Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)De la lectura de la consulta efectuada se determina que lo pretendido es que se emita un criterio técnico-jurídico relacionado con el acto administrativo señalado, así como también si corresponde o no alguna medida administrativa, sancionatoria o de denuncia. De ese modo, se debe advertir que el requerimiento de criterios o solicitudes de asesoría no se encuadran en los supuestos de peticiones puras y simples de información tuteladas por el derecho de petición en relación el acceso a la información, ni tampoco por el artículo 41 de la Constitución Política, ya que este tipo de gestiones no impone a la Administración la obligación de resolver un reclamo o denuncia ni de decidir si acoge o no una solicitud.
English (translation)From the reading of the inquiry made, it is determined that it seeks the issuance of a technical-legal opinion regarding the aforementioned administrative act, as well as whether any administrative, disciplinary, or criminal measures are appropriate. Thus, it must be noted that requests for opinions or advisory services do not fall within the scenarios of pure and simple requests for information protected by the right of petition in relation to access to information, nor by Article 41 of the Political Constitution, since this type of procedure does not impose on the Administration the obligation to resolve a claim or complaint nor to decide whether to grant a request.
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Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 31134 - 2025 Fecha de la Resolución: 26 de Setiembre del 2025 a las 09:25 Expediente: 25-025700-0007-CO Redactado por: Fernando Enrique Lara Gamboa Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Texto de la resolución Exp: 25-025700-0007-CO Res. Nº 2025031134 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinticinco minutos del veintiseis de setiembre de dos mil veinticinco . Recurso de amparo interpuesto por Nombre48414 , cédula de identidad CED129447, contra la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. Resultando: 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 26 de agosto de 2025, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra la Procuraduría General de la República. Manifiesta que “el 18 de junio de 2025 a las 11:43 horas desde mi despacho se envió la nota AL-CCS-222-2025 con firma digital mediante correo electrónico al señor Iván Vincenti Rojas, Procurador General de la República. El correo para este envío fue el de correspondencia institucional: ...4078. Adjunto el oficio AL-CCS-222-2025 y en anexo 1 copia del correo electrónico enviado. • El 30 de julio de 2025 a las 14:55 horas, se remitió recordatorio al correo indicado anteriormente, solicitando nuevamente la respuesta. Adjunto copia del correo electrónico enviado en anexo 2. Dado que al momento de presentar este recurso de amparo se sigue sin tener una respuesta por parte del procurador y, por ende, obtenido la respuesta a mi oficio…” (sic). Con base en los alegatos expuestos, estima que, con las actuaciones acusadas, se están vulnerando derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso con las consecuencias de ley. 2.- Mediante resolución de las 19:45 horas del 31 de agosto de 2025, se dio curso a este proceso y se le solicitó informe al alcalde de la Municipalidad de Goicoechea, sobre los hechos alegados por la parte recurrente. 3.- Por escrito incorporado al expediente digital el 5 de setiembre de 2025, Iván Vincenti Rojas, en su condición de procurador general de la República, informa bajo juramento que “PRIMERO. - Es cierto, por lo que se acepta. El 18 de junio de 2025, la recurrente, en su condición de diputada y ciudadana remitió a la Procuraduría el oficio AL-CCS-222-2025 del 17 de junio de 2025, en dicho oficio se expone un caso concreto ocurrido en el Tribunal Ambiental Administrativo y se solicita la emisión de un criterio legal sobre el asunto. Lo peticionado no involucra una petición pura y simple en poder de la Procuraduría, argumento que será desarrollado en un apartado siguiente. SEGUNDO. - Es cierto, por lo que se acepta. El 30 de julio de 2025, se recibió un correo electrónico, y además se remitieron nuevos oficios, que se relacionaban con el caso concreto expuesto en el oficio AL-CCS-222-2025. III. OBJETO DEL RECURSO DE AMPARO Y LA PRETENSIÓN DE LA RECURRENTE El 18 de junio de 2025, la señora Nombre169128 remitió a la Procuraduría General de la República el oficio AL-CCS-222-2025. En su condición de ciudadana y diputada solicita nuestro criterio legal sobre ciertas actuaciones administrativas ocurridas el Tribunal Ambiental Administrativo. En el oficio, se expuso un caso particular en el que le solicitó al Ministerio de Ambiente y Energía, aclaraciones sobre 3 puntos específicos, a saber: 1- Las razones de la demora del nombramiento de un juez propietario del TAA y sus suplentes. Señala que los puestos permanecieron vacantes durante un periodo prolongado, entre 6 y 9 meses. 2- Cuestiona la duración del nombramiento, en el sentido de por qué se hizo por un periodo de 6 años, en lugar de los 2 años restantes, lo que a su criterio podría desfasar los nombramientos futuros y afectar la planificación del TAA. 3- Solicita explicación sobre el traslado de plazas del TAA según la nota DAJ-MINAE-0794-2025. Asimismo, se nos informó que el ministro a.i. respondió a la gestión mediante oficio DM-426-2025. Seguidamente, la recurrente solicita a esta Procuraduría lo siguiente: “Por tanto, en el marco de sus potestades de procurador, le agradezco me indique si este acto administrativo representa un daño en el funcionamiento pleno del Tribunal Ambiental Administrativo por no tener un nombramiento durante todo ese tiempo, y si el nombramiento realizado ha seguido el debido proceso o debió realizarse por el plazo restante a la administración actual, o en su defecto, la situación que expongo debe aplicarse alguna medida administrativa, sancionatoria o de denuncia”. Se adjuntan oficios citados en el documento AL-CCS-222-2025. La señora diputada, concluye indicando que la solicitud de información se fundamenta en los artículos 27 y 30 de la Constitución Política, artículo 32 y siguientes de la Ley de Jurisdicción Constitucional, Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos Ley n.° 8220, Ley de Regulación del Derecho de Petición Ley n.° 9097. En el recurso de amparo la recurrente alega presunta violación del derecho de petición y pronta respuesta. Finalmente peticiona, que se responda a la solicitud de información requerida en el oficio AL-CCS-222-2025 y se condene en lo que corresponda. IV. LA SOLICITUD NO CONSTITUYE UNA PETICIÓN INFORMACIÓN PURA Y SIMPLE. Tal y como se señaló en la contestación del hecho primero de este recurso de amparo, la solicitud presentada por la señora diputada no involucra una petición pura y simple de información en poder de la Procuraduría, por lo que NO puede enmarcarse en el ámbito de los artículos 27 y 30 de la Constitución Política, ni del artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Nótese que el oficio AL-CCS-222-2025 requiere que nos pronunciemos sobre un caso concreto y analice lo siguiente: 1- Si el acto administrativo de nombramiento de puestos representa un daño al funcionamiento pleno del Tribunal Ambiental Administrativo, 2- Si el nombramiento realizado ha seguido el debido proceso o debió realizarse por el plazo restante a la administración actual y, 3- Si en la situación expuesta se debe aplicarse alguna medida administrativa, sancionatoria o de denuncia. Para atender y analizar la procedencia de lo solicitado, se requiere de un tiempo apropiado de estudio considerando las competencias de la Procuraduría y las cargas de trabajo. Aunado a lo anterior, es preciso señalar que nuestro pronunciamiento, en los términos que fue planteado por la recurrente, no resulta enjuiciable a la luz de los derechos fundamentales de petición, acceso a la información, como tampoco del derecho a una pronta resolución y justicia administrativa, ya que la competencia consultiva y asesora de esta Institución es de rango legal. La función consultiva de la Procuraduría General de la República, se rige por los establecido en su Ley Orgánica, n.°6815 del 27 de setiembre de 1982, específicamente en el artículo 1, y está condicionada al cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 3 inciso b), 4 y 5 del mismo cuerpo normativo. Dicha ley no establece la obligación formal de atender las consultas que los diputados formulen a título individual. En innumerables ocasiones, se ha reiterado a los señores diputados que la Procuraduría es el órgano superior consultivo, técnico jurídico de la Administración Pública, y en esa condición cumple su función rindiendo los criterios legales que le solicite la Administración Pública. Se ha señalado que la Asamblea Legislativa puede ser considerada como Administración Pública cuando la consulta se vincula con el ejercicio de su función administrativa, pero no cuando el criterio solicitado se refiera al ejercicio de su función legislativa. Las opiniones jurídicas emitidas, se realizan con un afán de colaborar con la Asamblea. Por ello, el asesoramiento, mediante opiniones jurídicas no vinculantes sobre proyectos de ley se ha realizado usualmente como parte del trámite de las Comisiones Legislativas, al discutirlos y analizarlos. Es decir, la Procuraduría ha atendido, únicamente, aquellas consultas que son planteadas por la comisión u órgano legislativo que tenga a cargo la tramitación y discusión de una iniciativa legal, y no aquellas que, aunque tengan por objeto el análisis de un proyecto de ley, sean planteadas por uno o varios señores diputados, sin el aval del órgano legislativo correspondiente. En consecuencia, se rechaza que en este caso se hayan vulnerado los derechos fundamentales de la recurrente al haber planteado una solicitud de criterio jurídico en su condición de legisladora. La Sala Constitucional se ha pronunciado sobre este tipo de peticiones, señalando que la falta de respuesta de nuestra parte a una solicitud de asesoría, no violenta lo tutelado en los ordinales 27 y 41, de la Constitución Política (…) Así las cosas, procede declarar sin lugar el recurso de amparo en todos sus extremos, ya que la emisión de nuestros pronunciamientos no se rige por lo dispuesto en los artículos 27 y 30 de la Constitución Política, ni el artículo 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, ya que el ejercicio de nuestra función consultiva, no involucra una petición pura y simple en poder de la Procuraduría, sino que implica el estudio y la emisión de un criterio técnico jurídico que por su naturaleza, no se encuentra sujeto al plazo de diez días que se vincula al derecho de petición”. 4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales. Redacta el Magistrado Lara Gamboa; y, Considerando: I.- Objeto del recurso. La recurrente en su condición de diputada manifiesta que el 18 de junio de 2025 envió la nota AL-CCS-222-2025 dirigida a la autoridad recurrida; sin embargo, reclama que a la fecha de interposición de este recurso no ha recibido respuesta. Solicita la intervención de la Sala. II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos: a. El 18 de junio de 2025, la recurrente en su condición de diputada remitió la nota nro. AL-CCS-222-2025 al correo electrónico ...4078 de la Procuraduría General de la República, por medio de la cual le requirió al procurador lo siguiente: “en el marco de sus potestades de procurador, le agradezco me indique si este acto administrativo representa un daño en el funcionamiento pleno del Tribunal Ambiental Administrativo por no tener un nombramiento durante todo ese tiempo, y si el nombramiento realizado ha seguido el debido proceso o debió realizarse por el plazo restante a la administración actual, o en su defecto, la situación que expongo debe aplicarse alguna medida administrativa, sancionatoria o de denuncia” (ver prueba aportada); b. El 30 de julio de 2025 se solicitó brindar respuesta a la nota nro. AL-CCS-222-2025 (ver prueba aportada); c. El correo electrónico utilizado por la recurrente ...4078 está previsto como mecanismo oficial para la recepción de gestiones de los usuarios (ver informe rendido bajo juramento). III.- Sobre el caso concreto. En el sub lite, la recurrente en su condición de diputada manifiesta que el 18 de junio de 2025 envió la nota AL-CCS-222-2025 dirigida a la autoridad recurrida; sin embargo, reclama que a la fecha de interposición de este recurso no ha recibido respuesta. Solicita la intervención de la Sala. Ahora bien, para resolver el objeto de este proceso resulta importante analizar cada la gestión remitida por la parte recurrente a efectos de determinar si se encuentra amparada por esta Sala. En ese sentido se tiene por demostrado que efectivamente el 18 de junio de 2025, la recurrente en su condición de diputada remitió la nota nro. AL-CCS-222-2025 al correo electrónico ...4078 de la Procuraduría General de la República, por medio de la cual le requirió al procurador lo siguiente: “en el marco de sus potestades de procurador, le agradezco me indique si este acto administrativo representa un daño en el funcionamiento pleno del Tribunal Ambiental Administrativo por no tener un nombramiento durante todo ese tiempo, y si el nombramiento realizado ha seguido el debido proceso o debió realizarse por el plazo restante a la administración actual, o en su defecto, la situación que expongo debe aplicarse alguna medida administrativa, sancionatoria o de denuncia”. De la lectura de la consulta efectuada se determina que lo pretendido es que se emita un criterio técnico-jurídico relacionado con el acto administrativo señalado, así como también si corresponde o no alguna medida administrativa, sancionatoria o de denuncia. De ese modo, se debe advertir que el requerimiento de criterios o solicitudes de asesoría no se encuadran en los supuestos de peticiones puras y simples de información tuteladas por el derecho de petición en relación el acceso a la información, ni tampoco por el artículo 41 de la Constitución Política, ya que este tipo de gestiones no impone a la Administración la obligación de resolver un reclamo o denuncia ni de decidir si acoge o no una solicitud. Sobre el particular, conviene traer a colación lo dispuesto en la sentencia nro. 2019006340 de las 9:40 horas de 5 de abril de 2019: “II.- SOBRE LAS SOLICITUDES ATINENTES A LA EMISIÓN DE UN CRITERIO U OPINIÓN JURÍDICA. En cuanto al tema en concreto expuesto en el sub lite, esta Sala en la Sentencia n.° 2016-04257 de las 14:30 horas del 26 de marzo de 2016 consideró: “(…) El derecho de petición, establecido en el artículo 27 Constitucional, hace referencia a la facultad que posee todo ciudadano para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial con el fin de exponer un asunto de su interés. Esta garantía se complementa con el derecho a obtener pronta respuesta, aunque esto último no significa que el administrado deba recibir una contestación favorable a sus intereses. En otras palabras, es el derecho a pedir y no el derecho a obtener lo que se pide —aún cuando el funcionario público deba resolver con estricta sujeción a la ley—, pues la libertad de petición se funda en otro principio; esto es, que la Administración no puede coartar el derecho de los gobernados para dirigirse a los órganos públicos. Así las cosas, la vía de petición permite plantear a la Administración lo que no se puede obtener por vía de recurso ante ella, siempre y cuando a ésta no le esté vedado hacerlo por tratarse de materia reglada. II.- Sin embargo, no debe pensarse que cualquier solicitud o petición que se formule ante las distintas Administraciones Públicas, se encuentra amparada por los artículos 27 y 41 de la Carta Fundamental. En este sentido, en tratándose de consultas, en sentencia número 2014-019938 de las 9:05 horas del 5 de diciembre de 2014, la Sala declaró lo siguiente: "De la lectura del oficio CC-JARU-166-11-2014, que obra en autos, se constata que el recurrente no solicitó información pura y simple en poder de la institución accionada, sino que consultó a la Autoridad accionada si era obligatorio para las instituciones educativas de secundaria que se encontraban bajo su jurisdicción, conformar el Comité Asesor de la Dirección. Por consiguiente, la falta de respuesta de la parte accionada a esta consulta no violenta lo tutelado en los ordinales 27 y 41 de la Constitución Política. Ello es así, por cuanto lo requerido por el petente no puede encuadrarse ni en los supuestos de peticiones puras y simples de información —artículo 27—, ni tampoco persigue mover a la Administración a solucionar algún tipo de reclamo o denuncia —artículo 41— (véase en este sentido, la sentencia N° 2014-017155 de las 09:05 horas del 16 de octubre de 2014). En razón de lo anterior, el presente recurso es improcedente y debe rechazarse por el fondo, como al efecto se declara". A lo que puede añadirse lo dispuesto en el pronunciamiento citado en la resolución transcrita, a saber: "El recurrente señala que el dieciocho de setiembre de dos mil catorce, remitió —por medio del sistema de fax— una solicitud al Ministro de Trabajo y Seguridad Social, a efecto de que esa autoridad le informara '…si los profesionales, sin patrono fijo tenemos derecho a cobrar doble el día que es feriado. Lo mismo a cobrar horas extras, después de un horario normal…'. Sin embargo, no ha obtenido respuesta a dicha solicitud, lo que estima lesiona sus derechos fundamentales. En relación con lo expuesto por la parte recurrente, se resuelve de conformidad con lo indicado en los siguientes considerandos. II.- Una vez analizadas las manifestaciones vertidas por el tutelado dentro del escrito de interposición del presente recurso, así como los elementos probatorios aportados al expediente, se infiere que lo pretendido por él es que el Ministro recurrido le solucione algunas dudas en torno al pago del ejercicio profesional liberal en días feriados y el cobro de horas extras que explica, resultan de su interés. En ese sentido, como lo que requiere el recurrente es que se le brinde una asesoría sobre un supuesto en particular, la falta de respuesta de la parte accionada a este respecto no violenta lo tutelado en los ordinales 27 y 41, de la Constitución Política. Ello es así, por cuanto lo requerido por el petente no puede encuadrarse ni en los supuestos de peticiones puras y simples de información -artículo 27-, ni tampoco, con su misiva obliga a la Administración a solucionar algún tipo de reclamo o denuncia, tan siquiera, la conmina a determinar si acoge o no su solicitud -artículo 41-. En razón de lo señalado, el presente recurso es improcedente y procede su rechazo por el fondo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, como al efecto se declara …” (Sentencia número 2014-017155 de las 09:05 horas del 16 de octubre de 2014) (…)”. Tales consideraciones resultan aplicables al caso de estudio, pues este Tribunal no encuentra razones para variar el criterio vertido en dicha sentencia, ni motivos que lo hagan valorar de manera distinta la situación planteada”. Así las cosas, al concluir que lo pretendido en la gestión planteada por la accionante el 18 de junio de 2025 corresponde a la emisión de un criterio jurídico, no se verifica que la falta de atención de tal requerimiento haya configurado una lesión a los derechos fundamentales de la parte tutelada en los términos en los que fue formulado el recurso, dado que dicha solicitud no es un supuesto amparable en esta sede, pues esta no se ajusta a ninguno de los supuestos previstos en los artículos 27 y 41 constitucionales. En consecuencia, lo procedente es desestimar el recurso planteado, como en efecto se hace IV.- Documentación aportada al expediente. Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. Por tanto: Se declara sin lugar el recurso.- Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Ingrid Hess H. Ileana Sánchez N. Nombre29922 G. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- COMHING4747F861 EXPEDIENTE N° 25-025700-0007-CO Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: Telf47 / Telf48. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección12 , Dirección13 , 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 11:26:45. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Large Normal Small Constitutional Chamber Resolution No. 31134 - 2025 Date of Resolution: September 26, 2025, at 9:25 a.m. Case File: 25-025700-0007-CO Drafted by: Fernando Enrique Lara Gamboa Type of Matter: Amparo appeal Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER Text of the resolution Exp: 25-025700-0007-CO Res. No. 2025031134 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty-five minutes on the twenty-sixth of September of two thousand twenty-five. Amparo appeal filed by Nombre48414 , identity card CED129414, against the OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL OF THE REPUBLIC. Whereas: 1.- By a brief received at the Secretariat of the Chamber on August 26, 2025, the appellant files an amparo appeal against the Office of the Attorney General of the Republic. She states that “on June 18, 2025, at 11:43 a.m., from my office, note AL-CCS-222-2025 with a digital signature was sent via email to Mr. Iván Vincenti Rojas, Attorney General of the Republic. The email for this communication was the institutional correspondence address: ...4078. I attach official letter AL-CCS-222-2025 and, in Annex 1, a copy of the email sent. • On July 30, 2025, at 2:55 p.m., a reminder was sent to the aforementioned email address, again requesting a response. I attach a copy of the email sent in Annex 2. Given that at the time of filing this amparo appeal, there is still no response from the Attorney General and, therefore, no response to my official letter has been obtained…” (sic). Based on the arguments presented, she believes that the actions complained of are violating fundamental rights. She requests that the appeal be declared with merit, with the legal consequences. 2.- By resolution at 7:45 p.m. on August 31, 2025, this proceeding was admitted and a report was requested from the mayor of the Municipality of Goicoechea, regarding the facts alleged by the appellant. 3.- By a brief added to the digital case file on September 5, 2025, Iván Vincenti Rojas, in his capacity as Attorney General of the Republic, reports under oath that “FIRST. - It is true, and it is accepted. On June 18, 2025, the appellant, in her capacity as a deputy and citizen, sent to the Office of the Attorney General official letter AL-CCS-222-2025 of June 17, 2025. In this official letter, a specific case that occurred in the Environmental Administrative Tribunal is presented, and the issuance of a legal opinion on the matter is requested. The request does not involve a pure and simple petition for information held by the Office of the Attorney General, an argument that will be developed in a subsequent section. SECOND. - It is true, and it is accepted. On July 30, 2025, an email was received, and new official letters were also sent, which were related to the specific case set out in official letter AL-CCS-222-2025. III. PURPOSE OF THE AMPARO APPEAL AND THE APPELLANT'S CLAIM On June 18, 2025, Ms. Nombre169128 sent official letter AL-CCS-222-2025 to the Office of the Attorney General of the Republic. In her capacity as a citizen and deputy, she requests our legal opinion on certain administrative actions that occurred in the Environmental Administrative Tribunal. In the official letter, a particular case was presented in which she asked the Ministry of Environment and Energy for clarifications on 3 specific points, namely: 1- The reasons for the delay in appointing a permanent judge of the TAA and his or her alternates. She points out that the positions remained vacant for a prolonged period, between 6 and 9 months. 2- She questions the duration of the appointment, in the sense of why it was made for a period of 6 years, instead of the remaining 2 years, which in her opinion could mismatch future appointments and affect the planning of the TAA. 3- She requests an explanation regarding the transfer of positions from the TAA, according to note DAJ-MINAE-0794-2025. Likewise, we were informed that the Acting Minister responded to the request via official letter DM-426-2025. Subsequently, the appellant requests the following from this Office of the Attorney General: “Therefore, within the framework of your powers as Attorney General, I ask you to please indicate to me whether this administrative act represents damage to the full operation of the Environmental Administrative Tribunal due to not having an appointment during all that time, and whether the appointment made has followed due process or should have been made for the remaining term of the current administration, or failing that, whether some administrative, sanctioning, or complaint measure should be applied to the situation I am presenting.” Official letters cited in document AL-CCS-222-2025 are attached. The Deputy concludes by indicating that the request for information is based on articles 27 and 30 of the Political Constitution, article 32 and following of the Law of Constitutional Jurisdiction, the Law for the Protection of Citizens from Excessive Administrative Requirements and Procedures, Law No. 8220, and the Law Regulating the Right of Petition, Law No. 9097. In the amparo appeal, the appellant alleges a presumed violation of the right of petition and prompt response. Finally, she petitions that the request for information required in official letter AL-CCS-222-2025 be answered and that [the respondent] be condemned accordingly. IV. THE REQUEST DOES NOT CONSTITUTE A PURE AND SIMPLE REQUEST FOR INFORMATION. As indicated in the response to the first fact of this amparo appeal, the request made by the Deputy does not involve a pure and simple petition for information held by the Office of the Attorney General, and therefore it CANNOT be framed within the scope of articles 27 and 30 of the Political Constitution, nor of article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction. Note that official letter AL-CCS-222-2025 requires us to rule on a specific case and analyze the following: 1- Whether the administrative act of appointing personnel represents damage to the full operation of the Environmental Administrative Tribunal, 2- Whether the appointment made has followed due process or should have been made for the remaining term of the current administration, and, 3- Whether some administrative, sanctioning, or complaint measure should be applied in the situation presented. To address and analyze the appropriateness of what is requested, an appropriate amount of study time is required, considering the powers of the Office of the Attorney General and the workload. In addition to the above, it is necessary to point out that our pronouncement, in the terms posed by the appellant, is not justiciable in light of the fundamental rights of petition, access to information, nor the right to a prompt resolution and administrative justice, since the consultative and advisory jurisdiction of this Institution is of a legal rank. The consultative function of the Office of the Attorney General of the Republic is governed by the provisions of its Organic Law, No. 6815 of September 27, 1982, specifically in article 1, and is conditional on fulfilling the requirements set forth in articles 3, subsection b), 4, and 5 of the same regulatory body. Said law does not establish the formal obligation to respond to inquiries made by deputies on an individual basis. On countless occasions, it has been reiterated to the deputies that the Office of the Attorney General is the superior consultative, technical-legal body of the Public Administration, and in that capacity, it performs its function by rendering the legal opinions requested by the Public Administration. It has been noted that the Legislative Assembly may be considered as Public Administration when the inquiry is related to the exercise of its administrative function, but not when the requested opinion refers to the exercise of its legislative function. The legal opinions issued are carried out with a desire to collaborate with the Assembly. Therefore, advice, through non-binding legal opinions on bills, has usually been carried out as part of the proceedings of the Legislative Committees when discussing and analyzing them. That is, the Office of the Attorney General has only responded to those inquiries that are posed by the committee or legislative body responsible for processing and discussing a legal initiative, and not those which, although their purpose is the analysis of a bill, are posed by one or several deputies without the endorsement of the corresponding legislative body. Consequently, it is rejected that in this case the fundamental rights of the appellant have been violated by having raised a request for a legal opinion in her capacity as a legislator. The Constitutional Chamber has ruled on this type of petition, noting that the lack of a response on our part to a request for advice does not violate what is protected in articles 27 and 41 of the Political Constitution (…) As such, it is appropriate to declare the amparo appeal without merit in all its aspects, since the issuance of our pronouncements is not governed by the provisions of articles 27 and 30 of the Political Constitution, nor article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, as the exercise of our consultative function does not involve a pure and simple petition for information held by the Office of the Attorney General, but rather implies the study and issuance of a technical-legal opinion which, by its nature, is not subject to the ten-day period linked to the right of petition.” 4.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed. Drafted by Magistrate Lara Gamboa; and, Considering: I.- Purpose of the appeal. The appellant, in her capacity as a deputy, states that on June 18, 2025, she sent note AL-CCS-222-2025 addressed to the respondent authority; however, she claims that as of the date this appeal was filed, she has not received a response. She requests the intervention of the Chamber. II.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated: a. On June 18, 2025, the appellant, in her capacity as a deputy, sent note no. AL-CCS-222-2025 to the email address ...4078 of the Office of the Attorney General of the Republic, by which she requested the following from the Attorney General: “within the framework of your powers as Attorney General, I ask you to please indicate to me whether this administrative act represents damage to the full operation of the Environmental Administrative Tribunal due to not having an appointment during all that time, and whether the appointment made has followed due process or should have been made for the remaining term of the current administration, or failing that, whether some administrative, sanctioning, or complaint measure should be applied to the situation I am presenting” (see evidence provided); b. On July 30, 2025, a response to note no. AL-CCS-222-2025 was requested (see evidence provided); c. The email address ...4078 used by the appellant is established as an official mechanism for receiving requests from users (see report rendered under oath). III.- Regarding the specific case. In the case at bar, the appellant, in her capacity as a deputy, states that on June 18, 2025, she sent note AL-CCS-222-2025 addressed to the respondent authority; however, she claims that as of the date this appeal was filed, she has not received a response. She requests the intervention of the Chamber. Now, to resolve the purpose of this proceeding, it is important to analyze each request sent by the appellant in order to determine whether it is protected by this Chamber. In that sense, it has been demonstrated that indeed on June 18, 2025, the appellant, in her capacity as a deputy, sent note no. AL-CCS-222-2025 to the email address ...4078 of the Office of the Attorney General of the Republic, by which she requested the following from the Attorney General: “within the framework of your powers as Attorney General, I ask you to please indicate to me whether this administrative act represents damage to the full operation of the Environmental Administrative Tribunal due to not having an appointment during all that time, and whether the appointment made has followed due process or should have been made for the remaining term of the current administration, or failing that, whether some administrative, sanctioning, or complaint measure should be applied to the situation I am presenting.” From the reading of the inquiry made, it is determined that what is sought is the issuance of a technical-legal opinion related to the indicated administrative act, as well as whether or not any administrative, sanctioning, or complaint measure is appropriate. In this way, it must be noted that the requirement for opinions or requests for advice does not fit within the assumptions of pure and simple petitions for information protected by the right of petition in relation to access to information, nor by article 41 of the Political Constitution, since this type of request does not impose on the Administration the obligation to resolve a claim or complaint, nor to decide whether or not to accept a request. On this particular matter, it is appropriate to bring up the provisions of judgment no. 2019006340, issued at 9:40 a.m. on April 5, 2019: “II.- REGARDING REQUESTS PERTAINING TO THE ISSUANCE OF A LEGAL OPINION. Regarding the specific issue raised in the case at bar, this Chamber, in Judgment No. 2016-04257, issued at 2:30 p.m. on March 26, 2016, considered: “(…) The right of petition, established in article 27 of the Constitution, refers to the power that every citizen has to address any public official or official entity in writing for the purpose of presenting a matter of interest. This guarantee is complemented by the right to obtain a prompt response, although the latter does not mean that the administrated party must receive a response favorable to their interests. In other words, it is the right to petition and not the right to obtain what is requested —even though the public official must resolve in strict accordance with the law—, as the freedom of petition is based on another principle; that is, that the Administration cannot restrict the right of the governed to address public bodies. Thus, the petition route allows matters to be raised before the Administration that cannot be obtained via an appeal before it, provided the Administration is not barred from doing so because it is a regulated matter. II.- However, it should not be thought that any request or petition made to the different Public Administrations is protected by articles 27 and 41 of the Constitution. In this regard, in the case of inquiries, in judgment number 2014-019938, issued at 9:05 a.m. on December 5, 2014, the Chamber declared the following: \"From the reading of official letter CC-JARU-166-11-2014, which is on file, it is verified that the appellant did not request pure and simple information held by the respondent institution, but rather consulted the respondent Authority whether it was mandatory for secondary educational institutions under its jurisdiction to form the Directorial Advisory Committee. Consequently, the lack of response from the respondent party to this inquiry does not violate what is protected in articles 27 and 41 of the Political Constitution. This is so, because what the petitioner requested cannot be classified under the assumptions of pure and simple petitions for information —article 27—, nor does it seek to move the Administration to resolve some type of claim or complaint —article 41— (see in this sense, Judgment No. 2014-017155, issued at 09:05 a.m. on October 16, 2014). For this reason, the present appeal is inadmissible and must be rejected on its merits, as is hereby declared.\" To which can be added the provisions of the pronouncement cited in the transcribed resolution, namely: \"The appellant states that on September eighteenth, two thousand fourteen, he sent —via the fax system— a request to the Minister of Labor and Social Security, so that this authority would inform him '…whether professionals without a fixed employer have the right to be paid double on a public holiday. Likewise, to charge overtime, after a normal work schedule…'. However, he has not obtained a response to this request, which he believes harms his fundamental rights. Regarding the appellant's assertions, we resolve in accordance with what is indicated in the following considerations. II.- Once the statements made by the protected party in the brief filing this appeal have been analyzed, as well as the evidentiary elements submitted to the case file, it is inferred that what he seeks is for the respondent Minister to resolve certain doubts regarding the payment of liberal professional practice on public holidays and the charging of overtime, which he explains are of interest to him. In this sense, since what the appellant requires is to be provided with advice on a specific assumption, the lack of response from the respondent party in this regard does not violate what is protected in articles 27 and 41 of the Political Constitution. This is so, because what the petitioner requested cannot be classified under the assumptions of pure and simple petitions for information —article 27—, nor does his missive oblige the Administration to resolve some type of claim or complaint, nor even compel it to determine whether or not it accepts his request —article 41—. Due to the foregoing, the present appeal is inadmissible and its rejection on its merits is appropriate, in accordance with the provisions of article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction, as is hereby declared …” (Judgment number 2014-017155, issued at 09:05 a.m. on October 16, 2014) (…)”. Such considerations are applicable to the case under study, as this Court finds no reasons to vary the opinion expressed in said judgment, nor reasons to assess the situation raised differently.” Thus, upon concluding that what is sought in the request made by the plaintiff on June 18, 2025, corresponds to the issuance of a legal opinion, it is not verified that the failure to respond to such a requirement has constituted a violation of the fundamental rights of the protected party in the terms in which the appeal was formulated, given that this request is not an assumption that can be protected in this venue, as it does not conform to any of the assumptions set forth in constitutional articles 27 and 41. Consequently, the appropriate action is to dismiss the appeal filed, as is hereby done. IV.- Documentation submitted to the case file. The appellant is warned that if any paper document has been submitted, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not withdrawn within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the "Regulation on the Electronic Case File before the Judicial Branch", approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI. Therefore: The appeal is declared without merit.- Fernando Castillo V. President Fernando Cruz C. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Ingrid Hess H. Ileana Sánchez N. Nombre29922 G. Digitally Signed Document -- Verification code -- COMHING4747F861 CASE FILE NO. 25-025700-0007-CO Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: Telf47 / Telf48. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección12 , Dirección13 , 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 11:26:45. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República