuentes públicas de agua y espacios comunes se ve afectado por la contaminación continúa generada por los vertidos mencionados. • Existe un riesgo cierto e inminente a la salud y bienestar humano por la presencia de nutrientes como nitrógeno y fósforo, los cuales contribuyen a la eutrofización, pérdida de oxígeno, proliferación de algas y deterioro de los cuerpos de agua”. En consecuencia, estimo que se requiere de más elementos de conocimiento a los efectos de comprobar o descartar si en la especie acaeció alguna lesión a los derechos fundamentales de la parte amparada que amerite la intervención de este Tribunal, en relación con una eventual lesión al artículo 50 de la Constitución Política. De ahí que salvo el voto y dispongo cursar el recurso. IV. DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Debe prevenir esta Sala a las partes que de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. POR TANTO: Se rechaza de plano el recurso. El magistrado Rueda Leal salva el voto y dispone cursar el amparo. Paul Rueda L. Presidente a.i Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Nombre5659 H. Alexandra Alvarado P. Nombre5274 N. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- BNMWUJMFOFI61 EXPEDIENTE N° 25-026855-0007-CO Teléfonos: Telf46 / (). Fax: Telf47 / Telf48. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección12 , Dirección13 , 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:17:52. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Grande Normal Pequeña Constitutional Chamber Resolution No. 29061 - 2025 Resolution Date: September 9, 2025, at 9:35 a.m. Expediente: 25-026855-0007-CO Drafted by: Jorge Araya Garcia Type of Matter: Amparo proceeding Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER Resolution Text Exp: 25-026855-0007-CO Res. No. 2025029061 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours thirty-five minutes on the ninth of September, two thousand twenty-five. Amparo proceeding processed in expediente number 25-026855-0007-CO, filed by Nombre121009, identity card No. CED95770, in her capacity as MAYOR OF BELÉN, against the MINISTRY OF HEALTH. RESULTANDO 1. By brief received in the Secretariat of the Chamber on September 4, 2025, the petitioner files an amparo proceeding against the MINISTRY OF HEALTH and states that on the occasion of the issuance of Executive Decree No. 44974-S, the Mayor's Office approached the office of Mr. Ricardo Morales Vargas, interim director of the Environmental Unit of the Ministry of Health, in good faith, in order to hold working sessions on June 11 and 13, 2023. She requests that, as the governing authority, he resolve on a priority basis in the administrative venue the questions raised by the Municipality of Belén regarding the application of the exception pathway of the aforementioned regulation. She affirms that she later presented in writing to the respondent the situation facing the local government concerning the material impossibility of complying with the indicated decree, particularly regarding the maximum distance allowed for the final disposal of solid waste. She explains that she sent official communication AMB-C-256-2025 by email on May 15, 2025, at 7:36 a.m., to the interim director of the Environmental Unit. She affirms that in said communication she set forth the situation the local government faces regarding compliance with Executive Decree No. 44974-S, especially concerning the maximum distance allowed for the final disposal of solid waste, and requested prompt attention to the queries raised or, failing that, an indication of an estimated date for a proper response, given that the continuity of the solid waste collection and final disposal service represents a matter of public interest and is essential to the health of the population. She maintains that she reiterated the situation described via official communication AMB-C-272-2025, sent by email on May 22, 2025, at 12:58 p.m. to Mr. Ricardo Morales Vargas in his said capacity. She adds that she sent official communication AMB-C-309-2025 by email on June 12, 2025, at 5:52 p.m., once the indicated official's consent to establish a dialogue and consultation table was known. She reports that the Municipality of Belén maintains in force the contract awarded through procedure 2021LN-000001-0002600001, called "Service for the collection, transport, treatment and final disposal of solid waste from the canton of Belén," whose last allowed extension expires on December 15, 2025 (Item 1) and February 14, 2026 (Item 2), as recorded in the electronic file of the SICOP platform. She additionally reports that, in order to guarantee the continuity of the service, the Municipality promoted procedure 2025LY-000001-0002600001 in SICOP, entitled "Service for the collection, transport, treatment, valorization and final disposal of solid waste from the Canton of Belén," whose process began on March 6, 2025. She indicates that the award was agreed upon by the Municipal Council in Ordinary Session No. 29-2025 of May 20, 2025, and was notified on May 30 following. She indicates that the awarded contract contemplates December 15, 2025, as the service start date. She asks the respondent to clarify the position of the Ministry of Health regarding the applicability of Executive Decree No. 44974-S to this specific procedure, considering that said decree was published after the formal start of the procurement procedure. She notes that, in the Administration's judgment, retroactively applying new provisions could violate legal certainty and affect the equity of the bidding process. She indicates in the cited official communication AMB-C-309-2025 that, within the framework of this bidding process, the company Empresas BERTHIER EBI de Costa Rica S.A. submitted its offer indicating that it will use its transfer station located in the Parque de Tecnología Ambiental URUKA, 13.2 km from Belén, as a first disposal stage, to subsequently transfer the waste to the Parque Tecnológico Ambiental El Tomatal, located in Santa Rosa, Finca El Tomatal, Limón Province. She notes that, in its official communication of June 3, 2025, the company indicated that its site in Limón meets all technical, environmental, and legal requirements for solid waste management. However, she warns that, given that said site exceeds the 80 km limit established by the recent Ministry of Health regulation, it is essential for the signing of the awarded contract that the Municipality obtain express authorization from that Ministry enabling said transport. She continues stating that: "specifically on the issue of the request for exception authorization provided for in the aforementioned regulatory body, this Mayor's Office expressed to the respondent the following: '3. Arguments in favor of the exception authorization In this context, the Municipality of Belén respectfully sets forth the following arguments to obtain express authorization for the exception to the 80km limit: Public health emergency: Solid waste management constitutes an essential obligation in matters of public health and safety. The current situation raises a conflict between two legal interests: the right to a healthy and balanced environment enshrined in Article 50 of the Political Constitution and compliance with a regulatory decree, of lower rank, whose strict application could interrupt the essential service of waste collection and disposal. Consequently, the Municipality finds itself in a state of necessity requiring exceptional and pragmatic solutions that guarantee the protection of the public interest of waste collection. 3 Principle of legality and continuity of the contractual process: The Municipality is legally obligated to respect and execute public procurement procedure 2025LY000001-0002600001, initiated and awarded prior to the publication of Executive Decree No. 44974-S. Modifying already awarded contractual conditions or annulling the contract would imply a violation of the principles of legality and legal certainty, which would compromise the administrative procedure and entail legal risks for the administration by failing to fulfill its contractual obligations. Material impossibility of compliance: It is important to highlight that the canton of Belén, located in the center of the country, surrounded by areas of urban density, currently lacks access to local or perimeter final disposal sites enabled within the 80 km radius. It is a fundamental principle of justice that no one is obliged to do the impossible, and in the current context, no viable alternatives exist that would allow compliance with the regulation without interrupting the provision of the essential service. Safeguarding of legal certainty: This Local Government considers it imperative to assert the principle of legal certainty, pursuant to Article 34 of the Political Constitution, which prohibits the retroactive application of norms to the detriment of acquired rights. The application of the new regulation to a process already underway could violate not only the rights of the Administration, but also those of the participating bidders, generating legal and administrative contingencies. Impacting the administered parties and superior legal interests. 4. Urgent formal request Given that procedure 2025LY-000001-0002600001 received only two viable offers for final disposal, and that the contract was awarded to the offer located in Limón Province, we request that you inform us of the formal procedure and the Ministry's official format to process the request for exception by distance and region, in accordance with Executive Decree No. 44974-S. In the event that the exception cannot be applied to the canton of Belén due to the need to transport the waste to the Parque Tecnológico Ambiental El Tomatal, located in Santa Rosa, Finca El Tomatal, Limón Province, in my capacity as Mayor of the Canton of Belén, and in view of the evident need for clear directives, we request a technical pronouncement regarding how the application of Executive Decree No. 44974-S should be addressed in this context, especially considering that its issuance did not include prior consultation with local governments and that, to date, the necessary technical and logistical conditions for its implementation do not exist, as there are no final disposal centers within the established 80-kilometer radius. In this situation, it is fundamental to have the technical support and backing of the Ministry of Health, in order to guarantee compliance with national regulations without compromising the continuity of the service or generating legal or contractual breaches. Thanking you in advance for your valuable attention, we await your prompt response.' SEVENTH: Once again, this Mayor's Office sends a new reminder to the respondent, this time via official communication AMB-C-378-2025, sent by email on July 17, 2025, at 8:29 a.m., called 'Request for expedited processing' 4 Based on the foregoing, it is deemed accredited by this Municipal Mayor's Office that Mr. Ricardo Morales Vargas, Interim Director of the Environmental Unit of the Ministry of Health, has injured the right of petition and access to information established in Article 27 of the Political Constitution; given that two months have elapsed without obtaining a timely response to a matter of ample public interest." 2. Article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction empowers the Chamber to reject outright or on the merits, at any time, even from its filing, any petition submitted to its knowledge that proves to be manifestly inadmissible, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is a simple reiteration or reproduction of a previously rejected equal or similar petition. Drafted by Magistrate Araya García; and, CONSIDERANDO I. PURPOSE OF THE PROCEEDING. In the filing brief, the petitioner seeks the following: "that immediate processing of official communications AMB-C-256-2025 of May 14, AMB-C-272-2025 of May 22, AMB-C-309-2025 of June 12, AMB-C-378-2025 of July 17, all of the year 2025, be ordered." II. INADMISSIBILITY OF THE PROCEEDING. The jurisprudence of this Chamber has resolved that the Public Administration is not a subject of fundamental rights, but rather of constitutional or legal obligations, which is why the petitioner lacks standing to bring action in this venue on behalf of the Municipality of Belén. On this matter, this Chamber has pronounced itself, and in judgment No. 2003015150 of 10:52 hours on December 19, 2003, it was ordered in the following terms: "Single: The petitioner files the proceeding on behalf of the Municipality of Goicoechea because the Minister of Finance does not transfer to that local government the entirety of the funds from the single tax per type of fuel, both nationally produced and imported, established in Law No. 8114 of July 2, two thousand two, the Tax Simplification and Efficiency Law. As this Chamber has expressed on other occasions, the Public Administration is not a subject of fundamental rights but of constitutional obligations, which is why the petitioner lacks standing to bring action in this venue on behalf of the municipality he represents. Thus, the fact that the respondent has not transferred the funds in question to the Municipality of Goicoechea does not constitute a violation of any fundamental right, since the petitioner in his capacity as a public official cannot be considered the holder of the fundamental rights that an ordinary citizen has against the Administration. This is, then, a conflict arising between two public bodies, neither of which is a holder of fundamental rights, since, as stated, the State and its administrations, as well as local governments, are not holders of fundamental rights, but of constitutional obligations, which is why they cannot bring action in this venue. Consequently, the proceeding is inadmissible, and it is so declared." Consequently, the amparo proceeding must be rejected outright, without prejudice to the petitioner's ability to challenge what she accuses here in ordinary venues. III. Dissenting vote of Magistrate Rueda Leal. In the sub lite case, from reading the filing brief, it is evident that the Mayor of Belén petitions in amparo on behalf of the residents of her community and for an environmental issue. In that sense, she notes that: "she appears in defense of their fundamental rights and those of the general interest, given that: • The use of public water sources and common spaces is affected by the continuous contamination generated by the mentioned discharges. • There is a certain and imminent risk to human health and well-being from the presence of nutrients such as nitrogen and phosphorus, which contribute to eutrophication, loss of oxygen, algae proliferation, and deterioration of water bodies." Consequently, I believe that more elements of knowledge are required in order to verify or rule out whether in this instance any injury occurred to the fundamental rights of the protected party that merits the intervention of this Tribunal, in relation to a possible injury to Article 50 of the Political Constitution. Hence, I cast a dissenting vote and order that the proceeding be processed. IV. DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. This Chamber must warn the parties that if any documents on paper, as well as objects or evidence supported by any additional device, or by electronic, computer, magnetic, optical, telematic means or produced by new technologies, have been provided, they must be retrieved from the office within a period of 30 business days after receiving notification of this judgment; otherwise, all such items will be destroyed in accordance with what is established in the "Regulations on the Electronic Expediente before the Judicial Branch," approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI. POR TANTO: The proceeding is rejected outright. Magistrate Rueda Leal casts a dissenting vote and orders that the amparo be processed. Paul Rueda L. President a.i Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Nombre5659 H. Alexandra Alvarado P. Nombre5274 N. Digitally Signed Document -- Verification Code -- BNMWUJMFOFI61 EXPEDIENTE No. 25-026855-0007-CO Telephones: Telf46 / (). Fax: Telf47 / Telf48. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección12 , Dirección13 , 100 meters south of the Perpetuo Socorro church). This is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 11:17:52. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República