Res. 32048-2025 Sala Constitucional — Amparo against environmental viability of the Papagayo megaprojectAmparo contra viabilidad ambiental del megaproyecto Papagayo

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Sala Constitucional

Resolución Nº 32048 - 2025

Fecha de la Resolución: 03 de Octubre del 2025 a las 09:20

Expediente: 25-025228-0007-CO

Redactado por: Jorge Araya Garcia

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 25-025228-0007-CO

Res. Nº 2025032048

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del tres de octubre de dos mil veinticinco .

 Recurso de amparo que se tramita en expediente nro. 25-025228-0007-CO, interpuesto por Nombre49424  , cédula de identidad CED7814, contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO (ICT), EL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA (MINAE), LA MUNICIPALIDAD DE CARRILLO Y LA MUNICIPALIDAD DE LIBERIA.

Resultando:

1.- Por escrito incorporado al expediente digital el 22 de agosto de 2025, la parte recurrente interpone recurso de amparo. Expone acudir a la Sala porque Setena le otorgó la viabilidad ambiental al proyecto Papagayo, pese a que no cumple con la normativa constitucional y la Ley General de la Administración Pública. Considera que se lesiona el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, la participación ciudadana y la protección a los recursos del Estado. Cuestiona si el informe forestal, elaborado por la propia empresa desarrolladora, fue exhaustivo y si evaluó debidamente el impacto ambiental sobre los manglares y el bosque. Asevera que hay una falta de evaluación del impacto ambiental en el bosque y manglares, así como en la ausencia de medidas de mitigación para los daños ambientales. Enfatiza que los proyectos que implican la tala de bosque y la afectación de ecosistemas como manglares requieren una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para valorar los efectos negativos y establecer medidas de prevención, mitigación o compensación. Acota que la viabilidad ambiental del proyecto adolece de vicios tales como la falta de una audiencia pública y el incumplimiento del principio de legalidad. Arguye que no se aplicó correctamente la ley nro. 6758 ni se realizó el mapeo adecuado del área, lo que podría implicar la desprotección del 70% del patrimonio natural. Reprocha que tanto Setena como la empresa sostienen que la audiencia pública no es obligatoria, pese a que se trata de un megaproyecto. Reitera que la omisión de la audiencia pública no solo es un error administrativo, sino que podría ser una violación directa a los derechos fundamentales. Considera que la Setena debe demostrar que la ausencia de la audiencia fue legal y no vulneró derechos fundamentales. Cuestiona el cumplimiento del artículo 11 de la ley nro. 6758, que establece límites de 20 habitaciones por hectárea y un 30% para construcción, un punto que parece ser violado por el estado actual del proyecto. Reprocha que el decreto nro. 44448 es ambiguo por la falta de un mapeo adecuado de las 1658 hectáreas del proyecto, lo que impide una correcta aplicación de las normas de construcción y deja desprotegido un 70% de las áreas de conservación natural y patrimonial. Solicita, como medida cautelar, que se suspenda la aplicación de la vialidad ambiental. Pide expresamente: “Se declare con lugar el presente RECURSO DE AMPARO y que SETENA retrotraiga el visto bueno otorgado al proyecto turístico Nombre169752 para que se hagan sus correcciones del caso y que cumpla con ley 6758 y decreto modificado 44448 por ser ambiguo. El Decreto 44448 es criticado por ser ambiguo debido a la falta de un mapeo adecuado de las 1658 hectáreas del proyecto, lo que impide una correcta aplicación de las normas de construcción y deja desprotegido un 70% de las áreas de conservación natural y patrimonial”.

2.- Por escrito incorporado al expediente digital el 22 de agosto de 2025, el recurrente aclara que el amparo es contra el Minae, Ministerio de Turismo, Setena, Municipalidad de Carrillo y Municipalidad de Liberia.

3.- Por escrito incorporado al expediente digital el 23 de agosto de 2025, el accionante agrega el ser o no una persona indígena no exime a la Setena de convocar a los vecinos de playa Panamá para analizar un mega proyecto. Reitera que se incumplió el principio de legalidad, lo que implica la nulidad el acto. Reitera los argumentos del escrito de interposición del recurso. Agrega, como pretensión, que “se convoque a los vecinos de Playa de Panamá y comunidades circunvecinas, ambientales y público en general a una Audiencia Pública, como una de la etapa de la parte legal para que SETENA pueda otorgar la Vialidad Ambiental del Mega Proyecto Papagayo. Una corregido el Decreto 44448”

4.- Por escrito incorporado al expediente digital el 23 de agosto de 2025, el tutelado aporta nuevas manifestaciones. Arguye que la jurisprudencia nacional se ha pronunciado sobre el derecho a la consulta previa en proyectos de infraestructura, incluso para poblaciones no indígenas.

5.- Por escrito incorporado al expediente digital el 23 de agosto de 2025, el accionante reitera los alegatos anteriores y agrega que le condición de “no ser indígena no es una base legal válida para negar el derecho a una audiencia pública”. Acota que la aprobación de la vialidad ambiental dada por Setena prioriza los beneficios económicos de la empresa desarrolladora sobre los derechos constitucionales de los vecinos de playa Panamá.

6.- Mediante resolución de la Presidencia de la Sala de las 10:39 horas del 17 de setiembre de 2025, se dio curso al proceso. Asimismo, le solicitó informe al presidente de la Junta Directiva y al coordinador del Proyecto Golfo de Papagayo, ambos del Instituto Costarricense de Turismo, así como al secretario de la Secretaría Técnica Ambiental, el Nombre20665 de Carrillo y el Nombre20665 de Liberia.

7.- Por escrito incorporado al expediente digital el 18 de setiembre de 2025, el accionante expone: “Las áreas de conservación de la Ley 6758 en el Proyecto Nombre169752 no están mapeadas como Patrimonio del Estado, sino que se trata de un régimen especial de propiedad y gestión bajo el marco de esa ley específica, destinadas a conservación, corredores biológicos y espacios públicos. La Ley 6758 garantiza que el 70% del territorio del Polo Turístico Golfo de Nombre169752 se mantenga como área no urbanizada para la protección ambiental y la conservación, no como un área de Patrimonio Natural estatal. Análisis de la situación Régimen Jurídico Especial: El Proyecto Nombre169752 se rige por un régimen jurídico especial y leyes específicas, como la Ley 6758, en lugar de ser clasificado bajo el régimen de Patrimonio Natural del Estado. Conservación y no Patrimonio: La Ley 6758 exige que el 70% de la tierra permanezca como área no construida, destinada a la conservación de la biodiversidad, corredores biológicos y espacios públicos, como medida de protección ambiental. Propiedad y Gestión Estatal: Aunque no es Patrimonio del Estado, el Estado costarricense ejerce un marco legal estricto y supervisión sobre estas áreas de conservación, gestionando su uso para la preservación ambiental. Marco Legal Detallado: La propia Ley 6758 define detalladamente las condiciones bajo las cuales debe desarrollarse el proyecto, incluyendo la gestión del 70% de área de conservación y sostenibilidad ambiental. En conclusión, las zonas protegidas del Proyecto Papagayo, bajo la ley 6758, son parte del sistema de gestión de conservación del Polo Turístico, pero no han sido catalogadas como Patrimonio Natural del Estado, debido a la existencia de un régimen jurídico único establecido por esta ley especial...”. (Folio 82, 83). PREGUNTA: ¿…Entonces, con esta ley 6758, pasan por encima del articulo (sic) 39, Constitucional del Debido Proceso, articulo (sic) 50 Constitucional, sobre el ambiente. Ley del ambiente, Ley General de la Administración Pública, el Principio de Legalidad y Otras Leyes Conexas. Además, pueden violentar la participación continua ambientales de los ciudadanos, tanto vecinos de Playa Panamá y alrededores, Ambientalistas, Otros Interesados del país, transgrediendo articulo (sic) 28, 29, 30 y 33 de constitución política…?. (Folio 82, 83). ‘…La afirmación sostiene que la Ley 6758 crea un régimen especial para las áreas de conservación en el Proyecto Papagayo, diferenciándolas del Patrimonio Natural del Estado y garantizando la conservación del 70% del territorio para fines ambientales y de espacios públicos. Si bien la ley establece un marco de conservación y gestión bajo supervisión estatal, LA AFIRMACIÓN ARGUMENTA QUE ESTA LEY PODRÍA CONTRAVENIR PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES COMO EL DEBIDO PROCESO, LA PROTECCIÓN AMBIENTAL Y EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ASÍ COMO OTRAS LEYES Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Análisis de la situación Régimen Jurídico Especial: El Proyecto Papagayo, bajo la Ley 6758, está regido por un marco legal particular que define su gestión y propiedad, en lugar de ser clasificado bajo el régimen estándar del Patrimonio Natural del Estado. Conservación como Prioridad: La Ley 6758 obliga a mantener un 70% del territorio sin urbanizar, destinando esas áreas a la conservación de la biodiversidad, corredores biológicos y espacios públicos para la protección ambiental. Gestión Estatal y Supervisión: A pesar de no ser un Patrimonio Natural estatal, el Estado costarricense mantiene un marco legal estricto y ejerce supervisión sobre el uso y la gestión de estas áreas para su preservación. Marco Legal Detallado: La Ley 6758 es la que establece las condiciones para el desarrollo del proyecto, detallando la gestión del 70% de área de conservación y la sostenibilidad ambiental. POSIBLES CONFLICTOS LEGALES Y CONSTITUCIONALES La afirmación plantea que la Ley 6758 podría: Contravenir derechos constitucionales: Afectar el debido proceso (Artículo 39), la protección del ambiente (Artículo 50) y los derechos de participación ciudadana, como los vecinos y ambientalistas, en la toma de decisiones ambientales (Artículos 28, 29, 30 y 33). IR EN CONTRA DE OTRAS LEYES: Desafiar la Ley de Ambiente, la Ley General de la Administración Pública y el principio de legalidad, al crear un régimen jurídico especial que podría no alinearse con los principios generales de estas normativas. CONCLUSIÓN SEGÚN LA AFIRMACIÓN Las áreas protegidas en el Proyecto Nombre169752 son parte de un Sistema de Gestión de Conservación Específico y no un Patrimonio Natural del Estado, debido a la naturaleza única establecida por la Ley 6758. Sin embargo, esto genera la preocupación de que dicha LEY PODRÍA ESTAR PASANDO POR ENCIMA DE PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES FUNDAMENTALES EN COSTA RICA…”.( Folio 84, 85, 86)”.

8.- Por escrito incorporado al expediente digital el 18 de setiembre de 2025, el recurrente reitera los alegatos anteriores. Agrega: “LA LEY 6758 PARA EL PROYECTO Nombre169752 EXPONE EL RIESGO DE CONFLICTOS LEGALES Y CONSTITUCIONALES La afirmación sobre la Ley 6758 para el Proyecto Nombre169752 expone el riesgo de conflictos legales y constitucionales porque podría violar el debido proceso, la protección ambiental y la participación ciudadana garantizados en la Constitución, además de contradecir normativas como la Ley de Ambiente y la Ley General de la Administración Pública al establecer un régimen jurídico especial. Esta situación podría dar lugar a la interposición de un recurso de amparo o una acción de inconstitucionalidad. CONFLICTOS CONSTITUCIONALES PLANTEADOS: Derecho al debido proceso (Artículo 39 de la Constitución Política): La ley podría afectar este derecho, al no garantizar un procedimiento justo. Protección del ambiente (Artículo 50 de la Constitución Política): Se argumenta que la Ley 6758 podría ir en contra de los principios de protección ambiental que la Constitución establece. Derechos de participación ciudadana (Artículos 28, 29, 30 y 33 de la Constitución Política): Se menciona el riesgo de que la Ley 6758 no permita una participación efectiva de vecinos y grupos ambientalistas en decisiones sobre el ambiente. Conflictos con otras leyes: Desafío a la Ley de Ambiente y la Ley General de la Administración Pública: La creación de un régimen jurídico especial para el Proyecto Nombre169752 podría no alinearse con los principios generales de estas leyes. Principio de Legalidad: La Ley 6758 podría contravenir este principio fundamental, que exige que toda actuación estatal esté fundamentada en la ley. Conclusión de la afirmación: Se plantea que la Ley 6758, al crear un sistema de gestión específico para las áreas protegidas del Proyecto Papagayo, podría estar vulnerando principios constitucionales y legales fundamentales en Costa Rica. Ante esta situación, se contempla la posibilidad de interponer recursos legales como un recurso de amparo o una acción de inconstitucionalidad. (Folio 88, 89). EL PROYECTO Nombre169752 ENFRENTA CUESTIONAMIENTOS LEGALES POR POSIBLE VULNERACIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES, ESPECIALMENTE EN CUANTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA LEY 6758. El Proyecto Nombre169752 enfrenta cuestionamientos legales por posible vulneración de derechos constitucionales, especialmente en cuanto a la participación ciudadana en la evaluación ambiental de la Ley 6758, lo que podría dar lugar a un recurso de amparo o acción de inconstitucionalidad. A pesar de que la empresa Bahía Nombre169752 asegura cumplir con los principios de sostenibilidad y sostenibilidad, organizaciones y ciudadanos han cuestionado la validez de la viabilidad ambiental otorgada, argumentando un posible favorecimiento a los inversionistas sobre la legislación costarricense. Detalles de la Situación Participación Ciudadana y Comunidad Indígena: Se alega que no se realizó la participación ciudadana continua (sic) requerida, particularmente porque el proyecto afecta a comunidades indígenas, lo que constituye una violación al Artículo 33 de la Constitución y otros principios fundamentales. Posible Transgresión Legal: La consulta señala que el proceso de elaboración de la viabilidad ambiental para el Proyecto Nombre169752 podría vulnerar los artículos 11, 28, 29, 30, 33, 39 y 50 de la Constitución, así como el principio de legalidad y la Ley General de la Administración Pública, entre otras leyes. Ley 6758: Se argumenta que la Ley 6758, que creó un sistema de gestión específico para el proyecto, podría estar violando principios constitucionales y legales. La Ley 6758 podría vulnerar principios constitucionales costarricenses al contravenir el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley y la prohibición de privilegios y monopolios, ya que establece un régimen de gestión especial para las áreas protegidas del Proyecto Papagayo, con posibles implicaciones discriminatorias y restrictivas para otros gestores o desarrolladores. También podría transgredir el principio de reserva de ley, al delegar la gestión de recursos públicos (Áreas Protegidas) sin una participación ciudadana adecuada y sin la debida justificación legal. Principios Constitucionales presuntamente vulnerados: • Principio de Igualdad y Prohibición de Privilegios: • Análisis: La ley 6758 crea un sistema de gestión específico para el Proyecto Papagayo, lo que podría significar un trato diferenciado y privilegiado para un proyecto particular, en detrimento de otros proyectos y de los ciudadanos en general. • Vulneración: Esto atenta contra el artículo 33 de la Constitución Política, que establece que todas las personas son iguales ante la ley y no puede haber discriminación alguna. • Principio de Prohibición de Monopolios y Exclusividad: • Análisis: Al otorgar una gestión exclusiva y específica a una entidad sobre áreas protegidas, la ley podría estar creando un monopolio de facto, impidiendo la participación equitativa de otros actores y limitando el acceso a la gestión de estos recursos. • Vulneración: Esto podría violar el espíritu del Estado Social de Derecho, que busca la competencia y la participación de diversos actores en la economía y en el uso de los recursos naturales. • Principio de Reserva de Ley y Participación Ciudadana: • Análisis: La gestión de las áreas protegidas implica el uso de recursos públicos y el cumplimiento de funciones estatales. Si la ley delega estas funciones a un sistema de gestión específico sin una amplia justificación legal y sin el debido proceso de participación ciudadana, podría estar vulnerando el principio de reserva de ley. • Vulneración: Esto atentaría contra los artículos 11 y 12 de la Constitución, que exigen que la acción de los poderes públicos se ajuste a la ley y que la participación ciudadana debe ser garantizada en decisiones de interés público. Implicaciones: • Restricción a la competencia: La ley podría estar generando un ambiente de exclusividad que limita la competencia en el sector turístico y de gestión de recursos naturales. • Efecto discriminatorio: Otros proyectos o actores podrían verse en desventaja frente a la entidad gestora del Proyecto Papagayo, creando una inequidad en el trato y en las oportunidades de desarrollo. • Debilitamiento del marco legal general: Al crear un régimen especial, la ley podría debilitar la aplicación general de las normas que rigen la gestión de áreas protegidas en el país, creando inseguridad jurídica y un precedente problemático. Favorecimiento a Inversionistas: Existe la preocupación de que la Ley 6758 priorice los intereses de los inversionistas por encima de la legalidad de las leyes de Costa Rica. Recursos Legales Potenciales Recurso de Amparo: Se podría interponer un recurso de amparo ante la Sala Constitucional para proteger los derechos fundamentales que se consideran vulnerados por el proceso de aprobación del proyecto. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: También se podría presentar una acción de inconstitucionalidad para que la Sala Constitucional revise la conformidad de la Ley 6758 y los actos administrativos relacionados con la viabilidad ambiental con la Constitución. Postura de la Empresa La empresa Bahía Nombre169752 defiende la legalidad y sostenibilidad de su proyecto. Argumenta que el proyecto fomenta el desarrollo turístico responsable y crea oportunidades para la comunidad local, sin generar gentrificación. La empresa ha sido objeto de un recurso de amparo interpuesto por el exalcalde de Carrillo, quien cuestionó la legalidad del proceso de aprobación ambiental, el cual fue admitido por la Sala Constitucional. (Folio 90, 91, 92). DOCUMENTOS: SE APORTA FOLIO DEL 7 AL 92”.

9.- Por escrito incorporado al expediente digital el 19 de setiembre de 2025, el accionante expone: “I. SE ANALIZA DE FONDO EL RECURSO DE AMPARO 25 25228 007 CO, QUE NOTIFICA LA SALA CONSTITUCIONAL Sobre los hechos alegados por la parte recurrente, en resumen: reclama que las autoridades recurridas otorgaron la viabilidad ambiental al denominado megaproyecto turístico Papagayo, que se desarrolla en Playa Panamá, Guanacaste, lo que, en su criterio, viola sus derechos fundamentales y transgrede los artículos 11, 28, 29, 30, 33, 39 y 50 de la Constitución Política, asi como el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública. Expone, en primer término, que la SETENA se negó a convocar a los vecinos de Playa Panamá a una audiencia pública bajo el argumento de que no pertenecían a una comunidad indígena, lo que lesiona el principio y de igualdad y una violación del artículo 33 constitucional. Señala que todos los habitantes de la zona, sean indígenas o no, tienen derecho a ser informados y a participar en las decisiones que afectan su entorno. Subraya que la jurisprudencia constitucional costarricense ha reconocido que el derecho a la consulta previa en proyectos de infraestructura se extiende a toda la ciudadanía, y que limitarlo por razones étnicas es abiertamente inconstitucional. En segundo lugar, sostiene que la viabilidad ambiental fue otorgada sin observar el principio de legalidad. Denuncia que no se cumplieron las etapas procedimentales obligatorias, particularmente la participación ciudadana mediante audiencia pública, y que en su lugar se recurrió a encuestas aplicadas a personas que desconocían los alcances del proyecto. A su entender, ello vulnera los artículos 28, 29 y 30 constitucionales y priva a la comunidad del derecho a una participación informada. Afirma, además, que la omisión de la audiencia pública constituye una violación del debido proceso protegido por el articulo (sic) 39, en cuanto impidió a los vecinos ser oídos en una decisión administrativa de gran trascendencia. También, denuncia la afectación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, reconocido en el artículo 50 de la Constitución. Alega que no se evaluaron debidamente los impactos sobre los bosques, humedales y manglares del área, lo que pone en riesgo el patrimonio natural del Estado. Cuestiona que el informe forestal utilizado haya sido elaborado por la propia empresa desarrolladora, sin objetividad ni exhaustividad, y que no se incorporaran medidas de mitigación adecuadas. Considera que, al aprobarse en esas condiciones, el acto administrativo es nulo de pleno derecho, por estar viciado desde su origen. Refiere al incumplimiento de los requisitos de la Ley No. 6758, que establece límites claros de densidad (20 habitaciones por hectárea y un máximo del 30% de construcción). Según afirma, tales disposiciones no se respetaron en el diseño del proyecto. Asimismo, critica el Decreto Ejecutivo No. 44448 por su ambigüedad, ya que no contiene un mapeo preciso de las 1658 hectáreas involucradas, lo que genera inseguridad jurídica, deja desprotegido cerca del 70% de las áreas de conservación natural y dificulta la correcta aplicación de las normas. Añade que en el proceso de licenciamiento se omitió valorar la existencia de humedales, bosques y otros ecosistemas dentro del área, lo cual agrava las irregularidades. Además, enfatiza que la SETENA no consultó de manera adecuada a las municipalidades de la jurisdicción ni a las comunidades circunvecinas, incumpliendo con el deber de transparencia, de coordinación interinstitucional y de participación ciudadana que deben regir este tipo de proyectos. Solicita como medida cautelar que se suspenda la aplicación del visto bueno ambiental otorgado al proyecto hasta tanto se resuelva en definitiva el fondo del recurso. En cuanto a sus pretensiones de fondo, pide a esta Sala declare con lugar el amparo y ordenar a la SETENA retrotraer el procedimiento de aprobación ambiental, corregir las irregularidades señaladas, ajustar el proceso a lo dispuesto por la Ley No. 6758 y corregir el Decreto No. 44448 para que no permanezca en la ambigüedad actual. Reclama, además, que se convoque a una audiencia pública con los vecinos de Playa Panamá, comunidades cercanas, organizaciones ambientales y el público en general, como requisito indispensable para una eventual autorización. Finalmente, afirma que, al priorizar los intereses económicos de la empresa desarrolladora sobre los derechos de las comunidades y del país, las autoridades recurridas han incurrido en una actuación contraria a la Constitución Política. Reitera que el megaproyecto, tal como fue aprobado, se encuentra viciado de nulidad por múltiples violaciones a derechos fundamentales, al principio de legalidad y a la normativa ambiental, lo que exige la intervención de esta Sala para restituir la vigencia de los derechos lesionados. Análisis de fondo con respecto a lo siguiente: Ley 6758 se ARGUMENTA QUE ESTA LEY PODRÍA CONTRAVENIR PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES COMO EL DEBIDO PROCESO, LA PROTECCIÓN AMBIENTAL Y EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ASÍ COMO OTRAS LEYES Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. LA LEY 6758 PARA EL PROYECTO Nombre169752 EXPONE EL RIESGO DE CONFLICTOS LEGALES Y CONSTITUCIONALES ANALISIS (sic): EL recurrente alega que el permiso ambiental para el megaproyecto Bahía Nombre169752 en Guanacaste viola derechos fundamentales, como la participación ciudadana y el derecho a un ambiente sano, debido a la ausencia de audiencias públicas, la omisión de la evaluación de impactos en ecosistemas clave, el uso de un informe forestal no objetivo y el incumplimiento de la Ley 6758 en cuanto a densidades y construcción, así como la ambigüedad del Decreto Ejecutivo 44448. La petición es la suspensión de la viabilidad ambiental y la corrección del proceso administrativo, exigiendo una audiencia pública para el proyecto. Argumentos principales de la recurrente: • Vulneración del derecho a la participación ciudadana: La SETENA se negó a convocar a los vecinos a una audiencia pública, argumentando que no eran una comunidad indígena, lo que la recurrente considera una violación del principio de igualdad y del derecho a la consulta previa, extendido a toda la ciudadanía. • Incumplimiento del principio de legalidad: La SETENA otorgó la viabilidad ambiental sin observar el debido proceso, al no cumplir con la participación ciudadana mediante audiencia pública y en su lugar recurrir a encuestas no representativas. • Afectación al derecho a un ambiente sano: Se alega la falta de una evaluación exhaustiva de los impactos ambientales sobre bosques, humedales y manglares, así como la omisión de medidas de mitigación adecuadas, lo que pone en riesgo el patrimonio natural del Estado. • Informes forestales no objetivos: La recurrente cuestiona la objetividad del informe forestal empleado en el proceso, argumentando que fue elaborado por la propia empresa desarrolladora y no incluyó medidas de mitigación. • Contradicción con la Ley 6758: El proyecto no respetó los límites de densidad (20 habitaciones por hectárea y 30% de construcción) establecidos en la Ley 6758. • Ambigüedad del Decreto Ejecutivo 44448: Este decreto carece de un mapeo preciso de las 1658 hectáreas, generando inseguridad jurídica y desprotegiendo áreas de conservación. • Omisión de consulta interinstitucional: La SETENA no consultó adecuadamente a las municipalidades ni a las comunidades cercanas, incumpliendo el deber de transparencia y coordinación interinstitucional. Petitorio de la recurrente: • Medida cautelar: Suspender provisionalmente la viabilidad ambiental otorgada al proyecto. • Pretensiones de fondo: o Declarar con lugar el amparo. o Ordenar a la SETENA retrotraer el proceso de aprobación ambiental para corregir las irregularidades. o Ajustar el proceso a lo dispuesto por la Ley 6758 y corregir el Decreto 44448. o Convocatoria a una audiencia pública con los vecinos, comunidades cercanas y organizaciones ambientales para una eventual autorización del proyecto. II. SE AGREGA LO SIGUIENTE PARA LOS EFECTOS DE ANALISIS (sic) DE FONDO DE OTRAS CONSIDERACIONES DE ESTE RECURSO DE AMPARO: I. LAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN DE LA LEY 6758 EN EL PROYECTO Nombre169752 NO ESTÁN MAPEADAS COMO PATRIMONIO DEL ESTADO: “…Las áreas de conservación de la Ley 6758 en el Proyecto Nombre169752 no están mapeadas como Patrimonio del Estado, sino que se trata de un régimen especial de propiedad y gestión bajo el marco de esa ley específica, destinadas a conservación, corredores biológicos y espacios públicos. La Ley 6758 garantiza que el 70% del territorio del Polo Turístico Golfo de Nombre169752 se mantenga como área no urbanizada para la protección ambiental y la conservación, no como un área de Patrimonio Natural estatal. Análisis de la situación Régimen Jurídico Especial: El Proyecto Nombre169752 se rige por un régimen jurídico especial y leyes específicas, como la Ley 6758, en lugar de ser clasificado bajo el régimen de Patrimonio Natural del Estado. Conservación y no Patrimonio: La Ley 6758 exige que el 70% de la tierra permanezca como área no construida, destinada a la conservación de la biodiversidad, corredores biológicos y espacios públicos, como medida de protección ambiental. Propiedad y Gestión Estatal: Aunque no es Patrimonio del Estado, el Estado costarricense ejerce un marco legal estricto y supervisión sobre estas áreas de conservación, gestionando su uso para la preservación ambiental. Marco Legal Detallado: La propia Ley 6758 define detalladamente las condiciones bajo las cuales debe desarrollarse el proyecto, incluyendo la gestión del 70% de área de conservación y sostenibilidad ambiental. En conclusión, las zonas protegidas del Proyecto Papagayo, bajo la ley 6758, son parte del sistema de gestión de conservación del Polo Turístico, pero no han sido catalogadas como Patrimonio Natural del Estado, debido a la existencia de un régimen jurídico único establecido por esta ley especial...”. (Folio 82, 83). PREGUNTA: ¿…Entonces, con esta ley 6758, pasan por encima del articulo (sic) 39, Constitucional del Debido Proceso, articulo (sic) 50 Constitucional, sobre el ambiente. Ley del ambiente, Ley General de la Administración Pública, el Principio de Legalidad y Otras Leyes Conexas. Además, pueden violentar la participación continua ambientales de los ciudadanos, tanto vecinos de Playa Panamá y alrededores, Ambientalistas, Otros Interesados del país, transgrediendo articulo (sic) 28, 29, 30 y 33 de constitución política…?. (Folio 82, 83). ‘…La afirmación sostiene que la Ley 6758 crea un régimen especial para las áreas de conservación en el Proyecto Papagayo, diferenciándolas del Patrimonio Natural del Estado y garantizando la conservación del 70% del territorio para fines ambientales y de espacios públicos. Si bien la ley establece un marco de conservación y gestión bajo supervisión estatal, LA AFIRMACIÓN ARGUMENTA QUE ESTA LEY PODRÍA CONTRAVENIR PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES COMO EL DEBIDO PROCESO, LA PROTECCIÓN AMBIENTAL Y EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ASÍ COMO OTRAS LEYES Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Análisis de la situación Régimen Jurídico Especial: El Proyecto Papagayo, bajo la Ley 6758, está regido por un marco legal particular que define su gestión y propiedad, en lugar de ser clasificado bajo el régimen estándar del Patrimonio Natural del Estado. Conservación como Prioridad: La Ley 6758 obliga a mantener un 70% del territorio sin urbanizar, destinando esas áreas a la conservación de la biodiversidad, corredores biológicos y espacios públicos para la protección ambiental. Gestión Estatal y Supervisión: A pesar de no ser un Patrimonio Natural estatal, el Estado costarricense mantiene un marco legal estricto y ejerce supervisión sobre el uso y la gestión de estas áreas para su preservación. Marco Legal Detallado: La Ley 6758 es la que establece las condiciones para el desarrollo del proyecto, detallando la gestión del 70% de área de conservación y la sostenibilidad ambiental. POSIBLES CONFLICTOS LEGALES Y CONSTITUCIONALES La afirmación plantea que la Ley 6758 podría: Contravenir derechos constitucionales: Afectar el debido proceso (Artículo 39), la protección del ambiente (Artículo 50) y los derechos de participación ciudadana, como los vecinos y ambientalistas, en la toma de decisiones ambientales (Artículos 28, 29, 30 y 33). IR EN CONTRA DE OTRAS LEYES: Desafiar la Ley de Ambiente, la Ley General de la Administración Pública y el principio de legalidad, al crear un régimen jurídico especial que podría no alinearse con los principios generales de estas normativas. CONCLUSIÓN SEGÚN LA AFIRMACIÓN Las áreas protegidas en el Proyecto Nombre169752 son parte de un Sistema de Gestión de Conservación Específico y no un Patrimonio Natural del Estado, debido a la naturaleza única establecida por la Ley 6758. Sin embargo, esto genera la preocupación de que dicha LEY PODRÍA ESTAR PASANDO POR ENCIMA DE PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES FUNDAMENTALES EN COSTA RICA…”.( Folio 84, 85, 86). II. LA LEY 6758 PARA EL PROYECTO Nombre169752 EXPONE EL RIESGO DE CONFLICTOS LEGALES Y CONSTITUCIONALES La afirmación sobre la Ley 6758 para el Proyecto Nombre169752 expone el riesgo de conflictos legales y constitucionales porque podría violar el debido proceso, la protección ambiental y la participación ciudadana garantizados en la Constitución, además de contradecir normativas como la Ley de Ambiente y la Ley General de la Administración Pública al establecer un régimen jurídico especial. Esta situación podría dar lugar a la interposición de un recurso de amparo o una acción de inconstitucionalidad. CONFLICTOS CONSTITUCIONALES PLANTEADOS: Derecho al debido proceso (Artículo 39 de la Constitución Política): La ley podría afectar este derecho, al no garantizar un procedimiento justo. Protección del ambiente (Artículo 50 de la Constitución Política): Se argumenta que la Ley 6758 podría ir en contra de los principios de protección ambiental que la Constitución establece. Derechos de participación ciudadana (Artículos 28, 29, 30 y 33 de la Constitución Política): Se menciona el riesgo de que la Ley 6758 no permita una participación efectiva de vecinos y grupos ambientalistas en decisiones sobre el ambiente. Conflictos con otras leyes: Desafío a la Ley de Ambiente y la Ley General de la Administración Pública: La creación de un régimen jurídico especial para el Proyecto Nombre169752 podría no alinearse con los principios generales de estas leyes. Principio de Legalidad: La Ley 6758 podría contravenir este principio fundamental, que exige que toda actuación estatal esté fundamentada en la ley. Conclusión de la afirmación: Se plantea que la Ley 6758, al crear un sistema de gestión específico para las áreas protegidas del Proyecto Papagayo, podría estar vulnerando principios constitucionales y legales fundamentales en Costa Rica. Ante esta situación, se contempla la posibilidad de interponer recursos legales como un recurso de amparo o una acción de inconstitucionalidad. (Folio 88, 89). III. EL PROYECTO Nombre169752 ENFRENTA CUESTIONAMIENTOS LEGALES POR POSIBLE VULNERACIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES, ESPECIALMENTE EN CUANTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA LEY 6758. El Proyecto Nombre169752 enfrenta cuestionamientos legales por posible vulneración de derechos constitucionales, especialmente en cuanto a la participación ciudadana en la evaluación ambiental de la Ley 6758, lo que podría dar lugar a un recurso de amparo o acción de inconstitucionalidad. A pesar de que la empresa Bahía Nombre169752 asegura cumplir con los principios de sostenibilidad y sostenibilidad, organizaciones y ciudadanos han cuestionado la validez de la viabilidad ambiental otorgada, argumentando un posible favorecimiento a los inversionistas sobre la legislación costarricense. Detalles de la Situación Participación Ciudadana y Comunidad Indígena: Se alega que no se realizó la participación ciudadana continua (sic) requerida, particularmente porque el proyecto afecta a comunidades indígenas, lo que constituye una violación al Artículo 33 de la Constitución y otros principios fundamentales. Posible Transgresión Legal: La consulta señala que el proceso de elaboración de la viabilidad ambiental para el Proyecto Nombre169752 podría vulnerar los artículos 11, 28, 29, 30, 33, 39 y 50 de la Constitución, así como el principio de legalidad y la Ley General de la Administración Pública, entre otras leyes. Ley 6758: Se argumenta que la Ley 6758, que creó un sistema de gestión específico para el proyecto, podría estar violando principios constitucionales y legales. La Ley 6758 podría vulnerar principios constitucionales costarricenses al contravenir el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley y la prohibición de privilegios y monopolios, ya que establece un régimen de gestión especial para las áreas protegidas del Proyecto Papagayo, con posibles implicaciones discriminatorias y restrictivas para otros gestores o desarrolladores. También podría transgredir el principio de reserva de ley, al delegar la gestión de recursos públicos (Áreas Protegidas) sin una participación ciudadana adecuada y sin la debida justificación legal. Principios Constitucionales presuntamente vulnerados: • Principio de Igualdad y Prohibición de Privilegios: • Análisis: La ley 6758 crea un sistema de gestión específico para el Proyecto Papagayo, lo que podría significar un trato diferenciado y privilegiado para un proyecto particular, en detrimento de otros proyectos y de los ciudadanos en general. • Vulneración: Esto atenta contra el artículo 33 de la Constitución Política, que establece que todas las personas son iguales ante la ley y no puede haber discriminación alguna. • Principio de Prohibición de Monopolios y Exclusividad: • Análisis: Al otorgar una gestión exclusiva y específica a una entidad sobre áreas protegidas, la ley podría estar creando un monopolio de facto, impidiendo la participación equitativa de otros actores y limitando el acceso a la gestión de estos recursos. • Vulneración: Esto podría violar el espíritu del Estado Social de Derecho, que busca la competencia y la participación de diversos actores en la economía y en el uso de los recursos naturales. • Principio de Reserva de Ley y Participación Ciudadana: • Análisis: La gestión de las áreas protegidas implica el uso de recursos públicos y el cumplimiento de funciones estatales. Si la ley delega estas funciones a un sistema de gestión específico sin una amplia justificación legal y sin el debido proceso de participación ciudadana, podría estar vulnerando el principio de reserva de ley. • Vulneración: Esto atentaría contra los artículos 11 y 12 de la Constitución, que exigen que la acción de los poderes públicos se ajuste a la ley y que la participación ciudadana debe ser garantizada en decisiones de interés público. Implicaciones: • Restricción a la competencia: La ley podría estar generando un ambiente de exclusividad que limita la competencia en el sector turístico y de gestión de recursos naturales. • Efecto discriminatorio: Otros proyectos o actores podrían verse en desventaja frente a la entidad gestora del Proyecto Papagayo, creando una inequidad en el trato y en las oportunidades de desarrollo. • Debilitamiento del marco legal general: Al crear un régimen especial, la ley podría debilitar la aplicación general de las normas que rigen la gestión de áreas protegidas en el país, creando inseguridad jurídica y un precedente problemático. Favorecimiento a Inversionistas: Existe la preocupación de que la Ley 6758 priorice los intereses de los inversionistas por encima de la legalidad de las leyes de Costa Rica. Recursos Legales Potenciales Recurso de Amparo: Se podría interponer un recurso de amparo ante la Sala Constitucional para proteger los derechos fundamentales que se consideran vulnerados por el proceso de aprobación del proyecto. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: También se podría presentar una acción de inconstitucionalidad para que la Sala Constitucional revise la conformidad de la Ley 6758 y los actos administrativos relacionados con la viabilidad ambiental con la Constitución. Postura de la Empresa La empresa Bahía Nombre169752 defiende la legalidad y sostenibilidad de su proyecto. Argumenta que el proyecto fomenta el desarrollo turístico responsable y crea oportunidades para la comunidad local, sin generar gentrificación. La empresa ha sido objeto de un recurso de amparo interpuesto por el exalcalde de Carrillo, quien cuestionó la legalidad del proceso de aprobación ambiental, el cual fue admitido por la Sala Constitucional. (Folio 90, 91, 92). DOCUMENTOS: SE APORTA FOLIO DEL 7 AL 92”.

10.- Por escrito incorporado al expediente digital el 19 de setiembre de 2025, el recurrente reitera los argumentos antedichos.

11.- Por escrito incorporado al expediente digital el 19 de setiembre de 2025, el recurrente indica: “El análisis señala que el Decreto 44448 es ambiguo e inconstitucional por infringir principios como la protección ambiental y la participación ciudadana continua al no establecer mecanismos claros para los cambios de uso de suelo y las mitigaciones en el Proyecto Papagayo. Además, se argumenta que contraviene el principio de legalidad y la reserva de ley al carecer de claridad y someterse a interpretación, generando inseguridad jurídica, y la Ley 6758 también podría verse afectada. (…) El análisis señala que el Decreto 44448 es ambiguo e inconstitucional por infringir principios como la protección ambiental y la participación ciudadana continua al no establecer mecanismos claros para los cambios de uso desuelo y las mitigaciones en el Proyecto Papagayo. Además, se argumenta que contraviene el principio de legalidad y la reserva de ley al carecer de claridad y someterse a interpretación, generando inseguridad jurídica, y la Ley 6758 también podría verse afectada. Y se detalla así: DECRETO 44448 CAMBIO USO DE SUELO DECRETAN: REFORMA Y ADICIÓN AL REGLAMENTO A LA LEY REGULADORA DEL POLO TURÍSTICO GOLFO DE PAPAGAYO. Artículo 1. Modifíquense (sic) los incisos f), h), i) j), o), p) y q) del artículo 2, el inciso f), h) y k) del artículo 3 bis, los incisos j) y k) del artículo 3 ter, los artículos 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, y 24 del Reglamento a la Ley Reguladora del Polo Turístico Golfo de Papagayo, Decreto Ejecutivo N° 25439-MP-TUR, del 27 de agosto de 1996 y sus reformas, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 173 del 11 de setiembre de 1996, manteniéndose el resto de la norma invariable y para que se lean como sigue: ANEXO ÚNICO TRÁMITES Y REQUISITOS EN EL RÉGIMEN DE CONCESIONES DEL PROYECTO GOLFO TURÍSTICO PAPAGAYO. VI. REQUISITOS PARA CAMBIO DE USO DE SUELO DE LAS CONCESIONES. Para tramitar y resolver estas solicitudes deberán cumplirse con los siguientes requisitos: a) Documento formal presentado por el concesionario o la persona acreditada en el expediente para realizar la solicitud, donde se indique el proyecto actualmente convenido con el ICT, la necesidad de cambio o adición de uso de suelo en función de este proyecto y su ejecución. En el caso de que la solicitud se fundamente en el Cambio del Proyecto Constructivo, se deberá aportar además de los presentes requisitos, los documentos descritos en el Punto 1 "Aprobación de anteproyectos" del Anexo Único del presente Reglamento. b) Plano catastro de la concesión donde se identifique claramente el área objeto del cambio o adición de uso de suelo. c) Diagnóstico ambiental inicial del nuevo proyecto, o estudios que fundamentaron el D1. d) Memoria de cálculo del requerimiento de recurso hídrico, realizada por un profesional acreditado en la materia. e) Estudio de mercado que permita, además, ver los beneficios del cambio propuesto para el sector, cuantificando las mejoras en la producción de empleo directo e indirecto, así como en los beneficios directos del cambio propuesto. SEMANARIO UNIVERSIDAD. El Artículo 1 del Decreto Ejecutivo 44448 del 10 de mayo de 2024, publicado en La Gaceta 90, alcance 96 del 21 de mayo de 2024, modificó varios artículos del Reglamento de la Ley 6758 y, entre ellos, introdujo cambios en el uso de suelo del Polo Turístico Golfo de Nombre169752 al permitir la concentración de edificaciones y modificar los porcentajes de uso de suelo, según Semanario Universidad. Detalles clave: • Decreto: 44448-MP-TUR • Publicación: Gaceta 90, alcance 96, del 21 de mayo de 2024. • Enfoque: Reforma al Reglamento de la Ley 6758. • Efecto en Papagayo: Permite una mayor concentración de edificaciones en el Polo Turístico Golfo de Nombre169752 y modifica los porcentajes de uso de suelo. ANÁLISIS SEÑALA QUE EL DECRETO 44448 ES AMBIGUO E INCONSTITUCIONAL POR INFRINGIR PRINCIPIOS COMO LA PROTECCIÓN AMBIENTAL Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA CONTINUA AL NO ESTABLECER MECANISMOS CLAROS PARA LOS CAMBIOS DE USO DE SUELO Y LAS MITIGACIONES EN EL PROYECTO PAPAGAYO. El análisis señala que el Decreto 44448 es ambiguo e inconstitucional por infringir principios como la protección ambiental y la participación ciudadana continua al no establecer mecanismos claros para los cambios de uso de suelo y las mitigaciones en el Proyecto Papagayo. Además, se argumenta que contraviene el principio de legalidad y la reserva de ley al carecer de claridad y someterse a interpretación, generando inseguridad jurídica, y la Ley 6758 también podría verse afectada. Análisis del Decreto 44448 • Ambigüedad e Incoherencia: El Decreto 44448 es criticado por su vaguedad, permitiendo interpretaciones que podrían dejar de lado a la ciudadanía en la toma de decisiones importantes. • Participación Ciudadana Limitada: El decreto no incluye mecanismos efectivos para la participación ciudadana continua, especialmente en asuntos cruciales como las modificaciones al uso del suelo y las medidas de mitigación ambiental, lo cual es un derecho constitucional. • Contravención de Principios Constitucionales: La falta de claridad y mecanismos de participación adecuada podría vulnerar el derecho al ambiente sano, la protección ambiental y el derecho de los ciudadanos a estar informados y participar en decisiones que les afectan. Análisis de la Ley 6758 y el Proyecto Nombre169752 • Conflicto Legal: La Ley 6758, al promover el proyecto, podría generar conflictos legales y constitucionales al no garantizar completamente el debido proceso, la protección ambiental y la participación ciudadana. • Inestabilidad Jurídica: La posibilidad de vulneración de derechos y la superposición de intereses podrían generar litigios y la consecuente inestabilidad legal y constitucional para el proyecto y la administración. Implicaciones para la Administración Pública • Desprestigio de la Administración: La promulgación de normativas ambiguas como el Decreto 44448 puede minar la credibilidad de la administración pública, generando desconfianza y dificultando la ejecución de proyectos. • Inseguridad Jurídica: La falta de claridad normativa crea un entorno de inseguridad jurídica que afecta no solo a los ciudadanos, sino también a los inversionistas y a otros actores involucrados. CONCLUSIÓN La ambigüedad y la inconstitucionalidad percibidas en el Decreto 44448 plantean riesgos legales y constitucionales significativos al no cumplir con principios fundamentales como la protección ambiental y la participación ciudadana, lo cual puede ser un obstáculo para la administración pública y el Proyecto Nombre169752”.

12.- Por escrito incorporado al expediente digital el 20 de setiembre de 2025, el accionante señala: “La información proporcionada detalla la evolución del Proyecto Turístico Golfo de Nombre169752 a través de varias leyes y decretos. La Ley N.° 5847 de 1975 aprobó un préstamo del BCIE para estudios de viabilidad y plan maestro en Bahía Culebra. Posteriormente, la Ley N.° 6758 de 1982 estableció el marco legal para el desarrollo del proyecto en el Golfo de Papagayo. Más recientemente, el Decreto Ejecutivo N.° 44448 de 2024 modificó el reglamento de esa ley, permitiendo la concentración de edificaciones y cambios en los porcentajes de uso del suelo dentro del proyecto. Detalles de cada normativa: 1. Ley N.° 5847 de 1975 • Promulgación: 18 de noviembre de 1975. • Propósito: Aprobar un contrato de préstamo entre el ICT y el BCIE para financiar estudios de factibilidad y el plan maestro del polo turístico de Bahía Culebra. • Resultado: Fue el punto de partida para el Proyecto Turístico Golfo de Papagayo. 2. Ley N.° 6758 de 1982 • Promulgación: 6 de mayo de 1982. • Propósito: Establecer el marco legal para el desarrollo y la ejecución del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo. 3. Decreto Ejecutivo N.° 44448 de 2024• Publicación: 21 de mayo de 2024, en el Alcance 96 de la Gaceta 90. • Contenido: Reforma el Reglamento a la Ley N.° 6758, introduciendo cambios en el uso de suelo. • Efecto: Permite una mayor concentración de edificaciones y modifica los porcentajes de uso de suelo en el Polo Turístico Golfo de Papagayo. Implicaciones mencionadas: • La información sugiere que la aplicación de estas normativas podría estar generando controversias, ya que se menciona la posible transgresión de varios artículos de la Ley de la Administración Pública relacionados con la participación ambiental continua en el cambio de uso de suelo y la vialidad ambiental, según el texto proporcionado. (…) La SETENA se negó a convocar a los vecinos de Playa Panamá a una audiencia pública bajo el argumento de que no pertenecían a una comunidad indígena, lo que lesiona el principio y de igualdad y una violación del artículo 33 constitucional. Señala que todos los habitantes de la zona sean indígenas o no, tienen derecho a ser informados y a participar en las decisiones que afectan su entorno. Subraya que la jurisprudencia constitucional costarricense ha reconocido que el derecho a la consulta previa en proyectos de infraestructura se extiende a toda la ciudadanía, y que limitarlo por razones étnicas es abiertamente inconstitucional. Cuáles fueron los argumentos legales emanaron el (sic) oficina del ICT encargada del Proyecto Nombre169752 en Playa Panamá y Empresa Desarrolladora del Mega Proyecto Golfo papagayo. Transgrediendo el articulo (sic) 33 constitucional, si ser o no ser somos iguales ante la ley, para no dar participación continuo ambiental, en el cambio de uso de suelo y la vialidad ambiental. Los argumentos legales del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y la empresa desarrolladora del Golfo de Nombre169752 se basan en que el proyecto se originó en un convenio centroamericano para el desarrollo turístico estratégico, para el cual el Estado costarricense creó leyes, reglamentos y directrices ambientales que se han cumplido, desestimando las afirmaciones de que el proyecto ha vulnerado el ambiente y que se han incumplido los derechos ciudadanos, y por lo tanto no existe transgresión del artículo 33 constitucional ni impedimento para el derecho ciudadano a participar en el cambio de uso de suelo. Argumentos del ICT y la empresa desarrolladora • Fundamento en convenios internacionales: El proyecto se originó a partir de un convenio centroamericano que buscaba el desarrollo de polos turísticos estratégicos en la región, y el Estado costarricense asumió el compromiso de desarrollar leyes y reglamentos para su ejecución. • Cumplimiento de la legislación ambiental: La empresa ha afirmado que el proyecto ha cumplido con todos los requerimientos establecidos en la legislación ambiental costarricense, asegurando que los terrenos del proyecto no tienen acceso al mar ni poseen manglares, tal como se ha afirmado erróneamente. • Desestimación de acusaciones de falsedad: Nombre169752 , a través de su abogado, rechaza las afirmaciones falsas sobre la difusión de información malintencionada y asegura que valora la participación ciudadana. LOS ARGUMENTOS LEGALES PARA EL PROYECTO DEL GOLFO DE Nombre169752 Los argumentos legales para el proyecto del Golfo de Nombre169752 se basan en la Ley N° 5847, promulgada en 1975, que aprobó un convenio de préstamo y la declaratoria de utilidad pública del proyecto, lo cual está debidamente aprobado por la Asamblea Legislativa de Costa Rica. No existe un convenio centroamericano específico en los resultados, sino una ley nacional que autoriza y establece el marco para el desarrollo turístico del Golfo de Nombre169752 bajo la administración del Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Detalles de los fundamentos legales: • Ley N° 5847 (1975): Esta ley fue promulgada el 18 de noviembre de 1975 y publicada en el Alcance 194-A de la Gaceta N° 223 el 22 de noviembre del mismo año. • Aprobación del Convenio y Proyecto: La Ley N° 5847 aprobó el convenio de préstamo por US $370.000,00 y, lo que es más importante para este argumento, declaró el proyecto como de utilidad pública y conveniencia nacional. • Marco legal para el desarrollo turístico: La aprobación de la ley por la Asamblea Legislativa sentó las bases para que el ICT tuviera la facultad exclusiva para dirigir, coordinar, administrar y controlar el desarrollo del proyecto del Golfo de Papagayo. En resumen: • El fundamento legal principal no es un convenio centroamericano, sino una ley de la República de Costa Rica (Ley N° 5847). • Esta ley fue aprobada por la Asamblea Legislativa. • La ley declara el proyecto como de utilidad pública y conveniencia nacional, justificando la intervención del Estado y del ICT en su desarrollo. Pregunta Con el convenio aprobado con la ley 5847 esta ley fue promulgada el 18 de noviembre de 1975 y publicada en el Alcance 194-A de la Gaceta N° 223 el 22 de noviembre del mismo año. El convenio aprobado bajo la Ley N.° 5847 de 1975 es un Contrato de Préstamo entre el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), destinado a financiar el estudio de factibilidad técnico-económica y la preparación del plan maestro del polo turístico de Bahía Culebra. Detalles del Convenio: • Partes: El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). • Fecha de Ley: El convenio fue aprobado mediante la Ley N.° 5847 del 18 de noviembre de 1975. • Propósito: Financiar la elaboración de estudios y la preparación de un plan maestro para el desarrollo turístico de Bahía Culebra. En resumen, esta ley y el convenio asociado se centraron en el desarrollo del proyecto turístico en Bahía Culebra, impulsado por el ICT y financiado por el BCIE. El detalle del convenio es un Contrato de Préstamo aprobado por la Ley N.° 5847 de 1975, entre el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para financiar el estudio de factibilidad y la preparación de un plan maestro del polo turístico en Bahía Culebra. Información Clave del Convenio: • Partes Involucradas: Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). • Fecha de Aprobación: El convenio fue aprobado mediante la Ley N.° 5847 el 18 de noviembre de 1975. • Propósito Principal: Financiar los estudios técnicos-económicos y la planificación de un plan maestro para el desarrollo del proyecto turístico en Bahía Culebra. • Resultado del Convenio: La Ley N.° 5847 aprobó un préstamo para la creación de este plan maestro, marcando el inicio del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo. Y la Ley 6758 (Ley de Desarrollo y Ejecución del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo) fue promulgada el 6 de mayo de 1982 y publicada en el periódico oficial La Gaceta el 25 de junio de 1982. Esta ley establece el marco para el desarrollo del proyecto turístico en el Golfo de Nombre169752 y se encuentra publicada en el sitio web del Instituto Costarricense de Turismo (ICT). En caso de querer consultar la ley de manera directa, puede acceder al enlace del ICT que contiene el texto íntegro de la Ley. Lo anterior con respecto al DECRETO 44448 CAMBIO USO DE SUELO DECRETAN: REFORMA Y ADICIÓN AL REGLAMENTO A LA LEY REGULADORA DEL POLO TURÍSTICO GOLFO DE PAPAGAYO. Artículo 1. Modifíquense (sic) los incisos f), h), i) j), o), p) y q) del artículo 2, el inciso f), h) y k) del artículo 3 bis, los incisos j) y k) del artículo 3 ter, los artículos 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, y 24 del Reglamento a la Ley Reguladora del Polo Turístico Golfo de Papagayo, Decreto Ejecutivo N° 25439-MP-TUR, del 27 de agosto de 1996 y sus reformas, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 173 del 11 de setiembre de 1996, manteniéndose el resto de la norma invariable y para que se lean como sigue: ANEXO ÚNICO TRÁMITES Y REQUISITOS EN EL RÉGIMEN DE CONCESIONES DEL PROYECTO GOLFO TURÍSTICO PAPAGAYO. VI. REQUISITOS PARA CAMBIO DE USO DE SUELO DE LAS CONCESIONES. Para tramitar y resolver estas solicitudes deberán cumplirse con los siguientes requisitos: a) Documento formal presentado por el concesionario o la persona acreditada en el expediente para realizar la solicitud, donde se indique el proyecto actualmente convenido con el ICT, la necesidad de cambio o adición de uso de suelo en función de este proyecto y su ejecución. En el caso de que la solicitud se fundamente en el Cambio del Proyecto Constructivo, se deberá aportar además de los presentes requisitos, los documentos descritos en el Punto 1 "Aprobación de anteproyectos" del Anexo Único del presente Reglamento) Plano catastro de la concesión donde se identifique claramente el área objeto del cambio o adición de uso de suelo. c) Diagnóstico ambiental inicial del nuevo proyecto, o estudios que fundamentaron el D1. d) Memoria de cálculo del requerimiento de recurso hídrico, realizada por un profesional acreditado en la materia. e) Estudio de mercado que permita, además, ver los beneficios del cambio propuesto para el sector, cuantificando las mejoras en la producción de empleo directo e indirecto, así como en los beneficios directos del cambio propuesto. SEMANARIO UNIVERSIDAD. El Artículo 1 del Decreto Ejecutivo 44448 del 10 de mayo de 2024, publicado en La Gaceta 90, alcance 96 del 21 de mayo de 2024, modificó varios artículos del Reglamento de la Ley 6758 y, entre ellos, introdujo cambios en el uso de suelo del Polo Turístico Golfo de Nombre169752 al permitir la concentración de edificaciones y modificar los porcentajes de uso de suelo, según Semanario Universidad. Detalles clave: • Decreto: 44448-MP-TUR • Publicación: Gaceta 90, alcance 96, del 21 de mayo de 2024. • Enfoque: Reforma al Reglamento de la Ley 6758. • Efecto en Papagayo: Permite una mayor concentración de edificaciones en el Polo Turístico Golfo de Nombre169752 y modifica los porcentajes de uso de suelo. De todo lo indicado anteriormente por Transgredir los artículos 11, 28, 29, 30, 33, 39, 41,50, 121 inciso 4, además del articulo (sic) 11 de la Ley de General de la Administración Pública, Principio de Legalidad. Al no permitir participación continua ambientales de cambio uso de suelo, vialidad ambiental, en el Proyecto Golfo Nombre169752 en donde se desarrolla el Mega Proyecto Papagayo. La información proporcionada detalla la evolución del Proyecto Turístico Golfo de Nombre169752 a través de varias leyes y decretos. La Ley N.° 5847 de 1975 aprobó un préstamo del BCIE para estudios de viabilidad y plan maestro en Bahía Culebra. Posteriormente, la Ley N.° 6758 de 1982 estableció el marco legal para el desarrollo del proyecto en el Golfo de Papagayo. Más recientemente, el Decreto Ejecutivo N.° 44448 de 2024 modificó el reglamento de esa ley, permitiendo la concentración de edificaciones y cambios en los porcentajes de uso del suelo dentro del proyecto. Detalles de cada normativa: 4. Ley N.° 5847 de 1975 • Promulgación: 18 de noviembre de 1975. • Propósito: Aprobar un contrato de préstamo entre el ICT y el BCIE para financiar estudios de factibilidad y el plan maestro del polo turístico de Bahía Culebra. • Resultado: Fue el punto de partida para el Proyecto Turístico Golfo de Papagayo. 5. Ley N.° 6758 de 1982 • Promulgación: 6 de mayo de 1982. • Propósito: Establecer el marco legal para el desarrollo y la ejecución del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo. 6. Decreto Ejecutivo N.° 44448 de 2024 • Publicación: 21 de mayo de 2024, en el Alcance 96 de la Gaceta 90. • Contenido: Reforma el Reglamento a la Ley N.° 6758, introduciendo cambios en el uso de suelo. • Efecto: Permite una mayor concentración de edificaciones y modifica los porcentajes de uso de suelo en el Polo Turístico Golfo de Papagayo. Implicaciones mencionadas: • La información sugiere que la aplicación de estas normativas podría estar generando controversias, ya que se menciona la posible transgresión de varios artículos Ley de la Administración Pública relacionados con la participación ambiental continua en el cambio de uso de suelo y la vialidad ambiental, según el texto proporcionado”

13.- Por escrito incorporado al expediente digital el 20 de setiembre de 2025, el accionante reitera sus escritos anteriores y agrega: “En resumen, la ausencia de consulta a las Municipalidades de Carrillo y Liberia por parte de SETENA constituiría una violación de la legalidad y, por ende, de la Constitución Política y la Ley General de Ambiente de Costa Rica, afectando la transparencia y la validez del proceso de aprobación del megaproyecto Bahía Nombre169752”.

14.- Por escrito incorporado al expediente digital el 21 de setiembre de 2025, el amparado señala: “El cambio al Decreto 44448 se relaciona con el proceso de viabilidad ambiental del proyecto en Bahía Papagayo, donde la empresa Enjoy Hotels & Resorts S.A. solicitó y obtuvo la opinión técnica de las Municipalidades de Carrillo y Liberia para el cambio de uso de suelo, que ya había sido establecido previamente en la Ley 6758, y la viabilidad ambiental del megaproyecto. 1. Criterio técnico de las Municipalidades: • Solicitud de criterio: La empresa Enjoy Hotels & Resorts S.A. solicitó a las Municipalidades de Carrillo y Liberia que emitieran un criterio técnico sobre el cambio de uso de suelo y la viabilidad ambiental del proyecto en el Golfo de Papagayo, según la ley y las normativas vigentes. • Análisis de fondo: Se necesitaba un análisis de fondo por parte de las municipalidades para determinar la viabilidad ambiental del proyecto, especialmente en relación con la ley y la normativa sobre el Polo Turístico.2. Viabilidad ambiental y el Decreto 44448: • Aprobación de SETENA: La Secretaría Técnica Ambiental (SETENA) dio el visto bueno para la viabilidad ambiental del proyecto, que ya contaba con un marco legal específico desde la Ley 6758. • Legitimidad del uso de suelo: El uso turístico del terreno, en este caso, fue establecido por una ley específica del país y concesionado posteriormente a la empresa, ya que la propiedad pertenece al Estado costarricense. En resumen, el Decreto 44448 es un proceso que se realizó para la viabilidad ambiental del proyecto Bahía Papagayo, en concordancia con la Ley 6758, los permisos y la normativa vigente del proyecto turístico en el Golfo de Papagayo. Entonces, la SETENA está usando criterio técnico de la Municipalidad de Carrillo y Liberia, desde que inicio del Proyecto Nombre169752 con La Ley N° 6758 de Costa Rica fue aprobada como la Ley Reguladora del Desarrollo y Ejecución del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, publicada el 25 de junio de 1982. Su principal objetivo es establecer un marco legal para el desarrollo turístico del área de Bahía Culebra (o Papagayo) en Guanacaste. Detalles sobre la Ley 6758: • Propósito: Desarrollar de forma productiva el proyecto turístico en el Golfo de Papagayo, creando un marco normativo específico para su ejecución. • Historia: Es una modificación de la Ley N° 6370 (1979), la cual declaraba de utilidad pública los inmuebles para el proyecto turístico en Papagayo. • Contenido: La ley establece las bases para la planificación, ejecución y operación del proyecto, incluyendo disposiciones sobre concesiones y su administración. • Actualizaciones: Con el tiempo, la ley ha sido modificada, por ejemplo, con reformas al artículo 18 para incluir la recuperación tributaria, y al artículo 10, como se muestra en documentos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. En resumen, la Ley 6758 es la legislación que rige las actividades turísticas en el Golfo de Papagayo, facilitando su desarrollo desde su publicación original en 1982. Es decir, el Decreto 44448 es un trámite para obtener la viabilidad ambiental del proyecto en Bahía Papagayo, que involucra la opinión técnica de las Municipalidades de Carrillo y Liberia y la aprobación de la SETENA, basándose en la Ley 6758 que rige el Polo Turístico. A pesar de que Enjoy Hotels & Resorts S.A. y el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) afirman que el proyecto cumple la ley, este ha enfrentado acusaciones de tala ilegal de bosques y omisiones técnicas, llevando a un proceso de nulidad de su viabilidad ambiental y una investigación penal por parte de la Fiscalía Ambiental por supuesto cambio de uso de suelo. Contexto y fundamentos legales • Ley 6758: Es la ley que establece el marco legal para el proyecto turístico en el Golfo de Papagayo, declarando de utilidad pública los inmuebles necesarios para su desarrollo. • Decreto 44448: Es el proceso administrativo para obtener la viabilidad ambiental del proyecto, en concordancia con la Ley 6758 y la normativa vigente. • Enjoy Hotels & Resorts S.A.: La empresa Desarrolladora del Proyecto, que solicitó y obtuvo la opinión técnica de las municipalidades y la aprobación ambiental de SETENA para el proyecto. Aspectos técnicos y viabilidad ambiental • Opinión técnica de las municipalidades: Enjoy Hotels & Resorts solicitó y obtuvo la opinión de las Municipalidades de Carrillo y Liberia sobre el cambio de uso de suelo y la viabilidad ambiental del proyecto. • Aprobación de SETENA: La Secretaría Técnica Ambiental (SETENA) dio el visto bueno a la viabilidad ambiental del proyecto, que cuenta con un marco legal específico desde la Ley 6758. PREGUNTA: • Opinión técnica de las municipalidades: La opinión de las Municipalidades de Carrillo y Liberia sobre el cambio de uso de suelo y la viabilidad ambiental del proyecto. • Participación ciudadana: La Setena argumenta que no fue necesario realizar una audiencia pública para el proyecto, ya que no se detectó un alto nivel de conflictividad social y los interesados no la solicitaron. • Ley 6758: Es la ley que establece el marco legal para el proyecto turístico en el Golfo de Papagayo, declarando de utilidad pública los inmuebles necesarios para su desarrollo. • Aprobación de SETENA: La Secretaría Técnica Ambiental (SETENA) dio el visto bueno a la viabilidad ambiental del proyecto, que cuenta con un marco legal específico desde la Ley 6758. • Decreto 44448: Es el proceso administrativo para obtener la viabilidad ambiental del proyecto, en concordancia con la Ley 6758 y la normativa vigente. Tomando en consideración TODO LO ANTERIOR, la SETENA con esos argumentos dio luz verde cambio uso de suelo para que se emitiera el decreto 44448 que autoriza cambio uso de suelo y la vialidad ambiental para la construcción del Mega Proyecto Papagayo, entonces donde queda la Constitución política en sus artículos 11, 27, 28, 29, 30, 33, 39, 41, 46, 50, 121, inciso 4, además del artículo 6, que dice: El Artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública de Costa Rica establece el orden jerárquico de las fuentes del derecho administrativo, estableciendo que la Constitución Política está en la cúspide, seguida por los tratados internacionales y normas de la Comunidad Centroamericana, luego las leyes, los decretos del Poder Ejecutivo que reglamentan leyes, los otros reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos y reglamentos de los entes descentralizados, y finalmente las demás normas subordinadas, las cuales deben respetar los principios y reglas que rigen los actos administrativos. Detalle del Artículo 6: El artículo detalla la jerarquía de las normas de la siguiente manera: 1. Constitución Política: Es la norma de mayor rango y la primera fuente del ordenamiento jurídico administrativo. 2. Tratados Internacionales y normas de la Comunidad Centroamericana: Tienen una jerarquía inmediatamente inferior a la Constitución. 3. Leyes y actos con valor de ley: Se encuentran por encima de los reglamentos. 4. Decretos del Poder Ejecutivo que reglamentan leyes y los decretos de otros Supremos Poderes: Estos reglamentos deben estar subordinados a las leyes que reglamentan. 5. Reglamentos del Poder Ejecutivo, estatutos y reglamentos de entes descentralizados: Se ubican en un rango menor, pero están subordinados entre sí dentro de su ámbito de vigencia. 6. Otras normas subordinadas: Cualquier otra norma que no tenga un rango superior debe estar subordinada a los reglamentos. Implicaciones del artículo: • Subordinación normativa: Ninguna norma de rango inferior puede contradecir o modificar a una de rango superior. • Principios jurídicos: Los reglamentos, en general, deben acatar los principios y reglas que regulan los actos administrativos. • Control de legalidad: Este orden jerárquico sirve de base para el control de legalidad de los actos administrativos, asegurando que se ajusten a la normativa. Además de articulo (sic) 11 de la Ley General de la Administración Pública, PRINCIPIO DE LEGALIDAD, ley forestal, ley ambiente y otras LEYES CONEXAS DE COSTA RICA. RESPUESTA: La Constitución Política prevalece sobre el Decreto 44448 y la autorización de la SETENA porque la Ley General de la Administración Pública de Costa Rica establece un orden jerárquico de fuentes del derecho, colocando a la Constitución en la cúspide. Si el decreto o la actuación de la SETENA contravienen principios constitucionales como la legalidad (Art. 11), o derechos ciudadanos (Arts. 27, 28, 29, 30, 33, 39, 41, 46, 50), estos podrían ser declarados ilegales o inconstitucionales a través de un control de legalidad, que valida que las normas subordinadas no contradigan las superiores. Jerarquía de la Normativa • Constitución Política: Es la ley de mayor rango, por lo que ningún reglamento puede contradecirla. • Leyes: Tienen un rango inferior a la Constitución (sic) pero superior a los decretos. • Decretos y reglamentos: Son actos administrativos que deben acatar la Constitución y las leyes que reglamentan. • Implicaciones para el Caso1. Principio de legalidad y reserva de ley: La Constitución establece que los derechos ciudadanos y la forma de ejercerlos (como la consulta pública en algunos casos) deben ser regulados por ley (Arts. 27, 28, 29, 30, 33, 46). La SETENA no puede obviar estos principios, ya que su actuación está limitada por el principio de legalidad (Art. 11) y la subordinación normativa. 2. La Constitución como límite: La SETENA solo puede dar viabilidad ambiental si el proyecto cumple con la legislación vigente y está sujeto a la Constitución. La Ley 6758 y el Decreto 44448 deben interpretarse y aplicarse dentro del marco constitucional, sin contradecir los principios de equidad o el derecho a la participación ciudadana. 3. Derecho a la participación ciudadana: La Constitución, en sus artículos 27, 28, 29, 30, 33, 39, 41, y 46, establece los mecanismos para la participación ciudadana en los asuntos de interés público. La SETENA no puede simplemente ignorar estos derechos ni la posible solicitud de audiencia pública, si el proyecto tiene un alcance que podría afectar el bienestar de los ciudadanos. Así las cosas, el texto es un análisis legal que señala la obligación de la SETENA de considerar los derechos de participación ciudadana consagrados en la Constitución y la importancia de realizar audiencias públicas para proyectos que puedan afectar el bienestar público. Se fundamenta en la idea de que la participación ciudadana es un pilar del sistema democrático y que la SETENA, como entidad pública, no puede evadir su responsabilidad de consultar a la ciudadanía, especialmente cuando hay un interés público en juego. Análisis Detallado: • Marco Constitucional: Los artículos constitucionales mencionados (27, 28, 29, 30, 33, 39, 41 y 46) establecen principios y derechos fundamentales que forman la base de la democracia participativa. Estos derechos incluyen la libertad de expresión, la libertad de reunión, el derecho a la igualdad, y el derecho a participar en los asuntos públicos. • Obligación de la SETENA: La Secretaría Técnica Ambiental (SETENA) (o la entidad equivalente a la que se refiera el contexto) no puede simplemente ignorar estos derechos. Al ser una entidad estatal, tiene la obligación de promover, respetar y garantizar los derechos humanos y constitucionales de los ciudadanos. • Relevancia de las Audiencias Públicas: Si un proyecto tiene el potencial de afectar el bienestar de los ciudadanos, la posibilidad de una audiencia pública se convierte en una herramienta esencial para la participación. Las audiencias públicas permiten que los ciudadanos conozcan la información relevante, expresen sus opiniones y contribuyan al proceso de toma de decisiones. • Justificación del Análisis: La frase argumenta que ignorar el derecho a la participación ciudadana en un proyecto que impacta el bienestar público sería una violación de los principios constitucionales. Por lo tanto, la SETENA debe actuar en consonancia con la Constitución y facilitar los mecanismos de participación, como las audiencias públicas. En resumen, el análisis subraya que: • La Constitución protege la participación ciudadana. • La SETENA está obligada por la Constitución a permitir esta participación. • Las audiencias públicas son un mecanismo importante de participación que no debe ser ignorado cuando hay un interés público. 4. Conclusión: Aunque la SETENA tiene la facultad de otorgar la viabilidad ambiental y emitir decretos, su competencia está limitada por el ordenamiento jurídico. La Constitución está por encima de cualquier otra normativa, incluyendo los decretos que autorizan la construcción del Mega Proyecto Nombre169752”.

15.- Informan bajo juramento Henry Paul Wong Carranza y William Rodríguez López, por su orden, director ejecutivo de la Oficina Ejecutora del Polo Turístico de Nombre169752 y presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Turismo. Exponen: “DE CARÁCTER PREVIO: ASPECTOS HISTÓRICO JURIDICOS (sic) LIGADOS A EL PROYECTO TURÍSTICO GOLFO DE Nombre169752 Las zonas costeras de nuestro país siempre han sido objeto de regulación legislativa, con cambios muy significativos al pasar del tiempo. Es así que, mediante la Ley de Aguas, N° 276 del 27 de agosto de 1942, el legislador determinó como propiedad nacional las playas y la zona marítima (artículo 3 inciso l), entendida esta última como “el espacio de las costas de la República que baña el mar en su flujo y reflujo y los terrenos inmediatos hasta la distancia de una milla, o sean mil seiscientos setenta y dos metros, contados desde la línea que marque la marea alta. Esta zona marítima se extiende también por las márgenes de los ríos hasta el sitio en que sean navegables o se hagan sensibles las mareas, con un ancho de doscientos metros desde cada orilla, contados desde la línea que marque la marea alta.” Posteriormente, mediante la Ley de Tierras y Colonización (ITCO INDER), Ley 2825, del 14 de octubre de 1961, la citada milla marítima, se redujo a los hoy conocidos 200 metros, quedando así la “zona marítimo terrestre” como terrenos inalienables, de dominio público: “Artículo7.- Mientras el Estado, por voluntad propia o por indicación del Ministerio de Agricultura o del Instituto de Tierras y Colonización, atendiendo razones de conveniencia nacional, no determine los terrenos que deben mantenerse bajo su dominio, se considerarán inalienables y no susceptibles de adquirirse por denuncio o posesión, salvo los que estuvieren bajo el domino privado, con título legítimo, los siguientes: (…) b)1 Los comprendidos en una zona marítimo-terrestre de doscientos metros de ancho a lo largo de las costas de ambos mares, desde la pleamar ordinaria, así como los comprendidos en una zona de cincuenta metros de ancho a lo largo de ambas márgenes de los ríos navegables;” Posteriormente, con la Ley de Urbanización Turística de la Zona Marítimo Terrestre, Ley 4558, del 22 de abril de 1970, prácticamente vino a desafectar el dominio público de una parte significativa de la zona marítimo terrestre, restando de ella con carácter demanial sólo la franja de cincuenta metros a partir de la pleamar ordinaria (artículo 6), hoy llamada la zona pública. Los otros 150 metros contiguos a ésta se declararon susceptibles de apoderamiento por dos vías: la primera por venta cuando hubo contrato de arrendamiento por más de 10 años y la segunda por posesión por más de 30 años de forma quieta, pacífica, pública y a título de dueño, tomando en cuenta el tiempo del arrendamiento en caso que lo hubiera (Transitorio III). Es así que, propiedades privadas reducidas a dominio privado existen dentro de la ZMT. No obstante, este último transitorio tercero, se mantuvo vigente por un corto periodo de tiempo, (del 22 abril de 1970 al 04 de octubre de 1971), ya que, fue derogado mediante Ley 4847 del 04 de octubre de 1971, denominada “Ref. Ley Urbanización Zona Marítimo Terrestre (Transitorio III)2.” En cuanto a los antecedentes normativos, tenemos que en primer término, mediante Ley N° 5847 de 18 de noviembre de 1975 se aprobó el Convenio de Préstamo celebrado entre el Instituto Costarricense de Turismo y el Banco de Centroamericano de Integración Económica, con el propósito de financiar la elaboración de un estudio de factibilidad técnico económico y la preparación de un plan maestro del Proyecto Turístico de Bahía de Culebra. En el artículo 3° de la ley recién citada se dispuso que el Proyecto que surgiera como consecuencia del mencionado estudio de factibilidad, sería realizado por el Estado costarricense, de conformidad con la ley que debería ser dictada al efecto. Desde un punto de vista fáctico, la decisión de establecer el Polo Turístico en la Bahía Culebra responde a estudios técnicos regionales promovidos por el BCIE en las décadas de 1960 y 1970, que identificaron esta zona como de alto valor ecológico, escénico y cultural, con potencial para el turismo internacional. Esta base empírica sirvió como fundamento para que el legislador costarricense adoptara una serie de medidas dirigidas a facilitar la ejecución del proyecto bajo condiciones especiales, entre ellas la declaratoria de utilidad pública (Ley N.° 6370 de 1979), la creación de un régimen diferenciado de administración estatal (Ley N.° 6758 de 1982), y la adopción de un Plan Maestro aprobado en sesión ordinaria de Junta Directiva No 4572, artículo 2, inciso VIII, celebrada el día 10 de julio de 1995. El régimen jurídico excepcional del proyecto Polo Turístico Golfo Papagayo, tiene como pilar la exclusión expresa de la competencia municipal en materia de administración de la ZMT dentro del área delimitada. Si bien el artículo 3 de la Ley N.° 6043 otorga a las municipalidades la facultad de administrar la zona restringida y otorgar concesiones en la Zona Marítimo Terrestre del país, el artículo 74 establece una excepción específica para el entonces denominado “Proyecto Bahía Culebra” (hoy conocido como Polo Turístico Golfo Papagayo), adscribiendo esa competencia al Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Esta excepción ha sido ratificada por diversos dictámenes de la Procuraduría General de la República (por ejemplo, C-171-93 y C-028-94), que reafirman que el ICT ostenta competencias exclusivas de administración, control y otorgamiento de concesiones en la zona, sin perjuicio de las competencias municipales residuales, como la emisión de permisos de construcción; una vez que los proyectos han sido aprobados previamente por el ICT. Desde el punto de vista del derecho público, este régimen excepcional responde al principio de legalidad reforzada en materia de administración del dominio público y se inscribe en la lógica de los regímenes especiales permitidos por el artículo 121 inciso 14 de la Constitución Política. La ley regula con precisión las competencias, límites y condiciones bajo las cuales se otorgan concesiones, imponiendo un estándar más riguroso que el previsto para otras zonas costeras del país. Así, por ejemplo, el ICT puede otorgar concesiones solo mediante concursos públicos, previo análisis técnico y jurídico, y con base en la congruencia con el Plan Maestro, el cual funge como instrumento vinculante de planificación. A nivel administrativo, el régimen de excepción cuenta con una Oficina Ejecutora del Proyecto adscrita al ICT, que, con máxima desconcentración funcional, permite una gestión técnico-operativa más eficaz. El Consejo Director, integrado por representantes del sector público y privado, tiene competencias de dirección, fiscalización y recomendación, siendo un modelo de gobernanza mixta poco común en la administración pública costarricense. Esto refuerza el carácter planificado y controlado del desarrollo turístico, alineado con el principio de eficiencia administrativa y con el interés general que persigue el proyecto. Desde la óptica ambiental y territorial, el proyecto también cuenta con restricciones normativas que limitan la densidad habitacional, la altura de los edificios, la intensidad lumínica, la ubicación de la infraestructura eléctrica, y prohíbe prácticas contaminantes como el uso de tanques sépticos. Estas limitaciones, se reitera, no existen en el resto de proyectos turísticos que se realicen en las demás zonas costeras del país y las cuales, responden a la necesidad de proteger los recursos naturales y paisajísticos del área, en coherencia con los principios del derecho ambiental consagrados en los artículos 50 y 89 de la Constitución Política. Asimismo, el decreto ejecutivo N.° 32051-MINAE de 2005 declara de interés prioritario el desarrollo de proyectos de investigación y educación ambiental en la zona, lo que evidencia el enfoque de desarrollo sostenible que inspira al régimen. La declaratoria de conveniencia nacional del proyecto (Decreto Ejecutivo N.° 33132 de 2005) refuerza aún más su posición dentro de las políticas públicas estatales, al considerarlo como prioritario para el desarrollo económico, la generación de empleo y la atracción de inversión extranjera directa. Esta declaratoria tiene fundamento en la Ley Forestal N.° 7575, artículo 3, que define las actividades de conveniencia nacional como aquellas cuyo beneficio social supera el costo ambiental, condición que debe demostrarse mediante los instrumentos técnicos correspondientes. La evolución histórica del Polo Turístico Golfo Nombre169752 (en adelante PTGP), conocido en su génesis como “Bahía Culebra” y se en un inicio a partir de la Ley N° 5847 de 18 de noviembre de 1975, mediante la cual se aprobó el Convenio de Préstamo celebrado entre el Instituto Costarricense de Turismo y el Banco de Centroamericano de Integración Económica, con el propósito de financiar la elaboración de un estudio de factibilidad técnico económico y la preparación de un plan maestro del Proyecto Turístico de Bahía de Culebra. En el artículo 3° de la ley recién citada se dispuso: “ARTICULO 3.- El proyecto de desarrollo turístico de Bahía Culebra, que surja como consecuencia de este estudio de factibilidad, será realizado por el Estado costarricense, de conformidad con la ley especial que la Asamblea Legislativa deberá emitir con ese propósito.” De las actas legislativas de la Ley Placa34112, se extrae el siguiente texto: “Dictámen (sic) mayoría: “El presente proyecto pretende otorgarle al ICT las facultades que en virtud de su Ley orgánica le corresponden en lo referente a la dirección, administración y ejecución de los proyectos de desarrollo turístico que en su mayor parte pretenden llevarse a cabo en las zonas marítimo-terrestres, territorios insulares que regula este proyecto.” (pág. 61 expediente administrativo) Ya para el 2 de marzo de 1977, con la promulgación de la Ley 6043, Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, queda definitivamente regulado hasta el día de hoy, el régimen jurídico de la zona marítimo terrestre, así como de las islas y se declara al proyecto de Desarrollo Integral de la Bahía Culebra, como áreas afectadas bajo la administración exclusiva del ICT, es decir, es mediante esta Ley 6043, que nace el Proyecto Turístico Golfo Papagayo, entonces denominado “proyecto de Desarrollo Integral de la Bahía Culebra” denominándolo como un “caso especial”. “Casos especiales Artículo 74.-En cuanto al proyecto de Desarrollo Integral de la Bahía Culebra, cuyo litoral limita al norte en el punto de la Cuadrícula Lambert Costa Rica, latitud 2/94 y longitud 3/53, extendiéndose hasta el punto de latitud 2/84 y longitud 3/50 o sea desde Punta Cabuyal hasta Punta Cacique, las áreas afectadas quedarán bajo la administración directa del Instituto Costarricense de Turismo. La reglamentación que regirá ese desarrollo será formulada por el Poder Ejecutivo, previa consulta a ese Instituto. Todo lo anterior sin perjuicio del usufructo y cánones que correspondan a las municipalidades respectivas conforme a esta ley.” El 16 de diciembre de 1977, mediante Decreto Ejecutivo 7841-P, Reglamento a la Ley 6043, se reglamentó el citado artículo 74: “Disposiciones Especiales Artículo 93.-De acuerdo con el artículo 74 de la Ley, la zona marítimo terrestre comprendida en el Proyecto de Desarrollo Integral de Bahía Culebra, desde Punta Cabuyal hasta Punta Cacique, queda bajo la administración directa del ICT. Las concesiones en esa área serán otorgadas por dicho instituto; las solicitudes se presentarán ante éste y se tramitarán de acuerdo con el procedimiento contemplado en este reglamento, en lo que fuere aplicable. El ICT otorgará esas concesiones únicamente cuando se ajusten al Plan de Desarrollo Integral o no lo interfieran. Una vez otorgada una concesión, el Instituto lo pondrá en conocimiento de la municipalidad respectiva para que ésta cobre el canon que corresponda. En todo lo demás, regirán para esta zona las disposiciones de la Ley y el reglamento, sin perjuicio de las normas especiales que se puedan dictar.” Con la Ley 6370, Ley que Declara de Utilidad Pública el Proyecto Turístico Golfo Papagayo, del 20 de agosto de 1979, se dio una redefinición de límites de los que fueron establecidos en el año 1977 en la Ley 6043, autorizándose al ICT a adquirir los bienes inmuebles que a su juicio sean necesario para el desarrollo del proyecto turístico: “Artículo 1º.-Declárase de utilidad pública los bienes inmuebles, sean fincas completa, porciones, derechos o intereses patrimoniales legítimos, que por su ubicación sean necesarios para realizar y ejecutar el proyecto turístico en Bahía Culebra, en jurisdicción de la provincia de Guanacaste, que se asentará, sobre la base de la cuadrícula Lambert Costa Rica, del mapa hoja 3047.1 Carrillo Norte, Costa Rica 1: 50.000 (elaborado por el Instituto Geográfico Nacional), y se ubicará entre las siguientes coordenadas: 2.94 Norte con 3.50 Este y 2.94 Norte con 3.62 Este, como límite Norte; 2.85 Norte con 3.50 Este y 2.85 Norte con 3.54 Este y 2.84 Norte con 3.54 Este, y 2.84 Norte con 3.62 Este como límite Sur; 2.94 Norte con 3.62 Este y 2.84 Norte con 3.62 Este, como límite Este; y 2.94 Norte con 3.50 Este y 2.85 Norte con 3.50 Este, y 2.85 Norte con 3.54 Este y 2.84 Norte con 3.54 Este, como límite Oeste. Dicha porción territorial comprende la zona marítima del litoral Pacífico, ubicada desde Punta Cabuya al Norte, hasta un kilómetro al Sur de Punta Ballena. Artículo 2º.-Autorízase al Instituto Costarricense de Turismo para adquirir en forma directa, prescindiendo del trámite de licitación, pero con el refrendo de la Contraloría General de la República, los bienes inmuebles dentro de la zona descrita en el artículo 1º de esta ley, que a su juicio sean necesarios para el desarrollo del proyecto. Artículo 6º.- Las personas que, el entrar en vigor esta ley, demostraren hallarse ocupando bienes inmuebles en la zona inalienable de Playa Panamá, serán indemnizadas con arreglo a los mismos criterios previstos en el artículo anterior. La ocupación debe haber sido ejercida ininterrumpidamente durante los últimos diez años, en forma quieta y pública; los interesados podrán invocar en su beneficio la ejercida por sus transmitentes y antecesores. La prueba de la ocupación en las condiciones anteriores, se hará mediante información que levantará el Instituto Costarricense de Turismo, a quien corresponderá aprobarla o improbarla, sin perjuicio del recurso de apelación que los interesados podrán plantear para ante uno de los juzgados contencioso administrativos, cuya decisión será definitiva. Artículo 9º.- Al cumplirse ocho años de la publicación de la presente ley deberán quedar concluidos los trámites administrativos, relativos a la adquisición por mutuo consentimiento de los inmuebles y derechos a que alude el artículo 1º y, en su caso, publicado el correspondiente decreto de expropiación. En defecto de esos actos jurídicos las propiedades y los derechos de posesión quedarán automáticamente liberados de la declaratoria de utilidad pública y sus respectivos dueños recuperarán el ejercicio absoluto de los atributos del dominio sobre esos bienes y derechos. Artículo 10.- Una vez adquiridas las tierras señaladas en la presente ley, sólo podrán ser utilizados por el Estado costarricense para el proyecto de desarrollo turístico en Bahía Culebra, de conformidad con la ley especial que la Asamblea Legislativa deberá emitir con ese propósito en cumplimiento del artículo 3º de la ley Nº 5847 del 18 de noviembre de 1975.” Y por último, ya con la Ley N° 6758 del 06 de mayo de 1982, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 122 del 25 de junio de 1982, Ley Reguladora del Desarrollo y Ejecución del PTGP, se dispuso: “Artículo 2.-En el área destinada al desarrollo de este proyecto deberán llevarse a cabo, únicamente las obras previstas en el Plan Maestro, aprobado por el Instituto Costarricense de Turismo, y todas aquellas obras concordantes con el mismo, de conformidad con las disposiciones de esta ley y de acuerdo con las normas técnicas que este Instituto emita al efecto. Artículo 12.-La Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo podrá otorgar concesiones sobre el uso de las tierras del proyecto en la zona destinada al mismo, de conformidad con los plazos y las condiciones que el Instituto establezca al efecto, y de conformidad con las disposiciones del Artículo 1073 de la Ley de la Administración Financiera de la República.” A partir de la promulgación de la normativa citada, el ICT, en colaboración con las autoridades correspondientes, Notaria del Estado, MOPT, Contraloría General de la República, entre otras, llevó a cabo los trámites de expropiación para incorporar propiedades privadas e indemnización a algunos poseedores, quedando conformado el PTGP por las siguientes áreas (artículo 2 inciso i segundo párrafo) del Reglamento a la Ley 6758, Ley Reguladora del Desarrollo y Ejecución del PTGP: “(…) Dicha porción territorial comprende aquellas áreas que hayan sido adquiridas por el ICT para el desarrollo del proyecto, abarcando área de zona pública inalienable de cincuenta metros, área de zona restringida de ciento cincuenta metros y zona continental, entendida esta última como el área que se ubica tierra adentro, más allá de los doscientos metros de la zona marítimo terrestre del litoral Pacífico. El Proyecto Turístico Golfo Nombre169752 se ubica desde Punta Cabuyal al Norte, hasta un kilómetro al sur de Punta Ballena, prevaleciendo las coordenadas de la Ley 6370 y abarca además, el área cubierta permanentemente por el mar ubicada dentro de dichas coordenadas, destinada a la edificación, administración y explotación de marinas y atracaderos turísticos, dentro del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, conforme a lo dispuesto por la Ley de Concesión y Operación de Marinas y Atracaderos Turísticos, Ley N° 7744 de 19 de diciembre de 1997 y sus reformas, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 26 del 6 de febrero de 1998.” Debe aclararse, que no todas las áreas que se encuentran dentro de las coordenadas de la Ley 6370, forman parte de los sectores administrados exclusivamente por el ICT, ya que no todo fue expropiado. Sin embargo, de los diferentes expedientes de expropiación, puede identificarse que la mayoría de los lotes indicaban “potrero”, “agricultura”, “charral”. A manera de ejemplo, para el caso de expropiación del área que hoy día se encuentra dentro de lo que hoy se conoce como el lote 1 (plano G-52763-2023, 2168-Z-000) y lote 3 (plano G-43129-2022, 2169-Z-000), ambos derechos de concesión de ENJOY HOTELS & RESORTS S.A; se tiene que la adquisición se hizo mediante expropiación al señor Francisco Vargas, con base en el plano Placa34111- , con naturaleza “TERRENO POTRERO VARIEDAD REPASTOS” así inscrito hoy día en el Registro Nacional bajo la matrícula Placa34113 a nombre del ICT, obsérvese que, inclusive, los linderos aún hacen referencia a la “milla marítima.” Para el 09 de febrero del 2005, mediante Decreto 33132-MP-T, “Declara de conveniencia nacional, el desarrollo y ejecución del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo”, donde se dispuso: “Artículo 1º-Declarar de conveniencia nacional, el desarrollo y ejecución del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, bajo administración del Instituto Costarricense de Turismo ubicado en los cantones de Liberia y Carrillo en la Provincia de Guanacaste. Artículo 2º-Para el óptimo desarrollo de este Proyecto, se insta a todas las dependencias del Gobierno, ministerios e instituciones públicas, para que brinden toda la ayuda y colaboración al mismo, dentro del marco de sus posibilidades materiales y el ámbito de sus respectivas competencias.” Es así que el Polo Turístico Golfo de Nombre169752 constituye un caso paradigmático en el derecho administrativo costarricense, al consolidarse como un proyecto estratégico nacional desarrollado bajo un régimen jurídico de excepción. Esta figura especial, otorgada por el ordenamiento jurídico, se justifica no solo por razones de conveniencia económica, sino también por razones de planificación, sostenibilidad y control estatal. Su creación y ejecución se fundamentan en una serie de actos legislativos y administrativos que, de forma sistemática, configuran un marco normativo diferenciado frente al régimen común de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) regulado por la Ley N.° 6043. Desde el punto de vista del análisis jurídico material, el régimen del Proyecto Golfo Nombre169752 plantea una excepción razonada y proporcional dentro del marco constitucional costarricense, pues no anula las reglas comunes, sino que las modula para un caso específico, asegurando una mayor intervención estatal, control técnico y protección ambiental. Es un ejemplo de cómo un régimen especial puede coexistir con el derecho común, siempre que cuente con respaldo legal, finalidad legítima, y mecanismos de control que garanticen la sujeción al interés público. Desde el punto de vista de la seguridad jurídica, el proyecto cuenta con un conjunto normativo robusto y sistematizado, compuesto por leyes, reglamentos, decretos y actos administrativos, que articulan una estructura jurídica coherente para su desarrollo. Esta estructura legal confiere certeza tanto al Estado como a los potenciales inversionistas sobre los derechos, deberes y condiciones para participar en el proyecto. Al mismo tiempo, garantiza la tutela del patrimonio natural del Estado y los principios de sostenibilidad, planificación y legalidad. SOBRE LA LEGITIMACIÓN No queda duda que el análisis pretendido por la recurrente NO cumple con los presupuestos requeridos para considerarlo como objeto de amparo propio de un procedimiento sumario, y todo el análisis que en su recurso solicita sea llevado a cabo sin duda desnaturaliza la figura del amparo. Aquellos casos que requieran de un análisis de cumplimiento con respecto a lo estipulado en la normativa, así como de la demostración y evacuación de prueba para definir la legalidad de las actuaciones, son temas propios de legalidad ordinaria que no pueden ser conocidos a través de un recurso de amparo, pues con ello se estaría desnaturalizando su figura sumaria. En otro apartado estaremos analizando esta situación. SOBRE LOS ELEMENTOS FÁCTICOS SEÑALADOS POR EL RECURRENTE Se atienden los hechos descritos y se analizar los elementos fácticos descritos. El presente amparo se dirige contra la supuesta falta de resguardo de derechos fundamentales —concretamente el derecho a un ambiente sano y a la participación ciudadana— en el marco de la viabilidad ambiental otorgada al Proyecto Turístico Papagayo. Se pretende atribuir al ICT responsabilidad directa por supuestos vicios en el procedimiento de viabilidad ambiental llevado a cabo por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA). El ICT no es la autoridad competente para otorgar ni controlar la viabilidad ambiental de proyectos; esa competencia corresponde, de manera exclusiva y excluyente, a SETENA, órgano desconcentrado adscrito al MINAE, según lo establece la Ley Orgánica del Ambiente y su reglamentación. Las actuaciones del ICT en relación con el Proyecto Nombre169752 se circunscriben a las competencias establecidas en la Ley N.° 6758 (Ley que Regula el Proyecto Turístico Golfo de Papagayo), en particular las de administración de concesiones turísticas y atracción de inversión, no así de evaluación ambiental. En todo momento, el ICT ha respetado la normativa vigente, ha cooperado con las autoridades ambientales competentes y ha garantizado que cualquier acto de su parte esté subordinado a las resoluciones y condicionamientos ambientales dictados por SETENA y demás entes rectores. REFUTACIÓN DE LOS ARGUMENTOS DEL AMPARO Falta de legitimación pasiva del ICT en cuanto a la viabilidad ambiental: El acto que se cuestiona —otorgamiento de viabilidad ambiental— es dictado por SETENA. Pretender atribuir su nulidad al ICT carece de sustento, pues el ICT no puede ni modificar ni anular resoluciones de SETENA. Respeto al derecho constitucional a un ambiente sano (art. 50 CP): Este derecho se garantiza mediante un sistema normativo que atribuye la valoración técnica de los impactos ambientales a SETENA. En tanto ICT, hemos respetado ese diseño constitucional, acatando las resoluciones ambientales vinculantes. Sobre la participación ciudadana: El procedimiento de consulta o audiencia pública corresponde definirlo a SETENA de acuerdo con la normativa de Evaluación de Impacto Ambiental. El ICT no sustituye ni limita dicho proceso; por ende, no puede atribuírsele vulneración al derecho de participación ciudadana. Presunción de legalidad del acto administrativo: La resolución de viabilidad ambiental goza de presunción de legalidad mientras no sea anulada por la vía correspondiente (procedimiento de nulidad administrativa o proceso contencioso-administrativo). El amparo no puede convertirse en un medio para revisar técnicamente actos administrativos emitidos por autoridad competente, como lo ha reiterado la jurisprudencia de la Sala. Hemos reiterado en la contestación de otros recursos que el amparo no sustituye los medios ordinarios de impugnación (recursos administrativos, proceso contencioso-administrativo). En este caso, el reclamante dispone de vías específicas para impugnar la resolución de SETENA, de modo que el amparo resulta improcedente. No existe una actuación u omisión del ICT que viole, restrinja o amenace derechos fundamentales del amparado. SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA AMBIENTAL Y LA ACTUACIÓN TÉCNICA DE SETENA La normativa orgánica y reglamentaria en materia ambiental es clara al asignar a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) la competencia exclusiva para conocer, evaluar y calificar los impactos ambientales de los proyectos, obras o actividades que se presenten a su conocimiento. En virtud de la Ley Orgánica del Ambiente (Ley N.º 7554) y sus reglamentos, corresponde a SETENA: 1- Definir y calificar la significancia de los impactos ambientales que un proyecto pueda generar. 2- Determinar el instrumento de evaluación aplicable. 3- Emitir la resolución de viabilidad ambiental (VLA), que constituye un acto administrativo técnico, fundado en criterios científicos y jurídicos que solo dicha autoridad está facultada para ponderar. Por el contrario, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), aunque ostenta competencias en el marco del Proyecto Turístico Golfo de Nombre169752 (Ley N.º 6758) relativas a la administración, promoción y regulación de las concesiones turísticas dentro del régimen especial, no tiene competencia normativa ni reglamentaria para dictar, revisar, modificar, suspender o anular resoluciones de viabilidad ambiental. Esta delimitación competencial no es meramente formal, sino que responde a principios constitucionales y administrativos esenciales: 1- Principio de legalidad (art. 11 LGAP y art. 11 CP): Cada órgano debe actuar dentro del ámbito de competencias que expresamente le confiere la ley. En materia ambiental, el legislador dispuso que la valoración de impactos y la decisión sobre la viabilidad corresponde a SETENA, órgano adscrito al MINAE y dotado de especialización técnica. 2- Principio de especialidad técnica: El control de impacto ambiental requiere un cuerpo especializado que aplique metodologías científicas, técnicas y jurídicas; esa función se concentra en SETENA, con exclusión de otros entes públicos que no poseen esa competencia. 3- Seguridad jurídica: La presunción de legalidad de los actos administrativos implica que, mientras no se declare su nulidad por la vía legalmente prevista (procedimiento de nulidad en sede administrativa o proceso contencioso- administrativo), las resoluciones de SETENA son obligatorias para toda la Administración, incluido el ICT. Por tanto, cualquier alegato de nulidad o invalidez en torno a la viabilidad ambiental del Proyecto Nombre169752 debe ser dirigido y analizado respecto de la actuación de SETENA, nunca del ICT, dado que este último carece de potestades decisorias en ese campo. El ICT, en su calidad de ente recurrido, reafirma esta distribución de competencias: 1- Reconoce y respeta la autoridad técnica de SETENA. 2- Acata en forma estricta las resoluciones de viabilidad ambiental que esta emite, integrando sus condicionamientos en los actos propios de concesión y regulación turística. 3- Coopera en la verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales dentro del marco de sus competencias, pero no sustituye ni interfiere en el proceso técnico-administrativo de evaluación ambiental. En consecuencia, la correcta delimitación de competencias constituye un elemento central para valorar la legitimación pasiva en el presente proceso constitucional: el ICT no puede ser emplazado por actos de SETENA, que de por sí son técnicamente válidos. CONTESTACIÓN A LOS CUESTIONAMIENTOS PLANTEADOS EN RELACIÓN CON LA VIABILIDAD AMBIENTAL DEL PROYECTO BAHÍA Nombre169752 Sobre la supuesta omisión de audiencia pública No es correcto afirmar que la ausencia de audiencia pública constituya per se una violación de derechos fundamentales o del principio de legalidad. En el caso del Proyecto Bahía Papagayo, lo aprobado fue el procedimiento conforme al instrumento definido por SETENA. Ningún interesado solicitó formalmente la audiencia, y tampoco se verificó la obligatoriedad según el tipo de impacto del proyecto en la etapa correspondiente. Por tanto, SETENA no podía imponer un trámite no requerido por la normativa, pues hacerlo sí habría constituido una infracción al principio de legalidad (art. 11 CP y art. 11 LGAP). Sobre la alegada transgresión de los artículos constitucionales (11, 28, 29, 30, 39 y 50 CP) 1- Artículo 11 CP (legalidad): Lejos de incumplirse, SETENA actuó estrictamente dentro del marco legal al aplicar la normativa ambiental vigente. No podía exigir requisitos no previstos. 2- Artículos 28, 29 y 30 CP (participación ciudadana y acceso a información): La participación se garantizó a través de los mecanismos legales existentes (formularios, acceso al expediente, derecho de petición). La audiencia pública no es el único mecanismo de participación reconocido. 3- Artículo 39 CP (debido proceso): El debido proceso administrativo no se vulneró, ya que todas las etapas previstas en el procedimiento fueron cumplidas, con posibilidad de impugnación en sede administrativa y jurisdiccional. 4- Artículo 50 CP (derecho a un ambiente sano): Precisamente la existencia de la EIA y de la resolución de viabilidad ambiental constituye la concreción de este derecho. Esta delimitación competencial no es meramente formal, sino que responde a principios constitucionales y administrativos esenciales: 1- Principio de legalidad (art. 11 LGAP y art. 11 CP): Cada órgano debe actuar dentro del ámbito de competencias que expresamente le confiere la ley. En materia ambiental, el legislador dispuso que la valoración de impactos y la decisión sobre la viabilidad corresponde a SETENA, órgano adscrito al MINAE y dotado de especialización técnica. 2- Principio de especialidad técnica: El control de impacto ambiental requiere un cuerpo especializado que aplique metodologías científicas, técnicas y jurídicas; esa función se concentra en SETENA, con exclusión de otros entes públicos que no poseen esa competencia. 3- Seguridad jurídica: La presunción de legalidad de los actos administrativos implica que, mientras no se declare su nulidad por la vía legalmente prevista (procedimiento de nulidad en sede administrativa o proceso contencioso- administrativo), las resoluciones de SETENA son obligatorias para toda la Administración, incluido el ICT. Por tanto, cualquier alegato de nulidad o invalidez en torno a la viabilidad ambiental del Proyecto Nombre169752 debe ser dirigido y analizado respecto de la actuación de SETENA, nunca del ICT, dado que este último carece de potestades decisorias en ese campo. El ICT, en su calidad de ente recurrido, reafirma esta distribución de competencias: 1- Reconoce y respeta la autoridad técnica de SETENA. 2- Acata en forma estricta las resoluciones de viabilidad ambiental que esta emite, integrando sus condicionamientos en los actos propios de concesión y regulación turística. 3- Coopera en la verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales dentro del marco de sus competencias, pero no sustituye ni interfiere en el proceso técnico-administrativo de evaluación ambiental. En consecuencia, la correcta delimitación de competencias constituye un elemento central para valorar la legitimación pasiva en el presente proceso constitucional: el ICT no puede ser emplazado por actos de SETENA, que de por sí son técnicamente válidos. CONTESTACIÓN A LOS CUESTIONAMIENTOS PLANTEADOS EN RELACIÓN CON LA VIABILIDAD AMBIENTAL DEL PROYECTO BAHÍA Nombre169752 Sobre la supuesta omisión de audiencia pública No es correcto afirmar que la ausencia de audiencia pública constituya per se una violación de derechos fundamentales o del principio de legalidad. En el caso del Proyecto Bahía Papagayo, lo aprobado fue el procedimiento conforme al instrumento definido por SETENA. Ningún interesado solicitó formalmente la audiencia, y tampoco se verificó la obligatoriedad según el tipo de impacto del proyecto en la etapa correspondiente. Por tanto, SETENA no podía imponer un trámite no requerido por la normativa, pues hacerlo sí habría constituido una infracción al principio de legalidad (art. 11 CP y art. 11 LGAP). Sobre la alegada transgresión de los artículos constitucionales (11, 28, 29, 30, 39 y 50 CP) 1- Artículo 11 CP (legalidad): Lejos de incumplirse, SETENA actuó estrictamente dentro del marco legal al aplicar la normativa ambiental vigente. No podía exigir requisitos no previstos. 2- Artículos 28, 29 y 30 CP (participación ciudadana y acceso a información): La participación se garantizó a través de los mecanismos legales existentes (formularios, acceso al expediente, derecho de petición). La audiencia pública no es el único mecanismo de participación reconocido. 3- Artículo 39 CP (debido proceso): El debido proceso administrativo no se vulneró, ya que todas las etapas previstas en el procedimiento fueron cumplidas, con posibilidad de impugnación en sede administrativa y jurisdiccional. 4- Artículo 50 CP (derecho a un ambiente sano): Precisamente la existencia de la EIA y de la resolución de viabilidad ambiental constituye la concreción de este derecho. Sobre el señalamiento de un incumplimiento de la Ley N.º 6758 (Nombre169752) El reglamento al Plan Maestro regula índices de ocupación y límites constructivos, pero su fiscalización no corresponde a SETENA, sino al ICT en su calidad de administrador del régimen de concesiones. La competencia de SETENA se circunscribe al impacto ambiental, no al cálculo urbanístico de densidades, por lo que no existe vicio atribuible a SETENA en este aspecto. Sobre el alegato de un “mapeo inexacto” y la supuesta desprotección del 70% del área La delimitación de polígonos, mapas oficiales y zonificación corresponde al ente rector del régimen territorial (ICT y Catastro Nacional), no a SETENA. En el procedimiento de viabilidad, SETENA se limita a analizar los insumos cartográficos oficiales que le son remitidos. Pretender atribuir a SETENA un supuesto error en el mapeo excede sus competencias legales. Con respecto al alegato del recurrente de que el Decreto Ejecutivo 44448 del 17 de enero de 2024 es ambiguo “debido a la falta de un mapeo adecuado de las 1658 hectáreas del proyecto, lo que impide una correcta aplicación de las normas de construcción y deja desprotegido un 70% de las áreas de conservación natural y patrimonial” se debe aclarar lo siguiente: El reglamento a la Ley 6758 (Decreto Ejecutivo 2439-MP-TUR, que reformado por el Decreto Ejecutivo 44448 del 17 de enero de 2024); no es una norma técnica. La norma técnica que establece los parámetros de construcción y desarrollo es el Reglamento del Plan Maestro, cuya definición se encuentra en el artículo 2 inciso h) del Reglamento que dispone: “h) Plan Maestro: Herramienta para el control y regulación del uso de la tierra, zonificación, vialidad, densidades, coeficiente de ocupación de superficie (COS), también conocido como “cobertura”, así como las bases para el diseño de sitio y especificaciones generales para el desarrollo del proyecto y la planificación del desarrollo urbano del mismo, según el “Reglamento Plan Maestro General del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo", aprobado por la Junta Directiva del ICT, en Sesión Ordinaria N° 4572, artículo 2, inciso VIII, celebrada el día 10 de julio de 1995 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 140 del 24 de julio de 1995 y sus reformas. El Plan Maestro es una figura directiva de planeamiento, en tanto señala los principios orientadores, las directrices generales y las líneas maestras que han de orientar y regular la planificación urbanística o edificatoria y el uso del suelo del Proyecto Turístico Golfo Papagayo; todo dentro de las limitaciones legales aplicables y cuya naturaleza además de técnica es de alcance normativo y obligatorio. (Así reformado por el artículo 1 del Decreto Ejecutivo Nº 44448 del 17 de enero de 2024)” Sobre la consulta a municipalidades y comunidades El Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental establece que la consulta a municipalidades no es obligatoria en todos los casos, sino en los supuestos determinados por el instrumento y el nivel de impacto ambiental. SETENA tramitó el expediente según lo que la normativa requería, y el principio de legalidad le impide imponer consultas adicionales fuera de la ley. Sobre la posibilidad de retrotraer la viabilidad ambiental La nulidad de actos administrativos solo puede declararse conforme a los procedimientos de la Ley General de la Administración Pública (arts. 173 y ss.), bajo causales expresas y con análisis individualizado de vicios sustanciales. La mera alegación genérica de violación constitucional o reglamentaria no basta para anular un acto administrativo firme. Además, se ha reiterado que el amparo no sustituye los procedimientos contencioso-administrativos para impugnar actos de validez presunta. De acuerdo con lo anterior: 1- La actuación de SETENA en el caso de la viabilidad ambiental del Proyecto Bahía Nombre169752 se ajustó al principio de legalidad y a la normativa vigente. 2- No existía obligatoriedad de realizar audiencia pública. 3- Los derechos constitucionales de participación y debido proceso fueron garantizados. 4- Los cuestionamientos sobre mapeo y densidad constructiva corresponden a otros entes competentes (ICT, Catastro, municipalidades), no a SETENA. 5- No concurren causales de nulidad que permitan retrotraer la viabilidad ambiental, más allá de lo que el ordenamiento jurídico expresamente establece. COMPETENCIA DE LA SALA CONSTITUCIONAL EN MATERIA AMBIENTAL. Según lo que se observa, lo que requiere el recurrente es precisamente que la Sala Constitucional lleve a cabo un análisis de legalidad de las conductas o actos administrativos relacionados con el Proyecto en Papagayo; análisis que excede sus competencias. Desde vieja data, esa Sala ha marcado una clara línea jurisprudencial en cuanto al análisis de constitucionalidad, propio de sus competencias y el análisis de legalidad ordinaria, competencia de los órganos administrativos y/o de la jurisdicción contenciosa administrativa. Ha señalado, entre otros, que la determinación de si una conducta se ajusta o no al ordenamiento jurídico administrativo, aún y cuando esté vinculado a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, es del resorte de la jurisdicción ordinaria y no de la vía constitucional. De igual manera, ha definido que el control de constitucionalidad de aquellos casos donde se alega violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, se lleva a cabo siempre que la Administración no haya intervenido (aún en supuestos donde sea evidente la afectación, requiriendo que el recurrente haya acudido previamente ante la institución, pues sostiene que no es un revisor de las conductas administrativas); caso contrario -cuando exista intervención de la Administración-, se deberá ventilar en la vía de la legalidad, a fin de que, con una mayor precisión se puedan revisar y fiscalizar los supuestos incumplimientos; resaltándose también que la Sala Constitucional no es una instancia tramitadora de denuncias ambientales, pues para ello existen mecanismos administrativos que debe necesariamente el recurrente ejercitar, pudiendo únicamente recurrir en amparo ante ausencia de respuesta. Lo anterior por cuanto el proceso del amparo se ha concebido como uno sumario, sencillo y rápido, y, por tanto, el análisis de las conductas de la Administración o de sus actos en contraposición con lo dispuesto en la normativa, excede los alcances de un amparo, pues requiere de una revisión a fondo propia de la vía de legalidad ordinaria. Como complemento de lo señalado hasta ahora en relación con las competencias de la Sala Constitucional en materia ambiental, resulta importante traer a colación los siguientes fallos: Por medio de su Sentencia No. 08710 – 2024, de 05 de abril del 2024 a las 09:20, la Sala Constitucional expuso la naturaleza sumaria del recurso de amparo, resaltando su incompatibilidad con el análisis de pruebas y cumplimiento de los proyectos o resoluciones con la normativa especial (…) Su posición es clara: todo aquel análisis que requiera de la revisión normativa y probatoria para determinar el cumplimiento de un proyecto o acto con los requisitos técnicos y legales, así como el otorgamiento de permisos de manera adecuada, exceden sus competencias, pues es a la vía de legalidad ordinaria a quien le corresponde llevar a cabo el examen de legalidad y revisión probatoria a efectos de determinar la existencia de tales inconformidades. (…) La posición de la Sala es clara y contundente: la revisión de las actuaciones administrativas sobre un tema ambiental, para su correcta valoración requiere de un proceso de conocimiento pleno, posible únicamente en la jurisdicción ordinaria, pues el proceso del amparo es incompatible con la revisión de criterios técnicos o jurídicos elaborados con base en la normativa aplicable. Por tanto, la fiscalización o revisión de un acto administrativo vinculado con un asunto ambiental, le corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, delegarlo en la vía constitucional desnaturaliza el procedimiento sumario creado a nivel constitucional para ello. Como elemento adicional para entrar a conocer los recursos de amparo en materia ambiental, la Sala Constitucional requiere la demostración de la inercia comprobada de la Administración y, además, que se haya presentado una denuncia en vía administrativa, pues sostiene que no es de su competencia el conocer de denuncias ambientales (…) Es, por tanto, la competencia de la Sala Constitucional, una competencia claramente residual y delimitada a una serie de elementos que a través de los años esa Sala ha desarrollado e identificado de manera clara y contundente, no pudiendo entonces, por la vía del amparo buscar que la Sala Constitucional se convierta en un revisor de denuncias ambientales, ni tampoco en un revisor de la legalidad de los actos administrativos tendientes a otorgar permisos, autorizaciones y validaciones a distintos proyectos con impacto ambiental. Así las cosas, y conforme a los antecedentes de la Sala Constitucional sobre su competencia en materia ambiental es posible concluir con total claridad: 1- El recurso de amparo es de naturaleza eminentemente sumaria. Su tramitación es incompatible con el diligenciamiento de pruebas extensas o complejas. 2- La competencia de la Sala Constitucional no está circunscrita a la determinación del cumplimiento de un proyecto con los requisitos técnicos y legales, como tampoco lo es el análisis de un acto para definir si se otorgó adecuadamente o no. 3- La exigencia por la vía del amparo de una conducta o prestación especial para la protección del derecho al ambiente no puede ser antojadiza o hipotética, debe estar ligada a la verificación de un peligro eminente contra ese derecho. Es, por tanto, necesario, comprobar la inercia de la Administración ante los requerimientos o demandas de los administrados. 4- Por la vía del amparo la Sala conocerá de aquellos asuntos donde se alegue violación al derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado si la Administración NO ha intervenido, aún y cuando la violación a ese derecho sea evidente y manifiesta. Caso contrario, cuando la Administración haya intervenido, su cuestionamiento y revisión es del resorte de la vía de legalidad. Debe necesariamente el recurrente demostrar que ya presentó la denuncia en vía administrativa, sin que se le diera respuesta. 5- La valoración de actuaciones administrativas en materia ambiental que requieren de un procedimiento pleno donde se deban revisar criterios técnicos o jurídicos, actos administrativos, y su cumplimiento con las normas legales y reglamentarias vigentes, solamente puede realizarse a través de un proceso de conocimiento pleno -vía administrativa o contencioso administrativo-, pues no es posible transformar el procedimiento sumario de amparo en un proceso ordinario de pleno conocimiento, pues con ello se desnaturalizaría el instituto del amparo. En el caso bajo análisis, tal y como lo evidenciaremos, los presupuestos señalados anteriormente NO se cumplen y, por tanto, el recurso de amparo debe ser rechazado. 6- El objeto del recurso de amparo dista de ser un tema de constitucionalidad y en su lugar, requiere de un análisis de legalidad. Imposibilidad de la Sala Constitucional de llevar a cabo un análisis de legalidad ordinaria a través de un recurso de amparo como el que presenta la Asociación Confraternidad Guanacasteca. A pesar de que esta posición de la Sala Constitucional es reiterada desde vieja fecha, que recientemente ya esa Sala había rechazado un amparo presentado por la misma situación y que existe un incidente de nulidad presentado ante la SETENA donde se está cuestionando la viabilidad ambiental del Proyecto -sobre la base de la supuesta prevalencia de la Ley Forestal sobre la normativa especial, al cual se le ha dado el trámite correspondiente y está pendiente de resolución. Presentan el amparo que nos ocupa, a fin de prácticamente solicitar a la Sala se lleve a cabo un análisis de legalidad de los permisos otorgados al Proyecto; requerimiento que, conforme a lo expuesto, no cumple con los presupuestos necesarios para considerar que se está ante un tema meramente constitucional. PRETENSIÓN DE ESTA REPRESENTACIÓN Por las razones anteriores, esta representación considera que el recurso de amparo presentado debe ser denegado en todos sus extremos”.

16.- Por escrito incorporado al expediente digital el 23 de setiembre de 2025, el recurrente expone: “La afirmación sostiene que el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio), el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y el Decreto Ejecutivo 44448, al no garantizar la participación ciudadana en audiencias públicas y consulta a los municipios, transgreden el debido proceso y el principio de legalidad consagrados en la Constitución Política de Costa Rica, vulnerando los artículos 27, 28, 29, 30, 39, 41, 46, 50 y 169 de la Constitución, así como el Artículo 6 y 11 de la Ley General de la Administración Pública. Se argumenta que la SETENA, como entidad con competencia en viabilidad ambiental, debe permitir la participación ciudadana en audiencias públicas, ya que este derecho está por encima de cualquier decreto y que la construcción de un mega proyecto sin la consulta a los municipios y sin el debido proceso es una violación constitucional. Violaciones a la Constitución Política • Participación Ciudadana: La Constitución protege el derecho de los ciudadanos a participar en la toma de decisiones públicas. La SETENA tiene la obligación de garantizar este derecho mediante mecanismos como las audiencias públicas, incluso para proyectos de gran impacto. • Debido Proceso y Legalidad: La falta de consulta a las Municipalidades y la exclusión de la participación ciudadana, tanto en las audiencias públicas como en los procesos de participación continua ambiental, son un quebrantamiento del debido proceso y del principio de legalidad. • Autonomía Municipal: El Artículo 169 de la Constitución establece que la administración de los intereses locales recae en el Gobierno Municipal, compuesto por regidores electos popularmente. El Artículo 170 refuerza la autonomía municipal. Violaciones a la Ley General de la Administración Pública • Principios Fundamentales: Los artículos 6 y 11 de la Ley General de la Administración Pública establecen los principios de legalidad y el respeto a los derechos de los ciudadanos. El Decreto 44448, al no permitir la participación ciudadana y omitir la consulta a los municipios, contradice directamente estos principios. CONCLUSIÓN • La SETENA está obligada a cumplir con el ordenamiento jurídico, y la Constitución está por encima de cualquier decreto. Por lo tanto, debe facilitar los mecanismos de participación ciudadana, como las audiencias públicas, en lugar de ignorarlos para construir un mega proyecto. • El argumento es que la violación a los derechos de participación ciudadana constituye una transgresión a los principios constitucionales y a los derechos de los ciudadanos, por lo que la SETENA debe actuar en consonancia con la Constitución. Liberia, 23 de septiembre de 2025 Señores Magistrados Sala Constitucional SABANA SUR-SAN JOSE (sic). Estimados Magistrados: YO, Nombre49424  , ADULTO MAYOR, Nombre68642 (sic) CED38524, SE APORTA AL RECURSO DE AMPARO 25 25228 007 CO, lo siguiente: Manifiesta ICT: El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) responde a la notificación RA 25 25228 007 CO sosteniendo que el Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio) está actuando dentro de sus competencias en relación con el Polo Turístico Golfo de Papagayo. El INBio no fiscaliza los índices de ocupación ni los límites constructivos; esa es tarea del INBio, mientras que las competencias del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) se centran en el impacto ambiental, no en la zonificación urbanística. Sobre el incumplimiento de la Ley N.º 6758 (Papagayo): • El reglamento al Plan Maestro, que regula índices de ocupación y límites constructivos, es administrado por el ICT a través del régimen de concesiones, no es competencia del ICT aplicar dichas normas.• La competencia del INBio se limita al análisis del impacto ambiental, no al cálculo de densidades o a la fiscalización de las normas urbanísticas, por lo que no hay ningún vicio en su actuación. Sobre el "mapeo inexacto" y la supuesta desprotección del 70% del área: • La delimitación de polígonos, los mapas oficiales y la zonificación corresponden al ICT y al Catastro Nacional, no al INBio. • En el procedimiento de viabilidad, el INBio se limita a analizar los insumos cartográficos oficiales que recibe del ICT. • Atribuirle al INBio un error en el mapeo excede sus competencias legales. Sobre la ambigüedad del Decreto Ejecutivo 44448: • El decreto no es una norma técnica; la norma técnica es el Reglamento del Plan Maestro, cuya definición incluye el control de uso de la tierra, zonificación, vialidad y densidades. • El Plan Maestro es una figura directiva de planeamiento que establece los principios orientadores y las directrices generales para la planificación urbanística del proyecto. Sobre la consulta a municipalidades y comunidades: • El Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental no exige la consulta a municipalidades en todos los casos, sino solo cuando el instrumento y el nivel de impacto ambiental lo determinan.• El INBio actuó conforme a lo que la normativa requería y, en virtud del principio de legalidad, no puede imponer consultas adicionales que la ley no exige. PREGUNTA Entonces los ciudadanos debemos permitir que se transgredan los artículos 27, 28, 29, 30, 39, 41, 46, 50 Constitucionales, articulo 6, 11 de la Ley General de la Administración Pública, Principio de Legalidad, decreto 44448, dado que ambas están en la cúspide, sobre la Ley 6370, 6758, decreto 44448, dado que no permite la participación en Audiencia Pública, participación continua ambientales, no solicitaron criterio técnico a la Municipalidad de Carrillo y Liberia, no cumpliéndose con el debido proceso. Y entonces la posición de la Sala Constitucional no hace nada al respecto, se construye un mega proyecto. .La Constitución protege la participación ciudadana. • La SETENA está obligada por la Constitución a permitir esta participación. • Las audiencias públicas son un mecanismo importante de participación que no debe ser ignorado cuando hay un interés público. La frase argumenta que ignorar el derecho a la participación ciudadana en un proyecto que impacta el bienestar público sería una violación de los principios constitucionales. Por lo tanto, la SETENA debe actuar en consonancia con la Constitución y facilitar los mecanismos de participación, como las audiencias públicas. Conclusión: Aunque la SETENA tiene la facultad de otorgar la viabilidad ambiental y emitir decretos, su competencia está limitada por el ordenamiento jurídico. La Constitución está por encima de cualquier otra normativa, incluyendo los decretos que autorizan la construcción del Mega Proyecto Papagayo. RESPUESTA: El texto proporcionado presenta la postura del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) respecto a las competencias del INBio y la SETENA en el Polo Turístico Golfo de Papagayo, argumentando que el INBio está actuando dentro de su marco legal al analizar el impacto ambiental y recibir insumos cartográficos oficiales, y que la fiscalización de índices de ocupación y límites constructivos es competencia del ICT. Además, se enfatiza que la Ley 6758 y su reglamento asignan al ICT la administración de los índices de ocupación y límites constructivos, mientras que el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental no siempre exige consultas a municipalidades, pero la argumentación general del ICT no niega la necesidad de proteger la participación ciudadana y cumplir con el ordenamiento jurídico, sino que defiende las acciones específicas de las entidades involucradas. Puntos clave sobre las competencias institucionales: • INBio: Su competencia se limita al análisis del impacto ambiental y la recepción de insumos cartográficos oficiales del ICT para la viabilidad del proyecto; no es responsable de la fiscalización de índices de ocupación ni de la zonificación urbanística. • ICT: Administra el reglamento al Plan Maestro, que regula los índices de ocupación y los límites constructivos, no siendo el ICT el encargado de aplicar las normas, sino de administrarlas a través del régimen de concesiones. • SINAC: Se enfoca en el impacto ambiental, no en la zonificación urbanística. • Catastro Nacional: Es responsable de la delimitación de polígonos, mapas oficiales y zonificación, tareas que no corresponden al INBio. Sobre la Ley N.º 6758 y el Decreto Ejecutivo 44448: • La Ley 6758 rige el Polo Turístico Golfo de Papagayo. • El Reglamento al Plan Maestro, que regula índices de ocupación y límites constructivos, es administrado por el ICT. • El Decreto Ejecutivo 44448 no es una norma técnica; la norma técnica es el Reglamento del Plan Maestro. Sobre la participación ciudadana y la consulta: • El Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental no exige consulta a municipalidades en todos los casos, solo cuando el instrumento y el nivel de impacto ambiental lo requieren.• Se sostiene que las entidades (como el INBio) actúan conforme a la normativa y el principio de legalidad, sin que sea posible imponerles consultas adicionales que la ley no exige. Sobre la Constitución y el debido proceso: • El texto del Instituto Costarricense de Turismo argumenta que ninguna de sus actuaciones o las del INBio es una violación de los artículos 27, 28, 29, 30, 39, 41, 46, 50 Constitucionales o los artículos 6 y 11 de la Ley General de la Administración Pública. • La participación ciudadana es un principio fundamental que debe ser considerado en la toma de decisiones sobre proyectos de impacto público. PREGUNTA: Entonces, el ICT, EL INBIO, SINAC, SETENA, DECRETO 44448 a criterio de ellos no defiende los derechos de los ciudadanos de participar audiencia publica (sic), participación continua ambientales, la consulta a las Municipales, transgrediendo, el debido proceso, principio de legalidad entre otros constitucionales de los artículos de Constitucionales 27, 28, 29, 30, 39, 41, 46, 50, 169 El Artículo 169 de la Constitución Política de Costa Rica establece que la administración de los intereses y servicios locales de cada cantón recae en el Gobierno Municipal. Este gobierno municipal se compone de un cuerpo deliberante, formado por regidores electos popularmente, y un funcionario ejecutivo designado por ley. Detalles clave del Artículo 169: • Administración Local: La principal función del gobierno municipal es la gestión de los intereses y servicios a nivel local dentro de cada cantón. • Composición del Gobierno Municipal: • Cuerpo Deliberante: Conformado por regidores electos por el voto popular. • Funcionario Ejecutivo: Un funcionario cuya designación está a cargo de la ley., El artículo 170 de la Constitución Política de Costa Rica establece la autonomía de las corporaciones municipales y fija una asignación no inferior al 10% de los ingresos ordinarios de la República en el Presupuesto Ordinario de la Nación. La ley determina las competencias que se trasladan de los poderes públicos a los municipios y la forma en que se distribuirán dichos recursos, los cuales se asignan progresivamente hasta alcanzar el 10%. Además, el articulo 6, 11 de la Ley General de la Administración Pública, Principio de Legalidad, decreto 44448, dado que ambas están en la cúspide, sobre la Ley 6370, 6758, decreto 44448, dado que no permite la participación en Audiencia Publica (sic), participación continua ambientales, no solicitaron criterio técnico a la Municipalidad de Carrillo y Liberia, no cumpliéndose con el debido proceso. Y entonces la posición de la Sala Constitucional no hace nada al respecto, se construye un mega proyecto. .La Constitución protege la participación ciudadana. • La SETENA está obligada por la Constitución a permitir esta participación. • Las audiencias públicas son un mecanismo importante de participación que no debe ser ignorado cuando hay un interés público. La frase argumenta que ignorar el derecho a la participación ciudadana en un proyecto que impacta el bienestar público sería una violación de los principios constitucionales. Por lo tanto, la SETENA debe actuar en consonancia con la Constitución y facilitar los mecanismos de participación, como las audiencias públicas. Conclusión: Aunque la SETENA tiene la facultad de otorgar la viabilidad ambiental y emitir decretos, su competencia está limitada por el ordenamiento jurídico. La Constitución está por encima de cualquier otra normativa, incluyendo los decretos que autorizan la construcción del Mega Proyecto Papagayo. RESPUESTA: La afirmación sostiene que el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio), el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y el Decreto Ejecutivo 44448, al no garantizar la participación ciudadana en audiencias públicas y consulta a los municipios, transgreden el debido proceso y el principio de legalidad consagrados en la Constitución Política de Costa Rica, vulnerando los artículos 27, 28, 29, 30, 39, 41, 46, 50 y 169 de la Constitución, así como el Artículo 6 y 11 de la Ley General de la Administración Pública. Se argumenta que la SETENA, como entidad con competencia en viabilidad ambiental, debe permitir la participación ciudadana en audiencias públicas, ya que este derecho está por encima de cualquier decreto y que la construcción de un mega proyecto sin la consulta a los municipios y sin el debido proceso es una violación constitucional. Violaciones a la Constitución Política • Participación Ciudadana: La Constitución protege el derecho de los ciudadanos a participar en la toma de decisiones públicas. La SETENA tiene la obligación de garantizar este derecho mediante mecanismos como las audiencias públicas, incluso para proyectos de gran impacto. • Debido Proceso y Legalidad: La falta de consulta a las Municipalidades y la exclusión de la participación ciudadana, tanto en las audiencias públicas como en los procesos de participación continua ambiental, son un quebrantamiento del debido proceso y del principio de legalidad. • Autonomía Municipal: El Artículo 169 de la Constitución establece que la administración de los intereses locales recae en el Gobierno Municipal, compuesto por regidores electos popularmente. El Artículo 170 refuerza la autonomía municipal. Violaciones a la Ley General de la Administración Pública • Principios Fundamentales: Los artículos 6 y 11 de la Ley General de la Administración Pública establecen los principios de legalidad y el respeto a los derechos de los ciudadanos. El Decreto 44448, al no permitir la participación ciudadana y omitir la consulta a los municipios, contradice directamente estos principios. CONCLUSIÓN • La SETENA está obligada a cumplir con el ordenamiento jurídico, y la Constitución está por encima de cualquier decreto. Por lo tanto, debe facilitar los mecanismos de participación ciudadana, como las audiencias públicas, en lugar de ignorarlos para construir un mega proyecto. • El argumento es que la violación a los derechos de participación ciudadana constituye una transgresión a los principios constitucionales y a los derechos de los ciudadanos, por lo que la SETENA debe actuar en consonancia con la Constitución”.

17.-  Por escrito incorporado al expediente digital el 23 de setiembre de 2025, el recurrente expone: “Lease (sic) correctamente AL SER LAS 06 HORAS Y 26 MINUTOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SE APORTA AL RECURSO DE AMPARO 25 25228 007 CO La afirmación sostiene que el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio), el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y el Decreto Ejecutivo 44448, al no garantizar la participación ciudadana en audiencias públicas y consulta a los municipios, transgreden el debido proceso y el principio de legalidad consagrados en la Constitución Política de Costa Rica, vulnerando los artículos 27, 28, 29, 30, 39, 41, 46, 50 y 169 de la Constitución, así como el Artículo 6 y 11 de la Ley General de la Administración Pública. Se argumenta que la SETENA, como entidad con competencia en viabilidad ambiental, debe permitir la participación ciudadana en audiencias públicas, ya que este derecho está por encima de cualquier decreto y que la construcción de un mega proyecto sin la consulta a los municipios y sin el debido proceso es una violación constitucional. Violaciones a la Constitución Política • Participación Ciudadana: La Constitución protege el derecho de los ciudadanos a participar en la toma de decisiones públicas. La SETENA tiene la obligación de garantizar este derecho mediante mecanismos como las audiencias públicas, incluso para proyectos de gran impacto.• Debido Proceso y Legalidad: La falta de consulta a las Municipalidades y la exclusión de la participación ciudadana, tanto en las audiencias públicas como en los procesos de participación continua ambiental, son un quebrantamiento del debido proceso y del principio de legalidad. • Autonomía Municipal: El Artículo 169 de la Constitución establece que la administración de los intereses locales recae en el Gobierno Municipal, compuesto por regidores electos popularmente. El Artículo 170 refuerza la autonomía municipal. Violaciones a la Ley General de la Administración Pública • Principios Fundamentales: Los artículos 6 y 11 de la Ley General de la Administración Pública establecen los principios de legalidad y el respeto a los derechos de los ciudadanos. El Decreto 44448, al no permitir la participación ciudadana y omitir la consulta a los municipios, contradice directamente estos principios. CONCLUSIÓN • La SETENA está obligada a cumplir con el ordenamiento jurídico, y la Constitución está por encima de cualquier decreto. Por lo tanto, debe facilitar los mecanismos de participación ciudadana, como las audiencias públicas, en lugar de ignorarlos para construir un mega proyecto. • El argumento es que la violación a los derechos de participación ciudadana constituye una transgresión a los principios constitucionales y a los derechos de los ciudadanos, por lo que la SETENA debe actuar en consonancia con la Constitución. Liberia, 23 de septiembre de 2025 Señores Magistrados Sala Constitucional SABANA SUR-SAN JOSE (sic). Estimados Magistrados: YO, Nombre49424   (sic), ADULTO MAYOR, Nombre68642 (sic) CED38524, SE APORTA AL RECURSO DE AMPARO 25 25228 007 CO, lo siguiente: Manifiesta ICT: “…Sobre el señalamiento de un incumplimiento de la Ley N.º 6758 (Papagayo) El reglamento al Plan Maestro regula índices de ocupación y limites constructivos, pero su fiscalización no corresponde a SETENA, sino al ICT en su calidad de administrador del régimen de concesiones. La competencia de SETENA se circunscribe al impacto ambiental, no al cálculo urbanístico de densidades, por lo que no existe vicio atribuible a SETENA en este aspecto. Sobre el alegato de un "mapeo inexacto" y la supuesta desprotección del 70% del área La delimitación de polígonos, mapas oficiales y zonificación corresponde al ente rector del régimen territorial (ICT y Catastro Nacional), no a SETENA. En el procedimiento de viabilidad, SETENA se limita a analizar los insumos cartográficos oficiales que le son remitidos. Pretender atribuir a SETENA un supuesto error en el mapeo excede sus competencias legales. Con respecto al alegato del recurrente de que el Decreto Ejecutivo 44448 del 17 de enero de 2024 es ambiguo "debido a la falta de un mapeo adecuado de las 1658 hectáreas del proyecto, lo que impide una correcta aplicación de las normas de construcción y deja desprotegido un 70% de las áreas de conservación natural y patrimonial se debe aclarar lo siguiente: El reglamento a la Ley 6758 (Decreto Ejecutivo 2439-MP-TUR, que reformado por el Decreto Ejecutivo 44448 del 17 de enero de 2024); no es una norma técnica. La norma técnica que establece los parámetros de construcción y desarrollo es el Reglamento del Plan Maestro, cuya definición se encuentra en el artículo 2 inciso h) del Reglamento que dispone: "h) Plan Maestro: Herramienta para el control y regulación del uso de la tierra, zonificación, vialidad, densidades, coeficiente de ocupación de superficie (COS), también conocido como "cobertura", así como las bases para el diseño de sitio y especificaciones generales para el desarrollo del proyecto y la planificación del desarrollo urbano del mismo, según el "Reglamento Plan Maestro General del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo", aprobado por la Junta Directiva del ICT, en Sesión Ordinaria N° 4572, articulo 2, inciso VIII, celebrada el dia (sic) 10 de julio de 1995 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 140 del 24 de julio de 1995 y sus reformas. El Plan Maestro es una figura directiva de planeamiento, en tanto señala los principios orientadores, las directrices generales y las lineas (sic) maestras que han de orientar y regular la planificación urbanística o edificatoria y el uso del suelo del Proyecto Turistico (sic) Golfo Papagayo: todo dentro de las limitaciones legales aplicables y cuya naturaleza además de técnica es de alcance normativo y obligatorio.(Así reformado por el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N° 44448 del 17 de enero de 2024)" SOBRE LA CONSULTA A MUNICIPALIDADES Y COMUNIDADES El Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental establece que la consulta a municipalidades no es obligatoria en todos los casos, sino en los supuestos determinados por el instrumento y el nivel de impacto ambiental. SETENA tramitó el expediente según lo que la normativa requería, y el principio de legalidad le impide imponer consultas adicionales fuera de la ley…”. (Sic). RESPUESTA: El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) responde a la notificación RA 25 25228 007 CO sosteniendo que el Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio) está actuando dentro de sus competencias en relación con el Polo Turístico Golfo de Papagayo. El INBio no fiscaliza los índices de ocupación ni los límites constructivos; esa es tarea del INBio, mientras que las competencias del Sistema Nacional de Áreas de Conservación(SINAC) se centran en el impacto ambiental, no en la zonificación urbanística. Sobre el incumplimiento de la Ley N.º 6758 (Papagayo): • El reglamento al Plan Maestro, que regula índices de ocupación y límites constructivos, es administrado por el ICT a través del régimen de concesiones, no es competencia del ICT aplicar dichas normas. • La competencia del INBio se limita al análisis del impacto ambiental, no al cálculo de densidades o a la fiscalización de las normas urbanísticas, por lo que no hay ningún vicio en su actuación. Sobre el "mapeo inexacto" y la supuesta desprotección del 70% del área: • La delimitación de polígonos, los mapas oficiales y la zonificación corresponden al ICT y al Catastro Nacional, no al INBio. • En el procedimiento de viabilidad, el INBio se limita a analizar los insumos cartográficos oficiales que recibe del ICT. • Atribuirle al INBio un error en el mapeo excede sus competencias legales. Sobre la ambigüedad del Decreto Ejecutivo 44448: • El decreto no es una norma técnica; la norma técnica es el Reglamento del Plan Maestro, cuya definición incluye el control de uso de la tierra, zonificación, vialidad y densidades.• El Plan Maestro es una figura directiva de planeamiento que establece los principios orientadores y las directrices generales para la planificación urbanística del proyecto. Sobre la consulta a municipalidades y comunidades: • El Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental no exige la consulta a municipalidades en todos los casos, sino solo cuando el instrumento y el nivel de impacto ambiental lo determinan. • El INBio actuó conforme a lo que la normativa requería y, en virtud del principio de legalidad, no puede imponer consultas adicionales que la ley no exige. PREGUNTA Entonces los ciudadanos debemos permitir que se transgredan los artículos 27, 28, 29, 30, 39, 41, 46, 50 Constitucionales, articulo 6, 11 de la Ley General de la Administración Pública, Principio de Legalidad, decreto 44448, dado que ambas están en la cúspide, sobre la Ley 6370, 6758, decreto 44448, dado que no permite la participación en Audiencia Publica (sic), participación continua ambientales, no solicitaron criterio técnico a la Municipalidad de Carrillo y Liberia, no cumpliéndose con el debido proceso. Y entonces la posición de la Sala Constitucional no hace nada al respecto, se construye un mega proyecto. .La Constitución protege la participación ciudadana. • La SETENA está obligada por la Constitución a permitir esta participación.• Las audiencias públicas son un mecanismo importante de participación que no debe ser ignorado cuando hay un interés público. La frase argumenta que ignorar el derecho a la participación ciudadana en un proyecto que impacta el bienestar público sería una violación de los principios constitucionales. Por lo tanto, la SETENA debe actuar en consonancia con la Constitución y facilitar los mecanismos de participación, como las audiencias públicas. Conclusión: Aunque la SETENA tiene la facultad de otorgar la viabilidad ambiental y emitir decretos, su competencia está limitada por el ordenamiento jurídico. La Constitución está por encima de cualquier otra normativa, incluyendo los decretos que autorizan la construcción del Mega Proyecto Papagayo. RESPUESTA: El texto proporcionado presenta la postura del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) respecto a las competencias del INBio y la SETENA en el Polo Turístico Golfo de Papagayo, argumentando que el INBio está actuando dentro de su marco legal al analizar el impacto ambiental y recibir insumos cartográficos oficiales, y que la fiscalización de índices de ocupación y límites constructivos es competencia del ICT. Además, se enfatiza que la Ley 6758 y su reglamento asignan al ICT la administración de los índices de ocupación y límites constructivos, mientras que el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental no siempre exige consultas a municipalidades, pero la argumentación general del ICT no niega la necesidad de proteger la participación ciudadana y cumplir con el ordenamiento jurídico, sino que defiende las acciones específicas de las entidades involucradas. Puntos clave sobre las competencias institucionales: • INBio: Su competencia se limita al análisis del impacto ambiental y la recepción de insumos cartográficos oficiales del ICT para la viabilidad del proyecto; no es responsable de la fiscalización de índices de ocupación ni de la zonificación urbanística. • ICT: Administra el reglamento al Plan Maestro, que regula los índices de ocupación y los límites constructivos, no siendo el ICT el encargado de aplicar las normas, sino de administrarlas a través del régimen de concesiones. • SINAC: Se enfoca en el impacto ambiental, no en la zonificación urbanística. • Catastro Nacional: Es responsable de la delimitación de polígonos, mapas oficiales y zonificación, tareas que no corresponden al INBio. Sobre la Ley N.º 6758 y el Decreto Ejecutivo 44448: • La Ley 6758 rige el Polo Turístico Golfo de Papagayo. • El Reglamento al Plan Maestro, que regula índices de ocupación y límites constructivos, es administrado por el ICT.• El Decreto Ejecutivo 44448 no es una norma técnica; la norma técnica es el Reglamento del Plan Maestro. Sobre la participación ciudadana y la consulta: • El Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental no exige consulta a municipalidades en todos los casos, solo cuando el instrumento y el nivel de impacto ambiental lo requieren. • Se sostiene que las entidades (como el INBio) actúan conforme a la normativa y el principio de legalidad, sin que sea posible imponerles consultas adicionales que la ley no exige. Sobre la Constitución y el debido proceso: • El texto del Instituto Costarricense de Turismo argumenta que ninguna de sus actuaciones o las del INBio es una violación de los artículos 27, 28, 29, 30, 39, 41, 46, 50 Constitucionales o los artículos 6 y 11 de la Ley General de la Administración Pública. • La participación ciudadana es un principio fundamental que debe ser considerado en la toma de decisiones sobre proyectos de impacto público. PREGUNTA: Entonces, el ICT, EL INBIO, SINAC, SETENA, DECRETO 44448 a criterio de ellos no defiende los derechos de los ciudadanos de participar audiencia publica (sic), participación continua ambientales, la consulta a las Municipales, transgrediendo, el debido proceso, principio de legalidad entre otros constitucionales de los artículos de Constitucionales 27, 28, 29, 30, 39, 41, 46, 50, 169 El Artículo 169 de la Constitución Política de Costa Rica establece que la administración de los intereses y servicios locales de cada cantón recae en el Gobierno Municipal. Este gobierno municipal se compone de un cuerpo deliberante, formado por regidores electos popularmente, y un funcionario ejecutivo designado por ley. Detalles clave del Artículo 169: • Administración Local: La principal función del gobierno municipal es la gestión de los intereses y servicios a nivel local dentro de cada cantón. • Composición del Gobierno Municipal: • Cuerpo Deliberante: Conformado por regidores electos por el voto popular. • Funcionario Ejecutivo: Un funcionario cuya designación está a cargo de la ley., El artículo 170 de la Constitución Política de Costa Rica establece la autonomía de las corporaciones municipales y fija una asignación no inferior al 10% de los ingresos ordinarios de la República en el Presupuesto Ordinario de la Nación. La ley determina las competencias que se trasladan de los poderes públicos a los municipios y la forma en que se distribuirán dichos recursos, los cuales se asignan progresivamente hasta alcanzar el 10%. Además, el articulo 6, 11 de la Ley General de la Administración Pública, Principio de Legalidad, decreto 44448, dado que ambas están en la cúspide, sobre la Ley 6370, 6758, decreto 44448, dado que no permite la participación en Audiencia Publica (sic), participación continua ambientales, no solicitaron criterio técnico a la Municipalidad de Carrillo y Liberia, no cumpliéndose con el debido proceso. Y entonces la posición de la Sala Constitucional no hace nada al respecto, se construye un mega proyecto. .La Constitución protege la participación ciudadana.• La SETENA está obligada por la Constitución a permitir esta participación. • Las audiencias públicas son un mecanismo importante de participación que no debe ser ignorado cuando hay un interés público. La frase argumenta que ignorar el derecho a la participación ciudadana en un proyecto que impacta el bienestar público sería una violación de los principios constitucionales. Por lo tanto, la SETENA debe actuar en consonancia con la Constitución y facilitar los mecanismos de participación, como las audiencias públicas. Conclusión: Aunque la SETENA tiene la facultad de otorgar la viabilidad ambiental y emitir decretos, su competencia está limitada por el ordenamiento jurídico. La Constitución está por encima de cualquier otra normativa, incluyendo los decretos que autorizan la construcción del Mega Proyecto Papagayo. RESPUESTA: La afirmación sostiene que el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio), el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y el Decreto Ejecutivo 44448, al no garantizar la participación ciudadana en audiencias públicas y consulta a los municipios, transgreden el debido proceso y el principio de legalidad consagrados en la Constitución Política de Costa Rica, vulnerando los artículos 27, 28, 29, 30, 39, 41, 46, 50 y 169 dela Constitución, así como el Artículo 6 y 11 de la Ley General de la Administración Pública. Se argumenta que la SETENA, como entidad con competencia en viabilidad ambiental, debe permitir la participación ciudadana en audiencias públicas, ya que este derecho está por encima de cualquier decreto y que la construcción de un mega proyecto sin la consulta a los municipios y sin el debido proceso es una violación constitucional. Violaciones a la Constitución Política • Participación Ciudadana: La Constitución protege el derecho de los ciudadanos a participar en la toma de decisiones públicas. La SETENA tiene la obligación de garantizar este derecho mediante mecanismos como las audiencias públicas, incluso para proyectos de gran impacto. • Debido Proceso y Legalidad: La falta de consulta a las Municipalidades y la exclusión de la participación ciudadana, tanto en las audiencias públicas como en los procesos de participación continua ambiental, son un quebrantamiento del debido proceso y del principio de legalidad. • Autonomía Municipal: El Artículo 169 de la Constitución establece que la administración de los intereses locales recae en el Gobierno Municipal, compuesto por regidores electos popularmente. El Artículo 170 refuerza la autonomía municipal. Violaciones a la Ley General de la Administración Pública• Principios Fundamentales: Los artículos 6 y 11 de la Ley General de la Administración Pública establecen los principios de legalidad y el respeto a los derechos de los ciudadanos. El Decreto 44448, al no permitir la participación ciudadana y omitir la consulta a los municipios, contradice directamente estos principios. CONCLUSIÓN • La SETENA está obligada a cumplir con el ordenamiento jurídico, y la Constitución está por encima de cualquier decreto. Por lo tanto, debe facilitar los mecanismos de participación ciudadana, como las audiencias públicas, en lugar de ignorarlos para construir un mega proyecto. • El argumento es que la violación a los derechos de participación ciudadana constituye una transgresión a los principios constitucionales y a los derechos de los ciudadanos, por lo que la SETENA debe actuar en consonancia con la Constitución”.

18.- Por escrito incorporado al expediente digital el 23 de setiembre de 2025, el recurrente expone: “AL SER LAS 10 HORAS Y 05 MINUTOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SE APORTA AL RECURSO DE AMPARO 25 25228 007 CO Donde quedan los ciudadanos, la Constitución y la Ley General de la Administración Pública: Según el texto, estos principios y derechos quedan vulnerados porque el análisis del mega proyecto Nombre169752 se centra en el desarrollo turístico sin el debido proceso. • Ciudadanos: Se ven afectados porque el procedimiento de aprobación del proyecto omite la consideración de sus intereses y derechos, no hay consulta ni participación adecuada, y se ignora el impacto en su entorno. • Constitución Política y Ley General de la Administración Pública: La administración habría violado la jerarquía normativa al usar un reglamento en lugar de una ley, y el principio de legalidad al no actuar dentro de sus facultades otorgadas por ley. Se incumplen los principios de debido proceso, al no realizar los análisis adecuados de viabilidad e impacto, afectando así los intereses públicos y difusos de los ciudadanos y municipios. Liberia, 23 de septiembre de 2025 Señores Magistrados Sala Constitucional SABANA SUR-SAN JOSE (sic). Estimados Magistrados: YO, Nombre49424   (sic), ADULTO MAYOR, Nombre68642 (sic) CED38524, SE APORTA AL RECURSO DE AMPARO 25 25228 007 CO, lo siguiente: POSICION (sic) DEL ICT EN CASO MEGA PROYECTO Nombre169752 SOBRE LA CONSULTA A MUNICIPALIDADES Y COMUNIDADES El Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental establece que la consulta a municipalidades no es obligatoria en todos los casos, sino en los supuestos determinados por el instrumento y el nivel de impacto ambiental. SETENA tramitó el expediente según lo que la normativa requería, y el principio de legalidad le impide imponer consultas adicionales fuera de la ley. (Sic).PREGUNTA; Análisis de fondo dado que es un reglamento y no ley violentando los artículos 21, 27, 28, 28, 29, 30, 33, 39, 46, 50, 169, 170. Así como los artículo 6, 11 de la ley General de la Administración Publica, principios constituciones de DEBIDO PROCESO, LEGALIDAD. PARECE QUE NO HAY ANALISIS (sic) DE LA CATEGORIA (sic) DEL MEGA PROYECTO A DESARROLLAR Y EL IMPACTO SOCIAL DE LA ZONA, DE PLAYA PANAMA (sic) Y BAHIA (sic) CULERA. NO TOMANDO LA PROPORCIONALIDAD Y LA RAZONABILIDAD (sic) DE CONSTRUCCION (sic) DEL MEGA PROYECTO Nombre169752 AFECTANDO EL INTERES (sic) PUBLICA (sic) E INTERESES DIFUSOS DE LOS CIUDADANOS Y DE LA MUNICIPALIDAD DE CARRILLO Y LIBERIA. El argumento plantea una presunta violación a los principios de legalidad y debido proceso, así como la jerarquía normativa, al considerar que un reglamento no puede afectar derechos y que no se realizó un análisis adecuado de viabilidad y impacto de un mega proyecto, afectando el interés público y los intereses difusos en Playa Panama (sic) y Bahía Culera. Análisis de la Cuestión de Fondo • Jerarquía Normativa: Se alega que un reglamento violenta un principio constitucional al imponerse sobre una ley y afectar derechos. La Constitución y la Ley General de la Administración Pública establecen una jerarquía donde la Constitución está en la cúspide, seguida por las leyes, y luego los reglamentos que deben reglamentar la ley, no crear derechos o cargas. • Legalidad: La administración pública solo puede actuar cuando una ley le otorga facultades, lo que implica que sus actos deben estar respaldados por normas jurídicas preexistentes. Si un reglamento crea nuevas cargas o derechos, o limita derechos existentes sin respaldo legal o de ley, estaría violando este principio. • Debido Proceso: Este principio garantiza que se deben cumplir todas las fases y procedimientos establecidos en la ley para que una resolución administrativa sea válida. Si el proceso de desarrollo del mega proyecto no incluyó un análisis adecuado de su impacto y viabilidad, se habría vulnerado el debido proceso. Implicaciones en el Caso • Mega proyecto y Regulación: El corazón del asunto es la aparente creación de nuevas normas a través de un reglamento que afectarían el interés público y los derechos de los ciudadanos sin la adecuada habilitación legal o una ley que lo respalde. • Análisis de Viabilidad e Impacto: La ausencia de un análisis sobre la categorización y el impacto social del proyecto en la zona de Playa Panamá y Bahía Culera, así como la falta de proporcionalidad y razonabilidad, constituyen serios cuestionamientos a la legalidad y legitimidad del proyecto. • Interés Público e Intereses Difusos: La afectación a estos intereses, que son de todos los ciudadanos, y a los intereses específicos de las municipalidades de Carrillo y Liberia, es el punto central de la posible inconstitucionalidad. En resumen: Se argumenta que un reglamento que regula el mega proyecto es inválido por no contar con el fundamento legal, y por no haberse considerado la viabilidad ni los impactos del proyecto, lo cual afectaría a la colectividad y al ordenamiento jurídico. RESPUESTA: El ICT no tiene una posición pública o documentada directamente en el análisis de fondo presentado para el mega proyecto Papagayo, ya que el texto se centra en la presunta ilegalidad del proceso administrativo según la Constitución Política de Costa Rica y la Ley General de la Administración Pública, y no en la postura de la institución turística sobre el proyecto. La discusión principal aborda la jerarquía normativa, el principio de legalidad y el debido proceso, donde se alega una violación al no haberse realizado un análisis adecuado del impacto y la viabilidad del proyecto. Análisis del caso según el texto: 1. Jerarquía Normativa: Se argumenta que el reglamento utilizado para el proyecto podría estar violando la jerarquía normativa ya que los reglamentos deben reglamentar leyes y no crear cargas o derechos nuevos que la ley no contemple, como podría ser la omisión de consultas obligatorias a las municipalidades o comunidades. 2. Principio de Legalidad: Se cuestiona que la administración pública (SETENA) haya actuado fuera de la ley al no exigir consultas adicionales. La administración solo tiene facultades otorgadas por ley, y si el reglamento no habilita estas consultas, su actuación sería ilegal, especialmente si afecta derechos o intereses públicos. 3. Debido Proceso: Se considera que no hubo un análisis adecuado de la viabilidad, impacto y categorización del proyecto, ni de la proporcionalidad y razonabilidad de la construcción. Esto violaría el principio del debido proceso, que garantiza que los procedimientos administrativos deben cumplir con las fases y requisitos legales para que sean válidos. 4. Impacto en el Interés Público: Se alega que el proyecto, al no considerarse la viabilidad y los impactos, afecta el interés público y los intereses difusos de los ciudadanos en Playa Panamá y Bahía Culera, así como a las municipalidades involucradas. La posición que podría tomar un ICT o una entidad similar: En un caso así, el ICT, como entidad promotora del turismo y de la sostenibilidad, podría adoptar una postura basada en: • Análisis técnico: Evaluar científicamente los efectos ambientales y sociales del proyecto para determinar si se alinea con las políticas turísticas y de sostenibilidad del país. • Participación y consulta: Asegurar la participación de las comunidades locales y municipios en la toma de decisiones para proteger su patrimonio cultural y natural. • Sostenibilidad: Promover que el desarrollo turístico sea compatible con la conservación del medio ambiente y el bienestar de las comunidades locales. En resumen: La discusión se centra en si el reglamento utilizado para la evaluación del mega proyecto Nombre169752 fue aplicado correctamente y si el procedimiento para su aprobación respetó los principios constitucionales y legales. El ICT, en este contexto, se preocuparía por la validez legal del proyecto y, más importante aún, por sus repercusiones en la sostenibilidad del turismo en la zona. PREGUNTA: Entonces cual es el análisis de fondo dado que es un reglamento y no ley violentando los artículos 21, 27, 28, 28, 29, 30, 33, 39, 46, 50, 169, 170. Así como los artículo 6, 11 de la ley General de la Administración Publica (sic), principios constituciones de DEBIDO PROCESO, LEGALIDAD. PARECE QUE NO HAY ANALISIS (sic) DE LA CATEGORIA (sic) DEL MEGA PROYECTO A DESARROLLAR Y EL IMPACTO SOCIAL DE LA ZONA, DE PLAYA PANAMA (sic) Y BAHIA (sic) CULERA (sic). NO TOMANDO LA PROPORCIONALIDAD Y LA RAZONABILIDAD DE CONSTRUCCION (sic) DEL MEGA PROYECTO Nombre169752 AFECTANDO EL INTERES (sic) PUBLICA (sic) E INTERESES DIFUSOS DE LOS CIUDADANOS Y DE LA MUNICIPALIDAD DE CARRILLO Y LIBERIA. De todo lo anterior, donde quedan los ciudadanos, la Constitución Política y la ley General de la Administración Pública, porque solo se ve el desarrollo turístico y transgrediendo los derechos de los ciudadanos y de las municipalidades. RESPUESTA: El texto argumenta que el mega proyecto Nombre169752 fue aprobado sin el debido proceso al violar la jerarquía normativa y el principio de legalidad, ya que un reglamento se usó para aprobar el proyecto y la administración ignoró la necesidad de realizar consultas obligatorias y un análisis de impacto y viabilidad adecuados, afectando el interés público y los derechos ciudadanos y municipales. Los ciudadanos quedan vulnerados, pues el proyecto se enfoca en el desarrollo turístico sin considerar sus impactos sociales, ambientales y la proporcionalidad y razonabilidad de las construcciones, incumpliendo los principios constitucionales y legales. Análisis de fondo según el texto: • Análisis de la jerarquía normativa: Se indica que el reglamento para el proyecto podría estar extralimitándose, al crear nuevas cargas o derechos sin estar habilitado por la ley, y violando la jerarquía normativa al omitir consultas obligatorias a municipalidades y comunidades. • Violación al principio de legalidad: La administración pública (SETENA) habría actuado ilegalmente al no exigir las consultas adicionales que serían requeridas si el reglamento no las habilitara, pero que son necesarias por el impacto del proyecto en derechos públicos. • Incumplimiento del debido proceso: No se realizó un análisis adecuado de la viabilidad, impacto, y categorización del proyecto, ni se evaluó la proporcionalidad y razonabilidad de la construcción, lo cual viola el principio del debido proceso. • Impacto en el interés público: Se argumenta que la falta de análisis de viabilidad e impacto afecta los intereses difusos de los ciudadanos en Playa Panamá y Bahía Culera, así como a las municipalidades. Donde quedan los ciudadanos, la Constitución y la Ley General de la Administración Pública: Según el texto, estos principios y derechos quedan vulnerados porque el análisis del mega proyecto Nombre169752 se centra en el desarrollo turístico sin el debido proceso. • Ciudadanos: Se ven afectados porque el procedimiento de aprobación del proyecto omite la consideración de sus intereses y derechos, no hay consulta ni participación adecuada, y se ignora el impacto en su entorno. • Constitución Política y Ley General de la Administración Pública: La administración habría violado la jerarquía normativa al usar un reglamento en lugar de una ley, y el principio de legalidad al no actuar dentro de sus facultades otorgadas por ley. Se incumplen los principios de debido proceso, al no realizar los análisis adecuados de viabilidad e impacto, afectando así los intereses públicos y difusos de los ciudadanos y municipios”.

19.- Informa bajo juramento José Javier Calvo Darcia, en su condición de Nombre20665 de Liberia. Expone: “PRIMERO: La Municipalidad de Liberia es una institución que forma parte de la Administración Pública, cuyos objetivos se encuentran plasmados en su naturaleza de ente público al servicio del Municipio. Que la MUNICIPALIDAD DE LIBERIA dada la naturaleza jurídica y la función pública que desempeña la institución, se encuentra reguladas por el ordenamiento jurídico administrativo, lo que le obliga a sujetar su actuar a la satisfacción del interés público, sometida a1 principio de legalidad que se traduce en un actuar eficiente, responsable, en estricto apego a principios elementales de justicia, lógica y conveniencia (Artículos 10, 11 y 16 inciso l. de la Ley General de la Administración Pública). Es de suma importancia aclarar en primer lugar a esta honorable Sala Constitucional, que la Municipalidad de Liberia, no ha violentado los derechos constitucionales al recurrente. SEGUNDO: Sobre los hechos alegados por la parte recurrente, en resumen: reclama que las autoridades recurridas otorgaron la viabilidad ambiental al denominado megaproyecto turístico Papagayo, que se desarrolla en Playa Panamá, Guanacaste, lo que, en su criterio, viola sus derechos fundamentales y transgrede los artículos 11, 28, 29, 30, 33, 39 y 50 de la Constitución Política, así como el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública. Cabe aclarar a esta respetable autoridad que no es cierto lo que indica el recurrente en este hecho ya que este proyecto no está dentro de la jurisdicción del Cantón de Liberia. Ver oficio que se adjunta prueba suscrito por el Ing. José Rafael Jiménez Rojas. MBA. De Planificación Urbana y Control Constructivo Municipalidad de Liberia, se indica lo siguiente: “OFICIO: SPUCC-124-09-2025. Asunto: Recurso de amparo interpuesto Sr. Nombre49424  . En atención al correo electrónico recibido el día 22 de septiembre de 2025, se le informa que el área de Playa Panamá se encuentra dentro de la jurisdicción territorial del cantón de Carrillo. En virtud de lo anterior, esta dependencia no posee competencia para conocer ni tramitar solicitudes de actos administrativos, en particular Permisos de Construcción, relacionados con el proyecto señalado en la documentación adjunta. ” (El resaltado es nuestro). Considerando este municipio que no es cierto lo que indica el recurrente en estos hechos, ya que no se le vulneran los derechos fundamentales alegados, por lo que el recurso presentado debe declararse sin lugar. TERCERO: Expone, en primer término, que la SETENA se negó a convocar a los vecinos de Playa Panamá a una audiencia pública bajo el argumento de que no pertenecían a una comunidad indígena, lo que lesiona el principio y de igualdad y una violación del artículo 33 constitucional. Señala que todos los habitantes de la zona, sean indígenas o no, tienen derecho a ser informados y a participar en las decisiones que afectan su entorno. Subraya que la jurisprudencia constitucional costarricense ha reconocido que el derecho a la consulta previa en proyectos de infraestructura se extiende a toda la ciudadanía, y que limitarlo por razones étnicas es abiertamente inconstitucional: Cabe aclarar a esta respetable Sala que el ámbito de actuación de la Administración Pública concretamente con los Municipios, de acuerdo con el Principio de Legalidad estipulado en la Constitución Política y la Ley General de la Administración Pública, en la materia propia del Derecho Público, y concretamente en el Derecho Administrativo, el principio de legalidad representa uno de los pilares fundamentales sobre los cuales se asienta el quehacer diario de la Administración Pública. Su nacimiento se encuentra concomitantemente con el nacimiento de las instituciones políticas modernas, y con el desarrollo y extensión del Derecho Administrativo, como aquel derecho tendiente a regular las actuaciones de la administración en el ejercicio de su función administrativa. De referencia positiva en nuestro ordenamiento jurídico, en el numeral 11 de la Constitución Política , y en los artículos 11, 12, 6 y 13 de la Ley General de la Administración Pública, su conceptualización se da, en el sentido de que todo acto o comportamiento de la Administración Pública debe estar regulado y permitido por el ordenamiento jurídico, aplicando el viejo aforismo de que la Administración puede hacer únicamente aquello que le está permitido, muy al contrario de la actuación del particular, que en su actividad privada rige el dogma de la autonomía de la voluntad, y el mismo podrá hacer actos o actividades que no se encuentren prohibidas. En relación al tema de los Municipios, en el artículo 169 de la Constitución Política se fijan las atribuciones municipales, al poner a cargo del Gobierno local, los intereses y servicios locales, concomitantemente con el Código Municipal que señala las atribuciones municipales que atiendan al fin de promover el desarrollo integral de los cantones y dentro de los cuales señala una lista muy extensa de las mismas. Se pueden contar dentro de ellas, los servicios públicos locales, la planificación urbanística, la administración de la zona marítimo terrestre etc. Cabe aclarar a esta respetable Sala, que en acatamiento al Código Municipal artículo 4 siguientes y concordantes, establece que la municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política, dentro de sus atribuciones. Por lo que en acatamiento a dicha normativa no es posible para este municipio intervenir en un asunto que no se enmarca en las atribuciones otorgadas por el Código Municipal y por la misma Constitución Política, por ser un asunto que compete a otras instituciones estatales sean estas el Ministerio del Ambiente y Energía y no a esta Municipalidad. Por su parte mediante el OFICIO: SPUCC-124-09-2025, de fecha del 22 de septiembre de 2025, suscrito por el Ing. José Rafael Jiménez Rojas. MBA, de Planificación Urbana y Control Constructivo de la Municipalidad de Liberia, se indica lo siguiente: “Asunto: Recurso de amparo interpuesto Sr. Nombre49424  . En atención al correo electrónico recibido el día 22 de septiembre de 2025, se le informa que el área de Playa Panamá se encuentra dentro de la jurisdicción territorial del cantón de Carrillo. En virtud de lo anterior, esta dependencia no posee competencia para conocer ni tramitar solicitudes de actos administrativos, en particular Permisos de Construcción, relacionados con el proyecto señalado en la documentación adjunta.” (El resaltado es nuestro). Considerando este municipio que no es cierto lo que indica el recurrente en estos hechos, ya que no se le vulneran los derechos fundamentales alegados, por lo que el recurso presentado debe declararse sin lugar. CUARTO: En segundo lugar, sostiene que la viabilidad ambiental fue otorgada sin observar el principio de legalidad. Denuncia que no se cumplieron las etapas procedimentales obligatorias, particularmente la participación ciudadana mediante audiencia pública, y que en su lugar se recurrió a encuestas aplicadas a personas que desconocían los alcances del proyecto. A su entender, ello vulnera los artículos 28, 29 y 30 constitucionales y priva a la comunidad del derecho a una participación informada. Afirma, además, que la omisión de la audiencia pública constituye una violación del debido proceso protegido por el artículo 39, en cuanto impidió a los vecinos ser oídos en una decisión administrativa de gran trascendencia: Cabe aclarar a esta respetable Sala, que en acatamiento al Código Municipal artículo 4 siguientes y concordantes, establece que la municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política, dentro de sus atribuciones. Por lo que en acatamiento a dicha normativa no es posible para este municipio intervenir en un asunto que no se enmarca en las atribuciones otorgadas por el Código Municipal y por la misma Constitución Política, por ser un asunto que compete a otras instituciones estatales sean estas Ministerio del Ambiente y Energía y no a esta Municipalidad. Por su parte mediante el OFICIO: SPUCC-124-09-2025, de fecha del 22 de septiembre de 2025, suscrito por el Ing. José Rafael Jiménez Rojas. MBA, Planificación Urbana y Control Constructivo de la Municipalidad de Liberia, se indica lo siguiente: “Asunto: Recurso de amparo interpuesto Sr. Nombre49424  . En atención al correo electrónico recibido el día 22 de septiembre de 2025, se le informa que el área de Playa Panamá se encuentra dentro de la jurisdicción territorial del cantón de Carrillo. En virtud de lo anterior, esta dependencia no posee competencia para conocer ni tramitar solicitudes de actos administrativos, en particular Permisos de Construcción, relacionados con el proyecto señalado en la documentación adjunta.” (El resaltado es nuestro). Considerando este municipio que no es cierto lo que indica el recurrente en estos hechos, ya que no se le vulneran los derechos fundamentales alegados, por lo que el recurso presentado debe declararse sin lugar. QUINTO: También, denuncia la afectación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, reconocido en el artículo 50 de la Constitución. Alega que no se evaluaron debidamente los impactos sobre los bosques, humedales y manglares del área, lo que pone en riesgo el patrimonio natural del Estado. Cuestiona que el informe forestal utilizado haya sido elaborado por la propia empresa desarrolladora, sin objetividad ni exhaustividad, y que no se incorporaran medidas de mitigación adecuadas. Considera que, al aprobarse en esas condiciones, el acto administrativo es nulo de pleno derecho, por estar viciado desde su origen. Refiere al incumplimiento de los requisitos de la Ley No. 6758, que establece límites claros de densidad (20 habitaciones por hectárea y un máximo del 30% de construcción). Según afirma, tales disposiciones no se respetaron en el diseño del proyecto. Asimismo, critica el Decreto Ejecutivo No. 44448 por su ambigüedad, ya que no contiene un mapeo preciso de las 1658 hectáreas involucradas, lo que genera inseguridad jurídica, deja desprotegido cerca del 70% de las áreas de conservación natural y dificulta la correcta aplicación de las normas. Añade que en el proceso de licenciamiento se omitió valorar la existencia de humedales, bosques y otros ecosistemas dentro del área, lo cual agrava las irregularidades. Además, enfatiza que la SETENA no consultó de manera adecuada a las municipalidades de la jurisdicción ni a las comunidades circunvecinas, incumpliendo con el deber de transparencia, de coordinación interinstitucional y de participación ciudadana que deben regir este tipo de proyectos: Cabe aclarar a esta respetable Sala, que en acatamiento al Código Municipal artículo 4 siguientes y concordantes, establece que la municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política, dentro de sus atribuciones. Por lo que en acatamiento a dicha normativa no es posible para este municipio intervenir en un asunto que no se enmarca en las atribuciones otorgadas por el Código Municipal y por la misma Constitución Política, por ser un asunto que compete a otras instituciones estatales sean estas Ministerio del Ambiente y Energía y no a esta Municipalidad. Por su parte mediante el OFICIO: SPUCC-124-09-2025, de fecha del 22 de septiembre de 2025, suscrito por el Ing. José Rafael Jiménez Rojas. MBA, de Planificación Urbana y Control Constructivo de la Municipalidad de Liberia, se indica lo siguiente: “Asunto: Recurso de amparo interpuesto Sr. Nombre49424  . En atención al correo electrónico recibido el día 22 de septiembre de 2025, se le informa que el área de Playa Panamá se encuentra dentro de la jurisdicción territorial del cantón de Carrillo. En virtud de lo anterior, esta dependencia no posee competencia para conocer ni tramitar solicitudes de actos administrativos, en particular Permisos de Construcción, relacionados con el proyecto señalado en la documentación adjunta.” (El resaltado es nuestro). Considerando este municipio que no es cierto lo que indica el recurrente en estos hechos, ya que no se le vulneran los derechos fundamentales alegados, por lo que el recurso presentado debe declararse sin lugar. SEXTO: Solicita como medida cautelar que se suspenda la aplicación del visto bueno ambiental otorgado al proyecto hasta tanto se resuelva en definitiva el fondo del recurso. En cuanto a sus pretensiones de fondo, pide a esta Sala declare con lugar el amparo y ordenar a la SETENA retrotraer el procedimiento de aprobación ambiental, corregir las irregularidades señaladas, ajustar el proceso a lo dispuesto por la Ley No. 6758 y corregir el Decreto No. 44448 para que no permanezca en la ambigüedad actual. Reclama, además, que se convoque a una audiencia pública con los vecinos de Playa Panamá, comunidades cercanas, organizaciones ambientales y el público en general, como requisito indispensable para una eventual autorización. Finalmente, afirma que, al priorizar los intereses económicos de la empresa desarrolladora sobre los derechos de las comunidades y del país, las autoridades recurridas han incurrido en una actuación contraria a la Constitución Política. Reitera que el megaproyecto, tal como fue aprobado, se encuentra viciado de nulidad por múltiples violaciones a derechos fundamentales, al principio de legalidad y a la normativa ambiental, lo que exige la intervención de esta Sala para restituir la vigencia de los derechos lesionados: Cabe aclarar a esta respetable Sala, que en acatamiento al Código Municipal artículo 4 siguientes y concordantes, establece que la municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política, dentro de sus atribuciones. Por lo que en acatamiento a dicha normativa no es posible para este municipio intervenir en un asunto que no se enmarca en las atribuciones otorgadas por el Código Municipal y por la misma Constitución Política, por ser un asunto que compete a otras instituciones estatales sean estas Ministerio del Ambiente y Energía y no a esta Municipalidad. Por su parte mediante el OFICIO: SPUCC-124-09-2025, de fecha del 22 de septiembre de 2025, suscrito por el Ing. José Rafael Jiménez Rojas. MBA, Planificación Urbana y Control Constructivo de la Municipalidad de Liberia, se indica lo siguiente: “Asunto: Recurso de amparo interpuesto Sr. Nombre49424  . En atención al correo electrónico recibido el día 22 de septiembre de 2025, se le informa que el área de Playa Panamá se encuentra dentro de la jurisdicción territorial del cantón de Carrillo. En virtud de lo anterior, esta dependencia no posee competencia para conocer ni tramitar solicitudes de actos administrativos, en particular Permisos de Construcción, relacionados con el proyecto señalado en la documentación adjunta.” (El resaltado es nuestro). Considerando este municipio que no es cierto lo que indica el recurrente en estos hechos, ya que no se le vulneran los derechos fundamentales alegados, por lo que el recurso presentado debe declararse sin lugar. SEPTIMO (sic): Se remite copia certificada de la documentación relacionada con este recurso de amparo. PETITORIA. Solicito se declare sin lugar este recurso de amparo y se condene al recurrente al pago de ambas costas de esta acción”.

20.- Informa Diana Méndez Masís, en su condición de alcaldesa de Carrillo. Expone: “Dada la evidente falta de claridad en cuanto a qué consiste la responsabilidad exacta que se atribuye a mi representada, pues el recurrente lamentablemente no lo especifica, no me queda más que agregar que estamos anuentes a obedecer las órdenes de ese honorable Tribunal si se determina que en nuestro cantón se estuviese ocurriendo situación alguna anómala en materia constructiva”.

21.- Por escrito incorporado al expediente digital el 23 de setiembre de 2025, el recurrente expone: “AL SER LAS 21 HORAS Y 24 MINUTOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SE APORTA AL RECURSO DE AMPARO 25 25228 007 CO La Municipalidad de Liberia comparte jurisdicción en el Proyecto Turístico Papagayo, abarcando parte del distrito de Nacascolo, donde se ubica el Hotel Four Seasons, junto con el cantón de Carrillo en su distrito de Sardinal. No obstante, para el cambio de uso de suelo según el decreto 44448 y la viabilidad ambiental, se requirió consultar a ambas municipalidades, ya que la autoridad principal para estas decisiones recae en entidades estatales como el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), que administra el Polo Turístico Golfo de Nombre169752 bajo una ley y régimen especiales. Confirmación de Jurisdicción Compartida • El Proyecto Nombre169752 se extiende entre el cantón de Carrillo y el cantón de Liberia.• La parte del proyecto que se encuentra en el cantón de Liberia pertenece al distrito de Nacascolo. • El Hotel Four Seasons está ubicado dentro del distrito de Nacascolo, en el área del proyecto. • Proceso de Consulta para Viabilidad Ambiental y Cambio de Uso de Suelo • Dado que las 1658 hectáreas del proyecto se encuentran en la frontera de los cantones de Carrillo y Liberia, era necesario consultar a ambas municipalidades. • La consulta se enfocaba en el cambio de uso de suelo, según el decreto 44448, y el otorgamiento de la viabilidad ambiental para el mega proyecto. • Autoridad Competente• El Polo Turístico Golfo de Nombre169752 es una zona de desarrollo turístico administrada bajo una ley especial y un régimen público. • En el marco de este régimen, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) tiene competencias sobre asuntos de impacto ambiental. Posible Negativa de la Municipalidad • La Municipalidad de Liberia se ha negado a intervenir argumentando que estos temas superan sus competencias y corresponden al MINAE, según su interpretación del Código Municipal y la Constitución Política”.

22.- Por escrito incorporado al expediente digital el 23 de setiembre de 2025, el accionante indica: “YO, Nombre49424   (sic), ADULTO MAYOR, Nombre68642 (sic) CED38524, SE APORTA AL RECURSO DE AMPARO 25 25228 007 CO, lo siguiente: MUNICIPALIDAD DE LIBERIA posición: “…QUINTO: También, denuncia la afectación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, reconocido en el articulo (sic) 50 de la Constitución. Alega que no se evaluaron debidamente los impactos sobre los bosques, humedales y manglares del área, lo que pone en riesgo el patrimonio natural del Estado. Cuestiona que el informe forestal utilizado haya sido elaborado por la propia empresa desarrolladora, sin objetividad ni exhaustividad, y que no se incorporaran medidas de mitigación adecuadas. Considera que, al aprobarse en esas condiciones, el acto administrativo es nulo de pleno derecho, por estar viciado desde su origen. Refiere al incumplimiento de los requisitos de la Ley No. 6758, que establece limites (sic) claros de densidad (20 habitaciones por hectárea y un máximo del 30% de construcción). Según afirma, tales disposiciones no se respetaron en el diseño del proyecto. Asimismo, critica el Decreto Ejecutivo No. 44448 por su ambigüedad, ya que no contiene un mapeo preciso de las 1658 hectáreas involucradas, lo que genera inseguridad jurídica, deja desprotegido cerca del 70% de las áreas de conservación natural y dificulta la correcta aplicación de las normas. Añade que en el proceso de licenciamiento se omitió valorar la existencia de humedales, bosques y otros ecosistemas dentro del área, lo cual agrava las irregularidades. Además, enfatiza que la SETENA no consultó de manera adecuada a las municipalidades de la jurisdicción ni a las comunidades circunvecinas, incumpliendo con el deber de transparencia, de coordinación interinstitucional y de participación ciudadana que deben regir este tipo de proyectos: Cabe aclarar a esta respetable Sala, que en acatamiento al Código Municipal articulo 4 siguientes y concordantes, establece que la municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política, dentro de sus atribuciones. Por lo que en acatamiento a dicha normativa no es posible para este municipio intervenir en un asunto que no se enmarca en las atribuciones otorgadas por el Código Municipal y por la misma Constitución Política, por ser un asunto que compete a otras instituciones estatales sean estas Ministerio del Ambiente y Energía y no a esta Municipalidad.(Sic)…”. PREGUNTA: Analice en razón de la jurisdicción Municipalidad de Liberia incluye Nacascolo, donde se ubica parte de 1658 hectareas (sic) del Proyecto Nombre169752 administrado por ICT, INCLUYE EL HOTEL FOUR SEASON. Hotel Four Seasons esta (sic) ubicado en la jurisdicción del distrito Nacascolo de Liberia, pertenece Nombre169752 y esta (sic) dentro las 1658 hectareas (sic) del PROYECTO TURISTICO (sic) Nombre169752 SI, El Four Seasons Resort Península de Nombre169752 se encuentra ubicado en la Península de Papagayo, dentro del área del Proyecto Turístico Nombre169752 en la provincia de Guanacaste, Costa Rica. La península de Nombre169752 forma parte del cantón de Liberia, en el distrito de Guanacaste Norte, y a pesar de estar en el Golfo de Papagayo, no está explícitamente detallado en los resultados que el hotel se encuentre en el distrito de Nacascolo. Detalles de la ubicación: • Península de Nombre169752 . • Cantón: Liberia. • Provincia: Guanacaste. • Distrito: Guanacaste Norte. • País: Costa Rica. Información adicional: • Está situado a 26 km al norte del centro de Liberia. • El resort ofrece una experiencia de lujo, con actividades de aventura, bienestar, gastronomía y spa, y cuenta con instalaciones como piscinas, campo de golf y marina. • Se encuentra dentro del golfo y la bahía de Papagayo. El Proyecto Nombre169752 se ubica en el Polo Turístico Golfo de Papagayo, en la provincia de Guanacaste, abarcando tanto el distrito de Nacascolo (cantón de Liberia) en su sector norte como el distrito de Sardinal (cantón de Carrillo) en su sector sur, extendiéndose desde Punta Cabuyal hasta Punta Cacique. Detalles de la ubicación: • Provincia: Guanacaste, Costa Rica. • Golfo: Se encuentra en el Golfo de Papagayo. • Península: La zona de desarrollo del proyecto está en la península de Papagayo. • Distritos: La península abarca parte del distrito de Nacascolo (cantón de Liberia) y parte del distrito de Sardinal (cantón de Carrillo). ,,, • Extensión: El área se extiende desde Punta Cabuyal hasta Punta Cacique. Es decir, el Polo Turístico Golfo de Nombre169752 se ubica en la provincia de Guanacaste, abarcando jurisdicción de los cantones de Carrillo y Liberia, específicamente en el distrito de Sardinal del cantón de Carrillo y el distrito de Nacascolo del cantón de Liberia. Detalles sobre la ubicación: • Polo Turístico Golfo de Papagayo: Es una zona de desarrollo turístico reconocida en la costa norte del Pacífico de Costa Rica. • Cantón de Carrillo: Una parte significativa del proyecto se desarrolla en el distrito de Sardinal, dentro de este cantón. • Cantón de Liberia: La jurisdicción se extiende también a algunos distritos de Liberia, como Nacascolo. El proyecto turístico Bahía Nombre169752 de Enjoy Hotels & Resorts S.A. afecta el cantón de Carrillo, donde se ubica Playa Panamá, ya que es ahí donde la empresa desarrolladora concentra la mayor parte de sus actividades turísticas y de infraestructura dentro del Polo Turístico del Golfo de Papagayo. Detalles: • Ubicación: El proyecto se desarrolla en Playa Panamá, que es parte del distrito de <Sardinal en el cantón de Carrillo, Guanacaste. • Cantón afectado: La jurisdicción cantonal principalmente afectada es Carrillo. • Polo Turístico: El proyecto se encuentra dentro del Polo Turístico del Golfo de Papagayo, una zona con una ley especial y un régimen público para su administración. • Actividad: Enjoy Hotels & Resorts S.A. es la empresa encargada del desarrollo de este proyecto turístico. RESPUESTA: La Municipalidad de Liberia tiene jurisdicción sobre parte de las 1658 hectáreas del Proyecto Papagayo, específicamente en el distrito de Nacascolo, donde se encuentra el Hotel Four Seasons. A pesar de ello, la municipalidad se niega a intervenir, argumentando que el tema excede sus competencias y recae en instituciones como el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), ya que, según el texto, no está dentro de las atribuciones otorgadas por el Código Municipal y la Constitución Política. Desglose de la situación• Jurisdicción de la Municipalidad de Liberia: La información confirma que el Proyecto Nombre169752 se extiende a través de los cantones de Carrillo y Liberia, abarcando jurisdicción en el distrito de Nacascolo. El Hotel Four Seasons, mencionado en la pregunta, se encuentra en esta área. • Argumento de la Municipalidad para no intervenir: La municipalidad se ampara en el principio de autonomía municipal y el Código Municipal para argumentar que no le compete intervenir en asuntos que son competencia del MINAE u otras instituciones estatales. PREGUNTA Como el Proyecto Turístico Papagayo, se compone 1658 hectáreas donde se va desarrollar el mega Proyecto Papagayo, se tenía consultar a las Municipalidades de Carrillo y Liberia el cambio de uso de suelo decreto 44448 y el otorgamiento de la viabilidad ambiental para construcción del Mega Proyecto Nombre169752 dado q son cantones colindantes. RESPUESTA La Municipalidad de Liberia comparte jurisdicción en el Proyecto Turístico Papagayo, abarcando parte del distrito de Nacascolo, donde se ubica el Hotel Four Seasons, junto con el cantón de Carrillo en su distrito de Sardinal. No obstante, para el cambio de uso de suelo según el decreto 44448 y la viabilidad ambiental, se requirió consultar a ambas municipalidades, ya que la autoridad principal para estas decisiones recae en entidades estatales como el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), que administra el Polo Turístico Golfo de Nombre169752 bajo una ley y régimen especiales. Confirmación de Jurisdicción Compartida • El Proyecto Nombre169752 se extiende entre el cantón de Carrillo y el cantón de Liberia. • La parte del proyecto que se encuentra en el cantón de Liberia pertenece al distrito de Nacascolo. • El Hotel Four Seasons está ubicado dentro del distrito de Nacascolo, en el área del proyecto. Proceso de Consulta para Viabilidad Ambiental y Cambio de Uso de Suelo • Dado que las 1658 hectáreas del proyecto se encuentran en la frontera de los cantones de Carrillo y Liberia, era necesario consultar a ambas municipalidades. • La consulta se enfocaba en el cambio de uso de suelo, según el decreto 44448, y el otorgamiento de la viabilidad ambiental para el mega proyecto. • Autoridad Competente • El Polo Turístico Golfo de Nombre169752 es una zona de desarrollo turístico administrada bajo una ley especial y un régimen público. • En el marco de este régimen, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) tiene competencias sobre asuntos de impacto ambiental. Posible Negativa de la Municipalidad • La Municipalidad de Liberia se ha negado a intervenir argumentando que estos temas superan sus competencias y corresponden al MINAE, según su interpretación del Código Municipal y la Constitución Política”.

23.- Por escrito incorporado al expediente digital el 24 de setiembre de 2025, el tutelado señala: “AL SER LAS 04 HORAS Y 45 MINUTOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SE APORTA AL RECURSO DE AMPARO 25 25228 007 CO LA MUNICIPALIDAD DE CARRILLO RESPONDIÓ QUE ATENDERÁ LAS ÓRDENES JUDICIALES SI SE DETERMINA QUE SU CANTÓN SE VE AFECTADO POR EL PROYECTO. Se detalla: El recurso de amparo alega violaciones constitucionales y legales por el otorgamiento de viabilidad ambiental al megaproyecto turístico Bahía Papagayo, incluyendo la negación de audiencia pública a los vecinos, la no valoración de impactos ambientales en bosques y manglares, la falta de cumplimiento de requisitos de la Ley Forestal y la ambigüedad del Decreto Ejecutivo 44448. LA MUNICIPALIDAD DE CARRILLO RESPONDIÓ QUE ATENDERÁ LAS ÓRDENES JUDICIALES SI SE DETERMINA QUE SU CANTÓN SE VE AFECTADO POR EL PROYECTO. Liberia, 24 de septiembre de 2025 Señores Magistrados Sala Constitucional Dirección4241   (sic). Estimados Magistrados: YO, Nombre49424   (sic), ADULTO MAYOR, Nombre68642 (sic) CED38524, SE APORTA AL RECURSO DE AMPARO 25 25228 007 CO, lo siguiente: Sobre los hechos alegados por la parte recurrente, en resumen: reclama que las autoridades recurridas otorgaron la viabilidad ambiental al denominado megaproyecto turístico Papagayo, que se desarrolla en Playa Panamá, Guanacaste, lo que, en su criterio, viola sus derechos fundamentales y transgrede los artículos 11, 28, 29, 30, 33, 39 y 50 de la Constitución Política, asi (sic) como el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública. Expone, en primer término, que la SETENA se negó a convocar a los vecinos de Playa Panamá a una audiencia pública bajo el argumento de que no pertenecían a una comunidad indígena, lo que lesiona el principio y de igualdad y una violación del artículo 33 constitucional. Señala que todos los habitantes de la zona, sean indígenas o no, tienen derecho a ser informados y a participar en las decisiones que afectan su entorno. Subraya que la jurisprudencia constitucional costarricense ha reconocido que el derecho a la consulta previa en proyectos de infraestructura se extiende a toda la ciudadanía, y que limitarlo por razones étnicas es abiertamente inconstitucional. En segundo lugar, sostiene que la viabilidad ambiental fue otorgada sin observar el principio de legalidad. Denuncia que no se cumplieron las etapas procedimentales obligatorias, particularmente la participación ciudadana mediante audiencia pública, y que en su lugar se recurrió a encuestas aplicadas a personas que desconocían los alcances del proyecto. A su entender, ello vulnera los artículos 28, 29 y 30 constitucionales y priva a la comunidad del derecho a una participación informada. Afirma, además, que la omisión de la audiencia pública constituye una violación del debido proceso protegido por el articulo 39, en cuanto impidió a los vecinos ser oídos en una decisión administrativa de gran trascendencia. También, denuncia la afectación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, reconocido en el artículo 50 de la Constitución. Alega que no se evaluaron debidamente los impactos sobre los bosques, humedales y manglares del área, lo que pone en riesgo el patrimonio natural del Estado. Cuestiona que el informe forestal utilizado haya sido elaborado por la propia empresa desarrolladora, sin objetividad ni exhaustividad, y que no se incorporaran medidas de mitigación adecuadas. Considera que, al aprobarse en esas condiciones, el acto administrativo es nulo de pleno derecho, por estar viciado desde su origen. Refiere al incumplimiento de los requisitos de la Ley No. 6758, que establece limites (sic) claros de densidad (20 habitaciones por hectárea y un máximo del 30% de construcción). Según afirma, tales disposiciones no se respetaron en el diseño del proyecto. Asimismo, critica el Decreto Ejecutivo No. 44448 por su ambigüedad, ya que no contiene un mapeo preciso de las 1658 hectáreas involucradas, lo que genera inseguridad jurídica, deja desprotegido cerca del 70% de las áreas de conservación natural y dificulta la correcta aplicación de las normas. Añade que en el proceso de licenciamiento se omitió valorar la existencia de humedales, bosques y otros ecosistemas dentro del área, lo cual agrava las irregularidades. Además, enfatiza que la SETENA no consultó de manera adecuada a las municipalidades de la jurisdicción ni a las comunidades circunvecinas, incumpliendo con el deber de transparencia, de coordinación interinstitucional y de participación ciudadana que deben regir este tipo de proyectos. Solicita como medida cautelar que se suspenda la aplicación del visto bueno ambiental otorgado al proyecto hasta tanto se resuelva en definitiva el fondo del recurso. En cuanto a sus pretensiones de fondo, pide a esta Sala declare con lugar el amparo y ordenar a la SETENA retrotraer el procedimiento de aprobación ambiental, corregir las irregularidades señaladas, ajustar el proceso a lo dispuesto por la Ley No. 6758 y corregir el Decreto No. 44448 para que no permanezca en la ambigüedad actual. Reclama, además, que se convoque a una audiencia pública con los vecinos de Playa Panamá, comunidades cercanas, organizaciones ambientales y el público en general, como requisito indispensable para una eventual autorización. Finalmente, afirma que, al priorizar los intereses económicos de la empresa desarrolladora sobre los derechos de las comunidades y del país, las autoridades recurridas han incurrido en una actuación contraria a la Constitución Política. Reitera que el megaproyecto, tal como fue aprobado, se encuentra viciado de nulidad por múltiples violaciones a derechos fundamentales, al principio de legalidad y a la normativa ambiental, lo que exige la intervención de esta Sala para restituir la vigencia de los derechos lesionados. Analice el fondo al respecto: MUNICIPALIDAD DE CARRILLO, POSICION (sic): Dada la evidente falta de claridad en cuanto a en qué consiste la responsabilidad exacta que se atribuye a mi representada, pues el recurrente lamentablemente no lo especifica, no me queda más que agregar que estaremos anuentes a obedecer las órdenes de ese honorable Tribunal si se determina que en nuestro cantón estuviese ocurriendo situación alguna anómala en materia constructiva. RESPUESTA: El recurso de amparo alega violaciones constitucionales y legales por el otorgamiento de viabilidad ambiental al megaproyecto turístico Bahía Papagayo, incluyendo la negación de audiencia pública a los vecinos, la no valoración de impactos ambientales en bosques y manglares, la falta de cumplimiento de requisitos de la Ley Forestal y la ambigüedad del Decreto Ejecutivo 44448. LA MUNICIPALIDAD DE CARRILLO RESPONDIÓ QUE ATENDERÁ LAS ÓRDENES JUDICIALES SI SE DETERMINA QUE SU CANTÓN SE VE AFECTADO POR EL PROYECTO. Fundamentos del recurso de amparo • Violación al principio de igualdad y participación ciudadana: Se argumenta que la negativa de la SETENA a convocar a los vecinos a una audiencia pública, basándose en que no pertenecían a una comunidad indígena, viola la igualdad de oportunidades y el derecho a la participación ciudadana, que la jurisprudencia constitucional costarricense extiende a toda la ciudadanía. • Vulneración al principio de legalidad y debido proceso: Se sostiene que la SETENA otorgó la viabilidad ambiental sin cumplir las etapas procedimentales obligatorias, incluyendo la audiencia pública, y que en su lugar se usaron encuestas a personas no informadas, lo que vulnera el debido proceso y los artículos 28, 29 y 30 de la Constitución. • Afectación al derecho a un ambiente sano: Se denuncia la falta de evaluación adecuada de los impactos en bosques, humedales y manglares del área, poniendo en riesgo el patrimonio natural del Estado. • Incumplimiento normativo: Se señala que no se respetaron las disposiciones de la Ley No. 6758 sobre límites de densidad y construcción, además de la ambigüedad del Decreto Ejecutivo No. 44448, que carece de un mapeo preciso del área, dejando desprotegidas áreas de conservación. • Irregularidades en el proceso de licenciamiento: Se cuestiona el informe forestal elaborado por la propia empresa desarrolladora y la omisión de valoración de ecosistemas como humedales y bosques en el área. Posición de la Municipalidad de Carrillo • La Municipalidad se declara dispuesta a acatar las órdenes del Tribunal si se determina alguna anomalía constructiva en su cantón. Pretensiones del recurrente • Solicita la suspensión de la viabilidad ambiental otorgada al proyecto. • Pide ordenar a la SETENA retrotraer el procedimiento de aprobación, corregir las irregularidades y ajustar el proyecto a la Ley No. 6758 y el Decreto No. 44448. • Exige la convocatoria a una audiencia pública con los vecinos, comunidades cercanas, organizaciones ambientales y público en general”.

24.- Por escrito incorporado al expediente digital el 24 de setiembre de 2025, el recurrente indica: “AL SER LAS 11 HORAS Y 21 MINUTOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SE APORTA AL RECURSO DE AMPARO 25 25228 007 CO MUNICIPALIDAD DE CARRILLO Y LIBERIA. • Debido a la naturaleza transfronteriza del proyecto, ambas municipalidades no fueron consultadas para el cambio de uso de suelo (decreto 44448) y la viabilidad ambiental. Dado que NO consta en el expediente información alguna aportada por la Municipalidad de Liberia y Carrillo, referente de solicitud de criterio técnico, ya que no la aportaron cuando dieron la repuesta al Recurso de Amparo 25 25228 007 CO. Se detalla: Posición de las Municipalidades • Municipalidad de Liberia: Sostiene que las decisiones sobre uso de suelo y viabilidad ambiental corresponden al MINAE y no a su competencia, de acuerdo con el Código Municipal y la Constitución. • Municipalidad de Carrillo: Se ha mostrado dispuesta a acatar las órdenes judiciales si se determina que el proyecto causa alguna afectación en su cantón. 4. Proceso de Consulta y Amparo• Debido a la naturaleza transfronteriza del proyecto, ambas municipalidades no fueron consultadas para el cambio de uso de suelo (decreto 44448) y la viabilidad ambiental. Dado que NO consta en el expediente información alguna aportada por la Municipalidad de Liberia y Carrillo, referente de solicitud de criterio técnico, ya que no la aportaron cuando dieron la repuesta al Recurso de Amparo 25 25228 007 CO. • El recurso de amparo alega que la SETENA (entidad encargada de la viabilidad ambiental) violó derechos constitucionales y legales al no realizar una audiencia pública ni participación continua ambientales a los ciudadanos para el proyecto, incumplir normativas y no valorar adecuadamente los impactos ambientales en bosques y manglares. 5. Pretensiones del Recurrente • El recurrente solicita la suspensión de la viabilidad ambiental del proyecto, falta del debido proceso y por transgredir el principio de legalidad. • Pide que se retrotraiga el proceso de aprobación de uso de suelo y se ajusten las irregularidades bajo el decreto 44448 una vez que se le hagan correcciones por ser ambiguo. Además, que se ajuste a la Ley No. 6758 y decreto el otorgamiento de la vialidad ambiental en el Proyecto Papagayo. • Exige la celebración de una audiencia pública con la participación de los ciudadanos, se permite la participación continua ambientales a los ciudadanos, grupos organizados ambientalistas, otros interesados.. Liberia, 24 de septiembre de 2025 Señores Magistrados Sala Constitucional Dirección4241   (sic). Estimados Magistrados: YO, Nombre49424   (sic), ADULTO MAYOR, Nombre68642 (sic) CED38524, SE APORTA AL RECURSO DE AMPARO 25 25228 007 CO, lo siguiente: La Municipalidad de Liberia comparte jurisdicción en el Proyecto Turístico Papagayo, abarcando parte del distrito de Nacascolo, donde se ubica el Hotel Four Seasons, junto con el cantón de Carrillo en su distrito de Sardinal. No obstante, para el cambio de uso de suelo según el decreto 44448 y la viabilidad ambiental, se requirió consultar a ambas municipalidades, ya que la autoridad principal para estas decisiones recae en entidades estatales como el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), que administra el Polo Turístico Golfo de Nombre169752 bajo una ley y régimen especiales. Confirmación de Jurisdicción Compartida• El Proyecto Nombre169752 se extiende entre el cantón de Carrillo y el cantón de Liberia. • La parte del proyecto que se encuentra en el cantón de Liberia pertenece al distrito de Nacascolo. • El Hotel Four Seasons está ubicado dentro del distrito de Nacascolo, en el área del proyecto. • Proceso de Consulta para Viabilidad Ambiental y Cambio de Uso de Suelo • Dado que las 1658 hectáreas del proyecto se encuentran en la frontera de los cantones de Carrillo y Liberia, era necesario consultar a ambas municipalidades. • La consulta se enfocaba en el cambio de uso de suelo, según el decreto 44448, y el otorgamiento de la viabilidad ambiental para el mega proyecto. •Autoridad Competente • El Polo Turístico Golfo de Nombre169752 es una zona de desarrollo turístico administrada bajo una ley especial y un régimen público. • En el marco de este régimen, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) tiene competencias sobre asuntos de impacto ambiental. Posible Negativa de la Municipalidad • La Municipalidad de Liberia se ha negado a intervenir argumentando que estos temas superan sus competencias y corresponden al MINAE, según su interpretación del Código Municipal y la Constitución Política. MUNICIPALIDAD DE CARRILLO. El recurso de amparo alega violaciones constitucionales y legales por el otorgamiento de viabilidad ambiental al megaproyecto turístico Bahía Papagayo, incluyendo la negación de audiencia pública a los vecinos, la no valoración de impactos ambientales en bosques y manglares, la falta de cumplimiento de requisitos de la Ley Forestal y la ambigüedad del Decreto Ejecutivo 44448. LA MUNICIPALIDAD DE CARRILLO RESPONDIÓ QUE ATENDERÁ LAS ÓRDENES JUDICIALES SI SE DETERMINA QUE SU CANTÓN SE VE AFECTADO POR EL PROYECTO. Fundamentos del recurso de amparo • Violación al principio de igualdad y participación ciudadana: Se argumenta que la negativa de la SETENA a convocar a los vecinos a una audiencia pública, basándose en que no pertenecían a una comunidad indígena, viola la igualdad de oportunidades y el derecho a la participación ciudadana, que la jurisprudencia constitucional costarricense extiende a toda la ciudadanía. • Vulneración al principio de legalidad y debido proceso: Se sostiene que la SETENA otorgó la viabilidad ambiental sin cumplir las etapas procedimentales obligatorias, incluyendo la audiencia pública, y que en su lugar se usaron encuestas a personas no informadas, lo que vulnera el debido proceso y los artículos 28, 29 y 30 de la Constitución. • Afectación al derecho a un ambiente sano: Se denuncia la falta de evaluación adecuada de los impactos en bosques, humedales y manglares del área, poniendo en riesgo el patrimonio natural del Estado. • Incumplimiento normativo: Se señala que no se respetaron las disposiciones de la Ley No. 6758 sobre límites de densidad y construcción, además de la ambigüedad del Decreto Ejecutivo No. 44448, que carece de un mapeo preciso del área, dejando desprotegidas áreas de conservación. • Irregularidades en el proceso de licenciamiento: Se cuestiona el informe forestal elaborado por la propia empresa desarrolladora y la omisión de valoración de ecosistemas como humedales y bosques en el área. Posición de la Municipalidad de Carrillo • La Municipalidad se declara dispuesta a acatar las órdenes del Tribunal si se determina alguna anomalía constructiva en su cantón. Pretensiones del recurrente • Solicita la suspensión de la viabilidad ambiental otorgada al proyecto. • Pide ordenar a la SETENA retrotraer el procedimiento de aprobación, corregir las irregularidades y ajustar el proyecto a la Ley No. 6758 y el Decreto No. 44448.• Exige la convocatoria a una audiencia pública con los vecinos, comunidades cercanas, organizaciones ambientales y público en general. RESPUESTA: La Municipalidad de Liberia participa en el Proyecto Turístico Papagayo, situado en la frontera con el cantón de Carrillo, pero la autoridad principal para el cambio de uso de suelo y la viabilidad ambiental del proyecto recae en entidades estatales como el MINAE, que administra la zona bajo un régimen especial. La Municipalidad de Liberia argumenta que estos temas exceden sus competencias, mientras que la Municipalidad de Carrillo se ha comprometido a acatar las decisiones judiciales si se determina que su cantón se ve afectado, incluso después de que una asociación interpusiera un recurso de amparo contra la viabilidad ambiental del proyecto. Jurisdicción Compartida en el Proyecto Nombre169752 • El Proyecto Turístico Nombre169752 se distribuye entre los cantones de Carrillo y Liberia, extendiéndose sobre el distrito de Nacascolo de Liberia, donde se encuentra el Hotel Four Seasons, y sobre el distrito de Sardinal en el cantón de Carrillo. Proceso de Consulta y Autoridad Competente • Debido a la extensión del proyecto en ambos cantones, fue necesario consultar a ambas municipalidades para el cambio de uso de suelo y la viabilidad ambiental. • Sin embargo, la entidad principal responsable es el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), que gestiona el Polo Turístico Golfo de Nombre169752 (ICT) bajo un régimen especial y una ley que le otorga competencias en asuntos ambientales. Argumentos de las Municipalidades • Municipalidad de Liberia: • Afirma que la decisión sobre la viabilidad ambiental y el uso del suelo es competencia exclusiva del MINAE, según el Código Municipal y la Constitución Política. • Municipalidad de Carrillo: Aunque consultada, se muestra dispuesta a acatar las órdenes judiciales si se comprueba que su cantón se ve afectado por el proyecto. Incidencia del Recurso de Amparo • El recurso de amparo argumenta violaciones a la igualdad, participación ciudadana, legalidad y derecho a un ambiente sano, debido principio, reserva de ley, principio de legalidad. El análisis de este recurso de amparo implica identificar que se están reclamando violaciones a derechos fundamentales como la igualdad, la participación ciudadana, el derecho a un medio ambiente sano y el derecho a un debido proceso. Además, se aduce el incumplimiento de principios legales clave, como el principio de legalidad (la administración debe actuar conforme a la ley) y el principio de reserva de ley (ciertos asuntos solo pueden ser regulados por ley formal). El tribunal deberá determinar si las acciones u omisiones que motivaron el amparo efectivamente vulneraron estos derechos y principios. Análisis por componente: 1. Violación a la Igualdad: Se argumentaría que una acción u omisión de una autoridad pública afectó de manera desigual a los ciudadanos, tratándolos de forma injustificada o discriminatoria. 2. Violación a la Participación Ciudadana: Se podría alegar que no se permitió a los ciudadanos participar adecuadamente en la toma de decisiones públicas, o que sus voces no fueron consideradas en un proceso que les afecta. 3. Violación al Derecho a un Ambiente Sano: Se reclamaría que la administración pública ha permitido o ha sido parte de un daño al medio ambiente, afectando el derecho de las personas a disfrutar de un entorno saludable. • Se cuestiona la falta de audiencia pública, la evaluación deficiente de impactos ambientales en bosques y manglares, el incumplimiento de la Ley Forestal y la Ley 6758, y la ambigüedad del Decreto Ejecutivo 44448. • Las pretensiones incluyen la suspensión de la viabilidad, el retrotraimiento (sic) del proceso y la celebración de una audiencia pública. RESPUESTA: La Municipalidad de Liberia sí comparte jurisdicción en el Proyecto Turístico Papagayo, específicamente en el distrito de Nacascolo, pero la autoridad principal para la viabilidad ambiental y el cambio de uso de suelo recae en el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), debido al régimen especial que rige el Polo Turístico Golfo de Papagayo. La Municipalidad de Liberia se ha abstenido de intervenir, argumentando que estas materias exceden sus competencias, mientras que la Municipalidad de Carrillo ha expresado su disposición a acatar decisiones judiciales si se determina que su cantón se ve afectado por el proyecto. 1. Jurisdicción Compartida• El Proyecto Turístico Nombre169752 abarca territorio de los cantones de Carrillo y Liberia, con la parte ubicada en Liberia correspondiente al distrito de Nacascolo, donde se encuentra el Hotel Four Seasons. 2. Autoridad Competente • A pesar de la jurisdicción compartida, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) es la entidad estatal con autoridad principal sobre el Polo Turístico Golfo de Papagayo, que opera bajo una ley y régimen especiales. • 3. Posición de las Municipalidades • Municipalidad de Liberia: Sostiene que las decisiones sobre uso de suelo y viabilidad ambiental corresponden al MINAE y no a su competencia, de acuerdo con el Código Municipal y la Constitución. • Municipalidad de Carrillo: Se ha mostrado dispuesta a acatar las órdenes judiciales si se determina que el proyecto causa alguna afectación en su cantón. 4. Proceso de Consulta y Amparo • Debido a la naturaleza transfronteriza del proyecto, ambas municipalidades no fueron consultadas para el cambio de uso de suelo (decreto 44448) y la viabilidad ambiental. Dado que NO consta en el expediente información alguna aportada por la Municipalidad de Liberia y Carrillo, referente de solicitud de criterio técnico, ya que no la aportaron cuando dieron la repuesta al Recurso de Amparo 25 25228 007 CO. • El recurso de amparo alega que la SETENA (entidad encargada de la viabilidad ambiental) violó derechos constitucionales y legales al no realizar una audiencia pública ni participación continua ambientales a los ciudadanos para el proyecto, incumplir normativas y no valorar adecuadamente los impactos ambientales en bosques y manglares. 5. Pretensiones del Recurrente • El recurrente solicita la suspensión de la viabilidad ambiental del proyecto, falta del debido proceso y por transgredir el principio de legalidad. • Pide que se retrotraiga el proceso de aprobación de uso de suelo y se ajusten las irregularidades bajo el decreto 44448 una vez que se le hagan correcciones por ser ambiguo. Además, que se ajuste a la Ley No. 6758 y decreto el otorgamiento de la vialidad ambiental en el Proyecto Papagayo. • Exige la celebración de una audiencia pública con la participación de los ciudadanos, se permite la participación continua ambientales a los ciudadanos, grupos organizados ambientalistas, otros interesados”. 25.- Por escrito incorporado al expediente digital el 24 de setiembre de 2025

25.- Informa Andrés Cortez Orozco, en su condición de secretario general de la Secretaría Técnica Ambiental. Expone: “II. Generalidades del Proyecto. PRIMERO: El día 7 de abril del 2021, es recibido en esta Secretaría el Documento de Evaluación Ambiental Inicial del Proyecto: Proyecto Bahía Papagayo, presentado por la ENJOY HOTELS & RESORTS S.A., con cédula jurídica Nº CED129995, representada por el señor Andrés Pacheco Albónico, con cédula de identidad CED129994- , expediente D1- 0170-2021-SETENA, bajo el instrumento de Declaración Jurada de Compromisos Ambientales (DJCA). SEGUNDO: El día 6 de mayo del 2021, se notifica la Resolución N° 0677-2021- SETENA, del 5 de mayo del 2021, donde se indica que, a efectos de continuar con el proceso de evaluación ambiental, se le solicita al desarrollador, en el plazo de un año, contados a partir de la notificación de la presente resolución, la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (original, tres copias y una copia digital) y los términos de referencia para el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). Esto debido a que, con respecto a los criterios de ponderación, la calificación final de la SIA estableció un valor de 117 puntos, por lo que según establecía el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de la SETENA, según la ruta de decisión, la actividad requería de la presentación de una Declaración Jurada de Compromisos Ambientales como instrumento de evaluación ambiental. Sin embargo, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo Nº 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, este proyecto se clasifica con un Impacto Ambiental Potencial (IAP) de Categoría A, clasificada como CIIU 5510, y considerando que: Debido a la naturaleza del proyecto, a la magnitud del volumen de tierra que debe ser removido, la necesaria protección de la flora y fauna del AP, por la extensión del área de construcción, por los servicios públicos presentes en el área y su posible afectación, porque debe ser tomado en cuenta el componente social, por el tamaño del área del proyecto y de las áreas de influencia es que debe ser analizado el desarrollo del proyecto por un instrumento que brinde un diagnóstico intensivo e integral que conlleve al cumplimiento de las características de un desarrollo sostenible, de manera que desde la SETENA, se exigió el instrumento de Evaluación más riguroso . TERCERO: Que de las características del proyecto presentado son: Número del expediente: 1263-2021-SETENA -2021-SETENA Nombre del expediente: Proyecto Bahía Nombre169752 Ubicación: Provincia: Guanacaste Cantón: Carrillo Distrito: Sardinal Nº De Plano Catastrado: G-1155786-2007, G-1155787-2007, G1186670-2007 y G- 1274126-2008 Número de Finca: 2172-Z—000, 2169-Z—000, 2168-Z—000 y 2174- Z--000 Medida finca según plano (m2): 204165,91; 124827,92; 436563,63; 309064,25 Área del proyecto según diseño: 1,176,420.79 m2 Clasificación CIIU y Categoría Proyecto: 5510 y A Puntaje de SIA:117 Desarrollador del Proyecto: Nombre de la empresa: ENJOY HOTELS & RESORTS S.A. Cédula jurídica número: CED129995-  Representada por: Andrés Pacheco Albónico, cédula de identidad: CED129994 El proyecto sería ejecutado de conformidad con la normativa especial que establece la ley 6758 del 04/06/1982 que Regula la Ejecución del Proyecto Turístico de Papagayo. Descripción del Proyecto: De conformidad con las descripciones aportad por el desarrollado la misma realizaría las siguientes obras: El proyecto Bahía Nombre169752 consiste en un complejo turístico habitacional, propiciando el desarrollo de residencias y hoteles con acceso a todos los servicios básicos y recreacionales mediante la comercialización de unidades habitacionales, lotes residenciales, componentes hoteleros y de condhotel, uso mixto residencial – comercial y oficinas. El componente Hotelero y de Condhotel se desarrollarán con una capacidad para alojar más de 240 huéspedes que podrá contar con habitaciones equipadas con cocina, baño privado y terraza, así como el lobby del hotel, piscinas, spa, gimnasio, restaurantes, bar, baños y vestidores, tiendas, salón de eventos, centro de bienestar, salas de ventas, oficinas administrativas, taller, cocina y lavandería, alojamiento para empleados, y toda la infraestructura vial necesaria para el acceso y circulación a las instalaciones, parqueos, aceras, senderos y planta de tratamiento. El proyecto, también constará de unidades habitacionales con parqueo para uno o dos automóviles, y áreas comunes conformadas por pasillos, azoteas, áreas verdes y juegos infantiles, rancho con piscinas, canchas y salones multiusos, gimnasio, lobby de acceso, así como la infraestructura vial para el acceso y circulación a las instalaciones, parqueos de visitas y aceras. Por su parte los Lotes Residenciales serán zonas para el desarrollo futuro de residencias que podrán contar con patio, cocheras para varios vehículos, piscina, terrazas y azoteas. El proyecto proveerá de acceso vehiculares y peatonales, así como la infraestructura de los servicios básicos para los futuros residentes, además de zonas verdes, juegos infantiles y senderos. Por su parte la Casa Club de los lotes residenciales o unidades habitacionales contarán con un área administrativa, salón de eventos, restaurante, baños, área social, sala de juegos, piscina, gimnasio, canchas de tenis y canchas multiuso. También cuenta con zonas verdes en las cuales se ofrecen “ranchos” con electricidad, senderos para caminatas, además de juegos infantiles y parqueos para automóviles. Se establecerá un Country Club que contará con salones de eventos, área administrativa, restaurante, baños, área social, sala de juegos, piscina, gimnasio ambos con duchas y vestidores, además de jacuzzi y saunas. También cuenta con zonas verdes en las cuales se ofrecen canchas de tenis, canchas multiuso, canchas de futbol 5, minigolf, “ranchos” con electricidad, senderos para caminatas y bicicletas, además de juegos infantiles y la infraestructura vial para el acceso y circulación a las instalaciones, parqueos de visitas y aceras. El desarrollo del área comercial y oficinas será una zona para la construcción de locales comerciales, así como oficinas para su posterior venta o alquiler. Los espacios de oficinas contaran con áreas de co-working con salas de reuniones, cafeterías, bibliotecas y salones de lectura. El área comercial podrá contar con Supermercados, mini-markets, kioscos comerciales, farmacia y clínica médica, restaurantes, cine al aire libre, mercado o plaza ferial, que sería un área destinada para impulsar el comercio y emprendedurismo, con venta de productos de la zona y huerta con mercado verde. El uso mixto será un sitio para el desarrollo de distintas actividades sociales y culturales por los residentes del sitio y zonas aledañas, como centros de investigación, museo, escuela, guardería, capilla, redondel, plaza de deportes y centros de reunión. Dentro de los otros componentes y amenidades que serán parte del proyecto están: áreas de campamentos, senderos naturales para caminatas y senderos para bicicletas, miradores y paradas naturales para observación y decks de meditación, parques abiertos ecológicos con estaciones de picnic, lagos, áreas de reserva y conservación, bosque de pájaros con árboles frutales, puentes colgantes, parqueos y estacionamiento público, avenida principal con calles arboladas además de aceras peatonales y puentes sobre las quebradas para comunicar internamente el proyecto. El proyecto tendrá luces LED, se diseñarán las edificaciones para brindar y maximizar el uso de la luz natural, pero evitar la ganancia de calor solar. Se utilizará sistemas de aire acondicionado de alta eficiencia que mejoran la calidad del aire interior, tienen mayor eficiencia energética. Se contará con un plan de gestión de aguas pluviales que se implementará durante la construcción reducirá la contaminación al controlar la erosión del suelo, la sedimentación de los cursos de agua. Las plantas de tratamiento y las aguas grises se utilizarán para el riego con el fin de mitigar el uso de agua potable para el riego. Todas las áreas sociales y comunes tienen accesibilidad de acuerdo con lo estipulado en la Ley 7600. CUARTO: El día 14 de julio de 2021, esta Secretaría realiza inspección de campo al área del proyecto en compañía de representantes de la empresa consultora y desarrolladora. De las observaciones del Acta de Inspección DEA-ACT INS-017- 2021 se obtiene que: • Topografía entre plana y suave cerca de las quebrada y fuerte y muy fuerte en el resto de las propiedades, no hay taludes en el AP. • Taludes en el AP: La pendiente es hacia las quebradas, se debe proveer manejo de aguas pluviales con base al movimiento de tierras. • Escorrentía superficial fluye hasta las quebradas y luego al manglar. • No hay evidencia de deslizamientos. • Posibles cuerpos de agua superficial al momento de la visita se encuentran en época transición con quebradas sin flujo, registradas en el SNIT-SINIGIRH. Quebrada Pto29 estero Rocha 319951-1171787 y sardina con descarga hacia manglar. Quebrada Pto.33 Quebrada Estero Panamá 318547-1170615 posible obra en cauce, Pozos del AyA. • No hay evidencia de inundaciones en el AP ni en las colindancias. • Cobertura observada es vegetación riparia, charral-Tacotal, Cobertura Forestal. • No hay características indicadoras de Humedal. • Fauna observada aves, mamíferos y reptiles. • Componente social es zona rural, con infraestructura social, accesos de asfalto y lastre públicos y privados. Tránsito moderado con señalización vial. • Colindancias inmediatas al AP sector norte: Privado y calle pública, Sur: Reserva Forestal, Este: uso agropecuario-Forestal, Oeste: Forestal. • No ha iniciado obras y se observan arboles enumerados en inventario forestal. Se incluye el Registro Fotográfico de la visita. QUINTO: Que del análisis de la Georreferenciación que realizara la Unidad de Geografía del Departamento de Evaluación Ambiental se extrae lo siguiente: • Cobertura SNIT y FONAFIFO, presente dentro del AP: o FONAFIFO 2005 ▪ 5-1155786-2007: Forestal y No Forestal. ▪ 5-1155787-2007: Forestal y No Forestal. ▪ 5-1186670-2007: Forestal, No Forestal, Bosque Sec. ▪ 5-1274126-2008: Forestal, No Forestal, Plant. Forest. o FONAFIFO 2013 ▪ 5-1155786-2007: Bosque Deciduo, Bosque Secundario, No Forestal. ▪ 5-1155787-2007: Bosque Deciduo, Bosque Maduro, Bosque Secundario, No Forestal. ▪ 5-1186670-2007: Bosque Deciduo, Bosque Maduro, Bosque Secundario, No Forestal, Pastos. ▪ 5-1274126-2008: Bosque Deciduo, Bosque Maduro, Bosque Secundario, No Forestal. • Características del terreno (relieve): o Plano 5-1186670-2007 Planos: pendientes de 0-2% Escarpados: pendientes +60% Clase VII: manejo de bosque. o Plano 5-1155787-2007 Planos: pendientes de 0-2% Escarpados: pendientes +60% Clase II: agropecuarios con limitaciones leves Clase VII: manejo de bosque. o Plano 5-11274126-2008 Planos: pendientes de 0-2% Escarpados: pendientes +60% Clase II: agropecuarios con limitaciones leves Clase VII: manejo de bosque. o Plano 5- 1155786-2007 Planos: pendientes de 0-2% Escarpados: pendientes +60% Clase VII: manejo de bosque. • Cercanía a fallas geológicas (indicar distancia): Las fallas más cercanas a las propiedades se localizan aproximadamente: - una a 3 km al Este - una a 2,3 km al Sureste - una a 3,9 km al Sur. • El proyecto se encuentra afectado por alguna naciente o pozo, o por su radio de protección: Según la base de datos de la Dirección de Aguas en su visor del SINIGIRH, las siguientes propiedades se encuentran afectadas por pozos y sus respectivos radios de protección: o Plano 11-86670-2007: dentro de dicha propiedad se localizan dos pozos administrados por acueducto rural. o Plano 5-1274126-2008: dentro de dicha propiedad se localizan dos pozos administrados por acueducto rural. Se modificó del diseño en función de los radios de protección. Es importante aclarar que en las colindancias a esta propiedad la base de datos de la Dirección de Aguas tiene identificados otros pozos, no obstante, ninguno de ellos ni sus respectivos radios de protección afectan a la misma. • Existen cuerpos de agua dentro o en un radio de 50 metros alrededor del área en donde se desarrollará el proyecto: o Plano 5-1186670-2007: esta propiedad es atravesada por la Quebrada Grande, la Quebrada Sardina y por otra quebrada intermitente sin nombre. o Plano 5-1155787-2007: esta propiedad es atravesada por una quebrada intermitente sin nombre. Plano 5-1274126-2008: esta propiedad es atravesada por una quebrada intermitente sin nombre. • ¿El proyecto se desarrollará sobre un acuífero? (cuál): Acuífero Coco-Panamá- Playa Hermosa. • ¿El proyecto se desarrollará en una zona con vulnerabilidad acuífera (SENARA)?: No se cuenta con datos de vulnerabilidad para este sector. • ¿El sector donde se desarrollará el proyecto presenta datos de recarga (SENARA)?: No se cuenta con datos de recarga para este sector. • ¿El proyecto se desarrollará dentro de un corredor biológico?: Corredor Biológico Chorotega (ACT). • ¿El proyecto se desarrollará en un área con humedales?: Se aclara que las propiedades no se localizan dentro de ningún humedal, no obstante, según la capa del Inventario Nacional de Humedales (SINAC), existen humedales cercanos a sus colindancias, tales como: - Humedal: Manglar Panamá 1, tipo estuarino, clase manglar; ubicado aproximadamente a 241 m al Oeste de la propiedad con plano 5-1186670-2007. - Humedal: Manglar Panamá 2, tipo estuarino, clase manglar; ubicado aproximadamente a 113 m al Noroeste de la propiedad con plano 5-1155787-2007. - Humedal: Manglar Panamá 2, tipo estuarino, clase manglar; ubicado sobre la colindancia Norte de la propiedad con plano 5- 1274126-2008. • ¿El proyecto se desarrollará dentro de la Zona Marítimo Terrestre?: No aplica porque todas las propiedades donde se pretende desarrollar el proyecto se localizan dentro del Polo Turístico Golfo de Papagayo, administrado por el ICT, regido por la Ley 6758 y la Ley 6370, donde se regula el desarrollo específico para esta zona. SEXTO: Que como parte de la Información para mejor resolver se presentan, por parte del Desarrollador: 1) 2) 3) 1. 4) 5) 6) Declaración de conveniencia nacional, el desarrollo y ejecución del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, según Decreto Ejecutivo Nº 33132- MP-T. Oficio N° 06458-2020-DHR (Defensoría de los Habitantes), el cual indica que en el sitio no existe un humedal y lo que existe es una saturación del suelo por el agua que queda acumulada en el sitio. Oficio PGP-575-2020 del ICT, el cual señala que hay alcantarillas obstruidas que han provocado la acumulación de agua pluvial, y por ende se deben hacer obras para un mejoramiento de desagüe de las aguas. Es decir, que NO hay presencia de humedal. De los puntos 2 y 3, concuerdan con el Análisis SIG de esta Secretaría. Documentos de recibido de los Certificados de Origen presentados ante el SINAC-MINAE. Documentos de recibido de los Inventarios Forestales presentados ante el SINAC-MINAE. Documentos de recibido entregados al SINAC-MINAE aclarando que según el análisis espacial y de campo, no hay existencia de bosque en el sitio analizado. Acerca de este último punto en referencia a los expedientes TE-TE01-IF-00137- 2021 plano G-1274126-2008, TE-TE01-IF-00138-2021 plano G-1186670-2007, TE- TE01-IF-00165- 2021 plano G-1155787-2007, TE-TE01-IF-00136-2021 plano G-1155786-2007, se Indica que se han llevado a cabo censo y un estudio detallado técnico, con amplia base estadística que da un nivel de confianza del 100%, obteniendo como conclusión general que las propiedades la cobertura vegetal presente no clasifica como bosque, según los tres criterios establecidos por reglamento de la Ley Forestal 7575 y el Decreto N° 25721. Así mismo, dicha propiedad donde se solicita los permisos está localizada dentro del área del Polo de Desarrollo Turístico Golfo Nombre169752 impulsado por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), en el cual según el uso del suelo del área de conformidad con el "Plan Maestro General del Proyecto Polo Turístico Golfo Papagayo” para la empresa concesionaria hace constar que el “uso del suelo permitido y vigente es área hotelera y área de protección flora y fauna - uso de suelo complementario: residencial, condohotel, comercial y parque público” según los oficios PGP-292- 2019, PGP-293-2019, PGP-294-2019 y PGP-295- 2019, PGP-301-2019 y PGP-296-2019 (ITC 2019). Finalmente, es necesario indicar que el “Polo Turístico Golfo Papagayo" bajo administración del Instituto Costarricense de Turismo ubicado en los cantones de Liberia y Carrillo en la Provincia de Guanacaste donde se solicita dicho permiso está declarado como de Conveniencia Nacional, según el decreto N° 33132 de la Presidencia de la República, Ministerio de la Presidencia y Ministro del Turismo desde el año 2005. 7) Se conoce también lo indicado en la Constancia PGP-292-2019, del 5 de abril de 2019, que reza: “La concesionaria deberá de cumplir con las normas técnicas y directrices establecidas por el Plan Maestro General del Proyecto como son: una densidad máxima de veinte habitaciones por hectárea, una cobertura de superficie máxima de un 30%; un altura máxima de edificaciones de 14 metros del nivel del terreno natural, construir una planta de tratamiento de aguas residuales, evitando los vertidos al mar, esteros y quebradas; además el pago de obligaciones y todos los permisos a que obligan las leyes del país”. Es importante aclarar que la Resolución de Viabilidad Ambiental indica que se deberá tramitar previamente el permiso en la Oficina subregional local del MINAE/SINAC (art. 27 de la Ley Forestal), además se previene que debe respetar la Áreas de Protección (art. 33 y 34 Ley Forestal), debiendo incluir en el desarrollo del proyecto buenas prácticas encaminadas a favorecer el equilibrio óptimo de los recursos naturales y el aprovechamiento sostenible del bosque según sea la categoría que manejo, tomando en cuenta el caso de los componentes del proyecto que se localice en un espacio con cobertura boscosa, según lo establecido en el Plan Maestro Ley N° 6758 del 6 de mayo de 1982, Ley Reguladora del Desarrollo y Ejecución del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo. SETIMO (sic): SOBRE LOS ALEGATOS EN CONCRETO: Primer Alegato: “Expone, en primer término, que la SETENA se negó a convocar a los vecinos de Playa Panamá a una audiencia pública bajo el argumente de que no pertenecían a una comunidad indígena, lo que lesiona el principio y de igualdad y una violación del artículo 33 constitucional. Señala que todos los habitantes de la zona, sean indígenas o no, tienen derecho a ser informados y a participar en las decisiones que afectan su entorno. Subraya que la jurisprudencia constitucional costarricense ha reconocido que el derecho a la consulta previa en proyectos de infraestructura se extiende a toda la ciudadanía, y que limitarlo por razones étnicas es abiertamente inconstitucional. En segundo lugar, sostiene que la viabilidad ambiental fue otorgada sin observar el principio de legalidad. Denuncia que no se cumplieron las etapas procedimentales obligatorias, particularmente la participación ciudadana mediante audiencia pública, y que en su lugar se recurrió a encuestas aplicadas a personas que desconocían los alcances del proyecto. A su entender, ello vulnera los artículos 28, 29 y 30 constitucionales y priva a la comunidad del derecho a una participación informada. Afirma, además, que la omisión de la audiencia pública constituye una violación del debido proceso protegido por el artículo 39, en cuanto impidió a los vecinos ser oídos en una decisión administrativa de gran trascendencia.” Respuesta: De acuerdo al análisis Geoespacial de esta Secretaría, al momento del análisis del expediente, se indicó que el proyecto no se desarrolla dentro de una reserva indígena. De igual manera el proceso de Evaluación Ambiental no discrimina la audiencia según la etnia como lo señala el recurrente, cualquier ciudadano que haga una solicitud de una audiencia pública para personas de comunidad indígena o no, debe ser analizada por esta Secretaría. Además, es importante indicar que de conformidad con el artículo 55 del decreto ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, vigente al momento de aprobar el proyecto en referencia, los medios de participación eran: Artículo 55.-Sobre los mecanismos para ser escuchados. De conformidad con el artículo 22 de la Ley Orgánica del Ambiente toda persona física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a ser escuchada por la SETENA, en cualquier etapa del proceso de evaluación y en la fase operativa de las actividades, obras o proyectos. Sus observaciones serán incluidas en el expediente y valoradas en el informe final. 1. Los mecanismos que se establecen en el presente reglamento para recibir o conocer dichas observaciones son los siguientes: 1.1. Los escritos que se presenten en las oficinas de la SETENA. 1.2. Las audiencias privadas con la Comisión Plenaria de la SETENA y con cualquiera de sus departamentos técnicos. 1.3. Las Audiencias Públicas. 2. Las audiencias deberán solicitarse por escrito a la SETENA, señalando dirección postal o número telefónico o de fax, donde se le comunicará la respuesta, incluyendo la hora y el día, en que serán atendidos. Las audiencias se fijarán, de la siguiente manera: 2.1. Dentro del plazo de quince días naturales después de haberse solicitado, en caso de audiencia privada. 2.2. Dentro de los tres meses siguientes, en caso de audiencia pública. En particular, sobre el requerimiento de realizar una Audiencia Pública, se señala lo indicado en el artículo 56 del Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC: “Artículo 56.-Requerimiento de una audiencia. Conforme el artículo 95 de la Ley de Biodiversidad, cuando alguna persona física o jurídica solicite a la SETENA se lleve a cabo audiencia pública de información y análisis para el caso de una determinada actividad, obra o proyecto, la Comisión Plenaria de la SETENA en virtud de la magnitud del potencial impacto ambiental, determinará, previa valoración técnica de las situaciones implicadas en el desarrollo de la misma, la necesidad o no de celebrarla. En caso de decidir no celebrar la audiencia pública solicitada, dicha comisión deberá determinar el mecanismo mediante el cual recibirá las observaciones.”. En vista de lo anterior, se indica que durante el proceso de evaluación no se recibió ningún apersonamiento u oposición al proyecto previo al otorgamiento de la viabilidad ambiental y tampoco una solicitud para realizar alguna audiencia pública por parte de un tercero, de acuerdo con la normativa establecida, la audiencia pública es un mecanismo más de participación ciudadana, pero no el único medio para lograr ese fin, ni es obligatorio para todos los proyectos tipo A como se afirma. La participación ciudadana dentro de un EsIA se lleva a cabo por medio de instrumentos de percepción local debidamente regulados y la participación se puede llevar a cabo durante todo el proceso de Evaluación Ambiental desde antes de su aprobación y en la etapa de seguimiento ambiental de manera que es un proceso dinámico y continuo. Por todo lo anterior el mecanismo de participación ciudadana que fue aplicado en el proceso de evaluación ambiental fue el estudio de percepción local, el cual se realizó con base en la normativa establecida en el decreto 32966-MINAE. "Manual de EIA IV Anexo 1 Guía general para la elaboración de instrumentos de Evaluación de Impacto Ambiental (Guía de EIA), apartado 9 llamado. DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE SOCIOECONÓMICO, apartado 9.7 Percepción local sobre el Proyecto y sus posibles impactos, (Estudio cualitativo), el cual dice: “Indicar cuál es la percepción, posición, actitudes y preocupaciones de los habitantes del área de influencia social sobre la ejecución del proyecto, obra o actividad, las transformaciones generadas a partir de éste, así como la percepción de potenciales impactos ambientales que podría generar dicha ejecución. Además, identificar las necesidades de información que tiene la población sobre el proyecto, obra o actividad. Identificar y caracterizar los posibles conflictos sociales que se puedan derivar de la ejecución”. Estudio cuantitativo: Realizado mediante una encuesta de percepción local sobre el proyecto, que deberá aplicarse en el AID y el AII definida a una muestra representativa de su población, con un nivel de confianza del 90%. Se aplicará esta encuesta en los proyectos cuya ÁREA DE INFLUENCIA contiene poblaciones consideradas como de zona urbana, rural en transición a urbana o bien urbana periférica. Los principales impactos determinados en la encuesta deberán ser analizados en la evaluación de impactos y establecer medidas de mitigación y/o compensación para los mismos” El estudio de percepción cuantitativo está visible en el folio 111 del expediente del Proyecto, cumplió técnica y legalmente y en resumen se realizó de la siguiente forma: • Se realizó un estudio cuantitativo, mediante una encuesta de percepción local en el AID y AII, definiendo una muestra representativa a partir de los datos de la población total del cantón de Carrillo, según del Censo del 2011, ya que es el último Censo que el país realizó y por lo tanto la información oficial, la fórmula utilizada es la siguiente: • La muestra es al azar, población finita, con un margen de error de 0,05 y un intervalo de confianza del 90%. Asumiendo los pesos para las proporciones p y q (sea q = 1- p) en 0.5. y homogeneidad en la población. Como población, se toma el total de personas del cantón, por lo que el tamaño de la muestra es de 67 personas. • Efectivamente, entre los resultados más importantes del estudio de percepción se tuvo que un 88 % de la población indicó no conocer el proyecto. Al consultarle al 12% que sí conocía con anterioridad sobre el proyecto, respecto del medio por el cual se enteraron, indicaron que principalmente fue a través de amigos o familiares (63%). En segundo lugar, señalaron que se enteraron del mismo por medio de la televisión, radio o redes sociales (25%) y en tercer lugar mediante compañeros de construcción (12%). • Al consultarle a la población acerca de su posición ante el proyecto el 94% se manifestó a favor del proyecto, 6% mencionó que el proyecto les era indiferente y ninguna persona se manifestó en contra. Lo cual no parece indicar un alto grado de conflictividad del proyecto. • Los anexos de este estudio incluyen el instrumento aplicado a la población y un afiche informativo que fue colocado en varios lugares de la comunidad de las áreas de influencia. En el expediente se encuentra el Afiche informativo para la difusión del proyecto anteriormente mencionado y un Registro fotográfico de algunos puntos utilizados para la difusión del proyecto, además de los resultados del análisis de la percepción local. Dicho expediente se encuentra visible para consulta pública a través del enlace: https://tramites.setena.go.cr/ConsultaPublica/ver_expediente?key=ZXhwZWRpZW50ZV9 maWxlOjoxMjUxNzYxNjU2NmUwN2IxOTQ0Y2U5NzA5NjA4OTA0Mw== • Una vez analizado este Estudio de percepción en la comunidad, la SETENA mediante resolución 1263-2021-SETENA, solicita un anexo único con información adicional, específicamente sobre el apartado del EsIA llamado DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE SOCIOECONÓMICO se solicitó lo siguiente: Punto 14: “Servicios básicos disponibles: En las páginas 76 y 77 del EsIA presentado, se realizan una serie de observaciones en cuanto a la inquietud de las localidades vecinas; en lo que se refiere al abastecimiento del agua potable; en el texto además se indican una serie de recomendaciones al tema del agua potable y a la preocupación de todo lo relacionado con este servicio. Por tanto, se deberán de incluir las respectivas medidas a implementar, como respuesta a las inquietudes de los vecinos del área de influencia del proyecto (comunidades aledañas al proyecto)” Punto 20: “Para el apartado de la Percepción de la población se indica que existe un desconocimiento del proyecto es del 88%; por lo cual se refleja las necesidades de la falta de información en relación al proyecto; por tal razón deberá de realizarse los procedimientos adecuados de difusión social; a partir de los cuales se logre identificar y caracterizar los posibles conflictos sociales que puedan derivarse de la ejecución del proyecto. Por tanto, se deberán de aportarse las medidas ambientales para mitigar la percepción del (desconocimiento del proyecto). Tal como lo establece el DE-32966-MINAE. Adicionalmente se debe de considerar los potenciales impactos que puede generar el proyecto, obra o actividad sobre los servicios básicos disponibles, Establecer recomendaciones, medidas de mitigación y/o compensación para los mismos, los cuales deben ser incorporados en el Cuadro PGA. Tal como lo establece el DE-32966-MINAE” Como respuesta a esta resolución, el desarrollador adjuntó un oficio firmado por la profesional en ciencias sociales responsable de la realización del apartado del EsIA llamado DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE SOCIOECONÓMICO, en la cual se declara que no existen potenciales impactos a los servicios y adquiere compromisos en torno la participación y divulgación de información del proyecto, este oficio indicó lo siguiente: “En relación con el proyecto “Bahía Papagayo”, respecto a los servicios básicos disponibles se indica en las páginas 76 y 77 del EsIA presentado: se realizan una serie de observaciones en cuanto a la inquietud de las localidades vecinas; en lo que se refiere al abastecimiento del agua potable; en el texto además se indican una serie de recomendaciones al tema del agua potable y a la preocupación de todo lo relacionado con este servicio. Por tanto, se deberán de incluir las respectivas medidas a implementar, como respuesta a las inquietudes de los vecinos del área de influencia del proyecto (comunidades aledañas al proyecto)”. Con relación a las inquietudes expresadas por las localidades vecina al proyecto, se debe de apuntar que en la mayoría de los proyectos desarrollados dentro del Guanacaste las poblaciones expresan la misma preocupación, aun cuando el desarrollo posea medios o abastecimientos adecuados por las distintas entidades encargadas de brindar el servicio. Con relación al desarrollo del proyecto “Bahía Papagayo” como se aportó en la entrega del estudio, según los oficios SIGDD-2019-00040487-1-1-1, SIGDD-2019-00040488-1-1-1, SIGDD-2019-00040489-1-1-1 y SIGDD-2019-00040509-1-1-1 extendidos por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA) consigna que “Si Hay Disponibilidad de Agua Potable al Frente de las Propiedades” que conforman el proyecto. De la misma forma, dentro del área del proyecto hay ya existe infraestructura instalada por la misma entidad. Sin embargo, entre las medidas a implementar para subsanar las inquietudes se la población y vinculado a un tema de información, se propone las siguientes medidas: • Se recurrirá a medios de comunicación locales de alcance masivo como radio, televisión • Publicaciones en páginas web y redes sociales. • Así como la realización de talleres participativas con actores claves de área de influencia y comunidad en general • Y mantener disponible la línea telefónica y correo electrónica durante el periodo de ejecución del proyecto como medio de información personal”. Con esta respuesta, es claro que el desarrollador adquirió el compromiso de ampliar los mecanismos de participación ciudadana, durante la etapa de gestión del proyecto, dicho compromiso quedó sujeto a la verificación y seguimiento por parte del Departamento de auditoría y seguimiento ambiental de la SETENA. Si bien es cierto en el Decreto No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, "Manual de EIA IV Anexo 1 Guía general para la elaboración de instrumentos de Evaluación de Impacto Ambiental (Guía de EIA), apartado 9 llamado. DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE SOCIOECONÓMICO, se señala otro mecanismo de participación llamado “Proceso participativo interactivo” que hubiese aportado mayores posibilidades de participación, este no fue realizado, ya que no se identificó un alto nivel de conflicto social en los grupos o comunidades del AID. Esto amparado en que no se recibieron notas de oposición o apersonamiento al proyecto, y la mayoría de la población consultada en el estudio de percepción dijo estar de acuerdo con el desarrollo del proyecto. Sobre esto la normativa citada dice: “Proceso participativo interactivo: El equipo consultor realizará un proceso participativo interactivo en los proyectos cuya ÁREA DE INFLUENCIA definida cuenta con población indígena o bien en proyectos que tengan probabilidad de generar un alto nivel de conflicto social en los grupos o comunidades del AID (el nivel de conflicto se puede prever ya sea por conocimiento histórico o manifestaciones directas). Para la ejecución de este proceso, el EQUIPO CONSULTOR deberá organizar un programa participativo de reuniones y actividades con miembros de las comunidades. Se les presentará el proyecto y se analizarán los alcances y las posibles afectaciones. Como parte de este proceso de interacción, el equipo incluirá en el análisis de impactos, los temas o puntos específicos que las comunidades consideren relevantes con relación al proyecto. El equipo consultor levantará un registro o memoria sistematización, de todas estas reuniones y actividades, mismo que se presentará como parte de la EIA”. Es cierto el alegato de que el estudio de percepción se aplicó sin realizar un proceso de difusión previo, sin embargo, la normativa no lo exigía así, por lo cual, como funcionarios públicos regidos por el principio de legalidad, no se podría haber exigido algo que no estaba normado. Sobre el alegato de la no realización de un análisis de riesgos o impactos sociales, esto si fue contemplado por el equipo consultor que realizó el EsIA, y puede ser consultado en las paginas (sic) 104 a 158, donde se identifican factores sociales que pueden ser impactados, la valoración de los impactos y las respectivas medidas de mitigación que el equipo consultor determinó. Por lo tanto, se tiene que: 1. No se valoró la posibilidad de realizar una audiencia pública, primero porque esta es facultativa de la SETENA, técnicamente durante el proceso de evaluación ambiental no se detectó un alto nivel de conflictividad social en torno al proyecto, y segundo, ya que no fue solicitada por ninguna de las partes interesadas en torno al proyecto. 2. El mecanismo de participación aplicado fue el Estudio de percepción social cuantitativo, este fue realizado cumpliendo con la normativa vigente. 3. No se consideró la realización de otros mecanismos de participación como el llamado “Proceso participativo interactivo” que hubiese aportado mayores posibilidades de participación, ya que no se identificó un alto nivel de conflicto social en los grupos o comunidades del AID. 4. Es cierto el alegato de que el estudio de percepción se aplicó sin realizar un proceso de difusión previo, sin embargo, la normativa no lo exigía así, por lo cual, como funcionarios públicos regidos por el principio de legalidad, no se podría haber exigido algo que no estaba normado. 5. La posibilidad de participación nunca ha estado limitada, la SETENA mantiene abiertos los canales de comunicación con el espíritu poder recibir y analizar argumentos de los grupos y comunidades que se han expresado a favor o en contra del proyecto, esto siempre está abierto desde el momento que se publica en un medio de circulación nacional la información del EsIA, como lo fue realizado para este caso en el periódico La Teja el día martes 8 de junio de 2021 y que consta además en el folio 146 del expediente del Proyecto (se adjunta imagen), sin embargo ningún actor manifestó ante la SETENA voluntad de recibir mayor información del proyecto u oponerse a este al momento del análisis del expediente. 6. Finalmente, es relevante recalcar que los canales de comunicación y participación social del proyecto, en cualquier etapa del proceso de la evaluación ambiental, están abiertos, incluyendo la etapa constructiva y operativa del mismo, lo cual implica que no existe actualmente una limitación en cuanto a la participación ciudadana, también el desarrollador adquirió compromisos ambientales para subsanar las inquietudes de la población y vinculado a un tema de información, los cuales son: • Recurrir a medios de comunicación locales de alcance masivo como radio, televisión. • Publicaciones en páginas web y redes sociales. • Realizar de talleres participativas con actores claves de área de influencia y comunidad en general. • Y mantener disponible la línea telefónica y correo electrónico durante el periodo de ejecución del proyecto como medio de información personal. Así mismo no es cierto que se haya solicitado la realización de una audiencia pública ni mucho menos que se haya rechazado por los motivos que alega el recurrente. Valga mencionar que ya este tema sobre la participación Ciudadana y la realización de una Audiencia Pública fue expuesto ante la el Tribunal Constitucional en el Exp: 25-012448- 0007-CO, y resuelto por resolución número Res. Nº 2025016284 de las nueve horas veinte minutos del treinta de mayo de dos mil veinticinco declarando Sin Lugar el mismo al estimar los señores magistrados lo siguiente: … Teniendo claro lo anterior, se determina que lo expuesto por el recurrente es una inconformidad con el mecanismo utilizado por el desarrollador del proyecto para el otorgamiento de la viabilidad ambiental y la decisión de SETENA de aprobar la misma. En ese sentido, véase que según se tiene por demostrado, la autoridad recurrida publicó en un medio de circulación nacional, la información del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Bahía Nombre169752 para lo que correspondiera, siendo que, no se recibió ningún apersonamiento u oposición al proyecto previo al otorgamiento de la viabilidad ambiental y tampoco una solicitud para realizar alguna audiencia pública por parte de un tercero, de acuerdo con la normativa establecida. Aunado a lo anterior, según se informa bajo juramento, la audiencia pública no es obligatoria para todos los proyectos clasificados tipo A, pues su realización depende de las solicitudes que reciban para tales efectos o bien por requerimiento técnico, supuestos que no acontecieron en el proyecto en cuestión, de ahí que, se utilizara como mecanismo de participación ciudadana aplicado en el proceso de evaluación ambiental, el estudio de percepción local el cual no requería difusión previa y cual, también se encontraba regulado como un procedimiento válido dentro de la normativa para tales efectos. Así las cosas y conforme con el precedente de cita, no le corresponde a este Tribunal determinar, tal y como lo pretende el recurrente, si en el caso particular debió realizarse algún tipo de consulta sobre el proyecto en cuestión, o bien, establecer cuál es el mecanismo que deben utilizar las autoridades recurridas, para garantizar de forma óptima la participación ciudadana, toda vez que, se trata de supuestos de legalidad ordinaria que deben ser planteados ante la autoridad recurrida o bien, ante la sede judicial competente y no ante esta sede constitucional. Ergo, lo procedente es declarar sin lugar el recurso, como en efecto se hace… Segundo y Tercer Alegato: “También, denuncia la afectación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, reconocido en el artículo 50 de la Constitución. Alega que no se evaluaron debidamente los impactos sobre los bosques, humedales y manglares del área, lo que pone en riesgo el patrimonio natural del Estado. Cuestiona que el informe forestal utilizado haya sido elaborado por la propia empresa desarrolladora, sin objetividad ni exhaustividad, y que no se incorporaran medidas de mitigación adecuadas. Considera que, al aprobarse en esas condiciones, el acto administrativo es nulo de pleno derecho, por estar viciado desde su origen. Refiere al incumplimiento de los requisitos de la Ley No. 6758, que establece límites claros de densidad (20 habitaciones por hectárea y un máximo del 30% de construcción). Según afirma, tales disposiciones no se respetaron en el diseño del proyecto.” “Asimismo, critica el Decreto Ejecutivo No. 44448 por su ambigüedad, ya que no contiene un mapeo preciso de las 1658 hectáreas involucradas, lo que genera inseguridad jurídica, deja desprotegido cerca del 70% de las áreas de conservación natural y dificulta la correcta aplicación de las normas. Añade que en el proceso de licenciamiento se omitió valorar la existencia de humedales, bosques y otros ecosistemas dentro del área, lo cual agrava las irregularidades”. Respuesta al Segundo y Tercer Alegato: Analizando lo indicado por el recurrente al momento del análisis de expediente se tomó en cuenta el análisis son Sistemas de Información Geográfica (SIG) realizado por esta Secretaría según la información de capas oficiales del SNIT (Sistema Nacional de Información Territorial), y considerando la Ley 6758. Ley Reguladora del Desarrollo y Ejecución del Proyecto Turístico de Papagayo, aunado a esto se cuenta con el oficio DAJ- MINAE-1591-2025 donde se concluye que: “Con base en lo anterior, el Proyecto Turístico Golfo de Nombre169752 se rige por un marco legal específico, de carácter excepcional que incluye la Ley Reguladora del Desarrollo y Ejecución del Proyecto Turístico de Papagayo, Ley No. 6758. Esta ley, junto con su reglamento y el Plan Maestro del proyecto, establece las normas para el desarrollo y ejecución de las obras en el área designada, sea en el área de la concesión. Además, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) ejerce el papel fundamental en la administración, regulación y supervisión del proyecto, entiéndase en toda el área madre del proyecto y para cada una de las concesiones que se encuentren dentro de los linderos del área de proyecto, así como en la gestión de un fondo especial para su financiamiento. En términos legales, esta norma especial y excepcional, se puede enmarcar en el Principio de Protección al amparo de una situación específica para el desarrollo y ejecución de las obras que establece la Ley No. 675, junto con su reglamento y el Plan Maestro.” Adicionalmente, este mismo oficio menciona “En otro aspecto, y como parte de la normativa que regula este Proyecto, de conformidad con el Decreto Ejecutivo No. 33132-MP-T, publicado en La Gaceta No. 97 del 22 de mayo del 2006, se cuenta con la Declaratoria de Conveniencia Nacional, para el desarrollo y ejecución del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, bajo administración del Instituto Costarricense de Turismo. Parte de los fundamentos de esta disposición del Poder Ejecutivo fueron los siguientes: “2.- Que mediante artículo 1 de la Ley Nº 6370 del 3 de setiembre de 1979, se declararon de utilidad públicos los terrenos necesarios para la realización y ejecución del Proyecto Turístico en Bahía Culebra, ubicado en la Provincia de Guanacaste, hoy conocido como Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, bajo administración del Instituto Costarricense de Turismo. 3.- Que dicho Proyecto se ha convertido en el principal polo de desarrollo turístico de toda Centroamérica. 4.- Que la Procuraduría General de la República ha recalcado mediante dictamen C210- 2002, que por Ley el uso del suelo en dicho proyecto es turístico, prevaleciendo éste sobre cualquier otro tipo de uso. 5.- Que los lineamientos establecidos en el Plan Maestro del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, hacen de éste un modelo de desarrollo turístico sostenible, al establecer un desarrollo debidamente planificado, bajo administración y supervisión estatal, el cual incorpora variables ambientales, bajas densidades y coberturas, tratamiento adecuado de aguas servidas, etc. 6.- Que es interés del Gobierno de la República apoyar los esfuerzos que realiza e Instituto Costarricense de Turismo para impulsar el desarrollo del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, como un modelo de desarrollo turístico sostenible a nivel Internacional” Menciona también que: “Considerando que la Ley No. 6758, se trata de una Ley especial y excepcional, cualquier mutación demanial, por seguridad jurídica, debe reunir tres requisitos: 1. Un interés público prevalente o más intenso a tutelar. 2. Respaldo en una norma de rango suficiente. 3. Garantía de la inseparabilidad del régimen jurídico público. Bajo este entendido, al ser el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) el ente encargado de la administración exclusiva del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, y encontrarse claramente definido un régimen de uso especial para terrenos concesionados con un destino único y supremo orientado al desarrollo turístico sui generis, no resulta aplicable el artículo 19 de la Ley Forestal No. 7575. Este artículo está diseñado para regular el manejo de bosques en propiedades privadas, condición jurídica que no corresponde a los terrenos concesionados en el marco del Proyecto, dado que los mismos son bienes demaniales del Estado, cuya titularidad pertenece a la República y cuya administración está delegada al ICT. El concesionario, en este contexto, no ostenta la calidad de propietario privado, sino que actúa como sujeto receptor de un derecho real administrativo de uso otorgado por el Estado, a través del ICT, con facultades limitadas y bajo estrictas condiciones. Por lo tanto, no es equiparable la figura del concesionario con la del propietario privado regulado por el artículo 19 de la Ley Forestal. Asimismo, debe tenerse presente que el artículo 18 de la Ley Forestal, que contempla permisos de uso sobre terrenos estatales, se refiere a un régimen general de administración ordinaria bajo la tutela del MINAE, a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). El Permiso de Uso, se regula en la Ley General de la Administración Público y se refiere a la autorización para utilizar un bien de dominio público de forma temporal y precaria, generalmente para un fin específico y en beneficio de la comunidad. Este permiso no otorga un derecho real sobre el bien y puede ser revocado intempestivamente. Sin embargo, esta figura no es el caso del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, en donde nos encontramos ante un régimen jurídico especial y excepcional, definido por la Ley No. 6758, que confiere al ICT la potestad exclusiva de administración, planificación, regulación y ejecución del desarrollo turístico en el área delimitada del proyecto, y la potestad de otorgar concesiones para fines turísticos dentro de los límites del área del Proyecto, las cuales otorgan un derecho real administrativo, para un uso privativo, exclusivo y excluyente, de tipo patrimonial sobre un bien demanial dentro del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, lo cual es diferente a la figura del Permiso de Uso. icho régimen especial incluye la posibilidad para el concesionario de remover cobertura vegetal —sin distinguir su naturaleza (bosque, charral, potrero, agroforestal, entre otros)— hasta un máximo del 30% del área total concesionada, reservándose el 70% restante para su conservación, en estricto apego al Plan Maestro del proyecto y su reglamento. No obstante, ello debe entenderse siempre dentro del marco de los principios generales de conservación y protección de los recursos naturales. En consecuencia, es imperativo observar regulaciones mínimas, tales como la prohibición de corta de especies forestales vedadas y la elaboración de inventarios forestales técnicos, en aras de garantizar una remoción responsable y sostenible de cobertura vegetal.” Por lo anterior esta Secretaría a través del Departamento de Evaluación Ambiental verificó por medio del diseño de sitio, presentado por el Desarrollador y teniendo por hipótesis que todos los planos catastrados, tenían el 100% de cobertura de bosque, (lo cual no corresponde a la realidad, y solo se tomó como el posible escenario más impactante) se pudo corroborar que aun en esa situación fáctica el aprovechamiento no será mayor al 30%, el cual cumple como se muestra en la siguiente tabla:

Fase

	

Huella Constructiva (m²) 

	

Área de la Propiedad (m2)

	

Porcentaje (%)




I Lote 1 5-1186670- 2007

	

130572

	

436564

	

30%




II Lote 4 5-1274126- 2008

	

68350.04 309064,25 22% (Según diseño de sitio corregido por zona de exclusión arqueológica)

	

309064,25

	

22%




III Lote 3 5-1155787- 2007

	

32926.32 (Según diseño de sitio corregido por zona de exclusión arqueológica)

	

124827,92 

	

26.4%




IV Lote 5 5-1155786- 2007

	

58 978,00 

	

204165,91

	

29%

Es importante recalcar que el proyecto se desarrolla en 4 planos catastrados cuyas coberturas están descritas según el análisis Geoespacial realizado por esta Secretaría. Durante el proceso de análisis del expediente, como parte de la información para mejor resolver, por parte del desarrollador, se presenta: 1) Declaración de conveniencia nacional, el desarrollo y ejecución del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, según Decreto Ejecutivo Nº 33132. 2) Oficio PGP-292-2019 Constancia POLO TURÍSTICO GOLFO PAPAGAYO. 5- 002168-Z-000 con Plano Catastro número G-1186670-2007, es: ÁREA HOTELERA Y ÁREA DE PROTECCIÓN FLORA Y FAUNA - USO DE SUELO COMPLEMENTARIO: RESIDENCIAL, CONDOHOTEL Y COMERCIAL. La concesionaria deberá de cumplir con las normas técnicas y directrices establecidas por el Plan Maestro General del Proyecto como son: una densidad máxima de veinte habitaciones por hectárea, una cobertura de superficie máxima de un 30%; una altura máxima de edificaciones de 14 metros del nivel del terreno natural, construir una planta de tratamiento para aguas residuales, evitando los vertidos al mar, esteros y quebradas; además el pago de obligaciones y todos los permisos a que obligan las leyes del país. 3) Oficio PGP-293-2019 Constancia POLO TURÍSTICO GOLFO PAPAGAYO. 5- 002169-Z-000 con Plano Catastro número G-1155787-2007, es: ÁREA HOTELERA Y ÁREA DE PROTECCIÓN FLORA Y FAUNA- USO DE SUELO COMPLEMENTARIO: RESIDENCIAL Y CONDOHOTEL. La concesionaria deberá de cumplir con las normas técnicas y directrices establecidas por el Plan Maestro General del Proyecto como son: una densidad máxima de veinte habitaciones por hectárea, una cobertura de superficie máxima de un 30%; una altura máxima de edificaciones de 14 metros del nivel del terreno natural, construir una planta de tratamiento para aguas residuales, evitando los vertidos al mar, esteros y quebradas; además el pago de obligaciones y todos los permisos a que obligan las leyes del país. 4) Oficio PGP-294-2019 Constancia POLO TURÍSTICO GOLFO PAPAGAYO. 5- 002174-Z-000 con Plano Catastro número G-1274126-2008, es: ÁREA HOTELERA, RESIDENCIAL, COMERCIAL, ÁREA DE CAMPAMENTOS Y ÁREA DE PROTECCIÓN FLORA Y FAUNA - USO DE SUELO COMPLEMENTARIO: CONDOHOTEL. La concesionaria deberá de cumplir con las normas técnicas y directrices establecidas por el Plan Maestro General del Proyecto como son: una densidad máxima de veinte habitaciones por hectárea, una cobertura de superficie máxima de un 30%; una altura máxima de edificaciones de 14 metros del nivel del terreno natural, construir una planta de tratamiento para aguas residuales, evitando los vertidos al mar, esteros y quebradas; además el pago de obligaciones y todos los permisos a que obligan las leyes del país. 5) Oficio PGP-295-2019 Constancia POLO TURÍSTICO GOLFO PAPAGAYO. 5- 002172-Z-OOO con Plano Catastro número G-1155786-2007, es: ÁREA HOTELERA, ÁREA DE PROTECCIÓN FLORA Y FAUNA, CONDOHOTEL Y COMERCIAL. La concesionaria deberá de cumplir con las normas técnicas y directrices establecidas por el Plan Maestro General del Proyecto como son: una densidad máxima de veinte habitaciones por hectárea, una cobertura de superficie máxima de un 30%; una altura máxima de edificaciones de 14 metros del nivel del terreno natural, construir una planta de tratamiento para aguas residuales, evitando los vertidos al mar, esteros y quebradas; además el pago de obligaciones y todos los permisos a que obligan las leyes del país. Que según el Considerando TERCERO de la Resolución Nª0591-2022-SETENA “Los estudios realizados señalan una serie de recomendaciones que deben acatarse según lo indicado, como parte de los compromisos ambientales del proyecto. En caso de requerirse la eliminación de algún árbol, debe de tramitar el permiso correspondiente ante la oficina del MINAE, y en caso que se ubiquen cuerpos de agua superficial o pozos dentro o en los límites del AP, deberá de aplicarse la legislación vigente en materia de zonas de protección.” Aunado a todo lo anterior, no debe olvidar que la Licencia Ambiental es un acto preparatorio e inicial para la realización de un proyecto y el fin es que se puedan imponer todas aquellas medidas de mitigación o compensación que sean necesarias para no causar un daño de imposible reparación al ambiente de conformidad con el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente. La licencia que se otorgó es un acto intermedio necesario para la posterior obtención de los permisos necesarios para el desarrollo del proyecto, los cuales son obligatorios para la concreción del mismo. Actualmente se cuenta con el Criterio legal vinculante en el oficio DAJ-MINAE-1591-2025, donde confirma el aprovechamiento de un 30%. Se aclara que, durante la evaluación del expediente, la capa de información de Patrimonio Natural del Estado, elaborada por el SINAC y disponible en el SNIT (Sistema Nacional de Información Territorial) en fecha del 7 de abril del 2021, no presentaba sobre el Área del Proyecto áreas Patrimonio Natural del Estado. Sobre la presencia de humedales y manglares El oficio DAJ-MINAE-1591-2025 indica que: “En el mismo sentido, los ecosistemas de manglar, por su especial régimen de protección ambiental, se encuentran excluidos del régimen concesional del ICT, y permanecen bajo la tutela exclusiva del SINAC-MINAE, en cumplimiento de la normativa ambiental vigente.” Tomando en cuenta las capas oficiales establecidas por el SINAC acerca de la existencia de Humedales, dado que es una información que se considera oficial y que se encuentra disponible en el SNIT, el análisis geoespacial realizado por esta Secretaría el día 07 de abril 2021 indica lo siguiente: Del análisis Geoespacial se tiene que el proyecto no se desarrollará en un área con humedales, Se aclara que las propiedades no se localizan dentro de ningún humedal, no obstante, según la capa del Inventario Nacional de Humedales (SINAC), existen humedales cercanos a sus colindancias, tales como: - Humedal: Manglar Panamá 1, tipo estuarino, clase manglar; ubicado aproximadamente a 241 m al Oeste de la propiedad con plano 5-1186670-2007. - Humedal: Manglar Panamá 2, tipo estuarino, clase manglar; ubicado aproximadamente a 113 m al Noroeste de la propiedad con plano 5-1155787-2007. - Humedal: Manglar Panamá 2, tipo estuarino, clase manglar; ubicado sobre la colindancia Norte de la propiedad con plano 5-1274126-2008. Separado por el ancho de la vía pública en todo el sector norte de la propiedad. De los documentos aportados por el Desarrollador también se tiene: 2) Oficio N° 06458-2020-DHR (Defensoría de los Habitantes), el cual indica que en el sitio no existe un humedal y lo que existe es una saturación del suelo por el agua que queda acumulada en el sitio. 3) Oficio PGP-575-2020 del ICT, el cual señala que hay alcantarillas obstruidas que han provocado la acumulación de agua pluvial, y por ende se deben hacer obras para un mejoramiento de desagüe de las aguas. Es decir, que NO hay presencia de humedal. Es necesario señalar que dentro del proceso de análisis el Desarrollador aportó medidas ambientales para la protección específica de los humedales y manglares anexos al área del proyecto, que se incluyen en el plan de gestión ambiental (PGA) y las cuales son las que se deben tener en cuenta en el seguimiento ambiental. Como respuesta a la solicitud de información complementaria generada por esta Secretaría, mediante la Resolución N°1263-2021-SETENA y el oficio SETENA-DT-DEA-0193-2022, el desarrollador aportó lo siguiente: “Como medidas de mitigación ambiental los Esteros Rocha y Panamá tendrán zona de protección de 15 metros a ambos márgenes, mientras que las quebradas estacionales Sin Nombre tendrán zona de protección de 10 metros a ambos márgenes. Además, durante la etapa constructiva se elaborarán cunetas perimetrales y sedimentadores a las obras para evitar el flujo de sedimentos hacia los cuerpos de agua. Tanto a las cunetas y a los sedimentadores se les realizará mantenimiento periódico. Se hace la recomendación de realizar las principales obras de movimiento de tierra durante la época seca, para así disminuir la escorrentía de sedimentos a causa de las lluvias. Durante fase operativa se construirán cunetas permanentes para evitar flujo de aguas hacia las quebradas y se contará con una planta de tratamiento para evitar que las aguas residuales se dirijan hacia los cuerpos de agua. Así mismo, se debe recordar que el ecosistema humedal-costero no se encuentra dentro del AP, sin embargo, se tomarán las medidas de mitigación respectivas para evitar cualquier afectación vinculada con el arrastre de sedimentos que podría provocar el proyecto a través de los ríos y quebradas del plano 5-2311315-2021 hacia el sitio. Entre las medidas propuestas se encuentran, construcción de cunetas perimetrales con sedimentadores en sectores con pendiente y se evitaran labores de movimientos de tierra en periodos de lluvia, asegurar un sistema adecuado de drenaje a las orillas de los caminos, instalación de adoquines ecológicos. Durante fase operativa se contará con planta de tratamiento para evitar el flujo de aguas residuales hacia el humedal. Dado que estas áreas están fuera del AP y a una distancia considerable, en el caso que exista un aporte de sedimentos a los humedales sería un factor relacionado con las alteraciones del régimen hidrológico, que podría afectar indirectamente los ecosistemas relacionados. En tal caso, algunas plantas de los humedales, o, algunas de sus especies, podrían ser o son susceptibles a las pequeñas diferencias de relieve del sustrato. Estas diferencias pueden ser tan pequeñas como unos cuantos centímetros. No se prevé el aporte de sedimentos en las altas proporciones que en tal caso podría afectar la fauna del sitio, desde los macroinvertebrados hasta vertebrados mayores. Para evitar posibles afectaciones a las quebradas dentro del AP se incluye dentro del diseño la zona de protección de estas según establece la legislación, además, durante la fase de construcción se realizarán cunetas y sedimentadores, para evitar el flujo de sedimentos hacia los cuerpos de agua. Tanto cunetas y sedimentadores se les realizará un mantenimiento periódico. Asegurarse que el diseño de las plantas de tratamiento de aguas residuales evite el tránsito de cualquier tipo de nutrientes y lodos dentro del manglar aun cuando esté ubicado fuera del AP.” Queda en claro que si bien es cierto, los estudios específicos para el área de proyecto son realizados por los profesionales en su campo, contratados por los desarrolladores de los proyectos para todos los expedientes presentados a la SETENA, con responsabilidad profesional y administrativa, los mismos son revisados internamente y contrastados con las bases de datos de los Sistemas de Información Geográficos y demás información que se tenga, de manera que según se demuestra la EIA llevada a cabo, cumple con la normativa técnica y legal del caso. Cuarto Alegato: “Además, enfatiza que la SETENA no consultó de manera adecuada a las municipalidades de la jurisdicción ni a las comunidades circunvecinas, incumpliendo con el deber de transparencia, de coordinación interinstitucional y de participación ciudadana que deben regir este tipo de proyectos. Respuesta al Cuarto Alegato: Como se mencionó anteriormente, bajo el Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT- MAG-MEIC, la posibilidad de participación nunca ha estado limitada tanto a la ciudadanía como a las instituciones, la comunicación está abierta desde el momento que se publica en un medio de circulación nacional la información del EsIA, como lo fue realizado para este caso en el periódico La Teja el día martes 8 de junio de 2021 y que consta además en el folio 146 del expediente del Proyecto, sin embargo ningún actor manifestó ante la SETENA voluntad de recibir mayor información del proyecto u oponerse a este al momento del análisis del expediente. Además, como parte del proceso del EsIA también debe presentarse la Declaratoria de Impacto Ambiental del EsIA con el sello de recibido de la Municipalidad del cantón donde se localiza la actividad, obra o proyecto Se reitera que el mecanismo de participación aplicado fue el Estudio de percepción social cuantitativo, este fue realizado cumpliendo con la normativa vigente. Quinto Alegato: “Solicita como medida cautelar que se suspenda la aplicación del visto bueno ambiental otorgado al proyecto hasta tanto se resuelva en definitiva el fondo del recurso. En cuanto a sus pretensiones de fondo, pide a esta Sala declare con lugar el amparo y ordenar a la SETENA retrotraer el procedimiento de aprobación ambiental, corregir las irregularidades señaladas, ajustar el proceso a lo dispuesto por la Ley No. 6758 y corregir el Decreto No. 44448 para que no permanezca en la ambigüedad actual. Reclama, además, que se convoque a una audiencia pública con los vecinos de Playa Panamá, comunidades cercanas, organizaciones ambientales y el público en general, como requisito indispensable para una eventual autorización. Finalmente, afirma que, al priorizar los intereses económicos de la empresa desarrolladora sobre los derechos de las comunidades y del país, las autoridades recurridas han incurrido en una actuación contraria a la Constitución Política. Reitera que el megaproyecto, tal como fue aprobado, se encuentra viciado de nulidad por múltiples violaciones a derechos fundamentales, al principio de legalidad y a la normativa ambiental, lo que exige la intervención de esta Sala para restituir la vigencia de los derechos lesionados.” Sobre este alegato corresponde a la Sala Pronunciarse al respecto. Valga indicar que sobre estos temas fue presentado por otros actores incidente de Nulidad ante esta Secretaría, en el cual se alegan estos y otros argumentos de mera legalidad, el cual está en conocimiento de la Comisión Plenaria de esta Secretaría y próximo a resolverse, de manera que siendo temas de legalidad ordinaria y en concordancia con la múltiple Jurisprudencia Constitucional al respecto, se solicita declarar Sin Lugar el presente Recurso de Amparo”.

26.- Por escrito incorporado al expediente digital el 25 de setiembre de 2025, el recurrente expone: “AL SER LAS 07 HORAS Y 34 MINUTOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SE APORTA AL RECURSO DE AMPARO 25 25228 007 CO VULNERACIONES FUNDAMENTALES • Se argumenta la afectación a: o Derecho a la igualdad (Art. 33). o Participación ciudadana. o Derecho a un ambiente sano. o Debido proceso. • Principios Legales Incumplidos: o Principio de legalidad. o Reserva de ley. o Constitución y la Ley General de la Administración Pública. Liberia, 25 de septiembre de 2025Señores Magistrados Sala Constitucional SABANA SUR-SAN JOSE. Estimados Magistrados: YO, Nombre49424  , ADULTO MAYOR, Nombre68642 CED38524, SE APORTA AL RECURSO DE AMPARO 25 25228 007 CO, lo siguiente: El recurso de amparo argumenta violaciones a la igualdad, participación ciudadana, legalidad y derecho a un ambiente sano, debido principio, reserva de ley, principio de legalidad. El análisis de este recurso de amparo implica identificar que se están reclamando violaciones a derechos fundamentales como la igualdad, la participación ciudadana, el derecho a un medio ambiente sano y el derecho a un debido proceso. Además, se aduce el incumplimiento de principios legales clave, como el principio de legalidad (la administración debe actuar conforme a la ley) y el principio de reserva de ley (ciertos asuntos solo pueden ser regulados por ley formal). El tribunal deberá determinar si las acciones u omisiones que motivaron el amparo efectivamente vulneraron estos derechos y principios. Análisis por componente: 1. Violación a la Igualdad: Se argumentaría que una acción u omisión de una autoridad pública afectó de manera desigual a los ciudadanos, tratándolos de forma injustificada o discriminatoria. 2. Violación a la Participación Ciudadana: Se podría alegar que no se permitió a los ciudadanos participar adecuadamente en la toma de decisiones públicas, o que sus voces no fueron consideradas en un proceso que les afecta.3. Violación al Derecho a un Ambiente Sano: Se reclamaría que la administración pública ha permitido o ha sido parte de un daño al medio ambiente, afectando el derecho de las personas a disfrutar de un entorno saludable. • Se cuestiona la falta de audiencia pública, la evaluación deficiente de impactos ambientales en bosques y manglares, el incumplimiento de la Ley Forestal y la Ley 6758, y la ambigüedad del Decreto Ejecutivo 44448. CONCLUSIONES CAMBIO USO DE SUELO Y VIALIDAD AMBIENTAL OTORGADA POR SETENA El análisis del recurso de amparo debe determinar si el cambio de uso de suelo y la viabilidad ambiental para el Proyecto Turístico Papagayo, así como la falta de audiencia pública y consulta técnica a los municipios fronterizos de Carrillo y Liberia, vulneraron el derecho a la igualdad, la participación ciudadana, el derecho a un ambiente sano y el debido proceso. Se debe evaluar el incumplimiento del principio de legalidad, el principio de reserva de ley y la Ley Forestal y Ley 6758, para determinar si el Decreto Ejecutivo 44448 y las actuaciones de la SETENA (Secretaría Técnica Ambiental) constituyeron actos discriminatorios, afectaron negativamente el medio ambiente o impidieron la participación ciudadana. ANÁLISIS POR COMPONENTE • Violación a la Igualdad: Se analiza si el trato de la administración fue discriminatorio, especialmente al no considerar la zona como territorio indígena, lo que podría contravenir el artículo 33 constitucional que consagra la igualdad ante la ley. • Violación a la Participación Ciudadana: Se cuestiona la falta de audiencia pública, impidiendo que la ciudadanía intervenga en decisiones que les afectan, y la falta de consulta técnica a las Municipalidades de Carrillo y Liberia. • Violación al Derecho a un Ambiente Sano: Se reclama que las acciones de la SETENA y el Decreto 44448 permitieron la afectación al medio ambiente, ya sea por la evaluación inadecuada de impactos ambientales en bosques y manglares o por el incumplimiento de leyes como la Ley Forestal y la Ley 6758. • Vulneración de Principios Legales: • Principio de Legalidad: • Se alega que la administración no actuó conforme a la ley en lo referente al cambio de uso de suelo y el otorgamiento de viabilidad ambiental. • Principio de Reserva de Ley: • Se sugiere que aspectos fundamentales debieron ser regulados por ley formal, y no únicamente por un decreto ejecutivo, como el Decreto 44448. • Debido Proceso: • Se argumenta que no se respetaron las garantías procesales, como la audiencia pública y la consulta técnica a los municipios locales. HECHOS CLAVE PARA EL ANÁLISIS: • Decreto Ejecutivo 44448: • Un decreto que provocó el cambio de uso de suelo para el proyecto. • Actuación de la SETENA: • Otorgó viabilidad ambiental para el Proyecto Turístico Nombre169752 y se justificó argumentando que no era zona indígena. • Ubicación Geográfica: • El proyecto se encuentra en terrenos que limitan entre los cantones de Carrillo y Liberia. • Naturaleza del Proyecto: • El Proyecto Turístico Papagayo. • VULNERACIONES FUNDAMENTALES: • Se argumenta la afectación a: o Derecho a la igualdad (Art. 33). o Participación ciudadano Derecho a un ambiente sano. o Debido proceso. • Principios Legales Incumplidos: o Principio de legalidad. o Reserva de ley. o Constitución y la Ley General de la Administración Pública”.

27.- Por escrito incorporado al expediente digital el 25 de setiembre de 2025, el recurrente expone: “AL SER LAS 09 HORAS Y 36 MINUTOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SE APORTA AL RECURSO DE AMPARO 25 25228 007 CO JURISPRUDENCIA • Consulta a Municipalidades y Otras Entidades: La consulta técnica a las municipalidades y otras entidades con intereses turísticos y ambientales es fundamental para garantizar la validez de los estudios de cambio de uso de suelo y la vialidad ambiental. La consulta técnica es un paso crucial para validar los estudios de cambio de uso de suelo y la viabilidad ambiental de proyectos de gran envergadura, ya que involucra la revisión y aprobación de las municipalidades y entidades con interés ambiental y turístico, quienes asegurarán la concordancia con la normativa y la minimización de impactos negativos, según lo estipulado en las regulaciones de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de Costa Rica, señala Setena. Importancia de la consulta técnica • Validación de estudios: Permite a las entidades con intereses turísticos y ambientales dar un visto bueno a los estudios de cambio de uso de suelo, confirmando que estos reflejan la realidad y son correctos. • Viabilidad ambiental: Asegura que el proyecto es ambientalmente viable, es decir, que los impactos negativos se pueden mitigar o eliminar, y que no se producirán daños severos al medio ambiente. • Cumplimiento normativo: Garantiza el cumplimiento de las leyes y normativas ambientales que rigen los proyectos de construcción y desarrollo. • Participación ciudadana y stakeholders: La consulta técnica también fomenta la participación de la sociedad civil y otros actores interesados, lo que fortalece el proceso de toma de decisiones. “…Un stakeholder, o «parte interesada» o «grupo de interés», es cualquier persona, grupo u organización que tiene un interés en una empresa, proyecto o sistema, o que puede verse afectado por sus actividades y decisiones. Los stakeholders pueden ser internos (como empleados) o externos (como clientes o el gobierno), y su apoyo es fundamental para el éxito de una iniciativa, ya que pueden influir en ella de manera positiva o negativa. Ejemplos de stakeholders Los stakeholders son muy diversos y pueden incluir: • Empleados y directivos: Tienen un interés laboral y económico en la empresa. • Clientes: Buscan productos o servicios y se ven afectados por las políticas de la compañía. • Proveedores: Suministran bienes y servicios, y su relación con la empresa es clave.• Accionistas: Invierten en la empresa y esperan un rendimiento de su inversión. • Gobiernos y reguladores: Establecen leyes y normas que deben cumplirse. • Comunidades locales: Se ven afectadas por el impacto ambiental y social de las empresas. • Grupos ecologistas: Demandarían acciones para proteger el medio ambiente. • Organizaciones no gubernamentales: Tienen un interés social y pueden movilizar a la opinión pública. ¿Por qué son importantes los stakeholders? • Influencia y apoyo: Tienen la capacidad de afectar positiva o negativamente el desarrollo y el impacto de un proyecto. • Toma de decisiones: Identificar y comprender los intereses de los stakeholders es crucial para tomar decisiones informadas. • Gestión de riesgos: Una buena relación con los stakeholders ayuda a mitigar riesgos. • Reputación: Gestionar las relaciones de manera adecuada mejora la reputación de la empresa. • Sostenibilidad: Su participación contribuye a la sostenibilidad y al logro de objetivos a largo plazo…”.(Sic). • Toma de decisiones informadas: La información obtenida en estas consultas ayuda a los tomadores de decisiones a evaluar los efectos ambientales, a planificar medidas correctivas y a tomar las decisiones más adecuadas para el proyecto. Aspectos clave de la consulta • Participantes: La consulta se dirige a las municipalidades y otras entidades con intereses turísticos y ambientales en el área donde se proyecta el desarrollo. • Naturaleza del proyecto: Los estudios de cambio de uso de suelo y la viabilidad ambiental son especialmente relevantes para proyectos de gran envergadura, en los que los impactos ambientales son más significativos. • El procedimiento de EIA en Costa Rica: Este proceso incluye la identificación y predicción de efectos, la cuantificación y ponderación de los mismos para la toma de decisiones, la revisión de la declaración ambiental y la consulta con partes interesadas, según lo indica la SETENA. • Instrumentos de Evaluación Ambiental (IEA): Los resultados de la consulta se utilizan para definir si el proyecto requiere una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) o un Documento de Evaluación Ambiental (DEA). Liberia, 25 de septiembre de 2025 Señores Magistrados Sala Constitucional Dirección4241  . Estimados Magistrados: YO, Nombre49424  , ADULTO MAYOR, Nombre68642 CED38524, SE APORTA AL RECURSO DE AMPARO 25 25228 007 CO, lo siguiente: JURISPRUDENCIALA PARTICIPACIÓN AMBIENTAL CONTINUA ES UN DERECHO DE LOS CIUDADANOS La participación ambiental continua es un derecho de los ciudadanos, como lo demuestra el caso del Proyecto Turístico Bahía Nombre169752 en el Cantón de Carrillo, donde se presentó una denuncia ante la Sala Constitucional por la posible violación de este derecho, al no realizarse una audiencia pública para un proyecto de alto impacto ambiental. Esta denuncia, que investiga un posible cambio ilegal de uso de suelo, involucra a la empresa Enjoy Hotels & Resorts S.A. y fue presentada por un activista ambiental y vecinos, evidenciando la importancia de las consultas y la participación ciudadana en proyectos con repercusiones ambientales. Marco Legal y Jurisprudencia • Derecho a la Participación Ambiental: La Constitución Política de Costa Rica, a través del artículo 18 de la Ley Orgánica del Ambiente, reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en los procedimientos de evaluación ambiental y a tener acceso a la información. • Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA):Para proyectos de alto impacto, como el de Bahía Papagayo, es obligatorio realizar audiencias públicas para informar a la población y obtener su opinión. • Consulta a Municipalidades y Otras Entidades: La consulta técnica a las municipalidades y otras entidades con intereses turísticos y ambientales es fundamental para garantizar la validez de los estudios de cambio de uso de suelo y la vialidad ambiental. La consulta técnica es un paso crucial para validar los estudios de cambio de uso desuelo y la viabilidad ambiental de proyectos de gran envergadura, ya que involucra la revisión y aprobación de las municipalidades y entidades con interés ambiental y turístico, quienes asegurarán la concordancia con la normativa y la minimización de impactos negativos, según lo estipulado en las regulaciones de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de Costa Rica, señala Setena. Importancia de la consulta técnica • Validación de estudios: Permite a las entidades con intereses turísticos y ambientales dar un visto bueno a los estudios de cambio de uso de suelo, confirmando que estos reflejan la realidad y son correctos. • Viabilidad ambiental: Asegura que el proyecto es ambientalmente viable, es decir, que los impactos negativos se pueden mitigar o eliminar, y que no se producirán daños severos al medio ambiente. • Cumplimiento normativo: Garantiza el cumplimiento de las leyes y normativas ambientales que rigen los proyectos de construcción y desarrollo. • Participación ciudadana y stakeholders: La consulta técnica también fomenta la participación de la sociedad civil y otros actores interesados, lo que fortalece el proceso de toma de decisiones. “…Un stakeholder, o «parte interesada» o «grupo de interés», es cualquier persona, grupo u organización que tiene un interés en una empresa, proyecto o sistema, o que puede verse afectado por sus actividades y decisiones. Los stakeholders pueden ser internos (como empleados) o externos (como clientes o el gobierno), y su apoyo es fundamental para el éxito de una iniciativa, ya que pueden influir en ella de manera positiva o negativa. Ejemplos de stakeholders Los stakeholders son muy diversos y pueden incluir: • Empleados y directivos: Tienen un interés laboral y económico en la empresa. • Clientes: Buscan productos o servicios y se ven afectados por las políticas de la compañía. • Proveedores: Suministran bienes y servicios, y su relación con la empresa es clave. • Accionistas: Invierten en la empresa y esperan un rendimiento de su inversión. • Gobiernos y reguladores: Establecen leyes y normas que deben cumplirse. • Comunidades locales: Se ven afectadas por el impacto ambiental y social de las empresas. • Grupos ecologistas: Demandarían acciones para proteger el medio ambiente. • Organizaciones no gubernamentales: Tienen un interés social y pueden movilizar a la opinión pública. ¿Por qué son importantes los stakeholders? • Influencia y apoyo: Tienen la capacidad de afectar positiva o negativamente el desarrollo y el impacto de un proyecto. • Toma de decisiones: Identificar y comprender los intereses de los stakeholders es crucial para tomar decisiones informadas. • Gestión de riesgos: Una buena relación con los stakeholders ayuda a mitigar riesgos. • Reputación: Gestionar las relaciones de manera adecuada mejora la reputación de la empresa. • Sostenibilidad: Su participación contribuye a la sostenibilidad y al logro de objetivos a largo plazo…”. (Sic). • Toma de decisiones informadas: La información obtenida en estas consultas ayuda a los tomadores de decisiones a evaluar los efectos ambientales, a planificar medidas correctivas y a tomar las decisiones más adecuadas para el proyecto. Aspectos clave de la consulta • Participantes: La consulta se dirige a las municipalidades y otras entidades con intereses turísticos y ambientales en el área donde se proyecta el desarrollo. • Naturaleza del proyecto: Los estudios de cambio de uso de suelo y la viabilidad ambiental son especialmente relevantes para proyectos de gran envergadura, en los que los impactos ambientales son más significativos. • El procedimiento de EIA en Costa Rica: Este proceso incluye la identificación y predicción de efectos, la cuantificación y ponderación de los mismos para la toma de decisiones, la revisión de la declaración ambiental y la consulta con partes interesadas, según lo indica la SETENA. • Instrumentos de Evaluación Ambiental (IEA): Los resultados de la consulta se utilizan para definir si el proyecto requiere una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) o un Documento de Evaluación Ambiental (DEA). El Caso del Proyecto Bahía Nombre169752 • Irregularidades: Se denunciaron posibles irregularidades en el Proyecto Bahía Papagayo, incluyendo la falta de una audiencia pública y un supuesto cambio de uso de suelo sin autorización. • Denuncia y Investigación: Un activista ambiental y vecinos presentaron un recurso de amparo ante la Sala Constitucional y la Fiscalía Ambiental, que inició una investigación penal contra la empresa Enjoy Hotels & Resorts S.A. por presuntas irregularidades. • Impacto Ambiental: • El proyecto podría afectar significativamente los ecosistemas de la región, incluyendo bosques y humedales, con posibles consecuencias negativas en la calidad del suelo y la estabilidad de las laderas. Relevancia para los Ayuntamientos y la Comunidad • Deber de Información: Las Municipalidades de Carrillo y Liberia tienen el deber de informar y consultar a los ciudadanos sobre los proyectos que se desarrollan en sus territorios. • Procesos Administrativos y Penales: Los ayuntamientos deben asegurar que los procedimientos de cambio de uso de suelo y la vialidad ambiental se realicen conforme a la ley. • Defensa de Intereses: La participación ciudadana es crucial para defender los intereses turísticos y ambientales de la región, como ha demostrado el movimiento "Salvemos Playa Panamá”.

28.- Por escrito incorporado al expediente digital el 25 de setiembre de 2025, el accionante manifiesta: “AL SER LAS 11 HORAS Y 15 MINUTOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SE APORTA AL RECURSO DE AMPARO 25 25228 007 CO SE REQUIERE CRITERIO TECNICO DE LA MUNICIPALIDAD DE CARRILLO Y LIBERIA Sí, para un proyecto de gran envergadura como el Proyecto Turístico Papagayo, se requiere que las municipalidades de Carrillo y Liberia emitan criterio técnico sobre el cambio de uso de suelo y la obtención de la viabilidad ambiental por parte de SETENA. Esto se debe a su competencia en la promoción del desarrollo local inclusivo y el manejo de los recursos dentro de su autonomía política, administrativa y financiera, como se establece en el Código Municipal y los artículos 169 y 170 de la Constitución Política de Costa Rica. Fundamentos legales: • Autonomía Municipal: Los artículos 169 y 170 de la Constitución Política y el Artículo 4 del Código Municipal otorgan a los gobiernos locales la autonomía para actuar en el desarrollo local. • Competencia Municipal: La atribución de promover un desarrollo local participativo e inclusivo, que contemple las necesidades de la población, es fundamental para la gestión de proyectos de gran escala que afectan directamente el territorio. • Proyectos transfronterizos: Al ser el Proyecto Nombre169752 una iniciativa que se ubica en los límites de los cantones de Carrillo y Liberia, ambas municipalidades deben coordinar y emitir su criterio técnico para asegurar que el desarrollo sea coherente con las normativas locales y el interés de sus comunidades. Liberia, 25 de septiembre de 2025 Señores Magistrados Sala Constitucional SABANA SUR-SAN JOSE. Estimados Magistrados: YO, Nombre49424  , ADULTO MAYOR, Nombre68642 CED38524, SE APORTA AL RECURSO DE AMPARO 25 25228 007 CO, lo siguiente: SE REQUIERE CRITERIO TECNICO DE LA MUNICIPALIDAD DE CARRILLO Y LIBERIA Dado los articulo 169 y 170 Constitucionales y el Código Municipal Artículo 4 (Ley n.° 7794 (y sus reformas). La municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política. Dentro de sus atribuciones se incluyen las siguientes: h) Promover un desarrollo local participativo e inclusivo, que contemple la diversidad de las necesidades y los intereses de la población. Pregunta: Para los efectos legales y el cambio de uso de suelo, otorgamiento de la vialidad ambiental por parte de SETENA, de un proyecto de gran envergadura con el del Proyecto Papagayo, se requiere consultar y emita criterio técnico la Municipalidad de Carrillo y Liberia, por ser transfronterizos donde se ubica el Proyecto Turístico Papagayo. RESPUESTA: Sí, para un proyecto de gran envergadura como el Proyecto Turístico Papagayo, se requiere que las municipalidades de Carrillo y Liberia emitan criterio técnico sobre el cambio de uso de suelo y la obtención de la viabilidad ambiental por parte de SETENA. Esto se debe a su competencia en la promoción del desarrollo local inclusivo y el manejo de los recursos dentro de su autonomía política, administrativa y financiera, como se establece en el Código Municipal y los artículos 169 y 170 de la Constitución Política de Costa Rica. Fundamentos legales: • Autonomía Municipal: Los artículos 169 y 170 de la Constitución Política y el Artículo 4 del Código Municipal otorgan a los gobiernos locales la autonomía para actuar en el desarrollo local. • Competencia Municipal: La atribución de promover un desarrollo local participativo e inclusivo, que contemple las necesidades de la población, es fundamental para la gestión de proyectos de gran escala que afectan directamente el territorio. • Proyectos transfronterizos: Al ser el Proyecto Nombre169752 una iniciativa que se ubica en los límites de los cantones de Carrillo y Liberia, ambas municipalidades deben coordinar y emitir su criterio técnico para asegurar que el desarrollo sea coherente con las normativas locales y el interés de sus comunidades. En resumen: La consulta a las municipalidades de Carrillo y Liberia es un paso legal y técnico necesario, ya que la autonomía municipal les permite influir en el desarrollo de su territorio y evaluar cómo proyectos de gran envergadura se alinean con las políticas de desarrollo local y los intereses de sus ciudadanos. PREGUNTA: Tomando consideración que para un proyecto de gran envergadura como el Proyecto Turístico Papagayo, se requiere que las municipalidades de Carrillo y Liberia emitan criterio técnico sobre el cambio de uso de suelo y la obtención de la viabilidad ambiental por parte de SETENA, y dado que la Municipalidad de Carrillo y Liberia ni SETENA, no lo aportaron en la contestación del recurso de amparo 25 25228 007 CO, que artículos constitucionales y leyes estarían transgrediendo. RESPUESTA: Las Municipalidades y SETENA estarían transgrediendo los Artículos 169 y 170 de la Constitución Política y el Artículo 4del Código Municipal de Costa Rica, específicamente su atribución de promover un desarrollo local participativo e inclusivo. Al no consultar y emitir criterio técnico sobre el Proyecto Turístico Papagayo, una iniciativa transfronteriza que afecta los cantones de Carrillo y Liberia, se ignora la autonomía política, administrativa y financiera de ambas municipalidades, su competencia en la gestión territorial y el derecho de sus poblaciones a ser consultadas sobre proyectos que impactan directamente su entorno. Fundamentos legales y argumentos: 1. Autonomía Municipal: Los artículos 169 y 170 de la Constitución Política y el Artículo 4 del Código Municipal establecen la autonomía de los gobiernos locales. Esto significa que tienen la autoridad para tomar decisiones y ejecutar acciones dentro de su territorio, lo cual incluye la aprobación de desarrollos y proyectos. 2. Competencia en el Desarrollo Local: El Artículo 4, inciso h), del Código Municipal otorga a las municipalidades la atribución de "promover un desarrollo local participativo e inclusivo, que contemple la diversidad de las necesidades y los intereses de la población". Ignorar la consulta para un proyecto de gran envergadura, como el Proyecto Papagayo, va en contra de este principio, ya que limita la participación ciudadana y el interés local en un proyecto que afecta directamente el territorio. 3. Naturaleza Transfronteriza: El Proyecto Turístico Nombre169752 se ubica en los límites de los cantones de Carrillo y Liberia. Al ser transfronterizo, es fundamental que ambas municipalidades coordinen y emitan su criterio técnico. Esto asegura que el desarrollo sea coherente con las normativas locales y los intereses de las comunidades involucradas en ambos cantones, y que se considere el impacto en ambos territorios. 4. Relevancia del Criterio Técnico: La viabilidad ambiental y el cambio de uso de suelo de proyectos de gran envergadura requieren un análisis técnico. La consulta a las municipalidades garantiza que este análisis incluya la perspectiva de los gobiernos locales y sus planes de desarrollo, y no solo la visión técnica de SETENA. Consecuencias de la Omisión: • Violación de la Autonomía y Participación: La falta de consulta y criterio técnico por parte de las municipalidades de Carrillo y Liberia vulnera su autonomía política, administrativa y financiera, y la participación ciudadana en la toma de decisiones. • Desarrollo Incoherente: La ausencia de este criterio puede llevar a un desarrollo del proyecto que no se alinee con las políticas de desarrollo local, las normativas municipales o las necesidades de las poblaciones de Carrillo y Liberia. • Potencial de Conflictos Legales: Esta omisión puede ser causal de un recurso de amparo que considere la violación de derechos constitucionales y legales de las municipalidades y los ciudadanos”.

29.- Por escrito incorporado al expediente digital el 25 de setiembre de 2025, el accionante arguye: “AL SER LAS 16 HORAS Y 27 MINUTOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SE APORTA AL RECURSO DE AMPARO 25 25228 007 CO Artículo 5 de la Ley Orgánica del Ambiente de Costa Rica • El Artículo 5 de la Ley Orgánica del Ambiente de Costa Rica establece la necesidad de contar con organismos institucionales y gubernamentales, así como con la participación de otras instituciones del Estado, para desarrollar y aplicar los principios generales de la ley ambiental. La ausencia de este criterio no solo debilita el proceso de evaluación de impacto ambiental por parte de la SETENA (Secretaría de Estado de Ambiente y Recursos Naturales) sino que también vulnera el derecho a un ambiente sano y a un desarrollo territorial ordenado. • Deberes de las Municipalidades: Al tratarse de un proyecto de gran envergadura, es fundamental que las municipalidades involucren y coordinen con el Gobierno Central y con la Municipalidad de la otra jurisdicción (Liberia o Carrillo, dependiendo de la ubicación específica del proyecto), para que el desarrollo cumpla con la normativa ambiental y urbanística del cantón. Coordinación Interinstitucional y Transfronteriza: • Los proyectos que afectan a más de un cantón o que son de gran envergadura requieren una coordinación efectiva entre las municipalidades y otras instituciones. La falta de criterios técnicos por parte de las municipalidades o la ausencia de un enfoque transfronterizo evidencian una falla en la coordinación, que es esencial para un desarrollo turístico sostenible y para la aplicación correcta de la normativa vigente. En resumen, la omisión en la emisión del criterio técnico por parte de las municipalidades, especialmente en proyectos que afectan el uso del suelo y el medio ambiente, podría transgredir el deber legal de coordinación y planificación territorial, lo cual resulta ser un componente esencial del desarrollo sostenible y de la protección ambiental. Liberia, 25 de septiembre de 2025 Señores Magistrados Sala Constitucional SABANA SUR-SAN JOSE. Estimados Magistrados: YO, Nombre49424  , ADULTO MAYOR, Nombre68642 CED38524, SE APORTA AL RECURSO DE AMPARO 25 25228 007 CO, lo siguiente: Para un proyecto de gran envergadura como el Proyecto Turístico Papagayo, se requiere que las municipalidades de Carrillo y Liberia emitan criterio técnico sobre el cambio de uso de suelo y la obtención de la viabilidad ambiental por parte de SETENA. Que (sic) articulo (sic) se transgredieron porque no hubo criterios técnicos emitidos por la Municipalidad de Carrillo y Liberia o por medio de una buena coordinación un criterio técnico transfronterizo. Lo anterior, tomando en consideración la respuesta del Recurso de Amparo 25 25228 007 CO, que dieron esos Municipios. RESPUESTA: La ausencia de los criterios técnicos de las municipalidades de Carrillo y Liberia para el Proyecto Turístico Nombre169752 podría transgredir el Artículo 28 de la Ley de Planificación Urbana (o norma equivalente en la legislación costarricense) que exige la conformidad de los proyectos con la zonificación y planes locales, así como el Artículo 5 de la Ley Orgánica del Ambiente, el cual establece la necesidad de la viabilidad ambiental mediante resolución de SETENA, y la coordinación interinstitucional para proyectos que afectan varios cantones. El delito de cambio de uso de suelo que se investiga en relación con el Proyecto Bahía Nombre169752 por parte de la Fiscalía Ambiental refuerza la importancia de estos criterios y la coordinación. ARTICUL0 28 LEY PLANIFUCACION URBANA. El Artículo 28 de la Ley de Planificación Urbana costarricense (Ley N°4240) establece la obligación del fraccionador de terrenos situados fuera de las áreas urbanizadas de ceder gratuitamente un 10% del área del terreno para áreas verdes y equipamiento urbano, a menos que el fraccionamiento sea de uso agropecuario. Este artículo ha sido modificado por resoluciones de la Sala Constitucional para asegurar la aplicación de estos principios, buscando un mayor beneficio para la comunidad y garantizando las áreas de uso público. Detalles del Artículo 28 • Propósito: Este artículo busca que los fraccionamientos de tierras se desarrollen de manera más integral, incorporando espacios para el disfrute público y la provisión de servicios esenciales. • Criterios: Se aplica a terrenos situados fuera del cuadrante de las ciudades o de zonas previamente urbanizadas. • Excepción: No aplica a fraccionamientos de uso agropecuario, ya que estos terrenos no se consideran de interés para el uso urbano. • Base Legal: La Ley N°4240 de 1968, con sus posteriores modificaciones y resoluciones de la Sala Constitucional, conforma la normativa de planificación urbana en Costa Rica. Consideraciones Adicionales • Modificaciones: La disposición sobre la cesión del 10% del terreno ha sido reformada por la Sala Constitucional, confirmando su vigencia y el objetivo de beneficiar a la comunidad. • Integración: Este artículo se complementa con el objetivo general de la planificación urbana de gestionar el uso del suelo de forma sostenible, generando beneficios económicos, equidad social y conservando el medio ambiente. Artículo 5 de la Ley Orgánica del Ambiente de Costa Rica El Artículo 5 de la Ley Orgánica del Ambiente de Costa Rica establece la necesidad de contar con organismos institucionales y gubernamentales, así como con la participación de otras instituciones del Estado, para desarrollar y aplicar los principios generales de la ley ambiental. La ley busca la coordinación de esfuerzos entre el Gobierno, las instituciones y los ciudadanos para lograr la armonía entre el ser humano y su medio ambiente, así como el uso sostenible de los recursos naturales. Puntos clave del Artículo 5: • Organismos Institucionales y Gubernamentales: Se reconoce que el sistema ambiental necesita de estas entidades para llevar a cabo sus funciones. • Competencias de Otras Instituciones: La ley también contempla la participación y asignación de competencias a otras instituciones del Estado en materia ambiental. • Objetivo de Coordinación: El propósito es lograr una labor eficiente y eficaz en materia ambiental, mediante la coordinación de las actividades de la Administración Pública. • Armonía y Sostenibilidad: Estos esfuerzos buscan fomentar la armonía entre el ser humano y su medio ambiente y promover el uso sostenible de los recursos naturales. Normativa y Artículos que Podrían Haber Sido Transgredidos: 2. Ley de Planificación Urbana (o legislación local equivalente): • Los proyectos de gran envergadura deben ser evaluados por las municipalidades para verificar su compatibilidad con la zonificación y los planes locales de desarrollo. La ausencia de criterios técnicos municipales podría indicar una omisión en este procedimiento y una posible violación de normativas que regulan los usos del suelo en los cantones de Carrillo y Liberia. 3. Legislación Ambiental (Ley Orgánica del Ambiente y Normativas de SETENA): • El Artículo 5 de la Ley Orgánica del Ambiente y sus reglamentos establecen que la viabilidad ambiental es requisito indispensable para cualquier proyecto o actividad que pueda tener un impacto significativo en el ambiente, la cual debe ser emitida por SETENA. No contar con los criterios técnicos de las municipalidades puede impedir o retrasar la evaluación de SETENA y, por ende, la obtención de la viabilidad ambiental. 4. Coordinación Interinstitucional y Transfronteriza: • Los proyectos que afectan a más de un cantón o que son de gran envergadura requieren una coordinación efectiva entre las municipalidades y otras instituciones. La falta de criterios técnicos por parte de las municipalidades o la ausencia de un enfoque transfronterizo evidencian una falla en la coordinación, que es esencial para un desarrollo turístico sostenible y para la aplicación correcta de la normativa vigente. • Además, la ausencia de un criterio técnico por parte de la Municipalidad de Carrillo y Liberia para el Proyecto Turístico Papagayo, en relación al cambio de uso de suelo, habría infringido el principio de coordinación entre autoridades locales y el ordenamiento territorial establecido en el artículo 45 de la Ley de Planificación Urbana , así como normativas relacionadas con la gestión ambiental y el procedimiento de evaluación de impacto ambiental por parte de SETENA, tal como se desprende del contexto de la acción de amparo. El incumplimiento de esta obligación de evaluar y emitir un criterio técnico respectivo al cambio de uso de suelo, para proyectos de gran escala en zonas de influencia compartida, debilita la planificación y la sostenibilidad ambiental del territorio. Artículo 45 de la Ley de Planificación Urbana (Ley Nº 4240) de Costa Rica El Artículo 45 de la Ley de Planificación Urbana (Ley Nº 4240) de Costa Rica, según lo modificado por una resolución de la Sala Constitucional en 1996, establece que las áreas de uso público, una vez cedidas al municipio, no pueden ser eliminadas ni reducidas a menos que se obtenga alguna mejora u otra facilidad compensatoria que beneficie a la comunidad. Detalles del artículo: • Áreas públicas: Se refiere a las áreas destinadas al uso común de la ciudadanía, como parques y espacios recreativos. • Cesión al municipio: Estas áreas deben ser transferidas al dominio municipal una vez que han sido cedidas en un fraccionamiento. • Compensación: La eliminación o reducción de estas áreas está condicionada a que se ofrezca una compensación que implique un beneficio mayor para la comunidad. • Derechos de vía: Quedan exceptuadas de esta disposición las áreas de derechos de vía para carreteras, las cuales deben cederse al Estado.• Referencia a otros artículos: El Artículo 41 de la misma ley fue anulado por la resolución de la Sala Constitucional, lo que implica que el Artículo 45 fue modificado y se integra en el marco actual. Fundamentos de la infracción: • Principio de Coordinación y Planificación Territorial: Los artículos que regulan la planificación urbana y territorial en Costa Rica (como la Ley de Planificación Urbana) imponen a las municipalidades el deber de ejercer sus competencias y de coordinarse con otras autoridades para garantizar un desarrollo ordenado y sostenible del territorio. La omisión de emitir un criterio técnico es una clara violación a este deber de coordinación y participación en el proceso de planificación. • Deberes de las Municipalidades: Al tratarse de un proyecto de gran envergadura, es fundamental que las municipalidades involucren y coordinen con el Gobierno Central y con la Municipalidad de la otra jurisdicción (Liberia o Carrillo, dependiendo de la ubicación específica del proyecto), para que el desarrollo cumpla con la normativa ambiental y urbanística del cantón. • Marco de la Acción de Amparo: La respuesta dada por la Municipalidad de Carrillo y Liberia en el Recurso de Amparo 25 25228 007 CO podría evidenciar la falta de un criterio técnico, lo cual es fundamental para la viabilidad ambiental y el cambio de uso de suelo de un proyecto de gran envergadura. La ausencia de este criterio no solo debilita el proceso de evaluación de impacto ambiental por parte de la SETENA (Secretaría de Estado de Ambiente y Recursos Naturales) sino que también vulnera el derecho a un ambiente sano y a un desarrollo territorial ordenado. Contexto del Proyecto Bahía Papagayo: • La información del caso señala que existe una investigación penal en curso sobre un supuesto cambio de uso de suelo ilegal en el proyecto turístico Bahía Papagayo, donde se han visto afectaciones a los bosques para "socolar la vegetación" (es decir, preparar el terreno para un nuevo uso). Este hecho resalta la necesidad de una coordinación técnica entre las municipalidades afectadas y las entidades ambientales. • En resumen, la omisión en la emisión del criterio técnico por parte de las municipalidades, especialmente en proyectos que afectan el uso del suelo y el medio ambiente, podría transgredir el deber legal de coordinación y planificación territorial, lo cual resulta ser un componente esencial del desarrollo sostenible y de la protección ambiental”.

30.- Por escrito incorporado al expediente digital el 25 de setiembre de 2025, el tutelado consigna: “AL SER LAS 21 HORAS Y 04 MINUTOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SE APORTA AL RECURSO DE AMPARO 25 25228 007 CO Vulneraciones al Código Municipal • Funciones Municipales sobre Ordenamiento Territorial: Las municipalidades (CARRILLO Y LIBERIA) incumplen su deber de aprobar planes de ordenamiento territorial y de uso de suelo al no emitir los criterios técnicos necesarios, afectando el desarrollo del cantón. • Coordinación de Políticas Locales: Los municipios (CARRILLO Y LIBERIA) tienen la obligación de coordinarse cuando los proyectos o acciones en sus territorios se afectan mutuamente. La falta de coordinación en proyectos turísticos y de uso de suelo entre cantones vecinos es un claro incumplimiento. Consideración del Recurso de Amparo • La respuesta a un recurso de amparo (Recurso de Amparo 25 25228 007 CO) por parte de los municipios (CARRILLO Y LIBERIA) demuestra la interacción con el problema, pero la ausencia de los criterios técnicos requeridos resalta la falla en la coordinación y el cumplimiento de sus deberes. • Esta situación evidencia una debilidad en la aplicación de la normativa vigente y en el compromiso con el desarrollo sostenible, pues no se logró un criterio técnico transfronterizo eficaz. Liberia, 25 de septiembre de 2025 Señores Magistrados Sala Constitucional SABANA SUR-SAN JOSE (sic). Estimados Magistrados: YO, Nombre49424   (sic), ADULTO MAYOR, Nombre68642 (sic) CED38524, SE APORTA AL RECURSO DE AMPARO 25 25228 007 CO, lo siguiente: Para un proyecto de gran envergadura como el Proyecto Turístico Papagayo, se requiere que las municipalidades de Carrillo y Liberia emitan criterio técnico sobre el cambio de uso de suelo y la obtención de la viabilidad ambiental por parte de SETENA. Se requiere la Coordinación Interinstitucional y Transfronteriza: Los proyectos que afectan a más de un cantón Carrillo y Liberia o que son de gran envergadura requieren una coordinación efectiva entre las municipalidades de Carrillo y Liberia y otras instituciones. La falta de criterios técnicos por parte de las municipalidades de Carrillo y Liberia o la ausencia de un enfoque transfronterizo evidencian una falla en la coordinación, que es esencial para un desarrollo turístico sostenible y para la aplicación correcta de la normativa vigente. Que articulos (sic) de la Constitución Politica (sic) de Costa Rica, Leyes: Ley General de la Administracion (sic) Pública, Código Municipal, principios constituciones transgredieron porque no hubo criterios técnicos emitidos por la Municipalidad de Carrillo y Liberia o por medio de una buena coordinación un criterio técnico transfronterizo. Lo anterior, tomando en consideración la respuesta del Recurso de Amparo 25 25228 007 CO, que dieron esos Municipios. RESPUESTA La ausencia de criterios técnicos por parte de las Municipalidades de Carrillo y Liberia, que afectó al Proyecto Turístico Papagayo, podría haber vulnerado la Constitución Política (principios de interés público y desarrollo sostenible), la Ley General de la Administración Pública (deber de motivación y coordinación), y el Código Municipal (funciones municipales y ordenamiento territorial). Específicamente, se estaría fallando en el deber de dictar actos con fundamento técnico, coordinar acciones interinstitucionales para proyectos de gran envergadura que cruzan la frontera cantonal y proteger el ambiente y el uso del suelo de forma sostenible, como se desprende de los principios de desarrollo turístico y aplicación de la normativa vigente. Análisis de las posibles vulneraciones: Constitución Política de Costa Rica: • Principios de interés público y desarrollo sostenible: El desarrollo turístico debe responder al interés público y ser sostenible. La falta de criterios técnicos y coordinación para un proyecto de la envergadura de Nombre169752 podría contravenir este principio, ya que no se estaría garantizando un desarrollo que beneficie a la colectividad y proteja el ambiente. • Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado: Al no emitir criterios técnicos adecuados y coordinarse, las municipalidades ( LIBERIA Y CARRILLO) podrían estar incumpliendo su deber de velar por la protección ambiental y el uso adecuado del suelo, afectando indirectamente este derecho. Ley General de la Administración Pública: • Deber de motivación de los actos: Las municipalidades tienen la obligación de fundamentar técnicamente sus actos. La omisión de emitir criterios técnicos significa que no se está justificando debidamente las decisiones, un requisito esencial para la validez de los actos administrativos. • Coordinación interinstitucional: La ley establece la necesidad de coordinar entre distintas instituciones públicas. La falta de coordinación entre Carrillo y Liberia para un proyecto que afecta a ambos cantones es una falla en el cumplimiento de esta obligación, especialmente al ser de gran envergadura. • Deber de consulta y participación: Para proyectos de esta naturaleza, es fundamental consultar a las partes interesadas y otros órganos públicos. La omisión en estos procesos indica una falla en la aplicación de la ley. Código Municipal: • Funciones municipales sobre ordenamiento territorial: Las municipalidades tienen la responsabilidad de aprobar los planes de ordenamiento territorial y de los usos del suelo en su cantón. La falta de criterio técnico implica un incumplimiento de estas funciones, lo que puede tener consecuencias negativas para el desarrollo del proyecto y del cantón. • Coordinación de políticas locales: Los municipios deben coordinarse entre sí cuando sus acciones o los proyectos en sus territorios se afectan mutuamente o afectan a otros cantones, especialmente en asuntos como el desarrollo turístico y el uso del suelo. Consideración del Recurso de Amparo: El hecho de que los municipios (Liberia y Carrillo), que emitieron una respuesta en un recurso de amparo (Recurso de Amparo 25 25228 007 CO) demuestren que hubo una interacción con el problema, pero sin que esto se traduzca en la emisión de los criterios técnicos requeridos, resalta aún más la falla en la coordinación y en el cumplimiento de sus funciones. La falta de un criterio técnico transfronterizo eficaz, solicitado y emitido, revela una debilidad en la aplicación de la normativa vigente y en el compromiso con el desarrollo sostenible. ANALISIS (sic): Las vulneraciones identificadas indican que los proyectos como el de Papagayo, al carecer de criterios técnicos y coordinación entre las municipalidades de Liberia y Carrillo, contravienen la Constitución Política al no promover el interés público ni el desarrollo sostenible, infringen el derecho a un ambiente sano, y violan la Ley General de la Administración Pública por falta de motivación y coordinación, así como el Código Municipal por incumplimiento de funciones de ordenamiento territorial y coordinación entre municipios. La existencia de un recurso de amparo sin la debida emisión de criterios técnicos agrava esta situación, demostrando una falla en la aplicación normativa y un compromiso deficiente con el desarrollo sostenible. Vulneraciones a la Constitución Política de Costa Rica • Principio de Interés Público y Desarrollo Sostenible: Un desarrollo turístico que no se basa en criterios técnicos y coordinación falla en beneficiar a la colectividad y proteger el ambiente, contraviniendo el propósito del interés público y la sostenibilidad a largo plazo. • Derecho a un Ambiente Sano y Ecológicamente Equilibrado: La falta de criterios técnicos y la ausencia de coordinación entre las municipalidades afectan el uso adecuado del suelo y la protección del ambiente, lo que impacta negativamente el derecho de los ciudadanos a un entorno equilibrado. Vulneraciones a la Ley General de la Administración Pública • Deber de Motivación de los Actos: La omisión en la emisión de criterios técnicos constituye una falta de fundamentación técnica en las decisiones, lo cual es un requisito esencial para la validez de los actos administrativos. • Coordinación Interinstitucional: La ley exige la coordinación entre instituciones públicas. La falta de ella entre las municipalidades de Liberia y Carrillo, para un proyecto que afecta a ambos cantones, es un incumplimiento de esta obligación. • Deber de Consulta y Participación: Se omite la consulta a las partes interesadas y a otros órganos públicos, lo cual es fundamental para proyectos de gran envergadura y representa una falla en la aplicación de la ley. Vulneraciones al Código Municipal • Funciones Municipales sobre Ordenamiento Territorial: Las municipalidades (CARRILLO Y LIBERIA) incumplen su deber de aprobar planes de ordenamiento territorial y de uso de suelo al no emitir los criterios técnicos necesarios, afectando el desarrollo del cantón. • Coordinación de Políticas Locales: Los municipios (CARRILLO Y LIBERIA) tienen la obligación de coordinarse cuando los proyectos o acciones en sus territorios se afectan mutuamente. La falta de coordinación en proyectos turísticos y de uso de suelo entre cantones vecinos es un claro incumplimiento. Consideración del Recurso de Amparo • La respuesta a un recurso de amparo (Recurso de Amparo 25 25228 007 CO) por parte de los municipios (CARRILLO Y LIBERIA) demuestra la interacción con el problema, pero la ausencia de los criterios técnicos requeridos resalta la falla en la coordinación y el cumplimiento de sus deberes. • Esta situación evidencia una debilidad en la aplicación de la normativa vigente y en el compromiso con el desarrollo sostenible, pues no se logró un criterio técnico transfronterizo eficaz”.

31.- Por escrito incorporado al expediente digital el 27 de setiembre de 2025, el recurrente expone: “AL SER LAS 15 HORAS Y 21 MINUTOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SE APORTA AL RECURSO DE AMPARO 25 25228 007 CO La alegación sostiene que la SETENA vulneró la legalidad, el debido proceso, la participación ciudadana y el interés público al otorgar la viabilidad ambiental del Proyecto Turístico Nombre169752 sin consultar a las municipalidades de Carrillo y Liberia, contraviniendo la LGAP, el Código Municipal y el Código Ambiental. La SETENA, en respuesta, afirma que cumplió con la normativa de participación mediante la publicación de la información en medios nacionales y la realización de un estudio de percepción social, y que la ausencia de una Declaratoria de Impacto Ambiental con sello municipal no es un impedimento para la viabilidad. Argumentos de la Alegación: • Vulneración de la legalidad y el debido proceso: La SETENA incumplió la normativa al no consultar a las municipalidades de Carrillo y Liberia, violando el derecho al debido proceso administrativo de estas entidades. • Inobservancia de la Constitución y el derecho a un ambiente sano: La omisión de consultas podría haber impedido la evaluación adecuada del proyecto, poniendo en riesgo el derecho a un ambiente sano garantizado por el Artículo 50 de la Constitución. • Incumplimiento de la Ley General de Administración Pública: La LGAP exige la participación ciudadana y la consulta a instituciones competentes, por loque obviar estos pasos constituye un vicio de procedimiento. • Contravención del Código Municipal: Las municipalidades tienen competencias sobre el territorio y el uso del suelo, por lo que debieron emitir su criterio técnico respecto al proyecto. • Contradicción con el Código Ambiental: El Código Ambiental establece la obligatoriedad de consultar a autoridades locales en evaluaciones ambientales para proyectos de alto impacto. • Afectación de los intereses difusos y el interés público: La falta de consulta y evaluación insuficiente afecta a los ciudadanos y el medio ambiente, priorizando intereses particulares. Respuesta de SETENA: • Participación vía publicación y estudio: La comunicación del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) se realizó mediante publicación en medios nacionales, y se efectuó un estudio de percepción social cuantitativo para la participación ciudadana. • Mecanismos de participación: Se afirma que el Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG- MEIC no limita la participación, y no hubo manifestación de voluntad de participar por parte de actores involucrados. • Declaratoria de Impacto Ambiental: Se menciona que, como parte del proceso del EsIA, debe presentarse la Declaratoria de Impacto Ambiental con el sello de recibido de la Municipalidad, pero no se detalla si fue presentado o no. Liberia, 27 de septiembre de 2025 Señores Magistrados Sala Constitucional SABANA SUR-SAN JOSE (sic). Estimados Magistrados: YO, Nombre49424   (sic), ADULTO MAYOR, Nombre68642 (sic) CED38524, SE APORTA AL RECURSO DE AMPARO 25 25228 007 CO, lo siguiente: La falta de consultas a las municipalidades (Carrillo y Liberia) y la no emisión de un criterio técnico mancomunado transfronterizo para que SETENA aprobara la viabilidad ambiental del Proyecto Turístico Papagayo, vulnera el principio de legalidad, el debido proceso, el derecho a la participación ciudadana y consulta local, y potencialmente afecta el interés público al no considerar adecuadamente los impactos en el ambiente sano y los intereses difusos de los ciudadanos. Esto contraviene normas de la Ley General de la Administración Pública, el Código Municipal y el Código Ambiental, que exigen participación local y evaluación integral del proyecto. Disposiciones legales y principios afectados: • Principio de legalidad y el debido proceso: La SETENA, al otorgar la viabilidad sin la consulta requerida a las municipalidades de Carrillo y Liberia, incumplió la normativa vigente y violó el derecho al debido proceso administrativo de estas entidades, que debieron ser consideradas para emitir un criterio técnico concertado. • Constitución Política y el derecho a un ambiente sano: El Artículo 50 de la Constitución Política garantiza el derecho a un ambiente sano y equilibrado. La omisión de consultas a las municipalidades podría haber impedido la correcta evaluación del proyecto y la toma de medidas de mitigación adecuadas, poniendo en riesgo dicho derecho. • Ley General de la Administración Pública: La Ley General de la Administración Pública (LGAP) establece los requisitos para los procedimientos administrativos, incluyendo la participación ciudadana y la consulta a otras instituciones con competencia o interés en el asunto. La actuación de SETENA, al obviar dichas consultas, podría ser considerada un vicio de procedimiento. • Código Municipal: Las municipalidades tienen competencias en materia territorial y de uso del suelo dentro de su cantón. La SETENA debió consultar a las municipalidades de Carrillo y Liberia para que emitieran su criterio técnico, el cual es esencial para la correcta planificación y evaluación del proyecto. • Código Ambiental y el principio de participación: El Código Ambiental y su reglamento establecen la obligatoriedad de la consulta a instituciones y autoridades locales en los procesos de evaluación ambiental, especialmente para proyectos de alto impacto. La omisión de estas consultas contraviene este principio. • Intereses Difusos de los ciudadanos: La falta de consulta pública obligatoria y la evaluación insuficiente de los impactos ambientales afectan directamente los intereses difusos de los ciudadanos que residen en el área de influencia del proyecto, perjudicando su calidad de vida y el entorno natural. • Interés Público: La decisión de otorgar la viabilidad sin un proceso adecuado de consulta y participación puede contravenir el interés público, al priorizar intereses particulares sobre la protección del medio ambiente y el bienestar de las comunidades locales. CRITERIO TECNICO (sic) SETENA Cuarto Alegato: "Además, enfatiza que la SETENA no consultó de manera adecuada a las municipalidades de la jurisdicción ni a las comunidades circunvecinas, incumpliendo con el deber de transparencia, de coordinación interinstitucional y de participación ciudadana que deben regir este tipo de proyectos. Respuesta al Cuarto Alegato: Como se mencionó anteriormente, bajo el Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S- MOPT-MAG-MEIC, la posibilidad de participación nunca ha estado limitada tanto a la ciudadanía como a las instituciones, la comunicación está abierta desde el momento que se publica en un medio de circulación nacional la información del EsIA, como lo fue realizado para este caso en el periódico La Teja el día martes 8 de junio de 2021 y que consta además en el folio 146 del expediente del Proyecto, sin embargo ningún actor manifestó ante la SETENA voluntad de recibir mayor información del proyecto u oponerse a este al momento del análisis del expediente. Además, como parte del proceso del EsIA también debe presentarse la Declaratoria de Impacto Ambiental del EsIA con el sello de recibido de la Municipalidad del cantón donde se localiza la actividad, obra o proyecto Se reitera que el mecanismo de participación aplicado fue el Estudio de percepción social cuantitativo, este fue realizado cumpliendo con la normativa vigente.(Sic). ANALISIS (sic): La alegación sostiene que la SETENA vulneró la legalidad, el debido proceso, la participación ciudadana y el interés público al otorgar la viabilidad ambiental del Proyecto Turístico Nombre169752 sin consultar a las municipalidades de Carrillo y Liberia, contraviniendo la LGAP, el Código Municipal y el Código Ambiental. La SETENA, en respuesta, afirma que cumplió con la normativa de participación mediante la publicación de la información en medios nacionales y la realización de un estudio de percepción social, y que la ausencia de una Declaratoria de Impacto Ambiental con sello municipal noes un impedimento para la viabilidad. Argumentos de la Alegación: • Vulneración de la legalidad y el debido proceso: La SETENA incumplió la normativa al no consultar a las municipalidades de Carrillo y Liberia, violando el derecho al debido proceso administrativo de estas entidades. • Inobservancia de la Constitución y el derecho a un ambiente sano: La omisión de consultas podría haber impedido la evaluación adecuada del proyecto, poniendo en riesgo el derecho a un ambiente sano garantizado por el Artículo 50 de la Constitución. • Incumplimiento de la Ley General de Administración Pública: La LGAP exige la participación ciudadana y la consulta a instituciones competentes, por lo que obviar estos pasos constituye un vicio de procedimiento. • Contravención del Código Municipal: Las municipalidades tienen competencias sobre el territorio y el uso del suelo, por lo que debieron emitir su criterio técnico respecto al proyecto. • Contradicción con el Código Ambiental: El Código Ambiental establece la obligatoriedad de consultar a autoridades locales en evaluaciones ambientales para proyectos de alto impacto. • Afectación de los intereses difusos y el interés público: La falta de consulta y evaluación insuficiente afecta a los ciudadanos y el medioambiente, priorizando intereses particulares. Respuesta de SETENA: • Participación vía publicación y estudio: La comunicación del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) se realizó mediante publicación en medios nacionales, y se efectuó un estudio de percepción social cuantitativo para la participación ciudadana. • Mecanismos de participación: Se afirma que el Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG- MEIC no limita la participación, y no hubo manifestación de voluntad de participar por parte de actores involucrados. • Declaratoria de Impacto Ambiental: Se menciona que, como parte del proceso del EsIA, debe presentarse la Declaratoria de Impacto Ambiental con el sello de recibido de la Municipalidad, pero no se detalla si fue presentado o no”.

32.- Por escrito incorporado al expediente digital el 27 de setiembre de 2025, el recurrente expone: “AL SER LAS 20 HORAS Y 20 MINUTOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SE AMPLIA Y SE APORTA AL RECURSO DE AMPARO 25 25228 007 CO La omisión de consulta a las Municipalidades de Carrillo y Liberia sí afecta la protección del interés público y el derecho a un ambiente sano, ya que la falta de un criterio técnico transfronterizo y de coordinación municipal impide garantizar un desarrollo sostenible, dejando a la población expuesta a daños ambientales y a la vulneración de derechos fundamentales como el acceso a un ambiente saludable y la participación en la toma de decisiones. Afectación al Interés Público: • Principio de Publicidad y Participación: La consulta a las municipalidades es crucial porque garantiza el derecho a la participación ciudadana en decisiones que afectan directamente a la comunidad y al medio ambiente. • Intereses Difusos: La consulta permite que se consideren y protejan los "intereses difusos", que son aquellos intereses que benefician a un grupo amplio de personas y no tienen un titular específico, pero son relevantes para el bien común, como la calidad del aire, el agua o el paisaje en su área. • Coordinación Municipal: La ausencia de un criterio técnico transfronterizo y de una coordinación entre los municipios de Carrillo y Liberia, es una transgresión de la gestión ambiental eficiente, que debe ser integral y colaborativa, especialmente en zonas donde la gestión de recursos naturales y el desarrollo deben ser armónicos. Afectación al Derecho a un Ambiente Sano: • Derecho Humano: El derecho a un ambiente sano es reconocido internacionalmente y es fundamental para el bienestar y desarrollo de las personas. • Vulneración de Derechos: Al no emitir un criterio técnico, las Municipalidades de Carrillo y Liberia, dejan de cumplir su función de velar por la salud del ecosistema y, por ende, por la salud de sus habitantes. • Deterioro Ambiental: La falta de coordinación entre autoridades locales (Municipalidad de Carrillo y Liberia), puede llevar a una gestión descoordinada de recursos naturales, lo cual puede resultar en un deterioro ambiental que perjudique a la población. ANÁLISIS PROFUNDO: • Principio de Precaución: La falta de consulta y criterio técnico transfronterizo puede implicar una transgresión al principio de precaución, que exige actuar con cautela ante la posibilidad de daños ambientales, incluso si no hay certeza científica total. Es decir, Principio de Precaución tiene base constitucional en Costa Rica, pues está reconocido y aplicado por la Sala Constitucional en la interpretación de la Constitución Política, particularmente a través del derecho a un ambiente sano que consagrado en el Artículo 50, y mediante instrumentos internacionales como la Declaración de Río de 1992 y normas de derecho interno. Cómo se aplica el Principio de Precaución: • Interpretación constitucional: La Sala Constitucional, el más alto tribunal en asuntos constitucionales, reconoce y aplica este principio en sus sentencias. Por ejemplo, lo utilizó para ordenar restricciones en actividades hasta contar con información científica precisa sobre sus posibles daños ambientales, según explica la Escuela Judicial de Costa Rica.• Derecho ambiental: Este principio es fundamental para garantizar el derecho a un ambiente sano, reconocido en el Artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica. Ante la duda científica sobre un daño potencial, se deben tomar medidas para prevenirlo o, al menos, para que quien vaya a causar el daño demuestre que puede garantizar la mitigación necesaria, apunta CIJUL en Línea. • Normativa internacional y nacional: Costa Rica reconoce este principio a través de la Declaración de Río de 1992 y el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, que también influyen en la interpretación de la normativa interna, señala Officium Legal. Además, la Ley Orgánica del Ambiente (1995) establece la obligación de realizar evaluaciones de impacto ambiental, lo que es un instrumento para la aplicación del principio precautorio. ¿Qué significa el Principio de Precaución? • Se aplica cuando existe incertidumbre científica sobre los posibles efectos negativos de una actividad. • La acción se orienta hacia la prevención, priorizando la reparación del daño antes de que este ocurra.• En caso de no tener certeza científica sobre un daño severo potencial, las autoridades deben adoptar medidas, e incluso detener o abandonar la acción en cuestión. • Responsabilidad del Estado: El Estado tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a un ambiente sano y velar para que este no sea afectado, protegiendo la naturaleza y garantizando un desarrollo sustentable. • Invisibilización de Impactos Locales: La consulta a las municipalidades es una vía para que se consideren las particularidades y los impactos directos de un proyecto o actividad en el territorio, algo que se pierde si no hay un diálogo técnico adecuado. Liberia, 27 de septiembre de 2025 Señores Magistrados Sala Constitucional SABANA SUR-SAN JOSE (sic). Estimados Magistrados: YO, Nombre49424   (sic), ADULTO MAYOR, Nombre68642 (sic) CED38524, SE APORTA AL RECURSO DE AMPARO 25 25228 007 CO, lo siguiente: La falta de consultas a las municipalidades (Carrillo y Liberia) y la no emisión de un criterio técnico mancomunado transfronterizo para que SETENA aprobara la viabilidad ambiental del Proyecto Turístico Papagayo, vulnera el principio de legalidad, el debido proceso, el derecho a la participación ciudadana y consulta local, y potencialmente afecta el interés público al no considerar adecuadamente los impactos en el ambiente sano y los intereses difusos de los ciudadanos. Esto contraviene normas de la Ley General de la Administración Pública, el Código Municipal y el Código Ambiental, que exigen participación local y evaluación integral del proyecto. Disposiciones legales y principios afectados: • Principio de legalidad y el debido proceso: La SETENA, al otorgar la viabilidad sin la consulta requerida a las municipalidades de Carrillo y Liberia, incumplió la normativa vigente y violó el derecho al debido proceso administrativo de estas entidades, que debieron ser consideradas para emitir un criterio técnico concertado. • Constitución Política y el derecho a un ambiente sano: El Artículo 50 de la Constitución Política garantiza el derecho a un ambiente sano y equilibrado. La omisión de consultas a las municipalidades podría haber impedido la correcta evaluación del proyecto y la toma de medidas de mitigación adecuadas, poniendo en riesgo dicho derecho. • Ley General de la Administración Pública: La Ley General de la Administración Pública (LGAP) establece los requisitos para los procedimientos administrativos, incluyendo la participación ciudadana y la consulta a otras instituciones con competencia o interés en el asunto. La actuación de SETENA, al obviar dichas consultas, podría ser considerada un vicio de procedimiento. • Código Municipal: Las municipalidades tienen competencias en materia territorial y de uso del suelo dentro de su cantón. La SETENA debió consultar a las municipalidades de Carrillo y Liberia para que emitieran su criterio técnico, el cual es esencial para la correcta planificación y evaluación del proyecto. • Código Ambiental y el principio de participación: El Código Ambiental y su reglamento establecen la obligatoriedad de la consulta a instituciones y autoridades locales en los procesos de evaluación ambiental, especialmente para proyectos de alto impacto. La omisión de estas consultas contraviene este principio. • Intereses Difusos de los ciudadanos: La falta de consulta pública obligatoria y la evaluación insuficiente de los impactos ambientales afectan directamente los intereses difusos de los ciudadanos que residen en el área de influencia del proyecto, perjudicando su calidad de vida y el entorno natural. • Interés Público: La decisión de otorgar la viabilidad sin un proceso adecuado de consulta y participación puede contravenir el interés público, al priorizar intereses particulares sobre la protección del medio ambiente y el bienestar de las comunidades locales. CRITERIO TECNICO (sic) SETENA Cuarto Alegato: "Además, enfatiza que la SETENA no consultó de manera adecuada a las municipalidades de la jurisdicción ni a las comunidades circunvecinas, incumpliendo con el deber de transparencia, de coordinación interinstitucional y de participación ciudadana que deben regir este tipo de proyectos. Respuesta al Cuarto Alegato: Como se mencionó anteriormente, bajo el Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S- MOPT-MAG-MEIC, la posibilidad de participación nunca ha estado limitada tanto a la ciudadanía como a las instituciones, la comunicación está abierta desde el momento que se publica en un medio de circulación nacional la información del EsIA, como lo fue realizado para este caso en el periódico La Teja el dia martes 8 de junio de 2021 y que consta además en el folio 146 del expediente del Proyecto, sin embargo ningún actor manifestó ante la SETENA voluntad de recibir mayor información del proyecto u oponerse a este al momento del análisis del expediente. Además, como parte del proceso del EsIA también debe presentarse la Declaratoria de Impacto Ambiental del EsIA con el sello de recibido de la Municipalidad del cantón donde se localiza la actividad, obra o proyecto Se reitera que el mecanismo de participación aplicado fue el Estudio de percepción social cuantitativo, este fue realizado cumpliendo con la normativa vigente.(Sic).ANALISIS (sic): La alegación sostiene que la SETENA vulneró la legalidad, el debido proceso, la participación ciudadana y el interés público al otorgar la viabilidad ambiental del Proyecto Turístico Nombre169752 sin consultar a las municipalidades de Carrillo y Liberia, contraviniendo la LGAP, el Código Municipal y el Código Ambiental. La SETENA, en respuesta, afirma que cumplió con la normativa de participación mediante la publicación de la información en medios nacionales y la realización de un estudio de percepción social, y que la ausencia de una Declaratoria de Impacto Ambiental con sello municipal no es un impedimento para la viabilidad. Argumentos de la Alegación: • Vulneración de la legalidad y el debido proceso: La SETENA incumplió la normativa al no consultar a las municipalidades de Carrillo y Liberia, violando el derecho al debido proceso administrativo de estas entidades. • Inobservancia de la Constitución y el derecho a un ambiente sano: La omisión de consultas podría haber impedido la evaluación adecuada del proyecto, poniendo en riesgo el derecho a un ambiente sano garantizado por el Artículo 50 de la Constitución. • Incumplimiento de la Ley General de Administración Pública: La LGAP exige la participación ciudadana y la consulta a instituciones competentes, por lo que obviar estos pasos constituye un vicio de procedimiento.• Contravención del Código Municipal: Las municipalidades tienen competencias sobre el territorio y el uso del suelo, por lo que debieron emitir su criterio técnico respecto al proyecto. • Contradicción con el Código Ambiental: “…El Código Ambiental establece la obligatoriedad de consultar a autoridades locales en evaluaciones ambientales para proyectos de alto impacto. Es decir, El artículo específico que establece la obligatoriedad de consultar a autoridades locales en evaluaciones ambientales para proyectos de alto impacto no se encuentra explícitamente en la Ley Orgánica del Ambiente de Costa Rica (Nº 7554), pero su aplicación se desprende de la obligación de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) de analizar y resolver dichas evaluaciones (artículo 84) y de la necesidad de cumplir con normativas y competencias vigentes de otras autoridades, tal como indica el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental. Detalles relevantes de la Ley Orgánica del Ambiente de Costa Rica:• Obligatoriedad de la evaluación: El artículo 44 establece que el Ministerio del Ambiente y Energía exigirá una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para actividades que afecten ecosistemas o amenacen la vida. • Rol de la SETENA: La Secretaría Técnica Nacional Ambiental es la entidad encargada de analizar, resolver y aprobar las EIA, las cuales son un requisito indispensable para iniciar actividades, obras o proyectos. • Cumplimiento con otras autoridades: El Reglamento General de EIA aclara que el cumplimiento del procedimiento de EIA no exime al desarrollador de cumplir con las gestiones ante otras autoridades de la Administración, según sus competencias y normativa vigente. Esto significa que, aunque la Ley Orgánica no detalle una consulta directa y obligatoria a las autoridades locales en el proceso de EIA, es un requisito implícito para la viabilidad del proyecto. En resumen: La consulta a autoridades locales no se detalla en un artículo único dentro de la Ley Orgánica del Ambiente de Costa Rica, sino que surge de la responsabilidad de la SETENA de coordinar con otras instancias administrativas en el proceso de evaluación y aprobación de proyectos de alto impacto, asegurando el cumplimiento de todas las normativas aplicables, incluyendo aquellas de ámbito local… ”. Así las cosas: La Ley Orgánica del Ambiente de Costa Rica, mediante la responsabilidad de la SETENA (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) debe coordinar con otras instancias administrativas, establece implícitamente el deber de consultar a autoridades locales (Municipalidad de Carrillo y Liberia) en la evaluación de proyectos de alto impacto para garantizar el cumplimiento de las normativas ambientales, reflejando el interés público, el derecho a un ambiente sano y la protección del interés difuso. Coordinación entre instituciones y consulta local. • Responsabilidad de SETENA: La función de SETENA es coordinar con otras instancias administrativas para asegurar que se cumplan todas las normativas aplicables, incluyendo las de ámbito local, en el proceso de evaluación y aprobación de proyectos de alto impacto. • Participación local: Esta coordinación implica la necesaria participación y consulta de las autoridades locales, que son las más cercanas a las realidades del territorio y las afectadas directamente por los proyectos. Interés público y ambiente sano • Interés público: La consulta a las autoridades locales es una manifestación del interés público en la toma de decisiones ambientales, ya que se busca el bienestar colectivo y la protección del entorno. • Derecho a un ambiente sano: La participación en estos procesos asegura la protección del derecho de las personas a vivir en un ambiente sano y a participar en la definición de políticas ambientales que afectan sus vidas. Interés difuso • Protección de intereses difusos: • Al consultar a las autoridades locales y considerar el impacto de los proyectos en la comunidad y el ambiente, se protegen los intereses difusos, es decir, aquellos intereses colectivos y que benefician a la población en general, y que de otra forma no tendrían representación. • Afectación de los intereses difusos y el interés público: La falta de consulta y evaluación insuficiente afecta a los ciudadanos y el medioambiente, priorizando intereses particulares. Respuesta de SETENA: • Participación vía publicación y estudio: La comunicación del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) se realizó mediante publicación en medios nacionales, y se efectuó un estudio de percepción social cuantitativo para la participación ciudadana. • Mecanismos de participación: Se afirma que el Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG- MEIC no limita la participación, y no hubo manifestación de voluntad de participar por parte de actores involucrados. • Declaratoria de Impacto Ambiental: Se menciona que, como parte del proceso del EsIA, debe presentarse la Declaratoria de Impacto Ambiental con el sello de recibido de la Municipalidad, pero no se detalla si fue presentado o no. ANALISIS (sic) RESUMIDO: La alegación contra la viabilidad del Proyecto Nombre169752 argumenta que la SETENA vulneró la legalidad, el debido proceso y el interés público al no consultar a las Municipalidades de Carrillo y Liberia, contraviniendo LGAP, Código Municipal y Código Ambiental. La SETENA responde que cumplió la normativa de participación ciudadana con publicaciones y estudios sociales, y que la falta de Declaratoria de Impacto Ambiental con sello municipal no es un obstáculo. La cuestión central es si la participación ciudadana vía publicación es suficiente, o si la consulta a autoridades locales y la evaluación técnica son requisitos implícitos y obligatorios para la aprobación de proyectos de alto impacto. Argumentos de la Alegación • Vulneración de legalidad y debido proceso: La SETENA violó el derecho al debido proceso administrativo de las municipalidades al no consultarles sobre el proyecto. • Vulneración del derecho a un ambiente sano: La omisión de consultas pudo haber impedido una evaluación adecuada, poniendo en riesgo el derecho constitucional a un ambiente sano. • Incumplimiento de la LGAP: La Ley General de Administración Pública (LGAP) exige la participación ciudadana y la consulta a instituciones competentes. • Contravención del Código Municipal: Las Municipalidades tienen competencias sobre el territorio y el uso del suelo, por lo que su criterio técnico debió ser emitido. • Contradicción con el Código Ambiental: Se sostiene que, aunque no haya un artículo específico sobre consulta a autoridades locales, la obligación se desprende de la responsabilidad de la SETENA de analizar las evaluaciones de impacto ambiental (EIA) y la necesidad de coordinar con otras autoridades competentes según el Reglamento General de EIA. Respuesta de la SETENA • Cumplimiento de participación ciudadana: La SETENA afirma que cumplió con la normativa de participación mediante la publicación de información en medios nacionales y la realización de un estudio de percepción social. • Mecanismo de participación: La entidad también señala que el Decreto Ejecutivo No. 31849- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC no limita la participación, y que ningún actor involucrado solicitó la audiencia pública necesaria para este tipo de proyectos. • Declaratoria de Impacto Ambiental: • La SETENA aclara que la presentación de la Declaratoria de Impacto Ambiental con el sello de la Municipalidad es una parte del proceso del EIA, pero no especifica si fue presentada o no.Puntos clave en conflicto • Naturaleza de la participación: La alegación argumenta que se requiere una consulta directa a las Municipalidades de Carrillo y Liberia, mientras que la SETENA defiende que la publicación en medios y el estudio de percepción social son mecanismos válidos de participación. • Marco legal y coordinación: La discrepancia radica en si la consulta a las Municipalidades de Carrillo y Liberia, es un requisito explícito o implícito, derivado de la coordinación de la SETENA con otras instancias administrativas para asegurar el cumplimiento de todas las normativas aplicables. • Interés público y medio ambiente: Se debate si la falta de consulta a las Municipalidades de Carrillo y Liberia afecta la adecuada protección del interés público, el derecho a un ambiente sano y la protección de los intereses difusos de la población en el área. ANALISIS (sic) DE FONDO PARRAFO (sic) ANTERIOR: La omisión de consulta a las Municipalidades de Carrillo y Liberia sí afecta la protección del interés público y el derecho a un ambiente sano, ya que la falta de un criterio técnico transfronterizo y de coordinación municipal impide garantizar un desarrollo sostenible, dejando a la población expuesta a daños ambientales y a la vulneración de derechos fundamentales como el acceso a un ambiente saludable y la participación en la toma de decisiones. Afectación al Interés Público: • Principio de Publicidad y Participación: La consulta a las municipalidades es crucial porque garantiza el derecho a la participación ciudadana en decisiones que afectan directamente a la comunidad y al medio ambiente. • Intereses Difusos: La consulta permite que se consideren y protejan los "intereses difusos", que son aquellos intereses que benefician a un grupo amplio de personas y no tienen un titular específico, pero son relevantes para el bien común, como la calidad del aire, el agua o el paisaje en su área. • Coordinación Municipal: La ausencia de un criterio técnico transfronterizo y de una coordinación entre los municipios de Carrillo y Liberia, es una transgresión de la gestión ambiental eficiente, que debe ser integral y colaborativa, especialmente en zonas donde la gestión de recursos naturales y el desarrollo deben ser armónicos. Afectación al Derecho a un Ambiente Sano: • Derecho Humano: El derecho a un ambiente sano es reconocido internacionalmente y es fundamental para el bienestar y desarrollo de las personas. • Vulneración de Derechos: Al no emitir un criterio técnico, las Municipalidades de Carrillo y Liberia, dejan de cumplir su función de velar por la salud del ecosistema y, por ende, por la salud de sus habitantes. • Deterioro Ambiental: La falta de coordinación entre autoridades locales (Municipalidad de Carrillo y Liberia), puede llevar a una gestión descoordinada de recursos naturales, lo cual puede resultar en un deterioro ambiental que perjudique a la población. ANÁLISIS PROFUNDO: • Principio de Precaución: La falta de consulta y criterio técnico transfronterizo puede implicar una transgresión al principio de precaución, que exige actuar con cautela ante la posibilidad de daños ambientales, incluso si no hay certeza científica total. Es decir, Principio de Precaución tiene base constitucional en Costa Rica, pues está reconocido y aplicado por la Sala Constitucional en la interpretación de la Constitución Política, particularmente a través del derecho a un ambiente sano que consagrado en el Artículo 50, y mediante instrumentos internacionales como la Declaración de Río de 1992 y normas de derecho interno. Cómo se aplica el Principio de Precaución: • Interpretación constitucional: La Sala Constitucional, el más alto tribunal en asuntos constitucionales, reconoce y aplica este principio en sus sentencias. Por ejemplo, lo utilizó para ordenar restricciones en actividades hasta contar con información científica precisa sobre sus posibles daños ambientales, según explica la Escuela Judicial de Costa Rica. • Derecho ambiental: Este principio es fundamental para garantizar el derecho a un ambiente sano, reconocido en el Artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica. Ante la duda científica sobre un daño potencial, se deben tomar medidas para prevenirlo o, al menos, para que quien vaya a causar el daño demuestre que puede garantizar la mitigación necesaria, apunta CIJUL en Línea. • Normativa internacional y nacional: Costa Rica reconoce este principio a través de la Declaración de Río de 1992 y el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, que también influyen en la interpretación de la normativa interna, señala Officium Legal. Además, la Ley Orgánica del Ambiente (1995) establece la obligación de realizar evaluaciones de impacto ambiental, lo que es un instrumento para la aplicación del principio precautorio. ¿Qué significa el Principio de Precaución? • Se aplica cuando existe incertidumbre científica sobre los posibles efectos negativos de una actividad. • La acción se orienta hacia la prevención, priorizando la reparación del daño antes de que este ocurra. • En caso de no tener certeza científica sobre un daño severo potencial, las autoridades deben adoptar medidas, e incluso detener o abandonar la acción en cuestión. • Responsabilidad del Estado: El Estado tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a un ambiente sano y velar para que este no sea afectado, protegiendo la naturaleza y garantizando un desarrollo sustentable. • Invisibilización de Impactos Locales: La consulta a las municipalidades es una vía para que se consideren las particularidades y los impactos directos de un proyecto o actividad en el territorio, algo que se pierde si no hay un diálogo técnico adecuado”.

33.- Por escrito incorporado al expediente digital el 28 de setiembre de 2025, el recurrente expone: “AL SER LAS 07 HORAS Y 15 MINUTOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SE AMPLIA Y SE APORTA AL RECURSO DE AMPARO 25 25228 007 CO ANALISIS (sic) DE FONDO: La omisión de consulta a las municipalidades de CARRILLO y LIBERIA, AFECTA NEGATIVAMENTE el interés público y el derecho a un ambiente sano al no incorporar criterios técnicos transfronterizos y coordinar acciones, lo que impide un desarrollo sostenible y deja a las comunidades expuestas a riesgos ambientales. A pesar de que la resolución 2025016284 del Tribunal Constitucional de Costa Rica desestimó un recurso contra la viabilidad ambiental del Proyecto Bahía Papagayo, la argumentación de la SETENA sobre la no obligatoriedad de audiencia pública para proyectos de tipo A en ciertos casos, no invalida los principios constitucionales del derecho a la participación ciudadana, la publicidad y el principio de precaución en materia ambiental, que siguen vigentes y son fundamentales para la protección del ambiente y el interés público. Afectación al Interés Público:• Principio de Participación Ciudadana: La consulta a las municipalidades garantiza el derecho de los ciudadanos a participar en decisiones que impactan su entorno. • Intereses Difusos: Permite la protección de intereses comunes, como la calidad del aire y del agua, que benefician a la comunidad en general. • Coordinación Municipal: La ausencia de una coordinación intermunicipal de Carrillo y Liberia, impide una gestión ambiental integral colaborativa en zonas transfronterizas. Afectación al Derecho a un Ambiente Sano: • Vulneración de Derechos Fundamentales: La no emisión de criterios técnicos por parte de las municipalidades de Carrillo y Liberia, afecta su deber de velar por el ecosistema y la salud de sus habitantes, vulnerando el derecho a un ambiente sano reconocido internacionalmente. • Deterioro Ambiental: La descoordinación puede llevar a un manejo deficiente de los recursos naturales, resultando en deterioro ambiental que afecta a la población. Análisis Profundo: • Principio de Precaución: La falta de consulta y criterios técnicos transfronterizos puede contravenir este principio, que obliga a tomar medidas de prevención ante posibles daños ambientales, incluso con incertidumbre científica. • Responsabilidad del Estado: El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a un ambiente sano, la protección de la naturaleza y el desarrollo sostenible, y la omisión municipal de Carrillo y Liberia es una falla en este deber. Respuesta de SETENA y Tribunal Constitucional: • Resolución del Tribunal Constitucional: La resolución 2025016284 desestimó el recurso por considerar que se trataba de una inconformidad con la legalidad ordinaria y no constitucional. • Contexto de la Resolución: Se fundamentó en que no se recibió oposición alguna al proyecto ni se solicitó una audiencia pública. Además, la audiencia no es obligatoria para proyectos tipo A, y se utilizó un estudio de percepción local como mecanismo de participación válido según la normativa. • Implicancias: La SETENA argumenta que el Tribunal Constitucional no es la instancia para resolver aspectos de legalidad ordinaria. Sin embargo, esto no anula los fundamentos constitucionales sobre la participación ciudadana y el principio de precaución que respaldan la necesidad de consulta y coordinación. Liberia, 28 de septiembre de 2025 Señores Magistrados Sala Constitucional Dirección4241   (sic). Estimados Magistrados: YO, Nombre49424  , ADULTO MAYOR, Nombre68642 (sic) CED38524, SE APORTA AL RECURSO DE AMPARO 25 25228 007 CO, lo siguiente: La omisión de consulta a las Municipalidades de Carrillo y Liberia sí afecta la protección del interés público y el derecho a un ambiente sano, ya que la falta de un criterio técnico transfronterizo y de coordinación municipal impide garantizar un desarrollo sostenible, dejando a la población expuesta a daños ambientales y a la vulneración de derechos fundamentales como el acceso a un ambiente saludable y la participación en la toma de decisiones. Afectación al Interés Público: • Principio de Publicidad y Participación: La consulta a las municipalidades es crucial porque garantiza el derecho a la participación ciudadana en decisiones que afectan directamente a la comunidad y al medio ambiente. • Intereses Difusos: La consulta permite que se consideren y protejan los "intereses difusos", que son aquellos intereses que benefician a un grupo amplio de personas y no tienen un titular específico, pero son relevantes para el bien común, como la calidad del aire, el agua o el paisaje en su área. • Coordinación Municipal: La ausencia de un criterio técnico transfronterizo y de una coordinación entre los municipios de Carrillo y Liberia, es una transgresión de la gestión ambiental eficiente, que debe ser integral y colaborativa, especialmente en zonas donde la gestión de recursos naturales y el desarrollo deben ser armónicos. Afectación al Derecho a un Ambiente Sano: • Derecho Humano: El derecho a un ambiente sano es reconocido internacionalmente y es fundamental para el bienestar y desarrollo de las personas. • Vulneración de Derechos: Al no emitir un criterio técnico, las Municipalidades de Carrillo y Liberia, dejan de cumplir su función de velar por la salud del ecosistema y, por ende, por la salud de sus habitantes. • Deterioro Ambiental: La falta de coordinación entre autoridades locales (Municipalidad de Carrillo y Liberia), puede llevar a una gestión descoordinada de recursos naturales, lo cual puede resultar en un deterioro ambiental que perjudique a la población. ANÁLISIS PROFUNDO: • Principio de Precaución: La falta de consulta y criterio técnico transfronterizo puede implicar una transgresión al principio de precaución, que exige actuar con cautela ante la posibilidad de daños ambientales, incluso si no hay certeza científica total. Es decir, Principio de Precaución tiene base constitucional en Costa Rica, pues está reconocido y aplicado por la Sala Constitucional en la interpretación de la Constitución Política, particularmente a través del derecho a un ambiente sano que consagrado en el Artículo 50, y mediante instrumentos internacionales como la Declaración de Río de 1992 y normas de derecho interno. Cómo se aplica el Principio de Precaución: • Interpretación constitucional: La Sala Constitucional, el más alto tribunal en asuntos constitucionales, reconoce y aplica este principio en sus sentencias. Por ejemplo, lo utilizó para ordenar restricciones en actividades hasta contar con información científica precisa sobre sus posibles daños ambientales, según explica la Escuela Judicial de Costa Rica. • Derecho ambiental: Este principio es fundamental para garantizar el derecho a un ambiente sano, reconocido en el Artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica. Ante la duda científica sobre un daño potencial, se deben tomar medidas para prevenirlo o, al menos, para que quien vaya a causar el daño demuestre que puede garantizar la mitigación necesaria, apunta CIJUL en Línea. • Normativa internacional y nacional: Costa Rica reconoce este principio a través de la Declaración de Río de 1992 y el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, que también influyen en la interpretación de la normativa interna, señala Officium Legal. Además, la Ley Orgánica del Ambiente (1995) establece la obligación de realizar evaluaciones de impacto ambiental, lo que es un instrumento para la aplicación del principio precautorio. ¿Qué significa el Principio de Precaución? • Se aplica cuando existe incertidumbre científica sobre los posibles efectos negativos de una actividad. • La acción se orienta hacia la prevención, priorizando la reparación del daño antes de que este ocurra. • En caso de no tener certeza científica sobre un daño severo potencial, las autoridades deben adoptar medidas, e incluso detener o abandonar la acción en cuestión. • Responsabilidad del Estado: El Estado tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a un ambiente sano y velar para que este no sea afectado, protegiendo la naturaleza y garantizando un desarrollo sustentable. • Invisibilización de Impactos Locales: La consulta a las municipalidades es una vía para que se consideren las particularidades y los impactos directos de un proyecto o actividad en el territorio, algo que se pierde si no hay un diálogo técnico adecuado. RESPUESTA DE SETENA. “…Valga mencionar que ya este tema sobre la participación Ciudadana y la realización de una Audiencia Pública fue expuesto ante la (sic) el Tribunal Constitucional en el Exp: 25-012448- 0007-CO, y resuelto por resolución número Res. N° 2025016284 de las nueve horas veinte minutos del treinta de mayo de dos mil veinticinco declarando Sin Lugar el mismo al estimar los señores magistrados lo siguiente: Teniendo claro lo anterior, se determina que lo expuesto por el recurrente es una inconformidad con el mecanismo utilizado por el desarrollador del proyecto para el otorgamiento de la viabilidad ambiental y la decisión de SETENA de aprobar la misma. En ese sentido, véase que según se tiene por demostrado, la autoridad recurrida publicó en un medio de circulación nacional, la información del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Bahía Nombre169752 para lo que correspondiera, siendo que, no se recibió ningún apersonamiento u oposición al proyecto previo al otorgamiento de la viabilidad ambiental y tampoco una solicitud para realizar alguna audiencia pública por parte de un tercero, de acuerdo con la normativa establecida. Aunado a lo anterior, según se informa bajo juramento, la audiencia pública no es obligatoria para todos los proyectos clasificados tipo A, pues su realización depende de las solicitudes que reciban para tales efectos o bien por requerimiento técnico, supuestos que no acontecieron en el proyecto en cuestión, de ahí que, se utilizara como mecanismo de participación ciudadana aplicado en el proceso de evaluación ambiental, el estudio de percepción local el cual no requería difusión previa y cual, también se encontraba regulado como un procedimiento válido dentro de la normativa para tales efectos. Así las cosas y conforme con el precedente de cita, no le corresponde a este Tribunal determinar, tal y como lo pretende el recurrente, si en el caso particular debió realizarse algún tipo de consulta sobre el proyecto en cuestión, o bien, establecer cuál es el mecanismo que deben utilizar las autoridades recurridas, para garantizar de forma óptima la participación ciudadana, toda vez que, se trata de supuestos de legalidad ordinaria que deben ser planteados ante la autoridad recurrida o bien, ante la sede judicial competente y no ante esta sede constitucional. Ergo, lo procedente es declarar sin lugar el recurso, como en efecto se hace...”. (Sic). ANALISIS (sic) DE FONDO: La omisión de consulta a las municipalidades de CARRILLO y LIBERIA, AFECTA NEGATIVAMENTE el interés público y el derecho a un ambiente sano al no incorporar criterios técnicos transfronterizos y coordinar acciones, lo que impide un desarrollo sostenible y deja a las comunidades expuestas a riesgos ambientales. A pesar de que la resolución 2025016284 del Tribunal Constitucional de Costa Rica desestimó un recurso contra la viabilidad ambiental del Proyecto Bahía Papagayo, la argumentación de la SETENA sobre la no obligatoriedad de audiencia pública para proyectos de tipo A en ciertos casos, no invalida los principios constitucionales del derecho a la participación ciudadana, la publicidad y el principio de precaución en materia ambiental, que siguen vigentes y son fundamentales para la protección del ambiente y el interés público. Afectación al Interés Público: • Principio de Participación Ciudadana: La consulta a las municipalidades garantiza el derecho de los ciudadanos a participar en decisiones que impactan su entorno. • Intereses Difusos: Permite la protección de intereses comunes, como la calidad del aire y del agua, que benefician a la comunidad en general. • Coordinación Municipal: La ausencia de una coordinación intermunicipal de Carrillo y Liberia, impide una gestión ambiental integral y colaborativa en zonas transfronterizas. Afectación al Derecho a un Ambiente Sano:• Vulneración de Derechos Fundamentales: La no emisión de criterios técnicos por parte de las municipalidades de Carrillo y Liberia, afecta su deber de velar por el ecosistema y la salud de sus habitantes, vulnerando el derecho a un ambiente sano reconocido internacionalmente. • Deterioro Ambiental: La descoordinación puede llevar a un manejo deficiente de los recursos naturales, resultando en deterioro ambiental que afecta a la población. Análisis Profundo: • Principio de Precaución: La falta de consulta y criterios técnicos transfronterizos puede contravenir este principio, que obliga a tomar medidas de prevención ante posibles daños ambientales, incluso con incertidumbre científica. • Responsabilidad del Estado: El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a un ambiente sano, la protección de la naturaleza y el desarrollo sostenible, y la omisión municipal de Carrillo y Liberia es una falla en este deber. Respuesta de SETENA y Tribunal Constitucional: • Resolución del Tribunal Constitucional: La resolución 2025016284 desestimó el recurso por considerar que se trataba de una inconformidad con la legalidad ordinaria y no constitucional. • Contexto de la Resolución: Se fundamentó en que no se recibió oposición alguna al proyecto ni se solicitó una audiencia pública. Además, la audiencia no es obligatoria para proyectos tipo A, y se utilizó un estudio de percepción local como mecanismo de participación válido según la normativa. • Implicancias: La SETENA argumenta que el Tribunal Constitucional no es la instancia para resolver aspectos de legalidad ordinaria. Sin embargo, esto no anula los fundamentos constitucionales sobre la participación ciudadana y el principio de precaución que respaldan la necesidad de consulta y coordinación”.

34.- Por escrito incorporado al expediente digital el 28 de setiembre de 2025, el accionante expone: “AL SER LAS 14 HORAS Y 28 MINUTOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SE AMPLIA Y SE APORTA AL RECURSO DE AMPARO 25 25228 007 CO • La jurisprudencia de la Sala Constitucional también reafirma que los principios de protección ambiental y el derecho a un ambiente sano están por encima de cualquier ley especial, incluyendo la ley que pueda haber sido creada para el proyecto de Papagayo. Detalle: • Deterioro Ambiental: La descoordinación entre la Municipalidad de Carrillo y Liberia, puede llevar a un manejo deficiente de los recursos naturales, resultando en deterioro ambiental que afecta a la población. • Jurisprudencia de la Sala Constitucional: La jurisprudencia de la Sala Constitucional también reafirma que los principios de protección ambiental y el derecho a un ambiente sano están por encima de cualquier ley especial, incluyendo la ley que pueda haber sido creada para el proyecto de Nombre169752. Análisis: La frase establece que, según la jurisprudencia de la Sala Constitucional de Costa Rica, los principios de protección ambiental y el derecho a un ambiente sano tienen un rango jerárquico superior a cualquier ley ordinaria, incluso aquellas creadas para proyectos específicos como el de Papagayo. Esto significa que, ante un conflicto, se debe dar prioridad a la normativa ambiental y los derechos fundamentales, ya que ninguna ley puede ir en contra de la Constitución ni del derecho humano a un ambiente sano, reconociendo la primacía de estos principios y obligando al Estado a garantizar su cumplimiento. Análisis detallado: 1. Supremacía constitucional: La afirmación indica que los principios ambientales y el derecho a un ambiente sano no son meros conceptos, sino que están consagrados en la Constitución y, por lo tanto, prevalecen sobre leyes de menor rango. 2. Primacía del derecho ambiental: La frase resalta la importancia de los principios de protección ambiental (como el principio precautorio, preventivo y restauratorio) y el derecho humano a un medio ambiente sano, reconociendo que estos deben ser garantizados y preservados por el Estado. 3. Jerarquía normativa: Se establece una jerarquía de normas donde la Constitución y las leyes que se derivan de ella (como las que establecen derechos fundamentales) tienen mayor peso que las leyes especiales. 4. El caso del proyecto Papagayo: La frase utiliza el proyecto de Nombre169752 como ejemplo para ilustrar esta situación. Si existiera una ley específica para el proyecto de Nombre169752, y esa ley entrara en conflicto con los principios ambientales o el derecho a un ambiente sano, dicha ley sería inaplicable o inconstitucional porque la protección del ambiente es prioritaria. 5. Rol de la Sala Constitucional: La Sala Constitucional, como intérprete máximo de la Constitución, reafirma esta posición a través de su jurisprudencia, garantizando que los derechos ambientales y los principios de protección no sean vulnerados por normativas de menor jerarquía. En resumen: La jurisprudencia de la Sala Constitucional establece que la protección ambiental y el derecho a un ambiente sano son derechos humanos fundamentales que deben respetarse y prevalecer sobre cualquier ley ordinaria, especialmente aquellas que buscan favorecer proyectos de desarrollo sin la debida consideración del entorno y la sostenibilidad. Liberia, 28 de septiembre de 2025 Señores Magistrados Sala Constitucional Dirección4241   (sic). Estimados Magistrados: YO, Nombre49424   (sic), ADULTO MAYOR, Nombre68642 (sic) CED38524, SE APORTA AL RECURSO DE AMPARO 25 25228 007 CO, lo siguiente: La omisión de consulta a las Municipalidades de Carrillo y Liberia sí afecta la protección del interés público y el derecho a un ambiente sano, ya que la falta de un criterio técnico transfronterizo y de coordinación municipal impide garantizar un desarrollo sostenible, dejando a la población expuesta a daños ambientales y a la vulneración de derechos fundamentales como el acceso a un ambiente saludable y la participación en la toma de decisiones. Afectación al Interés Público: • Principio de Publicidad y Participación: La consulta a las municipalidades es crucial porque garantiza el derecho a la participación ciudadana en decisiones que afectan directamente a la comunidad y al medio ambiente. • Intereses Difusos: La consulta permite que se consideren y protejan los "intereses difusos", que son aquellos intereses que benefician a un grupo amplio de personas y no tienen un titular específico, pero son relevantes para el bien común, como la calidad del aire, el agua o el paisaje en su área. • Coordinación Municipal: La ausencia de un criterio técnico transfronterizo y de una coordinación entre los municipios de Carrillo y Liberia, es una transgresión de la gestión ambiental eficiente, que debe ser integral y colaborativa, especialmente en zonas donde la gestión de recursos naturales y el desarrollo deben ser armónicos. Afectación al Derecho a un Ambiente Sano: • Derecho Humano: El derecho a un ambiente sano es reconocido internacionalmente y es fundamental para el bienestar y desarrollo de las personas. • Vulneración de Derechos: Al no emitir un criterio técnico, las Municipalidades de Carrillo y Liberia, dejan de cumplir su función de velar por la salud del ecosistema y, por ende, por la salud de sus habitantes. • Deterioro Ambiental: La falta de coordinación entre autoridades locales (Municipalidad de Carrillo y Liberia), puede llevar a una gestión descoordinada de recursos naturales, lo cual puede resultar en un deterioro ambiental que perjudique a la población. ANÁLISIS PROFUNDO: • Principio de Precaución: La falta de consulta y criterio técnico transfronterizo puede implicar una transgresión al principio de precaución, que exige actuar con cautela ante la posibilidad de daños ambientales, incluso si no hay certeza científica total. Es decir, Principio de Precaución tiene base constitucional en Costa Rica, pues está reconocido y aplicado por la Sala Constitucional en la interpretación de la Constitución Política, particularmente a través del derecho a un ambiente sano que consagrado en el Artículo 50, y mediante instrumentos internacionales como la Declaración de Río de 1992 y normas de derecho interno. Cómo se aplica el Principio de Precaución: • Interpretación constitucional: La Sala Constitucional, el más alto tribunal en asuntos constitucionales, reconoce y aplica este principio en sus sentencias. Por ejemplo, lo utilizó para ordenar restricciones en actividades hasta contar con información científica precisa sobre sus posibles daños ambientales, según explica la Escuela Judicial de Costa Rica. • Derecho ambiental: Este principio es fundamental para garantizar el derecho a un ambiente sano, reconocido en el Artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica. Ante la duda científica sobre un daño potencial, se deben tomar medidas para prevenirlo o, al menos, para que quien vaya a causar el daño demuestre que puede garantizar la mitigación necesaria, apunta CIJUL en Línea. • Normativa internacional y nacional: Costa Rica reconoce este principio a través de la Declaración de Río de 1992 y el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, que también influyen en la interpretación de la normativa interna, señala Officium Legal. Además, la Ley Orgánica del Ambiente (1995) establece la obligación de realizar evaluaciones de impacto ambiental, lo que es un instrumento para la aplicación del principio precautorio. ¿Qué significa el Principio de Precaución? • Se aplica cuando existe incertidumbre científica sobre los posibles efectos negativos de una actividad. • La acción se orienta hacia la prevención, priorizando la reparación del daño antes de que este ocurra. • En caso de no tener certeza científica sobre un daño severo potencial, las autoridades deben adoptar medidas, e incluso detener o abandonar la acción en cuestión. • Responsabilidad del Estado: El Estado tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a un ambiente sano y velar para que este no sea afectado, protegiendo la naturaleza y garantizando un desarrollo sustentable. • Invisibilización de Impactos Locales: La consulta a las municipalidades es una vía para que se consideren las particularidades y los impactos directos de un proyecto o actividad en el territorio, algo que se pierde si no hay un diálogo técnico adecuado. RESPUESTA DE SETENA. “…Valga mencionar que ya este tema sobre la participación Ciudadana y la realización de una Audiencia Pública fue expuesto ante la (sic) el Tribunal Constitucional en el Exp: 25-012448- 0007-CO, y resuelto por resolución número Res. N° 2025016284 de las nueve horas veinte minutos del treinta de mayo de dos mil veinticinco declarando Sin Lugar el mismo al estimar los señores magistrados lo siguiente: Teniendo claro lo anterior, se determina que lo expuesto por el recurrente es una inconformidad con el mecanismo utilizado por el desarrollador del proyecto para el otorgamiento de la viabilidad ambiental y la decisión de SETENA de aprobar la misma. En ese sentido, véase que según se tiene por demostrado, la autoridad recurrida publicó en un medio de circulación nacional, la información del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Bahía Nombre169752 para lo que correspondiera, siendo que, no se recibió ningún apersonamiento u oposición al proyecto previo al otorgamiento de la viabilidad ambiental y tampoco una solicitud para realizar alguna audiencia pública por parte de un tercero, de acuerdo con la normativa establecida. Aunado a lo anterior, según se informa bajo juramento, la audiencia pública no es obligatoria para todos los proyectos clasificados tipo A, pues su realización depende de las solicitudes que reciban para tales efectos o bien por requerimiento técnico, supuestos que no acontecieron en el proyecto en cuestión, de ahí que, se utilizara como mecanismo de participación ciudadana aplicado en el proceso de evaluación ambiental, el estudio de percepción local el cual no requerida difusión previa y cual, también se encontraba regulado como un procedimiento válido dentro de la normativa para tales efectos. Así las cosas y conforme con el precedente de cita, no le corresponde a este Tribunal determinar, tal y como lo pretende el recurrente, si en el caso particular debió realizarse algún tipo de consulta sobre el proyecto en cuestión, o bien, establecer cuál es el mecanismo que deben utilizar las autoridades recurridas, para garantizar de forma óptima la participación ciudadana, toda vez que, se trata de supuestos de legalidad ordinaria que deben ser planteados ante la autoridad recurrida o bien, ante la sede judicial competente y no ante esta sede constitucional. Ergo, lo procedente es declarar sin lugar el recurso, como en efecto se hace...”. (Sic).ANALISIS DE FONDO: La omisión de consulta a las municipalidades de CARRILLO y LIBERIA, AFECTA NEGATIVAMENTE el interés público y el derecho a un ambiente sano al no incorporar criterios técnicos transfronterizos y coordinar acciones, lo que impide un desarrollo sostenible y deja a las comunidades expuestas a riesgos ambientales. A pesar de que la resolución 2025016284 del Tribunal Constitucional de Costa Rica desestimó un recurso contra la viabilidad ambiental del Proyecto Bahía Papagayo, la argumentación de la SETENA sobre la no obligatoriedad de audiencia pública para proyectos de tipo A en ciertos casos, no invalida los principios constitucionales del derecho a la participación ciudadana, la publicidad y el principio de precaución en materia ambiental, que siguen vigentes y son fundamentales para la protección del ambiente y el interés público. Afectación al Interés Público: • Principio de Participación Ciudadana: La consulta a las municipalidades garantiza el derecho de los ciudadanos a participar en decisiones que impactan su entorno. • Intereses Difusos: Permite la protección de intereses comunes, como la calidad del aire y del agua, que benefician a la comunidad en general. • Coordinación Municipal: La ausencia de una coordinación intermunicipal de Carrillo y Liberia, impide una gestión ambiental integral y colaborativa en zonas transfronterizas. Afectación al Derecho a un Ambiente Sano: • Vulneración de Derechos Fundamentales: La no emisión de criterios técnicos por parte de las municipalidades de Carrillo y Liberia, afecta su deber de velar por el ecosistema y la salud de sus habitantes, vulnerando el derecho a un ambiente sano reconocido internacionalmente. • Deterioro Ambiental: La descoordinación entre la Municipalidad de Carrillo y Liberia, puede llevar a un manejo deficiente de los recursos naturales, resultando en deterioro ambiental que afecta a la población. ANALISIS La situación en Bahía Nombre169752 podría transgredir el artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica, que establece el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado, al igual que los principios de protección y mitigación ambiental y la gestión adecuada de los recursos naturales, dado que la descoordinación entre municipalidades y la ejecución de proyectos sin la debida viabilidad ambiental comprometen la calidad del suelo, la estabilidad de laderas y la integridad del paisaje. Artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica Este artículo fundamental establece el derecho de toda persona a un medioambiente sano y equilibrado, y el deber de la población de defenderlo. La problemática en Bahía Papagayo, al resultar en un manejo deficiente de los recursos naturales y afectar a la población, directamente estaría contraviniendo este principio. Principios Transgredidos • Principio de Protección y Mitigación Ambiental: La falta de cumplimiento y la ausencia de documentación pertinente por parte de la empresa desarrolladora en el Proyecto Bahía Nombre169752 evidencian un incumplimiento de las normas de protección y mitigación ambiental.• Principio de Gestión Adecuada de Recursos Naturales: La descoordinación entre la Municipalidad de Carrillo y Liberia puede llevar a un manejo deficiente de los recursos naturales, lo cual es una transgresión a los principios de una gestión responsable y sostenible de estos bienes. • Derecho a un Ambiente Sano: Como se mencionó, el artículo 50 constitucional consagra este derecho, y la situación descrita, donde se pone en riesgo ecosistemas importantes como bosques, humedales y manglares, es un ataque directo a este derecho fundamental. Implicaciones Adicionales • Pérdida de Ecosistemas: La pérdida de bosques maduros y secundarios, así como de humedales y manglares, no solo afecta la calidad del suelo y la estabilidad de las laderas, sino que también compromete la integridad del paisaje natural de la región. • Jurisprudencia de la Sala Constitucional: La jurisprudencia de la Sala Constitucional también reafirma que los principios de protección ambiental y el derecho a un ambiente sano están por encima de cualquier ley especial, incluyendo la ley que pueda haber sido creada para el proyecto de Papagayo. Análisis: La frase establece que, según la jurisprudencia de la Sala Constitucional de Costa Rica, los principios de protección ambiental y el derecho a un ambiente sano tienen un rango jerárquico superior a cualquier ley ordinaria, incluso aquellas creadas para proyectos específicos como el de Papagayo. Esto significa que, ante un conflicto, se debe dar prioridad a la normativa ambiental y los derechos fundamentales, ya que ninguna ley puede ir en contra de la Constitución ni del derecho humano a un ambiente sano, reconociendo la primacía de estos principios y obligando al Estado a garantizar su cumplimiento. Análisis detallado: 6. Supremacía constitucional: La afirmación indica que los principios ambientales y el derecho a un ambiente sano no son meros conceptos, sino que están consagrados en la Constitución y, por lo tanto, prevalecen sobre leyes de menor rango.7. Primacía del derecho ambiental: La frase resalta la importancia de los principios de protección ambiental (como el principio precautorio, preventivo y restauratorio) y el derecho humano a un medio ambiente sano, reconociendo que estos deben ser garantizados y preservados por el Estado. 8. Jerarquía normativa: Se establece una jerarquía de normas donde la Constitución y las leyes que se derivan de ella (como las que establecen derechos fundamentales) tienen mayor peso que las leyes especiales.9. El caso del proyecto Nombre169752: La frase utiliza el proyecto de Nombre169752 como ejemplo para ilustrar esta situación. Si existiera una ley específica para el proyecto de Nombre169752, y esa ley entrara en conflicto con los principios ambientales o el derecho a un ambiente sano, dicha ley sería inaplicable o inconstitucional porque la protección del ambiente es prioritaria. 10. Rol de la Sala Constitucional: La Sala Constitucional, como intérprete máximo de la Constitución, reafirma esta posición a través de su jurisprudencia, garantizando que los derechos ambientales y los principios de protección no sean vulnerados por normativas de menor jerarquía. En resumen: La jurisprudencia de la Sala Constitucional establece que la protección ambiental y el derecho a un ambiente sano son derechos humanos fundamentales que deben respetarse y prevalecer sobre cualquier ley ordinaria, especialmente aquellas que buscan favorecer proyectos de desarrollo sin la debida consideración del entorno y la sostenibilidad. Análisis Profundo: • Principio de Precaución: La falta de consulta y criterios técnicos transfronterizos puede contravenir este principio, que obliga a tomar medidas de prevención ante posibles daños ambientales, incluso con incertidumbre científica. • Responsabilidad del Estado: El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a un ambiente sano, la protección de la naturaleza y el desarrollo sostenible, y la omisión municipal de Carrillo y Liberia es una falla en este deber. Respuesta de SETENA y Tribunal Constitucional: • Resolución del Tribunal Constitucional: La resolución 2025016284 desestimó el recurso por considerar que se trataba de una inconformidad con la legalidad ordinaria y no constitucional. • Contexto de la Resolución: Se fundamentó en que no se recibió oposición alguna al proyecto ni se solicitó una audiencia pública. Además, la audiencia no es obligatoria para proyectos tipo A, y se utilizó un estudio de percepción local como mecanismo de participación válido según la normativa. • Implicancias: La SETENA argumenta que el Tribunal Constitucional no es la instancia para resolver aspectos de legalidad ordinaria. Sin embargo, esto no anula los fundamentos constitucionales sobre la participación ciudadana y el principio de precaución que respaldan la necesidad de consulta y coordinación”.

35.- Por escrito incorporado al expediente digital el 29 de setiembre de 2025, el accionante expone: “AL SER LAS 12 HORAS Y 11 MINUTOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SE AMPLIA Y SE APORTA AL RECURSO DE AMPARO 25 25228 007 CO DECRETO 44448 Procedimiento para el cambio de uso de suelo 1. Presentación del criterio técnico: Las Municipalidades de Carrillo y Liberia, al ser cantones colindantes que comparten la zona del Proyecto Golfo de Papagayo, deben presentar un criterio técnico mancomunado ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA). 2. Análisis de SETENA: SETENA, luego de evaluar dicho criterio, debe emitir un informe técnico para su consideración por el Poder Ejecutivo. 3. Emisión del Decreto 44448: El Poder Ejecutivo, al recibir el criterio técnico y el informe de SETENA, puede emitir el Decreto 44448 para regular y aprobar el cambio de uso de suelo del Plan Maestro del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo. Liberia, 29 de septiembre de 2025 Señores Magistrados Sala Constitucional Dirección4241  . Estimados Magistrados: YO, Nombre49424  , ADULTO MAYOR, Nombre68642 CED38524, SE APORTA AL RECURSO DE AMPARO 25 25228 007 CO, lo siguiente: El Proyecto Turístico Golfo de Nombre169752 abarca la península de Nombre169752 y se distribuye en los cantones de Carrillo y Liberia, en la provincia de Guanacaste, Costa Rica. La península de Papagayo, o Península Papagayo, es el área más desarrollada turísticamente dentro del golfo, y la administración del proyecto está a cargo del Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Ubicación Geográfica • Provincia: Guanacaste. • Cantones: El proyecto se encuentra en la costa norte del Pacífico y abarca los cantones de Carrillo y Liberia. • Península de Papagayo: Es el área central del golfo y la más desarrollada del proyecto, ubicada en la costa del Pacífico. Administración y Desarrollo • Administración: El proyecto es gestionado por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), que administra y supervisa el plan maestro del polo turístico. • Objetivo: Atraer turismo nacional e internacional mediante la concesión de terrenos para proyectos turísticos y la construcción de infraestructura pública. En resumen: El Proyecto Turístico Golfo de Nombre169752 es un gran desarrollo que se extiende por el golfo y específicamente por la Península de Papagayo, la cual se localiza en la costa del Pacífico en la provincia de Guanacaste. Esta área está dividida entre los cantones de Carrillo y Liberia. PREGUNTA: Sobre DECRETO 44448. 1. Con base a la Constitución Política, la Ley General de la Administración Pública, Principios de legalidad, ambiente sano, precaución, Interés Público, Intereses Difusos, Reserva de Ley, Código Municipal, Código Forestal y Ambiental y otras leyes conexas. Las Municipalidades de Carrillo y Liberia fueron consultadas y emitieron un criterio técnico mancomunado, por ser cantones transfronterizas, para el Proyecto Turístico Golfo de Nombre169752 abarca la península de Nombre169752 y se distribuye en los cantones de Carrillo y Liberia, en la provincia de Guanacaste, Lo anterior, siendo uno o parte de los requisitos legales que debió presentar SETENA para cambio de Uso de Suelo del Plan Maestro del Proyecto Nombre169752 para que el Poder Ejecutivo emitiera el decreto 44448, así lo considero. RESPUESTA: El decreto 44448 es un reglamento del Poder Ejecutivo costarricense sobre la gestión del cambio de uso de suelo en el Plan Maestro del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, y es legalmente exigible, pues se fundamenta en la Constitución y la Ley General de la Administración Pública. El criterio técnico mancomunado de las Municipalidades de Carrillo y Liberia, al abordar un asunto transfronterizo, es un requisito legal que debe ser presentado ante el Poder Ejecutivo para la aprobación del cambio de uso de suelo. Fundamento legal del criterio mancomunado • Interés público y ambiente sano: La participación de las Municipalidades de Carrillo y Liberia es necesaria para proteger los intereses públicos y el derecho a un ambiente sano y equilibrado, tal como lo establece la Constitución Política. • Principio precautorio: La consulta mancomunada permite aplicar el principio precautorio para evitar daños ambientales y a la salud pública, anticipando los riesgos que puedan surgir de un cambio de uso de suelo. • Marco legal de Costa Rica: El procedimiento administrativo para el cambio de uso de suelo y la emisión de decretos se rigen por la Constitución Política, la Ley General de la Administración Pública y las leyes ambientales específicas. Procedimiento para el cambio de uso de suelo 4. Presentación del criterio técnico: Las Municipalidades de Carrillo y Liberia, al ser cantones colindantes que comparten la zona del Proyecto Golfo de Papagayo, deben presentar un criterio técnico mancomunado ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA). 5. Análisis de SETENA: SETENA, luego de evaluar dicho criterio, debe emitir un informe técnico para su consideración por el Poder Ejecutivo. 6. Emisión del Decreto 44448: El Poder Ejecutivo, al recibir el criterio técnico y el informe de SETENA, puede emitir el Decreto 44448 para regular y aprobar el cambio de uso de suelo del Plan Maestro del Proyecto Turístico Golfo de Nombre169752”.

36.- Por escrito incorporado al expediente digital el 29 de setiembre de 2025, el tutelado narra: “AL SER LAS 12 HORAS Y 05 MINUTOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SE AMPLIA Y SE APORTA AL RECURSO DE AMPARO 25 25228 007 CO VIALIDAD AMBIENTAL IMPORTANCIA DE LA CONSULTA MUNICIPAL La consulta a las municipalidades de Carrillo y Liberia es fundamental, no solo para cumplir con la norma, sino también para: • Garantizar la sostenibilidad ambiental: • Asegurar que el proyecto se ajuste a las normativas ambientales locales. • Considerar el desarrollo local: • Permitir que las municipalidades expresen su visión y necesidades para el desarrollo de sus territorios. • Fortalecer el debido proceso: • Evitar impugnaciones legales al garantizar que todas las autoridades competentes sean consultadas. En conclusión, la emisión del criterio técnico mancomunado por parte de las Municipalidades de Carrillo y Liberia es un paso indispensable para que el proceso de autorización de la Vialidad Ambiental sea legalmente válido y pueda ser aprobado por SETENA Liberia, 29 de septiembre de 2025 Señores Magistrados Sala Constitucional Dirección4241  . Estimados Magistrados: YO, Nombre49424  , ADULTO MAYOR, Nombre68642 CED38524, SE APORTA AL RECURSO DE AMPARO 25 25228 007 CO, lo siguiente: El Proyecto Turístico Golfo de Nombre169752 abarca la península de Nombre169752 y se distribuye en los cantones de Carrillo y Liberia, en la provincia de Guanacaste, Costa Rica. La península de Papagayo, o Península Papagayo, es el área más desarrollada turísticamente dentro del golfo, y la administración del proyecto está a cargo del Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Ubicación Geográfica • Provincia: Guanacaste. • Cantones: El proyecto se encuentra en la costa norte del Pacífico y abarca los cantones de Carrillo y Liberia. • Península de Papagayo: Es el área central del golfo y la más desarrollada del proyecto, ubicada en la costa del Pacífico. Administración y Desarrollo • Administración: El proyecto es gestionado por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), que administra y supervisa el plan maestro del polo turístico. • Objetivo: Atraer turismo nacional e internacional mediante la concesión de terrenos para proyectos turísticos y la construcción de infraestructura pública. En resumen: El Proyecto Turístico Golfo de Nombre169752 es un gran desarrollo que se extiende por el golfo y específicamente por la Península de Papagayo, la cual se localiza en la costa del Pacífico en la provincia de Guanacaste. Esta área está dividida entre los cantones de Carrillo y Liberia. PREGUNTA: 1. Con base a la Constitución Política, la Ley General de la Administración Publica, Principios de legalidad, ambiente sano, precaución, Interés Público, Intereses Difusos, Reserva de Ley, Código Municipal, Código Forestal y Ambiental y otras leyes conexas. Las Municipalidades de Carrillo y Liberia fueron consultadas y emitieron un criterio técnico mancomunado, por ser cantones transfronterizas, para el Proyecto Turístico Golfo de Nombre169752 abarca la península de Nombre169752 y se distribuye en los cantones de Carrillo y Liberia, en la provincia de Guanacaste, Lo anterior, siendo uno o parte de los requisitos legales que debió presentar la empresa que tramito los documentos ante SETENA para la Vialidad Ambiental y así cumplir con el debido proceso, así lo considero. Y que SETENA pudiera autorizar la Vialidad ambiental en el Proyecto Papagayo. RESPUESTA: Sí, las Municipalidades de Carrillo y Liberia deben emitir criterio técnico mancomunado para el Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, ya que es una obligación para asegurar el cumplimiento del principio de legalidad, debida diligencia, y el debido proceso, y constituiría un requisito legal esencial para que SETENA pueda autorizar la Vialidad Ambiental del proyecto, ya que es un proyecto que trasciende las fronteras cantonales. Fundamento legal • Principio de Legalidad: La administración pública y las empresas que interactúan con ella deben estar sujetas a la Constitución y la ley. En este caso, es deber de la empresa presentar dicho criterio y de SETENA verificar su cumplimiento. • Principio de Debido Proceso: La consulta a las municipalidades y la emisión de su criterio técnico es parte del debido proceso, garantizando la participación de las autoridades locales y regionales. • Intereses Públicos e Intereses Difusos: La naturaleza transfronteriza del proyecto afecta directamente a los cantones de Carrillo y Liberia, por lo que es necesario considerar los intereses públicos y difusos de ambas comunidades. • Colaboración Inter-municipal y coordinación interinstitucional: El criterio mancomunado, además de ser un requisito, es una muestra de la coordinación necesaria entre dos cantones que comparten la misma península. • Vialidad Ambiental y Regulación: La Ley General de la Administración Pública, y otras leyes como el Código Forestal y Ambiental, establecen los procedimientos para la evaluación de la viabilidad ambiental de los proyectos. IMPORTANCIA DE LA CONSULTA MUNICIPAL La consulta a las municipalidades de Carrillo y Liberia es fundamental, no solo para cumplir con la norma, sino también para: • Garantizar la sostenibilidad ambiental: • Asegurar que el proyecto se ajuste a las normativas ambientales locales. • Considerar el desarrollo local: • Permitir que las municipalidades expresen su visión y necesidades para el desarrollo de sus territorios. • Fortalecer el debido proceso: • Evitar impugnaciones legales al garantizar que todas las autoridades competentes sean consultadas. En conclusión, la emisión del criterio técnico mancomunado por parte de las Municipalidades de Carrillo y Liberia es un paso indispensable para que el proceso de autorización de la Vialidad Ambiental sea legalmente válido y pueda ser aprobado por SETENA”.

37.- Por escrito incorporado al expediente digital el 2 de octubre de 2025, el recurrente manifiesta: “AL SER LAS 05 HORAS Y 00 MINUTOS DEL 02 DE OCTUBRE DE 2025, SE AMPLIA Y SE APORTA AL RECURSO DE AMPARO 25 25228 007 CO  Al no incluir el criterio mancomunado de las municipalidades de Carrillo y Liberia, el proceso para la aprobación del cambio de uso de suelo en el Golfo de Nombre169752 podría considerarse viciado de nulidad, por omitir un requisito legal esencial en la gestión de un asunto transfronterizo.  Liberia, 02 de octubre de 2025 Señores Magistrados Sala Constitucional Dirección4241  .  Estimados Magistrados:  YO, Nombre49424  , ADULTO MAYOR, Nombre68642 CED38524, SE APORTA AL RECURSO DE AMPARO 25 25228 007 CO, lo siguiente:  El decreto 44448 es un reglamento del Poder Ejecutivo costarricense sobre la gestión del cambio de uso de suelo en el Plan Maestro del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, y es legalmente exigible, pues se fundamenta en la Constitución y la Ley General de la Administración Pública. El criterio técnico mancomunado de las Municipalidades de Carrillo y Liberia, al abordar un asunto transfronterizo, es un requisito legal que debe ser presentado ante el Poder Ejecutivo para la aprobación del cambio de uso de suelo.  ANALISIS:  La ausencia del criterio mancomunado de las municipalidades de Carrillo y Liberia podría transgredir el derecho a la participación ciudadana y al debido proceso administrativo, establecido en la Constitución Política de Costa Rica (Artículos 33, 168, 169 y 170) y la Ley General de la Administración Pública (Artículos 152 y 153), especialmente en asuntos que afectan a territorios fronterizos y con interés público. Además, contraviene los principios de la Justicia Ambiental sobre la participación en la toma de decisiones, el derecho a un ambiente saludable y la protección del interés colectivo.  Detalle:  ARTICULO 152 LGAP El Artículo 152 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP) de Costa Rica establece las condiciones y causas para la revocación de actos administrativos por razones de oportunidad, conveniencia o mérito. Dicho acto podrá ser revocado si existe una grave divergencia entre los efectos del acto y el interés público, incluso si ha transcurrido tiempo o se han creado derechos, pero la revocación debe ser considerada en función de la naturaleza y circunstancias de la relación jurídica.  Contenido del Artículo 152 • Revocación por oportunidad, conveniencia o mérito:   El acto administrativo puede ser revocado cuando sea mejor para el interés público, incluso si se han creado derechos.  • Requisito de grave divergencia:   La revocación solo es posible si hay una discrepancia significativa entre los efectos del acto y el interés público.  • Consideración del tiempo y derechos:   Se pueden tomar en cuenta el tiempo transcurrido y los derechos ya creados por el acto, así como las circunstancias específicas de la relación jurídica.  ARTICULO 153 LGAP El artículo 153 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP) de Costa Rica regula la revocación de actos administrativos por razones de oportunidad, conveniencia o mérito, permitiendo que la propia Administración extinga un acto válido por circunstancias sobrevenidas o un cambio en la valoración del interés público. Esto difiere de la anulación, que procede por vicios de legalidad, y se basa en un criterio de discrecionalidad administrativa, pudiendo aplicarse a actos válidos y ya produciendo efectos.  Contenido del Artículo 153 (LGAP)  • Revocación por conveniencia y oportunidad:   La Administración puede extinguir un acto administrativo válidamente emitido si cambian las circunstancias de hecho o si la valoración del interés público lo amerita.  • Diferencia con la anulación:   A diferencia de la anulación (que se basa en la nulidad o ilegalidad del acto), la revocación se fundamenta en la oportunidad, conveniencia o mérito, por lo que puede aplicarse a actos que son perfectamente válidos.  ANALISIS:  La revocación se fundamenta en la oportunidad, conveniencia o mérito, por lo que puede aplicarse a actos administrativos válidos, y la Sala IV, si está en su competencia, puede revocar un acto administrativo (revocar un acto) si determina que así es conveniente para el interés público, sin que exista una ilegalidad en el acto original.  Revocación de actos válidos:  • A diferencia de la anulación (que se da por vicios de ilegalidad y supone que el acto nunca fue válido), la revocación extingue un acto administrativo que es completamente válido y perfecto.   • Se basa en la potestad discrecional de la Administración para dejar sin efecto sus propios actos, cuando la situación    fáctica o el interés público han cambiado desde que el acto se dictó.   • Esta decisión puede basarse en: o La aparición de nuevas circunstancias de hecho.  o Una distinta valoración de las mismas circunstancias que ya existían.  o Una divergencia grave entre los efectos del acto y el interés público.    La Sala IV puede revocar un acto (revocar un acto):  • La potestad de la Administración para revocar sus propios actos, como un acto administrativo que produce    efectos jurídicos, es conocida como potestad revocatoria o la facultad de revocar "un acto".  • Los tribunales administrativos, si tienen competencia para ello, pueden analizar y, en caso de que sea pertinente y esté dentro de su ámbito, revocar un acto administrativo que consideren inconveniente, a pesar de que este sea válido.   • Actos válidos:   La revocación puede recaer sobre actos administrativos que, a pesar de estar produciendo efectos jurídicos, se tornan inconvenientes o perjudiciales para el interés público.  • Casos de aplicación:    • Aparición de nuevas circunstancias no conocidas al momento de emitirse el acto.  • Una distinta valoración de las mismas circunstancias de hecho que originaron el acto o del interés público.  •    • Derechos creados:   Esta facultad se ejerce pese a los derechos creados por el acto o la naturaleza de la relación jurídica que generó, siempre que exista una divergencia grave con el interés público.  En resumen: El artículo 153 de la LGAP de Costa Rica otorga a la Administración una potestad para reconsiderar sus propias decisiones, permitiéndole revocar actos administrativos que, aun siendo legales, se vuelven inconvenientes o perjudiciales por cambios en el contexto o en la apreciación del interés público.  Principios de la Justicia Ambiental transgredidos Los principios de Justicia Ambiental que se ven afectados son los siguientes:  • Derecho a un ambiente saludable y participación:  •   Al no recibir el criterio técnico de las Municipalidades de Carrillo y Liberia, que representan intereses de comunidades localizadas en zonas transfronterizas, se  transgrede el derecho a la participación de las comunidades en la toma de decisiones que les afectan y el derecho a un ambiente saludable y seguro.  • Responsabilidad del gobierno:   Se considera que los actos gubernamentales que resultan en injusticia ambiental, como la falta de consulta a entidades locales relevantes, son una violación de la ley internacional y los derechos humanos.  • Políticas inclusivas:   Se afecta la necesidad de políticas urbanas y ecológicas que consideren el balance con la naturaleza, la integridad cultural de las comunidades y un acceso justo a los recursos, lo cual es primordial en un proyecto de esta magnitud.  Fundamento legal en Costa Rica En Costa Rica, los siguientes artículos constitucionales y de la Ley General de la Administración Pública son relevantes:  • Artículo 33 de la Constitución Política:   Establece el derecho a la igualdad y no discriminación, el cual puede implicar la no exclusión de las opiniones de las comunidades involucradas en la toma de decisiones.  Detalle:  Artículo 33 de la Constitución Política El artículo 33 de la Constitución Política de Costa Rica establece que "Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana". Este artículo consagra el principio fundamental de igualdad y prohíbe la discriminación arbitraria, obligando al Estado a diseñar e implementar políticas públicas para equiparar las condiciones sociales y garantizar el desarrollo integral de todas las personas, prohibiendo tratos discriminatorios de carácter arbitrario.  Principios clave del Artículo 33  • Igualdad ante la ley:   Todas las personas, sin excepción, deben ser tratadas de la misma manera por la ley.  • Prohibición de discriminación:   Se prohíbe cualquier tipo de discriminación que atente contra la dignidad de las personas.  • Obligación del Estado:   El Estado tiene el deber de crear y aplicar políticas para reducir las desigualdades sociales y económicas.  • Trato diferenciado con razonabilidad:   Se permite un trato diferenciado solo si está justificado por motivos racionales y objetivos que se encuentran en el texto constitucional.  • Garantía de equidad:   Se asegura que las personas que se encuentren en igualdad de condiciones reciban el mismo trato y no sean excluidas injustificadamente.  • Artículos 168, 169 y 170 de la Constitución Política:   Reconocen la autonomía municipal y la necesidad de consulta o participación municipal en asuntos que afecten o que estén relacionados con sus territorios.  DETALLE:  Artículo 168 de la Constitución Política El artículo 168 de la Constitución Política de Costa Rica establece la organización territorial del país, dividiendo el territorio nacional en provincias, cantones y  distritos para fines de la Administración Pública.  Detalles del Artículo 168:  • División Territorial:   • Para la Administración Pública, el territorio de Costa Rica se organiza en provincias, las cuales se subdividen a su vez en cantones, y estos en distritos.   Contexto y Relevancia:  • Este artículo es el punto de partida para la organización administrativa del país, que se rige por un sistema de descentralización administrativa, aunque el Estado es unitario.    • A partir de esta división territorial, se establecen los órganos de gobierno local, como los gobiernos municipales, que son los encargados de la administración de los intereses y servicios locales en cada cantón.   • Las divisiones de cantones y distritos son cruciales para la administración de los recursos y la prestación de servicios públicos a nivel local.   • Artículo 169 de la Constitución Política   El Artículo 169 de la Constitución Política de Costa Rica establece que la administración de los intereses y servicios locales en cada cantón estará a cargo del Gobierno Municipal. Este gobierno está compuesto por un cuerpo deliberante (los regidores municipales) y un funcionario ejecutivo (Alcalde).  Detalles del artículo:  • Responsabilidad:   El Gobierno Municipal es responsable de la administración de los intereses y servicios locales dentro de su cantón.  • Composición del Gobierno Municipal: • Un cuerpo deliberante: Integrado por regidores municipales elegidos por voto popular.  • Un funcionario ejecutivo (Nombre20665): Designado por la ley, quien será la figura ejecutiva del gobierno local.  •    Se forma de dos partes:  En resumen, el Artículo 169 define la estructura de gobierno local en Costa Rica, asignando la gestión de los asuntos cantonales a una corporación municipal autónoma, con regidores electos y un ejecutivo(Alcalde) de ley.  • Artículo 170 de la Constitución Política   El Artículo 170 de la Constitución Política de Costa Rica fue reformado por la Ley N.º 8106 para establecer la autonomía de las corporaciones municipales y garantizarles una asignación no inferior al 10% del Presupuesto Ordinario de la República, la cual estaría sujeta a la aprobación de una ley que regulara su transferencia.  Detalles de la reforma:  • Autonomía Municipal:   El artículo ahora otorga autonomía a las corporaciones municipales, reconociendo su capacidad de autogobierno y gestión.  • Asignación Presupuestaria:   Se asegura que las municipalidades reciban una suma mínima del 10% del presupuesto anual de la República.  • Regulación por Ley:   La transferencia y aplicación de estos fondos dependen de una ley específica que establezca las condiciones y regulaciones necesarias para su uso, como lo indica la Ley N.º 8106, publicada en La Gaceta.  Contexto de la reforma:  • La reforma del Artículo 170 se realizó con el objetivo de fortalecer la administración local y asegurar una    financiación adecuada para los gobiernos locales en Costa Rica.  • El cambio legal entró en vigor a través de la Ley N.º 8106, publicada el 10 de julio de 2001 en el diario La Gaceta, consolidando un avance en la descentralización del poder en el país.   • Artículos 152 y 153 de la Ley General de la Administración Pública:   Regulan los procedimientos administrativos, incluyendo la obligación de consultar o escuchar a los actores relevantes en la toma de decisiones que afecten a diferentes territorios y comunidades.  Al no incluir el criterio mancomunado de las municipalidades de Carrillo y Liberia, el proceso para la aprobación del cambio de uso de suelo en el Golfo de Nombre169752 podría considerarse viciado de nulidad, por omitir un requisito legal esencial en la gestión de un asunto transfronterizo”.

38.- Por escrito incorporado al expediente digital el 2 de octubre de 2025, el recurrente expone: “AL SER LAS 06 HORAS Y 31 MINUTOS DEL 02 DE OCTUBRE DE 2025, SE AMPLIA Y SE APORTA AL RECURSO DE AMPARO 25 25228 007 CO .  Vialidad Ambiental La omisión de la consulta a las Municipalidades de Carrillo y Liberia, transgrede los principios de Legalidad, Debido Proceso y ambiente sano, violando los artículos 33, 168, 169 y 170 de la Constitución Política de Costa Rica, los artículos 152 y 153 de la Ley General de Administración Pública (LGAP) y el inciso 4 del artículo 4 del Código Municipal, al impedir la participación local y el cumplimiento de las normativas ambientales y territoriales.  Liberia, 02 de octubre de 2025 Señores Magistrados Sala Constitucional  Dirección4241  .  Estimados Magistrados:  YO, Nombre49424  , ADULTO MAYOR, Nombre68642 CED38524, SE APORTA AL RECURSO DE AMPARO 25 25228 007 CO, lo siguiente:  IMPORTANCIA DE LA CONSULTA MUNICIPAL La consulta a las municipalidades de Carrillo y Liberia es fundamental, no solo para cumplir con la norma, sino también para:  Garantizar la sostenibilidad ambiental:   Asegurar que el proyecto se ajuste a las normativas ambientales locales.   Considerar el desarrollo local:    Permitir que las municipalidades expresen su visión y necesidades para el desarrollo de sus territorios.   Fortalecer el debido proceso:   Evitar impugnaciones legales al garantizar que todas las autoridades competentes sean consultadas.   En conclusión, la emisión del criterio técnico mancomunado  por parte de las Municipalidades  de Carrillo y Liberia es un paso indispensable para que el proceso de autorización de la Vialidad Ambiental sea legalmente válido y pueda ser aprobado por SETENA  ANALISIS  La omisión de la consulta a las Municipalidades de Carrillo y Liberia, transgrede los principios de Legalidad, Debido Proceso y ambiente sano, violando los artículos 33, 168, 169 y 170 de la Constitución Política de Costa Rica, los artículos 152 y 153 de la Ley General de Administración Pública (LGAP) y el inciso 4 del artículo 4 del Código Municipal, al impedir la participación local y el cumplimiento de las normativas ambientales y territoriales.  Artículos y Principios Constitucionales Violados • Artículo 33 (Constitución Política):   Se transgrede al no garantizarse la participación ciudadana y comunal en la toma de decisiones sobre el desarrollo local, contraviniendo el derecho a una participación que debe estar presente en el proceso.  • Artículos 168, 169 y 170 (Constitución Política):   Al omitir la consulta, se vulnera la autonomía de las municipalidades en la gestión de sus territorios y la planificación del desarrollo local, impidiendo que expresen su visión y necesidades.  Leyes Transgredidas • LGAP (Artículos 152 y 153):   No consultar a las municipalidades implica no darles la oportunidad de participar en el proceso, contraviniendo los principios de participación y consulta a los órganos competentes.  • Código Municipal (Artículo 4, inciso 4):   La falta de consulta a las municipalidades en el proceso de autorización de la Vialidad Ambiental infringe este artículo, el cual exige la consulta para asegurar que los proyectos se ajusten a las normativas ambientales y de desarrollo local.  Principios Constitucionales y Legales Violados • Principio de Legalidad:   La consulta municipal es un paso indispensable para que la autorización sea legalmente válida. No realizarla, entonces, va en contra de este principio, ya que la administración debe actuar conforme a la ley.  • Principio de Debido Proceso:   La consulta es una parte fundamental del proceso para evitar impugnaciones legales y garantizar que todas las autoridades competentes sean tomadas en cuenta.  • Principio de Ambiente Sano:   La consulta permite asegurar que el proyecto se ajuste a las normativas ambientales locales y que se garantice la sostenibilidad ambiental, lo cual es un derecho de la población y responsabilidad del Estado y los gobiernos locales”.

39.- Por escrito incorporado al expediente digital el 2 de octubre de 2025, el tutelado señala: “AL SER LAS 07 HORAS Y 15 MINUTOS DEL 02 DE OCTUBRE DE 2025, SE AMPLIA Y SE APORTA AL RECURSO DE AMPARO 25 25228 007 CO. LÉASE CORRECTAMENTE.  Vialidad Ambiental La omisión de la consulta a las Municipalidades de Carrillo y Liberia, transgrede los principios de Legalidad, Debido Proceso y ambiente sano, violando los artículos 33, 168, 169 y 170 de la Constitución Política de Costa Rica, los artículos 152 y 153 de la Ley General de Administración Pública (LGAP) y el inciso h del artículo 4 del Código Municipal, al impedir la participación local y el cumplimiento de las normativas ambientales y territoriales.  Liberia, 02 de octubre de 2025 Señores Magistrados Sala Constitucional  Dirección4241  .  Estimados Magistrados:  YO, Nombre49424  , ADULTO MAYOR, Nombre68642 CED38524, SE APORTA AL RECURSO DE AMPARO 25 25228 007 CO, lo siguiente:  IMPORTANCIA DE LA CONSULTA MUNICIPAL La consulta a las municipalidades de Carrillo y Liberia es fundamental, no solo para cumplir con la norma, sino también para:  Garantizar la sostenibilidad ambiental:   Asegurar que el proyecto se ajuste a las normativas ambientales locales.   Considerar el desarrollo local:    Permitir que las municipalidades expresen su visión y necesidades para el desarrollo de sus territorios.   Fortalecer el debido proceso:   Evitar impugnaciones legales al garantizar que todas las autoridades competentes sean consultadas.   En conclusión, la emisión del criterio técnico mancomunado  por parte de las Municipalidades  de Carrillo y Liberia es un paso indispensable para que el proceso de autorización de la Vialidad Ambiental sea legalmente válido y pueda ser aprobado por SETENA  ANALISIS  La omisión de la consulta a las Municipalidades de Carrillo y Liberia, transgrede los principios de Legalidad, Debido Proceso y ambiente sano, violando los artículos 33, 168, 169 y 170 de la Constitución Política de Costa Rica, los artículos 152 y 153 de la Ley General de Administración Pública (LGAP) y el inciso h del artículo 4 del Código Municipal, al impedir la participación local y el cumplimiento de las normativas ambientales y territoriales.  Artículos y Principios Constitucionales Violados • Artículo 33 (Constitución Política):   Se transgrede al no garantizarse la participación ciudadana y comunal en la toma de decisiones sobre el desarrollo local, contraviniendo el derecho a una participación que debe estar presente en el proceso.  • Artículos 168, 169 y 170 (Constitución Política):   Al omitir la consulta, se vulnera la autonomía de las municipalidades en la gestión de sus territorios y la planificación del desarrollo local, impidiendo que expresen su visión y necesidades.  Leyes Transgredidas • LGAP (Artículos 152 y 153):   No consultar a las municipalidades implica no darles la oportunidad de participar en el proceso, contraviniendo los principios de participación y consulta a los órganos competentes.  • Código Municipal (Artículo 4, inciso h)  La falta de consulta a las municipalidades en el proceso de autorización de la Vialidad Ambiental infringe este artículo, el cual exige la consulta para asegurar que los proyectos se ajusten a las normativas ambientales y de desarrollo local.  Principios Constitucionales y Legales Violados   • Principio de Legalidad:   La consulta municipal es un paso indispensable para que la autorización sea legalmente válida. No realizarla, entonces, va en contra de este principio, ya que la administración debe actuar conforme a la ley.  • Principio de Debido Proceso:   La consulta es una parte fundamental del proceso para evitar impugnaciones legales y garantizar que todas las autoridades competentes sean tomadas en cuenta.  • Principio de Ambiente Sano:   La consulta permite asegurar que el proyecto se ajuste a las normativas ambientales locales y que se garantice la sostenibilidad ambiental, lo cual es un derecho de la población y responsabilidad del Estado y los gobiernos locales”.

40.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Araya García; y,

Considerando:

 I.- Objeto del recurso. El accionante reclama que las autoridades recurridas le otorgaron la viabilidad ambiental al megaproyecto turístico Nombre169752 que se desarrolla en Playa Panamá, Guanacaste. Expone, en primer término, que la Setena se negó a convocar a los vecinos de Playa Panamá a una audiencia pública bajo el argumento de que no pertenecían a una comunidad indígena, lo que lesiona el principio y de igualdad. Sostiene que la viabilidad ambiental fue otorgada sin observar el principio de legalidad, pues no se cumplieron las etapas procedimentales obligatorias, particularmente la participación ciudadana mediante audiencia pública y, en su lugar, se recurrió a encuestas aplicadas a personas que desconocían los alcances del proyecto. Enfatiza que la Setena no consultó de manera adecuada a las municipalidades de Carrillo y Liberia, lo que incumple con su deber de coordinación interinstitucional y de participación ciudadana que deben regir este tipo de proyectos. Denuncia la afectación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, pues no se evaluaron debidamente los impactos sobre los bosques, humedales y manglares del área. Cuestiona que el informe forestal utilizado haya sido elaborado por la propia empresa desarrolladora. Refiere el incumplimiento de los requisitos de la ley nro. 6758, que establece límites claros de densidad (20 habitaciones por hectárea y un máximo del 30% de construcción); por ende, critica el Decreto Ejecutivo nro. 44448 por su ambigüedad, ya que no contiene un mapeo preciso de las 1658 hectáreas involucrada y deja desprotegido cerca del 70% de las áreas de conservación natural. Pide expresamente: “Se declare con lugar el presente RECURSO DE AMPARO y que SETENA retrotraiga el visto bueno otorgado al proyecto turístico Nombre169752 para que se hagan sus correcciones del caso y que cumpla con ley 6758 y decreto modificado 44448 por ser ambiguo. El Decreto 44448 es criticado por ser ambiguo debido a la falta de un mapeo adecuado de las 1658 hectáreas del proyecto, lo que impide una correcta aplicación de las normas de construcción y deja desprotegido un 70% de las áreas de conservación natural y patrimonial. Además, que se convoque a los vecinos de Playa de Pamamá y comunidades circunvecinas, ambientales y público en general a una Audiencia Pública, como una de la etapa de la parte legal para que SETENA pueda otorgar la Vialidad Ambiental del Mega Proyecto Papagayo. Una corregido el Decreto 44448”.

II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

a.    El día 7 de abril del 2021, la Setena recibió el Documento de Evaluación Ambiental Inicial del Proyecto: Proyecto Bahía Nombre169752 formulado por Enjoy Hotels & Resosrts S.A, el cual se tramita bajo el expediente D1-0170-2021-SETENA. (Ver informe rendido).

b.    El proyecto Bahía Nombre169752 se describe de la siguiente manera: “un complejo turístico habitacional, propiciando el desarrollo de residencias y hoteles con acceso a todos los servicios básicos y recreacionales mediante la comercialización de unidades habitacionales, lotes residenciales, componentes hoteleros y de condhotel, uso mixto residencial – comercial y oficinas. El componente Hotelero y de Condhotel se desarrollarán con una capacidad para alojar más de 240 huéspedes que podrá contar con habitaciones equipadas con cocina, baño privado y terraza, así como el lobby del hotel, piscinas, spa, gimnasio, restaurantes, bar, baños y vestidores, tiendas, salón de eventos, centro de bienestar, salas de ventas, oficinas administrativas, taller, cocina y lavandería, alojamiento para empleados, y toda la infraestructura vial necesaria para el acceso y circulación a las instalaciones, parqueos, aceras, senderos y planta de tratamiento. El proyecto, también constará de unidades habitacionales con parqueo para uno o dos automóviles, y áreas comunes conformadas por pasillos, azoteas, áreas verdes y juegos infantiles, rancho con piscinas, canchas y salones multiusos, gimnasio, lobby de acceso, así como la infraestructura vial para el acceso y circulación a las instalaciones, parqueos de visitas y aceras. Por su parte los Lotes Residenciales serán zonas para el desarrollo futuro de residencias que podrán contar con patio, cocheras para varios vehículos, piscina, terrazas y azoteas. El proyecto proveerá de acceso vehiculares y peatonales, así como la infraestructura de los servicios básicos para los futuros residentes, además de zonas verdes, juegos infantiles y senderos. Por su parte la Casa Club de los lotes residenciales o unidades habitacionales contarán con un área administrativa, salón de eventos, restaurante, baños, área social, sala de juegos, piscina, gimnasio, canchas de tenis y canchas multiuso. También cuenta con zonas verdes en las cuales se ofrecen “ranchos” con electricidad, senderos para caminatas, además de juegos infantiles y parqueos para automóviles. Se establecerá un Country Club que contará con salones de eventos, área administrativa, restaurante, baños, área social, sala de juegos, piscina, gimnasio ambos con duchas y vestidores, además de jacuzzi y saunas. También cuenta con zonas verdes en las cuales se ofrecen canchas de tenis, canchas multiuso, canchas de futbol 5, minigolf, “ranchos” con  electricidad, senderos para caminatas y bicicletas, además de juegos infantiles y la infraestructura vial para el acceso y circulación a las instalaciones, parqueos de visitas y aceras. El desarrollo del área comercial y oficinas será una zona para la construcción de locales comerciales, así como oficinas para su posterior venta o alquiler. Los espacios de oficinas contaran con áreas de co-working con salas de reuniones, cafeterías, bibliotecas y salones de lectura. El área comercial podrá contar con Supermercados, mini-markets, kioscos comerciales, farmacia y clínica médica, restaurantes, cine al aire libre, mercado o plaza ferial, que sería un área destinada para impulsar el comercio y emprendedurismo, con venta de productos de la zona y huerta con mercado verde. El uso mixto será un sitio para el desarrollo de distintas actividades sociales y culturales por los residentes del sitio y zonas aledañas, como centros de investigación, museo, escuela, guardería, capilla, redondel, plaza de deportes y centros de reunión. Dentro de los otros componentes y amenidades que serán parte del proyecto están: áreas de campamentos, senderos naturales para caminatas y senderos para bicicletas, miradores y paradas naturales para observación y decks de meditación, parques abiertos ecológicos con estaciones de picnic, lagos, áreas de reserva y conservación, bosque de pájaros con árboles frutales, puentes colgantes, parqueos y estacionamiento público, avenida principal con calles arboladas además de aceras peatonales y puentes sobre las quebradas para comunicar internamente el proyecto. El proyecto tendrá luces LED, se diseñarán las edificaciones para brindar y maximizar el uso de la luz natural, pero evitar la ganancia de calor solar. Se utilizará sistemas de aire acondicionado de alta eficiencia que mejoran la calidad del aire interior, tienen mayor eficiencia energética. Se contará con un plan de gestión de aguas pluviales que se implementará durante la construcción reducirá la contaminación al controlar la erosión del suelo, la sedimentación de los cursos de agua. Las plantas de tratamiento y las aguas grises se utilizarán para el riego con el fin de mitigar el uso de agua potable para el riego. Todas las áreas sociales y comunes tienen accesibilidad de acuerdo con lo estipulado en la Ley 7600”. (Ver informe rendido).

c.     Debido a la naturaleza del proyecto, a la magnitud del volumen de tierra que debe ser removido, la necesaria protección de la flora y fauna, la extensión del área de construcción, los servicios públicos presentes en el área y su posible afectación; así como el hecho de que debe ser tomado en cuenta el componente social, por el tamaño del área del proyecto y de las áreas de influencia, se requería de un instrumento que brinde un diagnóstico intensivo e integral que conlleve al cumplimiento de las características de un desarrollo sostenible. (Ver informe rendido).

d.     El 6 de mayo de 2021, la Setena le notificó al desarrollador del proyecto la resolución nro. 0677-2021- SETENA, del 5 de mayo del 2021, donde se le ordenó, a efectos de continuar con el proceso de evaluación ambiental, que en el plazo de un año, contados a partir de la notificación de esa resolución, se aportara un Estudio de Impacto Ambiental, bajo los términos de referencia para el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), toda vez que, de conformidad con el Decreto Ejecutivo Nº 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, este proyecto se clasifica con un Impacto Ambiental Potencial (IAP) de Categoría A, clasificada como CIIU 5510 y en consecuencia, se exigió el instrumento de Evaluación más riguroso. (Ver informe rendido).

e.     El 8 de junio de 2021 la SETENA publicó en un medio de circulación nacional, específicamente en el periódico La Teja, la información del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Bahía Nombre169752 para lo que correspondiera (Ver expediente 25-012448-0007-CO ad effectum videndi et probandi)

f.      El día 14 de julio de 2021, la Setena realizó la de campo al área del proyecto en compañía de representantes de la empresa consultora y desarrolladora. En tal ocasión se emitieron los siguientes hallazgos en el Acta de Inspección DEA-ACT INS-017- 2021: “• Topografía entre plana y suave cerca de las quebrada y fuerte y muy fuerte en el resto de las propiedades, no hay taludes en el AP. • Taludes en el AP: La pendiente es hacia las quebradas, se debe proveer manejo de aguas pluviales con base al movimiento de tierras. • Escorrentía superficial fluye hasta las quebradas y luego al manglar. • No hay evidencia de deslizamientos. • Posibles cuerpos de agua superficial al momento de la visita se encuentran en época transición con quebradas sin flujo, registradas en el SNIT-SINIGIRH. Quebrada Pto29 estero Rocha 319951-1171787 y sardina con descarga hacia manglar. Quebrada Pto.33 Quebrada Estero Panamá 318547-1170615 posible obra en cauce, Pozos del AyA. • No hay evidencia de inundaciones en el AP ni en las colindancias. • Cobertura observada es vegetación riparia, charral-Tacotal, Cobertura Forestal. • No hay características indicadoras de Humedal. • Fauna observada aves, mamíferos y reptiles. • Componente social es zona rural, con infraestructura social, accesos de asfalto y lastre públicos y privados. Tránsito moderado con señalización vial. • Colindancias inmediatas al AP sector norte: Privado y calle pública, Sur: Reserva Forestal, Este: uso agropecuario-Forestal, Oeste: Forestal. • No ha iniciado obras y se observan arboles enumerados en inventario forestal. Se incluye el Registro Fotográfico de la visita”. (Ver informe rendido).

g.    Durante el proceso de evaluación, la Setena no recibió algún apersonamiento u oposición al proyecto previo al otorgamiento de la viabilidad ambiental y tampoco una solicitud para realizar alguna audiencia pública por parte de un tercero, de acuerdo con la normativa establecida. (Ver informe rendido).

h.    El mecanismo de participación ciudadana aplicado en el proceso de evaluación ambiental fue el estudio de percepción local realizado con fundamento en la normativa establecida en el decreto 32966-MINAE. "Manual de EIA IV Anexo 1 Guía general para la elaboración de instrumentos de Evaluación de Impacto Ambiental (Guía de EIA)”, apartado 9 llamado. DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE SOCIOECONÓMICO, apartado 9.7 Percepción local sobre el Proyecto y sus posibles impactos, (Estudio cualitativo)”; mecanismo que no exigía difusión previa. (Ver informe rendido).

i.      En el decreto nro. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, "Manual de EIA IV Anexo 1 Guía general para la elaboración de instrumentos de Evaluación de Impacto Ambiental (Guía de EIA), apartado 9 llamado. DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE SOCIOECONÓMICO”, se señala otro mecanismo de participación llamado “Proceso participativo interactivo” que no fue realizado ya que no se identificó un alto nivel de conflicto social en los grupos o comunidades, lo anterior debido a que no se recibieron notas de oposición o apersonamiento al proyecto, y la mayoría de la población consultada en el estudio de percepción dijo estar de acuerdo con el desarrollo del proyecto. (Ver informe rendido).

j.      Mediante resolución 1263-2021-SETENA del 18 de agosto de 2021, la Setena dispuso: “POR TANTO LA COMISIÓN PLENARIA RESUELVE En sesión Ordinaria Nº 63 de esta Secretaría, realizada el 18 de agosto de 2021, en el Artículo Nº. 14 acuerda: PRIMERO: A efecto de continuar con el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental se ordena a ENJOY HOTELS & RESORTS S.A.., con cédula jurídica Nº CED129995, desarrolladora del proyecto “Proyecto Bahía Papagayo” la presentación de un único anexo, (en original y dos copias), que contenga los requerimientos estipulados en el CONSIDERANDO CUARTO de esta Resolución y para lo cual se le otorga un plazo de 6 meses. SEGUNDO: Prevenir al desarrollador que una vez analizado el anexo al EsIA, si el mismo NO cumple con los requerimientos fijados por esta Secretaría, o si NO se presenta dentro del plazo establecido, se procederá al ARCHIVO del expediente, lo anterior de conformidad con el Artículo 264 de la Ley General de Administración Pública. TERCERO: Toda documentación que sea presentada ante la SETENA deberá indicarse claramente el número de expediente, el número de resolución y el nombre completo del proyecto. CUARTO: Contra esta resolución cabe interponer dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación, los recursos ordinarios de revocatoria ante la SETENA, y el de apelación ante el Ministro de Ambiente y Energía, de conformidad con los artículos 342 y siguientes de la Ley General de Administración Pública Nº 6227, y 87 de la Ley Orgánica del Ambiente Nº 7554. QUINTO: Toda documentación que sea presentada ante la SETENA deberá indicar claramente el número de expediente, el número de resolución y el nombre completo del proyecto. También se deberá indicar una dirección de correo electrónico, para recibir notificaciones de parte de esta Secretaría. SEXTO: El expediente completo, así como los documentos que la SETENA ha emitido durante el proceso de Evaluación estarán a disposición del desarrollador en la dirección web: Dirección20035 - Donde debe ser verificado por este o por cualquier interesado e instancia pública o privada. Para todo efecto legal de acuerdo a la Ley 8454, la firma digital emitida por una autoridad certificadora registrada tiene la equivalencia jurídica de una firma manuscrita, según el artículo 4 que indica: "Artículo 4º- Calificación jurídica y fuerza probatoria. Los documentos electrónicos se calificarán como públicos o privados, y se les reconocerá fuerza probatoria en las mismas condiciones que a los documentos físicos", por lo que de conformidad Artículo 1, párrafo segundo, de la Ley supracitada a la letra indica: "El Estado y todas las entidades públicas quedan expresamente facultados para utilizar los certificados, las firmas digitales y los documentos electrónicos, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia", así ratificado mediante la Directriz Nº. 067-MICITT-H-MEIC donde el Estado Costarricense promueve la "Masificación de la implementación y el uso de la Firma Digital en el Sector Público Costarricense". SÉTIMO: De conformidad con el artículo 8 de la Ley 8220, no podrá solicitarse al interesado que requiera un trámite la presentación de certificaciones, copias de información que ya posea otra institución, según los medios legales preestablecidos”. (Ver informe rendido).

k.    En fecha indeterminada, el desarrollador adjuntó un oficio firmado por la profesional en ciencias sociales responsable de la realización del apartado del EsIA llamado DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE SOCIOECONÓMICO, en la cual se declara que no existen potenciales impactos a los servicios y adquiere compromisos en torno la participación y divulgación de información del proyecto. (Ver informe rendido).

l.      Mediante resolución nro. 0591-2022-SETENA del 6 de abril de 2022, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental dispuso: “CONSIDERANDO PRIMERO: Que el artículo 19 de la Ley Orgánica del Ambiente señala "Las resoluciones de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental deberán ser fundadas y razonadas. Serán obligatorias tanto para los particulares como para los entes y organismos públicos." Por su parte el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente señala que: "Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en esta ley. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. Las leyes y los reglamentos indicarán cuales actividades, obras o proyectos requerirán la evaluación de impacto ambiental." SEGUNDO: De conformidad con el artículo 282 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP), y con base en la documentación aportada al expediente administrativo, se tiene por legitimado al señor ANDRES PACHECO ALBONICO, documento de identificación número 01-1066-0062, para solicitar laevaluación de impacto ambiental del Proyecto Bahía Nombre169752, expediente administrativo D1-0170- 2021-SETENA. TERCERO: Sobre la información presentada al expediente administrativo y consideraciones generales. De acuerdo al Decreto Ejecutivo Nº 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC y sus modificaciones, en el cual se establece la documentación requerida para los proyectos D1, se tiene:

Contenido

	

Detalles




Estudio de Impacto Ambiental

	

Se presenta.




Monto global de inversión

	

Lote # Plano Monto Lote 1 5-1186670-2007 $ 374 153 131,00 Lote 3 5-1155787-2007 $ 107 132 448,00 Lote 4 5-1274126-2008 $ 274 765 133,00 Lote 5 5-1155786-2007 $ 169 001 459,00 Total US$925 052 171,00




Diseño de sitio

	

Se presenta.




Registro fotográfico

	

Se presenta.




Descripción del proyecto

	

Se presenta.




Ubicación cartográfica

	

Se presenta.




Medidas Ambientales

	

Se presenta.




Autorización o contratos

	

 




Oficios (SENARA, MOPT, SINAC, etc.)

	

 

 Con respeto a los estudios técnicos contemplados en la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), disponibles en el expediente administrativo se tiene:

Contenido

	

Observaciones




Estudio de Geotécnico

	

Presenta un análisis geotécnico por lote. Con base en la información obtenida de este estudio, se considera que el terreno presenta condiciones aceptables desde el punto de vista geotécnico para desarrollar obras, siempre y cuando se sigan las recomendaciones indicadas en los apartados correspondientes de este informe. • En general, el perfil estratigráfico del subsuelo en todos los terrenos consiste en dos capas, a saber: a) limo arenoso color café, de consistencia mayormente variable entre blanda y media; y b) arena limosa color café y/o gris con presencia de bloques de cascajo, de compacidad relativa mayormente variable entre firme y densa. • En términos generales, se recomienda emplear un sistema de cimentación convencional superficial, a base de placas aisladas y/o corridas. Las recomendaciones específicas de cimentación se indican en los apartados correspondientes. • Una vez que se cuente con mayores detalles del proyecto, INSUMA está en disposición de revisar las recomendaciones anteriormente brindadas y hacer los respectivos ajustes en caso de ser necesario. • En la sección correspondiente se presentan los parámetros de empuje que deben ser utilizados para el diseño de los muros del proyecto, o bien para elementos enterrados sometidos a empuje (piscinas, fosas, tanques enterrados, entre otros). • Con base en las características evaluadas en el sitio investigado, para el análisis sísmico de las estructuras se recomienda considerar el suelo de cimentación como S2, según lo establecido por el Código Sísmico de Costa Rica 2010. • Se destaca que las perforaciones ejecutadas son de carácter puntual, por lo que pueden encontrarse variaciones en otras zonas del terreno. Por tal motivo, durante el proceso constructivo debe darse una inspección apropiada, para garantizar que las condiciones asumidas en el diseño se cumplen en el campo.




Estudio Hidrogeológico

	

Variación en la Escorrentía Superficial del Cauce. Con base en el presente informe, considerando que los cauces de dominio público que colindan y atraviesan el AP vierten directamente al Océano Pacífico (Bahía Panamá), el incremento en la escorrentía superficial con la implementación del Proyecto, no tendría afectación en poblados o infraestructura aguas abajo. Adicionalmente, por las dimensiones del Proyecto, es criterio de este profesional, que el incremento en la escorrentía será marginal, y que los cauces tienen capacidad de carga para aceptar un aumento del caudal superficial como consecuencia del desarrollo del proyecto. Por lo tanto, se concluye que no se requiere evaluar la variación en la escorrentía superficial de la cuenca, y adicionalmente no es necesario implementar medidas de mitigación o compensación por el incremento marginal en el caudal máximo instantáneo de las microcuencas evaluadas. Potencialidad de Inundación en el AP. Se evalúa la potencialidad de los cauces de dominio público identificados de generar un desbordamiento que puedan afectar las obras a implementar. Basado en la observación de campo y considerando la cota de inundación obtenida del modelo hidráulico ejecutado, se concluye lo siguiente: Estero Rocha – Lote 1: Se manifiesta riesgo de desbordamiento durante eventos de precipitación extrema, por efecto primordialmente de la alcantarilla de paso sobre Ruta Nacional Nº159. Se demuestra que la alcantarilla no es eficiente, y el efecto remanso afecta el área de protección y sectores colindantes del Proyecto. Quebrada Sin Nombre 01- Lote 3: Se manifiesta riesgo de desbordamiento durante eventos de precipitación extrema, por efecto primordialmente de la alcantarilla doble de paso sobre Ruta Nacional N° 159. Se demuestra que la alcantarilla no es eficiente, y el efecto remanso afecta el área de protección y sectores colindantes del Proyecto. En ambos cauces, el efecto se mantiene únicamente aguas arriba de la alcantarilla de paso, hasta una distancia no mayor a 50 metros. El resto de cauce ostenta condiciones de flujo normales, sin riesgo de desbordamiento, ni velocidades excesivas que potencialmente generan erosión en los márgenes. Lo anterior se ratifica a través del Mapa de Riesgos y Amenazas Naturales de la CNE para el Cantón de Carrillo, mismo que muestra que la región NO se cataloga como propensa a inundación. Al respecto, es imperativo que las obras se construyan siempre fuera del área de protección de los cauces de dominio público descritos, siguiendo lo estipulado por la Ley Forestal N° 7575, artículo 33 (el área de protección corresponde a 15 metros con respecto a la rivera de los ríos).




Certificación de Riesgo Antrópico

	

Este procedimiento permitió establecer que, para el área del proyecto en cuestión, y según los requerimientos del decreto ejecutivo N° 32712-MINAE, que dentro del área del Proyecto no existen fuentes de riesgo antrópico que lo afecten, De acuerdo con el Mapa de Amenazas Naturales Potenciales para el Cantón, de la Comisión Nacional de Emergencias (en adelante CNE), el AP NO se localiza dentro de la llanura de inundación de ningún cauce, o en una zona de bajo riesgos naturales de otro tipo.




Geología Básica Unificado

	

Resumen de resultados Este informe presenta los resultados del Estudio Técnico de Geología Básica del Terreno realizado para el Proyecto Complejo Turístico- Residencial, que se encuentra en terrenos ubicados en Sardinal, Guanacaste, en los planos catastros 5-1186670- 2007, 5-1155787-2007, 5-1274126-2008, 5-1155786-2007. Los lotes que conforman el proyecto Bahía Nombre169752 predominan los suelos de tipo limo arenosos y arenas limosas, además se conforma de suelos residuales y aluviales detectados en el área del proyecto, estos suelos corresponden con la meteorización de las rocas basálticas del complejo de Nicoya y los flujos piroclásticos de la Formación Bagaces, las cuales presentan gran extensión regional. Estructuralmente a varios kilómetros del AP se presentan varias fallas paleotectónicas (no activas) y una serie de fallas del Cuaternario. Se cuenta regionalmente con un mapeo geológico detallado, esto a partir de la cartografía geológica 1:50 000 de la Península de Nicoya realizada por Nombre169753 et al (2014). Regionalmente la geomorfología está definida por la litología y por la acción de la erosión del agua, básicamente en el área de estudio está constituida por llanuras aluviales en las zonas de baja pendiente y laderas denudacionales de media a alta pendiente, llegando a elevaciones que varían entre 20 y 120 m.s.n.m, en esta unidad geomorfológica se dan pendientes entre 30° y 45°. Dentro de los resultados destacables del estudio de la hidrogeología ambiental para el proyecto se remarca que mediante el análisis de vulnerabilidad a la contaminación realizado con el método G.O.D, se definió que el AP tiene una vulnerabilidad media. Asimismo, se efectuó el cálculo para el tránsito de contaminantes biológicos advectivo (bacterias) para la zona del AP, a partir de los parámetros promedios del modelo hidrogeológico, dando como resultado 135 días de tránsito vertical en la zona no saturada, cumpliendo con la norma que establece un mínimo de 70 días para medios porosos. Además, se realizó un inventario de los elementos hidrogeológicos en el AP y su área de influencia para que se respeten los retiros por ley de estos puntos. La información fue obtenida de las bases de datos de la Dirección de Agua y SENARA. Según la información recopilada, se considera que la principal amenaza natural de carácter local que presenta el AP es la amenaza por inestabilidad de laderas, por lo que se deberá controlar la escorrentía superficial durante la fase constructiva y en la fase operacional del proyecto para evitar la erosión de los suelos y que conlleve a otros factores de mayor magnitud, como inestabilidad en el terreno. Otra afectación a considerar, pero de índole regional, es la amenaza sísmica, ya que las fallas neotectónicas identificadas tienen potencial de generar eventos sísmicos importantes y la región Pacífica Norte presenta sismos de magnitud mayor a 6 Mw, como han ocurrido históricamente, siendo el sismo de Samara del 2012 el más reciente, con las afectaciones segundarias asociadas a estos eventos. Tomando en cuenta todas las condiciones que enmarcan este proyecto se considera que es viable, siempre que se acaten las recomendaciones expuestas en el presente estudio y en la legislación nacional, con el fin de que el entorno inmediato del proyecto no se vea amenazado, ni el proyecto. Considerando ciertos aspectos constructivos necesarios, las condiciones geológicas e hidrogeológicas no desfavorecen la ejecución proyecto. En términos generales, se considera que la geoaptitud del sitio resulta favorable para el desarrollo del proyecto planteado. Resumen de conclusiones técnicas Regionalmente, los suelos son de tipo limo arenosos y arenas arcillosas, estos materiales conforman los suelos residuales y aluviales detectados en el área del proyecto. La génesis de estos suelos corresponde con la meteorización de las rocas basálticas del complejo de Nicoya y los flujos piroclásticos de la Formación Bagaces, las cuales presentan gran extensión regional. Morfológicamente la zona es caracterizada por relieves planos en las llanuras, y ondulados que conforman las laderas denudacionales de los sistemas montañosos costeros. En los lotes que conforman el proyecto los depósitos son predominantemente aluviales, y están constituidos por materiales de textura limo arenosa a areno limosa, con presencia de fragmentos de roca meteorizada, de color café, inconsolidados, que conforman suelos de entre 4 m y 6 m de espesor. En la zona del AP se distinguen dos unidades hidrogeológicas, una de bajo potencial hídrico relacionada con las rocas del Complejo de Nicoya y un acuífero en los sedimentos aluviales. El acuífero en mención es de tipo libre, pero con áreas donde se presenta un confinamiento, con transmisividades altas relacionadas a caudales de extracción altos, asimismo el nivel del agua subterránea en promedio se encuentra a 5 metros, pero puede variar localmente y estacionalmente a lo largo del año hídrico. En la zona del proyecto se localizan una serie de pozos y concesiones registradas, a las cuales se les debe respetar los retiros de ley. En cuanto a la vulnerabilidad a la contaminación se establece que el AP tiene un carácter de vulnerabilidad media. Los resultados del tránsito de contaminantes realizado con los supuestos y las evidencias que apoyan el modelo hidrogeológico dan como resultado un tránsito vertical en la zona no saturada de 135 días, cumpliendo los 70 días mencionados para acuíferos porosos ante la contaminación por bacterias. El AP se puede ver afectado por la actividad sísmica, una de las principales amenazas presentes en el área inmediata del AP, debido a la cercanía de fallas geológicas importantes y a la Fosa Centroamérica que se localiza en el Océano Pacífico. Además de la inestabilidad de laderas, debido a la presencia de terrenos ondulados y con pendientes moderadas, por lo que se debe tener un estricto control en el manejo de aguas, con el fin de evitar la escorrentía superficial, y con esto evitar problemas de inestabilidad. Se recomienda respetar la legislación vigente en materia de calidades de construcción, como lo es el Código de Cimentaciones de Costa Rica y el Código Sísmico de Costa Rica. Esto debido a la amenaza sísmica de la zona. Por lo tanto, desde el punto de vista geológico ambiental, hidrogeológico ambiental y de amenazas naturales el proyecto es viable si se respetan las indicaciones establecidas por ley y las recomendaciones de este estudio.




Reporte Arqueológico Rápido

	

Requiere Evaluación Arqueológica Para recuperar mayor información se debe realizar de manera obligatoria una Evaluación Arqueológica en Lote 3 y Lote 4. Además de forma precautoria debe realizarse una supervisión arqueológica de movimientos de tierra en todos los lotes que conforman el proyecto. En el Lote 3, debe evaluarse intensivamente el sector Norte (pozos cada 10m), que fue donde se concentran las altas densidades de materiales (Ubicación: 10° 35' 17"N y 85°38' 51"W en un radio de 50m a la redonda dentro del AP), además de evaluar desde la calle 40m hacia el interior del terreno. Para sectores ubicados fuera del área de alta densidad se recomiendan pozos ubicados a distancias mayores. Para el resto del terreno se recomiendan excavaciones selectivas en áreas donde se considere se puedan recuperar datos de distribución de hallazgos aislados. Se puede descartar la necesidad de evaluar las partes más altas de este lote ubicadas al fondo. Para el Lote 4 las excavaciones intensivas deben concentrarse en el área de conchero (Ubicación 10° 34' 52"N y 85°39' 25"W en un radio de 30m a la redonda) y sus cercanías inmediatas y sobre la loma donde se ubica un cementerio (Ubicación: 10° 34' 58"N y 85° 39' 32"W en un radio de 20m a la redonda). También se considera viable dejar un área de reserva arqueológica dependiendo del acomodo de las obras a realizar. Además, se debe evaluar el sector junto a un camino interno en las cercanías de la margen izquierda de la quebrada (Ubicación 10° 34' 53" N y 85° 39' 35" W en un radio de 60m a la redonda dentro del AP).




Biológico rápido

	

Desarrolla el estudio en el ESIA. Dentro del AP se encuentran cuatro cauces de quebradas, estos cauces no deben ser afectados por las obras ya que se les debe de mantener la zona de protección. Además, parte de la propiedad se ubica dentro del Corredor Biológico Diriá. Si bien el proyecto no se ubica dentro de ningún área silvestre protegida, en algunas de las zonas de influencia directa se encuentran humedales que se deben de mantener sin alteraciones, los humedales son ecosistemas protegidos según la Ley Orgánica del Ambiente N° 7554. Además, tanto el área de influencia directa como el área de influencia indirecta del proyecto se encuentran dentro de la Zona Marítimo Terrestre, por lo que se deben de tomar las medidas de mitigación necesarias. Según las actividades que se tienen planteadas realizar para este proyecto, no existirá una afectación a ecosistemas de interés.

 

Los estudios realizados señalan una serie de recomendaciones que deben acatarse según lo indicado, como parte de los compromisos ambientales del proyecto. En caso de requerirse la eliminación de algún árbol, debe de tramitar el permiso correspondiente ante la oficina del MINAE, y en caso que se ubiquen cuerpos de agua superficial o pozos dentro o en los límites del AP, deberá de aplicarse la legislación vigente en materia de zonas de protección. Para cada impacto ambiental identificado en la matriz básica de identificación de impactos ambientales, se presenta la correspondiente medida de mitigación. Siendo que cada estudio y/o justificaciones han sido elaboradas por profesionales atinentes, se les considera responsables directos de la información técnica científica que se aporta en los mismos, cuya información tiene carácter de Declaración Jurada por lo que se considera actual y verdadera. En caso contrario pueden derivarse consecuencias penales del hecho según lo establece el artículo 9 del Decreto Ejecutivo No.31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC reformado por el artículo 2º del Decreto Ejecutivo Nº 32734 del 09 de agosto de 2005, así las cosas y consecuentes con las conclusiones y recomendaciones emitidas, esta Secretaría previene al Consultor Ambiental y el Desarrollador el deber de incluir las mismas, como parte de los compromisos ambientales adquiridos mediante el presente análisis. De conformidad con el análisis del proyecto que han presentado el desarrollador y consultor ambiental, según las regulaciones aplicables a la operación de la actividad obra o proyecto hay un reglamento en materia ambiental, que de acuerdo a la clasificación del área según la zona de ubicación de proyecto, este se encuentra localizado en una zona autorizada por Plan Regulador u otra planificación ambiental de uso de suelo, aprobados por la SETENA, incluyendo la variable ambiental, por consiguiente, estableciendo una calificación de la SIA Final de 117 puntos, por lo que el instrumento de evaluación ambiental que corresponde es Estudio de Impacto Ambiental. Del análisis de la Georreferenciación que realizara la Unidad de Geografía de esta Secretaría, -análisis que consta en el expediente administrativo, así establecido según Decreto Ejecutivo N.º 37803-MINAE- S-MOPT-MAG-MEIC, artículo 2; se conoce lo siguiente: 1. En esta propiedad se han tramitado otros expedientes: Dentro de los planos de catastro 5-1274126- 2008 y 5-1186670-2007 se han tramitado ante la SETENA los siguientes expedientes: - D1-0518- 2019 (5-1274126-2008) - D1-0157-2019 (5-1186670-2007) Por lo anterior, se le recomienda al técnico analista en DEA, verificar detalles y estado actual de dichos expedientes. 2. Cobertura SNIT y FONAFIFO, presente dentro del AP: FONAFIFO 2005 5-1155786-2007: Forestal y No Forestal. 5-1155787-2007: Forestal y No Forestal. 5-1186670-2007: Forestal, No Forestal, Bosque Sec. 5-1274126-2008: Forestal, No Forestal, Plant. Forest. FONAFIFO 2013 5-1155786- 2007: Bosque Deciduo, Bosque Secundario, No Forestal. 5-1155787-2007: Bosque Deciduo, Bosque Maduro, Bosque Secundario, No Forestal. 5-1186670-2007: Bosque Deciduo, Bosque Maduro, Bosque Secundario, No Forestal, Pastos. 5-1274126-2008: Bosque Deciduo, Bosque Maduro, Bosque Secundario, No Forestal. 3. Características del terreno (relieve): Plano 5-1186670-2007 Planos: pendientes de 0-2% Escarpados: pendientes +60% Clase VII: manejo de bosque Plano 5-1155787-2007 Planos: pendientes de 0-2% Escarpados: pendientes +60% Clase II: agropecuarios con limitaciones leves Clase VII: manejo de bosque Plano 5-11274126-2008 Planos: pendientes de 0-2% Escarpados: pendientes +60% Clase II: agropecuarios con limitaciones leves Clase VII: manejo de bosque Plano 5-1155786-2007 Planos: pendientes de 0-2% Escarpados: pendientes +60% Clase VII: manejo de bosque. 4. Cercanía a fallas geológicas (indicar distancia): Las fallas más cercanas a las propiedades se localizan aproximadamente: - una a 3 km al Este - una a 2,3 km al Sureste - una a 3,9 km al Sur. 5. El proyecto se encuentra afectado por alguna naciente o pozo, o por su radio de protección: Según la base de datos de la Dirección de Aguas en su visor del SINIGIRH, las siguientes propiedades se encuentran afectadas por pozos y sus respectivos radios de protección: (ver imágenes adjuntas) Plano 11-86670-2007: dentro de dicha propiedad se localizan dos pozos administrados por acueducto rural. Plano 5-1274126-2008: dentro de dicha propiedad se localizan dos pozos administrados por acueducto rural. Es importante aclarar que en las colindancias a esta propiedad la base de datos de la Dirección de Aguas tiene identificados otros pozos, no obstante, ninguno de ellos ni sus respectivos radios de protección afectan a la misma. 6. Existen cuerpos de agua dentro o en un radio de 50 metros alrededor del área en donde se desarrollará el proyecto: Plano 5-1186670-2007: esta propiedad es atravesada por la Quebrada Grande, la Quebrada Sardina y por otra quebrada intermitente sin nombre. Plano 5-1155787-2007: esta propiedad es atravesada por una quebrada intermitente sin nombre. Plano 5-1274126-2008: esta propiedad es atravesada por una quebrada intermitente sin nombre.7. El proyecto se desarrollará sobre un acuífero (cuál): Acuífero Coco-Panamá-Playa Hermosa. 8. El proyecto se desarrollará en una zona con vulnerabilidad acuífera (SENARA): No se cuenta con datos de vulnerabilidad para este sector. 9. El sector donde se desarrollará el proyecto presenta datos de recarga (SENARA): No se cuenta con datos de recarga para este sector. 10. El proyecto se desarrollará dentro de un corredor biológico: Corredor Biológico Chorotega (ACT). 11. El proyecto se desarrollará en un área con humedales: Se aclara que las propiedades no se localizan dentro de ningún humedal, no obstante, según la capa del Inventario Nacional de Humedales (SINAC), existen humedales cercanos a sus colindancias, tales como: - Humedal: Manglar Panamá 1, tipo estuarino, clase manglar; ubicado aproximadamente a 241 m al Oeste de la propiedad con plano 5-1186670-2007. - Humedal: Manglar Panamá 2, tipo estuarino, clase manglar; ubicado aproximadamente a 113 m al Noroeste de la propiedad con plano 5-1155787- 2007. - Humedal: Manglar Panamá 2, tipo estuarino, clase manglar; ubicado sobre la colindancia Norte de la propiedad con plano 5-1274126-2008. 12. El proyecto se desarrollará dentro de la Zona Marítimo Terrestre: No aplica porque todas las propiedades donde se pretende desarrollar el proyecto se localizan dentro del Polo Turístico Golfo de Papagayo, administrado por el ICT, regido por la Ley 6758 y la Ley 6370, donde se regula el desarrollo específico para esta zona. 13. El cantón donde se desarrollará el proyecto cuenta con Incorporación de la variable ambiental en el POT's, aprobada por SETENA: El plan regulador del sector costero del cantón de Carrillo, no cuenta con la variable ambiental avalada por SETENA. 14. Otros datos valorados por el analista geoespacial: Se considera importante mencionarle al técnico analista en DEA, que, verificando los polígonos de los contornos de las propiedades, dos de ellas (5-1155786- 2007 y 5-1186670-2007) si son coincidentes en la forma de los contornos de los planos con el registro inmobiliario digital oficial en el SNIT; en su defecto, las otras dos propiedades presentan las siguientes condiciones: - Para el plano 5-1155787-2007: la forma del contorno del polígono de dicho plano en el registro inmobiliario digital oficial en el SNIT no es coincidente con el contorno del plano de catastro aportado por el Desarrollador, lo anterior pudiese obedecer (esto no es una afirmación) a que dicho registro inmobiliario aún no se encuentra actualizado por parte del municipio de Carrillo; no obstante, esta situación no genera impedimento para realizar la verificación geoespacial del proyecto; lo anterior, se menciona para que el técnico analista en DEA, en caso de considerarlo necesario, realice la consulta formal al Desarrollador para aclarar la causa y que la misma quede constatada dentro del expediente. - Para el plano 5-1274126-2008: al buscar los datos registrales dentro de la página web del Registro Nacional, se indica que para el mismo existe una segregación, un plano hijo del año 2020 (2-2180293- 2020). Esta condición tampoco es impedimento para realizar la verificación geoespacial del proyecto ya que el diseño de sitio respeta los linderos de dicha segregación (no así el archivo shp del polígono de dicho plano), por lo que se le alerta al técnico analista la situación para que esté al tanto y proceda según considere necesario. INSPECCIÓN DE CAMPO En fecha 14 de julio de 2021, fue realizada la inspección de campo por parte de funcionarios de la SETENA y el señor Alejandro Jiménez Fonseca, por parte de la empresa desarrolladora. Consta en el expediente administrativo el acta de inspección y el registro fotográfico tomado al momento de la visita. SE PREVIENE AL DESARROLLADOR QUE: En todo momento, debe cumplir con lo indicado en el uso conforme de suelo establecido en el Plan Regulador Territorial del Cantón correspondiente. El proyecto sometido al proceso de evaluación de impacto ambiental mediante el presente expediente, comprende únicamente las obras descritas como descripción de proyecto adjunta al Documento de Evaluación D1, según información aportada, por lo que cualquier obra diferente, deberá de previo a su inicio presentar el análisis correspondiente. De cambiarse el tipo de actividad del proyecto, debe informarse a la Municipalidad correspondiente. Si el proyecto requiere corta de árboles, deberá tramitar previamente el permiso en la Oficina subregional local del MINAE/SINAC (art. 27 de la Ley Forestal), además se previene que debe respetar la Áreas de Protección (art. 33 y 34 Ley Forestal), debiendo incluir en el desarrollo del proyecto buenas prácticas encaminadas a favorecer el equilibrio óptimo de los recursos naturales y el aprovechamiento sostenible del bosque según sea la categoría que manejo. Se debe mantener todas las previsiones para minimizar y reducir cualquier posibilidad de contaminar los suelos, quebradas y alcantarillas con los residuos producidos por su actividad, cumpliendo con la Ley para la Gestión Integral de Residuos, Ley Nº 8839 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo Nº 37567- S-MINAET-H denominado Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral de Residuos. CUARTO: Que, en el presente procedimiento administrativo, se presentó el Formulario de D1, con el instrumento de evaluación ambiental: Estudio de Impacto Ambiental, de acuerdo al Manual de Instrumentos Técnicos para el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (Manual de EIA, parte II), los cuales fueron debidamente analizados por el Departamento de Evaluación Ambiental, se concluyó que cumplen con los términos de referencia y los requerimientos técnicos emitidos por esta Secretaría. En virtud de lo anterior, y de conformidad con las facultades de control y seguimiento establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica del Ambiente, que señala: "La Secretaría Técnica Nacional Ambiental establecerá instrumentos y medios para dar seguimiento al cumplimiento de las resoluciones de la evaluación de impacto ambiental. En los casos de violación de su contenido, podrá ordenar la paralización de las obras. El interesado, el autor del estudio y quienes lo aprueben serán, directa y solidariamente, responsables por los daños que se causen." De lo anterior, se ha analizado y se ha determinado que los mismos cumplen, por lo que lo procedente en el presente caso es aprobar el instrumento de evaluación de impacto ambiental: Estudio de Impacto Ambiental y las matrices de impacto ambiental, presentados en el Documento D1 y otorgar la viabilidad ambiental. QUINTO: De conformidad con el Artículo No. 45°. - Resolución y otorgamiento de la Viabilidad (o Licencia) Ambiental del reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental (D.E. No. 31849-2004-MINAE- MAG-MOPT,MEIC,S y sus reformas), éste contempla: “Los lineamientos o directrices ambientales de compromiso que enmarcan el otorgamiento de la viabilidad (licencia) ambiental, y que estarán basadas en todo el proceso de EIA, así como una serie de condiciones e instrumentos de control y seguimiento ambiental, que incluyen los siguientes elementos: Desarrollo e implementación de los Instrumentos de Control y Seguimiento Ambiental (ICOS), que comprenden 3 aspectos: Nombramiento de un responsable ambiental e implementación de una Bitácora Ambiental; así mismo un depósito de Garantía Ambiental de conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica del Ambiente, cuyo monto será fijado en este acto administrativo. Estos instrumentos, deberán ser presentados a la SETENA de conformidad con el Acuerdo de Comisión Plenaria de la sesión ordinaria No. 098-2014-SETENA y su Artículo No.17, emitido por medio del acuerdo No. ACP-015-2014 del 26 de agosto del 2014; el cual dicta: “Ordenar a los desarrolladores de actividades, obras o proyectos que la presentación de los ICOS debe ser antes del inicio de los mismos, una vez otorgada la Viabilidad Ambiental y que no podrá iniciar con éstos hasta contar con los ICOS debidamente habilitados. Y que, de iniciar sin contar con éstos, se le aplicarán las sanciones establecidas en la normativa vigente”. SEXTO: Que el artículo 6 de la Modificación del Artículo 45 al Reglamento General sobre los Procedimientos de EIA, del Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, indica sobre la Cláusula de Compromiso Ambiental Fundamental, lo siguiente: “La Presente Viabilidad (licencia) Ambiental se otorga en el entendido de que el desarrollador del proyecto, obra o actividad cumplirá de forma íntegra y cabal con todas las regulaciones y normas técnicas, legales y ambientales vigentes en el país y a ejecutarse ante otras autoridades del Estado Costarricense. El incumplimiento de esta cláusula por parte del desarrollador no solo lo hará acreedor de las sanciones que implica el no cumplimiento de dicha regulación, sino que además, al constituir la misma, parte de la base fundamental sobre el que se sustenta la VLA, hará que de forma automática dicha VLA se anule con las consecuencias técnicas, administrativas y jurídicas que ello tiene para la actividad, obra o proyecto y para su desarrollador, en particular respecto a los alcances que tiene la aplicación del artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente. SÉTIMO: Que al momento de emitir la presente resolución no hay apersonados o personas opuestas al desarrollo del proyecto descrito. OCTAVO: Que de acuerdo con lo establecido en inciso 3 del artículo 22 del decreto ejecutivo Nº 31849- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, y luego de valorar la información contenida en el expediente administrativo y el instrumento de evaluación ambiental presentados, mediante el informe técnico DEA- 0322-2022-SETENA, el Departamento de Evaluación Ambiental recomienda continuar con el proceso administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental y emitir la resolución administrativa que otorga la Viabilidad (Licencia) Ambiental considerando lo establecido en el artículo 20 de la Ley 7554”

POR TANTO

LA COMISIÓN PLENARIA RESUELVE En sesión Ordinaria Nº 026 de esta Secretaría, realizada el 06 de abril de 2022, en el Artículo Nº. 14 acuerda: PRIMERO: Aprobar el Documento de Evaluación Ambiental D1 Estudio de Impacto Ambiental sometido a evaluación ambiental por el proyectista. SEGUNDO: Comunicar al interesado que, de conformidad con los artículos 17,18 y 19 de la Ley Orgánica del Ambiente, se ha cumplido con el procedimiento de evaluación ambiental del proyecto "Proyecto Bahía Nombre169752", con expediente administrativo D1-0170-2021-SETENA, según se describe a continuación. Nombre del proyecto: Proyecto Bahía Nombre169752 Ubicación: Provincia: Guanacaste Cantón: Carrillo Distrito: Sardinal Coordenadas: Latitud Longitud Detalle de las Coordenadas 1 171 837,039 320 267,107 Coordenadas medias del plano 5-1186670-2007 1 171 094,961 319 694,582 Coordenadas medias del plano 5-1155787-2007 1 170 974,246 319 238,546 Coordenadas medias del plano 5-1155787-2007 1 170 744,866 318 464,714 Coordenadas medias del plano 5-1274126-2008 1 170 667,714 317 554,889 Coordenadas medias del plano 5-1155786-2007 Número de plano catastrado: G-1155786-2007, G-1155787-2007, G- 1186670-2007 y G-1274126-2008 Número de finca: 2172-Z—000, 2169-Z—000, 2168-Z—000 y 2174-Z-- 000 Medida finca según plano (m²): 204165,91; 124827,92; 436563,63; 309064,25 Área del proyecto según diseño (m²): 1,176,420.79 Clasificación CIIU y categoría proyecto: 5510 = A Puntaje de SIA: 117Descripción del proyecto: El proyecto Bahía Nombre169752 consiste en un complejo turístico habitacional, propiciando el desarrollo de residencias y hoteles con acceso a todos los servicios básicos y recreacionales mediante la comercialización de unidades habitacionales, lotes residenciales, componentes hoteleros y de condhotel, uso mixto residencial – comercial y oficinas. Nota: Los tres diseños restantes están ubicados en documentos adicionales Nota: Los tres montos de inversión individuales está ubicados en documentos adicionales. El componente Hotelero y de Condhotel se desarrollarán con una capacidad para alojar más de 240 huéspedes que podrá contar con habitaciones equipadas con cocina, baño privado y terraza, así como el lobby del hotel, piscinas, spa, gimnasio, restaurantes, bar, baños y vestidores, tiendas, salón de eventos, centro de bienestar, salas de ventas, oficinas administrativas, taller, cocina y lavandería, alojamiento para empleados, y toda la infraestructura vial necesaria para el acceso y circulación a las instalaciones, parqueos, aceras, senderos y planta de tratamiento. El proyecto, también constará de unidades habitacionales con parqueo para uno o dos automóviles, y áreas comunes conformadas por pasillos, azoteas, áreas verdes y juegos infantiles, rancho con piscinas, canchas y salones multiusos, gimnasio, lobby de acceso, así como la infraestructura vial para el acceso y circulación a las instalaciones, parqueos de visitas y aceras. Por su parte los Lotes Residenciales serán zonas para el desarrollo futuro de residencias que podrán contar con patio, cocheras para varios vehículos, piscina, terrazas y azoteas. El proyecto proveerá de acceso vehiculares y peatonales, así como la infraestructura de los servicios básicos para los futuros residentes, además de zonas verdes, juegos infantiles y senderos. Por su parte la Casa Club de los lotes residenciales o unidades habitacionales contarán con un área administrativa, salón de eventos, restaurante, baños, área social, sala de juegos, piscina, gimnasio, canchas de tenis y canchas multiuso. También cuenta con zonas verdes en las cuales se ofrecen “ranchos” con electricidad, senderos para caminatas, además de juegos infantiles y parqueos para automóviles. Se establecerá un Country Club que contará con salones de eventos, área administrativa, restaurante, baños, área social, sala de juegos, piscina, gimnasio ambos con duchas y vestidores, además de jacuzzi y saunas. También cuenta con zonas verdes en las cuales se ofrecen canchas de tenis, canchas multiuso, canchas de futbol 5, minigolf, “ranchos” con electricidad, senderos para caminatas y bicicletas, además de juegos infantiles y la infraestructura vial para el acceso y circulación a las instalaciones, parqueos de visitas y aceras. El desarrollo del área comercial y oficinas será una zona para la construcción de locales comerciales, así como oficinas para su posterior venta o alquiler. Los espacios de oficinas contaran con áreas de co- working con salas de reuniones, cafeterías, bibliotecas y salones de lectura. El área comercial podrá contar con Supermercados, mini-markets, kioscos comerciales, farmacia y clínica médica, restaurantes, cine al aire libre, mercado o plaza ferial, que sería un área destinada para impulsar el comercio y emprendedurismo, con venta de productos de la zona y huerta con mercado verde. El uso mixto será un sitio para el desarrollo de distintas actividades sociales y culturales por los residentes del sitio y zonas aledañas, como centros de investigación, museo, escuela, guardería, capilla, redondel, plaza de deportes y centros de reunión. Dentro de los otros componentes y amenidades que serán parte del proyecto están: áreas de campamentos, senderos naturales para caminatas y senderos para bicicletas, miradores y paradas naturales para observación y decks de meditación, parques abiertos ecológicos con estaciones de picnic, lagos, áreas de reserva y conservación, bosque de pájaros con árboles frutales, puentes colgantes, parqueos y estacionamiento público, avenida principal con calles arboladas además de aceras peatonales y puentes sobre las quebradas para comunicar internamente el proyecto. El proyecto tendrá luces LED, se diseñarán las edificaciones para brindar y maximizar el uso de la luz natural, pero evitar la ganancia de calor solar. Se utilizará sistemas de aire acondicionado de alta eficiencia que mejoran la calidad del aire interior, tienen mayor eficiencia energética. Se contará con un plan de gestión de aguas pluviales que se implementará durante la construcción reducirá la contaminación al controlar la erosión del suelo, la sedimentación de los cursos de agua. Las plantas de tratamiento y las aguas grises se utilizarán para el riego con el fin de mitigar el uso de agua potable para el riego. Todas las áreas sociales y comunes tienen accesibilidad de acuerdo con lo estipulado en la Ley 7600. Por lo que se otorga la VIABILIDAD (LICENCIA) AMBIENTAL al proyecto, quedando abierta la etapa de Gestión Ambiental y en el entendido de cumplir con la Cláusula de Compromiso Ambiental fundamental. TERCERO: De acuerdo al Decreto Nº 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, la vigencia de esta viabilidad será por un período de CINCO AÑOS para el inicio de las obras. En caso de no iniciarse las obras en el tiempo establecido, se procederá a aplicar lo establecido en la legislación vigente. CUARTO: Autorizar el fraccionamiento de la garantía de cumplimiento de las obligaciones ambientales, según las fases del proyecto, como se indica a continuación: Fase Tipo Descripción Moneda Monto de la garantía I Constructiva Lote 1 dólares 3 741 531,31 II Constructiva Lote 4 dólares 2 747 651,33 III Constructiva Lote 3 dólares 1 071 324,48 IV Constructiva Lote 5 dólares 1 690 014,59 TOTAL Constructiva dólares 9 250 521,71 Se advierte que la garantía de cumplimiento de las obligaciones ambientales, correspondiente a cada fase, debe depositarse de previo al inicio de cada una de ellas y debe presentarse ante esta Secretaría evidencia del depósito. QUINTO: Ordenar al señor ANDRES PACHECO ALBONICO, documento de identificación número CED129994- , en calidad de representante legal de la sociedad ENJOY HOTELS & RESORTS SOCIEDAD ANONIMA, con cédula jurídica CED129995, expediente número D1-0170-2021- SETENA, depositar la garantía de cumplimiento de las obligaciones ambientales, correspondiente a la primera fase del proyecto, por un monto de USD3 741 531,31 (Tres millones setecientos cuarenta y un mil quinientos treinta y un US dólares con 31 centavos) o su equivalente en colones según el tipo de cambio del día en que se efectúe el depósito de la garantía o de su renovación, correspondiente al 1% del monto de inversión total declarado del proyecto. Para rendir la Garantía de Cumplimiento existen tres opciones: 1) Certificado de Depósito a Plazo (Cualquier Banco Público o Privado), emitido a nombre del desarrollador y endosado a favor de MINAE-SETENA. 2) Garantía de Cumplimiento (Seguro de Caución, etc.) establecida por cualquier ente financiero reconocido por el Estado, emitida a nombre del desarrollador e indicar que el beneficiario es MINAE- SETENA. Para las opciones 1 y 2, deberá presentarse en el Departamento de Custodia y Administración de Valores del Banco Nacional de Costa Rica, en las Oficinas Centrales, para ser resguardados en la custodia Nº CV-7297-SETENA-MINAE. El plazo de la garantía de cumplimiento debe ser mínimo de un año. 3) Depósito Bancario en las Cuentas del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) Estas son las únicas cuentas disponibles actualmente para realizar su depósito: Para la opción 3, se han habilitado las siguientes cuentas bancarias oficiales para que realice su depósito: Moneda Cuenta cliente Cuenta corriente IBAN Colones 15120210010005107 100-01-202-000510-1 CR93015120210010005107 Dólares CED129996 100-02-202-000362-7 CED129997 Estas cuentas bancarias están registradas en el Banco Nacional de Costa Rica a nombre del MINAE, cédula jurídica CED129998. Nota: El depósito o transferencia deberá señalar en el concepto: Número de expediente administrativo y nombre del desarrollador, así como aportar a esta Secretaría el comprobante del depósito respectivo; el cual debe ser por un periodo mínimo de un año, de acuerdo al artículo 21 de la Ley Orgánica del Ambiente. Además, deberá nombrar un Responsable Ambiental, con su inscripción vigente en el Registro de Consultores de la SETENA, mediante el envío de una nota firmada por el propietario con la aceptación del profesional asignado, y habilitar la Bitácora Ambiental Digital, la cual deberá permanecer vigente y al día durante el tiempo de vigencia de la regencia ambiental, debiendo presentar los documentos indicados a esta Secretaría antes de iniciar labores constructivas. En caso de no presentar los documentos indicados en el tiempo establecido, se procederá a aplicar lo que establece la legislación vigente. SEXTO: Con base en las características ambientales del AP y su interacción con las actividades que realizará el proyecto, se establece una periodicidad de presentación de informes regenciales para periodos de cada SEIS MESES durante la fase constructiva y un informe final consolidado. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Plenaria CP-036-2011-SETENA del 28 de febrero del 2011. Los Informes ambientales deberán ser presentados en un plazo máximo de 10 días posteriores a la finalización del periodo que cubren. En el momento de iniciar actividades se inicia el periodo del primer informe de regencia ambiental. Para la elaboración de estos informes, de acuerdo al formato establecido por esta Secretaría, será responsabilidad del regente ambiental realizar el número de visitas necesarias, dependiendo de las características del proyecto. Con base en estos informes y al programa de monitoreo, la SETENA podrá ajustar el monto de garantía y dictar medidas de acatamiento obligatorio para mantener al proyecto, obra o actividad dentro de un margen de impacto ambiental controlado. El responsable y el propietario deberán brindar apoyo a las labores de la SETENA, en las inspecciones que esta efectúe. Recordar que el otorgamiento de la Viabilidad Ambiental es un paso dentro del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental y que luego de otorgada ésta, inicia la etapa de gestión ambiental que debe realizar esta Secretaría, por medio del Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental (ASA), lo anterior de conformidad con el acuerdo de la Comisión Plenaria, No. 015-2014, del 26 de agosto de 2014.SÉTIMO: Cumplir con lo establecido en la Resolución Nº 1834-2016-SETENA, "Rotulación de Proyectos con Viabilidad Ambiental", del 29 de septiembre del 2016. OCTAVO: Advertir al desarrollador que si se llegare a verificar el incumplimiento de las obligaciones ambientales adquiridas, de conformidad con el artículo 14 del Decreto Ejecutivo 31849, o de comprobarse falsedad o manipulación de la información aportada, por el carácter de Declaración Jurada que tiene el instrumento presentado, esta Secretaría podrá proceder conforme a lo señalado en el artículo 15 de ese mismo Decreto, dejando sin efecto la Viabilidad (Licencia) Ambiental otorgada mediante este documento, debiendo presentar la documentación correspondiente, independientemente de la facultad de presentar las denuncias penales correspondientes por cualquier delito cometido, o de aplicar cualesquiera de las sanciones de las enumeradas en el artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente. NOVENO: Recordar al interesado su compromiso por cumplir con todas las recomendaciones / prevenciones, que se desprenden de los estudios técnicos complementarios y lo descrito en el CONSIDERANDO TERCERO anterior. DÉCIMO: Recordar al desarrollador que de acuerdo al Artículo 11 del Decreto Ejecutivo Nº 31849- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC—Alcance del trámite de EIA ante la SETENA, el cumplimiento del procedimiento de EIA, no lo exime del trámite a cumplir ante otras autoridades de la Administración, de conformidad con las competencias y normativa vigentes, ni de cumplir con sus obligaciones o responsabilidades que de su gestión deriven. DÉCIMO PRIMERO: Contra esta resolución cabe interponer dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación, los recursos ordinarios de revocatoria ante la SETENA, y el de apelación ante el Ministro de Ambiente y Energía, de conformidad con los artículos 342 y siguientes de la Ley General de Administración Pública Nº 6227, y 87 de la Ley Orgánica del Ambiente Nº 7554. DÉCIMO SEGUNDO: Toda documentación que sea presentada ante la SETENA deberá indicar claramente el número de expediente, el número de resolución y el nombre completo del proyecto. También se deberá indicar una dirección de correo electrónico, para recibir notificaciones de parte de esta Secretaría. DÉCIMO TERCERO: El expediente completo, así como los documentos que la SETENA ha emitido durante el proceso de Evaluación estarán a disposición del desarrollador en la dirección web: https://tramites.setena.go.cr/Expedientes/form_public_expediente_setena?e=EXPEDIENTES/2021/D1 -0170-2021 Donde debe ser verificado por este o por cualquier interesado e instancia pública o privada. Para todo efecto legal de acuerdo a la Ley 8454, la firma digital emitida por una autoridad certificadora registrada tiene la equivalencia jurídica de una firma manuscrita, según el artículo 4 que indica: "Artículo 4º- Calificación jurídica y fuerza probatoria. Los documentos electrónicos se calificarán como públicos o privados, y se les reconocerá fuerza probatoria en las mismas condiciones que a los documentos físicos", por lo que de conformidad Artículo 1, párrafo segundo, de la Ley supra citada a la letra indica: "El Estado y todas las entidades públicas quedan expresamente facultados para utilizar los certificados, las firmas digitales y los documentos electrónicos, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia", así ratificado mediante la Directriz Nº. 067-MICITT-H-MEIC donde el Estado Costarricense promueve la "Masificación de la implementación y el uso de la Firma Digital en el Sector Público Costarricense". DÉCIMO CUARTO: De conformidad con el artículo 8 de la Ley 8220, no podrá solicitarse al interesado que requiera un trámite la presentación de certificaciones, copias de información que ya posea otra institución, según los medios legales preestablecidos”. (Ver dirección electrónica https://tramites.setena.go.cr/ConsultaPublica/ver_expediente?key=ZXhwZWRpZW50ZV9%20maWxlOjoxMjUxNzYxNjU2NmUwN2IxOTQ0Y2U5NzA5NjA4OTA0Mw indicada en el informe rendido).

 III.- Sobre el reclamo atinente a la falta de audiencia pública. El accionante objeta el otorgamiento de la viabilidad ambiental porque no se convocó a los vecinos de Playa Panamá a una audiencia pública. Al respecto, en el sub iudice, se advierte que tal agravio ya fue objeto de pronunciamiento por parte de esta Sala en sentencia nro. 2025016284 de las 9:20 horas del 30 de mayo de 2025, donde se dispuso:

 “I.- OBJETO DEL RECURSO. - Manifiesta el recurrente que ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental se tramita el expediente No. D1-0170-2021-SETENA proyecto denominado "Bahía Papagayo", el cual, se clasificó como categoría A, sea que tiene un impacto ambiental alto conforme a lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento No. 31849-MINAE. Cuestiona que pese a la clasificación asignada al proyecto y que éste se llevaría a cabo en bienes de dominio público, no se llevó a cabo ninguna audiencia pública, previo al otorgamiento de la viabilidad ambiental. Refiere que, únicamente se aplicó una encuesta aleatoria a personas residentes en el área de influencia y no se documentó ningún otro mecanismo para la consulta abierta, ni procesos deliberativos con la comunidad, respecto del desarrollo del citado proyecto. Solicita la intervención de la Sala. (…)

 III.- ANTECEDENTE DE INTERÉS. - Esta Sala mediante sentencia N° 2025007718 de las 09:20 horas del 14 de marzo de 2025, conoció un reclamo similar al aquíexpuesto, resolviendo en lo que interesa: 

  “V.- Finalmente, el recurrente aduce que las autoridades recurridas violentaron el principio de participación ciudadana, al no comunicar a los vecinos y posibles afectados sobre el proyecto en cuestión. Ahora bien, sobre dicho punto, las autoridades de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental informan que como parte del EsIA se realizó un análisis de la percepción local de algunos líderes comunales de comunidades aledañas como Río Jesús de San Ramón y La Angostura de San Ramón, la comunidad de Guadalupe de Esparza se ubica aproximadamente a 2km de distancia en línea recta al AP del proyecto, y tanto La Angostura como Dulce Nombre a más de 3.5km de distancia; sin embargo, no serán afectados directamente por el transporte y actividades de la operación del proyecto, ya que las rutas o carreteras que atraviesan estos poblados no será utilizadas por el proyecto. Sin embargo, es preciso indicar que este Tribunal, estimó en la sentencia No. 6773-2014 de las 11:41 horas de 16 de mayo de 2014 -criterio que ha sido reiterado en las sentencias número 2022-25374 de las 9:20 horas de 28 de octubre de 2022, 2024-33132 de las 9:20 horas de 8 de noviembre de 2024, entre otras-, que la sede natural para vigilar el cumplimiento del principio de participación ciudadana es la justicia ordinaria y no la jurisdicción constitucional. En la referida resolución, se consideró lo siguiente:

 “IV.- BAJO UNA MEJOR PONDERACIÓN. DISCUSIÓN DE LEGALIDAD.  Al modificar el artículo 9 de la Constitución Política, el órgano constituyente reformador quiso dar positividad al Principio de Participación y así acercar a los administrados al proceso de toma de decisiones estatales, como parte de lo que la doctrina llama “mecanismos de corrección” de la democracia representativa. Así, el Constituyente reformador dejó los medios, alcance y oportunidad de la participación ciudadana a la normativa infra-constitucional, salvo en casos excepcionales. En ese sentido, la sede natural para vigilar su cumplimiento, es la justicia ordinaria y no la jurisdicción constitucional. Por esa razón, son ajenas y lejanas a la competencia de este Tribunal, las cuestiones que se plantean en el caso concreto, a saber, el mecanismo alternativo ordenado por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental –a raíz de la violencia y la situación de intimidación generada en las audiencias de 9 de noviembre de 2013 y 25 de enero de 2014–   a fin de garantizar la fase de comentarios de los interesados y réplicas del desarrollador en el procedimiento de evaluación ambiental del proyecto de una nueva Terminal de Contenedores en Moín, a nombre de APM Terminals Moín S.A En el caso específico, precisamente el artículo 22 de la Ley Orgánica del Ambiente, no define si esa participación es a viva voz, por escrito o de qué manera se satisface la exigencia de la participación, lo cual requiere ser analizado en un proceso que permita la amplitud de prueba y contradictorio que, desde nuestro punto de vista, no encuadra en el amparo como proceso rápido, sencillo, sumario y especial de protección de derechos humanos fundamentales. Le corresponde entonces, al control de legalidad y no a este Tribunal Constitucional, determinar si las actuaciones y conductas administrativas desplegadas (activas u omisas), por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, se ajustan o no, al ordenamiento jurídico infra constitucional. Por las razones indicadas, estimamos que el tema planteado está lejos de las competencias específicas, que la Sala Constitucional está llamada a proteger, sin que ello signifique que no merezca análisis en la jurisdicción ordinaria o de mera legalidad contenciosa administrativa, conforme al artículo 49 constitucional. (…)”

 A partir de lo expuesto, no le corresponde a este Tribunal determinar, tal y como lo pretende el recurrente, si en el caso particular debió realizarse algún tipo de consulta sobre el proyecto en cuestión, así como tampoco le compete a esta Sala verificar cuál es el mecanismo que deben utilizar las autoridades recurridas, para garantizar de forma óptima la participación ciudadana. De este modo y, conforme con el precedente de cita, no le corresponde a este Tribunal Constitucional determinar si las actuaciones y conductas administrativas desplegadas (activas u omisas) por la SETENA en el caso concreto se ajustan o no al ordenamiento jurídico infra constitucional, todo lo cual, deberá ser cuestionado por los recurrentes en las vías de legalidad ordinaria respectivas.”

 IV.- SOBRE EL FONDO. - Manifiesta el recurrente que ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental se tramita el expediente No. D1-0170-2021-SETENA proyecto denominado "Bahía Papagayo", el cual, se clasificó como categoría A, sea que tiene un impacto ambiental alto conforme a lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento No. 31849-MINAE. Cuestiona que pese a la clasificación asignada al proyecto y que éste se llevaría a cabo en bienes de dominio público, no se llevó a cabo ninguna audiencia pública, previo al otorgamiento de la viabilidad ambiental. Refiere que, únicamente se aplicó una encuesta aleatoria a personas residentes en el área de influencia y no se documentó ningún otro mecanismo para la consulta abierta, ni procesos deliberativos con la comunidad, respecto del desarrollo del citado proyecto. Solicita la intervención de la Sala.

 Al respecto, de conformidad con los informes que se consideran dados bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción, se tiene por demostrado que, el 07 de abril del 2021, SETENA recibió el Documento de Evaluación Ambiental Inicial del Proyecto: Proyecto Bahía Papagayo, el cual, se tramita bajo el expediente No. D1-0170-2021-SETENA. Asimismo, se tiene que, el 06 de mayo de 2021 la autoridad recurrida notificó al desarrollador del proyecto, la resolución N° 0677-2021- SETENA, en el cual se solicitó que en el plazo de un año, contados a partir de la notificación de dicha resolución, se presentara un Estudio de Impacto Ambiental bajo los términos de referencia para el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), toda vez que, de conformidad con el Decreto Ejecutivo Nº 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, este proyecto se clasifica con un Impacto Ambiental Potencial (IAP) de Categoría A, clasificada como CIIU 5510 y en consecuencia, se exigió el instrumento de Evaluación más riguroso. De igual forma, se tiene que, el 08 de junio de 2021 la SETENA publicó en un medio de circulación nacional, específicamente en el periódico La Teja, la información del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Bahía Nombre169752 para lo que correspondiera. Continuando con la tramitación del asunto, se tiene que el 14 de julio de 2021, SETENA realizó inspección de campo al área del proyecto en compañía de representantes de la empresa consultora y desarrolladora; siendo que, los hallazgos encontrados quedaron consignados en el Acta de Inspección DEA-ACT INS-017- 2021. Ahora bien, respecto al reclamo del recurrente, se tiene que, según informa SETENA, durante el proceso de evaluación no se recibió ningún apersonamiento u oposición al proyecto previo al otorgamiento de la viabilidad ambiental y tampoco una solicitud para realizar alguna audiencia pública por parte de un tercero, de acuerdo con la normativa establecida. En ese sentido, se comprueba que, el mecanismo de participación ciudadana aplicado en el proceso de evaluación ambiental fue el estudio de percepción local, el cual se realizó con base en la normativa establecida en el decreto 32966-MINAE. "Manual de EIA IV Anexo 1 Guía general para la elaboración de instrumentos de Evaluación de Impacto Ambiental (Guía de EIA), apartado 9 llamado. DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE SOCIOECONÓMICO, apartado 9.7 Percepción local sobre el Proyecto y sus posibles impactos, (Estudio cualitativo); mecanismo que, no exigía difusión previa. Por lo anterior, se tiene que,  una vez analizado el Estudio de percepción en la comunidad, la SETENA mediante resolución 1263-2021-SETENA, solicitó al desarrollador un anexo único con información adicional, específicamente sobre el apartado del EsIA llamado DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE SOCIOECONÓMICO donde se requirió lo siguiente: “Punto 14: “Servicios básicos disponibles: En las páginas 76 y 77 del EsIA presentado, se realizan una serie de observaciones en cuanto a la inquietud de las localidades vecinas; en lo que se refiere al abastecimiento del agua potable; en el texto además se indican una serie de recomendaciones al tema del agua potable y a la preocupación de todo lo relacionado con este servicio. Por tanto, se deberán de incluir las respectivas medidas a implementar, como respuesta a las inquietudes de los vecinos del área de influencia del proyecto (comunidades aledañas al proyecto)” Punto 20: “Para el apartado de la Percepción de la población se indica que existe un desconocimiento del proyecto es del 88%; por lo cual se refleja las necesidades de la falta de información en relación al proyecto; por tal razón deberá de realizarse los procedimientos adecuados de difusión social; a partir de los cuales se logre identificar y caracterizar los posibles conflictos sociales que puedan derivarse de la ejecución del proyecto. Por tanto, se deberán de aportarse las medidas ambientales para mitigar la percepción del (desconocimiento del proyecto). Tal como lo establece el DE-32966-MINAE. Adicionalmente se debe de considerar los potenciales impactos que puede generar el proyecto, obra o actividad sobre los servicios básicos disponibles. Establecer recomendaciones, medidas de mitigación y/o compensación para los mismos, los cuales deben ser incorporados en el Cuadro PGA. Tal como lo establece el DE-32966- MINAE”, por lo que, en fecha indeterminada, el desarrollador adjuntó un oficio firmado por la profesional en ciencias sociales responsable de la realización del apartado del EsIA llamado DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE SOCIOECONÓMICO, en la cual se declara que no existen potenciales impactos a los servicios y adquiere compromisos en torno la participación y divulgación de información del proyecto. Por otra parte, se tiene que, según informa SETENA, el Manual de EIA IV Anexo 1 Guía general para la elaboración de instrumentos de Evaluación de Impacto Ambiental (Guía de EIA), apartado 9 llamado DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE SOCIOECONÓMICO, señala otro mecanismo de participación llamado “Proceso participativo interactivo”; sin embargo, este no fue realizado, ya que no se identificó un alto nivel de conflicto social en los grupos o comunidades del AID, no se recibieron notas de oposición o apersonamiento al proyecto, y la mayoría de la población consultada en el estudio de percepción dijo estar de acuerdo con el desarrollo del proyecto. Finalmente, se tiene que, según informa la autoridad recurrida, la participación ciudadana dentro de un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) se lleva a cabo por medio de instrumentos de percepción local debidamente regulados y la participación se puede llevar a cabo durante todo el proceso de Evaluación Ambiental, incluyendo la etapa constructiva y operativa, lo cual implica que no existe actualmente una limitación en cuanto a la participación ciudadana.

 Teniendo claro lo anterior, se determina que lo expuesto por el recurrente es una inconformidad con el mecanismo utilizado por el desarrollador del proyecto para el otorgamiento de la viabilidad ambiental y la decisión de SETENA de aprobar la misma. En ese sentido, véase que según se tiene por demostrado, la autoridad recurrida publicó en un medio de circulación nacional, la información del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Bahía Nombre169752 para lo que correspondiera, siendo que, no se recibió ningún apersonamiento u oposición al proyecto previo al otorgamiento de la viabilidad ambiental y tampoco una solicitud para realizar alguna audiencia pública por parte de un tercero, de acuerdo con la normativa establecida. Aunado a lo anterior, según se informa bajo juramento, la audiencia pública no es obligatoria para todos los proyectos clasificados tipo A, pues su realización depende de las solicitudes que reciban para tales efectos o bien por requerimiento técnico, supuestos que no acontecieron en el proyecto en cuestión, de ahí que, se utilizara como mecanismo de participación ciudadana aplicado en el proceso de evaluación ambiental, el estudio de percepción local el cual no requería difusión previa y cual, también se encontraba regulado como un procedimiento válido dentro de la normativa para tales efectos. 

 Así las cosas y conforme con el precedente de cita, no le corresponde a este Tribunal determinar, tal y como lo pretende el recurrente, si en el caso particular debió realizarse algún tipo de consulta sobre el proyecto en cuestión, o bien, establecer cuál es el mecanismo que deben utilizar las autoridades recurridas, para garantizar de forma óptima la participación ciudadana, toda vez que, se trata de supuestos de legalidad ordinaria que deben ser planteados ante la autoridad recurrida o bien, ante la sede judicial competente y no ante esta sede constitucional. Ergo, lo procedente es declarar sin lugar el recurso, como en efecto se hace. (…)

POR TANTO:

 Se declara sin lugar el recurso”.

 Además, en sentencia nro. 2025027214 de las 9:30 horas del 26 de agosto de 2025 se dispuso:

 “ I.- OBJETO DEL RECURSO.  El recurrente pretende que esta Sala intervenga para que las municipalidades recurridas  tomen medidas y fomenten el diálogo entre ambientalistas e interesados, en relación con el Proyecto Turístico Nombre169752 y el cambio de uso de suelo, toda vez que,  dicho proyecto se encuentra en una encrucijada legal, enfrentando críticas por su impacto ambiental y social y, al mismo tiempo, defendiendo su legalidad y compromiso con el desarrollo sostenible, por lo que a su juicio debe haber un diálogo  entre las autoridades y la ciudadanía, así como participación ciudadana, pues la falta de diálogo podría lesionar derechos fundamentales. 

 II.- INADMISIBILIDAD DEL AMPARO. Vistas las alegaciones de la parte recurrente, se le hace ver que la finalidad del recurso de amparo es brindar tutela oportuna, con efectos restitutivos, contra infracciones o amenazas a los derechos y libertades fundamentales, por lo que su procedencia, en general, está condicionada, no sólo a que se acredite la existencia de una turbación —o amenaza de ésta— a uno o más de los derechos o garantías contemplados en la Carta Política o los de carácter fundamental establecidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos y debidamente incorporados al ordenamiento jurídico, sino también a que el agravio alegado comporte una amenaza o quebranto directo y grosero de aquellos derechos. Por esta razón, la Sala Constitucional también ha hecho hincapié en que la legitimación en la acción de amparo se mide por el perjuicio o la lesión infringida al recurrente o de la persona concreta en favor de la cual se promovió el recurso, no por el mero interés en la legalidad o la constitucionalidad. Consecuentemente, no le corresponde a este Tribunal conocer directamente, por la vía sumaria del amparo, quejas y denuncias formuladas en abstracto contra disposiciones adoptadas por el Poder Público, siéndole posible admitir para estudio, solamente, aquellos reclamos en que haya indicios o elementos suficientes para presumir, prima facie, la existencia de tales amenazas o quebrantos directos y groseros de un derecho fundamental. 

 En el caso que nos ocupa, el recurrente acude en abstracto y de forma genérica,  para solicitar que se ordene a las municipalidades recurridas fomentar el diálogo y participación ciudadana respecto del proyecto Turístico Papagayo. Sin embargo, el recurrente no expone una situación concreta e individual que presuponga la amenaza directa de sus derechos fundamentales o de un tercero. De manera que, pretende que este Tribunal controle en abstracto la constitucionalidad o legalidad, de lo alegado, sin que exista de por medio una situación real sobre la cual ejercer ese control, lo cual, como se indicó, resulta improcedente en el amparo. 

 Adicionalmente, no le compete a este Tribunal usurpar las competencias legalmente asignadas a las autoridades recurridas a fin de  revisar y determinar, conforme a  los técnicos, jurídicos y de idoneidad, así como de oportunidad y conveniencia, si las autoridades recurridas deben o no fomentar el diálogo o la participación ciudadana respecto del proyecto turístico en cuestión; toda vez que,  ello es una labor propia de la Administración, cuyos diferendos deben ser planteados ante la propia autoridad recurrida o en la vía judicial correspondiente, a través de los mecanismos de impugnación dispuestos al efecto, por ser ajenos al ámbito de competencias de esta jurisdicción especializada.  Así las cosas,  deberá la parte  recurrente -si a bien lo tiene- acudir a las vías de legalidad correspondiente a plantear los reclamos que estimen pertinentes, para que se resuelvan como en Derecho corresponda. En consecuencia, el amparo resulta inadmisible y así se declara. 

Por tanto:

 Se rechaza de plano el recurso”.

   Desde está panorama, la Sala no encuentra mérito alguno para variar los criterios antedichos. De ahí que no le corresponde a este Tribunal determinar, tal y como lo pretende el recurrente, si en el caso particular debió realizarse algún tipo de consulta sobre el proyecto en cuestión, o bien, establecer cuál es el mecanismo que deben utilizar las autoridades recurridas, para garantizar de forma óptima la participación ciudadana, toda vez que, se trata de supuestos de legalidad ordinaria que deben ser planteados ante la autoridad recurrida o bien, ante la sede judicial competente y no ante esta sede constitucional.

  La misma suerte corren los alegatos del accionante respecto a la obligación de las municipalidades de Carrillo y Liberia de emitir un criterio, pues no compete a la Sala determinar, según la normativa infraconstitucional que rige la materia, si a las corporaciones locales accionadas debían o no solicitársele criterio alguno por parte de Setena.

   Ergo, lo procedente es declarar sin lugar este extremo del recurso.

   IV.- Sobre el cuestionamiento a la viabilidad ambiental otorgada. El accionante cuestiona el otorgamiento de la viabilidad ambiental, pues no se evaluaron debidamente los impactos sobre los bosques, humedales y manglares del área, lo que pone en riesgo el patrimonio natural del Estado. Cuestiona que el informe forestal utilizado haya sido elaborado por la propia empresa desarrolladora, sin objetividad ni exhaustividad, y que no se incorporaran medidas de mitigación adecuadas.

    Al respecto, la Sala tiene por demostrado que el 7 de abril del 2021, la Setena recibió el Documento de Evaluación Ambiental Inicial del Proyecto: Proyecto Bahía Nombre169752 formulado por Enjoy Hotels & Resosrts S.A, el cual se tramita bajo el expediente D1-0170-2021-SETENA. El proyecto Bahía Nombre169752 se describe de la siguiente manera: “un complejo turístico habitacional, propiciando el desarrollo de residencias y hoteles con acceso a todos los servicios básicos y recreacionales mediante la comercialización de unidades habitacionales, lotes residenciales, componentes hoteleros y de condhotel, uso mixto residencial – comercial y oficinas. El componente Hotelero y de Condhotel se desarrollarán con una capacidad para alojar más de 240 huéspedes que podrá contar con habitaciones equipadas con cocina, baño privado y terraza, así como el lobby del hotel, piscinas, spa, gimnasio, restaurantes, bar, baños y vestidores, tiendas, salón de eventos, centro de bienestar, salas de ventas, oficinas administrativas, taller, cocina y lavandería, alojamiento para empleados, y toda la infraestructura vial necesaria para el acceso y circulación a las instalaciones, parqueos, aceras, senderos y planta de tratamiento. El proyecto, también constará de unidades habitacionales con parqueo para uno o dos automóviles, y áreas comunes conformadas por pasillos, azoteas, áreas verdes y juegos infantiles, rancho con piscinas, canchas y salones multiusos, gimnasio, lobby de acceso, así como la infraestructura vial para el acceso y circulación a las instalaciones, parqueos de visitas y aceras. Por su parte los Lotes Residenciales serán zonas para el desarrollo futuro de residencias que podrán contar con patio, cocheras para varios vehículos, piscina, terrazas y azoteas. El proyecto proveerá de acceso vehiculares y peatonales, así como la infraestructura de los servicios básicos para los futuros residentes, además de zonas verdes, juegos infantiles y senderos. Por su parte la Casa Club de los lotes residenciales o unidades habitacionales contarán con un área administrativa, salón de eventos, restaurante, baños, área social, sala de juegos, piscina, gimnasio, canchas de tenis y canchas multiuso. También cuenta con zonas verdes en las cuales se ofrecen “ranchos” con electricidad, senderos para caminatas, además de juegos infantiles y parqueos para automóviles. Se establecerá un Country Club que contará con salones de eventos, área administrativa, restaurante, baños, área social, sala de juegos, piscina, gimnasio ambos con duchas y vestidores, además de jacuzzi y saunas. También cuenta con zonas verdes en las cuales se ofrecen canchas de tenis, canchas multiuso, canchas de futbol 5, minigolf, “ranchos” con electricidad, senderos para caminatas y bicicletas, además de juegos infantiles y la infraestructura vial para el acceso y circulación a las instalaciones, parqueos de visitas y aceras. El desarrollo del área comercial y oficinas será una zona para la construcción de locales comerciales, así como oficinas para su posterior venta o alquiler. Los espacios de oficinas contaran con áreas de co-working con salas de reuniones, cafeterías, bibliotecas y salones de lectura. El área comercial podrá contar con Supermercados, mini-markets, kioscos comerciales, farmacia y clínica médica, restaurantes, cine al aire libre, mercado o plaza ferial, que sería un área destinada para impulsar el comercio y emprendedurismo, con venta de productos de la zona y huerta con mercado verde. El uso mixto será un sitio para el desarrollo de distintas actividades sociales y culturales por los residentes del sitio y zonas aledañas, como centros de investigación, museo, escuela, guardería, capilla, redondel, plaza de deportes y centros de reunión. Dentro de los otros componentes y amenidades que serán parte del proyecto están: áreas de campamentos, senderos naturales para caminatas y senderos para bicicletas, miradores y paradas naturales para observación y decks de meditación, parques abiertos ecológicos con estaciones de picnic, lagos, áreas de reserva y conservación, bosque de pájaros con árboles frutales, puentes colgantes, parqueos y estacionamiento público, avenida principal con calles arboladas además de aceras peatonales y puentes sobre las quebradas para comunicar internamente el proyecto. El proyecto tendrá luces LED, se diseñarán las edificaciones para brindar y maximizar el uso de la luz natural, pero evitar la ganancia de calor solar. Se utilizará sistemas de aire acondicionado de alta eficiencia que mejoran la calidad del aire interior, tienen mayor eficiencia energética. Se contará con un plan de gestión de aguas pluviales que se implementará durante la construcción reducirá la contaminación al controlar la erosión del suelo, la sedimentación de los cursos de agua. Las plantas de tratamiento y las aguas grises se utilizarán para el riego con el fin de mitigar el uso de agua potable para el riego. Todas las áreas sociales y comunes tienen accesibilidad de acuerdo con lo estipulado en la Ley 7600”.

   Además, debido a la naturaleza del proyecto, a la magnitud del volumen de tierra que debe ser removido, la necesaria protección de la flora y fauna, la extensión del área de construcción, los servicios públicos presentes en el área y su posible afectación; así como el hecho de que debe ser tomado en cuenta el componente social, por el tamaño del área del proyecto y de las áreas de influencia, se requería de un instrumento que brinde un diagnóstico intensivo e integral que conlleve al cumplimiento de las características de un desarrollo sostenible. El 6 de mayo de 2021, la Setena le notificó al desarrollador del proyecto la resolución nro. 0677-2021- SETENA, del 5 de mayo del 2021, donde se le ordenó, a efectos de continuar con el proceso de evaluación ambiental, que en el plazo de un año, contados a partir de la notificación de esa resolución, se aportara un Estudio de Impacto Ambiental, bajo los términos de referencia para el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), toda vez que, de conformidad con el Decreto Ejecutivo Nº 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, este proyecto se clasifica con un Impacto Ambiental Potencial (IAP) de Categoría A, clasificada como CIIU 5510 y en consecuencia, se exigió el instrumento de Evaluación más riguroso.

  Posteriormente, el 14 de julio de 2021, la Setena realizó la visita de campo al área del proyecto en compañía de representantes de la empresa consultora y desarrolladora. En tal ocasión se emitieron los siguientes hallazgos en el Acta de Inspección DEA-ACT INS-017- 2021: “• Topografía entre plana y suave cerca de las quebrada y fuerte y muy fuerte en el resto de las propiedades, no hay taludes en el AP. • Taludes en el AP: La pendiente es hacia las quebradas, se debe proveer manejo de aguas pluviales con base al movimiento de tierras. • Escorrentía superficial fluye hasta las quebradas y luego al manglar. • No hay evidencia de deslizamientos. • Posibles cuerpos de agua superficial al momento de la visita se encuentran en época transición con quebradas sin flujo, registradas en el SNIT-SINIGIRH. Quebrada Pto29 estero Rocha 319951-1171787 y sardina con descarga hacia manglar. Quebrada Pto.33 Quebrada Estero Panamá 318547-1170615 posible obra en cauce, Pozos del AyA. • No hay evidencia de inundaciones en el AP ni en las colindancias. • Cobertura observada es vegetación riparia, charral-Tacotal, Cobertura Forestal. • No hay características indicadoras de Humedal. • Fauna observada aves, mamíferos y reptiles. • Componente social es zona rural, con infraestructura social, accesos de asfalto y lastre públicos y privados. Tránsito moderado con señalización vial. • Colindancias inmediatas al AP sector norte: Privado y calle pública, Sur: Reserva Forestal, Este: uso agropecuario-Forestal, Oeste: Forestal. • No ha iniciado obras y se observan arboles enumerados en inventario forestal. Se incluye el Registro Fotográfico de la visita”.

   También se constata que, mediante resolución 1263-2021-SETENA del 18 de agosto de 2021, la Setena dispuso: “POR TANTO LA COMISIÓN PLENARIA RESUELVE En sesión Ordinaria Nº 63 de esta Secretaría, realizada el 18 de agosto de 2021, en el Artículo Nº. 14 acuerda: PRIMERO: A efecto de continuar con el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental se ordena a ENJOY HOTELS & RESORTS S.A.., con cédula jurídica Nº CED129995, desarrolladora del proyecto “Proyecto Bahía Papagayo” la presentación de un único anexo, (en original y dos copias), que contenga los requerimientos estipulados en el CONSIDERANDO CUARTO de esta Resolución y para lo cual se le otorga un plazo de 6 meses. SEGUNDO: Prevenir al desarrollador que una vez analizado el anexo al EsIA, si el mismo NO cumple con los requerimientos fijados por esta Secretaría, o si NO se presenta dentro del plazo establecido, se procederá al ARCHIVO del expediente, lo anterior de conformidad con el Artículo 264 de la Ley General de Administración Pública. TERCERO: Toda documentación que sea presentada ante la SETENA deberá indicarse claramente el número de expediente, el número de resolución y el nombre completo del proyecto. CUARTO: Contra esta resolución cabe interponer dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación, los recursos ordinarios de revocatoria ante la SETENA, y el de apelación ante el Ministro de Ambiente y Energía, de conformidad con los artículos 342 y siguientes de la Ley General de Administración Pública Nº 6227, y 87 de la Ley Orgánica del Ambiente Nº 7554. QUINTO: Toda documentación que sea presentada ante la SETENA deberá indicar claramente el número de expediente, el número de resolución y el nombre completo del proyecto. También se deberá indicar una dirección de correo electrónico, para recibir notificaciones de parte de esta Secretaría. SEXTO: El expediente completo, así como los documentos que la SETENA ha emitido durante el proceso de Evaluación estarán a disposición del desarrollador en la dirección web: https://tramites.setena.go.cr/Expedientes/form_public_expediente_setena?e=EXPEDIENTES/2021/D1 -0170-2021 Donde debe ser verificado por este o por cualquier interesado e instancia pública o privada. Para todo efecto legal de acuerdo a la Ley 8454, la firma digital emitida por una autoridad certificadora registrada tiene la equivalencia jurídica de una firma manuscrita, según el artículo 4 que indica: "Artículo 4º- Calificación jurídica y fuerza probatoria. Los documentos electrónicos se calificarán como públicos o privados, y se les reconocerá fuerza probatoria en las mismas condiciones que a los documentos físicos", por lo que de conformidad Artículo 1, párrafo segundo, de la Ley supracitada a la letra indica: "El Estado y todas las entidades públicas quedan expresamente facultados para utilizar los certificados, las firmas digitales y los documentos electrónicos, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia", así ratificado mediante la Directriz Nº. 067-MICITT-H-MEIC donde el Estado Costarricense promueve la "Masificación de la implementación y el uso de la Firma Digital en el Sector Público Costarricense". SÉTIMO: De conformidad con el artículo 8 de la Ley 8220, no podrá solicitarse al interesado que requiera un trámite la presentación de certificaciones, copias de información que ya posea otra institución, según los medios legales preestablecidos”. Posteriormente, en fecha indeterminada, el desarrollador adjuntó un oficio firmado por la profesional en ciencias sociales responsable de la realización del apartado del EsIA llamado DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE SOCIOECONÓMICO, en la cual se declara que no existen potenciales impactos a los servicios y adquiere compromisos en torno la participación y divulgación de información del proyecto. 

  Finalmente, mediante resolución nro. 0591-2022-SETENA del 6 de abril de 2022, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental dispuso: “CONSIDERANDO PRIMERO: Que el artículo 19 de la Ley Orgánica del Ambiente señala "Las resoluciones de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental deberán ser fundadas y razonadas. Serán obligatorias tanto para los particulares como para los entes y organismos públicos." Por su parte el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente señala que: "Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en esta ley. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. Las leyes y los reglamentos indicarán cuales actividades, obras o proyectos requerirán la evaluación de impacto ambiental." SEGUNDO: De conformidad con el artículo 282 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP), y con base en la documentación aportada al expediente administrativo, se tiene por legitimado al señor ANDRES PACHECO ALBONICO, documento de identificación número 01-1066-0062, para solicitar la evaluación de impacto ambiental del Proyecto Bahía Nombre169752, expediente administrativo D1-0170- 2021-SETENA. TERCERO: Sobre la información presentada al expediente administrativo y consideraciones generales. De acuerdo al Decreto Ejecutivo Nº 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC y sus modificaciones, en el cual se establece la documentación requerida para los proyectos D1, se tiene:

Contenido

	

Detalles




Estudio de Impacto Ambiental

	

Se presenta.




Monto global de inversión

	

Lote # Plano Monto Lote 1 5-1186670-2007 $ 374 153 131,00 Lote 3 5-1155787-2007 $ 107 132 448,00 Lote 4 5-1274126-2008 $ 274 765 133,00 Lote 5 5-1155786-2007 $ 169 001 459,00 Total US$925 052 171,00




Diseño de sitio

	

Se presenta.




Registro fotográfico

	

Se presenta.




Descripción del proyecto

	

Se presenta.




Ubicación cartográfica

	

Se presenta.




Medidas Ambientales

	

Se presenta.




Autorización o contratos

	

 




Oficios (SENARA, MOPT, SINAC, etc.)

	

 

 Con respeto a los estudios técnicos contemplados en la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), disponibles en el expediente administrativo se tiene:

Contenido

	

Observaciones




Estudio de Geotécnico

	

Presenta un análisis geotécnico por lote. Con base en la información obtenida de este estudio, se considera que el terreno presenta condiciones aceptables desde el punto de vista geotécnico para desarrollar obras, siempre y cuando se sigan las recomendaciones indicadas en los apartados correspondientes de este informe. • En general, el perfil estratigráfico del subsuelo en todos los terrenos consiste en dos capas, a saber: a) limo arenoso color café, de consistencia mayormente variable entre blanda y media; y b) arena limosa color café y/o gris con presencia de bloques de cascajo, de compacidad relativa mayormente variable entre firme y densa. • En términos generales, se recomienda emplear un sistema de cimentación convencional superficial, a base de placas aisladas y/o corridas. Las recomendaciones específicas de cimentación se indican en los apartados correspondientes. • Una vez que se cuente con mayores detalles del proyecto, INSUMA está en disposición de revisar las recomendaciones anteriormente brindadas y hacer los respectivos ajustes en caso de ser necesario. • En la sección correspondiente se presentan los parámetros de empuje que deben ser utilizados para el diseño de los muros del proyecto, o bien para elementos enterrados sometidos a empuje (piscinas, fosas, tanques enterrados, entre otros). • Con base en las características evaluadas en el sitio investigado, para el análisis sísmico de las estructuras se recomienda considerar el suelo de cimentación como S2, según lo establecido por el Código Sísmico de Costa Rica 2010. • Se destaca que las perforaciones ejecutadas son de carácter puntual, por lo que pueden encontrarse variaciones en otras zonas del terreno. Por tal motivo, durante el proceso constructivo debe darse una inspección apropiada, para garantizar que las condiciones asumidas en el diseño se cumplen en el campo.




Estudio Hidrogeológico

	

Variación en la Escorrentía Superficial del Cauce. Con base en el presente informe, considerando que los cauces de dominio público que colindan y atraviesan el AP vierten directamente al Océano Pacífico (Bahía Panamá), el incremento en la escorrentía superficial con la implementación del Proyecto, no tendría afectación en poblados o infraestructura aguas abajo. Adicionalmente, por las dimensiones del Proyecto, es criterio de este profesional, que el incremento en la escorrentía será marginal, y que los cauces tienen capacidad de carga para aceptar un aumento del caudal superficial como consecuencia del desarrollo del proyecto. Por lo tanto, se concluye que no se requiere evaluar la variación en la escorrentía superficial de la cuenca, y adicionalmente no es necesario implementar medidas de mitigación o compensación por el incremento marginal en el caudal máximo instantáneo de las microcuencas evaluadas. Potencialidad de Inundación en el AP. Se evalúa la potencialidad de los cauces de dominio público identificados de generar un desbordamiento que puedan afectar las obras a implementar. Basado en la observación de campo y considerando la cota de inundación obtenida del modelo hidráulico ejecutado, se concluye lo siguiente: Estero Rocha – Lote 1: Se manifiesta riesgo de desbordamiento durante eventos de precipitación extrema, por efecto primordialmente de la alcantarilla de paso sobre Ruta Nacional Nº159. Se demuestra que la alcantarilla no es eficiente, y el efecto remanso afecta el área de protección y sectores colindantes del Proyecto. Quebrada Sin Nombre 01- Lote 3: Se manifiesta riesgo de desbordamiento durante eventos de precipitación extrema, por efecto primordialmente de la alcantarilla doble de paso sobre Ruta Nacional N° 159. Se demuestra que la alcantarilla no es eficiente, y el efecto remanso afecta el área de protección y sectores colindantes del Proyecto. En ambos cauces, el efecto se mantiene únicamente aguas arriba de la alcantarilla de paso, hasta una distancia no mayor a 50 metros. El resto de cauce ostenta condiciones de flujo normales, sin riesgo de desbordamiento, ni velocidades excesivas que potencialmente generan erosión en los márgenes. Lo anterior se ratifica a través del Mapa de Riesgos y Amenazas Naturales de la CNE para el Cantón de Carrillo, mismo que muestra que la región NO se cataloga como propensa a inundación. Al respecto, es imperativo que las obras se construyan siempre fuera del área de protección de los cauces de dominio público descritos, siguiendo lo estipulado por la Ley Forestal N° 7575, artículo 33 (el área de protección corresponde a 15 metros con respecto a la rivera de los ríos).




Certificación de Riesgo Antrópico

	

Este procedimiento permitió establecer que, para el área del proyecto en cuestión, y según los requerimientos del decreto ejecutivo N° 32712-MINAE, que dentro del área del Proyecto no existen fuentes de riesgo antrópico que lo afecten, De acuerdo con el Mapa de Amenazas Naturales Potenciales para el Cantón, de la Comisión Nacional de Emergencias (en adelante CNE), el AP NO se localiza dentro de la llanura de inundación de ningún cauce, o en una zona de bajo riesgos naturales de otro tipo.




Geología Básica Unificado

	

Resumen de resultados Este informe presenta los resultados del Estudio Técnico de Geología Básica del Terreno realizado para el Proyecto Complejo Turístico- Residencial, que se encuentra en terrenos ubicados en Sardinal, Guanacaste, en los planos catastros 5-1186670- 2007, 5-1155787-2007, 5-1274126-2008, 5-1155786-2007. Los lotes que conforman el proyecto Bahía Nombre169752 predominan los suelos de tipo limo arenosos y arenas limosas, además se conforma de suelos residuales y aluviales detectados en el área del proyecto, estos suelos corresponden con la meteorización de las rocas basálticas del complejo de Nicoya y los flujos piroclásticos de la Formación Bagaces, las cuales presentan gran extensión regional. Estructuralmente a varios kilómetros del AP se presentan varias fallas paleotectónicas (no activas) y una serie de fallas del Cuaternario. Se cuenta regionalmente con un mapeo geológico detallado, esto a partir de la cartografía geológica 1:50 000 de la Península de Nicoya realizada por Nombre169753 et al (2014). Regionalmente la geomorfología está definida por la litología y por la acción de la erosión del agua, básicamente en el área de estudio está constituida por llanuras aluviales en las zonas de baja pendiente y laderas denudacionales de media a alta pendiente, llegando a elevaciones que varían entre 20 y 120 m.s.n.m, en esta unidad geomorfológica se dan pendientes entre 30° y 45°. Dentro de los resultados destacables del estudio de la hidrogeología ambiental para el proyecto se remarca que mediante el análisis de vulnerabilidad a la contaminación realizado con el método G.O.D, se definió que el AP tiene una vulnerabilidad media. Asimismo, se efectuó el cálculo para el tránsito de contaminantes biológicos advectivo (bacterias) para la zona del AP, a partir de los parámetros promedios del modelo hidrogeológico, dando como resultado 135 días de tránsito vertical en la zona no saturada, cumpliendo con la norma que establece un mínimo de 70 días para medios porosos. Además, se realizó un inventario de los elementos hidrogeológicos en el AP y su área de influencia para que se respeten los retiros por ley de estos puntos. La información fue obtenida de las bases de datos de la Dirección de Agua y SENARA. Según la información recopilada, se considera que la principal amenaza natural de carácter local que presenta el AP es la amenaza por inestabilidad de laderas, por lo que se deberá controlar la escorrentía superficial durante la fase constructiva y en la fase operacional del proyecto para evitar la erosión de los suelos y que conlleve a otros factores de mayor magnitud, como inestabilidad en el terreno. Otra afectación a considerar, pero de índole regional, es la amenaza sísmica, ya que las fallas neotectónicas identificadas tienen potencial de generar eventos sísmicos importantes y la región Pacífica Norte presenta sismos de magnitud mayor a 6 Mw, como han ocurrido históricamente, siendo el sismo de Samara del 2012 el más reciente, con las afectaciones segundarias asociadas a estos eventos. Tomando en cuenta todas las condiciones que enmarcan este proyecto se considera que es viable, siempre que se acaten las recomendaciones expuestas en el presente estudio y en la legislación nacional, con el fin de que el entorno inmediato del proyecto no se vea amenazado, ni el proyecto. Considerando ciertos aspectos constructivos necesarios, las condiciones geológicas e hidrogeológicas no desfavorecen la ejecución proyecto. En términos generales, se considera que la geoaptitud del sitio resulta favorable para el desarrollo del proyecto planteado. Resumen de conclusiones técnicas Regionalmente, los suelos son de tipo limo arenosos y arenas arcillosas, estos materiales conforman los suelos residuales y aluviales detectados en el área del proyecto. La génesis de estos suelos corresponde con la meteorización de las rocas basálticas del complejo de Nicoya y los flujos piroclásticos de la Formación Bagaces, las cuales presentan gran extensión regional. Morfológicamente la zona es caracterizada por relieves planos en las llanuras, y ondulados que conforman las laderas denudacionales de los sistemas montañosos costeros. En los lotes que conforman el proyecto los depósitos son predominantemente aluviales, y están constituidos por materiales de textura limo arenosa a areno limosa, con presencia de fragmentos de roca meteorizada, de color café, inconsolidados, que conforman suelos de entre 4 m y 6 m de espesor. En la zona del AP se distinguen dos unidades hidrogeológicas, una de bajo potencial hídrico relacionada con las rocas del Complejo de Nicoya y un acuífero en los sedimentos aluviales. El acuífero en mención es de tipo libre, pero con áreas donde se presenta un confinamiento, con transmisividades altas relacionadas a caudales de extracción altos, asimismo el nivel del agua subterránea en promedio se encuentra a 5 metros, pero puede variar localmente y estacionalmente a lo largo del año hídrico. En la zona del proyecto se localizan una serie de pozos y concesiones registradas, a las cuales se les debe respetar los retiros de ley. En cuanto a la vulnerabilidad a la contaminación se establece que el AP tiene un carácter de vulnerabilidad media. Los resultados del tránsito de contaminantes realizado con los supuestos y las evidencias que apoyan el modelo hidrogeológico, dan como resultado un tránsito vertical en la zona no saturada de 135 días, cumpliendo los 70 días mencionados para acuíferos porosos ante la contaminación por bacterias. El AP se puede ver afectado por la actividad sísmica, una de las principales amenazas presentes en el área inmediata del AP, debido a la cercanía de fallas geológicas importantes y a la Fosa Centroamérica que se localiza en el Océano Pacífico. Además de la inestabilidad de laderas, debido a la presencia de terrenos ondulados y con pendientes moderadas, por lo que se debe tener un estricto control en el manejo de aguas, con el fin de evitar la escorrentía superficial, y con esto evitar problemas de inestabilidad. Se recomienda respetar la legislación vigente en materia de calidades de construcción, como lo es el Código de Cimentaciones de Costa Rica y el Código Sísmico de Costa Rica. Esto debido a la amenaza sísmica de la zona. Por lo tanto, desde el punto de vista geológico ambiental, hidrogeológico ambiental y de amenazas naturales el proyecto es viable si se respetan las indicaciones establecidas por ley y las recomendaciones de este estudio.




Reporte Arqueológico Rápido

	

Requiere Evaluación Arqueológica Para recuperar mayor información se debe realizar de manera obligatoria una Evaluación Arqueológica en Lote 3 y Lote 4. Además de forma precautoria debe realizarse una supervisión arqueológica de movimientos de tierra en todoslos lotes que conforman el proyecto. En el Lote 3, debe evaluarse intensivamente el sector Norte (pozos cada 10m), que fue donde se concentran las altas densidades de materiales (Ubicación: 10° 35' 17"N y 85°38' 51"W en un radio de 50m a la redonda dentro del AP), además de evaluar desde la calle 40m hacia el interior del terreno. Para sectores ubicados fuera del área de alta densidad se recomiendan pozos ubicados a distancias mayores. Para el resto del terreno se recomiendan excavaciones selectivas en áreas donde se considere se puedan recuperar datos de distribución de hallazgos aislados. Se puede descartar la necesidad de evaluar las partes más altas de este lote ubicadas al fondo. Para el Lote 4 las excavaciones intensivas deben concentrarse en el área de conchero (Ubicación 10° 34' 52"N y 85°39' 25"W en un radio de 30m a la redonda) y sus cercanías inmediatas y sobre la loma donde se ubica un cementerio (Ubicación: 10° 34' 58"N y 85° 39' 32"W en un radio de 20m a la redonda). También se considera viable dejar un área de reserva arqueológica dependiendo del acomodo de las obras a realizar. Además, se debe evaluar el sector junto a un camino interno en las cercanías de la margen izquierda de la quebrada (Ubicación 10° 34' 53" N y 85° 39' 35" W en un radio de 60m a la redonda dentro del AP).




Biológico rápido

	

Desarrolla el estudio en el ESIA. Dentro del AP se encuentran cuatro cauces de quebradas, estos cauces no deben ser afectados por las obras ya que se les debe de mantener la zona de protección. Además, parte de la propiedad se ubica dentro del Corredor Biológico Diriá. Si bien el proyecto no se ubica dentro de ningún área silvestre protegida, en algunas de las zonas de influencia directa se encuentran humedales que se deben de mantener sin alteraciones, los humedales son ecosistemas protegidos según la Ley Orgánica del Ambiente N° 7554. Además, tanto el área de influencia directa como el área de influencia indirecta del proyecto se encuentran dentro de la Zona Marítimo Terrestre, por lo que se deben de tomar las medidas de mitigación necesarias. Según las actividades que se tienen planteadas realizar para este proyecto, no existirá una afectación a ecosistemas de interés.

Los estudios realizados señalan una serie de recomendaciones que deben acatarse según lo indicado, como parte de los compromisos ambientales del proyecto. En caso de requerirse la eliminación de algún árbol, debe de tramitar el permiso correspondiente ante la oficina del MINAE, y en caso que se ubiquen cuerpos de agua superficial o pozos dentro o en los límites del AP, deberá de aplicarse la legislación vigente en materia de zonas de protección. Para cada impacto ambiental identificado en la matriz básica de identificación de impactos ambientales, se presenta la correspondiente medida de mitigación. Siendo que cada estudio y/o justificaciones han sido elaboradas por profesionales atinentes, se les considera responsables directos de la información técnica científica que se aporta en los mismos, cuya información tiene carácter de Declaración Jurada por lo que se considera actual y verdadera. En caso contrario pueden derivarse consecuencias penales del hecho según lo establece el artículo 9 del Decreto Ejecutivo No.31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC reformado por el artículo 2º del Decreto Ejecutivo Nº 32734 del 09 de agosto de 2005, así las cosas y consecuentes con las conclusiones y recomendaciones emitidas, esta Secretaría previene al Consultor Ambiental y el Desarrollador el deber de incluir las mismas, como parte de los compromisos ambientales adquiridos mediante el presente análisis. De conformidad con el análisis del proyecto que han presentado el desarrollador y consultor ambiental, según las regulaciones aplicables a la operación de la actividad obra o proyecto hay un reglamento en materia ambiental, que de acuerdo a la clasificación del área según la zona de ubicación de proyecto, este se encuentra localizado en una zona autorizada por Plan Regulador u otra planificación ambiental de uso de suelo, aprobados por la SETENA, incluyendo la variable ambiental, por consiguiente, estableciendo una calificación de la SIA Final de 117 puntos, por lo que el instrumento de evaluación ambiental que corresponde es Estudio de Impacto Ambiental. Del análisis de la Georreferenciación que realizara la Unidad de Geografía de esta Secretaría, -análisis que consta en el expediente administrativo, así establecido según Decreto Ejecutivo N.º 37803-MINAE- S-MOPT-MAG-MEIC, artículo 2; se conoce lo siguiente: 1. En esta propiedad se han tramitado otros expedientes: Dentro de los planos de catastro 5-1274126- 2008 y 5-1186670-2007 se han tramitado ante la SETENA los siguientes expedientes: - D1-0518- 2019 (5-1274126-2008) - D1-0157-2019 (5-1186670-2007) Por lo anterior, se le recomienda al técnico analista en DEA, verificar detalles y estado actual de dichos expedientes. 2. Cobertura SNIT y FONAFIFO, presente dentro del AP: FONAFIFO 2005 5-1155786-2007: Forestal y No Forestal. 5-1155787-2007: Forestal y No Forestal. 5-1186670-2007: Forestal, No Forestal, Bosque Sec. 5-1274126-2008: Forestal, No Forestal, Plant. Forest. FONAFIFO 2013 5-1155786- 2007: Bosque Deciduo, Bosque Secundario, No Forestal. 5-1155787-2007: Bosque Deciduo, Bosque Maduro, Bosque Secundario, No Forestal. 5-1186670-2007: Bosque Deciduo, Bosque Maduro, Bosque Secundario, No Forestal, Pastos. 5-1274126-2008: Bosque Deciduo, Bosque Maduro, Bosque Secundario, No Forestal. 3. Características del terreno (relieve): Plano 5-1186670-2007 Planos: pendientes de 0-2% Escarpados: pendientes +60% Clase VII: manejo de bosque Plano 5-1155787-2007 Planos: pendientes de 0-2% Escarpados: pendientes +60% Clase II: agropecuarios con limitaciones leves Clase VII: manejo de bosque Plano 5-11274126-2008 Planos: pendientes de 0-2% Escarpados: pendientes +60% Clase II: agropecuarios con limitaciones leves Clase VII: manejo de bosque Plano 5-1155786-2007 Planos: pendientes de 0-2% Escarpados: pendientes +60% Clase VII: manejo de bosque. 4. Cercanía a fallas geológicas (indicar distancia): Las fallas más cercanas a las propiedades se localizan aproximadamente: - una a 3 km al Este - una a 2,3 km al Sureste - una a 3,9 km al Sur. 5. El proyecto se encuentra afectado por alguna naciente o pozo, o por su radio de protección: Según la base de datos de la Dirección de Aguas en su visor del SINIGIRH, las siguientes propiedades se encuentran afectadas por pozos y sus respectivos radios de protección: (ver imágenes adjuntas) Plano 11-86670-2007: dentro de dicha propiedad se localizan dos pozos administrados por acueducto rural. Plano 5-1274126-2008: dentro de dicha propiedad se localizan dos pozos administrados por acueducto rural. Es importante aclarar que en las colindancias a esta propiedad la base de datos de la Dirección de Aguas tiene identificados otros pozos, no obstante, ninguno de ellos ni sus respectivos radios de protección afectan a la misma. 6. Existen cuerpos de agua dentro o en un radio de 50 metros alrededor del área en donde se desarrollará el proyecto: Plano 5-1186670-2007: esta propiedad es atravesada por la Quebrada Grande, la Quebrada Sardina y por otra quebrada intermitente sin nombre. Plano 5-1155787-2007: esta propiedad es atravesada por una quebrada intermitente sin nombre. Plano 5-1274126-2008: esta propiedad es atravesada por una quebrada intermitente sin nombre.7. El proyecto se desarrollará sobre un acuífero (cuál): Acuífero Coco-Panamá-Playa Hermosa. 8. El proyecto se desarrollará en una zona con vulnerabilidad acuífera (SENARA): No se cuenta con datos de vulnerabilidad para este sector. 9. El sector donde se desarrollará el proyecto presenta datos de recarga (SENARA): No se cuenta con datos de recarga para este sector. 10. El proyecto se desarrollará dentro de un corredor biológico: Corredor Biológico Chorotega (ACT). 11. El proyecto se desarrollará en un área con humedales: Se aclara que las propiedades no se localizan dentro de ningún humedal, no obstante, según la capa del Inventario Nacional de Humedales (SINAC), existen humedales cercanos a sus colindancias, tales como: - Humedal: Manglar Panamá 1, tipo estuarino, clase manglar; ubicado aproximadamente a 241 m al Oeste de la propiedad con plano 5-1186670-2007. - Humedal: Manglar Panamá 2, tipo estuarino, clase manglar; ubicado aproximadamente a 113 m al Noroeste de la propiedad con plano 5-1155787- 2007. - Humedal: Manglar Panamá 2, tipo estuarino, clase manglar; ubicado sobre la colindancia Norte de la propiedad con plano 5-1274126-2008. 12. El proyecto se desarrollará dentro de la Zona Marítimo Terrestre: No aplica porque todas las propiedades donde se pretende desarrollar el proyecto se localizan dentro del Polo Turístico Golfo de Papagayo, administrado por el ICT, regido por la Ley 6758 y la Ley 6370, donde se regula el desarrollo específico para esta zona. 13. El cantón donde se desarrollará el proyecto cuenta con Incorporación de la variable ambiental en el POT's, aprobada por SETENA: El plan regulador del sector costero del cantón de Carrillo, no cuenta con la variable ambiental avalada por SETENA. 14. Otros datos valorados por el analista geoespacial: Se considera importante mencionarle al técnico analista en DEA, que, verificando los polígonos de los contornos de las propiedades, dos de ellas (5-1155786- 2007 y 5-1186670-2007) si son coincidentes en la forma de los contornos de los planos con el registro inmobiliario digital oficial en el SNIT; en su defecto, las otras dos propiedades presentan las siguientes condiciones: - Para el plano 5-1155787-2007: la forma del contorno del polígono de dicho plano en el registro inmobiliario digital oficial en el SNIT no es coincidente con el contorno del plano de catastro aportado por el Desarrollador, lo anterior pudiese obedecer (esto no es una afirmación) a que dicho registro inmobiliario aún no se encuentra actualizado por parte del municipio de Carrillo; no obstante, esta situación no genera impedimento para realizar la verificación geoespacial del proyecto; lo anterior, se menciona para que el técnico analista en DEA, en caso de considerarlo necesario, realice la consulta formal al Desarrollador para aclarar la causa y que la misma quede constatada dentro del expediente. - Para el plano 5-1274126-2008: al buscar los datos registrales dentro de la página web del Registro Nacional, se indica que para el mismo existe una segregación, un plano hijo del año 2020 (2-2180293- 2020). Esta condición tampoco es impedimento para realizar la verificación geoespacial del proyecto ya que el diseño de sitio respeta los linderos de dicha segregación (no así el archivo shp del polígono de dicho plano), por lo que se le alerta al técnico analista la situación para que esté al tanto y proceda según considere necesario. INSPECCIÓN DE CAMPO En fecha 14 de julio de 2021, fue realizada la inspección de campo por parte de funcionarios de la SETENA y el señor Alejandro Jiménez Fonseca, por parte de la empresa desarrolladora. Consta en el expediente administrativo el acta de inspección y el registro fotográfico tomado al momento de la visita. SE PREVIENE AL DESARROLLADOR QUE: En todo momento, debe cumplir con lo indicado en el uso conforme de suelo establecido en el Plan Regulador Territorial del Cantón correspondiente. El proyecto sometido al proceso de evaluación de impacto ambiental mediante el presente expediente, comprende únicamente las obras descritas como descripción de proyecto adjunta al Documento de Evaluación D1, según información aportada, por lo que cualquier obra diferente, deberá de previo a su inicio presentar el análisis correspondiente. De cambiarse el tipo de actividad del proyecto, debe informarse a la Municipalidad correspondiente.  Si el proyecto requiere corta de árboles, deberá tramitar previamente el permiso en la Oficina subregional local del MINAE/SINAC (art. 27 de la Ley Forestal), además se previene que debe respetar la Áreas de Protección (art. 33 y 34 Ley Forestal), debiendo incluir en el desarrollo del proyecto buenas prácticas encaminadas a favorecer el equilibrio óptimo de los recursos naturales y el aprovechamiento sostenible del bosque según sea la categoría que manejo. Se debe mantener todas las previsiones para minimizar y reducir cualquier posibilidad de contaminar los suelos, quebradas y alcantarillas con los residuos producidos por su actividad, cumpliendo con la Ley para la Gestión Integral de Residuos, Ley Nº 8839 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo Nº 37567- S-MINAET-H denominado Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral de Residuos. CUARTO: Que, en el presente procedimiento administrativo, se presentó el Formulario de D1, con el instrumento de evaluación ambiental: Estudio de Impacto Ambiental, de acuerdo al Manual de Instrumentos Técnicos para el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (Manual de EIA, parte II), los cuales fueron debidamente analizados por el Departamento de Evaluación Ambiental, se concluyó que cumplen con los términos de referencia y los requerimientos técnicos emitidos por esta Secretaría. En virtud de lo anterior, y de conformidad con las facultades de control y seguimiento establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica del Ambiente, que señala: "La Secretaría Técnica Nacional Ambiental establecerá instrumentos y medios para dar seguimiento al cumplimiento de las resoluciones de la evaluación de impacto ambiental. En los casos de violación de su contenido, podrá ordenar la paralización de las obras. El interesado, el autor del estudio y quienes lo aprueben serán, directa y solidariamente, responsables por los daños que se causen." De lo anterior, se ha analizado y se ha determinado que los mismos cumplen, por lo que lo procedente en el presente caso es aprobar el instrumento de evaluación de impacto ambiental: Estudio de Impacto Ambiental y las matrices de impacto ambiental, presentados en el Documento D1 y otorgar la viabilidad ambiental. QUINTO: De conformidad con el Artículo No. 45°. - Resolución y otorgamiento de la Viabilidad (o Licencia) Ambiental del reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental (D.E. No. 31849-2004-MINAE- MAG-MOPT,MEIC,S y sus reformas), éste contempla: “Los lineamientos o directrices ambientales de compromiso que enmarcan el otorgamiento de la viabilidad (licencia) ambiental, y que estarán basadas en todo el proceso de EIA, así como una serie de condiciones e instrumentos de control y seguimiento ambiental, que incluyen los siguientes elementos: Desarrollo e implementación de los Instrumentos de Control y Seguimiento Ambiental (ICOS), que comprenden 3 aspectos: Nombramiento de un responsable ambiental e implementación de una Bitácora Ambiental; así mismo un depósito de Garantía Ambiental de conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica del Ambiente, cuyo monto será fijado en este acto administrativo. Estos instrumentos, deberán ser presentados a la SETENA de conformidad con el Acuerdo de Comisión Plenaria de la sesión ordinaria No. 098-2014-SETENA y su Artículo No.17, emitido por medio del acuerdo No. ACP-015-2014 del 26 de agosto del 2014; el cual dicta: “Ordenar a los desarrolladores de actividades, obras o proyectos que la presentación de los ICOS debe ser antes del inicio de los mismos, una vez otorgada la Viabilidad Ambiental y que no podrá iniciar con éstos hasta contar con los ICOS debidamente habilitados. Y que, de iniciar sin contar con éstos, se le aplicarán las sanciones establecidas en la normativa vigente”. SEXTO: Que el artículo 6 de la Modificación del Artículo 45 al Reglamento General sobre los Procedimientos de EIA, del Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, indica sobre la Cláusula de Compromiso Ambiental Fundamental, lo siguiente: “La Presente Viabilidad (licencia) Ambiental se otorga en el entendido de que el desarrollador del proyecto, obra o actividad cumplirá de forma íntegra y cabal con todas las regulaciones y normas técnicas, legales y ambientales vigentes en el país y a ejecutarse ante otras autoridades del Estado Costarricense. El incumplimiento de esta cláusula por parte del desarrollador no solo lo hará acreedor de las sanciones que implica el no cumplimiento de dicha regulación, sino que además, al constituir la misma, parte de la base fundamental sobre el que se sustenta la VLA, hará que de forma automática dicha VLA se anule con las consecuencias técnicas, administrativas y jurídicas que ello tiene para la actividad, obra o proyecto y para su desarrollador, en particular respecto a los alcances que tiene la aplicación del artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente. SÉTIMO: Que al momento de emitir la presente resolución no hay apersonados o personas opuestas al desarrollo del proyecto descrito. OCTAVO: Que de acuerdo con lo establecido en inciso 3 del artículo 22 del decreto ejecutivo Nº 31849- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, y luego de valorar la información contenida en el expediente administrativo y el instrumento de evaluación ambiental presentados, mediante el informe técnico DEA- 0322-2022-SETENA, el Departamento de Evaluación Ambiental recomienda continuar con el proceso administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental y emitir la resolución administrativa que otorga la Viabilidad (Licencia) Ambiental considerando lo establecido en el artículo 20 de la Ley 7554” POR TANTO LA COMISIÓN PLENARIA RESUELVE En sesión Ordinaria Nº 026 de esta Secretaría, realizada el 06 de abril de 2022, en el Artículo Nº. 14 acuerda: PRIMERO: Aprobar el Documento de Evaluación Ambiental D1 Estudio de Impacto Ambiental sometido a evaluación ambiental por el proyectista. SEGUNDO: Comunicar al interesado que, de conformidad con los artículos 17,18 y 19 de la Ley Orgánica del Ambiente, se ha cumplido con el procedimiento de evaluación ambiental del proyecto "Proyecto Bahía Nombre169752", con expediente administrativo D1-0170-2021-SETENA, según se describe a continuación. Nombre del proyecto: Proyecto Bahía Nombre169752 Ubicación: Provincia: Guanacaste Cantón: Carrillo Distrito: Sardinal Coordenadas: Latitud Longitud Detalle de las Coordenadas 1 171 837,039 320 267,107 Coordenadas medias del plano 5-1186670-2007 1 171 094,961 319 694,582 Coordenadas medias del plano 5-1155787-2007 1 170 974,246 319 238,546 Coordenadas medias del plano 5-1155787-2007 1 170 744,866 318 464,714 Coordenadas medias del plano 5-1274126-2008 1 170 667,714 317 554,889 Coordenadas medias del plano 5-1155786-2007 Número de plano catastrado: G-1155786-2007, G-1155787-2007, G- 1186670-2007 y G-1274126-2008 Número de finca: 2172-Z—000, 2169-Z—000, 2168-Z—000 y 2174-Z-- 000 Medida finca según plano (m²): 204165,91; 124827,92; 436563,63; 309064,25 Área del proyecto según diseño (m²): 1,176,420.79 Clasificación CIIU y categoría proyecto: 5510 = A Puntaje de SIA: 117Descripción del proyecto: El proyecto Bahía Nombre169752 consiste en un complejo turístico habitacional, propiciando el desarrollo de residencias y hoteles con acceso a todos los servicios básicos y recreacionales mediante la comercialización de unidades habitacionales, lotes residenciales, componentes hoteleros y de condhotel, uso mixto residencial – comercial y oficinas. Nota: Los tres diseños restantes están ubicados en documentos adicionales Nota: Los tres montos de inversión individuales está ubicados en documentos adicionales. El componente Hotelero y de Condhotel se desarrollarán con una capacidad para alojar más de 240 huéspedes que podrá contar con habitaciones equipadas con cocina, baño privado y terraza, así como el lobby del hotel, piscinas, spa, gimnasio, restaurantes, bar, baños y vestidores, tiendas, salón de eventos, centro de bienestar, salas de ventas, oficinas administrativas, taller, cocina y lavandería, alojamiento para empleados, y toda la infraestructura vial necesaria para el acceso y circulación a las instalaciones, parqueos, aceras, senderos y planta de tratamiento. El proyecto, también constará de unidades habitacionales con parqueo para uno o dos automóviles, y áreas comunes conformadas por pasillos, azoteas, áreas verdes y juegos infantiles, rancho con piscinas, canchas y salones multiusos, gimnasio, lobby de acceso, así como la infraestructura vial para el acceso y circulación a las instalaciones, parqueos de visitas y aceras. Por su parte los Lotes Residenciales serán zonas para el desarrollo futuro de residencias que podrán contar con patio, cocheras para varios vehículos, piscina, terrazas y azoteas. El proyecto proveerá de acceso vehiculares y peatonales, así como la infraestructura de los servicios básicos para los futuros residentes, además de zonas verdes, juegos infantiles y senderos. Por su parte la Casa Club de los lotes residenciales o unidades habitacionales contarán con un área administrativa, salón de eventos, restaurante, baños, área social, sala de juegos, piscina, gimnasio, canchas de tenis y canchas multiuso. También cuenta con zonas verdes en las cuales se ofrecen “ranchos” con electricidad, senderos para caminatas, además de juegos infantiles y parqueos para automóviles. Se establecerá un Country Club que contará con salones de eventos, área administrativa, restaurante, baños, área social, sala de juegos, piscina, gimnasio ambos con duchas y vestidores, además de jacuzzi y saunas. También cuenta con zonas verdes en las cuales se ofrecen canchas de tenis, canchas multiuso, canchas de futbol 5, minigolf, “ranchos” con electricidad, senderos para caminatas y bicicletas, además de juegos infantiles y la infraestructura vial para el acceso y circulación a las instalaciones, parqueos de visitas y aceras. El desarrollo del área comercial y oficinas será una zona para la construcción de locales comerciales, así como oficinas para su posterior venta o alquiler. Los espacios de oficinas contaran con áreas de co- working con salas de reuniones, cafeterías, bibliotecas y salones de lectura. El área comercial podrá contar con Supermercados, mini-markets, kioscos comerciales, farmacia y clínica médica, restaurantes, cine al aire libre, mercado o plaza ferial, que sería un área destinada para impulsar el comercio y emprendedurismo, con venta de productos de la zona y huerta con mercado verde. El uso mixto será un sitio para el desarrollo de distintas actividades sociales y culturales por los residentes del sitio y zonas aledañas, como centros de investigación, museo, escuela, guardería, capilla, redondel, plaza de deportes y centros de reunión. Dentro de los otros componentes y amenidades que serán parte del proyecto están: áreas de campamentos, senderos naturales para caminatas y senderos para bicicletas, miradores y paradas naturales para observación y decks de meditación, parques abiertos ecológicos con estaciones de picnic, lagos, áreas de reserva y conservación, bosque de pájaros con árboles frutales, puentes colgantes, parqueos y estacionamiento público, avenida principal con calles arboladas además de aceras peatonales y puentes sobre las quebradas para comunicar internamente el proyecto. El proyecto tendrá luces LED, se diseñarán las edificaciones para brindar y maximizar el uso de la luz natural, pero evitar la ganancia de calor solar. Se utilizará sistemas de aire acondicionado de alta eficiencia que mejoran la calidad del aire interior, tienen mayor eficiencia energética. Se contará con un plan de gestión de aguas pluviales que se implementará durante la construcción reducirá la contaminación al controlar la erosión del suelo, la sedimentación de los cursos de agua. Las plantas de tratamiento y las aguas grises se utilizarán para el riego con el fin de mitigar el uso de agua potable para el riego. Todas las áreas sociales y comunes tienen accesibilidad de acuerdo con lo estipulado en la Ley 7600. Por lo que se otorga la VIABILIDAD (LICENCIA) AMBIENTAL al proyecto, quedando abierta la etapa de Gestión Ambiental y en el entendido de cumplir con la Cláusula de Compromiso Ambiental fundamental. TERCERO: De acuerdo al Decreto Nº 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, la vigencia de esta viabilidad será por un período de CINCO AÑOS para el inicio de las obras. En caso de no iniciarse las obras en el tiempo establecido, se procederá a aplicar lo establecido en la legislación vigente. CUARTO: Autorizar el fraccionamiento de la garantía de cumplimiento de las obligaciones ambientales, según las fases del proyecto, como se indica a continuación: Fase Tipo Descripción Moneda Monto de la garantía I Constructiva Lote 1 dólares 3 741 531,31 II Constructiva Lote 4 dólares 2 747 651,33 III Constructiva Lote 3 dólares 1 071 324,48 IV Constructiva Lote 5 dólares 1 690 014,59 TOTAL Constructiva dólares 9 250 521,71 Se advierte que la garantía de cumplimiento de las obligaciones ambientales, correspondiente a cada fase, debe depositarse de previo al inicio de cada una de ellas y debe presentarse ante esta Secretaría evidencia del depósito. QUINTO: Ordenar al señor ANDRES PACHECO ALBONICO, documento de identificación número CED129994- , en calidad de representante legal de la sociedad ENJOY HOTELS & RESORTS SOCIEDAD ANONIMA, con cédula jurídica CED129995, expediente número D1-0170-2021- SETENA, depositar la garantía de cumplimiento de las obligaciones ambientales, correspondiente a la primera fase del proyecto, por un monto de USD3 741 531,31 (Tres millones setecientos cuarenta y un mil quinientos treinta y un US dólares con 31 centavos) o su equivalente en colones según el tipo de cambio del día en que se efectúe el depósito de la garantía o de su renovación, correspondiente al 1% del monto de inversión total declarado del proyecto. Para rendir la Garantía de Cumplimiento existen tres opciones: 1) Certificado de Depósito a Plazo (Cualquier Banco Público o Privado), emitido a nombre del desarrollador y endosado a favor de MINAE-SETENA. 2) Garantía de Cumplimiento (Seguro de Caución, etc.) establecida por cualquier ente financiero reconocido por el Estado, emitida a nombre del desarrollador e indicar que el beneficiario es MINAE- SETENA. Para las opciones 1 y 2, deberá presentarse en el Departamento de Custodia y Administración de Valores del Banco Nacional de Costa Rica, en las Oficinas Centrales, para ser resguardados en la custodia Nº CV-7297-SETENA-MINAE. El plazo de la garantía de cumplimiento debe ser mínimo de un año. 3) Depósito Bancario en las Cuentas del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) Estas son las únicas cuentas disponibles actualmente para realizar su depósito: Para la opción 3, se han habilitado las siguientes cuentas bancarias oficiales para que realice su depósito: Moneda Cuenta cliente Cuenta corriente IBAN Colones CED129999 100-01-202-000510-1 CR93015120210010005107 Dólares CED129996 100-02-202-000362-7 CED129997 Estas cuentas bancarias están registradas en el Banco Nacional de Costa Rica a nombre del MINAE, cédula jurídica CED129998. Nota: El depósito o transferencia deberá señalar en el concepto: Número de expediente administrativo y nombre del desarrollador, así como aportar a esta Secretaría el comprobante del depósito respectivo; el cual debe ser por un periodo mínimo de un año, de acuerdo al artículo 21 de la Ley Orgánica del Ambiente. Además, deberá nombrar un Responsable Ambiental, con su inscripción vigente en el Registro de Consultores de la SETENA, mediante el envío de una nota firmada por el propietario con la aceptación del profesional asignado, y habilitar la Bitácora Ambiental Digital, la cual deberá permanecer vigente y al día durante el tiempo de vigencia de la regencia ambiental, debiendo presentar los documentos indicados a esta Secretaría antes de iniciar labores constructivas. En caso de no presentar los documentos indicados en el tiempo establecido, se procederá a aplicar lo que establece la legislación vigente. SEXTO: Con base en las características ambientales del AP y su interacción con las actividades que realizará el proyecto, se establece una periodicidad de presentación de informes regenciales para periodos de cada SEIS MESES durante la fase constructiva y un informe final consolidado. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Plenaria CP-036-2011-SETENA del 28 de febrero del 2011. Los Informes ambientales deberán ser presentados en un plazo máximo de 10 días posteriores a la finalización del periodo que cubren. En el momento de iniciar actividades se inicia el periodo del primer informe de regencia ambiental. Para la elaboración de estos informes, de acuerdo al formato establecido por esta Secretaría, será responsabilidad del regente ambiental realizar el número de visitas necesarias, dependiendo de las características del proyecto. Con base en estos informes y al programa de monitoreo, la SETENA podrá ajustar el monto de garantía y dictar medidas de acatamiento obligatorio para mantener al proyecto, obra o actividad dentro de un margen de impacto ambiental controlado. El responsable y el propietario deberán brindar apoyo a las labores de la SETENA, en las inspecciones que esta efectúe. Recordar que el otorgamiento de la Viabilidad Ambiental es un paso dentro del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental y que luego de otorgada ésta, inicia la etapa de gestión ambiental que debe realizar esta Secretaría, por medio del Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental (ASA), lo anterior de conformidad con el acuerdo de la Comisión Plenaria, No. 015-2014, del 26 de agosto de 2014.SÉTIMO: Cumplir con lo establecido en la Resolución Nº 1834-2016-SETENA, "Rotulación de Proyectos con Viabilidad Ambiental", del 29 de septiembre del 2016. OCTAVO: Advertir al desarrollador que si se llegare a verificar el incumplimiento de las obligaciones ambientales adquiridas, de conformidad con el artículo 14 del Decreto Ejecutivo 31849, o de comprobarse falsedad o manipulación de la información aportada, por el carácter de Declaración Jurada que tiene el instrumento presentado, esta Secretaría podrá proceder conforme a lo señalado en el artículo 15 de ese mismo Decreto, dejando sin efecto la Viabilidad (Licencia) Ambiental otorgada mediante este documento, debiendo presentar la documentación correspondiente, independientemente de la facultad de presentar las denuncias penales correspondientes por cualquier delito cometido, o de aplicar cualesquiera de las sanciones de las enumeradas en el artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente. NOVENO: Recordar al interesado su compromiso por cumplir con todas las recomendaciones / prevenciones, que se desprenden de los estudios técnicos complementarios y lo descrito en el CONSIDERANDO TERCERO anterior. DÉCIMO: Recordar al desarrollador que de acuerdo al Artículo 11 del Decreto Ejecutivo Nº 31849- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC—Alcance del trámite de EIA ante la SETENA, el cumplimiento del procedimiento de EIA, no lo exime del trámite a cumplir ante otras autoridades de la Administración, de conformidad con las competencias y normativa vigentes, ni de cumplir con sus obligaciones o responsabilidades que de su gestión deriven. DÉCIMO PRIMERO: Contra esta resolución cabe interponer dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación, los recursos ordinarios de revocatoria ante la SETENA, y el de apelación ante el Ministro de Ambiente y Energía, de conformidad con los artículos 342 y siguientes de la Ley General de Administración Pública Nº 6227, y 87 de la Ley Orgánica del Ambiente Nº 7554. DÉCIMO SEGUNDO: Toda documentación que sea presentada ante la SETENA deberá indicar claramente el número de expediente, el número de resolución y el nombre completo del proyecto. También se deberá indicar una dirección de correo electrónico, para recibir notificaciones de parte de esta Secretaría. DÉCIMO TERCERO: El expediente completo, así como los documentos que la SETENA ha emitido durante el proceso de Evaluación estarán a disposición del desarrollador en la dirección web: https://tramites.setena.go.cr/Expedientes/form_public_expediente_setena?e=EXPEDIENTES/2021/D1 -0170-2021 Donde debe ser verificado por este o por cualquier interesado e instancia pública o privada. Para todo efecto legal de acuerdo a la Ley 8454, la firma digital emitida por una autoridad certificadora registrada tiene la equivalencia jurídica de una firma manuscrita, según el artículo 4 que indica: "Artículo 4º- Calificación jurídica y fuerza probatoria. Los documentos electrónicos se calificarán como públicos o privados, y se les reconocerá fuerza probatoria en las mismas condiciones que a los documentos físicos", por lo que de conformidad Artículo 1, párrafo segundo, de la Ley supra citada a la letra indica: "El Estado y todas las entidades públicas quedan expresamente facultados para utilizar los certificados, las firmas digitales y los documentos electrónicos, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia", así ratificado mediante la Directriz Nº. 067-MICITT-H-MEIC donde el Estado Costarricense promueve la "Masificación de la implementación y el uso de la Firma Digital en el Sector Público Costarricense". DÉCIMO CUARTO: De conformidad con el artículo 8 de la Ley 8220, no podrá solicitarse al interesado que requiera un trámite la presentación de certificaciones, copias de información que ya posea otra institución, según los medios legales preestablecidos”.

   Aclarado el marco fáctico, sobre las inconformidades con el otorgamiento de la viabilidad ambiental, debe indicársele al accionante que esta Sala ha resuelto que no le corresponde examinar si el otorgamiento de la viabilidad ambiental a un proyecto cumple o no con los requisitos técnicos y legales. Por esa razón, en sentencia nro. 2019-011203 de las 9:30 horas del 21 de junio de 2019 -criterio reiterado en la sentencia nro. 2024-32334 de las 9:20 horas de 1° de noviembre de 2024-, concluyó lo siguiente:

“De la lectura del escrito de interposición, la parte recurrente alegó una serie de supuestas irregularidades por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y la ACOPAC del SINAC, específicamente por el otorgamiento de la viabilidad ambiental y un informe, respectivamente. Ahora bien, conviene señalarle al accionante, que los procesos de amparo tienen una naturaleza sumarísima y determinar, para este caso en concreto, si el otorgamiento de viabilidad ambiental debía cumplir con los mismos requisitos que en el año 2002 a un proyecto similar o bien, si existieron una serie de irregularidades en la expedición de la misma, podrán ser agravios que discuta ante la propia Administración o en su defecto, ante la jurisdicción contenciosa administrativa, donde contará con la posibilidad probatoria para discutir por el fondo todos los agravios que aquí se pretende. La misma suerte corre las supuestas irregularidades en un informe del ACOPAC, que el accionante acusa un cambio en su postura, en aras de favorecer la viabilidad en el año 2017 para el proyecto “V.I.”. En consecuencia, el recurso debe ser desestimado en cuanto a estos extremos” (el énfasis no es pertenece al original). 

   En este sentido, en el caso concreto, de la relación de hechos probados se desprende que, de previo a la obtención de la viabilidad ambiental, Setena revisó todos los requerimientos legalmente establecidos y verificó que el proyecto cumpliera con cada una de las fases necesarias al efecto. En este sentido, en la resolución de viabilidad ambiental, la Setena determinó que el proyecto no se ubica en una zona de vulnerabilidad acuífera; además, tampoco se ubican humedales dentro de la zona donde se va a desarrollar propiamente el proyecto. Asimismo, se advierte claramente que la Setena le previno al desarrollador que, en caso de requerirse la corta de árboles, primero se debe tramitar el permiso en la Oficina subregional local del Minae-Sinac; además, que deben respetarse las áreas de protección.

En mérito de lo expuesto, respecto al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, no constan elementos en autos que permitan acreditar una lesión de relevancia constitucional residenciable en la vía sumaria del amparo.

   V.- Sobre la desprotección al 70% de las áreas de conservación natural (disconformidades con el decreto nro. 44448). Finalmente, de la lectura de los memoriales aportados por el accionante, particularmente de sus pretensiones, se observa que el recurrente cuestiona la aplicación del decreto nro. 44448 porque, debido a su ambigüedad y falta de un mapeo adecuado de las 1658 hectáreas del proyecto, se impide una correcta aplicación de las normas de construcción y deja desprotegido un 70% de las áreas de conservación natural y patrimonial.

Acerca de esto, conviene advertir que el referido decreto se encuentra impugnado en la acción de inconstitucionalidad que se tramita en el expediente 25-024408-0007-CO, donde justamente se argumenta, entre otras cosas, que “las normas impugnadas, introducidas mediante el Decreto Ejecutivo N°44448 MP-TUR del 17 de enero del 2024, permiten trasladar derechos de construcción entre fincas concesionadas, incluso si no son colindantes, lo que podría superar el límite de densidad establecido por concesión. Añade que la modificación cuestionada transforma el modelo de baja densidad en uno potencialmente de alta densidad, sin garantizar la capacidad de carga ambiental de las áreas receptoras. Además, se aprobó sin estudios técnicos ni consulta pública y se aparta de las directrices del Plan Maestro, lo que pone en riesgo la sostenibilidad ecológica del proyecto. Especifica que, mediante el Decreto Ejecutivo N.º 44448-MP-TUR, el Poder Ejecutivo introdujo una reforma significativa al Reglamento a la Ley para el Desarrollo y Ejecución del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, particularmente en el artículo 12, el artículo 17 ter y el Anexo Único, titulado “Trámites y Requisitos en el Régimen de Concesiones del Proyecto Golfo Turístico Papagayo”, específicamente, en el punto VIII (Requisitos para Compensación de Densidad y Cobertura en las Concesiones) y el punto X (Procedimiento de Solicitud de Ajuste de Plazo). En dichos apartados se incorpora una nueva figura denominada “compensación de densidad o coeficiente de ocupación” entre fincas concesionadas, incluso si estas no son colindantes, siempre que se encuentren bajo la titularidad de una misma persona física o jurídica. Esta disposición reglamentaria permite al concesionario trasladar el derecho de construir hasta un 30 % del área total concesionada desde una finca hacia otra, incrementando la densidad o cobertura en uno de los terrenos, bajo el argumento de que en el otro no se ejercerá dicha capacidad. Esta práctica, además, podría implicar una superación del límite de densidad máxima de 20 habitaciones por hectárea establecido para cada concesión de forma individual. Bajo el régimen normativo anterior, las restricciones constructivas se aplicaban de manera individual a cada lote, lo que permitía ejercer un control más preciso sobre los impactos ambientales localizados y, al mismo tiempo, preservar el objetivo fundamental de desarrollar un Polo Turístico de baja densidad en las 1.658 hectáreas de propiedad estatal, conforme a la zonificación y directrices establecidas en el Plan Maestro correspondiente. Sostiene que la habilitación de este tipo de compensaciones, sin una evaluación integral de los impactos acumulativos y sinergéticos que sustenten criterios de sostenibilidad ecológica –conforme al espíritu de la ley que dio origen al Polo Turístico Golfo de Papagayo– podría comprometer el principio de proporcionalidad ambiental por unidad territorial. Tal situación conlleva el riesgo de generar afectaciones al paisaje, la cobertura forestal, la fauna silvestre, el equilibrio hidrológico y otros componentes ecosistémicos, lo que en conjunto podría incidir negativamente sobre la riqueza ambiental del área”.

Producto de lo anterior, dado que lo acusado por el accionante se relaciona con disposiciones cuestionadas en la acción de inconstitucionalidad tramitada en el expediente 25-024408-0007-CO, lo procedente es suspender este extremo del amparo, hasta tanto sea resuelta tal acción, conforme lo dispuesto en el ordinal 48 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

VI.- Voto salvado parcial del magistrado Rueda Leal.

En el sub iudice, con el respeto acostumbrado, me separo del criterio de la Mayoría y estimo que lo procedente es suspender el dictado de la sentencia en este asunto en cuanto a la totalidad de los agravios formulados, hasta tanto no sea resuelta la acción de inconstitucionalidad tramitada en el expediente nro. 25-024408-0007-CO. En tal sentido, considero que, previo a pronunciarse sobre el fondo de esta acción, lo más prudente es esperar al análisis de constitucionalidad del decreto ejecutivo nro. 44448 MP-TUR del 17 de enero de 2024, impugnado en el expediente mencionado, para luego y con más elementos probatorios proceder a determinar en el sub lite si los reclamos de la parte recurrente resultan o no lesivos a los derechos fundamentales en cuestión.

VII.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel u objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados en un plazo máximo de 30 días hábiles, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo material que no sea recogido dentro de ese lapso, con base en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial" (aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 de 22 de agosto de 2011 y publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012) y en el artículo LXXXI de la sesión del Consejo Superior del Poder Judicial nro. 43-12 de 3 de mayo de 2012.

Por tanto:

Respecto a las objeciones del amparado contra el Decreto Ejecutivo nro. 44448 MP-TUR del 17 de enero del 2024, se suspende el dictado de la sentencia de este recurso de amparo, hasta tanto no sea resuelta la acción de inconstitucionalidad tramitada en el expediente 25-024408-0007-CO. En todo lo demás, se declara sin lugar el recurso. El magistrado Rueda Leal salva parcialmente el voto y suspende el dictado de la sentencia de este recurso de amparo en cuanto a la totalidad de los agravios formulados, hasta tanto no sea resuelta la acción de inconstitucionalidad tramitada en el expediente nro. 25-024408-0007-CO.

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Jorge Araya G.

	

 

	

Anamari Garro V.




Ingrid Hess H.

	

 

	

Jose Roberto Garita N.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 UZRI5CJ1WZ861

EXPEDIENTE N° 25-025228-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: Telf47 / Telf48. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección12 , Dirección13 , 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 11-03-2026 13:17:22.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and twenty minutes of October third, two thousand twenty-five.

An amparo appeal processed in case file no. 25-025228-0007-CO, filed by Nombre49424, identity card CED7814, against the COSTA RICAN TOURISM INSTITUTE (INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, ICT), THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY (MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA, MINAE), THE MUNICIPALITY OF CARRILLO AND THE MUNICIPALITY OF LIBERIA.

Whereas:

1.- Through a brief incorporated into the digital case file on August 22, 2025, the appellant files an amparo appeal. They state that they come to the Chamber because SETENA granted environmental viability (viabilidad ambiental) to the Papagayo project, despite its failure to comply with constitutional regulations and the General Law of Public Administration. They consider that the right to a healthy and ecologically balanced environment, citizen participation, and the protection of State resources are harmed. They question whether the forest assessment report (informe forestal), prepared by the developer company itself, was exhaustive and whether it duly evaluated the environmental impact on the mangroves and the forest. They assert that there is a lack of environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) on the forest and mangroves, as well as an absence of mitigation measures for environmental damages. They emphasize that projects involving the clearing of forest and the impact on ecosystems such as mangroves require an Environmental Impact Assessment (EIA) to assess the negative effects and establish prevention, mitigation, or compensation measures. They note that the project's environmental viability (viabilidad ambiental) suffers from defects such as the lack of a public hearing and a failure to comply with the principle of legality. They argue that Law No. 6758 was not correctly applied, nor was the adequate mapping of the area carried out, which could imply the lack of protection of 70% of the natural heritage. They reproach that both SETENA and the company maintain that the public hearing is not mandatory, even though it is a megaproject. They reiterate that the omission of the public hearing is not only an administrative error, but could be a direct violation of fundamental rights. They consider that SETENA must demonstrate that the absence of the hearing was legal and did not violate fundamental rights. They question compliance with Article 11 of Law No. 6758, which establishes limits of 20 rooms per hectare and 30% for construction, a point that appears to be violated by the current state of the project. They reproach that Executive Decree No. 44448 is ambiguous due to the lack of adequate mapping of the 1658 hectares of the project, which prevents a correct application of construction standards and leaves 70% of the natural and heritage conservation areas unprotected. They request, as a precautionary measure, that the application of the environmental viability (vialidad ambiental) be suspended. They expressly request: “The present AMPARO APPEAL be declared with merit and that SETENA rescind the approval granted to the tourism project Nombre169752 so that its corrections can be made as appropriate and so that it complies with Law 6758 and amended Decree 44448 because it is ambiguous. Decree 44448 is criticized for being ambiguous due to the lack of adequate mapping of the 1658 hectares of the project, which prevents a correct application of construction standards and leaves 70% of the natural and heritage conservation areas unprotected.”

2.- Through a brief incorporated into the digital case file on August 22, 2025, the appellant clarifies that the amparo is against MINAE, the Ministry of Tourism, SETENA, the Municipality of Carrillo and the Municipality of Liberia.

3.- Through a brief incorporated into the digital case file on August 23, 2025, the claimant adds that being or not being an indigenous person does not exempt SETENA from convening the residents of Playa Panamá to discuss a mega project. They reiterate that the principle of legality was breached, which implies the nullity of the act. They reiterate the arguments from the brief initiating the appeal. They add, as a petition, that “the residents of Playa de Panamá and surrounding communities, environmentalists, and the general public be convened to a Public Hearing, as one of the stages of the legal part so that SETENA can grant the Environmental Viability (Vialidad Ambiental) of the Papagayo Mega Project. Once Decree 44448 is corrected.”

4.- Through a brief incorporated into the digital case file on August 23, 2025, the protected party provides new statements. They argue that national jurisprudence has ruled on the right to prior consultation in infrastructure projects, even for non-indigenous populations.

5.- Through a brief incorporated into the digital case file on August 23, 2025, the claimant reiterates the previous allegations and adds that the condition of “not being indigenous is not a valid legal basis to deny the right to a public hearing.” They note that the approval of the environmental viability (vialidad ambiental) given by SETENA prioritizes the economic benefits of the developer company over the constitutional rights of the residents of Playa Panamá.

6.- By means of a ruling from the Presidency of the Chamber at 10:39 hours on September 17, 2025, the process was set in motion. Likewise, a report was requested from the president of the Board of Directors and the coordinator of the Papagayo Gulf Project, both from the Costa Rican Tourism Institute, as well as from the secretary of the Technical Environmental Secretariat, the Nombre20665 of Carrillo and the Nombre20665 of Liberia.

7.- Through a brief incorporated into the digital case file on September 18, 2025, the claimant states: “The conservation areas of Law 6758 in the Nombre169752 Project are not mapped as State Heritage, but rather constitute a special regime of property and management under the framework of that specific law, aimed at conservation, biological corridors, and public spaces. Law 6758 guarantees that 70% of the territory of the Golfo de Nombre169752 Tourism Hub remains as a non-urbanized area for environmental protection and conservation, not as an area of State Natural Heritage. Analysis of the situation Special Legal Regime: The Nombre169752 Project is governed by a special legal regime and specific laws, such as Law 6758, instead of being classified under the State Natural Heritage regime. Conservation and not Heritage: Law 6758 requires that 70% of the land remain as an unbuilt area, destined for the conservation of biodiversity, biological corridors, and public spaces, as a measure of environmental protection. State Property and Management: Although it is not State Heritage, the Costa Rican State exercises a strict legal framework and supervision over these conservation areas, managing their use for environmental preservation. Detailed Legal Framework: Law 6758 itself defines in detail the conditions under which the project must be developed, including the management of 70% of the conservation and environmental sustainability area. In conclusion, the protected zones of the Papagayo Project, under Law 6758, are part of the Tourism Hub's conservation management system, but have not been cataloged as State Natural Heritage, due to the existence of a unique legal regime established by this special law...”. (Folio 82, 83). QUESTION: ¿...Then, with this Law 6758, do they override Article 39, Constitutional Due Process, Article 50 Constitutional, on the environment. The Environmental Law, the General Law of Public Administration, the Principle of Legality and Other Related Laws? Furthermore, can they violate the continuous environmental participation of citizens, both residents of Playa Panamá and surroundings, Environmentalists, Other Interested Parties in the country, transgressing Articles 28, 29, 30 and 33 of the Political Constitution...?". (Folio 82, 83). ‘...The assertion holds that Law 6758 creates a special regime for the conservation areas in the Papagayo Project, differentiating them from the State Natural Heritage and guaranteeing the conservation of 70% of the territory for environmental purposes and public spaces. While the law establishes a framework for conservation and management under state supervision, THE ASSERTION ARGUES THAT THIS LAW COULD CONTRAVENE CONSTITUTIONAL PRINCIPLES SUCH AS DUE PROCESS, ENVIRONMENTAL PROTECTION AND THE RIGHT TO CITIZEN PARTICIPATION, AS WELL AS OTHER LAWS AND PUBLIC ADMINISTRATION. Analysis of the situation Special Legal Regime: The Papagayo Project, under Law 6758, is governed by a particular legal framework that defines its management and property, instead of being classified under the standard State Natural Heritage regime. Conservation as a Priority: Law 6758 obliges maintaining 70% of the territory without urbanization, destining those areas to the conservation of biodiversity, biological corridors, and public spaces for environmental protection. State Management and Supervision: Despite not being a State Natural Heritage, the Costa Rican State maintains a strict legal framework and exercises supervision over the use and management of these areas for their preservation. Detailed Legal Framework: Law 6758 is the one that establishes the conditions for the development of the project, detailing the management of 70% of the conservation area and environmental sustainability. POSSIBLE LEGAL AND CONSTITUTIONAL CONFLICTS The assertion proposes that Law 6758 could: Contravene constitutional rights: Affect due process (Article 39), environmental protection (Article 50) and citizen participation rights, such as residents and environmentalists, in environmental decision-making (Articles 28, 29, 30 and 33). GO AGAINST OTHER LAWS: Challenge the Environmental Law, the General Law of Public Administration and the principle of legality, by creating a special legal regime that might not align with the general principles of these regulations. CONCLUSION ACCORDING TO THE ASSERTION The protected areas in the Nombre169752 Project are part of a Specific Conservation Management System and not a State Natural Heritage, due to the unique nature established by Law 6758. However, this raises the concern that said LAW COULD BE OVERRIDING FUNDAMENTAL CONSTITUTIONAL AND LEGAL PRINCIPLES IN COSTA RICA...”. (Folio 84, 85, 86).”

8.- Through a brief incorporated into the digital case file on September 18, 2025, the appellant reiterates the previous allegations. They add: “LAW 6758 FOR THE Nombre169752 PROJECT EXPOSES THE RISK OF LEGAL AND CONSTITUTIONAL CONFLICTS The assertion about Law 6758 for the Nombre169752 Project exposes the risk of legal and constitutional conflicts because it could violate due process, environmental protection, and citizen participation guaranteed in the Constitution, in addition to contradicting regulations such as the Environmental Law and the General Law of Public Administration by establishing a special legal regime. This situation could give rise to the filing of an amparo appeal or an unconstitutionality action. CONSTITUTIONAL CONFLICTS POSED: Right to due process (Article 39 of the Political Constitution): The law could affect this right, by not guaranteeing a fair procedure. Protection of the environment (Article 50 of the Political Constitution): It is argued that Law 6758 could go against the principles of environmental protection that the Constitution establishes. Citizen participation rights (Articles 28, 29, 30 and 33 of the Political Constitution): The risk is mentioned that Law 6758 may not allow effective participation of residents and environmental groups in decisions about the environment. Conflicts with other laws: Challenge to the Environmental Law and the General Law of Public Administration: The creation of a special legal regime for the Nombre169752 Project might not align with the general principles of these laws. Principle of Legality: Law 6758 could contravene this fundamental principle, which requires that all state action be founded in law. Conclusion of the assertion: It is proposed that Law 6758, by creating a specific management system for the protected areas of the Papagayo Project, could be violating fundamental constitutional and legal principles in Costa Rica. Given this situation, the possibility of filing legal remedies such as an amparo appeal or an unconstitutionality action is contemplated. (Folio 88, 89). THE Nombre169752 PROJECT FACES LEGAL CHALLENGES FOR POSSIBLE VIOLATION OF CONSTITUTIONAL RIGHTS, ESPECIALLY REGARDING CITIZEN PARTICIPATION IN THE ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF LAW 6758. The Nombre169752 Project faces legal challenges for possible violation of constitutional rights, especially regarding citizen participation in the environmental assessment of Law 6758, which could give rise to an amparo appeal or unconstitutionality action. Despite the company Bahía Nombre169752 assuring compliance with sustainability and sustainability principles, organizations and citizens have questioned the validity of the environmental viability (viabilidad ambiental) granted, arguing a possible favoring of investors over Costa Rican legislation. Details of the Situation Citizen Participation and Indigenous Community: It is alleged that the required continuous citizen participation was not carried out, particularly because the project affects indigenous communities, which constitutes a violation of Article 33 of the Constitution and other fundamental principles. Possible Legal Transgression: The consultation indicates that the process of elaborating the environmental viability (viabilidad ambiental) for the Nombre169752 Project could violate Articles 11, 28, 29, 30, 33, 39 and 50 of the Constitution, as well as the principle of legality and the General Law of Public Administration, among other laws. Law 6758: It is argued that Law 6758, which created a specific management system for the project, could be violating constitutional and legal principles. Law 6758 could violate Costa Rican constitutional principles by contravening the principle of equality of citizens before the law and the prohibition of privileges and monopolies, since it establishes a special management regime for the protected areas of the Papagayo Project, with possible discriminatory and restrictive implications for other managers or developers. It could also transgress the principle of legal reserve, by delegating the management of public resources (Protected Areas) without adequate citizen participation and without due legal justification. Constitutional Principles presumably violated: • Principle of Equality and Prohibition of Privileges: • Analysis: Law 6758 creates a specific management system for the Papagayo Project, which could mean differentiated and privileged treatment for a particular project, to the detriment of other projects and citizens in general. • Violation: This goes against Article 33 of the Political Constitution, which establishes that all persons are equal before the law and there can be no discrimination. • Principle of Prohibition of Monopolies and Exclusivity: • Analysis: By granting exclusive and specific management to an entity over protected areas, the law could be creating a de facto monopoly, preventing the equitable participation of other actors and limiting access to the management of these resources. • Violation: This could violate the spirit of the Social State of Law, which seeks competition and the participation of diverse actors in the economy and in the use of natural resources. • Principle of Legal Reserve and Citizen Participation: • Analysis: The management of protected areas involves the use of public resources and the fulfillment of state functions. If the law delegates these functions to a specific management system without broad legal justification and without due citizen participation process, it could be violating the principle of legal reserve. • Violation: This would go against Articles 11 and 12 of the Constitution, which require that the action of public powers conform to the law and that citizen participation must be guaranteed in decisions of public interest. Implications: • Restriction to competition: The law could be generating an environment of exclusivity that limits competition in the tourism and natural resource management sector. • Discriminatory effect: Other projects or actors could be at a disadvantage compared to the managing entity of the Papagayo Project, creating inequity in treatment and development opportunities. • Weakening of the general legal framework: By creating a special regime, the law could weaken the general application of the norms that govern the management of protected areas in the country, creating legal uncertainty and a problematic precedent. Favoring of Investors: There is a concern that Law 6758 prioritizes the interests of investors over the legality of Costa Rican laws. Potential Legal Remedies Amparo Appeal: An amparo appeal could be filed before the Constitutional Chamber to protect the fundamental rights that are considered violated by the project's approval process. UNCONSTITUTIONALITY ACTION: An unconstitutionality action could also be filed for the Constitutional Chamber to review the conformity of Law 6758 and the administrative acts related to the environmental viability (viabilidad ambiental) with the Constitution. Company's Position The company Bahía Nombre169752 defends the legality and sustainability of its project. It argues that the project fosters responsible tourism development and creates opportunities for the local community, without generating gentrification. The company has been the subject of an amparo appeal filed by the former mayor of Carrillo, who questioned the legality of the environmental approval process, which was admitted by the Constitutional Chamber. (Folio 90, 91, 92). DOCUMENTS: FOLIOS 7 TO 92 ARE PROVIDED.”

9.- Through a brief incorporated into the digital case file on September 19, 2025, the claimant states: “I. THE AMPARO APPEAL 25 25228 007 CO, NOTIFIED BY THE CONSTITUTIONAL CHAMBER, IS ANALYZED ON THE MERITS Regarding the facts alleged by the appellant, in summary: they claim that the respondent authorities granted environmental viability (viabilidad ambiental) to the so-called Papagayo tourism megaproject, which is being developed in Playa Panamá, Guanacaste, which, in their opinion, violates their fundamental rights and transgresses Articles 11, 28, 29, 30, 33, 39 and 50 of the Political Constitution, as well as Article 11 of the General Law of Public Administration. They state, in the first place, that SETENA refused to convene the residents of Playa Panamá to a public hearing under the argument that they did not belong to an indigenous community, which harms the principle of equality and constitutes a violation of constitutional Article 33. They indicate that all inhabitants of the area, whether indigenous or not, have the right to be informed and to participate in decisions that affect their environment. They underline that Costa Rican constitutional jurisprudence has recognized that the right to prior consultation in infrastructure projects extends to all citizens, and that limiting it for ethnic reasons is openly unconstitutional. Secondly, they maintain that the environmental viability (viabilidad ambiental) was granted without observing the principle of legality. They denounce that the mandatory procedural stages were not fulfilled, particularly citizen participation through a public hearing, and that instead, surveys applied to people who were unaware of the project's scope were used. In their understanding, this violates constitutional Articles 28, 29 and 30 and deprives the community of the right to informed participation. They also affirm that the omission of the public hearing constitutes a violation of due process protected by Article 39, in that it prevented residents from being heard in an administrative decision of great significance. Also, they denounce the impact on the right to a healthy and ecologically balanced environment, recognized in Article 50 of the Constitution. They allege that the impacts on the forests, wetlands and mangroves of the area were not duly evaluated, which puts the State's natural heritage at risk. They question that the forest assessment report (informe forestal) used was prepared by the developer company itself, without objectivity or exhaustiveness, and that adequate mitigation measures were not incorporated. They consider that, having been approved under these conditions, the administrative act is null and void, due to being flawed from its origin. They refer to non-compliance with the requirements of Law No. 6758, which establishes clear density limits (20 rooms per hectare and a maximum of 30% construction). According to their statement, such provisions were not respected in the project design. Likewise, they criticize Executive Decree No. 44448 for its ambiguity, as it does not contain a precise mapping of the 1658 hectares involved, which generates legal uncertainty, leaves about 70% of the natural conservation areas unprotected, and hinders the correct application of regulations. They add that the licensing process failed to assess the existence of wetlands, forests and other ecosystems within the area, which aggravates the irregularities. Furthermore, they emphasize that SETENA did not adequately consult the municipalities of the jurisdiction nor the surrounding communities, failing to comply with the duty of transparency, inter-institutional coordination and citizen participation that should govern this type of projects. They request as a precautionary measure that the application of the environmental approval (visto bueno ambiental) granted to the project be suspended until the merits of the appeal are definitively resolved. Regarding their substantive claims, they ask this Chamber to declare the amparo with merit and order SETENA to roll back the environmental approval procedure, correct the irregularities noted, adjust the process to the provisions of Law No. 6758 and correct Decree No. 44448 so that it does not remain in its current ambiguity. They also claim that a public hearing be convened with the residents of Playa Panamá, nearby communities, environmental organizations and the general public, as an indispensable requirement for eventual authorization. Finally, they affirm that, by prioritizing the economic interests of the developer company over the rights of the communities and the country, the respondent authorities have acted contrary to the Political Constitution. They reiterate that the megaproject, as approved, is flawed with nullity due to multiple violations of fundamental rights, the principle of legality and environmental regulations, which requires the intervention of this Chamber to restore the validity of the harmed rights. Analysis on the merits regarding the following: Law 6758 IT IS ARGUED THAT THIS LAW COULD CONTRAVENE CONSTITUTIONAL PRINCIPLES SUCH AS DUE PROCESS, ENVIRONMENTAL PROTECTION AND THE RIGHT TO CITIZEN PARTICIPATION, AS WELL AS OTHER LAWS AND PUBLIC ADMINISTRATION. LAW 6758 FOR THE Nombre169752 PROJECT EXPOSES THE RISK OF LEGAL AND CONSTITUTIONAL CONFLICTS ANALYSIS: The appellant alleges that the environmental permit for the Bahía Nombre169752 megaproject in Guanacaste violates fundamental rights, such as citizen participation and the right to a healthy environment, due to the absence of public hearings, the omission of impact assessment on key ecosystems, the use of a non-objective forest assessment report (informe forestal) and non-compliance with Law 6758 regarding densities and construction, as well as the ambiguity of Executive Decree 44448. The petition is the suspension of the environmental viability (viabilidad ambiental) and the correction of the administrative process, demanding a public hearing for the project. Main arguments of the appellant: • Violation of the right to citizen participation: SETENA refused to convene residents to a public hearing, arguing that they were not an indigenous community, which the appellant considers a violation of the principle of equality and the right to prior consultation, extended to all citizens. • Non-compliance with the principle of legality: SETENA granted the environmental viability (viabilidad ambiental) without observing due process, by not complying with citizen participation through a public hearing and instead resorting to unrepresentative surveys. • Impact on the right to a healthy environment: The lack of an exhaustive environmental impact assessment on forests, wetlands and mangroves is alleged, as well as the omission of adequate mitigation measures, which puts the State's natural heritage at risk. • Non-objective forest assessment reports (informes forestales): The appellant questions the objectivity of the forest assessment report (informe forestal) used in the process, arguing that it was prepared by the developer company itself and did not include mitigation measures. • Contradiction with Law 6758: The project did not respect the density limits (20 rooms per hectare and 30% construction) established in Law 6758. • Ambiguity of Executive Decree 44448: This decree lacks a precise mapping of the 1658 hectares, generating legal uncertainty and leaving conservation areas unprotected. • Omission of inter-institutional consultation: SETENA did not adequately consult the municipalities or the nearby communities, failing to comply with the duty of transparency and inter-institutional coordination. Petition of the appellant: • Precautionary measure: Provisionally suspend the environmental viability (viabilidad ambiental) granted to the project. • Substantive claims: o Declare the amparo with merit. o Order SETENA to roll back the environmental approval process to correct the irregularities. o Adjust the process to the provisions of Law 6758 and correct Decree 44448. o Call for a public hearing with residents, nearby communities and environmental organizations for eventual project authorization. II. THE FOLLOWING IS ADDED FOR THE PURPOSES OF ANALYSIS ON THE MERITS OF OTHER CONSIDERATIONS OF THIS AMPARO APPEAL: I. THE CONSERVATION AREAS OF LAW 6758 IN THE Nombre169752 PROJECT ARE NOT MAPPED AS STATE HERITAGE: “...The conservation areas of Law 6758 in the Nombre169752 Project are not mapped as State Heritage, but rather constitute a special regime of property and management under the framework of that specific law, aimed at conservation, biological corridors, and public spaces. Law 6758 guarantees that 70% of the territory of the Golfo de Nombre169752 Tourism Hub remains as a non-urbanized area for environmental protection and conservation, not as an area of State Natural Heritage. Analysis of the situation Special Legal Regime: The Nombre169752 Project is governed by a special legal regime and specific laws, such as Law 6758, instead of being classified under the State Natural Heritage regime. Conservation and not Heritage: Law 6758 requires that 70% of the land remain as an unbuilt area, destined for the conservation of biodiversity, biological corridors, and public spaces, as a measure of environmental protection. State Property and Management: Although it is not State Heritage, the Costa Rican State exercises a strict legal framework and supervision over these conservation areas, managing their use for environmental preservation. Detailed Legal Framework: Law 6758 itself defines in detail the conditions under which the project must be developed, including the management of 70% of the conservation and environmental sustainability area. In conclusion, the protected zones of the Papagayo Project, under Law 6758, are part of the Tourism Hub's conservation management system, but have not been cataloged as State Natural Heritage, due to the existence of a unique legal regime established by this special law...”. (Folio 82, 83). QUESTION: ¿...Then, with this Law 6758, do they override Article 39, Constitutional Due Process, Article 50 Constitutional, on the environment. The Environmental Law, the General Law of Public Administration, the Principle of Legality and Other Related Laws? Furthermore, can they violate the continuous environmental participation of citizens, both residents of Playa Panamá and surroundings, Environmentalists, Other Interested Parties in the country, transgressing Articles 28, 29, 30 and 33 of the Political Constitution...?". (Folio 82, 83). ‘...The assertion holds that Law 6758 creates a special regime for the conservation areas in the Papagayo Project, differentiating them from the State Natural Heritage and guaranteeing the conservation of 70% of the territory for environmental purposes and public spaces. While the law establishes a framework for conservation and management under state supervision, THE ASSERTION ARGUES THAT THIS LAW COULD CONTRAVENE CONSTITUTIONAL PRINCIPLES SUCH AS DUE PROCESS, ENVIRONMENTAL PROTECTION AND THE RIGHT TO CITIZEN PARTICIPATION, AS WELL AS OTHER LAWS AND PUBLIC ADMINISTRATION.

Analysis of the situation Special Legal Regime: The Papagayo Project, under Law 6758, is governed by a particular legal framework that defines its management and ownership, rather than being classified under the standard regime of the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado). Conservation as a Priority: Law 6758 mandates that 70% of the territory remain undeveloped, designating those areas for biodiversity conservation, biological corridors, and public spaces for environmental protection. State Management and Oversight: Despite not being a State Natural Heritage (Patrimonio Natural estatal), the Costa Rican State maintains a strict legal framework and exercises oversight over the use and management of these areas for their preservation. Detailed Legal Framework: Law 6758 is the one that establishes the conditions for the project's development, detailing the management of the 70% conservation area and environmental sustainability. POSSIBLE LEGAL AND CONSTITUTIONAL CONFLICTS The statement posits that Law 6758 could: Contravene constitutional rights: Affect due process (Article 39), environmental protection (Article 50), and citizen participation rights, such as those of neighbors and environmentalists, in environmental decision-making (Articles 28, 29, 30, and 33). GO AGAINST OTHER LAWS: Challenge the Environment Law (Ley de Ambiente), the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública), and the principle of legality, by creating a special legal regime that might not align with the general principles of these regulations. CONCLUSION ACCORDING TO THE STATEMENT The protected areas in the Nombre169752 Project are part of a Specific Conservation Management System and not a State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), due to the unique nature established by Law 6758. However, this raises the concern that SAID LAW COULD BE OVERRIDING FUNDAMENTAL CONSTITUTIONAL AND LEGAL PRINCIPLES IN COSTA RICA…”. (Folio 84, 85, 86). II. LAW 6758 FOR THE Nombre169752 PROJECT EXPOSES THE RISK OF LEGAL AND CONSTITUTIONAL CONFLICTS The statement regarding Law 6758 for the Nombre169752 Project exposes the risk of legal and constitutional conflicts because it could violate due process, environmental protection, and citizen participation guaranteed in the Constitution, in addition to contradicting regulations such as the Environment Law (Ley de Ambiente) and the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública) by establishing a special legal regime. This situation could give rise to the filing of an amparo appeal (recurso de amparo) or an unconstitutionality action (acción de inconstitucionalidad). CONSTITUTIONAL CONFLICTS RAISED: Right to due process (Article 39 of the Political Constitution): The law could affect this right by not guaranteeing a fair procedure. Environmental protection (Article 50 of the Political Constitution): It is argued that Law 6758 could go against the principles of environmental protection that the Constitution establishes. Citizen participation rights (Articles 28, 29, 30, and 33 of the Political Constitution): The risk is mentioned that Law 6758 might not allow effective participation by neighbors and environmentalist groups in decisions regarding the environment. Conflicts with other laws: Challenge to the Environment Law (Ley de Ambiente) and the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública): The creation of a special legal regime for the Nombre169752 Project could fail to align with the general principles of these laws. Principle of Legality (Principio de Legalidad): Law 6758 could contravene this fundamental principle, which requires that all state action be grounded in law. Conclusion of the statement: It is posited that Law 6758, by creating a specific management system for the protected areas of the Papagayo Project, could be violating fundamental constitutional and legal principles in Costa Rica. Given this situation, the possibility of filing legal remedies such as an amparo appeal (recurso de amparo) or an unconstitutionality action (acción de inconstitucionalidad) is contemplated. (Folio 88, 89). III. THE Nombre169752 PROJECT FACES LEGAL CHALLENGES FOR POTENTIAL VIOLATION OF CONSTITUTIONAL RIGHTS, ESPECIALLY REGARDING CITIZEN PARTICIPATION IN THE ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF LAW 6758. The Nombre169752 Project faces legal challenges for potential violation of constitutional rights, especially regarding citizen participation in the environmental assessment of Law 6758, which could give rise to an amparo appeal (recurso de amparo) or unconstitutionality action (acción de inconstitucionalidad). Despite the fact that the company Bahía Nombre169752 asserts that it complies with the principles of sustainability and sustainability, organizations and citizens have questioned the validity of the environmental viability (viabilidad ambiental) granted, arguing possible favoritism toward investors over Costa Rican legislation. Details of the Situation Citizen Participation and Indigenous Community: It is alleged that the required continuous citizen participation (sic) was not carried out, particularly because the project affects indigenous communities, which constitutes a violation of Article 33 of the Constitution and other fundamental principles. Possible Legal Transgression: The inquiry indicates that the process of preparing the environmental viability (viabilidad ambiental) for the Nombre169752 Project could violate Articles 11, 28, 29, 30, 33, 39, and 50 of the Constitution, as well as the principle of legality and the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública), among other laws. Law 6758: It is argued that Law 6758, which created a specific management system for the project, could be violating constitutional and legal principles. Law 6758 could violate Costa Rican constitutional principles by contravening the principle of equality of citizens before the law and the prohibition of privileges and monopolies, since it establishes a special management regime for the protected areas of the Papagayo Project, with possible discriminatory and restrictive implications for other managers or developers. It could also transgress the principle of legislative reservation (reserva de ley), by delegating the management of public resources (Protected Areas) without adequate citizen participation and without due legal justification. Constitutional Principles allegedly violated: • Principle of Equality and Prohibition of Privileges: • Analysis: Law 6758 creates a specific management system for the Papagayo Project, which could mean differentiated and privileged treatment for a particular project, to the detriment of other projects and citizens in general. • Violation: This undermines Article 33 of the Political Constitution, which establishes that all persons are equal before the law and there can be no discrimination whatsoever. • Principle of Prohibition of Monopolies and Exclusivity: • Analysis: By granting exclusive and specific management to an entity over protected areas, the law could be creating a de facto monopoly, preventing the equitable participation of other actors and limiting access to the management of these resources. • Violation: This could violate the spirit of the Social State of Law (Estado Social de Derecho), which seeks competition and the participation of various actors in the economy and in the use of natural resources. • Principle of Legislative Reservation (Reserva de Ley) and Citizen Participation: • Analysis: The management of protected areas implies the use of public resources and the fulfillment of state functions. If the law delegates these functions to a specific management system without broad legal justification and without the due process of citizen participation, it could be violating the principle of legislative reservation (reserva de ley). • Violation: This would undermine Articles 11 and 12 of the Constitution, which require that the action of public powers conform to the law and that citizen participation must be guaranteed in decisions of public interest. Implications: • Restriction of competition: The law could be generating an environment of exclusivity that limits competition in the tourism and natural resource management sector. • Discriminatory effect: Other projects or actors could be at a disadvantage compared to the managing entity of the Papagayo Project, creating inequity in treatment and in development opportunities. • Weakening of the general legal framework: By creating a special regime, the law could weaken the general application of the rules governing the management of protected areas in the country, creating legal uncertainty and a problematic precedent. Favoritism Toward Investors: There is concern that Law 6758 prioritizes the interests of investors over the legality of Costa Rican laws. Potential Legal Remedies Amparo Appeal (Recurso de Amparo): An amparo appeal could be filed before the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) to protect the fundamental rights that are considered violated by the project's approval process. UNCONSTITUTIONALITY ACTION (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD): An unconstitutionality action could also be filed so that the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) reviews the conformity of Law 6758 and the administrative acts related to the environmental viability (viabilidad ambiental) with the Constitution. Company's Position The company Bahía Nombre169752 defends the legality and sustainability of its project. It argues that the project promotes responsible tourism development and creates opportunities for the local community, without generating gentrification. The company has been the subject of an amparo appeal (recurso de amparo) filed by the former mayor of Carrillo, who questioned the legality of the environmental approval process, which was admitted by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional). (Folio 90, 91, 92). DOCUMENTS: FOLIOS 7 THROUGH 92 ARE PROVIDED.”

10.- By brief incorporated into the digital case file on September 19, 2025, the petitioner reiterates the aforementioned arguments.

11.- By brief incorporated into the digital case file on September 19, 2025, the petitioner states: “The analysis indicates that Decree 44448 is ambiguous and unconstitutional for infringing principles such as environmental protection and continuous citizen participation by not establishing clear mechanisms for land-use changes (cambios de uso de suelo) and mitigations in the Papagayo Project. Furthermore, it is argued that it contravenes the principle of legality and the legislative reservation (reserva de ley) by lacking clarity and being subject to interpretation, generating legal uncertainty, and Law 6758 could also be affected. (…) The analysis indicates that Decree 44448 is ambiguous and unconstitutional for infringing principles such as environmental protection and continuous citizen participation by not establishing clear mechanisms for land-use changes (cambios de uso de suelo) and mitigations in the Papagayo Project. Furthermore, it is argued that it contravenes the principle of legality and the legislative reservation (reserva de ley) by lacking clarity and being subject to interpretation, generating legal uncertainty, and Law 6758 could also be affected. And it is detailed as follows: DECREE 44448 LAND-USE CHANGE (CAMBIO USO DE SUELO) DECREED: REFORM AND ADDITION TO THE REGULATION TO THE REGULATORY LAW OF THE GULF OF PAPAGAYO TOURIST POLE. Article 1. Amend (sic) subsections f), h), i), j), o), p), and q) of article 2, subsection f), h), and k) of article 3 bis, subsections j) and k) of article 3 ter, articles 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, and 24 of the Regulation to the Regulatory Law of the Gulf of Papagayo Tourist Pole, Executive Decree No. 25439-MP-TUR, of August 27, 1996, and its reforms, published in the Official Gazette La Gaceta No. 173 of September 11, 1996, with the rest of the rule remaining unchanged and so that they read as follows: SOLE ANNEX PROCEDURES AND REQUIREMENTS IN THE CONCESSION REGIME OF THE PAPAGAYO TOURIST GULF PROJECT. VI. REQUIREMENTS FOR LAND-USE CHANGE (CAMBIO DE USO DE SUELO) OF CONCESSIONS. To process and resolve these requests, the following requirements must be met: a) Formal document submitted by the concessionaire or the person accredited in the case file to make the request, indicating the project currently agreed upon with the ICT, the need for the land-use change (cambio de uso de suelo) or addition based on this project and its execution. In the event that the request is based on the Change of the Construction Project, in addition to these requirements, the documents described in Point 1 "Approval of preliminary projects" of the Sole Annex of this Regulation must be provided. b) Cadastral plan of the concession clearly identifying the area subject to the land-use change (cambio de uso de suelo) or addition. c) Initial environmental assessment (diagnóstico ambiental) of the new project, or studies that supported the D1. d) Calculation report for the water resource requirement, prepared by a professional accredited in the field. e) Market study that also allows for seeing the benefits of the proposed change for the sector, quantifying the improvements in the production of direct and indirect employment, as well as the direct benefits of the proposed change. SEMANARIO UNIVERSIDAD. Article 1 of Executive Decree 44448 of May 10, 2024, published in La Gaceta 90, scope 96 of May 21, 2024, amended several articles of the Regulation of Law 6758 and, among them, introduced land-use changes (cambios en el uso de suelo) in the Gulf of Nombre169752 Tourist Pole (Polo Turístico Golfo de Nombre169752) by allowing the concentration of buildings and modifying the percentages of land use (uso de suelo), according to Semanario Universidad. Key details: • Decree: 44448-MP-TUR • Publication: Gaceta 90, scope 96, of May 21, 2024. • Focus: Reform to the Regulation of Law 6758. • Effect on Papagayo: Allows a greater concentration of buildings in the Gulf of Nombre169752 Tourist Pole (Polo Turístico Golfo de Nombre169752) and modifies the percentages of land use (uso de suelo). ANALYSIS INDICATES THAT DECREE 44448 IS AMBIGUOUS AND UNCONSTITUTIONAL FOR INFRINGING PRINCIPLES SUCH AS ENVIRONMENTAL PROTECTION AND CONTINUOUS CITIZEN PARTICIPATION BY NOT ESTABLISHING CLEAR MECHANISMS FOR LAND-USE CHANGES (CAMBIOS DE USO DE SUELO) AND MITIGATIONS IN THE PAPAGAYO PROJECT. The analysis indicates that Decree 44448 is ambiguous and unconstitutional for infringing principles such as environmental protection and continuous citizen participation by not establishing clear mechanisms for land-use changes (cambios de uso de suelo) and mitigations in the Papagayo Project. Furthermore, it is argued that it contravenes the principle of legality and the legislative reservation (reserva de ley) by lacking clarity and being subject to interpretation, generating legal uncertainty, and Law 6758 could also be affected. Analysis of Decree 44448 • Ambiguity and Incoherence: Decree 44448 is criticized for its vagueness, allowing interpretations that could sideline citizens in important decision-making. • Limited Citizen Participation: The decree does not include effective mechanisms for continuous citizen participation, especially in crucial matters such as modifications to land use (uso del suelo) and environmental mitigation measures, which is a constitutional right. • Contravention of Constitutional Principles: The lack of clarity and adequate participation mechanisms could violate the right to a healthy environment, environmental protection, and the right of citizens to be informed and participate in decisions that affect them. Analysis of Law 6758 and the Nombre169752 Project • Legal Conflict: Law 6758, by promoting the project, could generate legal and constitutional conflicts by not fully guaranteeing due process, environmental protection, and citizen participation. • Legal Instability: The potential violation of rights and the overlapping of interests could generate litigation and the consequent legal and constitutional instability for the project and the administration. Implications for the Public Administration • Damage to the Administration's Prestige: The enactment of ambiguous regulations such as Decree 44448 can undermine the credibility of the public administration, generating distrust and hindering the execution of projects. • Legal Uncertainty: The lack of regulatory clarity creates an environment of legal uncertainty that affects not only citizens, but also investors and other actors involved. CONCLUSION The perceived ambiguity and unconstitutionality in Decree 44448 pose significant legal and constitutional risks by failing to comply with fundamental principles such as environmental protection and citizen participation, which can be an obstacle for the public administration and the Nombre169752 Project.”

12.- By brief incorporated into the digital case file on September 20, 2025, the claimant states: “The information provided details the evolution of the Gulf of Nombre169752 Tourism Project through various laws and decrees. Law No. 5847 of 1975 approved a loan from the BCIE for feasibility studies and a master plan in Bahía Culebra. Subsequently, Law No. 6758 of 1982 established the legal framework for the development of the project in the Gulf of Papagayo. More recently, Executive Decree No. 44448 of 2024 amended the regulation of that law, allowing the concentration of buildings and changes in the percentages of land use within the project. Details of each regulation: 1. Law No. 5847 of 1975 • Enactment: November 18, 1975. • Purpose: Approve a loan agreement between the ICT and the BCIE to finance feasibility studies and the master plan for the Bahía Culebra tourist pole. • Result: It was the starting point for the Gulf of Papagayo Tourism Project. 2. Law No. 6758 of 1982 • Enactment: May 6, 1982. • Purpose: Establish the legal framework for the development and execution of the Gulf of Papagayo Tourism Project. 3. Executive Decree No. 44448 of 2024 • Publication: May 21, 2024, in Scope 96 of La Gaceta 90. • Content: Reforms the Regulation to Law No. 6758, introducing changes in land use (uso de suelo). • Effect: Allows a greater concentration of buildings and modifies the percentages of land use in the Gulf of Papagayo Tourist Pole. Implications mentioned: • The information suggests that the application of these regulations could be generating controversies, as the possible transgression of several articles of the Law of Public Administration (Ley de la Administración Pública) related to continuous environmental participation in land-use change (cambio de uso de suelo) and environmental viability (vialidad ambiental) is mentioned, according to the provided text. (…) SETENA refused to convene the residents of Playa Panamá to a public hearing on the grounds that they did not belong to an indigenous community, which violates the principle of equality and constitutes a violation of Article 33 of the Constitution. It points out that all inhabitants of the area, whether indigenous or not, have the right to be informed and to participate in decisions that affect their environment. It underlines that Costa Rican constitutional jurisprudence has recognized that the right to prior consultation in infrastructure projects extends to all citizens, and that limiting it for ethnic reasons is openly unconstitutional. What were the legal arguments issued by the ICT office in charge of the Nombre169752 Project in Playa Panamá and the Developing Company of the Gulf of Papagayo Mega Project? Transgressing Article 33 of the Constitution, whether one is or is not equal before the law, for not providing continuous environmental participation, in the land-use change (cambio de uso de suelo) and environmental viability (vialidad ambiental). The legal arguments of the Costa Rican Tourism Institute (ICT) and the developing company of the Gulf of Nombre169752 are based on the fact that the project originated from a Central American agreement for strategic tourism development, for which the Costa Rican State created laws, regulations, and environmental directives that have been complied with, dismissing the claims that the project has harmed the environment and that citizen rights have been violated, and therefore there is no transgression of Article 33 of the Constitution nor impediment to the citizen right to participate in the land-use change (cambio de uso de suelo). Arguments of the ICT and the developing company • Basis in international agreements: The project originated from a Central American agreement that sought the development of strategic tourist poles in the region, and the Costa Rican State undertook the commitment to develop laws and regulations for its execution. • Compliance with environmental legislation: The company has affirmed that the project has complied with all the requirements established in Costa Rican environmental legislation, ensuring that the project lands do not have access to the sea nor possess mangroves, as has been erroneously stated. • Dismissal of accusations of falsehood: Nombre169752, through its lawyer, rejects the false claims about the dissemination of malicious information and assures that it values citizen participation. THE LEGAL ARGUMENTS FOR THE GULF OF Nombre169752 PROJECT The legal arguments for the Gulf of Nombre169752 project are based on Law No. 5847, enacted in 1975, which approved a loan agreement and the declaration of public utility (declaratoria de utilidad pública) of the project, which is duly approved by the Legislative Assembly of Costa Rica. There is no specific Central American agreement in the results, but rather a national law that authorizes and establishes the framework for the tourism development of the Gulf of Nombre169752 under the administration of the Costa Rican Tourism Institute (ICT). Details of the legal foundations: • Law No. 5847 (1975): This law was enacted on November 18, 1975, and published in Scope 194-A of La Gaceta No. 223 on November 22 of the same year. • Approval of the Agreement and Project: Law No. 5847 approved the loan agreement for US $370,000.00 and, more importantly for this argument, declared the project to be of public utility and national convenience (utilidad pública y conveniencia nacional). • Legal framework for tourism development: The approval of the law by the Legislative Assembly laid the groundwork for the ICT to have the exclusive authority to direct, coordinate, administer, and control the development of the Gulf of Papagayo project. In summary: • The main legal foundation is not a Central American agreement, but a law of the Republic of Costa Rica (Law No. 5847). • This law was approved by the Legislative Assembly. • The law declares the project to be of public utility and national convenience (utilidad pública y conveniencia nacional), justifying the intervention of the State and the ICT in its development. Question With the agreement approved by Law 5847, this law was enacted on November 18, 1975, and published in Scope 194-A of La Gaceta No. 223 on November 22 of the same year. The agreement approved under Law No. 5847 of 1975 is a Loan Contract between the Costa Rican Tourism Institute (ICT) and the Central American Bank for Economic Integration (BCIE), intended to finance the technical-economic feasibility study and the preparation of the master plan for the Bahía Culebra tourist pole. Details of the Agreement: • Parties: The Costa Rican Tourism Institute (ICT) and the Central American Bank for Economic Integration (BCIE). • Law Date: The agreement was approved by Law No. 5847 of November 18, 1975. • Purpose: Finance the preparation of studies and the preparation of a master plan for the tourism development of Bahía Culebra. In summary, this law and the associated agreement focused on the development of the tourism project in Bahía Culebra, promoted by the ICT and financed by the BCIE. The detail of the agreement is a Loan Contract approved by Law No. 5847 of 1975, between the Costa Rican Tourism Institute (ICT) and the Central American Bank for Economic Integration (BCIE), to finance the feasibility study and the preparation of a master plan for the tourist pole in Bahía Culebra. Key Information of the Agreement: • Parties Involved: Costa Rican Tourism Institute (ICT) and the Central American Bank for Economic Integration (BCIE). • Approval Date: The agreement was approved by Law No. 5847 on November 18, 1975. • Main Purpose: Finance the technical-economic studies and the planning of a master plan for the development of the tourism project in Bahía Culebra. • Result of the Agreement: Law No. 5847 approved a loan for the creation of this master plan, marking the beginning of the Gulf of Papagayo Tourism Project. And Law 6758 (Law for the Development and Execution of the Gulf of Papagayo Tourism Project) was enacted on May 6, 1982, and published in the official newspaper La Gaceta on June 25, 1982. This law establishes the framework for the development of the tourism project in the Gulf of Nombre169752 and is published on the website of the Costa Rican Tourism Institute (ICT). If you wish to consult the law directly, you can access the ICT link that contains the full text of the Law. The foregoing with respect to DECREE 44448 LAND-USE CHANGE (CAMBIO USO DE SUELO) DECREED: REFORM AND ADDITION TO THE REGULATION TO THE REGULATORY LAW OF THE GULF OF PAPAGAYO TOURIST POLE. Article 1. Amend (sic) subsections f), h), i), j), o), p), and q) of article 2, subsection f), h), and k) of article 3 bis, subsections j) and k) of article 3 ter, articles 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, and 24 of the Regulation to the Regulatory Law of the Gulf of Papagayo Tourist Pole, Executive Decree No. 25439-MP-TUR, of August 27, 1996, and its reforms, published in the Official Gazette La Gaceta No. 173 of September 11, 1996, with the rest of the rule remaining unchanged and so that they read as follows: SOLE ANNEX PROCEDURES AND REQUIREMENTS IN THE CONCESSION REGIME OF THE PAPAGAYO TOURIST GULF PROJECT. VI. REQUIREMENTS FOR LAND-USE CHANGE (CAMBIO DE USO DE SUELO) OF CONCESSIONS. To process and resolve these requests, the following requirements must be met: a) Formal document submitted by the concessionaire or the person accredited in the case file to make the request, indicating the project currently agreed upon with the ICT, the need for the land-use change (cambio de uso de suelo) or addition based on this project and its execution. In the event that the request is based on the Change of the Construction Project, in addition to these requirements, the documents described in Point 1 "Approval of preliminary projects" of the Sole Annex of this Regulation must be provided. b) Cadastral plan of the concession clearly identifying the area subject to the land-use change (cambio de uso de suelo) or addition. c) Initial environmental assessment (diagnóstico ambiental) of the new project, or studies that supported the D1. d) Calculation report for the water resource requirement, prepared by a professional accredited in the field. e) Market study that also allows for seeing the benefits of the proposed change for the sector, quantifying the improvements in the production of direct and indirect employment, as well as the direct benefits of the proposed change. SEMANARIO UNIVERSIDAD. Article 1 of Executive Decree 44448 of May 10, 2024, published in La Gaceta 90, scope 96 of May 21, 2024, amended several articles of the Regulation of Law 6758 and, among them, introduced land-use changes (cambios en el uso de suelo) in the Gulf of Nombre169752 Tourist Pole (Polo Turístico Golfo de Nombre169752) by allowing the concentration of buildings and modifying the percentages of land use (uso de suelo), according to Semanario Universidad. Key details: • Decree: 44448-MP-TUR • Publication: Gaceta 90, scope 96, of May 21, 2024. • Focus: Reform to the Regulation of Law 6758. • Effect on Papagayo: Allows a greater concentration of buildings in the Gulf of Nombre169752 Tourist Pole (Polo Turístico Golfo de Nombre169752) and modifies the percentages of land use (uso de suelo). From all of the above indicated by Violating articles 11, 28, 29, 30, 33, 39, 41, 50, 121 subsection 4, in addition to article 11 of the General Law of Public Administration (Ley de General de la Administración Pública), Principle of Legality. By not allowing continuous environmental participation in land-use change (cambio de uso de suelo), environmental viability (vialidad ambiental), in the Gulf Nombre169752 Project where the Papagayo Mega Project is being developed. The information provided details the evolution of the Gulf of Nombre169752 Tourism Project through various laws and decrees. Law No. 5847 of 1975 approved a loan from the BCIE for feasibility studies and a master plan in Bahía Culebra. Subsequently, Law No. 6758 of 1982 established the legal framework for the development of the project in the Gulf of Papagayo. More recently, Executive Decree No. 44448 of 2024 amended the regulation of that law, allowing the concentration of buildings and changes in the percentages of land use (uso del suelo) within the project. Details of each regulation: 4. Law No. 5847 of 1975 • Enactment: November 18, 1975. • Purpose: Approve a loan agreement between the ICT and the BCIE to finance feasibility studies and the master plan for the Bahía Culebra tourist pole. • Result: It was the starting point for the Gulf of Papagayo Tourism Project. 5. Law No. 6758 of 1982 • Enactment: May 6, 1982. • Purpose: Establish the legal framework for the development and execution of the Gulf of Papagayo Tourism Project. 6. Executive Decree No. 44448 of 2024 • Publication: May 21, 2024, in Scope 96 of La Gaceta 90. • Content: Reforms the Regulation to Law No. 6758, introducing changes in land use (uso de suelo). • Effect: Allows a greater concentration of buildings and modifies the percentages of land use in the Gulf of Papagayo Tourist Pole.

Mentioned Implications: • The information suggests that the application of these regulations could be generating controversies, since the possible violation of several articles of the General Public Administration Act related to continuous environmental participation in land-use change (cambio de uso del suelo) and environmental road management is mentioned, according to the text provided.”

13.- By a document incorporated into the digital case file on September 20, 2025, the claimant reiterates his previous filings and adds: "In summary, the absence of consultation with the Municipalities of Carrillo and Liberia by SETENA would constitute a violation of legality and, therefore, of the Political Constitution and the General Environmental Law of Costa Rica, affecting the transparency and validity of the approval process for the Bahía Nombre169752 megaproject."

14.- By a document incorporated into the digital case file on September 21, 2025, the amparo petitioner states: "The change to Decree 44448 is related to the environmental feasibility (viabilidad ambiental) process for the project in Bahía Papagayo, where the company Enjoy Hotels & Resorts S.A. requested and obtained the technical opinion of the Municipalities of Carrillo and Liberia for the land-use change, which had already been previously established in Law 6758, and the environmental feasibility of the megaproject. 1. Technical criterion of the Municipalities: • Request for criterion: The company Enjoy Hotels & Resorts S.A. requested the Municipalities of Carrillo and Liberia to issue a technical criterion on the land-use change and the environmental feasibility of the project in the Gulf of Papagayo, according to the law and the regulations in force. • Substantive analysis: A substantive analysis by the municipalities was needed to determine the environmental feasibility of the project, especially in relation to the law and regulations on the Tourism Development Pole.2. Environmental feasibility (viabilidad ambiental) and Decree 44448: • Approval by SETENA: The National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA) approved the environmental feasibility of the project, which already had a specific legal framework since Law 6758. • Legitimacy of land use: The tourist use of the land, in this case, was established by a specific law of the country and subsequently concessioned to the company, since the property belongs to the Costa Rican State. In summary, Decree 44448 is a process that was carried out for the environmental feasibility of the Bahía Papagayo project, in accordance with Law 6758, the permits, and the regulations in force for the tourist project in the Gulf of Papagayo. Therefore, SETENA has been using the technical criterion of the Municipality of Carrillo and Liberia since the beginning of the Nombre169752 Project with Law No. 6758 of Costa Rica, which was approved as the Regulatory Law for the Development and Execution of the Gulf of Papagayo Tourist Project, published on June 25, 1982. Its main objective is to establish a legal framework for the tourist development of the Bahía Culebra (or Papagayo) area in Guanacaste. Details on Law 6758: • Purpose: To productively develop the tourist project in the Gulf of Papagayo, creating a specific regulatory framework for its execution. • History: It is a modification of Law No. 6370 (1979), which declared the properties for the tourist project in Papagayo to be of public utility. • Content: The law establishes the bases for the planning, execution, and operation of the project, including provisions on concessions and their administration. • Updates: Over time, the law has been modified, for example, with reforms to Article 18 to include tax recovery, and to Article 10, as shown in documents from the Legislative Assembly of Costa Rica. In summary, Law 6758 is the legislation that governs tourist activities in the Gulf of Papagayo, facilitating its development since its original publication in 1982. That is, Decree 44448 is a procedure to obtain the environmental feasibility for the project in Bahía Papagayo, involving the technical opinion of the Municipalities of Carrillo and Liberia and the approval of SETENA, based on Law 6758, which governs the Tourism Development Pole. Despite the fact that Enjoy Hotels & Resorts S.A. and the Ministry of Environment and Energy (Minae) affirm that the project complies with the law, it has faced accusations of illegal forest clearing and technical omissions, leading to a nullity process of its environmental feasibility (viabilidad ambiental) and a criminal investigation by the Environmental Prosecutor's Office for alleged land-use change. Context and Legal Foundations • Law 6758: This is the law establishing the legal framework for the tourist project in the Gulf of Papagayo, declaring the properties necessary for its development to be of public utility. • Decree 44448: This is the administrative process to obtain the environmental feasibility (viabilidad ambiental) of the project, in accordance with Law 6758 and the regulations in force. • Enjoy Hotels & Resorts S.A.: The Project Developer company, which requested and obtained the technical opinion of the municipalities and the environmental approval of SETENA for the project. Technical Aspects and Environmental Feasibility (viabilidad ambiental) • Technical opinion of the municipalities: Enjoy Hotels & Resorts requested and obtained the opinion of the Municipalities of Carrillo and Liberia on the land-use change and the environmental feasibility of the project. • Approval by SETENA: The National Environmental Technical Secretariat (SETENA) approved the environmental feasibility (viabilidad ambiental) of the project, which has a specific legal framework since Law 6758. QUESTION: • Technical opinion of the municipalities: The opinion of the Municipalities of Carrillo and Liberia on the land-use change and the environmental feasibility of the project. • Citizen participation: Setena argues that it was not necessary to hold a public hearing for the project, as a high level of social conflict was not detected and the interested parties did not request one. • Law 6758: This is the law establishing the legal framework for the tourist project in the Gulf of Papagayo, declaring the properties necessary for its development to be of public utility. • Approval by SETENA: The National Environmental Technical Secretariat (SETENA) approved the environmental feasibility (viabilidad ambiental) of the project, which has a specific legal framework since Law 6758. • Decree 44448: This is the administrative process to obtain the environmental feasibility (viabilidad ambiental) of the project, in accordance with Law 6758 and the regulations in force. TAKING INTO CONSIDERATION ALL OF THE ABOVE, with those arguments SETENA gave the green light for the land-use change so that Decree 44448 could be issued, which authorizes the land-use change and the environmental feasibility (viabilidad ambiental) for the construction of the Papagayo Mega Project. So, where does the Political Constitution stand in its articles 11, 27, 28, 29, 30, 33, 39, 41, 46, 50, 121, subsection 4, in addition to Article 6, which states: Article 6 of the General Public Administration Act of Costa Rica establishes the hierarchical order of the sources of administrative law, establishing that the Political Constitution is at the apex, followed by international treaties and norms of the Central American Community, then the laws, the decrees of the Executive Branch that regulate laws, the other regulations of the Executive Branch, the statutes and regulations of decentralized entities, and finally the other subordinate norms, which must respect the principles and rules governing administrative acts. Detail of Article 6: The article details the hierarchy of norms as follows: 1. Political Constitution: It is the highest-ranking norm and the first source of the administrative legal system. 2. International Treaties and norms of the Central American Community: They have a hierarchy immediately below the Constitution. 3. Laws and acts with the force of law: They are above regulations. 4. Decrees of the Executive Branch that regulate laws and decrees of other Supreme Powers: These regulations must be subordinated to the laws they regulate. 5. Regulations of the Executive Branch, statutes and regulations of decentralized entities: They are located at a lower rank, but are subordinated to each other within their scope of validity. 6. Other subordinate norms: Any other norm that does not have a higher rank must be subordinated to the regulations. Implications of the article: • Normative subordination: No lower-ranking norm can contradict or modify a higher-ranking one. • Legal principles: Regulations, in general, must abide by the principles and rules that regulate administrative acts. • Legality control: This hierarchical order serves as the basis for the legality control of administrative acts, ensuring they conform to the regulations. In addition to article 11 of the General Public Administration Act, PRINCIPLE OF LEGALITY, Forest Law (Ley Forestal), Environmental Law, and other RELATED LAWS OF COSTA RICA. ANSWER: The Political Constitution prevails over Decree 44448 and the authorization of SETENA because the General Public Administration Act of Costa Rica establishes a hierarchical order of sources of law, placing the Constitution at the apex. If the decree or the action of SETENA contravenes constitutional principles such as legality (Art. 11), or citizens' rights (Arts. 27, 28, 29, 30, 33, 39, 41, 46, 50), these could be declared illegal or unconstitutional through a legality control, which validates that subordinate norms do not contradict superior ones. Hierarchy of Regulations • Political Constitution: It is the highest-ranking law, so no regulation can contradict it. • Laws: They have a rank lower than the Constitution but higher than decrees. • Decrees and regulations: They are administrative acts that must comply with the Constitution and the laws they regulate. • Implications for the Case 1. Principle of legality and reservation of law: The Constitution establishes that citizens' rights and the way to exercise them (such as public consultation in some cases) must be regulated by law (Arts. 27, 28, 29, 30, 33, 46). SETENA cannot disregard these principles, as its action is limited by the principle of legality (Art. 11) and normative subordination. 2. The Constitution as a limit: SETENA can only grant environmental feasibility (viabilidad ambiental) if the project complies with the legislation in force and is subject to the Constitution. Law 6758 and Decree 44448 must be interpreted and applied within the constitutional framework, without contradicting the principles of equity or the right to citizen participation. 3. Right to citizen participation: The Constitution, in its articles 27, 28, 29, 30, 33, 39, 41, and 46, establishes the mechanisms for citizen participation in matters of public interest. SETENA cannot simply ignore these rights nor the possible request for a public hearing, if the project has a scope that could affect the well-being of citizens. Thus, the text is a legal analysis that points out the obligation of SETENA to consider the rights of citizen participation enshrined in the Constitution and the importance of holding public hearings for projects that may affect public well-being. It is based on the idea that citizen participation is a pillar of the democratic system and that SETENA, as a public entity, cannot evade its responsibility to consult the citizenry, especially when there is a public interest at stake. Detailed Analysis: • Constitutional Framework: The mentioned constitutional articles (27, 28, 29, 30, 33, 39, 41, and 46) establish fundamental principles and rights that form the basis of participatory democracy. These rights include freedom of expression, freedom of assembly, the right to equality, and the right to participate in public affairs. • Obligation of SETENA: The National Environmental Technical Secretariat (SETENA) (or the equivalent entity to which the context refers) cannot simply ignore these rights. As a state entity, it has the obligation to promote, respect, and guarantee the human and constitutional rights of citizens. • Relevance of Public Hearings: If a project has the potential to affect the well-being of citizens, the possibility of a public hearing becomes an essential tool for participation. Public hearings allow citizens to learn relevant information, express their opinions, and contribute to the decision-making process. • Justification of the Analysis: The phrase argues that ignoring the right to citizen participation in a project that impacts public well-being would be a violation of constitutional principles. Therefore, SETENA must act in accordance with the Constitution and facilitate participation mechanisms, such as public hearings. In summary, the analysis underlines that: • The Constitution protects citizen participation. • SETENA is obligated by the Constitution to allow this participation. • Public hearings are an important participation mechanism that should not be ignored when there is a public interest. 4. Conclusion: Although SETENA has the power to grant environmental feasibility (viabilidad ambiental) and issue decrees, its competence is limited by the legal system. The Constitution is above any other regulation, including the decrees authorizing the construction of the Nombre169752 Mega Project."

15.- Henry Paul Wong Carranza and William Rodríguez López, in their capacity as executive director of the Executing Office of the Nombre169752 Tourism Development Pole and executive president of the Costa Rican Tourism Institute, respectively, testify under oath. They state: "OF A PRELIMINARY NATURE: HISTORICAL-LEGAL ASPECTS LINKED TO THE GULF OF Nombre169752 TOURIST PROJECT The coastal zones of our country have always been subject to legislative regulation, with very significant changes over time. Thus, through the Water Law (Ley de Aguas), No. 276 of August 27, 1942, the legislator determined that beaches and the maritime zone (Art. 3, subsection l) were national property, with the latter understood as 'the space of the coasts of the Republic that the sea bathes in its ebb and flow and the immediate lands up to a distance of one mile, that is, one thousand six hundred and seventy-two meters, counted from the line marking the high tide. This maritime zone also extends along the banks of rivers up to the point where they are navigable or the tides become noticeable, with a width of two hundred meters from each bank, counted from the line marking the high tide.' Subsequently, through the Land and Colonization Law (ITCO-INDER), Law 2825, of October 14, 1961, the aforementioned maritime mile was reduced to the currently known 200 meters, thus leaving the 'maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre)' as inalienable, public-domain lands: 'Article 7.- As long as the State, by its own will or by indication of the Ministry of Agriculture or the Institute of Lands and Colonization, attending to reasons of national convenience, does not determine the lands that must be maintained under its domain, the following shall be considered inalienable and not susceptible to acquisition by denouncement or possession, except those that were under private domain, with legitimate title: (...) b) Those included in a maritime-terrestrial zone of two hundred meters wide along the coasts of both seas, from the ordinary high tide line, as well as those included in a zone of fifty meters wide along both banks of navigable rivers;' Subsequently, with the Law for the Tourist Urbanization of the Maritime-Terrestrial Zone (Ley de Urbanización Turística de la Zona Marítimo Terrestre), Law 4558, of April 22, 1970, it practically released from public domain a significant part of the maritime-terrestrial zone, subtracting from it, with a public domain character, only the fifty-meter strip from the ordinary high tide line (Art. 6), today called the public zone. The other 150 contiguous meters were declared susceptible to acquisition by two means: the first by sale when there was a lease contract for more than 10 years, and the second by possession for more than 30 years in a quiet, peaceful, public manner and with title of owner, taking into account the time of the lease, if any (Transitory III). Thus, private properties reduced to private domain exist within the ZMT. However, this last transitory three remained in force for a short period (from April 22, 1970, to October 4, 1971), as it was repealed by Law 4847 of October 4, 1971, called 'Ref. Tourist Urbanization Law Maritime-Terrestrial Zone (Transitory III)2.' Regarding the regulatory antecedents, first, through Law No. 5847 of November 18, 1975, the Loan Agreement concluded between the Costa Rican Tourism Institute and the Central American Bank for Economic Integration was approved, with the purpose of financing the preparation of a technical-economic feasibility study and the preparation of a master plan for the Bahía de Culebra Tourist Project. Article 3 of the aforementioned law stipulated that the Project arising from the mentioned feasibility study would be carried out by the Costa Rican State, in accordance with the law that should be enacted for that purpose. From a factual point of view, the decision to establish the Tourism Development Pole in Bahía Culebra responds to regional technical studies promoted by the CABEI in the 1960s and 1970s, which identified this area as having high ecological, scenic, and cultural value, with potential for international tourism. This empirical basis served as a foundation for the Costa Rican legislator to adopt a series of measures aimed at facilitating the execution of the project under special conditions, including the declaration of public utility (Law No. 6370 of 1979), the creation of a differentiated state administration regime (Law No. 6758 of 1982), and the adoption of a Master Plan approved in ordinary session of the Board of Directors No. 4572, Article 2, subsection VIII, held on July 10, 1995. The exceptional legal regime of the Polo Turístico Golfo Papagayo project has as its pillar the express exclusion of municipal competence in matters of ZMT administration within the delimited area. While Article 3 of Law No. 6043 grants the municipalities the power to administer the restricted zone and grant concessions in the Maritime-Terrestrial Zone of the country, Article 74 establishes a specific exception for the then-called 'Bahía Culebra Project' (today known as Polo Turístico Golfo Papagayo), assigning that competence to the Costa Rican Tourism Institute (ICT). This exception has been ratified by various opinions of the Office of the Attorney General of the Republic (for example, C-171-93 and C-028-94), which reaffirm that the ICT holds exclusive competencies for the administration, control, and granting of concessions in the zone, without prejudice to residual municipal competencies, such as the issuance of construction permits; once the projects have been previously approved by the ICT. From the point of view of public law, this exceptional regime responds to the principle of reinforced legality in matters of public domain administration and is part of the logic of special regimes permitted by Article 121, subsection 14, of the Political Constitution. The law precisely regulates the competencies, limits, and conditions under which concessions are granted, imposing a more rigorous standard than that provided for other coastal areas of the country. Thus, for example, the ICT can grant concessions only through public tenders, after technical and legal analysis, and based on consistency with the Master Plan, which serves as a binding planning instrument. At the administrative level, the regime of exception has an Executing Office of the Project attached to the ICT, which, with maximum functional deconcentration, allows for more effective technical-operational management. The Board of Directors, composed of representatives from the public and private sectors, has competencies for direction, oversight, and recommendation, representing a mixed governance model uncommon in Costa Rican public administration. This reinforces the planned and controlled nature of the tourist development, aligned with the principle of administrative efficiency and the general interest that the project pursues. From an environmental and territorial perspective, the project also has regulatory restrictions that limit housing density, building height, light intensity, the location of electrical infrastructure, and prohibits polluting practices such as the use of septic tanks. These limitations, we reiterate, do not exist in the rest of the tourist projects carried out in the other coastal areas of the country and which, respond to the need to protect the natural and scenic resources of the area, consistent with the principles of environmental law enshrined in Articles 50 and 89 of the Political Constitution. Likewise, Executive Decree No. 32051-MINAE of 2005 declares the development of research and environmental education projects in the area to be of priority interest, evidencing the sustainable development approach that inspires the regime. The declaration of national convenience of the project (Executive Decree No. 33132 of 2005) further reinforces its position within state public policies, considering it a priority for economic development, job creation, and the attraction of direct foreign investment. This declaration is based on the Forest Law (Ley Forestal) No. 7575, Article 3, which defines activities of national convenience as those whose social benefit exceeds the environmental cost, a condition that must be demonstrated through the corresponding technical instruments. The historical evolution of the Polo Turístico Golfo Nombre169752 (hereinafter PTGP), known in its genesis as 'Bahía Culebra,' began initially with Law No. 5847 of November 18, 1975, by which the Loan Agreement concluded between the Costa Rican Tourism Institute and the Central American Bank for Economic Integration was approved, with the purpose of financing the preparation of a technical-economic feasibility study and the preparation of a master plan for the Bahía de Culebra Tourist Project. Article 3 of the aforementioned law stipulated: 'ARTICLE 3.- The tourist development project of Bahía Culebra, which arises as a consequence of this feasibility study, will be carried out by the Costa Rican State, in accordance with the special law that the Legislative Assembly must issue for this purpose.' From the legislative records of Law Placa34112, the following text is extracted: 'Majority opinion: "This project aims to grant the ICT the faculties that by virtue of its Organic Law correspond to it regarding the direction, administration, and execution of tourism development projects that for the most part intend to be carried out in the maritime-terrestrial zones, insular territories regulated by this project."' (p. 61 administrative file) By March 2, 1977, with the enactment of Law 6043, Law on the Maritime-Terrestrial Zone (Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre), the legal regime of the maritime-terrestrial zone, as well as the islands, is definitively regulated to this day, and the Comprehensive Development Project of Bahía Culebra is declared as areas affected under the exclusive administration of the ICT. That is, it is through this Law 6043 that the Proyecto Turístico Golfo Papagayo is born, then called the 'Comprehensive Development Project of Bahía Culebra,' designating it as a 'special case.' 'Special cases Article 74.- As for the Comprehensive Development Project of Bahía Culebra, whose coastline is bounded to the north at the point of the Lambert Costa Rica Grid, latitude 2/94 and longitude 3/53, extending to the point of latitude 2/84 and longitude 3/50, i.e., from Punta Cabuyal to Punta Cacique, the affected areas shall be under the direct administration of the Costa Rican Tourism Institute. The regulations that will govern this development shall be formulated by the Executive Branch, after consultation with that Institute. All of the above without prejudice to the usufruct and fees corresponding to the respective municipalities in accordance with this law.' On December 16, 1977, by Executive Decree 7841-P, Regulation to Law 6043, the aforementioned Article 74 was regulated: 'Special Provisions Article 93.- In accordance with Article 74 of the Law, the maritime-terrestrial zone included in the Comprehensive Development Project of Bahía Culebra, from Punta Cabuyal to Punta Cacique, is under the direct administration of the ICT. Concessions in that area shall be granted by said institute; applications shall be submitted to it and processed in accordance with the procedure contemplated in this regulation, to the extent applicable. The ICT shall grant those concessions only when they conform to the Comprehensive Development Plan or do not interfere with it. Once a concession is granted, the Institute shall inform the respective municipality so that it may collect the corresponding fee. In all other respects, the provisions of the Law and the regulation shall govern for this zone, without prejudice to any special rules that may be enacted.' With Law 6370, Law Declaring the Proyecto Turístico Golfo Papagayo of Public Utility, of August 20, 1979, there was a redefinition of the limits that were established in 1977 in Law 6043, authorizing the ICT to acquire the real estate that in its judgment is necessary for the development of the tourist project: 'Article 1.- The real estate, whether complete properties, portions, rights, or legitimate patrimonial interests, which by virtue of their location are necessary to carry out and execute the tourist project in Bahía Culebra, in the jurisdiction of the province of Guanacaste, is declared of public utility. This project will be located based on the Lambert Costa Rica Grid, of the map sheet 3047.1 Carrillo Norte, Costa Rica 1:50,000 (prepared by the National Geographic Institute, IGN), and will be situated between the following coordinates: 2.94 North with 3.50 East and 2.94 North with 3.62 East, as the Northern limit; 2.85 North with 3.50 East and 2.85 North with 3.54 East and 2.84 North with 3.54 East, and 2.84 North with 3.62 East as the Southern limit; 2.94 North with 3.62 East and 2.84 North with 3.62 East, as the Eastern limit; and 2.94 North with 3.50 East and 2.85 North with 3.50 East, and 2.85 North with 3.54 East and 2.84 North with 3.54 East, as the Western limit. This territorial portion comprises the maritime zone of the Pacific coast, located from Punta Cabuya to the north, to one kilometer south of Punta Ballena. Article 2.- The Costa Rican Tourism Institute is authorized to acquire directly, dispensing with the bidding procedure, but with the approval of the Comptroller General of the Republic, the real estate within the zone described in Article 1 of this law, which in its judgment is necessary for the development of the project. Article 6.- Persons who, upon the entry into force of this law, can demonstrate that they are occupying real estate in the inalienable zone of Playa Panamá, shall be compensated according to the same criteria provided in the previous article. The occupation must have been exercised uninterruptedly for the last ten years, in a quiet and public manner; the interested parties may invoke for their benefit the occupation exercised by their transferors and predecessors. Proof of occupancy under the above conditions shall be made through information gathered by the Costa Rican Tourism Institute, which shall be responsible for approving or disapproving it, without prejudice to the right of appeal that the interested parties may file before one of the contentious-administrative courts, whose decision shall be final. Article 9.- Upon the lapse of eight years from the publication of this law, the administrative procedures relating to the acquisition by mutual consent of the real estate and rights referred to in Article 1 must be completed, and, as applicable, the corresponding expropriation decree published. In the absence of these legal acts, the properties and possessory rights shall automatically be released from the declaration of public utility, and their respective owners shall recover the absolute exercise of the attributes of ownership over those assets and rights. Article 10.- Once the lands indicated in this law have been acquired, they may only be used by the Costa Rican State for the tourist development project in Bahía Culebra, in accordance with the special law that the Legislative Assembly must issue for that purpose, in compliance with Article 3 of Law No. 5847 of November 18, 1975.' And finally, with Law No. 6758 of May 6, 1982, published in the Official Gazette La Gaceta 122 of June 25, 1982, the Regulatory Law for the Development and Execution of the PTGP, it was stipulated: 'Article 2.- In the area destined for the development of this project, only the works provided for in the Master Plan, approved by the Costa Rican Tourism Institute, and all those works consistent therewith shall be carried out, in accordance with the provisions of this law and with the technical standards that this Institute issues for this purpose.'

Article 12.-The Board of Directors of the Costa Rican Tourism Institute may grant concessions for the use of the project lands in the area designated for it, in accordance with the terms and conditions that the Institute establishes for this purpose, and in accordance with the provisions of Article 1073 of the Law of the Financial Administration of the Republic.” Following the enactment of the cited regulation, the ICT, in collaboration with the corresponding authorities, the Notary of the State, MOPT, the Comptroller General of the Republic, among others, carried out the expropriation procedures to incorporate private properties and provide compensation to some possessors, with the PTGP being comprised of the following areas (article 2, subsection i, second paragraph) of the Regulation to Law 6758, Regulatory Law for the Development and Execution of the PTGP: “(…) This territorial portion comprises those areas that have been acquired by the ICT for the development of the project, encompassing a fifty-meter inalienable public zone area, a one hundred and fifty-meter restricted zone area, and a continental zone, the latter being understood as the area located inland, beyond two hundred meters from the maritime terrestrial zone (Zona Marítimo Terrestre, ZMT) of the Pacific coast. The Proyecto Turístico Golfo Nombre169752 is located from Punta Cabuyal to the North, to one kilometer south of Punta Ballena, with the coordinates of Law 6370 prevailing, and also encompasses the area permanently covered by the sea located within said coordinates, intended for the construction, administration, and operation of marinas and tourist docks, within the Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, in accordance with the provisions of the Law on the Concession and Operation of Marinas and Tourist Docks, Law No. 7744 of December 19, 1997, and its amendments, published in the Official Gazette La Gaceta No. 26 of February 6, 1998.” It should be clarified that not all areas within the coordinates of Law 6370 are part of the sectors administered exclusively by the ICT, since not everything was expropriated. However, from the various expropriation files, it can be identified that most of the lots were indicated as “pasture” (potrero), “agriculture” (agricultura), “scrubland” (charral). By way of example, in the case of the expropriation of the area that is currently within what is now known as lot 1 (map G-52763-2023, 2168-Z-000) and lot 3 (map G-43129-2022, 2169-Z-000), both concession rights of ENJOY HOTELS & RESORTS S.A., the acquisition was made through expropriation from Mr. Francisco Vargas, based on map Placa34111-, with the nature “PASTURE LAND VARIETY REPASTOS” (TERRENO POTRERO VARIEDAD REPASTOS), thus registered today in the National Registry under registration number Placa34113 in the name of the ICT; note that, even the boundaries still refer to the “nautical mile.” On February 09, 2005, through Decree 33132-MP-T, “Declares of national convenience, the development and execution of the Proyecto Turístico Golfo de Papagayo,” it was ordered: “Article 1.-To declare of national convenience, the development and execution of the Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, under the administration of the Costa Rican Tourism Institute, located in the cantons of Liberia and Carrillo in the Province of Guanacaste. Article 2.-For the optimal development of this Project, all Government agencies, ministries, and public institutions are urged to provide all help and collaboration to it, within the framework of their material possibilities and the scope of their respective competencies.” Thus, the Polo Turístico Golfo de Nombre169752 constitutes a paradigmatic case in Costa Rican administrative law, consolidating itself as a national strategic project developed under an exceptional legal regime (régimen jurídico de excepción). This special figure, granted by the legal system, is justified not only for reasons of economic convenience but also for reasons of planning, sustainability, and state control. Its creation and execution are based on a series of legislative and administrative acts that, systematically, configure a differentiated normative framework from the common regime of the ZMT regulated by Law No. 6043. From the point of view of substantive legal analysis, the regime of the Proyecto Golfo Nombre169752 presents a reasoned and proportional exception within the Costa Rican constitutional framework, since it does not annul the common rules but rather modulates them for a specific case, ensuring greater state intervention, technical control, and environmental protection. It is an example of how a special regime can coexist with common law, provided it has legal backing, a legitimate purpose, and control mechanisms that guarantee subjection to the public interest. From the point of view of legal certainty, the project has a robust and systematized regulatory set, composed of laws, regulations, decrees, and administrative acts, which articulate a coherent legal structure for its development. This legal structure confers certainty to both the State and potential investors regarding the rights, duties, and conditions for participating in the project. At the same time, it guarantees the protection of the State's natural heritage and the principles of sustainability, planning, and legality.

REGARDING STANDING
There is no doubt that the analysis sought by the appellant does NOT meet the prerequisites required to consider it as the object of a proper amparo (constitutional protection) proceeding of a summary nature, and all the analysis requested in its appeal to be carried out undoubtedly distorts the nature of the amparo. Those cases that require an analysis of compliance with respect to what is stipulated in the regulations, as well as the demonstration and presentation of evidence to define the legality of the actions, are matters of ordinary legality that cannot be heard through an amparo appeal, as this would distort its summary nature. We will be analyzing this situation in another section.

REGARDING THE FACTUAL ELEMENTS POINTED OUT BY THE APPELLANT
The described facts are addressed and the described factual elements are analyzed. This amparo is directed against the alleged lack of safeguarding of fundamental rights—specifically the right to a healthy environment and to citizen participation—within the framework of the environmental viability (viabilidad ambiental) granted to the Proyecto Turístico Papagayo. It is intended to attribute direct responsibility to the ICT for alleged flaws in the environmental viability procedure carried out by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA). The ICT is not the competent authority to grant or control the environmental viability of projects; that competence corresponds, exclusively and preclusively, to SETENA, a deconcentrated body attached to MINAE, as established by the Organic Law of the Environment and its regulations. The actions of the ICT in relation to the Proyecto Nombre169752 are limited to the competencies established in Law No. 6758 (Law Regulating the Proyecto Turístico Golfo de Papagayo), particularly those of administration of tourist concessions and investment attraction, and not environmental assessment. At all times, the ICT has respected the current regulations, has cooperated with the competent environmental authorities, and has ensured that any act on its part is subordinated to the environmental resolutions and conditions issued by SETENA and other governing entities.

REFUTATION OF THE ARGUMENTS OF THE AMPARO
Lack of passive legitimation of the ICT regarding environmental viability: The act being questioned—granting of environmental viability—is issued by SETENA. Attempting to attribute its nullity to the ICT lacks support, since the ICT cannot modify or annul SETENA resolutions. Respect for the constitutional right to a healthy environment (art. 50 CP): This right is guaranteed through a normative system that attributes the technical assessment of environmental impacts to SETENA. Insofar as the ICT is concerned, we have respected this constitutional design, abiding by the binding environmental resolutions. Regarding citizen participation: The procedure for public consultation or hearing is the responsibility of SETENA to define in accordance with the Environmental Impact Assessment (Evaluación de Impacto Ambiental, EIA) regulations. The ICT does not substitute or limit said process; therefore, a violation of the right to citizen participation cannot be attributed to it. Presumption of legality of the administrative act: The environmental viability resolution enjoys a presumption of legality as long as it is not annulled through the corresponding channel (administrative nullity proceeding or contentious-administrative proceeding). The amparo cannot become a means to technically review administrative acts issued by the competent authority, as the jurisprudence of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) has reiterated. We have reiterated in the response to other appeals that the amparo does not substitute ordinary means of challenge (administrative appeals, contentious-administrative proceeding). In this case, the claimant has specific avenues to challenge SETENA's resolution, so the amparo is inadmissible. There is no action or omission by the ICT that violates, restricts, or threatens the fundamental rights of the protected party.

REGARDING THE DISTRIBUTION OF COMPETENCES IN ENVIRONMENTAL MATTERS AND THE TECHNICAL PERFORMANCE OF SETENA
The organic and regulatory regulations on environmental matters are clear in assigning to SETENA the exclusive competence to hear, evaluate, and qualify the environmental impacts of projects, works, or activities submitted to its knowledge. By virtue of the Organic Law of the Environment (Law No. 7554) and its regulations, it is the responsibility of SETENA to: 1- Define and qualify the significance of the environmental impacts that a project may generate. 2- Determine the applicable assessment instrument. 3- Issue the environmental viability resolution (VLA), which constitutes a technical administrative act, based on scientific and legal criteria that only said authority is empowered to weigh. On the contrary, the Costa Rican Tourism Institute (ICT), although it holds competencies within the framework of the Proyecto Turístico Golfo de Nombre169752 (Law No. 6758) relating to the administration, promotion, and regulation of tourist concessions within the special regime, does not have normative or regulatory competence to issue, review, modify, suspend, or annul environmental viability resolutions. This jurisdictional delimitation is not merely formal but responds to essential constitutional and administrative principles: 1- Principle of legality (art. 11 LGAP and art. 11 CP): Each body must act within the scope of competencies expressly conferred upon it by law. In environmental matters, the legislator ordered that the assessment of impacts and the decision on viability corresponds to SETENA, a body attached to MINAE and endowed with technical specialization. 2- Principle of technical specialty: Environmental impact control requires a specialized body that applies scientific, technical, and legal methodologies; that function is concentrated in SETENA, to the exclusion of other public entities that do not possess that competence. 3- Legal certainty: The presumption of legality of administrative acts implies that, as long as their nullity is not declared through the legally provided avenue (nullity proceeding in administrative venue or contentious-administrative proceeding), the resolutions of SETENA are binding on the entire Administration, including the ICT. Therefore, any claim of nullity or invalidity regarding the environmental viability of the Proyecto Nombre169752 must be directed and analyzed with respect to the actions of SETENA, never those of the ICT, given that the latter lacks decision-making powers in that field. The ICT, in its capacity as the respondent entity, reaffirms this distribution of competencies: 1- Recognizes and respects the technical authority of SETENA. 2- Strictly abides by the environmental viability resolutions that it issues, integrating its conditions into the acts of concession and tourist regulation. 3- Cooperates in verifying compliance with environmental obligations within the framework of its competencies, but does not substitute or interfere in the technical-administrative process of environmental assessment. Consequently, the correct delimitation of competencies constitutes a central element for evaluating passive legitimation in this constitutional proceeding: the ICT cannot be summoned for acts of SETENA, which are in themselves technically valid.

RESPONSE TO THE QUESTIONS RAISED IN RELATION TO THE ENVIRONMENTAL VIABILITY OF THE PROYECTO BAHÍA NOMBRE169752
Regarding the alleged omission of a public hearing
It is not correct to state that the absence of a public hearing constitutes per se a violation of fundamental rights or the principle of legality. In the case of the Proyecto Bahía Papagayo, what was approved was the procedure according to the instrument defined by SETENA. No interested party formally requested the hearing, nor was its mandatory nature verified according to the type of impact of the project at the corresponding stage. Therefore, SETENA could not impose a procedure not required by the regulations, as doing so would indeed have constituted an infraction of the principle of legality (art. 11 CP and art. 11 LGAP).

Regarding the alleged transgression of constitutional articles (11, 28, 29, 30, 39 and 50 CP)
1- Article 11 CP (legality): Far from being breached, SETENA acted strictly within the legal framework by applying the current environmental regulations. It could not demand requirements not foreseen.
2- Articles 28, 29 and 30 CP (citizen participation and access to information): Participation was guaranteed through existing legal mechanisms (forms, access to the file, right of petition). The public hearing is not the only recognized mechanism of participation.
3- Article 39 CP (due process): Administrative due process was not violated, since all stages foreseen in the procedure were fulfilled, with the possibility of challenge in administrative and jurisdictional venues.
4- Article 50 CP (right to a healthy environment): Precisely the existence of the EIA and the environmental viability resolution constitutes the realization of this right.

This jurisdictional delimitation is not merely formal but responds to essential constitutional and administrative principles: 1- Principle of legality (art. 11 LGAP and art. 11 CP): Each body must act within the scope of competencies expressly conferred upon it by law. In environmental matters, the legislator ordered that the assessment of impacts and the decision on viability corresponds to SETENA, a body attached to MINAE and endowed with technical specialization. 2- Principle of technical specialty: Environmental impact control requires a specialized body that applies scientific, technical, and legal methodologies; that function is concentrated in SETENA, to the exclusion of other public entities that do not possess that competence. 3- Legal certainty: The presumption of legality of administrative acts implies that, as long as their nullity is not declared through the legally provided avenue (nullity proceeding in administrative venue or contentious-administrative proceeding), the resolutions of SETENA are binding on the entire Administration, including the ICT. Therefore, any claim of nullity or invalidity regarding the environmental viability of the Proyecto Nombre169752 must be directed and analyzed with respect to the actions of SETENA, never those of the ICT, given that the latter lacks decision-making powers in that field. The ICT, in its capacity as the respondent entity, reaffirms this distribution of competencies: 1- Recognizes and respects the technical authority of SETENA. 2- Strictly abides by the environmental viability resolutions that it issues, integrating its conditions into the acts of concession and tourist regulation. 3- Cooperates in verifying compliance with environmental obligations within the framework of its competencies, but does not substitute or interfere in the technical-administrative process of environmental assessment. Consequently, the correct delimitation of competencies constitutes a central element for evaluating passive legitimation in this constitutional proceeding: the ICT cannot be summoned for acts of SETENA, which are in themselves technically valid.

RESPONSE TO THE QUESTIONS RAISED IN RELATION TO THE ENVIRONMENTAL VIABILITY OF THE PROYECTO BAHÍA NOMBRE169752
Regarding the alleged omission of a public hearing
It is not correct to state that the absence of a public hearing constitutes per se a violation of fundamental rights or the principle of legality. In the case of the Proyecto Bahía Papagayo, what was approved was the procedure according to the instrument defined by SETENA. No interested party formally requested the hearing, nor was its mandatory nature verified according to the type of impact of the project at the corresponding stage. Therefore, SETENA could not impose a procedure not required by the regulations, as doing so would indeed have constituted an infraction of the principle of legality (art. 11 CP and art. 11 LGAP).

Regarding the alleged transgression of constitutional articles (11, 28, 29, 30, 39 and 50 CP)
1- Article 11 CP (legality): Far from being breached, SETENA acted strictly within the legal framework by applying the current environmental regulations. It could not demand requirements not foreseen.
2- Articles 28, 29 and 30 CP (citizen participation and access to information): Participation was guaranteed through existing legal mechanisms (forms, access to the file, right of petition). The public hearing is not the only recognized mechanism of participation.
3- Article 39 CP (due process): Administrative due process was not violated, since all stages foreseen in the procedure were fulfilled, with the possibility of challenge in administrative and jurisdictional venues.
4- Article 50 CP (right to a healthy environment): Precisely the existence of the EIA and the environmental viability resolution constitutes the realization of this right.

Regarding the allegation of non-compliance with Law No. 6758 (Nombre169752)
The regulation to the Master Plan regulates occupancy rates and construction limits, but its supervision does not correspond to SETENA, but to the ICT in its capacity as administrator of the concession regime. SETENA's competence is limited to environmental impact, not to the urbanistic calculation of densities, so there is no defect attributable to SETENA in this regard.

Regarding the claim of “inaccurate mapping” and the alleged lack of protection of 70% of the area
The delimitation of polygons, official maps, and zoning corresponds to the governing body of the territorial regime (ICT and National Cadastre), not to SETENA. In the viability procedure, SETENA is limited to analyzing the official cartographic inputs that are submitted to it. Attempting to attribute a supposed mapping error to SETENA exceeds its legal competencies.

With respect to the appellant's claim that Executive Decree 44448 of January 17, 2024, is ambiguous “due to the lack of adequate mapping of the 1,658 hectares of the project, which prevents a correct application of the construction standards and leaves 70% of the areas of natural and heritage conservation unprotected,” the following must be clarified: The regulation to Law 6758 (Executive Decree 2439-MP-TUR, as amended by Executive Decree 44448 of January 17, 2024) is not a technical standard. The technical standard that establishes the construction and development parameters is the Regulation of the Master Plan, whose definition is found in article 2, subsection h) of the Regulation, which provides: “h) Master Plan: Tool for the control and regulation of land use, zoning, road systems, densities, floor area ratio (coeficiente de ocupación de superficie, COS), also known as ‘coverage’ (cobertura), as well as the bases for site design and general specifications for the development of the project and the planning of its urban development, according to the “General Master Plan Regulation of the Proyecto Turístico Golfo de Papagayo”, approved by the Board of Directors of the ICT, in Ordinary Session No. 4572, article 2, subsection VIII, held on July 10, 1995, and published in the Official Gazette La Gaceta No. 140 of July 24, 1995, and its amendments. The Master Plan is a guiding planning figure, in that it indicates the guiding principles, general guidelines, and master lines that are to guide and regulate urban or building planning and land use of the Proyecto Turístico Golfo Papagayo; all within the applicable legal limitations and whose nature, in addition to being technical, is of a normative and mandatory scope. (As amended by article 1 of Executive Decree No. 44448 of January 17, 2024)”

Regarding the consultation with municipalities and communities
The Regulation of Environmental Impact Assessment establishes that consultation with municipalities is not mandatory in all cases, but only in the situations determined by the instrument and the level of environmental impact. SETENA processed the file according to what the regulation required, and the principle of legality prevents it from imposing additional consultations outside the law.

Regarding the possibility of reversing environmental viability
The nullity of administrative acts can only be declared in accordance with the procedures of the General Law on Public Administration (arts. 173 et seq.), under specific grounds and with an individualized analysis of substantial defects. The mere generic allegation of constitutional or regulatory violation is not sufficient to annul a final administrative act. Furthermore, it has been reiterated that the amparo does not substitute contentious-administrative procedures for challenging acts of presumed validity.

In accordance with the foregoing:
1- SETENA's action in the case of the environmental viability of the Proyecto Bahía Nombre169752 was in accordance with the principle of legality and the current regulations.
2- There was no obligation to hold a public hearing.
3- The constitutional rights of participation and due process were guaranteed.
4- The questions regarding mapping and construction density correspond to other competent entities (ICT, Cadastre, municipalities), not to SETENA.
5- There are no grounds for nullity that would allow the environmental viability to be reversed, beyond what the legal system expressly establishes.

COMPETENCE OF THE CONSTITUTIONAL CHAMBER IN ENVIRONMENTAL MATTERS.
From what is observed, what the appellant requires is precisely that the Constitutional Chamber carry out a legality analysis of the conduct or administrative acts related to the Project in Papagayo; an analysis that exceeds its competencies. For a long time, this Chamber has set a clear jurisprudential line regarding the analysis of constitutionality, proper to its competencies, and the analysis of ordinary legality, the competence of administrative bodies and/or the contentious-administrative jurisdiction. It has pointed out, among others, that the determination of whether a conduct conforms to or violates the administrative legal system, even when it is linked to a healthy and ecologically balanced environment, falls within the purview of the ordinary jurisdiction and not the constitutional avenue. Likewise, it has defined that the control of constitutionality in those cases where a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment is alleged is carried out provided that the Administration has not intervened (even in situations where the affectation is evident, requiring that the appellant has previously approached the institution, as it maintains that it is not a reviewer of administrative conduct); otherwise—when there is intervention by the Administration—it must be addressed through the legality avenue, so that, with greater precision, the alleged non-compliances can be reviewed and inspected; also highlighting that the Constitutional Chamber is not a processing instance for environmental complaints, since administrative mechanisms exist for this which the appellant must necessarily exercise, being able only to resort to amparo in the absence of a response. This is because the amparo process has been conceived as a summary, simple, and fast one, and, therefore, the analysis of the Administration's conduct or its acts in contrast with the provisions of the regulations exceeds the scope of an amparo, as it requires an in-depth review proper to the ordinary legality avenue.

As a complement to what has been pointed out so far in relation to the competencies of the Constitutional Chamber in environmental matters, it is important to bring up the following rulings: Through its Judgment No. 08710 – 2024, of April 05, 2024, at 09:20, the Constitutional Chamber set forth the summary nature of the amparo appeal, highlighting its incompatibility with the analysis of evidence and compliance of projects or resolutions with special regulations (…) Its position is clear: any analysis that requires a regulatory and evidentiary review to determine the compliance of a project or act with technical and legal requirements, as well as the adequate granting of permits, exceeds its competencies, since it is the ordinary legality avenue that is responsible for carrying out the examination of legality and evidentiary review in order to determine the existence of such disagreements. (…) The position of the Chamber is clear and forceful: the review of administrative actions on an environmental matter, for its correct assessment, requires a full knowledge process, possible only in the ordinary jurisdiction, since the amparo process is incompatible with the review of technical or legal criteria prepared based on the applicable regulations. Therefore, the inspection or review of an administrative act linked to an environmental matter corresponds to the contentious-administrative jurisdiction; delegating it to the constitutional avenue distorts the summary procedure created at the constitutional level for this.

As an additional element for hearing amparo appeals in environmental matters, the Constitutional Chamber requires the demonstration of proven inertia by the Administration and, in addition, that a complaint has been filed through the administrative avenue, since it maintains that it is not within its competence to hear environmental complaints (…) It is, therefore, the competence of the Constitutional Chamber a clearly residual one, delimited to a series of elements that over the years this Chamber has developed and identified in a clear and forceful manner, not being possible, then, to seek through the amparo avenue that the Constitutional Chamber become a reviewer of environmental complaints, nor a reviewer of the legality of administrative acts aimed at granting permits, authorizations, and validations to different projects with environmental impact.

Given the circumstances, and in accordance with the precedents of the Constitutional Chamber regarding its competence in environmental matters, it is possible to conclude with total clarity:
1- The amparo appeal is eminently summary in nature. Its processing is incompatible with the handling of extensive or complex evidence.
2- The competence of the Constitutional Chamber is not circumscribed to determining the compliance of a project with technical and legal requirements, nor is it the analysis of an act to define whether it was granted adequately or not.
3- The requirement, through the amparo avenue, of a conduct or special provision for the protection of the right to the environment cannot be capricious or hypothetical; it must be linked to the verification of an imminent danger to that right. It is, therefore, necessary to prove the inertia of the Administration in the face of the requirements or demands of the administered parties.
4- Through the amparo avenue, the Chamber will hear those matters where a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment is alleged if the Administration has NOT intervened, even when the violation of that right is evident and manifest. Otherwise, when the Administration has intervened, its questioning and review is a matter for the legality avenue. The appellant must necessarily demonstrate that they have already filed the complaint through the administrative avenue, without having received a response.
5- The assessment of administrative actions in environmental matters that require a full procedure where technical or legal criteria, administrative acts, and their compliance with current legal and regulatory norms must be reviewed can only be carried out through a full knowledge process—administrative or contentious-administrative avenue—since it is not possible to transform the summary amparo procedure into an ordinary process of full knowledge, as this would distort the institute of amparo.

In the case under analysis, as we will demonstrate, the budgets mentioned above are NOT met, and, therefore, the amparo appeal must be rejected.
6- The object of the amparo appeal is far from being a matter of constitutionality and instead requires a legality analysis. Impossibility of the Constitutional Chamber to carry out an ordinary legality analysis through an amparo appeal such as the one filed by the Asociación Confraternidad Guanacasteca.

Despite the fact that this position of the Constitutional Chamber has been reiterated for a long time, that recently said Chamber had already rejected an amparo action filed for the same situation, and that there is a motion to nullify (incidente de nulidad) filed before SETENA questioning the environmental viability of the Project—based on the alleged prevalence of the Forest Law (Ley Forestal) over the special regulations, which has been given the corresponding processing and is pending resolution. They file the amparo action before us, in order to practically request that the Chamber carry out a legality analysis of the permits granted to the Project; a requirement that, according to the foregoing, does not meet the necessary preconditions to consider that we are dealing with a merely constitutional issue. CLAIM OF THIS REPRESENTATION For the aforementioned reasons, this representation considers that the amparo appeal filed must be denied in all its aspects."

16.- By a document incorporated into the digital case file on September 23, 2025, the petitioner states: "The statement asserts that the Costa Rican Tourism Institute (ICT), the National Biodiversity Institute (INBio), the National System of Conservation Areas (SINAC), the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), and Executive Decree 44448, by not guaranteeing public participation (participación ciudadana) in public hearings and consultation with the municipalities, transgress due process and the principle of legality enshrined in the Political Constitution of Costa Rica, violating Articles 27, 28, 29, 30, 39, 41, 46, 50, and 169 of the Constitution, as well as Article 6 and 11 of the General Law of Public Administration. It is argued that SETENA, as an entity with competence in environmental viability, must allow public participation (participación ciudadana) in public hearings, since this right is above any decree and that the construction of a mega-project without consultation with the municipalities and without due process is a constitutional violation. Violations of the Political Constitution • Public Participation (Participación Ciudadana): The Constitution protects the right of citizens to participate in public decision-making. SETENA has the obligation to guarantee this right through mechanisms such as public hearings, even for high-impact projects. • Due Process and Legality: The lack of consultation with the Municipalities and the exclusion of public participation (participación ciudadana), both in public hearings and in the continuous environmental participation processes (participación continua ambiental), are a breach of due process and the principle of legality. • Municipal Autonomy: Article 169 of the Constitution establishes that the administration of local interests lies with the Municipal Government, composed of popularly elected council members. Article 170 reinforces municipal autonomy. Violations of the General Law of Public Administration • Fundamental Principles: Articles 6 and 11 of the General Law of Public Administration establish the principles of legality and respect for citizens' rights. Executive Decree 44448, by not allowing public participation (participación ciudadana) and omitting consultation with the municipalities, directly contradicts these principles. CONCLUSION • SETENA is obliged to comply with the legal system, and the Constitution is above any decree. Therefore, it must facilitate public participation (participación ciudadana) mechanisms, such as public hearings, instead of ignoring them to build a mega-project. • The argument is that the violation of public participation (participación ciudadana) rights constitutes a transgression of constitutional principles and citizens' rights, so SETENA must act in accordance with the Constitution. Liberia, September 23, 2025 Justices of the Constitutional Chamber SABANA SUR-SAN JOSE (sic). Dear Justices: I, Nombre49424, ELDERLY ADULT, Nombre68642 (sic) CED38524, PROVIDE THE FOLLOWING TO THE AMPARO APPEAL 25 25228 007 CO: ICT States: The Costa Rican Tourism Institute (ICT) responds to notification RA 25 25228 007 CO, maintaining that the National Biodiversity Institute (INBio) is acting within its competencies regarding the Polo Turístico Golfo de Papagayo. INBio does not supervise occupancy rates (índices de ocupación) or construction limits; that is the task of INBio, while the competencies of the National System of Conservation Areas (SINAC) focus on environmental impact, not on urban zoning. Regarding the non-compliance with Law No. 6758 (Papagayo): • The regulation to the Master Plan, which regulates occupancy rates (índices de ocupación) and construction limits, is administered by ICT through the concessions regime; it is not ICT's competence to apply said rules. • INBio's competence is limited to the analysis of environmental impact, not to the calculation of densities or the supervision of urban planning rules, so there is no defect in its action. Regarding the "inaccurate mapping" and the alleged lack of protection of 70% of the area: • The delimitation of polygons, official maps, and zoning correspond to ICT and the National Cadastre, not to INBio. • In the environmental viability (viabilidad) procedure, INBio limits itself to analyzing the official cartographic inputs it receives from ICT. • Attributing a mapping error to INBio exceeds its legal competencies. Regarding the ambiguity of Executive Decree 44448: • The decree is not a technical standard; the technical standard is the Master Plan Regulation, whose definition includes land-use control, zoning, road systems, and densities. • The Master Plan is a directive planning instrument that establishes the guiding principles and general guidelines for the urban planning of the project. Regarding consultation with municipalities and communities: • The Environmental Impact Assessment Regulation (Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental) does not require consultation with municipalities in all cases, but only when the instrument and the level of environmental impact so determine. • INBio acted in accordance with what the regulations required and, by virtue of the principle of legality, cannot impose additional consultations that the law does not require. QUESTION So citizens must allow Articles 27, 28, 29, 30, 39, 41, 46, 50 of the Constitution, Article 6, 11 of the General Law of Public Administration, the Principle of Legality, Executive Decree 44448 to be transgressed, given that both are at the apex, above Law 6370, Law 6758, Executive Decree 44448, given that it does not allow Public Hearing (Audiencia Pública) participation, continuous environmental participation (participación continua ambientales), they did not request technical criteria from the Municipality of Carrillo and Liberia, failing to comply with due process. And so the position of the Constitutional Chamber does nothing about it, a mega-project is built. .The Constitution protects public participation (participación ciudadana). • SETENA is obliged by the Constitution to allow this participation. • Public hearings are an important participation mechanism that should not be ignored when there is a public interest. The phrase argues that ignoring the right to public participation (participación ciudadana) in a project that impacts public welfare would be a violation of constitutional principles. Therefore, SETENA must act in accordance with the Constitution and facilitate participation mechanisms, such as public hearings. Conclusion: Although SETENA has the power to grant environmental viability (viabilidad ambiental) and issue decrees, its competence is limited by the legal system. The Constitution is above any other regulation, including the decrees authorizing the construction of the Mega Proyecto Papagayo. RESPONSE: The provided text presents the position of the Costa Rican Tourism Institute (ICT) regarding the competencies of INBio and SETENA in the Polo Turístico Golfo de Papagayo, arguing that INBio is acting within its legal framework in analyzing environmental impact and receiving official cartographic inputs, and that the supervision of occupancy rates (índices de ocupación) and construction limits is the competence of ICT. Furthermore, it is emphasized that Law 6758 and its regulations assign to ICT the administration of occupancy rates (índices de ocupación) and construction limits, while the Environmental Impact Assessment Regulation (Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental) does not always require consultations with municipalities, but ICT's general argument does not deny the need to protect public participation (participación ciudadana) and comply with the legal system, but rather defends the specific actions of the entities involved. Key points on institutional competencies: • INBio: Its competence is limited to the analysis of environmental impact and the receipt of official cartographic inputs from ICT for the project's viability (viabilidad); it is not responsible for supervising occupancy rates (índices de ocupación) or urban zoning. • ICT: Administers the regulation to the Master Plan, which regulates occupancy rates (índices de ocupación) and construction limits, ICT not being in charge of applying the rules, but of administering them through the concessions regime. • SINAC: Focuses on environmental impact, not on urban zoning. • National Cadastre: Is responsible for the delimitation of polygons, official maps, and zoning, tasks that do not correspond to INBio. Regarding Law No. 6758 and Executive Decree 44448: • Law 6758 governs the Polo Turístico Golfo de Papagayo. • The Regulation to the Master Plan, which regulates occupancy rates (índices de ocupación) and construction limits, is administered by ICT. • Executive Decree 44448 is not a technical standard; the technical standard is the Master Plan Regulation. Regarding public participation (participación ciudadana) and consultation: • The Environmental Impact Assessment Regulation (Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental) does not require consultation with municipalities in all cases, only when the instrument and the level of environmental impact so require. • It is maintained that the entities (such as INBio) act in accordance with the regulations and the principle of legality, without it being possible to impose additional consultations on them that the law does not require. Regarding the Constitution and due process: • The text of the Costa Rican Tourism Institute argues that none of its actions or those of INBio is a violation of Articles 27, 28, 29, 30, 39, 41, 46, 50 of the Constitution or Articles 6 and 11 of the General Law of Public Administration. • Public participation (participación ciudadana) is a fundamental principle that must be considered in decision-making on projects of public impact. QUESTION: So, the ICT, INBIO, SINAC, SETENA, DECREE 44448, in their view, do not defend the rights of citizens to participate in a public hearing (audiencia publica) (sic), continuous environmental participation (participación continua ambientales), consultation with the Municipalities, transgressing due process, the principle of legality, among other constitutional articles, Articles 27, 28, 29, 30, 39, 41, 46, 50, 169 of the Constitution. Article 169 of the Political Constitution of Costa Rica establishes that the administration of the local interests and services of each canton lies with the Municipal Government. This municipal government is composed of a deliberative body, formed by popularly elected council members, and an executive official designated by law. Key details of Article 169: • Local Administration: The main function of the municipal government is the management of local interests and services within each canton. • Composition of the Municipal Government: • Deliberative Body: Made up of council members elected by popular vote. • Executive Official: An official whose designation is the responsibility of the law. Article 170 of the Political Constitution of Costa Rica establishes the autonomy of municipal corporations and sets an allocation of no less than 10% of the ordinary revenues of the Republic in the Ordinary Budget of the Nation. The law determines the competencies that are transferred from public powers to the municipalities and the way in which said resources will be distributed, which are progressively assigned until reaching 10%. Additionally, Article 6, 11 of the General Law of Public Administration, Principle of Legality, Executive Decree 44448, given that both are at the apex, above Law 6370, Law 6758, Executive Decree 44448, given that it does not allow Public Hearing (Audiencia Publica) (sic) participation, continuous environmental participation (participación continua ambientales), they did not request technical criteria from the Municipality of Carrillo and Liberia, failing to comply with due process. And so the position of the Constitutional Chamber does nothing about it, a mega-project is built. .The Constitution protects public participation (participación ciudadana). • SETENA is obliged by the Constitution to allow this participation. • Public hearings are an important participation mechanism that should not be ignored when there is a public interest. The phrase argues that ignoring the right to public participation (participación ciudadana) in a project that impacts public welfare would be a violation of constitutional principles. Therefore, SETENA must act in accordance with the Constitution and facilitate participation mechanisms, such as public hearings. Conclusion: Although SETENA has the power to grant environmental viability (viabilidad ambiental) and issue decrees, its competence is limited by the legal system. The Constitution is above any other regulation, including the decrees authorizing the construction of the Mega Proyecto Papagayo. RESPONSE: The statement asserts that the Costa Rican Tourism Institute (ICT), the National Biodiversity Institute (INBio), the National System of Conservation Areas (SINAC), the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), and Executive Decree 44448, by not guaranteeing public participation (participación ciudadana) in public hearings and consultation with the municipalities, transgress due process and the principle of legality enshrined in the Political Constitution of Costa Rica, violating Articles 27, 28, 29, 30, 39, 41, 46, 50, and 169 of the Constitution, as well as Article 6 and 11 of the General Law of Public Administration. It is argued that SETENA, as an entity with competence in environmental viability (viabilidad ambiental), must allow public participation (participación ciudadana) in public hearings, since this right is above any decree and that the construction of a mega-project without consultation with the municipalities and without due process is a constitutional violation. Violations of the Political Constitution • Public Participation (Participación Ciudadana): The Constitution protects the right of citizens to participate in public decision-making. SETENA has the obligation to guarantee this right through mechanisms such as public hearings, even for high-impact projects. • Due Process and Legality: The lack of consultation with the Municipalities and the exclusion of public participation (participación ciudadana), both in public hearings and in the continuous environmental participation processes (participación continua ambiental), are a breach of due process and the principle of legality. • Municipal Autonomy: Article 169 of the Constitution establishes that the administration of local interests lies with the Municipal Government, composed of popularly elected council members. Article 170 reinforces municipal autonomy. Violations of the General Law of Public Administration • Fundamental Principles: Articles 6 and 11 of the General Law of Public Administration establish the principles of legality and respect for citizens' rights. Executive Decree 44448, by not allowing public participation (participación ciudadana) and omitting consultation with the municipalities, directly contradicts these principles. CONCLUSION • SETENA is obliged to comply with the legal system, and the Constitution is above any decree. Therefore, it must facilitate public participation (participación ciudadana) mechanisms, such as public hearings, instead of ignoring them to build a mega-project. • The argument is that the violation of public participation (participación ciudadana) rights constitutes a transgression of constitutional principles and citizens' rights, so SETENA must act in accordance with the Constitution."

17.- By a document incorporated into the digital case file on September 23, 2025, the petitioner states: "Lease (sic) correctly AT 06 HOURS AND 26 MINUTES ON SEPTEMBER 23, 2025, THE FOLLOWING IS PROVIDED TO THE AMPARO APPEAL 25 25228 007 CO The statement asserts that the Costa Rican Tourism Institute (ICT), the National Biodiversity Institute (INBio), the National System of Conservation Areas (SINAC), the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), and Executive Decree 44448, by not guaranteeing public participation (participación ciudadana) in public hearings and consultation with the municipalities, transgress due process and the principle of legality enshrined in the Political Constitution of Costa Rica, violating Articles 27, 28, 29, 30, 39, 41, 46, 50, and 169 of the Constitution, as well as Article 6 and 11 of the General Law of Public Administration. It is argued that SETENA, as an entity with competence in environmental viability (viabilidad ambiental), must allow public participation (participación ciudadana) in public hearings, since this right is above any decree and that the construction of a mega-project without consultation with the municipalities and without due process is a constitutional violation. Violations of the Political Constitution • Public Participation (Participación Ciudadana): The Constitution protects the right of citizens to participate in public decision-making. SETENA has the obligation to guarantee this right through mechanisms such as public hearings, even for high-impact projects. • Due Process and Legality: The lack of consultation with the Municipalities and the exclusion of public participation (participación ciudadana), both in public hearings and in the continuous environmental participation processes (participación continua ambiental), are a breach of due process and the principle of legality. • Municipal Autonomy: Article 169 of the Constitution establishes that the administration of local interests lies with the Municipal Government, composed of popularly elected council members. Article 170 reinforces municipal autonomy. Violations of the General Law of Public Administration • Fundamental Principles: Articles 6 and 11 of the General Law of Public Administration establish the principles of legality and respect for citizens' rights. Executive Decree 44448, by not allowing public participation (participación ciudadana) and omitting consultation with the municipalities, directly contradicts these principles. CONCLUSION • SETENA is obliged to comply with the legal system, and the Constitution is above any decree. Therefore, it must facilitate public participation (participación ciudadana) mechanisms, such as public hearings, instead of ignoring them to build a mega-project. • The argument is that the violation of public participation (participación ciudadana) rights constitutes a transgression of constitutional principles and citizens' rights, so SETENA must act in accordance with the Constitution. Liberia, September 23, 2025 Justices of the Constitutional Chamber SABANA SUR-SAN JOSE (sic). Dear Justices: I, Nombre49424 (sic), ELDERLY ADULT, Nombre68642 (sic) CED38524, PROVIDE THE FOLLOWING TO THE AMPARO APPEAL 25 25228 007 CO: ICT States: "…Regarding the claim of non-compliance with Law No. 6758 (Papagayo) The regulation to the Master Plan regulates occupancy rates (índices de ocupación) and construction limits, but its supervision does not correspond to SETENA, but to ICT in its capacity as administrator of the concessions regime. SETENA's competence is limited to environmental impact, not to the urban calculation of densities, so there is no defect attributable to SETENA in this aspect. Regarding the allegation of "inaccurate mapping" and the alleged lack of protection of 70% of the area The delimitation of polygons, official maps, and zoning corresponds to the governing body of the territorial regime (ICT and National Cadastre), not to SETENA. In the environmental viability (viabilidad) procedure, SETENA limits itself to analyzing the official cartographic inputs that are sent to it. Attempting to attribute a supposed mapping error to SETENA exceeds its legal competencies. With respect to the petitioner's claim that Executive Decree 44448 of January 17, 2024, is ambiguous "due to the lack of adequate mapping of the 1658 hectares of the project, which prevents a correct application of the construction standards and leaves 70% of the natural and heritage conservation areas unprotected," the following must be clarified: The regulation to Law 6758 (Executive Decree 2439-MP-TUR, as amended by Executive Decree 44448 of January 17, 2024); is not a technical standard. The technical standard that establishes the construction and development parameters is the Master Plan Regulation (Reglamento del Plan Maestro), whose definition is found in Article 2, subsection h) of the Regulation, which provides: "h) Master Plan: Tool for the control and regulation of land use, zoning, road systems, densities, floor area ratio (coeficiente de ocupación de superficie) (COS), also known as 'coverage,' as well as the bases for site design and general specifications for the development of the project and the planning of its urban development, according to the 'General Master Plan Regulation of the Proyecto Turístico Golfo de Papagayo,' approved by the Board of Directors of ICT, in Ordinary Session No. 4572, Article 2, subsection VIII, held on July 10, 1995, and published in the Official Gazette La Gaceta No. 140 of July 24, 1995, and its amendments. The Master Plan is a directive planning instrument, insofar as it points out the guiding principles, the general guidelines, and the master lines that must guide and regulate the urban planning or building planning and land use of the Proyecto Turistico (sic) Golfo Papagayo: all within the applicable legal limitations and whose nature, in addition to being technical, has a normative and mandatory scope. (As amended by Article 1 of Executive Decree No. 44448 of January 17, 2024)." REGARDING CONSULTATION WITH MUNICIPALITIES AND COMMUNITIES The Environmental Impact Assessment Regulation (Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental) establishes that consultation with municipalities is not mandatory in all cases, but in the cases determined by the instrument and the level of environmental impact. SETENA processed the case file according to what the regulations required, and the principle of legality prevents it from imposing additional consultations outside the law…" (Sic). RESPONSE: The Costa Rican Tourism Institute (ICT) responds to notification RA 25 25228 007 CO, maintaining that the National Biodiversity Institute (INBio) is acting within its competencies regarding the Polo Turístico Golfo de Papagayo. INBio does not supervise occupancy rates (índices de ocupación) or construction limits; that is the task of INBio, while the competencies of the National System of Conservation Areas (SINAC) focus on environmental impact, not on urban zoning. Regarding the non-compliance with Law No. 6758 (Papagayo): • The regulation to the Master Plan, which regulates occupancy rates (índices de ocupación) and construction limits, is administered by ICT through the concessions regime; it is not ICT's competence to apply said rules. • INBio's competence is limited to the analysis of environmental impact, not to the calculation of densities or the supervision of urban planning rules, so there is no defect in its action. Regarding the "inaccurate mapping" and the alleged lack of protection of 70% of the area: • The delimitation of polygons, official maps, and zoning correspond to ICT and the National Cadastre, not to INBio. • In the environmental viability (viabilidad) procedure, INBio limits itself to analyzing the official cartographic inputs it receives from ICT. • Attributing a mapping error to INBio exceeds its legal competencies. Regarding the ambiguity of Executive Decree 44448: • The decree is not a technical standard; the technical standard is the Master Plan Regulation, whose definition includes land-use control, zoning, road systems, and densities. • The Master Plan is a directive planning instrument that establishes the guiding principles and general guidelines for the urban planning of the project. Regarding consultation with municipalities and communities: • The Environmental Impact Assessment Regulation (Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental) does not require consultation with municipalities in all cases, but only when the instrument and the level of environmental impact so determine. • INBio acted in accordance with what the regulations required and, by virtue of the principle of legality, cannot impose additional consultations that the law does not require. QUESTION So citizens must allow Articles 27, 28, 29, 30, 39, 41, 46, 50 of the Constitution, Article 6, 11 of the General Law of Public Administration, the Principle of Legality, Executive Decree 44448 to be transgressed, given that both are at the apex, above Law 6370, Law 6758, Executive Decree 44448, given that it does not allow Public Hearing (Audiencia Publica) (sic) participation, continuous environmental participation (participación continua ambientales), they did not request technical criteria from the Municipality of Carrillo and Liberia, failing to comply with due process. And so the position of the Constitutional Chamber does nothing about it, a mega-project is built. .The Constitution protects public participation (participación ciudadana). • SETENA is obliged by the Constitution to allow this participation. • Public hearings are an important participation mechanism that should not be ignored when there is a public interest. The phrase argues that ignoring the right to public participation (participación ciudadana) in a project that impacts public welfare would be a violation of constitutional principles. Therefore, SETENA must act in accordance with the Constitution and facilitate participation mechanisms, such as public hearings. Conclusion: Although SETENA has the power to grant environmental viability (viabilidad ambiental) and issue decrees, its competence is limited by the legal system. The Constitution is above any other regulation, including the decrees authorizing the construction of the Mega Proyecto Papagayo. RESPONSE: The provided text presents the position of the Costa Rican Tourism Institute (ICT) regarding the competencies of INBio and SETENA in the Polo Turístico Golfo de Papagayo, arguing that INBio is acting within its legal framework in analyzing environmental impact and receiving official cartographic inputs, and that the supervision of occupancy rates (índices de ocupación) and construction limits is the competence of ICT. Furthermore, it is emphasized that Law 6758 and its regulations assign to ICT the administration of occupancy rates (índices de ocupación) and construction limits, while the Environmental Impact Assessment Regulation (Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental) does not always require consultations with municipalities, but ICT's general argument does not deny the need to protect public participation (participación ciudadana) and comply with the legal system, but rather defends the specific actions of the entities involved. Key points on institutional competencies: • INBio: Its competence is limited to the analysis of environmental impact and the receipt of official cartographic inputs from ICT for the project's viability (viabilidad); it is not responsible for supervising occupancy rates (índices de ocupación) or urban zoning. • ICT: Administers the regulation to the Master Plan, which regulates occupancy rates (índices de ocupación) and construction limits, ICT not being in charge of applying the rules, but of administering them through the concessions regime. • SINAC: Focuses on environmental impact, not on urban zoning. • National Cadastre: Is responsible for the delimitation of polygons, official maps, and zoning, tasks that do not correspond to INBio. Regarding Law No. 6758 and Executive Decree 44448: • Law 6758 governs the Polo Turístico Golfo de Papagayo. • The Regulation to the Master Plan, which regulates occupancy rates (índices de ocupación) and construction limits, is administered by ICT. • Executive Decree 44448 is not a technical standard; the technical standard is the Master Plan Regulation. Regarding public participation (participación ciudadana) and consultation: • The Environmental Impact Assessment Regulation (Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental) does not require consultation with municipalities in all cases, only when the instrument and the level of environmental impact so require. • It is maintained that the entities (such as INBio) act in accordance with the regulations and the principle of legality, without it being possible to impose additional consultations on them that the law does not require. Regarding the Constitution and due process: • The text of the Costa Rican Tourism Institute argues that none of its actions or those of INBio is a violation of Articles 27, 28, 29, 30, 39, 41, 46, 50 of the Constitution or Articles 6 and 11 of the General Law of Public Administration. • Public participation (participación ciudadana) is a fundamental principle that must be considered in decision-making on projects of public impact. QUESTION: So, the ICT, INBIO, SINAC, SETENA, DECREE 44448, in their view, do not defend the rights of citizens to participate in a public hearing (audiencia publica) (sic), continuous environmental participation (participación continua ambientales), consultation with the Municipalities, transgressing due process, the principle of legality, among other constitutional articles, Articles 27, 28, 29, 30, 39, 41, 46, 50, 169 of the Constitution. Article 169 of the Political Constitution of Costa Rica establishes that the administration of the local interests and services of each canton lies with the Municipal Government. This municipal government is composed of a deliberative body, formed by popularly elected council members, and an executive official designated by law.

Key details of Article 169: • Local Administration: The principal function of the municipal government is the management of local interests and services within each canton. • Composition of the Municipal Government: • Deliberative Body: Made up of council members (regidores) elected by popular vote. • Executive Official: An official whose designation is the responsibility of the law., Article 170 of the Political Constitution of Costa Rica establishes the autonomy of the municipal corporations and sets an allocation of no less than 10% of the ordinary revenues of the Republic in the Ordinary Budget of the Nation. The law determines the powers transferred from the public authorities to the municipalities and the manner in which said resources will be distributed, which are allocated progressively until reaching 10%. Furthermore, Article 6, 11 of the General Law of Public Administration, Principle of Legality, decree 44448, given that both are at the apex, over Law 6370, 6758, decree 44448, given that it does not permit participation in Public Hearing (sic), continuous environmental participation, they did not request technical criteria from the Municipality of Carrillo and Liberia, failing to comply with due process. And so the position of the Constitutional Chamber does nothing about it, a mega project is built. .The Constitution protects citizen participation.• SETENA is obligated by the Constitution to permit this participation. • Public hearings are an important mechanism of participation that must not be ignored when there is a public interest. The phrase argues that ignoring the right to citizen participation in a project that impacts public well-being would be a violation of constitutional principles. Therefore, SETENA must act in accordance with the Constitution and facilitate participation mechanisms, such as public hearings. Conclusion: Although SETENA has the authority to grant environmental viability (viabilidad ambiental) and issue decrees, its competence is limited by the legal order. The Constitution is above any other regulation, including decrees authorizing the construction of the Papagayo Mega Project. RESPONSE: The affirmation maintains that the Costa Rican Tourism Institute (ICT), the National Biodiversity Institute (INBio), the National System of Conservation Areas (SINAC), the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), and Decreto Ejecutivo 44448, by failing to guarantee citizen participation in public hearings and consultation with the municipalities, transgress due process and the principle of legality enshrined in the Political Constitution of Costa Rica, violating Articles 27, 28, 29, 30, 39, 41, 46, 50, and 169 of the Constitution, as well as Article 6 and 11 of the General Law of Public Administration. It is argued that SETENA, as an entity with competence in environmental viability (viabilidad ambiental), must permit citizen participation in public hearings, since this right is above any decree and that the construction of a mega project without consultation with the municipalities and without due process is a constitutional violation. Violations of the Political Constitution • Citizen Participation: The Constitution protects the right of citizens to participate in public decision-making. SETENA has the obligation to guarantee this right through mechanisms such as public hearings, even for high-impact projects. • Due Process and Legality: The lack of consultation with the Municipalities and the exclusion of citizen participation, both in public hearings and in continuous environmental participation processes, constitute a breach of due process and the principle of legality. • Municipal Autonomy: Article 169 of the Constitution establishes that the administration of local interests rests with the Municipal Government, composed of popularly elected council members (regidores). Article 170 reinforces municipal autonomy. Violations of the General Law of Public Administration • Fundamental Principles: Articles 6 and 11 of the General Law of Public Administration establish the principles of legality and respect for the rights of citizens. Decree 44448, by not permitting citizen participation and omitting consultation with the municipalities, directly contradicts these principles. CONCLUSION • SETENA is obligated to comply with the legal order, and the Constitution is above any decree. Therefore, it must facilitate citizen participation mechanisms, such as public hearings, instead of ignoring them to build a mega project. • The argument is that the violation of citizen participation rights constitutes a transgression of constitutional principles and the rights of citizens, and therefore SETENA must act in accordance with the Constitution.”

18.- By brief added to the digital case file on September 23, 2025, the petitioner states: "AT 10 HOURS AND 05 MINUTES ON SEPTEMBER 23, 2025, THE FOLLOWING IS ADDED TO AMPARO PETITION 25 25228 007 CO Where do the citizens, the Constitution, and the General Law of Public Administration remain: According to the text, these principles and rights remain violated because the analysis of the mega project Nombre169752 focuses on tourism development without due process. • Citizens: They are affected because the project approval procedure omits consideration of their interests and rights, there is no adequate consultation or participation, and the impact on their environment is ignored. • Political Constitution and General Law of Public Administration: The administration would have violated the normative hierarchy by using a regulation instead of a law, and the principle of legality by not acting within its powers granted by law. The principles of due process are breached, by not carrying out the adequate viability and impact assessments, thus affecting the public and diffuse interests of the citizens and municipalities. Liberia, September 23, 2025 Justices Constitutional Chamber SABANA SUR-SAN JOSE (sic). Esteemed Justices: I, Nombre49424   (sic), OLDER ADULT, Nombre68642 (sic) CED38524, ADD TO AMPARO PETITION 25 25228 007 CO, the following: POSITION (sic) OF THE ICT IN THE CASE OF MEGA PROJECT Nombre169752 REGARDING CONSULTATION WITH MUNICIPALITIES AND COMMUNITIES The Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental establishes that consultation with municipalities is not mandatory in all cases, but rather in the cases determined by the instrument and the level of environmental impact. SETENA processed the case file according to what the regulation required, and the principle of legality prevents it from imposing additional consultations outside the law. (Sic).QUESTION; Substantive analysis given that it is a regulation and not a law, violating Articles 21, 27, 28, 28, 29, 30, 33, 39, 46, 50, 169, 170. As well as Articles 6, 11 of the General Law of Public Administration, constitutional principles of DUE PROCESS, LEGALITY. IT SEEMS THERE IS NO ANALYSIS (sic) OF THE CATEGORY (sic) OF THE MEGA PROJECT TO BE DEVELOPED AND THE SOCIAL IMPACT ON THE AREA, ON PLAYA PANAMA (sic) AND BAHIA CULERA. FAILING TO TAKE INTO ACCOUNT THE PROPORTIONALITY AND REASONABLENESS (sic) OF THE CONSTRUCTION (sic) OF MEGA PROJECT Nombre169752 AFFECTING THE PUBLIC INTEREST (sic) AND DIFFUSE INTERESTS OF THE CITIZENS AND THE MUNICIPALITY OF CARRILLO AND LIBERIA. The argument raises a presumed violation of the principles of legality and due process, as well as the normative hierarchy, by considering that a regulation cannot affect rights and that an adequate viability and impact assessment of a mega project was not carried out, affecting the public interest and diffuse interests in Playa Panama (sic) and Bahía Culera. Analysis of the Substantive Issue • Normative Hierarchy: It is alleged that a regulation violates a constitutional principle by imposing itself over a law and affecting rights. The Constitution and the General Law of Public Administration establish a hierarchy where the Constitution is at the apex, followed by laws, and then regulations that must regulate the law, not create rights or obligations. • Legality: The public administration can only act when a law grants it powers, which implies that its acts must be supported by pre-existing legal norms. If a regulation creates new obligations or rights, or limits existing rights without legal or statutory backing, it would be violating this principle. • Due Process: This principle guarantees that all phases and procedures established in the law must be followed for an administrative resolution to be valid. If the development process of the mega project did not include an adequate analysis of its impact and viability, due process would have been violated. Implications in the Case • Mega project and Regulation: The heart of the matter is the apparent creation of new norms through a regulation that would affect the public interest and the rights of citizens without the adequate legal authorization or a law supporting it. • Viability and Impact Assessment: The absence of an analysis on the categorization and social impact of the project in the zone of Playa Panamá and Bahía Culera, as well as the lack of proportionality and reasonableness (proporcionalidad y razonabilidad), constitute serious questions about the legality and legitimacy of the project. • Public Interest and Diffuse Interests: The affectation of these interests, which belong to all citizens, and the specific interests of the municipalities of Carrillo and Liberia, is the central point of the possible unconstitutionality. In summary: It is argued that a regulation that governs the mega project is invalid for lacking the legal foundation, and for not having considered the viability or impacts of the project, which would affect the community and the legal order. RESPONSE: The ICT does not have a public or documented position directly in the substantive analysis presented for the Papagayo mega project, since the text focuses on the presumed illegality of the administrative process according to the Political Constitution of Costa Rica and the General Law of Public Administration, and not on the position of the tourism institution on the project. The main discussion addresses the normative hierarchy, the principle of legality, and due process, where a violation is alleged for not having carried out an adequate analysis of the impact and viability of the project. Analysis of the case according to the text: 1. Normative Hierarchy: It is argued that the regulation used for the project could be violating the normative hierarchy since regulations must regulate laws and not create new obligations or rights that the law does not contemplate, such as the omission of mandatory consultations with the municipalities or communities. 2. Principle of Legality: It is questioned that the public administration (SETENA) acted outside the law by not requiring additional consultations. The administration only has powers granted by law, and if the regulation does not enable these consultations, its action would be illegal, especially if it affects public rights or interests. 3. Due Process: It is considered that there was no adequate analysis of the viability, impact, and categorization of the project, nor of the proportionality and reasonableness of the construction. This would violate the principle of due process, which guarantees that administrative procedures must comply with the phases and legal requirements to be valid. 4. Impact on the Public Interest: It is alleged that the project, by not having considered viability and impacts, affects the public interest and the diffuse interests of the citizens in Playa Panamá and Bahía Culera, as well as the involved municipalities. The position that an ICT or a similar entity could take: In such a case, the ICT, as an entity promoting tourism and sustainability, could adopt a stance based on: • Technical analysis: Scientifically evaluating the environmental and social effects of the project to determine if it aligns with the country's tourism and sustainability policies. • Participation and consultation: Ensuring the participation of local communities and municipalities in decision-making to protect their cultural and natural heritage. • Sustainability: Promoting tourism development that is compatible with environmental conservation and the well-being of local communities. In summary: The discussion centers on whether the regulation used for the evaluation of mega project Nombre169752 was applied correctly and whether the procedure for its approval respected constitutional and legal principles. The ICT, in this context, would be concerned about the legal validity of the project and, more importantly, about its repercussions on the sustainability of tourism in the area. QUESTION: So what is the substantive analysis given that it is a regulation and not a law, violating Articles 21, 27, 28, 28, 29, 30, 33, 39, 46, 50, 169, 170. As well as Articles 6, 11 of the General Law of Public Administration (sic), constitutional principles of DUE PROCESS, LEGALITY. IT SEEMS THERE IS NO ANALYSIS (sic) OF THE CATEGORY (sic) OF THE MEGA PROJECT TO BE DEVELOPED AND THE SOCIAL IMPACT ON THE AREA, ON PLAYA PANAMA (sic) AND BAHIA (sic) CULERA (sic). FAILING TO TAKE INTO ACCOUNT THE PROPORTIONALITY AND REASONABLENESS OF CONSTRUCTION (sic) OF MEGA PROJECT Nombre169752 AFFECTING THE PUBLIC (sic) INTEREST (sic) AND DIFFUSE INTERESTS OF THE CITIZENS AND THE MUNICIPALITY OF CARRILLO AND LIBERIA. From all the foregoing, where do the citizens, the Political Constitution, and the General Law of Public Administration remain, because only tourism development is seen, transgressing the rights of the citizens and the municipalities. RESPONSE: The text argues that mega project Nombre169752 was approved without due process by violating the normative hierarchy and the principle of legality, since a regulation was used to approve the project and the administration ignored the need to carry out mandatory consultations and an adequate impact and viability assessment, affecting the public interest and citizen and municipal rights. The citizens remain violated, since the project focuses on tourism development without considering its social and environmental impacts and the proportionality and reasonableness of the constructions, breaching constitutional and legal principles. Substantive analysis according to the text: • Analysis of the normative hierarchy: It is indicated that the regulation for the project could be overstepping its bounds, by creating new obligations or rights without being authorized by law, and violating the normative hierarchy by omitting mandatory consultations with municipalities and communities. • Violation of the principle of legality: The public administration (SETENA) would have acted illegally by not requiring the additional consultations that would be required if the regulation did not enable them, but which are necessary due to the project's impact on public rights. • Breach of due process: An adequate analysis of the viability, impact, and categorization of the project was not carried out, nor was the proportionality and reasonableness of the construction evaluated, which violates the principle of due process. • Impact on the public interest: It is argued that the lack of viability and impact assessment affects the diffuse interests of the citizens in Playa Panamá and Bahía Culera, as well as the municipalities. Where the citizens, the Constitution, and the General Law of Public Administration remain: According to the text, these principles and rights remain violated because the analysis of mega project Nombre169752 focuses on tourism development without due process. • Citizens: They are affected because the project approval procedure omits consideration of their interests and rights, there is no adequate consultation or participation, and the impact on their environment is ignored. • Political Constitution and General Law of Public Administration: The administration would have violated the normative hierarchy by using a regulation instead of a law, and the principle of legality by not acting within its powers granted by law. The principles of due process are breached, by not carrying out the adequate viability and impact assessments, thus affecting the public and diffuse interests of the citizens and municipalities.”

19.- Reports under oath José Javier Calvo Darcia, in his capacity as Nombre20665 of Liberia. States: "FIRST: The Municipality of Liberia is an institution that forms part of the Public Administration, whose objectives are embodied in its nature as a public entity at the service of the Municipality. That the MUNICIPALITY OF LIBERIA, given the legal nature and the public function that the institution performs, is regulated by the administrative legal order, which obliges it to subject its actions to the satisfaction of the public interest, subjected to the principle of legality that translates into efficient, responsible action, in strict adherence to elementary principles of justice, logic, and convenience (Articles 10, 11, and 16 subsection l. of the General Law of Public Administration). It is of utmost importance to clarify firstly to this honorable Constitutional Chamber, that the Municipality of Liberia has not violated the constitutional rights of the petitioner. SECOND: Regarding the facts alleged by the petitioner, in summary: he claims that the respondent authorities granted environmental viability (viabilidad ambiental) to the so-called Papagayo tourism megaproject, which is developed in Playa Panamá, Guanacaste, which, in his opinion, violates his fundamental rights and transgresses Articles 11, 28, 29, 30, 33, 39, and 50 of the Political Constitution, as well as Article 11 of the General Law of Public Administration. It should be clarified to this respectable authority that what the petitioner indicates in this fact is not true since this project is not within the jurisdiction of the Canton of Liberia. See official letter attached as evidence signed by Eng. José Rafael Jiménez Rojas. MBA. of Urban Planning and Construction Control Municipality of Liberia, indicating the following: “OFFICIAL LETTER: SPUCC-124-09-2025. Subject: Amparo petition filed Mr. Nombre49424  . In response to the email received on September 22, 2025, you are informed that the area of Playa Panamá is within the territorial jurisdiction of the canton of Carrillo. By virtue of the foregoing, this department does not have competence to hear or process requests for administrative acts, particularly Construction Permits, related to the project indicated in the attached documentation. ” (The highlighting is ours). This municipality considering that what the petitioner indicates in these facts is not true, since the fundamental rights alleged are not violated, and therefore the petition filed should be dismissed. THIRD: He states, firstly, that SETENA refused to call the residents of Playa Panamá to a public hearing under the argument that they did not belong to an indigenous community, which injures the principle of equality and is a violation of Article 33 of the Constitution. He points out that all inhabitants of the area, whether indigenous or not, have the right to be informed and to participate in decisions that affect their environment. He underlines that Costa Rican constitutional jurisprudence has recognized that the right to prior consultation in infrastructure projects extends to all citizens, and that limiting it for ethnic reasons is openly unconstitutional: It should be clarified to this respectable Chamber that the sphere of action of the Public Administration, specifically with the Municipalities, in accordance with the Principle of Legality stipulated in the Political Constitution and the General Law of Public Administration, in matters pertaining to Public Law, and specifically in Administrative Law, the principle of legality represents one of the fundamental pillars upon which the daily work of the Public Administration is based. Its birth occurs concomitantly with the birth of modern political institutions, and with the development and extension of Administrative Law, as that law tending to regulate the actions of the administration in the exercise of its administrative function. With positive reference in our legal order, in numeral 11 of the Political Constitution, and in Articles 11, 12, 6, and 13 of the General Law of Public Administration, its conceptualization occurs in the sense that every act or behavior of the Public Administration must be regulated and permitted by the legal order, applying the old aphorism that the Administration can only do that which is permitted, quite contrary to the actions of the individual, whose private activity is governed by the dogma of autonomy of will, and who may perform acts or activities that are not prohibited. In relation to the subject of Municipalities, Article 169 of the Political Constitution sets forth municipal powers, by placing local interests and services in charge of the local Government, concomitantly with the Código Municipal which indicates the municipal powers that attend to the purpose of promoting the integral development of the cantons and within which it indicates a very extensive list of the same. Among them can be counted, local public services, urban planning, administration of the maritime-terrestrial zone, etc. It should be clarified to this respectable Chamber, that in compliance with the Código Municipal, Article 4 et seq. and concordant, it establishes that the municipality possesses the political, administrative, and financial autonomy conferred by the Political Constitution, within its powers. Therefore, in compliance with said regulation, it is not possible for this municipality to intervene in a matter that does not fall within the powers granted by the Código Municipal and by the Political Constitution itself, as it is a matter that falls to other state institutions, be they the Ministry of Environment and Energy and not this Municipality. For its part, through OFFICIAL LETTER: SPUCC-124-09-2025, dated September 22, 2025, signed by Eng. José Rafael Jiménez Rojas. MBA, of Urban Planning and Construction Control of the Municipality of Liberia, the following is indicated: “Subject: Amparo petition filed Mr. Nombre49424  . In response to the email received on September 22, 2025, you are informed that the area of Playa Panamá is within the territorial jurisdiction of the canton of Carrillo. By virtue of the foregoing, this department does not have competence to hear or process requests for administrative acts, particularly Construction Permits, related to the project indicated in the attached documentation.” (The highlighting is ours). This municipality considering that what the petitioner indicates in these facts is not true, since the fundamental rights alleged are not violated, and therefore the petition filed should be dismissed. FOURTH: Secondly, he argues that the environmental viability was granted without observing the principle of legality. He denounces that the mandatory procedural stages were not fulfilled, particularly citizen participation through a public hearing, and that instead surveys applied to people who were unaware of the scope of the project were used. In his understanding, this violates Articles 28, 29, and 30 of the Constitution and deprives the community of the right to informed participation. He affirms, furthermore, that the omission of the public hearing constitutes a violation of due process protected by Article 39, insofar as it prevented the residents from being heard in an administrative decision of great importance: It should be clarified to this respectable Chamber, that in compliance with the Código Municipal, Article 4 et seq. and concordant, it establishes that the municipality possesses the political, administrative, and financial autonomy conferred by the Political Constitution, within its powers. Therefore, in compliance with said regulation, it is not possible for this municipality to intervene in a matter that does not fall within the powers granted by the Código Municipal and by the Political Constitution itself, as it is a matter that falls to other state institutions, be they the Ministry of Environment and Energy and not this Municipality. For its part, through OFFICIAL LETTER: SPUCC-124-09-2025, dated September 22, 2025, signed by Eng. José Rafael Jiménez Rojas. MBA, Urban Planning and Construction Control of the Municipality of Liberia, the following is indicated: “Subject: Amparo petition filed Mr. Nombre49424  . In response to the email received on September 22, 2025, you are informed that the area of Playa Panamá is within the territorial jurisdiction of the canton of Carrillo. By virtue of the foregoing, this department does not have competence to hear or process requests for administrative acts, particularly Construction Permits, related to the project indicated in the attached documentation.” (The highlighting is ours). This municipality considering that what the petitioner indicates in these facts is not true, since the fundamental rights alleged are not violated, and therefore the petition filed should be dismissed. FIFTH: Also, he denounces the affectation of the right to a healthy and ecologically balanced environment, recognized in Article 50 of the Constitution. He alleges that the impacts on the forests, wetlands, and mangroves of the area were not duly evaluated, which puts the natural heritage of the State at risk. He questions that the forest report used was prepared by the developing company itself, without objectivity or exhaustiveness, and that adequate mitigation measures were not incorporated. He considers that, having been approved under those conditions, the administrative act is null and void (nulo de pleno derecho), for being flawed from its origin. He refers to the non-compliance with the requirements of Law No. 6758, which establishes clear density limits (20 rooms per hectare and a maximum of 30% construction). According to him, such provisions were not respected in the design of the project. Likewise, he criticizes Decreto Ejecutivo No. 44448 for its ambiguity, since it does not contain a precise mapping of the 1658 hectares involved, which generates legal insecurity (inseguridad jurídica), leaves approximately 70% of the natural conservation areas unprotected, and hinders the correct application of the rules. He adds that in the licensing process, the existence of wetlands, forests, and other ecosystems within the area was omitted from assessment, which aggravates the irregularities. Furthermore, he emphasizes that SETENA did not adequately consult the municipalities of the jurisdiction or the surrounding communities, breaching the duty of transparency, inter-institutional coordination, and citizen participation that should govern this type of projects: It should be clarified to this respectable Chamber, that in compliance with the Código Municipal, Article 4 et seq. and concordant, it establishes that the municipality possesses the political, administrative, and financial autonomy conferred by the Political Constitution, within its powers. Therefore, in compliance with said regulation, it is not possible for this municipality to intervene in a matter that does not fall within the powers granted by the Código Municipal and by the Political Constitution itself, as it is a matter that falls to other state institutions, be they the Ministry of Environment and Energy and not this Municipality. For its part, through OFFICIAL LETTER: SPUCC-124-09-2025, dated September 22, 2025, signed by Eng. José Rafael Jiménez Rojas. MBA, of Urban Planning and Construction Control of the Municipality of Liberia, the following is indicated: “Subject: Amparo petition filed Mr. Nombre49424  . In response to the email received on September 22, 2025, you are informed that the area of Playa Panamá is within the territorial jurisdiction of the canton of Carrillo. By virtue of the foregoing, this department does not have competence to hear or process requests for administrative acts, particularly Construction Permits, related to the project indicated in the attached documentation.” (The highlighting is ours). This municipality considering that what the petitioner indicates in these facts is not true, since the fundamental rights alleged are not violated, and therefore the petition filed should be dismissed. SIXTH: He requests as a precautionary measure that the application of the environmental approval granted to the project be suspended until the merits of the petition are definitively resolved. As for his substantive claims, he asks this Chamber to declare the amparo petition with merit and order SETENA to roll back the environmental approval procedure, correct the irregularities indicated, adjust the process to the provisions of Law No. 6758, and correct Decree No. 44448 so that it does not remain in its current ambiguity. He also demands that a public hearing be called with the residents of Playa Panamá, nearby communities, environmental organizations, and the general public, as an indispensable requirement for any eventual authorization. Finally, he affirms that, by prioritizing the economic interests of the developing company over the rights of the communities and the country, the respondent authorities have engaged in action contrary to the Political Constitution.

[It reiterates] that the megaproject, as approved, is void due to multiple violations of fundamental rights, the principle of legality, and environmental regulations, which requires the intervention of this Chamber to restore the effectiveness of the injured rights: It should be clarified to this honorable Chamber that, in compliance with the Municipal Code, Article 4 and following and concordant articles, it establishes that the municipality possesses the political, administrative, and financial autonomy conferred by the Political Constitution, within its powers. Therefore, in compliance with said regulations, it is not possible for this municipality to intervene in a matter that does not fall within the powers granted by the Municipal Code and by the Political Constitution itself, as it is a matter that falls to other state institutions, whether these be the Ministry of Environment and Energy and not this Municipality. For its part, through OFFICIAL MEMORANDUM: SPUCC-124-09-2025, dated September 22, 2025, signed by Ing. José Rafael Jiménez Rojas, MBA, Urban Planning and Construction Control of the Municipality of Liberia, the following is stated: "Subject: Amparo petition filed Mr. Nombre49424  . In response to the email received on September 22, 2025, you are informed that the Playa Panamá area is within the territorial jurisdiction of the canton of Carrillo. By virtue of the foregoing, this office lacks jurisdiction to hear or process requests for administrative acts, in particular Construction Permits, related to the project indicated in the attached documentation." (Emphasis is ours). This municipality considering that what the petitioner states in these facts is not true, since the fundamental rights alleged are not being violated, and therefore the petition filed must be declared without merit. SEVENTH (sic): A certified copy of the documentation related to this amparo petition is remitted. PETITION. I request that this amparo petition be declared without merit and that the petitioner be ordered to pay both sets of costs of this action".

20.- Diana Méndez Masís reports, in her capacity as mayor of Carrillo. She states: "Given the evident lack of clarity as to what the exact responsibility attributed to my represented party consists of, since the petitioner unfortunately does not specify it, I can only add that we are willing to obey the orders of this honorable Court if it is determined that any anomalous situation in construction matters is occurring in our canton."

21.- Through a writing incorporated into the digital case file on September 23, 2025, the petitioner states: "AT 21 HOURS AND 24 MINUTES ON SEPTEMBER 23, 2025, THE FOLLOWING IS PROVIDED TO AMPARO PETITION 25 25228 007 CO The Municipality of Liberia shares jurisdiction in the Papagayo Tourist Project, encompassing part of the district of Nacascolo, where the Four Seasons Hotel is located, together with the canton of Carrillo in its district of Sardinal. However, for the land-use change (cambio de uso de suelo) according to decree 44448 and the environmental viability (viabilidad ambiental), it was required to consult both municipalities, since the principal authority for these decisions rests with state entities such as the Ministry of Environment and Energy (MINAE), which administers the Gulf of Nombre169752 Tourism Hub under a special law and regime. Confirmation of Shared Jurisdiction • The Nombre169752 Project extends between the canton of Carrillo and the canton of Liberia. • The part of the project that is in the canton of Liberia belongs to the district of Nacascolo. • The Four Seasons Hotel is located within the district of Nacascolo, in the project area. • Consultation Process for Environmental Viability and Land-Use Change • Given that the 1658 hectares of the project are located on the border of the cantons of Carrillo and Liberia, it was necessary to consult both municipalities. • The consultation focused on the land-use change (cambio de uso de suelo), according to decree 44448, and the granting of environmental viability (viabilidad ambiental) for the mega project. • Competent Authority • The Gulf of Nombre169752 Tourism Hub is a tourist development area administered under a special law and a public regime. • Within the framework of this regime, the Ministry of Environment and Energy (MINAE) has jurisdiction over environmental impact matters. Possible Refusal of the Municipality • The Municipality of Liberia has refused to intervene arguing that these matters exceed its competencies and correspond to MINAE, according to its interpretation of the Municipal Code and the Political Constitution."

22.- Through a writing incorporated into the digital case file on September 23, 2025, the accuser indicates: "I, Nombre49424   (sic), OLDER ADULT, Nombre68642 (sic) CED38524, PROVIDE TO AMPARO PETITION 25 25228 007 CO, the following: MUNICIPALITY OF LIBERIA position: '…FIFTH: Also, it denounces the affectation of the right to a healthy and ecologically balanced environment, recognized in Article (sic) 50 of the Constitution. It alleges that the impacts on the forests, wetlands, and mangroves of the area were not duly evaluated, which puts the State's natural heritage at risk. It questions that the forest report used was prepared by the developing company itself, without objectivity or exhaustiveness, and that adequate mitigation measures were not incorporated. It considers that, upon being approved under those conditions, the administrative act is null and void, as it was defective from its origin. It refers to the non-compliance with the requirements of Law No. 6758, which establishes clear limits (sic) on density (20 rooms per hectare and a maximum of 30% construction). According to it, such provisions were not respected in the project design. Likewise, it criticizes Executive Decree No. 44448 for its ambiguity, since it does not contain a precise mapping of the 1658 hectares involved, which generates legal uncertainty, leaves approximately 70% of the natural conservation areas unprotected, and hinders the correct application of the rules. It adds that the licensing process omitted to assess the existence of wetlands, forests, and other ecosystems within the area, which aggravates the irregularities. Furthermore, it emphasizes that SETENA did not adequately consult the municipalities of the jurisdiction or the surrounding communities, failing in the duty of transparency, inter-institutional coordination, and citizen participation that must govern this type of project: It should be clarified to this honorable Chamber that, in compliance with the Municipal Code, Article 4 and following and concordant articles, it establishes that the municipality possesses the political, administrative, and financial autonomy conferred by the Political Constitution, within its powers. Therefore, in compliance with said regulations, it is not possible for this municipality to intervene in a matter that does not fall within the powers granted by the Municipal Code and by the Political Constitution itself, as it is a matter that falls to other state institutions, whether these be the Ministry of Environment and Energy and not this Municipality. (Sic)…'. QUESTION: Analyze regarding the jurisdiction Municipality of Liberia includes Nacascolo, where part of the 1658 hectares (sic) of the Project Nombre169752 administered by ICT is located, INCLUDES THE FOUR SEASON HOTEL. Four Seasons Hotel is (sic) located in the jurisdiction of the Nacascolo district of Liberia, belongs to Nombre169752 and is (sic) within the 1658 hectares (sic) of the TOURIST PROJECT (sic) Nombre169752 YES, The Four Seasons Resort Peninsula of Nombre169752 is located on the Papagayo Peninsula, within the area of the Nombre169752 Tourist Project in the province of Guanacaste, Costa Rica. The Peninsula of Nombre169752 forms part of the canton of Liberia, in the district of North Guanacaste, and despite being in the Gulf of Papagayo, it is not explicitly detailed in the results that the hotel is in the district of Nacascolo. Location details: • Peninsula of Nombre169752 . • Canton: Liberia. • Province: Guanacaste. • District: North Guanacaste. • Country: Costa Rica. Additional information: • It is situated 26 km north of the center of Liberia. • The resort offers a luxury experience, with adventure, wellness, gastronomy, and spa activities, and features facilities such as pools, a golf course, and a marina. • It is located within the Gulf and the Bay of Papagayo. The Nombre169752 Project is located in the Gulf of Papagayo Tourism Hub, in the province of Guanacaste, encompassing both the district of Nacascolo (canton of Liberia) in its northern sector and the district of Sardinal (canton of Carrillo) in its southern sector, extending from Punta Cabuyal to Punta Cacique. Location details: • Province: Guanacaste, Costa Rica. • Gulf: It is located in the Gulf of Papagayo. • Peninsula: The project development area is on the Papagayo Peninsula. • Districts: The peninsula encompasses part of the district of Nacascolo (canton of Liberia) and part of the district of Sardinal (canton of Carrillo). ,,, • Extension: The area extends from Punta Cabuyal to Punta Cacique. That is, the Gulf of Nombre169752 Tourism Hub is located in the province of Guanacaste, encompassing jurisdiction of the cantons of Carrillo and Liberia, specifically in the district of Sardinal of the canton of Carrillo and the district of Nacascolo of the canton of Liberia. Details on the location: • Gulf of Papagayo Tourism Hub: It is a recognized tourist development area on the northern Pacific coast of Costa Rica. • Canton of Carrillo: A significant part of the project is developed in the district of Sardinal, within this canton. • Canton of Liberia: The jurisdiction also extends to some districts of Liberia, such as Nacascolo. The Bahía Nombre169752 tourist project by Enjoy Hotels & Resorts S.A. affects the canton of Carrillo, where Playa Panamá is located, since it is there that the developing company concentrates most of its tourist and infrastructure activities within the Gulf of Papagayo Tourism Hub. Details: • Location: The project is developed in Playa Panamá, which is part of the district of Sardinal in the canton of Carrillo, Guanacaste. • Affected canton: The cantonal jurisdiction primarily affected is Carrillo. • Tourism Hub: The project is located within the Gulf of Papagayo Tourism Hub, an area with a special law and a public regime for its administration. • Activity: Enjoy Hotels & Resorts S.A. is the company responsible for the development of this tourist project. ANSWER: The Municipality of Liberia has jurisdiction over part of the 1658 hectares of the Papagayo Project, specifically in the district of Nacascolo, where the Four Seasons Hotel is located. Despite this, the municipality refuses to intervene, arguing that the matter exceeds its competencies and falls to institutions such as the Ministry of Environment and Energy (MINAE), since, according to the text, it is not within the powers granted by the Municipal Code and the Political Constitution. Breakdown of the situation • Jurisdiction of the Municipality of Liberia: The information confirms that the Nombre169752 Project extends through the cantons of Carrillo and Liberia, encompassing jurisdiction in the district of Nacascolo. The Four Seasons Hotel, mentioned in the question, is in this area. • Argument of the Municipality for not intervening: The municipality relies on the principle of municipal autonomy and the Municipal Code to argue that it is not its responsibility to intervene in matters that are the competence of MINAE or other state institutions. QUESTION Since the Papagayo Tourist Project is composed of 1658 hectares where the mega Papagayo Project will be developed, the Municipalities of Carrillo and Liberia had to be consulted regarding the land-use change (cambio de uso de suelo) decree 44448 and the granting of environmental viability (viabilidad ambiental) for the construction of the Mega Project Nombre169752 given that they are adjacent cantons. ANSWER The Municipality of Liberia shares jurisdiction in the Papagayo Tourist Project, encompassing part of the district of Nacascolo, where the Four Seasons Hotel is located, together with the canton of Carrillo in its district of Sardinal. However, for the land-use change (cambio de uso de suelo) according to decree 44448 and the environmental viability (viabilidad ambiental), it was required to consult both municipalities, since the principal authority for these decisions rests with state entities such as the Ministry of Environment and Energy (MINAE), which administers the Gulf of Nombre169752 Tourism Hub under a special law and regime. Confirmation of Shared Jurisdiction • The Nombre169752 Project extends between the canton of Carrillo and the canton of Liberia. • The part of the project that is in the canton of Liberia belongs to the district of Nacascolo. • The Four Seasons Hotel is located within the district of Nacascolo, in the project area. Consultation Process for Environmental Viability and Land-Use Change • Given that the 1658 hectares of the project are located on the border of the cantons of Carrillo and Liberia, it was necessary to consult both municipalities. • The consultation focused on the land-use change (cambio de uso de suelo), according to decree 44448, and the granting of environmental viability (viabilidad ambiental) for the mega project. • Competent Authority • The Gulf of Nombre169752 Tourism Hub is a tourist development area administered under a special law and a public regime. • Within the framework of this regime, the Ministry of Environment and Energy (MINAE) has jurisdiction over environmental impact matters. Possible Refusal of the Municipality • The Municipality of Liberia has refused to intervene arguing that these matters exceed its competencies and correspond to MINAE, according to its interpretation of the Municipal Code and the Political Constitution."

23.- Through a writing incorporated into the digital case file on September 24, 2025, the protected party indicates: "AT 04 HOURS AND 45 MINUTES ON SEPTEMBER 24, 2025, IT IS PROVIDED TO AMPARO PETITION 25 25228 007 CO THE MUNICIPALITY OF CARRILLO RESPONDED THAT IT WILL COMPLY WITH JUDICIAL ORDERS IF IT IS DETERMINED THAT ITS CANTON IS AFFECTED BY THE PROJECT. It details: The amparo petition alleges constitutional and legal violations due to the granting of environmental viability (viabilidad ambiental) to the Bahía Papagayo tourist megaproject, including the denial of a public hearing to the residents, the non-assessment of environmental impacts on forests and mangroves, the failure to comply with the requirements of the Forest Law (Ley Forestal), and the ambiguity of Executive Decree 44448. THE MUNICIPALITY OF CARRILLO RESPONDED THAT IT WILL COMPLY WITH JUDICIAL ORDERS IF IT IS DETERMINED THAT ITS CANTON IS AFFECTED BY THE PROJECT. Liberia, September 24, 2025 Honorable Magistrates Constitutional Chamber Dirección4241   (sic). Dear Magistrates: I, Nombre49424   (sic), OLDER ADULT, Nombre68642 (sic) CED38524, PROVIDE TO AMPARO PETITION 25 25228 007 CO, the following: Regarding the facts alleged by the petitioner, in summary: claims that the respondent authorities granted environmental viability (viabilidad ambiental) to the so-called Papagayo tourist megaproject, which is being developed in Playa Panamá, Guanacaste, which, in their opinion, violates their fundamental rights and transgresses Articles 11, 28, 29, 30, 33, 39, and 50 of the Political Constitution, as well as Article 11 of the General Law of Public Administration. It sets forth, in the first place, that SETENA refused to convene the residents of Playa Panamá to a public hearing under the argument that they did not belong to an indigenous community, which injures the principle of equality and constitutes a violation of Article 33 of the Constitution. It points out that all inhabitants of the area, whether indigenous or not, have the right to be informed and to participate in decisions affecting their environment. It stresses that Costa Rican constitutional jurisprudence has recognized that the right to prior consultation in infrastructure projects extends to all citizens, and that limiting it for ethnic reasons is openly unconstitutional. Secondly, it maintains that environmental viability (viabilidad ambiental) was granted without observing the principle of legality. It denounces that the mandatory procedural stages were not complied with, particularly citizen participation through a public hearing, and that instead, surveys applied to people who were unaware of the scope of the project were used. In its understanding, this violates Articles 28, 29, and 30 of the Constitution and deprives the community of the right to informed participation. It further states that the omission of the public hearing constitutes a violation of due process protected by Article 39, insofar as it prevented the residents from being heard in an administrative decision of great significance. Also, it denounces the affectation of the right to a healthy and ecologically balanced environment, recognized in Article 50 of the Constitution. It alleges that the impacts on the forests, wetlands, and mangroves of the area were not duly evaluated, which puts the State's natural heritage at risk. It questions that the forest report used was prepared by the developing company itself, without objectivity or exhaustiveness, and that adequate mitigation measures were not incorporated. It considers that, upon being approved under those conditions, the administrative act is null and void, as it was defective from its origin. It refers to the non-compliance with the requirements of Law No. 6758, which establishes clear limits (sic) on density (20 rooms per hectare and a maximum of 30% construction). According to it, such provisions were not respected in the project design. Likewise, it criticizes Executive Decree No. 44448 for its ambiguity, since it does not contain a precise mapping of the 1658 hectares involved, which generates legal uncertainty, leaves approximately 70% of the natural conservation areas unprotected, and hinders the correct application of the rules. It adds that the licensing process omitted to assess the existence of wetlands, forests, and other ecosystems within the area, which aggravates the irregularities. Furthermore, it emphasizes that SETENA did not adequately consult the municipalities of the jurisdiction or the surrounding communities, failing in the duty of transparency, inter-institutional coordination, and citizen participation that must govern this type of project. It requests as a precautionary measure that the application of the environmental clearance (visto bueno ambiental) granted to the project be suspended until the merits of the petition are definitively resolved. As for its claims on the merits, it requests this Chamber to declare the amparo petition with merit and to order SETENA to revert the environmental approval procedure, correct the irregularities indicated, adjust the process to the provisions of Law No. 6758, and correct Decree No. 44448 so that it does not remain in the current ambiguity. It further demands that a public hearing be convened with the residents of Playa Panamá, nearby communities, environmental organizations, and the general public, as an indispensable requirement for any eventual authorization. Finally, it affirms that, by prioritizing the economic interests of the developing company over the rights of the communities and the country, the respondent authorities have engaged in conduct contrary to the Political Constitution. It reiterates that the megaproject, as approved, is void due to multiple violations of fundamental rights, the principle of legality, and environmental regulations, which requires the intervention of this Chamber to restore the effectiveness of the injured rights. Analyze the merits regarding: MUNICIPALITY OF CARRILLO, POSITION (sic): Given the evident lack of clarity as to what the exact responsibility attributed to my represented party consists of, since the petitioner unfortunately does not specify it, I can only add that we will be willing to obey the orders of this honorable Court if it is determined that any anomalous situation in construction matters is occurring in our canton. ANSWER: The amparo petition alleges constitutional and legal violations due to the granting of environmental viability (viabilidad ambiental) to the Bahía Papagayo tourist megaproject, including the denial of a public hearing to the residents, the non-assessment of environmental impacts on forests and mangroves, the failure to comply with the requirements of the Forest Law (Ley Forestal), and the ambiguity of Executive Decree 44448. THE MUNICIPALITY OF CARRILLO RESPONDED THAT IT WILL COMPLY WITH JUDICIAL ORDERS IF IT IS DETERMINED THAT ITS CANTON IS AFFECTED BY THE PROJECT. Grounds for the amparo petition • Violation of the principle of equality and citizen participation: It is argued that SETENA's refusal to convene residents to a public hearing, based on the fact that they did not belong to an indigenous community, violates equality of opportunities and the right to citizen participation, which Costa Rican constitutional jurisprudence extends to all citizens. • Violation of the principle of legality and due process: It is maintained that SETENA granted environmental viability (viabilidad ambiental) without fulfilling the mandatory procedural stages, including the public hearing, and that instead surveys of uninformed people were used, which violates due process and Articles 28, 29, and 30 of the Constitution. • Affectation of the right to a healthy environment: It denounces the lack of adequate evaluation of impacts on forests, wetlands, and mangroves in the area, putting the State's natural heritage at risk. • Regulatory non-compliance: It is pointed out that the provisions of Law No. 6758 on density and construction limits were not respected, in addition to the ambiguity of Executive Decree No. 44448, which lacks precise mapping of the area, leaving conservation areas unprotected. • Irregularities in the licensing process: The forest report prepared by the developing company itself is questioned, as well as the omission of assessment of ecosystems such as wetlands and forests in the area. Position of the Municipality of Carrillo • The Municipality declares itself willing to comply with the Court's orders if any construction anomaly is determined in its canton. Claims of the petitioner • Requests the suspension of the environmental viability (viabilidad ambiental) granted to the project. • Requests to order SETENA to revert the approval procedure, correct the irregularities, and adjust the project to Law No. 6758 and Decree No. 44448. • Demands the convening of a public hearing with residents, nearby communities, environmental organizations, and the general public."

24.- Through a writing incorporated into the digital case file on September 24, 2025, the petitioner indicates: "AT 11 HOURS AND 21 MINUTES ON SEPTEMBER 24, 2025, IT IS PROVIDED TO AMPARO PETITION 25 25228 007 CO MUNICIPALITY OF CARRILLO AND LIBERIA. • Due to the cross-border nature of the project, both municipalities were not consulted for the land-use change (cambio de uso de suelo) (decree 44448) and the environmental viability (viabilidad ambiental). Given that NO information provided by the Municipality of Liberia and Carrillo regarding the request for technical criteria is recorded in the case file, since they did not provide it when they responded to Amparo Petition 25 25228 007 CO. It details: Position of the Municipalities • Municipality of Liberia: It maintains that decisions on land use and environmental viability correspond to MINAE and not to its competence, in accordance with the Municipal Code and the Constitution. • Municipality of Carrillo: It has shown itself willing to comply with judicial orders if it is determined that the project causes any affectation in its canton. 4. Consultation and Amparo Process • Due to the cross-border nature of the project, both municipalities were not consulted for the land-use change (cambio de uso de suelo) (decree 44448) and the environmental viability (viabilidad ambiental). Given that NO information provided by the Municipality of Liberia and Carrillo regarding the request for technical criteria is recorded in the case file, since they did not provide it when they responded to Amparo Petition 25 25228 007 CO. • The amparo petition alleges that SETENA (the entity responsible for environmental viability) violated constitutional and legal rights by not holding a public hearing or continuous environmental participation for citizens for the project, failing to comply with regulations, and not adequately assessing environmental impacts on forests and mangroves. 5. Claims of the Petitioner • The petitioner requests the suspension of the environmental viability (viabilidad ambiental) of the project, for lack of due process and for transgressing the principle of legality. • Requests that the land-use approval process be reverted and the irregularities under decree 44448 be adjusted once corrections are made for being ambiguous. Furthermore, that it be adjusted to Law No. 6758 and decree the granting of environmental viability (vialidad ambiental) in the Papagayo Project. • Demands the holding of a public hearing with the participation of citizens, allowing continuous environmental participation for citizens, organized environmental groups, and other interested parties. Liberia, September 24, 2025 Honorable Magistrates Constitutional Chamber Dirección4241   (sic). Dear Magistrates: I, Nombre49424   (sic), OLDER ADULT, Nombre68642 (sic) CED38524, PROVIDE TO AMPARO PETITION 25 25228 007 CO, the following: The Municipality of Liberia shares jurisdiction in the Papagayo Tourist Project, encompassing part of the district of Nacascolo, where the Four Seasons Hotel is located, together with the canton of Carrillo in its district of Sardinal. However, for the land-use change (cambio de uso de suelo) according to decree 44448 and the environmental viability (viabilidad ambiental), it was required to consult both municipalities, since the principal authority for these decisions rests with state entities such as the Ministry of Environment and Energy (MINAE), which administers the Gulf of Nombre169752 Tourism Hub under a special law and regime. Confirmation of Shared Jurisdiction • The Nombre169752 Project extends between the canton of Carrillo and the canton of Liberia. • The part of the project that is in the canton of Liberia belongs to the district of Nacascolo. • The Four Seasons Hotel is located within the district of Nacascolo, in the project area. • Consultation Process for Environmental Viability and Land-Use Change • Given that the 1658 hectares of the project are located on the border of the cantons of Carrillo and Liberia, it was necessary to consult both municipalities. • The consultation focused on the land-use change (cambio de uso de suelo), according to decree 44448, and the granting of environmental viability (viabilidad ambiental) for the mega project. • Competent Authority • The Gulf of Nombre169752 Tourism Hub is a tourist development area administered under a special law and a public regime. • Within the framework of this regime, the Ministry of Environment and Energy (MINAE) has jurisdiction over environmental impact matters. Possible Refusal of the Municipality • The Municipality of Liberia has refused to intervene arguing that these matters exceed its competencies and correspond to MINAE, according to its interpretation of the Municipal Code and the Political Constitution. MUNICIPALITY OF CARRILLO. The amparo petition alleges constitutional and legal violations due to the granting of environmental viability (viabilidad ambiental) to the Bahía Papagayo tourist megaproject, including the denial of a public hearing to the residents, the non-assessment of environmental impacts on forests and mangroves, the failure to comply with the requirements of the Forest Law (Ley Forestal), and the ambiguity of Executive Decree 44448. THE MUNICIPALITY OF CARRILLO RESPONDED THAT IT WILL COMPLY WITH JUDICIAL ORDERS IF IT IS DETERMINED THAT ITS CANTON IS AFFECTED BY THE PROJECT. Grounds for the amparo petition • Violation of the principle of equality and citizen participation: It is argued that SETENA's refusal to convene residents to a public hearing, based on the fact that they did not belong to an indigenous community, violates equality of opportunities and the right to citizen participation, which Costa Rican constitutional jurisprudence extends to all citizens. • Violation of the principle of legality and due process: It is maintained that SETENA granted environmental viability (viabilidad ambiental) without fulfilling the mandatory procedural stages, including the public hearing, and that instead surveys of uninformed people were used, which violates due process and Articles 28, 29, and 30 of the Constitution. • Affectation of the right to a healthy environment: It denounces the lack of adequate evaluation of impacts on forests, wetlands, and mangroves in the area, putting the State's natural heritage at risk. • Regulatory non-compliance: It is pointed out that the provisions of Law No. 6758 on density and construction limits were not respected, in addition to the ambiguity of Executive Decree No. 44448, which lacks precise mapping of the area, leaving conservation areas unprotected. • Irregularities in the licensing process: The forest report prepared by the developing company itself is questioned, as well as the omission of assessment of ecosystems such as wetlands and forests in the area. Position of the Municipality of Carrillo • The Municipality declares itself willing to comply with the Court's orders if any construction anomaly is determined in its canton. Claims of the petitioner • Requests the suspension of the environmental viability (viabilidad ambiental) granted to the project. • Requests to order SETENA to revert the approval procedure, correct the irregularities, and adjust the project to Law No. 6758 and Decree No. 44448. • Demands the convening of a public hearing with residents, nearby communities, environmental organizations, and the general public.

RESPONSE: The Municipality of Liberia participates in the Proyecto Turístico Papagayo, located on the border with the canton of Carrillo, but the primary authority for land-use change (cambio de uso del suelo) and the environmental viability (viabilidad ambiental) of the project rests with state entities such as MINAE, which administers the area under a special regime. The Municipality of Liberia argues that these matters exceed its powers, while the Municipality of Carrillo has undertaken to comply with judicial decisions if it is determined that its canton is affected, even after an association filed an amparo action against the project's environmental viability. Shared Jurisdiction in the Nombre169752 Project • The Proyecto Turístico Nombre169752 is distributed between the cantons of Carrillo and Liberia, extending over the Nacascolo district of Liberia, where the Four Seasons Hotel is located, and over the Sardinal district in the canton of Carrillo. Consultation Process and Competent Authority • Due to the project's extension across both cantons, it was necessary to consult both municipalities for the land-use change and environmental viability. • However, the primary responsible entity is the Ministry of Environment and Energy (MINAE), which manages the Polo Turístico Golfo de Nombre169752 (ICT) under a special regime and a law that grants it powers in environmental matters. Arguments of the Municipalities • Municipality of Liberia: • States that the decision on environmental viability and land use is the exclusive competence of MINAE, according to the Código Municipal and the Constitución Política. • Municipality of Carrillo: Although consulted, it is willing to comply with judicial orders if it is proven that its canton is affected by the project. Incidence of the Amparo Action • The amparo action argues violations of equality, citizen participation, legality, and the right to a healthy environment, due to the principle, legal reservation (reserva de ley), principle of legality (principio de legalidad). The analysis of this amparo action involves identifying that violations of fundamental rights are being claimed, such as equality, citizen participation, the right to a healthy environment, and the right to due process (debido proceso). In addition, the non-compliance with key legal principles is alleged, such as the principle of legality (the administration must act in accordance with the law) and the principle of legal reservation (certain matters can only be regulated by formal law). The court must determine whether the actions or omissions that motivated the amparo effectively violated these rights and principles. Analysis by component: 1. Violation of Equality: It would be argued that an action or omission by a public authority affected citizens unequally, treating them unjustifiably or discriminatorily. 2. Violation of Citizen Participation: It could be alleged that citizens were not allowed to adequately participate in public decision-making, or that their voices were not considered in a process that affects them. 3. Violation of the Right to a Healthy Environment: It would be claimed that the public administration has allowed or has been a party to environmental damage, affecting people's right to enjoy a healthy environment. • It questions the lack of a public hearing, the deficient assessment of environmental impacts on forests and mangroves, non-compliance with the Ley Forestal and Ley 6758, and the ambiguity of Decreto Ejecutivo 44448. • The claims include the suspension of the viability (viabilidad), the rolling back (retrotraimiento) of the process, and the holding of a public hearing. RESPONSE: The Municipality of Liberia does share jurisdiction in the Proyecto Turístico Papagayo, specifically in the Nacascolo district, but the primary authority for environmental viability and land-use change rests with the Ministry of Environment and Energy (MINAE), due to the special regime governing the Polo Turístico Golfo de Papagayo. The Municipality of Liberia has refrained from intervening, arguing that these matters exceed its powers, while the Municipality of Carrillo has expressed its willingness to comply with judicial decisions if it is determined that its canton is affected by the project. 1. Shared Jurisdiction • The Proyecto Turístico Nombre169752 covers territory in the cantons of Carrillo and Liberia, with the part located in Liberia corresponding to the Nacascolo district, where the Four Seasons Hotel is located. 2. Competent Authority • Despite the shared jurisdiction, the Ministry of Environment and Energy (MINAE) is the state entity with primary authority over the Polo Turístico Golfo de Papagayo, which operates under a special law and regime. • 3. Position of the Municipalities • Municipality of Liberia: Maintains that decisions on land use and environmental viability correspond to MINAE and not to its competence, in accordance with the Código Municipal and the Constitution. • Municipality of Carrillo: Has shown itself willing to comply with judicial orders if it is determined that the project causes any impact on its canton. 4. Consultation Process and Amparo • Due to the transboundary nature of the project, both municipalities were not consulted for the land-use change (decreto 44448) and the environmental viability. Given that NO information provided by the Municipality of Liberia and Carrillo, referring to a request for technical criteria, appears in the file, since they did not provide it when they responded to the Amparo Action 25 25228 007 CO. • The amparo action alleges that SETENA (the entity responsible for environmental viability) violated constitutional and legal rights by not conducting a public hearing or continuous environmental participation for citizens for the project, failing to comply with regulations, and not adequately assessing the environmental impacts on forests and mangroves. 5. Claims of the Appellant • The appellant requests the suspension of the environmental viability of the project, lack of due process, and for transgressing the principle of legality. • It requests that the land-use approval process be rolled back and that the irregularities be adjusted under decreto 44448 once corrections are made for being ambiguous. Furthermore, that it be adjusted to Ley No. 6758 and that the granting of the environmental viability in the Proyecto Papagayo be decreed. • It demands the holding of a public hearing with the participation of citizens, allowing continuous environmental participation for citizens, organized environmentalist groups, and other interested parties.” 25.- By writing added to the digital file on September 24, 2025

25.- Andrés Cortez Orozco reports, in his capacity as general secretary of the Secretaría Técnica Ambiental. He states: “II. General Aspects of the Project. FIRST: On April 7, 2021, the Initial Environmental Assessment Document (Documento de Evaluación Ambiental Inicial) for the Project: Proyecto Bahía Papagayo, submitted by ENJOY HOTELS & RESORTS S.A., with legal identification number Nº CED129995, represented by Mr. Andrés Pacheco Albónico, with identity card CED129994- , file D1- 0170-2021-SETENA, was received by this Secretariat under the instrument of Sworn Declaration of Environmental Commitments (Declaración Jurada de Compromisos Ambientales, DJCA). SECOND: On May 6, 2021, Resolution No. 0677-2021-SETENA, dated May 5, 2021, was notified, indicating that, for the purposes of continuing with the environmental assessment process, the developer was requested, within a period of one year from the notification of this resolution, to submit an Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental) (original, three copies, and one digital copy) and the terms of reference for the Environmental Impact Study (EsIA). This was because, with respect to the weighting criteria, the final SIA score established a value of 117 points, so according to the SETENA Environmental Impact Assessment Procedure, following the decision path, the activity required the submission of a Sworn Declaration of Environmental Commitments as an environmental assessment instrument. However, according to Decreto Ejecutivo Nº 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, this project is classified with a Potential Environmental Impact (IAP) of Category A, classified as ISIC 5510, and considering that: Due to the nature of the project, the magnitude of the volume of earth to be removed, the necessary protection of the flora and fauna of the PA, the extent of the construction area, the public services present in the area and their possible impact, because the social component must be taken into account, and the size of the project area and the areas of influence, the development of the project must be analyzed by an instrument that provides an intensive and comprehensive diagnosis leading to the fulfillment of the characteristics of sustainable development, so SETENA required the most rigorous Assessment instrument. THIRD: The characteristics of the submitted project are: File number: 1263-2021-SETENA -2021-SETENA File name: Proyecto Bahía Nombre169752 Location: Province: Guanacaste Canton: Carrillo District: Sardinal Cadastral Map No.: G-1155786-2007, G-1155787-2007, G1186670-2007 and G- 1274126-2008 Property Number: 2172-Z—000, 2169-Z—000, 2168-Z—000 and 2174- Z--000 Property size according to map (m2): 204165.91; 124827.92; 436563.63; 309064.25 Project area according to design: 1,176,420.79 m2 ISIC Classification and Project Category: 5510 and A SIA Score: 117 Project Developer: Company name: ENJOY HOTELS & RESORTS S.A. Legal identification number: CED129995- Represented by: Andrés Pacheco Albónico, identity card: CED129994 The project would be executed in accordance with the special regulations established by Law 6758 of 06/04/1982 that Regulates the Execution of the Proyecto Turístico de Papagayo. Project Description: In accordance with the descriptions provided by the developer, it would carry out the following works: The Proyecto Bahía Nombre169752 consists of a residential tourist complex, promoting the development of residences and hotels with access to all basic and recreational services through the commercialization of housing units, residential lots, hotel and condhotel components, and mixed residential-commercial and office use. The Hotel and Condhotel component will be developed with a capacity to accommodate more than 240 guests and may feature rooms equipped with a kitchenette, private bathroom, and terrace, as well as the hotel lobby, swimming pools, spa, gym, restaurants, bar, bathrooms and dressing rooms, shops, event hall, wellness center, sales rooms, administrative offices, workshop, kitchen and laundry, employee housing, and all the necessary road infrastructure for access and circulation to the facilities, parking lots, sidewalks, trails, and treatment plant. The project will also consist of housing units with parking for one or two cars, and common areas comprising hallways, rooftops, green areas and playgrounds, a ranch with swimming pools, courts and multi-purpose halls, a gym, an access lobby, as well as the road infrastructure for access and circulation to the facilities, visitor parking, and sidewalks. The Residential Lots will be areas for the future development of residences that may have a patio, carports for several vehicles, a swimming pool, terraces, and rooftops. The project will provide vehicular and pedestrian access, as well as basic service infrastructure for future residents, in addition to green areas, playgrounds, and trails. The Club House for the residential lots or housing units will feature an administrative area, event hall, restaurant, bathrooms, social area, game room, swimming pool, gym, tennis courts, and multi-purpose courts. It also has green areas offering "ranchos" with electricity, walking trails, as well as playgrounds and car parking. A Country Club will be established, featuring event halls, an administrative area, restaurant, bathrooms, social area, game room, swimming pool, gym both with showers and dressing rooms, as well as a jacuzzi and saunas. It also has green areas offering tennis courts, multi-purpose courts, 5-a-side soccer fields, mini-golf, "ranchos" with electricity, walking and bicycle trails, as well as playgrounds and the road infrastructure for access and circulation to the facilities, visitor parking, and sidewalks. The commercial and office development area will be a zone for the construction of commercial premises, as well as offices for subsequent sale or rent. The office spaces will feature co-working areas with meeting rooms, cafeterias, libraries, and reading rooms. The commercial area may feature supermarkets, mini-markets, commercial kiosks, a pharmacy and medical clinic, restaurants, an outdoor cinema, market or fairground, which would be an area intended to promote commerce and entrepreneurship, with the sale of local products and a garden with a green market. The mixed-use will be a site for the development of various social and cultural activities by the residents of the site and surrounding areas, such as research centers, a museum, school, daycare, chapel, roundabout, sports plaza, and meeting centers. Among the other components and amenities that will be part of the project are: camping areas, natural hiking trails and bicycle trails, observation points and natural stops, and meditation decks, open ecological parks with picnic stations, lakes, reserve and conservation areas, a bird forest with fruit trees, hanging bridges, public parking lots and parking, a main avenue with tree-lined streets, as well as pedestrian sidewalks and bridges over the streams to internally connect the project. The project will have LED lights; buildings will be designed to provide and maximize the use of natural light but avoid solar heat gain. High-efficiency air conditioning systems will be used that improve indoor air quality and have greater energy efficiency. There will be a stormwater management plan that will be implemented during construction to reduce pollution by controlling soil erosion and sedimentation of watercourses. Treatment plants and gray water will be used for irrigation to mitigate the use of potable water for irrigation. All social and common areas have accessibility in accordance with the provisions of Ley 7600. FOURTH: On July 14, 2021, this Secretariat conducted a field inspection of the project area accompanied by representatives of the consulting and developing company. From the observations of Inspection Report DEA-ACT INS-017-2021, it is obtained that: • Topography between flat and gentle near the streams and steep and very steep in the rest of the properties; there are no slopes in the PA. • Slopes in the PA: The slope is towards the streams; stormwater management must be provided based on the earthworks (movimientos de tierras). • Surface runoff flows to the streams and then to the mangrove. • There is no evidence of landslides. • Possible surface water bodies at the time of the visit are in a transition season with streams without flow, registered in the SNIT-SINIGIRH. Quebrada Pto29 Estero Rocha 319951-1171787 and Sardina with discharge towards the mangrove. Quebrada Pto.33 Quebrada Estero Panamá 318547-1170615 possible work in the channel, AyA Wells. • There is no evidence of flooding in the PA or in the adjacent areas. • Observed cover is riparian vegetation, scrub-fallow (charral-Tacotal), Forest Cover (Cobertura Forestal). • There are no wetland indicator characteristics. • Observed fauna: birds, mammals, and reptiles. • Social component is a rural area, with social infrastructure, public and private asphalt and ballast access roads. Moderate traffic with road signage. • Immediate adjacent areas to the PA in the north sector: Private and public road, South: Reserva Forestal, East: agricultural/livestock-Forestry use, West: Forestry. • Works have not started, and trees numbered in the forest inventory are observed. The Photographic Record of the visit is included. FIFTH: From the analysis of the Georeferencing carried out by the Geography Unit of the Environmental Assessment Department, the following is extracted: • SNIT and FONAFIFO cover, present within the PA: o FONAFIFO 2005 ▪ 5-1155786-2007: Forestry and Non-Forestry. ▪ 5-1155787-2007: Forestry and Non-Forestry. ▪ 5-1186670-2007: Forestry, Non-Forestry, Sec. Forest. ▪ 5-1274126-2008: Forestry, Non-Forestry, For. Plant. o FONAFIFO 2013 ▪ 5-1155786-2007: Deciduous Forest, Secondary Forest, Non-Forestry. ▪ 5-1155787-2007: Deciduous Forest, Mature Forest, Secondary Forest, Non-Forestry. ▪ 5-1186670-2007: Deciduous Forest, Mature Forest, Secondary Forest, Non-Forestry, Pastures. ▪ 5-1274126-2008: Deciduous Forest, Mature Forest, Secondary Forest, Non-Forestry. • Terrain characteristics (relief): o Map 5-1186670-2007 Flat: slopes of 0-2% Steep: slopes +60% Class VII: forest management. o Map 5-1155787-2007 Flat: slopes of 0-2% Steep: slopes +60% Class II: agricultural with slight limitations Class VII: forest management. o Map 5-11274126-2008 Flat: slopes of 0-2% Steep: slopes +60% Class II: agricultural with slight limitations Class VII: forest management. o Map 5- 1155786-2007 Flat: slopes of 0-2% Steep: slopes +60% Class VII: forest management. • Proximity to geological faults (indicate distance): The faults closest to the properties are located approximately: - one 3 km to the East - one 2.3 km to the Southeast - one 3.9 km to the South. • The project is affected by any spring (naciente) or well, or by its protection radius: According to the database of the Dirección de Aguas in its SINIGIRH viewer, the following properties are affected by wells and their respective protection radii: o Map 11-86670-2007: within this property, two wells administered by the rural aqueduct are located. o Map 5-1274126-2008: within this property, two wells administered by the rural aqueduct are located. The design was modified based on the protection radii. It is important to clarify that in the adjacent areas to this property, the database of the Dirección de Aguas has identified other wells; however, none of them or their respective protection radii affect it. • There are water bodies within or within a 50-meter radius around the area where the project will be developed: o Map 5-1186670-2007: this property is crossed by Quebrada Grande, Quebrada Sardina, and by another unnamed intermittent stream. o Map 5-1155787-2007: this property is crossed by an unnamed intermittent stream. Map 5-1274126-2008: this property is crossed by an unnamed intermittent stream. • Will the project be developed over an aquifer? (which one): Coco-Panamá- Playa Hermosa Aquifer. • Will the project be developed in an area with aquifer vulnerability (SENARA)?: No vulnerability data is available for this sector. • Does the sector where the project will be developed show recharge data (SENARA)?: No recharge data is available for this sector. • Will the project be developed within a biological corridor?: Corredor Biológico Chorotega (ACT). • Will the project be developed in a wetland area?: It is clarified that the properties are not located within any wetland; however, according to the National Wetland Inventory (SINAC) layer, there are wetlands close to their adjacent areas, such as: - Wetland: Manglar Panamá 1, estuarine type, mangrove class; located approximately 241 m West of the property with map 5-1186670-2007. - Wetland: Manglar Panamá 2, estuarine type, mangrove class; located approximately 113 m Northwest of the property with map 5-1155787-2007. - Wetland: Manglar Panamá 2, estuarine type, mangrove class; located on the North adjacent area of the property with map 5- 1274126-2008. • Will the project be developed within the Zona Marítimo Terrestre?: Not applicable because all the properties where the project is intended to be developed are located within the Polo Turístico Golfo de Papagayo, administered by the ICT, governed by Ley 6758 and Ley 6370, where the specific development for this zone is regulated. SIXTH: As part of the Information for better resolution, the Developer submitted: 1) 2) 3) 1. 4) 5) 6) Declaration of national convenience, the development and execution of the Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, according to Decreto Ejecutivo Nº 33132- MP-T. Official letter No. 06458-2020-DHR (Defensoría de los Habitantes), which indicates that a wetland does not exist on the site, and what exists is soil saturation due to water accumulated on the site. Official letter PGP-575-2020 from the ICT, which points out that there are obstructed culverts that have caused the accumulation of rainwater, and therefore works must be carried out to improve water drainage. That is, there is NO presence of a wetland. Points 2 and 3 are consistent with the GIS Analysis of this Secretariat. Receipt documents for the Certificates of Origin submitted to SINAC-MINAE. Receipt documents for the Forest Inventories submitted to SINAC-MINAE. Receipt documents submitted to SINAC-MINAE clarifying that according to the spatial and field analysis, there is no existence of forest on the analyzed site. Regarding this last point in reference to files TE-TE01-IF-00137- 2021 map G-1274126-2008, TE-TE01-IF-00138-2021 map G-1186670-2007, TE- TE01-IF-00165- 2021 map G-1155787-2007, TE-TE01-IF-00136-2021 map G-1155786-2007, it is indicated that a census and a detailed technical study have been carried out, with a broad statistical basis that gives a confidence level of 100%, obtaining the general conclusion that for the properties, the vegetation cover present does not classify as forest, according to the three criteria established by the regulations of the Ley Forestal 7575 and Decreto N° 25721. Likewise, said property where the permits are requested is located within the area of the Polo de Desarrollo Turístico Golfo Nombre169752 promoted by the Instituto Costarricense de Turismo (ICT), in which according to the land use of the area in accordance with the "Plan Maestro General del Proyecto Polo Turístico Golfo Papagayo" for the concessionaire company, it is recorded that the "permitted and current land use is hotel area and flora and fauna protection area - complementary land use: residential, condohotel, commercial, and public park" according to official letters PGP-292- 2019, PGP-293-2019, PGP-294-2019 and PGP-295- 2019, PGP-301-2019 and PGP-296-2019 (ITC 2019). Finally, it is necessary to indicate that the “Polo Turístico Golfo Papagayo” under the administration of the Instituto Costarricense de Turismo located in the cantons of Liberia and Carrillo in the Province of Guanacaste, where said permit is requested, is declared of National Convenience, according to decree No. 33132 of the Presidency of the Republic, Ministry of the Presidency, and Minister of Tourism since 2005. 7) It is also known what is indicated in Certificate PGP-292-2019, dated April 5, 2019, which states: “The concessionaire must comply with the technical standards and guidelines established by the Plan Maestro General del Proyecto, such as: a maximum density of twenty rooms per hectare, a maximum surface cover of 30%; a maximum building height of 14 meters from the natural ground level, build a wastewater treatment plant, avoiding discharges into the sea, estuaries, and streams; in addition to the payment of obligations and all permits required by the laws of the country”. It is important to clarify that the Environmental Viability Resolution indicates that the permit must be previously processed at the local subregional office of MINAE/SINAC (art. 27 of the Ley Forestal), and it also warns that it must respect the Protection Areas (art. 33 and 34 Ley Forestal), having to include in the project's development good practices aimed at favoring the optimal balance of natural resources and the sustainable use of the forest according to its management category, taking into account the case of project components located in an area with forest cover (cobertura boscosa), as established in the Master Plan Ley N° 6758 of May 6, 1982, Ley Reguladora del Desarrollo y Ejecución del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo. SEVENTH: REGARDING THE SPECIFIC ALLEGATIONS: First Allegation: “It states, in the first place, that SETENA refused to convene the neighbors of Playa Panamá to a public hearing on the grounds that they did not belong to an indigenous community, which injures the principle of equality and is a violation of constitutional article 33. It points out that all inhabitants of the area, whether indigenous or not, have the right to be informed and to participate in decisions that affect their environment. It stresses that Costa Rican constitutional jurisprudence has recognized that the right to prior consultation in infrastructure projects extends to all citizens, and that limiting it for ethnic reasons is openly unconstitutional. Secondly, it maintains that the environmental viability was granted without observing the principle of legality. It denounces that the mandatory procedural stages were not completed, particularly citizen participation through a public hearing, and that instead, surveys were applied to people who were unaware of the project's scope. In its understanding, this violates constitutional articles 28, 29, and 30 and deprives the community of the right to informed participation. It also states that the omission of the public hearing constitutes a violation of due process protected by article 39, in that it prevented the neighbors from being heard in an administrative decision of great significance.” Response: According to the Geospatial analysis of this Secretariat, at the time of analyzing the file, it was indicated that the project is not developed within an indigenous reserve. Likewise, the Environmental Assessment process does not discriminate the hearing based on ethnicity as indicated by the appellant; any citizen who makes a request for a public hearing for people from an indigenous community or not must be analyzed by this Secretariat. In addition, it is important to indicate that in accordance with article 55 of executive decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, in force at the time of approving the project in question, the means of participation were: Article 55.- On the mechanisms to be heard. In accordance with article 22 of the Ley Orgánica del Ambiente, any natural or legal person, public or private, has the right to be heard by SETENA, at any stage of the evaluation process and in the operational phase of the activities, works, or projects. Their observations will be included in the file and evaluated in the final report. 1. The mechanisms established in this regulation to receive or learn of such observations are the following: 1.1. Writings submitted to the SETENA offices. 1.2. Private hearings with the SETENA Plenary Commission and with any of its technical departments. 1.3. Public Hearings. 2. Hearings must be requested in writing to SETENA, indicating a postal address or telephone or fax number, where the response will be communicated, including the time and day they will be attended. Hearings will be scheduled as follows: 2.1. Within a period of fifteen calendar days after having been requested, in the case of a private hearing. 2.2. Within the following three months, in the case of a public hearing. In particular, regarding the requirement to hold a Public Hearing, what is indicated in article 56 of Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC is pointed out: “Article 56.- Requirement for a hearing. In accordance with article 95 of the Ley de Biodiversidad, when any natural or legal person requests SETENA to hold a public information and analysis hearing for a specific activity, work, or project, the SETENA Plenary Commission, by virtue of the magnitude of the potential environmental impact, will determine, after technical assessment of the situations involved in its development, the need or not to hold it. If it decides not to hold the requested public hearing, said commission must determine the mechanism by which it will receive the observations.” In view of the above, it is indicated that during the evaluation process, no appearance or opposition to the project was received prior to the granting of the environmental viability, nor was any request made to hold a public hearing by a third party. According to the established regulations, the public hearing is one more mechanism for citizen participation, but not the only means to achieve that end, nor is it mandatory for all Type A projects as stated. Citizen participation within an EsIA is carried out through duly regulated local perception instruments, and participation can take place throughout the entire Environmental Assessment process, from before its approval and in the environmental monitoring stage, so it is a dynamic and continuous process.

For all the above reasons, the citizen participation mechanism that was applied in the environmental assessment process was the local perception study, which was carried out based on the regulations established in Decree 32966-MINAE. "Manual de EIA IV Anexo 1 Guía general para la elaboración de instrumentos de Evaluación de Impacto Ambiental (Guía de EIA), section 9 called. DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE SOCIOECONÓMICO, section 9.7 Local perception of the Project and its possible impacts, (Qualitative study), which states: “Indicate what is the perception, position, attitudes, and concerns of the inhabitants of the social influence area (área de influencia social) regarding the execution of the project, work, or activity, the transformations generated from it, as well as the perception of potential environmental impacts that such execution could generate. Furthermore, identify the information needs that the population has about the project, work, or activity. Identify and characterize the possible social conflicts that could arise from the execution.” Quantitative study: Carried out by means of a local perception survey about the project, which must be applied in the direct influence area (área de influencia directa, AID) and the indirect influence area (área de influencia indirecta, AII) defined to a representative sample of its population, with a confidence level of 90%. This survey will be applied in projects whose INFLUENCE AREA contains populations considered to be urban, rural in transition to urban, or peripheral urban. The main impacts determined in the survey must be analyzed in the impact assessment and mitigation and/or compensation measures must be established for them.” The quantitative perception study is visible on folio 111 of the Project file, it complied technically and legally, and in summary, it was carried out as follows:

• A quantitative study was carried out, through a local perception survey in the AID and AII, defining a representative sample based on the total population data of the canton of Carrillo, according to the 2011 Census, as it is the last Census that the country carried out and therefore the official information, the formula used is the following:

• The sample is random, finite population, with a margin of error of 0.05 and a confidence interval of 90%. Assuming the weights for proportions p and q (let q = 1-p) at 0.5 and homogeneity in the population. The total number of people in the canton is taken as the population, so the sample size is 67 people.

• Effectively, among the most important results of the perception study, it was found that 88% of the population indicated they were not aware of the project. When asked of the 12% who were previously aware of the project about the means by which they found out, they indicated it was mainly through friends or family (63%). Secondly, they indicated they found out about it through television, radio, or social media (25%), and thirdly, through construction colleagues (12%).

• When the population was asked about their position regarding the project, 94% declared themselves in favor of the project, 6% mentioned that the project was indifferent to them, and no person declared themselves against it. This does not seem to indicate a high degree of conflictivity for the project.

• The appendices of this study include the instrument applied to the population and an informational poster that was placed in various locations in the community of the influence areas. In the file, there is the aforementioned informational poster for the dissemination of the project and a photographic record of some points used for the project's dissemination, in addition to the results of the local perception analysis. Said file is available for public consultation through the link: https://tramites.setena.go.cr/ConsultaPublica/ver_expediente?key=ZXhwZWRpZW50ZV9 maWxlOjoxMjUxNzYxNjU2NmUwN2IxOTQ0Y2U5NzA5NjA4OTA0Mw==

• Once this community perception study was analyzed, SETENA, through resolution 1263-2021-SETENA, requested a single appendix with additional information, specifically regarding the section of the EsIA called DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE SOCIOECONÓMICO, the following was requested:

Point 14: “Available basic services: On pages 76 and 77 of the submitted EsIA, a series of observations are made regarding the concerns of the neighboring localities; regarding the potable water supply; the text also indicates a series of recommendations on the issue of potable water and the concern about everything related to this service. Therefore, the respective measures to be implemented must be included, in response to the concerns of the residents of the project's influence area (communities surrounding the project).”

Point 20: “For the section on Population Perception, it is indicated that there is a lack of awareness about the project at 88%; therefore, the needs for lack of information regarding the project are reflected; for this reason, adequate social dissemination procedures must be carried out; from which it is possible to identify and characterize the possible social conflicts that may arise from the execution of the project. Therefore, environmental measures must be provided to mitigate the perception of (lack of awareness of the project). As established in DE-32966-MINAE. Additionally, the potential impacts that the project, work, or activity may generate on the available basic services must be considered. Establish recommendations, mitigation and/or compensation measures for them, which must be incorporated into the PGA Table. As established in DE-32966-MINAE.”

In response to this resolution, the developer attached an official letter signed by the social sciences professional responsible for conducting the section of the EsIA called DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE SOCIOECONÓMICO, in which it is declared that there are no potential impacts on the services and commits to participation and dissemination of project information. This official letter indicated the following:

“In relation to the “Bahía Papagayo” project, regarding the available basic services, it is indicated on pages 76 and 77 of the submitted EsIA: a series of observations are made regarding the concerns of neighboring localities; regarding the potable water supply; the text also indicates a series of recommendations on the issue of potable water and the concern about everything related to this service. Therefore, the respective measures to be implemented must be included, in response to the concerns of the residents of the project's influence area (communities surrounding the project).”

In relation to the concerns expressed by the localities neighboring the project, it must be noted that in most projects developed within Guanacaste, the populations express the same concern, even when the development has suitable means or supplies from the various entities responsible for providing the service.

In relation to the development of the “Bahía Papagayo” project, as provided upon submission of the study, according to official letters SIGDD-2019-00040487-1-1-1, SIGDD-2019-00040488-1-1-1, SIGDD-2019-00040489-1-1-1, and SIGDD-2019-00040509-1-1-1 issued by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA), it is recorded that “There Is Availability of Potable Water Fronting the Properties” that make up the project. Similarly, within the project area, infrastructure already installed by the same entity exists. However, among the measures to be implemented to address the concerns of the population, and linked to an information issue, the following measures are proposed:

• Local mass communication media such as radio, television will be used.
• Publications on web pages and social media.
• As well as conducting participatory workshops with key actors from the influence area and the general community.
• And keeping the telephone line and email available during the project execution period as a means of personal information.”

With this response, it is clear that the developer committed to expanding citizen participation mechanisms during the project management phase. This commitment remained subject to verification and follow-up by SETENA's Department of Environmental Auditing and Follow-up. While it is true that Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, "Manual de EIA IV Anexo 1 Guía general para la elaboración de instrumentos de Evaluación de Impacto Ambiental (Guía de EIA), section 9 called. DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE SOCIOECONÓMICO, indicates another participation mechanism called “Interactive participatory process” that would have provided greater possibilities for participation, this was not carried out, given that a high level of social conflict was not identified in the groups or communities of the AID. This is supported by the fact that no notes of opposition or appearance regarding the project were received, and the majority of the population consulted in the perception study said they agreed with the project's development. Regarding this, the cited regulation states:

“Interactive participatory process: The consulting team will carry out an interactive participatory process in projects whose defined INFLUENCE AREA has an indigenous population or in projects that are likely to generate a high level of social conflict in the groups or communities of the AID (the level of conflict can be foreseen either through historical knowledge or direct manifestations). For the execution of this process, the CONSULTING TEAM must organize a participatory program of meetings and activities with members of the communities. The project will be presented to them, and the scope and possible impacts will be analyzed. As part of this interaction process, the team will include in the impact analysis the topics or specific points that the communities consider relevant in relation to the project. The consulting team will prepare a record or systematized report of all these meetings and activities, which will be submitted as part of the EIA.”

The claim that the perception study was applied without carrying out a prior dissemination process is true; however, the regulation did not require it as such, and for this reason, as public officials governed by the principle of legality, it would not have been possible to demand something that was not regulated. Regarding the claim of not conducting a social risk or impact analysis, this was indeed contemplated by the consulting team that conducted the EsIA, and can be consulted on pages 104 to 158, where social factors that may be impacted, the assessment of the impacts, and the respective mitigation measures determined by the consulting team are identified.

Therefore, it is found that:

1. The possibility of holding a public hearing was not considered, first because this is discretionary for SETENA, and technically during the environmental assessment process, a high level of social conflictivity surrounding the project was not detected; and second, because it was not requested by any of the parties interested in the project.
2. The participation mechanism applied was the quantitative social perception study, and this was carried out in compliance with current regulations.
3. The implementation of other participation mechanisms, such as the so-called “Interactive participatory process” that would have provided greater possibilities for participation, was not considered, given that a high level of social conflict was not identified in the groups or communities of the AID.
4. The claim that the perception study was applied without carrying out a prior dissemination process is true; however, the regulation did not require it as such, and for this reason, as public officials governed by the principle of legality, it would not have been possible to demand something that was not regulated.
5. The possibility of participation has never been limited; SETENA maintains open communication channels with the spirit of being able to receive and analyze arguments from groups and communities that have expressed themselves for or against the project. This is always open from the moment the EsIA information is published in a national circulation medium, as was done for this case in the newspaper La Teja on Tuesday, June 8, 2021, and is also recorded on folio 146 of the Project file (image attached). However, no actor expressed before SETENA a desire to receive more information about the project or oppose it at the time of the file analysis.
6. Finally, it is relevant to emphasize that the project's social communication and participation channels, at any stage of the environmental assessment process, are open, including its construction and operational phase, which implies there is currently no limitation on citizen participation. The developer also acquired environmental commitments to address the population's concerns, linked to an information issue, which are:
• Use local mass communication media such as radio, television.
• Publications on web pages and social media.
• Conduct participatory workshops with key actors from the influence area and the general community.
• And keep the telephone line and email available during the project execution period as a means of personal information.

Likewise, it is not true that a public hearing was requested, much less that it was rejected for the reasons claimed by the appellant. It is worth mentioning that this issue of citizen participation and the holding of a Public Hearing was already presented before the Constitutional Court in File No. 25-012448-0007-CO, and resolved by resolution number Res. Nº 2025016284 at nine hours twenty minutes on May thirtieth, two thousand twenty-five, declaring it Without Merit, with the magistrates considering the following:

… Having clarified the above, it is determined that what the appellant states is a disagreement with the mechanism used by the project developer for granting environmental feasibility (viabilidad ambiental) and SETENA's decision to approve it. In that sense, note that, as has been demonstrated, the respondent authority published the information from the Environmental Impact Study for the Bahía Nombre169752 Project in a national circulation medium for what may correspond, given that no appearance or opposition to the project was received prior to the granting of environmental feasibility, nor a request to hold a public hearing by a third party, in accordance with established regulations. In addition to the above, as reported under oath, the public hearing is not mandatory for all projects classified as type A, as its realization depends on the requests they receive for such purposes or on a technical requirement, assumptions that did not occur in the project in question. Hence, the local perception study, which did not require prior dissemination, was used as the citizen participation mechanism applied in the environmental assessment process and was also regulated as a valid procedure within the regulations for such purposes. Thus, and in accordance with the cited precedent, it is not for this Court to determine, as the appellant intends, whether in this particular case some type of consultation on the project in question should have been carried out, or to establish which mechanism the respondent authorities must use to optimally guarantee citizen participation, given that these are matters of ordinary legality that must be raised before the respondent authority or before the competent judicial court and not before this constitutional court. Ergo, the appropriate course is to declare the appeal without merit, as is hereby done…

Second and Third Allegations:

“Also, it denounces the infringement of the right to a healthy and ecologically balanced environment, recognized in Article 50 of the Constitution. It alleges that the impacts on the forests, wetlands, and mangroves of the area were not duly evaluated, putting the State's natural heritage at risk. It questions that the forest inventory (informe forestal) used was prepared by the developing company itself, without objectivity or exhaustiveness, and that adequate mitigation measures were not incorporated. It considers that, upon being approved under these conditions, the administrative act is null and void ab initio, as it was vitiated from its origin. It refers to the non-compliance with the requirements of Law No. 6758, which establishes clear density limits (20 rooms per hectare and a maximum of 30% construction). According to the claim, these provisions were not respected in the project's design.”

“Likewise, it criticizes Executive Decree No. 44448 for its ambiguity, since it does not contain precise mapping of the 1658 hectares involved, which generates legal uncertainty, leaves nearly 70% of the natural conservation areas unprotected, and hinders the correct application of the rules. It adds that in the licensing process, the existence of wetlands, forests, and other ecosystems within the area was omitted from assessment, which aggravates the irregularities.”

Response to the Second and Third Allegations:

Analyzing what was indicated by the appellant, at the time of the file analysis, the analysis using Geographic Information Systems (GIS) was considered, carried out by this Secretariat according to the information from the official layers of the SNIT (Sistema Nacional de Información Territorial), and considering Law 6758. Ley Reguladora del Desarrollo y Ejecución del Proyecto Turístico de Papagayo. In addition to this, there is the official letter DAJ-MINAE-1591-2025 where it is concluded that:

“Based on the foregoing, the Proyecto Turístico Golfo de Nombre169752 is governed by a specific legal framework, of an exceptional nature, which includes the Ley Reguladora del Desarrollo y Ejecución del Proyecto Turístico de Papagayo, Law No. 6758. This law, together with its regulation and the Master Plan for the project, establishes the rules for the development and execution of works in the designated area, that is, in the concession area. In addition, the Instituto Costarricense de Turismo (ICT) plays a fundamental role in the administration, regulation, and supervision of the project, understood as the entire parent area of the project and for each of the concessions located within the boundaries of the project area, as well as in the management of a special fund for its financing. In legal terms, this special and exceptional norm can be framed within the Principle of Protection under a specific situation for the development and execution of the works established by Law No. 675, together with its regulation and the Master Plan.”

Additionally, this same official letter mentions:
“In another aspect, and as part of the regulations governing this Project, in accordance with Executive Decree No. 33132-MP-T, published in La Gaceta No. 97 of May 22, 2006, there is the Declaration of National Convenience (Declaratoria de Conveniencia Nacional) for the development and execution of the Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, under administration of the Instituto Costarricense de Turismo. Part of the foundations of this provision by the Executive Branch were the following:
‘2.- That by means of Article 1 of Law No. 6370 of September 3, 1979, the lands necessary for the realization and execution of the Tourism Project in Bahía Culebra, located in the Province of Guanacaste, today known as Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, under administration of the Instituto Costarricense de Turismo, were declared of public utility.
3.- That said Project has become the main tourism development hub in all of Central America.
4.- That the Procuraduría General de la República has emphasized, through opinion C210-2002, that by law the land use in said project is tourism, this prevailing over any other type of use.
5.- That the guidelines established in the Master Plan of the Proyecto Turístico Golfo de Papagayo make it a model of sustainable tourism development, by establishing duly planned development, under state administration and supervision, which incorporates environmental variables, low densities and coverage, adequate treatment of wastewater, etc.
6.- That it is in the interest of the Government of the Republic to support the efforts made by the Instituto Costarricense de Turismo to promote the development of the Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, as a model of sustainable tourism development at an International level.’”

It also mentions that:
“Considering that Law No. 6758 is a special and exceptional law, any change in public domain status (mutación demanial), for legal certainty, must meet three requirements:
1. A prevalent or more intense public interest to safeguard.
2. Support in a norm of sufficient rank.
3. Guarantee of the inseparability of the public legal regime.
Under this understanding, as the Instituto Costarricense de Turismo (ICT) is the entity responsible for the exclusive administration of the Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, and a special use regime for concession lands with a unique and supreme purpose oriented towards sui generis tourism development is clearly defined, Article 19 of the Forest Law (Ley Forestal) No. 7575 is not applicable. This article is designed to regulate forest management on private properties, a legal condition that does not correspond to the lands granted by concession within the framework of the Project, given that these are public domain assets (bienes demaniales) of the State, whose ownership belongs to the Republic and whose administration is delegated to the ICT. The concession holder, in this context, does not hold the status of private owner, but rather acts as a subject receiving an administrative real right of use granted by the State, through the ICT, with limited powers and under strict conditions. Therefore, the figure of the concession holder is not comparable to that of the private owner regulated by Article 19 of the Forest Law.

Likewise, it must be borne in mind that Article 18 of the Forest Law, which contemplates use permits on state lands, refers to a general regime of ordinary administration under the guardianship of MINAE, through the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). The Use Permit is regulated in the General Public Administration Law and refers to the authorization to use a public domain asset temporarily and precariously, generally for a specific purpose and for the benefit of the community. This permit does not grant a real right over the asset and can be revoked unexpectedly. However, this figure is not the case for the Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, where we find ourselves before a special and exceptional legal regime, defined by Law No. 6758, which grants the ICT the exclusive power of administration, planning, regulation, and execution of tourism development in the delimited area of the project, and the power to grant concessions for tourism purposes within the limits of the Project area, which grant an administrative real right, for a private, exclusive, and exclusionary use, of a patrimonial nature over a public domain asset within the Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, which is different from the figure of the Use Permit.

Said special regime includes the possibility for the concession holder to remove vegetation cover (cobertura vegetal) —without distinguishing its nature (forest, scrubland, pasture, agroforestry, among others)— up to a maximum of 30% of the total area granted by concession, reserving the remaining 70% for its conservation, in strict adherence to the Project's Master Plan and its regulation. Notwithstanding, this must always be understood within the framework of the general principles of conservation and protection of natural resources. Consequently, it is imperative to observe minimum regulations, such as the prohibition of cutting banned forest species and the preparation of technical forest inventories, in order to guarantee responsible and sustainable removal of vegetation cover.”

For this reason, this Secretariat, through the Department of Environmental Assessment, verified through the site design, submitted by the Developer and assuming the hypothesis that all the cadastral plans had 100% forest cover (cobertura boscosa) (which does not correspond to reality, and was only taken as the most impactful possible scenario), it was possible to corroborate that even in that factual situation, the utilization will not exceed 30%, which complies as shown in the following table:

Phase

Built Footprint (m²)

Property Area (m²)

Percentage (%)

I Lot 1 5-1186670-2007

130572

436564

30%

II Lot 4 5-1274126-2008

68350.04 (According to site design corrected for archaeological exclusion zone)

309064.25

22%

III Lot 3 5-1155787-2007

32926.32 (According to site design corrected for archaeological exclusion zone)

124827.92

26.4%

IV Lot 5 5-1155786-2007

58,978.00

204165.91

29%

It is important to emphasize that the project is developed on 4 cadastral plans whose coverages are described according to the Geospatial analysis carried out by this Secretariat. During the file analysis process, as part of the information for a better resolution, the developer submitted: 1) Declaratoria de Conveniencia Nacional, the development and execution of the Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, according to Executive Decree No. 33132. 2) Official letter PGP-292-2019 Constancia POLO TURÍSTICO GOLFO PAPAGAYO. 5-002168-Z-000 with Cadastral Plan number G-1186670-2007, is: ÁREA HOTELERA Y ÁREA DE PROTECCIÓN FLORA Y FAUNA - SUPPLEMENTARY LAND USE: RESIDENCIAL, CONDOHOTEL Y COMERCIAL. The concession holder must comply with the technical standards and guidelines established by the Project's General Master Plan, such as: a maximum density of twenty rooms per hectare, a maximum surface coverage of 30%; a maximum building height of 14 meters from the natural ground level, build a wastewater treatment plant, avoiding discharges into the sea, estuaries, and streams; in addition to the payment of obligations and all permits required by the laws of the country. 3) Official letter PGP-293-2019 Constancia POLO TURÍSTICO GOLFO PAPAGAYO. 5-002169-Z-000 with Cadastral Plan number G-1155787-2007, is: ÁREA HOTELERA Y ÁREA DE PROTECCIÓN FLORA Y FAUNA - SUPPLEMENTARY LAND USE: RESIDENCIAL Y CONDOHOTEL. The concession holder must comply with the technical standards and guidelines established by the Project's General Master Plan, such as: a maximum density of twenty rooms per hectare, a maximum surface coverage of 30%; a maximum building height of 14 meters from the natural ground level, build a wastewater treatment plant, avoiding discharges into the sea, estuaries, and streams; in addition to the payment of obligations and all permits required by the laws of the country. 4) Official letter PGP-294-2019 Constancia POLO TURÍSTICO GOLFO PAPAGAYO. 5-002174-Z-000 with Cadastral Plan number G-1274126-2008, is: ÁREA HOTELERA, RESIDENCIAL, COMERCIAL, ÁREA DE CAMPAMENTOS Y ÁREA DE PROTECCIÓN FLORA Y FAUNA - SUPPLEMENTARY LAND USE: CONDOHOTEL. The concession holder must comply with the technical standards and guidelines established by the Project's General Master Plan, such as: a maximum density of twenty rooms per hectare, a maximum surface coverage of 30%; a maximum building height of 14 meters from the natural ground level, build a wastewater treatment plant, avoiding discharges into the sea, estuaries, and streams; in addition to the payment of obligations and all permits required by the laws of the country. 5) Official letter PGP-295-2019 Constancia POLO TURÍSTICO GOLFO PAPAGAYO. 5-002172-Z-OOO with Cadastral Plan number G-1155786-2007, is: ÁREA HOTELERA, ÁREA DE PROTECCIÓN FLORA Y FAUNA, CONDOHOTEL Y COMERCIAL. The concession holder must comply with the technical standards and guidelines established by the Project's General Master Plan, such as: a maximum density of twenty rooms per hectare, a maximum surface coverage of 30%; a maximum building height of 14 meters from the natural ground level, build a wastewater treatment plant, avoiding discharges into the sea, estuaries, and streams; in addition to the payment of obligations and all permits required by the laws of the country.

That according to the THIRD Considerando of Resolution No. 0591-2022-SETENA, “The studies carried out indicate a series of recommendations that must be followed as indicated, as part of the project's environmental commitments. If the removal of any tree is required, the corresponding permit must be processed before the MINAE office, and if surface water bodies or wells are located within or on the boundaries of the AP, the current legislation on protection zones must be applied.”

In addition to all of the above, one must not forget that the Environmental License (Licencia Ambiental) is a preparatory and initial act for the realization of a project, and the purpose is that all necessary mitigation or compensation measures can be imposed so as not to cause irreparable damage to the environment, in accordance with Article 17 of the Organic Environmental Law.

The license granted is an intermediate act necessary for the subsequent obtaining of the permits required for the project's development, which are mandatory for its completion. Currently, the binding legal opinion is available in official letter DAJ-MINAE-1591-2025, which confirms the use of 30%. It is clarified that, during the evaluation of the case file, the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) information layer, prepared by SINAC and available on the SNIT (Sistema Nacional de Información Territorial) as of April 7, 2021, did not show State Natural Heritage areas on the Project Area. Regarding the presence of wetlands and mangroves, official letter DAJ-MINAE-1591-2025 states: "In the same vein, mangrove ecosystems, due to their special environmental protection regime, are excluded from the ICT concession regime and remain under the exclusive tutelage of SINAC-MINAE, in compliance with current environmental regulations." Taking into account the official layers established by SINAC regarding the existence of Wetlands, given that it is information considered official and is available on the SNIT, the geospatial analysis conducted by this Secretariat on April 7, 2021, indicates the following: From the Geospatial analysis, it is determined that the project will not be developed in an area with wetlands. It is clarified that the properties are not located within any wetland; however, according to the National Wetland Inventory (Inventario Nacional de Humedales) layer (SINAC), there are wetlands near its boundaries, such as: - Wetland: Manglar Panamá 1, estuarine type, mangrove class; located approximately 241 m West of the property with cadastral map 5-1186670-2007. - Wetland: Manglar Panamá 2, estuarine type, mangrove class; located approximately 113 m Northwest of the property with cadastral map 5-1155787-2007. - Wetland: Manglar Panamá 2, estuarine type, mangrove class; located on the Northern boundary of the property with cadastral map 5-1274126-2008. Separated by the width of the public road along the entire northern sector of the property. From the documents provided by the Developer, it is also noted: 2) Official Letter N° 06458-2020-DHR (Defensoría de los Habitantes), which indicates that a wetland does not exist on the site and what exists is soil saturation due to water accumulating on the site. 3) Official Letter PGP-575-2020 from ICT, which points out that there are clogged culverts that have caused the accumulation of rainwater, and therefore works must be done to improve water drainage. That is to say, there is NO presence of a wetland. It is necessary to point out that within the analysis process, the Developer provided environmental measures for the specific protection of the wetlands and mangroves adjacent to the project area, which are included in the environmental management plan (PGA) and which are the ones that must be considered in environmental follow-up. In response to the request for supplementary information generated by this Secretariat, through Resolution N°1263-2021-SETENA and official letter SETENA-DT-DEA-0193-2022, the developer provided the following: "As environmental mitigation measures, the Esteros Rocha and Panamá will have a protection zone of 15 meters on both banks, while the unnamed seasonal streams (quebradas estacionales Sin Nombre) will have a protection zone of 10 meters on both banks. Additionally, during the construction stage, perimeter ditches and sediment traps will be built for the works to prevent the flow of sediments toward the water bodies. Both the ditches and the sediment traps will receive periodic maintenance. The recommendation is made to carry out the main earthworks (movimientos de tierra) during the dry season, in order to reduce sediment runoff caused by rains. During the operational phase, permanent ditches will be built to prevent water flow toward the streams and a treatment plant will be available to prevent wastewater from being directed towards the water bodies. Likewise, it must be remembered that the coastal-wetland ecosystem is not within the Project Area (AP); however, the respective mitigation measures will be taken to avoid any impact linked to the sediment drag that the project could cause through the rivers and streams of cadastral map 5-2311315-2021 toward the site. Among the proposed measures are the construction of perimeter ditches with sediment traps in sloped sectors, earthworks (movimientos de tierra) will be avoided during rainy periods, an adequate drainage system will be ensured on the edges of the roads, and installation of ecological pavers. During the operational phase, a treatment plant will be available to prevent the flow of wastewater towards the wetland. Given that these areas are outside the Project Area and at a considerable distance, should there be a contribution of sediments to the wetlands, it would be a factor related to alterations in the hydrological regime, which could indirectly affect the related ecosystems. In such a case, some wetland plants or some of their species could be or are susceptible to small differences in substrate relief. These differences can be as small as a few centimeters. Sediment contribution is not expected in the high proportions that, in such a case, could affect the site's fauna, from macroinvertebrates to larger vertebrates. To avoid possible impacts on the streams within the Project Area, their protection zone is included in the design as established by legislation; moreover, during the construction phase, ditches and sediment traps will be built to prevent the flow of sediments toward the water bodies. Periodic maintenance will be performed on both the ditches and sediment traps. Ensure that the design of the wastewater treatment plants prevents the transit of any type of nutrients and sludge within the mangrove even when located outside the Project Area." It is clear that although the specific studies for the project area are carried out by professionals in their field, hired by the project developers for all case files submitted to SETENA, with professional and administrative responsibility, they are reviewed internally and compared with the databases of the Geographic Information Systems and other available information, such that, as demonstrated, the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) carried out complies with the applicable technical and legal regulations. Fourth Allegation: "Furthermore, it emphasizes that SETENA did not adequately consult the municipalities of the jurisdiction or the surrounding communities, failing in the duty of transparency, inter-institutional coordination, and citizen participation that must govern this type of project. Response to the Fourth Allegation: As previously mentioned, under Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, the possibility of participation has never been limited for either citizens or institutions; communication is open from the moment the EsIA information is published in a national circulation medium, as was done for this case in the newspaper La Teja on Tuesday, June 8, 2021, and which is also recorded on folio 146 of the Project's case file. However, no actor expressed before SETENA a willingness to receive more information about the project or to oppose it at the time of the case file analysis. In addition, as part of the EsIA process, the Environmental Impact Declaration of the EsIA must also be submitted with the received stamp of the Municipality of the canton where the activity, work, or project is located. It is reiterated that the participation mechanism applied was the Quantitative Social Perception Study, which was conducted in compliance with current regulations. Fifth Allegation: "As a precautionary measure, it requests that the application of the environmental approval granted to the project be suspended until the merits of the appeal are definitively resolved. Regarding its substantive claims, it asks this Chamber to grant the amparo and order SETENA to roll back the environmental approval procedure, correct the irregularities pointed out, adjust the process to the provisions of Law No. 6758, and correct Decree No. 44448 so that it does not remain in its current ambiguity. It also demands that a public hearing be convened with the residents of Playa Panamá, nearby communities, environmental organizations, and the general public, as an indispensable requirement for any eventual authorization. Finally, it affirms that, by prioritizing the economic interests of the developing company over the rights of the communities and the country, the respondent authorities have acted contrary to the Political Constitution. It reiterates that the megaproject, as approved, is tainted by nullity due to multiple violations of fundamental rights, the principle of legality, and environmental regulations, which demands the intervention of this Chamber to restore the validity of the injured rights." Regarding this allegation, it is up to the Chamber to rule on the matter. It is worth noting that on these issues, a Motion to Annul was filed by other actors before this Secretariat, alleging these and other arguments of mere legality, which is under review by the Plenary Commission of this Secretariat and close to being resolved; therefore, being matters of ordinary legality and in accordance with the multiple Constitutional Jurisprudence on the matter, it is requested that this Amparo Appeal be declared Without Merit."

26.- By a brief added to the digital case file on September 25, 2025, the appellant states: "AS OF 07 HOURS AND 34 MINUTES ON SEPTEMBER 25, 2025, THE FOLLOWING IS PROVIDED TO AMPARO APPEAL 25 25228 007 CO FUNDAMENTAL VIOLATIONS • The impact on: o Right to equality (Art. 33). o Citizen participation. o Right to a healthy environment. o Due process. • Legal Principles Violated: o Principle of legality. o Legal reservation. o Constitution and the General Law of Public Administration. Liberia, September 25, 2025 Honorable Magistrates Constitutional Chamber SABANA SUR-SAN JOSE. Dear Magistrates: I, Nombre49424 , SENIOR CITIZEN, Nombre68642 CED38524, PROVIDE TO AMPARO APPEAL 25 25228 007 CO, the following: The amparo appeal argues violations of equality, citizen participation, legality, and the right to a healthy environment, due principle, legal reservation, principle of legality. The analysis of this amparo appeal implies identifying that violations of fundamental rights are being claimed, such as equality, citizen participation, the right to a healthy environment, and the right to due process. Furthermore, the breach of key legal principles is alleged, such as the principle of legality (the administration must act in accordance with the law) and the principle of legal reservation (certain matters can only be regulated by formal law). The court must determine whether the actions or omissions that motivated the amparo effectively violated these rights and principles. Analysis by component: 1. Violation of Equality: It would be argued that an action or omission by a public authority unequally affected citizens, treating them unjustifiably or discriminatorily. 2. Violation of Citizen Participation: It could be alleged that citizens were not allowed to adequately participate in public decision-making, or that their voices were not considered in a process that affects them. 3. Violation of the Right to a Healthy Environment: It would be claimed that the public administration has allowed or has been part of damage to the environment, affecting people's right to enjoy a healthy environment. • The lack of a public hearing is questioned, along with the deficient evaluation of environmental impacts on forests and mangroves, non-compliance with the Ley Forestal and Law 6758, and the ambiguity of Decreto Ejecutivo 44448. CONCLUSIONS LAND-USE CHANGE AND ENVIRONMENTAL VIABILITY GRANTED BY SETENA The analysis of the amparo appeal must determine whether the land-use change (cambio de uso del suelo) and environmental viability for the Proyecto Turístico Papagayo, as well as the lack of a public hearing and technical consultation with the bordering municipalities of Carrillo and Liberia, violated the right to equality, citizen participation, the right to a healthy environment, and due process. The breach of the principle of legality, the principle of legal reservation, and the Ley Forestal and Law 6758 must be evaluated to determine whether Decreto Ejecutivo 44448 and the actions of SETENA (Secretaría Técnica Ambiental) constituted discriminatory acts, negatively affected the environment, or prevented citizen participation. ANALYSIS BY COMPONENT • Violation of Equality: It is analyzed whether the administration's treatment was discriminatory, especially by not considering the area as indigenous territory, which could contravene constitutional Article 33 that enshrines equality before the law. • Violation of Citizen Participation: The lack of a public hearing is questioned, preventing citizens from intervening in decisions that affect them, and the lack of technical consultation with the Municipalities of Carrillo and Liberia. • Violation of the Right to a Healthy Environment: It is claimed that the actions of SETENA and Decree 44448 allowed the environment to be affected, either by the inadequate evaluation of environmental impacts on forests and mangroves or by non-compliance with laws such as the Ley Forestal and Law 6758. • Violation of Legal Principles: • Principle of Legality: • It is alleged that the administration did not act in accordance with the law regarding the land-use change and the granting of environmental viability. • Principle of Legal Reservation: • It is suggested that fundamental aspects should have been regulated by formal law, and not solely by an executive decree, such as Decree 44448. • Due Process: • It is argued that procedural guarantees were not respected, such as the public hearing and technical consultation with local municipalities. KEY FACTS FOR THE ANALYSIS: • Decreto Ejecutivo 44448: • A decree that caused the land-use change for the project. • Action by SETENA: • It granted environmental viability for the Proyecto Turístico Nombre169752 and justified itself by arguing that it was not an indigenous zone. • Geographic Location: • The project is located on lands bordering the cantons of Carrillo and Liberia. • Nature of the Project: • The Proyecto Turístico Papagayo. • FUNDAMENTAL VIOLATIONS: • The impact on: o Right to equality (Art. 33). o Citizen participation Right to a healthy environment. o Due process. • Legal Principles Violated: o Principle of legality. o Legal reservation. o Constitution and the General Law of Public Administration."

27.- By a brief added to the digital case file on September 25, 2025, the appellant states: "AS OF 09 HOURS AND 36 MINUTES ON SEPTEMBER 25, 2025, THE FOLLOWING IS PROVIDED TO AMPARO APPEAL 25 25228 007 CO JURISPRUDENCE • Consultation with Municipalities and Other Entities: Technical consultation with municipalities and other entities with tourism and environmental interests is fundamental to guarantee the validity of land-use change studies and environmental viability. Technical consultation is a crucial step to validate land-use change studies and the environmental viability of large-scale projects, as it involves the review and approval of municipalities and entities with environmental and tourism interests, who will ensure concordance with regulations and the minimization of negative impacts, as stipulated in Costa Rica's Environmental Impact Assessment (EIA) regulations, notes Setena. Importance of technical consultation • Validation of studies: It allows entities with tourism and environmental interests to approve land-use change studies, confirming that they reflect reality and are correct. • Environmental viability: Ensures that the project is environmentally viable, that is, that negative impacts can be mitigated or eliminated, and that severe environmental damage will not occur. • Regulatory compliance: Guarantees compliance with environmental laws and regulations governing construction and development projects. • Citizen participation and stakeholders: Technical consultation also encourages the participation of civil society and other interested actors, strengthening the decision-making process. "...A stakeholder, or 'interested party' or 'interest group,' is any person, group, or organization that has an interest in a company, project, or system, or that may be affected by its activities and decisions. Stakeholders can be internal (such as employees) or external (such as customers or the government), and their support is fundamental for the success of an initiative, as they can influence it positively or negatively. Examples of stakeholders Stakeholders are very diverse and can include: • Employees and managers: They have a labor and economic interest in the company. • Customers: They seek products or services and are affected by the company's policies. • Suppliers: They supply goods and services, and their relationship with the company is key. • Shareholders: They invest in the company and expect a return on their investment. • Governments and regulators: They establish laws and regulations that must be complied with. • Local communities: They are affected by the environmental and social impact of companies. • Environmental groups: They would demand actions to protect the environment. • Non-governmental organizations: They have a social interest and can mobilize public opinion. Why are stakeholders important? • Influence and support: They have the capacity to positively or negatively affect the development and impact of a project. • Decision-making: Identifying and understanding the interests of stakeholders is crucial for making informed decisions. • Risk management: A good relationship with stakeholders helps mitigate risks. • Reputation: Managing relationships properly improves the company's reputation. • Sustainability: Their participation contributes to sustainability and the achievement of long-term objectives...".(Sic). • Informed decision-making: The information obtained in these consultations helps decision-makers evaluate environmental effects, plan corrective measures, and make the most appropriate decisions for the project. Key aspects of the consultation • Participants: The consultation is directed at municipalities and other entities with tourism and environmental interests in the area where the development is planned. • Nature of the project: Land-use change studies and environmental viability are especially relevant for large-scale projects, where environmental impacts are more significant. • The EIA procedure in Costa Rica: This process includes the identification and prediction of effects, their quantification and weighting for decision-making, the review of the environmental declaration, and consultation with interested parties, as indicated by SETENA. • Environmental Assessment Instruments (IEA): The results of the consultation are used to define whether the project requires an Environmental Impact Assessment (EIA) or an Environmental Assessment Document (DEA). Liberia, September 25, 2025 Honorable Magistrates Constitutional Chamber Dirección4241 . Dear Magistrates: I, Nombre49424 , SENIOR CITIZEN, Nombre68642 CED38524, PROVIDE TO AMPARO APPEAL 25 25228 007 CO, the following: JURISPRUDENCE CONTINUOUS ENVIRONMENTAL PARTICIPATION IS A CITIZENS' RIGHT Continuous environmental participation is a citizens' right, as demonstrated by the case of the Proyecto Turístico Bahía Nombre169752 in the Canton of Carrillo, where a complaint was filed before the Constitutional Chamber for the possible violation of this right, by not holding a public hearing for a project with high environmental impact. This complaint, which investigates a possible illegal land-use change, involves the company Enjoy Hotels & Resorts S.A. and was filed by an environmental activist and neighbors, evidencing the importance of consultations and citizen participation in projects with environmental repercussions. Legal Framework and Jurisprudence • Right to Environmental Participation: The Political Constitution of Costa Rica, through Article 18 of the Organic Law of the Environment, recognizes the right of citizens to participate in environmental assessment procedures and to have access to information. • Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures: For high-impact projects, such as that of Bahía Papagayo, it is mandatory to hold public hearings to inform the population and obtain their opinion. • Consultation with Municipalities and Other Entities: Technical consultation with municipalities and other entities with tourism and environmental interests is fundamental to guarantee the validity of land-use change studies and environmental viability. Technical consultation is a crucial step to validate land-use change studies and the environmental viability of large-scale projects, as it involves the review and approval of municipalities and entities with environmental and tourism interests, who will ensure concordance with regulations and the minimization of negative impacts, as stipulated in Costa Rica's Environmental Impact Assessment (EIA) regulations, notes Setena. Importance of technical consultation • Validation of studies: It allows entities with tourism and environmental interests to approve land-use change studies, confirming that they reflect reality and are correct. • Environmental viability: Ensures that the project is environmentally viable, that is, that negative impacts can be mitigated or eliminated, and that severe environmental damage will not occur. • Regulatory compliance: Guarantees compliance with environmental laws and regulations governing construction and development projects. • Citizen participation and stakeholders: Technical consultation also encourages the participation of civil society and other interested actors, strengthening the decision-making process. "...A stakeholder, or 'interested party' or 'interest group,' is any person, group, or organization that has an interest in a company, project, or system, or that may be affected by its activities and decisions. Stakeholders can be internal (such as employees) or external (such as customers or the government), and their support is fundamental for the success of an initiative, as they can influence it positively or negatively. Examples of stakeholders Stakeholders are very diverse and can include: • Employees and managers: They have a labor and economic interest in the company. • Customers: They seek products or services and are affected by the company's policies. • Suppliers: They supply goods and services, and their relationship with the company is key. • Shareholders: They invest in the company and expect a return on their investment. • Governments and regulators: They establish laws and regulations that must be complied with. • Local communities: They are affected by the environmental and social impact of companies. • Environmental groups: They would demand actions to protect the environment. • Non-governmental organizations: They have a social interest and can mobilize public opinion. Why are stakeholders important? • Influence and support: They have the capacity to positively or negatively affect the development and impact of a project. • Decision-making: Identifying and understanding the interests of stakeholders is crucial for making informed decisions. • Risk management: A good relationship with stakeholders helps mitigate risks. • Reputation: Managing relationships properly improves the company's reputation. • Sustainability: Their participation contributes to sustainability and the achievement of long-term objectives...". (Sic). • Informed decision-making: The information obtained in these consultations helps decision-makers evaluate environmental effects, plan corrective measures, and make the most appropriate decisions for the project. Key aspects of the consultation • Participants: The consultation is directed at municipalities and other entities with tourism and environmental interests in the area where the development is planned. • Nature of the project: Land-use change studies and environmental viability are especially relevant for large-scale projects, where environmental impacts are more significant. • The EIA procedure in Costa Rica: This process includes the identification and prediction of effects, their quantification and weighting for decision-making, the review of the environmental declaration, and consultation with interested parties, as indicated by SETENA. • Environmental Assessment Instruments (IEA): The results of the consultation are used to define whether the project requires an Environmental Impact Assessment (EIA) or an Environmental Assessment Document (DEA). The Case of the Proyecto Bahía Nombre169752 • Irregularities: Possible irregularities were reported in the Proyecto Bahía Papagayo, including the lack of a public hearing and an alleged unauthorized land-use change. • Complaint and Investigation: An environmental activist and neighbors filed an amparo appeal before the Constitutional Chamber and the Environmental Prosecutor's Office, which initiated a criminal investigation against the company Enjoy Hotels & Resorts S.A. for alleged irregularities. • Environmental Impact: • The project could significantly affect the region's ecosystems, including forests and wetlands, with possible negative consequences on soil quality and slope stability. Relevance for Municipalities and the Community • Duty to Inform: The Municipalities of Carrillo and Liberia have the duty to inform and consult citizens about projects developed in their territories. • Administrative and Criminal Processes: The municipalities must ensure that the procedures for land-use change and environmental viability are carried out in accordance with the law. • Defense of Interests: Citizen participation is crucial to defend the tourism and environmental interests of the region, as demonstrated by the "Salvemos Playa Panamá" movement."

28.- By a brief added to the digital case file on September 25, 2025, the plaintiff states: "AS OF 11 HOURS AND 15 MINUTES ON SEPTEMBER 25, 2025, THE FOLLOWING IS PROVIDED TO AMPARO APPEAL 25 25228 007 CO A TECHNICAL OPINION IS REQUIRED FROM THE MUNICIPALITY OF CARRILLO AND LIBERIA Yes, for a large-scale project like the Proyecto Turístico Papagayo, the municipalities of Carrillo and Liberia are required to issue a technical opinion on the land-use change and the obtaining of environmental viability by SETENA. This is due to their competence in promoting inclusive local development and managing resources within their political, administrative, and financial autonomy, as established in the Municipal Code and Articles 169 and 170 of the Political Constitution of Costa Rica. Legal foundations: • Municipal Autonomy: Articles 169 and 170 of the Political Constitution and Article 4 of the Municipal Code grant local governments the autonomy to act in local development. • Municipal Competence: The power to promote participatory and inclusive local development, contemplating the population's needs, is fundamental for the management of large-scale projects that directly affect the territory. • Cross-border projects: As the Proyecto Nombre169752 is an initiative located on the boundaries of the cantons of Carrillo and Liberia, both municipalities must coordinate and issue their technical opinion to ensure that development is coherent with local regulations and the interests of their communities. Liberia, September 25, 2025 Honorable Magistrates Constitutional Chamber SABANA SUR-SAN JOSE. Dear Magistrates: I, Nombre49424 , SENIOR CITIZEN, Nombre68642 CED38524, PROVIDE TO AMPARO APPEAL 25 25228 007 CO, the following: A TECHNICAL OPINION IS REQUIRED FROM THE MUNICIPALITY OF CARRILLO AND LIBERIA Given Articles 169 and 170 of the Constitution and the Municipal Code Article 4 (Law No. 7794 (and its amendments). The municipality possesses the political, administrative, and financial autonomy conferred upon it by the Political Constitution. Among its powers are included the following: h) Promote participatory and inclusive local development, contemplating the diversity of the population's needs and interests. Question: For legal purposes and the land-use change, granting of environmental viability by SETENA, for a large-scale project such as the Proyecto Papagayo, is it necessary to consult and have the Municipality of Carrillo and Liberia issue a technical opinion, given that they are cross-border where the Proyecto Turístico Papagayo is located? ANSWER: Yes, for a large-scale project like the Proyecto Turístico Papagayo, the municipalities of Carrillo and Liberia are required to issue a technical opinion on the land-use change and the obtaining of environmental viability by SETENA.

This is due to their competence in promoting inclusive local development and the management of resources within their political, administrative, and financial autonomy, as established in the Código Municipal and Articles 169 and 170 of the Constitución Política de Costa Rica. Legal basis: • Municipal Autonomy: Articles 169 and 170 of the Constitución Política and Article 4 of the Código Municipal grant local governments the autonomy to act in local development. • Municipal Competence: The power to promote participatory and inclusive local development, which takes into account the needs of the population, is fundamental for the management of large-scale projects that directly affect the territory. • Cross-border projects: As Proyecto Nombre169752 is an initiative located on the boundaries of the cantons of Carrillo and Liberia, both municipalities must coordinate and issue their technical opinion to ensure that the development is consistent with local regulations and the interests of their communities. In summary: The consultation of the municipalities of Carrillo and Liberia is a necessary legal and technical step, as municipal autonomy allows them to influence the development of their territory and assess how large-scale projects align with local development policies and the interests of their citizens. QUESTION: Taking into consideration that for a large-scale project such as Proyecto Turístico Papagayo, the municipalities of Carrillo and Liberia are required to issue a technical opinion on the land-use change (cambio de uso de suelo) and the obtaining of environmental feasibility (viabilidad ambiental) by SETENA, and given that the Municipality of Carrillo and Liberia, nor SETENA, did not provide it in their response to amparo action 25 25228 007 CO, which constitutional articles and laws would they be violating. ANSWER: The Municipalities and SETENA would be violating Articles 169 and 170 of the Constitución Política and Article 4 of the Código Municipal de Costa Rica, specifically their power to promote participatory and inclusive local development. By not consulting and issuing a technical opinion on Proyecto Turístico Papagayo, a cross-border initiative that affects the cantons of Carrillo and Liberia, the political, administrative, and financial autonomy of both municipalities is ignored, as is their competence in territorial management and the right of their populations to be consulted on projects that directly impact their surroundings. Legal basis and arguments: 1. Municipal Autonomy: Articles 169 and 170 of the Constitución Política and Article 4 of the Código Municipal establish the autonomy of local governments. This means they have the authority to make decisions and execute actions within their territory, which includes the approval of developments and projects. 2. Competence in Local Development: Article 4, subsection h), of the Código Municipal grants municipalities the power to "promote participatory and inclusive local development, which contemplates the diversity of the needs and interests of the population." Ignoring the consultation for a large-scale project, such as Proyecto Papagayo, goes against this principle, as it limits citizen participation and local interest in a project that directly affects the territory. 3. Cross-border Nature: Proyecto Turístico Nombre169752 is located on the boundaries of the cantons of Carrillo and Liberia. Being cross-border, it is essential that both municipalities coordinate and issue their technical opinion. This ensures that the development is consistent with local regulations and the interests of the communities involved in both cantons, and that the impact on both territories is considered. 4. Relevance of the Technical Opinion: The environmental feasibility and the land-use change of large-scale projects require a technical analysis. The consultation of the municipalities ensures that this analysis includes the perspective of local governments and their development plans, and not just the technical vision of SETENA. Consequences of the Omission: • Violation of Autonomy and Participation: The lack of consultation and technical opinion by the municipalities of Carrillo and Liberia violates their political, administrative, and financial autonomy, and citizen participation in decision-making. • Incoherent Development: The absence of this opinion may lead to a project development that does not align with local development policies, municipal regulations, or the needs of the populations of Carrillo and Liberia. • Potential for Legal Conflicts: This omission may be grounds for an amparo action that considers the violation of constitutional and legal rights of the municipalities and citizens."

29.- By document incorporated into the digital case file on September 25, 2025, the claimant argues: "AS OF 4:27 PM ON SEPTEMBER 25, 2025, THE FOLLOWING IS PROVIDED TO AMPARO ACTION 25 25228 007 CO Article 5 of the Ley Orgánica del Ambiente de Costa Rica • Article 5 of the Ley Orgánica del Ambiente de Costa Rica establishes the need to rely on institutional and governmental bodies, as well as the participation of other State institutions, to develop and apply the general principles of environmental law. The absence of this opinion not only weakens the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) process by SETENA (Secretaría de Estado de Ambiente y Recursos Naturales) but also violates the right to a healthy environment and orderly territorial development. • Duties of the Municipalities: Given that this is a large-scale project, it is essential that the municipalities involve and coordinate with the Central Government and with the Municipality of the other jurisdiction (Liberia or Carrillo, depending on the specific location of the project), so that the development complies with the environmental and urban planning regulations of the canton. Inter-institutional and Cross-border Coordination: • Projects that affect more than one canton or that are large-scale require effective coordination between the municipalities and other institutions. The lack of technical opinions from the municipalities or the absence of a cross-border approach evidences a failure in coordination, which is essential for sustainable tourism development and for the correct application of current regulations. In summary, the omission in the issuance of the technical opinion by the municipalities, especially in projects that affect land use and the environment, could violate the legal duty of coordination and territorial planning, which is an essential component of sustainable development and environmental protection. Liberia, September 25, 2025 Honorable Magistrates of the Sala Constitucional SABANA SUR-SAN JOSE. Dear Magistrates: I, Nombre49424  , OLDER ADULT, Nombre68642 CED38524, PROVIDE THE FOLLOWING TO AMPARO ACTION 25 25228 007 CO: For a large-scale project such as Proyecto Turístico Papagayo, the municipalities of Carrillo and Liberia are required to issue a technical opinion on the land-use change and the obtaining of environmental feasibility by SETENA. Which article (sic) were violated because no technical opinions were issued by the Municipality of Carrillo and Liberia or through proper coordination a cross-border technical opinion. The foregoing, taking into consideration the response to Amparo Action 25 25228 007 CO given by those Municipalities. ANSWER: The absence of technical opinions from the municipalities of Carrillo and Liberia for Proyecto Turístico Nombre169752 could violate Article 28 of the Ley de Planificación Urbana (or equivalent norm in Costa Rican legislation) which requires the conformity of projects with zoning and local plans, as well as Article 5 of the Ley Orgánica del Ambiente, which establishes the need for environmental feasibility through a SETENA resolution, and inter-institutional coordination for projects affecting several cantons. The offense of land-use change being investigated in relation to Proyecto Bahía Nombre169752 by the Fiscalía Ambiental reinforces the importance of these opinions and coordination. ARTICLE 28 LEY DE PLANIFICACIÓN URBANA. Article 28 of the Costa Rican Ley de Planificación Urbana (Law N°4240) establishes the obligation of the subdivider (fraccionador) of lands located outside urbanized areas to freely cede 10% of the land area for green areas and urban equipment, unless the subdivision is for agricultural use. This article has been modified by resolutions of the Sala Constitucional to ensure the application of these principles, seeking a greater benefit for the community and guaranteeing areas for public use. Details of Article 28 • Purpose: This article seeks that land subdivisions are developed in a more comprehensive manner, incorporating spaces for public enjoyment and the provision of essential services. • Criteria: It applies to lands located outside the quadrant of cities or previously urbanized areas. • Exception: It does not apply to subdivisions for agricultural use, since these lands are not considered of interest for urban use. • Legal Basis: Law N°4240 of 1968, with its subsequent modifications and resolutions of the Sala Constitucional, makes up the urban planning regulations in Costa Rica. Additional Considerations • Modifications: The provision on the cession of 10% of the land has been reformed by the Sala Constitucional, confirming its validity and the objective of benefiting the community. • Integration: This article is complemented by the general objective of urban planning to manage land use in a sustainable manner, generating economic benefits, social equity, and conserving the environment. Article 5 of the Ley Orgánica del Ambiente de Costa Rica Article 5 of the Ley Orgánica del Ambiente de Costa Rica establishes the need to rely on institutional and governmental bodies, as well as the participation of other State institutions, to develop and apply the general principles of environmental law. The law seeks the coordination of efforts between the Government, institutions, and citizens to achieve harmony between human beings and their environment, as well as the sustainable use of natural resources. Key Points of Article 5: • Institutional and Governmental Bodies: It is recognized that the environmental system needs these entities to carry out its functions. • Competencies of Other Institutions: The law also contemplates the participation and assignment of competencies to other State institutions in environmental matters. • Coordination Objective: The purpose is to achieve efficient and effective work in environmental matters, through the coordination of Public Administration activities. • Harmony and Sustainability: These efforts seek to promote harmony between human beings and their environment and promote the sustainable use of natural resources. Regulations and Articles That Could Have Been Violated: 2. Ley de Planificación Urbana (or equivalent local legislation): • Large-scale projects must be evaluated by the municipalities to verify their compatibility with zoning and local development plans. The absence of municipal technical opinions could indicate an omission in this procedure and a possible violation of regulations governing land uses in the cantons of Carrillo and Liberia. 3. Environmental Legislation (Ley Orgánica del Ambiente and SETENA Regulations): • Article 5 of the Ley Orgánica del Ambiente and its regulations establish that environmental feasibility is an indispensable requirement for any project or activity that may have a significant impact on the environment, which must be issued by SETENA. Not having the technical opinions of the municipalities can prevent or delay SETENA's evaluation and, therefore, the obtaining of environmental feasibility. 4. Inter-institutional and Cross-border Coordination: • Projects that affect more than one canton or that are large-scale require effective coordination between the municipalities and other institutions. The lack of technical opinions from the municipalities or the absence of a cross-border approach evidences a failure in coordination, which is essential for sustainable tourism development and for the correct application of current regulations. • Furthermore, the absence of a technical opinion from the Municipality of Carrillo and Liberia for Proyecto Turístico Papagayo, in relation to the land-use change, would have infringed the principle of coordination between local authorities and territorial planning established in Article 45 of the Ley de Planificación Urbana, as well as regulations related to environmental management and the environmental impact assessment procedure by SETENA, as is inferred from the context of the amparo action. Failure to comply with this obligation to evaluate and issue a respective technical opinion on the land-use change, for large-scale projects in shared influence zones, weakens planning and the environmental sustainability of the territory. Article 45 of the Ley de Planificación Urbana (Law Nº 4240) of Costa Rica Article 45 of the Ley de Planificación Urbana (Law Nº 4240) of Costa Rica, as modified by a resolution of the Sala Constitucional in 1996, establishes that public use areas, once ceded to the municipality, cannot be eliminated or reduced unless some improvement or other compensatory facility that benefits the community is obtained. Article details: • Public areas: Refers to areas intended for the common use of citizens, such as parks and recreational spaces. • Cession to the municipality: These areas must be transferred to the municipal domain once they have been ceded in a subdivision. • Compensation: The elimination or reduction of these areas is conditioned on offering compensation that implies a greater benefit for the community. • Rights of way: Areas of rights of way for highways, which must be ceded to the State, are excepted from this provision. • Reference to other articles: Article 41 of the same law was annulled by the resolution of the Sala Constitucional, which implies that Article 45 was modified and is integrated into the current framework. Grounds for the Infraction: • Principle of Coordination and Territorial Planning: The articles regulating urban and territorial planning in Costa Rica (such as the Ley de Planificación Urbana) impose on the municipalities the duty to exercise their competencies and coordinate with other authorities to guarantee ordered and sustainable development of the territory. The omission to issue a technical opinion is a clear violation of this duty of coordination and participation in the planning process. • Duties of the Municipalities: Given that this is a large-scale project, it is essential that the municipalities involve and coordinate with the Central Government and with the Municipality of the other jurisdiction (Liberia or Carrillo, depending on the specific location of the project), so that the development complies with the environmental and urban planning regulations of the canton. • Framework of the Amparo Action: The response given by the Municipality of Carrillo and Liberia in Amparo Action 25 25228 007 CO could demonstrate the lack of a technical opinion, which is fundamental for the environmental feasibility and the land-use change of a large-scale project. The absence of this opinion not only weakens the environmental impact assessment process by SETENA (Secretaría de Estado de Ambiente y Recursos Naturales) but also violates the right to a healthy environment and orderly territorial development. Context of Proyecto Bahía Papagayo: • The information in the case indicates that there is an ongoing criminal investigation into an alleged illegal land-use change in the Proyecto Turístico Bahía Papagayo, where there have been impacts on forests to "clear the vegetation" (socolar la vegetación) (i.e., prepare the land for a new use). This fact highlights the need for technical coordination between the affected municipalities and environmental entities. • In summary, the omission in the issuance of the technical opinion by the municipalities, especially in projects that affect land use and the environment, could violate the legal duty of coordination and territorial planning, which is an essential component of sustainable development and environmental protection."

30.- By document incorporated into the digital case file on September 25, 2025, the protected party records: "AS OF 9:04 PM ON SEPTEMBER 25, 2025, THE FOLLOWING IS PROVIDED TO AMPARO ACTION 25 25228 007 CO Violations of the Código Municipal • Municipal Functions on Territorial Planning: The municipalities (CARRILLO AND LIBERIA) breach their duty to approve territorial planning and land use plans by not issuing the necessary technical opinions, affecting the development of the canton. • Coordination of Local Policies: The municipalities (CARRILLO AND LIBERIA) have the obligation to coordinate when projects or actions in their territories affect each other. The lack of coordination in tourism and land use projects between neighboring cantons is a clear breach. Consideration of the Amparo Action • The response to an amparo action (Amparo Action 25 25228 007 CO) by the municipalities (CARRILLO AND LIBERIA) demonstrates the interaction with the problem, but the absence of the required technical opinions highlights the failure in coordination and the fulfillment of their duties. • This situation evidences a weakness in the application of current regulations and in the commitment to sustainable development, as an effective cross-border technical opinion was not achieved. Liberia, September 25, 2025 Honorable Magistrates of the Sala Constitucional SABANA SUR-SAN JOSE (sic). Dear Magistrates: I, Nombre49424   (sic), OLDER ADULT, Nombre68642 (sic) CED38524, PROVIDE THE FOLLOWING TO AMPARO ACTION 25 25228 007 CO: For a large-scale project such as Proyecto Turístico Papagayo, the municipalities of Carrillo and Liberia are required to issue a technical opinion on the land-use change and the obtaining of environmental feasibility by SETENA. Inter-institutional and Cross-border Coordination is required: Projects that affect more than one canton Carrillo and Liberia or that are large-scale require effective coordination between the municipalities of Carrillo and Liberia and other institutions. The lack of technical opinions from the municipalities of Carrillo and Liberia or the absence of a cross-border approach evidences a failure in coordination, which is essential for sustainable tourism development and for the correct application of current regulations. Which articles (sic) of the Constitución Política (sic) de Costa Rica, Laws: Ley General de la Administración (sic) Pública, Código Municipal, constitutional principles did they violate because there were no technical opinions issued by the Municipality of Carrillo and Liberia or through proper coordination a cross-border technical opinion. The foregoing, taking into consideration the response to Amparo Action 25 25228 007 CO given by those Municipalities. ANSWER The absence of technical opinions from the Municipalities of Carrillo and Liberia, which affected Proyecto Turístico Papagayo, could have violated the Constitución Política (principles of public interest and sustainable development), the Ley General de la Administración Pública (duty to state reasons and coordination), and the Código Municipal (municipal functions and territorial planning). Specifically, there would be a failure in the duty to issue acts with technical basis, coordinate inter-institutional actions for large-scale projects that cross the cantonal border, and protect the environment and land use in a sustainable manner, as is inferred from the principles of tourism development and application of current regulations. Analysis of possible violations: Constitución Política de Costa Rica: • Principles of public interest and sustainable development: Tourism development must respond to the public interest and be sustainable. The lack of technical opinions and coordination for a project of the scale of Nombre169752 could contravene this principle, as it would not be guaranteeing a development that benefits the community and protects the environment. • Right to a healthy and ecologically balanced environment: By not issuing adequate technical opinions and coordinating, the municipalities (LIBERIA AND CARRILLO) could be failing in their duty to ensure environmental protection and adequate land use, indirectly affecting this right. Ley General de la Administración Pública: • Duty to state reasons for acts: The municipalities have the obligation to technically substantiate their acts. The omission to issue technical opinions means that decisions are not being duly justified, an essential requirement for the validity of administrative acts. • Inter-institutional coordination: The law establishes the need to coordinate between different public institutions. The lack of coordination between Carrillo and Liberia for a project that affects both cantons is a failure in the fulfillment of this obligation, especially given its large scale. • Duty of consultation and participation: For projects of this nature, it is essential to consult interested parties and other public bodies. The omission in these processes indicates a failure in the application of the law. Código Municipal: • Municipal functions on territorial planning: The municipalities have the responsibility to approve territorial planning and land use plans in their canton. The lack of a technical opinion implies a breach of these functions, which can have negative consequences for the development of the project and the canton. • Coordination of local policies: The municipalities must coordinate with each other when their actions or projects in their territories affect each other or affect other cantons, especially in matters such as tourism development and land use. Consideration of the Amparo Action: The fact that the municipalities (Liberia and Carrillo), which issued a response in an amparo action (Amparo Action 25 25228 007 CO), demonstrate that there was an interaction with the problem, but without this translating into the issuance of the required technical opinions, further highlights the failure in coordination and in the fulfillment of their functions. The lack of an effective cross-border technical opinion, requested and issued, reveals a weakness in the application of current regulations and in the commitment to sustainable development. ANALYSIS (sic): The identified violations indicate that projects like Papagayo, lacking technical opinions and coordination between the municipalities of Liberia and Carrillo, contravene the Constitución Política by not promoting the public interest or sustainable development, infringe the right to a healthy environment, and violate the Ley General de la Administración Pública due to a lack of reasoning and coordination, as well as the Código Municipal for non-compliance with territorial planning functions and coordination between municipalities. The existence of an amparo action without the due issuance of technical opinions aggravates this situation, demonstrating a failure in regulatory application and a deficient commitment to sustainable development. Violations of the Constitución Política de Costa Rica • Principle of Public Interest and Sustainable Development: A tourism development that is not based on technical opinions and coordination fails to benefit the community and protect the environment, contravening the purpose of public interest and long-term sustainability. • Right to a Healthy and Ecologically Balanced Environment: The lack of technical opinions and the absence of coordination between the municipalities affect the adequate use of land and the protection of the environment, which negatively impacts the right of citizens to a balanced environment. Violations of the Ley General de la Administración Pública • Duty to State Reasons for Acts: The omission in the issuance of technical opinions constitutes a lack of technical substantiation in decisions, which is an essential requirement for the validity of administrative acts. • Inter-institutional Coordination: The law requires coordination between public institutions. The lack thereof between the municipalities of Liberia and Carrillo, for a project that affects both cantons, is a breach of this obligation. • Duty of Consultation and Participation: The consultation of interested parties and other public bodies is omitted, which is fundamental for large-scale projects and represents a failure in the application of the law. Violations of the Código Municipal • Municipal Functions on Territorial Planning: The municipalities (CARRILLO AND LIBERIA) breach their duty to approve territorial planning and land use plans by not issuing the necessary technical opinions, affecting the development of the canton. • Coordination of Local Policies: The municipalities (CARRILLO AND LIBERIA) have the obligation to coordinate when projects or actions in their territories affect each other. The lack of coordination in tourism and land use projects between neighboring cantons is a clear breach. Consideration of the Amparo Action • The response to an amparo action (Amparo Action 25 25228 007 CO) by the municipalities (CARRILLO AND LIBERIA) demonstrates the interaction with the problem, but the absence of the required technical opinions highlights the failure in coordination and the fulfillment of their duties. • This situation evidences a weakness in the application of current regulations and in the commitment to sustainable development, as an effective cross-border technical opinion was not achieved."

31.- By document incorporated into the digital case file on September 27, 2025, the appellant states: "AS OF 3:21 PM ON SEPTEMBER 27, 2025, THE FOLLOWING IS PROVIDED TO AMPARO ACTION 25 25228 007 CO The allegation holds that SETENA violated legality, due process, citizen participation, and public interest by granting environmental feasibility for Proyecto Turístico Nombre169752 without consulting the municipalities of Carrillo and Liberia, contravening the LGAP, the Código Municipal, and the Código Ambiental. SETENA, in response, affirms that it complied with participation regulations through the publication of information in national media and the conduct of a social perception study, and that the absence of a Declaratoria de Impacto Ambiental with a municipal seal is not an impediment to feasibility. Arguments of the Allegation: • Violation of legality and due process: SETENA failed to comply with regulations by not consulting the municipalities of Carrillo and Liberia, violating the right to administrative due process of these entities. • Non-observance of the Constitution and the right to a healthy environment: The omission of consultations could have prevented adequate evaluation of the project, jeopardizing the right to a healthy environment guaranteed by Article 50 of the Constitution. • Breach of the Ley General de Administración Pública: The LGAP requires citizen participation and consultation with competent institutions, so skipping these steps constitutes a procedural defect. • Contravention of the Código Municipal: The municipalities have competencies over the territory and land use, and should therefore have issued their technical opinion regarding the project. • Contradiction with the Código Ambiental: The Código Ambiental establishes the obligation to consult local authorities in environmental evaluations for high-impact projects. • Affectation of diffuse interests and public interest: The lack of consultation and insufficient evaluation affects citizens and the environment, prioritizing particular interests. SETENA's Response: • Participation via publication and study: The communication of the Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental, EsIA) was carried out through publication in national media, and a quantitative social perception study was conducted for citizen participation. • Participation mechanisms: It is affirmed that Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG- MEIC does not limit participation, and there was no expression of willingness to participate from involved actors. • Declaratoria de Impacto Ambiental: It is mentioned that, as part of the EsIA process, the Declaratoria de Impacto Ambiental must be presented with the received stamp of the Municipality, but it is not detailed whether it was presented or not. Liberia, September 27, 2025 Honorable Magistrates of the Sala Constitucional SABANA SUR-SAN JOSE (sic).

Esteemed Magistrates: I, Nombre49424 (sic), OLDER ADULT, Nombre68642 (sic) CED38524, PROVIDE THE FOLLOWING TO THE AMPARO ACTION 25 25228 007 CO: The lack of consultation with the municipalities (Carrillo and Liberia) and the failure to issue a joint cross-border technical opinion for SETENA to approve the environmental viability (viabilidad ambiental) of the Papagayo Tourism Project violates the principle of legality, due process (debido proceso), the right to citizen participation and local consultation, and potentially affects the public interest by not adequately considering the impacts on a healthy environment and the diffuse interests (intereses difusos) of citizens. This contravenes provisions of the General Public Administration Law (Ley General de la Administración Pública), the Municipal Code (Código Municipal), and the Environmental Code (Código Ambiental), which require local participation and a comprehensive evaluation of the project.

Affected legal provisions and principles:

• **Principle of legality and due process:** SETENA, by granting viability without the required consultation with the municipalities of Carrillo and Liberia, failed to comply with current regulations and violated the right to administrative due process of these entities, which should have been considered to issue a concerted technical opinion.

• **Political Constitution and the right to a healthy environment:** Article 50 of the Political Constitution guarantees the right to a healthy and balanced environment. The omission of consultations with the municipalities could have prevented the correct evaluation of the project and the adoption of adequate mitigation measures, putting this right at risk.

• **General Public Administration Law:** The General Public Administration Law (LGAP) establishes the requirements for administrative procedures, including citizen participation and consultation with other institutions with competence or interest in the matter. SETENA's action, by disregarding said consultations, could be considered a procedural defect (vicio de procedimiento).

• **Municipal Code:** Municipalities have competencies in territorial matters and land use within their canton. SETENA should have consulted the municipalities of Carrillo and Liberia so they could issue their technical opinion, which is essential for the correct planning and evaluation of the project.

• **Environmental Code and the principle of participation:** The Environmental Code and its regulations establish the mandatory nature of consultation with local institutions and authorities in environmental assessment processes, especially for high-impact projects. The omission of these consultations contravenes this principle.

• **Diffuse Interests of citizens:** The lack of mandatory public consultation and the insufficient evaluation of environmental impacts directly affect the diffuse interests of citizens residing in the project's area of influence, harming their quality of life and the natural environment.

• **Public Interest:** The decision to grant viability without an adequate process of consultation and participation may contravene the public interest, by prioritizing private interests over environmental protection and the well-being of local communities.

SETENA TECHNICAL OPINION (CRITERIO TECNICO, sic)
Fourth Argument: "Furthermore, it emphasizes that SETENA did not adequately consult the municipalities of the jurisdiction or the surrounding communities, failing to comply with the duty of transparency, inter-institutional coordination, and citizen participation that should govern this type of project.
Response to the Fourth Argument: As previously mentioned, under Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, the possibility of participation has never been limited for either the public or institutions; communication is open from the moment the EsIA information is published in a national circulation medium, as was done for this case in the newspaper La Teja on Tuesday, June 8, 2021, and which is also recorded on folio 146 of the Project file. However, no party expressed to SETENA a willingness to receive more information about the project or to oppose it at the time of the file analysis. In addition, as part of the EsIA process, the Environmental Impact Declaration (Declaratoria de Impacto Ambiental) of the EsIA must also be submitted with the received stamp of the Municipality of the canton where the activity, work, or project is located. It is reiterated that the participation mechanism applied was the quantitative social perception study (Estudio de percepción social cuantitativo), which was carried out in compliance with current regulations. (Sic).

ANALYSIS (ANALISIS, sic): The claim holds that SETENA violated legality, due process, citizen participation, and public interest by granting the environmental viability of the Nombre169752 Tourism Project without consulting the municipalities of Carrillo and Liberia, contravening the LGAP, the Municipal Code, and the Environmental Code. SETENA, in response, affirms that it complied with participation regulations through the publication of information in national media and the completion of a social perception study, and that the absence of an Environmental Impact Declaration with a municipal stamp is not an impediment to viability.

Arguments of the Claim:
• Violation of legality and due process: SETENA failed to comply with regulations by not consulting the municipalities of Carrillo and Liberia, violating the right to administrative due process of these entities.
• Non-observance of the Constitution and the right to a healthy environment: The omission of consultations could have prevented an adequate evaluation of the project, putting at risk the right to a healthy environment guaranteed by Article 50 of the Constitution.
• Non-compliance with the General Public Administration Law: The LGAP requires citizen participation and consultation with competent institutions, so bypassing these steps constitutes a procedural defect.
• Contravention of the Municipal Code: Municipalities have competencies over territory and land use, and therefore should have issued their technical opinion regarding the project.
• Contradiction with the Environmental Code: The Environmental Code establishes the mandatory nature of consulting local authorities in environmental assessments for high-impact projects.
• Impact on diffuse interests and the public interest: The lack of consultation and insufficient evaluation affects citizens and the environment, prioritizing private interests.

Response from SETENA:
• Participation via publication and study: Communication of the Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental, EsIA) was carried out through publication in national media, and a quantitative social perception study was conducted for citizen participation.
• Participation mechanisms: It is affirmed that Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC does not limit participation, and there was no expression of will to participate from involved parties.
• Environmental Impact Declaration: It is mentioned that, as part of the EsIA process, the Environmental Impact Declaration with the received stamp of the Municipality must be submitted, but it is not detailed whether it was submitted or not."

32.- By a document incorporated into the digital file on September 27, 2025, the petitioner argues: "AT 20 HOURS AND 20 MINUTES ON SEPTEMBER 27, 2025, THE AMPARO ACTION 25 25228 007 CO IS AMPLIFIED AND PROVIDED WITH The omission of consultation with the Municipalities of Carrillo and Liberia does affect the protection of the public interest and the right to a healthy environment, since the lack of a cross-border technical opinion and municipal coordination prevents guaranteeing sustainable development, leaving the population exposed to environmental damage and the violation of fundamental rights such as access to a healthy environment and participation in decision-making.

Impact on Public Interest:
• Principle of Publicity and Participation: Consultation with the municipalities is crucial because it guarantees the right to citizen participation in decisions that directly affect the community and the environment.
• Diffuse Interests: The consultation allows for the consideration and protection of "diffuse interests," which are those interests that benefit a broad group of people and have no specific holder, but are relevant to the common good, such as air quality, water, or the landscape in their area.
• Municipal Coordination: The absence of a cross-border technical opinion and coordination between the municipalities of Carrillo and Liberia is a transgression of efficient environmental management, which must be comprehensive and collaborative, especially in areas where the management of natural resources and development must be harmonious.

Impact on the Right to a Healthy Environment:
• Human Right: The right to a healthy environment is internationally recognized and is fundamental for the well-being and development of people.
• Violation of Rights: By not issuing a technical opinion, the Municipalities of Carrillo and Liberia fail to fulfill their function of ensuring the health of the ecosystem and, therefore, the health of their inhabitants.
• Environmental Deterioration: The lack of coordination between local authorities (Municipality of Carrillo and Liberia) can lead to uncoordinated management of natural resources, which may result in environmental deterioration that harms the population.

IN-DEPTH ANALYSIS:
• Precautionary Principle (Principio de Precaución): The lack of consultation and cross-border technical opinion may imply a transgression of the precautionary principle, which requires acting with caution in the face of the possibility of environmental damage, even if there is no complete scientific certainty. That is, the Precautionary Principle has a constitutional basis in Costa Rica, as it is recognized and applied by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) in the interpretation of the Political Constitution, particularly through the right to a healthy environment enshrined in Article 50, and through international instruments such as the 1992 Rio Declaration and provisions of domestic law.

How the Precautionary Principle is applied:
• Constitutional interpretation: The Constitutional Chamber, the highest court in constitutional matters, recognizes and applies this principle in its rulings. For example, it used it to order restrictions on activities until having precise scientific information about their possible environmental damage, according to the Judicial School of Costa Rica (Escuela Judicial de Costa Rica).
• Environmental law: This principle is fundamental to guaranteeing the right to a healthy environment, recognized in Article 50 of the Political Constitution of Costa Rica. In the face of scientific doubt about potential harm, measures must be taken to prevent it, or at least, so that whoever is going to cause the harm demonstrates that they can guarantee the necessary mitigation, notes CIJUL en Línea.
• International and national regulations: Costa Rica recognizes this principle through the 1992 Rio Declaration and the Cartagena Protocol on Biosafety, which also influence the interpretation of domestic regulations, indicates Officium Legal. Furthermore, the Ley Orgánica del Ambiente (1995) establishes the obligation to conduct environmental impact assessments, which is an instrument for the application of the precautionary principle.

What does the Precautionary Principle mean?
• It is applied when there is scientific uncertainty about the possible negative effects of an activity.
• The action is oriented towards prevention, prioritizing the repair of the damage before it occurs.
• In the absence of scientific certainty about potential severe harm, authorities must adopt measures, and even stop or abandon the action in question.
• Responsibility of the State: The State has the responsibility to guarantee the right to a healthy environment and ensure that it is not affected, protecting nature and guaranteeing sustainable development.
• Invisibilization of Local Impacts: Consultation with the municipalities is a way for the particularities and direct impacts of a project or activity on the territory to be considered, something that is lost if there is no adequate technical dialogue.

Liberia, September 27, 2025
Esteemed Magistrates of the Constitutional Chamber
SABANA SUR-SAN JOSE (sic).

Esteemed Magistrates: I, Nombre49424 (sic), OLDER ADULT, Nombre68642 (sic) CED38524, PROVIDE THE FOLLOWING TO THE AMPARO ACTION 25 25228 007 CO: The lack of consultation with the municipalities (Carrillo and Liberia) and the failure to issue a joint cross-border technical opinion for SETENA to approve the environmental viability of the Papagayo Tourism Project violates the principle of legality, due process, the right to citizen participation and local consultation, and potentially affects the public interest by not adequately considering the impacts on a healthy environment and the diffuse interests of citizens. This contravenes provisions of the General Public Administration Law, the Municipal Code, and the Environmental Code, which require local participation and a comprehensive evaluation of the project.

Affected legal provisions and principles:
• Principle of legality and due process: SETENA, by granting viability without the required consultation with the municipalities of Carrillo and Liberia, failed to comply with current regulations and violated the right to administrative due process of these entities, which should have been considered to issue a concerted technical opinion.
• Political Constitution and the right to a healthy environment: Article 50 of the Political Constitution guarantees the right to a healthy and balanced environment. The omission of consultations with the municipalities could have prevented the correct evaluation of the project and the adoption of adequate mitigation measures, putting this right at risk.
• General Public Administration Law: The General Public Administration Law (LGAP) establishes the requirements for administrative procedures, including citizen participation and consultation with other institutions with competence or interest in the matter. SETENA's action, by disregarding said consultations, could be considered a procedural defect.
• Municipal Code: Municipalities have competencies in territorial matters and land use within their canton. SETENA should have consulted the municipalities of Carrillo and Liberia so they could issue their technical opinion, which is essential for the correct planning and evaluation of the project.
• Environmental Code and the principle of participation: The Environmental Code and its regulations establish the mandatory nature of consultation with local institutions and authorities in environmental assessment processes, especially for high-impact projects. The omission of these consultations contravenes this principle.
• Diffuse Interests of citizens: The lack of mandatory public consultation and the insufficient evaluation of environmental impacts directly affect the diffuse interests of citizens residing in the project's area of influence, harming their quality of life and the natural environment.
• Public Interest: The decision to grant viability without an adequate process of consultation and participation may contravene the public interest, by prioritizing private interests over environmental protection and the well-being of local communities.

SETENA TECHNICAL OPINION (CRITERIO TECNICO, sic)
Fourth Argument: "Furthermore, it emphasizes that SETENA did not adequately consult the municipalities of the jurisdiction or the surrounding communities, failing to comply with the duty of transparency, inter-institutional coordination, and citizen participation that should govern this type of project.
Response to the Fourth Argument: As previously mentioned, under Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, the possibility of participation has never been limited for either the public or institutions; communication is open from the moment the EsIA information is published in a national circulation medium, as was done for this case in the newspaper La Teja on Tuesday, June 8, 2021, and which is also recorded on folio 146 of the Project file. However, no party expressed to SETENA a willingness to receive more information about the project or to oppose it at the time of the file analysis. In addition, as part of the EsIA process, the Environmental Impact Declaration of the EsIA must also be submitted with the received stamp of the Municipality of the canton where the activity, work, or project is located. It is reiterated that the participation mechanism applied was the quantitative social perception study, which was carried out in compliance with current regulations. (Sic).

ANALYSIS (ANALISIS, sic): The claim holds that SETENA violated legality, due process, citizen participation, and public interest by granting the environmental viability of the Nombre169752 Tourism Project without consulting the municipalities of Carrillo and Liberia, contravening the LGAP, the Municipal Code, and the Environmental Code. SETENA, in response, affirms that it complied with participation regulations through the publication of information in national media and the completion of a social perception study, and that the absence of an Environmental Impact Declaration with a municipal stamp is not an impediment to viability.
Arguments of the Claim:
• Violation of legality and due process: SETENA failed to comply with regulations by not consulting the municipalities of Carrillo and Liberia, violating the right to administrative due process of these entities.
• Non-observance of the Constitution and the right to a healthy environment: The omission of consultations could have prevented an adequate evaluation of the project, putting at risk the right to a healthy environment guaranteed by Article 50 of the Constitution.
• Non-compliance with the General Public Administration Law: The LGAP requires citizen participation and consultation with competent institutions, so bypassing these steps constitutes a procedural defect.
• Contravention of the Municipal Code: Municipalities have competencies over territory and land use, and therefore should have issued their technical opinion regarding the project.
• Contradiction with the Environmental Code: “…The Environmental Code establishes the mandatory nature of consulting local authorities in environmental assessments for high-impact projects. That is to say, the specific article that establishes the mandatory nature of consulting local authorities in environmental assessments for high-impact projects is not explicitly found in the Ley Orgánica del Ambiente of Costa Rica (Nº 7554), but its application stems from the obligation of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) to analyze and resolve such assessments (article 84) and the need to comply with current regulations and competencies of other authorities, as indicated by the Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental.
Relevant details of the Ley Orgánica del Ambiente of Costa Rica:
• Mandatory nature of the assessment: Article 44 establishes that the Ministry of Environment and Energy will require an Environmental Impact Assessment (EIA) for activities that affect ecosystems or threaten life.
• Role of SETENA: The Secretaría Técnica Nacional Ambiental is the entity responsible for analyzing, resolving, and approving EIAs, which are an indispensable requirement for initiating activities, works, or projects.
• Compliance with other authorities: The Reglamento General de EIA clarifies that compliance with the EIA procedure does not exempt the developer from completing procedures before other Administration authorities, according to their competencies and current regulations. This means that, although the Ley Orgánica does not detail a direct and mandatory consultation with local authorities in the EIA process, it is an implicit requirement for the project's viability.
In summary: The consultation with local authorities is not detailed in a single article within the Ley Orgánica del Ambiente of Costa Rica, but rather arises from SETENA's responsibility to coordinate with other administrative bodies in the process of evaluation and approval of high-impact projects, ensuring compliance with all applicable regulations, including those of local scope… ”.
Thus: The Ley Orgánica del Ambiente of Costa Rica, through the responsibility of SETENA (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) to coordinate with other administrative bodies, implicitly establishes the duty to consult local authorities (Municipality of Carrillo and Liberia) in the evaluation of high-impact projects to guarantee compliance with environmental regulations, reflecting the public interest, the right to a healthy environment, and the protection of the diffuse interest.
Coordination between institutions and local consultation.
• Responsibility of SETENA: SETENA's function is to coordinate with other administrative bodies to ensure compliance with all applicable regulations, including those of local scope, in the process of evaluating and approving high-impact projects.
• Local participation: This coordination implies the necessary participation and consultation of local authorities, who are closest to the realities of the territory and directly affected by the projects.
Public interest and healthy environment
• Public interest: Consultation with local authorities is a manifestation of the public interest in environmental decision-making, as it seeks collective well-being and environmental protection.
• Right to a healthy environment: Participation in these processes ensures the protection of people's right to live in a healthy environment and to participate in defining environmental policies that affect their lives.
Diffuse interest
• Protection of diffuse interests:
• By consulting local authorities and considering the project's impact on the community and the environment, diffuse interests are protected, that is, those collective interests that benefit the general population and that otherwise would have no representation.
• Impact on diffuse interests and the public interest: The lack of consultation and insufficient evaluation affects citizens and the environment, prioritizing private interests.
Response from SETENA:
• Participation via publication and study: Communication of the Environmental Impact Study (EsIA) was carried out through publication in national media, and a quantitative social perception study was conducted for citizen participation.
• Participation mechanisms: It is affirmed that Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC does not limit participation, and there was no expression of will to participate from involved parties.
• Environmental Impact Declaration: It is mentioned that, as part of the EsIA process, the Environmental Impact Declaration with the received stamp of the Municipality must be submitted, but it is not detailed whether it was submitted or not.

SUMMARIZED ANALYSIS (ANALISIS (sic) RESUMIDO): The claim against the viability of the Nombre169752 Project argues that SETENA violated legality, due process, and the public interest by not consulting the Municipalities of Carrillo and Liberia, contravening the LGAP, the Municipal Code, and the Environmental Code. SETENA responds that it complied with citizen participation regulations through publications and social studies, and that the lack of an Environmental Impact Declaration with a municipal stamp is not an obstacle. The central question is whether citizen participation via publication is sufficient, or if consultation with local authorities and technical evaluation are implicit and mandatory requirements for the approval of high-impact projects.

Arguments of the Claim
• Violation of legality and due process: SETENA violated the right to administrative due process of the municipalities by not consulting them about the project.
• Violation of the right to a healthy environment: The omission of consultations could have prevented an adequate evaluation, putting the constitutional right to a healthy environment at risk.
• Non-compliance with the LGAP: The General Public Administration Law (LGAP) requires citizen participation and consultation with competent institutions.
• Contravention of the Municipal Code: Municipalities have competencies over territory and land use, and therefore their technical opinion should have been issued.
• Contradiction with the Environmental Code: It is argued that, although there is no specific article on consultation with local authorities, the obligation arises from SETENA's responsibility to analyze environmental impact assessments (EIA) and the need to coordinate with other competent authorities according to the Reglamento General de EIA.

Response from SETENA
• Compliance with citizen participation: SETENA affirms that it complied with participation regulations through the publication of information in national media and the completion of a social perception study.
• Participation mechanism: The entity also notes that Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC does not limit participation, and that no involved party requested the necessary public hearing for this type of project.
• Environmental Impact Declaration:
• SETENA clarifies that the submission of the Environmental Impact Declaration with the Municipal stamp is a part of the EIA process, but does not specify whether it was submitted or not.

Key points in conflict
• Nature of participation: The claim argues that direct consultation with the Municipalities of Carrillo and Liberia is required, while SETENA defends that publication in the media and the social perception study are valid participation mechanisms.
• Legal framework and coordination: The discrepancy lies in whether the consultation with the Municipalities of Carrillo and Liberia is an explicit or implicit requirement, derived from SETENA's coordination with other administrative bodies to ensure compliance with all applicable regulations.
• Public interest and environment: It is debated whether the lack of consultation with the Municipalities of Carrillo and Liberia affects the adequate protection of the public interest, the right to a healthy environment, and the protection of the diffuse interests of the population in the area.

SUBSTANTIVE ANALYSIS (ANALISIS (sic) DE FONDO) OF THE PREVIOUS PARAGRAPH: The omission of consultation with the Municipalities of Carrillo and Liberia does affect the protection of the public interest and the right to a healthy environment, since the lack of a cross-border technical opinion and municipal coordination prevents guaranteeing sustainable development, leaving the population exposed to environmental damage and the violation of fundamental rights such as access to a healthy environment and participation in decision-making.

Impact on Public Interest:
• Principle of Publicity and Participation: Consultation with the municipalities is crucial because it guarantees the right to citizen participation in decisions that directly affect the community and the environment.
• Diffuse Interests: The consultation allows for the consideration and protection of "diffuse interests," which are those interests that benefit a broad group of people and have no specific holder, but are relevant to the common good, such as air quality, water, or the landscape in their area.
• Municipal Coordination: The absence of a cross-border technical opinion and coordination between the municipalities of Carrillo and Liberia is a transgression of efficient environmental management, which must be comprehensive and collaborative, especially in areas where the management of natural resources and development must be harmonious.

Impact on the Right to a Healthy Environment:
• Human Right: The right to a healthy environment is internationally recognized and is fundamental for the well-being and development of people.
• Violation of Rights: By not issuing a technical opinion, the Municipalities of Carrillo and Liberia fail to fulfill their function of ensuring the health of the ecosystem and, therefore, the health of their inhabitants.
• Environmental Deterioration: The lack of coordination between local authorities (Municipality of Carrillo and Liberia) can lead to uncoordinated management of natural resources, which may result in environmental deterioration that harms the population.

IN-DEPTH ANALYSIS:
• Precautionary Principle: The lack of consultation and cross-border technical opinion may imply a transgression of the precautionary principle, which requires acting with caution in the face of the possibility of environmental damage, even if there is no complete scientific certainty. That is, the Precautionary Principle has a constitutional basis in Costa Rica, as it is recognized and applied by the Constitutional Chamber in the interpretation of the Political Constitution, particularly through the right to a healthy environment enshrined in Article 50, and through international instruments such as the 1992 Rio Declaration and provisions of domestic law.
• How the Precautionary Principle is applied:
• Constitutional interpretation: The Constitutional Chamber, the highest court in constitutional matters, recognizes and applies this principle in its rulings. For example, it used it to order restrictions on activities until having precise scientific information about their possible environmental damage, according to the Judicial School of Costa Rica.
• Environmental law: This principle is fundamental to guaranteeing the right to a healthy environment, recognized in Article 50 of the Political Constitution of Costa Rica. In the face of scientific doubt about potential harm, measures must be taken to prevent it, or at least, so that whoever is going to cause the harm demonstrates that they can guarantee the necessary mitigation, notes CIJUL en Línea.

• International and domestic regulations: Costa Rica recognizes this principle through the 1992 Rio Declaration and the Cartagena Protocol on Biosafety, which also influence the interpretation of domestic regulations, notes Officium Legal. Furthermore, the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente) (1995) establishes the obligation to carry out environmental impact assessments (evaluaciones de impacto ambiental), which is an instrument for applying the precautionary principle. What Does the Precautionary Principle (Principio de Precaución) Mean? • It is applied when there is scientific uncertainty about the possible negative effects of an activity. • Action is oriented toward prevention, prioritizing the remediation of harm before it occurs. • In the absence of scientific certainty about a potential severe harm, authorities must adopt measures, and even halt or abandon the action in question. • State Responsibility: The State has the responsibility to guarantee the right to a healthy environment (ambiente sano) and to ensure that it is not harmed, protecting nature and guaranteeing sustainable development. • Invisibilization of Local Impacts: Consultation with municipalities is a channel for considering the particularities and direct impacts of a project or activity on the territory, something that is lost if there is no adequate technical dialogue."

33.- By written submission incorporated into the digital case file on September 28, 2025, the petitioner states: "BEING 07:15 HOURS ON SEPTEMBER 28, 2025, THE AMPARO APPEAL 25 25228 007 CO IS SUPPLEMENTED AND CONTRIBUTED WITH IN-DEPTH ANALISIS (sic): The omission of consultation with the municipalities of CARRILLO and LIBERIA NEGATIVELY AFFECTS the public interest and the right to a healthy environment by failing to incorporate transboundary technical criteria and coordinate actions, which prevents sustainable development and leaves communities exposed to environmental risks. Even though resolution 2025016284 of the Constitutional Chamber (Tribunal Constitucional) of Costa Rica dismissed an appeal against the environmental viability (viabilidad ambiental) of the Bahía Papagayo Project, SETENA's reasoning regarding the non-mandatory nature of a public hearing for Type A projects in certain cases does not invalidate the constitutional principles of the right to citizen participation (participación ciudadana), publicity, and the precautionary principle in environmental matters, which remain in force and are fundamental for protecting the environment and the public interest. Impact on the Public Interest: • Principle of Citizen Participation: Consultation with the municipalities guarantees the right of citizens to participate in decisions that impact their surroundings. • Diffuse Interests (Intereses Difusos): It allows for the protection of common interests, such as air and water quality, that benefit the community in general. • Municipal Coordination: The absence of intermunicipal coordination between Carrillo and Liberia prevents comprehensive collaborative environmental management in transboundary zones. Impact on the Right to a Healthy Environment: • Violation of Fundamental Rights: The failure to issue technical criteria by the municipalities of Carrillo and Liberia affects their duty to safeguard the ecosystem and the health of their inhabitants, violating the internationally recognized right to a healthy environment. • Environmental Deterioration: Lack of coordination can lead to deficient management of natural resources, resulting in environmental deterioration that affects the population. In-depth Analysis: • Precautionary Principle: The lack of consultation and transboundary technical criteria may contravene this principle, which requires taking preventive measures against potential environmental damage, even with scientific uncertainty. • State Responsibility: The State has the obligation to guarantee the right to a healthy environment, the protection of nature, and sustainable development, and the municipal omission by Carrillo and Liberia constitutes a failure in this duty. SETENA and Constitutional Chamber Response: • Constitutional Chamber Resolution: Resolution 2025016284 dismissed the appeal on the grounds that it involved a disagreement with ordinary legality and not a constitutional matter. • Context of the Resolution: It was based on the fact that no opposition to the project was received and no public hearing was requested. Furthermore, the hearing is not mandatory for Type A projects, and a local perception study was used as a valid participation mechanism under the applicable regulations. • Implications: SETENA argues that the Constitutional Chamber is not the proper forum to resolve aspects of ordinary legality. However, this does not annul the constitutional foundations regarding citizen participation and the precautionary principle that support the need for consultation and coordination. Liberia, September 28, 2025 Honorable Magistrates Constitutional Chamber Dirección4241 (sic). Dear Magistrates: I, Nombre49424 , OLDER ADULT, Nombre68642 (sic) CED38524, CONTRIBUTE TO AMPARO APPEAL 25 25228 007 CO, the following: The omission of consultation with the Municipalities of Carrillo and Liberia does affect the protection of the public interest and the right to a healthy environment, since the lack of a transboundary technical criterion and municipal coordination prevents guaranteeing sustainable development, leaving the population exposed to environmental damage and the violation of fundamental rights such as access to a healthy environment and participation in decision-making. Impact on the Public Interest: • Principle of Publicity and Participation: Consultation with the municipalities is crucial because it guarantees the right to citizen participation in decisions that directly affect the community and the environment. • Diffuse Interests: Consultation allows for the consideration and protection of "diffuse interests," which are those interests that benefit a broad group of people and have no specific holder, but are relevant to the common good, such as air quality, water, or the landscape in their area. • Municipal Coordination: The absence of a transboundary technical criterion and coordination between the municipalities of Carrillo and Liberia constitutes a transgression of efficient environmental management, which must be comprehensive and collaborative, especially in zones where natural resource management and development must be harmonious. Impact on the Right to a Healthy Environment: • Human Right: The right to a healthy environment is internationally recognized and is fundamental for the well-being and development of individuals. • Violation of Rights: By failing to issue a technical criterion, the Municipalities of Carrillo and Liberia cease to fulfill their function of safeguarding the health of the ecosystem and, consequently, the health of their inhabitants. • Environmental Deterioration: The lack of coordination between local authorities (Municipality of Carrillo and Liberia) can lead to uncoordinated management of natural resources, which may result in environmental deterioration that harms the population. IN-DEPTH ANALYSIS: • Precautionary Principle: The lack of consultation and transboundary technical criterion may constitute a transgression of the precautionary principle, which requires acting with caution in the face of possible environmental damage, even if there is no full scientific certainty. That is, the Precautionary Principle has a constitutional basis in Costa Rica, as it is recognized and applied by the Constitutional Chamber in the interpretation of the Political Constitution, particularly through the right to a healthy environment enshrined in Article 50, and through international instruments such as the 1992 Rio Declaration and domestic law norms. How the Precautionary Principle is Applied: • Constitutional Interpretation: The Constitutional Chamber, the highest court in constitutional matters, recognizes and applies this principle in its rulings. For example, it utilized it to order restrictions on activities until precise scientific information regarding their possible environmental damage was obtained, as explained by the Judicial School of Costa Rica. • Environmental Law: This principle is fundamental for guaranteeing the right to a healthy environment, recognized in Article 50 of the Political Constitution of Costa Rica. When faced with scientific doubt about a potential harm, measures must be taken to prevent it or, at a minimum, for the party that will cause the harm to demonstrate that it can guarantee the necessary mitigation, notes CIJUL en Línea. • International and domestic regulations: Costa Rica recognizes this principle through the 1992 Rio Declaration and the Cartagena Protocol on Biosafety, which also influence the interpretation of domestic regulations, notes Officium Legal. Furthermore, the Organic Environmental Law (1995) establishes the obligation to carry out environmental impact assessments, which is an instrument for applying the precautionary principle. What Does the Precautionary Principle Mean? • It is applied when there is scientific uncertainty about the possible negative effects of an activity. • Action is oriented toward prevention, prioritizing the remediation of harm before it occurs. • In the absence of scientific certainty about a potential severe harm, authorities must adopt measures, and even halt or abandon the action in question. • State Responsibility: The State has the responsibility to guarantee the right to a healthy environment and to ensure that it is not harmed, protecting nature and guaranteeing sustainable development. • Invisibilization of Local Impacts: Consultation with municipalities is a channel for considering the particularities and direct impacts of a project or activity on the territory, something that is lost if there is no adequate technical dialogue. SETENA'S RESPONSE. “…It is worth mentioning that this issue of Citizen Participation and the holding of a Public Hearing was already presented before the (sic) Constitutional Chamber in Exp: 25-012448- 0007-CO, and resolved by resolution number Res. N° 2025016284 of nine hours and twenty minutes on May thirtieth, two thousand twenty-five, declaring it Without Merit upon the magistrates' considering the following: Having clarified the foregoing, it is determined that what the petitioner has set forth is a disagreement with the mechanism used by the project developer for granting environmental viability and SETENA's decision to approve it. In that sense, note that as has been demonstrated, the respondent authority published in a national circulation medium the information from the Environmental Impact Study of the Bahía Nombre169752 Project for whatever purpose it might serve, and no appearance or opposition to the project was received prior to the granting of environmental viability, nor any request for a public hearing by a third party, in accordance with the established regulations. In addition to the foregoing, as reported under oath, the public hearing is not mandatory for all projects classified as Type A, as its occurrence depends on the requests received for such purposes or on a technical requirement, circumstances that did not occur in the project in question; hence, the local perception study was used as the citizen participation mechanism applied in the environmental assessment process, which did not require prior public notice and which was also regulated as a valid procedure within the regulations for such purposes. Therefore, and in accordance with the cited precedent, it is not for this Court to determine, as the petitioner intends, whether some type of consultation on the project in question should have been conducted in this particular case, or to establish the mechanism that the respondent authorities must use to optimally guarantee citizen participation, since these are matters of ordinary legality that must be raised before the respondent authority or before the competent judicial venue and not before this constitutional venue. Ergo, the appropriate course is to dismiss the appeal without merit, as is hereby done...” (Sic). IN-DEPTH ANALISIS (sic): The omission of consultation with the municipalities of CARRILLO and LIBERIA NEGATIVELY AFFECTS the public interest and the right to a healthy environment by failing to incorporate transboundary technical criteria and coordinate actions, which prevents sustainable development and leaves communities exposed to environmental risks. Even though resolution 2025016284 of the Constitutional Chamber of Costa Rica dismissed an appeal against the environmental viability of the Bahía Papagayo Project, SETENA's reasoning regarding the non-mandatory nature of a public hearing for Type A projects in certain cases does not invalidate the constitutional principles of the right to citizen participation, publicity, and the precautionary principle in environmental matters, which remain in force and are fundamental for protecting the environment and the public interest. Impact on the Public Interest: • Principle of Citizen Participation: Consultation with the municipalities guarantees the right of citizens to participate in decisions that impact their surroundings. • Diffuse Interests: It allows for the protection of common interests, such as air and water quality, that benefit the community in general. • Municipal Coordination: The absence of intermunicipal coordination between Carrillo and Liberia prevents comprehensive and collaborative environmental management in transboundary zones. Impact on the Right to a Healthy Environment: • Violation of Fundamental Rights: The failure to issue technical criteria by the municipalities of Carrillo and Liberia affects their duty to safeguard the ecosystem and the health of their inhabitants, violating the internationally recognized right to a healthy environment. • Environmental Deterioration: Lack of coordination can lead to deficient management of natural resources, resulting in environmental deterioration that affects the population. In-depth Analysis: • Precautionary Principle: The lack of consultation and transboundary technical criteria may contravene this principle, which requires taking preventive measures against potential environmental damage, even with scientific uncertainty. • State Responsibility: The State has the obligation to guarantee the right to a healthy environment, the protection of nature, and sustainable development, and the municipal omission by Carrillo and Liberia constitutes a failure in this duty. SETENA and Constitutional Chamber Response: • Constitutional Chamber Resolution: Resolution 2025016284 dismissed the appeal on the grounds that it involved a disagreement with ordinary legality and not a constitutional matter. • Context of the Resolution: It was based on the fact that no opposition to the project was received and no public hearing was requested. Furthermore, the hearing is not mandatory for Type A projects, and a local perception study was used as a valid participation mechanism under the applicable regulations. • Implications: SETENA argues that the Constitutional Chamber is not the proper forum to resolve aspects of ordinary legality. However, this does not annul the constitutional foundations regarding citizen participation and the precautionary principle that support the need for consultation and coordination."

34.- By written submission incorporated into the digital case file on September 28, 2025, the claimant states: "BEING 14:28 HOURS ON SEPTEMBER 28, 2025, AMPARO APPEAL 25 25228 007 CO IS SUPPLEMENTED AND CONTRIBUTED TO • The jurisprudence of the Constitutional Chamber also reaffirms that the principles of environmental protection and the right to a healthy environment are superior to any special law, including any law that may have been created for the Papagayo project. Detail: • Environmental Deterioration: Lack of coordination between the Municipality of Carrillo and Liberia can lead to deficient management of natural resources, resulting in environmental deterioration that affects the population. • Jurisprudence of the Constitutional Chamber: The jurisprudence of the Constitutional Chamber also reaffirms that the principles of environmental protection and the right to a healthy environment are superior to any special law, including any law that may have been created for the Nombre169752 project. Analysis: The phrase establishes that, according to the jurisprudence of the Constitutional Chamber of Costa Rica, the principles of environmental protection and the right to a healthy environment hold a hierarchical rank superior to any ordinary law, including those created for specific projects such as Papagayo. This means that, in the event of a conflict, priority must be given to environmental regulations and fundamental rights, since no law can contravene the Constitution or the human right to a healthy environment, recognizing the primacy of these principles and obligating the State to guarantee their fulfillment. Detailed Analysis: 1. Constitutional Supremacy: The statement indicates that environmental principles and the right to a healthy environment are not mere concepts, but are enshrined in the Constitution and, therefore, prevail over lower-ranking laws. 2. Primacy of Environmental Law: The phrase highlights the importance of environmental protection principles (such as the precautionary, preventive, and restorative principles) and the human right to a healthy environment, recognizing that these must be guaranteed and preserved by the State. 3. Normative Hierarchy: A hierarchy of norms is established where the Constitution and the laws derived from it (such as those establishing fundamental rights) carry greater weight than special laws. 4. The Case of the Papagayo Project: The phrase uses the Nombre169752 project as an example to illustrate this situation. If a specific law existed for the Nombre169752 project, and that law conflicted with environmental principles or the right to a healthy environment, said law would be inapplicable or unconstitutional because environmental protection is a priority. 5. Role of the Constitutional Chamber: The Constitutional Chamber, as the highest interpreter of the Constitution, reaffirms this position through its jurisprudence, guaranteeing that environmental rights and protection principles are not violated by lower-ranking regulations. In Summary: The jurisprudence of the Constitutional Chamber establishes that environmental protection and the right to a healthy environment are fundamental human rights that must be respected and prevail over any ordinary law, especially those that seek to favor development projects without due consideration of the surroundings and sustainability. Liberia, September 28, 2025 Honorable Magistrates Constitutional Chamber Dirección4241 (sic). Dear Magistrates: I, Nombre49424 (sic), OLDER ADULT, Nombre68642 (sic) CED38524, CONTRIBUTE TO AMPARO APPEAL 25 25228 007 CO, the following: The omission of consultation with the Municipalities of Carrillo and Liberia does affect the protection of the public interest and the right to a healthy environment, since the lack of a transboundary technical criterion and municipal coordination prevents guaranteeing sustainable development, leaving the population exposed to environmental damage and the violation of fundamental rights such as access to a healthy environment and participation in decision-making. Impact on the Public Interest: • Principle of Publicity and Participation: Consultation with the municipalities is crucial because it guarantees the right to citizen participation in decisions that directly affect the community and the environment. • Diffuse Interests: Consultation allows for the consideration and protection of "diffuse interests," which are those interests that benefit a broad group of people and have no specific holder, but are relevant to the common good, such as air quality, water, or the landscape in their area. • Municipal Coordination: The absence of a transboundary technical criterion and coordination between the municipalities of Carrillo and Liberia constitutes a transgression of efficient environmental management, which must be comprehensive and collaborative, especially in zones where natural resource management and development must be harmonious. Impact on the Right to a Healthy Environment: • Human Right: The right to a healthy environment is internationally recognized and is fundamental for the well-being and development of individuals. • Violation of Rights: By failing to issue a technical criterion, the Municipalities of Carrillo and Liberia cease to fulfill their function of safeguarding the health of the ecosystem and, consequently, the health of their inhabitants. • Environmental Deterioration: The lack of coordination between local authorities (Municipality of Carrillo and Liberia) can lead to uncoordinated management of natural resources, which may result in environmental deterioration that harms the population. IN-DEPTH ANALYSIS: • Precautionary Principle: The lack of consultation and transboundary technical criterion may constitute a transgression of the precautionary principle, which requires acting with caution in the face of possible environmental damage, even if there is no full scientific certainty. That is, the Precautionary Principle has a constitutional basis in Costa Rica, as it is recognized and applied by the Constitutional Chamber in the interpretation of the Political Constitution, particularly through the right to a healthy environment enshrined in Article 50, and through international instruments such as the 1992 Rio Declaration and domestic law norms. How the Precautionary Principle is Applied: • Constitutional Interpretation: The Constitutional Chamber, the highest court in constitutional matters, recognizes and applies this principle in its rulings. For example, it utilized it to order restrictions on activities until precise scientific information regarding their possible environmental damage was obtained, as explained by the Judicial School of Costa Rica. • Environmental Law: This principle is fundamental for guaranteeing the right to a healthy environment, recognized in Article 50 of the Political Constitution of Costa Rica. When faced with scientific doubt about a potential harm, measures must be taken to prevent it or, at a minimum, for the party that will cause the harm to demonstrate that it can guarantee the necessary mitigation, notes CIJUL en Línea. • International and domestic regulations: Costa Rica recognizes this principle through the 1992 Rio Declaration and the Cartagena Protocol on Biosafety, which also influence the interpretation of domestic regulations, notes Officium Legal. Furthermore, the Organic Environmental Law (1995) establishes the obligation to carry out environmental impact assessments, which is an instrument for applying the precautionary principle. What Does the Precautionary Principle Mean? • It is applied when there is scientific uncertainty about the possible negative effects of an activity. • Action is oriented toward prevention, prioritizing the remediation of harm before it occurs. • In the absence of scientific certainty about a potential severe harm, authorities must adopt measures, and even halt or abandon the action in question. • State Responsibility: The State has the responsibility to guarantee the right to a healthy environment and to ensure that it is not harmed, protecting nature and guaranteeing sustainable development. • Invisibilization of Local Impacts: Consultation with municipalities is a channel for considering the particularities and direct impacts of a project or activity on the territory, something that is lost if there is no adequate technical dialogue. SETENA'S RESPONSE. “…It is worth mentioning that this issue of Citizen Participation and the holding of a Public Hearing was already presented before the (sic) Constitutional Chamber in Exp: 25-012448- 0007-CO, and resolved by resolution number Res. N° 2025016284 of nine hours and twenty minutes on May thirtieth, two thousand twenty-five, declaring it Without Merit upon the magistrates' considering the following: Having clarified the foregoing, it is determined that what the petitioner has set forth is a disagreement with the mechanism used by the project developer for granting environmental viability and SETENA's decision to approve it. In that sense, note that as has been demonstrated, the respondent authority published in a national circulation medium the information from the Environmental Impact Study of the Bahía Nombre169752 Project for whatever purpose it might serve, and no appearance or opposition to the project was received prior to the granting of environmental viability, nor any request for a public hearing by a third party, in accordance with the established regulations. In addition to the foregoing, as reported under oath, the public hearing is not mandatory for all projects classified as Type A, as its occurrence depends on the requests received for such purposes or on a technical requirement, circumstances that did not occur in the project in question; hence, the local perception study was used as the citizen participation mechanism applied in the environmental assessment process, which did not require prior public notice and which was also regulated as a valid procedure within the regulations for such purposes. Therefore, and in accordance with the cited precedent, it is not for this Court to determine, as the petitioner intends, whether some type of consultation on the project in question should have been conducted in this particular case, or to establish the mechanism that the respondent authorities must use to optimally guarantee citizen participation, since these are matters of ordinary legality that must be raised before the respondent authority or before the competent judicial venue and not before this constitutional venue. Ergo, the appropriate course is to dismiss the appeal without merit, as is hereby done...” (Sic). IN-DEPTH ANALISIS: The omission of consultation with the municipalities of CARRILLO and LIBERIA NEGATIVELY AFFECTS the public interest and the right to a healthy environment by failing to incorporate transboundary technical criteria and coordinate actions, which prevents sustainable development and leaves communities exposed to environmental risks. Even though resolution 2025016284 of the Constitutional Chamber of Costa Rica dismissed an appeal against the environmental viability of the Bahía Papagayo Project, SETENA's reasoning regarding the non-mandatory nature of a public hearing for Type A projects in certain cases does not invalidate the constitutional principles of the right to citizen participation, publicity, and the precautionary principle in environmental matters, which remain in force and are fundamental for protecting the environment and the public interest. Impact on the Public Interest: • Principle of Citizen Participation: Consultation with the municipalities guarantees the right of citizens to participate in decisions that impact their surroundings. • Diffuse Interests: It allows for the protection of common interests, such as air and water quality, that benefit the community in general. • Municipal Coordination: The absence of intermunicipal coordination between Carrillo and Liberia prevents comprehensive and collaborative environmental management in transboundary zones. Impact on the Right to a Healthy Environment: • Violation of Fundamental Rights: The failure to issue technical criteria by the municipalities of Carrillo and Liberia affects their duty to safeguard the ecosystem and the health of their inhabitants, violating the internationally recognized right to a healthy environment. • Environmental Deterioration: Lack of coordination between the Municipality of Carrillo and Liberia can lead to deficient management of natural resources, resulting in environmental deterioration that affects the population. ANALISIS The situation in Bahía Nombre169752 could transgress Article 50 of the Political Constitution of Costa Rica, which establishes the right to a healthy and balanced environment, as well as the principles of environmental protection and mitigation and the adequate management of natural resources, given that the lack of coordination among municipalities and the execution of projects without proper environmental viability compromise soil quality, slope stability, and landscape integrity. Article 50 of the Political Constitution of Costa Rica This fundamental article establishes the right of every person to a healthy and balanced environment, and the duty of the population to defend it. The issues in Bahía Papagayo, by resulting in deficient management of natural resources and affecting the population, would directly contravene this principle. Principles Transgressed • Principle of Environmental Protection and Mitigation: The lack of compliance and the absence of pertinent documentation by the developing company in the Bahía Nombre169752 Project evidence a failure to comply with the norms of environmental protection and mitigation. • Principle of Adequate Management of Natural Resources: The lack of coordination between the Municipality of Carrillo and Liberia can lead to deficient management of natural resources, which is a transgression of the principles of responsible and sustainable management of these assets. • Right to a Healthy Environment: As mentioned, Article 50 of the Constitution enshrines this right, and the described situation, where important ecosystems such as forests, wetlands, and mangroves are placed at risk, constitutes a direct attack on this fundamental right.

Additional Implications
• Loss of Ecosystems: The loss of mature and secondary forests, as well as wetlands and mangroves, not only affects soil quality and slope stability, but also compromises the integrity of the region's natural landscape.
• Jurisprudence of the Sala Constitucional: The jurisprudence of the Sala Constitucional also reaffirms that the principles of environmental protection and the right to a healthy environment are above any special law, including the law that may have been created for the Papagayo project. Analysis: The phrase establishes that, according to the jurisprudence of the Sala Constitucional of Costa Rica, the principles of environmental protection and the right to a healthy environment have a higher hierarchical rank than any ordinary law, even those created for specific projects such as Papagayo. This means that, in the event of a conflict, priority must be given to environmental regulations and fundamental rights, since no law can go against the Constitution or the human right to a healthy environment, recognizing the primacy of these principles and obliging the State to guarantee their compliance. Detailed Analysis: 6. Constitutional Supremacy: The statement indicates that environmental principles and the right to a healthy environment are not mere concepts, but are enshrined in the Constitution and, therefore, prevail over lower-ranking laws. 7. Primacy of Environmental Law: The phrase highlights the importance of the principles of environmental protection (such as the precautionary, preventive, and restorative principles) and the human right to a healthy environment, recognizing that these must be guaranteed and preserved by the State. 8. Normative Hierarchy: A hierarchy of norms is established where the Constitution and the laws derived from it (such as those establishing fundamental rights) carry more weight than special laws. 9. The Case of the Nombre169752 Project: The phrase uses the Nombre169752 project as an example to illustrate this situation. If a specific law existed for the Nombre169752 project, and that law conflicted with environmental principles or the right to a healthy environment, said law would be inapplicable or unconstitutional because environmental protection is a priority. 10. Role of the Sala Constitucional: The Sala Constitucional, as the ultimate interpreter of the Constitution, reaffirms this position through its jurisprudence, ensuring that environmental rights and protection principles are not violated by lower-ranking regulations. In summary: The jurisprudence of the Sala Constitucional establishes that environmental protection and the right to a healthy environment are fundamental human rights that must be respected and prevail over any ordinary law, especially those that seek to favor development projects without due consideration of the environment and sustainability. In-Depth Analysis:
• Precautionary Principle: The lack of consultation and cross-border technical criteria may contravene this principle, which requires taking preventive measures against potential environmental damage, even with scientific uncertainty.
• State Responsibility: The State has the obligation to guarantee the right to a healthy environment, the protection of nature, and sustainable development, and the municipal omission of Carrillo and Liberia is a failure in this duty.
Response of SETENA and the Constitutional Court:
• Constitutional Court Ruling: Resolution 2025016284 dismissed the appeal on the grounds that it was a disagreement with ordinary legality and not a constitutional matter.
• Context of the Ruling: It was based on the fact that no opposition to the project was received and no public hearing was requested. Furthermore, the hearing is not mandatory for Type A projects, and a local perception study was used as a valid participation mechanism under the regulations.
• Implications: SETENA argues that the Constitutional Court is not the venue for resolving matters of ordinary legality. However, this does not nullify the constitutional foundations regarding citizen participation and the precautionary principle that support the need for consultation and coordination.”

35.- By brief added to the digital case file on September 29, 2025, the petitioner states: “BEING 12 HOURS AND 11 MINUTES ON SEPTEMBER 29, 2025, THE AMPARO APPEAL 25 25228 007 CO IS EXPANDED AND SUPPLEMENTED WITH DECREE 44448 Procedure for land-use change (cambio de uso de suelo) 1. Presentation of the technical criterion: The Municipalities of Carrillo and Liberia, being adjacent cantons that share the area of the Golfo de Papagayo Project, must present a joint technical criterion to the National Environmental Technical Secretariat (SETENA). 2. Analysis by SETENA: SETENA, after evaluating said criterion, must issue a technical report for consideration by the Executive Branch. 3. Issuance of Decree 44448: The Executive Branch, upon receiving the technical criterion and SETENA's report, may issue Decree 44448 to regulate and approve the land-use change of the Master Plan of the Golfo de Papagayo Tourist Project. Liberia, September 29, 2025 Justices of the Sala Constitucional Address4241 . Dear Justices: I, Name49424 , SENIOR CITIZEN, Name68642 ID38524, SUPPLEMENT THE AMPARO APPEAL 25 25228 007 CO WITH THE FOLLOWING: The Golfo de Nombre169752 Tourist Project encompasses the peninsula of Nombre169752 and is distributed across the cantons of Carrillo and Liberia, in the province of Guanacaste, Costa Rica. The Papagayo peninsula, or Península Papagayo, is the most touristically developed area within the gulf, and the project's administration is managed by the Costa Rican Tourism Institute (ICT). Geographic Location • Province: Guanacaste. • Cantons: The project is located on the northern Pacific coast and encompasses the cantons of Carrillo and Liberia. • Península de Papagayo: It is the central area of the gulf and the most developed part of the project, located on the Pacific coast. Administration and Development • Administration: The project is managed by the Costa Rican Tourism Institute (ICT), which administers and supervises the master plan of the tourist hub. • Objective: To attract national and international tourism through the granting of land concessions for tourist projects and the construction of public infrastructure. In summary: The Golfo de Nombre169752 Tourist Project is a large development that extends across the gulf and specifically across the Península de Papagayo, which is located on the Pacific coast in the province of Guanacaste. This area is divided between the cantons of Carrillo and Liberia. QUESTION: Regarding DECREE 44448. 1. Based on the Political Constitution, the General Law of Public Administration, Principles of legality, a healthy environment, precaution, Public Interest, Diffuse Interests, Legal Reserve, the Municipal Code, the Forest and Environmental Code, and other related laws. The Municipalities of Carrillo and Liberia were consulted and issued a joint technical criterion, as they are cross-border cantons, for the Golfo de Nombre169752 Tourist Project that encompasses the peninsula of Nombre169752 and is distributed across the cantons of Carrillo and Liberia, in the province of Guanacaste. The foregoing, being one or part of the legal requirements that SETENA had to submit for the land-use change of the Master Plan of the Nombre169752 Project so that the Executive Branch could issue decree 44448, is how I consider it. ANSWER: Decree 44448 is a regulation of the Costa Rican Executive Branch on the management of land-use change in the Master Plan of the Golfo de Papagayo Tourist Project, and is legally enforceable, as it is based on the Constitution and the General Law of Public Administration. The joint technical criterion of the Municipalities of Carrillo and Liberia, when addressing a cross-border matter, is a legal requirement that must be presented to the Executive Branch for the approval of the land-use change. Legal basis for the joint criterion • Public interest and a healthy environment: The participation of the Municipalities of Carrillo and Liberia is necessary to protect public interests and the right to a healthy and balanced environment, as established in the Political Constitution. • Precautionary Principle: The joint consultation allows the precautionary principle to be applied to avoid environmental and public health damage, anticipating the risks that may arise from a land-use change. • Legal framework of Costa Rica: The administrative procedure for land-use change and the issuance of decrees are governed by the Political Constitution, the General Law of Public Administration, and specific environmental laws. Procedure for land-use change 4. Presentation of the technical criterion: The Municipalities of Carrillo and Liberia, being adjacent cantons that share the area of the Golfo de Papagayo Project, must present a joint technical criterion to the National Environmental Technical Secretariat (SETENA). 5. Analysis by SETENA: SETENA, after evaluating said criterion, must issue a technical report for consideration by the Executive Branch. 6. Issuance of Decree 44448: The Executive Branch, upon receiving the technical criterion and SETENA's report, may issue Decree 44448 to regulate and approve the land-use change of the Master Plan of the Golfo de Nombre169752 Tourist Project.”

36.- By brief added to the digital case file on September 29, 2025, the petitioner states: “BEING 12 HOURS AND 05 MINUTES ON SEPTEMBER 29, 2025, THE AMPARO APPEAL 25 25228 007 CO IS EXPANDED AND SUPPLEMENTED WITH ENVIRONMENTAL FEASIBILITY (VIALIDAD AMBIENTAL) IMPORTANCE OF THE MUNICIPAL CONSULTATION The consultation of the municipalities of Carrillo and Liberia is fundamental, not only to comply with the regulation, but also to: • Guarantee environmental sustainability: • Ensure that the project conforms to local environmental regulations. • Consider local development: • Allow the municipalities to express their vision and needs for the development of their territories. • Strengthen due process: • Avoid legal challenges by ensuring that all competent authorities are consulted. In conclusion, the issuance of the joint technical criterion by the Municipalities of Carrillo and Liberia is an indispensable step for the authorization process of the Environmental Feasibility to be legally valid and capable of being approved by SETENA Liberia, September 29, 2025 Justices of the Sala Constitucional Address4241 . Dear Justices: I, Name49424 , SENIOR CITIZEN, Name68642 ID38524, SUPPLEMENT THE AMPARO APPEAL 25 25228 007 CO WITH THE FOLLOWING: The Golfo de Nombre169752 Tourist Project encompasses the peninsula of Nombre169752 and is distributed across the cantons of Carrillo and Liberia, in the province of Guanacaste, Costa Rica. The Papagayo peninsula, or Península Papagayo, is the most touristically developed area within the gulf, and the project's administration is managed by the Costa Rican Tourism Institute (ICT). Geographic Location • Province: Guanacaste. • Cantons: The project is located on the northern Pacific coast and encompasses the cantons of Carrillo and Liberia. • Península de Papagayo: It is the central area of the gulf and the most developed part of the project, located on the Pacific coast. Administration and Development • Administration: The project is managed by the Costa Rican Tourism Institute (ICT), which administers and supervises the master plan of the tourist hub. • Objective: To attract national and international tourism through the granting of land concessions for tourist projects and the construction of public infrastructure. In summary: The Golfo de Nombre169752 Tourist Project is a large development that extends across the gulf and specifically across the Península de Papagayo, which is located on the Pacific coast in the province of Guanacaste. This area is divided between the cantons of Carrillo and Liberia. QUESTION: 1. Based on the Political Constitution, the General Law of Public Administration, Principles of legality, a healthy environment, precaution, Public Interest, Diffuse Interests, Legal Reserve, the Municipal Code, the Forest and Environmental Code, and other related laws. The Municipalities of Carrillo and Liberia were consulted and issued a joint technical criterion, as they are cross-border cantons, for the Golfo de Nombre169752 Tourist Project that encompasses the peninsula of Nombre169752 and is distributed across the cantons of Carrillo and Liberia, in the province of Guanacaste. The foregoing, being one or part of the legal requirements that the company that processed the documents before SETENA had to submit for the Environmental Feasibility and thus comply with due process, is how I consider it. And so that SETENA could authorize the Environmental Feasibility (Vialidad Ambiental) in the Papagayo Project. ANSWER: Yes, the Municipalities of Carrillo and Liberia must issue a joint technical criterion for the Golfo de Papagayo Tourist Project, as it is an obligation to ensure compliance with the principle of legality, due diligence, and due process, and it would constitute an essential legal requirement for SETENA to authorize the Environmental Feasibility of the project, since it is a project that transcends cantonal borders. Legal basis • Principle of Legality: The public administration and the companies that interact with it must be subject to the Constitution and the law. In this case, it is the duty of the company to present said criterion and of SETENA to verify its compliance. • Principle of Due Process: The consultation of the municipalities and the issuance of their technical criterion is part of due process, guaranteeing the participation of local and regional authorities. • Public Interests and Diffuse Interests: The cross-border nature of the project directly affects the cantons of Carrillo and Liberia, making it necessary to consider the public and diffuse interests of both communities. • Inter-municipal Collaboration and inter-institutional coordination: The joint criterion, in addition to being a requirement, is a demonstration of the necessary coordination between two cantons that share the same peninsula. • Environmental Feasibility and Regulation: The General Law of Public Administration, and other laws such as the Forest and Environmental Code, establish the procedures for evaluating the environmental feasibility (viabilidad ambiental) of projects. IMPORTANCE OF THE MUNICIPAL CONSULTATION The consultation of the municipalities of Carrillo and Liberia is fundamental, not only to comply with the regulation, but also to: • Guarantee environmental sustainability: • Ensure that the project conforms to local environmental regulations. • Consider local development: • Allow the municipalities to express their vision and needs for the development of their territories. • Strengthen due process: • Avoid legal challenges by ensuring that all competent authorities are consulted. In conclusion, the issuance of the joint technical criterion by the Municipalities of Carrillo and Liberia is an indispensable step for the authorization process of the Environmental Feasibility to be legally valid and capable of being approved by SETENA.”

37.- By brief added to the digital case file on October 2, 2025, the appellant states: “BEING 05 HOURS AND 00 MINUTES ON OCTOBER 2, 2025, THE AMPARO APPEAL 25 25228 007 CO IS EXPANDED AND SUPPLEMENTED By not including the joint criterion of the municipalities of Carrillo and Liberia, the process for the approval of the land-use change in the Golfo de Nombre169752 could be considered voidable due to nullity (viciado de nulidad), for omitting an essential legal requirement in the management of a cross-border matter. Liberia, October 2, 2025 Justices of the Sala Constitucional Address4241 . Dear Justices: I, Name49424 , SENIOR CITIZEN, Name68642 ID38524, SUPPLEMENT THE AMPARO APPEAL 25 25228 007 CO WITH THE FOLLOWING: Decree 44448 is a regulation of the Costa Rican Executive Branch on the management of land-use change in the Master Plan of the Golfo de Papagayo Tourist Project, and is legally enforceable, as it is based on the Constitution and the General Law of Public Administration. The joint technical criterion of the Municipalities of Carrillo and Liberia, when addressing a cross-border matter, is a legal requirement that must be presented to the Executive Branch for the approval of the land-use change. ANALYSIS: The absence of the joint criterion of the municipalities of Carrillo and Liberia could violate the right to citizen participation and administrative due process, established in the Political Constitution of Costa Rica (Articles 33, 168, 169, and 170) and the General Law of Public Administration (Articles 152 and 153), especially in matters affecting border territories and with public interest. Furthermore, it contravenes the principles of Environmental Justice regarding participation in decision-making, the right to a healthy environment, and the protection of the collective interest. Detail: ARTICLE 152 LGAP Article 152 of the General Law of Public Administration (LGAP) of Costa Rica establishes the conditions and causes for the revocation of administrative acts for reasons of opportunity, convenience, or merit. Said act may be revoked if there is a serious divergence between the effects of the act and the public interest, even if time has passed or rights have been created, but the revocation must be considered based on the nature and circumstances of the legal relationship. Content of Article 152 • Revocation for opportunity, convenience, or merit: The administrative act may be revoked when it is better for the public interest, even if rights have been created. • Requirement of serious divergence: Revocation is only possible if there is a significant discrepancy between the effects of the act and the public interest. • Consideration of time and rights: The time elapsed and the rights already created by the act, as well as the specific circumstances of the legal relationship, may be taken into account. ARTICLE 153 LGAP Article 153 of the General Law of Public Administration (LGAP) of Costa Rica regulates the revocation of administrative acts for reasons of opportunity, convenience, or merit, allowing the Administration itself to extinguish a valid act due to supervening circumstances or a change in the assessment of the public interest. This differs from annulment, which proceeds for legality defects, and is based on a criterion of administrative discretion, being applicable to valid acts that are already producing effects. Content of Article 153 (LGAP) • Revocation for convenience and opportunity: The Administration may extinguish a validly issued administrative act if the factual circumstances change or if the assessment of the public interest warrants it. • Difference from annulment: Unlike annulment (which is based on the nullity or illegality of the act), revocation is based on opportunity, convenience, or merit, and can therefore be applied to acts that are perfectly valid. ANALYSIS: Revocation is based on opportunity, convenience, or merit, and can therefore be applied to valid administrative acts, and the Sala IV, if within its jurisdiction, can revoke an administrative act (revocar un acto) if it determines that doing so is convenient for the public interest, without there being any illegality in the original act. Revocation of valid acts: • Unlike annulment (which occurs due to legality defects and assumes the act was never valid), revocation extinguishes an administrative act that is completely valid and perfect. • It is based on the discretionary power of the Administration to render its own acts ineffective when the factual situation or the public interest has changed since the act was issued. • This decision can be based on: o The emergence of new factual circumstances. o A different assessment of the same circumstances that already existed. o A serious divergence between the effects of the act and the public interest. The Sala IV can revoke an act (revocar un acto): • The power of the Administration to revoke its own acts, such as an administrative act that produces legal effects, is known as the power of revocation or the faculty to revoke "an act." • Administrative courts, if they have jurisdiction to do so, can analyze and, if pertinent and within their scope, revoke an administrative act they consider inconvenient, even if it is valid. • Valid acts: Revocation can apply to administrative acts that, despite producing legal effects, become inconvenient or harmful to the public interest. • Cases of application: • Emergence of new circumstances not known at the time the act was issued. • A different assessment of the same factual circumstances that originated the act or of the public interest. • • Rights created: This power is exercised despite the rights created by the act or the nature of the legal relationship it generated, provided there is a serious divergence with the public interest. In summary: Article 153 of the LGAP of Costa Rica grants the Administration the power to reconsider its own decisions, allowing it to revoke administrative acts that, even if legal, become inconvenient or harmful due to changes in the context or in the appreciation of the public interest. Principles of Environmental Justice violated The principles of Environmental Justice that are affected are the following: • Right to a healthy environment and participation: • By not receiving the technical criterion of the Municipalities of Carrillo and Liberia, which represent the interests of communities located in cross-border areas, the right of communities to participate in decision-making that affects them and the right to a healthy and safe environment is violated. • Government responsibility: Government acts that result in environmental injustice, such as the lack of consultation with relevant local entities, are considered a violation of international law and human rights. • Inclusive policies: The need for urban and ecological policies that consider balance with nature, the cultural integrity of communities, and fair access to resources is affected, which is paramount in a project of this magnitude. Legal basis in Costa Rica In Costa Rica, the following constitutional articles and articles of the General Law of Public Administration are relevant: • Article 33 of the Political Constitution: Establishes the right to equality and non-discrimination, which may imply the non-exclusion of the opinions of the communities involved in decision-making. Detail: Article 33 of the Political Constitution Article 33 of the Political Constitution of Costa Rica establishes that "Every person is equal before the law and no discrimination contrary to human dignity may be practiced." This article enshrines the fundamental principle of equality and prohibits arbitrary discrimination, obliging the State to design and implement public policies to equalize social conditions and guarantee the integral development of all persons, prohibiting discriminatory treatment of an arbitrary nature. Key principles of Article 33 • Equality before the law: All persons, without exception, must be treated in the same manner by the law. • Prohibition of discrimination: Any type of discrimination that violates the dignity of persons is prohibited. • Obligation of the State: The State has the duty to create and apply policies to reduce social and economic inequalities. • Differentiated treatment with reasonableness: Differentiated treatment is allowed only if justified by rational and objective grounds found in the constitutional text. • Guarantee of equity: It is ensured that persons in equal conditions receive the same treatment and are not unjustifiably excluded. • Articles 168, 169, and 170 of the Political Constitution: Recognize municipal autonomy and the need for consultation or municipal participation in matters that affect or are related to their territories. DETAIL: Article 168 of the Political Constitution Article 168 of the Political Constitution of Costa Rica establishes the territorial organization of the country, dividing the national territory into provinces, cantons, and districts for the purposes of Public Administration. Details of Article 168: • Territorial Division: • For the Public Administration, the territory of Costa Rica is organized into provinces, which are subdivided in turn into cantons, and these into districts. Context and Relevance: • This article is the starting point for the administrative organization of the country, which is governed by a system of administrative decentralization, even though the State is unitary. • Based on this territorial division, local government bodies are established, such as municipal governments, which are responsible for the administration of local interests and services in each canton. • The divisions of cantons and districts are crucial for the administration of resources and the provision of public services at the local level. • Article 169 of the Political Constitution Article 169 of the Political Constitution of Costa Rica establishes that the administration of local interests and services in each canton shall be the responsibility of the Municipal Government. This government is composed of a deliberative body (the municipal councilors) and an executive official (Mayor). Details of the article: • Responsibility: The Municipal Government is responsible for the administration of local interests and services within its canton. • Composition of the Municipal Government: • A deliberative body: Composed of municipal councilors elected by popular vote. • An executive official (Name20665): Designated by law, who shall be the executive figure of the local government. • It is formed of two parts: In summary, Article 169 defines the structure of local government in Costa Rica, assigning the management of cantonal affairs to an autonomous municipal corporation, with elected councilors and a law-designated executive (Mayor). • Article 170 of the Political Constitution Article 170 of the Political Constitution of Costa Rica was reformed by Law No. 8106 to establish the autonomy of municipal corporations and guarantee them an allocation of no less than 10% of the Ordinary Budget of the Republic, which would be subject to the approval of a law regulating its transfer. Details of the reform: • Municipal Autonomy: The article now grants autonomy to municipal corporations, recognizing their capacity for self-government and management. • Budgetary Allocation: It is ensured that the municipalities receive a minimum sum of 10% of the annual budget of the Republic. • Regulation by Law: The transfer and application of these funds depend on a specific law that establishes the necessary conditions and regulations for their use, as indicated by Law No. 8106, published in La Gaceta. Context of the reform: • The reform of Article 170 was carried out with the objective of strengthening local administration and ensuring adequate financing for local governments in Costa Rica. • The legal change took effect through Law No. 8106, published on July 10, 2001, in the newspaper La Gaceta, consolidating progress in the decentralization of power in the country. • Articles 152 and 153 of the General Law of Public Administration: Regulate administrative procedures, including the obligation to consult or hear relevant actors in decision-making that affects different territories and communities. By not including the joint criterion of the municipalities of Carrillo and Liberia, the process for the approval of the land-use change in the Golfo de Nombre169752 could be considered voidable due to nullity, for omitting an essential legal requirement in the management of a cross-border matter.”

38.- By brief added to the digital case file on October 2, 2025, the appellant states: “BEING 06 HOURS AND 31 MINUTES ON OCTOBER 2, 2025, THE AMPARO APPEAL 25 25228 007 CO IS EXPANDED AND SUPPLEMENTED. Environmental Feasibility (Vialidad Ambiental) The omission of the consultation of the Municipalities of Carrillo and Liberia violates the principles of Legality, Due Process, and a healthy environment, violating articles 33, 168, 169, and 170 of the Political Constitution of Costa Rica, articles 152 and 153 of the General Law of Public Administration (LGAP), and subsection 4 of article 4 of the Municipal Code, by preventing local participation and compliance with environmental and territorial regulations. Liberia, October 2, 2025 Justices of the Sala Constitucional Address4241 . Dear Justices: I, Name49424 , SENIOR CITIZEN, Name68642 ID38524, SUPPLEMENT THE AMPARO APPEAL 25 25228 007 CO WITH THE FOLLOWING: IMPORTANCE OF THE MUNICIPAL CONSULTATION The consultation of the municipalities of Carrillo and Liberia is fundamental, not only to comply with the regulation, but also to: Guarantee environmental sustainability: Ensure that the project conforms to local environmental regulations. Consider local development: Allow the municipalities to express their vision and needs for the development of their territories.

Strengthen due process: Avoid legal challenges by ensuring that all competent authorities are consulted. In conclusion, the issuance of a joint technical opinion (criterio técnico mancomunado) by the Municipalities of Carrillo and Liberia is an indispensable step for the Environmental Viability (Vialidad Ambiental) authorization process to be legally valid and capable of being approved by SETENA. ANALYSIS The failure to consult the Municipalities of Carrillo and Liberia violates the principles of Legality, Due Process, and a healthy environment, infringing Articles 33, 168, 169, and 170 of the Political Constitution of Costa Rica, Articles 152 and 153 of the General Public Administration Law (LGAP), and subsection 4 of Article 4 of the Municipal Code, by preventing local participation and compliance with environmental and territorial regulations. Violated Constitutional Articles and Principles • Article 33 (Political Constitution): It is violated by failing to guarantee citizen and communal participation in decision-making on local development, contravening the right to participation that must be present in the process. • Articles 168, 169, and 170 (Political Constitution): By omitting the consultation, the autonomy of the municipalities in managing their territories and local development planning is undermined, preventing them from expressing their vision and needs. Violated Laws • LGAP (Articles 152 and 153): Not consulting the municipalities implies not giving them the opportunity to participate in the process, contravening the principles of participation and consultation with competent bodies. • Municipal Code (Article 4, subsection 4): The lack of consultation with the municipalities in the Environmental Viability authorization process infringes this article, which requires consultation to ensure that projects comply with environmental and local development regulations. Violated Constitutional and Legal Principles • Principle of Legality: Municipal consultation is an indispensable step for the authorization to be legally valid. Not carrying it out, therefore, goes against this principle, since the administration must act in accordance with the law. • Principle of Due Process: Consultation is a fundamental part of the process to avoid legal challenges and ensure that all competent authorities are taken into account. • Principle of a Healthy Environment: Consultation helps ensure that the project complies with local environmental regulations and that environmental sustainability is guaranteed, which is a right of the population and a responsibility of the State and local governments.”

39.- By written submission incorporated into the digital case file on October 2, 2025, the petitioner states: “AT 7:15 A.M. ON OCTOBER 2, 2025, THE AMPARO APPEAL 25 25228 007 CO IS SUPPLEMENTED AND CONTRIBUTED TO. READ CORRECTLY. Environmental Viability The failure to consult the Municipalities of Carrillo and Liberia violates the principles of Legality, Due Process, and a healthy environment, infringing Articles 33, 168, 169, and 170 of the Political Constitution of Costa Rica, Articles 152 and 153 of the General Public Administration Law (LGAP), and subsection h of Article 4 of the Municipal Code, by preventing local participation and compliance with environmental and territorial regulations. Liberia, October 2, 2025 Honorable Magistrates Constitutional Chamber Dirección4241. Dear Magistrates: I, Nombre49424, SENIOR CITIZEN, Nombre68642 CED38524, CONTRIBUTE THE FOLLOWING TO AMPARO APPEAL 25 25228 007 CO: IMPORTANCE OF MUNICIPAL CONSULTATION Consultation with the Municipalities of Carrillo and Liberia is essential, not only to comply with the regulation, but also to: Guarantee environmental sustainability: Ensure that the project complies with local environmental regulations. Consider local development: Allow the municipalities to express their vision and needs for the development of their territories. Strengthen due process: Avoid legal challenges by ensuring that all competent authorities are consulted. In conclusion, the issuance of a joint technical opinion by the Municipalities of Carrillo and Liberia is an indispensable step for the Environmental Viability authorization process to be legally valid and capable of being approved by SETENA. ANALYSIS The failure to consult the Municipalities of Carrillo and Liberia violates the principles of Legality, Due Process, and a healthy environment, infringing Articles 33, 168, 169, and 170 of the Political Constitution of Costa Rica, Articles 152 and 153 of the General Public Administration Law (LGAP), and subsection h of Article 4 of the Municipal Code, by preventing local participation and compliance with environmental and territorial regulations. Violated Constitutional Articles and Principles • Article 33 (Political Constitution): It is violated by failing to guarantee citizen and communal participation in decision-making on local development, contravening the right to participation that must be present in the process. • Articles 168, 169, and 170 (Political Constitution): By omitting the consultation, the autonomy of the municipalities in managing their territories and local development planning is undermined, preventing them from expressing their vision and needs. Violated Laws • LGAP (Articles 152 and 153): Not consulting the municipalities implies not giving them the opportunity to participate in the process, contravening the principles of participation and consultation with competent bodies. • Municipal Code (Article 4, subsection h) The lack of consultation with the municipalities in the Environmental Viability authorization process infringes this article, which requires consultation to ensure that projects comply with environmental and local development regulations. Violated Constitutional and Legal Principles • Principle of Legality: Municipal consultation is an indispensable step for the authorization to be legally valid. Not carrying it out, therefore, goes against this principle, since the administration must act in accordance with the law. • Principle of Due Process: Consultation is a fundamental part of the process to avoid legal challenges and ensure that all competent authorities are taken into account. • Principle of a Healthy Environment: Consultation helps ensure that the project complies with local environmental regulations and that environmental sustainability is guaranteed, which is a right of the population and a responsibility of the State and local governments.”

40.- The legal requirements have been observed in the proceedings followed.

Drafted by Magistrate Araya García; and,

Considering:

I.- Purpose of the appeal. The claimant complains that the respondent authorities granted environmental viability (viabilidad ambiental) to the mega-tourism project Nombre169752 being developed in Playa Panamá, Guanacaste. He states, first, that Setena refused to convene the residents of Playa Panamá for a public hearing on the grounds that they did not belong to an indigenous community, which injures the principle of equality. He maintains that the environmental viability was granted without observing the principle of legality, since the mandatory procedural stages were not fulfilled, particularly citizen participation through a public hearing, and instead surveys were administered to people who were unaware of the project’s scope. He emphasizes that Setena did not properly consult the municipalities of Carrillo and Liberia, which breaches its duty of interinstitutional coordination and citizen participation that should govern such projects. He denounces the infringement of the right to a healthy and ecologically balanced environment, since the impacts on the forests, wetlands, and mangroves of the area were not duly evaluated. He questions that the forest report used was prepared by the developing company itself. He cites non-compliance with the requirements of Law No. 6758, which establishes clear density limits (20 rooms per hectare and a maximum of 30% construction); therefore, he criticizes Executive Decree No. 44448 for its ambiguity, since it does not contain a precise mapping of the 1,658 hectares involved and leaves approximately 70% of the natural conservation areas unprotected. He expressly requests: “That the present AMPARO APPEAL be granted, and that SETENA roll back the approval granted to the tourism project Nombre169752 so that the necessary corrections can be made and that it comply with Law 6758 and modified Decree 44448 for being ambiguous. Decree 44448 is criticized for being ambiguous due to the lack of adequate mapping of the 1,658 hectares of the project, which prevents a correct application of construction regulations and leaves 70% of the natural and heritage conservation areas unprotected. Additionally, that the residents of Playa Panamá and surrounding communities, environmental groups, and the general public be convened to a Public Hearing, as one of the legal stages so that SETENA can grant the Environmental Viability of the Mega Project Papagayo. Once Decree 44448 is corrected.”

II.- Proven facts. The following facts are deemed duly demonstrated as relevant to the decision of this matter:

a. On April 7, 2021, Setena received the Initial Environmental Assessment Document (Documento de Evaluación Ambiental Inicial) for the Project: Proyecto Bahía Nombre169752 submitted by Enjoy Hotels & Resorts S.A., which is processed under case file D1-0170-2021-SETENA. (See the report rendered).

b. The Proyecto Bahía Nombre169752 is described as follows: “a residential tourism complex, promoting the development of residences and hotels with access to all basic and recreational services through the commercialization of housing units, residential lots, hotel and condohotel components, mixed residential-commercial use, and offices. The Hotel and Condohotel component will be developed with the capacity to accommodate more than 240 guests and may include rooms equipped with a kitchen, private bathroom, and terrace, as well as the hotel lobby, swimming pools, spa, gym, restaurants, bar, bathrooms and changing rooms, shops, event hall, wellness center, sales offices, administrative offices, workshop, kitchen and laundry, employee lodging, and all the road infrastructure necessary for access and circulation to the facilities, parking lots, sidewalks, trails, and treatment plant. The project will also include housing units with parking for one or two vehicles, and common areas consisting of hallways, roof terraces, green areas and children’s playgrounds, a ranch-style structure with swimming pools, courts and multipurpose rooms, gym, access lobby, as well as the road infrastructure for access and circulation to the facilities, visitor parking, and sidewalks. As for the Residential Lots, they will be areas for the future development of residences that may have a patio, garages for several vehicles, swimming pool, terraces, and roof terraces. The project will provide vehicular and pedestrian access, as well as basic service infrastructure for future residents, in addition to green areas, children’s playgrounds, and trails. The Clubhouse for the residential lots or housing units will have an administrative area, event hall, restaurant, bathrooms, social area, game room, swimming pool, gym, tennis courts, and multipurpose courts. It also has green areas that offer ranch-style structures with electricity, hiking trails, as well as children’s playgrounds and parking lots. A Country Club will be established, featuring event halls, administrative area, restaurant, bathrooms, social area, game room, swimming pool, gym—both with showers and changing rooms—as well as jacuzzi and saunas. It also has green areas offering tennis courts, multipurpose courts, 5-a-side football pitches, mini-golf, ranch-style structures with electricity, hiking and biking trails, as well as children’s playgrounds and the road infrastructure for access and circulation to the facilities, visitor parking, and sidewalks. The development of the commercial and office area will be a zone for the construction of commercial premises, as well as offices for subsequent sale or lease. The office spaces will have co-working areas with meeting rooms, cafeterias, libraries, and reading rooms. The commercial area may feature supermarkets, mini-markets, commercial kiosks, a pharmacy and medical clinic, restaurants, an outdoor cinema, a market or fairground, which would be an area intended to promote commerce and entrepreneurship, with the sale of local products and a garden with a green market. The mixed use will be a site for the development of various social and cultural activities by the residents of the site and surrounding areas, such as research centers, a museum, school, daycare, chapel, traffic circle, sports plaza, and meeting centers. Among the other components and amenities that will be part of the project are: camping areas, natural hiking trails and bike paths, viewpoints and natural observation stops, and meditation decks, open ecological parks with picnic stations, lakes, reserve and conservation areas, a bird forest with fruit-bearing trees, suspension bridges, public parking and parking lots, a main avenue with tree-lined streets in addition to pedestrian sidewalks and bridges over the streams for internal project connectivity. The project will have LED lighting; the buildings will be designed to provide and maximize the use of natural light while preventing solar heat gain. High-efficiency air conditioning systems that improve indoor air quality and offer greater energy efficiency will be used. There will be a stormwater management plan that will be implemented during construction to reduce pollution by controlling soil erosion and the sedimentation of watercourses. Treatment plants and greywater will be used for irrigation to mitigate the use of potable water for irrigation. All social and common areas are accessible in accordance with the provisions of Ley 7600.” (See the report rendered).

c. Due to the nature of the project, the magnitude of the volume of earth to be removed, the necessary protection of flora and fauna, the extent of the construction area, the public services present in the area and their potential impact, as well as the fact that the social component must be considered—given the size of the project area and the influence areas—a tool providing an intensive and comprehensive diagnosis leading to the fulfillment of sustainable development characteristics was required. (See the report rendered).

d. On May 6, 2021, Setena notified the project developer of resolution No. 0677-2021-SETENA, dated May 5, 2021, in which it ordered, for purposes of continuing with the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) process, that within one year from the notification of that resolution, an EIA Study (Estudio de Impacto Ambiental, EsIA) be submitted—under the terms of reference for the EIA Study—since, pursuant to Executive Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, this project is classified with a Potential Environmental Impact (IAP) of Category A, classified as ISIC 5510, and consequently, the most rigorous assessment instrument was demanded. (See the report rendered).

e. On June 8, 2021, SETENA published in a national circulation medium, specifically in the newspaper La Teja, the information regarding the EIA Study for the Proyecto Bahía Nombre169752 for whatever purpose it may serve. (See case file 25-012448-0007-CO ad effectum videndi et probandi).

f. On July 14, 2021, Setena conducted a field inspection of the project area accompanied by representatives of the consulting and developing company. On that occasion, the following findings were issued in the Inspection Report DEA-ACT INS-017-2021: “• Topography ranges from flat to gentle near the streams and steep to very steep on the rest of the properties; there are no slopes in the project area (AP). • Slopes in the AP: The slope is toward the streams; stormwater management must be provided based on earthworks (movimientos de tierra). • Surface runoff flows to the streams and then to the mangrove. • There is no evidence of landslides. • Possible surface water bodies at the time of the visit are in a transition season with streams without flow, recorded in the SNIT-SINIGIRH. Quebrada Pto29 Estero Rocha 319951-1171787 and sardina with discharge toward the mangrove. Quebrada Pto.33 Quebrada Estero Panamá 318547-1170615 possible work in the channel, AyA wells. • There is no evidence of flooding in the AP or in the adjacent areas. • Observed cover is riparian vegetation, scrubland-thicket (charral-Tacotal), Forest Cover (Cobertura Forestal). • No characteristics indicative of Wetland. • Fauna observed: birds, mammals, and reptiles. • Social component: rural area, with social infrastructure, public and private asphalt and gravel accesses. Moderate traffic with road signage. • Immediate adjacent areas to the AP: north sector: Private and public road, South: Forest Reserve, East: agricultural/livestock-forest use, West: Forest. • Works have not begun and numbered trees are observed in the forest inventory. The Photographic Record of the visit is included.” (See the report rendered).

g. During the assessment process, Setena did not receive any appearance or opposition to the project prior to granting the environmental viability, nor any request to hold a public hearing from a third party, in accordance with the established regulations. (See the report rendered).

h. The citizen participation mechanism applied in the environmental impact assessment process was the local perception study (estudio de percepción local) conducted based on the regulations established in Decree 32966-MINAE, “EIA Manual IV, Annex 1, General Guide for Preparing Environmental Impact Assessment Instruments (EIA Guide),” section 9, called “DESCRIPTION OF THE SOCIOECONOMIC ENVIRONMENT,” subsection 9.7, “Local Perception of the Project and its Possible Impacts (Qualitative Study)”; a mechanism that did not require prior dissemination. (See the report rendered).

i. Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, “EIA Manual IV, Annex 1, General Guide for Preparing Environmental Impact Assessment Instruments (EIA Guide), section 9, called ‘DESCRIPTION OF THE SOCIOECONOMIC ENVIRONMENT,’” indicates another participation mechanism called “Interactive Participatory Process,” which was not carried out because a high level of social conflict was not identified in the groups or communities, due to the fact that no notes of opposition or appearances concerning the project were received, and the majority of the population consulted in the perception study stated they agreed with the development of the project. (See the report rendered).

j. By means of resolution 1263-2021-SETENA of August 18, 2021, Setena ordered: “THEREFORE, THE PLENARY COMMISSION RESOLVES: In Ordinary Session No. 63 of this Secretariat, held on August 18, 2021, under Article No. 14, it is agreed: FIRST: For the purpose of continuing with the Environmental Impact Assessment procedure, ENJOY HOTELS & RESORTS S.A., with corporate identification number No. CED129995, developer of the project ‘Proyecto Bahía Papagayo,’ is ordered to submit a single addendum (in one original and two copies) containing the requirements stipulated in CONSIDERANDO FOUR of this Resolution, for which a period of 6 months is granted. SECOND: Warn the developer that once the addendum to the EsIA is analyzed, if it does NOT comply with the requirements set by this Secretariat, or if it is NOT submitted within the established period, the case file will be ARCHIVED, in accordance with Article 264 of the General Public Administration Law. THIRD: All documentation submitted to SETENA must clearly indicate the case file number, the resolution number, and the full name of the project. FOURTH: Against this resolution, the ordinary remedies of revocation before SETENA and appeal before the Minister of Environment and Energy may be filed within a period of three business days, counted from the next business day following notification, in accordance with Articles 342 et seq. of the General Public Administration Law No. 6227, and Article 87 of the Organic Environmental Law No. 7554. FIFTH: All documentation submitted to SETENA must clearly indicate the case file number, the resolution number, and the full name of the project. It must also indicate an email address to receive notifications from this Secretariat. SIXTH: The complete case file, as well as the documents that SETENA has issued during the Assessment process, will be available to the developer at the web address: Dirección20035 — where it must be verified by the developer or by any interested party and public or private body. For all legal effects in accordance with Law 8454, the digital signature issued by a registered certification authority has the legal equivalence of a handwritten signature, pursuant to Article 4, which states: ‘Article 4 - Legal qualification and evidentiary value. Electronic documents shall be classified as public or private, and shall be recognized as having evidentiary value under the same conditions as physical documents,’ and therefore, pursuant to Article 1, second paragraph, of the aforementioned Law, which literally states: ‘The State and all public entities are expressly authorized to use certificates, digital signatures, and electronic documents, within their respective spheres of competence,’ as ratified by Directive No. 067-MICITT-H-MEIC whereby the Costa Rican State promotes the ‘Massification of the implementation and use of the Digital Signature in the Costa Rican Public Sector.’ SEVENTH: In accordance with Article 8 of Law 8220, an interested party requesting a procedure may not be required to submit certifications, copies of information already held by another institution, by pre-established legal means.” (See the report rendered).

k. On an undetermined date, the developer attached a letter signed by the social sciences professional responsible for preparing the EsIA section called “DESCRIPTION OF THE SOCIOECONOMIC ENVIRONMENT,” in which she declares that there are no potential impacts on services and commits to project participation and information disclosure. (See the report rendered).

l. By means of resolution No. 0591-2022-SETENA of April 6, 2022, the National Environmental Technical Secretariat ordered: “CONSIDERING FIRST: That Article 19 of the Organic Environmental Law states: ‘The resolutions of the National Environmental Technical Secretariat must be substantiated and reasoned. They shall be binding both on private parties and on public bodies and entities.’ For its part, Article 17 of the Organic Environmental Law states: ‘Human activities that alter or destroy elements of the environment or generate waste, toxic or hazardous materials shall require an environmental impact assessment by the National Environmental Technical Secretariat created in this law. Its prior approval by this body shall be an indispensable requirement to initiate the activities, works, or projects. The laws and regulations shall indicate which activities, works, or projects shall require the environmental impact assessment.’ SECOND: In accordance with Article 282 of the General Public Administration Law (LGAP), and based on the documentation contributed to the administrative case file, Mr. ANDRES PACHECO ALBONICO, identification document number 01-1066-0062, is deemed to have standing to request the environmental impact assessment of the Proyecto Bahía Nombre169752, administrative case file D1-0170-2021-SETENA. THIRD: Regarding the information submitted to the administrative case file and general considerations. According to Executive Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC and its amendments, which establish the required documentation for D1 projects, the following is noted:

Content Details
Environmental Impact Study Submitted.
Total investment amount Lot # Plan Amount Lot 1 5-1186670-2007 $ 374,153,131.00 Lot 3 5-1155787-2007 $ 107,132,448.00 Lot 4 5-1274126-2008 $ 274,765,133.00 Lot 5 5-1155786-2007 $ 169,001,459.00 Total US$925,052,171.00
Site design Submitted.
Photographic record Submitted.
Project description Submitted.
Cartographic location Submitted.
Environmental Measures Submitted.
Authorization or contracts --
Letters (SENARA, MOPT, SINAC, etc.) --

With respect to the technical studies contemplated in the Environmental Impact Assessment (EIA), available in the administrative case file, the following is noted:

Content Observations
Geotechnical Study Presents a geotechnical analysis per lot. Based on the information obtained from this study, the terrain is considered to present acceptable conditions from a geotechnical perspective for developing works, provided the recommendations indicated in the corresponding sections of this report are followed. • In general, the stratigraphic profile of the subsoil on all terrains consists of two layers, namely: a) brown sandy silt, with consistency mostly variable between soft and medium; and b) brown and/or gray silty sand with the presence of gravel blocks, with relative density mostly variable between firm and dense. • In general terms, it is recommended to use a conventional shallow foundation system, based on isolated and/or continuous footings. The specific foundation recommendations are indicated in the corresponding sections. • Once more project details are available, INSUMA is available to review the recommendations previously provided and make the respective adjustments if necessary. • The corresponding section presents the thrust parameters to be used for designing the project walls, or for buried elements subjected to thrust (swimming pools, pits, buried tanks, among others). • Based on the characteristics evaluated at the investigated site, for the seismic analysis of the structures, it is recommended to consider the foundation soil as S2, as established by the Seismic Code of Costa Rica 2010. • It is emphasized that the executed borings are point-specific, so variations may be found in other areas of the terrain. For this reason, during the construction process, appropriate inspection must be performed to ensure that the conditions assumed in the design are met in the field.

Hydrogeological Study Variation in Surface Runoff of the Watercourse. Based on this report, considering that the public domain watercourses that border and cross the AP discharge directly into the Pacific Ocean (Bahía Panamá), the increase in surface runoff with the Project's implementation would not affect downstream settlements or infrastructure. Additionally, given the dimensions of the Project, it is this professional’s opinion that the increase in runoff will be marginal, and that the watercourses have the carrying capacity to accept an increase in surface flow as a result of the project's development. Therefore, it is concluded that it is not necessary to evaluate the variation in the basin’s surface runoff, and additionally, it is not necessary to implement mitigation or compensation measures for the marginal increase in the maximum instantaneous flow of the evaluated micro-basins. Flood Potential in the AP. The potential of the identified public domain watercourses to overflow and affect the works to be implemented is evaluated. Based on field observation and considering the flood elevation obtained from the executed hydraulic model, the following is concluded: Estero Rocha – Lote 1: Risk of overflow is manifested during extreme precipitation events, primarily due to the culvert crossing on National Route No. 159. It is demonstrated that the culvert is not efficient, and the backwater effect affects the protection area and adjacent sectors of the Project. Quebrada Sin Nombre 01 - Lote 3: Risk of overflow is manifested during extreme precipitation events, primarily due to the double culvert crossing on National Route No. 159. It is demonstrated that the culvert is not efficient, and the backwater effect affects the protection area and adjacent sectors of the Project. In both watercourses, the effect is maintained only upstream of the culvert crossing, up to a distance of no more than 50 meters. The rest of the watercourse exhibits normal flow conditions, with no risk of overflow or excessive velocities that could potentially generate erosion on the banks. This is ratified through the CNE Natural Risk and Hazard Map for the Canton of Carrillo, which shows that the region is NOT classified as flood-prone.

In this regard, it is imperative that the works always be constructed outside the protection area of the described public-domain watercourses, following the stipulations of the Forest Law (Ley Forestal) No. 7575, article 33 (the protection area corresponds to 15 meters with respect to the riverbank).






Anthropic Risk Certification



This procedure allowed us to establish that, for the project area in question, and according to the requirements of Executive Decree No. 32712-MINAE, there are no sources of anthropic risk within the Project area that affect it. According to the Map of Potential Natural Hazards for the Canton, by the National Emergency Commission (Comisión Nacional de Emergencias, hereinafter CNE), the AP is NOT located within the floodplain of any watercourse, or in a zone of low risk from other natural hazards.






Unified Basic Geology



Summary of results
This report presents the results of the Basic Geology Technical Study of the Land carried out for the Bahía Nombre169752 Tourist-Residential Complex Project, which is located on land in Sardinal, Guanacaste, on cadastral maps 5-1186670-2007, 5-1155787-2007, 5-1274126-2008, 5-1155786-2007. The lots that make up the Bahía Nombre169752 project predominantly feature sandy silt and silty sand soils, in addition to residual and alluvial soils detected in the project area; these soils correspond to the weathering of the basaltic rocks of the Nicoya Complex and the pyroclastic flows of the Bagaces Formation, which have a large regional extent. Structurally, several kilometers from the AP, there are several paleotectonic faults (inactive) and a series of Quaternary faults. A detailed geological mapping is available regionally, based on the 1:50,000 geological cartography of the Nicoya Peninsula carried out by Nombre169753 et al (2014). Regionally, the geomorphology is defined by the lithology and the action of water erosion; basically, the study area consists of alluvial plains in low-slope zones and denudational slopes of medium to high slope, reaching elevations that vary between 20 and 120 m.a.s.l., with slopes between 30° and 45° occurring in this geomorphological unit. Among the notable results of the environmental hydrogeology study for the project, it is highlighted that through the vulnerability to contamination analysis carried out with the G.O.D. method, it was defined that the AP has a medium vulnerability. Likewise, the calculation for the transit of advective biological contaminants (bacteria) was performed for the AP area, based on the average parameters of the hydrogeological model, resulting in 135 days of vertical transit in the unsaturated zone, complying with the standard that establishes a minimum of 70 days for porous media. In addition, an inventory of the hydrogeological elements in the AP and its area of influence was carried out so that the legally mandated setbacks from these points are respected. The information was obtained from the databases of the Water Directorate (Dirección de Agua) and SENARA. According to the compiled information, the main local natural hazard present in the AP is considered to be the hazard of slope instability, for which reason surface runoff must be controlled during the construction phase and the operational phase of the project to prevent soil erosion that could lead to other factors of greater magnitude, such as terrain instability. Another impact to consider, but of a regional nature, is the seismic hazard, since the identified neotectonic faults have the potential to generate significant seismic events, and the North Pacific region experiences earthquakes of magnitude greater than 6 Mw, as have historically occurred, the most recent being the 2012 Samara earthquake, with the secondary impacts associated with these events. Taking into account all the conditions that frame this project, it is considered viable, provided that the recommendations set out in this study and in national legislation are followed, so that the immediate environment of the project is not threatened, nor is the project. Considering certain necessary construction aspects, the geological and hydrogeological conditions do not hinder the execution of the project. In general terms, the site's geo-suitability is considered favorable for the development of the proposed project.



Summary of technical conclusions
Regionally, the soils are of sandy silt and clayey sand types; these materials form the residual and alluvial soils detected in the project area. The genesis of these soils corresponds to the weathering of the basaltic rocks of the Nicoya Complex and the pyroclastic flows of the Bagaces Formation, which have a large regional extent. Morphologically, the area is characterized by flat reliefs on the plains, and undulating reliefs that form the denudational slopes of the coastal mountain systems. In the lots that make up the project, the deposits are predominantly alluvial and are constituted by materials of sandy silt to silty sand texture, with the presence of weathered rock fragments, brown in color, unconsolidated, forming soils between 4 m and 6 m thick. In the AP area, two hydrogeological units are distinguished: one of low water potential related to the rocks of the Nicoya Complex, and an aquifer in the alluvial sediments. The mentioned aquifer is of an unconfined type, but with areas where confinement occurs, with high transmissivities related to high extraction flow rates; likewise, the groundwater level is on average at 5 meters but can vary locally and seasonally throughout the water year. In the project area, a series of registered wells and concessions are located, for which the legally mandated setbacks must be respected. Regarding the vulnerability to contamination, it is established that the AP has a medium vulnerability character. The results of the contaminant transit, carried out with the assumptions and evidence supporting the hydrogeological model, yield a vertical transit in the unsaturated zone of 135 days, complying with the 70 days mentioned for porous aquifers regarding contamination by bacteria. The AP can be affected by seismic activity, one of the main hazards present in the immediate area of the AP, due to the proximity of important geological faults and the Central America Trench located in the Pacific Ocean. In addition to slope instability, due to the presence of undulating terrain with moderate slopes, strict control must be maintained in water management to avoid surface runoff and thereby prevent instability problems. Compliance with current legislation regarding construction standards is recommended, such as the Costa Rica Foundations Code (Código de Cimentaciones de Costa Rica) and the Costa Rica Seismic Code (Código Sísmico de Costa Rica). This is due to the seismic hazard in the area. Therefore, from the environmental geological, environmental hydrogeological, and natural hazards standpoint, the project is viable if the indications established by law and the recommendations of this study are respected.






Rapid Archaeological Report



Requires Archaeological Evaluation
To recover more information, an Archaeological Evaluation must be mandatorily conducted on Lot 3 and Lot 4. Additionally, as a precautionary measure, archaeological supervision of earthworks (movimientos de tierra) must be carried out on all the lots that make up the project. On Lot 3, the North sector must be intensively evaluated (test pits every 10m), which is where the high densities of materials are concentrated (Location: 10° 35' 17"N and 85°38' 51"W within a 50m radius around inside the AP), in addition to evaluating 40m from the road into the interior of the land. For sectors located outside the high-density area, test pits located at greater distances are recommended. For the rest of the land, selective excavations are recommended in areas where it is considered that data on the distribution of isolated finds can be recovered. The need to evaluate the highest parts of this lot, located at the back, can be ruled out. For Lot 4, the intensive excavations should be concentrated in the shell midden area (conchero) (Location 10° 34' 52"N and 85°39' 25"W within a 30m radius around) and its immediate surroundings, and on the hill where a cemetery is located (Location: 10° 34' 58"N and 85° 39' 32"W within a 20m radius around). It is also considered viable to leave an archaeological reserve area depending on the layout of the works to be carried out. Furthermore, the sector next to an internal road near the left bank of the stream (quebrada) must be evaluated (Location 10° 34' 53" N and 85° 39' 35" W within a 60m radius around inside the AP).






Rapid Biological Report



Develops the study in the ESIA. Within the AP there are four stream (quebrada) watercourses; these watercourses must not be affected by the works, as their protection zone must be maintained. Additionally, part of the property is located within the Diriá Biological Corridor. Although the project is not located within any protected wildlife area, in some of the direct influence zones, there are wetlands that must be kept without alterations; wetlands are ecosystems protected under the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente) No. 7554. Furthermore, both the direct influence area and the indirect influence area of the project are located within the Maritime Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre), so the necessary mitigation measures must be taken. According to the activities planned for this project, there will be no impact on ecosystems of interest.

 

The studies carried out indicate a series of recommendations that must be followed as indicated, as part of the project's environmental commitments. If the removal of any tree is required, the corresponding permit must be processed at the MINAE office, and if surface water bodies or wells are located within or on the boundaries of the AP, the current legislation regarding protection zones must be applied. For each environmental impact identified in the basic environmental impact identification matrix, the corresponding mitigation measure is presented. Since each study and/or justification has been prepared by relevant professionals, they are considered directly responsible for the technical and scientific information provided therein, which information has the character of a Sworn Declaration and is therefore considered current and true. Otherwise, penal consequences may arise from the fact, as established in Article 9 of Executive Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, amended by Article 2 of Executive Decree No. 32734 of August 9, 2005. Thus, and consequent with the issued conclusions and recommendations, this Secretariat warns the Environmental Consultant and the Developer of the duty to include them as part of the environmental commitments acquired through this analysis. In accordance with the analysis of the project that the developer and environmental consultant have presented, according to the regulations applicable to the operation of the activity, work, or project, there is an environmental regulation which, according to the classification of the area based on the project's location zone, finds it is located in an area authorized by the Regulatory Plan (Plan Regulador) or other environmental land-use planning approved by SETENA, including the environmental variable. Consequently, establishing a Final SIA score of 117 points, the corresponding environmental assessment instrument is an Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental). From the Georeferencing analysis carried out by the Geography Unit of this Secretariat—an analysis contained in the administrative file, as established by Executive Decree No. 37803-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, Article 2—the following is known: 1. Other files have been processed on this property: Within cadastral maps 5-1274126-2008 and 5-1186670-2007, the following files have been processed before SETENA: - D1-0518-2019 (5-1274126-2008) - D1-0157-2019 (5-1186670-2007) Therefore, the analyst technician in DEA is recommended to verify details and the current status of said files. 2. SNIT and FONAFIFO cover (cobertura) present within the AP: FONAFIFO 2005 5-1155786-2007: Forest (Forestal) and Non-Forest (No Forestal). 5-1155787-2007: Forest and Non-Forest. 5-1186670-2007: Forest, Non-Forest, Secondary Forest (Bosque Sec.). 5-1274126-2008: Forest, Non-Forest, Forest Plantation (Plant. Forest.). FONAFIFO 2013 5-1155786-2007: Deciduous Forest (Bosque Deciduo), Secondary Forest (Bosque Secundario), Non-Forest. 5-1155787-2007: Deciduous Forest, Mature Forest (Bosque Maduro), Secondary Forest, Non-Forest. 5-1186670-2007: Deciduous Forest, Mature Forest, Secondary Forest, Non-Forest, Pastures (Pastos). 5-1274126-2008: Deciduous Forest, Mature Forest, Secondary Forest, Non-Forest. 3. Land characteristics (relief): Map 5-1186670-2007 Flat: slopes of 0-2% Steep: slopes +60% Class VII: forest management Map 5-1155787-2007 Flat: slopes of 0-2% Steep: slopes +60% Class II: agricultural with slight limitations Class VII: forest management Map 5-11274126-2008 Flat: slopes of 0-2% Steep: slopes +60% Class II: agricultural with slight limitations Class VII: forest management Map 5-1155786-2007 Flat: slopes of 0-2% Steep: slopes +60% Class VII: forest management. 4. Proximity to geological faults (indicate distance): The nearest faults to the properties are located approximately: - one 3 km to the East - one 2.3 km to the Southeast - one 3.9 km to the South. 5. The project is affected by any spring (naciente) or well, or by its protection radius: According to the database of the Water Directorate (Dirección de Aguas) in its SINIGIRH viewer, the following properties are affected by wells and their respective protection radii: (see attached images) Map 11-86670-2007: within said property, two wells managed by the rural aqueduct are located. Map 5-1274126-2008: within said property, two wells managed by the rural aqueduct are located. It is important to clarify that on the adjacent properties, the Water Directorate's database has identified other wells; however, neither they nor their respective protection radii affect this property. 6. Are there water bodies within or within a 50-meter radius of the area where the project will be developed: Map 5-1186670-2007: this property is crossed by the Quebrada Grande, the Quebrada Sardina, and another unnamed intermittent stream. Map 5-1155787-2007: this property is crossed by an unnamed intermittent stream. Map 5-1274126-2008: this property is crossed by an unnamed intermittent stream. 7. The project will be developed over an aquifer (which one): Coco-Panamá-Playa Hermosa Aquifer. 8. The project will be developed in a zone with aquifer vulnerability (SENARA): No vulnerability data is available for this sector. 9. The sector where the project will be developed presents recharge data (SENARA): No recharge data is available for this sector. 10. The project will be developed within a biological corridor: Chorotega Biological Corridor (ACT). 11. The project will be developed in an area with wetlands: It is clarified that the properties are not located within any wetland; however, according to the National Wetlands Inventory (SINAC) layer, there are wetlands near their boundaries, such as: - Wetland: Manglar Panamá 1, estuarine type, mangrove class; located approximately 241 m West of the property with map 5-1186670-2007. - Wetland: Manglar Panamá 2, estuarine type, mangrove class; located approximately 113 m Northwest of the property with map 5-1155787-2007. - Wetland: Manglar Panamá 2, estuarine type, mangrove class; located on the Northern boundary of the property with map 5-1274126-2008. 12. The project will be developed within the Maritime Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre): Does not apply because all the properties where the project is intended to be developed are located within the Golfo de Papagayo Tourist Pole (Polo Turístico Golfo de Papagayo), managed by the ICT, governed by Law 6758 and Law 6370, where specific development for this area is regulated. 13. The canton where the project will be developed has Incorporation of the environmental variable in the POTs, approved by SETENA: The regulatory plan of the coastal sector of the canton of Carrillo does not have the environmental variable endorsed by SETENA. 14. Other data assessed by the geospatial analyst: It is considered important to mention to the analyst technician in DEA that, verifying the polygons of the property outlines, two of them (5-1155786-2007 and 5-1186670-2007) are coincident in the shape of the map outlines with the official digital real estate registry in the SNIT; on the other hand, the other two properties present the following conditions: - For map 5-1155787-2007: the outline shape of the polygon for this map in the official digital real estate registry in the SNIT is not coincident with the outline of the cadastral map provided by the Developer. This could be due (this is not an assertion) to the fact that said real estate registry has not yet been updated by the municipality of Carrillo; however, this situation does not create an impediment to carrying out the geospatial verification of the project. The foregoing is mentioned so that the analyst technician in DEA, if deemed necessary, makes a formal inquiry to the Developer to clarify the cause and have it recorded in the file. - For map 5-1274126-2008: when searching the registry data within the National Registry (Registro Nacional) website, it indicates that a segregation exists for it, a child map from the year 2020 (2-2180293-2020). This condition also does not impede the geospatial verification of the project, as the site design respects the boundaries of said segregation (unlike the shp file of the polygon for said map). The analyst technician is alerted to the situation so they are aware and proceed as deemed necessary. FIELD INSPECTION On July 14, 2021, a field inspection was carried out by officials from SETENA and Mr. Alejandro Jiménez Fonseca, representing the developing company. The inspection record and the photographic record taken at the time of the visit are contained in the administrative file. THE DEVELOPER IS WARNED THAT: At all times, they must comply with the conforming land use (uso conforme de suelo) established in the corresponding Canton's Territorial Regulatory Plan (Plan Regulador Territorial). The project submitted to the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) process through this file includes only the works described as the project description attached to the D1 Assessment Document, according to the information provided; therefore, any different work must be submitted for the corresponding analysis prior to its commencement. If the type of activity for the project changes, the corresponding Municipality must be informed. If the project requires tree cutting, the permit must be processed beforehand at the local Subregional Office of MINAE/SINAC (Art. 27 of the Forest Law). In addition, it is warned that Protection Areas must be respected (Art. 33 and 34 of the Forest Law), and the project development must include good practices aimed at promoting the optimal balance of natural resources and the sustainable use of the forest according to the management category. All precautions must be maintained to minimize and reduce any possibility of contaminating soils, streams (quebradas), and sewers with the waste produced by the activity, complying with the Law for Integrated Waste Management (Ley para la Gestión Integral de Residuos), Law No. 8839 and its Regulations, Executive Decree No. 37567-S-MINAET-H called General Regulations to the Law for Integrated Waste Management. FOURTH: Whereas, in this administrative procedure, the D1 Form was submitted with the environmental assessment instrument: Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental), in accordance with the Manual of Technical Instruments for the Environmental Impact Assessment Process (Manual de EIA, Part II), which were duly analyzed by the Environmental Assessment Department (Departamento de Evaluación Ambiental), it was concluded that they comply with the terms of reference and technical requirements issued by this Secretariat. By virtue of the foregoing, and in accordance with the control and monitoring powers established in Article 20 of the Organic Environmental Law, which states: "The National Environmental Technical Secretariat shall establish instruments and means to monitor compliance with environmental impact assessment resolutions. In cases of violation of its content, it may order the stoppage of works. The interested party, the author of the study, and those who approve it shall be directly and jointly responsible for any damages caused." Based on the foregoing, it has been analyzed and determined that they comply, so it is appropriate in this case to approve the environmental impact assessment instrument: Environmental Impact Study and the environmental impact matrices, presented in D1 Document, and to grant environmental viability (viabilidad ambiental). FIFTH: In accordance with Article No. 45. - Resolution and Granting of Environmental Viability (or License) of the Environmental Impact Assessment Regulations (D.E. No. 31849-2004-MINAE-MAG-MOPT, MEIC, S and its amendments), it states: "The environmental guidelines or directives of commitment that frame the granting of environmental viability (license), and that will be based on the entire EIA process, as well as a series of conditions and instruments for environmental control and monitoring (Instrumentos de Control y Seguimiento Ambiental, ICOS), include the following elements: Development and implementation of the Environmental Control and Monitoring Instruments (ICOS), which comprise 3 aspects: Appointment of an environmental manager and implementation of an Environmental Logbook (Bitácora Ambiental); likewise, an Environmental Guarantee (Garantía Ambiental) deposit in accordance with the provisions of the Organic Environmental Law, the amount of which will be set in this administrative act. These instruments must be submitted to SETENA in accordance with the Plenary Commission Agreement of ordinary session No. 098-2014-SETENA and its Article No. 17, issued through agreement No. ACP-015-2014 of August 26, 2014; which dictates: “Order the developers of activities, works, or projects that the presentation of the ICOS must be before their start, once the Environmental Viability has been granted, and that they cannot begin with these until they have the duly enabled ICOS. And that, should they begin without these, the sanctions established in current regulations will be applied.” SIXTH: Whereas Article 6 of the Amendment of Article 45 to the General Regulations on EIA Procedures, of Executive Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, indicates regarding the Fundamental Environmental Commitment Clause, the following: “This Environmental Viability (license) is granted on the understanding that the developer of the project, work, or activity will fully and thoroughly comply with all technical, legal, and environmental regulations and standards in force in the country and to be executed before other authorities of the Costa Rican State. Failure to comply with this clause by the developer will not only make them subject to the sanctions implied by non-compliance with said regulation, but also, as the same constitutes the fundamental basis upon which the VLA is sustained, said VLA will automatically be annulled with the technical, administrative, and legal consequences that this entails for the activity, work, or project and for its developer, particularly regarding the scope of the application of Article 99 of the Organic Environmental Law.” SEVENTH: Whereas at the time of issuing this resolution, there are no parties appearing or opposing the development of the described project. EIGHTH: Whereas in accordance with the provisions of subsection 3 of Article 22 of Executive Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, and after assessing the information contained in the administrative file and the environmental assessment instrument submitted, through technical report DEA-0322-2022-SETENA, the Environmental Assessment Department recommends continuing with the administrative Environmental Impact Assessment process and issuing the administrative resolution granting the Environmental Viability (License) considering the provisions of Article 20 of Law 7554”



THEREFORE



THE PLENARY COMMISSION RESOLVES
In Ordinary Session No. 026 of this Secretariat, held on April 6, 2022, in Article No. 14, it is agreed:
FIRST: To approve the Environmental Assessment Document D1 Environmental Impact Study submitted for environmental assessment by the project proponent.
SECOND: To notify the interested party that, in accordance with Articles 17, 18, and 19 of the Organic Environmental Law, the environmental assessment procedure for the project "Proyecto Bahía Nombre169752", with administrative file D1-0170-2021-SETENA, has been completed, as described below.
Project Name: Proyecto Bahía Nombre169752
Location: Province: Guanacaste Canton: Carrillo District: Sardinal
Coordinates: Latitude Longitude Coordinate Detail
1 171,837.039 320,267.107 Mean coordinates for map 5-1186670-2007
1 171,094.961 319,694.582 Mean coordinates for map 5-1155787-2007
1 170,974.246 319,238.546 Mean coordinates for map 5-1155787-2007
1 170,744.866 318,464.714 Mean coordinates for map 5-1274126-2008
1 170,667.714 317,554.889 Mean coordinates for map 5-1155786-2007
Cadastral Map Number: G-1155786-2007, G-1155787-2007, G-1186670-2007, and G-1274126-2008
Property Number: 2172-Z—000, 2169-Z—000, 2168-Z—000, and 2174-Z--000
Property size according to map (m²): 204165.91; 124827.92; 436563.63; 309064.25
Project area according to design (m²): 1,176,420.79
CIIU Classification and project category: 5510 = A
SIA Score: 117
Project Description: The Bahía Nombre169752 project consists of a tourist-residential complex, promoting the development of residences and hotels with access to all basic and recreational services through the commercialization of housing units, residential lots, hotel and condhotel components, mixed residential – commercial use, and offices.
Note: The three remaining designs are located in additional documents.
Note: The three individual investment amounts are located in additional documents.
The Hotel and Condhotel component will be developed with a capacity to accommodate more than 240 guests and may feature rooms equipped with a kitchen, private bathroom, and terrace, as well as the hotel lobby, swimming pools, spa, gym, restaurants, bar, bathrooms and changing rooms, shops, event hall, wellness center, sales rooms, administrative offices, workshop, kitchen and laundry, employee accommodation, and all the necessary road infrastructure for access and circulation to the facilities, parking lots, sidewalks, trails, and treatment plant. The project will also consist of housing units with parking for one or two cars, and common areas consisting of hallways, rooftops, green areas and children's playgrounds, ranch with swimming pools, courts and multipurpose halls, gym, access lobby, as well as the road infrastructure for access and circulation to the facilities, visitor parking, and sidewalks. For their part, the Residential Lots will be zones for the future development of residences that may have a patio, carports for several vehicles, swimming pool, terraces, and rooftops. The project will provide vehicular and pedestrian access, as well as the infrastructure of basic services for future residents, in addition to green areas, children's playgrounds, and trails. For its part, the Club House for the residential lots or housing units will have an administrative area, event hall, restaurant, bathrooms, social area, game room, swimming pool, gym, tennis courts, and multipurpose courts. It also features green areas where "ranchos" with electricity, walking trails, children's playgrounds, and car parking are offered. A Country Club will be established, which will have event halls, an administrative area, restaurant, bathrooms, social area, game room, swimming pool, gym (both with showers and changing rooms), as well as jacuzzi and saunas. It also features green areas which offer tennis courts, multipurpose courts, 5-a-side football pitches, mini-golf, "ranchos" with electricity, walking and cycling trails, children's playgrounds, and the road infrastructure for access and circulation to the facilities, visitor parking, and sidewalks. The development of the commercial area and offices will be a zone for the construction of commercial premises, as well as offices for subsequent sale or rent. The office spaces will have co-working areas with meeting rooms, cafeterias, libraries, and reading rooms. The commercial area may have Supermarkets, mini-markets, commercial kiosks, pharmacy and medical clinic, restaurants, open-air cinema, market or fairground, which would be an area intended to promote commerce and entrepreneurship, with sales of local products and a garden with a green market.

The mixed use will be a site for the development of various social and cultural activities for residents of the site and surrounding areas, such as research centers, museum, school, daycare, chapel, roundabout, sports plaza, and meeting centers. Among the other components and amenities that will be part of the project are: camping areas, natural hiking trails and bicycle trails, viewpoints and natural stops for observation and meditation decks, open ecological parks with picnic stations, lakes, reserve and conservation areas, bird forest with fruit trees, hanging bridges, public parking and parking, main avenue with tree-lined streets as well as pedestrian walkways and bridges over the streams to internally connect the project. The project will have LED lights, buildings will be designed to provide and maximize the use of natural light, but avoid solar heat gain. High-efficiency air conditioning systems will be used that improve indoor air quality and have greater energy efficiency. There will be a stormwater management plan that will be implemented during construction to reduce pollution by controlling soil erosion and sedimentation of waterways. Treatment plants and greywater will be used for irrigation in order to mitigate the use of potable water for irrigation. All social and common areas have accessibility in accordance with the provisions of Law 7600. Therefore, ENVIRONMENTAL VIABILITY (LICENSE) is granted to the project, with the Environmental Management stage remaining open and on the understanding that the fundamental Environmental Commitment Clause must be fulfilled. THIRD: According to Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, the validity of this viability shall be for a period of FIVE YEARS for the start of works. Should works not begin within the established time, the provisions of current legislation shall be applied. FOURTH: Authorize the subdivision (fraccionamiento) of the environmental obligations compliance guarantee, according to the project phases, as indicated below: Phase Type Description Currency Guarantee Amount I Construction Lot 1 dollars 3,741,531.31 II Construction Lot 4 dollars 2,747,651.33 III Construction Lot 3 dollars 1,071,324.48 IV Construction Lot 5 dollars 1,690,014.59 TOTAL Construction dollars 9,250,521.71 It is warned that the environmental obligations compliance guarantee, corresponding to each phase, must be deposited prior to the start of each one and evidence of the deposit must be submitted to this Secretariat. FIFTH: Order Mr. ANDRES PACHECO ALBONICO, identification document number CED129994- , in his capacity as legal representative of the company ENJOY HOTELS & RESORTS SOCIEDAD ANONIMA, with legal identification number CED129995, file number D1-0170-2021-SETENA, to deposit the environmental obligations compliance guarantee, corresponding to the first phase of the project, in the amount of USD3,741,531.31 (Three million seven hundred forty-one thousand five hundred thirty-one US dollars and 31 cents) or its equivalent in colones according to the exchange rate on the day the guarantee deposit or its renewal is made, corresponding to 1% of the total declared investment amount of the project. To provide the Compliance Guarantee, there are three options: 1) Certificate of Term Deposit (Any Public or Private Bank), issued in the name of the developer and endorsed in favor of MINAE-SETENA. 2) Compliance Guarantee (Surety Insurance, etc.) established by any financial entity recognized by the State, issued in the name of the developer and indicating that the beneficiary is MINAE-SETENA. For options 1 and 2, it must be submitted to the Securities Custody and Administration Department of the Banco Nacional de Costa Rica, at the Central Offices, to be safeguarded under custody No. CV-7297-SETENA-MINAE. The term of the compliance guarantee must be a minimum of one year. 3) Bank Deposit to the Accounts of the Ministry of Environment and Energy (MINAE). These are the only accounts currently available to make your deposit: For option 3, the following official bank accounts have been enabled for you to make your deposit: Currency Client Account Current Account IBAN Colones 15120210010005107 100-01-202-000510-1 CR93015120210010005107 Dollars CED129996 100-02-202-000362-7 CED129997 These bank accounts are registered at Banco Nacional de Costa Rica in the name of MINAE, legal identification number CED129998. Note: The deposit or transfer must state in the concept: Administrative file number and name of the developer, as well as provide this Secretariat with the respective deposit receipt; which must be for a minimum period of one year, in accordance with article 21 of the Organic Law of the Environment. In addition, you must appoint an Environmental Manager (Responsable Ambiental), with current registration in the SETENA Registry of Consultants, by sending a note signed by the owner with the acceptance of the assigned professional, and enable the Digital Environmental Logbook (Bitácora Ambiental Digital), which must remain current and up to date during the term of the environmental management (regencia ambiental), and must submit the indicated documents to this Secretariat before starting construction work. In case of not submitting the indicated documents within the established time, the provisions of current legislation shall be applied. SIXTH: Based on the environmental characteristics of the Project Area (AP) and its interaction with the activities to be carried out by the project, a frequency of submission of regency reports is established for periods of every SIX MONTHS during the construction phase and a consolidated final report. The foregoing in accordance with the provisions of Plenary Agreement CP-036-2011-SETENA of February 28, 2011. Environmental reports must be submitted within a maximum period of 10 days after the end of the period they cover. At the moment of starting activities, the period of the first environmental regency report begins. For the preparation of these reports, according to the format established by this Secretariat, it shall be the responsibility of the environmental manager (regente ambiental) to make the necessary number of visits, depending on the characteristics of the project. Based on these reports and the monitoring program, SETENA may adjust the guarantee amount and issue mandatory compliance measures to keep the project, work, or activity within a controlled environmental impact margin. The responsible party and the owner must provide support to SETENA's work in the inspections it carries out. Remember that the granting of Environmental Viability is a step within the Environmental Impact Assessment (Evaluación de Impacto Ambiental) process and that after it is granted, the environmental management stage begins, which must be carried out by this Secretariat, through the Environmental Audit and Follow-up Department (ASA), the foregoing in accordance with Plenary Commission Agreement No. 015-2014, of August 26, 2014. SEVENTH: Comply with the provisions of Resolution No. 1834-2016-SETENA, "Signage of Projects with Environmental Viability", of September 29, 2016. EIGHTH: Warn the developer that if non-compliance with the acquired environmental obligations is verified, in accordance with article 14 of Executive Decree 31849, or if falsehood or manipulation of the information provided is proven, due to the Sworn Statement nature of the submitted instrument, this Secretariat may proceed in accordance with the provisions of article 15 of that same Decree, rendering null and void the Environmental Viability (License) granted through this document, and the corresponding documentation must be submitted, regardless of the power to file the corresponding criminal complaints for any crime committed, or to apply any of the sanctions listed in article 99 of the Organic Law of the Environment. NINTH: Remind the interested party of their commitment to comply with all recommendations/precautions arising from the complementary technical studies and what is described in the preceding THIRD CONSIDERANDO. TENTH: Remind the developer that according to Article 11 of Executive Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC—Scope of the EIA procedure before SETENA, compliance with the EIA procedure does not exempt them from the procedures to be completed before other Administration authorities, in accordance with current competencies and regulations, or from complying with their obligations or responsibilities derived from their management. ELEVENTH: Against this resolution, the ordinary remedies of revocation before SETENA and appeal before the Minister of Environment and Energy may be filed within a period of three business days, counted from the business day following notification, in accordance with articles 342 and following of the General Law of Public Administration No. 6227, and 87 of the Organic Law of the Environment No. 7554. TWELFTH: All documentation submitted to SETENA must clearly indicate the file number, the resolution number, and the full name of the project. An email address must also be indicated to receive notifications from this Secretariat. THIRTEENTH: The complete file, as well as the documents that SETENA has issued during the Assessment process, will be available to the developer at the web address: https://tramites.setena.go.cr/Expedientes/form_public_expediente_setena?e=EXPEDIENTES/2021/D1-0170-2021 Where it must be verified by the developer or by any interested party and public or private instance. For all legal purposes in accordance with Law 8454, the digital signature issued by a registered certification authority has the legal equivalence of a handwritten signature, according to article 4 which states: "Article 4- Legal qualification and probative value. Electronic documents shall be classified as public or private, and they shall be recognized with probative value under the same conditions as physical documents", therefore, in accordance with Article 1, second paragraph, of the aforementioned Law, it literally states: "The State and all public entities are expressly authorized to use certificates, digital signatures, and electronic documents, within their respective areas of competence", thus ratified by Directive No. 067-MICITT-H-MEIC where the Costa Rican State promotes the "Massification of the implementation and use of the Digital Signature in the Costa Rican Public Sector". FOURTEENTH: In accordance with article 8 of Law 8220, an interested party who requires a procedure may not be requested to submit certifications or copies of information already held by another institution, according to pre-established legal means." (See electronic address https://tramites.setena.go.cr/ConsultaPublica/ver_expediente?key=ZXhwZWRpZW50ZV9%20maWxlOjoxMjUxNzYxNjU2NmUwN2IxOTQ0Y2U5NzA5NjA4OTA0Mw indicated in the report rendered).

III.- Regarding the complaint concerning the lack of public hearing. The plaintiff objects to the granting of environmental viability because the residents of Playa Panamá were not convened to a public hearing. In this regard, in the case at hand (sub iudice), it is noted that such grievance was already subject to pronouncement by this Chamber in judgment no. 2025016284 at 9:20 a.m. on May 30, 2025, which ordered:

"I.- PURPOSE OF THE APPEAL. - The appellant states that file No. D1-0170-2021-SETENA is being processed before the National Environmental Technical Secretariat for the project called "Bahía Papagayo", which was classified as category A, meaning it has a high environmental impact according to the provisions of article 9 of Regulation No. 31849-MINAE. He questions that despite the classification assigned to the project and that it would be carried out on public domain property, no public hearing was held prior to the granting of environmental viability. He states that only a random survey was applied to people residing in the area of influence and no other mechanism for open consultation or deliberative processes with the community regarding the development of said project was documented. He requests the Chamber's intervention. (...)

III.- BACKGROUND OF INTEREST. - This Chamber, through judgment No. 2025007718 at 9:20 a.m. on March 14, 2025, heard a similar claim to the one raised here, resolving as relevant:

"V.- Finally, the appellant alleges that the respondent authorities violated the principle of citizen participation by not informing neighbors and possible affected parties about the project in question. Now, on this point, the authorities of the National Environmental Technical Secretariat report that as part of the EsIA, an analysis of the local perception of some community leaders from neighboring communities such as Río Jesús de San Ramón and La Angostura de San Ramón was carried out; the community of Guadalupe de Esparza is located approximately 2 km away in a straight line from the AP of the project, and both La Angostura and Dulce Nombre are more than 3.5 km away; however, they will not be directly affected by the transportation and operation activities of the project, since the routes or roads crossing these villages will not be used by the project. However, it is necessary to indicate that this Court, in judgment No. 6773-2014 at 11:41 a.m. on May 16, 2014 - a criterion that has been reiterated in judgments number 2022-25374 at 9:20 a.m. on October 28, 2022, 2024-33132 at 9:20 a.m. on November 8, 2024, among others - held that the natural venue for monitoring compliance with the principle of citizen participation is the ordinary courts and not the constitutional jurisdiction. In said resolution, the following was considered:

"IV.- UNDER BETTER WEIGHING. DISCUSSION OF LEGALITY. By modifying article 9 of the Political Constitution, the reforming constituent body sought to give positivity to the Principle of Participation and thus bring the administered closer to the state decision-making process, as part of what the doctrine calls 'correction mechanisms' of representative democracy. Thus, the reforming Constituent left the means, scope, and opportunity of citizen participation to infra-constitutional regulations, except in exceptional cases. In that sense, the natural venue to monitor its compliance is the ordinary courts and not the constitutional jurisdiction. For that reason, the questions raised in the specific case are alien and remote from the competence of this Court, namely, the alternative mechanism ordered by the National Environmental Technical Secretariat – as a result of the violence and intimidation situation generated in the hearings of November 9, 2013, and January 25, 2014 – in order to guarantee the comment phase for interested parties and the developer's replies in the environmental assessment procedure for the project of a new Container Terminal in Moín, on behalf of APM Terminals Moín S.A. In the specific case, precisely article 22 of the Organic Law of the Environment does not define whether that participation is by voice, in writing, or in what way the requirement for participation is satisfied, which requires analysis in a process that allows the breadth of evidence and adversarial proceedings that, from our point of view, does not fit into the amparo as a fast, simple, summary, and special process for protecting fundamental human rights. Therefore, it is the responsibility of legality control, and not of this Constitutional Court, to determine whether the administrative actions and behaviors deployed (active or omitted) by the National Environmental Technical Secretariat comply or not with the infra-constitutional legal system. For the reasons indicated, we consider that the issue raised is far from the specific competences that the Constitutional Chamber is called upon to protect, without this meaning that it does not merit analysis in the ordinary jurisdiction or the merely contentious-administrative legality, in accordance with article 49 of the Constitution. (...)"

Based on the foregoing, it is not for this Court to determine, as the appellant intends, whether in the particular case some type of consultation on the project in question should have been carried out, nor is it for this Chamber to verify which mechanism the respondent authorities must use to optimally guarantee citizen participation. Thus, and in accordance with the cited precedent, it is not for this Constitutional Court to determine whether the administrative actions and behaviors deployed (active or omitted) by SETENA in the specific case comply or not with the infra-constitutional legal system, all of which must be questioned by the appellants in the respective ordinary legality channels."

IV.- ON THE MERITS. - The appellant states that file No. D1-0170-2021-SETENA is being processed before the National Environmental Technical Secretariat for the project called "Bahía Papagayo", which was classified as category A, meaning it has a high environmental impact according to the provisions of article 9 of Regulation No. 31849-MINAE. He questions that despite the classification assigned to the project and that it would be carried out on public domain property, no public hearing was held prior to the granting of environmental viability. He states that only a random survey was applied to people residing in the area of influence and no other mechanism for open consultation or deliberative processes with the community regarding the development of said project was documented. He requests the Chamber's intervention.

In this regard, in accordance with the reports considered given under oath with the consequences, including criminal ones, provided in article 44 of the Law governing this Jurisdiction, it is deemed proven that, on April 7, 2021, SETENA received the Initial Environmental Assessment Document for the Project: Proyecto Bahía Papagayo, which is processed under file No. D1-0170-2021-SETENA. Likewise, it is established that, on May 6, 2021, the respondent authority notified the project developer of resolution No. 0677-2021-SETENA, in which it was requested that within a period of one year, counted from the notification of said resolution, an Environmental Impact Assessment Study (Estudio de Impacto Ambiental) be submitted under the terms of reference for the Environmental Impact Assessment Study (EsIA), since, in accordance with Executive Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, this project is classified with a Potential Environmental Impact (IAP) of Category A, classified as CIIU 5510 and consequently, the most rigorous Assessment instrument was required. Similarly, it is established that, on June 8, 2021, SETENA published in a national circulation medium, specifically in the newspaper La Teja, the information of the Environmental Impact Assessment Study for the Proyecto Bahía Nombre169752 for whatever was appropriate. Continuing with the processing of the matter, it is established that on July 14, 2021, SETENA conducted a field inspection of the project area accompanied by representatives of the consulting and developing company; the findings were recorded in Inspection Report DEA-ACT INS-017-2021. Now, regarding the appellant's claim, it is established that, according to SETENA's report, during the assessment process, no appearance or opposition to the project was received prior to the granting of environmental viability, nor was there a request to hold a public hearing by a third party, in accordance with the established regulations. In that sense, it is verified that the citizen participation mechanism applied in the environmental assessment process was the local perception study, which was carried out based on the regulations established in decree 32966-MINAE. "EIA Manual IV Annex 1 General Guide for the Preparation of Environmental Impact Assessment Instruments (EIA Guide), section 9 called. DESCRIPTION OF THE SOCIOECONOMIC ENVIRONMENT, subsection 9.7 Local perception about the Project and its possible impacts, (Qualitative study); a mechanism that did not require prior dissemination. Therefore, it is established that, once the Community Perception Study was analyzed, SETENA, through resolution 1263-2021-SETENA, requested the developer to provide a single annex with additional information, specifically on the section of the EsIA called DESCRIPTION OF THE SOCIOECONOMIC ENVIRONMENT where the following was required: "Point 14: 'Basic services available: On pages 76 and 77 of the submitted EsIA, a series of observations are made regarding the concern of neighboring localities; regarding the supply of drinking water; the text also indicates a series of recommendations on the issue of drinking water and the concern about everything related to this service. Therefore, the respective measures to be implemented must be included, as a response to the concerns of the residents of the project's area of influence (communities surrounding the project)' Point 20: 'For the Population Perception section, it is indicated that there is an 88% lack of knowledge about the project; thus reflecting the need for a lack of information regarding the project; for this reason, adequate social dissemination procedures must be carried out; from which it is possible to identify and characterize the possible social conflicts that may arise from the execution of the project. Therefore, environmental measures must be provided to mitigate the perception of (lack of knowledge about the project). As established by DE-32966-MINAE. Additionally, the potential impacts that the project, work, or activity may generate on the available basic services must be considered. Establish recommendations, mitigation and/or compensation measures for them, which must be incorporated into the PGA Table. As established by DE-32966-MINAE'", so that, on an undetermined date, the developer attached a letter signed by the social sciences professional responsible for preparing the section of the EsIA called DESCRIPTION OF THE SOCIOECONOMIC ENVIRONMENT, in which she declares that there are no potential impacts to the services and makes commitments regarding the participation and dissemination of project information. On the other hand, it is established that, according to SETENA's report, the EIA Manual IV Annex 1 General Guide for the Preparation of Environmental Impact Assessment Instruments (EIA Guide), section 9 called DESCRIPTION OF THE SOCIOECONOMIC ENVIRONMENT, indicates another participation mechanism called 'Interactive participatory process'; however, this was not carried out, since a high level of social conflict was not identified in the groups or communities of the AID, no notes of opposition or appearance regarding the project were received, and the majority of the population consulted in the perception study stated they were in agreement with the development of the project. Finally, it is established that, according to the respondent authority's report, citizen participation within an Environmental Impact Assessment Study (EsIA) is carried out through duly regulated local perception instruments, and participation can take place throughout the entire Environmental Assessment process, including the construction and operational stages, which implies that there is currently no limitation regarding citizen participation.

Having clarified the above, it is determined that what the appellant states is a disagreement with the mechanism used by the project developer for the granting of environmental viability and SETENA's decision to approve it. In that sense, it is seen that, according to what is deemed proven, the respondent authority published in a national circulation medium the information of the Environmental Impact Assessment Study for the Proyecto Bahía Nombre169752 for whatever was appropriate, and no appearance or opposition to the project was received prior to the granting of environmental viability, nor was there a request to hold a public hearing by a third party, in accordance with the established regulations. In addition to the above, according to what is reported under oath, the public hearing is not mandatory for all type A classified projects, as its realization depends on the requests received for such purposes or on a technical requirement, circumstances that did not occur in the project in question, hence the local perception study was used as the citizen participation mechanism applied in the environmental assessment process, which did not require prior dissemination and which was also regulated as a valid procedure within the regulations for such purposes.

Thus, and in accordance with the cited precedent, it is not for this Court to determine, as the appellant intends, whether in the particular case some type of consultation on the project in question should have been carried out, or to establish which mechanism the respondent authorities must use to optimally guarantee citizen participation, since these are matters of ordinary legality that must be raised before the respondent authority or before the competent judicial venue and not before this constitutional venue. Therefore, the appropriate course is to dismiss the appeal, as is hereby done. (...)

THEREFORE:

The appeal is dismissed."

Furthermore, in judgment no. 2025027214 at 9:30 a.m. on August 26, 2025, it was ordered:

"I.- PURPOSE OF THE APPEAL. The appellant intends for this Chamber to intervene so that the respondent municipalities take measures and promote dialogue between environmentalists and interested parties, in relation to the Proyecto Turístico Nombre169752 and the land-use change (cambio de uso del suelo), since said project is at a legal crossroads, facing criticism for its environmental and social impact and, at the same time, defending its legality and commitment to sustainable development, so in his judgment there must be dialogue between the authorities and the citizenry, as well as citizen participation, since the lack of dialogue could violate fundamental rights.

II.- INADMISSIBILITY OF THE AMPARO. Having examined the allegations of the appellant, it is pointed out to him that the purpose of the amparo appeal is to provide timely protection, with restitutive effects, against violations or threats to fundamental rights and freedoms, so its admissibility, in general, is conditioned not only on proving the existence of a disturbance —or threat thereof— to one or more of the rights or guarantees provided for in the Constitution or those of a fundamental nature established in international human rights instruments subscribed and duly incorporated into the legal system, but also on the alleged grievance constituting a direct and gross threat or violation of those rights. For this reason, the Constitutional Chamber has also emphasized that standing in an amparo action is measured by the harm or injury inflicted on the appellant or on the specific person in favor of whom the appeal was filed, not by a mere interest in legality or constitutionality. Consequently, it is not for this Court to directly hear, through the summary amparo process, complaints and denunciations formulated in the abstract against provisions adopted by the Public Power, and it may only admit for study those claims in which there are sufficient indications or elements to presume, prima facie, the existence of such direct and gross threats or violations of a fundamental right.

In the case before us, the appellant comes in abstract and generically to request that the respondent municipalities be ordered to promote dialogue and citizen participation regarding the Proyecto Turístico Papagayo. However, the appellant does not set forth a concrete and individual situation that presupposes a direct threat to his fundamental rights or those of a third party. Therefore, he intends for this Court to control in abstract the constitutionality or legality of what is alleged, without there being a real situation upon which to exercise that control, which, as indicated, is inadmissible in amparo.

Additionally, it is not for this Court to usurp the powers legally assigned to the respondent authorities in order to review and determine, according to technical, legal, and suitability criteria, as well as opportunity and convenience, whether the respondent authorities should or should not promote dialogue or citizen participation regarding the tourism project in question; since this is a task proper to the Administration, whose disputes must be raised before the respondent authority itself or in the corresponding judicial channel, through the challenge mechanisms provided for that purpose, as they are outside the scope of competences of this specialized jurisdiction. Thus, the appellant must -if he so wishes- resort to the corresponding legality channels to raise the claims he deems pertinent, so that they may be resolved as in accordance with the Law. Consequently, the amparo is inadmissible and is hereby declared so.

Therefore:

The appeal is rejected outright."

From this standpoint, the Chamber finds no merit whatsoever to vary the aforementioned criteria. Hence, it is not for this Court to determine, as the appellant intends, whether in this particular case some type of consultation on the project in question should have been conducted, or to establish the mechanism that the respondent authorities should use to optimally guarantee citizen participation, since these are matters of ordinary legality that must be raised before the respondent authority or, alternatively, before the competent judicial venue and not before this constitutional venue.

The appellant's allegations regarding the obligation of the municipalities of Carrillo and Liberia to issue an opinion meet the same fate, since it is not for the Chamber to determine, according to the infra-constitutional regulations governing the matter, whether the respondent local corporations should or should not have been asked for any opinion by SETENA.

Ergo, the proper course is to dismiss this part of the appeal.

IV.- Regarding the challenge to the environmental feasibility granted. The appellant challenges the granting of the environmental feasibility approval (viabilidad ambiental), arguing that the impacts on the forests, wetlands, and mangroves of the area were not properly assessed, endangering the State's natural heritage. He questions that the forest report used was prepared by the developer company itself, without objectivity or exhaustiveness, and that adequate mitigation measures were not incorporated.

In this regard, the Chamber finds it proven that on April 7, 2021, SETENA received the Initial Environmental Assessment Document (Documento de Evaluación Ambiental Inicial) for the Project: Proyecto Bahía Nombre169752, formulated by Enjoy Hotels & Resorts S.A., processed under file number D1-0170-2021-SETENA. The Bahía Nombre169752 project is described as follows: "a residential-tourist complex, promoting the development of residences and hotels with access to all basic and recreational services through the commercialization of housing units, residential lots, hotel and condhotel components, mixed residential-commercial and office use. The Hotel and Condhotel component will be developed with a capacity to accommodate more than 240 guests and may feature rooms equipped with a kitchen, private bathroom, and terrace, as well as the hotel lobby, swimming pools, spa, gym, restaurants, bar, bathrooms and changing rooms, shops, event hall, wellness center, sales rooms, administrative offices, workshop, kitchen and laundry, employee lodging, and all the road infrastructure necessary for access and circulation to the facilities, parking lots, sidewalks, trails, and treatment plant. The project will also consist of housing units with parking for one or two cars, and common areas comprising hallways, rooftops, green areas and children's playgrounds, a ranch with swimming pools, courts and multipurpose halls, gym, access lobby, as well as the road infrastructure for access and circulation to the facilities, visitor parking and sidewalks. For their part, the Residential Lots will be areas for the future development of residences that may include a patio, garages for several vehicles, a swimming pool, terraces, and rooftops. The project will provide vehicular and pedestrian accesses, as well as basic services infrastructure for future residents, in addition to green areas, children's playgrounds, and trails. The Clubhouse for the residential lots or housing units will have an administrative area, event hall, restaurant, bathrooms, social area, game room, swimming pool, gym, tennis courts, and multipurpose courts. It also has green areas offering 'ranches' with electricity, walking trails, as well as children's playgrounds and car parking. A Country Club will be established, featuring event halls, an administrative area, restaurant, bathrooms, social area, game room, swimming pool, gym (both with showers and changing rooms), as well as jacuzzi and saunas. It also has green areas offering tennis courts, multipurpose courts, 5-a-side football pitches, mini-golf, 'ranches' with electricity, walking and cycling trails, as well as children's playgrounds and the road infrastructure for access and circulation to the facilities, visitor parking and sidewalks. The development of the commercial area and offices will be a zone for the construction of commercial premises, as well as offices for subsequent sale or lease. The office spaces will feature co-working areas with meeting rooms, cafeterias, libraries, and reading rooms. The commercial area may include supermarkets, mini-markets, commercial kiosks, a pharmacy and medical clinic, restaurants, an outdoor cinema, a market or fairground, which would be an area intended to promote commerce and entrepreneurship, with the sale of local products and a garden with a green market. The mixed-use area will be a site for the development of various social and cultural activities by the residents of the site and surrounding areas, such as research centers, a museum, school, daycare, chapel, roundabout, sports plaza, and meeting centers. Among the other components and amenities that will be part of the project are: camping areas, natural walking trails and cycling paths, viewpoints and natural stops for observation and meditation decks, open ecological parks with picnic stations, lakes, reserve and conservation areas, a bird forest with fruit trees, hanging bridges, public parking, a main avenue with tree-lined streets as well as pedestrian sidewalks and bridges over the streams to internally connect the project. The project will have LED lights; buildings will be designed to provide and maximize the use of natural light, but to avoid solar heat gain. High-efficiency air conditioning systems will be used that improve indoor air quality and have greater energy efficiency. There will be a stormwater management plan that will be implemented during construction to reduce pollution by controlling soil erosion and sedimentation of watercourses. Treatment plants and greywater will be used for irrigation in order to mitigate the use of potable water for irrigation. All social and common areas are accessible in accordance with the provisions of Law 7600."

Furthermore, due to the nature of the project, the magnitude of the volume of earthworks (movimientos de tierra) to be removed, the necessary protection of flora and fauna, the extent of the construction area, the public services present in the area and their possible impact, as well as the fact that the social component must be considered, given the size of the project area and the areas of influence, an instrument providing an intensive and comprehensive diagnosis leading to compliance with the characteristics of sustainable development was required. On May 6, 2021, SETENA notified the project developer of Resolution No. 0677-2021-SETENA, dated May 5, 2021, ordering them, for the purpose of continuing the environmental assessment (evaluación de impacto ambiental) process, to submit an Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental, EsIA) within one year from the notification of said resolution, under the terms of reference for the Environmental Impact Study (EsIA), since, in accordance with Executive Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, this project is classified with a Potential Environmental Impact (Impacto Ambiental Potencial, IAP) of Category A, classified as ISIC 5510, and consequently, the most rigorous Assessment instrument was required.

Subsequently, on July 14, 2021, SETENA conducted the field visit to the project area in the company of representatives of the consulting company and the developer. On that occasion, the following findings were issued in the Inspection Report DEA-ACT INS-017-2021: "• Topography between flat and gentle near the streams and steep and very steep in the rest of the properties; there are no slopes in the Project Area (AP). • Slopes in the AP: The slope is towards the streams; stormwater management must be provided based on the earthworks (movimientos de tierras). • Surface runoff flows to the streams and then to the mangrove. • There is no evidence of landslides. • Possible surface water bodies at the time of the visit are in the transition season with streams without flow, registered in the SNIT-SINIGIRH. Stream Pto29 Estero Rocha 319951-1171787 and Sardinal with discharge towards the mangrove. Stream Pto.33 Quebrada Estero Panamá 318547-1170615 possible works in the channel, AyA Wells. • There is no evidence of flooding in the AP or in the adjoining areas. • Observed cover is riparian vegetation, scrub-fallow (charral-Tacotal), Forest Cover (Cobertura Forestal). • There are no wetland indicator characteristics. • Observed fauna: birds, mammals, and reptiles. • Social component is a rural area, with social infrastructure, public and private asphalt and ballast accesses. Moderate traffic with road signage. • Immediate surroundings of the AP north sector: Private and public street, South: Forest Reserve, East: Agricultural-Forest use, West: Forest. • Works have not started, and numbered trees from a forest inventory are observed. The Photographic Record of the visit is included."

It is also verified that, through Resolution 1263-2021-SETENA of August 18, 2021, SETENA ordered: "THEREFORE THE PLENARY COMMISSION RESOLVES: In Ordinary Session No. 63 of this Secretariat, held on August 18, 2021, in Article No. 14, it is agreed: FIRST: For the purpose of continuing the Environmental Impact Assessment (Evaluación de Impacto Ambiental) procedure, ENJOY HOTELS & RESORTS S.A., with legal identification number CED129995, developer of the project 'Proyecto Bahía Papagayo', is ordered to submit a single annex, (one original and two copies), containing the requirements stipulated in CONSIDERANDO FOUR of this Resolution, for which a period of 6 months is granted. SECOND: To warn the developer that once the annex to the EsIA is analyzed, if it does NOT comply with the requirements set by this Secretariat, or if it is NOT submitted within the established period, the FILE will be ARCHIVED, in accordance with Article 264 of the General Law of Public Administration. THIRD: All documentation submitted to SETENA must clearly indicate the file number, the resolution number, and the complete name of the project. FOURTH: Against this resolution, the ordinary remedies of revocation before SETENA, and appeal before the Minister of Environment and Energy, may be filed within three business days from the business day following notification, in accordance with articles 342 and following of the General Law of Public Administration No. 6227, and 87 of the Organic Environmental Law No. 7554. FIFTH: All documentation submitted to SETENA must clearly indicate the file number, the resolution number, and the complete name of the project. An email address must also be indicated to receive notifications from this Secretariat. SIXTH: The complete file, as well as the documents that SETENA has issued during the Assessment process, will be available to the developer at the web address: https://tramites.setena.go.cr/Expedientes/form_public_expediente_setena?e=EXPEDIENTES/2021/D1-0170-2021. Where it must be verified by the developer or by any interested party and public or private entity. For all legal purposes, in accordance with Law 8454, the digital signature issued by a registered certification authority has the legal equivalence of a handwritten signature, according to article 4 which states: 'Article 4- Legal classification and evidentiary value. Electronic documents shall be classified as public or private, and the same evidentiary value shall be recognized to them as to physical documents', therefore, in accordance with Article 1, second paragraph, of the aforementioned Law, it literally states: 'The State and all public entities are expressly authorized to use certificates, digital signatures, and electronic documents, within their respective areas of competence', thus ratified by Directive No. 067-MICITT-H-MEIC where the Costa Rican State promotes the 'Massification of the implementation and use of the Digital Signature in the Costa Rican Public Sector'. SEVENTH: In accordance with article 8 of Law 8220, an interested party requesting a procedure may not be asked to submit certifications or copies of information already held by another institution, according to pre-established legal means." Subsequently, on an unspecified date, the developer attached a letter signed by the social sciences professional responsible for carrying out the EsIA section called DESCRIPTION OF THE SOCIOECONOMIC ENVIRONMENT, in which it is declared that there are no potential impacts on services and commits to the participation and dissemination of project information.

Finally, through Resolution No. 0591-2022-SETENA of April 6, 2022, the National Environmental Technical Secretariat ordered: "CONSIDERANDO ONE: That article 19 of the Organic Environmental Law states: 'The resolutions of the National Environmental Technical Secretariat must be grounded and reasoned. They shall be binding both for individuals and for public entities and bodies.' For its part, article 17 of the Organic Environmental Law states that: 'Human activities that alter or destroy elements of the environment or generate waste, toxic or hazardous materials, shall require an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) by the National Environmental Technical Secretariat created in this law. Its prior approval by this body shall be an indispensable requirement to initiate the activities, works, or projects. The laws and regulations shall indicate which activities, works, or projects will require the environmental impact assessment.' SECOND: In accordance with article 282 of the General Law of Public Administration (LGAP), and based on the documentation provided to the administrative file, Mr. ANDRES PACHECO ALBONICO, identification document number 01-1066-0062, is deemed to have standing to request the environmental impact assessment of the Project Bahía Nombre169752, administrative file D1-0170-2021-SETENA. THIRD: Regarding the information submitted to the administrative file and general considerations. According to Executive Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC and its amendments, which establish the required documentation for D1 projects, the following is noted:

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It is submitted.

Total investment amount

Lot # Plan Amount Lot 1 5-1186670-2007 $ 374,153,131.00 Lot 3 5-1155787-2007 $ 107,132,448.00 Lot 4 5-1274126-2008 $ 274,765,133.00 Lot 5 5-1155786-2007 $ 169,001,459.00 Total US$925,052,171.00

Site design

It is submitted.

Photographic record

It is submitted.

Project description

It is submitted.

Cartographic location

It is submitted.

Environmental Measures

It is submitted.

Authorization or contracts

Official letters (SENARA, MOPT, SINAC, etc.)

With respect to the technical studies contemplated in the Environmental Impact Assessment (EIA), available in the administrative file, the following is noted:

Content

Observations

Geotechnical Study

Presents a geotechnical analysis per lot. Based on the information obtained from this study, it is considered that the terrain presents acceptable conditions from a geotechnical point of view for developing works, as long as the recommendations indicated in the corresponding sections of this report are followed. • In general, the stratigraphic profile of the subsoil on all terrains consists of two layers, namely: a) sandy silt, brown in color, of mostly variable consistency between soft and medium; and b) silty sand, brown and/or gray in color with the presence of gravel blocks, of mostly variable relative compactness between firm and dense. • In general terms, it is recommended to employ a conventional shallow foundation system, based on isolated and/or continuous footings. The specific foundation recommendations are indicated in the corresponding sections. • Once more project details are available, INSUMA is ready to review the previously provided recommendations and make the respective adjustments if necessary. • The corresponding section presents the thrust parameters that must be used for the design of the project walls, or for buried elements subjected to thrust (pools, pits, buried tanks, among others). • Based on the characteristics evaluated at the investigated site, for the seismic analysis of the structures, it is recommended to consider the foundation soil as S2, as established by the Seismic Code of Costa Rica 2010. • It is highlighted that the executed boreholes are of a punctual nature, so variations may be found in other areas of the terrain. For this reason, during the construction process, an appropriate inspection must be carried out to guarantee that the conditions assumed in the design are met in the field.

Hydrogeological Study

Variation in Surface Runoff of the Channel. Based on this report, considering that the public domain watercourses that border and cross the AP discharge directly into the Pacific Ocean (Bahía Panamá), the increase in surface runoff with the implementation of the Project would not affect downstream towns or infrastructure. Additionally, due to the dimensions of the Project, it is the criterion of this professional that the increase in runoff will be marginal, and that the channels have the carrying capacity to accept an increase in surface flow as a consequence of the project's development. Therefore, it is concluded that it is not required to evaluate the variation in the surface runoff of the basin, and additionally, it is not necessary to implement mitigation or compensation measures for the marginal increase in the instantaneous maximum flow of the evaluated micro-basins. Flood Potential in the AP. The potential of the identified public domain watercourses to overflow and affect the works to be implemented is evaluated. Based on field observation and considering the flood elevation obtained from the executed hydraulic model, the following is concluded: Estero Rocha – Lote 1: There is a risk of overflow during extreme precipitation events, primarily due to the culvert crossing National Route No. 159. It is demonstrated that the culvert is not efficient, and the backwater effect affects the protection area and adjacent sectors of the Project. Quebrada Sin Nombre 01- Lote 3: There is a risk of overflow during extreme precipitation events, primarily due to the double culvert crossing National Route No. 159. It is demonstrated that the culvert is not efficient, and the backwater effect affects the protection area and adjacent sectors of the Project. In both watercourses, the effect is maintained only upstream of the culvert crossing, up to a distance of no more than 50 meters. The rest of the channel exhibits normal flow conditions, without risk of overflow, nor excessive velocities that could potentially generate erosion on the banks. This is ratified through the CNE's Map of Natural Risks and Hazards for the Canton of Carrillo, which shows that the region is NOT classified as flood-prone. In this regard, it is imperative that the works are always built outside the protection area of the described public domain watercourses, following the provisions of Forest Law (Ley Forestal) No. 7575, article 33 (the protection area corresponds to 15 meters from the river bank).

Anthropic Risk Certification

This procedure established that, for the project area in question, and according to the requirements of Executive Decree No. 32712-MINAE, there are no sources of anthropic risk affecting it within the Project Area. According to the Map of Potential Natural Hazards for the Canton, from the National Emergency Commission (CNE), the AP is NOT located within the floodplain of any watercourse, or in an area of low natural risks of any other type.

Unified Basic Geology

Summary of results: This report presents the results of the Technical Study of Basic Terrain Geology conducted for the Tourist-Residential Complex Project, located on lands in Sardinal, Guanacaste, on cadastral maps 5-1186670-2007, 5-1155787-2007, 5-1274126-2008, 5-1155786-2007. In the lots that make up the Bahía Nombre169752 project, sandy silt and silty sand soils predominate, also consisting of residual and alluvial soils detected in the project area; these soils correspond to the weathering of the basaltic rocks of the Nicoya Complex and the pyroclastic flows of the Bagaces Formation, which have a large regional extension. Structurally, several kilometers from the AP, there are several paleotectonic faults (not active) and a series of Quaternary faults. Detailed geological mapping is available regionally, based on the 1:50,000 geological cartography of the Nicoya Peninsula carried out by Nombre169753 et al (2014). Regionally, the geomorphology is defined by lithology and the action of water erosion; basically, the study area consists of alluvial plains in low-slope areas and denudational slopes of medium to high slope, reaching elevations ranging between 20 and 120 meters above sea level; in this geomorphological unit, slopes range between 30° and 45°. Among the noteworthy results of the environmental hydrogeology study for the project, it is emphasized that through the vulnerability to contamination analysis performed using the G.O.D. method, it was defined that the AP has a medium vulnerability. Likewise, the calculation for the advective transit of biological contaminants (bacteria) was performed for the AP area, based on the average parameters of the hydrogeological model, resulting in 135 days of vertical transit in the unsaturated zone, complying with the standard that establishes a minimum of 70 days for porous media. Additionally, an inventory of the hydrogeological elements in the AP and its area of influence was conducted so that the legal setbacks from these points are respected. The information was obtained from the databases of the Water Directorate and SENARA. According to the information gathered, the main natural hazard of a local nature affecting the AP is considered to be slope instability hazard; therefore, surface runoff must be controlled during the construction phase and the operational phase of the project to prevent soil erosion that could lead to other more significant factors, such as terrain instability. Another impact to consider, but of a regional nature, is the seismic hazard, since the identified neotectonic faults have the potential to generate significant seismic events, and the North Pacific region experiences earthquakes of magnitude greater than 6 Mw, as has occurred historically, with the 2012 Sámara earthquake being the most recent, along with the secondary effects associated with these events. Considering all the conditions framing this project, it is deemed viable, provided that the recommendations set forth in this study and national legislation are followed, so that the immediate surroundings of the project are not threatened, nor the project. Considering certain necessary construction aspects, geological and hydrogeological conditions do not disfavor the execution of the project. In general terms, the site's geo-suitability is considered favorable for the development of the proposed project. Summary of technical conclusions: Regionally, the soils are of the sandy silt and clayey sand type; these materials form the residual and alluvial soils detected in the project area. The genesis of these soils corresponds to the weathering of the basaltic rocks of the Nicoya Complex and the pyroclastic flows of the Bagaces Formation, which have a large regional extension. Morphologically, the zone is characterized by flat reliefs in the plains, and undulating ones that form the denudational slopes of the coastal mountain systems. In the lots that make up the project, the deposits are predominantly alluvial, and are composed of materials with a sandy silt to silty sand texture, with the presence of weathered rock fragments, brown in color, unconsolidated, forming soils between 4 m and 6 m thick. In the AP area, two hydrogeological units are distinguished: one with low water potential related to the rocks of the Nicoya Complex, and an aquifer in the alluvial sediments. The aquifer in question is an unconfined type, but with areas where confinement occurs, with high transmissivities related to high extraction flows; likewise, the groundwater level is on average at 5 meters, but may vary locally and seasonally throughout the water year. A series of registered wells and concessions are located in the project area, for which the legal setbacks must be respected. Regarding vulnerability to contamination, it is established that the AP has a medium vulnerability character. The results of the contaminant transit performed with the assumptions and evidence supporting the hydrogeological model result in a vertical transit in the unsaturated zone of 135 days, complying with the 70 days mentioned for porous aquifers regarding bacterial contamination. The AP may be affected by seismic activity, one of the main hazards present in the immediate area of the AP, due to the proximity of important geological faults and the Central American Trench located in the Pacific Ocean. In addition to slope instability, due to the presence of undulating terrain with moderate slopes, strict control in water management must be maintained to avoid surface runoff, and thereby prevent instability problems. It is recommended to respect the legislation in force regarding construction quality standards, such as the Costa Rican Foundations Code and the Costa Rican Seismic Code. This is due to the seismic hazard of the zone. Therefore, from the environmental geological, environmental hydrogeological, and natural hazards point of view, the project is viable if the indications established by law and the recommendations of this study are respected.

Rapid Archaeological Report

Requires Archaeological Evaluation: To recover more information, an Archaeological Evaluation must be mandatorily carried out in Lot 3 and Lot 4. Additionally, as a precaution, archaeological supervision of earthworks (movimientos de tierra) must be performed in all the lots that make up the project. In Lot 3, the North sector must be intensively evaluated (test pits every 10m), which was where high densities of materials were concentrated (Location: 10° 35' 17"N and 85°38' 51"W within a 50m radius within the AP), in addition to evaluating from the street 40m towards the interior of the terrain. For sectors located outside the high-density area, test pits at greater distances are recommended. For the rest of the terrain, selective excavations are recommended in areas where it is considered that data on the distribution of isolated findings could be recovered. The need to evaluate the highest parts of this lot located at the back can be ruled out. For Lot 4, intensive excavations must concentrate on the shell midden area (Location 10° 34' 52"N and 85°39' 25"W within a 30m radius) and its immediate surroundings, and on the hill where a cemetery is located (Location: 10° 34' 58"N and 85° 39' 32"W within a 20m radius). It is also considered viable to leave an archaeological reserve area depending on the layout of the works to be carried out. Furthermore, the sector next to an internal road near the left bank of the stream must be evaluated (Location 10° 34' 53" N and 85° 39' 35" W within a 60m radius within the AP).

Rapid Biological Assessment

Study developed in the ESIA. Within the AP there are four stream channels; these channels must not be affected by the works as their protection zone must be maintained. Additionally, part of the property is located within the Diriá Biological Corridor. Although the project is not located within any protected wilderness area, in some of the direct influence zones there are wetlands that must be kept without alterations; wetlands are ecosystems protected under the Organic Environmental Law No. 7554.

Furthermore, both the direct area of influence and the indirect area of influence of the project are located within the Maritime Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre), so the necessary mitigation measures must be taken. According to the activities planned for this project, there will be no impact on ecosystems of interest.

The studies carried out indicate a series of recommendations that must be followed as indicated, as part of the project's environmental commitments. If the removal of any tree is required, the corresponding permit must be processed before the MINAE office, and if surface water bodies or wells are located within or on the boundaries of the AP, the current legislation on protection zones must be applied. For each environmental impact identified in the basic environmental impact identification matrix, the corresponding mitigation measure is presented. Given that each study and/or justification has been prepared by relevant professionals, they are considered directly responsible for the technical scientific information provided therein, which information has the character of a Sworn Declaration (Declaración Jurada) and is therefore considered current and truthful. Otherwise, criminal consequences may arise from the fact as established in Article 9 of Executive Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, amended by Article 2 of Executive Decree No. 32734 of August 9, 2005; thus, consistent with the conclusions and recommendations issued, this Secretariat warns the Environmental Consultant and the Developer of the duty to include them as part of the environmental commitments acquired through this analysis. In accordance with the analysis of the project presented by the developer and environmental consultant, according to the regulations applicable to the operation of the activity, work, or project, there is a regulation on environmental matters, which, according to the classification of the area based on the project's location zone, is located in a zone authorized by a Regulatory Plan (Plan Regulador) or other environmental land-use planning approved by SETENA, including the environmental variable. Consequently, establishing a Final SIA score of 117 points, the corresponding environmental assessment instrument is an Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental). From the analysis of the Georeferencing carried out by the Geography Unit of this Secretariat—an analysis that appears in the administrative file, as established by Executive Decree No. 37803-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, Article 2—the following is known: 1. Other files have been processed on this property: Within cadastral plans 5-1274126-2008 and 5-1186670-2007, the following files have been processed before SETENA: - D1-0518-2019 (5-1274126-2008) - D1-0157-2019 (5-1186670-2007). Therefore, the DEA analyst technician is recommended to verify details and the current status of said files. 2. SNIT and FONAFIFO cover (cobertura), present within the AP: FONAFIFO 2005 5-1155786-2007: Forest and Non-Forest. 5-1155787-2007: Forest and Non-Forest. 5-1186670-2007: Forest, Non-Forest, Secondary Forest (Bosque Sec.). 5-1274126-2008: Forest, Non-Forest, Forest Plantation (Plant. Forest.). FONAFIFO 2013 5-1155786-2007: Deciduous Forest (Bosque Deciduo), Secondary Forest (Bosque Secundario), Non-Forest. 5-1155787-2007: Deciduous Forest, Mature Forest (Bosque Maduro), Secondary Forest, Non-Forest. 5-1186670-2007: Deciduous Forest, Mature Forest, Secondary Forest, Non-Forest, Pastures. 5-1274126-2008: Deciduous Forest, Mature Forest, Secondary Forest, Non-Forest. 3. Terrain characteristics (relief): Plan 5-1186670-2007 Flat areas: slopes of 0-2% Steep areas: slopes +60% Class VII: forest management Plan 5-1155787-2007 Flat areas: slopes of 0-2% Steep areas: slopes +60% Class II: agricultural/livestock with slight limitations Class VII: forest management Plan 5-11274126-2008 Flat areas: slopes of 0-2% Steep areas: slopes +60% Class II: agricultural/livestock with slight limitations Class VII: forest management Plan 5-1155786-2007 Flat areas: slopes of 0-2% Steep areas: slopes +60% Class VII: forest management. 4. Proximity to geological faults (indicate distance): The faults closest to the properties are located approximately: - one at 3 km to the East - one at 2.3 km to the Southeast - one at 3.9 km to the South. 5. The project is affected by any spring (naciente) or well, or by its protection radius: According to the database of the Dirección de Aguas in its SINIGIRH viewer, the following properties are affected by wells and their respective protection radii: (see attached images) Plan 11-86670-2007: within this property, two wells administered by a rural aqueduct are located. Plan 5-1274126-2008: within this property, two wells administered by a rural aqueduct are located. It is important to clarify that on the adjacent properties, the database of the Dirección de Aguas has identified other wells; however, none of them nor their respective protection radii affect this property. 6. There are water bodies within or within a 50-meter radius around the area where the project will be developed: Plan 5-1186670-2007: this property is crossed by Quebrada Grande, Quebrada Sardina, and by another unnamed intermittent stream (quebrada intermitente). Plan 5-1155787-2007: this property is crossed by an unnamed intermittent stream. Plan 5-1274126-2008: this property is crossed by an unnamed intermittent stream. 7. The project will be developed over an aquifer (which one): Coco-Panamá-Playa Hermosa Aquifer. 8. The project will be developed in an area with aquifer vulnerability (SENARA): No vulnerability data is available for this sector. 9. The sector where the project will be developed presents recharge data (SENARA): No recharge data is available for this sector. 10. The project will be developed within a biological corridor: Chorotega Biological Corridor (ACT). 11. The project will be developed in an area with wetlands: It is clarified that the properties are not located within any wetland; however, according to the National Wetland Inventory layer (SINAC), there are wetlands near its boundaries, such as: - Wetland: Manglar Panamá 1, estuarine type, mangrove class; located approximately 241 m west of the property with plan 5-1186670-2007. - Wetland: Manglar Panamá 2, estuarine type, mangrove class; located approximately 113 m northwest of the property with plan 5-1155787-2007. - Wetland: Manglar Panamá 2, estuarine type, mangrove class; located on the northern boundary of the property with plan 5-1274126-2008. 12. The project will be developed within the Maritime Terrestrial Zone: Not applicable because all properties where the project is intended to be developed are located within the Polo Turístico Golfo de Papagayo, administered by ICT, governed by Law 6758 and Law 6370, where specific development for this zone is regulated. 13. The canton where the project will be developed has Incorporation of the environmental variable in the POT's, approved by SETENA: The regulatory plan for the coastal sector of the canton of Carrillo does not have the environmental variable endorsed by SETENA. 14. Other data assessed by the geospatial analyst: It is considered important to mention to the DEA analyst technician that, upon verifying the polygons of the property boundaries, two of them (5-1155786-2007 and 5-1186670-2007) do match the boundary shape of the plans with the official digital real estate registry in the SNIT; however, the other two properties present the following conditions: - For plan 5-1155787-2007: the boundary shape of the polygon of said plan in the official digital real estate registry in the SNIT does not match the boundary of the cadastral plan provided by the Developer; this could be due (this is not an affirmation) to the fact that said real estate registry has not yet been updated by the municipality of Carrillo; however, this situation does not create an impediment to performing the geospatial verification of the project; the foregoing is mentioned so that the DEA analyst technician, if deemed necessary, makes a formal inquiry to the Developer to clarify the cause and ensure it is recorded in the file. - For plan 5-1274126-2008: when searching for the registry data within the National Registry website, it is indicated that there is a segregation (segregación) for it, a child plan from the year 2020 (2-2180293-2020). This condition is also not an impediment to performing the geospatial verification of the project since the site design respects the boundaries of said segregation (but not the shp file of the polygon of said plan), so the analyst technician is alerted to the situation to be aware and proceed as deemed necessary. FIELD INSPECTION On July 14, 2021, a field inspection was carried out by SETENA officials and Mr. Alejandro Jiménez Fonseca, on behalf of the developing company. The inspection report and the photographic record taken at the time of the visit are included in the administrative file. THE DEVELOPER IS WARNED THAT: At all times, you must comply with the provisions of the conforming land use (uso conforme de suelo) established in the Territorial Regulatory Plan of the corresponding Canton. The project submitted to the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) process through this file comprises only the works described as the project description attached to the Evaluation Document D1, according to the information provided; therefore, any different work must submit the corresponding analysis prior to its commencement. If the type of activity of the project changes, the corresponding Municipality must be informed. If the project requires tree felling, the permit must be processed beforehand at the local Subregional Office of MINAE/SINAC (Art. 27 of the Forestry Law (Ley Forestal)); furthermore, it is warned that you must respect the Protection Areas (Art. 33 and 34 Forestry Law), and must include in the project's development good practices aimed at favoring the optimal balance of natural resources and the sustainable use of the forest according to its management category. All precautions must be maintained to minimize and reduce any possibility of contaminating soils, streams, and sewers with waste produced by your activity, complying with the Law for Integrated Waste Management, Law No. 8839 and its Regulation, Executive Decree No. 37567-S-MINAET-H called General Regulation to the Law for Integrated Waste Management. FOURTH: That, in this administrative procedure, the D1 Form was submitted, with the environmental assessment instrument: Environmental Impact Study, in accordance with the Manual of Technical Instruments for the Environmental Impact Assessment Process (Manual de EIA, Part II), which were duly analyzed by the Department of Environmental Assessment, and it was concluded that they comply with the terms of reference and the technical requirements issued by this Secretariat. By virtue of the foregoing, and in accordance with the control and follow-up powers established in Article 20 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), which states: "The National Environmental Technical Secretariat shall establish instruments and means to monitor compliance with the resolutions of the environmental impact assessment. In cases of violation of its content, it may order the stoppage of works. The interested party, the author of the study, and those who approve it shall be directly and jointly liable for the damages caused." From the foregoing, it has been analyzed and determined that they comply; therefore, the appropriate action in the present case is to approve the environmental impact assessment instrument: Environmental Impact Study and the environmental impact matrices, presented in Document D1, and to grant the environmental viability (viabilidad ambiental). FIFTH: In accordance with Article No. 45°—Resolution and Granting of Environmental Viability (or License) of the Regulation of Environmental Impact Assessment (D.E. No. 31849-2004-MINAE-MAG-MOPT-MEIC-S and its amendments), it provides: "The environmental guidelines or directives of commitment that frame the granting of environmental viability (license), and which shall be based on the entire EIA process, as well as a series of conditions and environmental control and follow-up instruments, which include the following elements: Development and implementation of the Environmental Control and Follow-up Instruments (Instrumentos de Control y Seguimiento Ambiental, ICOS), comprising 3 aspects: Appointment of an environmental manager and implementation of an Environmental Logbook (Bitácora Ambiental); as well as an Environmental Guarantee Deposit (depósito de Garantía Ambiental) in accordance with the provisions of the Organic Environmental Law, the amount of which shall be set in this administrative act. These instruments must be submitted to SETENA in accordance with the Plenary Commission Agreement of ordinary session No. 098-2014-SETENA and its Article No. 17, issued by means of agreement No. ACP-015-2014 of August 26, 2014; which dictates: “Order developers of activities, works, or projects to submit the ICOS before their start, once the Environmental Viability has been granted, and they may not begin them until they have the duly enabled ICOS. And that, if they begin without them, the sanctions established in current regulations shall be applied.” SIXTH: That Article 6 of the Amendment of Article 45 to the General Regulation on EIA Procedures, of Executive Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, indicates regarding the Fundamental Environmental Commitment Clause, the following: "This Environmental Viability (License) is granted on the understanding that the developer of the project, work, or activity will fully and completely comply with all current technical, legal, and environmental regulations and standards in the country and to be executed before other authorities of the Costa Rican State. The developer's non-compliance with this clause will not only make them liable to the sanctions implied by non-compliance with said regulation, but also, since it constitutes the fundamental basis on which the VLA is sustained, it will automatically render said VLA null and void with the technical, administrative, and legal consequences that this entails for the activity, work, or project and for its developer, particularly regarding the scope of the application of Article 99 of the Organic Environmental Law." SEVENTH: That at the time of issuing this resolution, there are no persons appearing or opposed to the development of the described project. EIGHTH: That in accordance with the provisions of subsection 3 of Article 22 of Executive Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, and after evaluating the information contained in the administrative file and the environmental assessment instrument submitted, through technical report DEA-0322-2022-SETENA, the Department of Environmental Assessment recommends continuing with the administrative process of Environmental Impact Assessment and issuing the administrative resolution granting the Environmental Viability (License) considering the provisions of Article 20 of Law 7554.” THEREFORE, THE PLENARY COMMISSION RESOLVES In Ordinary Session No. 026 of this Secretariat, held on April 6, 2022, in Article No. 14, agrees: FIRST: To approve the Environmental Assessment Document D1 Environmental Impact Study submitted for environmental evaluation by the project proponent. SECOND: To notify the interested party that, in accordance with Articles 17, 18, and 19 of the Organic Environmental Law, the environmental assessment procedure for the project "Proyecto Bahía Nombre169752", with administrative file D1-0170-2021-SETENA, has been completed, as described below. Project name: Proyecto Bahía Nombre169752 Location: Province: Guanacaste Canton: Carrillo District: Sardinal Coordinates: Latitude Longitude Coordinate Detail 1 171,837.039 320,267.107 Average coordinates of plan 5-1186670-2007 1 171,094.961 319,694.582 Average coordinates of plan 5-1155787-2007 1 170,974.246 319,238.546 Average coordinates of plan 5-1155787-2007 1 170,744.866 318,464.714 Average coordinates of plan 5-1274126-2008 1 170,667.714 317,554.889 Average coordinates of plan 5-1155786-2007 Cadastral plan number: G-1155786-2007, G-1155787-2007, G-1186670-2007, and G-1274126-2008 Property number: 2172-Z—000, 2169-Z—000, 2168-Z—000, and 2174-Z--000 Property measurement according to plan (m²): 204,165.91; 124,827.92; 436,563.63; 309,064.25 Project area according to design (m²): 1,176,420.79 CIIU Classification and project category: 5510 = A SIA Score: 117 Project description: The Proyecto Bahía Nombre169752 consists of a residential tourist complex, promoting the development of residences and hotels with access to all basic and recreational services through the marketing of housing units, residential lots, hotel and condhotel components, mixed residential-commercial use, and offices. Note: The three remaining designs are located in additional documents. Note: The three individual investment amounts are located in additional documents. The Hotel and Condhotel component will be developed with a capacity to accommodate more than 240 guests and may feature rooms equipped with a kitchen, private bathroom, and terrace, as well as the hotel lobby, swimming pools, spa, gym, restaurants, bar, bathrooms and dressing rooms, shops, event hall, wellness center, sales rooms, administrative offices, workshop, kitchen and laundry, employee accommodation, and all the road infrastructure necessary for access and circulation to the facilities, parking lots, sidewalks, trails, and a treatment plant. The project will also consist of housing units with parking for one or two cars, and common areas comprised of hallways, roof terraces, green areas and children's playgrounds, a ranch with swimming pools, courts and multipurpose halls, gym, access lobby, as well as road infrastructure for access and circulation to the facilities, visitor parking, and sidewalks. For their part, the Residential Lots will be areas for the future development of residences that may feature a patio, garages for several vehicles, a swimming pool, terraces, and roof terraces. The project will provide vehicular and pedestrian access, as well as basic service infrastructure for future residents, in addition to green areas, children's playgrounds, and trails. Meanwhile, the Clubhouse for the residential lots or housing units will have an administrative area, event hall, restaurant, bathrooms, social area, game room, swimming pool, gym, tennis courts, and multipurpose courts. It also has green areas where "ranches" with electricity are offered, walking trails, as well as children's playgrounds and car parking. A Country Club will be established, which will have event halls, an administrative area, a restaurant, bathrooms, a social area, a game room, a swimming pool, a gym—both with showers and dressing rooms—as well as a jacuzzi and saunas. It also has green areas offering tennis courts, multipurpose courts, 5-a-side soccer fields, mini-golf, "ranches" with electricity, walking and bicycle trails, as well as children's playgrounds and road infrastructure for access and circulation to the facilities, visitor parking, and sidewalks. The development of the commercial area and offices will be an area for the construction of commercial premises, as well as offices for subsequent sale or lease. Office spaces will have co-working areas with meeting rooms, cafeterias, libraries, and reading rooms. The commercial area may have supermarkets, mini-markets, commercial kiosks, a pharmacy and medical clinic, restaurants, an outdoor cinema, a market or fairground, which would be an area intended to promote commerce and entrepreneurship, with the sale of local products and a vegetable garden with a green market. Mixed-use will be a site for the development of various social and cultural activities by residents of the site and surrounding areas, such as research centers, a museum, school, daycare, chapel, roundabout, sports plaza, and meeting centers. Among the other components and amenities that will be part of the project are: camping areas, natural walking trails and bicycle trails, viewpoints and natural stops for observation and meditation decks, open ecological parks with picnic stations, lakes, reserve and conservation areas, a bird forest with fruit trees, hanging bridges, public parking and parking lots, a main avenue with tree-lined streets, as well as pedestrian sidewalks and bridges over streams to internally connect the project. The project will have LED lights; buildings will be designed to provide and maximize the use of natural light but avoid solar heat gain. High-efficiency air conditioning systems will be used that improve indoor air quality and have greater energy efficiency. There will be a stormwater management plan implemented during construction to reduce pollution by controlling soil erosion and sedimentation of watercourses. Treatment plants and greywater will be used for irrigation to mitigate the use of potable water for irrigation. All social and common areas have accessibility in accordance with the provisions of Law 7600. Therefore, the ENVIRONMENTAL VIABILITY (LICENSE) is granted to the project, leaving the Environmental Management stage open and on the understanding of complying with the Fundamental Environmental Commitment Clause. THIRD: According to Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, the validity of this viability shall be for a period of FIVE YEARS for the start of works. If works do not start within the established time, the provisions of current legislation shall be applied. FOURTH: To authorize the splitting (fraccionamiento) of the guarantee of compliance with environmental obligations, according to the project phases, as indicated below: Phase Type Description Currency Guarantee Amount I Construction Lot 1 dollars 3,741,531.31 II Construction Lot 4 dollars 2,747,651.33 III Construction Lot 3 dollars 1,071,324.48 IV Construction Lot 5 dollars 1,690,014.59 TOTAL Construction dollars 9,250,521.71 It is warned that the guarantee of compliance with environmental obligations, corresponding to each phase, must be deposited prior to the start of each one, and evidence of the deposit must be presented to this Secretariat. FIFTH: To order Mr. ANDRES PACHECO ALBONICO, identification document number CED129994-, in his capacity as legal representative of the company ENJOY HOTELS & RESORTS SOCIEDAD ANONIMA, with legal ID number CED129995, file number D1-0170-2021-SETENA, to deposit the guarantee of compliance with environmental obligations, corresponding to the first phase of the project, for an amount of USD 3,741,531.31 (Three million seven hundred forty-one thousand five hundred thirty-one US dollars and 31 cents) or its equivalent in colones according to the exchange rate on the day the guarantee deposit or its renewal is made, corresponding to 1% of the total declared investment amount of the project. To provide the Performance Guarantee, there are three options: 1) Certificate of Term Deposit (Any Public or Private Bank), issued in the name of the developer and endorsed in favor of MINAE-SETENA. 2) Performance Bond (Surety Insurance, etc.) established by any financial entity recognized by the State, issued in the name of the developer and indicating that the beneficiary is MINAE-SETENA. For options 1 and 2, it must be presented to the Department of Custody and Securities Administration of Banco Nacional de Costa Rica, at the Central Offices, to be safeguarded in custody No. CV-7297-SETENA-MINAE. The term of the performance guarantee must be at least one year. 3) Bank Deposit in the Accounts of the Ministry of Environment and Energy (MINAE). These are the only accounts currently available to make the deposit: For option 3, the following official bank accounts have been enabled for the deposit: Currency Client Account Current Account IBAN Colones CED129999 100-01-202-000510-1 CR93015120210010005107 Dollars CED129996 100-02-202-000362-7 CED129997 These bank accounts are registered with Banco Nacional de Costa Rica in the name of MINAE, legal ID number CED129998. Note: The deposit or transfer must indicate in the concept: Administrative file number and name of the developer, as well as provide this Secretariat with the respective deposit receipt; which must be for a minimum period of one year, in accordance with Article 21 of the Organic Environmental Law. In addition, you must appoint an Environmental Manager (Responsable Ambiental), with current registration in the SETENA Registry of Consultants, by sending a note signed by the owner with the acceptance of the assigned professional, and enable the Digital Environmental Logbook, which must remain current and up to date during the validity period of the environmental management, and must present the indicated documents to this Secretariat before starting construction work. If the indicated documents are not presented within the established time, the provisions of current legislation shall be applied. SIXTH: Based on the environmental characteristics of the AP and its interaction with the activities to be carried out by the project, a periodicity for submitting management reports is established for periods of every SIX MONTHS during the construction phase and a consolidated final report. The foregoing is in accordance with the provisions of Plenary Agreement CP-036-2011-SETENA of February 28, 2011. The Environmental Reports must be submitted within a maximum period of 10 days after the end of the period they cover. Upon starting activities, the period for the first environmental management report begins. For the preparation of these reports, according to the format established by this Secretariat, it shall be the responsibility of the environmental manager to carry out the necessary number of visits, depending on the project's characteristics. Based on these reports and the monitoring program, SETENA may adjust the guarantee amount and issue mandatory compliance measures to keep the project, work, or activity within a controlled environmental impact margin. The manager and the owner must provide support for SETENA's work during the inspections it carries out. Remember that the granting of Environmental Viability is a step within the Environmental Impact Assessment process and that after it is granted, the environmental management stage begins, which must be carried out by this Secretariat, through the Department of Environmental Auditing and Follow-up (ASA), the foregoing in accordance with Plenary Commission agreement No. 015-2014, of August 26, 2014. SEVENTH: To comply with the provisions of Resolution No. 1834-2016-SETENA, "Signage of Projects with Environmental Viability," of September 29, 2016. EIGHTH: To warn the developer that if non-compliance with the acquired environmental obligations is verified, in accordance with Article 14 of Executive Decree 31849, or if falsity or manipulation of the submitted information is proven, due to the Sworn Declaration character of the submitted instrument, this Secretariat may proceed in accordance with the provisions of Article 15 of that same Decree, rendering null and void the Environmental Viability (License) granted through this document, and must submit the corresponding documentation, independently of the power to file the corresponding criminal complaints for any crime committed, or to apply any of the sanctions listed in Article 99 of the Organic Environmental Law. NINTH: To remind the interested party of their commitment to comply with all the recommendations/warnings arising from the complementary technical studies and what is described in the preceding THIRD CONSIDERANDO. TENTH: To remind the developer that according to Article 11 of Executive Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC—Scope of the EIA procedure before SETENA, completion of the EIA procedure does not exempt them from the procedures to be fulfilled before other Administration authorities, in accordance with current competencies and regulations, nor from fulfilling the obligations or responsibilities derived from their management. ELEVENTH: Against this resolution, within a period of three business days, counted from the business day following notification, the ordinary remedies of revocation before SETENA, and appeal before the Minister of Environment and Energy, may be filed, in accordance with Articles 342 and following of the General Law of Public Administration No. 6227, and 87 of the Organic Environmental Law No. 7554. TWELFTH: All documentation submitted to SETENA must clearly indicate the file number, the resolution number, and the full name of the project. An email address must also be provided for receiving notifications from this Secretariat.

THIRTEENTH: The complete file, as well as the documents that SETENA has issued during the evaluation (Evaluación) process, will be available to the developer at the web address: https://tramites.setena.go.cr/Expedientes/form_public_expediente_setena?e=EXPEDIENTES/2021/D1 -0170-2021 Where it must be verified by this party or by any interested party and public or private entity. For all legal purposes in accordance with Law 8454, the digital signature issued by a registered certification authority has the legal equivalence of a handwritten signature, according to Article 4 which states: "Article 4.- Legal classification and probative value. Electronic documents shall be classified as public or private, and they shall be recognized as having probative value under the same conditions as physical documents," therefore in accordance with Article 1, second paragraph, of the aforementioned Law, which literally states: "The State and all public entities are expressly authorized to use certificates, digital signatures, and electronic documents, within their respective areas of competence," thus ratified by Directive No. 067-MICITT-H-MEIC whereby the Costa Rican State promotes the "Massification of the implementation and use of the Digital Signature in the Costa Rican Public Sector."

FOURTEENTH: In accordance with Article 8 of Law 8220, an interested party requesting a procedure may not be asked to submit certifications or copies of information that another institution already possesses, according to pre-established legal means."

Having clarified the factual framework, regarding the objections to the granting of environmental viability (viabilidad ambiental), the claimant must be advised that this Chamber has resolved that it is not within its purview to examine whether or not the granting of environmental viability (viabilidad ambiental) to a project complies with technical and legal requirements. For that reason, in judgment No. 2019-011203 of 9:30 a.m. on June 21, 2019 —a criterion reiterated in judgment No. 2024-32334 of 9:20 a.m. on November 1, 2024— it concluded the following:

"From reading the filing of the action, the appellant alleged a series of supposed irregularities on the part of the National Environmental Technical Secretariat and the ACOPAC of SINAC, specifically regarding the granting of environmental viability (viabilidad ambiental) and a report, respectively. However, the claimant should be advised that amparo proceedings have a summary nature and determining, for this specific case, whether the granting of environmental viability (viabilidad ambiental) should have met the same requirements as in 2002 for a similar project, or whether there were a series of irregularities in its issuance, these may be grievances discussed before the Administration itself or, failing that, before the administrative contentious jurisdiction, where they will have the evidentiary opportunity to discuss on the merits all the grievances attempted here. The same fate befalls the alleged irregularities in an ACOPAC report, which the claimant accuses of a change in its position in order to favor the viability in 2017 for the project 'V.I.'. Consequently, the appeal must be dismissed as to these points" (emphasis not in the original).

In this regard, in the specific case, it is evident from the statement of proven facts that, prior to obtaining environmental viability (viabilidad ambiental), Setena reviewed all legally established requirements and verified that the project complied with each of the necessary phases for that purpose. In this sense, in the environmental viability (viabilidad ambiental) resolution, Setena determined that the project is not located in an aquifer vulnerability zone; furthermore, there are no wetlands located within the zone where the project itself will be developed. Likewise, it is clearly noted that Setena warned the developer that, should tree cutting be required, the permit must first be processed at the local subregional office of Minae-Sinac; additionally, that protection areas must be respected.

By virtue of the foregoing, regarding the right to a healthy and ecologically balanced environment, there is no evidence in the record that would allow accrediting a violation of constitutional significance that can be addressed through the summary amparo proceeding.

V.- Regarding the lack of protection of 70% of the natural conservation areas (objections to Decree No. 44448). Finally, from reading the briefs submitted by the claimant, particularly their claims, it is observed that the appellant questions the application of Decree No. 44448 because, due to its ambiguity and the lack of adequate mapping of the 1,658 hectares of the project, it prevents a correct application of construction standards and leaves 70% of the natural and patrimonial conservation areas unprotected.

Regarding this, it is worth noting that the aforementioned decree is challenged in the unconstitutionality action being processed under case file 25-024408-0007-CO, where it is precisely argued, among other things, that "the challenged rules, introduced through Executive Decree No. 44448 MP-TUR of January 17, 2024, allow the transfer of construction rights between concession properties, even if they are not adjacent, which could exceed the density limit established per concession. It adds that the contested modification transforms the low-density model into a potentially high-density one, without guaranteeing the environmental carrying capacity of the receiving areas. Furthermore, it was approved without technical studies or public consultation and departs from the guidelines of the Master Plan, which puts the ecological sustainability of the project at risk. It specifies that, through Executive Decree No. 44448-MP-TUR, the Executive Branch introduced a significant reform to the Regulation to the Law for the Development and Execution of the Golfo de Papagayo Tourist Project, particularly in Article 12, Article 17 ter, and the Sole Annex, titled 'Procedures and Requirements in the Concession Regime of the Golfo Turístico Papagayo Project,' specifically, in point VIII (Requirements for Density and Coverage Compensation in Concessions) and point X (Procedure for Term Adjustment Request). In these sections, a new figure called 'density compensation or occupancy coefficient' (compensación de densidad o coeficiente de ocupación) is incorporated between concession properties, even if they are not adjacent, provided they are under the ownership of the same individual or legal entity. This regulatory provision allows the concessionaire to transfer the right to build up to 30% of the total concessioned area from one property to another, increasing the density or coverage on one of the lots, on the grounds that such capacity will not be exercised on the other. This practice, moreover, could imply exceeding the maximum density limit of 20 rooms per hectare established for each individual concession. Under the previous regulatory regime, construction restrictions were applied individually to each lot, which allowed for more precise control over localized environmental impacts and, at the same time, preserved the fundamental objective of developing a low-density Tourist Hub on the 1,658 hectares of state-owned property, in accordance with the zoning and guidelines established in the corresponding Master Plan. It maintains that the enabling of this type of compensation, without a comprehensive assessment of cumulative and synergistic impacts that support ecological sustainability criteria —in accordance with the spirit of the law that gave rise to the Golfo de Papagayo Tourist Hub— could compromise the principle of environmental proportionality per territorial unit. Such a situation entails the risk of generating impacts on the landscape, forest cover (cobertura forestal), wildlife, hydrological balance, and other ecosystem components, which together could negatively affect the environmental richness of the area."

As a result of the foregoing, given that what is alleged by the claimant relates to provisions challenged in the unconstitutionality action being processed under case file 25-024408-0007-CO, the appropriate course is to suspend this aspect of the amparo, until such action is resolved, in accordance with the provisions of section 48 of the Constitutional Jurisdiction Law.

VI.- Partial dissenting vote of Judge Rueda Leal.

In the sub iudice, with customary respect, I depart from the Majority's criterion and consider that the appropriate course is to suspend the issuance of the judgment in this matter with respect to all the grievances raised, until the unconstitutionality action being processed under case file No. 25-024408-0007-CO is resolved. In that sense, I consider that, prior to ruling on the merits of this action, it is more prudent to await the constitutionality analysis of Executive Decree No. 44448 MP-TUR of January 17, 2024, challenged in the aforementioned case file, in order to then, with more evidentiary elements, proceed to determine in the sub lite whether or not the claims of the appellant are harmful to the fundamental rights in question.

VII.- Documentation provided to the case file. The parties are warned that, if they have provided any paper document, or objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be retrieved within a maximum period of 30 business days, counted from the notification of this judgment. It is warned that any material not collected within that period will be destroyed, based on the "Regulation on Electronic Case Files before the Judicial Branch" (approved by the Full Court in Article XXVI of session No. 27-11 of August 22, 2011, and published in Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012) and in Article LXXXI of the session of the Superior Council of the Judicial Branch No. 43-12 of May 3, 2012.

Therefore:

Regarding the protected party's objections to Executive Decree No. 44448 MP-TUR of January 17, 2024, the issuance of the judgment in this amparo appeal is suspended, until the unconstitutionality action being processed under case file 25-024408-0007-CO is resolved. In all other respects, the appeal is dismissed. Judge Rueda Leal partially dissents and suspends the issuance of the judgment in this amparo appeal with respect to all the grievances raised, until the unconstitutionality action being processed under case file No. 25-024408-0007-CO is resolved.

 

 

 

Fernando Castillo V.

Presidente

 

 



Fernando Cruz C.

 

 

Paul Rueda L.



Jorge Araya G.

 

 

Anamari Garro V.



Ingrid Hess H.

 

 

Jose Roberto Garita N.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

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EXPEDIENTE N° 25-025228-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: Telf47 / Telf48. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección12 , Dirección13 , 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 11-03-2026 13:17:22.

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