Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)En el Derecho ambiental se ha dado un planteamiento distinto a la responsabilidad, de tal suerte que se ha evolucionado de un sistema de responsabilidad por culpa a uno de responsabilidad por riesgo, lo que significa una mayor cobertura, pues dicha responsabilidad surgiría aún cuando no medie culpa del transgresor, si la actividad por éste desempeñada se estima riesgosa y, no obstante, asume ese riesgo, con una consecuencia dañosa para el ambiente. Se trata de un nuevo concepto de responsabilidad, donde lo que priva es el criterio objetivo sobre el subjetivo, puesto que para su surgimiento, es irrelevante si se actuó o no con culpa; basta con que el daño haya sido efectivamente ocasionado, para que de inmediato surja la consecuente responsabilidad.
habíéndose determinado que existe responsabilidad por parte de la empresa demandada como sucede en el caso de marras, proceso en el cual como ya se indicó, esta empresa sí estuvo representada por el recurrente y tuvo oportunidad de defensa, la responsabilidad conexa que es la que establece el artículo 101 ya citado, -que le corresponde a los titulares de la empresa demandada-, es una responsabilidad objetiva, que no requiere demostrar culpa o negligencia del titular de la empresa para ser exigida, únicamente la derivada propiamente de la actuación de la empresa
English (translation)Environmental law has adopted a different approach to liability, evolving from a fault-based system to one of strict liability, which means broader coverage, since such liability arises even without fault on the part of the transgressor if the activity performed is considered risky and he nonetheless assumes that risk, with damaging consequences for the environment. It is a new concept of liability where the objective criterion prevails over the subjective, since for it to arise it is irrelevant whether one acted with or without fault; it is enough that the damage was actually caused for the consequent liability to immediately arise.
having determined that the defendant company is liable, as in the present case, a proceeding in which, as already indicated, the company was represented by the claimant and had the opportunity to defend itself, the related liability established by the aforementioned Article 101 — which corresponds to the owners of the defendant company — is strict liability, which does not require proof of fault or negligence on the part of the company owner to be enforced, only that derived from the company's own actions
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Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 01669 - 2000 Fecha de la Resolución: 18 de Febrero del 2000 a las 14:51 Expediente: 99-005688-0007-CO Redactado por: Ana Virginia Calzada Miranda Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencias Relacionadas Texto de la resolución Exp: 99-005688-0007-CO Res: 2000-01669 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas con cincuenta y un minutos del dieciocho de febrero del dos mil.- Recurso de amparo interpuesto por Nombre36963 , portador de la cédula de identidad número CED29526, contra el Tribunal Ambiental Administrativo del Ministerio de Ambiente y Energía. Resultando: 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 14:09 horas del 11 de agosto de 1999 (folio 1), el recurrente interpone recurso de amparo contra Tribunal Ambiental Administrativo del Ministerio del Ambiente y Energía y manifiesta que mediante resolución número 246-99-TAA, de las ocho horas del tres de agosto de este año, el Tribunal Ambiental Administrativo, le impuso una sanción con responsabilidad civil solidaria, en su calidad de representante de la empresa denominada "Constructora Zurquí, Sociedad Anónima", sin que haya formado parte del proceso y sin que de previo se le hubiere concedido oportunidad alguna de ejercer su derecho de defensa. Que la conducta arbitraria la invoca el Tribunal como fundamento en el artículo 101 de la Ley Orgánica del Ambiente, no obstante, esa norma no habilita para imponer responsabilidad civil solidaria sin citar y dar las audiencias correspondientes a los que ahí la ley llama a tener por corresponsables civiles. Estima que los hechos impugnados, violentan lo dispuesto en los artículos 39 y 41 de la Constitución Política, por lo que solicita se declare con lugar el recurso. 2.- Mario Leiva Vega, Hugo Quesada Rivas y Andrés Barrantes Rodríguez, en su condición de Presidente, Vicepresidente y Secretario, respectivamente, del Tribunal Ambiental Administrativo, rindieron su informe bajo juramento en los siguientes términos (folio 8): la Ley Orgánica del Ambiente, en su artículo 101 dispone que los titulares de las empresas que causen daños al ambiente, por acción u omisión, serán solidariamente responsables. Mediante resolución R-121-99-TA se citó a la empresa Constructora Zurquí, en la persona del recurrente, quien es su representante legal, de modo que no se necesita una doble imputación de cargos ni es necesario tampoco instruir dos procedimientos administrativo en forma independiente. Al ser el recurrente representante de la empresa denunciada, él tenía pleno conocimiento de los hechos que se le imputaban y de las acciones y daños que su empresa estaba causando al medio ambiente. Consideran que la resolución 246-99-TAA no es violatoria del principio del debido proceso, además de que en el procedimiento se confirió a la empresa audiencia y los recursos ordinarios contemplados por el artículo 111 de la Ley Orgánica del Ambiente y 346 de la Ley General de la Administración Pública. Agregan que el recurrente no puede alegar un desconocimiento tácito de la ley, ya que él participó en cada fase del procedimiento administrativo instruido por ese despacho. Agregan que la sanción de responsabilidad civil solidaria que se impuso al recurrente no es arbitraria, ya que está expresamente autorizada por la Ley Orgánica del Ambiente. Por lo anterior, solicitan que se declare sin lugar el recurso. 3.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales. Redacta la magistrada Calzada Miranda; y, Considerando: I.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos (sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial): a) Que en el Expediente número 30-98-TAA del Tribunal Ambiental Administrativo del Ministerio de Ambiente y Energía se siguió un procedimiento administrativo contra la empresa Constructora Zurquí S.A. por infracción a la Ley Orgánica del Ambiente. b) Que mediante resolución N° 121-98 del Tribunal Ambiental Administrativo se inició un procedimiento ordinario administrativo contra la empresa denominada Constructora Zurquí Sociedad Anónima (folio 459 del expediente administrativo), comunicando el inicio del procedimiento a Nombre36963 , en su condición de Apoderado de la empresa. c) Que en resolución 246-99-TAA del Tribunal Ambiental Administrativo se condenó tanto a la empresa Constructora Zurquí S.A. como a su representante legal por el daño ambiental producido con la explotación de la cantera y la alteración del cauce del Río Virilla (folio 522 del Tomo II del expediente administrativo). II.- Previo al análisis de fondo del presente recurso, debe señalarse que dentro de la problemática de la destrucción al medio ambiente, destaca como un punto de especial relevancia el tema de la responsabilidad por daño ambiental, al cual se le ha dado un trato diferente, tomando en consideración las características propias de la materia de que se trata. El Estado, para asegurarse de alguna manera el resarcimiento por los daños ocasionados al medio ambiente, ha creado una serie de normas en las que se regula lo referente a la responsabilidad ambiental, sin perder de vista, eso sí, el necesario equilibrio que ha de existir entre la protección del ambiente y el desarrollo de las actividades de los particulares. En el Derecho ambiental se ha dado un planteamiento distinto a la responsabilidad, de tal suerte que se ha evolucionado de un sistema de responsabilidad por culpa a uno de responsabilidad por riesgo, lo que significa una mayor cobertura, pues dicha responsabilidad surgiría aún cuando no medie culpa del transgresor, si la actividad por éste desempeñada se estima riesgosa y, no obstante, asume ese riesgo, con una consecuencia dañosa para el ambiente. Se trata de un nuevo concepto de responsabilidad, donde lo que priva es el criterio objetivo sobre el subjetivo, puesto que para su surgimiento, es irrelevante si se actuó o no con culpa; basta con que el daño haya sido efectivamente ocasionado, para que de inmediato surja la consecuente responsabilidad. Así las cosas, en muchas ocasiones no es posible determinar, ni al culpable, ni la norma legal infringida, pues en la mayoría de los casos el daño es producto de una omisión, pero ciertamente se perjudica a terceras personas o Estados, las o lo que necesariamente son objeto de indemización. La responsabilidad por daño ambiental, se asimila entonces a la responsabilidad por riesgo, lo que permite una mayor cobertura para establecer responsabilidades contra sujetos concretos, con el fin de remediar los daños ocasionados por sus explotaciones industriales o de otra clase. Esta responsabilidad objetiva, no toma en consideración la conducta del sujeto, pues lo que importa es el daño producido y, por ende, siempre será responsable el individuo, con independencia de cualquiera que haya sido su participación volitiva en el hecho. El punto radica más que todo en la creación de un riesgo, de donde se colige que el que con su actividad o su inactividad produce un daño o pone en riesgo la integridad de la ecología y del medio ambiente, ha de responder de él. La responsabilidad por daño ambiental es fundamentalmente resarcitoria, más que restitutiva, ya que en la mayoría de los casos el daño producido es ya irreparable y sólo resta exigir al causante un resarcimiento económico. Dentro de este contexto es que debe entenderse el contenido del artículo 101 de la Ley Orgánica del Ambiente, el cual reza: "Artículo 101.- Responsabilidad de los infractores Sin perjuicio de las responsabilidades de otra naturaleza que les puedan resultar como partícipes en cualquiera de sus formas, los causantes de las infracciones a la presente ley o a las que regulan la protección del ambiente y la diversidad biológica, sean personas físicas o jurídicas, serán civil y solidariamente responsables por los daños y perjuicios causados. Solidariamente también responderán los titulares de las empresas o las actividades donde se causen los daños, ya sea por acción o por omisión (...)" La Ley Orgánica del Ambiente, confiere además plenas facultades al Tribunal Ambiental Administrativo, para imponer sanciones por las infracciones a dicha Ley, previa interposición del procedimiento administrativo correspondiente. Es éste un órgano competente para dirigir un procedimiento cuya finalidad sea sentar responsabilidades específicas por el daño ocasionado al medio ambiente. Evidentemente, como cualquier procedimiento sancionatorio, es menester que se de amplia aplicación de los principios informantes de los derechos de defensa y debido proceso, de tal suerte que la empresa a quien se acusa de ocasionar el daño pueda probar que ella no ha sido la responsable. III.- Sobre el fondo. En el caso bajo examen, se observa que los requisitos esenciales para el cumplimiento del debido proceso se cumplieron, por cuanto en resolución número 121-98-TA de las 14:00 horas del 2 de junio de 1998 (visible a folio 459 del expediente administrativo, Tomo II), se confirió audiencia a la empresa Constructora Zurquí S.A., a través de su representante legal, quien es el mismo recurrente, para que se apersonara al proceso, indicándosele además expresamente los hechos denunciados y se le citó a una comparecencia oral y privada, para que compareciera personalmente y no por apoderado, con el fin de recibir los alegatos y pruebas de las partes. Así las cosas, estima la Sala que no se ha producido violación a los derechos de defensa y debido proceso protegidos por la Constitución Política, por cuanto como anteriormente se señaló en el considerando II, refiriéndonos al tipo de responsabilidad que se trata en el caso en cuestión, "… dicha responsabilidad surgiría aún cuando no medie culpa del transgresor si la actividad por éste desempeñada se estima riesgosa y, no obstante, asume ese riesgo, con una consecuencia dañosa para el ambiente…", lo que significa que habiéndose determinado que existe responsabilidad por parte de la empresa demandada como sucede en el caso de marras, proceso en el cual como ya se indicó, esta empresa sí estuvo representada por el recurrente y tuvo oportunidad de defensa, la responsabilidad conexa que es la que establece el artículo 101 ya citado, -que le corresponde a los titulares de la empresa demandada-, es una responsabilidad objetiva, que no requiere demostrar culpa o negligencia del titular de la empresa para ser exigida, únicamente la derivada propiamente de la actuación de la empresa, por lo que, teniendo en consideracióna demás que el recurrente fue el representante legal de la empresa y a la vez es el titular de la misma, no puede alegar desconocimiento del proceso ni de la aplicación de la ley como responsable de ésta, de la cual no pudo lograr que resultara absuelta. Importa destacar además, que en este asunto, en todas las etapas del procedimiento el amparado estuvo presente, con el patrocinio legal de su abogado, pudiendo incluso recurrir las resoluciones dictadas. Es decir, hizo valer en todo momento su derecho de defensa en un procedimiento en el que se respetaron todos los principios informantes del debido proceso, de tal suerte que no es aceptable para la Sala, el argumento de que por habérsele condenado solidariamente, se le colocó en un estado de indefensión. Por lo anterior, la Sala estima que el recurso debe ser declarado sin lugar. Por tanto: Se declara SIN LUGAR el recurso. R. E. Piza E. Presidente. Luis Fernando Solano C. Luis Paulino Mora M. Carlos Ml. Arguedas R. Ana Virginia Calzada M. Adrián Vargas B. Alejandro Batalla B. Proyecto: calzada Ruta: \\salas\sys\salacons\comun\scij\enviado\00-01669.doc Creado: 1/2/01 11:54 hrs – Ultima edición: 1/2/01 11:55 hrs Sala.dot versión: 5.1 Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 07-05-2026 06:47:08. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at fourteen hours and fifty-one minutes on the eighteenth of February of two thousand.- Amparo remedy filed by Nombre36963, holder of identity card number CED29526, against the Environmental Administrative Tribunal of the Ministry of Environment and Energy. Whereas: 1.- By brief received at the Secretariat of the Chamber at 14:09 hours on August 11, 1999 (folio 1), the petitioner files an amparo remedy against the Environmental Administrative Tribunal of the Ministry of Environment and Energy and states that by resolution number 246-99-TAA, of eight hours on August third of this year, the Environmental Administrative Tribunal imposed a sanction on him with joint and several civil liability (responsabilidad civil solidaria), in his capacity as representative of the company called "Constructora Zurquí, Sociedad Anónima", without him having been a party to the proceeding and without having previously been granted any opportunity to exercise his right of defense. That the arbitrary conduct is invoked by the Tribunal as a basis in Article 101 of the Organic Environmental Law, however, that provision does not empower the imposition of joint and several civil liability without summoning and granting the corresponding hearings to those whom the law there calls to be held as civilly co-responsible. He considers that the contested facts violate the provisions of Articles 39 and 41 of the Political Constitution, and therefore requests that the remedy be granted. 2.- Mario Leiva Vega, Hugo Quesada Rivas and Andrés Barrantes Rodríguez, in their capacity as President, Vice President and Secretary, respectively, of the Environmental Administrative Tribunal, submitted their report under oath in the following terms (folio 8): the Organic Environmental Law, in its Article 101, provides that the owners of companies that cause damage to the environment, by action or omission, shall be jointly and severally liable. By resolution R-121-99-TA, the company Constructora Zurquí was summoned, in the person of the petitioner, who is its legal representative, so that a double imputation of charges is not needed nor is it necessary to instruct two administrative proceedings independently. As the petitioner is the representative of the denounced company, he had full knowledge of the acts imputed to him and of the actions and damages that his company was causing to the environment. They consider that resolution 246-99-TAA is not violative of the principle of due process, besides the fact that in the proceeding, the company was granted a hearing and the ordinary remedies provided for by Article 111 of the Organic Environmental Law and 346 of the General Public Administration Law. They add that the petitioner cannot allege a tacit ignorance of the law, since he participated in each phase of the administrative proceeding instructed by that office. They add that the sanction of joint and several civil liability imposed on the petitioner is not arbitrary, as it is expressly authorized by the Organic Environmental Law. For the foregoing, they request that the remedy be dismissed. 3.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed. Drafted by Magistrate Calzada Miranda; and, Considering: I.- Proven facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly demonstrated (whether because they have been thus accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order): a) That in File number 30-98-TAA of the Environmental Administrative Tribunal of the Ministry of Environment and Energy, an administrative proceeding was followed against the company Constructora Zurquí S.A. for violation of the Organic Environmental Law. b) That by resolution No. 121-98 of the Environmental Administrative Tribunal, an ordinary administrative proceeding was initiated against the company called Constructora Zurquí Sociedad Anónima (folio 459 of the administrative file), notifying the initiation of the proceeding to Nombre36963, in his capacity as Attorney-in-Fact of the company. c) That in resolution 246-99-TAA of the Environmental Administrative Tribunal, both the company Constructora Zurquí S.A. and its legal representative were condemned for the environmental damage caused by the operation of the quarry and the alteration of the Virilla River bed (folio 522 of Volume II of the administrative file). II.- Prior to the substantive analysis of this remedy, it must be noted that within the problem of environmental destruction, the issue of liability for environmental damage stands out as a point of special relevance, which has been given different treatment, taking into consideration the particular characteristics of the subject matter. The State, to ensure in some way the compensation for damages caused to the environment, has created a series of rules regulating matters related to environmental liability, without losing sight of, yes, the necessary balance that must exist between environmental protection and the development of private activities. In Environmental Law, a different approach has been given to liability, such that it has evolved from a fault-based liability system to a risk-based liability system, which implies greater coverage, since said liability would arise even when there is no fault on the part of the transgressor, if the activity performed by him is deemed risky and, nevertheless, he assumes that risk, with a harmful consequence for the environment. This is a new concept of liability, where the objective criterion prevails over the subjective one, since for its emergence, it is irrelevant whether or not one acted with fault; it is enough that the damage has been effectively caused, for the consequent liability to arise immediately. Thus, on many occasions it is not possible to determine either the guilty party or the infringed legal norm, since in most cases the damage is the product of an omission, but certainly third parties or States are prejudiced, which must necessarily be indemnified. Liability for environmental damage is thus assimilated to liability for risk, which allows for broader coverage to establish liabilities against specific subjects, with the aim of remedying the damages caused by their industrial or other types of operations. This strict liability does not take into consideration the conduct of the subject, for what matters is the damage produced and, therefore, the individual will always be liable, regardless of whatever his volitional participation in the act may have been. The point lies, more than anything, in the creation of a risk, from which it is inferred that he who by his activity or inactivity produces damage or puts at risk the integrity of the ecology and the environment, must answer for it. Liability for environmental damage is fundamentally compensatory, rather than restitutive, since in most cases the damage produced is already irreparable and all that remains is to demand economic compensation from the causer. It is within this context that the content of Article 101 of the Organic Environmental Law must be understood, which reads: "Article 101.- Liability of offenders Without prejudice to other types of liability that may result for them as participants in any of its forms, the causers of violations of this law or of those regulating the protection of the environment and biological diversity, whether natural or legal persons, shall be civilly and jointly and severally liable (civil y solidariamente responsables) for the damages and losses caused. Jointly and severally, the owners of the companies or the activities where the damages are caused, whether by action or by omission, shall also be liable (...)" The Organic Environmental Law further grants full powers to the Environmental Administrative Tribunal to impose sanctions for violations of said Law, prior to the initiation of the corresponding administrative proceeding. This is a body competent to direct a proceeding whose purpose is to establish specific liabilities for the damage caused to the environment. Evidently, like any sanctioning procedure, it is necessary that the informing principles of the rights of defense and due process be widely applied, so that the company accused of causing the damage can prove that it has not been the responsible party. III.- On the merits. In the case under examination, it is observed that the essential requirements for the fulfillment of due process were met, since in resolution number 121-98-TA of 14:00 hours on June 2, 1998 (visible at folio 459 of the administrative file, Volume II), a hearing was granted to the company Constructora Zurquí S.A., through its legal representative, who is the petitioner himself, so that it could appear in the proceeding, also expressly indicating to it the denounced facts, and it was summoned to an oral and private appearance, so that it would appear personally and not through an attorney-in-fact, in order to receive the allegations and evidence of the parties. Thus, the Chamber considers that no violation of the rights of defense and due process protected by the Political Constitution has occurred, since as previously stated in considering II, referring to the type of liability at issue in the case in question, "… said liability would arise even when there is no fault on the part of the transgressor if the activity performed by him is deemed risky and, nevertheless, he assumes that risk, with a harmful consequence for the environment…", which means that having been determined that there is liability on the part of the defendant company as occurs in the present case, a proceeding in which, as already indicated, this company was indeed represented by the petitioner and had an opportunity for defense, the connected liability that is established by Article 101 already cited, -which corresponds to the owners of the defendant company-, is a strict liability, which does not require proof of fault or negligence of the company owner to be enforced, only that derived properly from the company's actions, therefore, considering also that the petitioner was the legal representative of the company and at the same time is its owner, he cannot allege ignorance of the proceeding nor of the application of the law as the responsible party for it, from which he could not manage to have it acquitted. It is also important to highlight that in this matter, at all stages of the proceeding, the protected party was present, with the legal sponsorship of his attorney, and was even able to appeal the issued resolutions. That is, he asserted his right of defense at all times in a proceeding in which all the informing principles of due process were respected, such that the argument that, by having been jointly and severally condemned, he was placed in a state of defenselessness is not acceptable to the Chamber. For the foregoing, the Chamber considers that the remedy must be dismissed. Therefore: The remedy is DISMISSED.