Res. 30982-2025 Sala Constitucional — Suspension of amparo against density compensation in Papagayo Gulf Tourist HubSuspensión de amparo contra compensación de densidad en Polo Turístico Golfo de Papagayo

Grande
Normal
Pequeña
Sala Constitucional

Resolución Nº 30982 - 2025

Fecha de la Resolución: 26 de Setiembre del 2025 a las 09:25

Expediente: 25-022994-0007-CO

Redactado por: Jorge Araya Garcia

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución



Exp: 25-022994-0007-CO

Res. Nº 2025030982

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinticinco minutos del veintiseis de setiembre de dos mil veinticinco .

 Recurso de amparo interpuesto por Nombre43881  , cédula de identidad CED97833, contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO (ICT).

Resultando:

1.- Por escrito agregado al expediente digital el 4 de agosto de 2025, el recurrente presenta recurso de amparo en contra del Instituto Costarricense de Turismo. Reclama que el 21 de mayo de 2024, mediante publicación en La Gaceta No. 96, se emite el Decreto Ejecutivo No. 44448-MP-TUR, por medio del cual el Poder Ejecutivo modifica el Reglamento a la Ley No. 6758, que regula el desarrollo del Polo Turístico Golfo de Papagayo. La reforma introduce el concepto de “(…) compensación de densidad o coeficiente de ocupación (…)” entre fincas concesionadas, incluso si no son colindantes, siempre que estén bajo la titularidad de una misma persona física o jurídica. Esta figura permite trasladar hasta un 30 % del derecho de construcción desde una finca hacia otra, elevando la densidad o cobertura en uno de los terrenos, y multiplicando la densidad máxima de 20 habitaciones por hectárea estipulada para cada concesión individual. La normativa anterior aplicaba limitaciones constructivas por lote, lo que permitía controlar impactos ambientales localizados y mantener el objetivo de baja densidad en las 1.658 hectáreas del Estado, conforme al Plan Maestro del proyecto. La reforma permite compensaciones sin evaluación integral de impactos acumulativos ni sinergistas, rompiendo el principio de proporcionalidad ambiental por unidad territorial, lo que podría generar afectaciones al paisaje, cobertura forestal, fauna, ecosistemas y equilibrio hidrológico. El nuevo régimen debilita los límites obligatorios por lote e introduce una lógica de “bolsa de construcción global”, sin asegurar que el área receptora tenga capacidad de carga adecuada, transformando el proyecto turístico en uno de alta densidad. La reforma se aprueba sin evidencia de evaluación ambiental estratégica, sin estudios de impacto acumulativo, sin consulta pública a comunidades vecinas ni organizaciones ambientales, y sin respeto al Plan Maestro derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso, asimismo: "(...) I. Tener por presentado recurso de amparo contra el Instituto Costarricense de Turismo por la emisión, aplicación y mantenimiento del Decreto Ejecutivo No. 44448-MP-TUR, en cuanto introduce un insustentable mecanismo de supuesta compensación de densidad entre terrenos, que lo que hace es concentrar, indebidamente, en una sola área de proyecto, lo que correspondía desarrollar, en dos o más fincas concesionadas. 3 II. Que se declare con lugar el recurso y se declare que dicha disposición constituye una regresión ambiental inconstitucional al reducir el estándar de protección vigente. III. Que se ordene al ICT y al Poder Ejecutivo la suspensión inmediata de la aplicación de los artículos que habilitan la compensación de ocupación o densidad entre fincas colindantes o no, de un mismo concesionario, hasta que se justifique técnicamente y se garantice la sostenibilidad de dicha figura mediante normas específicas y consulta pública. IV. Que se oficie al MINAE, SETENA y Tribunal Ambiental Administrativo, para que revisen los efectos e implicaciones ecológicas de esta modificación normativa en el Polo Turístico Golfo de Papagayo y se paralice cualquier permiso que se haya otorgado bajo las condiciones señaladas de compensación aparentemente irregulares (...)".

2.- Mediante el auto de las 12:19 horas del 14 de agosto de 2025, se le solicitó informe al presidente de la junta directiva y coordinador del Proyecto Golfo de Papagayo, ambos del Instituto Costarricense de Turismo, sobre los hechos alegados en el recurso.

3.- Mediante escrito agregado al expediente digital el 20 de agosto de 2025, informan bajo juramento Henry Paul Wong Carranza y William Rodríguez López, por su orden director ejecutivo de la Oficina Ejecutora del Polo Turístico Golfo de Papagayo y presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Turismo, que: “(…) En cuanto a los antecedentes normativos, tenemos que en primer término, mediante Ley N° 5847 de 18 de noviembre de 1975 se aprobó el Convenio de Préstamo celebrado entre el Instituto Costarricense de Turismo y el Banco de Centroamericano de Integración Económica, con el propósito de financiar la elaboración de un estudio de factibilidad técnico económico y la preparación de un plan maestro del Proyecto Turístico de Bahía de Culebra. En el artículo 3° de la ley recién citada se dispuso que el Proyecto que surgiera como consecuencia del mencionado estudio de factibilidad, sería realizado por el Estado costarricense, de conformidad con la ley que debería ser dictada al efecto. Desde un punto de vista fáctico, la decisión de establecer el Polo Turístico en la Bahía Culebra responde a estudios técnicos regionales promovidos por el BCIE en las décadas de 1960 y 1970, que identificaron esta zona como de alto valor ecológico, escénico y cultural, con potencial para el turismo internacional. Esta base empírica sirvió como fundamento para que el legislador costarricense adoptara una serie de medidas dirigidas a facilitar la ejecución del proyecto bajo condiciones especiales, entre ellas la declaratoria de utilidad pública (Ley N.° 6370 de 1979), la creación de un régimen diferenciado de administración estatal (Ley N.° 6758 de 1982), y la adopción de un Plan Maestro aprobado en sesión ordinaria de Junta Directiva No 4572, artículo 2, inciso VIII, celebrada el día 10 de julio de 1995. El régimen jurídico excepcional del proyecto Polo Turístico Golfo Papagayo, tiene como pilar la exclusión expresa de la competencia municipal en materia de administración de la ZMT dentro del área delimitada. Si bien el artículo 3 de la Ley N.° 6043 otorga a las municipalidades la facultad de administrar la zona restringida y otorgar concesiones en la Zona Marítimo Terrestre del país, el artículo 74 establece una excepción específica para el entonces denominado “Proyecto Bahía Culebra” (hoy conocido como Polo Turístico Golfo Papagayo), adscribiendo esa competencia al Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Desde el punto de vista del derecho público, este régimen excepcional responde al principio de legalidad reforzada en materia de administración del dominio público y se inscribe en la lógica de los regímenes especiales permitidos por el artículo 121 inciso 14 de la Constitución Política. La ley regula con precisión las competencias, límites y condiciones bajo las cuales se otorgan concesiones, imponiendo un estándar más riguroso que el previsto para otras zonas costeras del país. Así, por ejemplo, el ICT puede otorgar concesiones solo mediante concursos públicos, previo análisis técnico y jurídico, y con base en la congruencia con el Plan Maestro, el cual funge como instrumento vinculante de planificación. A nivel administrativo, el régimen de excepción cuenta con una Oficina Ejecutora del Proyecto adscrita al ICT, que, con máxima desconcentración funcional, permite una gestión técnico-operativa más eficaz. El Consejo Director, integrado por representantes del sector público y privado, tiene competencias de dirección, fiscalización y recomendación, siendo un modelo de gobernanza mixta poco común en la administración pública costarricense. Esto refuerza el carácter planificado y controlado del desarrollo turístico, alineado con el principio de eficiencia administrativa y con el interés general que persigue el proyecto. Desde la óptica ambiental y territorial, el proyecto también cuenta con restricciones normativas que limitan la densidad habitacional, la altura de los edificios, la intensidad lumínica, la ubicación de la infraestructura eléctrica, y prohíbe prácticas contaminantes como el uso de tanques sépticos. Estas limitaciones, se reitera, no existen en el resto de proyectos turísticos que se realicen en las demás zonas costeras del país y las cuales, responden a la necesidad de proteger los recursos naturales y paisajísticos del área, en coherencia con los principios del derecho ambiental consagrados en los artículos 50 y 89 de la Constitución Política. Asimismo, el decreto ejecutivo N.° 32051-MINAE de 2005 declara de interés prioritario el desarrollo de proyectos de investigación y educación ambiental en la zona, lo que evidencia el enfoque de desarrollo sostenible que inspira al régimen. La declaratoria de conveniencia nacional del proyecto (Decreto Ejecutivo N.° 33132 de 2005) refuerza aún más su posición dentro de las políticas públicas estatales, al considerarlo como prioritario para el desarrollo económico, la generación de empleo y la atracción de inversión extranjera directa. Esta declaratoria tiene fundamento en la Ley Forestal N.° 7575, artículo 3, que define las actividades de conveniencia nacional como aquellas cuyo beneficio social supera el costo ambiental, condición que debe demostrarse mediante los instrumentos técnicos correspondientes. … Como ya se ha indicado anteriormente la última reforma al Reglamento generada mediante el Decreto N.º 44448-MP-TUR no constituye un cambio sustancial de la normativa constructiva y mucho menos una reforma a las disposiciones del Plan Maestro, sino una aclaración de la figura de compensación, la cual no implica incremento de densidad global, ya que la misma opera únicamente dentro del límite máximo de densidad y cobertura total autorizada para el conjunto de propiedades de un mismo concesionario. No se omite manifestar, que dicha reforma fue integral y la misma cumplió con el procedimiento vigente en la normativa en cuanto a mejora regulatoria. Como ya se indicó anteriormente la figura de “compensación de densidad o coeficiente de ocupación” no elimina los límites constructivos totales del proyecto a desarrollar por un concesionario en la totalidad de sus áreas dadas en concesión, tampoco incrementa la capacidad máxima aprobada para el conjunto de las concesiones; sino que pretende redistribuir la densidad habitacional y el coeficiente de ocupación (cobertura) entre concesiones distintas, incluso no colindantes, siempre que pertenezcan a un mismo titular, la misma no implica incremento de densidad global, ya que ésta opera únicamente dentro del límite máximo de densidad y cobertura total autorizada para el conjunto de propiedades de un mismo concesionario. … El Decreto Ejecutivo N° 44448-MP-TUR, mediante el cual se reforma parcialmente el Reglamento a la Ley 6758, conllevó el proceso de revisión previa en el Sistema de Control Previo del MEIC (SICOPRE), por medio de la plataforma digital que permite que tanto las instituciones como los ciudadanos interactúen con las propuestas de regulación normativa. Este sistema permite garantizar que dicha reforma reglamentaria no genera un exceso de trámites y requisitos administrativos en perjuicio del administrado y además coloca cada propuesta de normativa bajo un proceso de consulta de interesados. Por lo tanto, no lleva razón el recurrente en su afirmación siendo que en su momento y de manera previa a su publicación, la reforma al Reglamento a la Ley 6758, fue sometida al control regulatorio existente.  … Visto lo anterior no cabe duda que la competencia para la administración del Proyecto Turístico, en toda su amplitud, recae sobre el ICT, como ente de naturaleza pública encargado de velar por la actividad turística a nivel nacional, resultando razonable que el establecer los términos y condiciones bajo los cuales se desarrollaran los proyectos turísticos (artículo 12 Ley 6758), sea una competencia del ICT y no de ningún otra ente o institución estatal. No se omite indicar que, debe prevalecer siempre el respeto de competencias específicas de otras instituciones, por ejemplo, municipalidades para la aprobación de plano de construcción, SETENA con el otorgamiento de la viabilidad ambiental, etc. y el régimen especial y de excepción, para llevar a cabo el desarrollo del proyecto turístico Golfo Papagayo, destina la administración de esta área de dominio público denominada de forma exclusiva al Instituto Costarricense de Turismo. Por lo tanto, considerar que las facultades de administración que posee el ICT sobre el PTGP se verán disminuidas o eliminadas, debido a las características propias de los terrenos que conforman dicho polo, serían ir contrario al espíritu del legislador, quien, desde un principio, dispuso que el desarrollo del proyecto sería para un uso general turístico, al ser un proyecto de interés público para el país y la zona de Guanacaste. Lo anterior, ya ocurrió dentro del PTGP, pero fue el mismo legislador, quien extrajo una parte del área del PTGP, para otorgar su administración al mismo SINAC, lo cual se trata del caso del Refugio de Vida Silvestre Iguanita, creado por Ley 8731 del 03 de julio del 2009 denominada “Creación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Iguanita para fortalecer la protección de los ecosistemas terrestres y marinos de la zona y el mantenimiento de la tradición de uso popular de la Playa Iguanita”  (…)”.

4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.             

 Redacta el Magistrado Araya García; y,

 Considerando:

I.- En el sub lite, el recurrente reclama que el 21 de mayo de 2024, mediante publicación en La Gaceta No. 96, se emite el Decreto Ejecutivo No. 44448-MP-TUR, por medio del cual el Poder Ejecutivo modifica el Reglamento a la Ley No. 6758, que regula el desarrollo del Polo Turístico Golfo de Papagayo. La reforma introduce el concepto de “(…) compensación de densidad o coeficiente de ocupación (…)” entre fincas concesionadas, incluso si no son colindantes, siempre que estén bajo la titularidad de una misma persona física o jurídica. Esta figura permite trasladar hasta un 30 % del derecho de construcción desde una finca hacia otra, elevando la densidad o cobertura en uno de los terrenos, y multiplicando la densidad máxima de 20 habitaciones por hectárea estipulada para cada concesión individual. La normativa anterior aplicaba limitaciones constructivas por lote, lo que permitía controlar impactos ambientales localizados y mantener el objetivo de baja densidad en las 1.658 hectáreas del Estado, conforme al Plan Maestro del proyecto. La reforma permite compensaciones sin evaluación integral de impactos acumulativos ni sinergistas, rompiendo el principio de proporcionalidad ambiental por unidad territorial, lo que podría generar afectaciones al paisaje, cobertura forestal, fauna, ecosistemas y equilibrio hidrológico.

II.- Esta Sala Constitucional advierte que el Decreto Ejecutivo no. 44448-MP-TUR se encuentra impugnada en la acción de inconstitucionalidad que se tramita en el expediente 25-024408-0007-CO, en la cual se cuestiona la constitucionalidad de los ordinales artículos 12 y 17 ter, así como los puntos VIII (Requisitos para Compensación de Densidad y Cobertura en las Concesiones) y X (Procedimiento de Solicitud de Ajuste de Plazo), del Anexo Único, titulado “Trámites y Requisitos en el Régimen de Concesiones del Proyecto Golfo Turístico Papagayo”, todos del Reglamento a la Ley para el Desarrollo y Ejecución del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, Decreto Ejecutivo N°25439-MP-TUR del 27 agosto de 1996, reformado mediante Decreto Ejecutivo N°44448 MP-TUR del 17 de enero del 2024.

III.- En consecuencia, como los alegatos de la parte recurrente se relacionan con disposiciones cuestionadas en la acción de inconstitucionalidad tramitada en el expediente no. 25-024408-0007-CO, lo procedente es suspender este amparo, hasta tanto sea resuelta tal acción, conforme lo dispuesto en el ordinal 48 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Por tanto:

Se suspende el dictado de la sentencia de este recurso de amparo, hasta tanto sea resuelta la acción de inconstitucionalidad tramitada en el expediente no. 25-024408-0007-CO.-

 

 

	

Nombre137  V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Luis Fdo. Salazar A.




Jorge Araya G.

	

 

	

Nombre5659  H.




Nombre151  N.

	

 

	

Nombre29922   G.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --



 WXPHQHPR3B861

1

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:22:24.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Exp: 25-022994-0007-CO

Res. No. 2025030982

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty-five minutes on the twenty-sixth of September, two thousand twenty-five.

Amparo action filed by Nombre43881, identity card CED97833, against the COSTA RICAN TOURISM INSTITUTE (ICT).

Resultando:

1.- By document added to the digital case file on August 4, 2025, the petitioner files an amparo action against the Costa Rican Tourism Institute. He claims that on May 21, 2024, through publication in La Gaceta No. 96, Executive Decree No. 44448-MP-TUR was issued, by means of which the Executive Branch amends the Regulations to Law No. 6758, which regulates the development of the Polo Turístico Golfo de Papagayo. The amendment introduces the concept of “(…) compensation of density or occupancy coefficient (coeficiente de ocupación) (…)” between concession lots (fincas concesionadas), even if they are not adjacent, provided they are under the ownership of the same individual or legal entity. This figure allows transferring up to 30% of the construction right from one lot to another, increasing the density or coverage on one of the plots, and multiplying the maximum density of 20 rooms per hectare stipulated for each individual concession. The previous regulations applied construction limitations per lot, which allowed controlling localized environmental impacts and maintaining the low-density objective in the 1,658 hectares of the State, in accordance with the Master Plan of the project. The amendment allows compensations without a comprehensive assessment of cumulative or synergistic impacts, breaking the principle of environmental proportionality per territorial unit, which could generate impacts on the landscape, forest cover (cobertura forestal), fauna, ecosystems, and hydrological balance. The new regime weakens the mandatory limits per lot and introduces a logic of “global construction pool,” without ensuring that the receiving area has adequate carrying capacity, transforming the tourism project into a high-density one. The amendment is approved without evidence of a strategic environmental assessment (evaluación ambiental estratégica), without cumulative impact studies, without public consultation with neighboring communities or environmental organizations, and without respect for the Master Plan fundamental rights. He requests that the action be granted, also: "(...) I. To accept the amparo action filed against the Costa Rican Tourism Institute for the issuance, application, and maintenance of Executive Decree No. 44448-MP-TUR, insofar as it introduces an unsustainable mechanism of alleged density compensation between plots, which merely concentrates, improperly, in a single project area, what was supposed to be developed on two or more concession lots. 3 II. That the action be granted and that it be declared that said provision constitutes an unconstitutional environmental regression by reducing the current protection standard. III. That the ICT and the Executive Branch be ordered to immediately suspend the application of the articles that enable the compensation of occupancy or density between adjacent or non-adjacent lots of the same concessionaire, until it is technically justified and the sustainability of said figure is guaranteed through specific norms and public consultation. IV. That MINAE, SETENA, and the Administrative Environmental Tribunal be officially notified to review the ecological effects and implications of this regulatory modification in the Polo Turístico Golfo de Papagayo and that any permit granted under the indicated conditions of apparently irregular compensation be halted (...)".

2.- By means of the order issued at 12:19 hours on August 14, 2025, a report was requested from the president of the board of directors and the coordinator of the Proyecto Golfo de Papagayo, both from the Costa Rican Tourism Institute, regarding the facts alleged in the action.

3.- By document added to the digital case file on August 20, 2025, Henry Paul Wong Carranza and William Rodríguez López report under oath, in order executive director of the Executing Unit of the Polo Turístico Golfo de Papagayo and Executive President of the Costa Rican Tourism Institute, that: “(…) Regarding the regulatory background, we have that first, through Law No. 5847 of November 18, 1975, the Loan Agreement entered into between the Costa Rican Tourism Institute and the Central American Bank for Economic Integration was approved, for the purpose of financing the preparation of a technical-economic feasibility study and the preparation of a master plan for the Proyecto Turístico de Bahía de Culebra. Article 3 of the aforementioned law provided that the Project arising as a consequence of the aforementioned feasibility study would be carried out by the Costa Rican State, in accordance with the law that should be enacted for that purpose. From a factual perspective, the decision to establish the Polo Turístico in Bahía Culebra responds to regional technical studies promoted by the BCIE in the 1960s and 1970s, which identified this area as having high ecological, scenic, and cultural value, with potential for international tourism. This empirical basis served as the foundation for the Costa Rican legislator to adopt a series of measures aimed at facilitating the execution of the project under special conditions, among them the declaration of public utility (Law No. 6370 of 1979), the creation of a differentiated regime of state administration (Law No. 6758 of 1982), and the adoption of a Master Plan approved in ordinary session of the Board of Directors No. 4572, article 2, section VIII, held on July 10, 1995. The exceptional legal regime of the Polo Turístico Golfo Papagayo project has as a pillar the express exclusion of municipal competence regarding the administration of the ZMT within the delimited area. Although article 3 of Law No. 6043 grants municipalities the power to administer the restricted zone and grant concessions in the Maritime-Terrestrial Zone of the country, article 74 establishes a specific exception for the then-called “Proyecto Bahía Culebra” (now known as Polo Turístico Golfo Papagayo), assigning that competence to the Costa Rican Tourism Institute (ICT). From a public law standpoint, this exceptional regime responds to the principle of reinforced legality in matters of public domain administration and falls within the logic of special regimes permitted by article 121, section 14 of the Political Constitution. The law precisely regulates the competencies, limits, and conditions under which concessions are granted, imposing a more rigorous standard than that provided for other coastal areas of the country. Thus, for example, the ICT can grant concessions only through public tenders, after prior technical and legal analysis, and based on consistency with the Master Plan, which serves as a binding planning instrument. At the administrative level, the exception regime has an Executing Unit of the Project attached to the ICT, which, with maximum functional deconcentration, allows for more effective technical-operational management. The Directive Council, composed of public and private sector representatives, has powers of direction, oversight, and recommendation, being a mixed governance model uncommon in Costa Rican public administration. This reinforces the planned and controlled nature of tourism development, aligned with the principle of administrative efficiency and the general interest pursued by the project. From an environmental and territorial perspective, the project also has regulatory restrictions that limit housing density, building height, light intensity, the location of electrical infrastructure, and prohibits polluting practices such as the use of septic tanks. These limitations, it is reiterated, do not exist in the rest of the tourism projects carried out in the other coastal areas of the country and which respond to the need to protect the area's natural and scenic resources, in coherence with the principles of environmental law enshrined in articles 50 and 89 of the Political Constitution. Likewise, Executive Decree No. 32051-MINAE of 2005 declares the development of research and environmental education projects in the area to be of priority interest, which demonstrates the sustainable development approach that inspires the regime. The declaration of national convenience of the project (Executive Decree No. 33132 of 2005) further reinforces its position within state public policies, considering it a priority for economic development, job creation, and the attraction of foreign direct investment. This declaration is based on the Ley Forestal No. 7575, article 3, which defines activities of national convenience as those whose social benefit exceeds the environmental cost, a condition that must be demonstrated through the corresponding technical instruments. … As already indicated previously, the latest reform to the Regulation generated through Decree No. 44448-MP-TUR does not constitute a substantial change in the construction regulations, much less a reform to the provisions of the Master Plan, but rather a clarification of the compensation figure, which does not imply an increase in overall density, since it operates solely within the maximum density limit and total coverage authorized for the set of properties of a single concessionaire. We cannot omit stating that said reform was comprehensive and it complied with the procedure in force in the regulations regarding regulatory improvement. As already indicated previously, the figure of “compensation of density or occupancy coefficient” does not eliminate the total construction limits of the project to be developed by a concessionaire across all of the areas granted in concession, nor does it increase the maximum capacity approved for the set of concessions; rather, it aims to redistribute the room density and the occupancy coefficient (coverage) between different concessions, even non-adjacent ones, provided they belong to the same holder, it does not imply an increase in overall density, since it operates solely within the maximum density limit and total coverage authorized for the set of properties of a single concessionaire. … Executive Decree No. 44448-MP-TUR, by which the Regulation to Law 6758 is partially reformed, entailed the prior review process in the MEIC's Prior Control System (SICOPRE), through the digital platform that allows both institutions and citizens to interact with regulatory proposals. This system ensures that said regulatory reform does not generate an excess of procedures and administrative requirements to the detriment of the administered party and also places each regulatory proposal under a stakeholder consultation process. Therefore, the petitioner's assertion is unfounded, given that at the time and prior to its publication, the reform to the Regulation to Law 6758 was subjected to the existing regulatory control. … In view of the foregoing, there is no doubt that the competence for the administration of the Tourism Project, in its entirety, rests with the ICT, as a public nature entity responsible for overseeing tourism activity at the national level, it being reasonable that establishing the terms and conditions under which tourism projects will be developed (article 12 of Law 6758) is a competence of the ICT and not of any other state entity or institution. We do not omit to state that respect must always prevail for the specific competencies of other institutions, for example, municipalities for the approval of construction plans, SETENA with the granting of environmental feasibility (viabilidad ambiental), etc., and the special and exception regime for carrying out the development of the Golfo Papagayo tourism project allocates the administration of this area of public domain exclusively to the Costa Rican Tourism Institute. Therefore, to consider that the administrative powers held by the ICT over the PTGP will be diminished or eliminated, due to the specific characteristics of the lands that make up said hub, would run contrary to the spirit of the legislator, who, from the outset, provided that the development of the project would be for a general tourism use, as it is a project of public interest for the country and the Guanacaste area. The foregoing has already occurred within the PTGP, but it was the same legislator who extracted a part of the PTGP area to grant its administration to SINAC itself, which concerns the case of the Refugio de Vida Silvestre Iguanita, created by Law 8731 of July 3, 2009, called “Creation of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Iguanita to strengthen the protection of terrestrial and marine ecosystems in the area and the maintenance of the tradition of popular use of Playa Iguanita” (…)”.

4.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.

Authored by Magistrate Araya García; and,

Considerando:

I.- In the sub lite, the petitioner claims that on May 21, 2024, through publication in La Gaceta No. 96, Executive Decree No. 44448-MP-TUR was issued, by means of which the Executive Branch amends the Regulations to Law No. 6758, which regulates the development of the Polo Turístico Golfo de Papagayo. The amendment introduces the concept of “(…) compensation of density or occupancy coefficient (…) (compensación de densidad o coeficiente de ocupación)” between concession lots, even if they are not adjacent, provided they are under the ownership of the same individual or legal entity. This figure allows transferring up to 30% of the construction right from one lot to another, increasing the density or coverage on one of the plots, and multiplying the maximum density of 20 rooms per hectare stipulated for each individual concession. The previous regulations applied construction limitations per lot, which allowed controlling localized environmental impacts and maintaining the low-density objective in the 1,658 hectares of the State, in accordance with the Master Plan of the project. The amendment allows compensations without a comprehensive assessment of cumulative or synergistic impacts, breaking the principle of environmental proportionality per territorial unit, which could generate impacts on the landscape, forest cover, fauna, ecosystems, and hydrological balance.

II.- This Constitutional Chamber notes that Executive Decree No. 44448-MP-TUR is challenged in the unconstitutionality action being processed in case file 25-024408-0007-CO, in which the constitutionality of the ordinal articles 12 and 17 ter is questioned, as well as points VIII (Requirements for Compensation of Density and Coverage in Concessions) and X (Procedure for Requesting a Term Adjustment), of the Sole Annex, titled “Procedures and Requirements in the Concessions Regime of the Proyecto Golfo Turístico Papagayo,” all from the Regulation to the Law for the Development and Execution of the Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, Executive Decree No. 25439-MP-TUR of August 27, 1996, as amended by Executive Decree No. 44448 MP-TUR of January 17, 2024.

III.- Consequently, as the petitioner's claims relate to provisions challenged in the unconstitutionality action processed in case file No. 25-024408-0007-CO, the appropriate course of action is to suspend this amparo action, until such action is resolved, in accordance with the provisions of ordinal 48 of the Law of Constitutional Jurisdiction.

Por tanto:

The issuance of the judgment for this amparo action is suspended, until the unconstitutionality action processed in case file No. 25-024408-0007-CO is resolved.-

Nombre137 V.

Presidente

Fernando Cruz C.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Nombre5659 H.

Nombre151 N.

Nombre29922 G.

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

*WXPHQHPR3B861*

WXPHQHPR3B861

1

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:22:24.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República