Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)II.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Sobre el particular, conviene aclarar que no compete a este Tribunal determinar si el accionante cumple o no con los requisitos para obtener la autorización de su interés, o si la decisión de las autoridades recurridas de denegarlo resulta correcta o no. Lo anterior, por cuanto se trata de un tema de mera legalidad que debe ser planteado y resuelto en la vía ordinaria. Por lo anterior, lo procedente es rechazar el recurso, como, en efecto, se hace.
English (translation)II.- REGARDING THE SPECIFIC CASE. In this regard, it is worth clarifying that it is not within this Court's purview to determine whether the petitioner meets the requirements to obtain the authorization sought, or whether the respondent authorities' decision to deny it is correct. This is because it is a matter of mere legality that must be raised and resolved through ordinary proceedings. Therefore, the appropriate course is to reject the appeal, as is hereby done.
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Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 29628 - 2025 Fecha de la Resolución: 12 de Setiembre del 2025 a las 10:25 Expediente: 25-026525-0007-CO Redactado por: Fernando Castillo Víquez Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Texto de la resolución EXPEDIENTE N° 25-026525-0007-CO PROCESO: RECURSO DE AMPARO RESOLUCIÓN Nº 2025029628 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas veinticinco minutos del doce de setiembre de dos mil veinticinco . Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], a favor de [Nombre 002], cédula jurídica [Valor 002], contra la MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA y el SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACION. Resultando: 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de Sala el 01 de setiembre de 2025, la parte recurrente interpone recurso de amparo el SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACION (SINAC), y manifiesta que junto a su esposa y por medio de la sociedad amparada adquirieron un terreno en la zona del caribe, inscrita en el Registro Público, con matrícula de folio real número [Valor 004], ubicada en [Nombre 004]. Adiciona que, la propiedad se encuentra ubicada en área fuera de los 200 metros de la zona marítimo-terrestre, por lo que tramitaron los permisos de construcción ante la Municipalidad de Talamanca con el fin de llevar a cabo su proyecto de una vivienda familiar. Explica que, los planos constructivos fueron aprobados por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), aprobando el permiso de construcción número 322-2024, código del CFIA 1217628. Posterior a esto, encontrándose las obras por finalizar, se presentaron el 07 de agosto de 2025, funcionarios del SINAC a su propiedad y paralizaron el proyecto alegando que la Sala Constitucional estableció una medida cautelar que afectaba las propiedades privadas en la zona donde se ubica el terreno, según acta de medida cautelar administrativa que comunicó lo siguiente: “Por Dirección funcional del licenciado fiscal ambiental Carlos Matamoros, de proceder a paralizar la construcción de 1003 metros cuadrados aproximadamente, esto por estar en las 188 hectáreas, en atención al voto constitucional 2019-12745 que dispone la suspensión del otorgamiento de concesiones o permisos nuevos y la ejecución de concesiones o permisos ya otorgados, por parte de la Municipalidad de Talamanca. Por lo tanto, se suspende de inmediato y queda estrictamente prohibida cualquier actividad de construcción o similar que se este realizando actualmente o se pretenda llevar a cabo en esa área. Esta suspensión se mantendrá vigente hasta que la situación jurídica se ha resuelto. así se apercibe al señor [Nombre 003], cédula [Valor 003].” Manifiesta que, el voto citado por el recurrido estableció lo siguiente: “…Voto 2019-012745 del 10 de julio de 2019. 1) Por mayoría se declara con lugar la acción, anulando la Ley impugnada, n.° 9223 "Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur" únicamente en lo que respecta a los territorios comprendidos en la zona boscosa, conforme lo dispuesto por la Procuraduría General de la República en sus informes. En virtud de lo anterior, se ordena al Sistema Nacional de Áreas de Conservación que proceda, dentro del plazo de doce meses, contado a partir de la publicación integra de este pronunciamiento en el Boletín Judicial, a delimitar el área antes mencionada y, en conjunto con la Procuraduría General de la República, ejercer las acciones legales correspondientes en defensa del patrimonio público. Esta declaratoria de inconstitucionalidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha de vigencia de la norma, todo sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fc.2) El Magistrado Cruz Castro pone nota. 3) Los Magistrados Hernández López, Salazar Alvarado, y Araya García salvan el voto y declaran sin lugar la acción, no obstante, indican que el Estado está obligado a ejercer las acciones necesarias para reivindicar las tierras que se encuentren ilegalmente ocupadas en las zonas protegidas conforme lo indica la ley. 4) Reséñese esta sentencia en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese al accionante, a la Presidenta de la Asamblea Legislativa o a quien ocupe su cargo, a la Procuraduría General de la República y a todos los intervinientes ...” Adiciona que, en la gestión de incumplimiento de la resolución anterior, la Sala, modificó la sentencia y dispuso lo siguiente: “... Voto 2024-026300 del 10 de setiembre de 2024. Por mayoría se declara ha lugar la gestión formulada. En consecuencia: l) se declara el incumplimiento de la sentencia nro. 2019-012745 de las 12: 10 horas de 10 de julio de 2019 y se ordena a David Chavarría Morales y Franz Tattenbach Capra, en sus condiciones respectivas de director del Sistema Nacional de Áreas de Conservación ministro de Ambiente y Energía, o a quienes ejerzan esos cargos, que dispongan lo necesario, coordinen lo pertinente y tomen las medidas que correspondan dentro del ámbito de sus competencias respectivas, para que, de inmediato, tal resolución sea acatada; 2) se ordena a David Chavarría Morales y Franz Tattenbach Capra, en sus condiciones respectivas de director del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y ministro de Ambiente y Energía, o a quienes ejerzan esos cargos, remitir informes mensuales a este expediente sobre el cumplimiento de lo aquí dispuesto; 3) se ordena a Iván Vinicio V1ncenti Rojas, en su condic16n de procurador General de la República, o a quien ejerza ese cargo, que disponga lo necesario, coordine lo pertinente y tome las medidas que correspondan dentro del ámbito de sus competencias, para que, una vez que el sanee delimite el área correspondiente, en conjunto con esa institución se ejerzan las acciones legales pertinentes en defensa del patrimonio público; 4) se les advierte a David Chavarría Morales y Franz Tattenbach Capra, en sus condiciones respectivas de director del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y ministro de Ambiente y Energía, así como a Iván Vinicio Vincenti Rojas, en su condición de procurador General de la República, o a qu1enes ejerzan esos cargos, que en caso de incumplimiento a lo aquí ordenado se les podrá seguir causa por el delito de desobediencia a la autoridad regulado en el artículo 314 del Código Penal, que impone " ... prisión de seis meses a tres años, a quien no cumpla o no haga cumplir, en todos sus extremos, la orden impartida por un órgano Jurisdiccional o por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, siempre que se haya comunicado personalmente, salvo si se trata de la propia detención"; 5) en lo demás, se declara no ha lugar a la gestión; 6) se ordena la notificación personal de esta resolución a David Chavarría Morales, Franz Tattenbach Capra e Iván Vinicio Vincenti Rojas, por su orden director del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, ministro de Ambiente y Energía y procurador General de la República, o a quienes en su lugar ocupen esos cargos ..” Por otro lado, por resolución de las doce horas cincuenta y seis minutos del siete de marzo del 2025, la Sala dictó medidas cautelares en el expediente 14-019174-0007-CO, y dispuso lo siguiente: “.. .A) se suspende el otorgamiento de concesiones o permisos nuevos; y se suspende la ejecución de concesiones o permisos ya otorgados, por parte de la Municipalidad de Talamanca, sobre las 20. l has de terreno clasificado como bosque se ubican dentro de la zona marítimo terrestre del Refugio Nacional de Vida Silvestre GandocaManzanillo.” Adiciona que, el alcalde de Talamanca les comunicó por resolución administrativa número 015-2025 lo siguiente: “Conforme lo dispone la resolución 2024-26300, misma que lleva relación con el expediente 14-019174-0007-CO, el permiso que fue otorgada a su representada por parte de los entres administrativos del CE'IA y la Municipalidad de Talamanca contraviene la disposición de la sala Constitucional, misma que es de acatamiento obligatorio y su incumplimiento constituye un delito penal de desobediencia a la autoridad ... "” Considera que ninguna de las resoluciones dictadas por la Sala Constitucional, dispuso la suspensión de permisos de construcción en propiedades privadas. Puesto que, la resolución en la que se fundamentan las autoridades municipales, lo que dispuso fue exclusivo para la zona marítimo-terrestre y las sentencias de la Sala, por lo que no aplica a su caso, en concreto, por encontrarse su propiedad fuera de dicho límite. Solicita que se declare con lugar el recurso y se ordene la nulidad del acta número 0567 del 07 de agosto de 2025, realizada por los funcionarios del Área de Conservación La Amistad Caribe, así como la resolución de la Alcaldía de Talamanca número 021-2025. 2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada. Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y, Considerando: I.- OBJETO DEL AMPARO. Del estudio de los autos, se desprende que la pretensión del recurrente es mostrar su disconformidad por decisión tomada por parte de la Municipalidad de Talamanca, así como del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, de suspender los permisos de construcción de su vivienda, esto por resoluciones de este Tribunal número 2019-012745 del 10 de julio de 2019, 2024-026300 del 10 de setiembre de 2024 y resolución de las doce horas cincuenta y seis minutos del siete de marzo del 2025, dentro del expediente 14-019174-0007-CO, por considerar no aplican a su caso concreto, por encontrarse su propiedad fuera del límite marítimo-terrestre. Solicita la intervención de esta Sala. II.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Sobre el particular, conviene aclarar que no compete a este Tribunal determinar si el accionante cumple o no con los requisitos para obtener la autorización de su interés, o si la decisión de las autoridades recurridas de denegarlo resulta correcta o no. Lo anterior, por cuanto se trata de un tema de mera legalidad que debe ser planteado y resuelto en la vía ordinaria. Por lo anterior, lo procedente es rechazar el recurso, como, en efecto, se hace. III.- NOTA DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL. Debo advertir que desde la sentencia nro. 2019002355 de las 9:30 de 12 de febrero de 2019, mi postura ha sido la siguiente en relación con los recursos de amparo cuando estos han sido planteados a favor de una persona jurídica: “…en la Opinión Consultiva 22-16 del 26 de febrero de 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que si bien algunos Estados reconocen el derecho de petición a personas jurídicas con condiciones especiales, como lo son los sindicatos, partidos políticos o representantes de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes o grupos específicos, lo cierto es que “El artículo 1.2 de la Convención Americana sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho tratado”. Por otro lado, en la misma opinión consultiva, la Corte Interamericana dispuso que, en ciertos contextos particulares, las personas físicas pueden llegar a ejercer sus derechos a través de personas jurídicas (verbigracia, a través de un medio de comunicación, como acaeció en el caso Granier y otros contra Venezuela); empero, a efectos de que ello sea tutelable ante el sistema interamericano, “el ejercicio del derecho a través de una persona jurídica debe involucrar una relación esencial y directa entre la persona natural que requiere protección por parte del sistema interamericano y la persona jurídica a través de la cual se produjo la violación, por cuanto no es suficiente con un simple vínculo entre ambas personas para concluir que efectivamente se están protegiendo los derechos de personas físicas y no de las personas jurídicas. En efecto, se debe probar más allá de la simple participación de la persona natural en las actividades propias de la persona jurídica, de forma que dicha participación se relacione de manera sustancial con los derechos alegados como vulnerados.” (énfasis agregado) (OC. 22/16)”. En el sub lite, de la lectura del escrito de interposición se desprende que existe una relación esencial entre la argüida afectación a una persona jurídica y la eventual lesión a una física (vivienda para ellas); no obstante, por los argumentos antes explicados se debe rechazar el sub examine IV.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI Por tanto: Se rechaza de plano el recurso. El magistrado Rueda Leal consigna nota. Fernando Castillo V. Presidente Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Alexandra Alvarado P. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- 8FQ43KNHJSA061 EXPEDIENTE N° 25-026525-0007-CO Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:20:42. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Small Normal Large Sala Constitucional Resolution No. 29628 - 2025 Date of Resolution: September 12, 2025 at 10:25 a.m. Expediente: 25-026525-0007-CO Drafted by: Fernando Castillo Víquez Type of matter: Amparo appeal Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL Judgment with protected data, in accordance with current regulations Text of the resolution EXPEDIENTE N° 25-026525-0007-CO PROCEEDING: AMPARO APPEAL RESOLUTION Nº 2025029628 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at ten hours twenty-five minutes on the twelfth of September two thousand twenty-five. Amparo appeal filed by [Name 001], identity card [Value 001], on behalf of [Name 002], legal ID [Value 002], against the MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA and the SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACION. Whereas: 1.- By document received in the Clerk’s Office of the Sala on September 1, 2025, the appellant files an amparo appeal against the SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACION (SINAC), and states that together with his wife and through the protected company, they acquired a property in the Caribbean zone, registered in the Public Registry, with real property registration number [Value 004], located in [Name 004]. He adds that the property is located in an area outside the 200 meters of the maritime-terrestrial zone, for which reason they processed the construction permits before the Municipalidad de Talamanca in order to carry out their project for a family home. He explains that the construction plans were approved by the Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), approving construction permit number 322-2024, CFIA code 1217628. After this, with the works nearing completion, on August 7, 2025, SINAC officials appeared at his property and halted the project, alleging that the Sala Constitucional established a precautionary measure (medida cautelar) affecting private properties in the zone where the land is located, according to the administrative precautionary measure record that communicated the following: “By functional direction of the environmental prosecutor Carlos Matamoros, to proceed to halt the construction of approximately 1003 square meters, this being within the 188 hectares, in compliance with constitutional vote 2019-12745 which orders the suspension of the granting of new concessions or permits and the execution of concessions or permits already granted by the Municipalidad de Talamanca. Therefore, any construction activity or similar currently being carried out or intended to be carried out in that area is immediately suspended and strictly prohibited. This suspension will remain in force until the legal situation has been resolved. Mr. [Name 003], ID [Value 003] is thus warned.” He states that the vote cited by the respondent established the following: “…Voto 2019-012745 of July 10, 2019. 1) By majority vote, the action is granted, annulling the challenged Law No. 9223 'Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur' solely with respect to the territories comprised in the forested zone, as set forth by the Procuraduría General de la República in its reports. By virtue of the foregoing, the Sistema Nacional de Áreas de Conservación is ordered to proceed, within a term of twelve months, counted from the full publication of this pronouncement in the Boletín Judicial, to delimit the aforementioned area and, in conjunction with the Procuraduría General de la República, exercise the corresponding legal actions in defense of the public patrimony. This declaration of unconstitutionality shall have declaratory and retroactive effect to the date of entry into force of the rule, all without prejudice to rights acquired in good faith. 2) Judge Cruz Castro adds a note. 3) Judges Hernández López, Salazar Alvarado, and Araya García dissent and declare the action without merit, however, they indicate that the State is obligated to exercise the necessary actions to reclaim lands that are illegally occupied in protected zones as indicated by law. 4) Let this judgment be summarized in the Diario Oficial La Gaceta and published in full in the Boletín Judicial. Notify the accionante, the President of the Asamblea Legislativa or whoever holds her office, the Procuraduría General de la República, and all intervenors ...” He adds that, in the non-compliance proceeding concerning the previous resolution, the Sala modified the judgment and ordered the following: “... Voto 2024-026300 of September 10, 2024. By majority vote, the filed proceeding is granted. Consequently: 1) the non-compliance with judgment no. 2019-012745 of 12:10 hours on July 10, 2019 is declared, and David Chavarría Morales and Franz Tattenbach Capra, in their respective capacities as director of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación and minister of Ambiente y Energía, or whoever holds those positions, are ordered to provide what is necessary, coordinate what is pertinent, and take the corresponding measures within the scope of their respective competences, so that, immediately, said resolution is complied with; 2) David Chavarría Morales and Franz Tattenbach Capra, in their respective capacities as director of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación and minister of Ambiente y Energía, or whoever holds those positions, are ordered to submit monthly reports to this file on compliance with what is herein ordered; 3) Iván Vinicio Vincenti Rojas, in his capacity as procurador General de la República, or whoever holds that position, is ordered to provide what is necessary, coordinate what is pertinent, and take the corresponding measures within the scope of his competences, so that, once SINAC delimits the corresponding area, the pertinent legal actions are exercised in defense of the public patrimony in conjunction with that institution; 4) David Chavarría Morales and Franz Tattenbach Capra, in their respective capacities as director of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación and minister of Ambiente y Energía, as well as Iván Vinicio Vincenti Rojas, in his capacity as procurador General de la República, or whoever holds those positions, are warned that in case of non-compliance with what is herein ordered, they may be prosecuted for the crime of disobedience to authority regulated in article 314 of the Código Penal, which imposes '... imprisonment of six months to three years, on anyone who does not comply or does not ensure compliance, in all its terms, with the order issued by a Jurisdictional body or by a public official in the exercise of their functions, provided it has been communicated personally, except if it concerns one's own detention'; 5) in all other respects, the proceeding is declared without merit; 6) the personal notification of this resolution is ordered to David Chavarría Morales, Franz Tattenbach Capra, and Iván Vinicio Vincenti Rojas, in their order director of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, minister of Ambiente y Energía, and procurador General de la República, or whoever holds those positions in their stead ..” On the other hand, by resolution at twelve hours fifty-six minutes on March 7, 2025, the Sala issued precautionary measures in file 14-019174-0007-CO, and ordered the following: “...A) the granting of new concessions or permits is suspended; and the execution of concessions or permits already granted by the Municipalidad de Talamanca is suspended, regarding the 20.1 hectares of land classified as forest that are located within the maritime-terrestrial zone of the Refugio Nacional de Vida Silvestre GandocaManzanillo.” He adds that the mayor of Talamanca communicated the following to them by administrative resolution number 015-2025: “In accordance with the provisions of resolution 2024-26300, which relates to file 14-019174-0007-CO, the permit that was granted to your represented party by the administrative entities of the CFIA and the Municipalidad de Talamanca contravenes the order of the Sala Constitucional, which is of mandatory compliance and its non-compliance constitutes the criminal offense of disobedience to authority ..." He considers that none of the resolutions issued by the Sala Constitucional ordered the suspension of construction permits on private properties. Since the resolution on which the municipal authorities base their decision ordered provisions exclusively for the maritime-terrestrial zone and the judgments of the Sala, it therefore does not apply to his specific case, as his property is located outside that limit. He requests that the appeal be granted and the annulment of report number 0567 of August 7, 2025, executed by the officials of the Área de Conservación La Amistad Caribe, as well as the resolution of the Alcaldía de Talamanca number 021-2025, be ordered. 2.- Article 9 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional empowers the Sala to reject outright or on the merits, at any time, even upon its filing, any proceeding brought to its attention that proves to be manifestly improper, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is the simple reiteration or reproduction of a prior, rejected, equal or similar proceeding. Drafted by Judge Castillo Víquez; and, Considering: I.- PURPOSE OF THE AMPARO. From the study of the case records, it is clear that the appellant's claim is to express his disagreement with the decision taken by the Municipalidad de Talamanca, as well as the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, to suspend the construction permits for his home, based on resolutions of this Tribunal number 2019-012745 of July 10, 2019, 2024-026300 of September 10, 2024, and the resolution at twelve hours fifty-six minutes on March 7, 2025, within file 14-019174-0007-CO, because he considers they do not apply to his specific case, as his property is located outside the maritime-terrestrial limit. He requests the intervention of this Sala. II.- ON THE SPECIFIC CASE. In this regard, it is necessary to clarify that it is not the purview of this Tribunal to determine whether the accionante does or does not meet the requirements to obtain the authorization of interest, or whether the decision of the respondent authorities to deny it is correct or not. This, because it is a matter of mere legality that must be raised and resolved through ordinary channels. Therefore, the appropriate course is to reject the appeal, as is, in effect, done. III.- NOTE OF JUDGE RUEDA LEAL. I must warn that since judgment no. 2019002355 of 9:30 on February 12, 2019, my position has been the following in relation to amparo appeals when they have been filed on behalf of a legal entity: “…in Advisory Opinion 22-16 of February 26, 2016, the Inter-American Court of Human Rights indicated that although some States recognize the right of petition for legal entities under special conditions, such as unions, political parties, or representatives of indigenous peoples, Afro-descendant communities, or specific groups, the truth is that 'Article 1.2 of the American Convention only enshrines rights in favor of natural persons, so legal entities are not holders of the rights enshrined in said treaty.' On the other hand, in the same advisory opinion, the Inter-American Court established that, in certain specific contexts, natural persons may exercise their rights through legal entities (for example, through a communication medium, as occurred in the case of Granier et al. v. Venezuela); however, for this to be protectable before the inter-American system, 'the exercise of the right through a legal entity must involve an essential and direct relationship between the natural person requiring protection from the inter-American system and the legal entity through which the violation occurred, since a simple link between both persons is not sufficient to conclude that the rights of natural persons and not those of legal entities are effectively being protected. In effect, it must be proven beyond the simple participation of the natural person in the activities of the legal entity, such that said participation is substantially related to the rights alleged to have been violated.' (emphasis added) (OC. 22/16).” In the case sub lite, from reading the filing document, it is clear that there is an essential relationship between the argued affectation to a legal entity and the eventual harm to a natural person (housing for them); however, for the reasons explained above, the sub examine must be rejected. IV.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 working days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not removed within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI. Therefore: The appeal is rejected outright. Judge Rueda Leal records a note. Fernando Castillo V. President Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Alexandra Alvarado P. Digitally Signed Document -- Verification code -- 8FQ43KNHJSA061 EXPEDIENTE N° 25-026525-0007-CO Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 11:20:42. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República