Res. 29220-2025 Sala Constitucional — Dismissal of amparo concerning protection of Gandoca-Manzanillo RefugeArchivo del recurso sobre protección del Refugio Gandoca-Manzanillo

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Sala Constitucional

Resolución Nº 29220 - 2025

Fecha de la Resolución: 12 de Setiembre del 2025 a las 10:25

Expediente: 25-017781-0007-CO

Redactado por: Alexandra Alvarado Paniagua

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 25-017781-0007-CO

Res. Nº 2025029220

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas veinticinco minutos del doce de setiembre de dos mil veinticinco .

Recurso de amparo que se tramita en el expediente número 25-017781-0007-CO interpuesto por Nombre121413   , cédula de identidad CED2111, contra el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en esta Sala a las 14:08 hrs. del 19 de junio de 2025, la parte recurrente interpone recurso de amparo y expone que, el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, sitio Ramsar nro. 783, es un área protegida de importancia internacional, reconocida desde 1995 por su biodiversidad, incluyendo humedales, manglares, bosques y hábitats críticos para especies como las tortugas marinas. Indica que su conservación es una obligación del Estado, conforme a la Convención Ramsar (Ley nro. 7224), la Ley Orgánica del Ambiente (nro. 7554) y la Ley de Biodiversidad (nro. 7788). Acota que la Sala Constitucional, mediante la sentencia nro. 12745-2019, ordenó al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) delimitar y recuperar 188 hectáreas de humedales y bosques desafectados ilegalmente dentro del Refugio, mandato que permanece incumplido. Señala que, en agosto de 2023, el ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, emitió la Directriz nro. 09-2023, que desacredita el informe nro. SINAC-ACC-OTOF-698-2021, el cual identificaba 165,12 hectáreas de humedales en Talamanca, catalogándolo como un "borrador interno" sin validez oficial. Sostiene que esa directriz, cuestionada por la Fiscalía Ambiental y la Procuraduría General de la República, fomenta la ocupación, el drenaje y el relleno de humedales protegidos, violando el principio de no regresión ambiental. Esgrime que las instalaciones del antiguo Hotel Las Palmas, ubicadas dentro del Refugio, fueron demolidas por orden del SINAC debido a daños ambientales detectados. Sin embargo, el sitio permanece en abandono y enfrenta una invasión actual que compromete los ecosistemas protegidos, incumpliendo las obligaciones de restauración ordenadas por la Sala Constitucional. Asegura que ese abandono ha sido facilitado por la Directriz nro. 09-2023 y la inacción de los funcionarios del SINAC. Comenta que el Hotel Almendros y Corales, construido en un humedal y bosque dentro del sitio Ramsar nro. 783, genera daños ambientales graves, incluyendo drenajes ilegales, apertura de caminos, fraccionamiento de bosques y contaminación lumínica que afecta el arribo de tortugas marinas. Narra que, a pesar de las pruebas aportadas al viceministro, en los oficios nros. AEL-00230-2020 y AEL-00239-2025, el recurrido ha respondido con evasivas, limitándose a anunciar "inspecciones" sin adoptar medidas inmediatas, como la clausura de los drenajes. Manifiesta que en el oficio nro. DVA-073-2025, fechado el 18 de junio de 2025, el viceministro Rodríguez Zúñiga desestima sus denuncias, argumentando que el MINAE y el SINAC carecen de competencia para supervisar permisos municipales, y que las actividades en propiedades privadas están amparadas por la normativa. Reclama que esa respuesta soslaya la obligación de proteger el sitio Ramsar y omite los daños imputables a las inconsistencias técnicas del MINAE, como la falta de delimitación de los humedales. Arguye que la Municipalidad de Talamanca, según su portal web (https://www.municipalidadtalamanca.go.cr), emite permisos administrativos como visados municipales, usos de suelo comercial y de construcción, y permisos de construcción, sin verificar adecuadamente su impacto en el sitio Ramsar nro. 783. Acusa que esos permisos, otorgados en propiedades privadas dentro del Refugio, facilitan actividades incompatibles con la conservación, debido a la falta de delimitación oficial de los humedales, responsabilidad del SINAC y el MINAE. Afirma que la Sala Constitucional, en su resolución nro. 3959-2024, ordenó oficializar el informe nro. SINAC-ACC-OTOF-698-2021 sobre la delimitación de humedales, mandato que el MINAE y el SINAC han incumplido, perpetuando la incertidumbre jurídica que facilita el desarrollo inmobiliario y las invasiones en áreas protegidas. Solicita la intervención de la Sala en el presente asunto.

2.- Mediante auto de las veinte horas seis minutos del veinte de junio de dos mil veinticinco se cursó el presente recurso y se solicitó informe al ministro y al viceministro, ambos del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).

3.- Informan bajo juramento FRANZ TATTENBACH CAPRA Y JORGE MARIO RODRÍGUEZ ZUÑIGA, por su orden MINISTRO y VICEMINISTRO, AMBOS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, en los siguientes términos: “(…)  Este Ministerio es el ente encargado de velar por la protección del recurso natural del país, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes mediante la promoción de manejo, conservación y desarrollo sostenible de los elementos, bienes, servicios y recursos ambientales y naturales, cuya gestión corresponde a este Ministerio por disposición legal o convenio internacional. Asimismo, es importante señalar que el artículo 50 de nuestra carta magna establece que el Estado debe procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país, garantizando el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en respeto del derecho a la protección de la salud humana que se deriva del derecho a la vida; siendo entonces que el objetivo primordial del uso y protección del ambiente es obtener un desarrollo y evolución favorable al ser humano en armonía con este, en el que la calidad ambiental, y los medios económicos resultan ser de los parámetros fundamentales para las personas, de conformidad con el artículo 22 de la ley N°7788 de Biodiversidad N°7788, que establece que el SINAC cuenta con personería jurídica propia, y fue creado como un sistema de gestión y coordinación institucional, desconcentrado y participativo, que integrará las competencias en materia forestal, vida silvestre y áreas silvestres protegidas, con el fin de dictar políticas, planificar y ejecutar procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales del país. Bajo ese entendido, podemos explicar sobre la figura de la desconcentración que ostenta el SINAC, que esta obedece a una competencia exclusiva que se otorga a un Órgano inferior de la Administración, para que éste lo ejerza de forma propia y bajo su entera responsabilidad dentro de la estructura a la cual pertenece, tal como lo explica la Procuraduría General de la República en el Dictamen C-305- 2009 del 28 de octubre de 2009 “(…) …La desconcentración es una técnica de distribución de competencias en favor de órganos de una misma persona jurídica, por la cual un órgano inferior se ve atribuida una competencia en forma exclusiva, para que la ejerza como propia, en nombre propio y bajo su propia responsabilidad. Ahora bien, no se trata de cualquier tipo de competencia, sino de una competencia para resolver, para decidir en forma definitiva sobre una materia determinada por el ordenamiento. Esta atribución se funda en la necesidad de especializar ciertos órganos en materias específicas, de manera que se satisfagan en mejor forma los cometidos públicos. Desde esa perspectiva, desconcentrar es especializar funcionalmente determinados órganos, sin que se desliguen orgánicamente tales competencias de la estructura originaria. Normalmente se considera que la desconcentración es uno de los límites más importantes a la jerarquía. Esta es una técnica de descongestión de la jerarquía, que ya que la transferencia de competencias decisorias implica un cambio en la titularidad de las competencias y no solo en su ejercicio, como sí sucede en la delegación. Por medio de este mecanismo, el órgano inferior se ve atribuida una competencia en forma exclusiva, para que la ejerza como propia, en nombre propio y bajo su propia responsabilidad, no obstante, lo cual mantiene su condición de órgano y por ende, parte de la organización que desconcentra …”. De conformidad de lo anterior, en atención a los hechos alegados por el recurrente, se solicitó informe al Área de Conservación La Amistad Caribe, que mediante oficio CARTA-SINAC- ACLAC-DR-0641-2025 de fecha 25 de junio del año en curso, conforme a su competencia y responsabilidad, como ente técnico en la materia, señaló en los siguiente términos: “PRIMERO: La sentencia 12745-2019 del 10 de julio de 2019, se ordenó delimitar el área boscosa las 188 hectáreas de la franja adyacente al Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Gandoca Manzanillo y, en conjunto con la Procuraduría General de la República, ejercer las acciones legales correspondientes en defensa  del patrimonio público. De conformidad con lo ordenado con la sentencia No. 2024-026300 del 10 de setiembre del 2024, el Ministerio de Ambiente y Energía ha procedido a iniciar la ejecución de la delimitación del área boscosa de la franja adyacente, para lo cual se han entregado a la Sala Constitucional cinco Informes de Avance en el desarrollo del proceso; por consiguiente, no es correcta la afirmación del Sr. Nombre121413  en indicar que la orden de la Sala fue “delimitar y recuperar 188 hectáreas de humedales y bosques…mandato que permanece incumplido”. Nótese que el señor Nombre121413, agrega mandatos que no están consignados en las sentencias constitucionales. SEGUNDO: Sobre la Directriz 9-2023. Esta Directriz 09-2023 se emitió antes de los Votos Constitucionales 2024-026300 y 2019- 12745, para efectos internos del MINAE. La misma ya perdió su efecto y se encuentra sin aplicación práctica, conforme lo dispuesto e informado a la Sala Constitucional. Para efecto de lo anterior, el Ministerio de Ambiente y Energía emitió el Comunicado de Prensa Institucional por nota DECI-MINAE-086-2025 del 14 de marzo de 2025, donde indicó: “GANDOCA- MANZANILLO DESDE ENERO DE 2025 MINAE SUSPENDIÓ PERMISOS DE APROVECHAMIENTO El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), con relación a la información de prensa sobre la resolución de las doce horas cincuenta y seis minutos del siete de marzo de dos mil veinticinco, EXPEDIENTE: 14-019174- 0007-CO, en la cual la Sala Constitucional dicta una serie de Medidas Cautelares sobre el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, aclara los siguiente: • Desde el pasado 14 de enero de 2025, el Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC-SINAC-MINAE), instruyó la no emisión de permisos de aprovechamiento forestal en las áreas comprendidas la franja aledaña de 188 hectáreas, que hacen referencia las resoluciones 2019-012745 y 2024-026300 de la Sala Constitucional, hasta por un plazo de 6 meses, venciendo en junio de 2025 y prorrogable hasta que se dicte sentencia; en consecuencia, esta Medida Cautelar ya había sido dictada a nivel administrativo. • Respecto al caso del señor Nombre121414 , el expediente administrativo relacionado al permiso 011-2024-ACLAC-SLT, se informa que este expediente fue decomisado por el Ministerio Público, desde agosto del 2024. • Sobre la Directriz 09-2023-MINAE, esta fue emitida en agosto del año 2023, cuando no se había notificado el voto 2024-026300, ni se había ordenado el cumplimiento del Voto Nº2024-003959 relativo a la Certificación de Patrimonio Natural del Estado en la Zona Marítimo Terrestre del Cantón de Talamanca, ni tampoco se había aprobado el Plan Regulador Costero Talamanca, Distrito Cahuita; por lo que, desde la emisión de tales actos, esta disposición administrativa perdió interés actual. (El resaltado es nuestro) • El MINAE ya presentó el primer informe, sobre medidas ordenadas por la Sala Constitucional, en el plazo establecido. Adicionalmente, la Directriz 09-2023 fue un tema discutido a nivel de la Sala Constitucional en el expediente No.24-022381-0007-CO, en el cual se dictó la sentencia 2024-034408 que declaró sin lugar las gestiones del Sr. Nombre121413 , y se tuvo por respondida la gestión del MINAE indicada por nota DM-957-2024 del 22 de octubre del 2024, dando respuesta a lo solicitado en el memorial del Sr. Nombre121413 bajo nota AEL-00172-2024 del 7 de agosto de 2024. Para los efectos, se aporta lo siguiente como ilustración de la continua reiteración de discutir sobre este tema Adicionalmente, la Directriz 09-2023 fue un tema discutido a nivel de la Sala Constitucional en el expediente No.24-022381-0007- CO, en el cual se dictó la sentencia 2024-034408 que declaró sin lugar las gestiones del Sr. Nombre121413 , y se tuvo por respondida la gestión del MINAE indicada por nota DM-957-2024 del 22 de octubre del 2024, dando respuesta a lo solicitado en el memorial del Sr. Nombre121413 bajo nota AEL-00172-2024 del 7 de agosto de 2024. Para los efectos, se aporta lo siguiente como ilustración de la continua reiteración de discutir sobre este tema. “Manifiesta el recurrente que, mediante oficio AEL-00172-2024 de fecha 7 agosto de 2024, solicitó al recurrido los fundamentos fácticos y legales de la Directriz 09-2023, de fecha 17 de agosto de 2023,…Declara, que en respuesta recibió el oficio DM-64- 2024, de fecha 12 de agosto de 2024. Considera que lo actuado por el Señor Ministro es evidentemente violatorio del Artículo 50 Constitucional en relación con los artículos 11, 28, y 46 de la misma Constitución Política. Alega, que sería absolutamente inconstitucional que por una simple directriz ministerial se ordene cambiar reduciendo los límites de una zona que sólo por ley corresponde hacerlo siendo lo más preocupante que tal decisión administrativa se ampare sobre una simple opinión ministerial, y sobre la cual no existe documento técnico alguno, como sería ser el plano catastrado y un estudio técnico de necesidades ambientales de protección de un bien inmueble que pertenece no sólo al país, sino a la humanidad entera, por ser un bien inscrito bajo la Convención Ramsar…. II.- Sobre la gestión planteada. Respecto a los alegatos de la parte recurrente, la autoridad recurrida en su defensa manifestó que, al gestionante se le notificó el oficio DM-957-2024, a las 20:42 horas del 22 de octubre del 2024, dando respuesta a lo solicitado en el memorial AEL-00172-2024 del 7 de agosto de 2024, y cumpliendo así con lo ordenado por esta honorable Sala. De lo expuesto, la gestión de desobediencia bajo estudio carece de interés actual, ya que según lo informado bajo juramento y la prueba documental aportada, se constató, que la autoridad recurrida ya ejecutó lo ordenado por la Sala, en la sentencia citada. Así las cosas, se descarta que, a la fecha persista un incumplimiento por la parte de la autoridad recurrida, de la orden dada por la Sala, en la sentencia citada. En consecuencia, no ha lugar a la gestión presentada por la recurrente… Por tanto: No ha lugar a la gestión formulada.” (El resaltado es nuestro) Por notas DM-646-2024 del 12 de agosto de 2024 y DVA-074- 2025 del 19 de junio de 2025 del Viceministro de Ambiente, se le volvió a contestar al Sr. Nombre121413  la nota AEL 00240-2025 del Dirección: Dirección14840 , calle 25, Av 8 y 10 Teléfono: Telf1795 Correo: ...738 04 de junio del 2025 del 5 de junio del 2025, donde vuelve a manifestarse en contra de la Directriz 09-2023 y se le indica: “Le aclaro y reitero como se ha hecho en muchas ocasiones, que la Directriz 09- 2023 se emitió antes de los Votos Constitucionales 2024-026300 y 2019-12745, por lo que la misma ya perdió su efecto y se encuentra sin aplicación práctica, conforme lo dispuesto e informado a la Sala Constitucional. Lo anterior, para hacer notar que el Sr. Nombre121413 “recicla” temas sobre los que la Administración ya le ha contestado en múltiples ocasiones; sin embargo, si la respuesta no está a gusto del solicitante y si lo indicado por el MINAE no está escrito con las palabras que él desea que se le indiquen, recurre al Amparo para obligar a que se acepten sus pretensiones, bajo los términos que él desea que se cumplan, lo cual es un evidente abuso del derecho de petición. En el presente Amparo alega que “la Directriz nro. 09-2023, que desacredita el informe nro. SINAC-ACC-OTOF-698-2021, el cual identificaba 165,12 hectáreas de humedales en Talamanca, catalogándolo como un "borrador interno" sin validez oficial”. Esto es absolutamente incorrecto y tergiversado para confundir. Sobre el tema del informe SINAC-ACC-OTOF-698-2021 que cita el Sr. Nombre121413, se aclara que este tema sobre el Informe no está mencionado en las notas enviadas por el señor Nombre121413 AEL-00230- 2025 del 29 de mayo de 2025 y AEL-00239-202 del 04 de junio de 2025 que motivan este Amparo. Es decir, este hecho no está motivado en las notas AEL-230-2025 y AEL 239-2025. Para efectos de aclarar a la Sala sobre este nuevo alegato, indicamos que por nota SINAC-ACLAC-DR-227-2024 del 12 de marzo del 2024, se contestó el Recurso de Amparo del Señor Nombre121413  sobre este mismo alegato, el cual se tramita bajo el expediente No. 24-005929-0007-CO. El informe entregado a la Sala explica ampliamente las razones técnicas y científicas por las cuales el documento SINAC-ACC-OTOF-698-2021 no es un documento oficial del MINAE. A pesar de ello, el Sr. Nombre121413 no lo quiere aceptar y continua insistiendo, confundiendo y gestionando sus alegatos en un documento no oficial, cuando este tema que ya fue abordado y esta emitido el criterio de la Administración, el cual don Nombre121413 se niega a respetar. Este tema llegó a discusión en la Sala Constitucional, donde el MINAE indicó: “PRIMERO: solicita el recurrente lo siguiente: Que al recurrente señor Nombre121413   , le hemos dado respuesta en reiteradas ocasiones sobre este tema en particular, para lo cual se adjuntan los oficios e informes enviados tanto al recurrente como a la Sala Constitucional bajo diferentes expedientes (N° 23-027430-0007-CO / 23014549-007), pero sobre el mismo tema: a) Oficio SINAC-ACLAC-DR-0144-2024: respuesta al oficio AEL0015-2024 b) Oficio SINAC-ACLAC-DR-0181-2023: respuesta al oficio AEL0096-2023 c) Oficio SINAC-ACLAC-DR-0199-2023: respuesta al oficio AEL-0097-2023 d) Oficio SINAC-ACLAC-AL-391-2022; RESPECTO AL OFICIOael-00108-2022 e) Oficio SINAC-ACLAC-DR-393-2021: respuesta al oficio AEL-0060-2021. SEGUNDO: Que en los distintos informes antes mencionados se le ha informado al señor Nombre121413  que la certificación SINAC-ACLACDR-PNE-C-011-2017 se realizó conforme a los lineamientos técnicos y legales establecidos tanto en el Decreto Ejecutivo N°36786-MINAET como en la Directriz SINAC-IRT-001-2016. La certificación de patrimonio SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011-2017, del 30 de junio del 2017, es el único documento vigente con carácter oficial a la fecha. Así mismo se le indicó que faltaban estudios por realizar dentro del documento borrador denominado “Caracterización y Delimitación de Humedales en la Zona Marítimo Terrestre del Litoral del Cantón de Talamanca” de fecha 13 de junio del 2021. Por lo tanto, los humedales identificados de manera oficial en litoral del cantón De Talamanca, y en el inventario Nacional de Humedales se encuentran protegidos por la norma ambiental vigente. En cuanto al informe “Caracterización y Delimitación de Humedales en la Zona Marítimo Terrestre del Litoral del Cantón de Talamanca” de fecha 13 de junio del 2021, Son diversas y abundantes las razones por las cuales el Informe SINAC ACC-OT-of-698-2021, del 13 de junio 2021, no se toma como un documento oficial, tal y como lo señala la Directriz n.° 092023, firmada el 17 de agosto de 2023 por el ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra “El documento insumo técnico denominado “Caracterización y Delimitación de Humedales en la Zona Marítimo Terrestre del Litoral del Cantón de Talamanca” del 13 de junio, 2021, no ha sido aprobado por la Dirección Regional del Área de Conservación La Amistad Caribe para utilizarse como un documento de alcance general. Este es un insumo técnico, de carácter interno que no ha finalizado con el proceso para su validación y oficialización por el Consejo Nacional de Áreas de Conservación del Sistema Nacional del Áreas de Conservación, conforme al artículo 6 del Decreto Ejecutivo No.42.760-MINAE, Criterios Técnicos para la ubicación, identificación, clasificación y delimitación de ecosistemas de humedal. Por consiguiente, no es un documento oficial, ni podrá ser utilizado para emisión de actos administrativos oficiales” Este Amparo se resolvió por medio de la sentencia Nº 2024- 010951, que indicó: “Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se ordena a Maylin Mora Arias, en su condición de directora regional a.i. del Área de Conservación La Amistad Caribe del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, o a quien ocupe ese cargo, que gire las órdenes pertinentes, lleve a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias y coordine lo necesario, para que, dentro de los TRES MESES siguientes al cumplimiento de la orden que se le dio en la sentencia nro. 2024003959 de las 9:16 horas de 16 de febrero de 2024 dictada en el expediente 23-014549- 0007-CO de las 9:30 horas de 16 de febrero de 2024, a saber: “concluir, en el plazo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, el trámite para complementar la certificación de Patrimonio Natural del Estado en la Zona Marítimo Terrestre del Cantón de Talamanca con la “Caracterización y delimitación de humedales en la zona marítimo terrestre del litoral del cantón de Talamanca” de junio de 2021”, se revise la delimitación y los alcances del Patrimonio Natural del Estado contemplado en la certificación SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011- 2017 y, con elementos actuales y precisos, así como el debido sustento técnico, se expida una certificación actualizada, que abarque y delimite la totalidad de las franjas de Patrimonio Natural del Estado en la Zona Marítimo Terrestre del cantón de Talamanca.” Esta sentencia ya fue cumplida por el MINAE, el 14 de agosto del 2024 por nota SINAC ACLAC-DR-0672-2024 cuando se entregaron los documentos solicitados por la Sala Constitucional. “A efecto de dar cumplimiento a la solicitud de emisión de una Certificación actualizada de Patrimonio Natural del Estado en la Zona Marítimo Terrestre del Cantón de Talamanca 2024, hacemos entrega del documento de cita Esta Dirección Regional, para la emisión de la Certificación solicitada, cumplió con los procedimientos establecidos en el Decreto 36786-s MINAET, “Manual para la Clasificación de tierras dedicadas a la conservación de los recursos naturales dentro de la zona marítimo terrestre en Costa Rica.”, y procederemos con el trámite de rigor ante el Registro Nacional. Se adjuntan los siguientes documentos de respaldo: 1. SINAC-ACLAC-DRFVS-PH-030-2024 2. SINAC-ACLAC-DRFVS-PNE-113-2024 3. SINAC-ACLAC-DRFVS-PNE-121-2024 4. Certificación actualizada SINAC-ACLAC-DRFVS-PNE-C-092-2024. 5. DAJ-MINAE-1105-2024 6. Archivos digitales (shapefiles, kml, DWG)”. Lo anterior es de conocimiento del Sr. Nombre121413, aparte de las múltiples notas donde se le ha aclarado que el documento SINAC-ACCOTOF-698-2021 no es un documento oficial, aun así, no acepta la situación. Esto mismo se ha reiterado últimamente en la nota DVA074- 2025 del 19 de junio de 2025. Los alegatos de que la Directriz 09-202 provocó ocupación, drenaje y relleno de humedales protegidos, es una apreciación infundada, sin prueba técnica ni científica, que únicamente pretende desprestigiar cualquier actuación que haga este Ministerio. Sobre este alegato ya la Administración le ha respondido últimamente al Sr. Nombre121413 en notas DVA-064-2025 del 03 de junio de 202 y DVA-074-2025 del 19 de junio de 2025. En cuanto al sitio denominado "antiguo hotel las Palmas" -hotel derribado- el mismo es parte del PNE certificado en la certificación SINAC-ACLAC-DRFVS-PNE-C-014-2025, actualizada al año 2025 e incluido previamente en la certificación SINAC-ACLACDRFVS PNE-C-092- 2024. En fecha 09 de febrero del 2024 mediante informe SINAC-ACLACPPCP-C-027-2025, en atención a denuncia interpuesta por el señor Nombre121413  en fecha 04 de febrero del 2025, se realizó inspección de campo e interpuso denuncia ante el organismo de investigación judicial por chapia en el área de patrimonio menciona, así informado al señor Nombre121413 el 10 de febrero del 2025. Ambos hechos, demuestran el carácter de protección y fiscalización del patrimonio ejercicio por la autoridad forestal del Estado en el área conocida como el “hotel las palmas”. Así también, mediante informe CARTA-SINAC-ACLAC-DRFVS-PH028-2025 se corrobora que el sitio está libre de invasiones, por el contrario, se muestra una regeneración natural del área. En cuanto al sitio RAMSAR 783, conocido como Gandoca Manzanillo, es importante resaltar que, al coexistir propietarios privados y terrenos del Patrimonio Natural del Estado, esta ASP se clasifica como Refugio de propiedad mixta, lo que implica un balance entre las actividades humanas permitidas y lo autorizado por el Nombre121413 legal. De esta forma, en los bosques y terrenos con aptitud forestal del Patrimonio Natural del Estado, sólo se autorizan actividades de capacitación, ecoturismo e investigación, según el artículo 18 de la Ley Forestal No. 7575. Mientras que, en los terrenos de propiedad privada, sólo podrán desarrollarse actividades productivas de conformidad con lo estipulado por el Artículo 82 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre No. 7317 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo No. 32633-MINAE, del 10 de marzo del 2005. Por su parte, los terrenos privados con bosque se ven regulados por el artículo 19 de la Ley Forestal. Es importante recalcar que el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, se localiza en la parte sur de la provincia de Limón, dentro del cantón de Talamanca y en los distritos de Cahuita y Sixaola. Un 69% del ASP está dentro del distrito de Cahuita y el restante 31% en el distrito de Sixaola. Consta de una sección continental de 5,091.994 ha y una sección marina de 5,360.122 ha, con una superficie total de 10,452.116 ha, no toda su extensión es humedal y cuenta con los humedales RAMSAR debidamente identificados en su Plan General de Manejo. En resumen, los sitios RAMSAR no son una categoría de manejo prohibitiva sino una denominación que promueve la conservación y uso racional los humedales. Respecto de los “drenajes ilegales” que menciona el señor Nombre121413 realizados por los propietarios del Hotel Almendros y Corales, el Área de Conservación la Amistad Caribe se encuentra atendiendo las situaciones de invasión en el PNE delimitado, así mismo la situación se encuentra en investigación bajo expediente 21-000239-0597- PE. TERCERO: Permisos uso emitidos por la Municipalidad de Talamanca. El señor Nombre121413, insiste en que es “competencia” del MINAE la supervisión de un Municipio. En reiteradas ocasiones se la ha informado y explicado sobre las competencias municipales establecidas en el Código Municipal y las competencias del MINAE, aun así nuevamente pretende que los permisos administrativos que emite el Municipio -y que todo ciudadano debe cumplir-, sea supervisados por MINAE, sin querer entender que el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Gandoca-Manzanillo categoría mixto, está compuesto por propiedad privada que no forma parte del Patrimonio Natural del Estado; y en consecuencia, los propietarios registrales de estas fincas privadas si bien están sometidos al Plan de Manejo, mantienen los atributos constitucionales que protegen la propiedad privada. Estos propietarios si van a realizar alguna obra o actividad que requiera permiso de la Municipalidad deben de cumplir con esas disposiciones. Esto no es aceptado por el señor Nombre121413, quien pretende que todos los permisos de cualquier tipo que emita la municipalidad pasen por un “filtro” del MINAE, lo cual no es legalmente posible. Por nota DVA-059-2025 del 29 de mayo de 2025, se dio respuesta a la solicitud. “Con instrucciones del señor Ministro, me permito atender su nota AEL 00223-2025 del 20 de mayo, mediante la cual remite una copia del documento emitido por la Municipalidad de Talamanca con relación a un listado de permisos de uso de suelo en la zona marítima terrestre, de los últimos quince años, sobre el particular le indico lo siguiente: El documento SCMT-084-2025 de la Municipalidad de Talamanca, es un listado genérico de permisos de usos en la Zona Marítimo Terrestre de los últimos quince años, sin que el mismo detalle si tales actos administrativos están vigentes, vencidos, plazo, localización exacta por coordenada, tipo de permiso y nombre de la persona física o jurídica beneficiaria de tal acto. Por indicación expresa del Municipio se hace constar que en el año 2024 y 2025 no existen emisiones de permisos de uso y que el listado obedece a los nombres de los solicitantes, tampoco se indica el tipo de uso autorizado. Ante esta situación, es importante aclarar que dentro de las facultades de un Municipio se encuentra el poder otorgar permisos de usos en la Zona Marítimo Terrestre, por lo que nuestro Ministerio no cuestionara tal facultad, conforme lo dispone el Nombre121413 jurídico, el Código Municipal y la Ley de la Zona Marítimo Terrestre. La Sala Constitucional confirmó este elemento sine qua non al indicar en Voto No. 2306-91 de 14 horas 24 minutos del 6 de noviembre de 1991: "Como están fuera del comercio, estos bienes no pueden ser objeto de posesión, aunque se puede adquirir un derecho al aprovechamiento, aunque no un derecho a la propiedad. El permiso de uso es un acto jurídico unilateral que lo dicta la Administración, en el uso de sus funciones y lo que se pone en manos del particular, es el dominio útil del bien, reservándose siempre el Estado, el dominio directo sobre la cosa." (El resaltado es nuestro) Sobre el particular, ha indicado la Procuraduría General de la Republica en su criterio C100-95 del 10 de mayo de 1995: “Queda entendido que las anteriores actitudes particulares no producen legitimación alguna para ocupar la zona marítimo terrestre, salvo que hubiere mediado en su favor una asertiva manifestación expresa por parte de la Municipalidad y en los casos en que proceda jurídicamente. … "La municipalidad respectiva, el Instituto Costarricense de Turismo y las autoridades y dependencias correspondientes, deberán dictar y hacer cumplir las medidas que estimaren necesarias, para conservar o evitar que se perjudiquen las condiciones originarias de la zona marítimo terrestre y sus recursos naturales." (artículo 17 de la Ley No. 6043) (El resaltado es nuestro) De conformidad con la Ley 6043, en su artículo 73, sujeta al SINAC las Áreas Silvestres Protegidas que presenten aras boscosas o terrenos de aptitud forestal: “El resto de las áreas boscosas y terrenos de aptitud forestal de los litorales están también bajo la administración del Ministerio de Ambiente y Energía y se rigen por su normativa específica, sea la Ley Forestal Nº 7575, artículo 13 y concordantes y el Voto de la Sala Constitucional 4587-97.” (…) El ACLAC a la fecha no ha emitido ningún permiso administrativo en la zona marítimo terrestre del Cantón de Talamanca, ni tiene competencia para la emisión de permisos de uso de suelo, lo cual es resorte del Municipio. (…) De conformidad con lo anterior, no se tiene conocimiento de que el Municipio de Talamanca haya otorgado permisos de uso de suelo violentando los terrenos consignados en la Certificación de Patrimonio Natural de Estado para el Cantón de Talamanca 2025 del 17 de marzo del 2025; por lo que no es procedente su solicitud de conformación de una Comisión externa al Área de Conservación, con base en supuestos que no tienen un respaldo científico o documental. En caso de contar con algún caso específico o denuncia sírvase comunicarla con la prueba correspondiente…” Por nota DVA-064-2025 del 03 de junio de 2025, se le explicó nuevamente esta situación: “Su pretensión de que nuestro Ministerio complete un listado genérico de permisos de usos emitido por el Municipio de Talamanca traspasa nuestras competencias, pues esos archivos documentales no nos pertenecen y por ello no tenemos acceso a estos; siendo además que por tratarse de información de usuarios privados o contribuyentes municipales le corresponde al Municipio identificar la información que pueda ser pública y restringir la que sea procedente, por contener información sensible, privada o restringida. No omito indicar, que el Municipio es un gobierno local con autonomía política, administrativa y financiera, conforme lo establece el artículo 4 del Código Municipal. Debido a lo anterior, lo señalado por usted en cuanto a que el MINAE complete la información de permisos de usos municipales, no es procedente, conforme se le expresó en la nota de cita. Debe tenerse claridad legal, que las propiedades privadas, aunque se encuentren dentro de un área protegida, no forman parte del Patrimonio Natural del Estado, conforme lo estableció la Procuraduría General de la Republica en su opinión oficial OP- OJ-076 -2021: “…las propiedades privadas incluidas en los refugios de vida silvestre privados y en la parte privada de los refugios mixtos, no pierden esa naturaleza y no pueden considerarse bienes demaniales integrantes del patrimonio natural del Estado, aunque sí sujetos a las limitaciones de uso señaladas normativamente.” Bajo este entendido, todos los ciudadanos que requieran un servicio o autorización municipal para alguna actividad u obra deben de realizar las gestiones ante la Municipalidad correspondiente, lo cual incluye al RNVSGM categoría mixto, en su área privada. (…) Reiteramos lo indicado en la nota DVA-059-2025, en cuanto a “El ACLAC a la fecha no ha emitido ningún permiso administrativo en la zona marítimo terrestre del Cantón de Talamanca, ni tiene competencia para la emisión de permisos de uso de suelo, lo cual es resorte del Municipio”, de igual forma, se reitera que tampoco se han emitido permisos de uso en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo; …” Así las cosas, conforme lo expuesto se concluye con relación a los hechos que fundamentan el recurso que nos ocupa: Hecho Primero: Se acepta en los siguiente términos: El Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo es un refugio Mixto, que significa que existe propiedad privada y terrenos propiedad del Estado, donde únicamente se autorizan actividades de capacitación, ecoturismo e investigación en los terrenos demaniales, así como actividades productivas en los terrenos privados, según la normativa vigente y ya antes indicada. Hecho Segundo: Se rechaza. No lleva razón el recurrente al señalar lo dispuesto mediante la sentencia 12745-2019 del 10 de julio de 2019, por no atender a la literalidad de lo resuelto. En razón de que este Ministerio, ha iniciado la ejecución de la delimitación del Área boscosa de las 188 hectáreas de la franja adyacente al Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Gandoca-Manzanillo, por lo que no corresponde a una categoría de manejo prohibitiva, sino una denominación que promueve la conservación y uso racional los humedales y demás sitios que lo integran. Hecho Tercero: Se rechaza. La Directriz 09-2023 emitida, ha perdido su efecto práctico y se encuentra sin aplicación, así comunicado oficialmente por DECI-MINAE-086-2025 del 14 de marzo de 2025. La Sala Constitucional, mediante sentencia 2024-034408, declaró sin lugar las gestiones del señor Nombre121413 respecto a esta directriz, confirmando que el tema había sido debidamente atendido Desde enero de 2025, el ACLAC suspendió la emisión de permisos de aprovechamiento forestal en la franja de 188 hectáreas mencionada en las resoluciones constitucionales. Sobre el Informe SINAC-ACC-OTOF-698-2021, este punto no fue mencionado en las notas envidadas por el recurrente AEL-00230-2025 del 29 de mayo de 2025 y AEL-00239-202 del 04 de junio de 2025 que motivan este Amparo. Siendo para esta honorable Sala un nuevo alegato, que el recurrente interpone un recurso de amparo cual se tramita bajo el expediente No. 24-005929-0007-CO en el cual mediante el informe SINAC-ACLAC-DR-227-2024 del 12 de marzo del 2024, explica las razones técnicas- científicas por las cuales el documento SINAC-ACC-OTOF-698-2021 no es un documento oficial del MINAE. En el que se cumplió con la sentencia 2024-010951 entregando la certificación actualizada de Patrimonio Natural del Estado el 14 de agosto de 2024, mediante SINAC-ACLAC-DR-0672-2024. Hecho Cuarto: Se rechaza. Ante las denuncias interpuestas en fecha febrero del 2025, se realizaron las diligencias propias del Área de conservación, conllevando a la interposición de la respectiva denuncia judicial y que así fuera notificado al señor Nombre121413 en fecha 10 de febrero del 2025. Mediante informe CARTA-SINAC-ACLAC-DRFVS-PH-028-2025 se determinó que actualmente no existe invasión y por el contrario se observa regeneración natural en el sitio. Hecho Quinto: Se rechaza. El Área o Ministerio mantiene actividades de protección y fiscalización, como se demuestra en el caso del antiguo Hotel Las Palmas, donde se realizaron inspecciones y se interpusieron denuncias por afectaciones al patrimonio natural. Las inspecciones de campo demuestran que áreas previamente afectadas, como el sitio del antiguo Hotel Las Palmas, muestran procesos de regeneración natural y están libres de invasiones actuales. (VER IMAGENES) Las denuncias sobre presuntos drenajes ilegales en el Hotel Almendros y Corales se encuentran bajo investigación en el expediente 21-000239-0597-PE. Hecho Sexto y Séptimo: Se rechaza. Los municipios mantienen competencia exclusiva para emitir permisos de uso de suelo en la zona marítimo-terrestre, según el Nombre121413 jurídico establecido en el Código Municipal y la Ley de la Zona Marítimo Terrestre. Las propiedades privadas dentro del refugio mixto mantienen sus atributos constitucionales, aunque están sujetas al Plan de Manejo del área protegida. El MINAE no tiene competencia para supervisar o filtrar permisos municipales, siendo esta una pretensión jurídicamente improcedente del recurrente. Aunado a lo anterior, mediante oficio DVA-059-2025 del 29 de mayo de 2025 y DVA-064-2025 del 03 de junio de 2025, se dio respuesta a la solicitud, inclusive se amplió la respuesta del primer oficio. Hecho Octavo: Se rechaza. Se contesta en los mismos términos del apartado tercero. En conclusión, se evidencia que el Ministerio de Ambiente y Energía, ha  brindado una atención diligente y oportuna a las consultas presentadas por el señor Nombre121413 , cumpliendo así con los plazos y procedimientos establecidos. Adicionalmente, se constata que la presente solicitud constituye una reiteración de un tema ya abordado en gestiones anteriores realizadas por el recurrente en diferentes momentos y bajo distintos números de solicitud. Esta situación ha sido debidamente documentada y respaldada mediante oficios de atención y comprobantes de respuesta, lo que pone de manifiesto un uso inapropiado y recurrente de los mecanismos administrativos por parte del solicitante. Con base en lo anterior, no lleva razón el señor Nombre121413  en querer alegar incumplimiento a sus solicitudes, pues el MINAE demuestra con prueba documental que no se ha violentado ningún derecho constitucional, pues la pretensión de don Nombre121413 es que la Administración cumpla con sus solicitudes, aunque legalmente no sea viables ni tenga fundamento en la ciencia o la técnica, esto es una situación abusiva de parte de un ciudadano. En conclusión, sus gestiones han sido atendidas en tiempo y debe atenerse a lo dispuesto en los documentos de cita respaldados por la legalidad y la técnica. Por lo tanto, queda demostrado que el Ministerio de Ambiente y Energía, a través de sus instancias correspondientes, no ha incurrido en incumplimiento alguno respecto al derecho de petición y acceso a la información. Por el contrario, ha actuado de manera respetuosa, transparente y paciente en la atención de cada una de las solicitudes presentadas, garantizando así el cumplimiento de sus obligaciones institucionales. PETITORIA. Principal: De conformidad con lo estipulado en el presente informe y las pruebas documentales aportadas, respetuosamente solicito a los señores Magistrados, SE DECLARE SIN LUGAR el presente Amparo. Solicito se exima a nuestro Ministerio del pago de costas procesales. Subsidiaria: En caso de que su honorable autoridad estima que la administración tiene responsabilidad, se solicita amable y respetuosamente no ser condenados en costas”

4.- Por escrito agregado al expediente electrónico el 2 de julio de 2025, el recurrente refuta el informe y manifiesta lo siguiente:  “Hecho Primero: Naturaleza del Refugio Gandoca-Manzanillo Planteamiento de los Recurridos: Los recurridos aceptan que el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo es un refugio de propiedad mixta, que incluye tierras privadas y públicas, donde solo se permiten actividades específicas (como ecoturismo e investigación) en las tierras públicas, y las tierras privadas están sujetas al Plan de Manejo y la normativa aplicable. Réplica: Si bien coincido en que el Refugio es de propiedad mixta, los recurridos simplifican de manera excesiva las obligaciones del Estado bajo la Convención Ramsar, la Ley de Biodiversidad (No. 7788) y la Ley Orgánica del Ambiente (No. 7554). La designación del Refugio como Sitio Ramsar 783 impone al Estado un deber elevado de garantizar la conservación y el uso racional de sus humedales, independientemente de la titularidad de la propiedad. El artículo 3.1 dela Convención Ramsar (Ley No. 7224) obliga a Costa Rica a “promover la conservación de los humedales” y asegurar su “uso racional”. Los recurridos omiten que las propiedades privadas dentro del Refugio están sujetas a restricciones estrictas para garantizar la conservación de los ecosistemas protegidos, según lo dispuesto en el Artículo 82 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre (No. 7317) y su reglamento (Decreto Ejecutivo No. 32633-MINAE). La coexistencia de propiedades privadas no exime al MINAE ni al SINAC de su responsabilidad de fiscalizar actividades que comprometan los humedales, manglares y bosques del Refugio, como drenajes ilegales, fraccionamiento de bosques o contaminación lumínica, que afectan directamente especies protegidas, como las tortugas marinas. Hecho Segundo: Sentencia No. 12745-2019 y Delimitación de 188 Hectáreas Planteamiento de los Recurridos: Los recurridos rechazan mi afirmación de que la Sentencia No. 12745-2019 ordenó delimitar y recuperar 188 hectáreas de humedales y bosques, alegando que solo se ordenó delimitar un área boscosa adyacente al Refugio. Afirman que han iniciado la ejecución de esta delimitación y que mis alegatos añaden mandatos no consignados en la sentencia. Réplica: Los recurridos tergiversan el alcance de la Sentencia No. 12745- 2019, que ordenó al SINAC “delimitar y recuperar” 188 hectáreas de áreas boscosas y humedales desafectados ilegalmente dentro del Refugio. La sentencia no se limita a la delimitación de un área boscosa, como sugieren los recurridos, sino que incluye la recuperación de ecosistemas degradados, lo cual implica acciones concretas para restaurar humedales y bosques afectados por ocupaciones y usos indebidos. El informe presentado por los recurridos (SINAC-ACLAC-DR-0641- 2025) no demuestra un cumplimiento efectivo de esta sentencia. Los cinco “Informes de Avance” mencionados carecen de detalle sobre medidas específicas para la recuperación de las 188 hectáreas, como la remoción de estructuras ilegales, la restauración de humedales drenados o la reforestación de áreas degradadas. Además, el MINAE no aporta evidencia técnica que acredite la finalización del proceso de delimitación ni su registro oficial ante el Registro Nacional, lo que perpetúa la incertidumbre jurídica y facilita actividades incompatibles con la conservación. La afirmación de que no corresponde a una categoría de manejo prohibitiva contradice el principio de no regresión ambiental, consagrado en la Ley Orgánica del Ambiente (No. 7554, Artículo 2) y la jurisprudencia de esta Sala, que obliga al Estado a mantener y mejorar los niveles de protección ambiental. Hecho Tercero: Directriz 09-2023 y el Informe SINAC-ACC-OTOF698-2021 Planteamiento de los Recurridos: Los recurridos afirman que la Directriz 09-2023 perdió efecto práctico tras las sentencias constitucionales de 2024 y que el Informe SINAC-ACC-OTOF-698-2021 no es un documento oficial, sino un borrador interno sin validez. Alegan que mi insistencia en este informe constituye un abuso del derecho de petición. Réplica: La Directriz 09-2023, emitida por el Ministro Tattenbach, desacreditó el Informe SINAC-ACC-OTOF-698-2021, que identificaba 165,12 hectáreas de humedales en Talamanca, catalogándolo como un “borrador interno”. Esta acción constituye una violación del principio de no regresión ambiental, ya que desconoce un estudio técnico que delimita áreas críticas para la conservación del Sitio Ramsar 783. La afirmación de los recurridos de que la Directriz perdió efecto tras las sentencias de 2024 (No. 2024-026300 y No. 2024-034408) no exime al MINAE de responsabilidad por los daños causados durante su vigencia, que facilitó la ocupación y degradación de humedales. La Sentencia No. 3959-2024 de esta Sala ordenó oficializar el Informe SINAC-ACC-OTOF-698-2021, mandato que los recurridos admiten no haber cumplido plenamente, limitándose a emitir una certificación actualizada (SINAC-ACLAC-DRFVS-PNE-C-092-2024) sin evidencia de que incluya la totalidad de los humedales identificados en el informe de 2021. La falta de oficialización de este informe perpetúa la incertidumbre jurídica y permite actividades incompatibles con la conservación, como el otorgamiento de permisos municipales en áreas protegidas. Mi insistencia en este punto no es un abuso del derecho de petición, sino un esfuerzo legítimo por garantizar el cumplimiento de las órdenes de esta Sala y la protección de un sitio de importancia internacional. Los recurridos no han aportado pruebas técnicas que justifiquen la descalificación del Informe SINAC-ACC-OTOF-698-2021, lo que contraviene el principio de precaución ambiental (Ley No. 7554, Artículo 3). Hecho Cuarto: Antiguo Hotel Las Palmas Planteamiento de los Recurridos: Los recurridos rechazan mi alegato sobre el abandono del sitio del antiguo Hotel Las Palmas, afirmando que se realizaron inspecciones, se interpuso una denuncia judicial y que el sitio muestra regeneración natural, según el informe CARTA-SINACACLAC-DRFVS-PH-028-2025. Réplica: Los recurridos no desmienten que el sitio del antiguo Hotel Las Palmas, demolido por orden del SINAC debido a daños ambientales, permanece en abandono. La inspección realizada el 9 de febrero de 2025 (Informe SINAC-ACLAC-PPCP-C-027-2025) y la denuncia interpuesta no constituyen medidas suficientes para cumplir con la obligación de restauración ordenada por la Sentencia No. 12745-2019. La afirmación de “regeneración natural” carece de respaldo técnico detallado, como estudios ecológicos o planes de restauración activa, que son necesarios para garantizar la recuperación de los ecosistemas afectados. La inacción del MINAE y el SINAC ha permitido invasiones recientes en el sitio, como lo denuncié en mi oficio AEL-00230-2025, lo que demuestra una falta de fiscalización efectiva. Los recurridos no presentan evidencia de medidas proactivas, como la reforestación o la remoción de escombros, para restaurar el área, incumpliendo así las obligaciones de esta Sala y la Convención Ramsar Hecho Quinto: Hotel Almendros y Corales Planteamiento de los Recurridos: Los recurridos rechazan mis denuncias sobre los daños ambientales causados por el Hotel Almendros y Corales, afirmando que las presuntas actividades ilegales están bajo investigación (Expediente 21-000239-0597-PE) y que el MINAE realiza labores de fiscalización. Réplica: Las denuncias presentadas en los oficios AEL-00230-2020 y AEL-00239-2025 documentan daños ambientales graves causados por el Hotel Almendros y Corales, incluyendo drenajes ilegales, apertura de caminos, fraccionamiento de bosques y contaminación lumínica que afecta el arribo de tortugas marinas. Los recurridos admiten que estas denuncias están bajo investigación, pero no han tomado medidas inmediatas, como la clausura de drenajes ilegales o la suspensión de actividades, lo que constituye una omisión grave en su deber de protección del Dirección14770  . La respuesta del Vice-Ministro en el oficio DVA-073-2025, que desestima mis denuncias alegando falta de competencia del MINAE, es inaceptable. El MINAE y el SINAC tienen la obligación de supervisar y proteger las áreas protegidas, incluyendo propiedades privadas dentro del Refugio, según el Artículo 82 de la Ley No. 7317 y el Plan General de Manejo del Refugio. La inacción frente a estos daños viola el principio de precaución y el derecho a un ambiente sano (Artículo 50, Constitución). Hecho Sexto y Séptimo: Permisos Municipales y Competencias del MINAE Planteamiento de los Recurridos: Los recurridos rechazan mi solicitud de que el MINAE supervise los permisos emitidos por la Municipalidad de Talamanca, argumentando que los municipios tienen competencia exclusiva para emitir permisos de uso de suelo en la zona marítimo terrestre y que las propiedades privadas no forman parte del Patrimonio Natural del Estado Réplica: Los recurridos malinterpretan mi planteamiento. No pretendo que el MINAE supervise todos los permisos municipales, sino que cumpla con su obligación de garantizar que los permisos otorgados en la zona marítimo-terrestre del Refugio no comprometan los ecosistemas protegidos, especialmente los humedales del Sitio Ramsar 783. La Ley de la Zona Marítimo-Terrestre (No. 6043, Artículo 17) y la Ley Forestal (No. 7575, Artículo 13) otorgan al MINAE y al SINAC la responsabilidad de administrar las áreas boscosas y de aptitud forestal dentro del Refugio, incluyendo la fiscalización de actividades que afecten el Patrimonio Natural del Estado. El listado de permisos proporcionado por la Municipalidad de Talamanca (SCMT-084-2025) carece de detalles específicos, como coordenadas, tipo de uso o vigencia, lo que impide verificar su compatibilidad con el Plan de Manejo del Refugio. La falta de delimitación oficial de los humedales, responsabilidad del SINAC, facilita la emisión de permisos incompatibles con la conservación. Esta omisión constituye una violación del mandato de la Sentencia No. 3959- 2024 y del principio de coordinación interinstitucional establecido en la Ley Orgánica del Ambiente (No. 7554, Artículo 5). Hecho Octavo: Incumplimiento de la Sentencia No. 3959-2024 Planteamiento de los Recurridos: Los recurridos rechazan mi alegato de incumplimiento de la Sentencia No. 3959-2024, afirmando que cumplieron con la entrega de una certificación actualizada (SINACACLAC-DRFVS-PNE-C-092-2024) el 14 de agosto de 2024. Réplica: La Sentencia No. 3959-2024 ordenó al MINAE y al SINAC complementar la certificación de Patrimonio Natural del Estado con la “Caracterización y Delimitación de Humedales en la Zona MarítimoTerrestre del Cantón de Talamanca” de junio de 2021 (Informe SINACACC-OTOF-698-2021). Los recurridos no presentan evidencia de que la certificación actualizada incluya la totalidad de los humedales identificados en dicho informe, ni de que se haya completado el trámite ante el Registro Nacional, como lo exige la sentencia. Esta omisión perpetúa la incertidumbre jurídica y facilita el desarrollo inmobiliario y las invasiones en áreas protegidas, violando  el derecho a un ambiente sano y los compromisos internacionales de Costa Rica bajo la Convención Ramsar (…)IV. Petitoria Con base en lo expuesto, respetuosamente solicito a esta Honorable Sala Constitucional: Principal: 1. Declarar CON LUGAR el recurso de amparo interpuesto bajo el expediente No. 25-017781-0007-CO, por la violación de mis derechos constitucionales y las obligaciones del Estado en la protección del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. 2. Ordenar al MINAE y al SINAC el cumplimiento inmediato de las Sentencias No. 12745-2019 y No. 3959-2024, incluyendo la delimitación y recuperación de las 188 hectáreas de humedales y bosques, y la oficialización del Informe SINAC-ACC-OTOF-698- 2021. 3. Ordenar al MINAE y al SINAC tomar medidas inmediatas para clausurar drenajes ilegales, restaurar áreas degradadas (como el sitio del antiguo Hotel Las Palmas) y fiscalizar actividades en el Hotel Almendros y Corales. 4. Ordenar al MINAE coordinar con la Municipalidad de Talamanca para garantizar que los permisos emitidos en la zona marítimo-terrestre sean compatibles con el Plan de Manejo del Refugio y la Convención Ramsar. 5. Condenar a los recurridos al pago de costas procesales por su inacción y respuestas evasivas (…)” (ver registro electrónico).

5.- Informan bajo juramento FRANZ TATTENBACH CAPRA Y JORGE MARIO RODRÍGUEZ ZUÑIGA, por su orden MINISTRO y VICEMINISTRO, AMBOS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, en los siguientes términos: “Con el debido respeto a su honorable autoridad y en atención al informe solicitado por la Sala Constitucional, mediante resolución de las trece horas treinta y uno minutos del catorce de febrero de dos mil veinticinco, nos apersonamos a dar respuesta a la Réplica de fecha 2 de julio enviada por el Sr. Nombre121413 , en los siguientes términos: Primero: Naturaleza y actividades dentro del Refugio Gandoca-Manzanillo. No es correcto lo indicado por el Señor Nombre121413, en cuanto a que, dentro de las actividades permitidas en un este Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo de Categoría Mixta, sean solamente las indicadas en el artículo 18 de la Ley Forestal, que corresponden a los Permisos de Uso para ecoturismo, capacitación e investigación científica en terrenos del Estado; ya que esta norma forestal aplica para la propiedad forestal estatal, únicamente. Cuando se está en presencia de propiedad privada, operan otras normas como lo es los artículos 19 y 20 de la Ley Forestal y el artículo 51 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre. La propiedad privada con cobertura forestal es una figura legalmente establecida en nuestra legislación, en la Ley Forestal No.7575. La propiedad forestal privada, se refiere a los bosques y terrenos forestales que pertenecen a particulares, por consiguiente, ubicados en propiedades privadas, en contraste con aquellos que son propiedad del Estado. Estos terrenos forestales privados están sujetos a regulaciones y protección y sus propietarios tienen derechos y responsabilidades específicas bajo la ley, como lo es la normativa que regula el uso, aprovechamiento y protección. Los dueños de terrenos forestales privados tienen derecho a utilizar y aprovechar los recursos forestales de acuerdo con la ley y los planes de manejo establecidos y, tienen la responsabilidad de proteger los bosques y terrenos forestales, evitando la deforestación, la erosión y otras actividades que puedan perjudicar el ecosistema forestal. La ley forestal establece límites y regulaciones con el objetivo de garantizar la sostenibilidad y la protección del medio ambiente. La propiedad privada mantiene los atributos que se confiere la ley en cuanto a su dominio, uso y disposición. La propiedad privada por tener un bosque dentro de sus linderos, no pierden esa naturaleza privada y no pueden considerarse bienes demaniales integrantes del Patrimonio Natural del Estado. El artículo 19 y 20 de la Ley Forestal No.7575, regula la “propiedad forestal privada” y el aprovechamiento del bosque, en la que sí es posible realizar actividades legales. “TITULO TERCERO Propiedad forestal privada CAPITULO I Manejo de bosques ARTICULO 19.- Actividades autorizadas En terrenos cubiertos de bosque, no se permitirá cambiar el uso del suelo, ni establecer plantaciones forestales. Sin embargo, la Administración Forestal del Estado podrá otorgar permiso en esas áreas para los siguientes fines: a) Construir casas de habitación, oficinas, establos, corrales, viveros, caminos, puentes e instalaciones destinadas a la recreación, ecoturismo y otras mejoras análogas en terrenos y fincas de dominio privado donde se localicen los bosques. b) Llevar a cabo proyectos de infraestructura, estatales o privados, de conveniencia nacional. c) Cortar los árboles por razones de seguridad humana o de interés científico. d) Prevenir incendios forestales, desastres naturales u otras causas análogas o sus consecuencias. En estos casos, la corta del bosque será limitada, proporcional y razonable para los fines antes expuestos. Previamente, deberá llenarse un cuestionario de preselección ante la Administración Forestal del Estado para determinar la posibilidad de exigir una evaluación del impacto ambiental, según lo establezca el reglamento de esta ley.” (El resaltado es nuestro) De conformidad con el Reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre, en este Refugio de categoría Mixta, se pueden realizar diferentes actividades: establece: “Artículo 151.- El MINAET a través del SINAC, podrá autorizar dentro de los límites de los Refugios de Propiedad Mixta, y Refugios de Propiedad Privada, de conformidad con los principios de desarrollo sostenible planteados en los planes de manejo, las siguientes actividades: a) Uso agropecuario. b) Uso habitacional. c) Vivienda turística recreativa. d) Desarrollos turísticos, incluye hoteles, cabinas, albergues u otros que realicen actividades similares. e) Uso comercial (restaurantes, tiendas, otros). f) Extracción de materiales de canteras (arena y piedra). g) Investigaciones científicas o culturales. h) Otros fines de interés público o social y cualquier otra actividad que el SINAC considere pertinente compatibles con las políticas de Conservación y desarrollo sustentable.” Resulta importante tomar en consideración que al ser el de Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, categoría Mixta, ello implica la existencia dentro de sus linderos de la propiedad pública y la propiedad privada, siendo que esta última no son bienes demaniales y no forma parte del Patrimonio Natural del Estado, conforme lo indicó la Procuraduría General de la Republica en el criterio C057-2022 del 17 de marzo, 2022. “En el caso de los refugios nacionales de vida silvestre mixtos, como su nombre lo indica, su naturaleza tiene esa misma condición, pues confluye propiedad privada y pública y su administración se ejerce de manera conjunta entre el SINAC y los propietarios privados. En las áreas públicas de esos refugios solo se pueden llevar a cabo las actividades dispuestas en el artículo 18 de la Ley Forestal, mientras que en los de naturaleza privada, se pueden ejercer las actividades señaladas en el artículo 151 del Reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre. Así las cosas, las propiedades privadas incluidas en los refugios de vida silvestre privados y en la parte privada de los refugios mixtos, no pierden esa naturaleza y no pueden considerarse bienes demaniales integrantes del patrimonio natural del Estado, aunque sí sujetos a las limitaciones de uso antes expuestas. (Véanse las opiniones jurídicas nos. OJ-026-2019 de 19 de marzo de 2019 y OJ-076-2021 de 5 de abril de 2021)”. Los recursos naturales que se encuentran definidos y caracterizados dentro del Refugio Gandoca-Manzanillo se encuentran sometidos al Plan de Manejo existente; por consiguiente, el hecho de existan actos delictivos de algunas personas que violentan las leyes, no significa que las autoridades administrativas están haciendo actos de tolerancia o indiferencias sobre esos hechos como indebidamente se pretende hacer creer. Las gestiones administrativas contra esas personas están documentadas y los presuntos delitos están denunciados ante la autoridad judicial. Es importante aclarar que los humedales pueden estar localizados en terrenos públicos o privados. Estos no están bajo un régimen de prohibición, sino de uso racional, ya que pueden tener amplia gama de variedad de usos: recreativo y turismo, generador de fuerza hidráulica para obtener energía, pesca, acuicultura, salineras, camaroneras, atracaderos, ruta de transporte acuático, inclusive la infraestructura pública estatal (Decreto Ejecutivo No.49838), etc. Todos los humedales, sean o no declarados por el Estado, formen parte o no de áreas silvestres protegidas, del Patrimonio Natural del Estado y los que están en propiedad privada, por ser de interés público, deben ser protegidos, en el nivel que corresponda. La protección no involucra en sí mismo una prohibición total de actividades. Cada proyecto u obra, debe ser valorada, previo a la toma de decisión. 1.- Son Humedales administrados por el SINAC aquellos que: a) Han sido declarados parte del Patrimonio Natural del Estado. Se considerarán humedales declarados como Patrimonio Natural del Estado aquellos, asociados a ecosistemas boscosos y, además, se ubiquen en bienes demaniales o terrenos propiedad del Estado o de otros entes u órganos públicos. b) Aquellos declarados como áreas silvestres protegidas c) Aquellos incluidos en áreas silvestres protegidas. Les aplica a estos humedales lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Forestal. 2.- Los humedales incluidos en la lista RAMSAR se regirán por lo dispuesto en la Convención Relativa a los humedales de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas y a las normas previstas en el ordenamiento jurídico nacional aplicables a los humedales incluidos en estos listados. 3.- Los humedales no declarados Patrimonio Natural del Estado y los humedales localizados en propiedades privadas les rige las reglas generales de conservación de humedales según lo establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica del Ambiente y les resulta de aplicación el Decreto Ejecutivo 39838-MINAE. En el Registro Nacional de Humedales, constan los humedales inventariados y delimitados por Costa Rica, por lo que no son de recibo las afirmaciones del Señor Nombre121413 donde manifiesta supuestas omisiones con relación a ello. El Estado costarricense ha realizado múltiples esfuerzos legales para mapear y conservar los humedales, prueba de lo anterior es el Decreto Ejecutivo No.42760-MINAE (anteriormente DE-35803-MINAET): "Criterios técnicos para la ubicación, identificación, clasificación y delimitación de ecosistemas de humedales" del Ministerio del Ambiente y Energía, con fundamento en el artículo 140 incisos 3) y 18) de la Constitución Política, el artículo 103 inciso 1) de la Ley General de Administración Pública Ley No.6227 del 2 de mayo, 1978, la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas "Convención de Ramsar" ratificada mediante Ley No.7224 del 9 de abril, 1991, el artículo 41 de la Ley Orgánica del Ambiente No.7554 del 4 de octubre, 1995 y los artículos 22, 51 y 58 de la Ley de Biodiversidad No.7788 del 30 de abril, 1998; que ampara la protección de humedales tanto dentro como fuera de áreas silvestres protegidas y permitiendo su uso según sea pública o privada, actividades que el MINAE, SINAC, fiscaliza mediante sus Plan General de Manejo o bien mediante la atención de criterios técnicos y denuncias ambientales atendidas según la plataforma SITADA presentadas fuera de área silvestre protegida. Adicionalmente, se emiten los criterios de humedal a través de la Plataforma, existe un Registro de Humedales y un Inventario de Humedales. Segundo: Sentencia No. 12745-2019 y Delimitación de 188 Hectáreas. El alcance de la sentencia es claro y no puede ser tergiversado. El Voto Constitucional No.2019-12745 de las 12:10 horas del 10 de julio, 2019, expresa de importancia para efectos de este Informe, lo siguiente: “ (…)..no se presentó prueba de que la ley per se afectara humedales o violara el principio de intangibilidad de la zona marítimo terrestre; no se puede quebrantar el principio de intangibilidad de la zona marítimo terrestre, ni tampoco se puede interpretar que, los terrenos excluidos del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca- Manzanillo por la Ley n°9223 que se encuentren ubicados en la franja de doscientos metros de ancho a lo largo del litoral, medidos horizontalmente a partir de la línea de la pleamar ordinaria, así como las áreas ocupadas por los manglares y esteros (zona pública), y la franja de ciento cincuenta metros contigua a éstos (zona restringida), entre otros bienes, quedaron desafectados del régimen especial que cobija la zona marítimo terrestre…(..) Más bien, y para lograr un justo equilibrio entre la protección del ambiente y las necesidades socioeconómicas de las personas, lo procedente es declarar la acción de inconstitucionalidad incoada, anulando de la norma únicamente en lo referente a los territorios comprendidos en la zona boscosa -188 hectáreas-, según lo dispuesto por la Procuraduría General de la República en sus informes y, por consiguiente, ordenar al SINAC que proceda a delimitar el área antes mencionada. En el caso que se determine de que se trata de bienes de dominio público -no bienes de dominio privado-, el SINAC, en conjunto con el Abogado de Estado, deberá ejercer las acciones legales correspondientes en defensa del patrimonio público. En lo que atañe a los derechos de propiedad- si se llegasen a determinar- lo que corresponde es que las autoridades competentes impongan a las propiedades las limitaciones de interés social correspondientes en aras de la protección al ambiente. (…) POR TANTO: 1) Por mayoría se declara con lugar la acción, anulando la Ley impugnada, n.° 9223 “Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur” únicamente en lo que respecta a los territorios comprendidos en la zona boscosa, conforme lo dispuesto por la Procuraduría General de la República en sus informes. En virtud de lo anterior, se ordena al Sistema Nacional de Áreas de Conservación que proceda, dentro del plazo de doce meses, contado a partir de la publicación íntegra de este pronunciamiento en el Boletín Judicial, a delimitar el área antes mencionada y, en conjunto con la Procuraduría General de la República, ejercer las acciones legales correspondientes en defensa del patrimonio público. Esta declaratoria de inconstitucionalidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha de vigencia de la norma, todo sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe…(..)” (El resaltado es nuestro) Por consiguiente, la delimitación es la acción principal y no es correcto indicar que se deben recuperar la “totalidad” de las 188 hectáreas, pues lo indicado expresamente está condicionado a la aparición de bienes públicos: “En el caso que se determine de que se trata de bienes de dominio público -no bienes de dominio privado-, el SINAC, en conjunto con el Abogado de Estado, deberá ejercer las acciones legales correspondientes en defensa del patrimonio público …” El alcance del Voto tampoco indica recuperar “humedales degradados”, lo indicado por el Señor Nombre121413 no es lo plasmado en el Voto, por consiguiente esta afirmación es incorrecta y pretende dar otro sentido y alcance al Voto, cuando expresa el Señor Nombre121413: “… La sentencia no se limita a la delimitación de un área boscosa, como sugieren los recurridos, sino que incluye la recuperación de ecosistemas degradados, lo cual implica acciones concretas para restaurar humedales y bosques afectados por ocupaciones y usos indebidos..” El MINAE ha presentado diligentemente los Informes de Avance para el cumplimiento del Voto, donde se informa desde la metodología hasta el avance del grupo legal y técnico que hizo el “barrido” terrestre y el apoyo con dron para una mayor precisión, así como la forma en que se construirá el mapa. Es absolutamente improcedente, que el Señor Nombre121413 indique “Los cinco “Informes de Avance” mencionados carecen de detalle sobre medidas específicas para la recuperación de las 188 hectáreas, como la remoción de estructuras ilegales, la restauración de humedales” pues lo anterior, deja entrever una aparente intención de hacer incurrir en error, al realizar comentarios sin mayor sustento técnico. Aunado a lo anterior, es importante indicar que no se ha realizado un estudio adecuado de los Informes de Avance de Cumplimiento aportados por el MINAE, pues el Informe Final no ha sido presentando aun, se realizan apreciaciones indebidas como: “MINAE no aporta evidencia técnica que acredite la finalización del proceso de delimitación ni su registro oficial ante el Registro Nacional.” Tercero: Directriz 09-2023 y el Informe SINAC-ACC-OTOF-698-2021. La Directriz 09-2023 no tiene sentido comentarse pues no surte ningún efecto. Con relación al Informe SINAC-ACC-OTOF-698-2021, se debe volver a comentar que el cumplimiento de la Sentencia No. 3959-2024 efectivamente fue comunicado a la Sala mediante oficio SINAC-ACLAC-DR-0445-2024 del 17 de mayo, 2024 con respaldo técnico del informe SINAC-ACLAC-DRFVS-PH-030-2024 de fecha 17 de mayo, 2024. Este informe permitió la actualización de la Certificación de Patrimonio Natural del Estado en la Zona Marítimo Terrestre del Cantón de Talamanca, emitido mediante certificación SINAC-ACLAC-DRFVS-PNE-C-092-2024, en cumplimiento a la sentencia No.2024010951, bajo Expediente 24-005929-0007-CO. El proceso de revisiones y observaciones de las instituciones competentes permite la actualización de la certificación SINAC-ACLAC-DRFVS-PNE-C-092-2024 mediante consecutivo SINAC-ACLAC-DRFVS-PNE-C-014-2025, con respaldo del informe técnico SINAC-ACLAC-DRFVS-PH-006-2025 de fecha 13 de febrero, 2025. Siendo esta última (SINAC-ACLAC-DRFVS-PNE-C-014-2025) la certificación vigente a la fecha. Es importante dejar claro que el informe preliminar SINAC-ACC-OTOF-698-2021 (Informe Fonseca), mencionado por el Señor Nombre121413, fue uno de los insumos base para la revisión del Patrimonio Natural del Estado en la Zona Marítimo Terrestre del cantón de Talamanca, tal y como lo solicitó la Sala Constitucional. El informe CARTA-SINAC-ACLAC-DR-0827-2025 de fecha 31 de julio, 2025, aportado en el EXPEDIENTE No.23-014549-0007-CO, sistematiza de manera amplia, el proceso de revisión y complementación de la Certificación de Patrimonio Natural del Estado, al que fue sometido dicho informe preliminar, con el objetivo de que sus insumos cumplieran con los requerimientos técnicos, científicos y legales correspondientes para su oficialización. Por lo tanto, lo indicado por el Señor Nombre121413 no es cierto ni correcto, conforme se demuestra con el siguiente extracto del texto de la nota de cita ACLAC-DR-0827-2025:

Cuarto: Antiguo Hotel Las Palmas. La Sentencia No.12745-2019 no se refiere al sitio que el recurrente quiere incluir en el área de las 188 hectáreas al cual llama “antiguo Hotel Las Palmas”. Si bien el sitio fue demolido por orden judicial hace aproximadamente 14 años, el Informe SINAC-ACLAC-PPCP-C-027-2025 mostró con evidencias que el lugar se encuentra en un proceso acelerado de restauración natural, bajo la protección del Patrimonio Natural del Estado, debidamente rotulado por el Ministerio de Ambiente y Energía, incluido como Patrimonio Natural del Estado 2025 según consta en la certificación SINAC-ACLAC-DRFVS-PNE-C-014-2025 y con esa connotación desde el año 2017, en lo que respecta a la Zona Marítimo Terrestre. Quinto: Hotel Almendros y Corales. En realidad existe una causa penal abierta contra el Hotel Almendros y Corales, donde se investigan las presuntas actividades ilegales bajo Expediente 21- 000239-0597-PE. El MINAE-SINAC realiza labores de fiscalización y control en conjunto con la Municipalidad de Talamanca con la intención de prevenir cualquier acción en detrimento del ambiente. Hechos Sexto y Sétimo: Permisos Municipales y Competencias del MINAE. El Señor Nombre121413 no acepta que el Municipio de Talamanca tiene competencias propias y exclusivas. Los ciudadanos deben respetar los lineamientos municipales, toda vez que los permisos de construcción son competencia de los Municipios y los ciudadanos que tienen propiedades privadas dentro del Refugio, deben acatar las normas municipales y no se encuentran bajo supervisión del MINAE. Los humedales en la Zona Marítimo Terrestre se encuentran delimitados y la Municipalidad de Talamanca fue notificada y cuenta con los documentos, mapas y shapes (capas), que se generaron al efecto para que conozca de su ubicación puntal, por lo que no es cierto afirmar que no se ha hecho la delimitación y que el Municipio otorga permisos sin algún cuidado alguno, como erróneamente se indicó al citar: “…La falta de delimitación oficial de los humedales, responsabilidad del SINAC, facilita la emisión de permisos incompatibles con la conservación..” Así las cosas, los suscritos estimamos que los alegatos realizados por el Señor Nombre121413 , no contienen sustento científico y por el contrario atienden manifestaciones absolutamente subjetivas, que inclusive pueden hacer caer en error a la honorable Sala Constitucional”.

6.- Por resolución de las cho horas cincuenta y siete minutos del veintiocho de julio de dos mil veinticinco el magistrado instructor amplió el curso y solicitó informe al Alcalde Municipal de Talamanca (ver registro electrónico).

7.- Por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala el recurrente manifiesta lo siguiente: “Rigor Técnico del Informe SINAC El informe fue elaborado con meticulosidad por el Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC) bajo el Programa de Control y Protección. Es el resultado de inspecciones de campo realizadas los días 6 de marzo, 24 de marzo y 20 de abril de 2023, por profesionales calificados, incluyendo a Manuel J. Arias Guzmán y Deiver Contreras Arguedas, con aportes de Alexis Salas Rodríguez y Maikel Vanegas Calderón. El documento se fundamenta en los criterios técnicos establecidos en el Decreto Ejecutivo No. 42760- MINAE y emplea metodologías estandarizadas, como las descritas en el Manual para la Identificación y Clasificación de Humedales de Costa Rica (Bravo & Windevoxhel, 1997) y la Guía Práctica para la Caracterización y Delimitación de Suelos Hidromórficos (PNUD, SINAC/INTA, 2017). La metodología empleada incluyó: 2 • Muestreo de Campo: Uso de un geoposicionador Garmin Montana, tabla de colores Munsell y formularios de observación simple para caracterizar suelos hidromórficos, realizados en múltiples puntos para garantizar precisión. • Análisis Geográfico y Cartográfico: Cruce de información con el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), imágenes satelitales de Google Earth y bases de datos del SINAC, incluyendo mapas de drenajes y cobertura forestal. • Caracterización Ecológica: Evaluación de suelos, sistemas hídricos y vegetación hidrófila, confirmando la presencia de ecosistemas de humedal en aproximadamente 67,097 m² (6.7 ha) del área evaluada, según lo establecido en el Decreto No. 42760- MINAE. El informe identifica características ecológicas clave, como suelos hidromórficos (colores grisáceos y verdosos, indicativos de condiciones anaeróbicas), vegetación hidrófila (especies como Pterocarpus officinalis, Pentaclethra macroloba y Raphia taedigera) y condiciones hídricas estacionales, que confirman la presencia de un humedal en los predios señalados. Además, documenta alteraciones antropogénicas, como drenajes y construcciones recientes, que afectan la integridad del ecosistema. Violaciones al Convenio Ramsar El sitio Gandoca-Manzanillo, reconocido como humedal de importancia internacional bajo la Convención Ramsar (Ley No. 7224 de abril de 1991), está protegido por su relevancia ecológica y su biodiversidad. El informe SINAC-ACLAC-PCP-D-H-08-2023 evidencia actividades prohibidas bajo el artículo 45 de la Ley Orgánica del Ambiente (No. 7554), como drenajes y rellenos que alteran los ciclos naturales del humedal. Estas acciones contravienen las obligaciones de Costa Rica bajo el Convenio Ramsar, que exige la protección y uso sostenible de estos ecosistemas, así como las disposiciones de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre (No. 7317) y la Ley de Biodiversidad (No. 7788). El informe señala específicamente: • Un relleno tipo sendero en la zona pública, afectando el humedal en la Zona Marítimo Terrestre. 3 • Alteraciones en la cobertura forestal entre 2004 y 2023, con un aumento significativo de construcciones entre 2021 y 2023, en áreas identificadas como humedal. • La omisión de estos humedales en el Registro Nacional de Humedales, lo que agrava la falta de protección administrativa. Estos hallazgos, respaldados por pruebas documentales de los propios funcionarios de SINAC, demuestran una clara violación de los principios de conservación establecidos en el Convenio Ramsar y la legislación nacional, afectando un ecosistema de interés público y el derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (artículo 50 de la Constitución Política). Solicitud a la Sala Constitucional Con base en lo expuesto, solicito respetuosamente a esta Sala que: 1. Considere el informe SINAC-ACLAC-PCP-D-H-08-2023 como prueba fundamental que ratifica la procedencia de este recurso de amparo, al documentar la existencia de un humedal y las afectaciones ambientales en el sitio Ramsar Gandoca-Manzanillo. 2. Ordene las medidas necesarias para garantizar la protección del humedal identificado, incluyendo la paralización de actividades que alteren su integridad y la inclusión de estas áreas en el Registro Nacional de Humedales. 3. Declare la violación de los derechos fundamentales al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, ordenando a las autoridades competentes (SINAC y otras instancias) tomar medidas correctivas y preventivas para cumplir con las obligaciones del Convenio Ramsar y la normativa nacional. Adjunto al presente escrito una copia del informe SINAC-ACLACPCP-D-H-08-2023 para su revisión y valoración por parte de esta Sala. Quedo a disposición de esta honorable Sala para cualquier aclaración o trámite adicional, agradeciendo de antemano su atención a este asunto de interés público y urgencia ambiental” (ver registro electrónico)

8.- Por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala el recurrente manifiesta lo siguiente: “Con el debido respeto a su alta autoridad, me apersono en mi condición de recurrente en el expediente de referencia para presentar esta réplica formal, detallada y exhaustiva al oficio DM-691-2025 DAJ-MINAE-1602-2025, fechado el 7 de agosto de 2025, suscrito de manera conjunta por el señor Ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, y el señor Vice Ministro de Ambiente, Jorge Mario Rodríguez Zúñiga. Esta réplica se fundamenta en la necesidad de refutar categóricamente las afirmaciones contenidas en dicho oficio, las cuales representan un intento desesperado por soslayar y minimizar hechos irrefutables relacionados con la protección del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (en adelante, REGAMA), un área silvestre protegida de categoría mixta que alberga el sitio Ramsar N° 783, Gandoca-Manzanillo. Dichas afirmaciones carecen de sustento jurídico sólido, ignoran intervenciones previas de esta honorable Sala y contradicen principios constitucionales de protección ambiental, como los establecidos en los artículos 50 y 89 de la Constitución Política. A continuación, procedo a refutar punto por punto las manifestaciones de los recurridos, apoyándome en evidencia legal, técnica y jurisprudencial, incluyendo resoluciones de esta Sala. normativas ambientales nacionales e internacionales, y documentación probatoria aportada en el expediente. Primero: Sobre la naturaleza y actividades permitidas en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo Los recurridos afirman que las actividades permitidas en el REGAMA no se limitan a las indicadas en el artículo 18 de la Ley Forestal N° 7575, aplicable únicamente a propiedad forestal estatal, y que en propiedad privada operan los artículos 19 y 20 de dicha ley, así como el artículo 51 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre N° 7317. Además, citan el artículo 151 del Reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre (Decreto Ejecutivo N° 31849- MINAE), enumerando actividades como uso agropecuario, habitacional, turístico, comercial y extractivo, siempre conforme al plan de manejo. Insisten en que la propiedad privada no pierde su naturaleza ni se convierte en bien demanial, citando el criterio C-057- 2022 de la Procuraduría General de la República. Esta argumentación es falaz y omite el contexto integral de protección del REGAMA, particularmente su condición como sitio Ramsar N° 783, designado el 11 de diciembre de 1995, con una extensión de 9.445 hectáreas que incluyen humedales frágiles como manglares, lagunas costeras y bosques anegados. La ficha técnica Ramsar establece que el sitio alberga ecosistemas críticos para aves acuáticas, tortugas marinas y biodiversidad marina-terrestre, sujetos a la Convención Ramsar (ratificada por Ley N° 7224 de 1991), que obliga al Estado costarricense a promover su conservación y uso racional, priorizando la integridad ecológica sobre intereses privados. Contrario a lo alegado, la mayoría de los bosques en el REGAMA son bosques anegados ubicados en ecosistemas de humedales, donde cualquier intervención debe someterse a estrictas limitaciones ambientales. El artículo 19 de la Ley Forestal N° 7575 prohíbe expresamente el cambio de uso del suelo en terrenos cubiertos de bosque, permitiendo solo actividades limitadas y proporcionales, como construcciones habitacionales o infraestructuras de conveniencia nacional, siempre previa evaluación de impacto ambiental y sin afectar la sostenibilidad. El Reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre (artículo 151) condiciona tales actividades a los “principios de desarrollo sostenible planteados en los planes de manejo”, pero esta Sala anuló el Plan General de Manejo 2017-2026 del REGAMA mediante resolución N° 2025-02281 del 16 de julio de 2025, por violar los artículos 50 y 89 de la Constitución Política, al no considerar adecuadamente todos los humedales, incumplir la Convención Ramsar y carecer de fundamento científicotécnico. Además, los recurridos ignoran el caso emblemático de la demolición del Hotel Las Palmas, ejecutada en 2012 tras un litigio de 18 años, precisamente por infracciones a la Ley de Conservación de Vida Silvestre, incluyendo el drenaje y relleno de un humedal dentro del REGAMA, lo que alteró ecosistemas frágiles y violó la Zona Marítimo Terrestre (ZMT). Este precedente demuestra que, independientemente de la propiedad privada, las intervenciones en humedales Ramsar están prohibidas si comprometen la integridad ecológica, como lo establece el Decreto Ejecutivo N° 39838-MINAE (Reglamento para la Protección de Humedales). La distinción entre propiedad pública y privada no exime de responsabilidades ambientales; al contrario, el artículo 45 de la Ley Orgánica del Ambiente N° 7554 impone la protección de humedales como bienes de interés público, incluso en terrenos privados, aplicando reglas de uso racional y prohibiendo actividades que causen degradación. Los recurridos minimizan actos delictivos como “aislados”, pero el oficio AT-175-2024 ilustra un patrón de urbanización anárquica, con miles de permisos de uso del suelo emitidos por la Municipalidad de Talamanca en humedales y bosques dentro del sitio Ramsar, facilitados por modificaciones ilegales al Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT). Segundo: Sobre la sentencia N° 2019-12745 y la delimitación de 188 hectáreas Los recurridos citan la sentencia N° 2019-12745 del 10 de julio de 2019, afirmando que su alcance es claro y no puede tergiversarse, y que anuló la Ley N° 9223 solo en lo referente a 188 hectáreas boscosas excluidas del REGAMA, ordenando al SINAC delimitarlas. Alegan que no se afectaron humedales ni la intangibilidad de la ZMT. Esta interpretación es sesgada y contradice el fallo integral. La Sala declaró con lugar la acción de inconstitucionalidad contra la Ley N° 9223, anulándola parcialmente por reducir los límites del REGAMA sin estudios técnicos, violando el principio de no regresividad ambiental. Ordenó delimitar las 188 hectáreas boscosas y, si resultan bienes de dominio público, ejercer acciones legales para su recuperación. Además, impuso limitaciones de interés social a propiedades privadas para proteger el ambiente. Sin embargo, los recurridos han incumplido esta orden, como consta en resoluciones posteriores de esta Sala, incluyendo la N° 2025-02281, que anuló la Directriz 09-2023 emitida por el Ministro Tattenbach Capra el 17 de mayo de 2023, por reconocer límites reducidos del REGAMA conforme a la Ley N° 9223, sin fundamento científico y contradiciendo el voto 2019-12745 y el N° 2024-03954. Dicha directriz modificó ilegalmente el SNIT, excluyendo humedales y bosques del sitio Ramsar, facilitando permisos municipales en áreas protegidas. Esta Sala ha intervenido recurrentemente para obligar al Ministro a reconocer el documento técnico “Delimitación y Caracterización de Humedales”, catalogado inicialmente como “borrador interno” por los recurridos, pero oficializado mediante Decreto Ejecutivo N° 42760-MINAE, que establece criterios técnicos para identificar y proteger humedales. La Directriz 09-2023 generó condiciones para urbanización descontrolada, como evidencia la nota del 6 de febrero de 2019 del Lic. Héctor Saenz Aguilar, asesor legal de la Municipalidad de Talamanca, que lista permisos de uso del suelo desde 2014 a 2019, beneficiando mayoritariamente sociedades anónimas y no a “pobladores del Caribe Sur” como sugiere el nombre de la Ley N° 9223. Tercero: Sobre el interés en desarrollar el REFUGIO y la defensa de la propiedad privada Los recurridos defienden extensamente la propiedad privada, argumentando que no forma parte del Patrimonio Natural del Estado y que sus manifestaciones buscan equilibrar protección ambiental con derechos socioeconómicos. Esta defensa carece de fundamento jurídico, especialmente ante la acción de inconstitucionalidad pendiente contra la Ley N° 9223, que favorece intereses inmobiliarios al reducir límites del REGAMA sin base técnica, degradando el sitio Ramsar. Los recurridos han mostrado un confuso interés en desarrollar el área mediante un plan de manejo anulado por esta Sala por falta de ciencia y técnica. Además, MINAE y SINAC modificaron el SNIT para facilitar cambios de uso en terrenos boscosos, permitiendo permisos en humedales Ramsar, como ilustra el oficio AT-175-2024. La propiedad privada está sujeta a limitaciones ambientales de interés público (artículo 45 de la Ley N° 7554), y la Convención Ramsar prevalece sobre derechos privados cuando se compromete la integridad de humedales. Las afirmaciones de los recurridos ocultan esta realidad, minimizando impactos acumulativos de urbanización. Conclusión y petición Los argumentos del oficio DM-691-2025 DAJ-MINAE-1602-2025 son infundados, contradictorios con jurisprudencia de esta Sala y orientados a ocultar incumplimientos ambientales graves. Solicito respetuosamente que se rechace íntegramente dicho oficio, se declare con lugar el recurso de amparo y se ordene a los recurridos cumplir estrictamente con las protecciones del REGAMA y el sitio Ramsar N° 783, incluyendo la delimitación inmediata de áreas boscosas y la revocatoria de permisos ilegales” (ver registro electrónico).

9.- Por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala a las 15:07 horas del 18 de agosto de 2025 el recurrente manifiesta lo siguiente: “Yo, Nombre121413  , en mi condición de recurrente en el expediente de referencia, comparezco respetuosamente ante esta honorable Sala Constitucional para presentar, de manera formal y vehemente, prueba adicional que considero esencial para una mejor resolución del caso. Esta prueba consiste en un reportaje publicado en el periódico Semanario Universidad, correspondiente a la edición del 13 de agosto de 2025, titulado "OIJ y PGR: Sinac recortó en 43% área de humedales en el Caribe Sur que el Estado debe proteger". Adjunto copia íntegra del artículo, el cual detalla graves incumplimientos por parte del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) en relación con la delimitación y protección de humedales en la zona del Refugio Nacional de Vida Silvestre GandocaManzanillo, sitio Ramsar categoría 783. El reportaje, elaborado por la periodista Fabiola Pomareda García, expone con base en informes periciales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y de la Procuraduría General de la República (PGR), cómo la certificación emitida por el SINAC en 2024 reduce arbitrariamente en un 43% (equivalente a 94,08 hectáreas) el área de humedales que debe protegerse, en comparación con informes previos de 2020 y 2021. Esta reducción se produce pese a las reiteradas intervenciones de la PGR y las órdenes expresas de esta Sala Constitucional en la sentencia 2019- 012745, que declaró parcialmente inconstitucional la Ley 9223 de 2014 y ordenó la recuperación de las zonas excluidas del Refugio. Dicha evidencia demuestra una afectación gravísima al ambiente, en violación al principio de no regresión ambiental y al patrimonio natural del Estado, particularmente en sectores como Punta Uva y Playa Grande, donde se han registrado talas, drenajes y rellenos ilegales que promueven desarrollos inmobiliarios en detrimento de ecosistemas sensibles. La PGR, en su informe PGR-ESC-003-2025, resalta que estos actos constituyen una "afectación gravísima al ambiente" y solicita la ampliación de medidas cautelares, lo cual refuerza la urgencia de una intervención vigorosa por parte de este alto tribunal. Esta prueba adicional corrobora los argumentos expuestos en mi recurso inicial y subraya la necesidad imperiosa de que la Sala emita una resolución firme y expedita, ordenando al MINAE y al SINAC cumplir estrictamente con las delimitaciones basadas en los informes de 2020 y 2021, suspender cualquier proceso de inscripción de propiedades en las zonas afectadas, y ejercer las acciones legales correspondientes para restaurar la protección del sitio Ramsar 783. De no actuar con celeridad, se perpetuaría un daño irreversible al patrimonio público y al equilibrio ecológico, contrariando los mandatos constitucionales en materia ambiental. Solicito respetuosamente que esta prueba sea incorporada al expediente, valorada en su mérito y considerada para la resolución final. Quedo a disposición de la Sala para cualquier aclaración o ampliación que se requiera” (ver registro electrónico).

10.- Informa bajo juramento Rugeli Morales Rodríguez, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Talamanca (ver registro electrónico) en los siguientes términos: “Lleva razón el recurrente cuando indica que la municipalidad de Talamanca ha otorgado permisos administrativos de visado municipal de planos y permisos de construcción en áreas que anteriormente se encontraban de acuerdo con la resolución del MINAE no pertenecían al refugio y se encontraban fuera de las 165.2 hectáreas de humedales, pero que con la nueva certificación del SINAC-ACLACDRFVS-PNE-C-014- 2025 al incrementarse el Patrimonio Natural de Estado ahora se encuentran dentro del refugio. La justificación para el otorgamiento de los visados se encuentra en que hasta la fecha de la respuesta a este informe no hay en el Registro Nacional, sección de catastro un aviso catastral o anotación de fincas con lo cual ha resultado imposible identificar las propiedades que se encuentran dentro de las 20.1 hectáreas de más con las que cuenta el Refugio. Igual al tema de visado de planos, los permisos de construcción se otorgaron tomando en cuenta la imposibilidad manifiesta por falta de certificación del MINAE, de certeza si estas solicitudes se encontraban dentro del Refugio o fuera de ella. Debo aclarar a su autoridad que el MINAE hizo del conocimiento sobre la nueva certificación que incluía los 189.1 hectáreas hasta abril del 2025 aproximadamente y aún hasta la fecha no existe en el catastro nacional anotación sobre la ampliación del refugio, ni anotación sobre posibles fincas inscritas a nivel registral, lo cual permitiría bajo el principio de publicidad registral t certeza jurídica emitir criterios de rechazo a las solicitudes de los administrados, ya que a falta de esta información no hay fundamento legal para rechazar la solicitud. En ese mismo orden de ideas hacemos de conocimiento de su autoridad que teniendo la certificación de SINAC-ACLACDRFVS-PNE-C-014-2025, la cual amplia el PNE 189.1 hectáreas, de manera diligente esta administración ha llevado a cabo una revisión de los permisos de construcción otorgados, pudiendo concluir que dentro de los nuevos límites se tiene un total 12 permisos aproximadamente, y reitero que es un aproximado por cuanto no se tiene certeza de los limites del refugio hasta tanto no se lleve a cabo la nueva cartulación del área, tarea que es del INSTITUTO NACIONAL DE URBANISMO (INVU), y de manera consecuente se han notificado ha 6 de los permisionarios sobre resoluciones administrativas de detención de obra y se esta en proceso de la elaboración de los procesos de amparo de lesividad en el proceso contencioso administrativo, para revocar los permisos ya otorgados. De igual forma se ha llevado a cabo e pasado 22 de agosto una reunión de cooperación interinstitucional con el SINAC, para llevar a cabo inspecciones conjuntas en las áreas que se pudieran estar viendo afectadas por esta circunstancia. En cuanto a usos de suelo comercial, se está en un proceso de verificación de las áreas de alcance de la nueva certificación con el fin de verificar si hay lugares en que se otorgaron estos permisos luego de la nueva certificación con el fin de poder revocar los actos, luego de realizado el debido proceso administrativo. Es importante reiterar a su autoridad que los actos y permisos otorgados por la municipalidad de Talamanca han sido bajo el principio de buena fe y cumpliendo lo que para el momento de los hechos constaba y no esta de más indicar que si se observa una cronología de los eventos, las acciones realizadas por la corporación han sido siempre cumpliendo con lo que al momento se tenía como información aplicable y que los errores cometidos por la administración municipal obedecen claramente a los atrasos e incumplimientos en cuanto a plazos por parte de las autoridades rectoras en la materia, elemento comprobable de forma práctica cuando se observa la resolución de la misma sala 2024-26300 y la obligación de imponer una medida cautelar por parte de su autoridad producto de los atrasos del MINAE. No quisiera dejar de indicar en este informe solicitado por su autoridad, que la municipalidad de Talamanca deja abierta la posibilidad de ampliar este informe con los resultados de los procesos tanto administrativos, como judiciales que se están realizando y los próximos a ejecutar con el fin de cumplir a cabalidad con lo ordenado en la resolución de sentencia 2019-12745”. Solicita que se declare sin lugar el recurso.

11.- Por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala a las 15:36 horas del 02 de setiembre de 2025 el recurrente manifiesta lo siguiente: “1. Confesión de irregularidades administrativas y complicidad institucional El señor Alcalde reconoce explícitamente en su informe que “lleva razón el recurrente” al señalar que la Municipalidad de Talamanca otorgó permisos administrativos de visado de planos y construcción en áreas que, según la resolución previa del MINAE, no pertenecían al Refugio, pero que, tras la certificación SINAC-ACLAC-DRFVSPNE-C-014-2025, ahora forman parte de las 189.1 hectáreas del Patrimonio Natural del Estado. Esta confesión de parte valida mis denuncias iniciales, pero el Alcalde intenta justificar estas acciones alegando la falta de anotaciones catastrales en el Registro Nacional. Tal excusa es inadmisible, pues el documento técnico “Caracterización y Delimitación de Humedales” de 2021, conocido por las autoridades, establece claramente que dichas áreas son ecosistemas de humedales protegidos. La emisión de permisos en estas zonas constituye una violación directa del principio de precaución de la Ley de Biodiversidad (Ley N° 7788) y de la Convención de Ramsar. Lejos de asumir responsabilidad, el informe revela que el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) han instrumentalizado a la Municipalidad de Talamanca para facilitar el desarrollo inmobiliario en perjuicio del Refugio. Esta colusión, que beneficia a un grupo influyente de empresarios, es parte de una cadena de irregularidades iniciada con la aprobación ilegal de la Ley N° 9223 y extendida hasta 2019, como he denunciado previamente. 2. Ausencia de medidas cautelares y omisión deliberada El informe del Alcalde no presenta evidencia alguna de medidas cautelares para detener el daño ambiental en curso, a pesar de reconocer que al menos doce permisos de construcción se otorgaron en áreas ahora protegidas. La notificación de detención de obras a solo seis permisionarios y la mención de procesos administrativos en curso son insuficientes y tardíos, evidenciando una falta de compromiso con la protección del Refugio. Esta omisión viola el artículo 7 de la Constitución Política, el artículo 29 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, la Ley de Biodiversidad y los convenios internacionales de flora y fauna, incluida la Convención de Ramsar. Además, la Directriz 09-2023 del MINAE y el archivo del documento técnico “Caracterización y Delimitación de Humedales” constituyen pruebas irrefutables de un esfuerzo deliberado por desproteger el Sitio Ramsar 783, permitiendo la construcción de hoteles y mansiones de lujo en un santuario ecológico. Estas acciones, lideradas por el señor Franz Tattenbach Capra, Ministro de Ambiente, reflejan una intención clara de priorizar intereses económicos sobre la conservación ambiental. 3. Crimen organizado y amenazas a los ambientalistas La prensa nacional, incluyendo reportajes de La Nación (30 de agosto de 2025) y Semanario Universidad (29 de julio de 2024), ha expuesto una red de intereses económicos y políticos que involucra a figuras como Nombre121414  , configurando lo que, a todas luces, es la primera organización de crimen organizado en recursos naturales de Costa Rica. Esta colusión entre empresarios inmobiliarios, MINAE, SINAC y, potencialmente, Casa Presidencial, ha permitido la devastación del Refugio a cambio de millones de colones y dólares en terrenos. Los ambientalistas que defendemos este ecosistema enfrentamos amenazas, como lo documentó Semanario Universidad en su artículo “Ambientalista denuncia llamadas amenazantes por la defensa del Refugio Gandoca-Manzanillo” (29 de julio de 2024). Estas presiones evidencian los riesgos que asumimos al proteger los derechos ambientales de las generaciones futuras. Insto a esta Sala a investigar la identidad de los coadyuvantes en el expediente 14- 019174-0007-CO para esclarecer las fuerzas detrás de este negociado. 4. Llamado urgente a la intervención judicial Apoyo plenamente la solicitud del Procurador General de la República, Lic. Iván Vincenti Rojas, presentada el 16 de julio de 2025 en el expediente 14-019174-0007-CO, para involucrar a la Sección de Biología Forense del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en la delimitación de bosques y humedales del Refugio. Esta medida es esencial para establecer los límites precisos del área protegida y frenar la devastación en curso. Asimismo, solicito que esta Sala ordene la suspensión inmediata de todos los permisos de construcción en el Refugio, investigue las responsabilidades administrativas y penales, y garantice la protección del Sitio Ramsar 783. 5. Súplica y conclusión Señoras y señores Magistrados, ustedes tienen la misión de resguardar nuestros derechos fundamentales. La anarquía ambiental en el Refugio Gandoca-Manzanillo, orquestada por intereses económicos y políticos, exige una respuesta contundente. La omisión de medidas cautelares, la instrumentalización de la Municipalidad de Talamanca y la complicidad de MINAE y SINAC han permitido la destrucción de un ecosistema vital. Reitero todas mis manifestaciones iniciales y suplico a esta Sala que actúe con la malicia y el rigor necesarios para detener esta crisis, protegiendo el Refugio y los derechos de las generaciones futuras” (ver registro electrónico).

12.- Por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala a las 10:49 horas del 05 de setiembre de 2025 el recurrente manifiesta lo siguiente: “I. Antecedentes de Hecho 1. Contexto de la lucha ambiental: Desde hace más de 14 años, he denunciado, como ciudadano, las irregularidades cometidas por la Sociedad Anónima Puket en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, Sitio Ramsar N° 783. Estas denuncias, respaldadas por el oficio O-0361-2023 de fecha 20 de abril de 2023, suscrito por la MSc. Ana María de Monserrat Gómez de la Fuente Quiñónez, Presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo, evidencian la afectación de varias hectáreas de humedales y bosques anegados por proyectos inmobiliarios que violan la normativa ambiental nacional e internacional. 2. Conducta manipuladora del Viceministro: En el oficio DVA0111-2025 de fecha 4 de septiembre de 2025, el Ing. Jorge Mario Rodríguez tergiversa la sentencia 2025-026119, Expediente 25- 020088, presentándola como un triunfo jurídico que deslegitima mis pretensiones. Sin embargo, esta Sala rechazó dicho recurso por prematuro, sin valorar el fondo de mis argumentos, lo que el Viceministro omite deliberadamente para evadir su responsabilidad en la protección del Sitio Ramsar. Esta manipulación constituye un abuso de autoridad y una violación al derecho de petición (art. 27, Constitución Política). 3. Instrumentalización de la normativa ambiental: Los recurridos han actuado con premeditación y alevosía, emitiendo la Directriz 09-2023 para legalizar, de manera irregular, el desarrollo inmobiliario dentro del Sitio Ramsar N° 783, favoreciendo a poderosos grupos de empresarios inmobiliarios del Caribe Sur. Esta directriz contradice la Misión y Visión del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y desconoce el Documento de Caracterización y Delimitación de Humedales, afectando gravemente los ecosistemas protegidos. 4. Abuso del sistema judicial: Los recurridos han instrumentalizado el sistema judicial mediante denuncias mediocres ante el Ministerio Público (causas 23-000041-0611- PE, 21-000001-1851-PE y 25-000255-0597-PE), diseñadas para dilatar los procesos administrativos y vaciar de contenido la normativa ambiental, en perjuicio de los defensores ambientales y de los ecosistemas protegidos. 5. Ausencia de protección a defensores ambientales: La prensa nacional e internacional ha documentado ampliamente las agresiones, hostigamiento y criminalización contra defensores ambientales en Costa Rica y la región. El gobierno del señor Rodrigo Chaves Robles se ha opuesto activamente al Acuerdo de Escazú, instrumento regional vinculante que garantiza la protección de los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales, así como la seguridad de los defensores ambientales. Esta oposición agrava la vulnerabilidad de quienes, como yo, luchamos por la protección de los ecosistemas frente a mafias inmobiliarias con poder político y económico. II. Fundamentos Jurídicos 1. Violación de derechos fundamentales (Constitución Política): • Artículo 7: La negativa del Estado a implementar el Acuerdo de Escazú y cumplir con el Convenio de Ramsar viola la jerarquía constitucional de los tratados internacionales, que forman parte del bloque de constitucionalidad. • Artículo 21: La falta de protección a los defensores ambientales pone en riesgo mi derecho a la vida e integridad personal, ante las presiones y hostigamiento de poderosos grupos económicos. • Artículo 27: La manipulación de la sentencia 2025-026119 y las respuestas evasivas del Viceministro (oficio DVA-0111-2025) vulneran mi derecho de petición. • Artículo 41: La ausencia de tutela judicial efectiva frente a las maniobras dilatorias de los recurridos impide el acceso a la justicia ambiental. • Artículo 46: El derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado es violado por la inacción administrativa y la reducción ilegal de los límites del Sitio Ramsar N° 783. • Artículo 50: La permisividad frente a la depredación de humedales protegidos desconoce el derecho fundamental a un ambiente sano. 2. Normativa ambiental nacional: • Ley de Biodiversidad (N° 7.788): Los artículos 11 y 62 exigen medidas de prevención y precaución para proteger la 4 biodiversidad. La Directriz 09-2023 y la inacción del Viceministro contravienen estas disposiciones. • Ley de Vida Silvestre (N° 7.317): La omisión en proteger los hábitats del Sitio Ramsar viola las normas de conservación de la fauna silvestre. • Ley Forestal (N° 7.575): La tala ilegal denunciada en la causa 25-000255-0597-PE evidencia el incumplimiento de las normas forestales. 3. Obligaciones internacionales: • Convenio de Ramsar (Ley N° 5.224): Los artículos 3 y 4 obligan al Estado a conservar los humedales de importancia internacional, como el Sitio Ramsar N° 783. La desafectación de áreas protegidas y la permisividad frente a proyectos inmobiliarios violan estas disposiciones. • Acuerdo de Escazú (ratificado por Costa Rica): Los artículos 4, 5, 6, 7 y 9 garantizan el acceso a la información, la participación pública, la justicia ambiental y la protección de los defensores ambientales. La oposición del gobierno al Acuerdo agrava la vulnerabilidad de quienes denunciamos la depredación ambiental. • Sentencias de la Corte IDH: Casos como Nombre42441 vs. Honduras (2009) y Pueblo Indígena Lhaka Honhat vs. Argentina (2020) establecen la obligación de los Estados de proteger a los defensores ambientales frente a amenazas y garantizar el derecho a un ambiente sano. La inacción del Estado costarricense contraviene estos precedentes vinculantes. 4. Ley de Jurisdicción Constitucional (N° 7.135): • Artículo 29: Solicito la intervención del Departamento de Ciencias Forenses del Organismo de Investigación Judicial para investigar la posible colusión de las autoridades con intereses inmobiliarios y el abuso de competencias administrativas. • Artículo 33: Esta Sala tiene competencia para ordenar medidas cautelares que eviten daños irreparables al Sitio Ramsar N° 783. 5 • Artículo 41: Se solicita garantizar la tutela efectiva de mis derechos fundamentales como defensor ambiental. 5. Antecedentes periodísticos: • Nacionales: Medios como Semanario Universidad (2023) y La Nación (2024) han denunciado la presión de grupos inmobiliarios en el Caribe Sur, la criminalización de defensores ambientales y la inacción del SINAC frente a la depredación de humedales. Estas publicaciones destacan cómo la Directriz 09- 2023 ha facilitado desarrollos ilegales en áreas protegidas. • Internacionales: Informes de The Guardian (2022) y Global Witness (2024) documentan la violencia y hostigamiento contra defensores ambientales en América Latina, señalando a Costa Rica como un país donde la falta de implementación del Acuerdo de Escazú expone a los activistas a riesgos significativos” (ver registro electrónico).

13.- Por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala  a las 14:30 horas del 09 de setiembre de 2025 el recurrente presente copia del oficio CARTA-SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-389-2025  de fecha 19 de agosto del 2025 y manifiesta lo siguiente: “Asunto: Solicitud de incorporación y valoración del documento CARTA-SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-389-2025 en el expediente 25-017781-0007-CO Estimados Señores Magistrados, Yo, Nombre121413   , ciudadano costarricense, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad número CED10381- , vecino de Dirección14841 , , y actuando en mi calidad de recurrente en el expediente 25-017781-0007-CO, comparezco respetuosamente ante esta Honorable Sala, al amparo de la Ley de Jurisdicción Constitucional (Ley N.° 7135), para solicitar lo siguiente: 1. Incorporación de Documento: Ruego se incorpore al expediente y se analice de manera integral el documento CARTA-SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-389- 2025, de fecha 19 de agosto de 2025, suscrito por la Licda. Fanny Cruz Torres, Administradora del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Este documento, emitido por el Área de Conservación La Amistad Caribe (SINAC-ACLAC), detalla las acciones tomadas en respuesta a mi denuncia (Ref. AEL-00311-2025) sobre actividades constructivas ilegales asociadas al proyecto “Puket” dentro del Sitio Ramsar N.° 783 (Gandoca-Manzanillo). 2. Valoración de Actos Ilegales: El documento referido evidencia irregularidades graves y omisiones por parte de los recurridos en los informes presentados bajo juramento ante esta Sala. Específicamente, confirma la continuidad de actividades constructivas por parte de ROKA DEL RÍO SOCIEDAD ANÓNIMA, con uso de maquinaria pesada en ecosistemas protegidos de humedales y bosques, en clara violación del Convenio Ramsar y la legislación ambiental costarricense, incluyendo la Ley de Biodiversidad (Ley N.° 7788) y la Ley Orgánica del Ambiente (Ley N.° 7554). Estas acciones amenazan con causar daños irreversibles a los humedales, manglares y sitios de anidación de tortugas marinas del Refugio Gandoca Manzanillo. 3. Fundamento Legal: La omisión de los recurridos al no abordar plenamente estas violaciones contraviene los principios de veracidad y buena fe establecidos en los artículos 11 y 41 de la Constitución Política de Costa Rica y los artículos 9 y 45 de la Ley de Jurisdicción Constitucional. Además, las actividades constructivas violan los compromisos internacionales de Costa Rica bajo el Convenio Ramsar sobre Humedales, que obliga a la protección y uso sostenible de sitios designados como Gandoca Manzanillo (Sitio Ramsar N.° 783). El uso documentado de maquinaria y el incumplimiento de resoluciones previas de esta Sala, como la orden de 2019 para restaurar 188 hectáreas, constituyen un desacato flagrante a las normativas ambientales y judiciales. 4. Solicitud Específica: Respetuosamente solicito a esta Honorable Sala: a) Tomar nota integral del contenido del documento CARTASINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-389-2025, incluyendo los informes técnicos referidos (CARTA-SINAC-ACLAC-DASPRNVSGM-359-2025 y CARTA-SINAC-ACLAC-DASPRNVSGM-364-2025), que aportan evidencia fotográfica y georreferenciada de las violaciones. b) Evaluar las omisiones y tergiversaciones de los recurridos en sus informes, particularmente su falta de acción frente al daño ambiental continuo causado por el proyecto Puket. c) Dictar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del Convenio Ramsar, la Ley de Jurisdicción Constitucional y las resoluciones judiciales previas, asegurando la cesación inmediata de las actividades ilegales y la restauración de los ecosistemas afectados 5. Notificaciones: Recibiré notificaciones en los siguientes correos electrónicos: • Primario: ...1278 • Secundario: ...3666 Con base en lo expuesto y al amparo de la Ley de Jurisdicción Constitucional, solicito respetuosamente a esta Honorable Sala admitir esta petición, incorporar el documento citado y adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos constitucionales y ambientales internacionales en juego, evitando mayores daños irreparables al Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo” (ver registro electrónico).

14.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

 Redacta la Magistrada Alvarado Paniagua; y,

Considerando:

I.-OBJETO DEL RECURSO. El recurrente acude a la Sala y expone que, el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, sitio Ramsar nro. 783, es un área protegida de importancia internacional, reconocida desde 1995 por su biodiversidad, incluyendo humedales, manglares, bosques y hábitats críticos para especies como las tortugas marinas. Acota que la Sala Constitucional, mediante la sentencia nro. 12745-2019, ordenó al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) delimitar y recuperar 188 hectáreas de humedales y bosques desafectados ilegalmente dentro del Refugio, mandato que permanece incumplido. Señala que, en agosto de 2023, el ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, emitió la Directriz nro. 09-2023, que desacredita el informe nro. SINAC-ACC-OTOF-698-2021, el cual identificaba 165,12 hectáreas de humedales en Talamanca, catalogándolo como un "borrador interno" sin validez oficial. Sostiene que esa directriz, cuestionada por la Fiscalía Ambiental y la Procuraduría General de la República, fomenta la ocupación, el drenaje y el relleno de humedales protegidos, violando el principio de no regresión ambiental. Esgrime que las instalaciones del antiguo Hotel Las Palmas, ubicadas dentro del Refugio, fueron demolidas por orden del SINAC debido a daños ambientales detectados. Sin embargo, el sitio permanece en abandono y enfrenta una invasión actual que compromete los ecosistemas protegidos, incumpliendo las obligaciones de restauración ordenadas por la Sala Constitucional. Asegura que ese abandono ha sido facilitado por la Directriz nro. 09-2023 y la inacción de los funcionarios del SINAC. Comenta que el Hotel Almendros y Corales, construido en un humedal y bosque dentro del sitio Ramsar nro. 783, genera daños ambientales graves, incluyendo drenajes ilegales, apertura de caminos, fraccionamiento de bosques y contaminación lumínica que afecta el arribo de tortugas marinas. Narra que, a pesar de las pruebas aportadas al viceministro, en los oficios nros. AEL-00230-2020 y AEL-00239-2025, el recurrido ha respondido con evasivas, limitándose a anunciar "inspecciones" sin adoptar medidas inmediatas, como la clausura de los drenajes. Manifiesta que en el oficio nro. DVA-073-2025, fechado el 18 de junio de 2025, el viceministro Rodríguez Zúñiga desestima sus denuncias, argumentando que el MINAE y el SINAC carecen de competencia para supervisar permisos municipales, y que las actividades en propiedades privadas están amparadas por la normativa. Reclama que esa respuesta soslaya la obligación de proteger el sitio Ramsar y omite los daños imputables a las inconsistencias técnicas del MINAE, como la falta de delimitación de los humedales. Arguye que la Municipalidad de Talamanca, según su portal web (https://www.municipalidadtalamanca.go.cr), emite permisos administrativos como visados municipales, usos de suelo comercial y de construcción, y permisos de construcción, sin verificar adecuadamente su impacto en el sitio Ramsar nro. 783. Acusa que esos permisos, otorgados en propiedades privadas dentro del Refugio, facilitan actividades incompatibles con la conservación, debido a la falta de delimitación oficial de los humedales, responsabilidad del SINAC y el MINAE. Afirma que la Sala Constitucional, en su resolución nro. 3959-2024, ordenó oficializar el informe nro. SINAC-ACC-OTOF-698-2021 sobre la delimitación de humedales, mandato que el MINAE y el SINAC han incumplido, perpetuando la incertidumbre jurídica que facilita el desarrollo inmobiliario y las invasiones en áreas protegidas.

II.- ANTECEDENTES DE APLICACIÓN AL CASO CONCRETO: Esta Sala mediante sentencia número 2024003959 de las nueve horas treinta minutos del dieciséis de febrero de dos mil veinticuatro resolvió:

II.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente cuestiona que desde el 2017, la Municipalidad de Talamanca realizó un convenio con el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo para la confección de un Plan Regulador Costero; sin embargo, alega que en dicho Plan se omitieron los humedales enlistados en el informe denominado “Caracterización y delimitación de humedales en la zona marítimo terrestre del litoral del cantón de Talamanca”, transgrediendo el artículo 50 constitucional.

(…)

IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, el recurrente cuestiona que desde el 2017 la Municipalidad de Talamanca realizó un convenio con el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo para la confección de un Plan Regulador Costero; sin embargo, alega que en dicho Plan se omitieron los humedales enlistados en el informe denominado “Caracterización y delimitación de humedales en la zona marítimo terrestre del litoral del cantón de Talamanca”, transgrediendo el artículo 50 constitucional. Al respecto, del estudio de los autos, se tiene que, efectivamente, el 13 de octubre de 2017, la Municipalidad de Talamanca suscribió con el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo un “Convenio de Cooperación” para la formulación del Plan Regulador Costero de Talamanca, el cual cuenta con viabilidad ambiental, de acuerdo con la certificación nro. SINAC-ACLAC-DRPNE-C-011-2017 del 30 de junio de 2017, del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, que certificó la delimitación del Patrimonio Natural del Estado en la Zona Marítimo Terrestre del cantón de Talamanca, compuesto por dos insumos técnicos: informe de bosque técnico forestal e informe técnico de humedales. Ahora bien, en relación con el objeto del recurso, el representante del Sistema Nacional de Áreas de Conservación informó bajo la solemnidad del juramento que el documento denominado “Caracterización y delimitación de humedales en la zona marítimo terrestre del litoral del cantón de Talamanca” no ha sido aprobado por la Dirección Regional del Área de Conservación La Amistad Caribe para utilizarse como un documento de alcance general. Aunado a ello, afirma que se trata de una guía técnica interna del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, cuya información aún no ha sido validada ni oficializada por parte del Consejo              Nacional de Áreas de Conservación del Sistema Nacional de Áreas de Conservación.

(…)

VII.- En este caso en particular, la directora regional a. i. del Área de Conservación La Amistad Caribe indicó a este Tribunal, en su informe, que el documento denominado “Caracterización y delimitación de humedales en la zona marítimo terrestre del litoral del cantón de Talamanca” no ha sido aprobado por la Dirección Regional del Área de Conservación La Amistad Caribe para utilizarse como un documento de alcance general y que se trata de una guía técnica interna del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, aún sin validar ni oficializar por parte del Consejo Nacional de Áreas de Conservación del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Asimismo, que mediante oficio No. SINAC-ACLAC-DRPNE-C-011-2017 del 30 de junio de 2017 se certificó la delimitación del Patrimonio Natural del Estado en la Zona Marítimo Terrestre del cantón de Talamanca -considerando los humedales para su protección-. Por otra parte, pese a las solicitudes de ampliación de informe la única explicación ofrecida se concentra en esos dos aspectos formales puntuales: lo que se certificó como patrimonio natural del Estado en 2017 y la condición preliminar del estudio de 2021. Sin embargo, omite referirse a obstáculos de índole técnico o material para actualizar ese aspecto del patrimonio natural del Estado. Es decir, no indica a la Sala cuál es el estado actual de los humedales en el cantón de Talamanca, ni ofrece razón alguna por la cual los estudios que justificaron la decisión de 2017 son técnicamente superiores al material de 2021. O, dicho a la inversa, no se exponen los motivos por los cuales el estudio de 2021 no corresponden a la realidad o a criterios técnicos de tutela del patrimonio natural del Estado. Por lo anterior, considera este Tribunal que en aplicación del principio precautorio, al versar este amparo sobre bienes ambientalmente relevantes, constitutivos del patrimonio natural del Estado, específicamente de los humedales en la zona marítimo terrestre del litoral del cantón de Talamanca, debe declararse con lugar el recurso con las consecuencias expuestas en la parte dispositiva de esta sentencia.

(…)

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso. Se ordena: i) a Maylin Mora Arias, en su condición de directora regional a. i. del Área de Conservación La Amistad Caribe del Sistema Nacional del Áreas de Conservación, o a quien en su lugar ejerza ese cargo, concluir, en el plazo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, el trámite para complementar la certificación de Patrimonio Natural del Estado en la Zona Marítimo Terrestre del Cantón de Talamanca con la “Caracterización y delimitación de humedales en la zona marítimo terrestre del litoral del cantón de Talamanca” de junio de 2021; ii) a Delio Antonio Robles Loaiza, en su condición de jefe a. i. del Departamento de Urbanismo, y a Daniel Brenes Arroyo, encargado de la Unidad de Criterios Técnicos y Operativos de Ordenamiento Territorial, ambos del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, así como a Rugeli Morales Rodríguez, alcalde, y a Yahaira Mora Blanco, presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Talamanca, disponer lo necesario para incorporar la actualización arriba mencionada en el Plan Regulador Costero del Cantón de Talamanca. Se advierte a las autoridades recurridas que según lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y a la Municipalidad de Talamanca al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en la vía de ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Salazar Alvarado salva el voto y declara sin lugar el recurso, por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contenciosoadministrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Notifíquese”.

Posteriormente mediante sentencia número 2025009536 de las nueve horas quince minutos del veintiocho de marzo de dos mil veinticinco resolvió:

“II.- SOBRE LO RESUELTO POR ESTA SALA EN EL EXPEDIENTE N° 14-19174-0007-CO, RELACIONADO CON LA SITUACIÓN PLANTEADA POR EL RECURRENTE. Tal y como lo afirma el recurrente esta Sala tramitó a la acción de inconstitucionalidad N° 14-19174-0007-CO interpuesta por el -aquí recurrente- Nombre121413  , a la cual mediante resolución de las once horas y veintitrés minutos del diecisiete de diciembre del dos mil catorce esta Sala dispuso darle curso “para que se declare inconstitucional la LEY NÚMERO Placa22278 10 DE MARZO DE 2014”.

Así, sobre el particular y luego del estudio detallado de los autos esta Sala dictó la sentencia número 2019-012745 de las doce horas y diez minutos de diez de julio de dos mil diecinueve, mediante la cual dispuso lo siguiente:

“1) Por mayoría se declara con lugar la acción, anulando la Ley impugnada, n.° 9223 "Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur" únicamente en lo que respecta a los territorios comprendidos en la zona boscosa, conforme lo dispuesto por la Procuraduría General de la República en sus informes. En virtud de lo anterior, se ordena al Sistema Nacional de Áreas de Conservación que proceda, dentro del plazo de doce meses, contado a partir de la publicación íntegra de este pronunciamiento en el Boletín Judicial, a delimitar el área antes mencionada y, en conjunto con la Procuraduría General de la República, ejercer las acciones legales correspondientes en defensa del patrimonio público. Esta declaratoria de inconstitucionalidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha de vigencia de la norma, todo sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe.2) El Magistrado Cruz Castro pone nota. 3) Los Magistrados Hernández López, Salazar Alvarado, y Araya García salvan el voto y declaran sin lugar la acción, no obstante indican que el Estado está obligado a ejercer las acciones necesarias para reivindicar las tierras que se encuentren ilegalmente ocupadas en las zonas protegidas conforme lo indica la ley. 4) Reséñese esta sentencia en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese al accionante, a la Presidenta de la Asamblea Legislativa o a quien ocupe su cargo, a la Procuraduría General de la República y a todos los intervinientes.”

Posteriormente y dada la presentación de varios escritos donde -entre otros- el propio señor Nombre121413   reclamó el incumplimiento de la resolución N° 2019-1245 del 10 de julio del 2019 esta Sala emitió la sentencia 2024026300, mediante la cual dispuso lo siguiente:

“(…) 1) se declara el incumplimiento de la sentencia nro. 2019-012745 de las 12:10 horas de 10 de julio de 2019 y se ordena a David Chavarría Morales y Franz Tattenbach Capra, en sus condiciones respectivas de director del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y ministro de Ambiente y Energía, o a quienes ejerzan esos cargos, que dispongan lo necesario, coordinen lo pertinente y tomen las medidas que correspondan dentro del ámbito de sus competencias respectivas, para que, de inmediato, tal resolución sea acatada; 2) se ordena a David Chavarría Morales y Franz. Tattenbach Capra, en sus condiciones respectivas de director del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y ministro de Ambiente y Energía, o a quienes ejerzan esos cargos, remitir informes mensuales a este expediente sobre el cumplimiento de lo aquí dispuesto; 3) se ordena a Iván Vinicio Vincenti Rojas, en su condición de procurador General de la República, o a quien ejerza ese cargo, que disponga lo necesario, coordine lo pertinente y tome las medidas que correspondan dentro del ámbito de sus competencias, para que, una vez que el Sinac delimite el área correspondiente, en conjunto con esa institución se ejerzan las acciones legales pertinentes en defensa del patrimonio público;  4) se les advierte a David Chavarría Morales y Franz Tattenbach Capra, en sus condiciones respectivas de director del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y ministro de Ambiente y Energía, así como a Iván Vinicio Vincenti Rojas, en su condición de procurador General de la República, o a quienes ejerzan esos cargos, que en caso de incumplimiento a lo aquí ordenado se les podrá seguir causa por el delito de desobediencia a la autoridad regulado en el artículo 314 del Código Penal, que impone "..prisión de seis meses a tres años, a quien no cumpla o no haga cumplir, en todos sus extremos, la orden impartida por un órgano jurisdiccional o por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, siempre que se haya comunicado personalmente, salvo si se trata de la propia detención”; 5) en lo demás, se declara no ha lugar a la gestión; 6) se ordena la notificación personal de esta resolución a David Chavarría Morales, Franz Tattenbach Capra e Iván Vinicio Vincenti Rojas, por su orden director del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, ministro de Ambiente y Energía y procurador General de la República, o a quienes en su lugar ocupen esos cargos. Los magistrados Rueda Leal y Araya García consignan notas por separado. La magistrada Alvarado Paniagua da razones adicionales. La magistrada Garro Vargas acoge parcialmente la gestión por sus propias razones, sólo en lo relativo a la delimitación del área, sobre la base de lo informado a esta Sala mediante el oficio n.°ACTo-DRFVS-FPMF-363-2020 del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), bajo el entendido de que tal delimitación exige el levantamiento en un documento formal en el que se determine el perímetro, la ubicación y cuál área es pública y cuál no, en cuyo caso, de encontrarse terrenos del Estado, se continúe con el cumplimiento de la sentencia; además, ordena adicionar la parte dispositiva de la sentencia n.°2019-012745 a fin de que se entienda que el SINAC debe proceder -una vez realizada la delimitación formal en los términos dichos- a elaborar un inventario de los terrenos privados en los que se encuentran áreas de bosque en las zonas aledañas al Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo y procedan de forma inmediata a imponer y llevar un control de las limitaciones que en derecho corresponda. El magistrado Salazar Alvarado salva el voto y reitera que únicamente se deben ejercer las acciones necesarias para reivindicar al Estado las tierras que han sido ilegítimamente ocupadas en las zonas protegidas conforme a la ley, tal y como lo sostuvo en conjunto con la magistrada Hernández López y el magistrado Araya García, en la Sentencia N° 2019-12745 de las 12:10 horas del 10 de julio de 2019.”.

Luego mediante resolución de las doce horas cincuenta y seis minutos del siete de marzo de dos mil veinticinco, esta Sala dispuso una serie de medidas cautelares, a saber:

“(…) De conformidad con lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 41 de la citada Ley, y conforme al resto de competencias de esta Jurisdicción Constitucional, se podrá dictar cualquier medida cautelar de conservación o seguridad que la prudencia aconseje, para prevenir riesgos materiales o evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados. Así se resuelve que, en el intervalo de tiempo de la delimitación y hasta tanto no llegue a esta Sala el Informe Final de cumplimiento de la sentencia n°2019-12745 de las 12:10 horas del 10 de julio del 2019; mientras esta Sala no disponga otra cosa; y para evitar daños graves e irreparables al ambiente, se DICTAN LAS SIGUIENTES MEDIDAS CAUTELARES: A) Se suspende el otorgamiento de concesiones o permisos nuevos; y se suspende la ejecución de concesiones o permisos ya otorgados, por parte de Municipalidad de Talamanca, sobre las 20,1 has de terrenos clasificados como bosque que se ubican dentro de la zona marítimo terrestre del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. B) Se suspende la directriz 09-2023 del Ministerio de Ambiente y Energía que dispone que los límites oficiales del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo son los establecidos en la Ley N° 9223, Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur, vigente desde el 8 de abril 2014. C) Se declara la moratoria total sobre el otorgamiento de permisos de corta y aprovechamiento forestal, por parte del Ministerio de Ambiente y Energía y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), en las áreas de los siete bloques de bosque que deben ser retornadas formal, material y normativamente al REGAMA. Tanto los permisos nuevos como los permisos ya otorgados quedan suspendidos de inmediato, particularmente el indicado por la Procuraduría General de la República, permiso 011-2024-ACLAC-SLT. (…)”

III.- SOBRE LAS RAZONES DEL DESGLOSE Y ARCHIVO DE ESTE RECURSO DE AMPARO. Dado que en lo fundamental la parte recurrente alega la presunta desobediencia a lo ordenado por esta Sala dentro del expediente 14-19174-0007-CO anteriormente indicado, ello por parte de las autoridades municipales, y siendo que dentro del mismo ya esta Sala ha ordenado recientemente varias “medidas cautelares” mediante resolución de las doce horas cincuenta y seis minutos del siete de marzo de dos mil veinticinco, a saber que: “A) Se suspende el otorgamiento de concesiones o permisos nuevos; y se suspende la ejecución de concesiones o permisos ya otorgados, por parte de Municipalidad de Talamanca, sobre las 20,1 has de terrenos clasificados como bosque que se ubican dentro de la zona marítimo terrestre del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. B) Se suspende la directriz 09-2023 del Ministerio de Ambiente y Energía que dispone que los límites oficiales del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo son los establecidos en la Ley N° 9223, Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur, vigente desde el 8 de abril 2014. C) Se declara la moratoria total sobre el otorgamiento de permisos de corta y aprovechamiento forestal, por parte del Ministerio de Ambiente y Energía y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), en las áreas de los siete bloques de bosque que deben ser retornadas formal, material y normativamente al REGAMA. Tanto los permisos nuevos como los permisos ya otorgados quedan suspendidos de inmediato, particularmente el indicado por la Procuraduría General de la República, permiso 011-2024-ACLAC-SLT. (…)” (el resaltado no corresponde al original), por ese motivo lo alegado no puede ser motivo de un nuevo recurso, pues ello debe reclamarse en el respectivo proceso en el cual se dictó la resolución cuyo incumplimiento se acusa. En consecuencia, lo procedente es que todos los escritos contenidos en los registros electrónicos de este proceso a las 14:45:10 horas del 20/02/2025, a las 08:44:12 horas del 25/02/2025, a las 14:39:07 horas del 25/02/2025, a las 15:25:48 horas del 27/02/2025, a las 15:25:48 horas, del 27/02/2025; a las 15:46:38 horas, del 27/02/2025; a las 15:41:46 horas, del 28/02/2025; a las 14:09:19 horas del 03/03/2025, se agreguen al expediente número 14-19174-0007-CO, para que allí se resuelva lo que en Derecho corresponda.

IV.- SOBRE EL OFICIO N° DH-DAJ-196-2025 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2025. Dado que claramente el oficio mencionado y suscrito por Nombre14330   en su condición de Defensora de los Habitantes de la República viene dirigido expresamente al expediente 14-019174-0007-CO y no al presente recurso, lo procedente es que el escrito contenido en el registro electrónico de este proceso a las 15:41:45 horas del veintiocho de febrero de dos mil veinticinco se agregue al expediente número 14-19174-0007-CO, para que allí se resuelva lo que en Derecho corresponda.

(…)

Por tanto:

 Desglósense todos los escritos incorporados al expediente digital a las 14:45:10 horas del 20/02/2025, a las 08:44:12 horas del 25/02/2025, a las 14:39:07 horas del 25/02/2025, a las 15:25:48 horas del 27/02/2025, a las 15:25:48 horas, del 27/02/2025; a las 15:46:38 horas, del 27/02/2025; a las 15:41:45 horas, del 28/02/2025; a las 15:41:46 horas, del 28/02/2025; a las 14:09:19 horas del 03/03/2025 y remítanse al expediente No. 14-19174-0007-CO. Archívese este expediente”.

El recurrente afirma que la Sala Constitucional, mediante la sentencia nro. 12745-2019, ordenó al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) delimitar y recuperar 188 hectáreas de humedales y bosques desafectados ilegalmente dentro del Refugio, mandato que permanece incumplido y que, pese a lo anterior en agosto de 2023, el ministro de Ambiente y Energía, emitió la Directriz nro. 09-2023 violentado el principio de no regresión ambienta. Agrega que el refugio permanece en abandono y enfrenta una invasión actual que compromete los ecosistemas protegidos, incumpliendo las obligaciones de restauración ordenadas por la Sala Constitucional. Expone que el viceministro ha ido omiso en las denuncias que ha presentado lo cual soslaya la obligación de proteger el sitio Ramsar. Finalmente expone que la Municipalidad de Talamanca emite permisos administrativos como visados municipales, usos de suelo comercial y de construcción, y permisos de construcción, sin verificar adecuadamente su impacto en el sitio Ramsar nro. 783. Ante ese panorama y tomando en cuenta que en los antecedentes citados supra se indicó que en el expediente 14-19174-0007-CO ya esta Sala ha ordenado varias “medidas cautelares” tales como: “A) Se suspende el otorgamiento de concesiones o permisos nuevos; y se suspende la ejecución de concesiones o permisos ya otorgados, por parte de Municipalidad de Talamanca, sobre las 20,1 has de terrenos clasificados como bosque que se ubican dentro de la zona marítimo terrestre del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. B) Se suspende la directriz 09-2023 del Ministerio de Ambiente y Energía que dispone que los límites oficiales del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo son los establecidos en la Ley N° 9223, Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur, vigente desde el 8 de abril 2014. C) Se declara la moratoria total sobre el otorgamiento de permisos de corta y aprovechamiento forestal, por parte del Ministerio de Ambiente y Energía y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), en las áreas de los siete bloques de bosque que deben ser retornadas formal, material y normativamente al REGAMA. Tanto los permisos nuevos como los permisos ya otorgados quedan suspendidos de inmediato, particularmente el indicado por la Procuraduría General de la República, permiso 011-2024-ACLAC-SLT. (…)” (el resaltado no corresponde al original).

Aunado a lo anterior se determinó que recientemente en la sentencia número 2025023012 de las nueve horas veinte minutos del veintitrés de julio de dos mil veinticinco fue reiterada la orden a la directora regional a. i. del Área de Conservación La Amistad Caribe del Sistema Nacional del Áreas de Conservación, al jefe a. i. del Departamento de Urbanismo, y al encargado de la Unidad de Criterios Técnicos y Operativos de Ordenamiento Territorial, ambos del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, así como al presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Talamanca para que procedan al cumplimiento de la sentencia número 2024003959 de las 09:30 horas del 16 de febrero de 2024, en las condiciones ahí consignadas -es decir complementar la certificación de Patrimonio Natural del Estado en la Zona Marítimo Terrestre del Cantón de Talamanca con la “Caracterización y delimitación de humedales en la zona marítimo terrestre del litoral del cantón de Talamanca” de junio de 2021; así como disponer lo necesario para incorporar la actualización en el Plan Regulador Costero del Cantón de Talamanca-. Por lo anterior lo alegado no puede ser motivo de un nuevo recurso; por el contrario tal y como se indicó en la sentencia número 2025009536 de las nueve horas quince minutos del veintiocho de marzo de dos mil veinticinco la supuesta desobediencia debe alegarse en el expediente que corresponde. Así las cosas y tomando en cuenta que en el expediente 14-019174-0007-CO la gestión de incumplimiento se encuentra en trámite, resulta improcedente referirse a los mismos hechos. Por lo expuesto, lo procedente es ordenar el archivo de este proceso. Cabe resaltar que en cuanto  a la actuación del Hotel Almendros y Corales referente a los drenajes ilegales, apertura de caminos, fraccionamiento de bosques y contaminación lumínica – tal y como quedó demostrado- está siendo conocido en la vía penal. De manera que será en esa vía donde se disponga lo que en Derecho corresponda. 

III.- Voto salvado del magistrado Rueda Leal. En el sub examine, la parte recurrente alude la afectación ambiental por parte del hotel Almendros y Corales, el cual, según indica, sigue en operación. Al respecto, en el escrito de interposición se mencionaron situaciones que se le atribuyen directamente a tal establecimiento, a saber: “5. El Hotel Almendros y Corales, construido en un humedal y bosque dentro del sitio Ramsar 783, genera daños ambientales graves, incluyendo drenajes ilegales, apertura de caminos, fraccionamiento de bosques y contaminación lumínica que afecta el arribo de tortugas marinas. A pesar de las pruebas aportadas por el suscrito al Viceministro en los oficios AEL-00230-2020 y AEL-00239-2025, el recurrido ha respondido con evasivas, limitándose a anunciar “inspecciones” sin medidas inmediatas como la clausura de drenajes. (…) 1. Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (artículo 50 de la Constitución Política): La negativa a detener la invasión de los terrenos del Hotel Las Palmas y las actividades del Hotel Almendros y Corales, junto con la falta de restauración de áreas degradadas, compromete la integridad de los ecosistemas protegidos, afectando la biodiversidad y los servicios ecosistémicos esenciales para las comunidades locales”. Incluso, en la pretensión del recurso se pide: “2. Ordenar al Viceministro de Ambiente, Ing. Jorge Mario Rodríguez Zúñiga, y al MINAE la inmediata suspensión de todo desarrollo inmobiliario y actividades invasoras en el sitio Ramsar 783, incluyendo la ocupación de los terrenos del antiguo Hotel Las Palmas y las operaciones del Hotel Almendros y Corales, hasta que se cumpla con la delimitación y protección ordenadas en las sentencias N.° 12745-2019 y N.° 3959-2024. 3. Exigir la clausura inmediata de los drenajes ilegales operados por el Hotel Almendros y Corales, así como la cuantificación y reparación de los daños ambientales causados por sus actividades, incluyendo la contaminación lumínica que afecta a las tortugas marinas, conforme a la Ley Orgánica del Ambiente y la Convención Ramsar”.

Por ello, previo a resolver lo que derecho corresponda, lo que procede es prevenir a la parte accionante que aporte la personería jurídica con la que opera tal hotel, a los efectos de tenerlo como parte y darle audiencia sobre los hechos que lo involucran.

IV.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Archívese el expediente. El magistrado Rueda Leal salva el voto y ordena continuar la tramitación del amparo a los efectos de que prevenga a la parte accionante aportar la personería jurídica del hotel Almendros y Corales para tenerlo como parte y darle audiencia sobre los hechos que lo involucran. Notifíquese.

 

 

 

	

Nombre137  V.

Presidente

	

 




Paul Rueda L.

	

 

	

Luis Fdo. Salazar A.




Jorge Araya G.

	

 

	

Anamari Garro V.




Ingrid Hess H.

	

 

	

Alexandra Alvarado P.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --



 GSQT7743VEBQ61

EXPEDIENTE N° 25-017781-0007-CO

 

Teléfonos: Telf46 /  (). Fax: Telf47 / Telf48. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección12 , Dirección13 , 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-02-2026 17:33:35.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**RESULTANDO:**

**1.-** By brief received by this Chamber at 2:08 p.m. on June 19, 2025, the petitioner files a recurso de amparo and states that the Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge, Ramsar site no. 783, is a protected area of international importance, recognized since 1995 for its biodiversity, including wetlands, mangroves, forests, and critical habitats for species such as sea turtles. They indicate that its conservation is an obligation of the State, pursuant to the Ramsar Convention (Law No. 7224), the Organic Environmental Law (No. 7554), and the Biodiversity Law (No. 7788). They note that the Constitutional Chamber, through judgment No. 12745-2019, ordered the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC) to delimit and recover 188 hectares of illegally disaffected wetlands and forests within the Refuge, a mandate that remains unfulfilled. They point out that, in August 2023, the Minister of Environment and Energy, Franz Tattenbach Capra, issued Guideline No. 09-2023, which discredits report No. SINAC-ACC-OTOF-698-2021, which identified 165.12 hectares of wetlands in Talamanca, labeling it as an "internal draft" without official validity. They argue that this guideline, questioned by the Environmental Prosecutor's Office and the Attorney General's Office, encourages the occupation, drainage, and filling of protected wetlands, violating the principle of environmental non-regression. They assert that the facilities of the former Hotel Las Palmas, located within the Refuge, were demolished by order of SINAC due to detected environmental damages. However, the site remains abandoned and faces a current invasion that compromises the protected ecosystems, failing to comply with the restoration obligations ordered by the Constitutional Chamber. They claim that this abandonment has been facilitated by Guideline No. 09-2023 and the inaction of SINAC officials. They comment that the Hotel Almendros y Corales, built on a wetland and forest within Ramsar site no. 783, generates serious environmental damages, including illegal drainages, road openings, forest fragmentation (fraccionamiento de bosques), and light pollution that affects the arrival of sea turtles. They recount that, despite the evidence provided to the Vice Minister, in official letters Nos. AEL-00230-2020 and AEL-00239-2025, the respondent has responded with evasions, merely announcing "inspections" without adopting immediate measures, such as the closure of the drainages. They state that in official letter No. DVA-073-2025, dated June 18, 2025, Vice Minister Rodríguez Zúñiga dismisses their complaints, arguing that MINAE and SINAC lack competence to supervise municipal permits, and that activities on private properties are protected by regulations. They claim that this response ignores the obligation to protect the Ramsar site and omits the damages attributable to MINAE's technical inconsistencies, such as the lack of wetland delimitation. They argue that the Municipality of Talamanca, according to its web portal (https://www.municipalidadtalamanca.go.cr), issues administrative permits such as municipal visas, commercial and construction land uses, and construction permits, without adequately verifying their impact on Ramsar site no. 783. They accuse that these permits, granted on private properties within the Refuge, facilitate activities incompatible with conservation, due to the lack of official delimitation of the wetlands, a responsibility of SINAC and MINAE. They affirm that the Constitutional Chamber, in its resolution No. 3959-2024, ordered the officialization of report No. SINAC-ACC-OTOF-698-2021 on the delimitation of wetlands, a mandate that MINAE and SINAC have failed to comply with, perpetuating the legal uncertainty that facilitates real estate development and invasions in protected areas. They request the intervention of the Chamber in this matter.

**2.-** By order issued at eight hours six minutes in the evening of June twenty, two thousand twenty-five, this recurso was processed and a report was requested from the Minister and the Vice Minister, both of the Ministry of Environment and Energy (MINAE).

**3.-** FRANZ TATTENBACH CAPRA AND JORGE MARIO RODRÍGUEZ ZUÑIGA, respectively MINISTER and VICE MINISTER, BOTH OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY, report under oath, in the following terms: "(...) This Ministry is the entity responsible for ensuring the protection of the country's natural resources, contributing to the improvement of the inhabitants' quality of life by promoting the management, conservation, and sustainable development of the environmental and natural elements, goods, services, and resources, whose management corresponds to this Ministry by legal provision or international agreement. Likewise, it is important to note that Article 50 of our Magna Carta establishes that the State must procure the greatest well-being for all inhabitants of the country, guaranteeing the right to a healthy and ecologically balanced environment, in respect of the right to the protection of human health derived from the right to life; it being then that the primary objective of the use and protection of the environment is to obtain a development and evolution favorable to human beings in harmony with it, in which environmental quality and economic means are fundamental parameters for people, in accordance with Article 22 of Biodiversity Law No. 7788, which establishes that SINAC has its own legal personality and was created as a decentralized and participatory institutional management and coordination system, that will integrate competencies in forestry, wildlife, and protected wild areas matters, in order to dictate policies, plan, and execute processes aimed at achieving sustainability in the management of the country's natural resources. Under this understanding, we can explain the figure of desconcentración that SINAC holds, which obeys an exclusive competence granted to a lower Body of the Administration, so that it exercises it independently and under its entire responsibility within the structure to which it belongs, as explained by the Attorney General's Office in Opinion C-305-2009 of October 28, 2009: '(...) …Desconcentración is a technique of distributing competencies in favor of bodies of the same legal entity, by which a lower body is attributed a competence exclusively, to exercise it as its own, in its own name and under its own responsibility. Now, this is not just any type of competence, but a competence to resolve, to decide definitively on a specific matter determined by the legal system. This attribution is based on the need to specialize certain bodies in specific subjects, so that public duties are better satisfied. From that perspective, to desconcentrar is to functionally specialize certain bodies, without organically detaching such competencies from the original structure. It is normally considered that desconcentración is one of the most important limits on hierarchy. This is a hierarchical decongestion technique, since the transfer of decision-making powers implies a change in the ownership of competencies and not just in their exercise, as occurs in delegation. Through this mechanism, the lower body is attributed a competence exclusively, to exercise it as its own, in its own name and under its own responsibility, despite which it maintains its status as a body and, therefore, part of the organization that desconcentrates...'. In accordance with the foregoing, in response to the facts alleged by the petitioner, a report was requested from the La Amistad Caribe Conservation Area, which, through official letter CARTA-SINAC- ACLAC-DR-0641-2025 dated June 25 of this year, in accordance with its competence and responsibility, as the technical entity in the matter, stated the following: 'FIRST: Judgment 12745-2019 of July 10, 2019, ordered the delimitation of the forest area of the 188 hectares of the strip adjacent to the Gandoca Manzanillo Mixed National Wildlife Refuge and, jointly with the Attorney General's Office, to exercise the corresponding legal actions in defense of public property. In accordance with what was ordered by judgment No. 2024-026300 of September 10, 2024, the Ministry of Environment and Energy has proceeded to initiate the execution of the delimitation of the forest area of the adjacent strip, for which five Progress Reports have been delivered to the Constitutional Chamber in the development of the process; consequently, the assertion of Mr. Nombre121413 indicating that this Chamber's order was to "delimit and recover 188 hectares of wetlands and forests…a mandate that remains unfulfilled" is incorrect. Note that Mr. Nombre121413 adds mandates that are not set forth in the constitutional judgments. SECOND: Regarding Guideline 9-2023. This Guideline 09-2023 was issued before Constitutional Votes 2024-026300 and 2019-12745, for MINAE's internal purposes. It has already lost its effect and is without practical application, as ordered and informed to the Constitutional Chamber. To this effect, the Ministry of Environment and Energy issued the Institutional Press Release by note DECI-MINAE-086-2025 of March 14, 2025, where it indicated: "GANDOCA-MANZANILLO SINCE JANUARY 2025 MINAE SUSPENDED FOREST USE PERMITS The Ministry of Environment and Energy (MINAE), regarding the press information on the resolution of twelve hours fifty-six minutes on March seven, two thousand twenty-five, CASE FILE: 14-019174-0007-CO, in which the Constitutional Chamber issues a series of Interim Measures concerning the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge, clarifies the following: • Since last January 14, 2025, the La Amistad Caribe Conservation Area (ACLAC-SINAC-MINAE), instructed the non-issuance of forest use permits in the areas comprising the 188-hectare adjacent strip, referenced by resolutions 2019-012745 and 2024-026300 of the Constitutional Chamber, for a period of 6 months, expiring in June 2025 and extendable until a judgment is issued; consequently, this Interim Measure had already been decreed at the administrative level. • Regarding the case of Mr. Nombre121414, the administrative file related to permit 011-2024-ACLAC-SLT, it is reported that this file was seized by the Public Prosecutor's Office since August 2024. • Regarding Guideline 09-2023-MINAE, this was issued in August 2023, when Vote 2024-026300 had not been notified, nor had compliance with Vote No. 2024-003959 regarding the Certification of State Natural Heritage in the Maritime-Terrestrial Zone of the Canton of Talamanca been ordered, nor had the Talamanca Coastal Regulatory Plan, Cahuita District, been approved; therefore, since the issuance of such acts, this administrative provision lost current interest. (Highlighting is ours) • MINAE has already presented the first report on measures ordered by the Constitutional Chamber within the established deadline. Additionally, Guideline 09-2023 was an issue discussed before the Constitutional Chamber in case file No. 24-022381-0007-CO, in which judgment 2024-034408 was issued, declaring the proceedings of Mr. Nombre121413 without merit, and MINAE's management was deemed responded to, as indicated by note DM-957-2024 of October 22, 2024, responding to the request in Mr. Nombre121413's brief under note AEL-00172-2024 of August 7, 2024. For the effects, the following is provided as an illustration of the continued reiteration of discussing this topic. Additionally, Guideline 09-2023 was an issue discussed before the Constitutional Chamber in case file No. 24-022381-0007-CO, in which judgment 2024-034408 was issued, declaring the proceedings of Mr. Nombre121413 without merit, and MINAE's management was deemed responded to, as indicated by note DM-957-2024 of October 22, 2024, responding to the request in Mr. Nombre121413's brief under note AEL-00172-2024 of August 7, 2024. 'The petitioner states that, through official letter AEL-00172-2024 dated August 7, 2024, they requested from the respondent the factual and legal grounds of Guideline 09-2023, dated August 17, 2023… Declares that in response they received official letter DM-64-2024, dated August 12, 2024. Considers that the actions of the Minister are evidently violative of Article 50 of the Constitution in relation to Articles 11, 28, and 46 of the same Political Constitution. Alleges that it would be absolutely unconstitutional for a simple ministerial guideline to order the reduction of the limits of an area that can only be done by law, being most concerning that such administrative decision is based on a simple ministerial opinion, and for which there is no existing technical document, such as a cadastral map and a technical study of the environmental protection needs of a property that belongs not only to the country but to all humanity, for being a property registered under the Ramsar Convention.... II.- Regarding the proceeding filed. Regarding the petitioner's allegations, the respondent authority stated in its defense that the petitioner was notified of official letter DM-957-2024, at 8:42 p.m. on October 22, 2024, responding to what was requested in brief AEL-00172-2024 of August 7, 2024, and thereby complying with what was ordered by this honorable Chamber. Based on the foregoing, the disobedience proceeding under study lacks current interest, since, as reported under oath and according to the documentary evidence provided, it was verified that the respondent authority has already executed what was ordered by the Chamber in the cited judgment. Thus, it is ruled out that, to date, a breach persists on the part of the respondent authority of the order given by the Chamber in the cited judgment. Consequently, the petition filed by the petitioner is dismissed... Therefore: The petition filed is dismissed.' (Highlighting is ours) By notes DM-646-2024 of August 12, 2024, and DVA-074-2025 of June 19, 2025, from the Vice Minister of Environment, Mr. Nombre121413 was again responded to regarding note AEL 00240-2025 of the Dirección: Dirección14840, Calle 25, Av 8 y 10 Teléfono: Telf1795 Correo: ...738 of June 4, 2025, dated June 5, 2025, where they again speak out against Guideline 09-2023 and are informed: 'I clarify and reiterate, as has been done on many occasions, that Guideline 09-2023 was issued before Constitutional Votes 2024-026300 and 2019-12745, therefore it has already lost its effect and is without practical application, as ordered and informed to the Constitutional Chamber. The foregoing is to note that Mr. Nombre121413 "recycles" topics on which the Administration has already responded to them on multiple occasions; however, if the response is not to the petitioner's liking and if what was indicated by MINAE is not written with the words they desire to be told, they resort to Amparo to force acceptance of their claims, under the terms they wish to be fulfilled, which is a clear abuse of the right of petition. In the present Amparo, they allege that "Guideline No. 09-2023, which discredits report No. SINAC-ACC-OTOF-698-2021, which identified 165.12 hectares of wetlands in Talamanca, labeling it as an 'internal draft' without official validity." This is absolutely incorrect and distorted to confuse. Regarding the topic of report SINAC-ACC-OTOF-698-2021 cited by Mr. Nombre121413, it is clarified that this topic regarding the Report is not mentioned in the notes sent by Mr. Nombre121413 AEL-00230-2025 of May 29, 2025, and AEL-00239-202 of June 4, 2025, which motivate this Amparo. That is, this fact is not motivated in notes AEL-230-2025 and AEL 239-2025. To clarify this new allegation for the Chamber, we indicate that by note SINAC-ACLAC-DR-227-2024 of March 12, 2024, Mr. Nombre121413's Recurso de Amparo on this same allegation was answered, which is processed under case file No. 24-005929-0007-CO. The report delivered to the Chamber extensively explains the technical and scientific reasons why document SINAC-ACC-OTOF-698-2021 is not an official MINAE document. Despite this, Mr. Nombre121413 does not want to accept it and continues insisting, confusingly basing their allegations on a non-official document, when this topic has already been addressed and the Administration's opinion has been issued, which Mr. Nombre121413 refuses to respect. This topic came up for discussion in the Constitutional Chamber, where MINAE indicated: "FIRST: the petitioner requests the following: That we have responded on repeated occasions to Mr. Nombre121413 on this particular topic, for which the official letters and reports sent both to the petitioner and to the Constitutional Chamber under different case files are attached (No. 23-027430-0007-CO / 23014549-007), but on the same topic: a) Oficio SINAC-ACLAC-DR-0144-2024: response to official letter AEL0015-2024 b) Oficio SINAC-ACLAC-DR-0181-2023: response to official letter AEL0096-2023 c) Oficio SINAC-ACLAC-DR-0199-2023: response to official letter AEL-0097-2023 d) Oficio SINAC-ACLAC-AL-391-2022; RESPECTING OFFICIAL LETTER ael-00108-2022 e) Oficio SINAC-ACLAC-DR-393-2021: response to official letter AEL-0060-2021. SECOND: That in the different reports mentioned, Mr. Nombre121413 has been informed that the certification SINAC-ACLACDR-PNE-C-011-2017 was conducted in accordance with the technical and legal guidelines established both in Executive Decree No. 36786-MINAET and in Guideline SINAC-IRT-001-2016. The heritage (patrimonio) certification SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011-2017, of June 30, 2017, is the only document currently in force with official status. Likewise, it was indicated that studies were pending within the draft document called "Characterization and Delimitation of Wetlands in the Maritime-Terrestrial Zone of the Coast of the Canton of Talamanca" dated June 13, 2021. Therefore, the wetlands officially identified on the coast of the canton of Talamanca, and in the National Wetlands Inventory are protected by the current environmental regulations. Regarding the report "Characterization and Delimitation of Wetlands in the Maritime-Terrestrial Zone of the Coast of the Canton of Talamanca" dated June 13, 2021, there are various and abundant reasons why Report SINAC ACC-OT-of-698-2021, of June 13, 2021, is not considered an official document, as stated in Guideline No. 092023, signed on August 17, 2023, by Minister of Environment and Energy Franz Tattenbach Capra: "The technical input document called 'Characterization and Delimitation of Wetlands in the Maritime-Terrestrial Zone of the Coast of the Canton of Talamanca' of June 13, 2021, has not been approved by the Regional Directorate of the La Amistad Caribe Conservation Area to be used as a document of general scope. This is a technical input, of an internal nature, for which the process for its validation and officialization by the National Council of Conservation Areas of the National System of Conservation Areas has not been completed, in accordance with Article 6 of Executive Decree No. 42.760-MINAE, Technical Criteria for the location, identification, classification, and delimitation of wetland ecosystems. Therefore, it is not an official document, nor may it be used for the issuance of official administrative acts." This Amparo was resolved through judgment No. 2024-010951, which stated: "The recurso is partially granted. It is ordered to Maylin Mora Arias, in her capacity as acting regional director of the La Amistad Caribe Conservation Area of the National System of Conservation Areas, or whoever holds that position, to issue the pertinent orders, carry out all actions within the scope of her competencies, and coordinate whatever is necessary, so that, within the THREE MONTHS following compliance with the order given to her in judgment No. 2024003959 of 9:16 hours on February 16, 2024, issued in case file 23-014549-0007-CO of 9:30 hours on February 16, 2024, namely: 'to conclude, within the period of THREE MONTHS, counted from the notification of this judgment, the procedure to complement the certification of State Natural Heritage in the Maritime-Terrestrial Zone of the Canton of Talamanca with the "Characterization and delimitation of wetlands in the maritime-terrestrial zone of the coast of the canton of Talamanca" of June 2021', the delimitation and scope of the State Natural Heritage contemplated in certification SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011-2017 be reviewed, and with current and precise elements, as well as the due technical support, an updated certification be issued, which covers and delimits all the strips of State Natural Heritage in the Maritime-Terrestrial Zone of the canton of Talamanca." This judgment has already been complied with by MINAE, on August 14, 2024, by note SINAC ACLAC-DR-0672-2024 when the documents requested by the Constitutional Chamber were delivered. "In order to comply with the request for issuance of an updated Certification of State Natural Heritage in the Maritime-Terrestrial Zone of the Canton of Talamanca 2024, we deliver the referenced document. This Regional Directorate, for the issuance of the requested Certification, complied with the procedures established in Decree 36786-s MINAET, "Manual for the Classification of lands dedicated to the conservation of natural resources within the maritime-terrestrial zone in Costa Rica.", and we will proceed with the rigorous process before the National Registry. The following supporting documents are attached: 1. SINAC-ACLAC-DRFVS-PH-030-2024 2. SINAC-ACLAC-DRFVS-PNE-113-2024 3. SINAC-ACLAC-DRFVS-PNE-121-2024 4. Updated Certification SINAC-ACLAC-DRFVS-PNE-C-092-2024. 5. DAJ-MINAE-1105-2024 6. Digital files (shapefiles, kml, DWG)." The foregoing is known to Mr. Nombre121413, apart from the multiple notes where it has been clarified that document SINAC-ACCOTOF-698-2021 is not an official document, yet they still do not accept the situation. This same point has been reiterated lately in note DVA074-2025 of June 19, 2025. The allegations that Guideline 09-202 caused occupation, drainage, and filling of protected wetlands is an unfounded assessment, lacking technical or scientific proof, which solely aims to discredit any action taken by this Ministry. Regarding this allegation, the Administration has recently responded to Mr. Nombre121413 in notes DVA-064-2025 of June 3, 202, and DVA-074-2025 of June 19, 2025. As for the site called "antiguo hotel las Palmas" - demolished hotel - it is part of the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado, PNE) certified in certification SINAC-ACLAC-DRFVS-PNE-C-014-2025, updated to the year 2025 and previously included in certification SINAC-ACLACDRFVS PNE-C-092-2024. On February 9, 2024, through report SINAC-ACLACPPCP-C-027-2025, in response to a complaint filed by Mr. Nombre121413 on February 4, 2025, a field inspection was conducted, and a complaint was filed before the Judicial Investigation Agency for clearing (chapia) in the mentioned heritage (patrimonio) area, as reported to Mr. Nombre121413 on February 10, 2025. Both facts demonstrate the protection and oversight character of the state's forestry authority over the heritage in the area known as "hotel las palmas". Also, through report CARTA-SINAC-ACLAC-DRFVS-PH028-2025, it is corroborated that the site is free of invasions; on the contrary, natural regeneration of the area is evident. Regarding Ramsar site 783, known as Gandoca Manzanillo, it is important to highlight that, since private owners and State Natural Heritage lands coexist, this Protected Wild Area is classified as a Mixed Ownership Refuge, which implies a balance between permitted human activities and what is authorized by the legal framework. Thus, in forests and lands with forest aptitude belonging to the State Natural Heritage, only training, ecotourism, and research activities are authorized, according to Article 18 of the Forestry Law No. 7575. Meanwhile, on privately owned lands, only productive activities may be developed in accordance with the provisions of Article 82 of the Wildlife Conservation Law No. 7317 and its Regulations, Executive Decree No. 32633-MINAE, of March 10, 2005. For their part, private lands with forest cover are regulated by Article 19 of the Forestry Law. It is important to emphasize that the Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge is located in the southern part of the province of Limón, within the canton of Talamanca and in the districts of Cahuita and Sixaola. 69% of the Protected Wild Area is within the district of Cahuita and the remaining 31% in the district of Sixaola. It consists of a continental section of 5,091.994 ha and a marine section of 5,360.122 ha, with a total surface area of 10,452.116 ha. Not all of its extent is wetland, and it has the Ramsar wetlands duly identified in its General Management Plan. In summary, Ramsar sites are not a prohibitive management category but a designation that promotes the conservation and rational use of wetlands. Regarding the "illegal drainages" mentioned by Mr. Nombre121413 and carried out by the owners of Hotel Almendros y Corales, the La Amistad Caribe Conservation Area is addressing the invasion situations in the delimited State Natural Heritage, likewise the situation is under investigation under case file 21-000239-0597-PE. THIRD: Use Permits issued by the Municipality of Talamanca. Mr. Nombre121413 insists that the "supervision" of a Municipality is MINAE's "responsibility." They have been repeatedly informed and explained about the municipal competencies established in the Municipal Code and MINAE's competencies, yet they again intend that the administrative permits issued by the Municipality - and which every citizen must comply with - be supervised by MINAE, without wanting to understand that the Gandoca-Manzanillo Mixed National Wildlife Refuge, a mixed category, is composed of private property that is not part of the State Natural Heritage; and consequently, the registered owners of these private farms, while subject to the Management Plan, retain the constitutional attributes that protect private property. These owners, if they are going to carry out any work or activity that requires a permit from the Municipality, must comply with those provisions. This is not accepted by Mr. Nombre121413, who intends that all permits of any type issued by the municipality pass through a MINAE "filter," which is not legally possible. By note DVA-059-2025 of May 29, 2025, the request was answered. "With instructions from the Minister, I am addressing your note AEL 00223-2025 of May 20, by which you send a copy of the document issued by the Municipality of Talamanca regarding a list of land-use permits in the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) from the last fifteen years; regarding this matter, I indicate the following: Document SCMT-084-2025 from the Municipality of Talamanca is a generic list of use permits in the Maritime-Terrestrial Zone from the last fifteen years, without detailing whether such administrative acts are valid, expired, their term, exact location by coordinate, type of permit, and name of the individual or legal entity benefiting from such act. By express indication of the Municipality, it is recorded that in the years 2024 and 2025 there are no issuances of use permits and that the list corresponds to the names of the applicants, nor is the type of authorized use indicated. Faced with this situation, it is important to clarify that among the powers of a Municipality is the ability to grant use permits in the Maritime-Terrestrial Zone, so our Ministry will not question such power, as provided by the legal framework, the Municipal Code, and the Maritime-Terrestrial Zone Law. The Constitutional Chamber confirmed this sine qua non element by indicating in Vote No.

2306-91 of 14 hours 24 minutes on November 6, 1991: "As they are outside of commerce, these goods cannot be the object of possession, although a right to use can be acquired, but not a right to property. The use permit (permiso de uso) is a unilateral legal act issued by the Administration, in the exercise of its functions, and what is placed in the hands of the individual is the beneficial ownership (dominio útil) of the good, with the State always reserving direct ownership (dominio directo) over the thing." (Emphasis added) On this matter, the Office of the Attorney General (Procuraduría General de la Republica) has indicated in its opinion C100-95 of May 10, 1995: "It is understood that the previous private attitudes do not produce any legitimation to occupy the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre), unless there had been an assertive express manifestation in their favor by the Municipality and in cases where it is legally appropriate. ... 'The respective municipality, the Costa Rican Tourism Institute (ICT), and the corresponding authorities and dependencies, must issue and enforce the measures they deem necessary, to conserve or prevent the original conditions of the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) and its natural resources from being harmed.' (Article 17 of Law No. 6043) (Emphasis added) In accordance with Law 6043, in its article 73, it subjects the Protected Wild Areas (Áreas Silvestres Protegidas) that have forested areas (aras boscosas) or lands of forest aptitude (terrenos de aptitud forestal) to SINAC: "The rest of the forested areas (áreas boscosas) and lands of forest aptitude (terrenos de aptitud forestal) of the coastlines are also under the administration of the Ministry of Environment and Energy (MINAE) and are governed by their specific regulations, namely Forest Law No. 7575 (Ley Forestal Nº 7575), article 13 and concordant, and Ruling 4587-97 of the Constitutional Chamber (Voto de la Sala Constitucional 4587-97)." (...) To date, ACLAC has not issued any administrative permit (permiso administrativo) in the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) of the Canton of Talamanca (Cantón de Talamanca), nor does it have the competence to issue land-use permits (permisos de uso de suelo), which is the responsibility of the Municipality. (...) In accordance with the above, there is no knowledge that the Municipality of Talamanca has granted land-use permits (permisos de uso de suelo) violating the lands listed in the Certification of State Natural Heritage for the Canton of Talamanca 2025 (Certificación de Patrimonio Natural de Estado para el Cantón de Talamanca 2025) dated March 17, 2025; therefore, your request for the formation of an external Commission to the Conservation Area (Área de Conservación), based on assumptions that have no scientific or documentary support, is not appropriate. If you have any specific case or complaint, please communicate it with the corresponding evidence..." By note DVA-064-2025 of June 3, 2025, this situation was explained again: "Your claim that our Ministry complete a generic list of use permits issued by the Municipality of Talamanca transfers beyond our competencies, because those documentary archives do not belong to us and therefore we do not have access to them; furthermore, because this is information from private users or municipal taxpayers, it is up to the Municipality to identify the information that can be public and restrict what is appropriate, as it contains sensitive, private, or restricted information. I must indicate that the Municipality is a local government with political, administrative, and financial autonomy, as established in article 4 of the Municipal Code (Código Municipal). Due to the foregoing, what you indicated regarding MINAE completing the information on municipal use permits is not appropriate, as was expressed to you in the cited note. There must be legal clarity that private properties, even if located within a protected area, are not part of the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), as established by the Office of the Attorney General in its official opinion OP-OJ-076-2021: '...private properties included in private wildlife refuges (refugios de vida silvestre privados) and in the private part of mixed refuges (refugios mixtos), do not lose that nature and cannot be considered public domain goods (bienes demaniales) forming part of the State Natural Heritage, although they are subject to the use limitations indicated by regulation.' Under this understanding, all citizens who require a municipal service or authorization for any activity or work must carry out the procedures before the corresponding Municipality, which includes the RNVSGM, mixed category, in its private area. (...) We reiterate what was indicated in note DVA-059-2025, regarding 'To date, ACLAC has not issued any administrative permit (permiso administrativo) in the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) of the Canton of Talamanca, nor does it have the competence to issue land-use permits (permisos de uso de suelo), which is the responsibility of the Municipality', likewise, it is reiterated that no use permits have been issued in the Gandoca-Manzanillo Wildlife Refuge (Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo) either; ..." Thus, as things stand, according to what has been presented, it is concluded regarding the facts that support the appeal before us: First Fact: Accepted in the following terms: The Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge (Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo) is a Mixed refuge, meaning that there is private property and lands owned by the State, where only training, ecotourism, and research activities are authorized on public domain lands (terrenos demaniales), as well as productive activities on private lands, according to the current regulations already indicated. Second Fact: Denied. The appellant is incorrect in pointing out what was ordered by judgment 12745-2019 of July 10, 2019, for not adhering to the literal meaning of what was resolved. Given that this Ministry has begun the execution of the delimitation of the forested area (Área boscosa) of the 188 hectares of the strip adjacent to the Gandoca-Manzanillo Mixed National Wildlife Refuge (Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Gandoca-Manzanillo), it therefore does not correspond to a prohibitive management category, but a designation that promotes the conservation and rational use of the wetlands and other sites that comprise it. Third Fact: Denied. The issued Directive 09-2023 (Directriz 09-2023) has lost its practical effect and is without application, as officially communicated by DECI-MINAE-086-2025 of March 14, 2025. The Constitutional Chamber (Sala Constitucional), through judgment 2024-034408, dismissed the proceedings of Mr. Nombre121413 regarding this directive, confirming that the matter had been duly attended to. Since January 2025, the ACLAC suspended the issuance of forest use permits (permisos de aprovechamiento forestal) in the 188-hectare strip mentioned in the constitutional resolutions. Regarding Report SINAC-ACC-OTOF-698-2021, this point was not mentioned in the notes sent by the appellant AEL-00230-2025 of May 29, 2025, and AEL-00239-202 of June 4, 2025, which motivated this Amparo. This being, for this honorable Chamber, a new allegation; the appellant files an amparo appeal which is processed under file No. 24-005929-0007-CO in which, through report SINAC-ACLAC-DR-227-2024 of March 12, 2024, it explains the technical-scientific reasons why document SINAC-ACC-OTOF-698-2021 is not an official MINAE document. In which compliance was made with judgment 2024-010951 by delivering the updated certification of State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) on August 14, 2024, through SINAC-ACLAC-DR-0672-2024. Fourth Fact: Denied. In response to the complaints filed in February 2025, the Conservation Area's own diligences were carried out, leading to the filing of the respective judicial complaint and which was notified to Mr. Nombre121413 on February 10, 2025. Through report CARTA-SINAC-ACLAC-DRFVS-PH-028-2025, it was determined that there is currently no invasion and, on the contrary, natural regeneration is observed at the site. Fifth Fact: Denied. The Area or Ministry maintains protection and oversight activities, as demonstrated in the case of the former Hotel Las Palmas, where inspections were carried out and complaints were filed for damages to the natural heritage. Field inspections show that previously affected areas, such as the site of the former Hotel Las Palmas, show natural regeneration processes and are free of current invasions. (SEE IMAGES) The complaints about alleged illegal drainage (drenajes ilegales) at the Hotel Almendros and Corales are under investigation in file 21-000239-0597-PE. Sixth and Seventh Facts: Denied. Municipalities maintain exclusive competence to issue land-use permits (permisos de uso de suelo) in the maritime-terrestrial zone, according to the legal framework established in the Municipal Code (Código Municipal) and the Law of the Maritime-Terrestrial Zone (Ley de la Zona Marítimo Terrestre). Private properties within the mixed refuge maintain their constitutional attributes, although they are subject to the Management Plan (Plan de Manejo) of the protected area. MINAE does not have the competence to supervise or filter municipal permits, this being a legally inappropriate claim by the appellant. In addition to the above, through official letters DVA-059-2025 of May 29, 2025, and DVA-064-2025 of June 3, 2025, a response was given to the request, including an extension of the response to the first letter. Eighth Fact: Denied. Answered in the same terms as section three. In conclusion, it is evident that the Ministry of Environment and Energy (MINAE) has provided diligent and timely attention to the queries submitted by Mr. Nombre121413, thus complying with the established deadlines and procedures. Additionally, it is verified that this request constitutes a reiteration of a topic already addressed in previous procedures carried out by the appellant at different times and under different request numbers. This situation has been duly documented and supported through attention letters and response receipts, which reveals an inappropriate and recurrent use of administrative mechanisms by the applicant. Based on the foregoing, Mr. Nombre121413 is incorrect in wanting to allege non-compliance with his requests, as MINAE demonstrates with documentary evidence that no constitutional right has been violated, because Mr. Nombre121413's claim is for the Administration to comply with his requests, even though they are not legally viable nor have a basis in science or technique, this being an abusive situation on the part of a citizen. In conclusion, his procedures have been attended to on time and he must abide by the provisions of the cited documents backed by legality and technical criteria. Therefore, it is demonstrated that the Ministry of Environment and Energy, through its corresponding instances, has not incurred in any non-compliance regarding the right to petition and access to information. On the contrary, it has acted respectfully, transparently, and patiently in attending to each of the requests submitted, thus guaranteeing compliance with its institutional obligations. PETITION. Main: In accordance with the provisions of this report and the documentary evidence provided, I respectfully request the Honorable Magistrates to DECLARE this Amparo WITHOUT MERIT. I request that our Ministry be exempted from the payment of procedural costs. Subsidiary: In the event that your honorable authority considers that the administration has responsibility, we kindly and respectfully request not to be condemned in costs."

4.- By brief added to the electronic file on July 2, 2025, the appellant refutes the report and states the following: "First Fact: Nature of the Gandoca-Manzanillo Refuge. Respondents' Argument: The respondents accept that the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge (Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo) is a mixed-property refuge, which includes private and public lands, where only specific activities (such as ecotourism and research) are permitted on public lands, and private lands are subject to the Management Plan (Plan de Manejo) and applicable regulations. Reply: While I agree that the Refuge is mixed-property, the respondents excessively simplify the State's obligations under the Ramsar Convention (Convención Ramsar), the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad) (No. 7788), and the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente) (No. 7554). The designation of the Refuge as Ramsar Site 783 imposes a high duty on the State to guarantee the conservation and rational use of its wetlands, regardless of property ownership. Article 3.1 of the Ramsar Convention (Law No. 7224) obliges Costa Rica to 'promote the conservation of wetlands' and ensure their 'rational use'. The respondents omit that private properties within the Refuge are subject to strict restrictions to guarantee the conservation of the protected ecosystems, as provided in Article 82 of the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de la Vida Silvestre) (No. 7317) and its regulation (Executive Decree No. 32633-MINAE). The coexistence of private properties does not exempt MINAE or SINAC from their responsibility to oversee activities that compromise the Refuge's wetlands, mangroves, and forests, such as illegal drainage (drenajes ilegales), forest subdivision (fraccionamiento de bosques), or light pollution, which directly affect protected species, such as sea turtles. Second Fact: Judgment No. 12745-2019 and Delimitation of 188 Hectares. Respondents' Argument: The respondents reject my assertion that Judgment No. 12745-2019 ordered the delimitation and recovery of 188 hectares of wetlands and forests, claiming that it only ordered the delimitation of a forested area adjacent to the Refuge. They state that they have begun executing this delimitation and that my allegations add mandates not contained in the judgment. Reply: The respondents distort the scope of Judgment No. 12745-2019, which ordered SINAC to 'delimit and recover' 188 hectares of forested areas and wetlands illegally released within the Refuge. The judgment is not limited to the delimitation of a forested area, as the respondents suggest, but includes the recovery of degraded ecosystems, which implies concrete actions to restore wetlands and forests affected by occupations and improper uses. The report presented by the respondents (SINAC-ACLAC-DR-0641-2025) does not demonstrate effective compliance with this judgment. The five mentioned 'Progress Reports' lack detail on specific measures for the recovery of the 188 hectares, such as the removal of illegal structures, the restoration of drained wetlands, or the reforestation of degraded areas. Furthermore, MINAE does not provide technical evidence accrediting the completion of the delimitation process or its official registration before the National Registry (Registro Nacional), which perpetuates legal uncertainty and facilitates activities incompatible with conservation. The claim that it does not correspond to a prohibitive management category contradicts the principle of environmental non-regression, enshrined in the Organic Law of the Environment (No. 7554, Article 2) and the jurisprudence of this Chamber, which obliges the State to maintain and improve levels of environmental protection. Third Fact: Directive 09-2023 and Report SINAC-ACC-OTOF698-2021. Respondents' Argument: The respondents affirm that Directive 09-2023 lost practical effect after the 2024 constitutional judgments and that Report SINAC-ACC-OTOF-698-2021 is not an official document, but an internal draft without validity. They claim that my insistence on this report constitutes an abuse of the right of petition. Reply: Directive 09-2023, issued by Minister Tattenbach, discredited Report SINAC-ACC-OTOF-698-2021, which identified 165.12 hectares of wetlands in Talamanca, cataloging it as an 'internal draft'. This action constitutes a violation of the principle of environmental non-regression, as it disregards a technical study that delimits critical areas for the conservation of Ramsar Site 783. The respondents' claim that the Directive lost its effect after the 2024 judgments (No. 2024-026300 and No. 2024-034408) does not exempt MINAE from responsibility for the damages caused during its validity, which facilitated the occupation and degradation of wetlands. Judgment No. 3959-2024 of this Chamber ordered Report SINAC-ACC-OTOF-698-2021 to be made official, a mandate the respondents admit not having fully complied with, limiting themselves to issuing an updated certification (SINAC-ACLAC-DRFVS-PNE-C-092-2024) without evidence that it includes all the wetlands identified in the 2021 report. The failure to make this report official perpetuates legal uncertainty and allows activities incompatible with conservation, such as the granting of municipal permits in protected areas. My insistence on this point is not an abuse of the right of petition, but a legitimate effort to ensure compliance with this Chamber's orders and the protection of a site of international importance. The respondents have not provided technical evidence to justify the disqualification of Report SINAC-ACC-OTOF-698-2021, which contravenes the principle of environmental precaution (principio de precaución ambiental) (Law No. 7554, Article 3). Fourth Fact: Former Hotel Las Palmas. Respondents' Argument: The respondents reject my allegation regarding the abandonment of the former Hotel Las Palmas site, stating that inspections were carried out, a judicial complaint was filed, and that the site shows natural regeneration, according to report CARTA-SINACACLAC-DRFVS-PH-028-2025. Reply: The respondents do not deny that the site of the former Hotel Las Palmas, demolished by order of SINAC due to environmental damage, remains abandoned. The inspection carried out on February 9, 2025 (Report SINAC-ACLAC-PPCP-C-027-2025) and the complaint filed do not constitute sufficient measures to comply with the restoration obligation ordered by Judgment No. 12745-2019. The claim of 'natural regeneration' lacks detailed technical support, such as ecological studies or active restoration plans, which are necessary to guarantee the recovery of the affected ecosystems. The inaction of MINAE and SINAC has allowed recent invasions at the site, as I reported in my official letter AEL-00230-2025, which demonstrates a lack of effective oversight. The respondents do not present evidence of proactive measures, such as reforestation or debris removal, to restore the area, thus failing to comply with the obligations of this Chamber and the Ramsar Convention. Fifth Fact: Hotel Almendros y Corales. Respondents' Argument: The respondents reject my complaints about the environmental damage caused by Hotel Almendros and Corales, stating that the alleged illegal activities are under investigation (File 21-000239-0597-PE) and that MINAE carries out oversight activities. Reply: The complaints presented in official letters AEL-00230-2020 and AEL-00239-2025 document serious environmental damage caused by Hotel Almendros and Corales, including illegal drainage (drenajes ilegales), road openings, forest subdivision (fraccionamiento de bosques), and light pollution that affects sea turtle arribadas. The respondents admit that these complaints are under investigation but have not taken immediate measures, such as closing illegal drains or suspending activities, which constitutes a serious omission in their duty to protect the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge (Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo). The Vice-Minister's response in official letter DVA-073-2025, which dismisses my complaints alleging lack of MINAE's competence, is unacceptable. MINAE and SINAC have the obligation to supervise and protect the protected areas, including private properties within the Refuge, according to Article 82 of Law No. 7317 and the General Management Plan (Plan General de Manejo) of the Refuge. The inaction in the face of these damages violates the principle of precaution and the right to a healthy environment (Article 50, Constitution). Sixth and Seventh Facts: Municipal Permits and MINAE Competencies. Respondents' Argument: The respondents reject my request that MINAE supervise the permits issued by the Municipality of Talamanca, arguing that the municipalities have exclusive competence to issue land-use permits (permisos de uso de suelo) in the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) and that private properties are not part of the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado). Reply: The respondents misinterpret my position. I do not intend for MINAE to supervise all municipal permits, but rather to fulfill its obligation to guarantee that the permits granted in the maritime-terrestrial zone of the Refuge do not compromise the protected ecosystems, especially the wetlands of Ramsar Site 783. The Maritime-Terrestrial Zone Law (No. 6043, Article 17) and the Forest Law (No. 7575, Article 13) grant MINAE and SINAC the responsibility of administering the forested areas (áreas boscosas) and lands of forest aptitude (terrenos de aptitud forestal) within the Refuge, including the oversight of activities that affect the State Natural Heritage. The list of permits provided by the Municipality of Talamanca (SCMT-084-2025) lacks specific details, such as coordinates, type of use, or validity, which prevents verifying their compatibility with the Refuge's Management Plan. The lack of official delimitation of the wetlands, a SINAC responsibility, facilitates the issuance of permits that are incompatible with conservation. This omission constitutes a violation of the mandate of Judgment No. 3959-2024 and the principle of inter-institutional coordination established in the Organic Law of the Environment (No. 7554, Article 5). Eighth Fact: Non-compliance with Judgment No. 3959-2024. Respondents' Argument: The respondents reject my allegation of non-compliance with Judgment No. 3959-2024, stating that they complied with the delivery of an updated certification (SINACACLAC-DRFVS-PNE-C-092-2024) on August 14, 2024. Reply: Judgment No. 3959-2024 ordered MINAE and SINAC to complement the State Natural Heritage certification with the 'Characterization and Delimitation of Wetlands in the Maritime-Terrestrial Zone of the Canton of Talamanca' of June 2021 (Report SINACACC-OTOF-698-2021). The respondents do not present evidence that the updated certification includes all the wetlands identified in said report, nor that the process before the National Registry has been completed, as required by the judgment. This omission perpetuates legal uncertainty and facilitates real estate development and invasions in protected areas, violating the right to a healthy environment and Costa Rica's international commitments under the Ramsar Convention (...) IV. Petition. Based on the foregoing, I respectfully request this Honorable Constitutional Chamber: Main: 1. Declare GRANTED the amparo appeal filed under file No. 25-017781-0007-CO, for the violation of my constitutional rights and the State's obligations in protecting the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge (Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo). 2. Order MINAE and SINAC to immediately comply with Judgments No. 12745-2019 and No. 3959-2024, including the delimitation and recovery of the 188 hectares of wetlands and forests, and the officialization of Report SINAC-ACC-OTOF-698-2021. 3. Order MINAE and SINAC to take immediate measures to close illegal drainage (drenajes ilegales), restore degraded areas (such as the site of the former Hotel Las Palmas), and oversee activities at the Hotel Almendros and Corales. 4. Order MINAE to coordinate with the Municipality of Talamanca to guarantee that the permits issued in the maritime-terrestrial zone are compatible with the Refuge's Management Plan and the Ramsar Convention. 5. Order the respondents to pay procedural costs for their inaction and evasive responses (...)" (see electronic record).

5.- FRANZ TATTENBACH CAPRA AND JORGE MARIO RODRÍGUEZ ZUÑIGA, in their order MINISTER and VICE-MINISTER, BOTH OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY, report under oath in the following terms: "With due respect to your honorable authority and in response to the report requested by the Constitutional Chamber, through a resolution at thirteen hours thirty-one minutes on February fourteenth, two thousand twenty-five, we appear to respond to the Reply dated July 2 sent by Mr. Nombre121413, in the following terms: First: Nature and activities within the Gandoca-Manzanillo Refuge. What is stated by Mr. Nombre121413 is not correct, regarding that within the permitted activities in this Gandoca-Manzanillo Wildlife Refuge (Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo) of Mixed Category, are only those indicated in article 18 of the Forest Law (Ley Forestal), which correspond to Use Permits for ecotourism, training, and scientific research on State lands; since this forest regulation applies to state forest property only. When in the presence of private property, other regulations operate such as articles 19 and 20 of the Forest Law and article 51 of the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de Vida Silvestre). Private property with forest cover (cobertura forestal) is a legally established figure in our legislation, in Forest Law No. 7575. Private forest property refers to forests and forest lands that belong to individuals, consequently, located on private properties, in contrast to those that are property of the State. These private forest lands are subject to regulations and protection, and their owners have specific rights and responsibilities under the law, such as the regulations governing use, exploitation, and protection. Owners of private forest lands have the right to use and exploit forest resources in accordance with the law and established management plans and have the responsibility to protect forests and forest lands, avoiding deforestation, erosion, and other activities that could harm the forest ecosystem. The forest law establishes limits and regulations with the objective of guaranteeing sustainability and environmental protection. Private property maintains the attributes conferred by law regarding its ownership, use, and disposition. Private property, by having a forest within its boundaries, does not lose that private nature and cannot be considered public domain goods (bienes demaniales) forming part of the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado). Articles 19 and 20 of Forest Law No. 7575, regulate 'private forest property' and forest use, in which it is possible to carry out legal activities. 'TITLE THREE Private forest property CHAPTER I Forest management ARTICLE 19.- Authorized activities. On land covered by forest (terrenos cubiertos de bosque), land-use change (cambio de uso del suelo) is not permitted, nor establishing forest plantations. However, the State Forest Administration (Administración Forestal del Estado) may grant a permit in those areas for the following purposes: a) To build dwelling houses, offices, stables, corrals, plant nurseries, roads, bridges, and installations intended for recreation, ecotourism, and other similar improvements on lands and farms of private domain where the forests are located. b) To carry out infrastructure projects, state or private, of national convenience. c) To cut trees for reasons of human safety or scientific interest. d) To prevent forest fires, natural disasters, or other similar causes or their consequences. In these cases, forest cutting shall be limited, proportional, and reasonable for the aforementioned purposes. Previously, a pre-selection questionnaire must be completed before the State Forest Administration to determine the possibility of requiring an environmental impact assessment (evaluación del impacto ambiental), as established in the regulation of this law.' (Emphasis added) In accordance with the Regulation to the Wildlife Conservation Law, in this Mixed Category Refuge, different activities can be carried out: it establishes: "Article 151.- MINAET, through SINAC, may authorize within the limits of Mixed Property Refuges (Refugios de Propiedad Mixta) and Private Property Refuges (Refugios de Propiedad Privada), in accordance with the principles of sustainable development set out in the management plans (planes de manejo), the following activities: a) Agricultural and livestock use. b) Residential use. c) Recreational tourist housing. d) Tourist developments, including hotels, cabins, lodges, or others that carry out similar activities. e) Commercial use (restaurants, shops, others). f) Extraction of quarry materials (sand and stone). g) Scientific or cultural research. h) Other purposes of public or social interest and any other activity that SINAC deems pertinent and compatible with Conservation policies and sustainable development." It is important to consider that the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge (Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo) being a Mixed category implies the existence within its boundaries of public property and private property, the latter not being public domain goods (bienes demaniales) and not forming part of the State Natural Heritage, as indicated by the Office of the Attorney General (Procuraduría General de la Republica) in opinion C057-2022 of March 17, 2022. "In the case of mixed national wildlife refuges (refugios nacionales de vida silvestre mixtos), as their name indicates, their nature has that same condition, as public and private property converge, and its administration is exercised jointly between SINAC and the private owners. In the public areas of these refuges, only the activities provided for in article 18 of the Forest Law may be carried out, while in those of a private nature, the activities indicated in article 151 of the Regulation to the Wildlife Conservation Law may be exercised. Thus, private properties included in private wildlife refuges (refugios de vida silvestre privados) and in the private part of mixed refuges, do not lose that nature and cannot be considered public domain goods (bienes demaniales) forming part of the State Natural Heritage, although they are subject to the aforementioned use limitations. (See legal opinions nos. OJ-026-2019 of March 19, 2019, and OJ-076-2021 of April 5, 2021)."

The natural resources defined and characterized within the Gandoca-Manzanillo Refuge are subject to the existing Management Plan; therefore, the fact that criminal acts are committed by some individuals who violate the laws does not mean that the administrative authorities are engaging in acts of tolerance or indifference regarding those events, as is improperly attempted to be made to believe. The administrative proceedings against these individuals are documented, and the alleged crimes have been reported to the judicial authority. It is important to clarify that wetlands can be located on public or private lands. These are not under a prohibition regime, but rather one of rational use, as they can have a wide range of uses: recreation and tourism, hydraulic power generation to obtain energy, fishing, aquaculture, salt production, shrimp farming, docks, water transportation routes, including state public infrastructure (Decreto Ejecutivo No.49838), etc. All wetlands, whether or not declared by the State, whether or not they form part of protected wilderness areas, of the Natural Heritage of the State, and those on private property, must be protected at the appropriate level because they are of public interest. Protection does not inherently involve a total prohibition of activities. Each project or construction must be assessed prior to decision-making. 1.- Wetlands administered by SINAC are those that: a) Have been declared part of the Natural Heritage of the State. Wetlands declared as Natural Heritage of the State shall be considered those associated with forest ecosystems and, additionally, located on public domain assets or lands owned by the State or other public entities or bodies. b) Those declared as protected wilderness areas. c) Those included within protected wilderness areas. The provisions of Article 18 of the Forestry Law (Ley Forestal) apply to these wetlands. 2.- Wetlands included in the RAMSAR list shall be governed by the provisions of the Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat and the rules provided in the national legal system applicable to wetlands included in these lists. 3.- Wetlands not declared as Natural Heritage of the State and wetlands located on private properties are governed by the general wetland conservation rules established in Article 45 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), and Decreto Ejecutivo 39838-MINAE applies to them. The National Wetlands Registry contains the wetlands inventoried and delimited by Costa Rica; therefore, the assertions made by Mr. Nombre121413, in which he claims alleged omissions in this regard, are not receivable. The Costa Rican State has made multiple legal efforts to map and conserve wetlands. Proof of this is Decreto Ejecutivo No.42760-MINAE (formerly DE-35803-MINAET): "Technical criteria for the location, identification, classification, and delimitation of wetland ecosystems" from the Ministry of Environment and Energy, based on Article 140, subsections 3) and 18) of the Political Constitution, Article 103, subsection 1) of the General Law of Public Administration, Law No.6227 of May 2, 1978, the Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat "Ramsar Convention" ratified by Law No.7224 of April 9, 1991, Article 41 of the Organic Environmental Law No.7554 of October 4, 1995, and Articles 22, 51, and 58 of the Biodiversity Law No.7788 of April 30, 1998; which supports the protection of wetlands both inside and outside protected wilderness areas and allows their use depending on whether the land is public or private. MINAE and SINAC oversee these activities through their General Management Plan or by addressing technical criteria and environmental complaints handled via the SITADA platform filed outside protected wilderness areas. Additionally, wetland criteria are issued through the Platform, and there is a Wetlands Registry and a Wetlands Inventory. Second: Judgment No. 12745-2019 and Delimitation of 188 Hectares. The scope of the judgment is clear and cannot be distorted. Voto Constitucional No.2019-12745, issued at 12:10 hours on July 10, 2019, states what is important for the purposes of this Report as follows: “ (…)..no evidence was presented that the law per se affected wetlands or violated the principle of inviolability of the maritime-terrestrial zone (intangibilidad de la zona marítimo terrestre); the principle of inviolability of the maritime-terrestrial zone cannot be breached, nor can it be interpreted that the lands excluded from the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge by Law No. 9223 that are located within the two-hundred-meter-wide strip along the coast, measured horizontally from the ordinary high-water line, as well as the areas occupied by mangroves and estuaries (public zone), and the one-hundred-fifty-meter strip contiguous to these (restricted zone), among other assets, were released from the special regime covering the maritime-terrestrial zone…(..) Rather, to achieve a fair balance between environmental protection and the socioeconomic needs of the people, the appropriate course is to declare the filed unconstitutionality action partially with merit, annulling the norm only with respect to the territories comprised in the forest zone —188 hectares— as ordered by the Procuraduría General de la República in its reports, and consequently, order SINAC to proceed to delimit the aforementioned area. In the event that it is determined that these are public domain assets —not private domain assets—, SINAC, together with the State Attorney, must exercise the corresponding legal actions in defense of public heritage. Regarding property rights —if they are eventually determined—, what is appropriate is for the competent authorities to impose the corresponding social interest limitations on the properties for the sake of environmental protection. (…) POR TANTO: 1) By majority vote, the action is partially granted, annulling the challenged Law No. 9223 ‘Recognition of the rights of the inhabitants of the Southern Caribbean’ only with respect to the territories comprised in the forest zone, as ordered by the Procuraduría General de la República in its reports. By virtue of the foregoing, the National System of Conservation Areas is ordered to proceed, within a period of twelve months, counted from the full publication of this pronouncement in the Judicial Bulletin, to delimit the aforementioned area and, together with the Procuraduría General de la República, to exercise the corresponding legal actions in defense of public heritage. This declaration of unconstitutionality shall have declarative and retroactive effect to the date the norm took effect, all without prejudice to good faith acquired rights…(..)” (Emphasis is ours) Consequently, delimitation is the main action, and it is not correct to indicate that the “totality” of the 188 hectares must be recovered, as what is expressly stated is conditioned on the appearance of public assets: “In the event that it is determined that these are public domain assets —not private domain assets—, SINAC, together with the State Attorney, must exercise the corresponding legal actions in defense of public heritage…” The scope of the Voto also does not indicate recovering “degraded wetlands”; what is stated by Mr. Nombre121413 is not what is expressed in the Voto. Therefore, this assertion is incorrect and attempts to give a different meaning and scope to the Voto when Mr. Nombre121413 states: “… The judgment is not limited to the delimitation of a forest area, as suggested by the respondents, but includes the recovery of degraded ecosystems, which implies concrete actions to restore wetlands and forests affected by occupations and improper uses..” MINAE has diligently presented the Progress Reports for compliance with the Voto, which report on everything from the methodology to the progress of the legal and technical group that conducted the terrestrial “sweep” and drone support for greater precision, as well as how the map will be constructed. It is absolutely improper for Mr. Nombre121413 to state, “The five ‘Progress Reports’ mentioned lack detail on specific measures for the recovery of the 188 hectares, such as the removal of illegal structures, the restoration of wetlands,” as the foregoing suggests an apparent intention to mislead by making comments without sufficient technical basis. In addition to the above, it is important to note that an adequate study of the Compliance Progress Reports provided by MINAE has not been carried out, because the Final Report has not yet been presented. Improper assessments are made, such as: “MINAE does not provide technical evidence proving the completion of the delimitation process or its official registration with the National Registry.” Third: Directive 09-2023 and Report SINAC-ACC-OTOF-698-2021. Directive 09-2023 serves no purpose to comment on, as it has no effect. Regarding Report SINAC-ACC-OTOF-698-2021, it must be reiterated that compliance with Judgment No. 3959-2024 was indeed communicated to the Chamber via official letter SINAC-ACLAC-DR-0445-2024 dated May 17, 2024, with technical support from report SINAC-ACLAC-DRFVS-PH-030-2024 dated May 17, 2024. This report allowed the update of the Certification of Natural Heritage of the State in the Maritime-Terrestrial Zone of the Canton of Talamanca, issued via certification SINAC-ACLAC-DRFVS-PNE-C-092-2024, in compliance with judgment No.2024010951, under Expediente 24-005929-0007-CO. The process of revisions and observations by the competent institutions allows the update of certification SINAC-ACLAC-DRFVS-PNE-C-092-2024 via consecutive number SINAC-ACLAC-DRFVS-PNE-C-014-2025, with support from technical report SINAC-ACLAC-DRFVS-PH-006-2025 dated February 13, 2025. The latter (SINAC-ACLAC-DRFVS-PNE-C-014-2025) being the certification in force to date. It is important to make clear that the preliminary report SINAC-ACC-OTOF-698-2021 (Informe Fonseca), mentioned by Mr. Nombre121413, was one of the base inputs for the review of the Natural Heritage of the State in the Maritime-Terrestrial Zone of the Canton of Talamanca, just as the Constitutional Chamber requested. Report CARTA-SINAC-ACLAC-DR-0827-2025 dated July 31, 2025, provided in EXPEDIENTE No.23-014549-0007-CO, broadly systematizes the review and complementation process for the Certification of Natural Heritage of the State to which this preliminary report was subjected, with the objective of ensuring its inputs met the corresponding technical, scientific, and legal requirements for its officialization. Therefore, what Mr. Nombre121413 states is neither true nor correct, as demonstrated by the following excerpt from the text of communication note ACLAC-DR-0827-2025:

Fourth: Former Hotel Las Palmas. Judgment No.12745-2019 does not refer to the site that the appellant wants to include in the 188-hectare area, which he calls the “former Hotel Las Palmas.” Although the site was demolished by judicial order approximately 14 years ago, Report SINAC-ACLAC-PPCP-C-027-2025 showed with evidence that the place is undergoing an accelerated process of natural restoration, under the protection of the Natural Heritage of the State, duly signposted by the Ministry of Environment and Energy, included as Natural Heritage of the State 2025 as recorded in certification SINAC-ACLAC-DRFVS-PNE-C-014-2025, and has had this designation since 2017 regarding the Maritime-Terrestrial Zone. Fifth: Hotel Almendros y Corales. In reality, there is an open criminal case against Hotel Almendros y Corales, where the alleged illegal activities are being investigated under Expediente 21-000239-0597-PE. MINAE-SINAC carries out oversight and control tasks in conjunction with the Municipality of Talamanca with the intention of preventing any action detrimental to the environment. Facts Six and Seven: Municipal Permits and MINAE Competencies. Mr. Nombre121413 does not accept that the Municipality of Talamanca has its own exclusive competencies. Citizens must respect municipal guidelines, since construction permits are the responsibility of the Municipalities, and citizens who have private properties within the Refuge must abide by municipal regulations and are not under MINAE supervision. The wetlands in the Maritime-Terrestrial Zone are delimited, and the Municipality of Talamanca was notified and has the documents, maps, and shapes (layers) generated for this purpose so that it knows their precise location; therefore, it is not true to assert that the delimitation has not been done and that the Municipality grants permits without any care whatsoever, as erroneously indicated when citing: “…The lack of official delimitation of the wetlands, which is SINAC's responsibility, facilitates the issuance of permits incompatible with conservation..” That being the case, we, the undersigned, estimate that the allegations made by Mr. Nombre121413 contain no scientific basis and, on the contrary, consist of absolutely subjective statements that could even mislead the honorable Constitutional Chamber.”

6.- By order issued at eight hours fifty-seven minutes on July twenty-eighth, two thousand twenty-five, the instructing magistrate expanded the proceedings and requested a report from the Mayor of the Municipality of Talamanca (see electronic record).

7.- In a written submission filed with the Secretariat of this Chamber, the appellant states the following: “Technical Rigor of the SINAC Report The report was meticulously prepared by the La Amistad Caribe Conservation Area (Área de Conservación La Amistad Caribe, ACLAC) under the Control and Protection Program. It is the result of field inspections carried out on March 6, March 24, and April 20, 2023, by qualified professionals, including Manuel J. Arias Guzmán and Deiver Contreras Arguedas, with contributions from Alexis Salas Rodríguez and Maikel Vanegas Calderón. The document is based on the technical criteria established in Decreto Ejecutivo No. 42760-MINAE and employs standardized methodologies, such as those described in the Manual for the Identification and Classification of Wetlands in Costa Rica (Manual para la Identificación y Clasificación de Humedales de Costa Rica) (Bravo & Windevoxhel, 1997) and the Practical Guide for the Characterization and Delimitation of Hydromorphic Soils (Guía Práctica para la Caracterización y Delimitación de Suelos Hidromórficos) (UNDP, SINAC/INTA, 2017). The methodology used included: 2 • Field Sampling: Use of a Garmin Montana GPS unit, Munsell color chart, and simple observation forms to characterize hydromorphic soils, carried out at multiple points to ensure accuracy. • Geographic and Cartographic Analysis: Cross-referencing of information with the National Territorial Information System (Sistema Nacional de Información Territorial, SNIT), Google Earth satellite imagery, and SINAC databases, including drainage and forest cover maps. • Ecological Characterization: Evaluation of soils, water systems, and hydrophilic vegetation, confirming the presence of wetland ecosystems in approximately 67,097 m² (6.7 ha) of the evaluated area, as established in Decreto No. 42760-MINAE. The report identifies key ecological characteristics, such as hydromorphic soils (grayish and greenish colors, indicative of anaerobic conditions), hydrophilic vegetation (species such as Pterocarpus officinalis, Pentaclethra macroloba, and Raphia taedigera), and seasonal water conditions, which confirm the presence of a wetland on the indicated properties. Furthermore, it documents anthropogenic alterations, such as drainage and recent constructions, which affect the ecosystem's integrity. Violations of the Ramsar Convention The Gandoca-Manzanillo site, recognized as a wetland of international importance under the Ramsar Convention (Law No. 7224 of April 1991), is protected for its ecological relevance and biodiversity. Report SINAC-ACLAC-PCP-D-H-08-2023 evidences activities prohibited under Article 45 of the Organic Environmental Law (No. 7554), such as drainage and filling that alter the natural cycles of the wetland. These actions contravene Costa Rica's obligations under the Ramsar Convention, which requires the protection and sustainable use of these ecosystems, as well as the provisions of the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de la Vida Silvestre) (No. 7317) and the Biodiversity Law (No. 7788). The report specifically points out: • A path-like fill in the public zone, affecting the wetland in the Maritime-Terrestrial Zone. 3 • Alterations in forest cover between 2004 and 2023, with a significant increase in constructions between 2021 and 2023, in areas identified as wetland. • The omission of these wetlands from the National Wetlands Registry, which aggravates the lack of administrative protection. These findings, supported by documentary evidence from SINAC’s own officials, demonstrate a clear violation of the conservation principles established in the Ramsar Convention and national legislation, affecting an ecosystem of public interest and the constitutional right to a healthy and ecologically balanced environment (Article 50 of the Political Constitution). Request to the Constitutional Chamber Based on the foregoing, I respectfully request that this Chamber: 1. Consider report SINAC-ACLAC-PCP-D-H-08-2023 as fundamental evidence that ratifies the admissibility of this amparo appeal, by documenting the existence of a wetland and the environmental impacts on the Gandoca-Manzanillo Ramsar site. 2. Order the necessary measures to guarantee the protection of the identified wetland, including the halting of activities that alter its integrity and the inclusion of these areas in the National Wetlands Registry. 3. Declare the violation of the fundamental rights to a healthy and ecologically balanced environment, ordering the competent authorities (SINAC and other entities) to take corrective and preventive measures to comply with the obligations of the Ramsar Convention and national regulations. I attach to this document a copy of report SINAC-ACLACPCP-D-H-08-2023 for review and assessment by this Chamber. I remain at the disposal of this honorable Chamber for any clarification or additional procedure, thanking you in advance for your attention to this matter of public interest and environmental urgency” (see electronic record)

8.- In a written submission filed with the Secretariat of this Chamber, the appellant states the following: “With all due respect to your high authority, I appear in my capacity as appellant in the referenced case file to present this formal, detailed, and exhaustive reply to official letter DM-691-2025 DAJ-MINAE-1602-2025, dated August 7, 2025, jointly signed by the Minister of Environment and Energy, Mr. Franz Tattenbach Capra, and the Vice Minister of Environment, Mr. Jorge Mario Rodríguez Zúñiga. This reply is based on the need to categorically refute the assertions contained in said official letter, which represent a desperate attempt to evade and minimize irrefutable facts related to the protection of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge (hereinafter, REGAMA), a mixed-category protected wilderness area that hosts Ramsar Site No. 783, Gandoca-Manzanillo. Said assertions lack solid legal basis, ignore prior interventions by this honorable Chamber, and contradict constitutional principles of environmental protection, such as those established in Articles 50 and 89 of the Political Constitution. I will now proceed to refute point by point the respondents' statements, relying on legal, technical, and jurisprudential evidence, including resolutions of this Chamber, national and international environmental regulations, and documentary evidence provided in the case file. First: On the nature of and permitted activities in the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge The respondents affirm that the activities permitted in REGAMA are not limited to those indicated in Article 18 of the Forestry Law No. 7575, applicable only to state forest property, and that on private property, Articles 19 and 20 of said law operate, as well as Article 51 of the Wildlife Conservation Law No. 7317. Furthermore, they cite Article 151 of the Regulation to the Wildlife Conservation Law (Reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre) (Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE), enumerating activities such as agricultural, residential, touristic, commercial, and extractive use, always in accordance with the management plan (Plan de Manejo). They insist that private property does not lose its nature nor become a public domain asset, citing opinion C-057-2022 of the Procuraduría General de la República. This argument is fallacious and omits the integral protection context of REGAMA, particularly its condition as Ramsar Site No. 783, designated on December 11, 1995, with an extension of 9,445 hectares that include fragile wetlands such as mangroves, coastal lagoons, and flooded forests. The Ramsar technical sheet establishes that the site hosts critical ecosystems for waterfowl, sea turtles, and marine-terrestrial biodiversity, subject to the Ramsar Convention (ratified by Law No. 7224 of 1991), which obligates the Costa Rican State to promote its conservation and rational use, prioritizing ecological integrity over private interests. Contrary to what is alleged, the majority of the forests in REGAMA are flooded forests located in wetland ecosystems, where any intervention must be subject to strict environmental limitations. Article 19 of the Forestry Law No. 7575 expressly prohibits land-use change on forest-covered lands, allowing only limited and proportional activities, such as residential constructions or infrastructure of national convenience, always prior to an environmental impact assessment and without affecting sustainability. The Regulation to the Wildlife Conservation Law (Article 151) conditions such activities to the “principles of sustainable development set forth in the management plans,” but this Chamber annulled the General Management Plan 2017-2026 for REGAMA via resolution No. 2025-02281 of July 16, 2025, for violating Articles 50 and 89 of the Political Constitution, by not adequately considering all wetlands, failing to comply with the Ramsar Convention, and lacking a scientific-technical basis. Additionally, the respondents ignore the emblematic case of the demolition of Hotel Las Palmas, carried out in 2012 after 18 years of litigation, precisely for infractions of the Wildlife Conservation Law, including the drainage and filling of a wetland within REGAMA, which altered fragile ecosystems and violated the Maritime-Terrestrial Zone. This precedent demonstrates that, independently of private property, interventions in Ramsar wetlands are prohibited if they compromise ecological integrity, as established by Decreto Ejecutivo No. 39838-MINAE (Regulation for the Protection of Wetlands). The distinction between public and private property does not exempt one from environmental responsibilities; on the contrary, Article 45 of the Organic Environmental Law No. 7554 imposes the protection of wetlands as assets of public interest, even on private lands, applying rules of rational use and prohibiting activities that cause degradation. The respondents minimize criminal acts as “isolated,” but official letter AT-175-2024 illustrates a pattern of anarchic urbanization, with thousands of land-use permits issued by the Municipality of Talamanca in wetlands and forests within the Ramsar site, facilitated by illegal modifications to the National Territorial Information System (SNIT). Second: On judgment No. 2019-12745 and the delimitation of 188 hectares The respondents cite judgment No. 2019-12745 of July 10, 2019, affirming that its scope is clear and cannot be distorted, and that it annulled Law No. 9223 only with respect to 188 forest hectares excluded from REGAMA, ordering SINAC to delimit them. They allege that no wetlands were affected nor the inviolability of the maritime-terrestrial zone breached. This interpretation is biased and contradicts the comprehensive ruling. The Chamber partially granted the unconstitutionality action against Law No. 9223, partially annulling it for reducing the limits of REGAMA without technical studies, violating the principle of environmental non-regression. It ordered the delimitation of the 188 forest hectares, and if they are determined to be public domain assets, to exercise legal actions for their recovery. Additionally, it imposed social interest limitations on private properties to protect the environment. However, the respondents have failed to comply with this order, as recorded in subsequent resolutions of this Chamber, including No. 2025-02281, which annulled Directive 09-2023 issued by Minister Tattenbach Capra on May 17, 2023, for recognizing reduced limits of REGAMA in accordance with Law No. 9223, without scientific basis and contradicting Voto 2019-12745 and No. 2024-03954. Said directive illegally modified the SNIT, excluding wetlands and forests from the Ramsar site, facilitating municipal permits in protected areas. This Chamber has intervened repeatedly to compel the Minister to recognize the technical document “Delimitation and Characterization of Wetlands” (Delimitación y Caracterización de Humedales), initially cataloged as an “internal draft” by the respondents, but made official by Decreto Ejecutivo No. 42760-MINAE, which establishes technical criteria for identifying and protecting wetlands. Directive 09-2023 created conditions for uncontrolled urbanization, as evidenced by the note of February 6, 2019, from Lic. Héctor Saenz Aguilar, legal advisor to the Municipality of Talamanca, which lists land-use permits from 2014 to 2019, mostly benefiting corporations and not “inhabitants of the Southern Caribbean” as the name of Law No. 9223 suggests. Third: On the interest in developing the Refuge and the defense of private property The respondents extensively defend private property, arguing that it does not form part of the Natural Heritage of the State and that their statements seek to balance environmental protection with socioeconomic rights. This defense lacks legal basis, especially given the pending unconstitutionality action against Law No. 9223, which favors real estate interests by reducing the limits of REGAMA without a technical basis, degrading the Ramsar site. The respondents have shown a confused interest in developing the area through a management plan annulled by this Chamber for lack of science and technique. Furthermore, MINAE and SINAC modified the SNIT to facilitate land-use change on forest lands, allowing permits in Ramsar wetlands, as illustrated by official letter AT-175-2024. Private property is subject to environmental limitations of public interest (Article 45 of Law No. 7554), and the Ramsar Convention prevails over private rights when the integrity of wetlands is compromised. The respondents' assertions conceal this reality, minimizing the cumulative impacts of urbanization. Conclusion and petition The arguments in official letter DM-691-2025 DAJ-MINAE-1602-2025 are unfounded, contradictory to the jurisprudence of this Chamber, and intended to hide serious environmental non-compliance. I respectfully request that said official letter be rejected in its entirety, that the amparo appeal be partially granted, and that the respondents be ordered to strictly comply with the protections for REGAMA and Ramsar Site No. 783, including the immediate delimitation of forest areas and the revocation of illegal permits” (see electronic record).

9.- In a written submission filed with the Secretariat of this Chamber at 3:07 p.m. on August 18, 2025, the appellant states the following: “I, Nombre121413, in my capacity as appellant in the referenced case file, respectfully appear before this honorable Constitutional Chamber to present, in a formal and vehement manner, additional evidence that I consider essential for a better resolution of the case. This evidence consists of a report published in the newspaper Semanario Universidad, corresponding to the August 13, 2025 edition, titled ‘OIJ and PGR: Sinac cut 43% of the wetland area in the Southern Caribbean that the State must protect.’ I attach a full copy of the article, which details serious non-compliance by the Ministry of Environment and Energy (MINAE) and the National System of Conservation Areas (SINAC) concerning the delimitation and protection of wetlands in the area of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge, Ramsar category 783. The report, prepared by journalist Fabiola Pomareda García, exposes, based on expert reports from the Judicial Investigation Agency (Organismo de Investigación Judicial, OIJ) and the Procuraduría General de la República (PGR), how the certification issued by SINAC in 2024 arbitrarily reduces by 43% (equivalent to 94.08 hectares) the wetland area that must be protected, compared to previous reports from 2020 and 2021. This reduction occurs despite repeated interventions by the PGR and the express orders of this Constitutional Chamber in judgment 2019-012745, which partially declared Law 9223 of 2014 unconstitutional and ordered the recovery of the areas excluded from the Refuge.

This evidence demonstrates extremely serious harm to the environment, in violation of the principle of non-regression in environmental matters and the natural heritage of the State, particularly in sectors such as Punta Uva and Playa Grande, where illegal logging, drainage, and filling have been recorded, promoting real estate developments to the detriment of sensitive ecosystems. The PGR, in its report PGR-ESC-003-2025, highlights that these acts constitute "extremely serious harm to the environment" and requests the extension of precautionary measures, which reinforces the urgency of vigorous intervention by this high court. This additional evidence corroborates the arguments set forth in my initial appeal and underscores the imperative need for the Chamber to issue a firm and expeditious resolution, ordering MINAE and SINAC to strictly comply with the delimitations based on the 2020 and 2021 reports, to suspend any property registration process in the affected areas, and to exercise the corresponding legal actions to restore the protection of Ramsar Site 783. Failure to act swiftly would perpetuate irreversible damage to the public heritage and ecological balance, contravening constitutional mandates on environmental matters. I respectfully request that this evidence be incorporated into the case file, assessed on its merits, and considered for the final resolution. I remain at the disposal of the Chamber for any clarification or expansion that may be required" (see electronic record).

10.- Rugeli Morales Rodríguez, in his capacity as Mayor of the Municipality of Talamanca, reports under oath (see electronic record) in the following terms: "The appellant is correct when he indicates that the municipality of Talamanca has granted administrative permits for municipal plan approval (visado municipal de planos) and construction permits in areas that previously, according to the MINAE resolution, did not belong to the refuge and were outside the 165.2 hectares of wetlands, but which, with the new certification SINAC-ACLAC-DRFVS-PNE-C-014-2025, upon the increase of the State Natural Heritage, are now within the refuge. The justification for the granting of these approvals lies in the fact that, as of the date of the response to this report, there is no cadastral notice or property annotation in the National Registry, Cadastre Section, making it impossible to identify the properties located within the additional 20.1 hectares that the Refuge now encompasses. Similarly to the issue of plan approval (visado de planos), construction permits were granted considering the manifest impossibility, due to the lack of certification from MINAE, of determining with certainty whether these applications were inside or outside the Refuge. I must clarify to your authority that MINAE made known the new certification including the 189.1 hectares until approximately April 2025, and to date, there is still no annotation in the national cadastre regarding the expansion of the refuge, nor any annotation regarding possible properties registered at the registry level, which would allow, under the principle of registry publicity and legal certainty, the issuance of rejection criteria for applications from the administered parties, since in the absence of this information there is no legal basis to reject the application. In the same vein, we inform your authority that, having the certification SINAC-ACLAC-DRFVS-PNE-C-014-2025, which expands the PNE to 189.1 hectares, this administration has diligently carried out a review of the granted construction permits and can conclude that within the new boundaries there are a total of approximately 12 permits, and I reiterate that this is approximate since there is no certainty of the refuge boundaries until the new mapping of the area is carried out, a task belonging to the INSTITUTO NACIONAL DE URBANISMO (INVU), and consequently, 6 of the permit holders have been notified of administrative resolutions for work stoppage and the process of drafting lesivity proceedings in the contentious-administrative process is underway to revoke the permits already granted. Similarly, an inter-institutional cooperation meeting was held on August 22 with SINAC to carry out joint inspections in areas that may be affected by this circumstance. Regarding commercial land uses (usos de suelo comercial), a verification process is underway for the scope areas of the new certification in order to verify if there are locations where these permits were granted after the new certification, for the purpose of revoking the acts, after the due administrative process is completed. It is important to reiterate to your authority that the acts and permits granted by the municipality of Talamanca have been under the principle of good faith and complying with what was on record at the time of the events, and it is worth noting that if a chronology of events is observed, the actions carried out by the corporation have always complied with what at the time was considered applicable information, and that the errors committed by the municipal administration clearly stem from delays and non-compliance with deadlines by the governing authorities in the matter, an element that is practically verifiable when observing the resolution of this same Chamber 2024-26300 and the obligation to impose a precautionary measure by your authority resulting from the delays of MINAE. I would not want to fail to indicate in this report requested by your authority that the municipality of Talamanca leaves open the possibility of expanding this report with the results of both the administrative and judicial processes that are being carried out and those to be executed in order to fully comply with what was ordered in judgment 2019-12745." He requests that the appeal be dismissed.

11.- By means of a brief filed with the Secretariat of this Chamber at 3:36 p.m. on September 2, 2025, the appellant states the following: "1. Confession of administrative irregularities and institutional complicity The Mayor explicitly acknowledges in his report that 'the appellant is correct' in pointing out that the Municipality of Talamanca granted administrative permits for plan approval (visado de planos) and construction in areas that, according to the previous MINAE resolution, did not belong to the Refuge, but which, after the SINAC-ACLAC-DRFVSPNE-C-014-2025 certification, now form part of the 189.1 hectares of the State Natural Heritage. This party confession validates my initial complaints, but the Mayor attempts to justify these actions by alleging the lack of cadastral annotations in the National Registry. Such an excuse is inadmissible, since the 2021 technical document 'Wetland Characterization and Delimitation' (Caracterización y Delimitación de Humedales), known to the authorities, clearly establishes that these areas are protected wetland ecosystems. The issuance of permits in these zones constitutes a direct violation of the precautionary principle of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad, Ley N° 7788) and the Ramsar Convention. Far from assuming responsibility, the report reveals that the Ministry of Environment and Energy (MINAE) and the National System of Conservation Areas (SINAC) have instrumentalized the Municipality of Talamanca to facilitate real estate development to the detriment of the Refuge. This collusion, which benefits an influential group of businessmen, is part of a chain of irregularities initiated with the illegal approval of Law No. 9223 and extended until 2019, as I have previously denounced. 2. Absence of precautionary measures and deliberate omission The Mayor's report presents no evidence whatsoever of precautionary measures to stop the ongoing environmental damage, despite acknowledging that at least twelve construction permits were granted in areas now protected. The notification of work stoppage to only six permit holders and the mention of ongoing administrative processes are insufficient and belated, demonstrating a lack of commitment to the protection of the Refuge. This omission violates Article 7 of the Political Constitution, Article 29 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de Jurisdicción Constitucional), the Biodiversity Law, and international flora and fauna conventions, including the Ramsar Convention. Furthermore, Directive 09-2023 of MINAE and the archiving of the technical document 'Wetland Characterization and Delimitation' constitute irrefutable evidence of a deliberate effort to remove protection from Ramsar Site 783, allowing the construction of hotels and luxury mansions in an ecological sanctuary. These actions, led by Mr. Franz Tattenbach Capra, Minister of Environment, reflect a clear intention to prioritize economic interests over environmental conservation. 3. Organized crime and threats to environmentalists The national press, including reports by La Nación (August 30, 2025) and Semanario Universidad (July 29, 2024), has exposed a network of economic and political interests involving figures such as Nombre121414, configuring what is, by all accounts, the first organized crime organization in natural resources in Costa Rica. This collusion between real estate developers, MINAE, SINAC, and, potentially, the Presidential House, has enabled the devastation of the Refuge in exchange for millions of colones and dollars in land. The environmentalists who defend this ecosystem face threats, as documented by Semanario Universidad in its article 'Environmentalist denounces threatening calls for the defense of the Gandoca-Manzanillo Refuge' (July 29, 2024). These pressures demonstrate the risks we assume in protecting the environmental rights of future generations. I urge this Chamber to investigate the identity of the coadjuvants in case file 14-019174-0007-CO to clarify the forces behind this illicit deal. 4. Urgent call for judicial intervention I fully support the request of the Procurador General de la República, Lic. Iván Vincenti Rojas, filed on July 16, 2025, in case file 14-019174-0007-CO, to involve the Forensic Biology Section of the Judicial Investigation Organization (OIJ) in the delimitation of forests and wetlands of the Refuge. This measure is essential to establish the precise boundaries of the protected area and halt the ongoing devastation. Furthermore, I request that this Chamber order the immediate suspension of all construction permits in the Refuge, investigate administrative and criminal responsibilities, and guarantee the protection of Ramsar Site 783. 5. Plea and conclusion Ladies and Gentlemen Magistrates, you have the mission of safeguarding our fundamental rights. The environmental anarchy in the Gandoca-Manzanillo Refuge, orchestrated by economic and political interests, demands a forceful response. The omission of precautionary measures, the instrumentalization of the Municipality of Talamanca, and the complicity of MINAE and SINAC have permitted the destruction of a vital ecosystem. I reiterate all my initial statements and beg this Chamber to act with the necessary malice and rigor to stop this crisis, protecting the Refuge and the rights of future generations" (see electronic record).

12.- By means of a brief filed with the Secretariat of this Chamber at 10:49 a.m. on September 5, 2025, the appellant states the following: "I. Factual Background 1. Context of the environmental struggle: For more than 14 years, I, as a citizen, have denounced the irregularities committed by the Sociedad Anónima Puket in the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge, Ramsar Site No. 783. These complaints, supported by official communication O-0361-2023 dated April 20, 2023, signed by MSc. Ana María de Monserrat Gómez de la Fuente Quiñónez, President of the Administrative Environmental Tribunal, demonstrate the impact on several hectares of wetlands and flooded forests by real estate projects that violate national and international environmental regulations. 2. Manipulative conduct of the Vice Minister: In official communication DVA0111-2025 dated September 4, 2025, Engineer Jorge Mario Rodríguez misrepresents judgment 2025-026119, Case File 25-020088, presenting it as a legal triumph that delegitimizes my claims. However, this Chamber rejected said appeal as premature, without evaluating the merits of my arguments, which the Vice Minister deliberately omits to evade his responsibility in the protection of the Ramsar Site. This manipulation constitutes an abuse of authority and a violation of the right of petition (Art. 27, Political Constitution). 3. Instrumentalization of environmental regulations: The respondents have acted with premeditation and advantage, issuing Directive 09-2023 to irregularly legalize real estate development within Ramsar Site No. 783, favoring powerful groups of real estate developers in the Southern Caribbean. This directive contradicts the Mission and Vision of the National System of Conservation Areas (SINAC) and disregards the Wetland Characterization and Delimitation Document, seriously affecting the protected ecosystems. 4. Abuse of the judicial system: The respondents have instrumentalized the judicial system through mediocre complaints before the Public Prosecutor's Office (cases 23-000041-0611-PE, 21-000001-1851-PE, and 25-000255-0597-PE), designed to delay administrative processes and empty environmental regulations of content, to the detriment of environmental defenders and protected ecosystems. 5. Absence of protection for environmental defenders: The national and international press has extensively documented the aggressions, harassment, and criminalization against environmental defenders in Costa Rica and the region. The government of Mr. Rodrigo Chaves Robles has actively opposed the Escazú Agreement, a binding regional instrument that guarantees the protection of access rights to information, public participation, and justice in environmental matters, as well as the safety of environmental defenders. This opposition aggravates the vulnerability of those who, like me, fight for the protection of ecosystems against real estate mafias with political and economic power. II. Legal Grounds 1. Violation of fundamental rights (Political Constitution): • Article 7: The State's refusal to implement the Escazú Agreement and comply with the Ramsar Convention violates the constitutional hierarchy of international treaties, which form part of the constitutional block. • Article 21: The lack of protection for environmental defenders puts my right to life and personal integrity at risk, in the face of pressures and harassment from powerful economic groups. • Article 27: The manipulation of judgment 2025-026119 and the evasive responses of the Vice Minister (official communication DVA-0111-2025) violate my right of petition. • Article 41: The absence of effective judicial protection in the face of the dilatory maneuvers of the respondents prevents access to environmental justice. • Article 46: The right to a healthy and ecologically balanced environment is violated by the administrative inaction and the illegal reduction of the boundaries of Ramsar Site No. 783. • Article 50: The permissiveness towards the predation of protected wetlands disregards the fundamental right to a healthy environment. 2. National environmental regulations: • Biodiversity Law (No. 7,788): Articles 11 and 62 require prevention and precautionary measures to protect biodiversity. Directive 09-2023 and the Vice Minister's inaction contravene these provisions. • Wildlife Law (No. 7,317): The omission in protecting the habitats of the Ramsar Site violates the conservation standards for wild fauna. • Forest Law (No. 7,575): The illegal logging reported in case 25-000255-0597-PE demonstrates non-compliance with forestry regulations. 3. International obligations: • Ramsar Convention (Law No. 5,224): Articles 3 and 4 obligate the State to conserve wetlands of international importance, such as Ramsar Site No. 783. The declassification of protected areas and permissiveness towards real estate projects violate these provisions. • Escazú Agreement (ratified by Costa Rica): Articles 4, 5, 6, 7, and 9 guarantee access to information, public participation, environmental justice, and the protection of environmental defenders. The government's opposition to the Agreement aggravates the vulnerability of those who denounce environmental destruction. • Judgments of the Inter-American Court of Human Rights: Cases such as Nombre42441 vs. Honduras (2009) and Lhaka Honhat Indigenous People vs. Argentina (2020) establish the obligation of States to protect environmental defenders against threats and guarantee the right to a healthy environment. The inaction of the Costa Rican State contravenes these binding precedents. 4. Constitutional Jurisdiction Law (No. 7,135): • Article 29: I request the intervention of the Department of Forensic Sciences of the Judicial Investigation Organization to investigate the possible collusion of authorities with real estate interests and the abuse of administrative powers. • Article 33: This Chamber has jurisdiction to order precautionary measures to prevent irreparable damage to Ramsar Site No. 783. 5 • Article 41: I request that the effective protection of my fundamental rights as an environmental defender be guaranteed. 5. Journalistic background: • National: Media outlets such as Semanario Universidad (2023) and La Nación (2024) have denounced the pressure from real estate groups in the Southern Caribbean, the criminalization of environmental defenders, and the inaction of SINAC in the face of wetland destruction. These publications highlight how Directive 09-2023 has facilitated illegal developments in protected areas. • International: Reports by The Guardian (2022) and Global Witness (2024) document violence and harassment against environmental defenders in Latin America, pointing to Costa Rica as a country where the lack of implementation of the Escazú Agreement exposes activists to significant risks" (see electronic record).

13.- By means of a brief filed with the Secretariat of this Chamber at 2:30 p.m. on September 9, 2025, the appellant presents a copy of official communication CARTA-SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-389-2025 dated August 19, 2025, and states the following: "Subject: Request for incorporation and assessment of document CARTA-SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-389-2025 in case file 25-017781-0007-CO Dear Magistrates, I, Nombre121413, a Costa Rican citizen, of legal age, single, bearer of identity card number CED10381- , resident of Dirección14841 , , and acting in my capacity as appellant in case file 25-017781-0007-CO, respectfully appear before this Honorable Chamber, under the protection of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley N.° 7135), to request the following: 1. Incorporation of Document: I beg that the document CARTA-SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-389-2025, dated August 19, 2025, signed by Licda. Fanny Cruz Torres, Administrator of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge, be incorporated into the case file and comprehensively analyzed. This document, issued by the La Amistad Caribe Conservation Area (SINAC-ACLAC), details the actions taken in response to my complaint (Ref. AEL-00311-2025) regarding illegal construction activities associated with the 'Puket' project within Ramsar Site No. 783 (Gandoca-Manzanillo). 2. Assessment of Illegal Acts: The referenced document demonstrates serious irregularities and omissions by the respondents in the reports submitted under oath before this Chamber. Specifically, it confirms the continuity of construction activities by ROKA DEL RÍO SOCIEDAD ANÓNIMA, with the use of heavy machinery in protected wetland and forest ecosystems, in clear violation of the Ramsar Convention and Costa Rican environmental legislation, including the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad, Ley N.° 7788) and the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente, Ley N.° 7554). These actions threaten to cause irreversible damage to the wetlands, mangroves, and sea turtle nesting sites of the Gandoca Manzanillo Refuge. 3. Legal Basis: The omission by the respondents in not fully addressing these violations contravenes the principles of truthfulness and good faith established in Articles 11 and 41 of the Political Constitution of Costa Rica and Articles 9 and 45 of the Constitutional Jurisdiction Law. Furthermore, the construction activities violate Costa Rica's international commitments under the Ramsar Convention on Wetlands, which mandates the protection and sustainable use of designated sites such as Gandoca Manzanillo (Ramsar Site No. 783). The documented use of machinery and non-compliance with previous resolutions of this Chamber, such as the 2019 order to restore 188 hectares, constitute a flagrant contempt of environmental and judicial regulations. 4. Specific Request: I respectfully request this Honorable Chamber: a) To take full note of the content of document CARTASINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-389-2025, including the referenced technical reports (CARTA-SINAC-ACLAC-DASPRNVSGM-359-2025 and CARTA-SINAC-ACLAC-DASPRNVSGM-364-2025), which provide photographic and georeferenced evidence of the violations. b) To evaluate the omissions and misrepresentations of the respondents in their reports, particularly their lack of action in the face of the continuous environmental damage caused by the Puket project. c) To issue the necessary measures to guarantee compliance with the Ramsar Convention, the Constitutional Jurisdiction Law, and previous judicial resolutions, ensuring the immediate cessation of illegal activities and the restoration of the affected ecosystems. 5. Notifications: I will receive notifications at the following email addresses: • Primary: ...1278 • Secondary: ...3666 Based on the foregoing and under the protection of the Constitutional Jurisdiction Law, I respectfully request this Honorable Chamber to admit this petition, incorporate the cited document, and adopt the necessary measures to protect the constitutional and international environmental rights at stake, preventing further irreparable damage to the Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge" (see electronic record).

14.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

Drafted by Magistrate Alvarado Paniagua; and,

Considering:

I.- OBJECT OF THE APPEAL. The appellant comes before the Chamber and states that the Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge, Ramsar Site No. 783, is a protected area of international importance, recognized since 1995 for its biodiversity, including wetlands, mangroves, forests, and critical habitats for species such as sea turtles. He notes that the Constitutional Chamber, through judgment No. 12745-2019, ordered the National System of Conservation Areas (SINAC) to delimit and recover 188 hectares of wetlands and forests illegally declassified within the Refuge, a mandate that remains unfulfilled. He points out that, in August 2023, the Minister of Environment and Energy, Franz Tattenbach Capra, issued Directive No. 09-2023, which discredits report No. SINAC-ACC-OTOF-698-2021, which identified 165.12 hectares of wetlands in Talamanca, classifying it as an "internal draft" without official validity. He maintains that this directive, questioned by the Environmental Prosecutor's Office and the Procuraduría General de la República, encourages the occupation, drainage, and filling of protected wetlands, violating the principle of non-regression in environmental matters. He argues that the facilities of the former Hotel Las Palmas, located within the Refuge, were demolished by order of SINAC due to detected environmental damage. However, the site remains abandoned and is currently facing an invasion that compromises the protected ecosystems, failing to comply with the restoration obligations ordered by the Constitutional Chamber. He asserts that this abandonment has been facilitated by Directive No. 09-2023 and the inaction of SINAC officials. He comments that the Hotel Almendros y Corales, built on a wetland and forest within Ramsar Site No. 783, generates serious environmental damage, including illegal drainage, road openings, forest fragmentation (fraccionamiento de bosques), and light pollution that affects the arrival of sea turtles. He narrates that, despite the evidence provided to the Vice Minister, in official communications Nos. AEL-00230-2020 and AEL-00239-2025, the respondent has responded with evasions, merely announcing "inspections" without adopting immediate measures, such as the closure of the drainage systems. He states that in official communication No. DVA-073-2025, dated June 18, 2025, Vice Minister Rodríguez Zúñiga dismisses his complaints, arguing that MINAE and SINAC lack competence to supervise municipal permits, and that activities on private properties are protected by the regulations. He claims that this response sidesteps the obligation to protect the Ramsar Site and omits the damages attributable to the technical inconsistencies of MINAE, such as the lack of wetland delimitation. He argues that the Municipality of Talamanca, according to its website (https://www.municipalidadtalamanca.go.cr), issues administrative permits such as municipal plan approvals (visados municipales), commercial and construction land uses (usos de suelo comercial y de construcción), and construction permits, without adequately verifying their impact on Ramsar Site No. 783. He accuses that these permits, granted on private properties within the Refuge, facilitate activities incompatible with conservation, due to the lack of official delimitation of the wetlands, a responsibility of SINAC and MINAE. He affirms that the Constitutional Chamber, in its resolution No. 3959-2024, ordered the formalization of report No. SINAC-ACC-OTOF-698-2021 on the delimitation of wetlands, a mandate that MINAE and SINAC have failed to comply with, perpetuating the legal uncertainty that facilitates real estate development and invasions in protected areas.

II.- BACKGROUND APPLICABLE TO THE SPECIFIC CASE: This Chamber, through judgment number 2024003959 at nine thirty hours on February sixteenth, two thousand twenty-four, resolved:

II.- OBJECT OF THE APPEAL. The appellant questions that since 2017, the Municipality of Talamanca entered into an agreement with the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo for the preparation of a Coastal Regulatory Plan (Plan Regulador Costero); however, he alleges that said Plan omitted the wetlands listed in the report called "Characterization and delimitation of wetlands in the maritime-terrestrial zone of the coast of the canton of Talamanca" (Caracterización y delimitación de humedales en la zona marítimo terrestre del litoral del cantón de Talamanca), violating Article 50 of the Constitution.

(…)

IV.- ON THE SPECIFIC CASE. In the sub lite case, the appellant questions that since 2017, the Municipality of Talamanca entered into an agreement with the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo for the preparation of a Coastal Regulatory Plan; however, he alleges that said Plan omitted the wetlands listed in the report called "Characterization and delimitation of wetlands in the maritime-terrestrial zone of the coast of the canton of Talamanca," violating Article 50 of the Constitution. In this regard, from the study of the case file records, it is clear that, indeed, on October 13, 2017, the Municipality of Talamanca entered into a "Cooperation Agreement" with the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo for the formulation of the Coastal Regulatory Plan of Talamanca, which has environmental viability, according to certification No. SINAC-ACLAC-DRPNE-C-011-2017 of June 30, 2017, from the National System of Conservation Areas, which certified the delimitation of the State Natural Heritage in the Maritime-Terrestrial Zone of the canton of Talamanca, composed of two technical inputs: a forest technical report and a wetland technical report. Now, in relation to the object of the appeal, the representative of the National System of Conservation Areas reported under the solemnity of oath that the document called "Characterization and delimitation of wetlands in the maritime-terrestrial zone of the coast of the canton of Talamanca" has not been approved by the Regional Directorate of the La Amistad Caribe Conservation Area for use as a document of general scope. In addition to this, he affirms that it is an internal technical guide of the National System of Conservation Areas, whose information has not yet been validated or formalized by the National Council of Conservation Areas of the National System of Conservation Areas.

(…)

VII.- In this particular case, the acting regional director of the La Amistad Caribe Conservation Area indicated to this Tribunal, in her report, that the document called "Characterization and delimitation of wetlands in the maritime-terrestrial zone of the coast of the canton of Talamanca" has not been approved by the Regional Directorate of the La Amistad Caribe Conservation Area for use as a document of general scope and that it is an internal technical guide of the National System of Conservation Areas, still without validation or formalization by the National Council of Conservation Areas of the National System of Conservation Areas. Likewise, that by means of official communication No. SINAC-ACLAC-DRPNE-C-011-2017 of June 30, 2017, the delimitation of the State Natural Heritage in the Maritime-Terrestrial Zone of the canton of Talamanca was certified—considering the wetlands for their protection. On the other hand, despite requests for expansion of the report, the only explanation offered focuses on those two specific formal aspects: what was certified as State natural heritage in 2017 and the preliminary condition of the 2021 study.

However, it omits any reference to technical or material obstacles to updating that aspect of the State's natural heritage (patrimonio natural del Estado). That is, it does not indicate to this Chamber what the current state of the wetlands is in the canton of Talamanca, nor does it offer any reason why the studies that justified the 2017 decision are technically superior to the 2021 material. Or, conversely, the reasons are not set forth explaining why the 2021 study does not correspond to reality or to technical criteria for the protection of the State's natural heritage (patrimonio natural del Estado). Based on the foregoing, this Court considers that in application of the precautionary principle (principio precautorio), since this amparo concerns environmentally relevant assets that constitute the State's natural heritage (patrimonio natural del Estado), specifically the wetlands in the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) of the coastline of the canton of Talamanca, the appeal must be granted with the consequences set forth in the operative part of this judgment.

(…)

Por tanto:

The appeal is granted. It is ordered: i) to Maylin Mora Arias, in her capacity as acting regional director of the La Amistad Caribe Conservation Area (Área de Conservación La Amistad Caribe) of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional del Áreas de Conservación), or to whoever holds that position in her stead, to conclude, within a period of THREE MONTHS, counted from the notification of this judgment, the procedure to supplement the certification of State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) in the Maritime-Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre) of the Canton of Talamanca with the “Characterization and delimitation of wetlands in the maritime-terrestrial zone of the coastline of the canton of Talamanca” of June 2021; ii) to Delio Antonio Robles Loaiza, in his capacity as acting head of the Department of Urbanism, and to Daniel Brenes Arroyo, in charge of the Unit of Technical and Operational Criteria for Territorial Planning, both of the National Institute of Housing and Urbanism (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo), as well as to Rugeli Morales Rodríguez, mayor, and to Yahaira Mora Blanco, council president, both of the Municipality of Talamanca, to take the necessary steps to incorporate the aforementioned update into the Coastal Regulatory Plan (Plan Regulador Costero) of the Canton of Talamanca. The respondent authorities are warned that pursuant to Article 71 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional), imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed upon anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo proceeding, and fails to comply with it or fails to have it complied with, provided the offense is not more severely punished. The State, the National Institute of Housing and Urbanism (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo), and the Municipality of Talamanca are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution-of-judgment proceeding before the contentious-administrative jurisdiction. Magistrate Salazar Alvarado dissents and denies the appeal, as it falls to the ordinary jurisdiction, specifically the contentious-administrative jurisdiction, to determine whether the challenged administrative actions and conduct substantively conform to the legal provisions regarding the protection, safeguarding, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment. Notify.

Subsequently, by judgment number 2025009536 of nine hours fifteen minutes on the twenty-eighth of March of two thousand twenty-five, it resolved:

“II.- REGARDING WHAT WAS RESOLVED BY THIS CHAMBER IN FILE N° 14-19174-0007-CO, RELATED TO THE SITUATION RAISED BY THE PETITIONER. As affirmed by the petitioner, this Chamber processed the unconstitutionality action N° 14-19174-0007-CO filed by the —petitioner herein— Nombre121413 , to which, by resolution of eleven hours and twenty-three minutes on the seventeenth of December of two thousand fourteen, this Chamber ordered that it proceed “so that LAW NUMBER Placa22278 OF MARCH 10, 2014 be declared unconstitutional.”

Thus, on the matter and after a detailed study of the case file, this Chamber issued judgment number 2019-012745 of twelve hours and ten minutes on the tenth of July of two thousand nineteen, by which it ordered the following:

“1) By majority, the action is granted, annulling the challenged Law, no. 9223 “Recognition of the rights of the inhabitants of the Southern Caribbean” only with respect to the territories comprised within the forested zone, as indicated by the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República) in its reports. By virtue of the foregoing, the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) is ordered to proceed, within a period of twelve months, counted from the full publication of this ruling in the Judicial Bulletin (Boletín Judicial), to delimit the aforementioned area and, jointly with the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República), to exercise the corresponding legal actions in defense of public property. This declaration of unconstitutionality shall have declaratory and retroactive effect to the date the norm took effect, all without prejudice to rights acquired in good faith. 2) Magistrate Cruz Castro files a note. 3) Magistrates Hernández López, Salazar Alvarado, and Araya García dissent and deny the action; however, they indicate that the State is obligated to exercise the necessary actions to reclaim lands illegally occupied in protected zones as indicated by law. 4) Summarize this judgment in the Official Gazette La Gaceta and publish it in full in the Judicial Bulletin (Boletín Judicial). Notify the petitioner, the President of the Legislative Assembly or whoever holds that office, the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República), and all interveners.”

Subsequently, and given the filing of several briefs where —among others— Mr. Nombre121413 himself claimed non-compliance with resolution N° 2019-1245 of July 10, 2019, this Chamber issued judgment 2024026300, by which it ordered the following:

“(…) 1) non-compliance with judgment no. 2019-012745 of 12:10 hours on July 10, 2019 is declared, and David Chavarría Morales and Franz Tattenbach Capra, in their respective capacities as director of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) and Minister of Environment and Energy, or those who hold those positions, are ordered to arrange what is necessary, coordinate what is pertinent, and take the appropriate measures within the scope of their respective competencies, so that such resolution is complied with immediately; 2) David Chavarría Morales and Franz Tattenbach Capra, in their respective capacities as director of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) and Minister of Environment and Energy, or those who hold those positions, are ordered to submit monthly reports to this file on compliance with what is ordered herein; 3) Iván Vinicio Vincenti Rojas, in his capacity as Attorney General of the Republic (Procurador General de la República), or whoever holds that position, is ordered to arrange what is necessary, coordinate what is pertinent, and take the appropriate measures within the scope of his competencies, so that, once SINAC delimits the corresponding area, jointly with that institution, the pertinent legal actions are exercised in defense of public property; 4) David Chavarría Morales and Franz Tattenbach Capra, in their respective capacities as director of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) and Minister of Environment and Energy, as well as Iván Vinicio Vincenti Rojas, in his capacity as Attorney General of the Republic (Procurador General de la República), or those who hold those positions, are warned that in case of non-compliance with what is ordered herein, they may be prosecuted for the crime of disobedience to authority regulated in Article 314 of the Penal Code, which imposes “..imprisonment of six months to three years, on anyone who fails to comply or fails to enforce, in all its aspects, the order given by a judicial body or by a public official in the exercise of their functions, provided it has been communicated personally, except if it concerns their own detention”; 5) in all other respects, the petition is denied; 6) personal notification of this resolution is ordered to David Chavarría Morales, Franz Tattenbach Capra, and Iván Vinicio Vincenti Rojas, in their order director of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación), Minister of Environment and Energy, and Attorney General of the Republic (Procurador General de la República), or to those who in their stead occupy those positions. Magistrates Rueda Leal and Araya García file separate notes. Magistrate Alvarado Paniagua gives additional reasons. Magistrate Garro Vargas partially grants the petition for her own reasons, only with respect to the delimitation of the area, based on what was reported to this Chamber through official communication no. ACTo-DRFVS-FPMF-363-2020 from the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC), on the understanding that such delimitation requires the survey in a formal document in which the perimeter, location, and which area is public and which is not are determined, in which case, if State lands are found, compliance with the judgment shall continue; additionally, she orders to add to the operative part of judgment no. 2019-012745 so that it is understood that SINAC must proceed —once the formal delimitation is carried out in the stated terms— to prepare an inventory of private lands on which forest areas are found in the zones surrounding the Gandoca-Manzanillo Wildlife Refuge (Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo) and immediately proceed to impose and maintain control over the limitations legally applicable. Magistrate Salazar Alvarado dissents and reiterates that only the necessary actions should be exercised to reclaim for the State lands that have been illegitimately occupied in protected zones pursuant to the law, as he held jointly with Magistrate Hernández López and Magistrate Araya García in Judgment N° 2019-12745 of 12:10 hours on July 10, 2019.”.

Then, by resolution of twelve hours fifty-six minutes on the seventh of March of two thousand twenty-five, this Chamber ordered a series of precautionary measures, namely:

“(…) In accordance with the provisions of the fourth paragraph of Article 41 of the cited Law, and pursuant to the remaining competencies of this Constitutional Jurisdiction, any precautionary measure of conservation or security that prudence advises may be ordered, to prevent material risks or to avoid further damages as a consequence of the acts carried out. It is thus resolved that, in the time interval of the delimitation and until the Final Report on compliance with judgment no. 2019-12745 of 12:10 hours on July 10, 2019 reaches this Chamber; while this Chamber does not order otherwise; and to avoid serious and irreparable damages to the environment, THE FOLLOWING PRECAUTIONARY MEASURES ARE ISSUED: A) The granting of new concessions or permits is suspended; and the execution of concessions or permits already granted is suspended, by the Municipality of Talamanca, over the 20.1 hectares of land classified as forest located within the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge (Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo). B) Directive 09-2023 of the Ministry of Environment and Energy, which provides that the official boundaries of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge (Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo) are those established in Law No. 9223, Recognition of the rights of the inhabitants of the Southern Caribbean, in force since April 8, 2014, is suspended. C) A total moratorium is declared on the granting of forest cutting and harvesting permits (permisos de corta y aprovechamiento forestal), by the Ministry of Environment and Energy and the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC), in the areas of the seven forest blocks that must be formally, materially, and normatively returned to REGAMA. Both new permits and permits already granted are suspended immediately, particularly the one indicated by the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República), permit 011-2024-ACLAC-SLT. (…)”

III.- REGARDING THE REASONS FOR THE SEVERANCE AND ARCHIVING OF THIS AMPARO. Given that, fundamentally, the petitioner alleges the alleged disobedience to what was ordered by this Chamber within the aforementioned file 14-19174-0007-CO, specifically by the municipal authorities, and given that within that same file, this Chamber has recently ordered several “precautionary measures” by resolution of twelve hours fifty-six minutes on the seventh of March of two thousand twenty-five, namely that: “A) The granting of new concessions or permits is suspended; and the execution of concessions or permits already granted is suspended, by the Municipality of Talamanca, over the 20.1 hectares of land classified as forest located within the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge (Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo). B) Directive 09-2023 of the Ministry of Environment and Energy, which provides that the official boundaries of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge (Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo) are those established in Law No. 9223, Recognition of the rights of the inhabitants of the Southern Caribbean, in force since April 8, 2014, is suspended. C) A total moratorium is declared on the granting of forest cutting and harvesting permits (permisos de corta y aprovechamiento forestal), by the Ministry of Environment and Energy and the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC), in the areas of the seven forest blocks that must be formally, materially, and normatively returned to REGAMA. Both new permits and permits already granted are suspended immediately, particularly the one indicated by the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República), permit 011-2024-ACLAC-SLT. (…)” (the emphasis does not correspond to the original), for that reason, what is alleged cannot be the subject of a new appeal; rather, it must be claimed in the respective proceeding in which the resolution whose non-compliance is alleged was issued. Consequently, the appropriate course is that all the briefs contained in the electronic records of this proceeding at 14:45:10 hours on 02/20/2025, at 08:44:12 hours on 02/25/2025, at 14:39:07 hours on 02/25/2025, at 15:25:48 hours on 02/27/2025, at 15:25:48 hours on 02/27/2025; at 15:46:38 hours on 02/27/2025; at 15:41:46 hours on 02/28/2025; at 14:09:19 hours on 03/03/2025, be added to file number 14-19174-0007-CO, so that what is legally appropriate may be resolved there.

IV.- REGARDING OFFICIAL COMMUNICATION N° DH-DAJ-196-2025 DATED FEBRUARY 20, 2025. Given that the aforementioned official communication, signed by Nombre14330 in her capacity as Defender of the Inhabitants of the Republic, is clearly directed expressly to file 14-019174-0007-CO and not to the present appeal, the appropriate course is that the brief contained in the electronic record of this proceeding at 15:41:45 hours on the twenty-eighth of February of two thousand twenty-five be added to file number 14-19174-0007-CO, so that what is legally appropriate may be resolved there.

(…)

Por tanto:

Sever all the briefs incorporated into the digital file at 14:45:10 hours on 02/20/2025, at 08:44:12 hours on 02/25/2025, at 14:39:07 hours on 02/25/2025, at 15:25:48 hours on 02/27/2025, at 15:25:48 hours on 02/27/2025; at 15:46:38 hours on 02/27/2025; at 15:41:45 hours on 02/28/2025; at 15:41:46 hours on 02/28/2025; at 14:09:19 hours on 03/03/2025 and refer them to File No. 14-19174-0007-CO. Archive this file”.

The petitioner affirms that the Constitutional Chamber, through judgment no. 12745-2019, ordered the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC) to delimit and recover 188 hectares of wetlands and forests illegally removed from protection (desafectados) within the Refuge, an order which remains unfulfilled, and that, despite the foregoing, in August 2023, the Minister of Environment and Energy issued Directive no. 09-2023, violating the principle of environmental non-regression (principio de no regresión ambiental). He adds that the refuge remains abandoned and is facing a current invasion that compromises the protected ecosystems, failing to comply with the restoration obligations ordered by the Constitutional Chamber. He states that the vice-minister has been negligent regarding the complaints he has filed, which circumvents the obligation to protect the Ramsar site. Finally, he states that the Municipality of Talamanca issues administrative permits such as municipal visas (visados municipales), commercial and construction land uses (usos de suelo comercial y de construcción), and construction permits, without adequately verifying their impact on Ramsar site no. 783. In view of this situation and taking into account that in the background cited above, it was indicated that in file 14-19174-0007-CO this Chamber has already ordered several “precautionary measures” such as: “A) The granting of new concessions or permits is suspended; and the execution of concessions or permits already granted is suspended, by the Municipality of Talamanca, over the 20.1 hectares of land classified as forest located within the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge (Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo). B) Directive 09-2023 of the Ministry of Environment and Energy, which provides that the official boundaries of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge (Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo) are those established in Law No. 9223, Recognition of the rights of the inhabitants of the Southern Caribbean, in force since April 8, 2014, is suspended. C) A total moratorium is declared on the granting of forest cutting and harvesting permits (permisos de corta y aprovechamiento forestal), by the Ministry of Environment and Energy and the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC), in the areas of the seven forest blocks that must be formally, materially, and normatively returned to REGAMA. Both new permits and permits already granted are suspended immediately, particularly the one indicated by the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República), permit 011-2024-ACLAC-SLT. (…)” (the emphasis does not correspond to the original).

In addition to the foregoing, it was determined that recently, in judgment number 2025023012 of nine hours twenty minutes on the twenty-third of July of two thousand twenty-five, the order was reiterated to the acting regional director of the La Amistad Caribe Conservation Area (Área de Conservación La Amistad Caribe) of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional del Áreas de Conservación), to the acting head of the Department of Urbanism, and to the head of the Unit of Technical and Operational Criteria for Territorial Planning, both of the National Institute of Housing and Urbanism (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo), as well as to the council president, both of the Municipality of Talamanca, to proceed with compliance with judgment number 2024003959 of 09:30 hours on February 16, 2024, under the conditions stated therein —that is, to supplement the certification of State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) in the Maritime-Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre) of the Canton of Talamanca with the “Characterization and delimitation of wetlands in the maritime-terrestrial zone of the coastline of the canton of Talamanca” of June 2021; as well as to take the necessary steps to incorporate the update into the Coastal Regulatory Plan (Plan Regulador Costero) of the Canton of Talamanca—. Based on the foregoing, what is alleged cannot be the subject of a new appeal; on the contrary, as indicated in judgment number 2025009536 of nine hours fifteen minutes on the twenty-eighth of March of two thousand twenty-five, the alleged disobedience must be alleged in the corresponding file. Thus, taking into account that in file 14-019174-0007-CO the non-compliance proceeding is pending, it is inappropriate to refer to the same facts. For the reasons stated, the appropriate course is to order the archiving of this proceeding. It should be noted that with respect to the actions of the Hotel Almendros y Corales regarding illegal drainage, road openings, fragmentation of forests (fraccionamiento de bosques), and light pollution —as has been demonstrated— are being heard in the criminal jurisdiction. Therefore, it shall be in that jurisdiction where what is legally appropriate shall be ordered.

III.- Dissenting vote of Magistrate Rueda Leal. In the sub examine, the petitioner alludes to environmental harm caused by the hotel Almendros y Corales, which, according to him, continues to operate. In this regard, in the filing brief, situations were mentioned that are directly attributed to that establishment, namely: “5. The Hotel Almendros y Corales, built on a wetland and forest within Ramsar site 783, generates serious environmental damages, including illegal drainage, road openings, fragmentation of forests (fraccionamiento de bosques), and light pollution that affects the arrival of sea turtles. Despite the evidence provided by the undersigned to the Vice-Minister in official communications AEL-00230-2020 and AEL-00239-2025, the respondent has responded with evasions, merely announcing “inspections” without immediate measures such as the closure of drainage systems. (…) 1. Right to a healthy and ecologically balanced environment (Article 50 of the Political Constitution): The refusal to halt the invasion of the lands of the Hotel Las Palmas and the activities of the Hotel Almendros y Corales, together with the lack of restoration of degraded areas, compromises the integrity of the protected ecosystems, affecting biodiversity and the essential ecosystem services for local communities”. Even in the prayer for relief, the petition requests: “2. Order the Vice-Minister of Environment, Eng. Jorge Mario Rodríguez Zúñiga, and MINAE to immediately suspend all real estate development and invasive activities in Ramsar site 783, including the occupation of the lands of the former Hotel Las Palmas and the operations of the Hotel Almendros y Corales, until compliance with the delimitation and protection ordered in Judgments No. 12745-2019 and No. 3959-2024 is achieved. 3. Demand the immediate closure of the illegal drainage systems operated by the Hotel Almendros y Corales, as well as the quantification and repair of the environmental damages caused by their activities, including the light pollution that affects sea turtles, in accordance with the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente) and the Ramsar Convention”.

Therefore, prior to resolving what is legally appropriate, the appropriate course is to require (prevenir) the petitioner to provide the legal status (personería jurídica) under which said hotel operates, for the purpose of treating it as a party and granting it a hearing on the facts that involve it.

IV.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The parties are hereby required (se previene) that if any document on paper has been submitted, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not withdrawn within this period shall be destroyed, pursuant to the provisions of the “Regulation on the Electronic File before the Judicial Branch” (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session N° 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in the Judicial Bulletin (Boletín Judicial) number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session N° 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Por tanto:

Archive the file. Magistrate Rueda Leal dissents and orders the continuation of the amparo proceeding for the purpose of requiring (prevenga) the petitioner to provide the legal status (personería jurídica) of the hotel Almendros y Corales in order to treat it as a party and grant it a hearing on the facts that involve it. Notify.

 

 

 

	
Nombre137 V.

Presidente

	 

 



Paul Rueda L.

	 

	
Luis Fdo. Salazar A.



Jorge Araya G.

	 

	
Anamari Garro V.



Ingrid Hess H.

	 

	
Alexandra Alvarado P.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

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EXPEDIENTE N° 25-017781-0007-CO

 

Teléfonos: Telf46 /  (). Fax: Telf47 / Telf48. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección12 , Dirección13 , 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-02-2026 17:33:35.

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SCIJ de la Procuraduría General de la República