Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Bajo dicha inteligencia, lo que procede es acoger este amparo, con las consecuencias que se dirán en la parte dispositiva de la presente sentencia.
POR TANTO:
Se declara con lugar el recurso. Se le ordena a Fernando Chavarría Quirós, en su condición de Alcalde y a Mario Iván Rojas Sánchez, en su condición de Director de Ingeniería y Operaciones, ambos de la Municipalidad de Goicoechea, o a quienes en su lugar ocupen respectivamente tales cargos, que giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que, dentro del plazo máximo de DOS MESES, contado a partir de la notificación de la presente sentencia, se brinde una solución definitiva a la situación denunciada por el recurrente (invasión de zona protegida). Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Goicoechea al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.
English (translation)In light of the foregoing, the amparo must be granted, with the consequences set forth in the operative part of this judgment.
THEREFORE:
The appeal is granted. Fernando Chavarría Quirós, in his capacity as Mayor, and Mario Iván Rojas Sánchez, in his capacity as Director of Engineering and Operations, both of the Municipality of Goicoechea, or whoever holds those positions, are ordered to issue the pertinent orders and carry out all actions within the scope of their powers so that, within a maximum period of TWO MONTHS from notification of this judgment, a definitive solution is provided to the situation reported by the appellant (invasion of a protected zone). The respondent authorities are warned that, pursuant to Article 71 of the Constitutional Jurisdiction Law, whoever receives an order issued in an amparo proceeding that must be complied with or enforced and fails to do so shall be subject to imprisonment from three months to two years or a fine of twenty to sixty days, provided the offense is not more severely punished. The Municipality of Goicoechea is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts underlying this ruling, which shall be settled in the enforcement phase of the contentious-administrative proceedings.
Granted
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 33901 - 2025 Fecha de la Resolución: 17 de Octubre del 2025 a las 09:20 Expediente: 25-027797-0007-CO Redactado por: Jorge Araya Garcia Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con Voto Salvado Sentencia con nota separada Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: MUNICIPALIDAD Subtemas: QUEJA. 033901-25. INDICA EL RECURRENTE QUE EXISTE PRESENCIA DE EDIFICACIONES EN LA ZONA DEL RÍO PARRAL Y QUE ESA ES UNA ZONA PROTEGIDA. SE DECLARA CON LUGAR EL RECURSO, ORDENANDO AL ALCALDE Y AL DIRECTOR DE INGENIERÍA Y OPERACIONES, AMBOS DE LA MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA, QUE GIREN LAS ÓRDENES PERTINENTES Y LLEVEN A CABO TODAS LAS ACTUACIONES QUE ESTÉN DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS PARA QUE, DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS MESES, CONTADO A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA PRESENTE SENTENCIA, SE BRINDE UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA A LA SITUACIÓN DENUNCIADA POR EL RECURRENTE (INVASIÓN DE ZONA PROTEGIDA). RGS10/2025 “(…) De previo a analizar el fondo del asunto –por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido– debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones–, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso se plantea un supuesto de excepción –respaldado por la mayoría de este Tribunal Constitucional–, pues se está ante una solicitud relacionada con el medio ambiente. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo. (…)” “(…) El recurrente acude a esta Sala y señala que, desde el año 2022, las autoridades de la Municipalidad de Goicoechea tienen conocimiento de construcciones levantadas sobre el margen de un río de la zona y, pese a esto, para el día de formulado este amparo, no habían realizado gestión alguna para eliminarlas, en clara lesión del derecho a un ambiente sano. Revisados los autos, este Tribunal Constitucional considera que existe mérito suficiente para acoger este proceso de amparo, por los motivos puntuales que se dirán a continuación. Primero, por cuanto se demostró que, desde el mes de octubre del año 2022 las autoridades de la Municipalidad de Goicoechea verificaron la existencia de cuatro edificaciones consolidades y establecidas en el margen del Río Purral señalado por el recurrente y, pese haber sostenido que realizarían las gestiones pertinentes con el SINAC para determinar el daño ambiental, esta última actuación se llevó a cabo finalmente hasta en el mes de octubre de 2024, sea, luego de trascurrido un plazo absolutamente excesivo e irrazonable de dos años. Nótese que, si bien se puede entender que, de forma previa, el SINAC debía inspeccionar el sitio y rendir un informe al municipio respecto a la referida situación, lo cierto es que igualmente debe tomarse en cuenta que esa solicitud fue planteada, como se dijo, de manera evidente y arbitrariamente tardía ante la primera institución. Segundo, dado que, pese a que el informe del SINAC fue rendido en julio de 2025 a la Municipalidad de Goicoechea (confirmándose la invasión al área o zona protegida de los márgenes del Río Purral), fue hasta tres meses después (8 de octubre de 2025) y, con motivo de este amparo, que los recurridos decidieron acatar las recomendaciones giradas y notificaron a los habitantes de los predios que se hallan en la zona de protección para que desalojen, advirtiéndose además, que, caso contrario, el municipio procedería a realizar las demoliciones para proteger el área protegida invadida. Tercero, habida cuenta que, en resumen, la situación descrita tiene más de tres años de haber sido denunciada y, pese al excesivo e irrazonable plazo trascurrido desde entonces, no ha encontrado, a la fecha, una solución definitiva, en claro quebrantado de lo dispuesto de lo dispuesto en el ordinal 50 de la Constitución Política. *** Bajo dicha inteligencia, lo que procede es acoger este amparo, con las consecuencias que se dirán en la parte dispositiva de la presente sentencia.(…)” ... Ver más Sentencias Relacionadas Contenido de Interés: Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: MUNICIPALIDAD Subtemas: QUEJA. 033901-25. INDICA EL RECURRENTE QUE EXISTE PRESENCIA DE EDIFICACIONES EN LA ZONA DEL RÍO PARRAL Y QUE ESA ES UNA ZONA PROTEGIDA. SE DECLARA CON LUGAR EL RECURSO, ORDENANDO AL ALCALDE Y AL DIRECTOR DE INGENIERÍA Y OPERACIONES, AMBOS DE LA MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA, QUE GIREN LAS ÓRDENES PERTINENTES Y LLEVEN A CABO TODAS LAS ACTUACIONES QUE ESTÉN DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS PARA QUE, DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS MESES, CONTADO A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA PRESENTE SENTENCIA, SE BRINDE UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA A LA SITUACIÓN DENUNCIADA POR EL RECURRENTE (INVASIÓN DE ZONA PROTEGIDA). RGS10/2025 “(…) NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico. (…)” ... Ver más Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto salvado Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: MUNICIPALIDAD Subtemas: QUEJA. 033901-25. INDICA EL RECURRENTE QUE EXISTE PRESENCIA DE EDIFICACIONES EN LA ZONA DEL RÍO PARRAL Y QUE ESA ES UNA ZONA PROTEGIDA. SE DECLARA CON LUGAR EL RECURSO, ORDENANDO AL ALCALDE Y AL DIRECTOR DE INGENIERÍA Y OPERACIONES, AMBOS DE LA MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA, QUE GIREN LAS ÓRDENES PERTINENTES Y LLEVEN A CABO TODAS LAS ACTUACIONES QUE ESTÉN DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS PARA QUE, DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS MESES, CONTADO A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA PRESENTE SENTENCIA, SE BRINDE UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA A LA SITUACIÓN DENUNCIADA POR EL RECURRENTE (INVASIÓN DE ZONA PROTEGIDA). RGS10/2025 “(…) VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS. En el sub examine, la parte accionante reclama que el municipio accionado detectó unas edificaciones ilegales levantadas en la zona de protección del río Purral; sin embargo, reprocha que a la fecha de formulado este proceso no han realización acción alguna para eliminarlas, lesionándose con esto el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Al respecto, a partir del informe rendido por parte de la Municipalidad de Goicoechea considero imprescindible tener como parte al Sistema Nacional de Áreas de Conservación. En esa línea, el alcalde del municipio accionado puntualizó que su representada carece de competencia para determinar la existencia de un posible daño ambiental, motivo por el cual se desprende que procedieron a efectuar una coordinación con las autoridades del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, quienes el 6 de febrero de 2025 llevaron a cabo una inspección. Consta que como resultado de dicha visita se emitió el oficio nro. SINAC-ACC-OSJ-inf-254-2025 del 24 de febrero de 2025, donde se consignó: “Conclusiones y recomendaciones: Se realizó una visita al sitio indicado, donde se detecta invasión al área de protección del río Torres y la quebrada Mozotal, lo anterior por el establecimiento de edificaciones de tipo vivienda. La estimación de las invasiones se indica en el cuadro 1 del presente informe. Que la invasión al área de protección se detecta en dos predios los cuales se han de identificar por parte del municipio para que procedan a interponer el respectivo informe ante el Ministerio Pública. La invasión al área de protección se estima mediante el uso de imágenes aéreas, la posible ubicación del cauce y los datos de campo, sin embargo, es necesario realizar la medición exacta para lo cual, se recomienda que ésta se realice por personal atinente, ya sea del mismo Municipio o bien de ingeniería Forense del OIJ, previa gestión del Ministerio Público para el debido ingreso al predio. Como medidas a tomar se recomienda que para la restauración del sitio se efectué la demolición de las invasiones y el retiro de los escombros para el establecimiento de la cobertura forestal típica de un bosque ribereño. El plan deberá ser elaborado por un profesional atinente y presentado ante esta oficina para el respectivo análisis y visto bueno. Importante señalar que todo proyecto de restauración deberá realizarse con el mayor cuidado posible y este debe considerar los impactos ambientales que se origen al inicio de las obras y garantizar que mediante las medidas adoptadas se podrá restaurar el sitio. Se recomienda que cualquier proyecto de restauración del área de protección se realice con árboles nativos de porte bajo a mediano y que los mismos se establezcan alejados de la infraestructura. Se recomienda que cada árbol posea una altura mínima de 1,5 metros con el fin de garantizar la menor mortalidad posible”. En consecuencia, salvo el voto y ordeno continuar la tramitación del recurso a los efectos de que se solicite informe al Sistema Nacional de Áreas de Conservación. (…)” ... Ver más Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: MUNICIPALIDAD Subtemas: QUEJA. 033901-25. INDICA EL RECURRENTE QUE EXISTE PRESENCIA DE EDIFICACIONES EN LA ZONA DEL RÍO PARRAL Y QUE ESA ES UNA ZONA PROTEGIDA. SE DECLARA CON LUGAR EL RECURSO, ORDENANDO AL ALCALDE Y AL DIRECTOR DE INGENIERÍA Y OPERACIONES, AMBOS DE LA MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA, QUE GIREN LAS ÓRDENES PERTINENTES Y LLEVEN A CABO TODAS LAS ACTUACIONES QUE ESTÉN DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS PARA QUE, DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS MESES, CONTADO A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA PRESENTE SENTENCIA, SE BRINDE UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA A LA SITUACIÓN DENUNCIADA POR EL RECURRENTE (INVASIÓN DE ZONA PROTEGIDA). RGS10/2025 “(…) Se declara con lugar el recurso. Se le ordena a Fernando Chavarría Quirós, en su condición de Alcalde y a Mario Iván Rojas Sánchez, en su condición de Director de Ingeniería y Operaciones, ambos de la Municipalidad de Goicoechea, o a quienes en su lugar ocupen respectivamente tales cargos, que giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que, dentro del plazo máximo de DOS MESES, contado a partir de la notificación de la presente sentencia, se brinde una solución definitiva a la situación denunciada por el recurrente (invasión de zona protegida). Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Goicoechea al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Castillo Víquez pone nota. La magistrada Garro Vargas salva el voto y ordena continuar la tramitación del recurso a los efectos de que se solicite informe al Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Notifíquese.-” ... Ver más Texto de la resolución Exp: 25-027797-0007-CO Res. Nº 2025033901 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del diecisiete de octubre de dos mil veinticinco . Recurso de amparo interpuesto por Nombre32681, cédula de identidad CED14718, contra LA MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA. RESULTANDO: 1.- Por escrito aportado a la Sala el 12 de septiembre de 2025, el recurrente interpone recurso de amparo y manifiesta que el Director de Ingeniería y Operaciones de la Municipalidad de Goicoechea (en oficio No. MG-AG-DI-3328-2022), dijo que “se encontró una construcción sobre la zona de protección” del río. Sin embargo, reclama que, a la fecha, dicha municipalidad no ha realizado gestión alguna para eliminar esas construcciones ilegales y proteger dicha zona o área protegida, en resguardo del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Afirma que la inercia del municipio puede conllevar a que se continúen levantando edificaciones en dicha zona. Solicita que se declare con lugar el recurso y se les ordene a los recurridos gestionar lo pertinente para que se eliminen dichas construcciones y se proteja el área del río. 2.- Por resolución de las 22:53 hrs. de 19 de septiembre de 2025, se le da curso al proceso y se requieren los informes a las autoridades recurridas. 3.- Mediante memorial aportado a la Sala el 9 de octubre de 2025, Nombre42169, en su condición de Alcalde de Goicoechea, rinde informe. Se refiere a las competencias del SINAC. Indica que la municipalidad carece de competencia para determinar la existencia de un posible daño ambiental, por lo que se acudió al SINAC para determinar la invasión y ese posible daño. Lo anterior, para poder iniciar procedimiento administrativo de desalojo. Explica que el 13 de octubre de 2022, se recibió en la Alcaldía un oficio del recurrente donde se consultó si las edificaciones existentes en la quebrada del Río Purral que colinda con el distrito de Mata de Plátano y el puente cumplen o no con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley Forestal, pues, a su juicio, podrían estar invadiendo un área de protección. El 25 de octubre de 2022 se le dio respuesta al tutelado y se le indicó que la Dirección de Ingeniería Municipal había realizado inspección en el sitio y se había encontrado una construcción en zona de protección, motivo por el cual se coordinaría con el SINAC para realizar una inspección de fondo y determinar el posible daño ambiental causado, para, así, recuperar el área de protección, respetándose el debido proceso. Asevera que dicha inspección se realizó por el SINAC el 24 de febrero de 2025 y se rindió informe hasta el mes de julio de 2025, confirmándose la invasión denunciada por el recurrente. Apunta que, una vez conocido dicho informe elaborado por el SINAC, se procedió a notificar a los habitantes de los predios que se hallan en la zona de protección para que desalojen, siendo que, en caso contrario, procederían a realizar demoliciones para proteger el área protegida invadida. Indica que no se podía ejercer la recuperación de la zona de protección sin tener de previo el informe del SINAC para determinar el daño ambiental en el sitio y los predios a desalojar. Asevera que esa competencia es exclusiva del SINAC. 4.- Mediante escrito aportado a la Sala el 9 de octubre de 2025, Nombre56763, en su condición de Director de Ingeniería y Operaciones de la Municipalidad de Goicoechea, rinde informe. Indica que se remite información relacionada con el caso y que se mantiene un expediente abierto contra los dos propietarios por invasión a dicha zona de protección. 5.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones de ley. Redacta el Magistrado Araya García; y, CONSIDERANDO: I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente reclama que, pese a que desde el año 2022 las autoridades de la Municipalidad de Goicoechea tienen conocimiento de la existencia de edificaciones ilegales levantadas en zona de protección de un río, a la fecha de formulado este amparo no habían realizado gestión alguna para eliminarlas, lesionándose con esto el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. II.- CUESTIÓN PRELIMINAR. De previo a analizar el fondo del asunto –por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido– debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones–, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso se plantea un supuesto de excepción –respaldado por la mayoría de este Tribunal Constitucional–, pues se está ante una solicitud relacionada con el medio ambiente. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo. III.- HECHOS PROBADOS. De relevancia para dirimir el presente recurso de amparo, se tienen por acreditados los siguientes: 1) El 12 de octubre de 2022, se recibió en la Alcaldía de Goicoechea un oficio suscrito por el recurrente mediante el cual se consultó si las edificaciones existentes en la quebrada del Río Purral que colinda con el distrito de Mata de Plátano y el puente, cumplen o no con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley Forestal, pues, a su juicio, podrían estar invadiendo un área de protección (ver informe y prueba). 2) Por oficio No. MG-AG-DI-3325-2022 de fecha 20 de octubre de 2022, el Director de la Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo de la Municipalidad de Goicoechea, le indicó al Alcalde recurrido lo siguiente, respecto a la nota enviada por el recurrente: “(…) en relación al respecto del artículo 33 de la Ley Forestal, que establece un retiro de 10 metros con respecto a los cauces fluviales, específicamente, en relación con el sector del puente que comunica el Alto de Guadalupe y Purral Quebrada Tanques, al respecto se realizó una inspección al sitio y se localizó la existencia 4 edificaciones consolidadas de mucha antigüedad, que se ubican sobre la zona de protección, tanto aguas arriba como aguas abajo en ambos márgenes. Se harán las notificaciones respectivas y de no acatar se trasladará el caso al Tribunal Ambiental Administrativo (…)” (ver prueba). 3) Por oficio No. MG-AG-DI-3328-2022 de fecha 20 de octubre de 2022, el Director de la Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo de la Municipalidad de Goicoechea, le indicó al Alcalde recurrido lo siguiente, respecto a la nota enviada por el recurrente: “(…) se le indica que dicho puente pertenece a una ruta cantonal, en donde en la margen izquierda aguas arriba y aguas abajo dicho cauce colinda con zonas públicas municipales y en la margen derecha aguas arriba no se encontró invasión mientras que aguas abajo sí se encontró una construcción de (sic) sobre la zona de protección a la cual se le iniciará el proceso de notificación, asimismo, se remitirá el caso al SINAC-MINAE para que esa entidad determine si hay algún daño ambiental (…)” (ver prueba). 4) Por oficio No. MG-AG-05279-2022 de 21 de octubre de 2022, el Alcalde de Goicoechea le indicó al tutelado que se había realizado una inspección en la zona denunciada y se habían localizado cuatro edificaciones de mucha antigüedad ubicadas sobre la zona de protección. Asimismo, se le indicó que se harían las notificaciones respectivas y que, de no acatar lo señalado, el caso sería trasladado al Tribunal Ambiental Administrativo (ver prueba). 5) Por oficio No. MG-AG-05341-2022 de 25 de octubre de 2022, el Alcalde recurrido le remitió al accionante lo consignado en el citado oficio No. MG-AG-DI-3328-2022, suscrito por el Director de Ingeniería y Operaciones (ver prueba). 6) Por oficio No. MG-AG-DI-02859-2024 de fecha 10 de octubre de 2024, el Director de la Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo de la Municipalidad de Goicoechea le solicitó a las autoridades del SINAC establecer “(…) el status de las edificaciones existentes en la margen derecha del Río Purral, aguas arriba y abajo del puente que comunica Purral con Mata de Plátano, para efectos de establecer si existe invasión a la zona de protección del río, asimismo, establecer si hay daño ambiental y las medidas correspondientes a tomar, al respecto se les solicita de la manera más respetuosa realizar una visita conjunta al sitio para poder atender las inquietudes de este vecino, por lo que se ofrecen los teléfonos (…) o el correo (…)” (ver prueba). 7) Por oficio No. MG-AG-DI-3340-2024 de 10 de diciembre de 2024, el municipio recurrido reiteró la anterior solicitud al SINAC. Concretamente, se reiteró la necesidad de realizar una inspección en el sitio denunciado para evaluar las condiciones de las edificaciones y verificar si estas están o no conforme a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico (ver prueba). 8) El 24 de febrero de 2025, el SINAC realizó una inspección en la zona denunciada por el recurrente (ver informe y prueba). 9) En julio de 2025, el SINAC rindió informe No. SINAC-ACC-OSJ-inf-254-2025 a la municipalidad recurrida, confirmándose la invasión denunciada por el recurrente en el área protegida. En este informe se consignó adicionalmente lo siguiente: “(…) Como medidas a tomar se recomienda que para la restauración del sitio se efectúe la demolición de las invasiones y el retiro de los escombros para el establecimiento de la cobertura forestal típica de un bosque ribereño. El plan deberá ser elaborado por un profesional atinente y presentado ante esta oficina para el respectivo análisis y visto bueno (…)” (ver informe y prueba). 10) El 12 de septiembre de 2025, el recurrente formuló el presente amparo (ver escrito de interposición). 11) El 7 de octubre de 2025, las autoridades recurridas fueron notificadas de la interposición de este amparo (ver actas de notificación). 12) El 8 de octubre de 2025, los recurridos notificaron a los habitantes de los predios que se hallan en la zona de protección para que desalojen y advirtió que, caso contrario, el municipio procedería a realizar las demoliciones para proteger el área protegida invadida (ver prueba). IV.- ANTECEDENTE DE INTERÉS. Esta Sala, al conocer un caso similar al ahora planteado, en la Sentencia No. 2025-14025 de las 13:05 hrs. de 9 de mayo de 2025 (corregida posteriormente mediante el Voto No. 2025-19272 de las 13:29 hrs. de 20 de junio de 2025), señaló expresamente lo siguiente: “(…) II.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente manifiesta que, realizó una denuncia en fecha 09 de septiembre de 2024, por la falta de retiro de unas construcciones respecto del Río Ipís, en la Municipalidad de Vásquez de Coronado, sin que a la fecha haya obtenido respuesta, ni la autoridad recurrida haya procedido de conformidad. (…) VI. SOBRE EL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. Adicionalmente, la parte recurrente solicita “…proceder a realizar todas las gestiones necesarias para que se respete el área del río…”. Examinada la respuesta que brindó la autoridad recurrida, en el sentido de que, por la antigüedad de las obras, no podía adoptarse ninguna medida de salvaguarda del área de protección del río, difiere la mayoría de la Sala de ese enfoque y considera que la tutela del derecho a un medio ambiente sano, del cual forma parte esencial la protección de los cuerpos de aguas, impone una solución distinta. Para empezar, un somero repaso del ordenamiento jurídico protector de aguas permite concluir que el punto de partida temporal para la concretización de tal tutela difícilmente podría ser la Ley Forestal No. 7575, de 16 de abril de 1996. Dicho con otras palabras, jurídicamente resulta insostenible afirmar que las infracciones a los retiros tendientes a proteger las aguas solo pueden sancionarse con posterioridad a abril de 1996. Por ejemplo, el artículo 7 de la Ley de Tierras y Colonización número 2825 de 14 de octubre de 1961 dispuso: "Artículo 7º. - Mientras el Estado, por voluntad propia o por indicación del Ministerio de Agricultura o del Instituto de Tierras y Colonización, atendiendo razones de conveniencia nacional, no determine los terrenos que deben mantenerse bajo su dominio, se considerarán inalienables y no susceptibles de adquirirse por denuncio o posesión, salvo los que estuvieren bajo el domino privado, con título legítimo, los siguientes:(...) c) Los terrenos de las islas, los situados en las márgenes de los ríos, arroyos y, en general, de todas las fuentes que estén en cuencas u hoyas hidrográficas en que broten manantiales, o en que tengan sus orígenes o cabeceras cualesquiera cursos de agua de los cuales se surta alguna población, o que convenga reservar con igual fin. En terrenos planos o de pequeño declive se considerará inalienable una faja de doscientos metros a uno y otros lados de dichos ríos, manantiales o arroyos; y en las cuencas u hoyas hidrográficas, una faja de terreno de trescientos metros a uno y otros lados de la depresión máxima, en toda la línea, a contar de la mayor altura inmediata; (...)" Aún la Ley Forestal de 1996, en la que se apoya la respuesta del ente local accionado, tuvo varias versiones anteriores, que también reconocen márgenes de protección de los cauces: la Ley Forestal de 1969 establecía 5 metros de protección a partir del margen en su artículo 84, mientras que la reforma de 1990 establecía una protección de 10 metros del margen del río. Por otra parte, se omite toda referencia al impacto de las construcciones a las que se refiere el recurrente sobre el recurso hídrico. No se efectuó ni se citó ningún estudio de carácter técnico o inspección sobre este aspecto, que permita entender si se trata de afectaciones inocuas o ambientalmente relevantes. De esta forma, a la luz del derecho a un medio ambiente sano, resulta inaceptable la renuncia de las competencias municipales cuyo ejercicio instó el actor y corresponde, por ende, estimar el amparo y anular el oficio AL-200-0180-2025. Deberá la autoridad recurrida ejercer sus competencias de tutela efectiva del área de protección del río Ipís, así como aquellas de coordinación con las autoridades correspondientes, de conformidad con la normativa ambiental aplicable. (…) POR TANTO: Por mayoría, se declara con lugar el recurso, en cuanto a la infracción del derecho a un medio ambiente sano. Se anula el oficio AL-200-0180-2025 y se ordena a Nombre46689, alcaldesa de Vázquez de Coronado, o a quien ocupe su cargo, ejercer sus competencias de tutela efectiva del área de protección del río Ipís, así como aquellas de coordinación con las autoridades correspondientes, de conformidad con la normativa ambiental aplicable. En cuanto a la falta de respuesta de la gestión presentada por el recurrente en fecha 09 de septiembre de 2024 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se estima el amparo, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. La Magistrada Jara Velásquez salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. El Magistrado Salazar Alvarado salva el voto y declara sin lugar el recurso, al estimar que corresponde a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (…)”. V.- CASO CONCRETO. El recurrente acude a esta Sala y señala que, desde el año 2022, las autoridades de la Municipalidad de Goicoechea tienen conocimiento de construcciones levantadas sobre el margen de un río de la zona y, pese a esto, para el día de formulado este amparo, no habían realizado gestión alguna para eliminarlas, en clara lesión del derecho a un ambiente sano. Revisados los autos, este Tribunal Constitucional considera que existe mérito suficiente para acoger este proceso de amparo, por los motivos puntuales que se dirán a continuación. Primero, por cuanto se demostró que, desde el mes de octubre del año 2022 las autoridades de la Municipalidad de Goicoechea verificaron la existencia de cuatro edificaciones consolidades y establecidas en el margen del Río Purral señalado por el recurrente y, pese haber sostenido que realizarían las gestiones pertinentes con el SINAC para determinar el daño ambiental, esta última actuación se llevó a cabo finalmente hasta en el mes de octubre de 2024, sea, luego de trascurrido un plazo absolutamente excesivo e irrazonable de dos años. Nótese que, si bien se puede entender que, de forma previa, el SINAC debía inspeccionar el sitio y rendir un informe al municipio respecto a la referida situación, lo cierto es que igualmente debe tomarse en cuenta que esa solicitud fue planteada, como se dijo, de manera evidente y arbitrariamente tardía ante la primera institución. Segundo, dado que, pese a que el informe del SINAC fue rendido en julio de 2025 a la Municipalidad de Goicoechea (confirmándose la invasión al área o zona protegida de los márgenes del Río Purral), fue hasta tres meses después (8 de octubre de 2025) y, con motivo de este amparo, que los recurridos decidieron acatar las recomendaciones giradas y notificaron a los habitantes de los predios que se hallan en la zona de protección para que desalojen, advirtiéndose además, que, caso contrario, el municipio procedería a realizar las demoliciones para proteger el área protegida invadida. Tercero, habida cuenta que, en resumen, la situación descrita tiene más de tres años de haber sido denunciada y, pese al excesivo e irrazonable plazo trascurrido desde entonces, no ha encontrado, a la fecha, una solución definitiva, en claro quebrantado de lo dispuesto de lo dispuesto en el ordinal 50 de la Constitución Política. *** Bajo dicha inteligencia, lo que procede es acoger este amparo, con las consecuencias que se dirán en la parte dispositiva de la presente sentencia. VI.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico. VII.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS. En el sub examine, la parte accionante reclama que el municipio accionado detectó unas edificaciones ilegales levantadas en la zona de protección del río Purral; sin embargo, reprocha que a la fecha de formulado este proceso no han realización acción alguna para eliminarlas, lesionándose con esto el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Al respecto, a partir del informe rendido por parte de la Municipalidad de Goicoechea considero imprescindible tener como parte al Sistema Nacional de Áreas de Conservación. En esa línea, el alcalde del municipio accionado puntualizó que su representada carece de competencia para determinar la existencia de un posible daño ambiental, motivo por el cual se desprende que procedieron a efectuar una coordinación con las autoridades del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, quienes el 6 de febrero de 2025 llevaron a cabo una inspección. Consta que como resultado de dicha visita se emitió el oficio nro. SINAC-ACC-OSJ-inf-254-2025 del 24 de febrero de 2025, donde se consignó: “Conclusiones y recomendaciones: Se realizó una visita al sitio indicado, donde se detecta invasión al área de protección del río Torres y la quebrada Mozotal, lo anterior por el establecimiento de edificaciones de tipo vivienda. La estimación de las invasiones se indica en el cuadro 1 del presente informe. Que la invasión al área de protección se detecta en dos predios los cuales se han de identificar por parte del municipio para que procedan a interponer el respectivo informe ante el Ministerio Pública. La invasión al área de protección se estima mediante el uso de imágenes aéreas, la posible ubicación del cauce y los datos de campo, sin embargo, es necesario realizar la medición exacta para lo cual, se recomienda que ésta se realice por personal atinente, ya sea del mismo Municipio o bien de ingeniería Forense del OIJ, previa gestión del Ministerio Público para el debido ingreso al predio. Como medidas a tomar se recomienda que para la restauración del sitio se efectué la demolición de las invasiones y el retiro de los escombros para el establecimiento de la cobertura forestal típica de un bosque ribereño. El plan deberá ser elaborado por un profesional atinente y presentado ante esta oficina para el respectivo análisis y visto bueno. Importante señalar que todo proyecto de restauración deberá realizarse con el mayor cuidado posible y este debe considerar los impactos ambientales que se origen al inicio de las obras y garantizar que mediante las medidas adoptadas se podrá restaurar el sitio. Se recomienda que cualquier proyecto de restauración del área de protección se realice con árboles nativos de porte bajo a mediano y que los mismos se establezcan alejados de la infraestructura. Se recomienda que cada árbol posea una altura mínima de 1,5 metros con el fin de garantizar la menor mortalidad posible”. En consecuencia, salvo el voto y ordeno continuar la tramitación del recurso a los efectos de que se solicite informe al Sistema Nacional de Áreas de Conservación. VIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI. POR TANTO: Se declara con lugar el recurso. Se le ordena a Nombre42169, en su condición de Alcalde y a Nombre56763, en su condición de Director de Ingeniería y Operaciones, ambos de la Municipalidad de Goicoechea, o a quienes en su lugar ocupen respectivamente tales cargos, que giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que, dentro del plazo máximo de DOS MESES, contado a partir de la notificación de la presente sentencia, se brinde una solución definitiva a la situación denunciada por el recurrente (invasión de zona protegida). Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Goicoechea al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Castillo Víquez pone nota. La magistrada Garro Vargas salva el voto y ordena continuar la tramitación del recurso a los efectos de que se solicite informe al Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Notifíquese.- Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- EEI72Q795CG61 EXPEDIENTE N° 25-027797-0007-CO Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 09:01:49. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Large Normal Small Constitutional Chamber Resolution No. 33901 - 2025 Resolution Date: October 17, 2025 at 09:20 Expediente: 25-027797-0007-CO Drafted by: Jorge Araya Garcia Type of matter: Amparo appeal Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER Judgment with Dissenting Vote Judgment with separate note Relevance Indicators Relevant judgment Judgment with protected data, in accordance with current regulations Content of Interest: Type of content: Majority vote Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: MUNICIPALITY Subtopics: COMPLAINT. 033901-25. THE APPELLANT INDICATES THAT THERE ARE BUILDINGS IN THE PURRAL RIVER ZONE AND THAT THIS IS A PROTECTED ZONE. THE APPEAL IS DECLARED WITH MERIT, ORDERING THE MAYOR AND THE DIRECTOR OF ENGINEERING AND OPERATIONS, BOTH OF THE MUNICIPALITY OF GOICOECHEA, TO ISSUE THE PERTINENT ORDERS AND CARRY OUT ALL ACTIONS WITHIN THE SCOPE OF THEIR COMPETENCIES SO THAT, WITHIN A MAXIMUM PERIOD OF TWO MONTHS, COUNTED FROM THE NOTIFICATION OF THIS JUDGMENT, A DEFINITIVE SOLUTION IS PROVIDED TO THE SITUATION DENOUNCED BY THE APPELLANT (INVASION OF PROTECTED ZONE). RGS10/2025 “(…) Before analyzing the merits of the matter –for the alleged violation of the right to a prompt and fulfilled procedure– it must be clarified that, based on Judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction –with some exceptions– those matters in which it is disputed whether the public administration has complied or not with the deadlines set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure –initiated ex officio or at the request of a party– or to hear the pertinent administrative appeals. Precisely, in this case, an exception is raised –supported by the majority of this Constitutional Court– as it is a request related to the environment. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo. (…)” “(…) The appellant comes before this Chamber and states that, since the year 2022, the authorities of the Municipality of Goicoechea have known about constructions built on the riverbank margin of the area and, despite this, as of the date this amparo was filed, they had not taken any action to remove them, in clear violation of the right to a healthy environment. Having reviewed the case file, this Constitutional Court considers there is sufficient merit to grant this amparo proceeding, for the specific reasons that will be stated below. First, because it was demonstrated that, since October 2022, the authorities of the Municipality of Goicoechea verified the existence of four consolidated buildings established on the margin of the Purral River indicated by the appellant and, despite having maintained that they would carry out the pertinent steps with SINAC to determine the environmental damage, this last action was finally carried out in October 2024, that is, after an absolutely excessive and unreasonable period of two years had elapsed. Note that, while it is understandable that, beforehand, SINAC had to inspect the site and provide a report to the municipality regarding the referred situation, the truth is that it must also be taken into account that this request was made, as stated, in an evidently and arbitrarily late manner before the first institution. Second, given that, although SINAC's report was issued in July 2025 to the Municipality of Goicoechea (confirming the invasion of the protected area or zone of the Purral River margins), it was not until three months later (October 8, 2025) and, on account of this amparo, that the respondents decided to comply with the recommendations given and notified the inhabitants of the properties located in the protection zone to vacate, further warning that, otherwise, the municipality would proceed with demolitions to protect the invaded protected area. Third, considering that, in summary, the described situation was denounced more than three years ago and, despite the excessive and unreasonable time elapsed since then, it has not found, to date, a definitive solution, in clear breach of the provisions of article 50 of the Political Constitution. *** Under this understanding, the appropriate action is to grant this amparo, with the consequences that will be stated in the operative part of this judgment. (…)” ... See more Related Judgments Content of Interest: Type of content: Separate note Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: MUNICIPALITY Subtopics: COMPLAINT. 033901-25. THE APPELLANT INDICATES THAT THERE ARE BUILDINGS IN THE PURRAL RIVER ZONE AND THAT THIS IS A PROTECTED ZONE. THE APPEAL IS DECLARED WITH MERIT, ORDERING THE MAYOR AND THE DIRECTOR OF ENGINEERING AND OPERATIONS, BOTH OF THE MUNICIPALITY OF GOICOECHEA, TO ISSUE THE PERTINENT ORDERS AND CARRY OUT ALL ACTIONS WITHIN THE SCOPE OF THEIR COMPETENCIES SO THAT, WITHIN A MAXIMUM PERIOD OF TWO MONTHS, COUNTED FROM THE NOTIFICATION OF THIS JUDGMENT, A DEFINITIVE SOLUTION IS PROVIDED TO THE SITUATION DENOUNCED BY THE APPELLANT (INVASION OF PROTECTED ZONE). RGS10/2025 “(…) NOTE BY MAGISTRATE CASTILLO VÍQUEZ, REGARDING PROMPT AND FULFILLED ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported this Court's thesis that when a litigant alleges a violation of the right to prompt and fulfilled justice in an administrative venue, the courts that must hear the legal dispute are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, the Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is subject to judicial protection through the amparo appeal established by Article 32 of the Constitutional Jurisdiction Law, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the Administration's material actions, its administrative acts, or its response affect their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, as it is exclusively the Court's responsibility, based on Article 7 of its Law, to define its own jurisdiction. Therefore, except for those constitutional-legal disputes that this Chamber itself has recognized as exceptions, which are appropriate to be heard in this jurisdiction through the constitutional amparo guarantee process, in other cases, and for the reasons given by this Court (Judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent judges are those of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with Article 25 of the American Convention on Human Rights, the Constitutional Law (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system. (…)” ... See more Content of Interest: Type of content: Dissenting vote Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: MUNICIPALITY Subtopics: COMPLAINT. 033901-25. THE APPELLANT INDICATES THAT THERE ARE BUILDINGS IN THE PURRAL RIVER ZONE AND THAT THIS IS A PROTECTED ZONE. THE APPEAL IS DECLARED WITH MERIT, ORDERING THE MAYOR AND THE DIRECTOR OF ENGINEERING AND OPERATIONS, BOTH OF THE MUNICIPALITY OF GOICOECHEA, TO ISSUE THE PERTINENT ORDERS AND CARRY OUT ALL ACTIONS WITHIN THE SCOPE OF THEIR COMPETENCIES SO THAT, WITHIN A MAXIMUM PERIOD OF TWO MONTHS, COUNTED FROM THE NOTIFICATION OF THIS JUDGMENT, A DEFINITIVE SOLUTION IS PROVIDED TO THE SITUATION DENOUNCED BY THE APPELLANT (INVASION OF PROTECTED ZONE). RGS10/2025 “(…) DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE GARRO VARGAS. In the sub examine, the complainant claims that the respondent municipality detected some illegal buildings erected in the protection zone (zona de protección) of the Purral River; however, they claim that as of the date this proceeding was filed, no action has been taken to remove them, thereby violating the right to a healthy and ecologically balanced environment. In this regard, based on the report provided by the Municipality of Goicoechea, I consider it essential to include the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) as a party. Along these lines, the mayor of the respondent municipality pointed out that his represented entity lacks the competence to determine the existence of possible environmental damage, which is why it is inferred that they proceeded to coordinate with the authorities of the National System of Conservation Areas, who carried out an inspection on February 6, 2025. It is on record that as a result of this visit, official letter no. SINAC-ACC-OSJ-inf-254-2025 of February 24, 2025, was issued, which stated: “Conclusions and recommendations: A visit was made to the indicated site, where an invasion of the protection area (área de protección) of the Torres River and the Mozotal stream was detected, due to the establishment of residential-type buildings. The estimation of the invasions is indicated in table 1 of this report. The invasion of the protection area is detected on two properties, which must be identified by the municipality so that it can file the respective report with the Public Ministry (Ministerio Pública). The invasion of the protection area is estimated using aerial images, the possible location of the riverbed, and field data; however, an exact measurement is necessary, for which it is recommended that it be carried out by pertinent personnel, either from the Municipality itself or from the Forensic Engineering of the OIJ, upon prior request by the Public Ministry for due entry to the property. As measures to be taken, it is recommended that for the restoration of the site, the demolition of the invasions and the removal of debris be carried out for the establishment of the typical forest cover (cobertura forestal) of a riparian forest. The plan must be prepared by a pertinent professional and presented before this office for the respective analysis and approval. It is important to note that any restoration project must be carried out with the greatest possible care and must consider the environmental impacts that originate at the start of the works and guarantee that through the adopted measures, the site can be restored. It is recommended that any restoration project in the protection area be carried out with low to medium-height native trees and that they be established away from the infrastructure. It is recommended that each tree have a minimum height of 1.5 meters to ensure the lowest possible mortality.” Consequently, I dissent and order the continuation of the appeal processing so that a report is requested from the National System of Conservation Areas. (…)” ... See more Content of Interest: Type of content: Majority vote Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: MUNICIPALITY Subtopics: COMPLAINT. 033901-25. THE APPELLANT INDICATES THAT THERE ARE BUILDINGS IN THE PURRAL RIVER ZONE AND THAT THIS IS A PROTECTED ZONE. THE APPEAL IS DECLARED WITH MERIT, ORDERING THE MAYOR AND THE DIRECTOR OF ENGINEERING AND OPERATIONS, BOTH OF THE MUNICIPALITY OF GOICOECHEA, TO ISSUE THE PERTINENT ORDERS AND CARRY OUT ALL ACTIONS WITHIN THE SCOPE OF THEIR COMPETENCIES SO THAT, WITHIN A MAXIMUM PERIOD OF TWO MONTHS, COUNTED FROM THE NOTIFICATION OF THIS JUDGMENT, A DEFINITIVE SOLUTION IS PROVIDED TO THE SITUATION DENOUNCED BY THE APPELLANT (INVASION OF PROTECTED ZONE). RGS10/2025 “(…) The appeal is declared with merit. Fernando Chavarría Quirós, in his capacity as Mayor, and Mario Iván Rojas Sánchez, in his capacity as Director of Engineering and Operations, both of the Municipality of Goicoechea, or whoever respectively holds these positions in their place, are ordered to issue the pertinent orders and carry out all actions within the scope of their competencies so that, within a maximum period of TWO MONTHS, counted from the notification of this judgment, a definitive solution is provided to the situation denounced by the appellant (invasion of protected zone). The respondent authorities are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Constitutional Jurisdiction Law, imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days will be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo appeal, and does not comply with it or does not enforce it, provided the crime is not more severely punished. The Municipality of Goicoechea is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which will be liquidated in the execution of the sentence of the contentious-administrative jurisdiction. Magistrate Castillo Víquez adds a note. Magistrate Garro Vargas dissents and orders the continuation of the appeal processing so that a report is requested from the National System of Conservation Areas. Notify.-” ... See more Text of the resolution Exp: 25-027797-0007-CO Res. Nº 2025033901 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on October seventeen, two thousand twenty-five. Amparo appeal filed by Nombre32681, identity card CED14718, against THE MUNICIPALITY OF GOICOECHEA. WHEREAS: 1.- By document submitted to the Chamber on September 12, 2025, the appellant files an amparo appeal and states that the Director of Engineering and Operations of the Municipality of Goicoechea (in official letter No. MG-AG-DI-3328-2022) said that “a construction was found on the protection zone (zona de protección)” of the river. However, they claim that, to date, said municipality has not taken any action to eliminate these illegal constructions and protect said zone or protected area, in safeguarding the right to a healthy and ecologically balanced environment. They affirm that the municipality's inaction could lead to more buildings being erected in said zone. They request that the appeal be declared with merit and that the respondents be ordered to take all pertinent steps to eliminate said constructions and protect the river area. 2.- By resolution at 22:53 hrs. on September 19, 2025, the process is admitted and reports are requested from the respondent authorities. 3.- By memorial submitted to the Chamber on October 9, 2025, Nombre42169, in their capacity as Mayor of Goicoechea, submits a report. They refer to the competencies of SINAC. They indicate that the municipality lacks the competence to determine the existence of possible environmental damage, which is why SINAC was approached to determine the invasion and that possible damage. This was in order to initiate an administrative eviction procedure. They explain that on October 13, 2022, a letter from the appellant was received at the Mayor's Office inquiring whether the existing buildings in the Purral River stream bordering the district of Mata de Plátano and the bridge do or do not comply with the provisions of Article 33 of the Ley Forestal, as, in their opinion, they could be invading a protection area. On October 25, 2022, the plaintiff was given a response and it was indicated that the Municipal Engineering Department had carried out an inspection at the site and a construction had been found in a protection zone, which is why coordination with SINAC would be undertaken to carry out a thorough inspection and determine the possible environmental damage caused, in order to recover the protection area, respecting due process. They assert that this inspection was carried out by SINAC on February 24, 2025, and the report was not rendered until July 2025, confirming the invasion denounced by the appellant. They note that, once this report prepared by SINAC was known, they proceeded to notify the inhabitants of the properties located in the protection zone to vacate, with the understanding that, otherwise, they would proceed with demolitions to protect the invaded protected area. They indicate that the recovery of the protection zone could not be carried out without first having the SINAC report to determine the environmental damage at the site and the properties to be vacated. They assert that this competence is exclusive to SINAC. 4.- By document submitted to the Chamber on October 9, 2025, Nombre56763, in their capacity as Director of Engineering and Operations of the Municipality of Goicoechea, submits a report. They indicate that information related to the case is submitted and that an open case file is maintained against the two owners for invasion of said protection zone. 5.- In the substantiation of the process, the prescriptions of law have been observed. Drafted by Magistrate Araya García; and, CONSIDERING: I.- PURPOSE OF THE APPEAL. The appellant claims that, despite the fact that since 2022 the authorities of the Municipality of Goicoechea have been aware of the existence of illegal buildings erected in the protection zone of a river, as of the date this amparo was filed, they had not taken any action to remove them, thereby violating the right to a healthy and ecologically balanced environment. II.- PRELIMINARY ISSUE. Before analyzing the merits of the matter –for the alleged violation of the right to a prompt and fulfilled procedure– it must be clarified that, based on Judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction –with some exceptions– those matters in which it is disputed whether the public administration has complied or not with the deadlines set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure –initiated ex officio or at the request of a party– or to hear the pertinent administrative appeals. Precisely, in this case, an exception is raised –supported by the majority of this Constitutional Court– as it is a request related to the environment. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo. III.- PROVEN FACTS. Of relevance to settle this amparo appeal, the following are considered accredited: 1) On October 12, 2022, a letter signed by the appellant was received at the Mayor's Office of Goicoechea inquiring whether the existing buildings in the Purral River stream bordering the district of Mata de Plátano and the bridge do or do not comply with the provisions of Article 33 of the Ley Forestal, as, in their opinion, they could be invading a protection area (see report and evidence). 2) By official letter No. MG-AG-DI-3325-2022 dated October 20, 2022, the Director of the Department of Engineering, Operations, and Urbanism of the Municipality of Goicoechea, indicated the following to the respondent Mayor, regarding the note sent by the appellant: “(…) in relation to the matter of Article 33 of the Ley Forestal, which establishes a 10-meter setback with respect to river channels, specifically, in relation to the sector of the bridge connecting Alto de Guadalupe and Purral Quebrada Tanques, an on-site inspection was carried out and the existence of 4 consolidated buildings of considerable antiquity was found, which are located on the protection zone, both upstream and downstream on both margins. The respective notifications will be made and if not complied with, the case will be referred to the Administrative Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo) (…)” (see evidence). 3) By official letter No. MG-AG-DI-3328-2022 dated October 20, 2022, the Director of the Department of Engineering, Operations, and Urbanism of the Municipality of Goicoechea, indicated the following to the respondent Mayor, regarding the note sent by the appellant: “(…) it is indicated that said bridge belongs to a cantonal route, where on the left margin upstream and downstream said channel borders municipal public zones and on the right margin upstream no invasion was found, while downstream a construction was found on the protection zone for which the notification process will be initiated, likewise, the case will be referred to SINAC-MINAE so that entity can determine if there is any environmental damage (…)” (see evidence). 4) By official letter No. MG-AG-05279-2022 of October 21, 2022, the Mayor of Goicoechea informed the plaintiff that an inspection had been carried out in the denounced area and four buildings of considerable antiquity located on the protection zone had been found. Likewise, it was indicated that the respective notifications would be made and that, if the indicated a was not complied with, the case would be referred to the Administrative Environmental Tribunal (see evidence). 5) By official letter No. MG-AG-05341-2022 of October 25, 2022, the respondent Mayor forwarded to the plaintiff what was stated in the aforementioned official letter No. MG-AG-DI-3328-2022, signed by the Director of Engineering and Operations (see evidence). 6) By official letter No. MG-AG-DI-02859-2024 dated October 10, 2024, the Director of the Department of Engineering, Operations, and Urbanism of the Municipality of Goicoechea requested the authorities of SINAC to establish “(…) the status of the existing buildings on the right margin of the Purral River, upstream and downstream of the bridge connecting Purral with Mata de Plátano, for the purpose of establishing whether there is an invasion of the river's protection zone, likewise, to establish if there is environmental damage and the corresponding measures to be taken, in this regard, we respectfully request a joint visit to the site to be able to address the concerns of this neighbor, for which the phone numbers (…) or the email (…) are provided” (see evidence). 7) By official letter No. MG-AG-DI-3340-2024 of December 10, 2024, the respondent municipality reiterated the previous request to SINAC. Specifically, the need to carry out an inspection at the denounced site was reiterated to evaluate the conditions of the buildings and verify whether these are or are not in accordance with the provisions of the legal system (see evidence). 8) On February 24, 2025, SINAC carried out an inspection in the area denounced by the appellant (see report and evidence). 9) In July 2025, SINAC rendered report No. SINAC-ACC-OSJ-inf-254-2025 to the respondent municipality, confirming the invasion denounced by the appellant in the protected area. This report additionally stated the following: “(…) As measures to be taken, it is recommended that for the restoration of the site, the demolition of the invasions and the removal of debris be carried out for the establishment of the typical forest cover of a riparian forest. The plan must be prepared by a pertinent professional and presented before this office for the respective analysis and approval (…)” (see report and evidence). 10) On September 12, 2025, the appellant filed this amparo (see filing document). 11) On October 7, 2025, the respondent authorities were notified of the filing of this amparo (see notification records). 12) On October 8, 2025, the respondents notified the inhabitants of the properties located in the protection zone to vacate and warned that, otherwise, the municipality would proceed with demolitions to protect the invaded protected area (see evidence). IV.- RELEVANT PRECEDENT. This Chamber, upon hearing a case similar to the one now raised, in Judgment No. 2025-14025 of 13:05 hrs. on May 9, 2025 (later corrected by Vote No. 2025-19272 of 13:29 hrs. on June 20, 2025), expressly stated the following: “(…) II.- PURPOSE OF THE APPEAL. The appellant states that he filed a complaint on September 9, 2024, regarding the failure to set back some constructions from the Ipís River, at the Municipality of Vásquez de Coronado, without having received a response to date, nor has the respondent authority proceeded accordingly. (…) VI. ON THE RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. Additionally, the appellant requests ‘…to carry out all necessary steps to ensure that the river area is respected…’. Having examined the response provided by the respondent authority, in the sense that, due to the age of the works, no measure could be adopted to safeguard the river's protection area, the majority of the Chamber differs from that approach and considers that the protection of the right to a healthy environment, of which the protection of water bodies is an essential part, demands a different solution. To begin with, a brief review of the legal system protecting waters allows concluding that the temporal starting point for the realization of such protection could hardly be the Ley Forestal No. 7575, of April 16, 1996. In other words, it is legally untenable to assert that violations of setbacks aimed at protecting waters can only be sanctioned after April 1996. For example, Article 7 of the Ley de Tierras y Colonización number 2825 of October 14, 1961, provided: "Article 7. - While the State, by its own will or by indication of the Ministry of Agriculture or the Institute of Lands and Colonization, considering reasons of national convenience, does not determine the lands that must remain under its domain, the following shall be considered inalienable and not subject to acquisition by denouncement (denuncio) or possession, except those that were under private domain, with legitimate title: (...) c) The lands of the islands, those located on the banks of rivers, streams, and, in general, of all sources that are in basins or hydrographic basins where springs (manantiales) emerge, or where any water courses supplying a population have their origins or headwaters, or that it is convenient to reserve for the same purpose. On flat or gently sloping land, a strip of two hundred meters on both sides of said rivers, springs, or streams shall be considered inalienable; and in the basins or hydrographic basins, a strip of land of three hundred meters on both sides of the maximum depression, along the entire line, counting from the highest immediate elevation; (...)" Even the Ley Forestal of 1996, on which the response of the respondent local entity is based, had several previous versions, which also recognize protection margins for channels: the Ley Forestal of 1969 established 5 meters of protection from the margin in its Article 84, while the 1990 reform established a protection of 10 meters from the river margin. Moreover, any reference to the impact of the constructions referred to by the appellant on water resources is omitted. No technical study or inspection was conducted or cited on this aspect, which would allow understanding whether these are innocuous or environmentally relevant impacts. Thus, in light of the right to a healthy environment, the waiver of the municipal competencies whose exercise was requested by the plaintiff is unacceptable and, therefore, it is appropriate to grant the amparo and annul official letter AL-200-0180-2025. The respondent authority must exercise its competencies for the effective protection of the Ipís River's protection area, as well as those of coordination with the corresponding authorities, in accordance with the applicable environmental regulations. (…) THEREFORE: By majority, the appeal is declared with merit, regarding the violation of the right to a healthy environment. Official letter AL-200-0180-2025 is annulled and Nombre46689, mayor of Vázquez de Coronado, or whoever holds their position, is ordered to exercise their competencies for the effective protection of the Ipís River's protection area, as well as those of coordination with the corresponding authorities, in accordance with the applicable environmental regulations. Regarding the lack of response to the motion presented by the appellant on September 9, 2024, and in accordance with the provisions of Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law, the amparo is granted, without special condemnation for costs, damages, and losses. Magistrate Jara Velásquez partially dissents and orders condemnation for damages, losses, and costs. Magistrate Salazar Alvarado dissents and declares the appeal without merit, considering that it falls to the ordinary jurisdiction, specifically the contentious-administrative jurisdiction, to determine whether the challenged administrative actions and conduct conform or not, in substance, to what is prescribed in the legal-order provisions of statutory rank regarding the protection, guardianship, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment (…)”. V.- SPECIFIC CASE. The petitioner comes before this Chamber and states that, since 2022, the authorities of the Municipality of Goicoechea have had knowledge of constructions erected on the bank of a river in the area and, despite this, as of the date this amparo was filed, they had not taken any action to eliminate them, in clear violation of the right to a healthy environment. Having reviewed the case record, this Constitutional Court considers that there is sufficient merit to grant this amparo proceeding, for the specific reasons set forth below. First, because it was demonstrated that, since October 2022, the authorities of the Municipality of Goicoechea verified the existence of four consolidated buildings established on the bank of the Río Purral indicated by the petitioner, and despite having stated that they would take the pertinent steps with SINAC to determine the environmental damage (daño ambiental), this latter action was not finally carried out until October 2024, that is, after an absolutely excessive and unreasonable period of two years had elapsed. It should be noted that, while it is understandable that SINAC had to first inspect the site and render a report to the municipality regarding the aforementioned situation, the fact is that it must equally be taken into account that this request was made, as stated, in an evidently and arbitrarily untimely manner before the first institution. Second, given that, despite the SINAC report being rendered in July 2025 to the Municipality of Goicoechea (confirming the invasion of the protected area or zone of the banks of the Río Purral), it was not until three months later (8 October 2025) and, on account of this amparo, that the respondents decided to comply with the recommendations issued and notified the inhabitants of the properties located in the protection zone (zona de protección) to vacate, with the additional warning that, otherwise, the municipality would proceed with the demolitions to protect the invaded protected area. Third, considering that, in summary, the situation described was first reported more than three years ago and, despite the excessive and unreasonable period that has elapsed since then, it has not, to date, found a definitive solution, in clear breach of the provisions of Article 50 of the Political Constitution. *** Under that understanding, the appropriate course is to grant this amparo, with the consequences set forth in the operative part of this judgment. VI.- NOTE BY MAGISTRATE CASTILLO VÍQUEZ, REGARDING PROMPT AND COMPLETE ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported the thesis of this Court that, when a person subject to the law alleges a violation of the right to prompt and complete justice in an administrative venue, the bodies that must hear the legal dispute are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection through the amparo appeal established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases in which the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, as it is up to it, based on numeral 7 of its Law, to exclusively define its own jurisdiction. Therefore, except for those juridical-constitutional disputes that have been recognized by this same Chamber as exceptional situations, which may properly be heard in this jurisdiction through the constitutional guarantee process of amparo, in all other cases, and for the reasons given by this Court (judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on 22 February 2008), the competent judges are those of the contentious-administrative jurisdiction, all of which conforms to numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal order. VII.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE GARRO VARGAS. In the sub examine, the plaintiff alleges that the respondent municipality detected illegal buildings erected in the protection zone of the Río Purral; however, she reproaches that, as of the date this proceeding was filed, no action has been taken to eliminate them, thereby violating the right to a healthy and ecologically balanced environment. In this regard, based on the report issued by the Municipality of Goicoechea, I consider it essential to include the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) as a party. Along those lines, the mayor of the respondent municipality specified that his represented entity lacks the authority to determine the existence of possible environmental damage, which is why it follows that they proceeded to coordinate with the authorities of the National System of Conservation Areas, who carried out an inspection on 6 February 2025. The record shows that as a result of said visit, official communication No. SINAC-ACC-OSJ-inf-254-2025 of 24 February 2025 was issued, which stated: “Conclusions and recommendations: A visit was made to the indicated site, where invasion of the protection area of the Río Torres and the Quebrada Mozotal was detected, due to the establishment of residential-type buildings. The estimation of the invasions is indicated in Table 1 of this report. The invasion of the protection area was detected on two properties, which are to be identified by the municipality so that they may proceed to file the respective report with the Public Prosecutor’s Office (Ministerio Público). The invasion of the protection area is estimated through the use of aerial images, the possible location of the watercourse (cauce), and field data; however, an exact measurement is necessary, for which it is recommended that this be carried out by pertinent personnel, either from the Municipality itself or from the Forensic Engineering division of the OIJ, upon prior request by the Public Prosecutor’s Office for due entry onto the property. As measures to be taken, it is recommended that the restoration of the site involve the demolition of the invasions and the removal of debris for the establishment of the forest cover (cobertura forestal) typical of a riparian forest. The plan must be prepared by a qualified professional and submitted to this office for the respective analysis and approval. It is important to note that any restoration project must be carried out with the greatest possible care and must consider the environmental impacts originating at the start of the earthworks (obras) and guarantee that through the adopted measures the site can be restored. It is recommended that any restoration project in the protection area be carried out with low-to-medium height native trees and that they be established away from the infrastructure. It is recommended that each tree have a minimum height of 1.5 meters to ensure the lowest possible mortality.” Consequently, I dissent and order the continuation of the appeal proceedings for the purpose of requesting a report from the National System of Conservation Areas. VIII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, digital, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not withdrawn within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the “Regulation on the Electronic Case File before the Judicial Branch” (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session number 27-11 of 22 August 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of 26 January 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session number 43-12 held on 3 May 2012, Article LXXXI. POR TANTO: The appeal is granted. Nombre42169, in his capacity as Mayor, and Nombre56763, in his capacity as Director of Engineering and Operations, both of the Municipality of Goicoechea, or whoever holds those respective positions in their stead, are ordered to issue the pertinent orders and carry out all actions within the scope of their powers so that, within a maximum period of TWO MONTHS, counted from the notification of this judgment, a definitive solution is provided to the situation reported by the petitioner (invasion of protected zone). The respondent authorities are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, a prison sentence of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be carried out or enforced, issued within an amparo appeal, and does not carry it out or enforce it, provided the offense is not more severely punished. The Municipality of Goicoechea is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of a contentious-administrative court judgment. Magistrate Castillo Víquez adds a note. Magistrate Garro Vargas dissents and orders the continuation of the appeal proceedings for the purpose of requesting a report from the National System of Conservation Areas. Notify.- Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *EEI72Q795CG61* EEI72Q795CG61 EXPEDIENTE N° 25-027797-0007-CO Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). 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