Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Con la presente gestión, el interesado sostiene que debe ampliarse la sentencia dictada en el proceso de amparo del cantón de Naranjo al cantón de Alajuela. Sin embargo, esta Cámara estima que dicha pretensión resulta improcedente por varias razones. En primer lugar, debe recordarse que la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en sus artículos 33 y 34, establece un marco amplio de legitimación activa para interponer un recurso de amparo o para intervenir como coadyuvante, siempre que se demuestre la existencia de un interés legítimo y directo en el resultado del proceso. No obstante, la intervención de terceros debe producirse en un momento procesal oportuno, es decir, antes del dictado de la sentencia, de modo que el Tribunal pueda ponderar efectivamente sus alegaciones y garantizar el principio de contradicción. Una vez que la sentencia adquiere firmeza, la posibilidad de intervenir queda clausurada, pues lo contrario implicaría reabrir un debate ya resuelto y, en consecuencia, vaciar de contenido la cosa juzgada constitucional.
En segundo lugar, la naturaleza del proceso de amparo exige una protección inmediata, directa y eficaz de los derechos fundamentales en relación con los hechos denunciados y respecto de las partes que intervinieron en el proceso. No corresponde, entonces, extender sus efectos de manera general o abstracta a situaciones o sujetos que no fueron debidamente incorporados al expediente en la etapa procesal correspondiente, para lo anterior, deberá la parte interesada gestionar ante las vías administrativas o jurisdiccionales correspondientes. Así suponer tal extensión equivaldría a desnaturalizar el carácter subjetivo del proceso de amparo constitucional, que si bien puede generar efectos erga omnes, esto no habilita a que personas ajenas al proceso intenten, con posterioridad, beneficiarse de un fallo sin haber ejercido oportunamente su derecho de participación procesal.
En tercer lugar, admitir la gestión del interesado implicaría desconocer el principio de seguridad jurídica y el valor de la firmeza de las resoluciones de esta Sala, pilares esenciales del orden constitucional costarricense, soslayando la cosa juzgada constitucional. Como ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia, la sola disconformidad con el contenido de una sentencia, o el afán de obtener una extensión subjetiva o territorial de sus efectos, no constituye causa válida para habilitar una gestión extemporánea.
English (translation)With the present motion, the interested party argues that the judgment handed down in the Naranjo canton amparo proceeding must be extended to the Alajuela canton. However, this Chamber considers that such claim is inadmissible for several reasons. First, it must be recalled that the Constitutional Jurisdiction Law, in articles 33 and 34, establishes a broad framework of active standing to file an amparo remedy or to intervene as a coadjuvant, provided the existence of a legitimate and direct interest in the outcome of the proceedings is demonstrated. Nevertheless, third-party intervention must occur at an opportune procedural stage, that is, before the judgment is delivered, so that the Court may effectively weigh their allegations and guarantee the adversarial principle. Once the judgment becomes final, the possibility of intervening is closed, since the contrary would imply reopening an already resolved debate and, consequently, emptying constitutional res judicata of its content.
Second, the nature of the amparo proceeding requires immediate, direct, and effective protection of fundamental rights in relation to the denounced facts and with respect to the parties who intervened in the proceedings. It is not appropriate, then, to extend its effects in a general or abstract manner to situations or subjects who were not duly incorporated into the case file at the corresponding procedural stage; for this, the interested party must file a claim through the appropriate administrative or jurisdictional channels. To assume such an extension would be to denature the subjective character of the constitutional amparo proceeding, which, although it may generate erga omnes effects, does not enable persons outside the proceedings to subsequently attempt to benefit from a ruling without having timely exercised their right to procedural participation.
Third, to admit the interested party's motion would imply disregarding the principle of legal certainty and the value of the finality of this Chamber's resolutions, essential pillars of the Costa Rican constitutional order, bypassing constitutional res judicata. As case law has repeatedly held, mere disagreement with the content of a judgment, or a desire to obtain a subjective or territorial extension of its effects, does not constitute valid grounds to enable an untimely motion.
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Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 29174 - 2025 Fecha de la Resolución: 12 de Setiembre del 2025 a las 10:25 Expediente: 23-024390-0007-CO Redactado por: Alexandra Alvarado Paniagua Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Texto de la resolución Exp: 23-024390-0007-CO Res. Nº 2025029174 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas veinticinco minutos del doce de setiembre de dos mil veinticinco . Gestión posterior, interpuesta por [Nombre 001], en el recurso de amparo promovido por [Nombre 002], cédula de identidad [Valor 001], [Nombre 003], cédula de identidad [Valor 002], contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA) y el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA. Resultando: 1.- Mediante memorial presentado el 01 y 03 de septiembre de 2025, el señor [Nombre 001], aduce que le asiste un interés difuso en relación con lo resuelto en este proceso y poder exigir la ejecución integral del fallo en relación con otros cantones. Concretamente señala que su interés en el cumplimiento del cronograma de actualización de los registros nacionales de fuentes de agua, destacando su impacto en el cantón de Alajuela. Argumenta, que el cronograma publicado por la Dirección de Agua (27/07/2025) parecía limitado al cantón de Naranjo; sin embargo, tras su consulta, la Dirección confirmó que debe aplicarse a nivel nacional, aunque condicionado a la disponibilidad de recursos, lo cual considera inaceptable dado el carácter prioritario del tema. Advierte sobre la necesidad de corregir también deficiencias en los registros y concesiones de pozos, y recalca que la información validada y georreferenciada de nacientes debe incorporarse en el Plan Regulador de Alajuela. Subraya la falta de coordinación entre actores (ASADAS, AyA, municipalidades, SENARA, SINAC, SETENA) y la importancia de criterios claros sobre captación y concesiones. Por lo anterior, solicita a la Sala valorar sus observaciones en el proceso de seguimiento para que las instituciones ejecuten una solución integral y no supeditada a recursos. 2.- En la sustanciación de este proceso se han observado las prescripciones de ley. Redacta la Magistrada Alvarado Paniagua; y, Considerando: I.- El artículo 12 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece que las sentencias que dicte la Sala podrán ser aclaradas o adicionadas, a petición de parte, si se solicitare dentro de tercero día, y de oficio en cualquier tiempo, incluso en los procedimientos de ejecución, en la medida en que sea necesario para dar cabal cumplimiento al contenido del fallo. Debe recordarse, además, que las adiciones y aclaraciones de una sentencia proceden, únicamente, para complementarla en caso de que alguno de los puntos debatidos no hubiera sido fallado, o para explicar los alcances de lo que en el fallo pudiera haber quedado confuso, por haberse utilizado términos oscuros o ambiguos, tornándose en incomprensible lo resuelto y en consecuencia, de imposible cumplimiento (En ese sentido ver sentencias número 1996-91 de las quince horas veinte minutos del ocho de octubre de mil novecientos noventa y uno y 3015-92 de las quince horas tres minutos del nueve de octubre de 1992 entre otras). II.- SOBRE LA GESTIÓN PLANTEADA. En reiterada y uniforme jurisprudencia, esta Cámara ha indicado que quienes no figuren como parte en un proceso carecen de legitimación para actuar ante este Tribunal. De esta manera, se ha indicado: “El gestionante pretende que la Sala dimensione los efectos de la resolución de curso de esta acción de inconstitucionalidad a efecto de que en su caso concreto se suspenda el pago de una pensión alimentaria provisional. Luego de analizar los autos, la Sala determina que el señor [Nombre62 002] no figura como parte en este proceso y tampoco se observa que acredite la legítima representación de alguna de las partes. Por ese motivo, se establece que el gestionante carece de legitimación para actuar ante este Tribunal en este proceso de control de constitucionalidad. En consecuencia, se debe desestimar la gestión planteada (ver, en similar sentido, las resoluciones interlocutorias de esta Sala números 2021-025928, 2022-005558 y 2022-009348) (ver sentencia No. 2023028963 de las 09:20 horas del 08 de noviembre de 2023). “En el escrito presentado el 9 de enero de 2015, el señor (…) cuestiona la veracidad de los informes rendidos por las autoridades recurridas. Ahora bien, dado que el gestionante no figura como parte dentro del presente asunto, resulta improcedente que esta Sala entre a conocer el documento de cita, por lo que lo procedente es desestimarlo.” (ver sentencia No. 2015000429 de las 15:05 horas dl 13 de enero de 2015). “En la gestión presentada el 17 de diciembre de 2015, el señor Granados Granados acusa desobediencia a lo orden dada por la Sala en el caso en estudio, no obstante, resulta improcedente tramitar dicha petición, toda vez que el gestionante no figura como parte en el presente asunto. Por lo anterior, la solicitud debe ser desestimada.” (ver sentencia No. 2016000002 de las 14:30 horas del 12 de enero de 2016). “La presente gestión es improcedente, no sólo porque contra las sentencias, autos o providencias de la jurisdicción constitucional no cabe recurso alguno, sino además porque quien la presenta no figura como parte en este asunto. Por otra parte, consta en la sentencia recaída en este asunto que para la votación del presente asunto se tomó en consideración toda la prueba allegada al expediente y las manifestaciones de las partes hasta ese momento, incluyendo el memorial suscrito por el recurrente y recibido el quince de julio del año en curso, visible a folio 126.” (ver sentencia No. 015878-2005 de las 16:04 horas del 22 de noviembre de 2005). “Del memorial de interposición del presente recurso de amparo, se desprende que la gestionante no figura como parte principal en este procedimiento jurisdiccional. Ello, sin duda alguna, determina la improcedencia de su gestión, por cuanto no se encuentra legitimada para promoverla. Cabe agregar que la Sala no se encuentra facultada para contestar en abstracto las consultas promovidas por los particulares, por lo que este Tribunal Constitucional no debe emitir pronunciamiento sobre los puntos consultados por la promovente.” (ver sentencia No. 2001-03240 de las 08:38 horas del 27 de abril de 2001). Finalmente, tratándose de un proceso de amparo en materia ambiental, este Tribunal ha sostenido la misma tesis (ya indicadas parcialmente en párrafos anteriores), en relación con las personas que gestionen en un proceso de amparo sin haberse constituido formalmente como parte. De esta manera indicó: “1.- Mediante resolución interlocutoria Nº 2014-019359 de las 9:05 horas del 28 de noviembre de 2014, este Tribunal ordenó a Luis Guillermo Solís Rivera, en su condición de Presidente de la República y superior jerárquico del Ministro accionado, abrir en el plazo de 48 horas contado a partir de la notificación de esta resolución, un procedimiento administrativo disciplinario a Edgar Gutiérrez Espeleta, en su condición de Ministro de Ambiente y Energía, por incumplir con las órdenes de este Tribunal en la sentencia Nº 2008-12109 de las 15:16 horas del 5 de agosto de 2008. 2.- Por escrito recibido en Secretaría de la Sala a las 13:49 horas del 5 de enero de 2015, Édgar Gutiérrez Espeleta, en su condición de Ministro de Ambiente y Energía, solicita, entre otros extremos, que se reconsidere de oficio la sentencia Nº 2014-019359 de las 9:05 horas del 28 de noviembre de 2014. (…) I.- Sobre la potestad de esta jurisdicción para anular sentencias. De conformidad con el artículo 11 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, no cabe recurso alguno contra las sentencias, autos o providencias emitidas por esta Sala. Sin embargo, lo anterior no significa que los pronunciamientos sean inmodificables, ya que en caso de mediar error grave de hecho o de derecho es posible variar la sentencia. En ese sentido, en la sentencia número 2000-4951 de las 16:37 horas del 27 de junio de 2000, este Tribunal explicó “[…] la Sala ha establecido en reiterada jurisprudencia que cuando ha existido un error en la apreciación de los hechos, está autorizada para modificar sus resoluciones, refiriéndose a una "facultad de anular sus propias sentencias, ante la evidencia de manifiestas nulidades en perjuicio de los derechos fundamentales de los justiciables" (resolución número 125-92, y en el mismo sentido, la 935-94). En efecto, mediante sentencia N° 331-91 se dispuso que "El artículo 11 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional dispone que en esta vía, no hay recurso contra las sentencias, autos o providencias que se dicten, pero es también lo cierto que esta Sala y su jurisdicción, únicamente están sometidas a la Constitución Política y a la ley y ello implica desde luego, a los principios generales del Derecho Constitucional, dentro de los cuales debe entenderse incluido el que los fallos que dicta un tribunal en única instancia, puedan ser anulados por éste, cuando se trata de corregir graves errores en la apreciación de los hechos, que depara perjuicio para las partes involucradas…" (véase también la resolución número 1028-92). Esta potestad de la Sala debe ser correctamente entendida, en el sentido de que la simple inconformidad de la parte actora con el razonamiento vertido en la resolución, no puede dar lugar a nuevas gestiones recursivas con la finalidad de que la Sala revalore sus argumentos –lo que es propio de los recursos ordinarios que existen en materia procesal-, sino que, sólo en la hipótesis de que el Tribunal llegue a constatar que se cometió un grosero error al apreciar los hechos discutidos o se dejaron de tomar en cuenta otros que estaban debidamente acreditados en el expediente al momento de dictar la correspondiente sentencia, tal circunstancia puede dar lugar, en casos muy calificados, a una anulación del fallo originalmente dictado, pues no sería admisible propiciar una clara denegación de justicia para el recurrente, cuando es precisamente ese alto valor el que esta Sala está llamada a defender.” II.- En el sub examine, este Tribunal acredita de oficio que el gestionante que interpuso el escrito de desobediencia que motivó la resolución interlocutoria Nº 2014-019359 de las 9:05 horas del 28 de noviembre de 2014, sea Mario Ramírez Corrales, portador de la cédula de identidad 1-0199-0929, no se encontraba legitimado para estos efectos, en cuanto no figura como parte procesal dentro de este expediente. En mérito de lo anterior, no resultaba procedente entrar a conocer la desobediencia acusada. De conformidad con lo expuesto, lo pertinente es anular la sentencia Nº 2014-019359 de las 9:05 horas del 28 de noviembre de 2014, mediante la que se resolvió la gestión posterior incoada por Mario Ramírez Corrales. En su lugar, se dispone únicamente: No ha lugar a la gestión formulada.” (ver sentencia No. 2015000741 de las 14:30 horas del 20 de enero de 2015). De igual manera, el ordinal 34 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional es claro al indicar que: “El recurso se dirigirá contra el servidor o el titular del órgano que aparezca como presunto autor del agravio. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, se tendrá por establecido el amparo contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en sentencia. De ignorarse la identidad del servidor, el recurso se tendrá por establecido contra el jerarca. Se tendrá también como parte al tercero que derivare derechos subjetivos de la norma o del acto que cause el proceso de amparo. Además, quien tuviere un interés legítimo en el resultado del recurso podrá apersonarse e intervenir en él como coadyuvante del actor o del demandado.” (El destacado no es parte del original) Con la presente gestión, el interesado sostiene que debe ampliarse la sentencia dictada en el proceso de amparo del cantón de Naranjo al cantón de Alajuela. Sin embargo, esta Cámara estima que dicha pretensión resulta improcedente por varias razones. En primer lugar, debe recordarse que la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en sus artículos 33 y 34, establece un marco amplio de legitimación activa para interponer un recurso de amparo o para intervenir como coadyuvante, siempre que se demuestre la existencia de un interés legítimo y directo en el resultado del proceso. No obstante, la intervención de terceros debe producirse en un momento procesal oportuno, es decir, antes del dictado de la sentencia, de modo que el Tribunal pueda ponderar efectivamente sus alegaciones y garantizar el principio de contradicción. Una vez que la sentencia adquiere firmeza, la posibilidad de intervenir queda clausurada, pues lo contrario implicaría reabrir un debate ya resuelto y, en consecuencia, vaciar de contenido la cosa juzgada constitucional. En segundo lugar, la naturaleza del proceso de amparo exige una protección inmediata, directa y eficaz de los derechos fundamentales en relación con los hechos denunciados y respecto de las partes que intervinieron en el proceso. No corresponde, entonces, extender sus efectos de manera general o abstracta a situaciones o sujetos que no fueron debidamente incorporados al expediente en la etapa procesal correspondiente, para lo anterior, deberá la parte interesada gestionar ante las vías administrativas o jurisdiccionales correspondientes. Así suponer tal extensión equivaldría a desnaturalizar el carácter subjetivo del proceso de amparo constitucional, que si bien puede generar efectos erga omnes, esto no habilita a que personas ajenas al proceso intenten, con posterioridad, beneficiarse de un fallo sin haber ejercido oportunamente su derecho de participación procesal. En tercer lugar, admitir la gestión del interesado implicaría desconocer el principio de seguridad jurídica y el valor de la firmeza de las resoluciones de esta Sala, pilares esenciales del orden constitucional costarricense, soslayando la cosa juzgada constitucional. Como ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia, la sola disconformidad con el contenido de una sentencia, o el afán de obtener una extensión subjetiva o territorial de sus efectos, no constituye causa válida para habilitar una gestión extemporánea. El cauce adecuado para la defensa de eventuales derechos o intereses en supuestos distintos, como lo sería la situación alegada respecto del cantón de Alajuela, corresponde a la interposición de un nuevo recurso en los términos y plazos previstos por la ley, no a la formulación de una ampliación sobre un proceso ya concluido. En razón de lo anterior, esta Sala concluye que la gestión planteada carece de fundamento jurídico y procesal, y que, en consecuencia, lo procedente es desestimar la gestión, tal y como se dispone en la parte dispositiva de esta resolución. POR TANTO: No ha lugar a la gestión formulada. Notifíquese. Fernando Castillo V. Presidente Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Alexandra Alvarado P. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- KXGFCDCAKGQ61 EXPEDIENTE N° 23-024390-0007-CO Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:18:01. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Sala Constitucional Resolution No. 29174 - 2025 Resolution Date: September 12, 2025, at 10:25 a.m. Expediente: 23-024390-0007-CO Drafted by: Alexandra Alvarado Paniagua Type of Matter: recurso de amparo Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL Judgment with protected data, in accordance with current regulations Text of the resolution Exp: 23-024390-0007-CO Res. No. 2025029174 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at ten hours twenty-five minutes on September twelfth, two thousand twenty-five. Post-judgment proceeding (Gestión posterior), filed by [Name 001], in the recurso de amparo brought by [Name 002], identity card [Value 001], [Name 003], identity card [Value 002], against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA) and the MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA. Resultando: 1.- By means of a brief filed on September 1 and 3, 2025, Mr. [Name 001] alleges that he has a diffuse interest (interés difuso) in relation to what was decided in this proceeding and in being able to demand the full enforcement of the judgment in relation to other cantons. Specifically, he indicates his interest in compliance with the schedule for updating the national registries of water sources, highlighting its impact on the canton of Alajuela. He argues that the schedule published by the Dirección de Agua (07/27/2025) appeared limited to the canton of Naranjo; however, following his inquiry, the Dirección confirmed that it must be applied nationally, although conditional upon the availability of resources, which he considers unacceptable given the priority nature of the matter. He warns about the need to also correct deficiencies in the registries and concessions of wells, and stresses that validated and georeferenced information on springs (nacientes) must be incorporated into the Plan Regulador of Alajuela. He underscores the lack of coordination among actors (ASADAS, AyA, municipalities, SENARA, SINAC, SETENA) and the importance of clear criteria on abstraction and concessions. For the foregoing reasons, he asks the Sala to assess his observations in the monitoring process so that the institutions execute a comprehensive solution that is not contingent on resources. 2.- In the processing of this proceeding, the legal requirements have been observed. Drafted by Magistrate Alvarado Paniagua; and, Considerando: I.- Article 12 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional establishes that judgments issued by the Sala may be clarified or supplemented, upon request of a party, if requested within three days, and by the court's own motion at any time, even in enforcement proceedings, to the extent necessary to give full compliance to the content of the judgment. It must also be recalled that additions and clarifications to a judgment are appropriate only to supplement it in the event that any of the debated points had not been adjudicated, or to explain the scope of anything in the judgment that may have remained confusing, because obscure or ambiguous terms were used, rendering what was decided incomprehensible and consequently impossible to comply with (In this regard, see judgments number 1996-91 of fifteen hours twenty minutes on October eighth, nineteen ninety-one, and 3015-92 of fifteen hours three minutes on October ninth, 1992, among others). II.- ON THE PROCEEDING FILED. In reiterated and uniform jurisprudence, this Chamber has indicated that those who do not appear as a party in a proceeding lack standing (legitimación) to act before this Tribunal. Thus, it has been stated: "The petitioner seeks that the Sala dimension the effects of the interlocutory ruling in this acción de inconstitucionalidad so that, in his specific case, the payment of a provisional alimony is suspended. After reviewing the case file, the Sala determines that Mr. [Name62 002] does not appear as a party in this proceeding, nor is it observed that he proves the legitimate representation of any of the parties. For this reason, it is established that the petitioner lacks standing to act before this Tribunal in this constitutional control proceeding. Consequently, the proceeding filed must be dismissed (see, in similar vein, the interlocutory rulings of this Sala numbers 2021-025928, 2022-005558 and 2022-009348) (see judgment No. 2023028963 of 09:20 hours on November 8, 2023). "In the brief filed on January 9, 2015, Mr. (...) questions the veracity of the reports rendered by the respondent authorities. Now then, given that the petitioner does not appear as a party within the present matter, it is inappropriate for this Sala to consider the cited document, thus the proper course is to dismiss it." (see judgment No. 2015000429 of 15:05 hours on January 13, 2015). "In the proceeding filed on December 17, 2015, Mr. Granados Granados accuses disobedience of the order given by the Sala in the case under study; however, it is inappropriate to process said petition, since the petitioner does not appear as a party in the present matter. Therefore, the request must be dismissed." (see judgment No. 2016000002 of 14:30 hours on January 12, 2016). "The present proceeding is improper, not only because no recourse whatsoever lies against the judgments, rulings, or decrees of the constitutional jurisdiction, but also because the person filing it does not appear as a party in this matter. Furthermore, the judgment rendered in this matter shows that, for the voting on this matter, all the evidence attached to the expediente and the parties' submissions up to that moment were taken into consideration, including the brief signed by the petitioner and received on July fifteenth of the current year, visible at folio 126." (see judgment No. 015878-2005 of 16:04 hours on November 22, 2005). "From the brief by which this recurso de amparo was filed, it is clear that the petitioner does not appear as a principal party in this jurisdictional proceeding. This, undoubtedly, determines the impropriety of her proceeding, since she is not vested with standing to promote it. It should be added that the Sala is not empowered to answer, in the abstract, the inquiries promoted by private individuals, therefore, this Constitutional Tribunal must not issue a pronouncement on the points consulted by the petitioner." (see judgment No. 2001-03240 of 08:38 hours on April 27, 2001). Finally, when dealing with a recurso de amparo in environmental matters, this Tribunal has upheld the same thesis (already partially indicated in previous paragraphs), in relation to persons who act in a recurso de amparo proceeding without having formally constituted themselves as a party. In this manner, it stated: “1.- By means of interlocutory ruling No. 2014-019359 of 9:05 hours on November 28, 2014, this Tribunal ordered Luis Guillermo Solís Rivera, in his capacity as President of the Republic and hierarchical superior of the respondent Minister, to open, within 48 hours from the notification of this ruling, a disciplinary administrative proceeding against Edgar Gutiérrez Espeleta, in his capacity as Minister of Environment and Energy, for failing to comply with the orders of this Tribunal in judgment No. 2008-12109 of 15:16 hours on August 5, 2008. 2.- By brief received in the Secretariat of the Sala at 13:49 hours on January 5, 2015, Édgar Gutiérrez Espeleta, in his capacity as Minister of Environment and Energy, requests, among other points, that judgment No. 2014-019359 of 9:05 hours on November 28, 2014, be reconsidered by this Tribunal on its own motion. (…) I.- On the power of this jurisdiction to annul judgments. In accordance with Article 11 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, no recourse whatsoever lies against the judgments, rulings, or decrees issued by this Sala. However, the foregoing does not mean that the pronouncements are unmodifiable, since in the event of a serious error of fact or law, it is possible to vary the judgment. In that regard, in judgment number 2000-4951 of 16:37 hours on June 27, 2000, this Tribunal explained “[…] the Sala has established in reiterated jurisprudence that when there has been an error in the appreciation of the facts, it is authorized to modify its rulings, referring to a ‘power to annul its own judgments, in the presence of manifest nullities to the detriment of the fundamental rights of the litigants’ (ruling number 125-92, and in the same vein, 935-94). Indeed, by means of judgment No. 331-91, it was provided that ‘Article 11 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional provides that in this venue, there is no recourse against the judgments, rulings, or decrees that are issued, but it is also true that this Sala and its jurisdiction are solely subject to the Constitución Política and the law, and this implies, of course, the general principles of Constitutional Law, within which must be understood to be included that the judgments issued by a single-instance court may be annulled by it, when it is a matter of correcting serious errors in the appreciation of facts, which causes harm to the parties involved…’ (see also ruling number 1028-92). This power of the Sala must be correctly understood, in the sense that the simple disagreement of the petitioner with the reasoning set forth in the ruling cannot give rise to new remedial procedures aimed at having the Sala reassess its arguments –which is characteristic of ordinary appeals existing in procedural matters– but rather, only in the hypothesis that the Tribunal comes to verify that a gross error was made in appreciating the facts under discussion, or that other facts that were duly accredited in the expediente at the time of issuing the corresponding judgment were left unconsidered, such circumstance can give rise, in very qualified cases, to an annulment of the originally issued judgment, since it would not be admissible to foster a clear denial of justice for the petitioner, when it is precisely that high value that this Sala is called upon to defend.” II.- In the sub examine, this Tribunal certifies on its own motion that the petitioner who filed the brief of disobedience that motivated interlocutory ruling No. 2014-019359 of 9:05 hours on November 28, 2014, namely Mario Ramírez Corrales, holder of identity card 1-0199-0929, was not vested with standing for these purposes, in that he does not appear as a procedural party within this expediente. By virtue of the foregoing, it was not appropriate to take cognizance of the accused disobedience. In accordance with the above, the pertinent course is to annul judgment No. 2014-019359 of 9:05 hours on November 28, 2014, by which the post-judgment proceeding (gestión posterior) brought by Mario Ramírez Corrales was resolved. In its place, it is ordered solely: No ha lugar a la gestión formulada.” (see judgment No. 2015000741 of 14:30 hours on January 20, 2015). Similarly, section 34 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional is clear in stating that: “The recurso shall be directed against the public servant or the head of the body who appears as the presumed author of the injury. If either has acted in compliance with orders or instructions given by a superior, or with their authorization or approval, the amparo shall be deemed established against both, without prejudice to what is decided in the judgment. If the identity of the public servant is unknown, the recurso shall be deemed established against the hierarchical superior. A third party who derives subjective rights from the norm or the act that gives rise to the amparo proceeding shall also be considered a party. Furthermore, whoever has a legitimate interest in the outcome of the recurso may appear and intervene in it as a coadjuvant of the plaintiff or the defendant.” (Emphasis is not part of the original) With the present proceeding, the interested party argues that the judgment rendered in the recurso de amparo for the canton of Naranjo should be extended to the canton of Alajuela. However, this Chamber considers that such a claim is improper for several reasons. In the first place, it must be recalled that the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in its Articles 33 and 34, establishes a broad framework of active standing (legitimación activa) for filing a recurso de amparo or for intervening as a coadjuvant, provided that the existence of a legitimate and direct interest in the outcome of the proceeding is demonstrated. Nevertheless, the intervention of third parties must occur at a timely procedural moment, that is, before the issuance of the judgment, so that the Tribunal can effectively weigh their allegations and guarantee the adversarial principle (principio de contradicción). Once the judgment becomes final (firme), the possibility of intervention is closed, as the contrary would imply reopening an already resolved debate and, consequently, emptying the constitutional res judicata (cosa juzgada) of its content. In the second place, the nature of the recurso de amparo proceeding requires an immediate, direct, and effective protection of fundamental rights in relation to the facts denounced and with respect to the parties who intervened in the proceeding. It is not appropriate, then, to extend its effects in a general or abstract manner to situations or subjects that were not duly incorporated into the expediente at the corresponding procedural stage; for this, the interested party must file a claim (gestionar) before the corresponding administrative or jurisdictional venues. Thus, assuming such an extension would be equivalent to distorting the subjective nature of the constitutional recurso de amparo proceeding, which, while it can generate erga omnes effects, does not enable persons unconnected to the proceeding to attempt, subsequently, to benefit from a judgment without having timely exercised their right of procedural participation. In the third place, admitting the interested party's proceeding would imply disregarding the principle of legal certainty (seguridad jurídica) and the value of the finality (firmeza) of this Sala's rulings, essential pillars of the Costa Rican constitutional order, sidestepping the constitutional res judicata. As the jurisprudence has repeatedly held, mere disagreement with the content of a judgment, or the desire to obtain a subjective or territorial extension of its effects, does not constitute a valid cause to enable an extemporaneous proceeding. The appropriate channel for the defense of eventual rights or interests in different scenarios, such as the situation alleged regarding the canton of Alajuela, corresponds to the filing of a new recurso within the terms and deadlines provided by law, not to the formulation of an extension on an already concluded proceeding. For the foregoing reasons, this Sala concludes that the proceeding filed lacks legal and procedural basis, and that, consequently, the proper course is to dismiss the proceeding (desestimar la gestión), as ordered in the operative part of this ruling. POR TANTO: No ha lugar a la gestión formulada. Notifíquese. Fernando Castillo V. Presidente Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Alexandra Alvarado P. Digitally Signed Document -- Verification Code -- KXGFCDCAKGQ61 EXPEDIENTE No. 23-024390-0007-CO Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Iglesia del Perpetuo Socorro). This is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 11:18:01. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República