Res. 30106-2025 Sala Constitucional — SINAC may refer requesters to online platforms for environmental informationSINAC puede remitir a plataformas electrónicas para acceso a información ambiental

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Sala Constitucional

Resolución Nº 30106 - 2025

Fecha de la Resolución: 19 de Setiembre del 2025 a las 09:30

Expediente: 25-024124-0007-CO

Redactado por: Alexandra Alvarado Paniagua

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 25-024124-0007-CO

Res. Nº 2025030106

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del diecinueve de setiembre de dos mil veinticinco .

 Recurso de amparo que se tramita en expediente N° 25-024124-0007-CO, interpuesto por Nombre120993   , cédula de identidad CED2111, contra el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN.

RESULTANDO:

1.- Por escrito agregado al expediente digital de la Sala a las 17:43 horas del 12 de agosto de 2025, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra el Sistema Nacional de Área de Conservación (SINAC)  y manifiesta que mediante oficio AEL-00299-2025 solicité al señor Javier Hernández Cole, en su calidad de Enlace del Programa de Humedales de ACLAC, información específica y detallada, a saber: “(…) En relación con el Dirección5950  , , reiteramos la necesidad de contar con la información detallada solicitada en el oficio AEL-00282-2025, específicamente: 1. Un informe exhaustivo que detalle las ocupaciones por personas físicas y jurídicas, incluyendo fechas y permisos de uso del suelo otorgados por la Municipalidad de Talamanca. 2. Un levantamiento fotográfico retrospectivo desde 1996 hasta la fecha actual, que documente el proceso de ocupación, posibles invasiones y el drenaje de humedales en el sitio protegido. 3. Los fundamentos fácticos y legales que han permitido la ocupación de terrenos incluidos en la Convención de Ramsar. La respuesta proporcionada en el oficio citado no aborda de manera específica estos puntos y, en cambio, traslada la responsabilidad al solicitante de aportar pruebas o realizar denuncias adicionales, lo cual contraviene el principio de acceso a la información pública. Además, la mención de que el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo es de carácter mixto no exime a la administración de acreditar la legitimidad de las ocupaciones privadas, especialmente considerando que el sitio está protegido por un convenio internacional como la Convención de Ramsar. Asimismo, es menester recordar que los principios rectores del derecho ambiental, como el precautorio, el preventivo y el in dubio pro natura, obligan a la administración a actuar proactivamente para evitar daños a ecosistemas frágiles como los humedales del Sitio Ramsar 783. La directriz 09-2023, suscrita por el Dr. Franz Tattenbach Capra, y los intentos por desconocer el informe técnico de caracterización y delimitación de humedales han permitido, de manera inexcusable, la invasión y el desarrollo inmobiliario en estas áreas protegidas, contraviniendo dichos principios. La coerción a posteriori no es válida en el ámbito del derecho ambiental, y la administración debe garantizar el cumplimiento de sus obligaciones de protección. Asociación De Desarrollo Para La Ecología 3 Por lo anterior, y en ejercicio de mi derecho constitucional de acceso a la información, exijo respetuosamente que se me entregue la información solicitada en el oficio AEL-00282-2025, tal como fue planteada, dado que se trata de información pública que no presenta complejidad alguna para su entrega. Adicionalmente, solicito que se aclare por qué no se han tomado medidas efectivas para evitar las ocupaciones irregulares en el Dirección14770  , considerando su relevancia ecológica y las obligaciones internacionales de Costa Rica. Agradezco de antemano su atención a esta solicitud y quedo a la espera de una respuesta pronta y completa, conforme a los plazos establecidos por la normativa vigente. (…)”. Que mediante CARTA-SINAC-ACLAC-DRFVS-PH-041-2025, el señor Hernández Cole se limita a remitirle a plataformas electrónicas como el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) y SITADA, alegando que son los medios oficiales para consultar información pública. A saber, en dicho oficio se le indicó lo siguiente: “(…) En primer lugar, es necesario referirse a su afirmación de que “resulta inaceptable que se nos remita a consultar plataformas electrónicas como el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) o SITADA…”. Al respecto, debe aclararse que dichas plataformas constituyen medios oficiales, legalmente habilitados para la consulta y obtención de información pública de carácter ambiental y territorial. En particular, el Decreto Ejecutivo N.º 37773-JPH-MINAE-MICITT, del 7 de mayo de 2013 (publicado en La Gaceta el 12 de julio de 2013), dispone expresamente en su artículo 1 la creación del SNIT como un sistema que “publicita y publica en forma integral la información territorial temática debidamente georreferenciada, estandarizada y compatibilizada”; y en su artículo 2 establece que dicho sistema tiene como propósito “publicar en forma integrada y georreferenciada la información territorial producida por entes y órganos públicos… en el marco de una infraestructura de datos común”. A su vez, la Ley N.º 10554, Ley Marco de Acceso a la Información Pública, en su artículo 8, faculta a los sujetos obligados a orientar a las personas administradas sobre cómo acceder a información ya disponible en medios electrónicos, sin que exista obligación de reproducir o entregar directamente datos que se encuentran públicamente accesibles mediante canales oficiales. En este contexto, remitir al administrado a consultar el SNIT o SITADA no solo es jurídicamente válido, sino que constituye una práctica institucional adecuada, alineada con el principio de uso de tecnologías de la información para garantizar la disponibilidad, accesibilidad y eficiencia en el acceso a la información pública (artículo 2, incisos m y k, de la Ley N.º 10554). Lamentamos que estas herramientas no estén siendo utilizadas por usted; sin embargo, corresponde señalar que son los mecanismos institucionales actualmente disponibles por parte del SINAC para asegurar un acceso ágil, transparente y actualizado a la información de carácter territorial. En relación con el punto 1 de su solicitud, referente a “un informe exhaustivo que detalle las ocupaciones por personas físicas y jurídicas, incluyendo fechas y permisos de uso del suelo otorgados por la Municipalidad de Talamanca”, es importante aclarar que la competencia para emitir y registrar los permisos de uso del suelo municipales corresponde exclusivamente a las municipalidades, conforme al marco jurídico vigente en materia de ordenamiento territorial, particularmente lo establecido en el Código Municipal y otras disposiciones complementarias. En ese sentido, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) no posee ni administra el registro de permisos municipales de uso del suelo, por lo que resulta imprescindible que cualquier consulta o solicitud relacionada con este tipo de autorizaciones sea dirigida directamente a la Municipalidad de Talamanca, como órgano competente en la materia. Reiteramos nuestra disposición para brindar información que esté dentro del ámbito de competencias del SINAC, conforme a la Ley Marco de Acceso a la Información Pública (Ley N.º 10554), pero en este caso específico, se trata de información cuya administración y custodia no recae sobre esta institución. Con relación a los puntos 2 y 3 de su solicitud, referidos al levantamiento fotográfico retrospectivo desde 1996 y a los supuestos fundamentos fácticos y legales que habrían permitido ocupaciones en el Dirección14975   , le indicamos que si su persona tiene conocimiento de una posible ocupación, invasión o alteración ambiental, puede interponer la respectiva denuncia por los canales oficiales establecidos, ya sea por escrito o mediante la plataforma SITADA, y con gusto será atendida por esta Área de Conservación. No obstante, lo expuesto en su nota se basa en afirmaciones generales, no verificables ni geográficamente localizadas, lo cual impide activar una actuación administrativa concreta. Una vez que se aporte información mínima esencial como coordenadas o una dirección precisa del sitio al que se refiere, el ACLAC procederá conforme a sus competencias legales y técnicas. Agradecemos sus sugerencias metodológicas, pero es importante señalar que, ante una denuncia formal debidamente sustentada, los profesionales institucionales aplicarán los procedimientos y herramientas técnicas vigentes, conforme a la ciencia, la normativa y los protocolos operativos oficiales. Finalmente, siendo que esta Área de Conservación ha respondido su solicitud de información conforme a lo establecido en la Ley Marco de Acceso a la Información Pública (Ley N.º 10554), y se le han reiterado los canales oficiales disponibles para la interposición de denuncias, así como la disposición de recibirlas por escrito en caso de limitaciones tecnológicas, se considera atendida y concluida la presente gestión. Es importante recordar que las denuncias ambientales no pueden fundamentarse en supuestos, apreciaciones generales o especulaciones, sino que deben incorporar elementos mínimos que permitan su verificación y atención, tales como una dirección exacta, coordenadas geográficas o al menos una fotografía clara que permita ubicar en tiempo y espacio lo que se señala. Solo con base en información concreta y verificable, el ACLAC podrá actuar dentro del marco de sus competencias legales y técnicas. (…)”. Reclama que no se le proporciona la información solicitada, “(…) escudándose en formalidades administrativas y en la supuesta falta de competencia del SINAC para registrar permisos municipales. Además, condiciona cualquier acción a que yo proporcione coordenadas específicas o denuncias formales, ignorando que mi solicitud busca precisamente obtener datos para sustentar dichas denuncias. (…) La remisión a plataformas como el SNIT y SITADA es inaceptable, ya que estas herramientas presentan problemas de accesibilidad, datos incompletos y, según mi experiencia, son susceptibles de manipulación por parte de funcionarios del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). Esto contraviene resoluciones reiteradas de esta Sala Constitucional, que han ordenado a las autoridades públicas proporcionar información directa, clara y verificable, sin remitir a los ciudadanos a plataformas electrónicas de dudosa fiabilidad. 4. Omisión de inspecciones de campo: Como Enlace del Programa de Humedales, el señor Hernández Cole tiene la obligación de realizar inspecciones de campo para identificar ocupaciones ilegales en el Dirección14975   , conforme a las competencias del SINAC como autoridad de policía ambiental (Ley N.º 7778, artículo 98). Su negativa a proporcionar un informe basado en dichas inspecciones constituye una inercia administrativa que pone en riesgo la integridad de este sitio protegido, en violación del principio precautorio. (…)”. Estima lesionados sus derechos fundamentales.

2.- Mediante la resolución de Presidencia de las 15:39 horas del 19 de agosto de 2025, se dio curso al presente proceso y se concedió audiencia al Director Ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, sobre los hechos alegados por la parte recurrente.

3.- Informa bajo juramento, David Chavarría Morales, en su condición de Director Ejecutivo del Sistema Nacional de Área de Conservación que:

“(...) El asunto versa sobre aparente falta al acceso a la información, en relación a la solicitud realizada mediante oficio AEL-00282-2025 relacionadas con el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, categoría mixta y el Sitio Ramsar N° 783, específicamente sobre presuntas ocupaciones irregulares, fundamentos legales de ocupación del territorio y levantamientos fotográficos retrospectivos desde 1996.

Efectivamente mediante el oficio CARTA-SINAC-ACLAC-DRFVS-PH-036- 2025, de fecha 24 de julio 2025, se le brindo respuesta al recurrente, que en resumen señalo: El sitio consultado se encuentra dentro del Sitio Ramsar 783 e incorporado al Patrimonio Natural del Estado en la Zona Marítimo Terrestre, sobre ocupaciones, se requiere denuncia formal mediante SITADA con coordenadas CRTM05 para proceder técnicamente, carácter mixto del refugio: Coexisten propiedades estatales y privadas legítimamente Competencia municipal, los permisos de uso de suelo corresponden a la Municipalidad de Talamanca y las limitaciones técnicas: SINAC no cuenta con capacidad para estudios retrospectivos detallados desde 1996, el cual fue notificado en la misma fecha al medio señalado para tal efecto. Que mediante oficio AEL-00299-2025, el recurrente reitera solicitud de información relacionada con el Refugio Nacional de Vida Silvestre GandocaManzanillo y el Dirección14975   , la cual se le brindo respuesta mediante oficio ACLAC-DRFVS-PH-041-2025 de fecha 08 de agosto del 2025, se atiende lo solicitado por el recurrente el cual fue notificado en la misma fecha al medio señalado para tal efecto.

En razón de lo anterior, se procede a solicitar al Área de Conservación la Amistad Caribe informe detallado, el cual se remite mediante oficio CARTA-SINACACLAP-DR-GMRN-0041-2025 de fecha 04 de agosto de 2025, suscrito por el señor Javier Hernández Cole ,Enlace Programa de Humedales que en lo conducente señalo:

¨PRIMERO: Que la gestión del señor Nombre120993 inicia mediante nota AEL-00282-2025, recibido el 10 de julio del 2025, el señor Nombre120993    solicitó al Programa de Humedales del Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC) la siguiente información:

“1. Aclaración específica sobre si el área evaluada en el Informe Técnico SINAC-ACLAC-DRFVS-PH-028- 2025 corresponde al Sitio Ramsar 783, Gandoca Manzanillo. En caso afirmativo, requiero una explicación fundamentada sobre por qué dicho territorio no forma parte del Patrimonio Natural del Estado (PNE), considerando que está protegido por un convenio internacional vigente.

2. Informe exhaustivo que detalle:

a. La ocupación del Sitio Ramsar 783, especificando las personas físicas y jurídicas involucradas, las fechas de ocupación y los permisos de uso del suelo otorgados por la Municipalidad de Talamanca.

b. Un levantamiento fotográfico retrospectivo desde 1996 hasta la fecha actual, que permita documentar el proceso de ocupación, posibles invasiones y el drenaje de humedales dentro del sitio protegido.

c. Los fundamentos fácticos y legales que han mediado en la ocupación del terreno incluido en la Convención de Ramsar por parte de nuestro país”.

Sobre los Hechos indicados se generaron por parte del SINAC las siguientes actuaciones administrativas:

SEGUNDO: Que los funcionarios Deiver Contreras Arguedas y Javier Hernández Cole emiten oficio CARTASINAC-ACLAC-DRFVS-PH-036-2025 de fecha 24 de julio del 2025 en atención a la nota AEL-00282-2025 de fecha 10 de julio 2025, en la que se indicó:

“Estimado señor, en respuesta al oficio AEL-00282- 2025 se expone lo siguiente:               1. Aclaración específica sobre si el área evaluada en el Informe Técnico SINACACLAC-DRFVS-PH-028-2025 corresponde al Sitio Ramsar 783, Gandoca-Manzanillo. En caso afirmativo, requiero una explicación fundamentada sobre por qué dicho territorio no forma parte del Patrimonio Natural del Estado (PNE), considerando que está protegido por un convenio internacional vigente.

R/ De acuerdo con el oficio SINAC-SE-DE-0046- 2025, el sitio en consulta y el inspeccionado (oficio AEL00278-2025 y CARTA-SINAC-ACLAC-DRFVS-PH028-2025) se encuentra dentro de los límites de sitio Ramsar 783. Además, dicho sitio, se encuentra incorporado dentro del Patrimonio Natural del Estado en la Zona Marítimo Terrestre del Cantón de Talamanca, según la certificación SINAC-ACLAC-DRFVS-PNE-C014-2025.

2. Informe exhaustivo que detalle:

a) La ocupación del Sitio Ramsar 783, especificando las personas físicas y jurídicas involucradas, las fechas de ocupación y los permisos de uso del suelo otorgados por la Municipalidad de Talamanca.

b. Un levantamiento fotográfico retrospectivo desde 1996 hasta la fecha actual, que permita documentar el proceso de ocupación, posibles invasiones y el drenaje de humedales dentro del sitio protegido.

c. Los fundamentos fácticos y legales que han mediado en la ocupación del terreno incluido en la Convención de Ramsar por parte de nuestro país.

Respecto al punto a), se le indica que las supuestas ocupaciones en apariencia ilegal a las que usted hace referencia deben ser formalmente denunciadas mediante la plataforma oficial SITADA del MINAE, incluyendo para ello coordenadas geográficas exactas en el sistema CRTM05, tal como se le ha comunicado en múltiples oficios anteriores. Esta es la vía institucional válida para dar trámite técnico y seguimiento a posibles afectaciones. Adicionalmente, se le recuerda que el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo es de carácter mixto, compuesto tanto por propiedades de dominio estatal como privado. En ambos escenarios coexisten ecosistemas de humedal y bosque, los cuales se encuentran protegidos por la legislación ambiental nacional, independientemente del tipo de tenencia. Lo anterior no implica automáticamente que todo uso de suelo dentro del área constituya una ocupación irregular, como se sugiere en su consulta, especialmente si no se aportan pruebas objetivas que sustenten tales afirmaciones (…)”

4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

 Redacta la Magistrada Alvarado Paniagua; y,

I.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente alega que, mediante oficio AEL-00299-2025, solicitó al Enlace del Programa de Humedales ACLAC información de su interés y que mediante CARTA-SINAC-ACLAC-DRFVS-PH-041-2025 se limitaron a responderle para remitirle a plataformas electrónicas como el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) y SITADA, alegando que son los medios oficiales para consultar información pública. Con lo anterior, considera que no se le está brindando la información solicitada.

II.- HECHOS PROBADOS. Se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos de importancia para la resolución del presente asunto:

1.      Mediante oficio AEL-00299-2025, en fecha 24 de julio de 2025 el recurrente solicitó al Enlace del Programa Nacional de Humedales Área de Conservación La Amistad Caribe Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), lo siguiente: “(…) Agradezco la respuesta brindada mediante el oficio CARTA-SINACACLAC-DRFVS-PH-036-2025, de fecha 24 de julio de 2025, en atención a mi solicitud presentada mediante el oficio AEL-00282-2025 del 10 de julio de 2025. No obstante, me permito manifestar que la información proporcionada no satisface plenamente lo solicitado, por lo que reitero mi petición inicial, en aras de garantizar el derecho constitucional de acceso a la información pública, conforme a la Ley Marco de Acceso a la Información Pública y los principios rectores del derecho ambiental. La gestión que realizamos desde la Asociación de Desarrollo para la Ecología se enmarca en la defensa de los derechos humanos ambientales, no solo de la colectividad actual, sino también de las generaciones futuras. En este contexto, es imperativo contar con información clara, veraz y completa, tal como lo ha dispuesto reiteradamente la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Por ello, resulta inaceptable que se nos remita a consultar plataformas electrónicas como el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) o SITADA, cuando es un deber ineludible de la administración pública proporcionar la información solicitada de manera directa y conforme a lo requerido, según lo establecido en el artículo 30 de la Constitución Política y la jurisprudencia constitucional, incluyendo el voto N°01747-1999. En relación con el Sitio Ramsar 783, Gandoca-Manzanillo, reiteramos la necesidad de contar con la información detallada solicitada en el oficio AEL-00282-2025, específicamente: 1. Un informe exhaustivo que detalle las ocupaciones por personas físicas y jurídicas, incluyendo fechas y permisos de uso del suelo otorgados por la Municipalidad de Talamanca. 2. Un levantamiento fotográfico retrospectivo desde 1996 hasta la fecha actual, que documente el proceso de ocupación, posibles invasiones y el drenaje de humedales en el sitio protegido. 3. Los fundamentos fácticos y legales que han permitido la ocupación de terrenos incluidos en la Convención de Ramsar. La respuesta proporcionada en el oficio citado no aborda de manera específica estos puntos y, en cambio, traslada la responsabilidad al solicitante de aportar pruebas o realizar denuncias adicionales, lo cual contraviene el principio de acceso a la información pública. Además, la mención de que el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo es de carácter mixto no exime a la administración de acreditar la legitimidad de las ocupaciones privadas, especialmente considerando que el sitio está protegido por un convenio internacional como la Convención de Ramsar. Asimismo, es menester recordar que los principios rectores del derecho ambiental, como el precautorio, el preventivo y el in dubio pro natura, obligan a la administración a actuar proactivamente para evitar daños a ecosistemas frágiles como los humedales del Sitio Ramsar 783. La directriz 09-2023, suscrita por el Dr. Franz Tattenbach Capra, y los intentos por desconocer el informe técnico de caracterización y delimitación de humedales han permitido, de manera inexcusable, la invasión y el desarrollo inmobiliario en estas áreas protegidas, contraviniendo dichos principios. La coerción a posteriori no es válida en el ámbito del derecho ambiental, y la administración debe garantizar el cumplimiento de sus obligaciones de protección  (ver prueba aportada por el recurrente).

2.      El 08 de agosto de 2025, con el oficio CARTA-SINAC-ACLAC-DRFVS-PH-036-2025, se le dio respuesta al recurrente de la manera siguiente: “(…)  Reciba un cordial saludo. En atención al oficio AEL-00299-2025, mediante el cual se reitera una solicitud de información relacionada con el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo y el Dirección14975   , me permito indicarle lo siguiente: En primer lugar, es necesario referirse a su afirmación de que “resulta inaceptable que se nos remita a consultar plataformas electrónicas como el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) o SITADA…”. Al respecto, debe aclararse que dichas plataformas constituyen medios oficiales, legalmente habilitados para la consulta y obtención de información pública de carácter ambiental y territorial. En particular, el Decreto Ejecutivo N.º 37773-JP-H-MINAE-MICITT, del 7 de mayo de 2013 (publicado en La Gaceta el 12 de julio de 2013), dispone expresamente en su artículo 1 la creación del SNIT como un sistema que “publicita y publica en forma integral la información territorial temática debidamente georreferenciada, estandarizada y compatibilizada”; y en su artículo 2 establece que dicho sistema tiene como propósito “publicar en forma integrada y georreferenciada la información territorial producida por entes y órganos públicos… en el marco de una infraestructura de datos común”. A su vez, la Ley N.º 10554, Ley Marco de Acceso a la Información Pública, en su artículo 8, faculta a los sujetos obligados a orientar a las personas administradas sobre cómo acceder a información ya disponible en medios electrónicos, sin que exista obligación de reproducir o entregar directamente datos que se encuentran públicamente accesibles mediante canales oficiales.  En este contexto, remitir al administrado a consultar el SNIT o SITADA no solo es jurídicamente válido, sino que constituye una práctica institucional adecuada, alineada con el principio de uso de tecnologías de la información para garantizar la disponibilidad, accesibilidad y eficiencia en el acceso a la información pública (artículo 2, incisos m y k, de la Ley N.º 10554). Lamentamos que estas herramientas no estén siendo utilizadas por usted; sin embargo, corresponde señalar que son los mecanismos institucionales actualmente disponibles por parte del SINAC para asegurar un acceso ágil, transparente y actualizado a la información de carácter territorial. En relación con el punto 1 de su solicitud, referente a “un informe exhaustivo que detalle las ocupaciones por personas físicas y jurídicas, incluyendo fechas y permisos de uso del suelo otorgados por la Municipalidad de Talamanca”, es importante aclarar que la competencia para emitir y registrar los permisos de uso del suelo municipales corresponde exclusivamente a las municipalidades, conforme al marco jurídico vigente en materia de ordenamiento territorial, particularmente lo establecido en el Código Municipal y otras disposiciones complementarias. En ese sentido, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) no posee ni administra el registro de permisos municipales de uso del suelo, por lo que resulta imprescindible que cualquier consulta o solicitud relacionada con este tipo de autorizaciones sea dirigida directamente a la Municipalidad de Talamanca, como órgano competente en la materia. Reiteramos nuestra disposición para brindar información que esté dentro del ámbito de competencias del SINAC, conforme a la Ley Marco de Acceso a la Información Pública (Ley N.º 10554), pero en este caso específico, se trata de información cuya administración y custodia no recae sobre esta institución. Con relación a los puntos 2 y 3 de su solicitud, referidos al levantamiento fotográfico retrospectivo desde 1996 y a los supuestos fundamentos fácticos y legales que habrían permitido ocupaciones en el Dirección14975   , le indicamos que si su persona tiene conocimiento de una posible ocupación, invasión o alteración ambiental, puede interponer la respectiva denuncia por los canales oficiales establecidos, ya sea por escrito o mediante la plataforma SITADA, y con gusto será atendida por esta Área de Conservación. No obstante, lo expuesto en su nota se basa en afirmaciones generales, no verificables ni geográficamente localizadas, lo cual impide activar una actuación administrativa concreta. Una vez que se aporte información mínima esencial como coordenadas o una dirección precisa del sitio al que se refiere, el ACLAC procederá conforme a sus competencias legales y técnicas. Agradecemos sus sugerencias metodológicas, pero es importante señalar que, ante una denuncia formal debidamente sustentada, los profesionales institucionales aplicarán los procedimientos y herramientas técnicas vigentes, conforme a la ciencia, la normativa y los protocolos operativos oficiales. Finalmente, siendo que esta Área de Conservación ha respondido su solicitud de información conforme a lo establecido en la Ley Marco de Acceso a la Información Pública (Ley N.º 10554), y se le han reiterado los canales oficiales disponibles para la interposición de denuncias, así como la disposición de recibirlas por escrito en caso de limitaciones tecnológicas, se considera atendida y concluida la presente gestión. Es importante recordar que las denuncias ambientales no pueden fundamentarse en supuestos, apreciaciones generales o especulaciones, sino que deben incorporar elementos mínimos que permitan su verificación y atención, tales como una dirección exacta, coordenadas geográficas o al menos una fotografía clara que permita ubicar en tiempo y espacio lo que se señala. Solo con base en información concreta y verificable, el ACLAC podrá actuar dentro del marco de sus competencias legales y técnicas (…)” (ver informe rendido y prueba aportada).

3.      La resolución de las 15:39 horas del 19 de agosto de 2025, la cual da curso a este proceso, fue notificada a la autoridad recurrida el 20 de agosto de 2025 (ver acta de notificación).

 

 III.- SOBRE LOS DERECHOS DE INFORMACIÓN, PETICIÓN Y PRONTA RESPUESTA. Este Tribunal ha señalado que el derecho de petición y pronta respuesta, encierra una doble vertiente, ya que implica no sólo el derecho que ostenta todo ciudadano para dirigirse a cualquier funcionario o entidad oficial, con el fin de exponer un asunto de su interés, o bien solicitar determinada información, sino además obliga a la Administración a recibir y responder las mismas dentro del plazo de diez días, de acuerdo con el artículo 27, de la Constitución Política y el numeral 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Por lo anterior, debe emitir la respuesta oportuna, sin denegación de ninguna especie, empero cabe la excepción de que no pueda cubrir la petición dentro del plazo referido, en consecuencia, deberá comunicar la imposibilidad para resolver y fijará un plazo razonable dentro del cual atenderá la solicitud. Por su parte, el artículo 30, de la Constitución Política recoge el derecho de las personas de acceder a la información de interés público en poder de las autoridades y -consecuentemente- el deber de éstas de entregar dicha información de forma inmediata si lo pedido está disponible y todo lo anterior sin perjuicio la existencia de posibles excepciones en las que la información debe reservarse en atención a la protección de derechos e intereses relevantes, reconocidos formalmente.

 

IV.- SOBRE EL FONDO. En el sub examine, la parte recurrente indica que dirigió una gestión de información al Enlace del Programa de Humedales de ACLAC, pero indica que la respuesta recibida no satisface lo peticionado.

Al respecto, la autoridad recurrida, en su informe rendido bajo la solemnidad del juramento -con oportuno apercibimiento de las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44, de la Ley que rige esta Jurisdicción- expone que según oficio AEL-00282-2025, el amparado presentó la gestión de información, que fue respondida según CARTA-SINAC-ACLAC-DRFVS-PH-036- 2025, con la que se le brindó respuesta al tutelado y se le explicó, en resumen, lo siguiente: “El sitio consultado se encuentra dentro del Sitio Ramsar 783 e incorporado al Patrimonio Natural del Estado en la Zona Marítimo Terrestre, sobre ocupaciones, se requiere denuncia formal mediante SITADA con coordenadas CRTM05 para proceder técnicamente, carácter mixto del refugio: Coexisten propiedades estatales y privadas legítimamente Competencia municipal, los permisos de uso de suelo corresponden a la Municipalidad de Talamanca y las limitaciones técnicas: SINAC no cuenta con capacidad para estudios retrospectivos detallados desde 1996, el cual fue notificado en la misma fecha al medio señalado para tal efecto”.

 Agrega que, según oficio AEL-00299-2025, el tutelado reiteró la solicitud de información y que según oficio ACLAC-DRFVS-PH-041-2025 de fecha 08 de agosto del 2025, se atendió nuevamente lo solicitado por el recurrente, el cual le fue notificado al gestionante en la misma fecha.

 Analizado el cuadro fáctico planteado, así como la prueba que consta en autos, este Tribunal considera que no se ha dado una lesión a los derechos fundamentales de la parte recurrente. Según se desprende del elenco de hechos probados, fue previo a la interposición del presente recurso de amparo, y dentro del plazo legal establecido en la Ley que rige esta jurisdicción, que la autoridad recurrida atendió la gestión del amparado. Adicionalmente, se constata que lo que el recurrente formula con el recurso de amparo es un desacuerdo con la respuesta recibida por parte de la autoridad recurrida, por cuanto según lo informado el tutelado se siente inconforme con lo suministrado, a pesar de que se le ha señalado textualmente que:

 “(…) “Estimado señor, en respuesta al oficio AEL-00282- 2025 se expone lo siguiente:

 1. Aclaración específica sobre si el área evaluada en el Informe Técnico SINACACLAC-DRFVS-PH-028-2025 corresponde al Sitio Ramsar 783, Gandoca-Manzanillo. En caso afirmativo, requiero una explicación fundamentada sobre por qué dicho territorio no forma parte del Patrimonio Natural del Estado (PNE), considerando que está protegido por un convenio internacional vigente.

  R/ De acuerdo con el oficio SINAC-SE-DE-0046- 2025, el sitio en consulta y el inspeccionado (oficio AEL00278-2025 y CARTA-SINAC-ACLAC-DRFVS-PH028-2025) se encuentra dentro de los límites de sitio Ramsar 783. Además, dicho sitio, se encuentra incorporado dentro del Patrimonio Natural del Estado en la Zona Marítimo Terrestre del Cantón de Talamanca, según la certificación SINAC-ACLAC-DRFVS-PNE-C014-2025.

2. Informe exhaustivo que detalle:

 a) La ocupación del Sitio Ramsar 783, especificando las personas físicas y jurídicas involucradas, las fechas de ocupación y los permisos de uso del suelo otorgados por la Municipalidad de Talamanca.

 b. Un levantamiento fotográfico retrospectivo desde 1996 hasta la fecha actual, que permita documentar el proceso de ocupación, posibles invasiones y el drenaje de humedales dentro del sitio protegido.

c. Los fundamentos fácticos y legales que han mediado en la ocupación del terreno incluido en la Convención de Ramsar por parte de nuestro país. Respecto al punto a), se le indica que las supuestas ocupaciones en apariencia ilegal a las que usted hace referencia deben ser formalmente denunciadas mediante la plataforma oficial SITADA del MINAE, incluyendo para ello coordenadas geográficas exactas en el sistema CRTM05, tal como se le ha comunicado en múltiples oficios anteriores. Esta es la vía institucional válida para dar trámite técnico y seguimiento a posibles afectaciones.

 Adicionalmente, se le recuerda que el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo es de carácter mixto, compuesto tanto por propiedades de dominio estatal como privado. En ambos escenarios coexisten ecosistemas de humedal y bosque, los cuales se encuentran protegidos por la legislación ambiental nacional, independientemente del tipo de tenencia. Lo anterior no implica automáticamente que todo uso de suelo dentro del área constituya una ocupación irregular, como se sugiere en su consulta, especialmente si no se aportan pruebas objetivas que sustenten tales afirmaciones.

 Por otra parte, usted mismo señala que la Municipalidad de Talamanca ha otorgado permisos de uso de suelo en la zona, por lo que le corresponde a esa institución brindar la información específica relacionada con tales autorizaciones. El SINAC no emite ni administra dichos permisos de uso de suelo.

 Finalmente, se le recuerda que el mosaico catastral del Registro Inmobiliario puede ser consultado libremente mediante el visor del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), donde encontrará información pública sobre predios privados ubicados dentro del Refugio.

 Respecto al punto b), se le reitera que el SINAC no cuenta con sistemas, herramientas ni personal especializado para generar estudios retrospectivos detallados por año desde 1996 hasta la fecha actual. Según el artículo 7 del Decreto Ejecutivo N.º 42760-MINAE, los insumos válidos para ese tipo de análisis provienen del Instituto Geográfico Nacional, a través de sus capas oficiales históricas, disponibles en el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), entre ellas: El Proyecto Aerofotográfico TERRA (1997–1998), Las ortofotos del Programa de Regularización del Catastro y Registro (2005–2007), y El mosaico nacional de ortoimágenes del periodo 2014– 2017. Toda valoración institucional parte del estado actual verificado mediante inspección técnica en campo, en cumplimiento del decreto N.º 42760 sobre delimitación de ecosistemas de humedal. No obstante, se le solicita que aclare específicamente qué tipo de estudio retrospectivo requiere, en qué área geográfica concreta, y con qué propósito técnico, de manera que pueda remitirse a la instancia correspondiente si aplica.

 En cuanto al punto c), se le indica que, si usted afirma que existen humedales actualmente ocupados de manera irregular dentro del Sitio Ramsar 783, debe aportar dicha información de forma precisa, con coordenadas geográficas bajo el sistema CRTM05 a través del SITADA, para proceder con la verificación institucional correspondiente. Como se le ha reiterado en múltiples ocasiones, el Refugio Gandoca-Manzanillo es mixto y presenta una característica en su régimen de propiedad, en su mayoría de carácter privado, situación que ha sido difícil de comprender por su parte pese a las numerosas explicaciones brindadas.

 Para finalizar, la presente administración ha procedido a brindar respuesta de manera reiterada a algunas de las peticiones planteadas en el oficio AEL-00282-2025, se le recuerda lo resuelto por la Sala Constitucional en votos como el N°01747 – 1999 en relación con el ejercicio abusivo del derecho de petición (…)

 TERCERO: Que nuevamente se recibe nota del señor Levi Virgo AEL-00299-2025 de fecha 24 de julio de 2025, en cual realiza respuesta al oficio CARTA-SINACACLAC-DRFVS-PH-036-2025 y nuevamente solicita:

 “a) Un informe exhaustivo sobre ocupaciones por personas físicas y jurídicas, incluyendo fechas y permisos de uso del suelo otorgados por la Municipalidad de Talamanca.

 b) Un levantamiento fotográfico retrospectivo desde 1996 a la fecha.

 c) Los fundamentos fácticos y legales que han permitido la ocupación de terrenos en el Sitio Ramsar.”

 CUARTO: Que la solicitud fue atendida por el señor Javier Hernández Cole, en su calidad de Enlace del Programa de Humedales de ACLAC y Deiver Contreras Arguedas como funcionario del Programa de Prevención, Control y Protección, mediante el oficio CARTA-SINAC-ACLACDRFVS-PH-041-2025, de fecha 08 de agosto del 2025, el cual fue notificado al recurrente en debida forma. Que, en dicho oficio de respuesta, esta institución informó al recurrente:

 “Reciba un cordial saludo. En atención al oficio AEL00299-2025, mediante el cual se reitera una solicitud de información relacionada con el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo y el Dirección14975   , me permito indicarle lo siguiente: En primer lugar, es necesario referirse a su afirmación de que “resulta inaceptable que se nos remita a consultar plataformas electrónicas como el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) o SITADA…”. Al respecto, debe aclararse que dichas plataformas constituyen medios oficiales, legalmente habilitados para la consulta y obtención de información pública de carácter ambiental y territorial. En particular, el Decreto Ejecutivo N.º 37773-JP-HMINAE-MICITT, del 7 de mayo de 2013 (publicado en La Gaceta el 12 de julio de 2013), dispone expresamente en su artículo 1 la creación del SNIT como un sistema que “publicita y publica en forma integral la información territorial temática debidamente georreferenciada, estandarizada y compatibilizada”; y en su artículo 2 establece que dicho sistema tiene como propósito “publicar en forma integrada y georreferenciada la información territorial producida por entes y órganos públicos… en el marco de una infraestructura de datos común”. A su vez, la Ley N.º 10554, Ley Marco de Acceso a la Información Pública, en su artículo 8, faculta a los sujetos obligados a orientar a las personas administradas sobre cómo acceder a información ya disponible en medios electrónicos, sin que exista obligación de reproducir o entregar directamente datos que se encuentran públicamente accesibles mediante canales oficiales. En este contexto, remitir al administrado a consultar el SNIT o SITADA no solo es jurídicamente válido, sino que constituye una práctica institucional adecuada, alineada con el principio de uso de tecnologías de la información para garantizar la disponibilidad, accesibilidad y eficiencia en el acceso a la información pública (artículo 2, incisos m y k, de la Ley N.º 10554).

 Lamentamos que estas herramientas no estén siendo utilizadas por usted; sin embargo, corresponde señalar que son los mecanismos institucionales actualmente disponibles por parte del SINAC para asegurar un acceso ágil, transparente y actualizado a la información de carácter territorial. En relación con el punto 1 de su solicitud, referente a “un informe exhaustivo que detalle las ocupaciones por personas físicas y jurídicas, incluyendo fechas y permisos de uso del suelo otorgados por la Municipalidad de Talamanca”, es importante aclarar que la competencia para emitir y registrar los permisos de uso del suelo municipales corresponde exclusivamente a las municipalidades, conforme al marco jurídico vigente en materia de ordenamiento territorial, particularmente lo establecido en el Código Municipal y otras disposiciones complementarias. En ese sentido, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) no posee ni administra el registro de permisos municipales de uso del suelo, por lo que resulta imprescindible que cualquier consulta o solicitud relacionada con este tipo de autorizaciones sea dirigida directamente a la Municipalidad de Talamanca, como órgano competente en la materia. Reiteramos nuestra disposición para brindar información que esté dentro del ámbito de competencias del SINAC, conforme a la Ley Marco de Acceso a la Información Pública (Ley N.º 10554), pero en este caso específico, se trata de información cuya administración y custodia no recae sobre esta institución.

 Con relación a los puntos 2 y 3 de su solicitud, referidos al levantamiento fotográfico retrospectivo desde 1996 y a los supuestos fundamentos fácticos y legales que habrían permitido ocupaciones en el Dirección14975   , le indicamos que si su persona tiene conocimiento de una posible ocupación, invasión o alteración ambiental, puede interponer la respectiva denuncia por los canales oficiales establecidos, ya sea por escrito o mediante la plataforma SITADA, y con gusto será atendida por esta Área de Conservación. No obstante, lo expuesto en su nota se basa en afirmaciones generales, no verificables ni geográficamente localizadas, lo cual impide activar una actuación administrativa concreta. Una vez que se aporte información mínima esencial como coordenadas o una dirección precisa del sitio al que se refiere, el ACLAC procederá conforme a sus competencias legales y agradecemos sus sugerencias metodológicas, pero es importante señalar que, ante una denuncia formal debidamente sustentada, los profesionales institucionales aplicarán los procedimientos y herramientas técnicas vigentes, conforme a la ciencia, la normativa y los protocolos operativos oficiales.

 Finalmente, siendo que esta Área de Conservación ha respondido su solicitud de información conforme a lo establecido en la Ley Marco de Acceso a la Información Pública (Ley N.º 10554), y se le han reiterado los canales oficiales disponibles para la interposición de denuncias, así como la disposición de recibirlas por escrito en caso de limitaciones tecnológicas, se considera atendida y concluida la presente gestión. Es importante recordar que las denuncias ambientales no pueden fundamentarse en supuestos, apreciaciones generales o especulaciones, sino que deben incorporar elementos mínimos que permitan su verificación y atención, tales como una dirección exacta, coordenadas geográficas o al menos una fotografía clara que permita ubicar en tiempo y espacio lo que se señala. Solo con base en información concreta y verificable, el ACLAC podrá actuar dentro del marco de sus competencias legales y técnicas.” Que el Sitio Ramsar 783, correspondiente al Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, se encuentra bajo la jurisdicción territorial del Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC), y cuenta con personal designado para su gestión. La denominación RAMSAR no es una categoría de manejo como si lo es un refugio nacional de vida silvestre mixto, ambos con el nombre de Gandoca Manzanillo. Es ese sentido es importante aclarar que la designación de un sitio Ramsar no impone restricciones, sino que refleja el compromiso del Estado con la conservación y el uso sostenible de los humedales. La Convención Ramsar promueve un aprovechamiento que permita actividades humanas compatibles con la protección ecológica y la continuidad de los servicios ecosistémicos para las generaciones presentes y futuras. En todo caso, la identificación de actividades en contra del ambiente o bien la ocupación de áreas patrimonio natural del Estado dentro del sitio Ramsar, serán motivo de acciones administrativas y denuncia formal ante el Ministerio Público (…)”

Por todo lo anterior, este Tribunal Constitucional considera que el recuso debe desestimarse, por cuanto no se encuentran acciones que hayan vulnerado los derechos fundamentales del recurrente.

V.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Debe prevenir esta Sala a las partes que, de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo de 30 días hábiles después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión N°27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial N°19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N°43-12 celebrada el 03 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara sin lugar el recurso.

 

 

	

Nombre137  V.

Presidente

	

 




Nombre9290  .

	

 

	

Jorge Araya G.




Ingrid Hess H.

	

 

	

Nombre151  N.




Nombre29921   A.

	

 

	

Alexandra Alvarado P.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 UOUPB439PW9K61

EXPEDIENTE N° 25-024124-0007-CO

 

Teléfonos: Telf46 /  (). Fax: Telf47 / Telf48. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección12 , Dirección13 , 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:21:01.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

WHEREAS:

1.- By document added to the digital case file of the Chamber at 17:43 hours on 12 August 2025, the petitioner files an amparo action against the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC) and states that by official letter AEL-00299-2025, she requested from Mr. Javier Hernández Cole, in his capacity as Liaison for the ACLAC Wetlands Program, specific and detailed information, as follows: "(...) Regarding Dirección5950, , we reiterate the need for the detailed information requested in official letter AEL-00282-2025, specifically: 1. An exhaustive report detailing the occupations by natural and legal persons, including dates and land-use permits granted by the Municipality of Talamanca. 2. A retrospective photographic survey from 1996 to the present date, documenting the occupation process, possible invasions, and the drainage of wetlands within the protected site. 3. The factual and legal grounds that have allowed the occupation of lands included in the Ramsar Convention. The response provided in the cited official letter does not specifically address these points and instead transfers the responsibility to the applicant to provide evidence or file additional complaints, which contravenes the principle of access to public information. Furthermore, the mention that the Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge is of a mixed nature does not exempt the administration from accrediting the legitimacy of private occupations, especially considering that the site is protected by an international agreement such as the Ramsar Convention. Likewise, it is necessary to remember that the guiding principles of environmental law, such as the precautionary principle, the preventive principle, and in dubio pro natura, oblige the administration to act proactively to prevent damage to fragile ecosystems such as the wetlands of Ramsar Site 783. Directive 09-2023, signed by Dr. Franz Tattenbach Capra, and the attempts to disregard the technical report for the characterization and delimitation of wetlands have inexcusably allowed invasion and real estate development in these protected areas, contravening said principles. Subsequent coercion is not valid in the field of environmental law, and the administration must guarantee compliance with its protection obligations. Asociación De Desarrollo Para La Ecología 3 Therefore, and in exercise of my constitutional right of access to information, I respectfully demand that the information requested in official letter AEL-00282-2025 be delivered to me, as it was presented, given that it is public information that presents no complexity whatsoever for its delivery. Additionally, I request that it be clarified why effective measures have not been taken to prevent irregular occupations in Dirección14770, considering its ecological relevance and Costa Rica's international obligations. I thank you in advance for your attention to this request and await a prompt and complete response, in accordance with the deadlines established by current regulations. (...)". That by means of CARTA-SINAC-ACLAC-DRFVS-PH-041-2025, Mr. Hernández Cole merely referred her to electronic platforms such as the National Territorial Information System (Sistema Nacional de Información Territorial, SNIT) and SITADA, alleging that these are the official means for consulting public information. Specifically, in said official letter, the following was indicated: "(...) Firstly, it is necessary to address your assertion that 'it is unacceptable that we be referred to consult electronic platforms such as the National Territorial Information System (SNIT) or SITADA...'. In this regard, it must be clarified that said platforms constitute official, legally enabled means for the consultation and obtaining of public information of an environmental and territorial nature. In particular, Executive Decree No. 37773-JPH-MINAE-MICITT, of 7 May 2013 (published in La Gaceta on 12 July 2013), expressly provides in its article 1 for the creation of the SNIT as a system that 'publicizes and publishes in an integral manner thematic territorial information duly georeferenced, standardized, and made compatible'; and in its article 2 establishes that said system has the purpose of 'publishing in an integrated and georeferenced manner the territorial information produced by public entities and bodies... within the framework of a common data infrastructure'. In turn, Law No. 10554, the Framework Law on Access to Public Information, in its article 8, empowers the obligated subjects to guide the administered persons on how to access information already available in electronic media, without there being an obligation to reproduce or directly deliver data that are publicly accessible through official channels. In this context, referring the administered party to consult the SNIT or SITADA is not only legally valid, but it constitutes an appropriate institutional practice, aligned with the principle of using information technologies to guarantee availability, accessibility, and efficiency in access to public information (article 2, subsections m and k, of Law No. 10554). We regret that these tools are not being used by you; however, it should be noted that these are the institutional mechanisms currently available through SINAC to ensure agile, transparent, and updated access to territorial information. In relation to point 1 of your request, referring to 'an exhaustive report detailing the occupations by natural and legal persons, including dates and land-use permits granted by the Municipality of Talamanca', it is important to clarify that the competence to issue and register municipal land-use permits corresponds exclusively to the municipalities, in accordance with the current legal framework on territorial planning, particularly the provisions established in the Municipal Code and other complementary provisions. In this sense, the National System of Conservation Areas (SINAC) neither possesses nor administers the registry of municipal land-use permits, so it is essential that any consultation or request related to this type of authorization be directed directly to the Municipality of Talamanca, as the competent body in the matter. We reiterate our willingness to provide information that falls within the scope of SINAC's competencies, in accordance with the Framework Law on Access to Public Information (Law No. 10554), but in this specific case, it concerns information whose administration and custody does not fall upon this institution. With regard to points 2 and 3 of your request, referring to the retrospective photographic survey from 1996 and the alleged factual and legal grounds that would have permitted occupations in Dirección14975, we indicate that if you have knowledge of a possible occupation, invasion, or environmental alteration, you may file the respective complaint through the established official channels, either in writing or through the SITADA platform, and it will gladly be addressed by this Conservation Area. However, what is set forth in your note is based on general assertions, not verifiable or geographically located, which prevents the activation of a concrete administrative action. Once essential minimum information such as coordinates or a precise address of the site you are referring to is provided, the ACLAC will proceed in accordance with its legal and technical competencies. We appreciate your methodological suggestions, but it is important to point out that, upon a duly supported formal complaint, the institutional professionals will apply the current procedures and technical tools, in accordance with science, regulations, and official operational protocols. Finally, since this Conservation Area has responded to your request for information in accordance with the provisions established in the Framework Law on Access to Public Information (Law No. 10554), and the official channels available for filing complaints have been reiterated to you, as well as the willingness to receive them in writing in the event of technological limitations, this procedure is considered addressed and concluded. It is important to remember that environmental complaints cannot be based on assumptions, general assessments, or speculation, but must incorporate minimum elements that allow their verification and attention, such as an exact address, geographic coordinates, or at least a clear photograph that allows the location in time and space of what is being pointed out. Only based on concrete and verifiable information will the ACLAC be able to act within the framework of its legal and technical competencies. (...)". She claims that the requested information is not being provided to her, "(...) hiding behind administrative formalities and the alleged lack of competence of SINAC to register municipal permits. Moreover, it conditions any action on my providing specific coordinates or formal complaints, ignoring that my request precisely seeks to obtain data to support said complaints. (...) The referral to platforms such as SNIT and SITADA is unacceptable, since these tools present accessibility problems, incomplete data, and, according to my experience, are susceptible to manipulation by officials of the Ministry of Environment and Energy (MINAE) and the National System of Conservation Areas (SINAC). This contravenes reiterated resolutions of this Constitutional Chamber, which have ordered public authorities to provide direct, clear, and verifiable information, without referring citizens to electronic platforms of dubious reliability. 4. Omission of field inspections: As Liaison for the Wetlands Program, Mr. Hernández Cole has the obligation to carry out field inspections to identify illegal occupations in Dirección14975, in accordance with SINAC's competencies as an environmental police authority (Law No. 7778, article 98). His refusal to provide a report based on said inspections constitutes an administrative inertia that puts the integrity of this protected site at risk, in violation of the precautionary principle. (...)". She considers her fundamental rights injured.

2.- By means of the Presidency resolution at 15:39 hours on 19 August 2025, these proceedings were processed and a hearing was granted to the Executive Director of the National System of Conservation Areas, regarding the facts alleged by the petitioner.

3.- David Chavarría Morales, in his capacity as Executive Director of the National System of Conservation Areas, reports under oath that:

"(...) The matter concerns an apparent breach of access to information, in relation to the request made through official letter AEL-00282-2025 related to the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge, a mixed category, and Ramsar Site No. 783, specifically regarding alleged irregular occupations, legal grounds for occupation of the territory, and retrospective photographic surveys since 1996.

Indeed, through official letter CARTA-SINAC-ACLAC-DRFVS-PH-036-2025, dated 24 July 2025, a response was provided to the petitioner, which in summary indicated: The consulted site is located within Ramsar Site 783 and incorporated into the State Natural Heritage in the Maritime Terrestrial Zone; regarding occupations, a formal complaint is required through SITADA with CRTM05 coordinates to proceed technically; the mixed nature of the refuge: state and legitimately private properties coexist; Municipal competence: land-use permits correspond to the Municipality of Talamanca; and technical limitations: SINAC does not have the capacity for detailed retrospective studies dating back to 1996, which was notified on the same date to the designated means for that purpose. That through official letter AEL-00299-2025, the petitioner reiterates a request for information related to the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge and Dirección14975, to which a response was provided through official letter ACLAC-DRFVS-PH-041-2025 dated 08 August 2025; the petitioner's request is addressed and was notified on the same date to the designated means for that purpose.

By reason of the foregoing, a detailed report was requested from the La Amistad Caribe Conservation Area, which was submitted through official letter CARTA-SINACACLAP-DR-GMRN-0041-2025 dated 04 August 2025, signed by Mr. Javier Hernández Cole, Wetlands Program Liaison, who stated the following in the pertinent parts:

"FIRST: That the procedure initiated by Mr. Nombre120993 begins with note AEL-00282-2025, received on 10 July 2025, in which Mr. Nombre120993 requested the following information from the Wetlands Program of the La Amistad Caribe Conservation Area (ACLAC):

'1. Specific clarification on whether the area evaluated in Technical Report SINAC-ACLAC-DRFVS-PH-028-2025 corresponds to Ramsar Site 783, Gandoca Manzanillo. If so, I require a reasoned explanation as to why said territory does not form part of the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado, PNE), considering that it is protected by a current international convention.

2. Exhaustive report detailing:

a. The occupation of Ramsar Site 783, specifying the natural and legal persons involved, the dates of occupation, and the land-use permits granted by the Municipality of Talamanca.

b. A retrospective photographic survey from 1996 to the present date, to document the occupation process, possible invasions, and the drainage of wetlands within the protected site.

c. The factual and legal grounds that have mediated in the occupation of the land included in the Ramsar Convention by our country.'

Regarding the aforementioned facts, SINAC carried out the following administrative actions:

SECOND: That officials Deiver Contreras Arguedas and Javier Hernández Cole issued official letter CARTASINAC-ACLAC-DRFVS-PH-036-2025 dated 24 July 2025, in response to note AEL-00282-2025 dated 10 July 2025, in which it was indicated:

'Dear Sir, in response to official letter AEL-00282-2025, the following is set forth: 1. Specific clarification on whether the area evaluated in Technical Report SINACACLAC-DRFVS-PH-028-2025 corresponds to Ramsar Site 783, Gandoca-Manzanillo. If so, I require a reasoned explanation as to why said territory does not form part of the State Natural Heritage (PNE), considering that it is protected by a current international convention.

R/ In accordance with official letter SINAC-SE-DE-0046-2025, the site in question and the inspected one (official letter AEL00278-2025 and CARTA-SINAC-ACLAC-DRFVS-PH028-2025) is located within the boundaries of Ramsar Site 783. Furthermore, said site is incorporated within the State Natural Heritage in the Maritime Terrestrial Zone of the Canton of Talamanca, according to certification SINAC-ACLAC-DRFVS-PNE-C014-2025.

2. Exhaustive report detailing:

a) The occupation of Ramsar Site 783, specifying the natural and legal persons involved, the dates of occupation, and the land-use permits granted by the Municipality of Talamanca.

b. A retrospective photographic survey from 1996 to the present date, to document the occupation process, possible invasions, and the drainage of wetlands within the protected site.

c. The factual and legal grounds that have mediated in the occupation of the land included in the Ramsar Convention by our country.

Regarding point a), you are informed that the alleged, apparently illegal occupations to which you refer must be formally denounced through the official SITADA platform of MINAE, including for this purpose exact geographic coordinates in the CRTM05 system, as has been communicated to you in multiple previous official letters. This is the valid institutional channel for providing technical processing and follow-up to possible impacts. Additionally, you are reminded that the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge is of a mixed nature, composed of both state-owned and privately owned properties. Wetland and forest ecosystems coexist in both scenarios, which are protected by national environmental legislation, regardless of the type of tenure. The foregoing does not automatically imply that all land use within the area constitutes an irregular occupation, as suggested in your inquiry, especially if objective evidence is not provided to support such assertions (...)."

4.- The legal requirements have been observed in the proceedings.

Drafted by Judge Alvarado Paniagua; and,

I.- PURPOSE OF THE ACTION. The petitioner alleges that, through official letter AEL-00299-2025, she requested information of interest from the ACLAC Wetlands Program Liaison and that, through CARTA-SINAC-ACLAC-DRFVS-PH-041-2025, they merely responded by referring her to electronic platforms such as the National Territorial Information System (SNIT) and SITADA, alleging that these are the official means for consulting public information. Based on the foregoing, she considers that the requested information is not being provided to her.

II.- PROVEN FACTS. The following facts, which are important for the resolution of this matter, are deemed duly proven:

1. Through official letter AEL-00299-2025, on 24 July 2025, the petitioner requested the following from the Liaison of the National Wetlands Program, La Amistad Caribe Conservation Area, National System of Conservation Areas (SINAC): "(...) I appreciate the response provided through official letter CARTA-SINACACLAC-DRFVS-PH-036-2025, dated 24 July 2025, in response to my request submitted through official letter AEL-00282-2025 of 10 July 2025. However, I must state that the information provided does not fully satisfy what was requested, and I therefore reiterate my initial petition, in order to guarantee the constitutional right of access to public information, in accordance with the Framework Law on Access to Public Information and the guiding principles of environmental law. The effort we are undertaking from the Asociación de Desarrollo para la Ecología is framed within the defense of environmental human rights, not only for the current community but also for future generations. In this context, it is imperative to have clear, truthful, and complete information, as has been repeatedly ordered by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice. Therefore, it is unacceptable that we be referred to consult electronic platforms such as the National Territorial Information System (SNIT) or SITADA, when it is an unavoidable duty of the public administration to provide the requested information directly and in accordance with what was required, as established in article 30 of the Political Constitution and constitutional jurisprudence, including Voto No. 01747-1999. In relation to Ramsar Site 783, Gandoca-Manzanillo, we reiterate the need for the detailed information requested in official letter AEL-00282-2025, specifically: 1. An exhaustive report detailing the occupations by natural and legal persons, including dates and land-use permits granted by the Municipality of Talamanca. 2. A retrospective photographic survey from 1996 to the present date, documenting the occupation process, possible invasions, and the drainage of wetlands within the protected site. 3. The factual and legal grounds that have allowed the occupation of lands included in the Ramsar Convention. The response provided in the cited official letter does not specifically address these points and instead transfers the responsibility to the applicant to provide evidence or file additional complaints, which contravenes the principle of access to public information. Furthermore, the mention that the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge is of a mixed nature does not exempt the administration from accrediting the legitimacy of private occupations, especially considering that the site is protected by an international agreement such as the Ramsar Convention. Likewise, it is necessary to remember that the guiding principles of environmental law, such as the precautionary principle, the preventive principle, and in dubio pro natura, oblige the administration to act proactively to prevent damage to fragile ecosystems such as the wetlands of Ramsar Site 783. Directive 09-2023, signed by Dr. Franz Tattenbach Capra, and the attempts to disregard the technical report for the characterization and delimitation of wetlands have inexcusably allowed invasion and real estate development in these protected areas, contravening said principles. Subsequent coercion is not valid in the field of environmental law, and the administration must guarantee compliance with its protection obligations (see evidence provided by the petitioner).

2. On 08 August 2025, with official letter CARTA-SINAC-ACLAC-DRFVS-PH-036-2025, a response was given to the petitioner as follows: "(...) Receive a cordial greeting. In response to official letter AEL-00299-2025, through which a request for information related to the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge and Dirección14975 is reiterated, I would like to indicate the following: Firstly, it is necessary to address your assertion that 'it is unacceptable that we be referred to consult electronic platforms such as the National Territorial Information System (SNIT) or SITADA...'. In this regard, it must be clarified that said platforms constitute official, legally enabled means for the consultation and obtaining of public information of an environmental and territorial nature. In particular, Executive Decree No. 37773-JP-H-MINAE-MICITT, of 7 May 2013 (published in La Gaceta on 12 July 2013), expressly provides in its article 1 for the creation of the SNIT as a system that 'publicizes and publishes in an integral manner thematic territorial information duly georeferenced, standardized, and made compatible'; and in its article 2 establishes that said system has the purpose of 'publishing in an integrated and georeferenced manner the territorial information produced by public entities and bodies... within the framework of a common data infrastructure'. In turn, Law No. 10554, the Framework Law on Access to Public Information, in its article 8, empowers the obligated subjects to guide the administered persons on how to access information already available in electronic media, without there being an obligation to reproduce or directly deliver data that are publicly accessible through official channels. In this context, referring the administered party to consult the SNIT or SITADA is not only legally valid, but it constitutes an appropriate institutional practice, aligned with the principle of using information technologies to guarantee availability, accessibility, and efficiency in access to public information (article 2, subsections m and k, of Law No. 10554). We regret that these tools are not being used by you; however, it should be noted that these are the institutional mechanisms currently available through SINAC to ensure agile, transparent, and updated access to territorial information. In relation to point 1 of your request, referring to 'an exhaustive report detailing the occupations by natural and legal persons, including dates and land-use permits granted by the Municipality of Talamanca', it is important to clarify that the competence to issue and register municipal land-use permits corresponds exclusively to the municipalities, in accordance with the current legal framework on territorial planning, particularly the provisions established in the Municipal Code and other complementary provisions. In this sense, the National System of Conservation Areas (SINAC) neither possesses nor administers the registry of municipal land-use permits, so it is essential that any consultation or request related to this type of authorization be directed directly to the Municipality of Talamanca, as the competent body in the matter. We reiterate our willingness to provide information that falls within the scope of SINAC's competencies, in accordance with the Framework Law on Access to Public Information (Law No. 10554), but in this specific case, it concerns information whose administration and custody does not fall upon this institution. With regard to points 2 and 3 of your request, referring to the retrospective photographic survey from 1996 and the alleged factual and legal grounds that would have permitted occupations in Dirección14975, we indicate that if you have knowledge of a possible occupation, invasion, or environmental alteration, you may file the respective complaint through the established official channels, either in writing or through the SITADA platform, and it will gladly be addressed by this Conservation Area. However, what is set forth in your note is based on general assertions, not verifiable or geographically located, which prevents the activation of a concrete administrative action. Once essential minimum information such as coordinates or a precise address of the site you are referring to is provided, the ACLAC will proceed in accordance with its legal and technical competencies. We appreciate your methodological suggestions, but it is important to point out that, upon a duly supported formal complaint, the institutional professionals will apply the current procedures and technical tools, in accordance with science, regulations, and official operational protocols. Finally, since this Conservation Area has responded to your request for information in accordance with the provisions established in the Framework Law on Access to Public Information (Law No. 10554), and the official channels available for filing complaints have been reiterated to you, as well as the willingness to receive them in writing in the event of technological limitations, this procedure is considered addressed and concluded. It is important to remember that environmental complaints cannot be based on assumptions, general assessments, or speculation, but must incorporate minimum elements that allow their verification and attention, such as an exact address, geographic coordinates, or at least a clear photograph that allows the location in time and space of what is being pointed out. Only based on concrete and verifiable information will the ACLAC be able to act within the framework of its legal and technical competencies (...)" (see rendered report and evidence provided).

3. The resolution at 15:39 hours on 19 August 2025, which processes this action, was notified to the respondent authority on 20 August 2025 (see notification record).

III.- REGARDING THE RIGHTS OF INFORMATION, PETITION, AND PROMPT RESPONSE. This Tribunal has indicated that the right of petition and prompt response encompasses a dual aspect, since it implies not only the right held by every citizen to address any official or official entity, in order to present a matter of interest, or to request certain information, but also obliges the Administration to receive and respond to the same within a period of ten days, in accordance with article 27 of the Political Constitution and numeral 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction. Therefore, it must issue a timely response, without denial of any kind, except for the exception that it cannot fulfill the request within the aforementioned period, in which case, it must communicate the impossibility of resolving it and set a reasonable period within which it will attend to the request. For its part, article 30 of the Political Constitution enshrines the right of individuals to access information of public interest held by the authorities and - consequently - the duty of the latter to deliver said information immediately if what is requested is available, all of the foregoing without prejudice to the existence of possible exceptions in which the information must be withheld in consideration of the protection of relevant rights and interests, formally recognized.

IV.- ON THE MERITS.

In the matter under review, the appellant indicates that he submitted an information request to the Wetlands Program Liaison of ACLAC, but states that the response received does not satisfy what was requested.

In this regard, the respondent authority, in its report rendered under oath—with timely warning of the consequences, including criminal ones, set forth in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction—states that according to official communication AEL-00282-2025, the protected party submitted the information request, which was answered via CARTA-SINAC-ACLAC-DRFVS-PH-036-2025, by which a response was provided to the petitioner and he was explained, in summary, the following: “The consulted site is located within Ramsar Site 783 and incorporated into the Natural Heritage of the State in the Maritime-Terrestrial Zone, regarding occupations, a formal complaint is required through SITADA with CRTM05 coordinates to proceed technically, mixed character of the refuge: State and legitimate private properties coexist Municipal competence, land-use permits correspond to the Municipality of Talamanca and technical limitations: SINAC does not have the capacity for detailed retrospective studies from 1996, which was notified on the same date to the address indicated for that purpose.”

It adds that, according to official communication AEL-00299-2025, the petitioner reiterated the information request and that according to official communication ACLAC-DRFVS-PH-041-2025 dated August 8, 2025, the appellant’s request was once again addressed, which was notified to the applicant on the same date.

Having analyzed the factual framework presented, as well as the evidence in the record, this Court considers that no violation of the fundamental rights of the appellant has occurred. As can be seen from the list of proven facts, it was prior to the filing of this amparo appeal, and within the legal deadline established in the Law governing this jurisdiction, that the respondent authority addressed the protected party’s petition. Additionally, it is verified that what the appellant presents with the amparo appeal is a disagreement with the response received from the respondent authority, since, according to what was reported, the petitioner feels dissatisfied with what was provided, despite having been explicitly told that:

“(…) “Dear Sir, in response to official communication AEL-00282-2025, the following is stated:

1. Specific clarification on whether the area evaluated in Technical Report SINACACLAC-DRFVS-PH-028-2025 corresponds to Ramsar Site 783, Gandoca-Manzanillo. In the affirmative case, I require a reasoned explanation as to why said territory is not part of the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado, PNE), considering that it is protected by a valid international convention.

R/ According to official communication SINAC-SE-DE-0046-2025, the site under consultation and the one inspected (official communication AEL00278-2025 and CARTA-SINAC-ACLAC-DRFVS-PH028-2025) is located within the limits of Ramsar site 783. Furthermore, said site is incorporated within the Natural Heritage of the State in the Maritime-Terrestrial Zone of the Canton of Talamanca, according to certification SINAC-ACLAC-DRFVS-PNE-C014-2025.

2. An exhaustive report detailing:

a) The occupation of Ramsar Site 783, specifying the natural and legal persons involved, the dates of occupation, and the land-use permits granted by the Municipality of Talamanca.

b. A retrospective photographic survey from 1996 to the present date, allowing the documentation of the occupation process, possible invasions, and the drainage of wetlands within the protected site.

c. The factual and legal grounds that have mediated the occupation of the land included in the Ramsar Convention by our country. Regarding point a), you are advised that the allegedly illegal occupations to which you refer must be formally reported through the official MINAE SITADA platform, including exact geographic coordinates in the CRTM05 system, as has been communicated to you in multiple previous official communications. This is the valid institutional channel for providing technical processing and follow-up on potential impacts.

Additionally, you are reminded that the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge (Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo) is of a mixed character, composed of both state-owned and privately-owned properties. In both scenarios, wetland and forest ecosystems coexist, which are protected by national environmental legislation, regardless of the type of tenure. The foregoing does not automatically imply that all land use within the area constitutes an irregular occupation, as suggested in your inquiry, especially if no objective evidence is provided to support such claims.

On the other hand, you yourself state that the Municipality of Talamanca has granted land-use permits in the area; therefore, it is that institution’s responsibility to provide the specific information related to such authorizations. SINAC neither issues nor administers such land-use permits.

Finally, you are reminded that the cadastral mosaic of the Real Estate Registry can be freely consulted through the viewer of the National Territorial Information System (Sistema Nacional de Información Territorial, SNIT), where you will find public information on private properties located within the Refuge.

Regarding point b), it is reiterated that SINAC does not have systems, tools, or specialized personnel to generate detailed retrospective studies year by year from 1996 to the present date. According to Article 7 of Executive Decree No. 42760-MINAE, the valid inputs for this type of analysis come from the National Geographic Institute (Instituto Geográfico Nacional), through its official historical layers, available in the National Territorial Information System (Sistema Nacional de Información Territorial, SNIT), including: The TERRA Aerophotographic Project (1997–1998), The orthophotos from the Cadastre and Registry Regularization Program (2005–2007), and The national mosaic of orthoimages from the period 2014–2017. Any institutional assessment is based on the current status verified through a technical field inspection, in compliance with Decree No. 42760 on the delimitation of wetland ecosystems. Nevertheless, you are requested to specifically clarify what type of retrospective study you require, in which specific geographical area, and for what technical purpose, so that it may be referred to the corresponding authority if applicable.

Regarding point c), you are advised that if you claim there are wetlands currently irregularly occupied within Ramsar Site 783, you must provide this information precisely, with geographic coordinates under the CRTM05 system through SITADA, in order to proceed with the corresponding institutional verification. As has been reiterated to you on multiple occasions, the Gandoca-Manzanillo Refuge is mixed and presents a characteristic in its ownership regime, mostly private in nature, a situation that has been difficult for you to understand despite the numerous explanations provided.

To conclude, this administration has repeatedly responded to some of the requests made in official communication AEL-00282-2025; you are reminded of what was resolved by the Constitutional Chamber in rulings such as No. 01747 – 1999 regarding the abusive exercise of the right to petition (…)

THIRD: That a note from Mr. Levi Virgo, AEL-00299-2025 dated July 24, 2025, is again received, in which he responds to official communication CARTA-SINACACLAC-DRFVS-PH-036-2025 and again requests:

“a) An exhaustive report on occupations by natural and legal persons, including dates and land-use permits granted by the Municipality of Talamanca.

b) A retrospective photographic survey from 1996 to date.

c) The factual and legal grounds that have allowed the occupation of lands in the Ramsar Site.”

FOURTH: That the request was addressed by Mr. Javier Hernández Cole, in his capacity as Wetlands Program Liaison of ACLAC, and Deiver Contreras Arguedas, as an official of the Prevention, Control, and Protection Program, through official communication CARTA-SINAC-ACLACDRFVS-PH-041-2025, dated August 8, 2025, which was duly notified to the appellant. That in said response communication, this institution informed the appellant:

“Receive a cordial greeting. In response to official communication AEL00299-2025, through which a request for information related to the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge (Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo) and Address14975 is reiterated, I would like to state the following: Firstly, it is necessary to address your assertion that ‘it is unacceptable to be referred to consult electronic platforms such as the National Territorial Information System (Sistema Nacional de Información Territorial, SNIT) or SITADA…’. In this regard, it must be clarified that these platforms constitute official means, legally enabled for the consultation and acquisition of public environmental and territorial information. Specifically, Executive Decree No. 37773-JP-HMINAE-MICITT, of May 7, 2013 (published in La Gaceta on July 12, 2013), expressly establishes in its Article 1 the creation of the SNIT as a system that ‘publicizes and publishes in an integrated manner duly georeferenced, standardized, and compatibilized thematic territorial information’; and in its Article 2 establishes that said system’s purpose is to ‘publish in an integrated and georeferenced manner the territorial information produced by public entities and bodies… within the framework of a common data infrastructure’. In turn, Law No. 10554, Framework Law on Access to Public Information, in its Article 8, empowers obligated subjects to guide administered persons on how to access information already available in electronic means, without there being an obligation to reproduce or directly deliver data that is publicly accessible through official channels. In this context, referring the administered person to consult the SNIT or SITADA is not only legally valid but also constitutes an adequate institutional practice, aligned with the principle of using information technologies to guarantee availability, accessibility, and efficiency in accessing public information (Article 2, subsections m and k, of Law No. 10554).

We regret that you are not using these tools; however, it must be noted that they are the institutional mechanisms currently available by SINAC to ensure agile, transparent, and updated access to territorial information. In relation to point 1 of your request, concerning ‘an exhaustive report detailing the occupations by natural and legal persons, including dates and land-use permits granted by the Municipality of Talamanca’, it is important to clarify that the competence to issue and record municipal land-use permits corresponds exclusively to the municipalities, in accordance with the legal framework in force regarding territorial planning, particularly the provisions of the Municipal Code and other complementary regulations. In this sense, the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC) neither possesses nor administers the registry of municipal land-use permits; therefore, it is essential that any inquiry or request related to this type of authorization be directed directly to the Municipality of Talamanca, as the competent body in this matter. We reiterate our willingness to provide information that falls within the scope of SINAC’s competencies, in accordance with the Framework Law on Access to Public Information (Law No. 10554), but in this specific case, it is information whose administration and custody does not fall upon this institution.

In relation to points 2 and 3 of your request, referring to the retrospective photographic survey from 1996 and the supposed factual and legal grounds that would have permitted occupations in Address14975, we advise you that if you are aware of a possible occupation, invasion, or environmental alteration, you may file the respective complaint through the established official channels, either in writing or through the SITADA platform, and it will be gladly addressed by this Conservation Area. However, what is stated in your note is based on general, unverifiable, and not geographically located statements, which prevents the activation of a concrete administrative action. Once essential minimum information is provided, such as coordinates or a precise address of the site to which you refer, the ACLAC will proceed in accordance with its legal competencies, and we appreciate your methodological suggestions, but it is important to note that, upon receiving a formal, duly supported complaint, institutional professionals will apply the current procedures and technical tools, in accordance with science, regulations, and official operational protocols.

Finally, given that this Conservation Area has responded to your information request in accordance with the Framework Law on Access to Public Information (Law No. 10554), and the available official channels for filing complaints have been reiterated to you, as well as the willingness to receive them in writing in case of technological limitations, this request is considered addressed and concluded. It is important to remember that environmental complaints cannot be based on assumptions, general impressions, or speculations, but must include minimum elements allowing their verification and attention, such as an exact address, geographic coordinates, or at least a clear photograph allowing the location in time and space of what is indicated. Only based on concrete and verifiable information can the ACLAC act within the framework of its legal and technical competencies.” That Ramsar Site 783, corresponding to the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge (Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo), is under the territorial jurisdiction of the La Amistad Caribe Conservation Area (Área de Conservación La Amistad Caribe, ACLAC), and has designated personnel for its management. The RAMSAR designation is not a management category like a mixed national wildlife refuge is, both bearing the name Gandoca Manzanillo. In this sense, it is important to clarify that the designation of a Ramsar site does not impose restrictions but rather reflects the State’s commitment to the conservation and sustainable use of wetlands. The Ramsar Convention promotes an use that allows human activities compatible with ecological protection and the continuity of ecosystem services for present and future generations. In any case, the identification of activities against the environment or the occupation of state-owned natural heritage areas within the Ramsar site will be grounds for administrative actions and formal complaint before the Public Prosecutor’s Office (Ministerio Público) (…)

For all the foregoing reasons, this Constitutional Court considers that the appeal must be dismissed, as no actions that have violated the fundamental rights of the appellant are found.

V.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. This Chamber must warn the parties that, if any paper documents, as well as objects or evidence supported by any additional device, or by electronic, computer, magnetic, optical, telematic means or produced by new technologies have been provided, these must be withdrawn from the office within a period of 30 business days after receiving notification of this judgment; otherwise, all of it will be destroyed in accordance with the provisions of the “Regulation on the Electronic Case File before the Judicial Branch” (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 03, 2012, Article LXXXI.

THEREFORE:

The appeal is dismissed without merit.

 

	

Name137 V.

President

	

 





Name9290 .

	

	

Jorge Araya G.




Ingrid Hess H.

	

	

Name151 N.




Name29921 A.

	

	

Alexandra Alvarado P.

 

 

Digitally Signed Document

-- Verification code --

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 UOUPB439PW9K61

CASE FILE No. 25-024124-0007-CO

 

Telephones: Telf46 / (). Fax: Telf47 / Telf48. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección12, Dirección13, 100 meters south of the Perpetuo Socorro church).

 

 

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 11:21:01.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República