Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Como consecuencia de lo expuesto, se tiene por acreditado que la sentencia citada no ha sido cumplida a cabalidad por los accionados en el plazo previsto, y al concedérsele audiencia en razón de esta gestión de desobediencia, reconocen el incumplimiento de lo ordenado. En consecuencia, se le reitera a Lourdes María Sáurez Barboza, presidenta ejecutiva y Guillermo Zúñiga Esquivel, director regional a.i, sede Región Brunca, ambos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quienes en su lugares ocupen dichos cargos, que procedan al cumplimiento inmediato de lo fielmente dispuesto en la Sentencia número 2024-002484 de las 9:15 horas del 2 de febrero de 2024, bajo la advertencia de ordenarse la apertura de un procedimiento administrativo en su contra si no lo hicieren. Deberán aportar prueba que demuestre dicho cumplimiento de lo ordenado.
English (translation)As a result of the foregoing, it is established that the cited ruling has not been fully complied with by the respondents within the prescribed timeframe, and upon being granted a hearing in this contempt proceeding, they acknowledge the non-compliance. Consequently, Lourdes María Sáurez Barboza, Executive President, and Guillermo Zúñiga Esquivel, Acting Regional Director, Brunca Region, both of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, or whomever holds those positions, are once again ordered to proceed with immediate compliance with the terms of Ruling No. 2024-002484 of 9:15 a.m. on February 2, 2024, under warning that failure to do so will result in the opening of an administrative proceeding against them. They must provide evidence of such compliance.
Reiteration of compliance
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 29890 - 2025 Fecha de la Resolución: 17 de Setiembre del 2025 a las 09:20 Expediente: 23-027882-0007-CO Redactado por: Ingrid Hess Herrera Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Texto de la resolución Exp: 23-027882-0007-CO Res. Nº 2025029890 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del diecisiete de setiembre de dos mil veinticinco . Gestión de desobediencia interpuesta por Nombre121755 , cédula de identidad CED40018, contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS. RESULTANDO: 1.- Mediante escrito presentado a las 11:15 horas del 26 de agosto de 2025, el amparada acusa desobediencia a lo ordenado por esta Sala en la resolución Nº 2024-002484 de las 9:15 horas del 2 de febrero de 2024, en donde se dispuso: “Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Luis Alejandro Guillén Guardia, en su condición de presidente ejecutivo y a Guillermo Zúñiga Esquivel, en su condición de director regional a.i., sede Región Brunca, ambos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quienes ocupen dichos cargos: a) que en el plazo de 12 meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se ejecute el plan remedial indicado por la autoridad recurrida en su informe, denominado Proyecto de “Mejoras Acueducto Integrado de Buenos Aires, Puntarenas”. Asimismo, deberán los accionados implementar el presupuesto necesario para la ejecución de la obra, con la finalidad que en el plazo dispuesto se brinde una solución a la problemática planteada en este recurso; b) adoptar medidas inmediatas para garantizar, por los medios alternativos necesarios, que las poblaciones afectadas puedan abastecerse de agua apta para el consumo humano, en el lapso en que se concluyen las mejoras indicadas. (…)”. Acusa que los accionados no han cumplido con la ordenado en el plazo dispuesto. 2.- Mediante resolución de las 14:22 horas del 28 de agosto de 2025, se dio curso a la gestión de desobediencia planteada. 3.- Mediante escrito incorporado al Sistema Jurídico el 3 de setiembre de 2025, Lourdes María Sáurez Barboza, presidenta ejecutiva y Guillermo Zúñiga Esquivel, director regional a.i, sede Región Brunca, ambos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, informan que: “En cumplimiento del numeral b) de lo dispuesto por esa Sala, en cuanto a la adopción de medidas inmediatas para garantizar el abastecimiento de agua potable a la población afectada, se han desarrollado múltiples acciones desde el año 2023 hasta la fecha, destinadas a mitigar las afectaciones existentes mientras se construye la solución estructural definitiva. Aumento de la capacidad del tanque de almacenamiento en Guadalajara de 7 m³ a 15 m³. Instalación de un tanque de polietileno de 15 m³ en el sector de San Rafael. Reubicación de dos tanques metálicos de 7 m³ en San Rafael y Guadalajara. Adquisición de tanques de 10 m³ y 22 m³, de los cuales se instaló el de 22 m³ en El Socorro (enero 2025), incrementando la capacidad de almacenamiento de 7 m³ a 29 m³. Instalación, en mayo de 2025, de un nuevo tanque de 10 m³ en San Rafael, incrementando su capacidad total de 15 m³ a 25 m³. (…) Acciones ejecutadas en 2023: Acciones ejecutadas en 2024: Acciones ejecutadas en 2025(…). Estas acciones, verificables mediante documentación técnica y evidencia fotográfica aportada en los informes mencionados, han tenido un impacto concreto y positivo en la mejora de la continuidad del servicio, conforme al mandato constitucional de brindar acceso a agua potable en condiciones de dignidad humana. No obstante, persiste un pequeño sector reducido de usuarios que continúa enfrentando afectaciones debido a las limitaciones estructurales del sistema actual, situación que la Administración sigue atendiendo con medidas temporales mientras se avanza en la implementación de la solución definitiva mediante el proyecto estructural correspondiente. SEGUNDO: Respecto al cumplimiento del numeral a) de la sentencia constitucional, que ordena la ejecución del proyecto de inversión denominado “Mejoras al Acueducto Integrado de Buenos Aires, Puntarenas” en un plazo de 12 meses, se debe informar que dicho proyecto ha enfrentado eventos no atribuibles a la Administración, tales como la declaratoria infructuosa del primer proceso licitatorio (2024). No obstante, se han tomado todas las acciones administrativas necesarias para dar continuidad al mandato judicial. Primer proceso de licitación (2024): Procedimiento No. 2024LY-000035-0021400001 fue publicado, visitado por oferentes, evaluado técnicamente y, finalmente, declarado infructuoso el 13 de diciembre de 2024, ante el incumplimiento financiero del único oferente. Segundo proceso de licitación (2025): En enero de 2025 se dio inicio al segundo proceso de licitación (2025LY-000001-0021400001). La apertura de ofertas tuvo lugar el 27 de julio de 2025 y, actualmente, se encuentra en la fase de análisis técnico de ofertas, tras requerimientos de subsanación enviados el 7 y 20 de agosto. Se estima la adjudicación e inicio de obra en el primer semestre del año 2026, con un plazo de ejecución contractual de 24 meses. Todo lo anterior demuestra una gestión diligente y continua por parte del AyA, que ha actuado dentro de los márgenes de la legalidad en su función pública. TERCERO: El proyecto cuenta con una reserva presupuestaria vigente en el sistema SICOP (número 106874), y su financiamiento está garantizado en su totalidad mediante el Contrato-Préstamo N°2164 con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por un monto de ¢12.675.221.946,75. Asimismo, se encuentra completada la totalidad de los requisitos técnicos y legales necesarios para ejecutar la obra, tales como: Adquisición de terrenos para las obras, Diseños estructurales, hidráulicos y electromecánicos, Viabilidad ambiental, permisos de cauce menor y vertido, Declaratoria de conveniencia nacional; solo se encuentra pendiente la aprobación final del permiso de obra en cauce mayor, trámite que se encuentra en revisión por parte de la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía. CUARTO: Es menester señalar a este Honorable Tribunal que el AyA ha mantenido un compromiso institucional activo y sostenido con el cumplimiento de la sentencia, no solo mediante obras físicas y procesos administrativos, sino también a través de coordinaciones interinstitucionales, como las realizadas con la Municipalidad de Buenos Aires y el INDER, para evitar interferencias con proyectos viales cantonales durante la colocación de tuberías. PETITORIA Por lo expuesto, y con base en la documentación aportada, se concluye que la Administración ha dado cumplimiento progresivo, técnico y planificado a la sentencia dictada por esa Sala Constitucional en el recurso 23-027882-0007-CO. El proyecto “Mejoras al Acueducto Integrado de Buenos Aires, BPIP 1985” constituye la solución estructural de fondo, cuenta con financiamiento aprobado y se encuentra en la etapa final del segundo proceso de licitación, con adjudicación prevista para el primer semestre de 2026. Paralelamente, se han ejecutado múltiples acciones remediales inmediatas en las comunidades afectadas como instalación y reubicación de tanques de almacenamiento en San Rafael, El Socorro y Guadalajara, las cuales han mejorado de manera efectiva la capacidad de respuesta del sistema y reducido las afectaciones a los usuarios.”. 4.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones de ley. Redacta la Magistrada Hess Herrera; y, CONSIDERANDO: I.- En el presente asunto, el recurrente aduce que la autoridad recurrida ha incumplido lo ordenado por esta Sala mediante la Sentencia No. Nº 2024-002484 de las 9:15 horas del 2 de febrero de 2024, en donde se dispuso: “Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Luis Alejandro Guillén Guardia, en su condición de presidente ejecutivo y a Guillermo Zúñiga Esquivel, en su condición de director regional a.i., sede Región Brunca, ambos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quienes ocupen dichos cargos: a) que en el plazo de 12 meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se ejecute el plan remedial indicado por la autoridad recurrida en su informe, denominado Proyecto de “Mejoras Acueducto Integrado de Buenos Aires, Puntarenas”. Asimismo, deberán los accionados implementar el presupuesto necesario para la ejecución de la obra, con la finalidad que en el plazo dispuesto se brinde una solución a la problemática planteada en este recurso; b) adoptar medidas inmediatas para garantizar, por los medios alternativos necesarios, que las poblaciones afectadas puedan abastecerse de agua apta para el consumo humano, en el lapso en que se concluyen las mejoras indicadas. (…)”. II.- De los hechos que constan en autos, así como del informe rendido por Lourdes María Sáurez Barboza, presidenta ejecutiva y Guillermo Zúñiga Esquivel, director regional a.i, sede Región Brunca, ambos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados -el cual es dado bajo fe de juramento con oportuno apercibimiento de las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional-, se desprende con claridad que los accionados han realizado algunas acciones de carácter administrativo para cumplir con lo ordenado. En efecto, en cuanto a la primera orden emitida a) alegan que han realizado un impacto en la mejora de la continuidad del servicio, conforme al mandato constitucional de brindar acceso a agua potable; no obstante, persiste un pequeño sector reducido de usuarios que continúa enfrentando afectaciones debido a las limitaciones estructurales del sistema actual, situación que la Administración sigue atendiendo con medidas temporales mientras se avanza en la implementación de la solución definitiva mediante el proyecto estructural correspondiente. En cuanto al punto b) de lo ordenado, aclaran que el primer proceso de licitación del año 2024, fue declarado infructuoso, y debido a ello, se abrió un segundo proceso de licitación en el año 2025, el cual actualmente se encuentra en la fase de análisis técnico de ofertas, tras requerimientos de subsanación enviados el 7 y 20 de agosto de 2025. Como consecuencia de lo expuesto, se tiene por acreditado que la sentencia citada no ha sido cumplida a cabalidad por los accionados en el plazo previsto, y al concedérsele audiencia en razón de esta gestión de desobediencia, reconocen el incumplimiento de lo ordenado. En consecuencia, se le reitera a Lourdes María Sáurez Barboza, presidenta ejecutiva y Guillermo Zúñiga Esquivel, director regional a.i, sede Región Brunca, ambos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quienes en su lugares ocupen dichos cargos, que procedan al cumplimiento inmediato de lo fielmente dispuesto en la Sentencia número 2024-002484 de las 9:15 horas del 2 de febrero de 2024, bajo la advertencia de ordenarse la apertura de un procedimiento administrativo en su contra si no lo hicieren. Deberán aportar prueba que demuestre dicho cumplimiento de lo ordenado. POR TANTO: Se le reitera a Lourdes María Sáurez Barboza, presidenta ejecutiva y a Guillermo Zúñiga Esquivel, director regional a.i, sede Región Brunca, ambos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quienes en su lugares ocupen dichos cargos, que procedan al cumplimiento inmediato de lo fielmente dispuesto en la Sentencia número 2024-002484 de las 9:15 horas del 2 de febrero de 2024, bajo la advertencia de ordenarse la apertura de un procedimiento administrativo en su contra si no lo hicieren. Notifíquese a los accionados de forma personal. Nombre137 V. Presidente Nombre152 C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- CED96483 EXPEDIENTE N° 23-027882-0007-CO Teléfonos: Telf46 / (). Fax: Telf47 / Telf48. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección12 , Dirección13 , 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:21:50. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
**Resolution No. 29890 - 2025** **Date of Resolution:** 17th of September, 2025 at 09:20 **Expediente:** 23-027882-0007-CO **Drafted by:** Ingrid Hess Herrera **Type of matter:** Amparo appeal **Analyzed by:** SALA CONSTITUCIONAL **Text of the resolution** ***** Exp: 23-027882-0007-CO Res. No. 2025029890 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes of the seventeenth of September, two thousand twenty-five. A proceeding for disobedience (gestión de desobediencia) filed by Nombre121755, identity card CED40018, against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS. **WHEREAS (RESULTANDO):** 1.- By means of a submission filed at 11:15 on August 26, 2025, the amparo claimant accuses disobedience of what was ordered by this Chamber in resolution No. 2024-002484 of 9:15 on February 2, 2024, which provided: “The appeal is granted. It is ordered to Luis Alejandro Guillén Guardia, in his capacity as executive president, and to Guillermo Zúñiga Esquivel, in his capacity as acting regional director, Brunca Region headquarters, both of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, or to whomever holds those positions: a) that within the period of 12 months, counted from the notification of this judgment, the remedial plan indicated by the respondent authority in its report, called the "Buenos Aires, Puntarenas Integrated Aqueduct Improvements" Project (Proyecto de “Mejoras Acueducto Integrado de Buenos Aires, Puntarenas”), be executed. Likewise, the respondents must implement the necessary budget for the execution of the work, with the purpose that within the established period a solution to the problem raised in this appeal be provided; b) adopt immediate measures to guarantee, through the necessary alternative means, that the affected populations can be supplied with water suitable for human consumption, in the period in which the indicated improvements are completed. (…)”. He accuses that the respondents have not complied with what was ordered within the established period. 2.- By means of a resolution at 14:22 on August 28, 2025, the proceeding for disobedience filed was processed. 3.- By means of a submission incorporated into the Legal System on September 3, 2025, Lourdes María Sáurez Barboza, executive president, and Guillermo Zúñiga Esquivel, acting regional director, Brunca Region headquarters, both of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, report that: “In compliance with paragraph b) of what was ordered by this Chamber, regarding the adoption of immediate measures to guarantee the supply of potable water to the affected population, multiple actions have been developed from the year 2023 to date, aimed at mitigating the existing disruptions while the definitive structural solution is being built. Increase in the capacity of the storage tank in Guadalajara from 7 m³ to 15 m³. Installation of a 15 m³ polyethylene tank in the San Rafael sector. Relocation of two 7 m³ metal tanks in San Rafael and Guadalajara. Acquisition of 10 m³ and 22 m³ tanks, of which the 22 m³ one was installed in El Socorro (January 2025), increasing storage capacity from 7 m³ to 29 m³. Installation, in May 2025, of a new 10 m³ tank in San Rafael, increasing its total capacity from 15 m³ to 25 m³. (…) Actions executed in 2023: Actions executed in 2024: Actions executed in 2025(…). These actions, verifiable through technical documentation and photographic evidence provided in the aforementioned reports, have had a concrete and positive impact on the improvement of service continuity, in accordance with the constitutional mandate to provide access to potable water under conditions of human dignity. However, a small, reduced sector of users persists that continues to face disruptions due to the structural limitations of the current system, a situation that the Administration continues to address with temporary measures while advancing in the implementation of the definitive solution through the corresponding structural project. SECOND: Regarding compliance with paragraph a) of the constitutional judgment, which orders the execution of the investment project called "Improvements to the Integrated Aqueduct of Buenos Aires, Puntarenas" (Mejoras al Acueducto Integrado de Buenos Aires, Puntarenas) within a period of 12 months, it must be reported that said project has faced events not attributable to the Administration, such as the declaration of the first bidding process (2024) as unsuccessful. However, all necessary administrative actions have been taken to give continuity to the judicial mandate. First bidding process (2024): Procedure No. 2024LY-000035-0021400001 was published, visited by bidders, technically evaluated, and, finally, declared unsuccessful on December 13, 2024, due to the financial non-compliance of the sole bidder. Second bidding process (2025): In January 2025, the second bidding process (2025LY-000001-0021400001) was initiated. The opening of bids took place on July 27, 2025, and the process is currently in the technical analysis of bids phase, following requests for correction sent on August 7 and 20. The award and start of works are estimated for the first half of the year 2026, with a contractual execution period of 24 months. All of the foregoing demonstrates diligent and continuous management on the part of AyA, which has acted within the margins of legality in its public function. THIRD: The project has a current budget reserve in the SICOP system (number 106874), and its financing is guaranteed in its entirety through Loan Agreement No. 2164 with the Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), for an amount of ¢12,675,221,946.75. Likewise, all of the technical and legal requirements necessary to execute the work are completed, such as: Acquisition of land for the works, Structural, hydraulic, and electromechanical designs, Environmental viability (viabilidad ambiental), minor watercourse and discharge permits, Declaration of national convenience; only the final approval of the major watercourse works permit is pending, a procedure that is under review by the Dirección de Aguas of the Ministerio de Ambiente y Energía. FOURTH: It is necessary to point out to this Honorable Court that AyA has maintained an active and sustained institutional commitment to the fulfillment of the judgment, not only through physical works and administrative processes but also through inter-institutional coordination, such as those carried out with the Municipalidad de Buenos Aires and INDER, to avoid interference with cantonal road projects during the laying of pipes. PRAYER FOR RELIEF Based on the foregoing, and on the documentation provided, it is concluded that the Administration has progressively, technically, and plannedly complied with the judgment issued by this Constitutional Chamber in appeal 23-027882-0007-CO. The project "Mejoras al Acueducto Integrado de Buenos Aires, BPIP 1985" constitutes the fundamental structural solution, has approved financing, and is in the final stage of the second bidding process, with an award expected for the first half of 2026. In parallel, multiple immediate remedial actions have been executed in the affected communities, such as the installation and relocation of storage tanks in San Rafael, El Socorro, and Guadalajara, which have effectively improved the system's response capacity and reduced the disruptions to users.". 4.- In the handling of the process, the prescriptions of law have been observed. Drafted by Judge Hess Herrera; and, **CONSIDERING (CONSIDERANDO):** I.- In the present matter, the appellant argues that the respondent authority has failed to comply with what was ordered by this Chamber through Judgment No. 2024-002484 of 9:15 on February 2, 2024, which provided: “The appeal is granted. It is ordered to Luis Alejandro Guillén Guardia, in his capacity as executive president, and to Guillermo Zúñiga Esquivel, in his capacity as acting regional director, Brunca Region headquarters, both of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, or to whomever holds those positions: a) that within the period of 12 months, counted from the notification of this judgment, the remedial plan indicated by the respondent authority in its report, called the "Buenos Aires, Puntarenas Integrated Aqueduct Improvements" Project (Proyecto de “Mejoras Acueducto Integrado de Buenos Aires, Puntarenas”), be executed. Likewise, the respondents must implement the necessary budget for the execution of the work, with the purpose that within the established period a solution to the problem raised in this appeal be provided; b) adopt immediate measures to guarantee, through the necessary alternative means, that the affected populations can be supplied with water suitable for human consumption, in the period in which the indicated improvements are completed. (…)”. II.- From the facts contained in the record, as well as from the report rendered by Lourdes María Sáurez Barboza, executive president, and Guillermo Zúñiga Esquivel, acting regional director, Brunca Region headquarters, both of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados —which is given under oath with timely warning of the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional—, it is clearly evident that the respondents have performed some administrative actions to comply with what was ordered. Indeed, regarding the first order issued a), they claim to have made an impact on the improvement of service continuity, in accordance with the constitutional mandate to provide access to potable water; however, a small, reduced sector of users persists that continues to face disruptions due to the structural limitations of the current system, a situation that the Administration continues to address with temporary measures while advancing in the implementation of the definitive solution through the corresponding structural project. Regarding point b) of what was ordered, they clarify that the first bidding process of the year 2024 was declared unsuccessful, and due to this, a second bidding process was opened in the year 2025, which is currently in the phase of technical analysis of offers, following requests for correction sent on August 7 and 20, 2025. As a consequence of the foregoing, it is established that the cited judgment has not been fully complied with by the respondents within the foreseen period, and upon being granted a hearing by reason of this proceeding for disobedience, they acknowledge the non-compliance with what was ordered. Consequently, Lourdes María Sáurez Barboza, executive president, and Guillermo Zúñiga Esquivel, acting regional director, Brunca Region headquarters, both of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, or whomever in their place holds those positions, are reiterated to proceed with the immediate fulfillment of what was faithfully ordered in Judgment number 2024-002484 of 9:15 on February 2, 2024, under the warning that the opening of an administrative procedure against them will be ordered if they fail to do so. They must provide evidence demonstrating said compliance with what was ordered. **THEREFORE (POR TANTO):** Lourdes María Sáurez Barboza, executive president, and Guillermo Zúñiga Esquivel, acting regional director, Brunca Region headquarters, both of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, or whomever in their place holds those positions, are reiterated to proceed with the immediate fulfillment of what was faithfully ordered in Judgment number 2024-002484 of 9:15 on February 2, 2024, under the warning that the opening of an administrative procedure against them will be ordered if they fail to do so. Notify the respondents personally. Nombre137 V. President Nombre152 C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Digitally Signed Document -- Verification code -- ***** CED96483 EXPEDIENTE No. 23-027882-0007-CO Telephones: Telf46 / (). Fax: Telf47 / Telf48. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección12, Dirección13, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro Church). This is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 11:21:50. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República